Gaceta Parlamentaria, año VIII, número 1703, miércoles 2 de marzo de 2005

Acuerdos

DE LA JUNTA DE COORDINACION POLÍTICA, POR EL QUE SE EXHORTA A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A CREAR UNA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN LA ATENCIÓN DE DELITOS VIOLENTOS CONTRA LAS MUJERES

Secretarios de la Mesa Directiva
Cámara de Diputados
Presentes

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículo décimo cuarto del Acuerdo relativo al Orden del Día de las Sesiones, las Discusiones de los Dictámenes y la Operación del Sistema Electrónico de Votación, hace suya la proposición con punto de acuerdo de obvia y urgente resolución por el que un grupo plural de diputadas exhorta a la Procuraduría General de la República a crear una fiscalía especializada en delitos violentos en contra de las mujeres. Presentado por la diputada Marcela Lagarde y de los Ríos, Presidenta de la Comisión Especial para conocer y dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con los feminicidios en la República Mexicana y a la procuración de justicia vinculada, suscrita por las diputadas Lilia Aragón del Rivero, Marcela Lagarde y de los Ríos, Blanca Gámez Gutiérrez y Angélica Díaz del Campo, cuyo original se anexa al presente.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único: Se solicita al procurador general de la República que, con fundamento en los artículos 102 apartado A de la Constitución federal, 4, 5, 9, 10, fracción V, y 11, fracción I, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, y 7, incisos b, f y g, de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer proceda a la creación de una Fiscalía Especializada en la atención de delitos violentos en contra de las mujeres, que tenga el nivel de subprocuraduría, actúe con plena autonomía técnica, con la responsabilidad de conocer de los delitos violentos en contra de las mujeres que afecten de manera grave y sistemática los derechos humanos o bien, afecten a varias entidades, sean de alto impacto social, exista concurso de delitos federales y locales o esté involucrada la delincuencia organizada.

Palacio Legislativo, a 1 de marzo de 2005.

Dip. Francisco Barrio Terrazas (rúbrica p.a.)
Presidente

Dip. Emilio Chuayffet Chemor (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional

Dip. Pablo Gómez Álvarez (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática

Dip. Manuel Velasco Coello (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México

Dip. Alejandro González Yáñez (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo

Dip. Jesús Martínez Álvarez (rúbrica p.a.)
Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia

Propuesta con punto de acuerdo de obvia y urgente resolución, de un grupo plural de senadoras que la suscriben, en relación con la actuación de la Procuraduría General de la República en materia de delitos violentos en contra de las mujeres, a cargo de la diputada Marcela Lagarde y de los Ríos, del grupo parlamentario del PRD

Señor Presidente, compañeras y compañeros de esta honorable asamblea:

En cumplimiento al punto de acuerdo aprobado el pasado jueves 17 de este mes, celebramos una reunión de trabajo integrantes de las Comisiones Equidad y Género, de Justicia y Derechos Humanos, y de la Comisión Especial para dar seguimiento al avance de las investigaciones en tomo al caso de los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, con el procurador general de la República y miembros de su equipo de trabajo.

Dicha reunión fue un fructífero intercambio de opiniones en relación a las labores que desempeña la Procuraduría Federal en relación con los asesinatos y desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua. Se subrayó la labor que realizó la Fiscalía Especial para la atención de los delitos relacionados con homicidios de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, sus logros y las limitantes técnicas y metodológicas.

Las suscritas, senadoras de diferentes comisiones y partidos políticos, consideramos que de esta reunión de trabajo y de la que se sostuvo el pasado miércoles 16 con la relatora especial de Naciones Unidas sobre la violencia en contra de las mujeres, sus causas y sus consecuencias, se puede concluir que la Procuraduría General de la República, a través de la Fiscalía Especial mencionada, ha cumplido ya con un primer trabajo de organización y análisis de los expedientes relacionados con el feminicidio en el municipio de Juárez, Chihuahua. Es de felicitar a la fiscal especial María López Urbina por la delicada labor realizada hasta este momento.

Consideramos también que en la República Mexicana existen focos de atención por hechos de violencia contra las mujeres que requieren, de manera urgente, una labor coordinada de la federación y las entidades federativas. Una labor que, de hecho, el Estado mexicano se ha comprometido a realizar al momento de suscribir la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

El procurador general de la República mostró cifras de asesinatos de mujeres en todo el país que muestran una inquietante tendencia a la alta. Por diferentes medios hemos tenidos noticias, muchas de ellas confirmadas por estadísticas oficiales, otras por la acción de organismos de la sociedad civil, de situaciones graves en Sonora, Distrito Federal, Quintana Roo, Chiapas, Veracruz, por sólo citar los más impactantes.

Hemos observado que muchos de estos homicidios y desapariciones están relacionados de manera estrecha, al crimen organizado: narcotráfico, trata de mujeres, niños y niñas, tráfico de personas, lavado de dinero, redes de pornografía, proxenetismo y explotación de la prostitución y pornografía infantil. Muchos otros están vinculados a causas culturales y estructurales: violencia familiar, en el trabajo, en las escuelas.

Hemos observado también que la violencia contra las mujeres, en especial cuando alcanza la gravedad del asesinato, desaparición, tortura o violación y mutilación, aunque no sólo en esos casos, es un problema que afecta a varias entidades de la República y tiene un alto impacto social; en ocasiones se trata de hechos relacionados con delitos que perturban la paz social de una entidad o municipio, de una zona o instalación estratégica; en otras ocasiones existe concurso de delitos locales con federales, además de ser un problema alarmante de salud pública.

Por lo expuesto, y con el propósito de avanzar en el cumplimiento de los compromisos que tenemos como Estado parte de la Convención do Belem do Para y de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación en contra de las Mujeres, proponemos el siguiente

Punto de acuerdo de urgente y obvia resolución

Único.- Se solicita al procurador general de la República que, con fundamento en los artículos 102, apartado A, de la Constitución federal, 4, 51 91 10, fracción V, y 11, fracción I, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, y 7, incisos b, f y g, de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia en Contra de las Mujeres, proceda a la creación de una Fiscalía Especializada en la atención de delitos violentos en contra de las mujeres, que tenga el nivel de subprocuraduría, actúe con plena autonomía técnica, con la responsabilidad de conocer de los delitos violentos en contra de las mujeres que afecten de manera grave y sistemática los derechos humanos o bien, afecten a varias entidades, sean de alto impacto social, exista concurso de delitos federales y locales, esté involucrada la delincuencia organizada.

Esta Fiscalía Especializada deberá tener las siguientes facultades:

I. Ejercer las atribuciones que en materia de investigación y persecución de los delitos de su competencia, le confiere al Ministerio Público de la Federación el artículo 4 de la Ley Orgánica;

II. Determinar la incompetencia, la reserva y el no ejercicio de la acción penal. En estos casos deberá notificarse al ofendido de conformidad con las disposiciones aplicables;

III. Presentar los pedimentos de sobreseimiento y las conclusiones que procedan;

IV. Interponer los recursos pertinentes;

V. Intervenir en los juicios de amparo o cualquiera otros procedimientos relacionados con las averiguaciones o procesos respectivos;

VI. Ordenar la detención y, en su caso, la retención de los probables responsables en los términos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

VII. Participar en coordinación con las instancias competentes, en la elaboración y ejecución de los programas federales y locales para la prevención y eliminación de al violencia en contra de las mujeres, y

VIII. Las demás que le confieran otras disposiciones o el procurador.

Su titular deberá tener las siguientes facultades: I. Atender el despacho de los asuntos competencia de la Fiscalía;

II. Determinar la organización y funcionamiento de la Fiscalía y coordinar el desarrollo y cumplimiento de las funciones de las unidades que la integren, vigilando que se observen los ordenamientos legales y demás disposiciones aplicables;

III. Establecer mecanismos de coordinación y de interrelación con otras áreas de la Procuraduría, para el óptimo cumplimiento de las funciones que le corresponden;

IV. Emitir o suscribir los instrumentos jurídicos a que se refiere el artículo 7 de la Ley Orgánica;

V. Fortalecer los mecanismos de cooperación y colaboración con autoridades federales, del Distrito Federal, estatales y municipales, en el ámbito de su competencia, atendiendo a las normas y políticas institucionales;

VI. Nombrar y, en su caso, aprobar la contratación de los servidores públicos de la Fiscalía de conformidad con las disposiciones legales correspondientes;

VII. Expedir los acuerdos, circulares e instructivos necesarios para el debido cumplimiento de las funciones de la Fiscalía, y proponer al procurador los manuales de organización, de procedimientos y de servicios al público en el ámbito de su competencia;

VIII. Recibir en acuerdo ordinario a los responsables de las unidades administrativas que integran la Fiscalía y en acuerdo extraordinario a cualquier otro servidor público, así como para conceder audiencia al público;

IX. Informar al procurador sobre los asuntos encomendados a la Fiscalía, y

X. Informar semestralmente al Consejo del Instituto Nacional de las Mujeres sobre el trabajo realizado, la cantidad y naturaleza de las denuncias recibidas, el estado de las averiguaciones previas iniciadas, de las consignaciones efectuadas, de los procesos y de los amparos, en su caso.

México, DF, a 28 de febrero de 2005.

Diputadas: Marcela Lagarde y de los Ríos, Lilia Aragón del Rivero, Blanca Gámez Gutiérrez, Angélica Díaz del Campo (rúbricas).

(Sin que motive debate en votación económica se aprueba el punto de acuerdo. Comuníquese. Marzo 1 de 2005.)

DE LA JUNTA DE COORDINACION POLÍTICA, PARA EXHORTAR A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y A LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO A REALIZAR LAS ACTUACIONES NECESARIAS PARA PROPORCIONAR PROTECCIÓN PERMANENTE Y EFICAZ A LAS MUJERES QUE TRABAJAN EN EL CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN A LAS MUJERES DE CANCÚN

Secretarios de la Mesa Directiva
Cámara de Diputados
Presentes

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el Artículo Décimo Cuarto del Acuerdo relativo al Orden del Día de las Sesiones, las Discusiones de los Dictámenes y la Operación del Sistema Electrónico de Votación, hace suya la proposición con punto de acuerdo para exhortar, a la Procuraduría General de la República y a la Procuraduría Estatal de Justicia del Estado de Quintana Roo realicen las actuaciones necesarias para proporcionar protección permanente y eficaz a todas las mujeres que trabajan en el Centro Integral de Atención a las Mujeres (CIAM) de Cancún, suscrita por las diputadas Lilia Aragón del Rivero, Marcela Lagarde y de los Ríos, Blanca Gámez Gutiérrez y Angélica Díaz del Campo, cuyo original se anexa al presente.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único: Se exhorta al Procurador General de la República y a la Procuradora General de Justicia del Estado de Quintana Roo a que realicen las actuaciones necesarias para proporcionar protección permanente y eficaz a todas las mujeres que trabajan en el Centro Integral de Atención a las Mujeres (CIAM) de Cancún.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de febrero de 2005.

Dip. Francisco Barrio Terrazas (rúbrica p.a.)
Presidente

Dip. Emilio Chuayffet Chemor (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional

Dip. Pablo Gómez Álvarez (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática

Dip. Manuel Velasco Coello (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México

Dip. Alejandro González Yáñez (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo

Dip. Jesús Martínez Álvarez (rúbrica p.a)
Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia

Proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, para exhortar a la Procuraduría General de la República y a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Quintana Roo a que realicen las actuaciones necesarias para proporcionar protección permanente y eficaz a todas las mujeres que trabajan en el Centro Integral de Atención a las Mujeres (CIAM) de Cancún, a cargo de la diputada Blanca Gámez Gutiérrez, del grupo parlamentario del PAN.

Las diputadas y los diputados, abajo firmantes, de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

La violencia afecta la vida de millones de mujeres en el mundo en todos los estratos socioeconómicos y educacionales1.

La violencia contra las mujeres constituye una violación a los derechos y a las libertades humanas. Es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres. La diferencia entre la violencia contra las mujeres y otras formas de agresión estriba en que, en éste caso, el factor de riesgo o vulnerabilidad es el solo hecho de ser mujer.

México, al ser parte de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Belém Do Para, desde el 12 de noviembre de 19982 se comprometió a actuar con la debida diligencia para prevenir, sancionar y erradicar la violencia cometida contra las mujeres, en términos del artículo 7 de la citada Convención.

No obstante lo anterior, todos los tipos de violencia de que son víctimas las mujeres, sobre todo la cometida en los hogares, se sigue tratando cómo un tema tabú. Nadie habla de ella, nadie reconoce haberla presenciado, nadie hace nada para evitarla y, el Estado, no asume como parte de sus obligaciones, investigarla y sancionarla.

La situación para cientos de miles de mujeres que en México son golpeadas todos los días es francamente vergonzante ni este Gobierno, ni los anteriores, se han ocupado suficientemente del problema. Por ello, la propia sociedad civil y fundamentalmente mujeres ayudando a mujeres, son quienes han tenido que hacerse cargo de proteger a las mujeres violentadas mediante el establecimiento de Centros de Refugio temporales y secretos, agrupados en la Red Nacional de Refugios AC.

Las mujeres que impulsan la creación y mantenimiento de los refugios ponen cotidianamente en riesgo sus vidas, debido a la saña y persecución de los hombres violentos y golpeadores.

Desde hace 18 años, la periodista Lydia Cacho Ribero se ha dedicado a la defensa de los derechos de las mujeres y recientemente se desempeña como presidenta del Centro Integral de Atención a la Mujer (CIAM) en Cancún, Quintana Roo, que ha dado protección a víctimas de violación y maltrato. El centro brinda directamente asistencia jurídica, médica y protección especializada de refugio a las mujeres con sus hijos e hijas amenazados cuyas vidas corren peligro.

Por su labor, la señora Lydia Cacho y su equipo han sido constantemente objeto de amenazas y hostigamiento por parte de los agresores de las mujeres y niñas a quienes ayuda.

Por este trabajo, en noviembre pasado comenzó a ser hostigada y a recibir amenazas de muerte, específicamente por apoyar la denuncia contra una banda internacional de corrupción de menores y pornografía infantil, encabezada por el empresario libanés nacionalizado mexicano, Jean Succar Kuri, situación que ha sido denunciada en múltiples ocasiones ante la policia municipal, estatal y federal, autoridades ante quienes también han solicitado protección. Sin embargo, los miembros del CIAM Cancún siguen sin protección policíaca.

Tampoco han tenido eco las peticiones de la Organización Mundial contra la Tortura y del Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos, que han enviado cartas al gobierno mexicano solicitando su urgente intervención para proteger la integridad de la señora Lydia Cacho y al resto del equipo del centro. Esta denuncia fue ratificada ante la Relatora de Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer, sus consecuencias y sus causas, Yakin Ertük, el pasado 23 de febrero en la reunión que sostuvo con representantes de las Cámaras de Senadores y Diputados.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a su consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo de obvia y urgente resolución

Único. Se exhorta al Procurador General de la República, General Macedo de la Concha, y a la Procuradora General de Justicia del Estado de Quintana Roo, licenciada Celia Pérez Gordillo, realicen las actuaciones necesarias para proporcionar protección permanente y eficaz a todas las mujeres que trabajan en el Centro Integral de Atención a las Mujeres (CIAM) de Cancún.

Notas:
1 Ver Women and violence (visitada agosto 17, 2004), http//www.un.org/rights/dpi1772e.htm (la traducción es nuestra)
2 Fecha del depósito de la ratificación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de febrero de 2005.

Diputadas: Blanca Gámez Gutiérrez, Marcela Lagarde y de los Ríos, Lilia Aragón del Rivero, Angélica Díaz del Campo (rúbricas).

(Sin que motive debate en votación económica se aprueba el punto de acuerdo. Comuníquese. Marzo 1 de 2005.)

DE LA JUNTA DE COORDINACION POLÍTICA, PARA EXHORTAR A TODOS LOS CONGRESOS LOCALES A SUMARSE A LA CAMPAÑA NACIONAL DE APOYO A LOS REFUGIOS DE MUJERES "POR LA SEGURIDAD DE LAS MUJERES, DEFENDAMOS LOS REFUGIOS"

Secretarios de la Mesa Directiva
Cámara de Diputados
Presentes

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el Artículo Décimo Cuarto del Acuerdo relativo al Orden del Día de las Sesiones, las Discusiones de los Dictámenes y la Operación del Sistema Electrónico de Votación, hace suya la proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para exhortar a todos los Congresos locales a que se sumen a la campaña nacional de apoyo a los refugios de mujeres: "Por la seguridad de las mujeres, defendamos los refugios", suscrita por las diputadas Lilia Aragón del Rivero, Marcela Lagarde y de los Ríos, Blanca Gámez Gutiérrez y Angélica Díaz del Campo, cuyo original se anexa al presente.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único: Se exhorta a los Congresos estatales a que se sumen a la campaña nacional de apoyo a los refugios de mujeres: "Por la seguridad de las mujeres, defendamos los refugios",

Dip. Francisco Barrio Terrazas (rúbrica p.a.)
Presidente

Dip. Emilio Chuayffet Chemor (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional

Dip. Pablo Gómez Álvarez (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática

Dip. Manuel Velasco Coello (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México

Dip. Alejandro González Yáñez (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo

Dip. Jesús Martínez Álvarez (rúbrica p.a)
Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia

Con punto de acuerdo, de urgente,y obvia resolución para exhortar a todos los congresos locales a que se sumen a la Campaña Nacional de apoyo a los refugios de mujeres: "Por la seguridad de las mujeres, defendamos los refugios", a cargo de la diputada Lila Aragón del Rivero del grupo parlamentario del PRI

Las diputadas y los diputados abajo firmantes de la LIX legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los articulos, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución al tenor de las siguientes

Consideraciones

La violencia contra las mujeres es una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas ha señalado que la violencia basada en género va dirigida contra las mujeres por el hecho de ser mujeres, y que esta violencia incluye amenazas, coacción y privación de la libertad que ocasionan daños o sufrimientos de índole física, mental o sexual a las mujeres.1

Gracias a las actividades de las organizaciones de mujeres y a las campañas nacionales de concientización que éstas han promovido, el problerna está más, presente en la opinión pública.

La preocupación por erradicar la violencia contra las mujeres y el feminicidio ha sido una constante a lo largo y ancho del país. Ahora coincidimos en esta H. Cámara de Diputados mujeres -del mundo artístico, académico, y de la comunicación, pertenecientes a distintos movimientos sociales y políticos- que durante años hemos trabajado para que esta sociedad sea más justa.

México es parte de la Convención Belém do Para, instrumento que le obliga a prevenir y a erradicar la violencia contra las mujeres y, a pesar de los avances en el ámbito público organizaciones de la sociedad civil se ha hecho cargo de enfrentar el desafío cotidiano que implica la violencia: mujeres ayudando a mujeres mediante el establecimiento de refugios temporales y secretos, agrupadas en la Red Nacional de Refugios AC.

En años recientes, se han establecido 33 centros de refugio temporales y secretos en varios estados, entre ellos Nuevo León, Quintana Roo, Querétaro, San Luis Potosí, Aguascalientes, Coahuila, Puebla, Baja California, Michoacán y el Distrito Federal. Es menester señalar que las impulsoras de estos refugios ponen en riesgo su propia vida debido a que están sujetas a actos de intimidación y agresiones directas por parte de los golpeadores.

Por lo anterior, el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) puso su atención sobre la seguridad de los defensores y las defensoras de los derechos humanos de las mujeres en México. Lo anterior, gracias a la valiente denuncia de las agresiones y persecución de que han sido objeto la señora Lydia Cacho Ribero, Presidenta del Centro de Crisis para Víctimas - Centro Integral de Atención a las Mujeres (CIAM) en Cancún, estado de Quintana Roo y el equipo que trabaja en el mismo.

Por su parte, la Red Nacional de Refugios, a través de su Presidenta, licenciada Alicia Leal Puerta, seriamente preocupada por el hostigamiento y persecución que sufren otras representantes de Centros de Refugio del país, ha gestionado ante la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública Federal, medidas oportunas para garantizar su seguridad e integridad física y psicológica, otorgándoles la protección necesaria para el ejercicio de su trabajo y para la seguridad de las mujeres, los niños y las niñas que se encuentran bajo la protección de los Centros de Refugio que conforman la Renarac.

Por lo anterior y porque la violencia contra las mujeres es un problema de salud y seguridad pública que afecta el desarrollo social del país, que las diputadas y los diputados que suscribimos este punto de acuerdo consideramos prioritario incluir en la agenda legislativa federal y estatal, la erradicación de la violencia contra las mujeres. Por ello, impulsamos una campaña de cooperación y la coordinación con los Congresos locales para apoyar a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en este ámbito, fomentar las medidas preventivas y mejorar la protección que se ofrece a las víctimas, titulada: "Por la seguridad de las mujeres, defendamos los refugios".

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a su consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo de obvia y urgente resolución

Único. Se exhorta a los Congresos Estatales a que se sumen a la campaña nacional de apoyo a los refugios, de mujeres: "Por la seguridad de las mujeres, defendamos los refugios"

Nota:
1 Cfr. Recomendación General 19, adoptada por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en su 11° periodo de sesiones, 1992, U.N. Doc. HRI\GEN\Rev.1, párr. 6.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de febrero de 2005

Diputadas: Blanca Gámez Gutiérrez, Marcela Lagarde y de los Ríos, Lilia Aragón del Rivero, Angélica Díaz del Campo (rúbricas).

(Sin que motive debate en votación económica se aprueba el punto de acuerdo. Comuníquese. Marzo 1 de 2005.)

DE LA JUNTA DE COORDINACION POLÍTICA, PARA LA REALIZACIÓN DEL FORO AUTORIDADES, DEMOCRACIA Y PARTIDOS POLÍTICOS

La Junta de Coordinación Política de la H. Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, numeral 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de los siguientes:

Considerandos

Primero.- Que en términos del artículo 34, numeral 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Junta de Coordinación Políticatiene como atribución proponer a la consideración del Pleno proyectos de punto de acuerdo.

Segundo.- Que uno de los temas fundamentales de la vida democrática de nuestro país lo constituye la conformación, desenvolvimiento y quehacer continuo de los partidos políticos, de manera tal, que resulta importante la cimentación de una legislación clara y objetiva respecto a las reglas que deben regir a los mismos en la integración de sus estatutos y reglamentación de su vida interna.

Tercero.- Que es función de esta H. Cámara de Diputados conformar foros de diálogo y discusión para el enriquecimiento de nuestra vida democrática y la elaboración de leyes.

En este sentido uno de los temas prioritarios de la transición política mexicana lo constituye el avance de la cultura democrática, para lo cual son necesarios el conocimiento y la práctica de los principios que la sustentan por lo que la conformación de espacios de discusión y diálogo respecto a la regulación de la vida interna de los partidos políticos es un tema que implica la colaboración de todas las fuerzas políticas, así como de las instituciones que son base de la estructura democrática del país.

Cuarto.- Que la Junta de Coordinación Política, como expresión máxima de pluralidad, considera necesario el análisis de este tema, a fin de conformar un trabajo legislativo que coloque a nuestro país a la vanguardia en el tema de legislación electoral y política.

Es por todo lo anterior que esta Junta, con fundamento en las facultades que le otorga el artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

Acuerdo

Primero.- La Junta de Coordinación Política acuerda la realización del foro Autoridades, democracia y partidos políticos.

Segundo.- Dicho foro deberá realizarse el día 11 de marzo del presente en el Salón Verde de la Cámara de Diputados, con la participación de los grupos parlamentarios que la integran.

Tercero.- Se instruye a la Secretaría General de la Cámara de Diputados para otorgar los apoyos logísticos necesarios para la realización del evento.

Dip. Francisco Barrio Terrazas (rúbrica p.a.)
Presidente Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional

Dip. Emilio Chuayffet Chemor (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional

Dip. Pablo Gómez Álvarez
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática

Dip. Manuel Velasco Coello (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México

Dip. Alejandro González Yáñez (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo

Dip. Jesús Martínez Álvarez (rúbrica p.a. del diputado Jesús González Schmal)
Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia

(Sin que motive debate en votación económica se aprueba el punto de acuerdo. Comuníquese. Marzo 1 de 2005.)

Comunicaciones

DE LA COMISION INVESTIGADORA DEL DAÑO ECOLÓGICO Y SOCIAL GENERADO POR PEMEX, CON EL QUE REMITE INFORME CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLÓ EN LOS FOROS DE CONSULTA CELEBRADOS EN EL ESTADO DE CAMPECHE

Introducción

Como parte de los objetivos que nos propusimos desde la instalación de la Comisión Investigadora del Daño Social y Ecológico Generado por Pemex, planteamos la necesidad de desarrollar foros y mesas de trabajos para la recepción de la información que nos permita escuchar a los sectores que han sido afectados por la actividad petrolera y atender los problemas que nos fueran planteados.

Fue de ésta manera que durante los días 19, 20 y 21 de julio de 2004, los integrantes de esta Comisión, de manera conjunta con la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, asistimos a una gira de trabajo por el estado de Campeche, que nos permitieron intercambiar experiencias y propuestas con los representantes de la sociedad campechana.

Durante este periodo se realizaron reuniones de trabajo con los secretarios del gobierno del estado, con los integrantes del Congreso del estado, con los representantes de sectores productivos, partidos políticos, organizaciones no gubernamentales, comerciantes, empresarios, pescadores, entre otros.

En cada una de las reuniones se desarrolló una presentación de los integrantes de la Comisión que asistieron a esta visita, ante los invitados y participantes, se dio a conocer los objetivos y programas de trabajo con el fin de iniciar los diálogos que tiendan puestas de comunicación y entendimiento para explicar la función de la misma.

De la misma manera, durante nuestra estancia en la entidad campechana, visitamos el área de plataformas de la sonda de Campeche, de donde se extrae más del 80 por ciento de la producción nacional de crudo, siendo los yacimientos más importantes del país.

El presente informe pretende presentar de manera clara, las propuestas, experiencias y comentarios que los integrantes de esta Comisión, recibimos en nuestra visita a Campeche, así como las acciones que se emprendieron para dar respuesta a la población y los sectores que han sido afectados.

Cabe destacar que de los problemas a los que mayor referencia hicieron los participantes de estas reuniones, fue la carencia de programas de reordenamiento ecológico y la restitución de los daños generados por la paraestatal en la sonda de Campeche.

Como resultado de los planteamientos escuchados en las reuniones sostenidas, la Comisión Investigadora del Daño Social y Ecológico Generado por Pemex, inició la realización de entrevistas y reuniones de trabajo con las autoridades involucradas en la solución de cada uno de ellos; se han desarrollado reuniones de trabajo con las autoridades estatales y del ámbito federal, que al igual pueden ayudar en la solución de estos problemas.

Diputados participantes

Dip. Carmen Guadalupe Fonz Sáenz
Presidenta

Dip. Carla Rochín Nieto
Secretaria

Dip. Yadira Serrano Crespo
Secretaria

Dip. Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán
Secretaria

Dip. Abraham Bagdadi Estrella
Dip. Gonzalo Guízar Valladares
Dip. Francisco Javier Lara Arano
Dip. Yolanda Valladares Valle
Dip. Oscar Rodríguez Cabrera
Dip. Carlos Manuel Rovirosa Ramírez
Dip. Francisco Herrera León
Dip. Víctor Alcerreca Sánchez.

Programa de actividades

Con la finalidad de atender las problemáticas que enfrentan diversos sectores de la sociedad del estado de Campeche, ante las actividades realizadas por Petróleos Mexicanos (Pemex), este fue el programa desarrollado durante los días 19, 20, y 21 de julio de 2004.

Lunes 19 de julio

8:30 horas
Desayuno de bienvenida
Salón Bajeles, Hotel Baluartes

Asistentes:
CP. Jorge Carlos Hurtado Valdez, gobernador del estado de Campeche.
Lic. Carlos Felipe Ortega Rubio, secretario de Gobierno.
Dip. Carlos Oznerol Pacheco Castro, Presidente de la Gran Comisión del Congreso del estado.
Lic. José Ángel Paredes Echevarria, Presidente del Tribunal Superior de Justicia en el estado.
Arq. José Luis González Curi, secretario de Turismo del estado.
Lic. Jorge Luis González Curi, coordinador general de Asesores del gobernador.
Lic. Femando Ortega Bernes, presidente municipal de Campeche.

Objetivo:

Reunión interinstitucional para escuchar, atender y proponer soluciones a la problemática generada por el impacto ambiental y social de la presencia de Pemex en la entidad.

10:30 horas
Reunión Interinstitucional
Salón Gobernadores, Palacio de Gobierno

Asistentes:
Lic. Carlos Felipe Ortega Rubio, secretario de Gobierno.
Dip. Carlos Oznerol Pacheco Castro, presidente de la Gran Comisión del Congreso del estado.
Lic. José Ángel Paredes Echevarria, presidente del Tribunal Superior de Justicia en el estado.
Ing. Jorge Rosiñol Abreu, presidente municipal del Carmen.
Lic. Jorge Luis González Curi, coordinador general de Asesores del gobernador.
Ing. Ramón Ochoa Peña, secretario de Pesca del estado.
Lic. Manuel Angulo Romero, secretario de Ecología del estado.
Lic. Edilberto Rosado Méndez, secretario de Desarrollo Social del estado.
CP. Víctor Santiago Pérez Aguilar, secretario de Finanzas del Gobierno del estado.
Dr. Alvaro Arceo Ortiz, secretario de Salud del Gobierno del estado.
Lic. Carlos Marrero Solá, coordinador de la Unidad de Asesoría Jurídica del Gobierno del estado.
CP. Enna Alicia Sandoval Castellanos, rectora de la Universidad Autónoma de Campeche.
CP. Nicolás Novelo Noble, rector de la Universidad Autónoma del Carmen.
Ing. Héctor Leyva Torres, subdirector de Pemex Región Marina Suroeste.
Ing. Javier Hinojosa Puebla, Subdiredor de Pemex Región Marina

Noroeste.
Ing. Ricardo Palomo Martínez, subdirector de la Región Marina Sureste.
Ing. Mario Abreu Barroso, gerente regional Industrial y Protección Ambiental Región Marina Suroeste.
Ing. Héctor Gervacci González, coordinador de Desarrollo Regional y Comunicación Región Marina Noroeste.
Ing. Rodolfo Maya Sánchez, gerente de Seguridad Industrial y Protección Ambiental de la Región Marina Noroeste.
Ing. Gerardo Sosa Alonzo, Unidad de Seguridad Industrial y Protección Ambiental de la Subdirección de Servicios Marinos.
Vicealmirante C.G.D.E.M. Jerómino Bringas Murrieta, comandante de la Tercera Zona Naval en Lerma.
Vicealmirante C.G.D.E.M. Carlos Servando Ponce de León Colubi, comandante de la Quinta Zona Naval en Carmen.

Objetivo:
Reunión de evaluación del impacto social y ambiental generado por Pemex, en base a una temática de preguntas y respuestas.

12:00 horas.
Reunión interparlamentaria de trabajo.
Sala de Juntas del H. Congreso del estado de Campeche.

Asistentes:
Dip. Carlos Oznerol Pacheco Castro, presidente de la Gran Comisión del Congreso del estado.
Diputados locales de las diferentes fracciones parlamentarias.

Objetivo:
Escuchar los planteamientos de los legisladores locales y las propuestas de solución en materia legislativas de las problemáticas que enfrenta la entidad ante los impactos social y ambiental generados por Pemex.

14:00 horas.
Comida y reunión de trabajo con los Consejos Coordinadores Empresariales de Campeche y de Ciudad del Carmen.
Salón Ah Kim Pech, Hotel del Mar.

Participantes:
Lic. Alejandro Azar Pérez, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Campeche.
C. Giacomina Merino Capellini, presidenta del Consejo Coordinador Empresarial de Carmen.
C. Enrique Acevedo Caamal.
Lic. Mariela Rodríguez Muñoz, presidenta de la Canacintra, Ciudad del Carmen.
Integrantes de los Consejos Coordinadores Empresariales de Campeche y Ciudad del Carmen.
Lic. José Luis Rebolledo Pereda, en representación del LAE. Antonio Richard Pinto, secretario de Fomento Industrial y Comercial del estado.

Objetivo:
Escuchar los planteamientos y propuestas del sector empresarial campechano, sobre los impactos social y ecológico que resienten, así como las propuestas de solución a los mismos.

16:00 horas
Reunión de trabajo con los representantes del sector pesquero de altura del estado de Campeche.
Sala de Juntas del Consejo Coordinador Empresarial de Campeche.

Participantes:
Ing. Ramón Ochoa Perla, secretario de Pesca del Gobierno del estado.
Ing. Jorge Márquez Zapata, presidente de la Canaipesca de Campeche.
Lic. Miguel Roldán, presidente de la Canaipesca de Ciudad del Carmen.
Miembros de las Cámaras Nacionales de la Industria Pesquera y Acuacultura de Campeche y Ciudad del Carmen.

Objetivo:
Escuchar los planteamientos de la problemática que atraviesa el sector pesquero de altura en Campeche, por la presencia de Pemex en las áreas de pesca, las restricciones que se han registrado y las propuestas de solución a cada uno de ellos.

18:30
Reunión de trabajo con organismos no gubernamentales e institutos de investigación de la entidad.
Instalaciones del Consejo Coordinador Empresarial de Campeche.

Participantes:
Dr. Manuel Angulo Romero, secretario de Ecología del Gobierno del estado.
Representantes de las organizaciones no gubernamentales de Campeche.
Representantes de los institutos de investigación de Campeche.

Objetivos:
Conocer los resultados de las investigaciones realizadas en materia de impacto ambiental generado por Pemex en la región, escuchar las preocupaciones de los ambientalistas por la presencia de la paraestatal y recoger los planteamientos de las problemáticas que se presentan y sus posibles soluciones.

20:00 horas.
Reunión de trabajo con el sector pesquero ribereño de Campeche.
Salón Ah Kim Pech, Hotel del Mar.

Participantes:
Ing. Ramón Ochoa Peña, secretario de Pesca del Gobierno del estado.
Representantes del sector pesquero ribereño de Campeche.

Objetivos:
Escuchar las preocupaciones de los pescadores por la presencia de la paraestatal y recoger los planteamientos de las problemáticas que se presentan y sus posibles soluciones.

Martes 20 de julio

9:00 horas.
Visita y recorrido por las plataformas de Pemex en la sonda de Campeche.
Complejo Cantarell

Participantes:
Representantes de Pemex.

Objetivos:
Visitar las plataformas marinas de Pemex a fin de conocer los procedimientos y normas aplicadas para los procesos de extracción y producción, así como los programas generales de perforación y producción, los programas de seguridad industrial que se desarrollan en estas instalaciones.

20:30 horas.
Reunión interinstitucional con funcionarios municipales del Ciudad del Carmen.
Hotel Fiesta Inn.

Participantes:
Ing. Jorge Rosiñol Abreu, presidente municipal del Carmen.
Integrantes del Cabildo municipal.
Funcionarios del Ayuntamiento del Carmen.
Funcionarios de Pemex.
Funcionarios del Gobierno del estado de Campeche.
Representantes de organizaciones no gubernamentales.
Representantes de cámaras, clubes de servicios, sectores, etcétera.

Objetivos:
Reunión interinstitucional para escuchar, atender y proponer soluciones a la problemática generada por el impacto ambiental y social de la presencia de Pemex en la entidad.

Miércoles 21 de julio

10:30 horas.
Reunión de trabajo con el sector pesquero ribereño de Ciudad del Carmen.
Casino Naval de Carmen.

Participantes:
Ing. Ramón Ochoa Peña, secretario de Pesca del Gobierno del estado.
Representantes del sector pesquero ribereño de Campeche.

Objetivos:
Escuchar las preocupaciones de los pescadores por la presencia de la paraestatal y recoger los planteamientos de las problemáticas que se presentan y sus posibles soluciones.

Problemática

En el estado de Campeche, se encuentran los yacimientos de petróleo más importantes de América Latina, del cual se extraen el 80 por ciento de la producción nacional de crudo, generando ingresos que sirven de pilar a la economía del país.

Petróleos Mexicanos (Pemex) tiene como instalada en Ciudad del Carmen, punto mas cercano de las 166 plataformas marinas ubicada en la sonda de Campeche, las oficinas de las Subdirecciones de la Regiones Marinas Noroeste y Suroeste, además de dos secciones del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM).

En 1970 al iniciarse las actividades de producción de crudo en la sonda de Campeche, a la entidad no se le consideró como entidad petrolera, dado que los trabajos se desarrollaban en el mar y no en tierra como sucede en otras entidades, por lo que al aportar solo una mínima parte de la producción nacional de crudo, el reclamo de los campechanos no fue escuchado por la Federación.

Sin embargo, para 1980 al entrar en vigor la Ley de Coordinación Fiscal, Campeche no fue considerado por este concepto, lo que hace que pese a ser la entidad de donde se extrae el 84 por ciento de la producción nacional de hidrocarburos, otras localidades con menor porcentaje obtengan mayores recursos que este estado.

En el marco de la Convención Nacional Hacendaria, efectuada durante el 2004, gobernadores de estados, Congresos locales, diputados federales, senadores y sociedad mexicana, apoyaron las propuestas de Campeche, para que recibiera mayores recursos por concepto de su aportación de hidrocarburos a la nación, sin embargo, en este acuerdo y llamado no ha sido escuchada hasta el momento.

Desde 1970, año en el que se inician los trabajos en la sonda de Campeche en su calidad de exploración, a la fecha Ciudad del Carmen ha tenido un incremento importante en su índice poblacional, provocado por una alta migración de personas provenientes de la entidades como Tabasco, Veracruz y Tamaulipas, principalmente, quienes llegan en busca de oportunidades en la actividad petrolera.

Esta alta migración ha provocado una población flotante donde en 1991 se dio a conocer que en Ciudad del Carmen obtiene el 25 por ciento de la población campechana la densidad de población es de 656 habitantes por kilómetro cuadrado; el área urbana y conurbana de la ciudad cubre alrededor de 25 por ciento de la isla y sólo existe 15 por ciento mas de superficie habitable ya que el restante 60 por ciento corresponde a pantanos y manglares.

Esto determina que la densidad real de población sea de mil 500 habitantes por kilómetro cuadrado, dicho valor es 40 veces mayor que el índice nacional y 150 veces que el estándar estatal y poco menos de un tercio de lo reportado para el Distrito Federal según datos de INEGI.

Este indicador demográfico tiene un gran peso en las posibles explicaciones de los desequilibrios socioeconómicos y ambientales que la actividad petrolera ha generado en Campeche.

El asentamiento de una mayor población, ha generado un crecimiento desmedido de la localidad, a través de una serie de invasiones de terrenos y predios, ante la falta de espacios adecuados para ello, lo que ha llevado incluso, a que familias busquen fincar sus hogares en zonas de manglar, con lo que además de manifestar un daño al medio ambiente, impactando esta especie en peligro de extinción.

Aunado a este problema de crecimiento poblacional desmedido, se han venido presentando otros más como la inseguridad, encarecimiento de los artículos de canasta básica por encima de otras localidades de la entidad, prostitución y alto índice de desempleo.

La falta de oportunidades de los lugareños para incursionar en la actividad petrolera, donde se les brinda empleos de baja categoría en base a sus niveles escalafonarios, ha llevado a diversas instituciones educativas a desarrollar carreras con vínculos a la actividad petrolera, sin embargo, las oportunidades de ingreso son escasas.

Pesca

Las áreas de pesca, localizadas en los sitios que actualmente ocupan las zonas restringidas por la actividad petrolera en la sonda de Campeche, alcanzaron sus niveles record en 1978, manteniéndose en un promedio de 17 mil toneladas hasta 1980.

Estos volúmenes de producción en la industria camaronera, se concretaban con una flota de 650 embarcaciones, que permitían la actividad en 19 plantas procesadoras, además de 20 varaderos, 15 astilleros y empleos directos que sumaban 17 mil, que los con generados de manera indirecta, convertían a la pesca en la actividad sustento de la economía de los campechanos.

Según un estudio publicado en 1997 por Epomex de Análisis y Diagnóstico de los Recursos Pesqueros, el potencial de pesca de camarón era en los 31 mil kilómetros del área de la sonda de Campeche y se estima de 20 mil a 30 mil toneladas de diferentes especies.

La actividad petrolera se ha reducido dramáticamente, ya que se calcula que solo en el 2003, se produjeron 2 mil toneladas de camarón blanco. Actualmente la flota pesquera de altura se estima en 167 embarcaciones.

Cabe destacar que la actividad pesquera fue primera a la presencia de Petróleos Mexicanos en Campeche, la cual con sus plataformas, restringió de manera considerable el área de pesca del camarón.

La tecnología utilizada por Pemex para la extracción de los hidrocarburos, no permite la convivencia armónica de esta actividad y la pesquera, como sucede en el Mar del Norte y las costas del Golfo de México en Estados Unidos, con el desarrollo paralelo de las dos actividades.

Medio Ambiente

Un grave problema en materia ambiental generado por Pemex, fue la explosión de pozo Ixtoc, ubicado en la sonda de Campeche y que se salió de control, con el derrame de millones de galones de petróleo en todo el Golfo de México. Este accidente es considerado como el impacto petrolero más grande de todos los tiempos en el mundo, solamente comparado con los sucesos de la Guerra del Golfo Pérsico en 1991.

Según datos de la Administración Ecológica y Atmosférica de los Estados Unidos de Norteamérica, este acontecimiento ha causado la muerte del sistema ecológico de la mayor parte del Golfo de México y sobre todo en especial de la sonda de Campeche.

Las actividades petroleras costa afuera son eventuales fuentes de contaminación de aguas en su modalidad química, en dos variantes: la contaminación por hidrocarburos y contaminación por metales pesados.

Ambas variantes se consideran ambientalmente riesgosas y en particular la correspondiente a metales pesados, en virtud de la persistencia que estos elementos poseen como la acumulación en los organismos vivos.

Diversos estudios documentan de manera fehaciente la presencia de hidrocarburos de origen petrogénico y metales pesados.

En materia de contaminación de suelos, se registran impactos tan antiguos como el de 1985, cuando un fenómeno hidrometeorológico causó la ruptura de una obra de contención y provocó la entrada de agua salina hacia la parte continental a través del canal construido para el gaseoducto, en el ejido de Atasta que causó el ensalamiento de 120 hectáreas agrícolas y de 8 mil 81 hectáreas de pastizales dedicados a la ganadería.

La Evaluación de Riesgo Ecológico e Impacto de las Operaciones industriales, formulado en marzo del 2002 por el Instituto Mexicano del Petróleo, la Universidad Autónoma de México y la Universidad Autónoma Metropolitana, se afirma que la estación compresora de gas de Atasta, causa contaminación del suelo por la descarga de agua de formación a la fosa de quemado, el agua se filtra y mezcla con el agua del acuífero subterráneo. El análisis hecho al agua, indica la presencia de valores altos de hidrocarburos como petróleo y sólidos disueltos.

La contaminación de aire por emisiones a la atmósfera es un fenómeno poco estudiado en Campeche, por lo que el Instituto Mexicano del Petróleo reconoce la necesidad de instalar una red de monitoreo y la calidad del aire en las plataformas.

El impacto ambiental de los derrames de hidrocarburos de las zonas de manglar y humedales de la entidad, pueden llegar a comprometer el delicado equilibrio de este ecosistema.

Información de Pemex

Según la información proporcionada por Petróleos Mexicanos, en la sonda de Campeche se cuenta con 166 plataformas, en una superficie de 2 mil 900 kilómetros.

Es esta zona la más importante del país, porque produce el 84 por ciento que generado Pemex en todo el país y el 34 por ciento del gas.

De Ciudad del Carmen hacia el área de plataformas hay una distancia aproximada de 80 a 85 kilómetros.

El componente en la Población Económicamente Activa relacionada con la actividad alcanza el 8 por ciento del total.

En esta zona existe la denominada Chapopotera de Cantarell, que es una fractura de más de 4 kilómetros de ancho.

Se cuenta con dos indicadores de calidad de aire, uno de ellos ubicado en la terminal de Dos Bocas.

Las entidades que tiene Pemex Exploración y Producción en México y en particular en la sonda de Campeche, están reguladas, existe un autoridad o autoridades que las vigilan y ellas tienen la capacidad y los controles para en su caso, sancionarlos o suspender actividades, todo lo que permite la legislación mexicana.

El monitoreo ambiental es el instrumento que permite poner a disposición de quien sea, los resultados para ver si existe o no daño alguno y es la herramienta con la cual se puede hacer una toma de decisiones.

Solicitudes recibidas

En respuesta al apoyo recibido por los representantes de los Congresos locales de Tabasco, Chiapas, Veracruz, Tamaulipas y Campeche, se solicita promover las acciones y reformas que permitan que la Federación, reconozca la importante aportación de la entidad en materia de hidrocarburos, retribuyéndole más recursos.

Que no se permitan más exploraciones de Petróleos Mexicanos con resonancia magnética o impactos tridimensionales, hasta que no se determine si realmente existe un daño al medio ambiente.

Que se hagan investigaciones científicas de alto nivel, para comprobar que sí se esta haciendo daño y que no se le siga permitiendo a Pemex este tipo de exploraciones.

Que se difunda ampliamente entre la sociedad la existencia de esta Comisión y los mecanismos para hacerle llegar las denuncias de impactos en los estados con presencia de Pemex.

Integrar un paquete de denuncias sobre daños ocasionados a las entidades federativas y determinar los montos de éstos.

El comercio organizado de Campeche solicita oportunidades para convertirse en proveedores de los insumos que requiere la paraestatal.

Reclaman que de 470 empresas que le laboran a Pemex en la entidad, el 95 por ciento son foráneas.

Ante la importancia del tema, las organizaciones no gubernamentales de Campeche solicitan que la Comisión Investigadora del Daño Social y Ecológico Generado por Pemex, no sea sólo por un periodo determinado sino permanente.

Que se hagan reuniones con las autoridades y con las propias comunidades que se encuentran afectadas.

La reactivación del Consejo Consultivo del Área Natural Protegida "Laguna de Términos".

El desarrollo de una investigación seria sobre el impacto que ha tenido la actividad petrolera en las comunidades de tortuga marina.

Que la Profepa sea un órgano con mayor independencia, que pueda pertenecer al Poder Judicial de la Federación y no al Poder Ejecutivo, porque se convierte en juez y parte.

Apoyo como subsidio a la gasolina de los pescadores ribereños.

Promover la presencia de técnicos en camaricultura en Campeche, que apoye a los pescadores en la elaboración y producción de esta especie.

Impulso a programas de creación de arrecifes artificiales.

Promover una mayor vigilancia en la Sonda de Campeche y Laguna de Términos, para prevenir y controlar la pesca furtiva.

Impulsar propuesta para la obtención de recursos que permitan desarrollar el dragado del canal de acceso al puerto "Isla del Carmen".

Apoyar la implementación de mecanismos legales que permitan la canalización de recursos a las autoridades por concepto de extracción de hidrocarburos.

Realizar gestiones para que Pemex aporte recursos para dotar al municipio del Carmen, el más impactado de la entidad por la presencia de la paraestatal, de agua potable.

Promover una reunión con la participación de Petróleos Mexicanos, Sagarpa, Conapesca, Hacienda y autoridades locales, además de pescadores.

Creación de un fideicomiso para el pago de indemnizaciones al sector pesquero de altura y ribereño por las afectaciones recibidas ante la presencia de Pemex.

El otorgamiento de permisos de pesca de mediana altura a los pescadores ribereños.

Que se capacite a los pescadores de ribera y créditos para la adquisición de embarcaciones para la pesca de mediana altura.

Conclusiones

La presencia de Petróleos Mexicanos en la entidad campechana y en especial en Ciudad del Carmen, ha traído consigo una serie de problemas sociales y ambientales que no han sido atendidos de manera puntual.

La actividad petrolera en Campeche, ha generado impactos al ambiente que pueden resumirse en contaminación de aguas, contaminación de suelos, contaminación de aire y alteraciones al paisaje.

Por ello, urge instalar una red de monitoreo y la calidad del aire en las plataformas, para contribuir a un mejor conocimiento de la situación y la definición precisa de las acciones a desarrollar.

De la misma manera, se propone buscar los mecanismos legales y de gestión, para que el Gobierno de la entidad, reciba mayores recursos por su aportación en la producción nacional de crudo y con ello poder dar respuesta a las demandas de la población, no solo local sino flotante en materia de servicios como agua potable, electricidad, pavimentación, seguridad, etcétera.

Es de justicia reconocer que en la actualidad, los mecanismos de seguridad industrial y ambiental que utiliza la paraestatal en sus actividades en el mar, se han mejorado de manera sustancial, sin embargo, es necesario buscar los mecanismos que permitan una convivencia entre la actividad petrolera y la pesca, una de las industrias que fueron pilar de la economía local.

Asimismo, como una preocupación de la sociedad civil se propone el respeto al Área Natural Protegida "Laguna de Términos", sitio al que se encuentra inmersa la presencia de Pemex, la cual se encuentra amenazada con la autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), de 13 pozos exploratorios.

De la misma manera se recomienda buscar los mecanismos a través de los cuales, se puedan brindar mayores recursos para apoyar a los pescadores de altura y de ribera en la entidad, con la finalidad de brindarles alternativas que les permitan una actividad alterna a la que desarrollaban.

Asimismo es necesario gestionar la disminución a las áreas restringidas mínimas necesarias para la seguridad de las instalaciones petroleras, permitiendo una convivencia de la Pemex con la industria pesquera que ha sufrido una disminución en sus capturas.

Punto de acuerdo, para solicitar a la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales revisar el permiso otorgado a Pemex para explorar en la zona de manejo intensivo del área natural protegida Laguna de Términos; y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, reactivar el Consejo Consultivo de ésta, presentada por la diputada Carmen Guadalupe Fonz Sáenz, del grupo parlamentario del PRI

Exposición de Motivos

Con fecha 6 de junio de 1994, según decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de Federación, se creó el área natural protegida "Laguna de Términos", bajo la categoría de área de protección de flora y fauna, misma que tiene una extensión de más de 700 mil hectáreas, ubicada en el sur del estado de Campeche.

La región se encuentra en uno de los estados de la República Mexicana con menor alteración en el uso de suelo, como lo es Campeche, en el que solo el 38 por ciento de su superficie se encuentra modificado por algún tipo de actividad antrógenica.

Es necesario resaltar, que el plan de manejo de esta área natural protegida, constituyó un ejercicio de planificación que normaría el desarrollo de la misma y que tiene como objetivo la conservación de los recursos naturales en beneficio de la sociedad, con el propósito de elevar su calidad de vida.

Según el texto del plan de manejo, publicado en marzo de 1997, este programa normaría las actividades cotidianas de la sociedad, por lo que en un ejercicio único en el país, este se desarrolló en un proceso de participación de todos los sectores de la población.

Y es que son los propios pobladores del área, quienes mejor conocen la problemática ambiental y las formas de resolverlas, por lo que a través de los denominados "módulos temáticos", en un proceso de más de 110 reuniones periódicas, que involucró a más de 46 organizaciones sociales, públicas y privadas, así como a organizaciones no gubernamentales y participaciones ciudadanas independientes, realizadas entre octubre de 1994 y enero de 1995.

Para la redacción del documento final, se creó un grupo multiinstitucional y posteriormente, la versión preliminar fue revisada y comentada por el Consejo Consultivo del Área Natural Protegida, por lo que una vez corregida, se presentó a todos los sectores involucrados en su elaboración.

Este antecedente, habla de la organización social que existe en la región de Laguna de Términos y de la preocupación, disponibilidad e interés de los habitantes de esta zona, en la protección de los recursos naturales con que se cuentan.

Es necesario recordar que, en enero de 1996, Petróleos Mexicanos inició los trabajos preparatorios para el establecimiento de los pozos Gabanudo I y Ribereño I, mismos que el entonces Instituto Nacional de Ecología había autorizado, amparados bajo el argumento de que no existía, al momento de la autorización, el plan de manejo del área natural protegida, lo que activo las protestas de los diferentes sectores de la población, constituyéndose en marzo de 1996 el "Consejo Consultivo para la Defensa del Área Natural Protegida Laguna de Términos".

Así fue como el primero de mayo de 1996, se registró una inédita forma de protesta en Ciudad del Carmen, Campeche, cuando la población en general, contingentes de trabajadores, mujeres y niños, desfilaron por las principales calles de la isla, con banderas blancas, pronunciándose de esta manera, en contra de la expansión petrolera en el área natural.

A la fecha, se registran dos lamentables acontecimientos, que inquietan y preocupan a los diferentes sectores de la población, ya que los acuerdos y normas para la protección de los recursos naturales de la región, son violados y los instrumentos de participación y opinión de la sociedad organizada, se han dejado de utilizar.

Me refiero en particular, a las reuniones del Consejo Consultivo del Área Natural Protegida Laguna de Términos, mismo que desde hace más de 2 años, no sesiona, ni tampoco reúne los requisitos que exigen la normatividad vigente, lo que ha permitido la autorización de un desarrollo de 13 pozos exploratorios por parte de Petróleos Mexicanos en la zona de la Península de Atasta, dentro del área natural.

Resulta lamentable que un zona en donde la participación ciudadana haya sido fundamental para la creación del área natural protegida y el plan de manejo de la misma, actualmente, tanto Petróleos Mexicanos como la Dirección General de Impacto Ambiental, se nieguen a desarrollar una intensa discusión sobre la autorización y los alcances del proyecto que fuera autorizado, como lo demuestra la nula respuesta de ambas dependencias al reclamo popular en ese sentido, representados a través del Congreso local de Campeche y las organizaciones no gubernamentales.

La autorización de este proyecto de desarrollo de 13 pozos exploratorios en la península de Atasta, se contrapone al Plan de Manejo del Área Natural Protegida Laguna de Términos, que en el Anexo II "Criterios de uso por actividad de la zonificación del Área Natural Protegida Laguna de Términos", en el apartado de actividad petrolera, en el numeral 3, con la excepción que hace al poliducto a Atasta-Ciudad Pemex, pone en aplicación de manera automática, por interpretación de la ley, los criterios 1 y 2 del mismos, que textualmente señala "en general en todo esta zona quedará prohibida la expansión de la actividad petrolera en cualquiera de sus fases (prospección, exploración, conducción, reactivación, etcétera)".

El numeral 2 expresa: "no se permitirá la construcción de nuevos ductos, ni cualquier otros tipo de infraestructura petrolera"; mientras que en el numeral 5 dice: "no se permitirá la rehabilitación de la infraestructura actualmente instalada (abandonada, taponada) con fines de reactivación para su exploración y/o aprovechamiento".

No menos importantes, son los numerales 15 y 18, donde manifiestan que para las aprobaciones de proyectos de expansión de Pemex, se requerirán las opiniones del consejo consultivo, cual en esta ocasión no se realizaron, en una violación a las normas ambientales que nos rigen.

Es por lo anteriormente expuesto, que propongo a este honorable pleno el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero: Exhortar a la Comisión Nacional de Área Naturales Protegidas, la reactivación del Consejo Consultivo del Área de Protección de Flora y Fauna "Laguna de Términos", en el estado de Campeche, con la composición que la legislación vigente exige.

Segundo: Exhortar a la Dirección General de Impacto Ambiental y Riesgo Ambiental, realice una revisión a la autorización otorgada a Petróleos Mexicanos, para el desarrollo de 13 pozos en la península de Atasta, donde se pondere el respeto al Plan de Manejo y a la opinión del Consejo Consultivo del Área Natural Protegida "Laguna de Términos" y el respeto al decreto presidencial que crea el mismo, en sus artículos sexto y décimo tercero.

Dip. Carmen Guadalupe Fonz Sáenz (rúbrica)

Dip. Oscar Rodríguez Cabrera (rúbrica)

Dip. Enrique Escalante Arceo (rúbrica)

Iniciativas

QUE REFORMA EL ARTICULO 3O. DE LA LEY DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN Y GACETAS GUBERNAMENTALES, PRESENTADA POR EL DIPUTADO MANUEL VELASCO COELLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM, EN LA SESIÓN DEL MARTES 1 DE MARZO DE 2005

Manuel Velasco Coello, Jorge Antonio Kahwagi Macari, Luis Antonio González Roldán, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Álvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Ávila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Ávila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta; diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72 y 73, fracción XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos que se turne a la Comisión de Gobernación, para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto.

Exposición de Motivos

El Diario Oficial de la Federación, conocido también como el órgano constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, es el periódico, de naturaleza legal, del Gobierno Federal de México, en el que se difunden las disposiciones oficiales más importantes del Congreso de la Unión; de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; del Poder Ejecutivo que incluye las secretarías de estado y entidades paraestatales; y de las entidades autónomas como son el Banco de México y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entre otras.

En nuestro país , se publica un tipo de Diario Oficial, desde 1787, año en que la Corona Española otorgó su apoyo oficial a la Gazeta de México; y como resultado de la Independencia de México, respecto de España, en 1824 se promulgó la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, misma que en su artículo 55 obligaba a publicar las leyes en la Gaceta del Gobierno Supremo de la Federación Mexicana.

Al término de La Reforma, en 1867, en el primer número del Diario Oficial del Gobierno Supremo de la República, se obligó al cumplimiento de las leyes al ser publicadas en el mismo Diario Oficial.

La actual Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada en 1917, refrendó el principio de publicación en el Diario Oficial.

Este instrumento de difusión de las disposiciones oficiales, como instrumentos jurídico- administrativo, a través de los que se regulan los ámbitos más importantes de la vida nacional, como son, entre otros, los derechos individuales, económicos, sociales, políticos y religiosos.

Estas disposiciones oficiales comprenden todos los tratados, leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, declaratorias, autorizaciones, normas oficiales y técnicas, estatutos, programas, autorizaciones, resoluciones, permisos, circulares, procedimientos, reglas de operación, términos de referencia, manuales, instructivos, trámites, precios oficiales, tipo de cambio, tasas de interés, aranceles, vedas, informes, avisos generales y judiciales y licitaciones públicas entre otras.

Los ciudadanos mexicanos, pueden localizar en el Diario Oficial todas sus obligaciones y derechos, entre los que se encuentran las libertades individuales de credo, tránsito y expresión; los derechos sociales de salud, educación, ambiente sano e información; y sus derechos económicos como empleado, ahorrador y consumidor.

Asimismo se pueden localizar indicadores nacionales financieros, económicos y sociales, como son tasas de interés, tipos de cambio, tasas de inflación y tasas de crecimiento poblacional; mismos que publican dependencias y entidades como son, por ejemplo, la Secretaría de Economía, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística y el Banco de México. Licitaciones sobre adquisiciones de bienes y servicios emitidas por las diversas instancias gubernamentales, las cuales se publican los días martes y jueves en el renglón de convocatorias. Crédito, ahorro, subsidios, seguros y fianzas, impuestos y derechos que publica la Secretaría de Hacienda. Cupos de importación y exportación y otros bienes y servicios no sujetos a aranceles, así como las normas oficiales y técnicas emitidas por la Secretaría de Economía. Salarios mínimos y contratos colectivos entre otras disposiciones laborales de la Secretaría del Trabajo. Estados financieros de las empresas que cotizan en la bolsa de valores, fusiones, liquidaciones y adquisiciones de empresas, mismas que aparecen diariamente en el renglón de avisos.

En materia legislativa, las disposiciones legales vigentes obligan tanto a publicar como al cumplimiento, de toda disposición publicada en el Diario Oficial. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 72, inciso a) y 89, fracción I, establecen la facultad y obligación del Presidente de la República de promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, mismos preceptos de los que derivaron.

La Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales, reglamenta desde 1996 la publicación del Diario Oficial de la Federación y establece las bases para la creación de las gacetas gubernamentales sectoriales. Un gran número de disposiciones vigentes en México obliga a publicar en el Diario Oficial, tanto a las dependencias gubernamentales como a las empresas, diversos aspectos de interés general.

En el Código Civil, expedido en 1928, su artículo 3 indica que las leyes, reglamentos, circulares, o cualesquiera otras disposiciones de observancia general, obligan y surten sus efectos tres días después de su publicación en el periódico oficial, excepto que sus propios artículos transitorios señalen otra fecha.

El mismo Código Civil, en su artículo 21 expresa que la ignorancia de las leyes no excusa su cumplimiento.

En el universo de personas y entidades que utilizan el Diario Oficial de la Federación, se encuentran por mencionar a algunas a las empresas para exigir derechos, cumplir obligaciones, aceptar retos y aprovechar oportunidades, las entidades gubernamentales para cumplir con su marco regulatorio, las Universidades, para sus funciones académicas y administrativas. las asociaciones civiles para conocer los apoyos gubernamentales, los abogados para conocer leyes, reglamentos, decretos y acuerdos, los financieros, para aplicar las disposiciones fiscales, financieras y monetarias los comerciantes para conocer cupos y aranceles sobre importaciones y exportaciones los responsables de control de calidad, higiene, medio ambiente y capacitación, para conducir sus programes y aplicar normas técnicas e incentivos; en general las personas físicas o morales vinculadas con operaciones gubernamentales.

Como puede verse, el Diario Oficial de la Federación como instrumento claro de difusión y aplicación de los Poderes de la Unión, en beneficio de la ciudadanía, por conocer y sujetarse al Estado de derecho que debe privar en cualquier nación con estructura similar a la nuestra.

El Poder Legislativo, como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puede emitir acuerdos por medio de cada una de sus Cámaras, así como de manera conjunta.

Los acuerdos emitidos por cada Cámara que integran el Congreso de la Unión, pueden en algunos casos trascender entre diputados y senadores (o viceversa), lo que significaría que el acuerdo mismo, puede ser de cuantía para que obligue o requiera de su divulgación a toda la ciudadanía en cualquier parte de nuestro país.

No pretendemos convertir el Diario Oficial de la Federación en una simple mesa de trámite para los asuntos legislativos, sino en un instrumento de manifestación real de los acuerdos del Congreso, los cuales merezcan un trato distinto, por así considerarlo ambas Cámaras.

Por ello, sometemos a esta Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa de

Decreto mediante el cual se reforma el artículo 3o. de la Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales.

Articulo Único.- Se reforma el artículo 3o. de la Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales, para quedar como sigue:

Artículo 3

Serán materia de publicación en El Diario Oficial de la Federación:

I.- Las leyes, decretos y acuerdos expedidos por el Congreso de la Unión; ..................

Transitorio

Único.- Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 1 de marzo de 2005.

Diputados: Manuel Velasco Coello (rúbrica), coordinador; Jorge A. Kahwagi Macari, vicecoordinador; Luis Antonio González Roldán, vicecoordinador; Alejandro Agundis Arias (rúbrica), Francisco Xavier Alvarado Villazón (rúbrica), Leonardo Álvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Ávila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Ávila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio (rúbrica), Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez (rúbrica), Raúl Piña Horta.

(Turnada a la Comisión de Gobernación. Marzo 1 de 2005.)

QUE REFORMA EL ARTICULO 15 DE LA LEY GENERAL DE DEUDA PÚBLICA, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JORGE KAHWAGI MACARI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM, EN LA SESIÓN DEL MARTES 1 DE MARZO DE 2005

Jorge Kahwagi Macari, diputado de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos y los correlativos 55, fracción II, 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrimos a solicitar se turne a la Comisión de Hacienda y Crédito Público la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 15 de la Ley de Deuda Pública, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

El sistema de coordinación intergubernamental en materia de deuda pública presenta profundos rezagos en sus diferentes rubros, lo que posibilita un alto crecimiento de pasivos; disparidad en su regulación y criterios de información discrecionales en el manejo de la deuda.

Las finanzas públicas de nuestro país son débiles y no sustentables, esta situación resulta entre otras consideraciones de los bajos niveles de captación de ingresos tributarios y de volátiles e inciertos ingresos petroleros que presenta nuestro país.

Las consecuencias de esta situación se hacen manifiestas en un alto nivel de rigidez en el presupuesto que imposibilita hacer frente a los crecientes compromisos de gasto público e inversión de nuestro país, por lo que este recurre permanente a esquemas crecientes de endeudamiento en diferentes formas.

La situación es verdaderamente preocupante, en base al Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública correspondiente al cuarto trimestre del 2004, enviado por la Secretaría de Hacienda a esta Cámara de Diputados, el monto de la deuda pública neta como proporción del Producto Interno Bruto (PIB) se ubicó en 23.9 por ciento. Por su parte, la deuda externa neta se ubicó en 11.1 por ciento del PIB y el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público, indicador que incluye las obligaciones del sector público en su versión más amplia, representó el 39.4 por ciento del PIB.

No tenemos la menor duda que el manejo de la deuda pública tiene importantes implicaciones en las finanzas públicas y en la estabilidad económica de nuestro país.

El problema de la deuda no sólo debe ser visto desde la perspectiva de los montos contratados sino también desde la pertinencia de su contratación y del marco jurídico que la sustenta.

El costo del servicio de la deuda depende de variables como la política fiscal, de la dimensión de los excedentes, la inflación, y crecimiento económico. Pero recordemos que el servicio de la deuda es legítimo si su contratación se sustenta jurídicamente y respeta el marco legal que la autoriza.

La experiencia vivida en la crisis de (1994-1995) demostró la necesidad de un perfil balanceado de deuda y de amortizaciones, de mayor transparencia en su contratación y su manejo.

Las deuda pública legal y contingente sigue creciendo utilizando esquemas novedosos que ponen en riesgo la estabilidad de nuestras finanzas públicas.

En nuestro país estos esquemas se siguen reproduciendo de acuerdo a las necesidades que el Estado tiene de mayores recursos por ejemplo el IPAB, FARAC y Pidiregas.

Por ello es necesario transparentar la contratación de más deuda y al mismo tiempo permitir una mayor coordinación interinstitucional que permita que más de una institución autorice, evalúe y mida el impacto de mayores niveles de deuda pública.

En este contexto y con el fin de posibilitar una administración de deuda pública transparente y sustentable que posibilite crecimiento económico y estabilidad, el diputado integrante la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México, propone la siguiente

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 15 de la Ley de Deuda Pública, para quedar como sigue:

Decreto

Artículo 15

En ningún caso se autorizarán financiamientos que generen obligaciones que excedan, a juicio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de las dependencias responsables de los sectores correspondientes, la capacidad de pago de las entidades del sector público que los promuevan.

Transitorio

Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 1 días del mes de marzo de 2005.

Dip. Jorge Kahwagi Macari (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Marzo 1 de 2005.)

QUE REFORMA LOS ARTICULOS 14 BIS 5, 45 Y 96 BIS DE LA LEY DE AGUAS NACIONALES, PRESENTADA POR EL DIPUTADO ALEJANDRO AGUNDIS ARIAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM, EN LA SESIÓN DEL MARTES 1 DE MARZO DE 2005

Manuel Velasco Coello, Jorge Antonio Kahwagi Macari, Luis Antonio González Roldán, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Álvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Ávila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Ávila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta; diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72 y 73, fracción XXIX-G, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos se turne a la Comisión de Recursos Hidráulicos, para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto.

Exposición de Motivos

México, como muchos países en la actualidad, enfrenta una situación dual respecto al agua. En términos generales, los niveles de consumo se encuentran por debajo de la disponibilidad de agua a nivel nacional. Sin embargo, aún cuando se cuenta con una dotación adecuada del recurso, su manejo actual no es sustentable. De continuar esta tendencia, la probabilidad de que en el futuro se padezcan eventos de escasez generalizada es elevada.

De esta forma, nos encontramos con que las necesidades de la población no han sido cubiertas en su totalidad, tanto hablando en términos de agua potable, agua reciclada, alcantarillado, así como una efectiva distribución de competencias.

A nivel nacional se presenta un porcentaje de cobertura de agua potable del 87%, aunque existen estados que tienen niveles de cobertura inferiores al 70%, como Veracruz que tiene 35% sin cubrir, Oaxaca 33% y Guerrero 32%, lo que contribuye a que sean los que enfrentan mayores índices de marginación en el país y de necesidades básicas insatisfechas.

De igual forma, estos estados, como muchos otros, además de tener una carencia en cuanto a la cobertura de agua también tienen una gran conflicto de intereses interestatales, en donde muchas veces no existe una conciencia ecológica que fomente el desarrollo sustentable, causando daños irreversibles a los estados vecinos.

Por otro lado, el hecho de que las tarifas del agua tengan niveles tan bajos y no reflejen siquiera los costos de operación, agrava la situación del sector hidráulico. Actualmente el establecimiento de tarifas se encuentra desvinculado con los costos de operación, inversión, y escasez. La Comisión Nacional del Agua se mantiene a través del presupuesto que le otorgue el gobierno federal, mientras que en muchas ocasiones, las tarifas municipales se politizan, dejando de reflejar los verdaderos costos del recurso.

En términos de descargas de aguas residuales, gran parte del volumen no se contabiliza. El tema de descargas de aguas residuales constituye el principal problema de la industria. Todavía quedan algunos vacíos que influyen en que la generación de contaminantes alcance las dimensiones que se han explicado, entre ellos la falta de monitoreo y la poca disponibilidad de información entre los diferentes actores.

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, en México hace 50 años, la disponibilidad promedio de agua por habitante por año era de 11,500 metros cúbicos, lo que nos ubicaba a nivel internacional entre los países con alta disponibilidad.

Actualmente, la disponibilidad nacional promedio es baja, de alrededor de 4,900 metros cúbicos por habitante por año, aunque en algunas regiones del país dicha disponibilidad es muy baja, de alrededor de 1,000 metros cúbicos por habitante al año, lo que hace que dichas zonas en nuestro país tengan una disponibilidad de agua similar a la de varias regiones desérticas de África.

Asimismo, se debe considerar que la mayor parte de la población y de la actividad económica del país, se concentra en zonas con baja disponibilidad de agua. De acuerdo con la CNA, el 77% de la población, misma que genera el 84% del Producto Interno Bruto, se ubica en las regiones del país en donde se presenta sólo el 28% de la precipitación. En estas regiones se ubican las 35 ciudades más importantes del país.

Por una parte, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, el sector agrícola es el principal usuario del país. Alrededor del 80% del agua en el país es consumida por el sector agropecuario. De acuerdo también con la Comisión Nacional del Agua, más del 55% del agua se desperdicia en el campo debido a técnicas ineficientes de riego, combinado con el hecho de contar con una exención al pago de derechos por agua, por lo que no existe incentivo alguno por parte de los productores agrícolas para el ahorro de agua.

Lo anterior ha sido reconocido por el legislador, al declarar como causa de utilidad pública en la Ley de Aguas Nacionales (LAN) en el artículo 7, fracciones IV y V, el restablecimiento del equilibrio hidrológico para el destino de uso doméstico y la construcción de plantas de tratamiento de agua residual, para el reúso de la misma.

Sin embargo, en la realidad, e independientemente de que la Comisión Nacional del Agua (CNA) ha promovido insistentemente la construcción y concesión de plantas de tratamiento de agua residual para uso industrial y agrícola, y así liberar volúmenes de agua potable para consumo humano, no existen en la práctica estímulos para el uso de aguas residuales tratadas.

Por su parte, los estados y municipios del país, así como los particulares se oponen u obstaculizan el uso de agua residual tratada, ya sea por que alegan que dejan de percibir ingresos por el uso del agua potable que ellos distribuyen, o por que tienen beneficios fiscales que hacen poco atractivo el consumo de aguas recicladas

A pesar de que el uso de aguas residuales tratadas es posible tanto para la industria como para la agricultura, en muchas ocasiones esto no se logra, ya que como esos sectores cuentan con gran disponibilidad del líquido, y en el caso del sector agrícola se le obtiene en forma gratuita, se prefiere usar e inclusive, desperdiciar el agua potable, en lugar de utilizar aguas tratadas. La escasez del agua en nuestro país, demanda que se discrimine en los usos que se le dan al líquido, a efecto de lograr una mayor eficiencia social en su utilización.

Por otra parte, es un hecho notorio que México está atravesando por un proceso de contaminación de sus ecosistemas y de pérdida de sus recursos hídricos, debemos darles a los ciudadanos la posibilidad de que vigilen el rico patrimonio de los mexicanos para las generaciones por venir, esto se puede lograr mediante la facultad de ejercer acciones contra las afectaciones de los intereses colectivos; su preservación debe de considerarse como una prioridad del Estado mexicano.

Con un sistema de responsabilidad objetiva, se evitarían graves afectaciones al medio ambiente al amparo de autorizaciones y de actividades que son consideradas lícitas; sin que sea precisa la concurrencia de culpa o negligencia por parte del responsable ni que el daño o deterioro medioambiental sean consecuencia de accidentes o causas similares. Con lo anterior se lograría una efectiva reparación de los daños que pudieran ocasionarse a las personas o a sus bienes. Así como una restauración de las agresiones producidas como consecuencia del deterioro del medio ambiente, con independencia de las responsabilidades penales o administrativas a que hubiera lugar.

Estamos conscientes que las necesidades y atenciones de los mexicanos son muchas y que requieren de atención urgente, pero creemos que una de las más importantes es proteger su entorno; el cual no se debe poner en riesgo por inadecuadas e insuficientes políticas ambientales, que hacen ser a nuestro país uno de los pierden de manera más acelerada toda su biodiversidad.

Es necesario alcanzar un modelo de desarrollo sustentable que no sólo impida el deterioro de nuestro medio ambiente, sino que emprenda la vigorosa restauración del mismo. Promover la conciencia y el compromiso social en el respeto y conservación de los recursos naturales para preservar la integridad de los mexicanos de hoy y la responsabilidad con las generaciones futuras.

Es por todo esto, que resulta urgente hacer un esfuerzo por el mejoramiento del medio ambiente y el cuidado del agua. De esta forma, los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentamos la presente iniciativa con el fin de evitar que se sigan realizando dichas prácticas que atentan en contra de los recursos de todos los mexicanos, se someten a consideración las siguientes propuestas de reformas y adiciones a la Ley de Aguas Nacionales.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a esta H. Cámara de Diputados en la LVIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa de

Decreto mediante el cual se reforman los artículos 14 Bis 5, 45 y 96 Bis la Ley de Aguas Nacionales.

Artículo Primero.- Se reforman los artículos 14 Bis 5, 45 y 96 Bis la Ley de Aguas Nacionales para quedar como sigue:

Artículo 14 BIS 5. Los principios que sustentan la política hídrica nacional son:

De la fracción I a la VIII. .......

IX. La conservación, preservación, protección y restauración del agua en cantidad y calidad es asunto de seguridad nacional, por tanto, debe evitarse el aprovechamiento no sustentable y los efectos ecológicos adversos;

De la fracción X a la XXII. ........

Artículo 45. Es competencia de las autoridades municipales, con el concurso de los gobiernos de los estados en los términos de esta ley, la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales que se les hubieran asignado, incluyendo las residuales, desde el punto de su extracción o de su entrega por parte de "la autoridad del agua", hasta el sitio de su descarga a cuerpos receptores que sean bienes nacionales. La explotación, uso o aprovechamiento se podrá efectuar por dichas autoridades a través de sus entidades paraestatales o de concesionarios en los términos de ley.

Los gobiernos de los estados, el Distrito Federal y los municipios, establecerán en su normatividad como prevaleciente el uso de agua residual tratada para aquellos consumidores que, en la región en que se encuentran ubicados, cuenten con una fuente alterna de suministro a través de plantas de tratamiento de aguas residuales que tengan la capacidad de suministrar agua tratada.

En el reúso de aguas residuales, se deberán respetar los derechos de terceros relativos a los volúmenes de éstas que estén inscritos en el Registro Público de Derechos de Agua.

Artículo 96 BIS. "La Autoridad del Agua" intervendrá para que se cumpla con la reparación del daño ambiental, incluyendo aquellos daños que comprometan a ecosistemas vitales, debiendo sujetarse en sus actuaciones en términos de ley.

La responsabilidad civil regulada en esta ley es objetiva y solidaria, y será exigible con independencia de que exista culpa o negligencia en el responsable. Como consecuencia de ello, quien pretenda obtener la correspondiente reparación sólo tendrá que probar la acción u omisión del supuesto responsable, el daño o deterioro del medio ambiente causados y la mera relación de causalidad física entre la acción u omisión del responsable y el daño o deterioro del medio ambiente cuya reparación se reclama.

La responsabilidad civil regulada en esta ley es compatible con las sanciones penales o administrativas que puedan imponerse por los mismos hechos causantes del daño o deterioro del medio ambiente de que se trate.

Transitorio

Único.- Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 1 de marzo de 2005.

Diputados: Manuel Velasco Coello (rúbrica), coordinador; Jorge A. Kahwagi Macari, vicecoordinador; Luis Antonio González Roldán, vicecoordinador; Alejandro Agundis Arias (rúbrica), Francisco Xavier Alvarado Villazón (rúbrica), Leonardo Álvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Ávila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Ávila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Jorge Legorreta Ordorica (rúbrica), Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio (rúbrica), Cuauhtémoc Ochoa Fernández (rúbrica), Javier Orozco Gómez (rúbrica), Raúl Piña Horta.

(Turnada a la Comisión de Recursos Hidráulicos. Marzo 1 de 2005.)

Proposiciones

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL A EMPRENDER ACCIONES DE COORDINACIÓN CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS A FIN DE COMBATIR LA INSEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE SUCHIATE, Y SE SOLICITA MAYOR PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2006, PRESENTADA POR EL DIPUTADO MANUEL VELASCO COELLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM, EN LA SESIÓN DEL MARTES 1 DE MARZO DE 2005

Manuel Velasco Coello, Jorge Antonio Kahwagi Macari, Luis Antonio González Roldán, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Alvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Ávila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Ávila, Felix Adrián Fuentes Villalobos, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez, Raul Piña Horta; diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrimos a solicitar se turne a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados en la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Antecedentes

Dentro del área geográfica que demarca el municipio de Suchiate Chiapas, se encuentra un valle territorial dotado de una extensa, diversa y muy rica biodiversidad, cuenta con litoral marítimo y ríos de amplio caudal que permiten el crecimiento y desarrollo de diversas especies. Adicionalmente, en cuanto a su geografía, se sitúa en el límite territorial de nuestra nación, delimitada naturalmente por el trazo que deja a su paso el río Suchiate y es ahí donde se encuentran asentados los dos principales cruces internacionales autorizados, el puente internacional Rodolfo Robles y el Suchiate II, ambos a cargo de Caminos y Puentes Federales de Ingreso.

Cabe mencionar que en ellos se desarrolla el despacho aduanero de las múltiples mercancías que ingresan y abandonan el país de y hacia Centro y Sudamérica, esta actividad representa una aportación de ingresos muy considerable que le genera el municipio a la Federación.

Todo lo anterior, ha provocado el desarrollo económico y de infraestructura de manera acelerada, pero no organizada, ya que oficialmente el Instituto Nacional de Geografía e Informática (INEGI) tiene considerada una población de 30,000 habitantes, que dista por mucho de los 50,000 que son en realidad, y si a esto le agregamos la población flotante de origen diverso, que diario pasa por dicho territorio, en busca del sueño americano, tenemos que cuando se ven frustradas sus aspiraciones, deciden asentarse en la región.

La marginación y la pobreza en que vive la mayoría de la gente que se va quedando en la región, y que se dedican a actividades ilícitas como la prostitución y el tráfico de drogas ha creado un ambiente de inseguridad para todos los suchiatenses, además de presentar un panorama por demás triste para aquellos turistas que ingresan al territorio por esa vía.

La Dirección General de Seguridad Pública Municipal, opera y brinda seguridad a la población con un total de sólo 62 elementos y dos patrullas en deplorable estado mecánico, sin armamento ni equipo para su operación.

Si hacemos números, tenemos que hay un policía mal equipado por cada 806 habitantes, cuestión que se agrava por la ubicación de la región.

Informes oficiales indican y además de que es por todos conocido que cientos de miembros de la banda denominada "Mara Salvatrucha" operan en esta región de México.

Ni las autoridades del municipio de Suchiate, ni las autoridades estatales y federales han logrado detener la delincuencia.

Ante las endebles condiciones de seguridad en el río Suchiate, que divide México de Guatemala, ingresan diariamente miles de inmigrantes centroamericanos indocumentados, además de drogas y armas.

Por lo anteriormente expuesto, como integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sometemos a su consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero.- Se exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública Federal, para que en coordinación con las autoridades estatales se lleven a cabo las acciones necesarias para garantizar la seguridad de los habitantes del municipio de Suchiate, Chiapas.

Segundo.- Se exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública Federal a que en la conformación de su presupuesto para el ejercicio fiscal de 2006, contemple recursos adicionales para incrementar la seguridad en ese municipio.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 1 de marzo de 2005.

Diputados: Manuel Velasco Coello (rúbrica), coordinador; Jorge A. Kahwagi Macari, vicecoordinador; Luis Antonio González Roldán, vicecoordinador; Alejandro Agundis Arias (rúbrica), Francisco Xavier Alvarado Villazón (rúbrica), Leonardo Álvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Ávila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Ávila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio (rúbrica), Cuauhtémoc Ochoa Fernández (rúbrica), Javier Orozco Gómez (rúbrica), Raúl Piña Horta.

(Turnada a las Comisiones Unidas Seguridad Pública y de Presupuesto y Cuenta Pública. Marzo 1 de 2005.)

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SEMARNAT A LLEVAR A CABO LAS ACCIONES DE REMEDIACIÓN EN LA ZONA QUE OCUPABA LA EMPRESA METALCLAD CORPORATION, EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM EN LA SESIÓN DEL MARTES 1 DE MARZO DE 2005

Manuel Velasco Coello, Jorge Antonio Kahwagi Macari, Luis Antonio González Roldán, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Álvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Ávila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Ávila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta; diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrimos a solicitar se turne a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados en la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Antecedentes

En 1994, la empresa estadounidense Metalclad Corporation, promovió la reapertura de un confinamiento de residuos tóxicos en el municipio rural de Guadalcázar, en el estado de San Luis Potosí.

La que en su momento fue presentada como la primera inversión modelo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TCLAN) en materia de infraestructura para el depósito de residuos peligrosos en México, acabó siendo el primer caso de juicio contra el gobierno mexicano gracias a las garantías de compensación a la inversión extranjera que establece el capítulo 11 del TCLAN.

El municipio de Guadalcázar está situado en el Altiplano Central en el estado de San Luis Potosí, en el centro de México. Según datos oficiales cuenta con una población de 28,357 habitantes distribuidos en 82 comunidades de las cuales cinco tienen más de mil habitantes. Como muchos otros municipios pobres, su población se dedica principalmente a la agricultura de temporal y por su escaso nivel de ingresos, se ve obligada a migrar por temporadas a los centros urbanos de México y Estados Unidos.

El conflicto se originó entre 1989 y 1991 cuando una empresa de San Luis Potosí, denominada Confinamiento Técnico de Residuos Industriales, SA (Coterin), empezó a realizar trabajos de perforación en un predio del valle denominado La Pedrera, del municipio de Guadalcázar. Coterin informó a los pobladores que estaba buscando agua para surtir a las comunidades vecinas y realizar obras de beneficio agrícola; sin embargo, lejos de cumplir sus promesas, depositó ilegalmente 20 mil 500 toneladas de residuos peligrosos a la intemperie. La población molesta por los engaños y ante la indiferencia de las autoridades decidió movilizarse.

La noche del 24 de septiembre de 1991 más de 200 personas impidieron la descarga de 20 trailers con residuos peligrosos, obligando a las autoridades del medio ambiente a intervenir y a ordenar la clausura del lugar ante la evidencia de las anomalías cometidas por la empresa.

En 1994, las toneladas de residuos peligrosos fueron enterradas en tres celdas aunque de manera inadecuada pues en una de ellas según reportes oficiales hay un peligro de explosividad del 100%, quedando pendiente la limpieza del lugar.

Con la entrada en vigor del TCLAN, en 1994 apareció en el conflicto un nuevo actor: la empresa Metalclad Corporation. Esta es una empresa estadounidense, con sede en California, que diseñó un ambicioso plan de expansión ofreciendo sus acciones en el mercado de valores de Estados Unidos y Europa, bajo la promesa de conquistar el mercado de desechos peligrosos en México.

En agosto de 1993, Metalclad sin atender los ofrecimientos del Gobierno del estado de invertir en sitios alternativos, adquirió Coterin y la propiedad del basurero tóxico. El atractivo para ello fue la cercanía de importantes ejes carreteros y que la empresa mexicana había cumplido con dos de las tres condiciones necesarias para operar un confinamiento de residuos peligrosos: un permiso federal para operar y un permiso estatal de uso del suelo, quedando pendiente el permiso municipal de construcción.

Metalclad se comprometió a la limpieza de La Pedrera a cambio de que se le autorizara la reapertura y expansión del basurero tóxico. Sus planes consistían en depositar 30 mil toneladas anuales de desechos tóxicos durante 25 años, con ganancias esperadas de 12.5 millones de dólares en el primer año. Las autoridades federales del medio ambiente, tanto el Instituto Nacional de Ecología (INE) como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) se mostraron abiertas a negociar la reapertura del lugar a través de la realización de una Auditoría Ambiental.

En 1995, Metalclad pagó la auditoría que fue supervisada por Profepa, la cual concluyó que el sitio era apto para la reapertura del basurero tóxico. Mientras tanto, Metalclad había continuado construyendo ilegalmente el confinamiento sin permiso del municipio.

Las autoridades del municipio de Guadalcázar exigían la limpieza del lugar y su oposición a la reapertura del basurero tóxico aumentó al presentarse varios casos de niños con malformaciones en comunidades del municipio; su desconfianza creció al enterarse de que el anterior delegado estatal de ecología -quien había clausurado el basurero tóxico era ahora representante de Metalclad; más adelante se descubriría que incluso era accionista y que recibió una comisión de la compra venta de Coterin.

El regidor de ecología del municipio pidió entonces el apoyo a un grupo ambientalista con sede en la capital de San Luis Potosí, llamado Pro San Luis Ecológico, y a Greenpeace México. Gracias a la movilización popular en el municipio, las organizaciones ambientalistas tuvieron acceso a la información de la auditoría ambiental y formaron un comité técnico ciudadano con la participación de geólogos e ingenieros civiles.

Los expertos señalaron que se habían cometido violaciones a la normatividad existente, concluyendo que el lugar no era adecuado para instalar el basurero tóxico y que era necesario realizar otros estudios geohidrológicos en el sitio. Ante la negativa de las autoridades federales para ampliar el plazo para la realización de más estudios, Greenpeace y Pro San Luis Ecológico presentaron una denuncia penal por delitos ecológicos y por faltas administrativas hacia los funcionarios involucrados, en septiembre de 1995.

Metalclad recurrió entonces a todos los medios a su alcance para lograr su objetivo: desde intervenir en la política municipal, el pago de campañas propagandistas en los diarios estatales, hasta los intentos de soborno al regidor de ecología municipal. Lo que finalmente le resultó más efectivo fue el uso de sus contactos con senadores estadounidenses de Chicago y California para presionar al gobierno mexicano para reabrir el basurero tóxico.

Finalmente, las autoridades federales firmaron un Convenio con Coterin-Metalclad el 24 de noviembre de 1995 para la reapertura del basurero tóxico a espaldas de las autoridades estatales y municipales, quienes desconocieron públicamente el convenio y reafirmaron el rechazo a otorgar el permiso de construcción para el basurero tóxico.

El 27 de septiembre de 1997, el gobierno del estado con base en una extensa investigación del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México, decretó reserva estatal el área natural protegida de Real de Guadalcázar con características de Reserva de la Biosfera, debido a la gran diversidad endémica de cactáceas, únicas en el mundo. Cabe aclarar que el decreto no tiene carácter retroactivo y no implica la expropiación del confinamiento de acuerdo a las leyes mexicanas.

Después de pleitos legales entre Metalclad y el municipio, la empresa con sus acciones a la baja y anticipando posibles conflictos con sus accionistas a quienes no había informado cabalmente de las dificultades legales de la inversión, decidió en octubre de 1997 demandar una compensación al gobierno mexicano.

Amparada en el capítulo 11 del TLCAN Metalclad acusó al gobierno mexicano de un trato discriminatorio y de expropiación de la inversión ante el Tribunal del Centro Internacional para la Resolución de Disputas en Inversión (I C S I D).

Finalmente, en agosto del 2000, el Tribunal estableció un laudo a favor de la empresa, por el que el gobierno mexicano deberá pagar más de 16 millones de dólares más intereses.

El panel del Tribunal del ICSID ha excedido sus funciones al descalificar la competencia constitucional del municipio de Guadalcázar para negar el permiso de construcción a Metalclad. El Tribunal tampoco explica las razones para aceptar sólo las pruebas de la empresa y desechar las del gobierno de México. El proceso del panel es antidemocrático pues no hay audiencias públicas, las partes afectadas no pueden formar parte del proceso, no pueden tener acceso a los expedientes y la decisión del Tribunal es inapelable. El gobierno de México llevó el caso a la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Columbia Británica en Canadá, y el 2 de mayo de 2001 ésta emitió un fallo a favor de Metalclad, desechando algunas determinaciones del Tribunal y fijando el pago de indemnización en aproximadamente 15.5 millones de dólares. Su fallo podría ser apelado ante la Suprema Corte Federal de Justicia en Canadá y el caso podría prolongarse.

El dictamen del fallo del panel de TCLAN crea un precedente terrible para los gobiernos municipales y estatales no sólo de México sino de Estados Unidos y de Canadá que pueden ser cuestionados en sus facultades y competencias para realizar acciones de protección a la salud y al medio ambiente de sus poblaciones. De este modo, los intereses de empresas extranjeras establecen su primacía por encima de las consideraciones de salud y bienestar de las poblaciones y comunidades en donde los capitales transnacionales pretenden asentarse. Pero en fin.

El gobierno mexicano pagó a la empresa Metalclad, poco más de 16 millones de dólares por concepto de daños y perjuicios.

Las instalaciones fueron entregadas a la delegación federal en San Luis Potosí el 27 de octubre del 2001.

Se han realizado los diagnósticos sobre la situación actual por parte de técnicos mexicanos (CFE) y alemanes.

Existe una propuesta técnica para la remediación del sitio presentada en julio de 2002 por el Dr. Eckart Hilmer.

Están depositados en el fideicomiso de Conabio los recursos necesarios para los trabajos de remediación y consolidación del sitio.

Existe un diferendo entre el gobierno del estado y la SHCP respecto al pago de los 16 mdd que se entregaron como indemnización a la empresa y en tanto este asunto no se resuelva no se podrán realizar los trabajos de remediación.

Mientras esto sucede, muchas personas en San Luis Potosí están enfermando y viviendo en un sitio altamente contaminado, sin que hasta la fecha se hayan tomado acciones efectivas para su remediación, aun cuando el secretario de medio ambiente y recursos naturales del gobierno federal ha visitado en 3 ocasiones la zona del confinamiento y ha prometido remediar el asunto, lo que claro está, hasta la fecha no ha cumplido, por lo que la sociedad potosina esta cansada de promesas y visitas infructuosas.

Por lo anteriormente expuesto, como integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sometemos a su consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero.- Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizar de inmediato los trabajos para la remediación de la zona afectada por la empresa Metalclad Corporation.

Segundo.- Se exhorta a la Secretaría de Salud, para que analice los daños a la salud que ha sufrido la población que habita en la zona y de existir afectaciones, que se tomen las medidas pertinentes.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 1 de marzo de 2005.

Diputados: Manuel Velasco Coello, coordinador; Jorge A. Kahwagi Macari, vicecoordinador; Luis Antonio González Roldán (rúbrica), vicecoordinador; Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón (rúbrica), Leonardo Álvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Ávila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Ávila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Jorge Legorreta Ordorica (rúbrica), Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio (rúbrica), Cuauhtémoc Ochoa Fernández (rúbrica), Javier Orozco Gómez (rúbrica), Raúl Piña Horta (rúbrica).

(Turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Marzo 1 de 2005.)

Informes

DE LA COMISION DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, DE ACTIVIDADES, CORRESPONDIENTE AL LAPSO DE SEPTIEMBRE DE 2003 A DICIEMBRE DE 2004

I. Introducción

En cumplimiento a los preceptos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados, nos permitimos presentar el informe de actividades y función legislativa del primer año y primer semestre del segundo año de ejercicio legislativo.

Se contemplan en el, los avances respecto a los turnos recibidos, las iniciativas, minutas y asuntos con proposiciones de puntos de acuerdo y el estado que guardan al mes de diciembre de 2004; e información respecto a reuniones de trabajo que se sostuvieron durante el periodo con diversos representantes del Ejecutivo federal y con asociaciones y organismos sociales vinculados por sus tareas a los trabajos de la Comisión. Asimismo, se da cuenta de los trabajos en conferencia que se realizaron con la Colegisladora homóloga del Senado de la República para el análisis y estudio de las reformas a la Ley Federal del Trabajo.

La Comisión, con una representación plural de los grupos parlamentarios, dio inicio a sus actividades legislativas una vez que fue integrada e instalada formalmente a partir de la sesión plenaria del día 7 de octubre de 2004, en cumplimiento del inciso d) del numeral 6, del artículo 45 de la Ley Orgánica. Conforme a dicho ordenamiento y por acuerdo del pleno, la Comisión realizó sesiones ordinarias mes a mes; y sesionó también, debido a la urgente resolución o a la naturaleza de algunas iniciativas y proposiciones con punto de acuerdo, en comisiones unidas, en sesiones extraordinarias y en conferencia con la Comisión contraparte del Senado.

Con la finalidad de agilizar el estudio y análisis de las iniciativas y asuntos de rezago legislativo de pasadas legislaturas y los recibidos por ésta LIX, desde el inicio de las actividades la Comisión adoptó por consenso la integración de cinco grupos de trabajo para abordar en forma temática las iniciativas y asuntos, sólo para efecto de organización, pero sin limitante alguna a sus miembros para conocer, opinar o analizar sobre cualquiera de los asuntos turnados a la Comisión. Se buscó en la conformación de dichos grupos, reproducir a su interior la propia diversidad y pluralidad de diputadas y diputados conforme al peso y proporción que según su filiación partidista conservan dentro de la Comisión, habiendo quedado la coordinación de cada uno de ellos por un secretario electo de común acuerdo por sus integrantes.

Cada grupo o subcomisión llevó a cabo los estudios y análisis para la presentación ante el pleno de la Comisión, de los proyectos de dictamen y puntos de acuerdo para la consideración, discusión y en su caso, aprobación, para dar cumplimiento al proceso legislativo para su remisión al pleno de la Cámara o, en su caso, para continuar su tramite con la comisión o comisiones dictaminadoras correspondientes; trámites parlamentarios que se corrieron en tiempo y forma y en apego a la normatividad y los procedimientos legislativos de la Cámara.

Es de señalarse que en los diferentes tipos de sesiones logró contarse invariablemente con el quórum legal para sesionar, lo que habla de la responsabilidad y vocación legislativa de cada uno de los integrantes de la Comisión; y que, en el desarrollo de la mismas, prevaleció la garantía de libre expresión y respeto de las ideologías representadas, lo que resultó fundamental para alentar y enriquecer el debate en un clima de tolerancia y respeto, como corresponde al carácter plural y diverso de la composición de esta Comisión de Trabajo y Previsión Social.

II. Fundamento jurídico

El sustento jurídico del presente informe se encuentra en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en particular en su artículo 45, numeral 6, en el que se establecen diversas tareas para las comisiones que lo integran, entre otras:

a) Rendir un informe semestral de sus actividades a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos; y

b) Organizar y mantener un archivo de todos los asuntos que les sean turnados.

III. De las actividades y función legislativa de la Comisión de Trabajo y Previsión Social

Durante el periodo que comprende el ejercicio sobre el que se informa, fueron turnados a la Comisión de Trabajo y Previsión social por parte de la Mesa Directiva de la Cámara, diversas iniciativas, minutas, proposiciones con puntos de acuerdo, excitativas y múltiples asuntos vinculados al quehacer de la Comisión correspondientes a esta LIX Legislatura.

Asimismo, al inicio de sus actividades, la Comisión recibió debidamente documentados, diferentes asuntos como parte del rezago de legislaturas anteriores.

Por último, la Comisión de manera directa, recibió y atendió muchos otros asuntos provenientes de variados actores sociales, en especial relativos a solicitudes de asesoría o de gestoría social.

En su oportunidad, todos ellos fueron turnados a las diferentes subcomisiones que la integran, en las que fueron sometidos a estudio y análisis para la elaboración de predictámenes a la consideración en el pleno; o bien, para darles el curso respectivo una vez dictaminados, dependiendo de la naturaleza de los mismos, a otras comisiones de la Cámara o para ser abordados de manera conjunta en Conferencia con la Comisión Colegisladora homóloga del Senado de la República.

III.1 Del quehacer legislativo

El quehacer legislativo de la Comisión fue diverso. Aunque el énfasis se puso en el análisis y estudio de los turnos recibidos, mediante sesiones ordinarias mensuales o extraordinarias cuando así fue necesario, a petición de los diversos integrantes y conforme al programa establecido para el período, se convocó a comparecer a servidores públicos de la Administración Pública Federal relacionados con las actividades de la Comisión.

Igualmente se invitó a intercambiar impresiones y puntos de vista con representantes de actores sociales interesados o involucrados a las tareas que realiza; y se atendieron diversos requerimientos de grupos y organizaciones vinculados con ellas.

En los siguientes apartados se desglosa con detalle lo señalado anteriormente.

III.1.1. Turnos recibidos al 31 de diciembre de 2004 y avances

Provenientes de la Mesa Directiva y de otras instancias de la actual Legislatura, la Comisión recibió 112 turnos (véanse anexos en la página de Internet), en su mayor parte iniciativas de reforma o adición los que, sumados al rezago legislativo de la LVII y LVIII legislaturas, hicieron un total de 195 asuntos a diciembre de 2004, conforme a la siguiente clasificación:

Iniciativas     132
Minutas             3
Excitativas, informes y reportes   15
Asuntos con punto de acuerdo     36
Otros asuntos   9

Total 195 Más del 80% de los turnos recibidos y acumulados se debió a iniciativas en su mayor parte sobre reformas y/o adiciones a la Ley Federal del Trabajo y, en menor medida al artículo 123 constitucional. El restante porcentaje está referido a reformas y adiciones a otros ordenamientos relacionados también con el trabajo de la Comisión.

En el siguiente cuadro temático se hace un desglose y resumen de los mismos.

III.1.2. Sesiones ordinarias, extraordinarias y de índole diversa

Conforme a lo dispuesto por la ley aplicable y en atención al acuerdo tomado por el pleno de la Comisión desde el inicio de sus trabajos, se verificaron durante el periodo cuando menos una sesión mensual ordinaria y, excepcionalmente más de una, las cuales estuvieron invariablemente precedidas por reuniones de la Mesa Directiva para el establecimiento de agendas, órdenes del día y acuerdos preliminares.

También se realizaron otro tipo de sesiones previstas en la ley con respecto a trabajos en Conferencia o en Comisiones Unidas cuando se consideró necesario; así como reuniones de trabajo con representantes del Ejecutivo federal en atención a solicitudes expresas de los integrantes y del programa de comparecencias del que se informó en su oportunidad. De unas y otras se cuenta en archivos de la Comisión, con los soportes documentales como actas, ordenes del día, listas de asistencia y acuerdos.

Así, se llevaron a cabo 41 sesiones y reuniones de trabajo, tal y como se consigna en la siguiente tabla

Relación de sesiones y reuniones de trabajo de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

+ Se complementan con las comisiones legislativas de algunos diputados. (Al pie de la tabla)

De manera adicional a estas sesiones y juntas de trabajo, entre el 19 de mayo y el 3 de agosto de 2004, se realizaron cinco reuniones de un grupo de trabajo, cuya conformación se acordó conjuntamente con la colegisladora homóloga del Senado para el análisis y estudio de reformas a la ley.

Respecto a los avances alcanzados, es de señalarse que éstos se dieron fundamentalmente en el dictamen y turno respectivo en propuestas de reforma o adiciones a ordenamientos relacionados con las tareas de la Comisión y con la Ley Federal del Trabajo, no así respecto a ésta última, en virtud de acuerdos tomados -de los que se informó oportunamente- en el sentido de no abordar transitoriamente iniciativas que se dirigían a modificar, adecuar, suprimir o adicionar ciertos artículos en lo particular de este ordenamiento, hasta en tanto no se dispusiera de un dictamen general respecto a los diferentes proyectos de reforma integral al mismo que se encontraban en análisis y estudio, de manera que aquellos pudieran ser contextualizados en este marco más amplio que se buscaba.

Conforme a lo anterior, en el siguiente cuadro se muestran las diversas iniciativas que fueron desahogadas y dictaminadas en el periodo.

Iniciativas y proposiciones con punto de acuerdo dictaminadas por la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Número de expediente y folio: 934. F-57-11
Iniciativa/asunto: Que reforma los artículos 259 y 267, y adiciona el 267 Bis de la Ley del Seguro Social.
Turno: Comisiones de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social.
Resolución: Por esta Comisión mayo 18, 2004 y turnada a la Comisión de Seguridad Social.

Número de expediente y folio: 944. F57-12
Iniciativa/asunto: Que Reforma los artículos 12 y 180 de la Ley del Seguro Social.
Turno: Comisiones de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social.
Resolución: Por esta Comisión mayo 18, 2004 y turnada a la Comisión de Seguridad Social.

Número de expediente y folio: 1076. F57-19
Iniciativa/asunto: Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social.
Turno: Comisiones de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social.
Resolución: Por esta Comisión mayo 18, 2004 y turnada a la Comisión de Seguridad Social.

Número de expediente y folio: 1511. F.57-34
Iniciativa/asunto: Que reforma los artículos 12 y 173 de la Ley del Seguro Social.
Turno: Comisiones de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social.
Resolución: Por esta Comisión mayo 18, 2004 y turnada a la Comisión de Seguridad Social.

Número de expediente y folio: 445. F.59-12
Iniciativa/asunto: Que reforma el artículo 218 de la Ley del Seguro Social.
Turno: Comisiones de Trabajo y Previsión Social, y Seguridad Social.
Resolución: Por las Comisiones abril 13, 2004 y turnada a la Mesa Directiva de la Cámara, (mayo 2, 2004).

Número de expediente y folio: 499. F.59-14
Iniciativa/asunto: Que reforma los artículos 10 y 32; y adiciona el artículo 16 Bis de La Ley del ISSSTE.
Turno: Comisiones de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social.
Resolución: Por las Comisiones abril 13, 2004 y turnada a la Mesa Directiva de la Cámara, (abril 29, 2004).

Número de expediente y folio: F. julio, 2004
Iniciativa/asunto: Proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 277-D y 286-K de la Ley del Seguro Social.
Turno: Comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social.
Resolución: Por la Comisión, julio 19 2004 y turnada a la Comisión de Seguridad Social.

Número de expediente y folio: F 59-28
Iniciativa/asunto: Dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.
Turno: Comisiones de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social.
Resolución: Dictaminada por la Comisión en septiembre de 2004 y turnada a la Comisión de Seguridad Social.

Número de expediente y folio: F 58-40. Septiembre 27 de 2001.
Iniciativa/asunto: Ley del Seguro Social, artículos 145 y 170.
Turno: Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social.

Número de expediente y folio: F. 58-73. Abril 23, 2002.
Iniciativa/asunto: Ley del Seguro Social. artículo 165.
Turno: Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social.

Número de expediente y folio: F 58-103. Octubre 29, 2002.
Iniciativa/asunto: Ley del Seguro Social, artículo 15.
Turno: Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social.

Número de expediente y folio: F 58-109. Noviembre 21, 2002.
Iniciativa/asunto: Ley del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado. Artículos 16 y 21.
Turno: Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social.

Número de expediente y folio: F 58-141. Abril 28, 2003.
Iniciativa/asunto: Ley del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado. Artículo 10 Bis.
Turno: Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social.

Número de expediente y folio: F 57-31. Noviembre 11, 1999.
Iniciativa/asunto: Artículos 6, 8, y 16 de la Ley del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado. Artículos 12, 15, 17, 19 y 222 de la Ley del Seguro Social; y artículo 80 de la Ley del ISR.
Turno: Comisiones Unidas de Seguridad Social, de Discapacitados y de Hacienda y Crédito Público.

Número de expediente y folio: F 59 86. Octubre 14, 2004.
Iniciativa/asunto: Ley del Seguro Social. Artículos 5, 279, 280, 281, 282, 283, 279 Bis, 282 Bis, 283 Bis y 283 Ter.
Turno: Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social.
Resolución: Dictaminada por las Comisiones. Referente al trabajo de los jornaleros agrícolas.

Número de expediente y folio: F 59-4. Octubre 3, 2003.
Iniciativa/asunto: Proposición con punto de acuerdo
Turno:
Resolución: Propuesta para la integración de un programa de promoción y generación de empleos en los municipios de Saltillo y Monclova, estado de Coahuila.

Número de expediente y folio: F 59-19. Febrero 25, 2004.
Iniciativa/asunto: Proposición con punto de acuerdo
Turno:
Resolución: Propuesta para la integración de un programa de combate al desempleo.

Número de expediente y folio: F 59-27. Abril 5, 2004.
Iniciativa/asunto: Proposición con punto de acuerdo
Turno: Gobernación
Resolución: Sobre el proceso de elección de líderes sindicales de la Sección 14 del STPRM. Macuspana, Tabasco.

Número de expediente y folio: F 59-31. Abril 13, 2004.
Iniciativa/asunto: Proposición con punto de acuerdo
Turno:
Resolución: Referente al artículo 8 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales para que se Respeten el Derecho y la Libertad Sindical en México.

III.1.3. Comparecencias ante la Comisión y reuniones de trabajo

En un clima de receptividad, tolerancia y apertura la Comisión llevó a cabo durante el periodo, diferentes reuniones de trabajo con servidores públicos y representantes de otros sectores para intercambiar impresiones sobre asuntos relacionados con sus tareas; algunas de ellas agendadas en el programa de trabajo, otras a solicitud de uno o varios de sus integrantes, o bien, con motivo de la Glosa del IV Informe de Gobierno; estas últimas, de conformidad con los tiempos, formatos y procedimientos establecidos por acuerdo de la Junta de Coordinación Política. El siguiente listado da cuenta de las más importantes.

Fecha y hora: 22 de enero de 2004, 11:00 horas.
Titular/dependencia o institución: Licenciado Mario Gabriel Budebo, Presidente de la Comisión Nacional de Sistemas de Ahorro para el Retiro, (Consar).

Fecha y hora: 25 de marzo de 2004
Titular/dependencia o institución: Directivos de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (Amafore)
Especificaciones: Orden del día. Registro de asistencia. Acta y p. a.

Fecha y hora: 12 de mayo de 2004.
Titular/dependencia o institución: Universidad Autónoma de San Luis Potosí y la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados.
Especificaciones: Convenio

Fecha y hora: 5 de octubre de 2004
Titular/dependencia o institución: Glosa del IV Informe del Ejecutivo federal en materia de trabajo y previsión social. Licenciado Carlos M. Abascal Carranza.
secretario del ramo.
Especificaciones: Acuerdo de la J. C. P. Registro de asistencia. Versión Estenográfica.

Fecha y hora: 20 de octubre de 2004, 10.30 horas
Titular/dependencia o institución: CCP. Víctor Manuel Borras Setién, director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. (Infonavit).
Especificaciones: 7 de octubre de 2004, 17:00 horas.

Fecha y hora:
Titular/dependencia o institución: C. doctor Santiago Levy Coppel, Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Especificaciones: Dirección General del IMSS, (efectuada por Glosa del IV Informe de Gobierno).

Fecha y hora: 29 de noviembre de 2004. 11:00 horas.
Titular/dependencia o institución: Licenciado Carlos Ma. Abascal Carranza, C. secretario. Secretaría de Trabajo y Previsión Social, y otros funcionarios.
Especificaciones: Reunión de trabajo.

III.1.4. Otros eventos y actividades

De manera complementaria a la actividad legislativa, la Comisión participó en diferentes foros y eventos, o se involucró en asesorías o tareas de gestión social en favor de grupos organizados.

Entre los primeros destacaron dos foros o reuniones de trabajo en Comisiones Unidas, con la Especial para la Niñez Adolescencia y Familias, en temáticas sobre trabajo infantil y explotación sexual comercial de la infancia; así como la suscripción de un convenio de colaboración con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí para la realización de estudios e investigaciones de interés para ambas.

Entre las segundas, la orientación y apoyo brindados a ex trabajadores de la empresa Euzkadi, para la defensa de sus derechos ante la reticencia de los empleadores para garantizárselos, con motivo de la liquidación de dicha empresa.

III.2. De los trabajos en conferencia parlamentaria con la Comisión Colegisladora del Senado de la República

Con fundamento en el artículo 90, segundo párrafo de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en el Reglamento para su Gobierno Interior, las fracciones parlamentarias representadas en la Comisión de Trabajo y Previsión Social suscribieron en sesión ordinaria del día seis de noviembre de dos mil tres, un punto de acuerdo por el que se facultó a su Mesa Directiva para evaluar los acuerdos de las sesiones en Conferencia con la Comisión Colegisladora del Senado de la LVIII Legislatura; y a presentar un informe de evaluación de los trabajos y formulación de propuestas ante el pleno de la Comisión, habiéndose decidido por unanimidad reanudar el estudio y análisis de los antecedentes legislativos, producto de las Sesiones en Conferencia, con respecto al análisis y estudio de los proyectos de reforma integral a la Ley Federal del Trabajo.

Una vez que se cumplió con los procedimientos parlamentarios ante los órganos superiores de ambas cámaras, se declararon instalados los trabajos en Conferencia en sesión del 21 de abril de 2004, conforme a la cual se llevó a cabo la presentación de los avances logrados por la LVIII sobre los trabajos que se habían iniciado con ese propósito.

En sesiones subsecuentes de este tipo, se asumieron acuerdos adicionales importantes, entre otros, la aprobación de la metodología para abordar en esta nueva Legislatura los trabajos en Conferencia y darles continuidad; la delimitación del estudio y análisis de la Ley a sólo 65 artículos que habían quedado reservados para discusión por la legislatura pasada, en virtud de los consensos que se habían ya alcanzado en el resto del articulado; así como la conformación de un grupo de trabajo de las comisiones de ambas cámaras, integrado en proporción a la representación de cada fracción en el Congreso (Véanse anexos).

Definidos los formatos, metodología, calendario y reglas para el análisis de la reforma integral, luego de tres sesiones en Conferencia el grupo de trabajo especial sesionó hasta en 5 ocasiones, para abocarse por acuerdo de los plenos respectivos de cada comisión, al examen y estudio de los proyectos integrales de reforma existentes, con la encomienda de ir presentado los avances a los plenos de ambas comisiones para la dictaminación definitiva.

De manera general, luego de cinco reuniones del grupo sólo lograron consensuarse cinco artículos, habiendo quedado pendientes de cosensuar otros seis que ya habían sido agendados del subgrupo de los 65 cuando, debido al inicio del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, se consideró que difícilmente el grupo podría continuar con las tareas iniciadas, por lo que en acuerdo tomado en Conferencia, se acordó su disolución para que el análisis de la reforma se reencauzara, en una nueva fase, a través de los trabajos ordinarios de cada de las dos comisiones, con el compromiso de mantener la necesaria comunicación entre ambas sobre posibles avances subsecuentes.

En lo que toca a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de esta Cámara de Diputados, se acordó la conformación de un grupo especial con ese fin. Al 31 de diciembre los trabajos de discusión y análisis de las reformas continuaban su curso, sin que para entonces se hubieran alcanzado mayores consensos de los que se habían tendido anteriormente.

Anexos

1. Grupo de trabajo para el análisis y estudio de la Ley Federal del Trabajo.

2. Relación de turnos remitidos por la LIX Legislatura a la Comisión.

Actas

DE LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, DE SU VIGÉSIMA SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA, QUE TUVO LUGAR EL MIÉRCOLES 2 DE FEBRERO DE 2005

En la Ciudad de México, Distrito Federal, y de conformidad con lo establecido en los artículos 44, numeral 1; 45, numeral 6, incisos d) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; se citó a los integrantes de la Comisión de Agricultura y Ganadería a la reunión ordinaria de trabajo el 2 de febrero de 2005, en el salón E de Los Cristales, a las 10:00 horas para desahogar los asuntos de su competencia bajo el siguiente

Orden del Día

1. Lista de asistencia
2. Declaración de quórum.
3. Aprobación del orden del día.
4. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior.
5. Análisis de minutas e iniciativas pendientes de dictamen por parte del secretario técnico de la Comisión.
6. Entrega de los proyectos de dictamen de:
6.1. Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar.
6.2. Ley de Semillas.
6.3. Reforma al artículo 71 de la Ley para el Desarrollo Rural Sustentable.

7. Entrega del informe que rinde la Sagarpa correspondiente al periodo enero-diciembre del 2004 relativo a los programas sujetos a reglas de operación.
8. Asuntos generales:
8.1 Fecha de la próxima reunión ordinaria.
8.2 Fecha de la próxima reunión extraordinaria.
8.3 Fechas de próximos foros.
9. Clausura.

Se procedió a pasar lista de asistencia, encontrándose presentes los CC. diputados: Cruz López Aguilar, Juan Manuel Dávalos Padilla, Gonzalo Ruiz Cerón, Diego Palmero Andrade, Antonio Mejía Haro, Julián Nazar Morales, Carlos Blackaller Ayala, Alejandro Saldaña Villaseñor, Jesús Morales Flores, Roger David Alcocer García, Arturo Robles Aguilar, Mario Ernesto Dávila Aranda, José María de la Vega Lárraga, Rocío Guzmán de Paz, Alberto Urcino Méndez Gálvez, Miriam Mariana Muñoz Vargas, Edmundo Valencia Monterrubio, Valentín González Bautista, Marcelo Herrera Herbert, Enrique Torres Cuadros, Víctor Suárez Carrera.

Tomando la lista de asistencia se registró un total de 21 diputados, por lo que se declaró la existencia del quórum necesario para iniciar la reunión.

Asimismo a la reunión asistieron los Presidentes de la Comisión Especial del Café, diputado Jorge Utrilla Robles, y de la Comisión Especial de la Agroindustria de la Caña de Azúcar, diputado Marco Antonio Torres Hernández, así como los CC. diputada María Hilaria Domínguez Arvizu y diputado Lamberto Díaz Nieblas.

El diputado secretario Juan Manuel Dávalos Padilla, en su calidad de conductor de la reunión dio lectura a los acuerdos del acta de la sesión anterior, la cual sometió a votación, aprobándose por mayoría.

El diputado secretario cedió la palabra al licenciado Rubén Treviño Castillo para hacer una presentación de las diferentes iniciativas de ley que han sido turnadas a la Comisión.

El licenciado Rubén Treviño Castillo inició su presentación exponiendo a detalle las iniciativas de ley que sobre café existen en la Comisión de Agricultura y Ganadería, mismas que han sido consensuadas en un anteproyecto de dictamen que presentó a esta Comisión de Agricultura y Ganadería la Comisión Especial del Café.

El diputado Cruz López Aguilar manifestó que en la reunión anterior se acordó tomar en cuenta las propuestas que tuvieran los diputados respecto al dictamen de cafeticultura que se estaba presentando con el objeto de incorporarlas al proyecto y en la sesión del 2 de febrero se pudiera estar en condiciones de aprobar dicho dictamen. Destacó la presencia del diputado Jorge Utrilla Robles, Presidente de la Comisión Especial del Café, así como de la situación de incertidumbre por la que pasaba el sector cafetalero por el desmantelamiento del Consejo Mexicano de Café, AC, y las probables anomalías que se detectaron en los recursos que manejaba dicho Consejo por la Auditoría Superior de la Federación, remarcando la importancia y urgencia de contar con una ley marco para la cafeticultura nacional.

El diputado Cruz López Aguilar informó a los presentes que el nuevo proyecto de dictamen en comento contaba con las observaciones y propuestas realizadas por el diputado Albero Urcino Méndez, el diputado Edmundo Valencia Monterrubio y el diputado José María de la Vega Lárraga, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y que dichas modificaciones se hicieron en los artículos 4, 5, 25, 29, 47, 48, 53, 58, 61 y 62 del proyecto, por lo que pidió al secretario abrir la discusión al respecto.

El diputado Marcelo Herrera Herbert propuso a los integrantes de la Comisión una modificación en la redacción del texto en el apartado de las consideraciones, dándose éstas en el primero y segundo párrafos de dichas consideraciones, esto con la finalidad de dar coherencia en la redacción, lo cual fue aceptado.

El diputado Alberto Urcino Méndez solicitó a la Presidencia de la Comisión informar a los integrantes sobre el impacto presupuestal que tendría la creación del Consejo Mexicano del Café como organismo público descentralizado, y que este gasto habría de cubrirse con el presupuesto autorizado.

El diputado Gonzalo Ruiz Cerón solicitó a los diputados una prórroga para que el dictamen sobre cafeticultura se aprobara en la siguiente reunión de trabajo de la Comisión, con el objeto de permitir a las organizaciones de productores de café, particularmente del estado de Oaxaca, hacer llegar sus observaciones y en su oportunidad pudieran ser incorporadas al mismo.

El diputado secretario sometió a la consideración del pleno de la Comisión la propuesta por el diputado Gonzalo Ruiz Cerón aprobándose por mayoría el dictamen en lo general con las observaciones realizadas e incorporando las que presentaran las organizaciones de Oaxaca en la medida que enriquecieran el dictamen. El dictamen final se presentaría en la próxima reunión.

Dando continuidad con el orden del día de la reunión el diputado Cruz López Aguilar manifestó que el dictamen de la minuta que expide la Ley de Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Rural fue presentado e incluso discutido en la reunión de trabajo anterior por lo que solicitó al diputado secretario someterla a su respectiva votación.

El diputado secretario Juan Manuel Dávalos Padilla sometió a votación el dictamen con proyecto de decreto de la minuta que expide la Ley de Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Rural y en virtud de que no existieron observaciones al mismo se aprobó por mayoría de los integrantes y se instruyó a la secretaría técnica remitir dicho dictamen aprobado a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

El licenciado Rubén Treviño Castillo, secretario técnico de la Comisión, informó a los diputados de la existencia de cuatro iniciativas de ley sobre Sanidad Animal y Calidad Agroalimentaria, presentadas por el Congreso del estado de Jalisco, el diputado Gonzalo Alemán Migliolo, el diputado Guillermo Tamborrel Suárez y el diputado Gonzalo Moreno Arévalo, respectivamente por lo que se proponían reformas a la Ley Federal de Sanidad Animal.

Al proyecto de dictamen a la Ley Federal de Sanidad Animal se le incorporaron las observaciones hechas por la Comisión Especial de Ganadería.

El diputado Cruz López Aguilar explicó que el dictamen a la Ley Federal de Sanidad Animal se repartió a los integrantes de la Comisión en la reunión del pasado 18 de enero, sin que a la fecha se haya recibido observación o propuesta alguna por lo que solicitó al diputado secretario abrirlo a discusión y en su caso someterlo a votación.

El diputado Antonio Mejía Haro solicitó al diputado secretario someter a la consideración de los presentes dos modificaciones al proyecto de dictamen en sus artículos 20 y 64, consistentes en que la verificación e inspección zoosanitaria de productos cárnicos que ingresan al país deberá ser realizada por personal exclusivamente de la Sagarpa, asimismo se establece la aplicación de sanciones para el que utilice betaagonistas prohibidos, a quienes expendan o almacenen estos productos para su uso en engorda de ganado.

El diputado Mario Ernesto Dávila Aranda propuso modificaciones a la redacción del artículo 63 con la finalidad de elevar la pena y la multa a quien utilicen indebidamente betaagonistas prohibidos por la Secretaría para la engorda de ganado.

El diputado secretario Juan Manuel Dávalos Padilla sometió a votación en un sólo acto las modificaciones al proyecto de dictamen de la Ley Federal de Sanidad Animal.

El dictamen de la Ley Federal de Sanidad Animal se aprobó por mayoría en lo general y en lo particular con las propuestas presentadas.

El licenciado Rubén Treviño Castillo, secretario técnico de la Comisión, informó a los diputados que en materia azucarera se encuentran en la Comisión tres iniciativas de ley propuestas por diputados del PRI, PAN y PRD respectivamente, las cuales fueron distribuidas a los integrantes de la Comisión, así como a los integrantes de la Subcomisión que se integró exprofeso. Esta Subcomisión de Trabajo, cuando se instaló la Comisión Especial de la Caña de Azúcar, le pasó toda la documentación que obraba en sus manos.

El diputado Cruz López Aguilar señaló que el proyecto de dictamen de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar se formuló con las aportaciones que originalmente hicieron los integrantes de la Subcomisión de Trabajo que se creó al interior de la Comisión, así como las aportaciones que en su momento también aportó la Comisión Especial de la Caña de Azúcar, por tal motivo se les hace un exhorto a revisar y estudiar con profundidad dicho proyecto de dictamen y que en su momento hagan llegar a la Secretaría Técnica sus comentarios y observaciones con el objeto de contar con un instrumento jurídico que defienda y dé seguridad al desarrollo del sistema-producto caña de azúcar, acordándose realizar un taller de trabajo al respecto.

El licenciado Rubén Treviño Castillo, secretario técnico de la Comisión, informó que existen diversas iniciativas y minutas para modificar, adicionar y derogar diversos artículos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Presentadas por el diputado Pedro Manterola Sainz, el diputado Marco Antonio Torres Hernández, senador Fidel Herrera Beltrán, senador Gerardo Buganza Salmerón y senador Carlos Chaurand Arzate.

Asimismo, se informó que en su carpeta hay un proyecto de dictamen que modifica el artículo 71 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable remitido por la Comisión de Desarrollo Rural dictaminada en sentido negativo. Por lo que, el diputado secretario Juan Manuel Dávalos Padilla, de no existir inconveniente de parte de algún legislador de esta Comisión y en base al análisis el área técnica y jurídica de nuestra Comisión, solicitó su aprobación en dichos términos, aprobándose en sus términos por la mayoría.

El licenciado Rubén Treviño Castillo, secretario técnico, sugirió a los integrantes de la Comisión un punto de acuerdo para que la Secretaría Técnica a través del área de asesores y con apoyo del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria se presenten en la sucesivas reuniones de la Comisión, diversos proyectos de dictamen sobre las iniciativas que se turnen a la Comisión para su envío a los legisladores con el objeto de acelerar su análisis y desahogo.

El diputado secretario Juan Manuel Dávalos Padilla sometió a votación la propuesta del secretario técnico de la Comisión aprobándose ésta por la mayoría de los integrantes.

Siguiendo con el orden del día el licenciado Rubén Treviño Castillo, secretario técnico de la Comisión, informó de la existencia de la iniciativa de Ley General para la Producción, Certificación y Comercialización de Semillas, presentada por el diputado Julián Nazar Morales, la iniciativa de Ley para la protección, Fomento de las Semillas Mejoradas y Variedades Nativas Mexicanas del diputado Víctor Suárez Carrera, así como la iniciativa con proyecto de decreto que ordena la Extinción por Liquidación de la Productora Nacional de Semillas, presentada por el titular del Poder Ejecutivo federal.

El diputado Cruz López Aguilar manifestó que después de haber leído ambas iniciativas respecto a la producción y comercio de semillas encontró grandes coincidencias, por lo que considera que ambas iniciativas son complementarias, pues son las semillas donde inicia todo paquete tecnológico y resulta indispensable mejorar la producción y la calidad de las semillas así como mejorar su eficiente suministro a los productores.

El diputado Cruz López Aguilar señaló que si bien la Productora Nacional de Semillas se extinguiría con la creación de la nueva Ley, tampoco se podía dejar a los productores a merced de precios muy elevados; por lo que la Ley crea una Promotora Nacional de Semillas, donde si bien el estado tiene una participación mayoritaria se suma a esta Promotora el esfuerzo y trabajo de las organizaciones campesinas dedicadas a la producción y comercio de semillas.

Dando continuidad con el orden del día el diputado Antonio Mejía Haro manifestó que la Subcomisión de Trabajo para la Iniciativa de Ley de Restauración y Conservación de Tierras ya aprobó un Programa de Trabajo el cual incluye 6 Foros Regionales en conjunto con la Comisión de Desarrollo Rural y la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de los cuales el primero de ellos se llevará a cabo el próximo 18 de febrero en el municipio de Fresnillo en el estado de Zacatecas y el segundo en la ciudad de Guadalajara en el estado de Jalisco, los cuales serán organizados por esta Comisión.

El licenciado Rubén Treviño Castillo, secretario técnico de la Comisión, manifestó a los diputados presentes que el dictamen de la Iniciativa Ley de Gas Natural de Proceso, Amoniaco y Fertilizantes Nitrogenados, se había turnado a la Comisión de Energía sin que hasta el momento dicha Comisión conformara grupo de trabajo o hiciera alguna reunión conjunta con esta Comisión para tratar el tema, por lo que sugirió a la Comisión presentar una excitativa ante el Pleno de la Cámara.

El diputado Juan Manuel Dávalos Padilla sometió a la consideración de los integrantes de la Comisión la petición del secretario técnico para formular excitativa a la Comisión de Energía y al mismo tiempo solicitar la opinión de la Comisión de Economía. Dicha propuesta fue aprobada por la mayoría de los integrantes.

En el desarrollo de esta reunión de trabajo se llegaron a los siguientes

Acuerdos

Primero: Se posterga la aprobación del dictamen de la ley sobre la cafeticultura para el próximo 23 de febrero. Para que se incorporen al mismo las observaciones que presentarán los cafeticultores del estado de Oaxaca, asimismo modificaciones propuestas por el diputado Marcelo Herrera Herbert aprobadas en el seno de la Comisión.

El dictamen que hoy se presenta contiene las modificaciones aprobadas en la reunión pasada.

Segundo: Es de aprobarse por esta Comisión el dictamen que expide la Ley de Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Rural para que se remita a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para los efectos legales conducentes.

Tercero: Se aprobó en lo general y en lo particular el proyecto de dictamen de la Ley Federal de Sanidad Animal con las modificaciones aprobadas por el pleno de la Comisión el 2 de febrero de 2005 y se instruye a la Secretaría Técnica seguir con el procedimiento legislativo para remitirla al Pleno de la Cámara de Diputados.

Cuarto: Se autoriza a la Secretaría Técnica de la Comisión para que junto con el área de asesores y con apoyo del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaría, presenten en la sesiones ordinarias subsecuentes de la Comisión los proyectos de dictamen de las iniciativas y puntos de acuerdo que se turnen a la Comisión para estudio y análisis de los legisladores integrantes.

Dicho acuerdo se dará cumplimiento conforme vayan turnándose expedientes a la Comisión.

Quinto: Se mandata a la Presidencia de la Comisión para presentar una excitativa respetuosa a la Comisión de Energía para que dictamine a la brevedad posible el dictamen de la Ley de Gas Natural de Proceso, Amoniaco y Fertilizantes Nitrogenados. Al mismo tiempo se solicite la opinión de la Comisión de Economía sobre el particular.

Sexto: Remitir a la Secretaría Técnica de la Comisión las propuestas, sugerencias o modificaciones que los diputados deseen hacer a los proyectos de dictamen de la Ley de Semillas y Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de azúcar.

Séptimo: Llevar a cabo un taller de trabajo para el análisis del proyecto de dictamen de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar. Con expertos en el tema.

Octavo: La próxima reunión de trabajo de la Comisión tendrá verificativo el 23 de febrero de 2005.

Noveno: La próxima reunión extraordinaria de la Comisión, tendrá verificativo el 2 de marzo de 2005, en las oficinas del C. Secretario del Ramo.

Dando cumplimiento a lo puesto en el artículo 45 de Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, firman al calce por la Mesa Directiva de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la LIX Legislatura:

Diputados: Cruz López Aguilar, Presidente; Juan Manuel Dávalos Padilla, secretario; Gonzalo Ruiz Cerón, secretario; Antonio Mejía Haro, secretario; Diego Palmero Andrade, secretario (rúbricas).

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3, numeral 2, del Reglamento para la Transparencia y Acceso a la Información Pública de la H. Cámara de Diputados, se instruye a la Secretaría Técnica, publicar la presente acta en la Gaceta Parlamentaria.

DE LA COMISION DE ASUNTOS INDÍGENAS, CORRESPONDIENTE A SU OCTAVA REUNIÓN PLENARIA, CELEBRADA EL MARTES 19 DE OCTUBRE DE 2004

Siendo las 11:00 horas del día 19 de octubre del año dos mil cuatro, en la oficina que ocupa la Comisión de Asuntos Indígenas, edificio D, cuarto piso del Palacio Legislativo de San Lázaro, se reunieron los diputados integrantes de la misma, con el propósito de celebrar la octava reunión plenaria para desahogar el siguiente orden del día:

1. Lista de asistencia, y en su caso verificación de quórum.

El Presidente de la Comisión, diputado Javier Manzano Salazar, pide al diputado Ángel Paulino Canul Pacab, secretario, pasar asistencia y verificar quórum. Se pasa lista de asistencia, encontrándose presente los siguientes diputados y diputadas:

Javier Manzano Salazar, Ángel Paulino Canul Pacab, Sofía Castro Ríos, Huberto Aldaz Hernández, José Luis Cabrera Padilla, Marbella Casanova Calam, César Antonio Chávez Castillo, Bernardino Ramos Iturbide, José Lamberto Díaz Nieblas, José Guzmán Santos, Luis Felipe Madrigal Hernández, Benjamín Sagahon Medina, Marcelo Tecolapa Tixteco, Jorge Baldemar Utrilla Robles, José Irene Álvarez Ramos, Margarita del Sagrado Corazón Chávez Murguía, Luis Andrés Esteva Melchor, Evangelina Pérez Zaragoza, Sergio Vázquez García, José Jesús Vázquez González, Leonardo Álvarez Romo.

Declaración de quórum.

Al inicio de la Sesión se encontraban presentes 16 diputados integrantes cumpliéndose el registro de quórum, por lo que el Presidente dio por iniciada la sesión. En el transcurso de la misma se integraron cinco diputados contándose con 21 asistentes.

2. Lectura, y en su caso, aprobación del orden del día.

Enseguida el Presidente pide al mismo secretario, leer y poner a consideración el siguiente orden del día.

1. Lista de asistencia, y en su caso, verificación del quórum.
2. Lectura, y en su caso, aprobación del orden del día.
3. Lectura, y en su caso aprobación del acta de la séptima reunión plenaria.
4. Lectura, discusión, y en su caso, aprobación del dictamen de la Subcomisión Jurídico-Legislativo de la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos.
5. Asuntos generales. En votación económica se aprueba.

3. Lectura, y en su caso, aprobación del acta de sesión anterior de la reunión plenaria.

El diputado secretario Ángel Paulino Canul Pacab pone a consideración del pleno si se dispensa la lectura del acta anterior. Los diputados votan por la afirmativa. Nuevamente el diputado secretario pregunta si se aprueba y los diputados votan por la afirmativa.

4. Lectura, discusión, y en su caso, aprobación del dictamen de la Subcomisión Jurídico-Legislativo de la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos.

Diputado Javier Manzano Salazar

Pide a la diputada Margarita del Sagrado Corazón Chávez Murguía, coordinadora de la Subcomisión Jurídica-Legislativa, exponga el proceso de análisis y discusión de la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos.

Diputada Margarita del Sagrado Corazón Chávez Murguía

Inicia su informe mencionando la integración de la Subcomisión, señalando que la misma celebró una primera reunión para analizar y discutir la minuta de referencia, posteriormente hizo entrega de un cuadro comparativo de la iniciativa de Ley a los miembros de la Subcomisión, considerando el texto de la ley vigente, la propuesta de la minuta recibida de la Cámara de Senadores y la propuesta de la Comisión de Desarrollo Social; en total, la Subcomisión celebró tres reuniones de trabajo.

Solicitó a los integrantes de la subcomisión hicieran llegar sus observaciones con el fin de elaborar la propuesta a presentar ante el pleno de esta Comisión.

Refiere que en reunión de la Subcomisión celebrada el siete de septiembre del año en curso con la asistencia de las diputadas Sofía Castro Ríos (PRI) y Margarita del Sagrado Corazón Chávez Murguía (PAN) y los diputados Luis Andrés Esteva Melchor (PAN) y Bernardino Ramos Iturbide (PRD), manifestándose a favor de la minuta los diputados del PAN y el PRI y en contra el diputado Bernardino Ramos Iturbide del PRD quien expresó que era la postura de los integrantes del grupo parlamentario del PRD en la Comisión.

En su disertación señala que en general se proponen algunas modificaciones a la minuta, en particular al capítulo del proemio, a los Considerandos, así como a los preceptos legales que pretende la reforma a los artículos 2, 4, 7, 8 y 9 de la Ley General de Asentamientos Humanos. También se propone una reforma al artículo 12 de la Ley invocada y que no está contemplada en la minuta proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, además se hace la observación al capítulo Transitorios que dice: "esta Ley entrará en vigor", cuando debe decir: "este Decreto entrará en vigor", por lo que se propone corregir la redacción al texto.

Diputada Sofía Castro Ríos

Respalda lo manifestado por la diputada Margarita del Sagrado Corazón Chávez Murguía, observando que las adiciones que se proponen no fueron consideradas por la Cámara de Senadores y era pertinente su corrección en el momento de emitir el dictamen por parte de la Cámara de Diputados. Propone que los convenios que pueda celebrar la Federación y los estados no sea de manera directa con las comunidades indígenas, sino que estos se puedan celebrar con la participación de los municipios.

Diputado César Chávez Castillo

Presenta una consideración de carácter político que ha venido platicando con los coordinadores de los grupos parlamentarios, considerando asuntos relevantes que la Cámara de Diputados conocerá por lo que pide hacer esfuerzos para construir acuerdos entre los grupos parlamentarios.

Recuerda que el tema indígena ha sido polémico a partir de la reforma constitucional del año 2001, por el momento le preocupa que legislar las leyes secundarias en la materia resurja la polémica con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y con las comunidades indígenas.

Por consideraciones de carácter político y no por el contenido del dictamen, presenta una moción suspensiva en la discusión, análisis y en consecuencia en el dictamen de la minuta proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos. Asimismo seguir impulsando el Encuentro Nacional Indígena, Foro Nacional Indígena o Convención Nacional Indígena, incluso de los pueblos indígenas debería de salir el tipo de evento, por lo que de proceder la moción suspensiva, aprovechar para realizar recorridos a las regiones con población indígena, realizar consultas a los interesados con relación a la reforma legal que se propone y posponerla para el siguiente periodo ordinario.

Diputada Sofía Castro Ríos

Manifiesta que no está de acuerdo con lo vertido por el diputado César Chávez Castillo, ya que la Comisión mal se vería en detener el trabajo legislativo en consecuencia considera que no se puede detener el dictamen de la minuta proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos.

Diputado Bernardino Ramos Iturbide

Se manifiesta por la propuesta del diputado César Chávez Castillo, precisando que no es un asunto estrictamente de la posición política de un partido, señalando que se han presentado las propuestas puntuales, que no fueron aprobadas porque no coinciden con el espíritu de la reforma legal ya que el asunto es de fondo que va más allá de la propia Comisión y que consiste en una reforma constitucional sobre la materia dada la inconformidad de amplios sectores de la sociedad con la reforma constitucional del año 2001 en materia de derechos de los pueblos indígenas. Además propone abrir a debate el tema en materia de derechos y cultura indígena sobre una reforma constitucional, para no generar confrontación entre las fracciones parlamentarias en el Congreso de la Unión.

Diputada Margarita del Sagrado Corazón Chávez Murguía

Señala que no está de acuerdo con la propuesta del diputado César Chávez Castillo de una moción suspensiva, considera que existen diversas minutas turnadas por la Cámara de Senadores, algunas turnadas a la Comisión de Asuntos Indígenas otras se encuentran en diversas Comisiones de la Cámara de Diputados, por lo que manifiesta su preocupación, que se pueda detener o frenar el proceso legislativo de leyes secundarias.

Diputado Huberto Aldaz Hernández

Considera que no está de acuerdo en posponer la discusión entorno a la reglamentación de las leyes tal como lo establece el artículo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin embargo, aclara no estar cerrado al análisis y a la discusión y si la Comisión así lo determina abrir la discusión sobre la problemática indígena.

Diputado Ángel Paulino Canul Pacab

Se congratula con la madurez política que los grupos parlamentarios representados en la Comisión fijan sus posicionamientos sobre el tema que se discute, lo que demuestra que se ha trabajado a conciencia. Pero externa su preocupación sobre lo vertido por el diputado César Chávez Castillo, que la aprobación del dictamen generaría una discusión de carácter político en el ámbito nacional, en particular con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pero acota que si fuese esa la situación, se propone abrir un espacio de análisis integral de la ley. Propone analizar y discutir tres iniciativas que fueron turnadas a la Comisión en la presente Legislatura, dos de ellas presentadas por el de la voz y una más presentada por la diputada Sofía Castro.

Diputado Leonardo Álvarez Romo

Externa su preocupación porque en el momento político actual los grupos parlamentarios no generan acuerdos políticos hay inercias que frenan los avances políticos. Considera que es un avance dictaminar la minuta proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos. Además propone diversas modificaciones al proyecto de decreto de la minuta.

Diputado Jorge Baldemar Utrilla Robles

No está de acuerdo con frenar el dictamen de la minuta proyecto de dque reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos.

Diputado César Chávez Castillo

Aclara que su propuesta de moción suspensiva para dictaminar la minuta proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, no es con el afán de detener el proceso legislativo, mucho menos detener los trabajos de la Comisión o de las Subcomisiones. Reitera que hizo una consideración de carácter político con responsabilidad de que se consultara a los grupos parlamentarios con relación al tema. Está de acuerdo que todas las minutas turnadas por la Cámara de Senadores a la colegisladora y que versan sobre el tema indígena éstas sean remitidas a la Comisión tanto para dictaminarlas como para proponer opinión sobre las mismas.

Diputada Margarita del Sagrado Corazón Chávez Murguía

Espera que la coordinación de su grupo parlamentario considere que es prioritario y necesario y una vez que sea dictaminada la minuta ésta sea turnada al Pleno de la Cámara de Diputados para el desahogo del procedimiento correspondiente.

Diputado Marcelo Tecolapa Tixteco

No está de acuerdo con la intención de frenar aunque sea temporalmente el dictamen de la minuta proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, por el contrario se manifiesta a favor de la legislar leyes secundarias.

Diputado José Guzmán Santos

Considera que la cuestión indígena ha sido un tema álgido, no es un asunto menor, los legisladores tienen una responsabilidad como tal y no pueden evadir la misma y tienen que enfrentar todos los asuntos sobre la materia, sin embargo reconoce que existen diferencias políticas sobre la problemática indígena entre los grupos parlamentarios de los partidos políticos. Esta de acuerdo de poner a debate nacional el tema indígena, para conocer el sentimiento que sobre el asunto puedan plantear diversos sectores de la sociedad conocedores de la problemática.

Diputado Leonardo Álvarez Romo

Reconoce que es un problema la falta de quórum para sesionar y frenar el dictamen para consultar a los coordinadores de los grupos parlamentarios considera que estos apoyan las decisiones de los diputados integrantes de la Comisión en consecuencia está de acuerdo en dictaminar la minuta proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos.

Diputado Javier Manzano Salazar

Reflexiona entorno a la miseria y pobreza en que viven los pueblos indígenas de nuestro país, por lo que el tema indígena no debería ser capital político de partido político alguno, señala que efectivamente ha realizado diversos recorridos a regiones indígenas del país donde los pueblos indígenas le han manifestado su inconformidad con la reforma constitucional del año 2001.

Partiendo de la composición plural de quienes integran la Comisión, es por lo que se respetará lo que decida la mayoría en el dictamen que se encuentra a discusión sobre la minuta proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos.

Respalda la iniciativa que presentó la diputada Sofía Castro, dado que es motivo de discusión y de debate nacional para reconocer a los indígenas como sujetos de derecho público en nuestra Carta Magna, porque considera que es una cuestión de fondo que las organizaciones indígenas vienen impulsando a favor de todos los pueblos indígenas de nuestro país, además de reconocer la autonomía y libre determinación, de reconocer el uso y disfrute de los recursos naturales entre otros aspectos. Exhorta a los integrantes de la Comisión a trabajar con responsabilidad la problemática indígena.

Diputado Bernardino Ramos Iturbide

Presenta voto particular del grupo parlamentario de PRD, sobre el dictamen a la minuta proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos.

Diputado Huberto Aldaz Hernández

Pide proceder de acuerdo a la práctica parlamentaria; primero votar la moción suspensiva que presentó al pleno de la asamblea el diputado César Chávez sobre el dictamen a la minuta proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos y posteriormente continuar con el procedimiento de votación del dictamen.

Diputado Javier Manzano Salazar

Instruye al secretario a realizar la votación de la propuesta del diputado César Chávez Castillo con relación a la moción suspensiva del dictamen a la minuta proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, presentada ante el pleno de la asamblea, si se acepta o se rechaza.

Diputado Ángel Paulino Canul Pacab

Pone a consideración del pleno de la asamblea la solicitud de moción suspensiva del diputado César Chávez Castillo, preguntando ¿Quiénes están por la afirmativa de la moción suspensiva y quiénes están por la negativa? Resultado mayoría por la negativa.

Diputado Bernardino Ramos Iturbide

Da lectura al voto particular del grupo parlamentario de PRD sobre el dictamen a la minuta proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos. Destaca que en la propuesta de reforma a la ley invocada, la consulta a las comunidades indígenas esta no tiene un carácter vinculatorio, por lo que resulta limitada la participación de los pueblos indígenas para diseñar y ejecutar los planes de desarrollo; además que la reforma constitucional del año 2001 no reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público; por lo que se requiere de una reforma que incorpore el carácter pluriétnico de nuestra nación y se plasme el respeto pleno de los derechos políticos de los pueblos indígenas.

Diputado Javier Manzano Salazar

Instruye al secretario preguntar al pleno de la asamblea sí se encuentra suficientemente discutido el dictamen.

Diputado Ángel Paulino Canul Pacab

Pregunta a los diputados y diputadas si está suficientemente discutido el dictamen de la minuta proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, quiénes están por la afirmativa y quiénes están por la negativa. Mayoría por la afirmativa.

Diputado Javier Manzano Salazar

Instruye al secretario para la votación del dictamen de la minuta proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos.

Diputado Ángel Paulino Canul Pacab

Pregunta a las diputadas y diputados que están por la afirmativa, por la negativa y abstenciones del dictamen de la minuta proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, conforme a la lista de asistencia.

Dip. Javier Manzano Salazar. En contra
Dip. Ángel Paulino Canul Pacab. A favor
Dip. Sofía Castro Ríos. A favor
Dip. Huberto Aldaz Hernández. A favor
Dip. José Luis Cabrera Padilla. Abstención
Dip. Marbella Casanova Calam. En contra
Dip. César Antonio Chávez Castillo. En contra
Dip. Bernardino Ramos Iturbide. En contra
Dip. José Lamberto Díaz Nieblas. A favor
Dip. José Guzmán Santos. A favor
Dip. Luis Felipe Madrigal Hernández. A favor
Dip. Benjamín Sagahon Medina. Abstención
Dip. Marcelo Tecolapa Tixteco. A favor
Dip. Jorge Baldemar Utrilla Robles. A favor
Dip. José Irene Álvarez Ramos. A favor
Dip. Margarita del Sagrado Corazón Chávez Murguía. A favor
Dip. Luis Andrés Esteva Melchor . A favor
Dip. Evangelina Pérez Zaragoza. A favor
Dip. Sergio Vázquez García. A favor
Dip. José Jesús Vázquez González. A favor
Dip. Leonardo Álvarez Romo. A favor

Se informa que votaron 15 a favor, 4 en contra y 2 abstenciones.

Diputado Javier Manzano Salazar

Instruye al secretario para celebrar la votación del artículo 4 de la minuta proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, que en lo particular fue reservado para modificación.

Diputado Ángel Paulino Canul Pacab

Pregunta a las diputadas y diputados que están por la afirmativa, por la negativa y abstenciones de la modificación al artículo 4 de la minuta proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, conforme a la lista de asistencia.

Dip. Javier Manzano Salazar. En contra
Dip. Ángel Paulino Canul Pacab. A favor
Dip. Sofía Castro Ríos. A favor
Dip. Huberto Aldaz Hernández . A favor
Dip. José Luis Cabrera Padilla. Abstención
Dip. Marbella Casanova Calam. En contra
Dip. César Antonio Chávez Castillo. En contra
Dip. Bernardino Ramos Iturbide. En contra
Dip. José Lamberto Díaz Nieblas. A favor
Dip. José Guzmán Santos. A favor
Dip. Luis Felipe Madrigal Hernández. A favor
Dip. Benjamín Sagahón Medina. Abstención
Dip. Marcelo Tecolapa Tixteco. A favor
Dip. Jorge Baldemar Utrilla Robles. A favor
Dip. José Irene Álvarez Ramos. A favor
Dip. Margarita del Sagrado Corazón Chávez Murguía. A favor
Dip. Luis Andrés Esteva Melchor. A favor
Dip. Evangelina Pérez Zaragoza. A favor
Dip. Sergio Vázquez García. A favor
Dip. José Jesús Vázquez González. A favor
Dip. Leonardo Álvarez Romo. A favor

Se informa que votaron 15 a favor, 4 en contra y 2 abstenciones.

Diputado Javier Manzano Salazar

Instruye al secretario para celebrar la votación del artículo 9 de la minuta proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, que en lo particular fue reservado para modificación.

Diputado Ángel Paulino Canul Pacab

Pregunta a las diputadas y diputados que están por la afirmativa, por la negativa y abstenciones de la modificación al artículo 9 de la minuta proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, conforme a la lista de asistencia.

Dip. Javier Manzano Salazar. En contra
Dip. Ángel Paulino Canul Pacab. A favor
Dip. Sofía Castro Ríos. A favor
Dip. Huberto Aldaz Hernández. A favor
Dip. José Luis Cabrera Padilla. Abstención
Dip. Marbella Casanova Calam. En contra
Dip. César Antonio Chávez Castillo. En contra
Dip. Bernardino Ramos Iturbide. En contra
Dip. José Lamberto Díaz Nieblas. A favor
Dip. José Guzmán Santos. A favor
Dip. Luis Felipe Madrigal Hernández. A favor
Dip. Benjamín Sagahon Medina. Abstención
Dip. Marcelo Tecolapa Tixteco. A favor
Dip. Jorge Baldemar Utrilla Robles. A favor
Dip. José Irene Álvarez Ramos. A favor
Dip. Margarita del Sagrado Corazón Chávez Murguía. A favor
Dip. Luis Andrés Esteva Melchor. A favor
Dip. Evangelina Pérez Zaragoza. A favor
Dip. Sergio Vázquez García. A favor
Dip. José Jesús Vázquez González. A favor
Dip. Leonardo Álvarez Romo. A favor

Se informa que votaron 15 a favor, 4 en contra y 2 abstenciones.

Diputada Margarita del Sagrado Corazón Chávez Murguía

Pide que una vez realizadas las modificaciones a la minuta proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, celebrar la reunión en Comisiones Unidas con la de Desarrollo Social, y de Asuntos Indígenas y continuar con el procedimiento.

5. Asuntos generales

Se informa de la reunión con la licenciada Josefina Vázquez Mota, secretaria de Desarrollo Social del Gobierno Federal, para el día 20 de octubre de 2004, a las 17:00 horas, en el salón Protocolo edificio A del Palacio Legislativo de San Lázaro.

No habiendo otro asunto que tratar se da por terminada la reunión plenaria.

Por la Mesa Directiva

Diputados: Javier Manzano Salazar, Presidente; Huberto Aldaz Hernández, Sofía Castro Ríos, Ángel Paulino Canul Pacab, secretarios. (rúbricas).

Votaciones

DE CONFORMIDAD CON LO QUE DISPONE EL ARTÍCULO 2, NUMERAL 2, INCISO C, DEL REGLAMENTO PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS, SE PUBLICA LA SIGUIENTE VOTACIÓN

Del dictamen de la Comisión de Economía, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 6, fracciones III y X, y 90, fracción XV; y se adicionan la fracción XV Bis al artículo 90 y un Capítulo II Bis, denominado "De las Marcas Notoriamente Conocidas y Famosas", a la Ley de la Propiedad Industrial (en lo general y en lo particular)

Votación.doc

Convocatorias

DE LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

A su reunión extraordinaria, que se verificará el miércoles 2 de marzo, a las 9 horas, en las instalaciones de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Atentamente
Dip. Cruz López Aguilar
Presidente

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DE TURISMO

Al foro Incentivos fiscales al turismo, que se verificará el miércoles 2 de marzo, a las 9 horas, en el salón Legisladores de la República (Salón Verde), situado en el edificio A, segundo nivel.

Atentamente
Dip. Gustavo Madero Muñoz
Presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público

DEL COMITE DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO E INVESTIGACIONES PARLAMENTARIAS

Al foro La experiencia alemana con las directrices de la OCDE en defensa de los derechos laborales (Euzkadi, General Tire y Uniroyal), que se verificará el miércoles 2 de marzo, a las 10 horas, en el auditorio norte, situado en el edificio Ade Palacio Legislativo.

Atentamente
Dip. Pablo Franco Hernández
Presidente

DE LA COMISION ESPECIAL PARA ANALIZAR LOS PROBLEMAS DE LA AGROINDUSTRIA MEXICANA DE LA CAÑA DE AZÚCAR

A su décima reunión ordinaria, que se realizará el miércoles 2 de marzo, a las 16 horas, en la sala Veracruz, situada en el edificio H, primer nivel.

Orden del Día

1. Lista de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior.
3. Estudio y análisis del predictamen del proyecto de Ley de la Agroindustria de la Caña de Azúcar.
4. Asuntos generales.
5. Clausura de la reunión. Atentamente
Dip. Marco Antonio Torres Hernández
Presidente

DE LA COMISION ESPECIAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIAS

Al Foro sobre paternidad responsable y familias, que se verificará el lunes 7 de marzo, a las 9 horas, en el salón Legisladores de la República (Salón Verde), situado en el edificio A, segundo nivel.

Programa

9:00 Registro
9:45 Bienvenida.

Primer panel: Ámbito gubernamental.

10:00 Licenciada Elena Zúñiga Herrera, secretaria general de Conapo.
10:20 Ingeniero Felipe Valdéz de Anda, subsecretario de Atención a Grupos Vulnerables del DIF Nacional.
10:30 Magistrada Graciela Guadalupe Buchanan Ortega, 5ª Sala de lo Familiar.
10:50 Diputado Rodrigo Iván Cortés Jiménez, integrante de la Comisión Especial de la Niñez, Adolescencia y Familias.
11:10 Sesión de preguntas y respuestas.

Segundo panel: Ámbito académico.

11:30 Doctora Alicia Elena Pérez Duarte y Noroña, integrante de la Organización Mundial contra la Tortura.
11:50 Licenciado Alfonso Muñoz, director académico del Instituto Superior de Estudios de la Familia.
12:10 Maestra Olga Bustos, presidenta del Colegio de Académicas Universitarias de la UNAM y coordinadora del Centro Comunicación Dr. Julián Mac Gregor, UNAM.
12:30 Sesión de preguntas y respuestas.
12:50 Receso.

Tercer panel: Ámbito social-civil.

13:10 Ingeniero Enrique Gómez Serrano, integrante de la Alianza Latinoamericana para la Familia.
13:30 Licenciado José Aguilar, presidente de la Red Democracia y Sexualidad.
13:50 Licenciado Reynaldo Vyeira Márquez, director de la Unión Nacional de Padres de Familia.
14:10 Maestra Nelia Bojórquez, consultora del UNICEF.
14:30 Sesión de preguntas y respuestas.
14:50 Clausura.

Atentamente
Dip. Angélica de la Peña Gómez
Presidenta

DEL COMITE DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO E INVESTIGACIONES PARLAMENTARIAS

A su reunión plenaria, que se verificará el martes 8 de marzo, a las 10:30 horas, en el salón BI del basamento del GPPAN, situado en el edificio A.

Atentamente
Dip. Pablo Franco Hernández
Presidente

DE LA COMISION DE PARTICIPACION CIUDADANA

A la reunión de su Mesa Directiva, que se verificará el martes 8 de marzo, a las 12 horas, en el edificio F, cuarto piso.

Atentamente
Dip. Jaime Miguel Moreno Garavilla
Presidente

DE LA COMISION DE DESARROLLO RURAL

A la reunión de su Mesa Directiva, que se llevará a cabo el martes 8 de marzo, a las 15 horas, en las oficinas de la Comisión (edificio D, cuarto piso).

Atentamente
Dip. Miguel Luna Harnández
Presidente

DE LA COMISION DE SALUD

Conjuntamente con la Secretaría de Salud del estado de Durango, y la Facultad de Medicina de la UJED, al octavo foro regional La reproducción asistida en México y sus expectativas, que se llevará a cabo el miércoles 9 de marzo, de las 8:30 a las 15 horas, en el salón Durango del Hotel Gobernador (Avenida 20 de Noviembre 257 Oriente, zona centro, Durango, Durango).

Programa

8:30 a 9:00
Registro de participantes.

9:00 a 9:15
Ceremonia de inauguración.
Presentación de invitados al presídium.

Inauguración del evento.
Diputado federal José Ángel Córdova Villalobos, Presidente de la Comisión de Salud de la LIX Legislatura.

9:15 a 10:00
Aspectos legislativos en materia de reproducción asistida.
Diputado federal doctor José Ángel Córdova Villalobos, Presidente de la Comisión de Salud de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados.

10:00 a 10:30
Infertilidad humana: problema médico social.
Doctor Jaime Ayala Barragán.

10:30 a 11:00
Causas de la infertilidad humana.
Doctor Juan Carlos Ayala Luna.

11:00 a 11:30
Métodos y técnicas de reproducción asistida.
Doctor Juan Carlos Arias Benítez.

11:30 a 11:45
Receso

11:45 a 12:30
Psicoinfertilidad, crisis emocional de la pareja.
Doctor Sergio Arturo Aldaba Carreón.

12:30 a 13:00
Aspectos bioéticos de la reproducción asistida.
Doctor Manuel Genaro Picazo Castañeda.

13:00 a 13:30
Aspectos jurídicos en materia de reproducción asistida.
Licenciado Carlos Augusto Leyva Gutiérrez.

13:30 a 13:50
Mesa redonda.

13:50 a 14:50
Cuestionario.
Intercambio de opiniones.

14:50
Clausura.

Organizadores

Mesa Directiva de la Comisión de Salud

Presidente: diputado José Ángel Córdova Villalobos.

Secretarios:
Diputado Pablo Anaya Rivera.
Diputada María Cristina Díaz Salazar.
Diputado Rafael García Tinajero.
Diputado José Javier Osorio Salcido.

Coordinador: diputado Jaime Fernández Saracho, integrante de la Comisión de Salud.

La Comisión de Salud, en su archivo, cuenta con la iniciativa de la Ley para Regular las Técnicas de Reproducción Asistida.

De la Comisión Especial para analizar la situación de la cuenca Lerma-Chapala

A la reunión informativa con el ingeniero Alberto Cárdenas Jiménez, titular de la Semarnat, en el marco de su quinta reunión plenaria, que se verificará el miércoles 9 de marzo, a las 9 horas, en el salón de protocolo del vestíbulo principal.

Atentamente
Dip. Roberto A. Marrufo Torres
Presidente

DE LA COMISION DE DESARROLLO RURAL

A su duodécima reunión de trabajo, que se llevará a cabo el miércoles 9 de marzo, de las 12:30 a las 14:30 horas, en el salón B de edificio G (Los Cristales).

Atentamente
Dip. Miguel Luna Harnández
Presidente

DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA

A su reunión ordinaria, que se llevará a cabo el miércoles 9 de marzo, a las 15 horas, en el salón B del edificio G (Los Cristales).

Atentamente
Dip. Manuel García Corpus
Presidente

DE LA COMISION DE DESARROLLO RURAL

A su reunión de trabajo con la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable, en el marco de las Comisiones Unidas del Sector Rural de la H. Cámara de Diputados, el miércoles 9 de marzo, a las 18 horas, en el salón Legisladores de la República, situado en el edificio A, segundo nivel.

Atentamente
Dip. Miguel Luna Harnández
Presidente

DE LA COMISION DE POBLACION, FRONTERAS Y ASUNTOS MIGRATORIOS

A su reunión plenaria con el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, doctor José Luis Soberanes Fernández, que tendrá lugar el martes 25 de marzo, a las 15 horas, en la zona C del edificio G (Los Cristales).

Orden del Día

1. Lista de asistencia y verificación de quórum.
2. Presentación de invitados a cargo del diputado Juan Antonio Guajardo Anzaldúa, Presidente de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.
3. Exposición del Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, doctor José Luis Soberanes Fernández.
4. Sesión de preguntas y respuestas por parte de los legisladores.
5. Conclusiones de la reunión por parte de la (del) secretaria (o), diputadas y diputados.
6. Clausura. Atentamente
Dip. Juan Antonio Guajardo Anzaldúa
Presidente

DE LA COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Al foro Responsabilidad civil, que se llevará a cabo el miércoles 16 de marzo, a las 10 horas, en el auditorio norte (edificio A, segundo nivel).

Atentamente
Dip. Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán
Presidenta