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Proposiciones
- Con punto de acuerdo, para solicitar a la Sagarpa, por conducto de la CNA, de la Semarnat y de la Profepa, que informe sobre la tala inmoderada, las nulas acciones de reforestación y la poda drástica realizada en el municipio de Jiménez, Chihuahua, a cargo del diputado Jesús Aguilar Bueno, del grupo parlamentario del PRI.
- Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Salud y a las autoridades sanitarias de los gobiernos estatales a vigilar el cumplimiento óptimo de la NOM-028-SSA2-1999, a fin de que la prevención, el tratamiento y el control de adicciones se realicen con absoluto respeto de la integridad y dignidad humanas, a cargo del diputado Jorge Triana Tena, del grupo parlamentario del PAN.
- Con punto de acuerdo, a fin de que se envíe atenta invitación al secretario de Obras y Servicios del Gobierno del Distrito Federal para que, en reunión de trabajo con la Comisión del Distrito Federal, presente un informe pormenorizado del proyecto del Metrobús en el Distrito Federal, a cargo del diputado Fernando Espino Arévalo, del grupo parlamentario del PVEM.
- Con punto de acuerdo, a fin de que la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Distrito Federal incremente la vigilancia en la zona aledaña al recinto de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Luis Maldonado Venegas, del grupo parlamentario de Convergencia.
- Con punto de acuerdo, para reasignar recursos a la Sagarpa y crear instrumentos operativos integrales que beneficien a los productores piñeros de Loma Bonita y Tuxtepec, Oaxaca, a cargo del diputado Gustavo Zanatta Gasperín, del grupo parlamentario del PRI.
- Con punto de acuerdo, para exhortar a las entidades federativas y a los Consejos Estatales de Ciencia y Tecnología a participar y apoyar la realización de la 46a Olimpiada Internacional de Matemáticas, a cargo de la diputada Marisol Urrea Camarena, del grupo parlamentario del PAN.
- Con punto de acuerdo, a fin de que la PGR informe a esta soberanía por qué no ha solicitado el ejercicio de la acción penal contra el C. Mario Laborín Gómez, director general de Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, quien a la fecha no ha cumplido un amparo otorgado por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito, a cargo del diputado Luis Maldonado Venegas, del grupo parlamentario de Convergencia.
- Con punto de acuerdo, para exhortar a la SEP y a la SHCP a homologar las condiciones laborales de los docentes de las instituciones públicas de educación media superior, a cargo del diputado Paulo Tapia Palacios, del grupo parlamentario del PRI.
- Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno del estado de Puebla a suspender la entrega de más concesiones estatales de transporte público a favor de la organización Antorcha Campesina, a cargo del diputado Rogelio Flores Mejía, del grupo parlamentario del PAN.
- Con punto de acuerdo, a fin de solicitar a la SRE que instruya a los Consulados en Estados Unidos de América para iniciar una campaña informativa entre los migrantes mexicanos sobre el uso de cuentas bancarias para transferir remesas a México, con objeto de disminuir los costos de envío, como Western Union y Moneygram, a cargo del diputado Juan Manuel Vega Rayet, del grupo parlamentario del PRI.
- Con punto de acuerdo, para exhortar a la H. Cámara de Diputados a establecer en este año el Parlamento de la Juventud, como espacio de diálogo y participación del sector público, social y privado sobre los avances y desafíos de los jóvenes en materia legislativa y de políticas públicas en los 20 años transcurridos desde la Declaración del Año Internacional de la Juventud, a cargo del diputado José Erandi Bermúdez Méndez, del grupo parlamentario del PAN.
- Con punto de acuerdo, para solicitar a la Profepa que dictamine sobre los casos de delfines encontrados muertos en Laguna de Términos, a cargo de la diputada Carmen Guadalupe Fonz Sáenz, del grupo parlamentario del PRI.
- A las Comisiones de Puntos Constitucionales, y de Hacienda y Crédito Público, a solicitud del diputado Carlos Jiménez Macías, del grupo parlamentario del PRI.
- A la Comisión de Pesca, a solicitud del diputado Enrique Escalante Arceo, del grupo parlamentario del PRI.
- A la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, a solicitud del diputado José Manuel Abdala de la Fuente, del grupo parlamentario del PRI.
Proposiciones
El suscrito diputado Jesús Aguilar Bueno del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta la siguiente: proposición con punto de acuerdo para solicitar de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Alimentación (Sagarpa), por conducto de la Comisión Nacional del Agua (CNA), de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de la Procuraduria Federal de Protección al Ambiente (Profepa), así como del Gobierno del estado de Chihuahua, que informen sobre la tala, poda y reforestación, realizada en el municipio de Jiménez Chihuahua, presentada por el diputado Jesús Aguilar Bueno, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Consideraciones
1. En los términos de la Ley Orgánica de la Administración Publica Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 29 de Diciembre de 1976, corresponde a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat): Fomentar la protección, restauración y conservación de los ecosistemas y recursos naturales y bienes y servicios ambientales, con el fin de propiciar su aprovechamiento y desarrollo sustentable; evaluar y dictaminar las manifestaciones de impacto ambiental de proyectos de desarrollo que le presenten los sectores público, social y privado, y resolver sobre los estudios de riesgo ambiental.
Conforme a la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de Enero de 1988, son facultades de la Federación, entre otras: La aplicación de los instrumentos de política ambiental previstos en dicha ley, así como la regulación de las acciones para la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente que se realicen en bienes y zonas de jurisdicción federal, así como la emisión de recomendaciones a autoridades federales, estatales y municipales, con el propósito de promover el cumplimiento de la legislación ambiental.
Corresponde a la Comisión Nacional del Agua (CNA), en los términos de la Ley de Aguas Nacionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1° de Diciembre de 1992: Ejercer las atribuciones que corresponden a la Federación en materia hídrica, incluyendo la administración, regulación, control y protección del dominio público hídrico. En este último concepto se incluyen las riberas o zonas federales contiguas al cauce de las corrientes o al vaso de los depósitos de propiedad nacional.
2. Por otra parte, la Ley Ecológica para el Estado de Chihuahua, publicada en el Periódico Oficial del Estado el 26 de Octubre de 1991, establece: la concurrencia del estado y sus municipios en materia de preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente; corresponde al Ejecutivo del estado la formulación y conducción de la política y de los criterios ecológicos, en congruencia con los que, en su caso, hubiere formulado la Federación; y corresponde a los municipios de la entidad, dentro de sus respectivas jurisdicciones, la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente que se realicen en sus respectivas circunscripciones territoriales.
3. Vecinos de Ciudad Jiménez, del municipio del mismo nombre, estado de Chihuahua, han externado su preocupación y su queja por actos realizados, ordenados o autorizados por las autoridades de dicho municipio y que se han traducido en la tala inmoderada y poda excesiva de árboles ubicados en algunas de las principales calles de la ciudad y en la ribera del Río Florido, también en las inmediaciones de Ciudad Jiménez. Relatan los siguientes hechos y circunstancias principales:
b) La situación se ha agravado a partir del año 2001. De ese año a la fecha, se afirma, que se han talado aproximadamente 350 árboles en la Calzada Juárez, Calle Independencia, dos parques y ribera del Río Florido.
c) Que en el mismo año 2001 se encontraron numerosos árboles jóvenes con una poda drástica, que ha causado o puede causar su muerte.
d) La plantación de reposición o forestación es escasa y en su mayoría se encuentran muertos.
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que instruya a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Alimentación (Sagarpa), por conducto ésta última de la Comisión Nacional del Agua (CNA), en sus respectivos ámbitos de competencia, para que informen a esta Cámara de Diputados sobre lo siguiente:
B) La intervención que hayan tenido para investigar denuncias, adoptar medidas o imponer sanciones, en relación con dichos actos de tala inmoderada y poda drástica.
C) Los resultados que hayan obtenido en relación a los puntos anteriores, principalmente en relación a aquellos actos en que hayan participado para prevenir los actos contrarios a las disposiciones en materia de ecología y medio ambiente y, en su caso, para restaurar el propio medio ambiente y los recursos naturales afectados.
Dip. Jesús Aguilar Bueno (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR A LA SECRETARÍA DE SALUD Y A LAS AUTORIDADES SANITARIAS DE LOS GOBIERNOS ESTATALES A VIGILAR EL CUMPLIMIENTO ÓPTIMO DE LA NOM-028-SSA2-1999, A FIN DE QUE LA PREVENCIÓN, EL TRATAMIENTO Y EL CONTROL DE ADICCIONES SE REALICEN CON ABSOLUTO RESPETO DE LA INTEGRIDAD Y DIGNIDAD HUMANAS, A CARGO DEL DIPUTADO JORGE TRIANA TENA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El que suscribe, diputado Jorge Triana Tena, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, conforme a los siguientes
Antecedentes
El alcoholismo es un problema que lacera nuestra sociedad, desde cualquier enfoque: sanitario, social, criminal o económico. En México, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Adicciones 2002, poco más de la mitad de las personas entre dieciocho y sesenta y cinco años de edad consumen bebidas con alcohol.
En realidad, no es el alcohol el problema en sí mismo, sino el abuso de este producto, tanto en personas que presentan signos de dependencia como aquellas que abusan en su consumo de manera ocasional. De las personas que son dependientes del alcohol, setecientos mil requieren tratamientos especiales médicos y psicológicos asociados a problemas de intoxicación y de dependencia al alcohol.
La dependencia al alcohol es definida por la Organización Mundial de la Salud como un síndrome manifestado por un patrón conductual donde el uso de alcohol tiene mas prioridad que otras conductas, lo cual lleva a establecer a este trastorno como un impulso repetido a comprometerse en conductas poco productivas, una tensión creciente hasta que se realiza la conducta, y desaparición rápida de la tensión al llevarla a cabo.
El tratamiento del abuso o dependencia de alcohol comprende medidas terapéuticas encaminadas a la desintoxicación y eliminación del hábito para lo cual se combinan de tratamientos farmacológicos junto con abordajes psicológicos.
En nuestro país estas labores las desarrollan establecimientos especializados de carácter público, social o privado, cuya actividad está regulada, en primera instancia, por la Ley General de Salud, que en sus artículos 3o., fracciones XIX, XX y XXI; 13, apartados A), fracción I, y B), fracción I; y 133, fracción I, establece las disposiciones sanitarias específicas, de donde se desprende la Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-199 para la Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones.
La mencionada norma establece en el apartado 9 las disposiciones relativas al tratamiento de las adicciones.
El objetivo del tratamiento en adicciones es lograr y mantener la abstinencia y el fomento de estilos de vida saludables. La atención debe brindarse en forma ambulatoria o bajo la modalidad de internamiento, a través del modelo profesional, el de ayuda mutua, el mixto o modelos alternativos. Los servicios de tratamiento deben brindarse en establecimientos especializados en la atención de las adicciones, y establecimientos que ofrecen servicios generales de salud.
Para el tratamiento de las personas que abusan o son adictas a las bebidas alcohólicas, abusan o son adictas a otras sustancias psicoactivas que no sea el tabaco, los establecimientos deben contar con una oficina de recepción-información; contar con sanitarios y regaderas independientes, para hombres y para mujeres, y horarios diferentes para el aseo personal, tanto de hombres como de mujeres; proveer dormitorios con camas independientes y con armarios personales, para hombres y para mujeres; cocina; comedor; botiquín de primeros auxilios; área de resguardo y control de medicamentos, en caso de que el responsable tenga autorización para prescribirlos; todas las áreas descritas deben estar siempre en perfectas condiciones de higiene, iluminación y ventilación, entre otras.
Asimismo, en términos de buena práctica médica, la norma establece requisitos como recabar el consentimiento de la persona a ingresar, guardar confidencialidad sobre la información del paciente, y la prohibición de utilizar procedimientos que atenten contra la integridad física y mental del usuario.
Por tanto, la NOM-028-SSA2-1999 establece los lineamientos para que el tratamiento de las personas atendidas en los establecimientos especializados de manera profesional y ética.
En cuanto a la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones contenidas en dicha Norma, cabe destacar que el numeral 16 establece que la vigilancia de su aplicación corresponde a la Secretaría de Salud y a los gobiernos de los estados, en el ámbito de sus respectivas competencias. Ello, deviene de lo dispuesto por los artículos 19 y 20 numeral VII de la Ley General de Salud, donde se expresa la obligación de las estructuras administrativas federales y estatales de "promover y vigilar la aplicación de principios, normas oficiales mexicanas y procedimientos uniformes".
Por su parte, el artículo 13 apartado B de la Ley General de Salud establece en su fracción I la competencia de los gobiernos de las entidades federativas para organizar, operar, supervisar y avaluar la prestación de los servicios de salubridad general correspondientes al programa contra el alcoholismo. De hecho en legislaciones como la del Estado de Baja California se establece de manera expresa que es materia de salubridad local, el control sanitario de centros de rehabilitación y reintegración de personas con problemas de alcoholismo y drogadicción.
Sin embargo, en la práctica muchos de estos establecimientos públicos, sociales o privados -los que realizan las actividades de prevención y el tratamiento de adiciones, en especial del alcoholismo y, en su caso, la rehabilitación de los alcohólicos- llevan a cabo esta función sin cumplir las medidas básicas necesarias establecidas en la norma oficial en comento; medidas que, al no cumplirse, atentan contra la dignidad de la persona humana.
Todos hemos oído hablar de estos lugares, las denominadas granjas. La gran mayoría de éstas han sido factor fundamental para la recuperación integral de los pacientes, sin embargo, hay algunas "centros de rehabilitación" para personas adictas a sustancias tóxicas en los que en realidad se abusa de la buena voluntad de las personas, no cuentan ni con las instalaciones apropiadas para brindar el servicio, ni con el personal adecuado para atender a los pacientes, quienes en ocasiones reciben un trato tan deficiente que incluso se llegan a vulnerar sus derechos humanos.
Y en esta situación se encuentran centros de rehabilitación en prácticamente todos los estados del país y el Distrito Federal, por lo que resulta indispensable que las autoridades federales y locales del sector salud estén atentos a que estos establecimientos cuenten con las medidas requeridas por los ordenamientos señalados con anterioridad.
Considerandos
Primero. Que los servicios enfocados al tratamiento y rehabilitación de las personas que sufren de adicciones, en especial del alcoholismo, deben ser éticos y respetuosos de la dignidad humana.
Segundo. Que estos aspectos son consustanciales a una práctica médica responsable y ética, y están contenidos en la Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-1999, para la prevención, tratamiento y control de las adicciones.
Tercero. Que la vigilancia de la aplicación de esta Norma está claramente definida, sin embargo, existe una falla de la autoridad para realizar una adecuada inspección de su cumplimiento y que es consecuencia de fallas operativas de las dependencias responsables.
Cuarto. Que desde su origen, Acción Nacional reconoció e hizo el fundamento de su acción y el fin de sus esfuerzos la promoción, salvaguarda y la plena realización de la persona humana, e hizo un reconocimiento teórico y práctico, en los pilares de su doctrina, de la superioridad de la persona, lo cual implica que la persona es el centro y razón de ser, es decir, el sujeto, principio y fin de la vida.
Quinto. Que la dignidad de la persona es constitutiva de su propio ser, lo cual quiere decir que por el simple y trascendental hecho de existir, cada ser humano debe ser reconocido y respetado por sí mismo, independientemente de su condición o de su actuar. Con sus acciones, la persona puede lograr una mayor realización o un detrimento de sus fines existenciales.
Sexto. Por su carácter de persona el ser humano es sujeto de derechos y obligaciones fundamentales. El respeto a estos derechos y el cumplimiento de estas obligaciones son no sólo el cimiento de toda convivencia democrática, sino la base de toda sociedad justa y de la paz.
Séptimo. Que los pacientes que se encuentran en tratamiento en los centros de atención y prevención de adiciones, en especial del alcoholismo y, en su caso, la rehabilitación de los alcohólicos, merecen ser tratados con el máximo respeto a sus derechos humanos y a su dignidad como persona, hecho que en la práctica no sucede en varios de estos lugares.
Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal y a las autoridades sanitarias de los gobiernos estatales a vigilar el cumplimiento óptimo de la NOM-028-SSA2-1999, para que la prevención, el tratamiento y el control de las adicciones, en especial del alcoholismo, se realicen con absoluto respeto de la integridad y dignidad humanas.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los quince días del mes de marzo de dos mil cinco.
Dip. Jorge Triana Tena (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE SE ENVÍE ATENTA INVITACIÓN AL SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA QUE, EN REUNIÓN DE TRABAJO CON LA COMISIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, PRESENTE UN INFORME PORMENORIZADO DEL PROYECTO DEL METROBÚS EN EL DISTRITO FEDERAL, A CARGO DEL DIPUTADO FERNANDO ESPINO ARÉVALO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM
Fernando Espino Arévalo, en nombre de un grupo de diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para que se gire atenta invitación al titular de la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno del Distrito Federal para que en reunión de trabajo con la Comisión del Distrito Federal presente un informe pormenorizado del proyecto del Metrobús en el Distrito Federal, en razón de la siguiente
Exposición de Motivos
Hace más de 37 años se concibió en México un proyecto de gran envergadura, para la transportación masiva de personas que vendría a ser el primer sistema de tren eléctrico subterráneo en América Latina, con las características de los trenes que se usaban en Europa, en especial en Francia y con ello desde 1967 se concretó uno de los más grandes proyectos futuristas de transporte en una ciudad capital. Este sistema se convirtió rápidamente en la columna vertebral del transporte capitalino en una de las ciudades más pobladas del orbe.
Lo anterior se derivó del acelerado y vertiginoso crecimiento demográfico que ha tenido el país en las últimas décadas, lo cual provoco mayores concentraciones de gente que incrementaron la demanda de los diferentes servicios que las ciudades tienen que ofrecer a sus habitantes, máxime si se toma en cuenta que en los albores del siglo XXI más de 18.5 millones de personas se concentran en el Distrito Federal en una mancha urbana de más de 1,500 Km2, donde diariamente circulan mas de 3.5 millones de vehículos, que generan verdaderos conflictos para su movilidad, sobre todo en las llamadas horas "pico" o "punta", de ahí que a lo largo de todo este tiempo la política gubernamental en la capital de la República hasta antes de la llegada del actual gobierno capitalino, fue favorecer el transporte público masivo y no contaminante por encima del transporte privado, y se apostó al diseño de una red de transporte público que facilitara la movilización de los capitalinos, lo que dio como resultado la creación del Plan Maestro del Metro y Trenes Ligeros del Área Metropolitana de la Ciudad de México; éste documento contiene en forma detallada la problemática que en materia de transporte enfrenta la ciudad, así como las soluciones a los mismos.
La justificación de contar con un plan maestro se basó en cuatro grandes rubros que son:
Garantizar la disponibilidad de un sistema de transporte público eficiente y no contaminante,
Dotar al Distrito Federal de vialidades suficientes y adecuadas para soportar las necesidades del transporte urbano y
Establecer estrategias comunes, coordinando acciones del Gobierno Federal, del estado de México y del Gobierno del Distrito Federal.
Situación urbana actual y futura,
Población y características socioeconómicas de la misma (actuales y futuras),
Parámetros operativos del transporte público y privado y
Red esquemática de la vialidad y del transporte del Área Metropolitana de la Ciudad de México.
Lo que nos lleva a una reflexión sobre los motivos que el actual gobierno capitalino tuvo para no examinar con la exactitud en su justa dimensión un plan maestro de vialidad y transporte en una ciudad como la nuestra, más si sobre el particular existen diversos estudios y análisis que involucran tanto el Metro como el Tren Ligero.
Desgraciadamente nuestros gobernantes locales faltos de visión y pericia, se han encargado sólo de provocar una descoordinación con sus homólogos de los estados colindantes que comparten esta problemática con el Distrito Federal, que sólo ha generado que la condición del transporte público se vuelva más precaria y rebase, convirtiéndose hoy en uno de los principales rubros por resolver en el corto plazo, de ahí que el Gobierno de la Ciudad de México esté urgido y obligado a ofrecer soluciones integrales y de gran impacto que ayuden a la ciudadanía a resolver sus dificultades cotidianas como lo es el transportarse de su casa al trabajo o a la escuela, o de casa a lugares para realizar negocios, o simplemente de esparcimiento, etcétera.
Este panorama se ha venido tornando cada vez mas complicado, primero por la falta de acciones que lo ataquen y segundo por la explosión demográfica que enfrenta la ciudad, pues mientras en 1967 la ciudad albergaba a 3 millones de personas, hoy somos casi 20 millones, mismos que realizamos en promedio más de 22 millones de viajes/persona-día en el Distrito Federal, y si consideramos el área conurbada esta cifra se incrementa a 36 millones, para resolver los problemas de transporte de una masa humana como la que hemos mencionado, el tamaño de la solución debe ser recíproco con el mismo, sin embargo infortunadamente nos damos cuenta de que no es así, ya que la miopía de quienes intentan planificar el rubro de transporte en el Distrito Federal los hace cometer muchos errores, en virtud de que participan todos, menos quienes tienen la atribución de hacerlo, como por ejemplo la Secretaría de Obras y Servicios quien tiene bajo su responsabilidad la ejecución de las obras como lo señala la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, que en su artículo 27 establece: "...a la Secretaría de Obras y Servicios corresponde el despacho de las materias relativas a la normatividad de obras públicas y servicios urbanos; la construcción y operación hidráulica, los proyectos y construcción de las obras del Sistema de Transporte Colectivo, los proyectos y construcción de obras publicas, así como proponer la política de tarifas y prestar el servicio de agua potable.
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones:
II. Vigilar y evaluar la contratación, ejecución y liquidación de las obras y servicios de su competencia, conforme a las leyes aplicables;
III. Expedir, en coordinación con las dependencias que corresponda, las bases a que deberán sujetarse los concursos para la ejecución de obras a su cargo, así como adjudicarlas, cancelarlas y vigilar el cumplimiento de los contratos que celebre;
IV. Construir, mantener y operar, en su caso, directamente o por adjudicación a particulares, las obras públicas que correspondan al desarrollo y equipamiento urbanos y que no sean competencia de otra secretaría o de las delegaciones;
V. Dictar las políticas generales sobre la construcción y conservación de las obras públicas, así como las relativas a los programas de remodelación urbana en el Distrito Federal;
X. Llevar a cabo los estudios técnicos e investigaciones de ingeniería para mantener actualizadas las normas aplicables a las construcciones en el Distrito Federal, entre otras.
Debemos recordar que el Valle de México está conformado por 16 delegaciones, situadas en el territorio del Distrito Federal, 56 municipios del estado de México, 17 municipios del estado de Hidalgo, 9 municipios del estado de Tlaxcala y 2 municipios del estado de Puebla, abarcando un área de influencia de 9,560 Km2 correspondiendo solamente a la mancha urbana del Valle de México 7,751 km2.
En virtud del tamaño de la zona de influencia y las distancias a recorrer, hoy más que nunca se deben adoptar soluciones de gran impacto, como son los trenes ligeros, suburbanos y el Metro; ya que estos medios son los más indicados para hacer frente a la demanda en la Zona Metropolitana del Valle de México, dada su capacidad de transportación:
Sistema de mediana y alta capacidad (Tren Suburbano y Metro) de 15,000 a 60,000 pasajeros/hora/sentido, yLo anterior puede visualizarse de forma más clara y precisa en la tabla siguiente:
Sistema de baja capacidad (Tren Ligero) hasta 15,000 personas/hora/sentido.
Las necesidades de transporte que hoy tiene la Ciudad de México y su zona conurbada son atendidas principalmente por medios contaminantes, de muy baja capacidad y con alto riesgo de accidentabilidad distribuyéndose de la siguiente forma:
El 60% al transporte público concesionado (taxis y microbuses),
El 17% a vehículos particulares,
El 6% a los autobuses de la RTP,
El 15% al STC Metro (no contaminante), y
El 1% al STE, trolebuses y tren ligero (no contaminante).
No obstante lo contundente de las cifras anteriores y que los niveles de contaminación en esta ciudad son muy altos, el actual gobierno pretende, con sus decisiones, seguir privilegiando medios de transporte altamente contaminantes de bajo impacto e individuales.
Una de las últimas decisiones en este sentido es el inicio de las obras para poner en operación una ruta de carriles confinados, ello muy a pesar de que todavía no están resueltos problemas de diseño en el sistema de carriles confinados del Metrobús, ya comenzaron las obras a lo largo de la avenida Insurgentes, en la ciudad capital. Con una total desinformación hacia la ciudadanía, que en múltiples ocasiones los ha requerido.
Al mismo tiempo, arrancó la adecuación del paradero de Indios Verdes que funcionará corno terminal del Metrobús, lugar que desde hace mas de 10 años dejó de ser una solución a la problemática de los centros de transferencia modal, ya que su capacidad fue rebasada por mucho y para corroborarlo basta con echarle un vistazo todos los días del año y nos daremos cuenta del gran cuello de botella que ahí se forma.
De acuerdo con información del gobierno capitalino el proyecto del Metrobús aún presenta puntos no resueltos, la pregunta aquí es: ¿cuando se dará la cara a la solución de diversos problemas logísticos que presenta este proyecto?, el cual según lo programado por el gobierno local, iniciará operaciones para el mes de mayo de 2005; estos problemas también involucran ingeniería de tránsito que deberán resolverse con la reestructuración de sentidos, en la avenida por donde pretenden que corran los metrobuses.
Algunos otros problemas no resueltos son los relativos a los cruces de Insurgentes y Reforma; Oaxaca y Puebla; tramos donde Insurgentes se reduce a dos carriles; lo que necesariamente genera congestionamientos vehiculares permanentes, más aún si tomamos en cuenta que esta avenida por cierto la más grande y transitada de la capital, diariamente en por lo menos 20 de las 24 horas del día se encuentra saturada de vehículos, en ellas confluyen durante las horas pico en promedio por hora 1,800 autos particulares, 230 taxis y 150 autobuses y microbuses, es decir, esto pasa todos los días durante 20 horas, de ahí que se prevé el uso de calles aledañas para supuestamente agilizar el tránsito, lo que provocará que las ya de por sí saturadas avenidas: Revolución, Patriotismo, Universidad, Cuauhtémoc, División del Norte y Coyoacán, se vean sensiblemente afectadas por el incremento del flujo vehicular de quienes hoy usan Insurgentes; ello por las decisiones absurdas de quienes no tienen la más remota idea de lo que están haciendo, y que lejos de beneficiar perjudicara a la inmensa mayoría, pues el nuevo Metrobús será utilizado por las mismas personas que ahora se transportan en los microbuses, es decir solamente cambiarán de medio de transporte de microbús a Metrobús, por tal motivo en diversas ocasiones los colonos se han manifestado en contra de dicho proyecto, ya que se afectará de forma permanente su entorno y modo de vida, de dio dan cuenta diversas expresiones que durante los meses de enero y febrero del presente se llevaron a cabo, donde vecinos de las delegaciones Benito Juárez, Álvaro Obregón y Cuauhtémoc, entre otras cosas reclaman la tala indiscriminada de más de 2000 árboles y demás flora de la avenida, así como la falta de información y la inviabilidad del proyecto en cuestión.
Sin embargo es preciso señalar que no obstante las reiteradas muestras de inconformidad de los vecinos de las colonias aledañas, a través de mantas, marchas, plantones, emisión de comunicados, conferencias de prensa, etcétera, éstos no han sido escuchados mucho menos atendidos por las autoridades correspondientes, lo que nos deja de manifiesto una vez más que para el gobierno de la ciudad aquellos que piensan diferente a ellos simplemente no existen.
En el multicitado proyecto se encuentran también fallas como la estrechez del camellón en Insurgentes que albergará los andenes, donde no pueden distribuirse 200 pasajeros, que es lo que el GDF prevé podrán captar los andenes para dicho transporte, el proyecto ejecutivo del Metrobús a lo largo de la avenida Insurgentes es un misterio del gobierno de la ciudad, al que únicamente altos funcionarios de la administración de López Obrador tienen acceso.
Es tal la soberbia del actual gobierno, que ha llegado a desconocer la capacidad de instituciones de reconocido prestigio a nivel internacional como la UNAM y el IPN, de lo anterior quedó constancia pues no hubo acercamiento de alguna autoridad del Gobierno del Distrito Federal para consultar el proyecto con los especialistas de dichas casas de estudio, de igual forma otras instancias como el Colegio de Arquitectos que solicitaron ver el plan integral del Metrobús recibieron una rotunda negativa como respuesta.
Lo anterior nos lleva a más incógnitas que, al no tener respuesta pronta, nos trasladan a conclusiones como que existe poca o nula planeación y que pretenden resolver las interrogantes conforme se vayan presentando, de ahí que no sea difícil suponer que la vialidad podría quedar acotada a un solo carril en tramos que van desde la terminal el Rélox hasta la glorieta de la estación del Metro Insurgentes, y el tramo entre Reforma y el Eje 2 Norte Manuel González, por señalar algunos puntos considerados puntos críticos.
Ahora bien, nos encontramos de igual forma con un enfrentamiento de soluciones ante el inminente dilema de los pasos peatonales y los accesos para personas con capacidades diferentes, porque tampoco se ha dicho cómo se realizarán, al igual que los cruces con ejes viales y vueltas que serían clausuradas para convertir Insurgentes en un corredor confinado.
Es de resaltarse que la única avenida que cruza completamente la Ciudad de México habrá de restringir las vueltas a la izquierda y tan sólo contará con ocho, a lo largo de los casi 20 kilómetros que mide la avenida, de Indios Verdes al Rélox: Buenavista, Eje 2 Sur, Xola, Filadelfia, Parroquia, Mixcoac, Miguel Ángel de Quevedo y La Paz. Además, se desconoce lo que pasaría si falla el Metrobús. ¿De qué forma lo auxiliarán? ¿Cuántos carriles invadirán para prestar ayuda si un solo autobús se descompone o deja de dar servicio? Otro rubro que no debemos pasar por alto es que los autobuses van a contar con motores de combustión interna movidos por diesel y tal vez lleguen a meter algunos con tecnología alternativa, pero eso no resolverá el problema de contaminación, como otros medios sí lo harían; es decir, los que al utilizar electricidad eliminan el problema de la contaminación.
Un imperativo más por resolver tiene que ver con los retornos, sobre todo el ubicado en la estación terminal el Rélox, donde no se entiende cómo un autobús de tales dimensiones pueda maniobrar para hacer el cambio de sentido. Además, en esta zona existen monumentos con importante valor histórico, que no se sabe qué suerte correrán.
Parece que el actual Gobierno de la Ciudad está ciego, sordo y amnésico, ya que se olvida de que 80 por ciento de las emisiones contaminantes en el valle de México es el resultado de la combustión de los autos y que sustituir microbuses por autobuses que no cuentan con tecnología limpia para desplazarse no resolverá el problema de emisiones contaminantes, que la movilidad de las personas va en aumento y que se privilegien sistemas de transportación de mínima capacidad no quita los congestionamientos viales, no puede haber comparación de un andén para mas de mil 500 personas como lo son los del Metro a un andén que en algunos puntos de la avenida Insurgentes será casi imposible que reciban a 200 personas, aunado a la reducción de carriles de dicha avenida, ya que la gente que se transportaba en el micro ahora lo hará en los articulados del Metrobús y quienes viajan en auto particular lo seguirán haciendo, pero ahora con menos carriles para transitar, ¿o acaso el gobierno local pensó en construir estacionamientos, en ampliar el paradero de Indios Verdes, en realizar a lo largo de Insurgentes puentes vehiculares de ambos lados de la avenida para no encerrar a los vecinos que viven a lo largo de tan importante vía, acaso el Gobierno del Distrito Federal pensó en los autobuses que llegan del estado de México e Hidalgo (Tizayuca y Pachuca); dónde realizarán ascenso y descenso de pasaje?
Con los datos anteriores nos podemos percatar de que no existe la verdadera planeación de fondo, la que nos prepare para un futuro más funcional y sencillo, ya que al introducir el Metrobús sobre avenida Insurgentes quedan varias interrogantes sin resolver por parte del gobierno que, al no tener argumentos suficientemente sólidos para adoptar este tipo de soluciones, nos la impone a su antojo, Por ello preguntamos si acaso es una casualidad que constructoras involucradas en los segundos pisos se encuentren ahora involucradas en la construcción de la obra civil que implica el Metrobús en avenida Insurgentes.
Por otra parte, y como colofón del desenvolvimiento del gobierno local, tenemos entendido que los otrora dueños de microbuses y líderes de las rutas de colectivos que transitan por dicha avenida los convirtieron en empresarios, de tal suerte que los actuales 262 concesionarios deben tener capacidad para comprometerse a dar un enganche para 60 autobuses articulados que comprarán a la empresa Volvo a razón de 2.7 millones de pesos cada uno.
Señoras y señores legisladores: no es posible que en pleno siglo XXI los gobiernos quieran imponer soluciones artificiales a problemas reales, con tecnología atrasada y, por ende, que contaminan más el ambiente. ¿Se habrá fijado el jefe del gobierno capitalino de que la traza urbana tiene que amoldarse al ambiente circundante y éste a todo su entorno y que quitando flora y fauna de su lugar, ya de por sí escasa y deteriorada, hará que se extingan más especies y que nos encontremos perdidos en este mar de asfalto, y que dentro de muy poco se nos puede olvidar qué son las áreas verdes, pues se estima que en esta ciudad tan sólo existen 1.5 metros de área verde por habitante, lo cual si lo contrastamos con la ciudad de Curitiba, en Brasil, lugar de donde se copio la idea del Metrobús, existen 55 metros de estas áreas por habitante?
Sin embargo, en descargo de la ciudad brasileña, hemos de decir que allá esa obra se dio bajo criterios estrictos de planeación de largo plazo, con la participación de especialistas y no por capricho o la ocurrencia de algunos aprendices.
Es momento de impedir que este tipo de acciones lleven a la ciudadanía a una salida sin retorno, a una trampa que al paso del tiempo pueda significar un deterioro irreversible del medio y ponga en riesgo la salud de todos. Por ello hoy propongo a esta soberanía que es necesario conocer a detalle los alcances y repercusiones relacionados con el proyecto del Metrobús capitalino que se pretende implementar.
Por lo antes expuesto y con fundamento en los preceptos legales invocados, sometemos a la consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
De urgente y obvia resolución
Para que se gire atenta invitación al secretario de Obras y Servicios del Gobierno del Distrito Federal para que, en reunión de trabajo con la Comisión del Distrito Federal, presente un informe pormenorizado del proyecto del Metrobús en el Distrito Federal.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 15 días del mes de marzo de 2005.
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL INCREMENTE LA VIGILANCIA EN LA ZONA ALEDAÑA AL RECINTO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, A CARGO DEL DIPUTADO LUIS MALDONADO VENEGAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA
El suscrito, diputado federal Luis Maldonado Venegas, integrante del grupo parlamentario del partido Convergencia, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes
Consideraciones
Recientemente, el reportero de la agencia informativa Notimex Luis Carlos Rodríguez, quien cubre la fuente de la Cámara de Diputados, sufrió un "secuestro exprés" al retirarse del inmueble, en el cruce de Sidar y Rovirosa, siendo despojado de su automóvil y de sus pertenencias y agredido físicamente.
Asimismo, empleados y visitantes constantemente han sido víctimas de asaltos a mano armada en los alrededores del Palacio Legislativo de San Lázaro y diversos vehículos han sido robados.
Estos lamentables sucesos reflejan que nuestras instalaciones se ubican en una zona de alto riesgo para trabajadores, reporteros, los propios legisladores y los vecinos de la colonia.
La cercanía a la central camionera, conocida como Tapo, es por sí sola un lugar que contribuye a aumentar la inseguridad en esta área, al facilitar la huida de los delincuentes confundiéndose con los pasajeros o utilizando las avenidas Eduardo Molina y Congreso de la Unión.
Al propio tiempo, es común encontrar en los accesos a las estaciones del Metro Candelaria y San Lázaro, y en los pasos a desnivel, drogadictos que intimidan a los transeúntes.
Por todas estas razones, el grupo parlamentario de Convergencia considera conveniente exhortar a las autoridades responsables de combatir la inseguridad en el Distrito Federal a aumentar la vigilancia en el ámbito externo del inmueble que alberga la Cámara de Diputados y combatir de esta manera los índices delictivos, que se han incrementado.
Por lo anteriormente expuesto, propongo a esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Que la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Distrito Federal incremente la vigilancia en la zona aledaña al recinto de la Cámara de Diputados.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de marzo de 2005.
Dip. Luis Maldonado Venegas (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA REASIGNAR RECURSOS A LA SAGARPA, Y CREAR INSTRUMENTOS OPERATIVOS INTEGRALES QUE BENEFICIEN A LOS PRODUCTORES PIÑEROS DE LOMA BONITA Y TUXTEPEC, OAXACA, A CARGO DEL DIPUTADO GUSTAVO ZANATTA GASPERÍN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Gustavo Zanatta Gasperín, diputado federal del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, integrante de la LIX Legislatura de la H Cámara de Diputados. Y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El campo mexicano es sin duda el sector más desprotegido, se encuentra en una situación de grave vulnerabilidad tanto social, política y económica, tenemos una deuda pendiente con los trabajadores del campo, no hemos sabido responderle a su esfuerzo de décadas por hacer producir la parcela, nos ha faltado la voluntad política para mejorar su nivel de vida y lo tenemos postrado casi en la indigencia, por no decir que ya lo es.
Este problema estructural del campo nacional ha dado como resultado la importación de una gran cantidad de productos alimenticios entre los que se encuentra la piña de Asia afectando con ello a miles de familias de la cuenca del Papaloapan, que viven del producto, no podemos cerrar los ojos ante un problema que ya tiene varios años presentándose de forma paulatina, mientras mostramos un doble lenguaje al asegurar que su situación nos lastima pero no hacemos nada al respecto, creamos programas que anunciamos con bombo y platillo para ahora si, sacarlos del estado de indefensión frente a una competencia desventajosa para su producto.
Para darnos una pálida idea del problema que enfrentan los productores de Loma Bonita y Tuxtepec, tan solo en el 2004 se sembraron poco más de cinco mil hectáreas de piña de los cuales entre, limpiar la parcela, sembrar y fumigar se invierte cuarenta mil pesos por hectárea, se cosecharon de cincuenta a cincuenta y cinco toneladas de piña de la mejor calidad por cada una de ellas, pero al permitirse el ingreso del producto de Asia, la tonelada de la piña nacional se ha llegado a pagar hasta en trescientos pesos, afectándose con esta práctica injusta a más de seis mil familias tan solo en la zona de nuestro distrito, esas seis mil familias no la quisiéramos ver que emigren a los Estados Unidos en busca de mejores niveles de vida, tenemos que crear los instrumentos adecuados y óptimos para que continúen haciendo producir la tierra.
Como verán ustedes compañeras y compañeros diputados, la situación del campo piñero no es el más próspero de lo que quisiéramos, por eso tenemos la responsabilidad histórica de generar los programas emergentes que les brinden la oportunidad de ofertar su producto en mejores condiciones para ellos; que cuenten con el apoyo tecnológico y comercial para competir en el mercado nacional y en los mercados internacionales.
Es de justicia social atender el reclamo justo de los piñeros, de no hacerlo estaríamos creando las condiciones para que, cada vez menos tierras, se dediquen a este cultivo y por ende menos fuentes de empleo, que se declare como situación de emergencia al sector piñero y se considere asunto de interés nacional.
Por todo lo expuesto, fundado y motivado, me permito presentar ante esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero.- La ampliación presupuestal de 20 millones de pesos al Programa de Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones de Productos Agroalimentarios y Pesqueros Mexicanos (Promoagro), que dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005 se ubica en el anexo 17, a efecto de apoyar a los productores nacionales de piña para realizar campañas de promoción nacionales e internacionales, participar en exposiciones agroalimentarias y realizar misiones comerciales, buscando abrir nuevos mercados y consolidar los ya existentes tanto en México como en el extranjero.
Segundo.- Que el recurso reasignado a (Promoagro), se etiquete específicamente para el desarrollo de actividades para promover la comercialización del sistema producto piña.
Tercero.- Que se declare como situación de emergencia al sector piñero y se considere asunto de interés nacional.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 10 días del mes de marzo de 2005.
Dip. Gustavo Zanatta Gasperín (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y A LOS CONSEJOS ESTATALES DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA A PARTICIPAR Y APOYAR LA REALIZACIÓN DE LA 46A OLIMPIADA INTERNACIONAL DE MATEMÁTICAS, A CARGO DE LA DIPUTADA MARISOL URREA CAMARENA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Quien suscribe, Marisol Urrea Camarena, diputada por el estado de Jalisco, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LIX Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Las matemáticas han despertado siempre gran interés en todos los países y en todas las latitudes. Su lenguaje es internacional, común a todos los pueblos; no necesita de traductores y establece bases comunes de entendimiento y de sana competencia.
En 1959, se organizó la primera Olimpiada Internacional de Matemáticas en Rumania, con la participación de 7 países, desde entonces, las Olimpiadas Internacionales se celebran anualmente y aunque los primeros años este número de países era prácticamente el mismo, en los últimos años este número ha crecido enormemente hasta alcanzar actualmente la participación de 96 países de los 5 continentes.
Los objetivos de la Olimpiada Internacional de Matemáticas incluyen:
Promover las relaciones de amistad entre estudiantes y profesores de distintos países.
Ofrecer una oportunidad para el intercambio de información de práctica y programas escolares en el mundo.
La Olimpiada Mexicana de Matemáticas cuenta con la participación de 50,000 alumnos de todo el país y además de compartir los fines de la Olimpiada Internacional, tiene como objetivos:
Incidir en la cultura matemática a nivel nacional resaltando la enseñanza a través de la resolución de problemas y el aspecto lúdico de las matemáticas.
Conformar el equipo de jóvenes que representen a México en los eventos internacionales.
Tanto para la celebración de estos eventos en los que México será anfitrión como para el Concurso Nacional que es el evento más importante de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas, es indispensable la colaboración por parte de distintas instancias públicas y privadas, por supuesto el gobierno federal a través del Conacyt y la SEP, los gobiernos de los estados, los Consejos Estatales de Ciencia y Tecnología, las Universidades, entre otras.
El apoyo de las universidades y de los gobiernos estatales, o de particulares interesados, ha incidido en la mejoría notable de los resultados de cada estado; la instrumentación de programas de entrenamiento a profesores en las entidades federativas ha permitido la formación y actualización del personal docente; un ejemplo de ello, es la Olimpiada de 1996 en Morelos, que contó con 200 participantes, actualmente participan más de 1,500 con un promedio de 10 alumnos por escuela. Asimismo en Sonora ha habido un apoyo decidido por parte del Congreso del estado y debido a esto en los últimos años Sonora ha tenido siempre algún representante en la Olimpiada Internacional.
Los resultados de México en los eventos internacionales del 2004 fueron los siguientes:
OMCC.- (Olimpiada de Matemáticas de Centroamérica y el Caribe) 3 medallas de oro y se colocó en el primer lugar de 12 países participantes.
IMO.- (Olimpiada Internacional de Matemáticas) 3 medallas de bronce, una mención honorífica y ocupó el lugar 37 de 84 países.
OIM.- (Olimpiada Iberoamericana de Matemáticas) 1 medalla de oro, 2 de plata y 1 de bronce y ocupó el quinto lugar de 22 países participantes.
Desgraciadamente la falta de fondos pone en riesgo la realización del Concurso Nacional en años subsecuentes y la suspensión de programas de becas desalentará la participación.
Es por todo lo anterior que invitamos a las organizaciones públicas y privadas y en particular a los gobiernos de las entidades federativas a apoyar la realización de la 46ª Olimpiada Internacional de Matemáticas en el 2005, el Concurso Nacional de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas y el Congreso Internacional de Matemática Educativa en el 2008, para que México pueda así, cumplir con los compromisos adquiridos en el 2002.
La Olimpiada de Matemáticas más que una competencia es una oportunidad no sólo de demostrar los conocimientos y habilidades en las matemáticas, sino que permite identificar talentos emergentes y futuros investigadores que trabajarán en el desarrollo científico y tecnológico de nuestro país. La realización de este evento nos enaltece, además que se nos presenta una clara oportunidad de promover cultural y turísticamente a México y en particular al estado sede, al recibir visitantes de 96 países durante doce días.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta asamblea el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único.- Que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, respetuosamente exhorta a la Secretaría de Educación Pública, al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, a las entidades federativas y a los Consejos Estatales de Ciencia y Tecnología, a las universidades e institutos de educación superior públicas y privadas a apoyar, en la medida de sus posibilidades, con recursos materiales, humanos, logísticos y financieros entre otros, y participar en la realización de la 46° Olimpiada Internacional de Matemáticas a celebrarse en Mérida, Yucatán, del 8 al 19 de julio de 2005, el Concurso Nacional de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas y el Congreso Internacional de Matemática Educativa en el 2008.
Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados
Dip. Marisol Urrea Camarena (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE LA PGR INFORME A ESTA SOBERANÍA POR QUÉ NO HA SOLICITADO EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL CONTRA EL C. MARIO LABORÍN GÓMEZ, DIRECTOR GENERAL DE NACIONAL FINANCIERA, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, QUIEN A LA FECHA NO HA CUMPLIDO UN AMPARO OTORGADO POR EL DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, A CARGO DEL DIPUTADO LUIS MALDONADO VENEGAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA
Luis Maldonado Venegas, diputado federal a la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta H. asamblea proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Procuraduría General de la República informe a esta soberanía el motivo por el cual el Ministerio Público Federal no ha solicitado el ejercicio de la acción penal en contra del director general de Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, con base en las siguientes
Consideraciones
Mediante escrito presentado el once de junio de dos mil tres, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, un ciudadano mexicano, por su propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la autoridad responsable denominada Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, por violación en su perjuicio de la garantía que consagra el artículo octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos relativa al derecho de petición.
La juez octava de Distrito "A" en materia Administrativa en el Distrito Federal, a quien por razón de turno tocó conocer del asunto mediante acuerdo de veinticinco de junio de dos mil tres, admitió la demanda de amparo y la registró como expediente 1067/2003; solicitó de la autoridad señalada como responsable su informe justificado; dio al Agente del Ministerio Público de la Federación la intervención legal que le compete y, seguidos los trámites de ley, el seis de agosto de dos mil tres, dictó resolución, cuyo punto resolutivo dice: "Único. La Justicia de la Unión ampara y protege a Guillermo Garduño Aguilar en contra del acto reclamado a la autoridad responsable".
Inconforme con lo anterior, el director general de Nacional Financiera, Mario Laborín Gómez, interpuso recurso de revisión, el que fue turnado al Décimo Primer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito y admitido por su Presidente el 1 de septiembre del año dos mil tres asignándosele el número R.A. 512/2003 dándose también vista al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción.
En sesión del día veinticuatro de noviembre de dos mil tres, por unanimidad de votos de los señores Magistrados del Tribunal señalado, confirmaron la resolución recurrida por haber resultado ineficaces los agravios del Director General de Nacional Financiera, por lo que procedieron a confirmar la resolución dictada por la juez octava de Distrito "A" en materia Administrativa en el Distrito Federal, en el sentido de amparar y proteger al quejoso.
Sin embargo, y a pesar de que al agraviado le fue concedida la protección constitucional, a la fecha el director general de Nacional Financiera no ha cumplido la ejecutoria y lo que causa extrañeza es que a pesar de que el señor Mario Laborín Gómez no goza de fuero constitucional, el Ministerio Público Federal no haya solicitado el ejercicio de la acción penal en su contra, siendo que el poder judicial de la federación le dio vista de la demanda de amparo y de los resolutivos, ya que en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, el Ministerio Público tiene la obligación de cuidar que las sentencias de amparo queden enteramente cumplidas.
Lo anterior contrasta, evidentemente, con las declaraciones que el Presidente de la República y el secretario de Gobernación han expresado en el sentido de que en esta administración nadie está por encima de la ley, por lo cual el grupo parlamentario de Convergencia, en voz del suscrito, propone a esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Que la Procuraduría General de la República informe a esta soberanía el motivo por el cual no ha solicitado el ejercicio de la acción penal en contra del c. Mario Laborín Gómez, director general de Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, quien a la fecha no ha dado cumplimiento a un amparo otorgado por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de marzo de 2005.
Dip. Luis Maldonado Venegas (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR A LA SEP Y A LA SHCP A HOMOLOGAR LAS CONDICIONES LABORALES DE LOS DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, A CARGO DEL DIPUTADO PAULO TAPIA PALACIOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito diputado del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en nombre de la Subcomisión de Educación Media Superior y en ejercicio de la facultad contenida en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de ustedes la proposición con punto de acuerdo siguiente
Consideraciones
La educación impartida por el Estado mexicano es un derecho constitucional que, además del imperativo de la cobertura universal, debe garantizar pisos básicos de calidad del servicio, medidos en indicadores objetivos de aprovechamiento académico y eficiencia terminal.
Aludo por supuesto a todos los grados de la educación pública, la básica, la media, la media superior, la profesional y la de posgrado.
Este derecho a la educación de calidad no tiene como premisa la limitación de los derechos laborales del personal que presta ese servicio en nombre del Estado mexicano.
Es, en todo caso, deber de quienes elaboran los planes y programas de educación pública buscar la armonía entre los principios de calidad de la educación con los criterios de preservación de los derechos laborales de quienes prestan ese servicio en las aulas.
Es deber también de las áreas de planeación de la Secretaría de Educación Pública promover la homologación de las condiciones de trabajo de quienes prestan servicios idénticos en niveles de educación semejantes.
Hablo de promover y no de ejecutar porque hay decisiones de la SEP que, por razones de ámbitos de competencia, requieren del concurso de otras dependencias del Poder Ejecutivo federal, concretamente la que aplica el Presupuesto de Egresos de la Federación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Me refiero concretamente a la necesidad de extender la jornada laboral hasta un máximo de 36 horas semana-mes al personal docente del colegio y los centros de estudio de bachillerato y de los colegios de estudios científicos y tecnológicos, para acercarlos al máximo de 40 con que cuentan las demás instituciones públicas de educación media superior.
La medida se aplicaría, por supuesto, siempre y cuando hubiera en cada escuela disponibilidad de grupos, sin alterar las actuales categorías plazas de docente y técnico.
Lo que se busca con mi propuesta es que sin rebasar los criterios pedagógicos de horas máximas frente a grupo, se termine la subcultura del profesor itinerante, el docente obligado a impartir clases en distintos planteles para buscar un ingreso decoroso, no digo suficiente.
Se busca también evitar que, ante la falta de recursos con soporte presupuestal de la Federación, las instituciones educativas referidas absorban con sus recursos propios el impacto de una jornada laboral mayor a la aprobada.
Si bien hablamos de acciones de política pública del Poder Ejecutivo en el ámbito de la educación, es obligación de esta representación popular tener el pulso de la realidad social del país, ser sensible a las necesidades de sus actores y sobre todo a los derechos de los mexicanos, para coadyuvar a las respuestas pertinentes y oportunas del Estado nacional.
Por eso, someto a la consideración de todos ustedes, compañeras y compañeros diputados, el siguiente.
Punto de Acuerdo
Único.- Que esta honorable Cámara de Diputados exhorte al titular de la Secretaría de Educación Pública, Lic. Reyes Tamez, y al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Dr. Francisco Gil Díaz, a que en la búsqueda de la equidad y la homologación de las condiciones laborales de los docentes del colegio y los centros de estudio de bachillerato y de los Cecyteos con el resto de instituciones públicas de educación media superior, eleven, con soporte presupuestal, la jornada laboral del personal docente hasta un máximo de 36 horas semanales.
Palacio legislativo, a 15 de marzo de 2005.
Dip. Paulo Tapia Palacios (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR AL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A SUSPENDER LA ENTREGA DE MÁS CONCESIONES ESTATALES DE TRANSPORTE PÚBLICO A FAVOR DE LA ORGANIZACIÓN ANTORCHA CAMPESINA, A CARGO DEL DIPUTADO ROGELIO FLORES MEJÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito diputado federal a la LIX Legislatura integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo estipulado por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a esta honorable Asamblea el siguiente punto de acuerdo, bajo las siguientes
Consideraciones
En el mes de enero del año 2003, se realizaron mesas de trabajo entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del estado de Puebla y distintos concesionarios y organizaciones del transporte público, en las cuales, se concluyó en un compromiso expreso entre las partes para no incrementar el parque vehicular del transporte público a través de la entrega de nuevas concesiones, toda vez que los estudios técnicos en la materia determinaron una sobresaturación de unidades que ofrecen el servicio.
No obstante, el 18 de febrero del 2004, fue signada una minuta de acuerdos entre la Secretaría de Gobernación del estado de Puebla, la Secretaría de Comunicaciones y transportes de dicha entidad federativa y la organización priísta denominada Antorcha Campesina, en la que se establece el compromiso de entregar poco más de trescientas concesiones estatales de transporte público.
En fechas recientes, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del estado de Puebla ha entregado nuevas concesiones estatales de transporte público, tanto a empresas particulares como a la organización Antorcha Campesina.
Es el caso de la permuta de 108 concesiones federales por concesiones estatales en favor de la Línea de Autobuses Puebla, Cholula y Anexas SA de CV realizada el 20 de agosto de 2004.
Son los casos, también, de la entrega de 6 concesiones realizada el pasado 12 de enero de 2005 para la ruta San Juan Castillotla-San Diego Acapulco-Atlixco, de la ciudad de Atlixco, Puebla.
La entrega de 7 concesiones del servicio público realizada el pasado 17 de enero de 2005 para la ruta del servicio público del transporte denominada San Martín Tlamapa-Atlixco y viceversa de diferentes localidades del municipio de Atlixco, Puebla.
La entrega de 6 concesiones de transporte público realizada el 8 de septiembre de 2004 para la ruta Izúcar de Matamoros-Rijo del municipio de Izúcar de Matamoros en favor de Antorcha Campesina.
En virtud de la sobresaturación del parque vehicular del transporte público en el estado de Puebla y la entrega discrecional de concesiones por parte del gobierno estatal, someto a consideración de esta honorable soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero.- La Cámara de Diputados exhorta al gobierno del estado de Puebla a que declare improcedente y sin validez la minuta de acuerdos signada el 18 de febrero de 2004 entre la Secretaría de Gobernación del estado de Puebla y la organización Antorcha Campesina por la que se compromete la entrega de poco más de 300 concesiones estatales de transporte público.
Segundo.- La Cámara de Diputados exhorta al gobernador del estado de Puebla, Lic. Mario Marín Torres y al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de dicha entidad federativa, Lic. Carlos Arredondo Contreras, a suspender la entrega de más concesiones estatales de transporte público.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a 15 de marzo de 2005.
Dip. Rogelio Flores Mejía (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE SOLICITAR A LA SRE QUE INSTRUYA A LOS CONSULADOS EN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA PARA INICIAR UNA CAMPAÑA INFORMATIVA ENTRE LOS MIGRANTES MEXICANOS SOBRE EL USO DE CUENTAS BANCARIAS PARA TRANSFERIR REMESAS A MÉXICO, CON OBJETO DE DISMINUIR LOS COSTOS DE ENVÍO, COMO WESTERN UNION Y MONEYGRAM, A CARGO DEL DIPUTADO JUAN MANUEL VEGA RAYET, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, diputado federal integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta LIX Legislatura, con fundamento en los artículos 23, numeral 1, inciso f), 39 y 45, numeral 6, incisos e), y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 de su Reglamento, me permito someter a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo; con base en la siguiente:
Exposición de Motivos
Ante el bajo, casi nulo, crecimiento de la economía mexicana, la migración se ha convertido en la principal válvula de escape para las presiones del desempleo, a tal grado que sin ella la paz social se vería amenazada así como la estabilidad económica. La migración hacia Estados Unidos en una de las principales estrategias de supervivencia para un gran número de mexicanos. se ha desarrollado una cultura migratoria, donde intervienen amplias redes sociales y familiares en ambos lados de la frontera. Los trabajadores mexicanos están en todos los sectores productivos del país vecino, 60% laboran en los servicios, 36% en la industria y sólo 8% en el sector agropecuario.
Es evidente que gracias a la entrada de remesas, los mercados internos del país se mantienen y hasta crecen. Es más, el propio crecimiento económico debe a las remesas mucho de su frugal avance.
Sin embargo, cuando escuchamos la palabra "migración" o "migrante" asociamos de inmediato con lo clandestino, pero, en Estados Unidos viven y trabajan 9.9 millones de mexicanos legalmente, según datos de la Secretaría de Gobernación.
Los mexicanos residentes en Estados Unidos, enviaron remesas por 16 mil 612.8 millones de dólares durante el 2004, cifra récord y que representa un 24 por ciento más que en 2003 (13 mil 396 millones de dólares). La gran mayoría de estos recursos se enviaron mediante transferencias electrónicas (14 mil 496 millones de dólares). El resto fue por giros postales (mil 883 millones de dólares), mientras que en efectivo solamente 233.6 millones de dólares. Se realizaron 50.87 millones de operaciones, que promediaron los 326.55 dólares, que significó un aumento de seis dólares con relación al 2003, según datos del Banxico.
En 2003, con 13 mil 396 millones de dólares, las remesas superaron por a la inversión extranjera directa y se convirtieron en la segunda fuente de divisas, después del petróleo. Según datos del Consejo Nacional de Población (Conapo), en 2004 unas 398 mil personas emigraron de México a otros países, sobre todo a Estados Unidos, donde hay alrededor de diez millones de mexicanos, de los cuales unos 4.5 millones son indocumentados. Según datos oficiales, sólo el nueve por ciento de las remesas se asigna a proyectos productivos y el resto, se destina a consumo cotidiano.
México tiene el primer lugar mundial en envíos de dinero de trabajadores migrantes a sus familias. Por lo tanto, reducir los costos por el envío de remesas, es una prioridad en materia de política exterior, pues actualmente, por cada 300 dólares enviados, los migrantes tienen que pagar una comisión de 13 dólares.
Los migrantes mexicanos tienen como problema principal por resolver, el alto costo del traslado de dinero. Alrededor del 83% de los migrantes utilizan Western Union, Money Gram u otras empresas de transferencia de dinero. El problema es que carecen de información sobre mecanismos alternativos para mandar dinero a casa y han investigado poco para determinar mecanismos menos costosos. Esta falta de conocimiento es importante pues, enviar dinero a sus familiares es prioridad para ellos.
Los cargos que pagan los latinoamericanos residentes en el extranjero por transferir dinero son los más altos del mundo. Según cifras del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en 2002 los inmigrantes latinoamericanos y caribeños enviaron aproximadamente 32 mil millones de dólares a sus naciones de origen, lo que significó un aumento de 17.6 por ciento respecto al año anterior. Una tercera parte 10 mil 500 millones de dólares fueron recibidos por México. Pero el costo total de los envíos de estos fondos a América Latina y el Caribe en dicho año fue del orden de 4 mil millones de dólares.
Estos costos son los más altos del mundo, es más caro porque los bancos están menos involucrados en estas transacciones que en otras regiones del mundo. Algunos servicios de transferencia de dinero llegan a cobrar hasta 30% de comisión sobre el monto del envío. Es más barato enviar dinero a India, Filipinas o Zimbabwe que a los países de América Latina. Esto es debido a que los trabajadores inmigrantes de dichos países hacen un mayor uso de las instituciones financieras como los bancos en vez de los servicios tradicionales de transferencias. Es presumible que el uso de transferencias bancarias a estos países es siempre más barato que las transferencias a América Latina debido al mayor nivel de competencia entre las instituciones financieras.
Aunque un porcentaje considerable de mexicanos residentes en Estados Unidos tiene cuentas bancarias, muy pocos la usan para trasladar dinero. Muchos migrantes carecen de identificación oficial para abrir una cuenta o temen no cumplir los requisitos.
El caso de los brasileños en Japón que envían dinero a su país por medio del Banco de Brasil, sin cuota alguna, es un ejemplo de la vía que los mexicanos y otros migrantes en Estados Unidos podrían asumir. Pero estos mecanismos apenas empiezan a discutirse en Estados Unidos.
Sin embargo, es posible reducir las cuotas. Por ejemplo, en Ecuador, los bancos españoles y otras instituciones financieras se están vinculados con organismos de microfinanzas para reducir en 75% el costo de enviar remesas. La mayoría de estos sistemas cuenta con un mecanismo por el cual los migrantes depositan fondos en cuentas de banco en el país en que residen, mientras que sus familiares en sus naciones de origen usan tarjetas bancarias para tener acceso a esos recursos.
Parte de la solución a este problema es convencer a los migrantes de que ingresen al sistema bancario. Un factor que motiva al ingreso al sistema bancario es el esfuerzo de los consulados mexicanos en torno a las matrículas consulares. Los mexicanos residentes en Estados Unidos pueden obtener estos documentos sin importar su condición migratoria, y ahora son aceptados por 66 empresas bancarias como identificación legítima y suficiente para abrir una cuenta. Además. Hay países dentro de la OCDE que han canalizado gran parte de las remesas como una propuesta a bancos y canales financieros confiables, a costos muy competitivos.
Western Union, Money Gram y Orlandi Value, mueven anualmente más de 10 mil millones de dólares mediante el envío de dinero de trabajadores, asociadas en México con alrededor de 100 empresas entre farmacias, gasolineras, bancos, el organismo público Telecomunicaciones de México (Telecomm), tiendas de autoservicio y departamentales, como Elektra (controladora del Banco Azteca). Esas operaciones representan en términos generales ingresos por 2 mil millones de dólares al año para esas empresas.
De acuerdo con el Consejo Nacional de Población (Conapo), alrededor de 1.1 millones de hogares mexicanos reciben un promedio mensual de mil 216.66 pesos (unos 121 dólares) por los envíos que hacen sus familiares desde el exterior. Asimismo, una encuesta aplicada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) reveló que la mayor parte de los migrantes latinoamericanos en Estados Unidos, que envían dinero a familiares en sus países de origen, no están enterados de las comisiones cobradas por las firmas que hacen las transferencias. La misma encuesta reveló que en 41 % de las transferencias se realizan a través de Western Union y Money Gram; 20 por ciento los canalizó a través de bancos y cooperativas de crédito; otro 29 por ciento empleó otro tipo de compañías internacionales, y 10 por ciento otras vías, como el envío con amigos o familiares.
Hasta 1996, el mercado de remesas era controlado por Telégrafos de México, hoy Telecom, mediante giros y envíos por giros postales, cheques personales o efectivo y en especie. Fue precisamente ese año que se abrió el mercado de las remesas a la participación privada. Actualmente, la iniciativa privada controla en México 87.5 por ciento de ese nicho de mercado.
Para que los costos bajen es necesario llevar a más personas al sistema bancario y asegurar que las instituciones financieras, incluyendo las cooperativas de crédito, tengan acceso a esto.
El Banco de México inició el seguimiento de las remesas a partir de enero de 2001, pero ha advertido que aún no logra cuantificar la totalidad de los ingresos de divisas al país por este concepto, ya que los residentes mexicanos en Estados Unidos todavía utilizan otras formas de envío de las cuales no se puede llevar un registro contable. Esto quiere decir que muchos mexicanos corren altos riesgos a la hora de enviar dinero a sus familiares.
Es preciso bajar los costos y hacer más seguro el envío de remesas a nuestro país, pues estas son hoy la segunda entrada de divisas, puntal de gran envergadura para la economía mexicana.
Las transferencias bancarias son una opción real que deben ser explotada y es mediante la información directa y oportuna a los migrantes que se puede generalizar con el fin de disminuir los costos de transferencia, demasiado altos cuando se realizan de manera electrónica a través de las empresas antes citadas.
Es por esto que me permito poner a su consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Único.-. Solicitar a la Secretaría de Relaciones Exteriores instruya a los Consulados en los Estados Unidos a lanzar una campaña informativa para los migrantes mexicanos sobre el uso de cuentas bancarias para la transferencia de remesas a México, con el fin de disminuir los costos de envío, más altos en las empresas especializadas, como Western Union y Money Gram.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de marzo de 2005.
Diputado: Juan Manuel Vega Rayet (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR A LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS A ESTABLECER EN ESTE AÑO EL PARLAMENTO DE LA JUVENTUD, COMO ESPACIO DE DIÁLOGO Y PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO, SOCIAL Y PRIVADO SOBRE LOS AVANCES Y DESAFÍOS DE LOS JÓVENES EN MATERIA LEGISLATIVA Y DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN LOS 20 AÑOS TRANSCURRIDOS DESDE LA DECLARACIÓN DEL AÑO INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ ERANDI BERMÚDEZ MÉNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito, diputado federal en la LIX Legislatura José Erandi Bermúdez Méndez, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en los artículos 93, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía punto de acuerdo de urgente resolución, bajo las siguientes
Consideraciones
En la declaración del Año Internacional de la Juventud, por parte de la Organización de las Naciones Unidas en 1985, se estableció el tema de lo juvenil en la agenda de los gobiernos y se logró avanzar en el establecimiento de compromisos en cada una de las naciones para diseñar e instrumentar estrategias de desarrollo para los jóvenes basadas en los principios de Participación, Desarrollo y Paz, posteriormente en 1995, la ONU decide revisar las condiciones de vida de los jóvenes en todo el mundo para detectar los elementos que eviten su desarrollo integral y el acceso a mejores oportunidades y se estableció el "Programa de Acción Mundial para los Jóvenes al año 2000 y años subsiguientes".
Por su parte, en julio de 1994, en Cartagena de Indias, Colombia, la IV Conferencia Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, se aprobó el Programa Regional de Acciones para el Desarrollo de la Juventud en América Latina, para el periodo 1995-2000, mismo que en tanto propuesta estratégica e integral, contempló varios componentes sectoriales relevantes como educación, empleo y capacitación para el empleo, salud, medioambiente, participación e institucionalidad pública, legislación, promoción de derechos, cooperación e integración regional, que en su conjunto, establecieron un sólido marco de referencia a partir del cual se diseñaron iniciativas específicas de intervención a escala nacional y regional.
En la última Conferencia Iberoamericana de Ministros de Juventud, realizada en México en el año 2004, se aprobó la elaboración de un Plan Iberoamericano de Juventud, con un horizonte 2012, bajo los temas de Inclusión, Democracia y Convivencia.
Como hemos podido observar, México ha participado de manera protagónica en las iniciativas de la Organización de las Naciones Unidas, al ser el único país de Iberoamérica que respondió a los requerimientos para la elaboración del Reporte de Ejecución del "Programa de Acción Mundial para los Jóvenes al año 2000 y años subsiguientes" y en los últimos años, las políticas de juventud han sufrido una transformación radical en el contexto de los cambios producidos dentro de las esferas económicas, sociales, culturales y políticas en el mundo, que se ha reflejado en el paso de una perspectiva asistencial a la de concebir a los jóvenes como actores estratégicos de desarrollo y agentes del cambio social. Lo anterior, ha traído consigo que el principio fundamental de las políticas públicas de juventud en nuestro país, es fomentar y garantizar la participación juvenil, donde se reconozca la capacidad de acción y propuesta de los jóvenes tanto en lo individual como a través de sus organizaciones; por lo que es necesario alentar con mayor énfasis la generación de oportunidades y condiciones de desarrollo acordes a sus necesidades, expectativas y aspiraciones, que potencien su creatividad y su condición protagónica en la transformación de sus sociedades.
Un ejemplo claro de la seriedad que ha asumido el gobierno federal en este tema, es el Programa Nacional de Juventud 2002-2006, el cual es un instrumento gubernamental para orientar la acción social dirigida a los jóvenes, y como parte de las atribuciones que establece la ley del Instituto Mexicano de la Juventud, es necesario reforzar y evaluar las acciones realizadas para garantizar mejores niveles de participación juvenil a través de políticas integrales y de alto impacto.
En este orden de ideas, el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 establece en el apartado de "Desarrollo Social y Humano", el Objetivo Rector 2: acrecentar la equidad y la igualdad de oportunidades, la Estrategia C: "Incorporar integralmente a los jóvenes al desarrollo del país, por medio de una política nacional de juventud que permita promover las oportunidades de este grupo. Formular una política incluyente e impulsar la apertura de oportunidades para el desarrollo humano, social y productivo de los jóvenes mexicanos como actores estratégicos en el desarrollo del país. Esto les permitirá integrarse plenamente y contar con canales de comunicación para expresarse".
Además, existe un compromiso latente con la juventud, ya que representan el 34.5% de la población total del país, según datos del XII Censo General de Población y Vivienda, además de que son los principales actores hacia un país más justo y solidario.
Dada la importancia de lo anterior y en virtud de que se cumple el Vigésimo Aniversario del Año Internacional de la Juventud y que México, ha asumido el compromiso de impulsar una nueva etapa de desarrollo y evolución en el campo del estudio, investigación, diseño e instrumentación de políticas públicas de juventud alineadas a procesos de globalización justos, que incluyan a los jóvenes, el sector público, privado y social y a su vez, los haga participar activamente en el desarrollo de sus sociedades, consideramos viable establecer el Parlamento de la Juventud, con la finalidad de que exista un foro de expresión para todos los jóvenes del país, ya que esto nos permitirá discutir e intercambiar opiniones así como también, conocer las necesidades reales de este sector de la población, ya que no debemos olvidar que es una responsabilidad del Estado garantizar los derechos plenos de los jóvenes y que estos, juegan un papel trascendental en la vida política de esta nación, ya que día con día se encargan de fincar los sólidos cimientos del progreso y la cultura del país, por lo anterior, propongo con carácter de urgente y obvia resolución el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Exhortar a la H. Cámara de Diputados para establecer en este año el Parlamento de la Juventud, como espacio de diálogo y participación del sector público, social y privado sobre los avances y desafíos de los jóvenes en materia legislativa y de políticas públicas en los 20 años transcurridos desde la declaración del Año Internacional de la Juventud.
Palacio legislativo, a 15 de marzo de 2005.
Dip. José Erandi Bermúdez Méndez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR A LA PROFEPA QUE DICTAMINE SOBRE LOS CASOS DE DELFINES ENCONTRADOS MUERTOS EN LAGUNA DE TÉRMINOS, A CARGO DE LA DIPUTADA CARMEN GUADALUPE FONZ SÁENZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
La suscrita diputada de la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, conforme a la siguiente:
Exposición de Motivos
Durante el 2004, en el Área Natural Protegida "Laguna de Términos", ubicada en el estado de Campeche y de manera puntual en el Municipio de El Carmen, fueron encontrados decenas de delfines muertos, algunos de ellos mostraban huellas de haber sido capturados o que se habían enredado entre las redes de los pescadores.
De esta forma, grupos ecologistas como Marea Azul y la Fundación Sandoval, realizaron denuncias públicas sobre que estos acontecimientos pudieron ser provocados por el desarrollo de proyectos sismológicos que efectuó la paraestatal Petróleos Mexicanos en la Sonda de Campeche, así como a la presencia de una serie de embarcaciones vinculadas con la actividad, en el área de acceso al Área Natural Protegida Laguna de Términos.
Pese a que el hallazgo de delfines muertos en la región no es nada nuevo, ya que desde el 2003 se registraron numerosos casos de este problema y las múltiples denuncias que se han hecho, no solo por parte de los grupos ecologistas de Carmen, sino también de la sociedad civil y de la propia Comisión de Medio Ambiente de esta Honorable Cámara, hasta el momento no se tiene un dictamen sobre las autopsias que se han realizado a los ejemplares que han sido encontrados.
Para nadie es un secreto que pese a que las medidas de protección al medio ambiente que se han realizado por parte de Petróleos Mexicanos son mejores, y que cada vez su política es la de afectar en menor porcentaje los ecosistemas, sin embargo, es de señalar que los aceites que se usan para esta actividad industrial, y combinados la presencia de lluvia , van a dar al lecho marino, afectando con ello los ecosistemas existentes. Situación ante la cual, no se justifica la autorización y presencia de la plataformas y barcazas en una zona tan importante para el medio ambiente, como lo es el Área Natural Protegida Laguna de Términos en donde se registra la mayor presencia de delfines de la región.
Esta situación requiere de acciones inmediatas ya que al estar expuesto recursos naturales, los cuales se encuentran en calidad de en peligro de extinción, como es el caso de los delfines denominados nariz de botella, no nos podemos dar el lujo de seguir esperando, poniendo en riesgo a tan importante especie.
Precisamente el pasado domingo 27 de febrero, autoridades de la Dirección de Ecología Municipal y representantes de grupos ambientalistas de El Carmen, encontraron el cuerpo de un ejemplar bebé, en las playas de la isla del mismo nombre, el cual presentaba estallamiento de vísceras y un golpe contuso en la parte de la cabeza.
Es importante recalcar, que de la misma manera, el Comité Estatal de Protección de la Tortuga Marina en Campeche, demandó en presencia del secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alberto Cárdenas Jiménez, su preocupación por la disminución en la presencia de estas especies, que atribuyen la responsabilidad de estos hechos, a los Estudios Sismológicos desarrollados por Petróleos Mexicanos
Estudios que se han expuesto por parte de los grupos ambientalistas, desarrollados por reconocidas instituciones de investigación a nivel mundial, en otros países, han demostrado que estos estudios tienen un impacto negativo al medio ambiente y a las especies marinas, sin embargo se continúa autorizando estos estudios en la Sonda de Campeche y otras zonas.
Por lo anteriormente expuesto me permito someter a esta soberanía el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero.- Se exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a emitir un dictamen, a la brevedad posible, sobre las muertes de delfines acontecidas en el área natural protegida "Laguna de Términos", en base en las autopsias que se han realizado a los ejemplares que han sido hallados muertos en dicha zona.
Segundo.- De igual forma se exhorta a la PROFEPA, presente información donde se especifique si los estudios sismológicos con neumáticos, afectan o no al medio ambiente y las especies marinas.
Tercero.- Que la PROFEPA presente un informe sobre los motivos que han originado la disminución en la arribazón de la tortuga marina a las costas campechanas.
Es cuanto ciudadano presidente, solicito se inserte integro el texto del presente punto de acuerdo en el diario de los debates.
Dip. Carmen Guadalupe Fonz Saenz (rúbrica)
Excitativas
El suscrito, en mi calidad de diputado federal de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 21 fracción XVI y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito respetuosamente se sirva enviar a las Comisiones de Puntos Constitucionales y Hacienda y Crédito Público, excitativa para que continúen con el proceso legislativo del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 26 y 73, Fracción XXIX-D de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y cuyo objeto es dotar de autonomía al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, al tenor de los siguientes:
Antecedentes
En sesión celebrada en fecha 15 de diciembre de 2003 por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Población y Desarrollo, de Estudios Legislativos y de Estudios Legislativos Primera, presentaron el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 26 y 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En la precitada sesión, el Pleno de la H. Cámara de Senadores discutió y aprobó el dictamen en comento.
Con fecha 15 de diciembre de 2003, la H. Cámara de Senadores envió a ésta H. Cámara de Diputados la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 26 y 108 constitucionales.
En sesión celebrada del 18 de diciembre de 2003, la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados, turnó la Minuta a las Comisiones de Puntos Constitucionales y Hacienda y Crédito Público para su estudio y dictamen.
El 12 de mayo del año 2004 en sesión de Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Hacienda y Crédito Público, fue aprobado con modificaciones el dictamen respectivo reformando los artículos 26 y 73, Fracción XXIX-D de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el que se dota de autonomía al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).
En la sesión ordinaria de la H. Cámara de Diputados, del martes 21 de Septiembre de 2004, el dictamen en comento fue agendado en la orden del día, para quedar de primera lectura, y
En la sesión del jueves 23 de Septiembre de 2004, se agendó nuevamente entre los dictámenes a discusión. trámite que fue retirado de la orden del día a petición de los Presidentes de las comisiones de Hacienda y Crédito Público y Puntos Constitucionales. Desde esa fecha el dictamen no ha sido retomado.
Consideraciones
Como ha quedado establecido en el dictamen de referencia aprobado por las Comisiones dictaminadoras, es de interés de esta soberanía dotar de autonomía al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), para que sea un organismo caracterizado por su independencia política y especialización técnica, a fin de que la información estadística y geográfica generada sea imparcial y objetiva.
También es el sentir de la sociedad mexicana que el INEGI se convierta en un organismo plenamente autónomo, ajeno a la competencia del Poder Ejecutivo, por que sólo así se logrará la total imparcialidad de la información estadística, resaltando, que este aspecto es fundamental para cumplir el mandato constitucional del derecho a la información y para lograr un Estado moderno con un amplio desarrollo democrático.
Asimismo, se considera que una sociedad cada vez más compleja y en continuo proceso de transformación, requiere del fortalecimiento de las facultades del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, como unidad central coordinadora del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica para estar en condiciones de brindar a todos los sectores del país -público, privado, social, académico y profesional- información objetiva y confiable como base para la toma de sus decisiones.
Ningún gobierno podrá ser eficiente sino cuenta con información que refleje de manera muy sensible la realidad nacional.
Por lo expuesto y fundado y por haber trascurrido con exceso el término establecido en el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos atentamente pido:
Único.- Se sirva enviar la presente excitativa a las Comisiones de Puntos Constitucionales y Hacienda y Crédito Público, de esta Cámara de Diputados para continuar con el procedimiento legislativo de referencia, y presenten para su discusión y en su caso aprobación el dictamen correspondiente.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de marzo de 2005.
Dip. Carlos Jiménez Macías (rúbrica)
A LA COMISION DE PESCA, A SOLICITUD DEL DIPUTADO ENRIQUE ESCALANTE ARCEO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito en mi calidad diputado federal de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión con fundamento en lo dispuesto en los artículos 21 fracción XV y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo Décimo Quinto de los acuerdos relativos a las Sesiones de la LIX Legislatura de fecha 9 de octubre de 2003, solicite respetuosamente se sirva enviar a la Comisión de Pesca, excitativa para presentar cuanto antes, un dictamen debidamente argumentado y fundado sobre mi propuesta de decreto de la Ley que crea el Fondo Nacional para el Desarrollo Pesquero: PROMAR.
Antecedentes
En sesión celebrada en fecha 23 de noviembre del 2004, por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión fue presentada ante el Pleno, con su exposición de motivos y proyecto de decreto, la Ley que crea el Fondo Nacional para el Desarrollo Pesquero: PROMAR, la cual fue turnada a la Comisión de Pesca el mismo día de su presentación.
Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, y habiéndose trascurrido con exceso el término establecido en el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos atentamente pido:
Único.- se sirva enviar la presente EXCITATIVA a la Comisión de Pesca, de esta H. Cámara de Diputados para continuar con el procedimiento legislativo de referencia, y presenten para su discusión en su caso aprobatorio el dictamen correspondiente.
Palacio Legislativo, a 14 marzo de 2005.
Dip. Enrique Escalante Arceo (Rúbrica)
A LA COMISION DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, A SOLICITUD DEL DIPUTADO JOSÉ MANUEL ABDALA DE LA FUENTE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
En mi carácter de diputado federal a la LIX Legislatura del h. Congreso de la Unión por el primer distrito electoral del estado de Tamaulipas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 87 y 91 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante esta soberanía la siguiente solicitud, para que la Presidencia de esta Mesa Directiva excite a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos presente el dictamen correspondiente a la iniciativa que se menciona en los siguientes
Antecedentes
I.- Con fecha 30 de junio de 2004, el que suscribe diputado José Manuel Abdala de la Fuente, integrante de esta Lix Legislatura, presenté ante la Comisión Permanente de esta Cámara, una iniciativa con proyecto de decreto que adiciona en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 84 del Código Penal Federal.
II.- El Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dictó se turnara a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
III.- El artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos establece que "toda Comisión deberá presentar su dictamen en los negocios de su competencia dentro de los cinco días siguientes de la fecha en que los haya recibido. Todo dictamen deberá contener una parte expositiva de las razones en que se funde y concluir con proposiciones claras y sencillas y que puedan sujetarse a votación", y aun es fecha que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos no ha resuelto la iniciativa mencionada, hecho por el cual no se ha presentado ante este pleno el dictamen correspondiente.
Consideraciones
La iniciativa que motiva la presente solicitud de excitativa, tiene como objetivo proponer los aspectos que a continuación se manifiestan:
La finalidad es agilizar las libertades preparatorias o en su caso mantener informado al interesado del resultado de su trámite, ya que el sistema penitenciario actual, representa un gran costo social y económico en donde se invierte para buscar la readaptación, la capacitación, el adiestramiento para el trabajo, en la educación, buscando que los internos que purgan diferentes sentencias se sientan, en un corto periodo de tiempo dignos, capaces de reparar el daño ocasionado y que se encuentran seguros y convencidos de poder reintegrarse a la sociedad como hombres de bien.
El Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social a nivel federal, realiza con frecuencia brigadas a los distintos centros penitenciarios de la República Mexicana para conocer y agilizar los trámites administrativos de quienes después de haber compurgado las tres quintas partes de alguna sentencia por el delito federal cometido, puedan alcanzar el beneficio marcado por la ley, sin embargo estas resultan en la mayoría de los casos un fracaso, ya que al no informársele a los internos de su situación jurídica en un periodo corto de tiempo (no mayor a 30 días hábiles, que es lo que se pretende con esta iniciativa), pero sobre todo al no aplicar la libertad preparatoria. Esto por lo tanto genera costos y el incremento de la lista de internos con ese beneficio crece considerablemente.
La iniciativa se fundamento con lo que hemos palpado en nuestras visitas a los centros penitenciarios de la República Mexicana y a viva voz de los internos que son acreedores al beneficio de la libertad o de la información.
Por lo anterior, consideramos procedente y solicitamos a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, atentamente se sirva:
Único: En los términos dispuestos por el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excite a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos a fin de que emita el dictamen correspondiente de la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el segundo párrafo de la fracción III del artículo 84 del Código Penal Federal, presentada por un servidor el 30 de junio de 2004.
Palacio Legislativo de San Lázaro a 15 de marzo de 2005.
Dip. José Manuel Abdala de la Fuente (rubrica)
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