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Comunicaciones
- De los Congresos de Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Guerrero, Morelos, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala y Sonora.
- De la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, III Legislatura.
- Del gobierno de Nuevo León.
- De la Secretaría de Ecología del gobierno del estado de México.
Comunicaciones
La Paz, BCS, a 29 de marzo de 2005.
CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión
Presentes
Por instrucciones de la Mesa Directiva de este H. Congreso, me permito remitir a ustedes copia de los acuerdos económicos aprobados en esta misma fecha.
Lo anterior en virtud de considerarlo de su alto interés y para los efectos que estimen pertinentes, solicitando a usted respetuosamente que, en caso de emprender acciones en relación con dichos acuerdos, los haga del conocimiento de esta representación popular, a fin de darles el curso correspondiente.
Sin otro en particular, aprovecho la ocasión para expresarle mi más alta consideración.
Atentamente
Prof. Juan Cuauhtémoc Murillo Hernández (rúbrica)
Oficial Mayor
Comisión Permanente de Asuntos Laborales y de Previsión Social
Dictamen
Acuerdo económico
Dip. Rogelio Martínez Santillán
Presidente de la Mesa Directiva del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la XI Legislatura al Congreso del Estado de Baja California Sur
Presente
Honorable Asamblea:
Dictamen que presenta la Comisión Permanente de Asuntos Laborales y de Previsión Social respecto a la iniciativa de acuerdo económico remitida por la LXI Legislatura del honorable Congreso del estado de Chihuahua mediante acuerdo numero 07/04 I P.O., de conformidad con los siguientes:
Antecedentes
Único.- En fecha 18 de enero del presente año 2005, fue turnada para su estudio y dictamen, en términos de lo establecido en el artículo 106 de la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo, iniciativa de acuerdo económico remitida por la Sexagésima Primera Legislatura del honorable Congreso del estado de Chihuahua, mediante la cual solicita a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión que, en su momento procesal oportuno, consensúe la propuesta de reforma a la Ley del ISSSTE con la dirigencia sindical y agremiados del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación; que la Sexagésima Primera Legislatura del Honorable Congreso del estado de Chihuahua ratifica ante el Congreso de la Unión el posicionamiento tomado en el acuerdo número 475/02 I.P.O. de fecha 20 de diciembre del 2002, en el acuerdo número 714/03 IX P.E., de fecha 26 de agosto del 2003, aprobados por la Sexagésima Legislatura del honorable Congreso de Chihuahua.
Lo anterior de conformidad a los siguientes:
Considerandos
Primero.- La Comisión Permanente de Asuntos Laborales y de Previsión Social es competente para conocer y dictaminar la iniciativa de referencia en términos de lo establecido en los artículos 54, fracción VIII, y 55, fracción VIII, de la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo del estado de Baja California Sur.
Segundo.- Menciona el iniciador que en la necesidad de encontrar caminos adecuados para llegar a reformas consensuadas y no impuestas de manera unilateral, sobre todo en materia de Seguridad Social, pues consideran es la forma implícita en el cuerpo del artículo 123 Constitucional, que consagra la seguridad social como "un medio para garantizar una vida digna a los ciudadanos, pero también permite a las naciones equilibrar las desigualdades sociales mediante una redistribución mas justa de la riqueza"; lo cual, insistimos, sólo es posible a través del dialogo y los consensos.
Tercero.- Asimismo, siguen diciendo, coinciden en que a partir de la creación del ISSSTE y sus 21 prestaciones que hoy se ofertan, se crea una vía para que el estado dé respuesta en materia de seguridad social, a las necesidades que los trabajadores tienen, por lo tanto, en estricto apego a lo dispuesto por nuestra Carta Magna, consideran que las reformas que el Estado realice en dicho tópico deben ser siempre tendentes a equilibrar las desigualdades sociales que genera la distribución que el país haga de la riqueza.
Cuarto.- Es por eso, consideran, que de manera conjunta se busquen las mejores vías para que la clase trabajadora siga contando con prestaciones sociales, como son un sistema pensionario sólido y una eficiente estructura de servicios médicos, como una expresión de la conciencia que se tiene de las necesidades del sector educativo y de los trabajadores en general y que no pueden ser garantizadas vía el ingreso salarial de cada uno de ellos.
Quinto.- También es necesario que en la búsqueda por solucionar los problemas que aquejan a la institución de referencia se contemplen mecanismos que permitan se evite en el futuro el manejo discrecional de los recursos financieros que le soportan, pues como muestra la historia, finalmente este tipo de manejos de los fondos genera déficit millonarios, sobre todo en pasivos, como es el fondo de pensiones y una baja calidad en los servicios médicos.
Sexto.- Coincidimos con los iniciadores en que la solución a la situación actual del ISSSTE no debe ser responsabilidad de una sola de las partes, aun cuando los directivos y el gobierno no hayan realizado los ajustes necesarios para empatarse con los nuevos escenarios, siendo éste el momento propicio de sentarse a la mesa todos los directamente involucrados para encontrar soluciones y realizar los cambios necesarios para lograr rescatarlo.
Séptimo.- Por lo cual el iniciador considera procedente en que las pretendidas reformas a la Ley del ISSSTE, en su momento procesal oportuno, cuenten con la participación directa de la dirigencia sindical y agremiados del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, siendo ésta la forma adecuada para obtener una reforma consensuada y no impuesta de manera unilateral.
Octavo.- Por lo aquí expuesto esta Comisión que dictamina considera procedente que el Congreso del estado de Baja California Sur se adhiera a la iniciativa de referencia, a pesar de que no es solicitud expresa de la misma, lo anterior en términos de lo establecido en el artículo 114 segundo párrafo de la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo del estado que a la letra dice:
Las Comisiones que creyeren pertinente proponer algo al Congreso en materias pertenecientes a su ramo, podrán también ampliar su dictamen a materias relacionadas, aun cuando no sea objeto expreso de la iniciativa."
Acuerdo Económico
Primero. El honorable Congreso del estado de Baja California Sur se adhiere al acuerdo numero 07/04 I.P.O., remitido por el honorable Congreso del estado de Chihuahua, pronunciándonos a favor de que, en el momento procesal oportuno, la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión consensúe la propuesta de reforma a la Ley del ISSSTE con la dirigencia sindical y agremiados del Sindicato Nacional del Trabajadores de la Educación.
Segundo. Remítase el presente acuerdo a la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y a la Legislatura del estado de Chihuahua para su conocimiento.
Atentamente
La Paz, Baja California Sur, a 29 de marzo de 2005.
Comisión Permanente de Asuntos Laborales y de Previsión Social
Diputados: Armando Naranjo Rivera (rúbrica), Presidente; Blanca Guadalupe Guluarte Guluarte (rúbrica), secretaria; Ramón Alvarado Higuera (rúbrica), secretario.
Comisión Permanente de Asuntos Laborales y Previsión Social
Dictamen
Acuerdo Económico
Dip. Rogelio Martínez Santillán
Presidente del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la XI Legislatura al Congreso del Estado de Baja California Sur
Presente
Honorable Asamblea:
Dictamen que presenta la Comisión Permanente de Asuntos Laborales y de Previsión Social respecto a la iniciativa de acuerdo económico remitida por la Décima Legislatura del honorable Congreso del estado de Quintana Roo, mediante oficio número 504/2004-P.O., de fecha 5 de mayo de 2004, de conformidad con los siguientes
Antecedentes
Único.- En fecha 29 de junio de 2004 fue turnada para su estudio y dictamen, en términos de lo establecido en el artículo 106 de la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo, iniciativa de acuerdo económico remitida por la Décima Legislatura del honorable Congreso del estado de Quintana Roo, mediante la cual se adhiere al acuerdo emitido por el honorable Congreso del estado de Tlaxcala, a efecto de que se lleve a cabo un exhorto al Congreso de la Unión, con la finalidad de que realice una revisión minuciosa en lo referente a las pensiones vitalicias, a efecto de que se abroguen este tipo de pensiones especiales, solicitando a su vez la adhesión y apoyo a las Legislaturas locales del país, sujetando lo anterior a los siguientes
Considerandos
Primero.- La Comisión Permanente de Asuntos Laborales y de Previsión Social es competente para conocer y dictaminar la iniciativa de referencia en términos de lo establecido en los artículos 54, fracción VIII, y 55, fracción VIII, de la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo del estado de Baja California Sur.
Segundo.- Considera el iniciador que aun cuando las pensiones vitalicias fueron concebidas como apoyos para asegurarles un modo de vida digno y honesto a ex funcionarios, sin embargo se han convertido en un ingreso más de quienes dejan el poder.
Tercero.- Sigue mencionando en su iniciativa que estas pensiones surgen de un acuerdo presidencial justificado en los servicios prestados a la patria, sin embargo se han convertido en una partida presupuestal que afecta de manera significativa el presupuesto del país año con año, ya que son recursos que de verse recortados o abrogados, se podrían destinar a otras partidas que lo requieren para otorgar mejores apoyos a la población, como son educación, salud, campo, entre otras.
Cuarto.- Que cada día son más las voces que se levantan en América Latina contra el "premio pecuniario" que se asigna de por vida a los altos funcionarios, ya que se ha convertido en un lujo innecesario que es pagado por los gobernados y que disfrutan unos cuantos; que las pensiones otorgadas a estos funcionarios rebasan por mucho lo esencial y las necesidades básicas para vivir, convirtiéndose en salarios ostentosos y que otorgan a los poseedores de éstos estilos de vida envidiables.
Quinto.- Es importante valorar el desempeño productivo y las aportaciones al país de quienes cuentan en estos momentos con las ya mencionadas pensiones vitalicias, de igual forma es necesario tomar en cuenta que cuando ostentaban el puesto recibían un salario bastante generoso del cual pudieron garantizar su futuro, como lo tiene que hacer actualmente cualquier mexicano.
Sexto.- Refiere de igual forma el iniciador que es importante que se determine un periodo para el otorgamiento de estas pensiones y determinar cuándo terminarían el país y todos los mexicanos de pagar a los funcionarios por los servicios prestados y es necesario también realizar una revisión a fondo de estas pensiones vitalicias que son pagadas por todos los mexicanos para unos cuantos afortunados.
Séptimo.- Por todo lo anterior esta Comisión dictaminadora de Asuntos Laborales y de Previsión Social considera procedente la iniciativa de referencia en virtud de las razones expuestas por el iniciador, por lo cual en términos de lo establecido en los artículos 113, 114 y 115 de la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo del estado, venimos a presentar ante ustedes el siguiente:
Acuerdo Económico
Primero.- El honorable Congreso del Estado de Baja California Sur, se adhiere y apoya el acuerdo remitido por el honorable Congreso del estado de Quintana Roo, a efecto de que se exhorte al Congreso de la Unión, para que lleve a cabo una revisión minuciosa en lo referente a las pensiones vitalicias, con la finalidad de que se abrogue este tipo de pensiones especiales.
Segundo.- Remítase el presente acuerdo a las honorables Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión y a la Legislatura del estado de Quintana Roo para su conocimiento.
Atentamente
La Paz, Baja California Sur, a 29 de marzo de 2005.
Comisión Permanente de Asuntos Laborales y de Previsión Social
Diputados: Armando Naranjo Rivera (rúbrica), Presidente; Blanca Guadalupe Guluarte Guluarte (rúbrica), secretaria; Ramón Alvarado Higuera (rúbrica), secretario.
Comisión Permanente de Asuntos Laborales y de Previsión Social
Dictamen
Acuerdo Económico
Dip. Rogelio Martínez Santillán
Presidente del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la XI Legislatura al Congreso del Estado de Baja California Sur
Presente
Honorable Asamblea:
Dictamen que presenta la Comisión Permanente de Asuntos Laborales y de Previsión Social respecto a la iniciativa de acuerdo económico remitida por la Quincuagésima Novena Legislatura del estado de Oaxaca mediante circular número 09, de fecha 23 de diciembre del año 2004, de conformidad con los siguientes
Antecedentes
Único. En fecha 25 de enero del presente año, 2005, fue turnada para su estudio y dictamen, en términos de lo establecido en el artículo 106 de la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo, iniciativa de acuerdo económico remitida por la Quincuagésima Novena Legislatura del honorable Congreso del estado de Oaxaca, mediante la cual se adhiere al acuerdo emitido por el honorable Congreso del estado de Colima, pronunciándose a favor de que se erradique cualquier práctica discriminatoria hacia los trabajadores por motivo de raza, sexo, edad, credo religioso, doctrina política o condición social, en donde como finalidad se tenga garantizar al individuo el derecho al trabajo. Y, asimismo, se hace del conocimiento de las honorables Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, a la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, a las Legislaturas de los estados de la Federación, para que por su conducto hagan extensiva a cada una de las dependencias a su cargo que tengan que ver con la clase obrera para que, con base en las facultades que la ley les confiere, instrumenten los mecanismos necesarios para erradicar cualquier práctica discriminatoria hacia el sexo femenino, tales como límites en cuanto a la edad, estado civil, exigir certificado de no gravidez, características físicas o preferencia sexual; esto, en cumplimiento de los artículos 1o. de la Carta Magna y 3o. de la Ley Federal del Trabajo, sujetando lo anterior de conformidad con los siguientes
Considerandos
Primero. La Comisión Permanente de Asuntos Laborales y de Previsión Social es competente para conocer y dictaminar la iniciativa de referencia en términos de lo establecido en los artículos 54, fracción VIII, y 55, fracción VIII, inciso a), de la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo del estado de Baja California Sur.
Segundo. Considera la Comisión que dictamina que en la iniciativa en mención el iniciador hace referencia a la necesidad de pronunciarse contra la discriminación que tenga que ver hacia la clase obrera, especialmente hacia el género femenino, como límites en cuanto a la edad, estado civil, exigir certificado de no gravidez, características físicas o preferencia sexual; esto, en cumplimiento de los artículos 1o. de la Carta Magna y 3o. de la Ley Federal del Trabajo.
Tercero. Es de hacer del conocimiento de esta honorable soberanía que la iniciativa en mención no contiene la exposición de los motivos que dieron origen a la misma y las consideraciones vertidas para el acuerdo de referencia tanto del honorable Congreso del estado de Oaxaca como del estado de Colima, aludidos en dicho documento.
Cuarto. Sin embargo, esta Comisión dictaminadora considera procedente la iniciativa en comento, toda vez que la intención del iniciador es clara al momento de emitir el acuerdo económico, que es proteger a la clase obrera contra la discriminación, especialmente al género femenino, lucha que se ha mantenido hasta la fecha en todo el país y causa fundamental que debe prevalecer en esta Comisión Permanente de Asuntos Laborales y de Previsión Social.
Por lo anterior, en términos de lo establecido en los artículos 113, 114 y 115 de la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo del estado, venimos a presentar ante ustedes el siguiente
Acuerdo Económico
Primero. El honorable Congreso del estado de Baja California Sur se adhiere al acuerdo remitido por el honorable Congreso del estado de Oaxaca mediante circular número 09 de fecha 23 de diciembre de 2004, mediante el cual se adhiere al acuerdo emitido por el honorable Congreso del estado de Colima, pronunciándose a favor de que se erradique cualquier práctica discriminatoria hacia los trabajadores por motivo de raza, sexo, edad, credo religioso, doctrina política o condición social, en donde como finalidad se tenga garantizar al individuo el derecho al trabajo.
Segundo. Remítase el presente acuerdo a las honorables Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión y a las Legislaturas de los estados de Oaxaca y de Colima para su conocimiento.
Atentamente
La Paz, Baja California Sur, a 29 de marzo de 2005.
Comisión Permanente de Asuntos Laborales y de Previsión Social
Dip. Armando Naranjo Rivera (rúbrica)
Presidente
Dip. Blanca Guadalupe Guluarte Guluarte (rúbrica)
Secretaria
Dip. Ramón Alvarado Higuera (rúbrica)
Secretario
(Remitida a la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Abril 28 de 2005.)
DEL CONGRESO DE CHIHUAHUA
Chihuahua, Chih., a 7 de abril de 2005.
C. Dip. Manlio Fabio Beltrones Rivera
Presidente de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión
Le remito Acuerdo No. 46/05 II P.O., aprobado por el H. Congreso del estado en sesión de esta fecha, mediante el cual se le solicita respetuosamente cancelar de manera inmediata la transmisión de anuncios publicitarios donde se hace referencia a la figura del Presidente de la República, del secretario de Gobernación y de un miembro del Senado de la República, así como a un Instituto Político; le anexo copia de la iniciativa y dictamen que le dio origen al mismo.
Sin otro particular de momento, le reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Dip. César Horacio Duarte Jáquez (rúbrica)
Presidente del H. Congreso del Estado
Acuerdo No. 46/05 II P.O.
La Sexagésima Primera Legislatura del honorable Congreso del estado de Chihuahua, reunida en su segundo periodo ordinario de sesiones, dentro de su primer año de ejercicio constitucional
Acuerda
Único.- La Sexagésima Primera Legislatura del H. Congreso del estado de Chihuahua remite al H. Congreso de la Unión para su conocimiento y efectos procedentes, copia de la iniciativa y del dictamen que recayó a la misma, mediante el cual se le solicita cancelar de manera inmediata la transmisión de anuncios publicitarios donde se hace referencia a la figura del Presidente de la República, del secretario de Gobernación y de un miembro del senado de la República; así como a un instituto político.
Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo, en la ciudad de Chihuahua, Chih., a los siete días del mes de abril del año dos mil cinco.
Diputados: César Horacio Duarte Jáquez (rúbrica), Presidente; Manuel Arturo Narváez Narváez (rúbrica), secretario; Roberto Aurelio Cázares Quintana (rúbrica), secretario.
(Remitida a la Comisión de Gobernación. Mayo 9 de 2005.)
DEL CONGRESO DE COAHUILA
C. Dip. Manlio Fabio Beltrones Rivera
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión
México, DF
En sesión celebrada el 19 de abril de 2005, el Pleno del Congreso del estado de Coahuila de Zaragoza trató lo relativo a una proposición con punto de acuerdo sobre "diversas manifestaciones y acciones contra el fenómeno migratorio suscitado en la frontera entre México y Estados Unidos de América", la cual fue planteada por los integrantes de la Comisión de Asuntos Fronterizos de esta Legislatura, en los términos del documento que se acompaña a esta comunicación.
Al tratarse este asunto, el Pleno de este Congreso aprobó un punto de acuerdo, mediante el cual se determinó lo siguiente:
Segundo. Que el Congreso de Coahuila exhorte atentamente al honorable Congreso de la Unión para que, en uso de sus facultades, intervenga ante las autoridades legalmente competentes a fin de que se tomen las medidas necesarias para prevenir y evitar todo tipo de actos que vulneren los derechos humanos de nuestros connacionales en la franja fronteriza entre México y Estados Unidos de América, especialmente en la frontera de Sonora y Arizona.
Tercero. Comuníquese el contenido del presente acuerdo a los Congresos de las entidades federativas del país para que, de considerarlo procedente, realicen un pronunciamiento en el mismo sentido.
Sin otro particular, reiteramos a usted las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Saltillo, Coahuila, a 20 de abril de 2005.
Prof. Lic. Alfonso Martínez Pimentel (rúbrica)
Oficial Mayor del Congreso del Estado
Proposición con punto de acuerdo, que presenta la Comisión de Asuntos Fronterizos, con relación a diversas manifestaciones y acciones contra el fenómeno migratorio suscitado en la frontera entre México y Estados Unidos de América
Presidente de la Diputación Permanente del Congreso del Estado de Coahuila
Presente
Compañeras y compañeros diputados:
Durante la mayor parte del siglo XX, uno de los principales vínculos entre México y Estados Unidos ha sido el flujo migratorio. Ir al norte en busca de oportunidades es una idea hondamente arraigada en la juventud mexicana, sobre todo en las zonas rurales en la región occidental central de México.
La migración es un proceso dinámico. Lo que comenzó en buena medida como reclutamiento de trabajadores mexicanos, aprobado o tolerado por Estados Unidos para realizar trabajos agrícolas de temporada, se convirtió en un flujo migratorio mucho más complejo, sustentado en factores de oferta, demanda y redes sociales.
La migración de México a Estados Unidos se motiva fundamentalmente en razones de carácter económico. Por eso, las motivaciones iniciales del flujo migratorio se dieron en gran parte dentro del mismo Estados Unidos. Sin embargo, los factores que iniciaron la migración entre los dos países no son necesariamente los únicos que la sustentan. Hoy, las redes transfronterizas de familias, amigos, agentes laborales y reclutadores vinculan una lista en expansión de industrias, ocupaciones y zonas de Estados Unidos con una lista en aumento de comunidades mexicanas que envían migrantes al país del norte.
Si bien la migración ha sido un fenómeno histórico en las relaciones entre México y Estados Unidos, es innegable que nuestra estructura económica se ha visto severamente convulsionada por la drástica reorientación de nuestra economía hacia el mercado internacional.
Esto es por la implantación de lo que se ha denominado "modalidad neoliberal de crecimiento". No cabe duda de que éste es uno de los detonantes principales de la problemática que causa actualmente el proceso migratorio en su relación con la estructura económica del país y una de las principales limitaciones para abrir alternativas de cambio.
La ausencia de alternativas ocupacionales, tanto en el agro como en los centros urbanos, genera el flujo continuo de su población hacia otros lugares del país y, particularmente, hacia Estados Unidos.
Por ello, ahora la migración se ve como un recurso de supervivencia para millones de mexicanos. En estas circunstancias, la migración se ha convertido en un rostro cruel de la pobreza.
Los migrantes son víctimas de explotación y maltrato en Estados Unidos. A partir de abril se suman a otro peligro, un grupo de ciudadanos estadounidenses en la frontera de Arizona con Sonora, con la intención de realizar vigilancia terrestre y aérea de una parte de dicha frontera, exactamente 30 millas de una zona de parajes desérticos del valle de San Pedro, en el sureste del vecino estado de Arizona, con la finalidad de reportar el cruce de personas que pudiesen intentar introducirse de manera ilegal hacia Estados Unidos.
Sin embargo, tales acciones llevan aparejadas situaciones preocupantes, primeramente porque algunos de los ciudadanos referidos son personas relacionadas con actividades de carácter racista y xenófobo que mantendrán latente la posibilidad de que se presenten actos detestables que, lamentablemente, no han podido ser erradicados.
Cabe mencionar que el estado de Arizona permite portar armas de fuego a sus ciudadanos libremente, situación que en determinado momento pondría en riesgo el derecho fundamental de la vida inherente a todo migrante mexicano. Asimismo, la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos permite la libertad de expresión y la libertad de asociación. En este sentido, un grupo de personas voluntarias para patrullar la frontera con México ha constituido un grupo autodenominado "Proyecto Minuteman", quienes han ido más allá de su derecho constitucional, convirtiéndose en "cazadores disfrazados".
No obstante el hecho de que a la fecha no se tenga conocimiento de situaciones que se hayan presentado con connacionales respecto a posibles violaciones de normas de carácter estatal, nacional e internacional por el actuar de los ciudadanos norteamericanos, los diputados integrantes de esta Legislatura pertenecientes a la Comisión de Asuntos Fronterizos, al margen de cualquier ideología y en aras de buscar que las buenas relaciones entre ambos países no se vean deterioradas, consideramos de suma urgencia que este honorable Pleno tenga a bien, de considerarlo así, manifestarse en consecuencia. Asimismo, solicitamos que el presente asunto sea considerado de obvia y urgente resolución y se dispense el trámite de comisión para que sea discutido y decidido, en su caso, en esta sesión.
Por lo anteriormente expuesto, y en ejercicio de las facultades que me otorga el artículo 49, en la fracción IV, de la Ley Orgánica del Congreso del estado y con fundamento en los artículos 248, 249, 250, 251 y demás relativos del citado ordenamiento, me presento por este conducto para someter a la consideración de este Pleno la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Que el honorable Congreso del estado de Coahuila exprese su condena y rechazo absoluto a los actos de racismo, xenofobia y formas semejantes de intolerancia realizados contra los migrantes o que se pretendan realizar por grupos antiinmigrantes o por cualquier otro de naturaleza similar.
Segundo. Que el Congreso de Coahuila exhorte atentamente al honorable Congreso de la Unión para que, en uso de sus facultades, intervenga ante las autoridades legalmente competentes a fin de que se tomen las medidas necesarias para prevenir y evitar todo tipo de actos que vulneren los derechos humanos de nuestros connacionales en la franja fronteriza de ambos países, y especialmente en la frontera de los estados de Sonora y de Arizona.
Tercero. Comuníquese el contenido del presente acuerdo a los Congresos de las entidades federativas del país para que, de considerarlo procedente, realicen un pronunciamiento del mismo.
Atentamente
Saltillo, Coahuila, a 19 de abril de 2005.
Por la Comisión de Asuntos Fronterizos del Congreso del Estado de Coahuila
Dip. Evaristo Lenin Pérez Rivera (rúbrica)
(Remitida a la Comisión de Relaciones Exteriores. Mayo 10 de 2005.)
DEL CONGRESO DE GUANAJUATO
C. Dip. Manlio Fabio Beltrones Rivera
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión
Presente
Anexo al presente, me permito remitir copia del decreto 165, expedido por esta Quincuagésima Novena Legislatura como parte del Constituyente Permanente y publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, número 44, segunda parte, de 18 de marzo de 2005, así como del dictamen suscrito por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, relativo a la iniciativa de reforma al artículo 33 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, cuyo procedimiento legislativo concluyó, fue materia de promulgación y publicación, y se encuentra vigente, mediante el cual se modifica la denominación del municipio de "Allende" para pasar a denominarse "San Miguel de Allende", lo anterior, para los efectos de su conocimiento y competencia.
Aprovecho la ocasión para reiterarle las seguridades de mi consideración distinguida.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Guanajuato, Gto., a 31 de marzo de 2005.
Dip. Alejandro Rafael García Sainz Arena (rúbrica)
Presidente del Congreso del Estado
(De enterado. Mayo 10 de 2005.)
DEL CONGRESO DE GUERRERO
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, martes 5 de abril de 2005.
CC. Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva del Pleno de la Quincuagésima Séptima Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, adjunto al presente para los efectos de lo dispuesto en su artículo quinto, el decreto número 472 mediante el cual se designa el Honorable Ayuntamiento Instituyente del Municipio de Cochoapa El Grande, Guerrero. aprobado en sesión celebrada el día 30 de marzo del año en curso.
Atentamente
Licenciada Sáez Guadalupe Pavía Miller (rúbrica)
Oficial Mayor
La Quincuagésima Séptima Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en nombre del pueblo que representa, y:
Considerando
"Que mediante decreto número 588 aprobado el 10 de noviembre del 2002, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, número 101, de fecha martes 10 de diciembre del 2002, se crea el Municipio de Cochoapa El Grande, Guerrero.
Que en sesión del Pleno de este H. Congreso celebrada con fecha 10 de noviembre del,2002, se aprobó el decreto número 591 por el que se reforma y adiciona el artículo 5° de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, artículo en el cual se adiciona el Municipio de Cochoapa El Grande, Guerrero. Asimismo con fecha 10 de junio del 2003 de conformidad con el artículo 125 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, al haberse recibido 40 votos aprobatorios de distintos municipios, el Pleno del H. Congreso declaró válidas las reformas al artículo 5° de la Constitución Política local, decreto y acuerdo publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 47, alcance I, de fecha 13 de junio del 2003.
Que con fecha 11 de junio del 2003 se recibió en la Comisión el oficio número OM/DPL/317/2003 mediante el cual se turna el acuerdo parlamentario por el que se declaran válidas las reformas al artículo 5° constitucional para los efectos del artículo 13 B de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero.
Que de conformidad a lo establecido por los artículos 47, fracción XLIX, y 95 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 8, fracción XLIX, 46; 49, fracción II; 53, fracción IX, 86, 87, 127, 133 párrafo primero y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado número 286; y, 13 B de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado, esta Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación tiene plenas facultades para analizar el asunto de referencia y emitir el dictamen y proyecto de decreto que recaerá al mismo.
Que el artículo 13 B de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado establece que cuando se cree un nuevo Municipio, el Congreso designará un Ayuntamiento Instituyente de entre sus vecinos.
Que la Comisión dictaminadora para contar con mayores elementos para la designación de los integrantes del Ayuntamiento Instituyente, consideró pertinente tomar el parecer de los ciudadanos del nuevo Municipio, allegándose las propuestas que para la integración del Ayuntamiento Instituyente hicieron llegar diversas autoridades municipales tales como: comisarías municipales, comisariado ejidal, comité de vigilancia y comité gestor.
Que en la búsqueda de los consensos para lograr la legitimidad de la propuesta del Ayuntamiento Instituyente, la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación en reunión de trabajo de fecha 14 de diciembre del 2004 con la asistencia del Comité de Gestión Ciudadana del Municipio de Cochoapa El Grande conformado por grupos representativos de los partidos políticos con mayor presencia en el Municipio, se establecieron acuerdos y compromisos, determinándose que de conformidad con los resultados obtenidos en el nuevo municipio por los partidos políticos o coaliciones en la elección de Gobernador para el periodo constitucional 2005-2011, se distribuirán los cargos de Presidente, Sindico Procurador y Regidores.
Que la Quincuagésima Séptima Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, a propuesta de los integrantes de la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación, en uso de sus atribuciones legales y con la finalidad de preservar y mantener la paz social en los municipios que integran el estado y en particular en los de nueva creación, a los cuales no se les ha podido designar su órgano de gobierno, emitió con fecha 16 de diciembre del 2004 un acuerdo parlamentario mediante el cual retoma los compromisos suscritos por los grupos que integran los Comités de Gestión Ciudadana de los Municipios de Cochoapa El Grande y los diputados integrantes de la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación, determinando en consecuencia que el Congreso del estado, designaría como Presidente del Ayuntamiento Instituyente a la persona propuesta por el partido político o coalición que en la elección para gobernador del estado de Guerrero, haya ganado en las secciones comprendidas dentro de la jurisdicción territorial correspondiente al Municipio; como Síndico Procurador, a la persona propuesta para ello por el partido político o coalición que haya quedado en segundo lugar en la misma elección constitucional y la designación de Regidores, se realizará en forma alternada iniciando por la propuesta del partido político o coalición que haya ganado en el Municipio, hasta conformar al Ayuntamiento con la cantidad de miembros que dispone el artículo 93 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero.
Que con fecha 18 de febrero del 2005, mediante oficio número 0386/05, el ciudadano Ceferino Cruz Lagunas, Presidente del Consejo Estatal Electoral, en cumplimiento al acuerdo parlamentario del 16 de diciembre del 2004, remitió los resultados oficiales definitivos, correspondientes a las secciones y casillas electorales ubicadas en al territorio del municipio de Cochoapa El Grande, consignándose en los mismos que con la participación del 50.20% de los ciudadanos, se emitieron 4,054 votos, distribuidos en la siguientes forma: PAN 16; Coalición Todos por Guerrero 1,437; Coalición Guerrero será mejor 2,490; votos válidos: 3,943, votos nulos: 111.
Que tomando en consideración que el artículo, 97 de la Constitución Política local, establece las bases a partir de las cuales se integraron los Ayuntamientos, esta Comisión resolvió designar al Ayuntamiento Instituyente ajustándose a lo estipulado en la fracción IV del artículo en comento que en lo relativo señala: "en los Municipios con menos de veinticinco mil habitantes, además del Presidente y del Síndico Procurador habrá seis Regidores". en razón de que el nuevo Municipio cuenta con 12,982 habitantes.
Que notificados que fueron al Congreso del estado los resultados de la elección y bajo las reglas del artículo 97 de la Constitución Política local, con fecha 25 de febrero del 2005, la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación celebró reunión de trabajo con los grupos que integran el Comité de Gestión Ciudadana recepcionando de éstos las propuestas para conformar al Ayuntamiento Instituyente del nuevo Municipio.
Que analizado que fue el perfil de los ciudadanos que surgieron como propuestas y tomando en consideración el sentir de los ciudadanos del Municipio, se elaboró en uso de la facultad discrecional, una propuesta plural cuyos integrantes reúnen los requisitos de ley, que obtuvo el consenso de los actores políticos y que al parecer de la Comisión está integrada, por ciudadanos que lograron la buena marcha de la administración y gobierno del municipio de Cochoapa El Grande.
Que en sesión del 30 de marzo del 2005 en términos de lo establecido en el artículo 138 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero, la Presidencia de la Mesa Directiva, habiendo sido fundado y motivado el dictamen con proyecto de decreto, al no existir votos particulares en el mismo y no haber registro en contra en la discusión, procedió a someterlo a votación, aprobándose por unanimidad de votos.
Que aprobado en lo general el dictamen, se sometió en lo particular y no habiéndose presentado reserva de artículos, la Presidencia de la Mesa Directiva del honorable Congreso del Estado realizó la declaratoria siguiente: "En virtud de que no existe reserva de artículos, esta Presidencia en términos del artículo 137, párrafo primero, de nuestra Ley Orgánica, tiene por aprobado el dictamen con proyecto de decreto mediante el cual se designa el Honorable Ayuntamiento Instituyente del Municipio de Cochoapa el Grande, Guerrero. Emítase el decreto correspondiente y remítase a las autoridades competentes para los efectos legales procedentes"
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 47, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero y 8, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado número 286, este honorable Congreso decreta y expide el
Decreto número 472 mediante el cual se designa el Honorable Ayuntamiento Instituyente del Municipio de Cochoapa El Grande, Guerrero.
Primero.- Se designa el Honorable Ayuntamiento Instituyente del Municipio de Cochoapa El Grande, Guerrero, integrado de la siguiente forma:
Presidente propietario: Santiago Rafael Bravo
Presidente suplente: Felipe Flores López
Síndico procurador propietario: Guillermo Flores Lorenzo
Síndico procurador suplente: Felipe Moreno López
Regidor propietario: Paulino Ortiz Candia
Regidor suplente: Pedro Martínez Nava
Regidor propietario: Herminio Rivera Chávez
Regidor suplente: Justo Pablo Barrera
Regidor propietario: Santiago Díaz Iturbide
Regidor suplente: Juan Martínez Flores
Regidor propietario: Bernardo Flores Matías
Regidor suplente: Alberto Flores Vázquez
Regidor propietario: Vicente Santiago Mendoza
Regidor suplente: Alberto Chávez López
Regidor propietario: Regino Moreno Flores
Regidor suplente: Santiago Julián Ortiz
Segundo.- El Honorable Ayuntamiento Instituyente del Municipio de Cochoapa El Grande, Guerrero, fungirá del periodo comprendido 4 de abril del 2005 al 31 de diciembre del 2008.
Tercero.- Tómesele la protesta de ley a los integrantes del Honorable Ayuntamiento Instituyente del Municipio de Cochoapa El Grande, Guerrero y déseles posesión del cargo.
Cuarto.- Comuníquese el presente decreto al titular del Poder Ejecutivo del estado para los efectos legales procedentes y publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
Quinto.- Comuníquese el presente decreto al Poder Ejecutivo federal y al honorable Congreso de la Unión para los efectos legales conducentes.
Sexto.- Hágase del conocimiento de los organismos electorales federales y estatales el presente decreto.
Séptimo.- Comuníquese el presente decreto al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Metlatónoc, Guerrero para los efectos de la entrega y recepción y dése parte a la Contraloría General del Estado y a la Auditoría General del Estado para su intervención dentro de su competencia.
Transitorio
Artículo Único.- El presente decreto entrará en vigor a partir de la fecha de su expedición.
Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Poder Legislativo, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil cinco.
Dip. Constantino García Cisneros (rúbrica)
Presidente
Dip. Alvis Gallardo Carmona (rúbrica)
Secretario
Dip. Fidel Luis Solano (rúbrica)
Secretario
(De enterado. Mayo 10 de 2005.)
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, martes 5 de abril de 2005.
CC. Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva del Pleno de la Quincuagésima Séptima Legislatura al honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, adjunto al presente para los efectos de lo dispuesto en su artículo quinto, el decreto número 471 mediante el cual se designa el Honorable Ayuntamiento Instituyente del Municipio de José Joaquín de Herrera, Guerrero. Aprobado en sesión celebrada el día 30 de marzo del año en curso.
Atentamente
Licenciada Saez Guadalupe Pavía Miller (rúbrica)
Oficial Mayor
H. Congreso del Estado
La Quincuagésima Séptima Legislatura al honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en nombre del pueblo que representa, y:
Considerando
"Que mediante decreto número 570 aprobado el 8 de noviembre de 2002, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, número 101, de fecha martes 10 de diciembre de 2002, se crea el Municipio de José Joaquín de Herrera, Guerrero.
Que en sesión del Pleno de este H. Congreso celebrada con fecha 10 de noviembre del 2002, se aprobó el decreto número 591 por el que se reforma y adiciona el artículo 5° de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, artículo en el cual se adiciona el Municipio de José Joaquín de Herrera, Guerrero. Asimismo con fecha 10 de junio del 2003 de conformidad con el artículo 125 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, al haberse recibido 40 votos aprobatorios de distintos municipios, el Pleno del H. Congreso declaró válidas las reformas al artículo 5° de la Constitución Política local, decreto y acuerdo publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, número 47, alcance I, de fecha 13 de junio del 2003.
Que con fecha 11 de junio del 2003 se recibió en la Comisión el oficio número OM/DPL/317/2003 mediante el cual se turna el acuerdo parlamentario por el que se declaran válidas las reformas al artículo 5° constitucional para los efectos del artículo 13 B de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero.
Que de conformidad con lo establecido por los artículos 47, fracción XLIX, y 95 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 8, fracción XLIX, 46; 49, fracción II; 53, fracción IX, 86, 87, 127, 133 párrafo primero y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado número 286; y, 13 B de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado, esta Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación tiene plenas facultades para analizar el asunto de referencia y emitir el dictamen con proyecto de decreto que recaerá al mismo.
Que el artículo 13 B de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero establece que cuando se cree un nuevo Municipio, el Congreso designará un Ayuntamiento Instituyente de entre sus vecinos.
Que la Comisión dictaminadora para contar con mayores elementos para la designación de los integrantes del Ayuntamiento Instituyente, consideró pertinente tomar el parecer de los ciudadanos del nuevo Municipio, allegándose las propuestas que para la integración del Ayuntamiento Instituyente hicieron llegar diversas autoridades municipales tales como: comisarías municipales, comisariado ejidal, comité de vigilancia y comité gestor.
Que en la búsqueda de los consensos para lograr la legitimidad de la propuesta del Ayuntamiento Instituyente, la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación en reunión de trabajo de fecha 14 de diciembre de 2004 con el Comité de Gestión Ciudadana del Municipio de José Joaquín de Herrera conformado por grupos representativos de los partidos políticos con mayor presencia en el Municipio, establecieron acuerdos y compromisos, determinándose que de conformidad con los resultados obtenidos en el nuevo Municipio por los partidos políticos o coaliciones contendientes en la elección de Gobernador para el periodo constitucional 2005-2011, se distribuirán los cargos de Presidente, Síndico Procurador y Regidores.
Que la Quincuagésima Séptima Legislatura al honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, a propuesta de los integrantes de la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación, en uso de sus atribuciones legales y con la finalidad de preservar y mantener la paz social en los municipios que integran el estado y en particular en los de nueva creación, a los cuales no se les ha podido designar su órgano de gobierno, emitió con fecha 16 de diciembre del 2004 un acuerdo parlamentario mediante el cual retoma los compromisos suscritos por los grupos que integran el Comité de Gestión Ciudadana del Municipio de José Joaquín de Herrera y los diputados integrantes de la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación, determinando, en consecuencia, que el Congreso del estado designaría como Presidente del Ayuntamiento Instituyente a la persona propuesta por el partido político o coalición que en la elección para Gobernador del estado de Guerrero, haya ganado en las secciones comprendidas dentro de la jurisdicción territorial correspondiente al Municipio; como Síndico Procurador, a la persona propuesta para ello por el partido político o coalición que haya quedado en segundo lugar en la misma elección constitucional y la designación de Regidores, se realizará en forma alternada iniciando por la propuesta del partido político o coalición que haya ganado en el Municipio, hasta conformar al Ayuntamiento con la cantidad de miembros y conforme a las bases que dispone el artículo 97 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero.
Que con fecha 18 de febrero del 2005, mediante oficio número 0386/05, el ciudadano Ceferino Cruz Lagunas, Presidente del Consejo Estatal Electoral, en cumplimiento al acuerdo parlamentario del 16 de diciembre de 2004, remitió los resultados oficiales definitivos, correspondientes a las secciones y casillas electorales ubicadas en al territorio del municipio de José Joaquín de Herrera, consignándose en los mismos que con la participación del 55.25%, de los ciudadanos, se emitieron 3,431 votos, distribuidos en la siguientes forma: PAN 33; Coalición Todos por Guerrero 1,880; Coalición Guerrero será mejor: 1,374; votos válidos: 3,287; votos nulos: 144.
Que tomando en consideración que el artículo 97 de la Constitución Política local establece las bases a partir de las cuales se integrarán los Ayuntamientos, esta Comisión resolvió designar al Ayuntamiento Instituyente ajustándose a lo estipulado en la fracción IV del artículo en comento, que en lo relativo señala: en los Municipios con menos de veinticinco mil habitantes, además del Presidente y del Síndico Procurador habrá seis Regidores, en razón de que el nuevo Municipio cuenta con 12,790 habitantes.
Que notificados que fueron al Congreso del estado los resultados de la elección y bajo las reglas del artículo 97 de la Constitución Política local, con fecha 25 de febrero del 2005, la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación celebró reunión de trabajo con los grupos que integran el Comité de Gestión Ciudadana recepcionando de éstos las propuestas para conformar al Ayuntamiento Instituyente del nuevo Municipio.
Que analizado que fue el perfil de los ciudadanos que surgieron como propuestas y tomando en consideración el sentir de los ciudadanos del Municipio, se elaboró en uso de la facultad discrecional, una propuesta plural cuyos integrantes reúnen los requisitos de ley, que obtuvo el consenso de los actores políticos y que al parecer de la Comisión está integrada por ciudadanos que lograrán la buena marcha de la administración y gobierno del municipio de José Joaquín de Herrera."
Que en sesión del 30 de marzo del 2005 en términos de lo establecido en el artículo 138 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero, la Presidencia de la Mesa Directiva, habiendo sido fundado y motivado el dictamen con proyecto de decreto, al no existir votos particulares en el mismo y no haber registro en contra en la discusión, procedió a someterlo a votación, aprobándose por unanimidad de votos.
Que aprobado en lo general el dictamen, se sometió en lo particular y no habiéndose presentado reserva de artículos, la Presidencia de la Mesa Directiva del honorable Congreso del estado realizó la declaratoria siguiente: "En virtud de que no existe reserva de artículos, esta Presidencia en términos del artículo 137, párrafo primero de nuestra Ley Orgánica, tiene por aprobado el dictamen con proyecto de decreto mediante el cual se designa el Honorable Ayuntamiento Instituyente del Municipio de José Joaquín de Herrera, Guerrero. Emítase el decreto correspondiente y remítase a las autoridades competentes para los efectos legales procedentes".
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 47, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero y 8, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado número 286, este honorable Congreso decreta y expide el
Decreto número 471 mediante el cual se designa el Honorable Ayuntamiento Instituyente del Municipio de José Joaquín de Herrera, Guerrero.
Primero.- Se designa el Honorable Ayuntamiento Instituyente del Municipio de José Joaquín de Herrera, Guerrero, integrado de la siguiente forma:
Presidente propietario: Alejandro Hernández Villarreal
Presidente suplente: Tiburcio Juárez González
Síndico procurador propietario: Juvenal Carballo Parra
Síndico procurador suplente: Tomás Esteban Cortés Merino
Regidor propietario: Jacinta Polonia Castillo Parra
Regidor suplente: Margarito Calles Flores
Regidor propietario: Severino Flores Salmerón
Regidor suplente: Alfredo Gatica Juárez
Regidor propietario: Santiago Pablo Salazar
Regidor suplente: Heladio Dircio Bolaños
Regidor propietario: Isidro Andalez Martínez Morales
Regidor suplente: Mauricio Merino Rodríguez
Regidor propietario: Valentín Eusebio Bello Bolaños
Regidor suplente: Esteban Gatica Carballo
Regidor propietario: Bonifacio Romero Gálvez
Regidor suplente: Sirilo Joan Juárez Barrera
Segundo.- El Honorable Ayuntamiento Instituyente del Municipio de José Joaquín de Herrera, Guerrero, fungirá del periodo comprendido 31 de marzo del 2005 al 31 de diciembre del 2008.
Tercero.- Tómesele la protesta de ley a los integrantes del H. Ayuntamiento Instituyente del Municipio de José Joaquín de Herrera, Guerrero, y déseles posesión del cargo.
Cuarto.- Comuníquese el presente decreto al titular del Poder Ejecutivo del estado para los efectos legales procedentes y publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
Quinto.- Comuníquese el presente decreto al Poder Ejecutivo federal y al H. Congreso de la Unión para los efectos legales conducentes.
Sexto.- Hágase del conocimiento de los organismos electorales federales y estatales el presente decreto.
Séptimo.- Comuníquese el presente decreto al honorable Ayuntamiento del municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero, para los efectos de la entrega y recepción y dése parte a la Contraloría General del estado y a la Auditoría General del estado para su intervención dentro de su competencia.
Transitorio
Artículo Único.-.El presente decreto entrará en vigor a partir de la fecha de su expedición.
Dado en el Salón de Sesiones del honorable Poder Legislativo a los treinta días del mes de marzo del año dos mil cinco.
Dip. Constantino García Cisneros (rúbrica)
Presidente
Dip. Alvis Gallardo Carmona (rúbrica)
Secretario
Dip. Fidel Luis Solano (rúbrica)
Secretario
(De enterado. Mayo 10 de 2005.)
DEL CONGRESO DE MORELOS
Cuernavaca, Mor., a 22 de marzo de 2005.
CC. Diputados Secretarios de la H. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión
Presentes
Por acuerdo de sesión ordinaria celebrada hoy y en cumplimiento de todos sus artículos, le remito en copia simple el punto de acuerdo aprobado por esa Cuadragésima Novena Legislatura mediante el cual este Congreso solicita información a las autoridades federales competentes sobre los avances en la revisión, análisis y dictaminación de los expedientes de las mujeres reclusas, que se listan en los considerandos, lo que hago de su conocimiento como excitativa a las Comisiones de Equidad y Género, y de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, de la que ustedes son secretarios.
Sin otro particular, le reitero nuestra consideración.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Lic. Julio Ernesto Pérez Soria (rúbrica)
Secretario General de Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso del Estado
La Cuadragésima Novena Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 40, fracción II, de la Constitución Política Local, y
Considerando
Que el 23 de febrero de 2005, la XLIX Legislatura del Congreso del estado de Morelos aprobó emitir una excitativa al órgano descentralizado de Ejecución de Sentencias de la Secretaría de Seguridad Pública federal, respecto a las personas sentenciadas que se listan en los considerandos, para el efecto de que se realice con la mayor brevedad una revisión, análisis y dictaminación de sus expedientes, y en los que proceda se concedan los beneficios legales a que constitucionalmente tiene derecho.
Que dicha excitativa entró en vigor el 24 de febrero y se tendría que remitir al titular del Poder Ejecutivo estatal para su promulgación y publicación correspondientes y, en vía de notificación, al titular del Poder Ejecutivo federal y al secretario de Seguridad Pública federal, para los mismos efectos al titular del órgano administrativo desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública federal.
Que el pasado 8 de marzo del presente año, en la Mesa de Justicia y Derechos Humanos del Parlamento de Mujeres de Morelos 2005 "Ni un paso atrás" se aprobó por unanimidad la propuesta de exhortar a las autoridades federales relacionadas con la readaptación social a cumplir los beneficios de prelibertad a que ya tienen derecho algunas mujeres que se encuentran en el Centro de Readaptación Social de Atlacholoaya.
Que durante el Parlamento Regional de las Mujeres, celebrado en la ciudad de Puebla el 11 de marzo del presente año, se aprobó por unanimidad tomar medidas y exigir el cumplimiento de los beneficios jurídicos de las mujeres reclusas en todo el país, así como el respeto irrestricto de sus derechos humanos.
Que el pasado 18 de marzo de 2005, se realizó una reunión con las mujeres privadas de la libertad Irania Dalila Salgado Huesca, Efigenia García Anastacio, Matilde Soberanes Pérez, Julia Toledano Torres, Juana Bahena Téllez, Juana Yáñez Robles, Eloísa Reyna Lagunas, Juana Esquivel Vázquez, Alicia Arroyo Cervantes, Leonor Victorino Abarca, Karina Gloria Salinas Díaz y Deidad Alejandra Villegas Correa, en la cual manifestaron que los términos jurídicos establecidos en la ley, así como la fecha propuesta por las autoridades federales competentes para revisar los expedientes, culmina el miércoles 23 de marzo. Así, en el caso de no obtener respuesta, las mujeres reclusas interesadas se pondrían en huelga de hambre, poniendo en peligro su salud.
Por lo expuesto y fundado, este Congreso ha tenido a bien aprobar el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Que la XLIX Legislatura del Congreso del estado de Morelos solicite información sobre los avances en la revisión, análisis y dictaminación de los expedientes de las mujeres reclusas que se listan en los considerandos, al titular del órgano administrativo desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública federal.
Segundo. Que se emita una excitativa a la Comisión de Equidad y Género, así como a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión para que se unan al análisis y seguimiento de los beneficios legales que procedan en cuanto a las mujeres reclusas por delitos federales en Morelos.
Transitorios
Artículo Primero. El presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación por el Pleno de la Cuadragésima Novena Legislatura del estado de Morelos.
Artículo Segundo. Aprobado el presente punto de acuerdo, remítase al titular del Poder Ejecutivo estatal para su promulgación y publicación correspondientes y, en vía de notificación, al titular del Poder Ejecutivo federal y al secretario de Seguridad Pública federal, para los mismos efectos al titular del órgano administrativo desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública federal.
Recinto Legislativo, a los veintidós días del mes de marzo de dos mil cinco.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Los CC. Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Congreso del Estado
Dip. Rosalío González Nájera (rúbrica)
Secretario
Dip. Ignacio Sandoval Alarcón (rúbrica)
Secretario
(Remitida a las Comisiones de Equidad y Género, y de Justicia y Derechos Humanos. Mayo 3 de 2005.)
DEL CONGRESO DE QUINTANA ROO
CC. Diputados Secretarios de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión
Presente
En sesión de la Diputación Permanente celebrada con fecha 22 de marzo del año en curso, la X Legislatura tuvo a bien aprobar el siguiente punto de acuerdo:
Segundo.- La Diputación Permanente de la honorable X Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, solicita la intervención urgente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión para que, en el ámbito de su competencia, realice las gestiones pertinentes para darle pronta respuesta a los habitantes del municipio de Cozumel y en general a los quintanarroenses; asimismo para que promueva reformas al marco jurídico nacional que permitan la inversión, sin romper con los usos y costumbres de los ciudadanos del lugar a desarrollar.
Tercero.- Remítase el presente acuerdo a todas las Legislaturas locales del país, para que de así considerado apoyen y se adhieran al presente documento.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Ciudad Chetumal, Quintana Roo, marzo 22 de 2005.
Dip. Francisco J. Díaz Carvajal (rúbrica)
Presidente de la Diputación Permanente
Dip. Sergio M. López Villanueva (rúbrica)
Secretario de la Diputación Permanente
Los diputados integrantes de la Diputación Permanente de la X Legislatura del estado, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 51, 113 y demás relativos aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, nos permitimos suscribir el siguiente punto de acuerdo, mediante el cual se solicita al Presidente de la República y a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión su intervención y apoyo para la pronta solución de la problemática presentada en el municipio de Cozumel, Quintana Roo, respecto a su derecho de mantener abiertas sus ventanas al mar, con base en las siguientes
Consideraciones
En fecha nueve de marzo del año en curso, en la sala de comisiones de este honorable Poder Legislativo, diputados integrantes de esta X Legislatura Constitucional tuvimos a bien recibir a un grupo de personas provenientes del municipio de Cozumel, Quintana Roo, representantes de la sociedad civil, con la finalidad de escuchar su demanda social, relativa a la problemática que vive actualmente la isla de Cozumel, en el sentido de que la empresa CABI Cozumel, SA de CV, pretende construir un edificio en la rada de dicha isla, provocando la obstrucción de la vista panorámica al mar.
Siendo Cozumel, uno de los polos turísticos más importante de México, el principal en materia de cruceros, el cual recibe año con año miles de turistas, tanto nacionales como extranjeros, los cuales visitan esa isla atraídos por su belleza natural y sus tradiciones, esta soberanía no puede permanecer al margen de una situación que afecta tanto el aspecto turístico como al social, al ser la comunidad de Cozumel una sociedad conservadora en sus tradiciones, como lo es la apreciación de sus atardeceres frente al mar.
La sociedad cozumeleña, ante el temor fundado de que les sea cerrada una de sus ventanas al mar, se ha organizado y manifestado de diferentes maneras, siendo de especial atención la caminata convocada como manifestación pacífica, la cual reunió un importante número de cozumeleños y sociedad en general, así como la firma de un manifiesto denominado: "Los ciudadanos abajo firmantes nos oponemos rotundamente a toda obra que obstruya la vista panorámica al mar y de manera específica al proyecto de ampliación de la plaza comercial Punta Langosta", suscrito por siete mil quinientos cuarenta y seis personas, de acuerdo con la fe de hechos ante notario público número 15, licenciado José Edwin Villanueva Marrufo.
Es por lo anterior que considerarnos oportuno reproducir el manifiesto antes citado, con la finalidad de que quienes lean el presente acuerdo conozcan el sentir de la sociedad cozumeleña.
"Manifiesto"
Luis Manuel Guerra, Beatriz Paredes y Gabriel Quadri, representantes por México.
Bogotá, Colombia, mayo de 2002.
Que ha sido motivo de preocupación constante y permanente para los habitantes de la isla de Cozumel, la pérdida gradual y progresiva de los espacios en la rada, su bahía y su puerto natural de entrada.
Los monstruos de concreto se diseminan milímetro a milímetro apropiándose de una forma por demás descontrolada de nuestra belleza natural y sepultando la memoria colectiva bajo toneladas de cemento.
Es por ello que el pueblo siempre noble de Cozumel, unido en una sola voz, defiende lo que es suyo, lo que por herencia le pertenece y que es derecho de futuras generaciones. El pueblo cozumeleño no aguanta ni un engaño, ni una humillación, ni una traición más.
Se podría pensar que una postura que se oponga a permitir la edificación de más construcciones sobre la zona federal del malecón, obstaculizando la vista al mar, representaría un no rotundo al progreso, pero no es así, respetamos a quienes han decidido invertir su capital en este paraíso, pero exigimos respeto a los usos y costumbres que ligan íntimamente el alma de un isleño al mar y sus atardeceres.
Los proyectos sustentables, planeados y encuadrados dentro del marco legal, regulan la convivencia pacífica entre los gobiernos y los ciudadanos, y ayudan sin duda alguna, al progreso del lugar donde vivimos.
Por esta razón es que la nueva construcción, que la empresa CABI Cozumel, SA de CV, pretende realizar en las inmediaciones de lo que conocemos como Punta Langosta, y que antes fuera un parque público, es reprobada por toda la comunidad.
Exigimos a las autoridades correspondientes que no permita, de forma definitiva, la autorización y realización del proyecto en cuestión, por violentar los derechos y sentimientos de la comunidad partiendo del hecho de que los intereses particulares nunca podrán estar por encima de los de la colectividad.
"Frente al azul increíble que tiene tu mar, Cozumel, isla de ensueño, edén tropical, arrullado por tu brisa te compuse este cantar..." (Carlos Gómez Barrera)
Por todo lo anterior, es que esta soberanía popular como representante de los intereses del pueblo de Cozumel, hace suya la problemática que este municipio enfrenta, y manifiesta su apoyo a través del presente acuerdo, el cual pretende hacer llegar la petición de pronta solución, que esta comunidad exige, tanto al titular del Poder Ejecutivo federal como superior jerárquico de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como a la tribuna más alta del país para que en el ámbito de sus respectivas competencias den una solución inmediata a la problemática ya señalada en el presente documento.
En consecuencia, este cuerpo colegiado se permite solicitar la intervención del titular del Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, tome las medidas necesarias para verificar la situación que guarda la concesión otorgada a la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, la cual a su vez fue cedida parcialmente por ésta a la empresa CABI Cozumel, SA de CV, así como lo relativo al permiso de construcción con el cual esta empresa pretende construir un edificio que obstruirá la vista panorámica al mar, afectando a los pobladores de la isla de Cozumel.
Igualmente, se hace un llamado urgente a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, para que en el ámbito de su competencia realice las gestiones pertinentes para darle una pronta respuesta a los habitantes del municipio de Cozumel y en general a los quintanarroenses; asimismo, para que promueva reformas al marco jurídico nacional que permitan la inversión, sin romper con los usos y costumbres de los ciudadanos del lugar a desarrollar, que en el caso que nos ocupa, es la obstrucción de ventanas al mar, principal atractivo de la isla de Cozumel, el cual, de seguir entrampado en esta situación, llegaría al punto de que los cozumeleños tendrían que pagar para disfrutar de las bellezas naturales de su ciudad.
Es de trascendental importancia -para que nuestro estado, y en particular el polo turístico en materia de cruceros más importante del país, continúen en su desarrollo- contar con un marco jurídico que permita la inversión, sin romper con los usos y costumbres de los ciudadanos; del lugar a desarrollar, acompañada del compromiso responsable en su aplicación, de todos los actores involucrados en la misma, para que no se permitan actos que afecten a la sociedad, de manera que le impidan disfrutar de las bellezas naturales de su lugar de residencia.
Por las razones antes expuestas, los diputados que suscribimos el presente documento, tenemos a bien proponer los siguientes puntos de
Acuerdo
Primero.- La Diputación Permanente de la honorable X Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo solicita la intervención del titular del Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales tome las medidas necesarias para verificar la situación que guarda la concesión otorgada a la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, la cual a su vez fue cedida parcialmente por ésta a la empresa CABI Cozumel, SA de CV, así como lo relativo al permiso de construcción con el cual esta empresa pretende construir un edificio que obstruirá la vista panorámica al mar, afectando a los pobladores de la isla de Cozumel.
Segundo.- La Diputación Permanente de la honorable X Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo solicita la intervención urgente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión para que, en el ámbito de su competencia, realice las gestiones pertinentes para darle una pronta respuesta a los habitantes del municipio de Cozumel y en general a los quintanarroenses; asimismo para que promueva reformas al marco jurídico nacional que permitan la inversión, sin romper con los usos y costumbres de los ciudadanos del lugar a desarrollar.
Tercero.- Remítase el presente acuerdo a todas las Legislaturas locales del país para que, de así considerarlo apoyen y se adhieran al presente documento.
Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, a los veintidós días del mes de marzo del año dos mil cinco.
La Diputación Permanente de la H. X Legislatura del estado de Quintana Roo.
Diputados: Francisco Javier Díaz Carvajal (rúbrica), Sergio M. López Villanueva (rúbrica), Pablo de J. Rivero Arceo (rúbrica), María de Guadalupe Novelo Espadas (rúbrica), Landy N. Espinosa Suárez (rúbrica), Mildred C. Ávila Vera (rúbrica), María Eugenia Córdova Soler.
(Remitida a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Mayo 3 de 2005.)
DEL CONGRESO DE SAN LUIS POTOSÍ
2005, "Año del Bicentenario de la Imprenta en San Luis"
CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión
Presentes
Para su conocimiento y efectos que estimen convenientes, remitimos punto de acuerdo aprobado por unanimidad en sesión extraordinaria del Congreso del estado celebrada el día de la fecha, en el que se contiene resolución mediante la que esta Legislatura manifiesta su apoyo a la protesta que realizó la Secretaría de Relaciones Exteriores en contra de la Propuesta 200 del estado de Arizona, EUA, y por ende, se respalda el pronunciamiento de ese Congreso ante la cancillería mexicana; asimismo, se ordena comunicar dicho resolutivo a los demás Congresos de las entidades de nuestro país y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con el propósito de que emitan, de estimarlo procedente, acuerdos similares y los envíen a la brevedad a la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Dip. Pacual Martínez Martínez (rúbrica)
Primer Secretario
Dip. Paulino Pozos Aguilar (rúbrica)
Segundo Secretario
CC. Diputados Secretarios de la LVII Legislatura del Congreso del estado
Presentes
A la Comisión Especial para Asuntos de Migrantes, le fue turnado con fecha 26 de enero del año en curso, oficio s/n del Congreso del estado de Coahuila, del 1 de diciembre de 2004, recibido el 24 de enero del presente año, mediante el cual solicita se apoye la protesta enérgica que hizo la Secretaría de Relaciones Exteriores, respecto a la Propuesta 200 de Arizona; así como una petición para que dicha Secretaría disponga que la Red Consular inicie mecanismos de cabildeo con los cuerpos legislativos del estado de Arizona de los Estados Unidos de Norteamérica, a fin de detener la aplicación de dicha iniciativa.
En virtud de lo anterior, esta Comisión realiza las siguientes
Consideraciones
Primera. Que la Propuesta 200 de Arizona es una medida que propicia acciones de discriminación con base en un perfil étnico, y limita el acceso a servicios fundamentales en materia de educación y salud, lo que constituye una grave violación de los derechos humanos de los migrantes.
Segunda. Que dicha estrategia no contribuye de manera alguna a enfrentar integralmente los retos del fenómeno migratorio entre nuestro país y los Estados Unidos de América en general, pero particularmente entre México y Arizona, sino que por el contrario, con su aplicación se dificulta aún más la posibilidad del acuerdo migratorio entre ambas naciones, al cual el Presidente norteamericano George W. Bush se comprometió.
Por lo anterior, es de apoyarse y se apoya la petición hecha por el Congreso del estado de Coahuila, y en consecuencia, los miembros de la Comisión Especial para Asuntos de Migrantes nos permitimos elevar a la consideración de este honorable pleno legislativo el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Que la Quincuagésima Séptima Legislatura del honorable Congreso del estado de San Luis Potosí, manifiesta su decidido apoyo a la protesta que realizó la Secretaría de Relaciones Exteriores de nuestro país, respecto a la Propuesta 200 del estado de Arizona, EUA, por considerarse discriminatoria y violatoria de los derechos humanos de los migrantes.
Por ende, se respalda el pronunciamiento del Congreso del estado de Coahuila, de solicitar a la Cancillería mexicana, disponga que la Red Consular busque establecer un diálogo con las autoridades legislativas del estado de Arizona, EUA, así como del propio gobierno de aquel país, para no permitir que dicha propuesta siga en función.
Segunso. Que este resolutivo se comunique con efectos de adhesión al Poder Legislativo del estado de Coahuila; asimismo, a los demás Congresos de las entidades de nuestro país y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, así como a las Cámaras de Senadores y Diputados del Congreso de la Unión, con el propósito de que si así lo estiman conveniente, emitan acuerdos similares y los envíen a la brevedad a la Secretaría de Relaciones Exteriores para su conocimiento y atención procedentes.
San Luis Potosí, SLP, a los 31 días del mes de enero de 2005.
La Comisión Especial para Asuntos de Migrantes:
Dip. José Guadalupe Rivera Rivera (rúbrica)
Presidente
Dip. Graciela Rojas Palacios (rúbrica)
Vicepresidenta
Dip. Jesús Enedino Martínez García (rúbrica)
Secretario
Dip. Pedro Carlos Colunga González (rúbrica)
Vocal
Dip. Pascual Martínez Martínez (rúbrica)
Vocal
(Remitida a la Comisión de Relaciones Exteriores. Mayo 10 de 2005.)
DEL CONGRESO DE TABASCO
Villahermosa, Tabasco, a 17 de marzo de 2005.
Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión
México, DF
Hoy, la Quincuagésima Octava Legislatura al honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco aprobó el punto de acuerdo número 026, cuyos resolutivos a la letra expresan:
2o. En cumplimiento de lo anterior, se invita a las Legislaturas de las citadas entidades federativas a que realicen las gestiones correspondientes para que, en apoyo de la presente Legislatura, envíen iniciativas al Congreso de la Unión en el sentido en que se exhorta, o bien, acuerden mediante sus órganos de gobierno apoyar el presente punto de acuerdo.
3o. Gírense atentos oficios a las honorables Cámara de Diputados y Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, así como a las Legislaturas de los estados de Campeche y de Chiapas, con objeto de hacer de su conocimiento el acuerdo tomado por la LVIII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Tabasco, para todos los efectos jurídicos conducentes.
4o. Mediante oficios, envíese copia de esta resolución a los Congresos del resto de las entidades federativas, así como a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, comunicándoles nuestra resolución.
Sin otro particular, reciba de esta Legislatura estatal un cordial saludo.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Mtro. Joel Alberto García González (rúbrica)
Oficial Mayor
La Quincuagésima Octava Legislatura al honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 28, segundo párrafo, y 36, fracción XLIII, de la Constitución Política del estado de Tabasco; y
Considerando
Primero. Que el artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que en las leyes fiscales existan los principios de legalidad, proporcionalidad y equidad como bases generales del sistema tributario de la nación. Asimismo, el artículo 73, fracción VII, de dicha Carta Magna faculta al Congreso de la Unión a fin de imponer las contribuciones necesarias para cubrir el Presupuesto.
Segundo. Que de esta manera, la Ley del Impuesto al Valor Agregado afecta diversas garantías a los contribuyentes, ya que es un principio de derecho fiscal que los ciudadanos contribuyan a los gastos públicos en función de su capacidad económica, con una parte justa y adecuada de sus ingresos, utilidades y rendimientos.
Tercero. Que la Ley del IVA no hace efectivo el respeto de la equidad porque establece un mecanismo de imposición que grava actos o actividades sin atender la capacidad económica del contribuyente, lo que se manifiesta en su artículo 2, primer y cuarto párrafos, que a la letra dice:
...
...
Para efectos de esta ley, se considera como región fronteriza, además de la franja fronteriza de 20 kilómetros paralela a las líneas divisorias internacionales del norte y sur del país, todo el territorio de los estados de Baja California, Baja California Sur y Quintana Roo, los municipios de Caborca y de Cananea, Sonora, así como la región parcial del estado de Sonora comprendida en los siguientes límites: al norte, la línea divisoria internacional desde el cauce del río Colorado hasta el punto situado en esa línea a 10 kilómetros al oeste del municipio Plutarco Elías Calles; de ese punto, una línea recto hasta llegar a la costa, a un punto situado a 10 kilómetros, al este de Puerto Peñasco; de ahí, siguiendo el cauce de ese río, hacia el norte hasta encontrar la línea divisoria internacional."
Quinto. Que lo anterior señalado nos lleva a la conclusión de que los municipios de Balancán y de Tenosique, Tabasco, cumplen los dos requisitos que exige el artículo dos, en su primer y cuarto párrafos, de la Ley del IVA para considerar un territorio región fronteriza, los cuales son
II. Que la importación de los bienes y servicios sean enajenados o prestados en la mencionada región fronteriza.
Sexto. Que este honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco tiene la atribución de aprobar los puntos de acuerdo legislativos que se propongan a la Legislatura para gestionar ante las instancias competentes apoyo a la población o que se busque el beneficio de la ciudadanía tabasqueña, en la forma y términos establecidos en la fracción XLIII del artículo 36 de la Constitución Política del estado de Tabasco.
Por ello, tomando en cuenta estas consideraciones, se expide el siguiente
Punto de Acuerdo 026
2o. En cumplimiento de lo anterior, se invita a las Legislaturas de las citadas entidades federativas a que realicen las gestiones correspondientes para que, en apoyo de la presente Legislatura, envíen iniciativas al Congreso de la Unión en el sentido en que se exhorta, o bien, acuerden mediante sus órganos de gobierno apoyar el presente punto de acuerdo.
3o. Gírense atentos oficios a las honorables Cámara de Diputados y Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, así como a las Legislaturas de los estados de Campeche y de Chiapas, con objeto de hacer de su conocimiento el acuerdo tomado por la LVIII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Tabasco, para todos los efectos jurídicos conducentes.
4o. Mediante oficios, envíese copia de esta resolución a los Congresos del resto de las entidades federativas, así como a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, comunicándoles nuestra resolución.
Único. Se instruye al oficial mayor de este honorable Congreso a que dé cumplimiento a lo ordenado en esta resolución, enviando y remitiendo copias de la misma, para su trámite y atención correspondiente.
Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo del Estado, en la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, a los diecisiete días del mes de marzo del año dos mil cinco.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Por el Honorable Congreso del Estado
Diputados: Miguel Ángel Valdivia de Dios, Presidente; Francisco Santo Magaña, secretario (rúbricas).
(Remitida a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Mayo 3 de 2005.)
DEL CONGRESO DE TLAXCALA
CC. Diputados secretarios del H. Congreso de la Unión
Presentes
Por instrucciones del Presidente de la Mesa Directiva y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 96, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, remito a ustedes el punto de acuerdo, por el que la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, se pronuncia a favor de la protesta que hiciera la Secretaría de Relaciones Exteriores, respecto a la Propuesta 200 de Arizona. Anexo el punto de acuerdo de mérito.
Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Atentamente
"Sufragio Efectivo. No Reelección."
Tlaxcala de X., a 29 de marzo de 2005.
El Encargado de Despacho de la Secretaría Parlamentaria del H. Congreso
Lic. Sergio Cuauhtémoc Lima López (rúbrica)
H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala
LVIII Legislatura
Punto de Acuerdo
Primero. Que la LVIII Legislatura del Estado Libre y Soberano del Estado de Tlaxcala, se pronuncia a favor de la protesta que hiciera la Secretaría de Relaciones Exteriores, respecto a la Propuesta 200 de Arizona, y pide a la propia Secretaría, que disponga que la Red Consular inicie los mecanismos de cabildeo necesarios en los cuerpos legislativos de Arizona, con el fin único de detener dicha propuesta.
Segundo. Que la Mesa Directiva de esta LVIII Legislatura, en apoyo al punto de acuerdo emitido por los Congresos de los estados de Jalisco y de Coahuila de Zaragoza, haga llegar el presente punto de acuerdo al honorable Congreso de la Unión y a los Congresos de los estados, a efecto de que se pronuncien en el mismo sentido.
Tercero. Publíquese el presente punto de acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los veintinueve días del mes de marzo del año dos mil cinco.
Dip. Fernando Zamora Castillo (rúbrica)
Presidente
Dip. Edgar Campos Hernández (rúbrica)
Secretario
Dip. Simón Díaz Flores (rúbrica)
Secretario
(Remítase a la Comisión de Relaciones Exteriores, para su conocimiento. Mayo 10 de 2005.)
DEL CONGRESO DE SONORA
H. Congreso de la Unión
Presente
El H. Congreso del estado de Sonora, en sesión celebrada hoy, tuvo a bien aprobar el siguiente:
Acuerdo:
Primero.- El Congreso del estado de Sonora expresa su condena y rechazo absoluto a los actos de racismo, xenofobia y formas semejantes de intolerancia contra los migrantes, realizados o que se pretenden realizar por grupos antiinmigrantes o por cualquier otro de naturaleza similar.
Segundo.- El Congreso del estado de Sonora exhorta atentamente al Congreso de la Unión para que en el uso de sus facultades, intervenga ante las autoridades legalmente competentes, a fin de que se tomen las medidas necesarias para prevenir y evitar todo tipo de actos que vulneren los derechos humanos de nuestros connacionales en la zona fronteriza de Sonora y Arizona.
Tercero.- Comuníquese el contenido del presente acuerdo a los Congresos de las entidades federativas para que, de considerarlo procedente, realicen un pronunciamiento en el mismo sentido.
Cuarto.- Se instruye a los representantes de este Poder Legislativo ante la Conferencia Legislativa Fronteriza para que, en el marco de las reuniones que celebre, den a conocer el contenido del presente acuerdo.
Lo que comunicamos a usted para conocimiento y demás fines.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Hermosillo, Sonora, a 5 de abril de 2005.
Dip. Pedro Anaya Corona (rúbrica)
Secretario
Dip. José Rodrigo Gastelum Ayon (rúbrica)
Secretario
(Remitida a la Comisión de Relaciones Exteriores. Mayo 10 de 2005.)
DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, III LEGISLATURA
Recinto legislativo a 28 de abril de 2005
Dip. Manlio Fabio Beltrones Rivera
Presidente de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
Presente
Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 42 fracción XXV del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 10 fracción XXI de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, me permito hacer de su conocimiento que el Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en sesión celebrada en la fecha citada al rubro, resolvió aprobar el siguiente:
DICTAMEN
ÚNICO. Esta Asamblea Legislativa solicita, atentamente a la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, que exhorte al Dr. Reyes Tamez Guerra, Secretario de Educación Pública, para que establezca la Carrera de Protección Civil en el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP), previo estudio de impacto profesional a mediano y largo plazo.
En tal virtud, me permito solicitarle su intervención y apoyo para los efectos legales a que haya lugar.
Sírvase encontrar anexo al presente, copia del dictamen en comento.
Sin otro particular, reitero a usted mi consideración distinguida.
Atentamente.
Dip. Andrés Lozano Lozano (rúbrica)
Presidente
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PROTECCIÓN CIVIL Y DE EDUCACIÓN SOBRE LA PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE LA CUAL LA ASAMBLEA LEGISLATIVA SOLICITA A LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS, EXHORTE AL SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA, DR. REYES TAMEZ GUERRA, INCLUYA EN EL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA (CONALEP), LA CARRERA TÉCNICA DE PROTECCIÓN CIVIL.
HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL:
A las comisiones Unidas de Protección Civil y Educación fue turnada para su análisis y dictamen la "Propuesta con punto de acuerdo mediante la cual la Asamblea Legislativa solicita a la honorable Cámara de Diputados, exhorte al Secretario de Educación Pública, Dr. Reyes Tamez Guerra, incluya en el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP), la Carrera Técnica de Protección Civil", que remitió la diputada María Gabriela González Martínez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos; 122, apartado C, Base Primera, fracción V incisos g), 1) y o) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42 fracción XI del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 10 fracción I, 13 fracción V, 60 fracción II, 61, 62 fracciones XVI y XXVIII, 63 y 64 de la Ley Orgánica; 28, 29, 30, 32, 33 del Reglamento para el Gobierno Interior: 8, 9 fracción I, 50 al 63 del Reglamento Interior de las Comisiones, todos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, los diputados integrantes de estas Comisiones Unidas nos abocamos al estudio y análisis de mérito y a la elaboración del dictamen correspondiente de la propuesta con punto de acuerdo arriba mencionada, el que sometemos al Pleno de esta soberanía, tomando en cuenta los siguientes:
ANTECEDENTES
2) El Punto de Acuerdo, mencionado fue remitido para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Protección Civil y de Educación por la Presidenta de la Mesa Directiva de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Dip. Silvia Oliva Fragoso, por oficios respectivos Nos. MDPPSA/CSP/1299/2004 y MDPPSA/CSP/1300/2 004.
3) A efecto de avanzar en los trabajos del dictamen, las Presidencias de las Comisiones Unidas de Protección Civil y de Educación, se reunieron el día 4 de abril del 2005, con el objetivo de intercambiar información y ponderar los mecanismos necesarios para nutrir el dictamen.
4) El día 21 de abril del 2005, los diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Protección Civil y de Educación, se reunieron con el objetivo de leer, discutir y en su caso aprobar el dictamen sobre la propuesta en mención.
5) Vencido el plazo que establece el artículo 32 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para la presentación del dictamen de la Propuesta con Punto de Acuerdo en comento, los diputados Rigoberto F. Nieto López, Presidente de la Comisión de Educación, y Rodolfo Francisco Covarrubias Gutiérrez, Presidente de la Comisión de Protección Civil, enviaron el oficio 1078/PCE/05 al Dip. Roberto Carlos Reyes Gámiz, Presidente de la Comisión de Gobierno, solicitándole una prórroga, el día 11 de abril del 2005.
6) La prórroga fue autorizada por el pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en la sesión del martes 19 de abril del 2005.
PRIMERO. Que las Comisiones Unidas de Protección Civil y de Educación son competentes para conocer y dictaminar la "Propuesta con punto de acuerdo mediante la cual la Asamblea Legislativa solicita a la Honorable Cámara de Diputados, exhorte al Secretario de Educación Pública Dr. Reyes Tamez Guerra, incluya en el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP), la Carrera Técnica de Protección Civil", presentada por la Diputada María Gabriela González Martínez, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 28 y 29 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
SEGUNDO. Que las competencias de la Asamblea Legislativa son de alcance local, por lo cual, coincidiendo con el enunciado del punto de acuerdo, y basado en el artículo 10 fracción XXI de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, es posible hacer un exhorto al Secretario de Educación Pública, a través de la Cámara de Diputados.
TERCERO. Que la educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano, basádose en los resultados del progreso científico, luchando contra la ignorancia y sus efectos, además de promover y atender todos los tipos y modalidades concernientes a la educación, de conformidad con el artículo 3o. constitucional.
CUARTO. Que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Educación se establecen la legalidad de las funciones y atribuciones, facultades y responsabilidades del Ejecutivo Federal, concernientes a la educación, así como los criterios básicos que la orientan, y que se delegan a la Secretaria de Educación Pública.
QUINTO. Que el Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación en toda la Republica, expedirá las leyes, destinadas a distribuir la función social educativa entre la Federación, los Estados y los Municipios, así como también promoverá las medidas para que ésta sea más eficiente, de acuerdo al artículo 3o. constitucional.
SEXTO. Que esta dictaminadora coincide con el importante papel que ha desempeñado el CONALEP en la preparación, en el ámbito nacional, de profesionales técnicos a nivel postsecundaria, para apoyar al sector laboral y de servicios en la formación de recursos humanos.
SÉPTIMO. Que el CONALEP de acuerdo al Estatuto Orgánico del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, en su artículo 3° fracciones II y VII, promueve la educación tecnológica, la prestación de servicios educativos y de capacitación, normando y definiendo en coordinación con las autoridades educativas, los contenidos y características de los materiales didácticos y libros de texto y de consulta, para garantizar la difusión del conocimiento técnico y científico, así como mantener actualizada la oferta de servicios.
OCTAVO. Esta dictaminadora coincide también con la proponente en cuanto a la relevancia que tiene para los ciudadanos la Protección Civil, por contar el país con zonas densamente pobladas, con asentamientos humanos irregulares en espacios de alto riesgo, geografía de alta sismicidad y una larga área costera proclive a riesgos marítimos; asimismo, el país cuenta con zonas desérticas, boscosas y selváticas de difícil acceso y tránsito, para las que los asentamientos humanos son de alto riesgo.
NOVENO. Que uno de los principales objetivos de la Protección Civil es impulsar estrategias en la prevención de desastres, para la salvaguarda e integridad de la población, a partir de la profesionalización de las autoridades encargadas de la materia, tal y como lo indica la Ley de Protección Civil del Distrito Federal
DÉCIMO. Que de acuerdo al artículo 24 de la Ley de Protección Civil del Distrito Federal, los integrantes del Consejo de Protección Civil, entre ellos, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, promoverá la inserción de los temas de la Protección Civil en las plantillas curriculares de educación básica, media, técnica y superior de las Instituciones Educativas del Distrito Federal, a fin de profesionalizar esta actividad.
UNDÉCIMO. Esta dictaminadora hace suyo el segundo considerando de la propuesta: "...es estrictamente necesario que una institución educativa dependiente del gobierno y que siga el programa educativo del mismo, incluya en su programa educativo la Carrera de Protección Civil, garantizando la excelente capacitación de sus egresados en la misma".
DUODÉCIMO. Esta dictaminadora rescata, a partir de la argumentación ofrecida por la proponente en el sentido de que el Sistema Nacional de Protección Civil es quien capacita y profesionaliza a expertos, apoyándose en diversas empresas privadas y asociaciones civiles, por lo que es requerido el concurso de una institución educativa que formalice a especialistas en la prevención, manejo, auxilio y asistencia de la población civil afectada por siniestros.
DÉCIMO TERCERO. Es apropiado considerar una acción que permita que a largo plazo se cuente con profesionistas en la Protección Civil que tengan un alto nivel de especialización apoyados en un plan de estudios con contenidos teóricos y prácticos para prevenir, enfrentar y auxiliar a las víctimas de desastres.
DÉCIMO CUARTO. Que esta dictaminadora es consciente de la existencia del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), que imparte diplomados en el auxilio de desastres naturales, cuya vigencia debe ser garantizada por su valor logístico, aunque se conoce una alta movilidad de su planta directiva, técnica y operativa, que debiera corregirse.
DÉCIMO QUINTO. Que esta dictaminadora considera, al igual que la proponente, que el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica es una institución adecuada para crear y ofrecer la carrera de Protección Civil; sin embargo, se considera necesario dejar que el titular de la Secretaría de Educación Pública pueda seleccionar a otra institución educativa para la prestación de la carrera mencionada.
Por las consideraciones anteriormente expuestas y fundamentadas, las Comisiones Unidas de Protección Civil y de Educación, de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, III Legislatura, en su carácter de dictaminadoras, resuelven lo siguiente:
ÚNICO: Esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal solicita, atentamente, a la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, que exhorte al Dr. Reyes Tamez Guerra, Secretario de Educación Pública, para que establezca la Carrera de Protección Civil en el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP), previo estudio de impacto profesional a mediano y largo plazo.
Recinto Legislativo, México, DF, a 21 de abril del 2005.
Por la Comisión de Educación:
Diputados: Rigoberto F. Nieto López (rúbrica), Presidente; María Gabriela González Martínez (rúbrica), Vicepresidenta; Elio Ramón Bejarano Martínez (rúbrica), Secretario; Miguel Ángel Solares Chávez (rúbrica), Manuel Jiménez Guzmán.
Por la Comisión de Protección Civil:
Diputados: Rodolfo F. Covarrubias Gutiérrez (rúbrica), Presidente; Sofía Figueroa Torres (rúbrica), Vicepresidenta; Martha T. Delgado Peralta (rúbrica), Secretaria; Alfredo Hernández Raigosa (rúbrica), Adrián Pedrozo Castillo (rúbrica).
(Remitida a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos. Abril 9 de 2005.)
DEL GOBIERNO DE NUEVO LEÓN
Monterrey, NL, a 19 de Abril de 2005.
Dip. Federal Manlio Fabio Beltrones Rivera
Presidente de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados
En el marco de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), se constituyó una Comisión de Juegos y Sorteos, la cual fue aprobada por unanimidad por el pleno de dicho organismo en abril del año pasado. Dicha Comisión elaboró una propuesta para que en el reglamento que habrá de expedir la Secretaría de Gobernación para normar la Ley Federal de Juegos y Sorteos se considerara la participación de los estados y se establecieran criterios claros y razonables para la autorización de los permisos de casas de apuestas, casinos locales provisionales, carreras, ferias y otras actividades de esa naturaleza. Adicionalmente, se señaló la necesidad de una distribución equitativa de los recursos derivados de esas actividades hacia las haciendas estatales y municipales, especificando su destino para actividades de asistencia pública.
Es de señalar que el reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos publicado en septiembre pasado no incorporó en lo fundamental los planteamientos elaborados por la Comisión de Juegos y Sorteos de la Conago. Esta Comisión señaló la importancia de la participación de las autoridades locales en el proceso de otorgamiento de permisos para actividades de azar; no obstante, en la Comisión Reguladora (Consejo Consultivo de Juegos y Sorteos) que dicho reglamento crea, estas determinaciones siguen siendo facultad prácticamente exclusiva de la Secretaría de Gobernación. A este respecto, particularmente en el estado de Nuevo León han empezado a proliferar casas de apuesta o casinos, algunos de ellos en condiciones irregulares, generando desconcierto entre las autoridades y confusiones respecto al contenido y alcance de la legislación en vigor y del reglamento correspondiente, con las consecuentes expresiones de inconformidad social.
Sabemos que en el ámbito del Poder Legislativo se está gestando, en coincidencia con la Conago, una nueva ley federal, que contempla los aspectos anteriormente señalados. No obstante, debe enfatizarse la necesidad de la participación activa de los estados en la adecuada elaboración de la ley y su reglamento, a fin de evitar la expansión de este tipo de actividades que operan actualmente de manera irregular y que pudieran verse agravados por la eventual participación de grupos vinculados con el crimen organizado.
Por lo anterior y en mi calidad de coordinador de la Comisión establecida por la Conago, atentamente solicito:
a. Fortalecer las atribuciones de las entidades federativas para reglamentar y regular las actividades de casas de apuesta, juegos de azar, ferias, peleas de gallos, carreras con apuestas y loterías, cuando éstas no ocurran simultáneamente a nivel nacional o en dos o más estados.
b. Que los recursos provenientes de las entidades sean distribuidos en forma equitativa entre las haciendas estatal y municipal, etiquetándose su destino para la asistencia pública y grupos vulnerables.
c. Que se establezcan los criterios y normas de operación, control y supervisión de las actividades correspondientes.
2. Designar un enlace de las comisiones legislativas correspondientes para establecer un programa de trabajo que permita profundizar los planteamientos que formuló la Comisión de la Conago con la aprobación unánime de los gobernadores.
3. Inscribir en la agenda legislativa el tema de referencia para ser considerado en el actual periodo de sesiones.
Atentamente
José Natividad González Parás (rúbrica)
Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León
(Remitida a las Comisiones de Gobernación, de Turismo, y de Hacienda y Crédito Público. Mayo 4 de 2005.)
DE LA SECRETARIA DE ECOLOGÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
Metepec, México, a 29 de abril de 2005.
Diputado Federal
Manlio Fabio Beltrones Rivera
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
Presente
En atención a su oficio número D.G.P.L.59-II-2-1271, en el que se nos informa de puntos de acuerdo con relación al saneamiento de basureros a cielo abierto en el municipio de Nezahualcóyotl, en el sitio conocido como Bordo Xochiaca, y como bien se explica en el documento que anexa, estos lugares son sumamente contaminantes para el medio ambiente y, sobre todo, por la ausencia de trabajos del ayuntamiento municipal, al que, de acuerdo con el artículo 115 constitucional, corresponde esta facultad.
En este sentido, el licenciado Arturo Montiel Rojas, gobernador del estado de México, ha instruido a la Secretaría de Ecología de la entidad, la cual es encabezada por su servidora, sanear y clausurar con la mayor brevedad dichos focos de contaminación, que por más de 30 años han permanecido sin atención alguna. Cabe mencionar que hemos concertado con seis organizaciones sociales (integradas por más de 3 mil 500 personas) de burreros y carretoneros, que por diversas circunstancias realizan un trabajo con la basura, respetando su fuente laboral, ya que es el único sustento con que cuentan estas familias.
Cabe señalar que con fecha 30 de septiembre de 2004, en el Diario Oficial de la Federación fue publicada la licitación pública en la que se adjudican los trabajos para el saneamiento de dichos tiraderos, obra que se encuentra a estas fechas en proceso.
Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.
Atentamente
M. en C. Arlette López Trujillo (rúbrica)
Secretaria de Ecología
(Remitida a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Mayo 10 de 2005.)
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