De la Presidencia de la Mesa Directiva, a sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, el día lunes 28 de febrero de 2005

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 23, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se cita a las Diputadas y Diputados Federales, a la sesión ordinaria que tendrá verificativo el día lunes 28 de febrero del año en curso, a las 11:00 horas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 24 de febrero de 2005.

Atentamente
Dip. Manlio Fabio Beltrones Rivera
Presidente
 
 
 

DE LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA, A LA SESIÓN ORDINARIA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL MARTES 1 DE MARZO DE 2005

De la Presidencia de la Mesa Directiva, a sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, el día martes 1o. de marzo de 2005

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 23, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se cita a las Diputadas y Diputados Federales, a la sesión ordinaria que tendrá verificativo el día martes 1o. de marzo del año en curso, a las 10:00 horas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 25 de febrero de 2005.

Atentamente
Dip. Manlio Fabio Beltrones Rivera
Presidente
 
 

Considerando

Primero. Que en términos de lo dispuesto por el artículo 38, numeral 1, inciso a), compete a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos establecer el calendario para el desahogo del programa legislativo de los periodos de sesiones.

Segundo. Que en su reunión de trabajo de fecha 18 de enero de 2005, la Conferencia estableció dicho calendario, fijando como días de sesiones del presente Período Ordinario el martes 1° y jueves 3 de marzo del año en curso.

Tercero. Que los coordinadores de los grupos parlamentarios integrados en la Junta de Coordinación Política han expresado su interés en modificar este calendario, para que las sesiones correspondientes varíen en su fecha de celebración.

Por lo expuesto, la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos adopta el siguiente

Acuerdo

Primero. Se modifica el calendario de sesiones aprobado por la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos en su reunión de fecha 18 de enero de 2005, para que en la semana correspondiente se celebren las sesiones ordinarias el lunes 28 de febrero, de las 11 a las 15 horas, y el martes 1° de marzo, de las 10 a las 15 horas.

Segundo.- Notifíquese a la Cámara de Senadores, para los efectos del artículo 68 Constitucional.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de febrero de 2005.

La Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos

Dip. Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica)
Presidente

Dip. Emilio Chuayffet Chemor (rúbrica p.a.)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional

Dip. Francisco Javier Barrio Terrazas (rúbrica p.a.)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional

Dip. Pablo Gómez Álvarez (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática

Dip. Manuel Velasco Coello (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México

Dip. Alejandro González Yáñez (rúbrica p.a.)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo

Dip. Jesús Martínez Álvarez (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia

(Aprobado en votación Económica. Febrero 24 de 2005.)
 
 
 

DE LA JUNTA DE COORDINACION POLÍTICA, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE ENERGÍA Y A LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA A REVISAR Y CORREGIR LOS INCREMENTOS AUTORIZADOS A LAS DISTRIBUIDORAS DE GAS NATURAL EN EL PAÍS Y, EN PARTICULAR, EN GÓMEZ PALACIO, DURANGO

Secretarios de la Mesa Directiva
Cámara de Diputados
Presentes

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículo décimo cuarto del Acuerdo relativo al Orden del Día de las Sesiones, las Discusiones de los Dictámenes y la Operación del Sistema Electrónico de Votación, hace suya la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Energía y a la Comisión Reguladora de Energía, ambas dependientes del Ejecutivo federal revisen y corrijan los incrementos autorizados a las distribuidoras de gas natural en el país, y en particular, en Gómez Palacio, Durango, suscrita por los diputados Francisco Monárrez Rincón, Norma Elizabeth Sotelo Ochoa, Rosario Sáenz López, Pedro Ávila Nevárez, Jaime Fernández Saracho, José Ángel Ibáñez Montes y Laura Martínez Rivera, del grupo parlamentario del PRI, cuyo original se anexa al presente.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero: Se exhorta a la Secretaría de Energía y a la Comisión Reguladora de Energía a que revise y corrija las tarifas autorizadas a los distribuidores de gas natural en el país, y en particular en Gómez Palacio, Durango y la región lagunera.

Segundo: Se exhorta a la Comisión Reguladora de Energía a que explique los criterios económicos y metodología seguida para determinar las tarifas autorizadas en el país y, en particular, en la zona lagunera, toda vez que las aplicadas a partir de noviembre de 2004, con incrementos de hasta mil seiscientos por ciento en el costo por el pago de servicio a los consumidores de alto volumen y de trescientos por ciento a consumidores comerciales y domésticos, contravienen lo dispuesto por los artículos 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículo 3, fracciones VI, VII, X y XXI, de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía.

Palacio Legislativo, a 23 de febrero de 2005.

Dip. Francisco Barrio Terrazas (rúbrica p.a. en contra)
Presidente

Dip. Emilio Chuayffet Chemor (rúbrica p.a.)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional

Dip. Pablo Gómez Álvarez (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática

Dip. Manuel Velasco Coello (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México

Dip. Alejandro González Yáñez (rúbrica p.a.)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo

Dip. Jesús Martínez Álvarez (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia
 

Punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, para exhortar a la Secretaría de Energía y a la Comisión Reguladora de Energía, ambas dependientes del Ejecutivo federal, a que revisen y corrijan los incrementos autorizados a las distribuidoras de gas natural, particularmente en Gómez Palacio, Durango, y en general en la región lagunera

El suscrito, diputado federal Jaime Fernández Saracho, en nombre y representación de los CC. diputados federales de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional por los estados de Durango y Coahuila, cuyos nombres y firmas se adjuntan a este documento, y con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; hacemos uso de la tribuna ante esta honorable asamblea para solicitar un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución al tenor de los siguientes

Considerandos

Primero.- En la región lagunera la empresa Ecogas, anunció en el mes de noviembre del año 2004 un incremento de mil seiscientos por ciento en el costo por el pago de servicio a los consumidores de alto volumen y de trescientos por ciento a consumidores comerciales y domésticos.

Segundo.- Lo desproporcionado en el incremento de tarifas la basa en la autorización emitida por la Comisión Reguladora de Energía, quien con este acto ha provocado una inequidad, pero lo más grave, una considerable afectación económica, cuyos efectos inflacionarios e imposibilidad de pago han creado un foco de inconformidad social.

Tercero.- En el municipio de Gómez Palacio, Durango, se han visto afectados ya doce consumidores de alto volumen y ocho mil consumidores domésticos, lo que constituye un fuerte golpe a la economía familiar y un impacto de efectos inflacionarios en toda la Región lagunera muy superior a los reportados por el banco de México.

Como autoridad, esta Comisión Reguladora de Energía tiene la obligación de perseguir con eficacia la concentración en una o pocas manos de particulares, los artículos o servicios de consumo necesario, como es el caso, del gas natural, más aún cuando se tiene por objeto obtener el alza de precios, ocasionando un perjuicio público a toda una comunidad como es la comarca lagunera, afectando a prestadores de servicios, productores y clase trabajadora en general, en clara contravención del mandato constitucional.

Es por lo anterior, que los suscritos diputados hacemos uso de esta tribuna para exhortar a esta honorable asamblea, apruebe punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, en los siguientes términos:

Único.- Se exhorte a la Comisión Reguladora de Energía, para que revise y corrija las tarifas autorizadas a los distribuidores de gas natural en la región lagunera, y particularmente las de la empresa Ecogas distribuidora en la ciudad de Gómez Palacio, Durango.

Asimismo, también se exhorte a la misma Comisión Reguladora de Energía, a efecto de que explique e informe a esta H. Cámara de Diputados, por conducto de su Comisión de Energía, los criterios económicos y metodología para determinar las tarifas autorizadas en la región lagunera, toda vez que las aplicadas a partir del mes de noviembre del año 2004, con incrementos de hasta mil seiscientos por ciento en el costo por el pago de servicio a los consumidores de alto volumen y de trescientos por ciento a consumidores comerciales y domésticos, que contravienen lo dispuesto por los artículos 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como a lo dispuesto por el artículo 3, fracciones VI, VII, X y XXI, de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía.

Por el estado de Durango

Diputados: Francisco Monárrez Rincón (rúbrica), Norma Elizabeth Sotelo Ochoa (rúbrica), Rosario Sáenz López (rúbrica), Pedro Ávila Nevárez (rúbrica), Jaime Fernández Saracho (rúbrica), José Ángel Ibáñez Montes (rúbrica), Laura Elena Martínez Rivera (rúbrica).

(Aprobado en votación económica. Febrero 24 de 2005.)
 
 
 

DE LA JUNTA DE COORDINACION POLÍTICA, POR EL QUE SOLICITA AL PODER EJECUTIVO FEDERAL QUE, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE SALUD, OTORGUE DE MANERA GRATUITA EL SEGURO POPULAR A LOS INFANTES Y A LOS ADOLESCENTES QUE PADECEN DE CÁNCER EN SUS DIFERENTES CARACTERÍSTICAS Y, EN ESPECIAL, A LOS DE LEUCEMIA

Secretarios de la Mesa Directiva
Cámara de Diputados
Presentes

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el Artículo Décimo Cuarto del Acuerdo relativo al Orden del Día de las Sesiones, las Discusiones de los Dictámenes y la Operación del Sistema Electrónico de Votación, hace suya la Proposición con Punto de Acuerdo para solicitar se les otorgue de manera gratuita el seguro popular implementado por el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Salud a los infantes y adolescentes que padecen de cáncer en sus diferentes características y en especial a los de leucemia, presentada por el Diputado José Manuel Abdala de la Fuente, del Grupo Parlamentario del PRI, cuyo original se anexa al presente.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único: Se solicita al Poder Ejecutivo Federal que a través de la Secretaría de Salud, otorgue de manera gratuita el seguro popular a los infantes y adolescentes que padecen de cáncer en sus diferentes características y, en especial, a los de leucemia.

Palacio Legislativo, a 23 de febrero de 2005.

Dip. Francisco Barrio Terrazas (rúbrica p.a. en contra)
Presidente

Dip. Emilio Chuayffet Chemor (rúbrica p.a.)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional

Dip. Pablo Gómez Álvarez (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática

Dip. Manuel Velasco Coello (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México

Dip. Alejandro González Yáñez (rúbrica p.a.)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo

Dip. Jesús Martínez Álvarez (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia
 

Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para solicitar se les otorgue de manera gratuita el Seguro Popular implementado por el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Salud a los infantes y adolescentes que padecen de cáncer en sus diferentes características y en especial a los de leucemia del estado de Tamaulipas.

El que suscribe, diputado federal José Manuel Abdala de la Fuente del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para solicitar se les otorgue de manera gratuita el Seguro Popular implementado por el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Salud a los infantes y adolescentes que padecen de cáncer en sus diferentes características y en especial a los de leucemia del estado de Tamaulipas, al amparo de los siguientes

Considerandos

Cabe señalar que la Secretaría de Salud ha reconocido que el cáncer en infantes y adolescentes se ha convertido en un problema de salud pública que va en aumento, ya que en la actualidad esta enfermedad es la segunda causa de muerte en el país.

Que hemos sabido que en los últimos años, el problema de la salud, sobre todo en lo que se refiere a cáncer de diferentes tipos y en especial a la leucemia en niños y adolescentes del estado de Tamaulipas se ha incrementado considerablemente.

Como muestra palpable se encuentra el municipio de Nuevo Laredo, en donde los últimos 2 años hemos sufrido la perdida de 10 enfermos entre niños y jóvenes, quienes por falta de una atención adecuada, recursos económicos y tiempo, no pudieron superar dicha enfermedad. Esto sin considerar a los otros 42 municipios restantes que también han presentado casos similares.

Que el estado de Tamaulipas no cuenta con el personal especializado en oncología pediátrica, así como la infraestructura necesaria que permita brindar la atención y el cuidado clínico correspondiente a los infantes y adolescentes con dichas enfermedades, teniendo con ello que trasladarse a otras ciudades como Monterrey y la Ciudad de México para continuar su tratamiento, ocasionando con ello un desembolso económico mayor en las familias, ya que el costo de las medicinas más potentes que curan hasta el 85% la leucemia, son de un precio muy elevado, prueba de ello un transplante de médula ósea llega a alcanzar un costo de hasta un millón de pesos, según la Secretaría de Salud.

Que el Seguro Popular implementado por el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Salud ha causado gran impacto positivo, sobre todo en las clases más necesitadas, donde desgraciadamente se siguen presentando con mayor frecuencia estos casos, por tal motivo consideramos que abrazar esta noble causa de ayuda en niños y adolescentes que padecen cualquier tipo de cáncer y en especial leucemia, sería muy reconocido por todos los tamaulipecos.

Que es de conocimiento de todos, y según cifras de la Secretaría de Salud, que anualmente se presentan miles de casos de niños y adolescentes en el país con cáncer, y son pocos los que reciben atención en instituciones de seguridad social y lo más preocupante, es que la leucemia es la principal causa de cáncer, representa el 50% de todos los casos.

Que solicitamos sean afiliados de manera inmediata al Seguro Popular para su tratamiento, aquellos infantes y adolescentes del estado de Tamaulipas que padecen estas enfermedades, que no estén registrados en otra institución del sector salud, ya que este es el requisito primordial bajo el cual se estableció este programa.

Por lo antes expuesto me permito solicitar a esta honorable asamblea el siguiente

Punto de acuerdo de urgente y obvia resolución.

Único: Se exhorta al Gobierno Federal para que a través de la Secretaría de Salud, se le otorgue de manera gratuita el Seguro Popular a los infantes y adolescentes del estado de Tamaulipas que padecen cáncer en sus diferentes características y en especial de leucemia.

Palacio Legislativo de San Lázaro, febrero de 2005.

Dip. José Manuel Abdala de la Fuente (rúbrica)

(Aprobado en votación económica. Febrero 24 de 2005.)
 
 
 

DE LA JUNTA DE COORDINACION POLÍTICA, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS SECRETARIOS DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN, Y DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES A QUE IMPLEMENTEN A IMPLANTAR CON LA MAYOR BREVEDAD UN PROGRAMA EMERGENTE PARA EL COMBATE INTEGRAL DE LA RATA DE CAMPO EN LA SUPERFICIE DE CULTIVOS AGRÍCOLAS DEL NORTE DEL ESTADO DE SINALOA

Secretarios de la Mesa Directiva
Cámara de Diputados
Presentes

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el Artículo Décimo Cuarto del Acuerdo relativo al Orden del Día de las Sesiones, las Discusiones de losDictámenes y la Operación del Sistema Electrónico de Votación, hace suya la Proposición con Punto de Acuerdo se exhorta a los titulares de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a que estas dependencias implementen a la mayor brevedad posible un programa emergente para el combate integral de la rata de campo en la superficie de cultivos agrícolas del norte del estado de Sinaloa, proporcionándose los recursos económicos necesarios, así como el apoyo técnico y humano para poder contrarrestar este grave problema en los valles agrícolas del Fuerte y del Carrizo, presentada por el Diputado Esteban Valenzuela García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, cuyo original se anexa al presente.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único: Se exhorta a los titulares de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que implementen a la mayor brevedad posible un programa emergente para el combate integral de la rata de campo en la superficie de cultivos agrícolas del norte del Estado de Sinaloa, proporcionándose los recursos económicos necesarios, así como el apoyo técnico y humano para poder contrarrestar este grave problema en los valles agrícolas del Fuerte y del Carrizo.

Palacio Legislativo, 23 de febrero de 2005.

Dip. Francisco Barrio Terrazas (rúbrica p.a. en contra)
Presidente

Dip. Emilio Chuayffet Chemor (rúbrica p.a.)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional

Dip. Pablo Gómez Álvarez (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática

Dip. Manuel Velasco Coello (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México

Dip. Alejandro González Yáñez (rúbrica p.a.)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo

Dip. Jesús Martínez Álvarez (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia
 

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que implementen a la mayor brevedad posible un programa emergente para el combate integral de la rata de campo en la superficie de cultivos agrícolas del norte del estado de Sinaloa

Con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, hago uso de esta tribuna para presentar una proposición con punto de acuerdo.

Por mi conducto, la diputación federal sinaloense del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, expone a la consideración de esta soberanía, la situación actual por la que atraviesa el campo sinaloense y concretamente la zona norte de nuestra entidad, en donde se encuentran asentados los valles agrícolas del Fuerte y del Carrizo, cuyos productores están sufriendo a causa de la invasión masiva y destructiva que ocasiona la rata de campo, situación que repercute en grave perjuicio de la producción y comercialización de sus cultivos, por lo que me permito presentar ante ustedes el siguiente

Diagnóstico

En ultimas fechas se ha registrado en la zona norte del estado de Sinaloa, un grave problema que resulta a raíz de la elevada población e incidencia de la rata de campo (sigmodon hispidus y arizonae) que ha causado severos daños a los cultivos de maíz, frijol, trigo, garbanzo, hortalizas, frutícolas y principalmente a la caña de azúcar, ocasionando cuantiosas perdidas a los productores agrícolas de la región mencionada, específicamente en los valles del Fuerte y del Carrizo.

Como es conocido por todos, la rata de campo resulta ser una de las plagas más dañinas que ataca a los cultivos, debido a su diversidad alimenticia, a su capacidad de adaptación, a sus diferentes hábitats, a su movilidad y a su distribución; provocada por las sequías recurrentes que ha sufrido esta zona en los últimos años, así como a la falta de doble cultivo, al no ejercicio del control cultural debido a la misma sequía, lo que propició que la dinámica poblacional de este animal se elevara a un nivel aproximado al 16%, cuando el margen de existencia manejable es de apenas un 4%, con los consecuentes daños a los cultivos establecidos. Es importante también señalar que en esta región la campaña contra la rata de campo siempre le ha costado al productor agrícola, ya que no se han tenido apoyos estatales ni federales, lo que ha ocasionado que se presente este problema de manera recurrente como sucede en el presente, pues no es suficiente el combate que de manera particular realiza la junta local de sanidad vegetal.

Como se ha mencionado, ante la falta de dobles cultivos debido a la sequía, no fue posible combatir esta plaga por escasez de recursos, ni tampoco se procedió a la limpieza de predios agrícolas y a la conservación de la red hidráulica, lo cual ocasionó un incremento de las poblaciones del roedor durante el año 2004, aparte de que la aplicación de raticidas y trampas, no ha sido suficiente para abatir las poblaciones del roedor, requiriéndose por lo tanto acciones más severas a corto plazo por conducto de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

La alta incidencia de roedores en la zona de cultivos agrícolas del norte de Sinaloa, ha producido un gran impacto social, pues los cultivos que se establecieron para el ciclo otoño-invierno 2004/2005, están resintiendo pérdidas importantes ya que los agricultores ven que cada día esta situación se agrava a pesar de los esfuerzos que se realizan en el combate. Este panorama, ha originado múltiples reuniones entre organismos intermedios y particulares, quienes con desesperación buscan la solución al problema pues advierten que no tendrán ningún tipo de ganancias en sus cultivos por las pérdidas que les ha originado la persistencia de plaga de la rata de campo.

Es grande el impacto económico que ha ocasionado esta plaga, pues de 120 mil hectáreas sembradas, se ha producido una pérdida estimada en 821 millones de pesos. Es el caso de los cultivos de la caña de azúcar, cuya superficie de 16 mil hectáreas sembradas presenta una afectación del 40% y una pérdida estimada en 110 millones de pesos, del frijol con una superficie de 17 mil hectáreas sembradas y una pérdida estimada de 85 millones de pesos, de hortalizas con 20 mil hectáreas sembradas y una pérdida de 250 millones de pesos, de maíz con una superficie de 60 mil hectáreas sembradas y una pérdida estimada de 360 millones de pesos, además de las pérdidas en otros cultivos como el garbanzo, trigo y fruta, advirtiéndose por lo tanto un fuerte detrimento económico en perjuicio de los productores agrícolas de nuestro estado.

De manera particular, los mismos productores han realizado acciones a corto plazo como son la eliminación de madrigueras, limpieza de drenes y canales, eliminación de bordos de tierra en las orillas de la red hidráulica, eliminación de malezas en áreas no cultivadas, instalación de miles de trampas diarias, aplicación de cebos envenenados y eliminación de socas de cultivos, lo que ha producido un gasto aproximado a los 40 millones de pesos.

Asimismo, los productores han implementado acciones anuales permanentes que han consistido en la conservación de la red hidráulica mediante la aplicación de herbicidas, eliminación de bordos de tierra, trampeo masivo en lotes infestados de ratas, aplicación de cebos envenenados, eliminación de socas y programas de monitoreo y alerta fitosanitaria, lo que les ha representado un costo cercano a los 52 millones de pesos.

En virtud de lo anterior, consideramos que a efecto de que los productores no sigan perdiendo sus cultivos, es necesario implementar programas integrales de combate a la rata de campo, en donde exista una efectiva participación de todos los involucrados en este problema, como son los propios productores, el patronato local de sanidad vegetal, las empresas particulares, las asociaciones campesinas, los módulos de riego y fundamentalmente dependencias como la Sagarpa y la Semarnat, para que proporcionen los apoyos económicos, técnicos y humanos para la solución y combate a la plaga que supone la rata de campo.

Por todo lo anteriormente expuesto, me permito proponer a la asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.- Se exhorta a los titulares de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación así como de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a que estas dependencias implementen a la mayor brevedad posible un programa emergente para el combate integral de la rata de campo en la superficie de cultivos agrícolas del norte del estado de Sinaloa, proporcionándose los recursos económicos necesarios, así como el apoyo técnico y humano para poder contrarrestar este grave problema en los valles agrícolas del Fuerte y del Carrizo.

México, DF, a 24 de febrero de 2005.

Dip. Esteban Valenzuela García (rúbrica)

(Aprobado en votación económica. Febrero 24 de 2005.)
 
 
 

DE LA JUNTA DE COORDINACION POLÍTICA, POR EL QUE SE EXHORTA AL SECRETARIO DE GOBERNACIÓN A INVESTIGAR, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 5 DE LA LEY DE SEGURIDAD NACIONAL, LAS ACTIVIDADES ANTICUBANAS DE LA FUNDACIÓN NACIONAL CUBANO-AMERICANA EN EL TERRITORIO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Secretarios de la Mesa Directiva
Cámara de Diputados
Presentes

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículo décimo cuarto del Acuerdo relativo al Orden del Día de las Sesiones, las Discusiones de los Dictámenes y la Operación del Sistema Electrónico de Votación, hace suya la proposición con punto de acuerdo, para exhortar al secretario de Gobernación con fundamento en lo que disponen las fracciones I y II, del artículo 5, del Título Primero, Capítulo Único de la Ley de Seguridad Nacional, para que la Fundación Nacional Cubano-Americana sea investigada por las actividades anticubanas dentro del territorio de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el Diputado Jesús Martínez Álvarez, coordinador del grupo parlamentario del Partido de Convergencia, cuyo original se anexa al presente.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único: Se exhorta al Secretario de Gobernación a que con, fundamento en lo dispuesto por las fracciones I y II del artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional, se investiguen las actividades anticubanas dentro del territorio de los Estados Unidos Mexicanos de la Fundación Nacional Cubano-Americana.

Palacio Legislativo, a 23 de febrero de 2005.

Dip. Francisco Barrio Terrazas (rúbrica p.a. en contra)
Presidente

Dip. Emilio Chuayffet Chemor (rúbrica p.a.)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional

Dip. Pablo Gómez Álvarez (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática

Dip. Manuel Velasco Coello (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México

Dip. Alejandro González Yáñez (rúbrica p.a.)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo

Dip. Jesús Martínez Álvarez (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia
 

Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al secretario de Gobernación, con fundamento en lo que disponen las fracciones I y II del artículo 5 del Título Primero, Capítulo Único, de la Ley de Seguridad Nacional, para que la Fundación Nacional Cubano-Americana sea investigada por las actividades anticubanas dentro del territorio de los Estados Unidos Mexicanos.

El suscrito, diputado federal Jesús Martínez Álvarez, integrante del grupo parlamentario del Partido Convergencia, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, en base a las siguientes:

Consideraciones

La Fundación Nacional Cubano-Americana (FNCA) desde sus orígenes en julio de 1981, ha contado con hombres que han tenido un extenso historial de violencia. Baste citar a Guillermo Novo Sampoll y Gaspar Jiménez Escobedo, quienes por más de cuatro años fueron procesados y sentenciados en Panamá, por haber conspirado para atentar contra el Presidente de Cuba, y que debido a los compromisos contraídos por la señora Mireya Moscoso, entonces Presidenta de Panamá, con los extremistas cubanos de Miami, fueron indultados el 26 de agosto del 2004, sin haber concluido el proceso legal.

Además, Jiménez Escobedo tiene una condena pendiente en México, por haber intentado secuestrar al cónsul de Cuba en Mérida, el 23 de julio de 1976, habiendo resultado asesinado el técnico cubano Artaigñán Díaz Díaz. Posteriormente Jiménez Escobedo escapó de la Cárcel de Oriente con el apoyo de narcotraficantes colombianos.

Por otro lado, Luis Manuel de la Caridad Zúñiga Rey, ha sido subordinado y asalariado de Francisco José Hernández Calvo, dueño de uno de los fusiles que fueron ocupados por el FBI, a un comando terrorista que planeaba asesinar al Presidente de Cuba en la VI Cumbre Iberoamericana en Isla Margarita, Venezuela en noviembre de 1997.

No puede escapar a la memoria de Montenegro, que la FNCA, luchó tenazmente para que el niño cubano Elián González, de seis años, fuese separado definitivamente de su padre cuando fue secuestrado por parientes lejanos en Miami en 1999. ¿Qué derechos humanos defendió la FNCA en este caso? Sería una buena pregunta para dicha Fundación.

Su credibilidad sobre este tema es nula y dudosa. Sin embargo, tiene muchas fortalezas en actos de terror. De hecho, fondos de la FNCA fueron a parar a la guerra sucia de los Estados Unidos en Centroamérica, el nombre de Mas Canosa ha aparecido con frecuencia, en los documentos desclasificados norteamericanos del escándalo Irán-Contras, organización que apoyó a las bandas irregulares que en Angola masacraron a miles de sus ciudadanos por más de veinte años. Esa organización ha estado omnipresente en los actos terroristas realizados por los extremistas cubanos de Miami en los últimos 25 años.

La Fundación de Montenegro financió y apoyó públicamente las bombas que fueron colocadas en hoteles de La Habana en 1997 por terroristas centroamericanos, financiados por la misma y reclutados por el criminal Luis Posada Carriles, cómplice de Mas Canosa, desde que éste lo reclutó y le entregó miles de dólares en 1965 para que dinamitara barcos mexicanos y cubanos en el puerto de Veracruz. Una de estas bombas explotó también en la capital federal mexicana en agosto de 1997.

Montenegro, quien al parecer no está familiarizado con la historia de lo que representa, puede tener acceso al documento desclasificado del FBI No. 105-8280-190, del 1 de julio de 1965, donde hay bastantes referencias de los actos de terror del fundador de la FNCA y su apadrinado Posada Carriles.

Es importante hacer notar también que en territorio mexicano, entre 1959 y el año de 2004, mexicanos y de otras nacionalidades han resultado, muertos, heridos o afectados por el terrorismo de organizaciones como la FNCA.

El 11 de abril de 1997 la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, reunida en Ginebra, en su 54 Sesión, aprobó por medio de la votación nominal de 28 votos a favor, ninguno en contra y 23 abstenciones, una resolución que reitera su condena inequívoca de todo acto, método y práctica de terrorismo, instando además a todos los relatores especiales a abordar en sus informes dirigidos a la Comisión, temáticas sobre las consecuencias de los actos, métodos y prácticas terroristas.

El Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos, Enrique Bernales Ballesteros, como resultado de su visita a La Habana en septiembre de 1999, mencionó por su propio nombre al terrorista Luis Zúñiga Rey. Hizo notar que ha sido demostrado y reconocido por sus autores, que las acciones terroristas ejecutadas en Cuba fueron urdidas, preparadas y financiadas por encargo de la Fundación Nacional Cubano-Americana (FNCA) con matriz en Miami, Florida.

Luis Zúñiga Rey, sabe que esto es rigurosamente cierto, verificable e imposible de negar. ¿Cómo no admitir que en 1973 penetró ilegalmente en la Base Naval de Guantánamo? Que una vez en Estados Unidos se integró a organizaciones contrarrevolucionarias de emigrados cubanos, que el 1 de agosto de 1974 desembarcó en Cuba con armas y explosivos, junto a los terroristas Miguel Sales Figueroa y Rodolfo Luis Camps Verdecia, que la lancha utilizada era del tipo "Thunderbird", matrícula FLA 8722, de 23 pies de eslora y con el nombre de Malú, y, que además entre las armas de guerra que portaba se encontraban varios fusiles AR-15, granadas y explosivos para realizar acciones terroristas.

Este protervo y mendaz terrorista puede detallar los objetivos de su emisario canadiense de apellido Trepanier, a quien envió a Cuba en 1992 para organizar células internas con fines terroristas; o los propósitos antihumanos que lo inspiraron a reclutar en Estados Unidos al cubano Olfiris Pérez Cabrera en 1993 para envenenar al ganado y el agua potable de extensas zonas y precisar cuánto le pagó por estos servicios.

En 1997 dirigió los contactos en el exterior con el ciudadano guatemalteco Percy Francisco Alvarado Godoy, reclutado por la FNCA, para realizar acciones terroristas en Cuba.

Por lo que a nuestros intereses respecta, México es el tercer país después de Cuba y los Estados Unidos que más ha sido afectado por el terrorismo anticubano durante más de 45 años. El pretexto más utilizado por estos criminales radicados en los Estados Unidos para agredir a nuestro país, es la actitud digna y soberana mantenida por México en las últimas cuatro décadas, que, contrario a las presiones internacionales para que colaborar al aislamiento y bloqueo contra Cuba, México se mantuvo en vía de relaciones plenas y diplomáticas con la República de Cuba.

El 24 de octubre de 1959, fueron secuestrados siete barcos pesqueros cubanos en aguas mexicanas por autoridades estadounidenses.

1961

El 29 de junio de 1961, una bomba incendiaria estalló en la Embajada de Cuba en la capital mexicana que produjo daños considerables.

Mientras el 12 de octubre, una bomba de ácido se lanzó contra el cónsul de Cuba en Veracruz.

El 19 de octubre del siguiente año las autoridades mexicanas ocupan en su territorio un cargamento de armas y explosivos destinados a grupos de terroristas anticubanos. Estuvo involucrado el coronel norteamericano Rex Aplegate.

El 19 de noviembre del propio año son lanzadas cinco bombas contra la Embajada de Cuba en la capital federal, ocasiona pérdidas evaluadas. en 5,000 dólares.

El 2 de julio de 1963 es detenido un grupo de cuatro terroristas cuando se disponían a dinamitar los barcos cubanos bahía de Siguanea, Oriente y Las Villas, ancladas en el puerto de Veracruz. La acción estuvo organizada por el llamado Consejo Revolucionario Cubano (CRC).

También la organización terrorista anticubana Representación Cubana en el Exilio (RECE), contrató en 1965 los servicios del terrorista internacional Luis Posada Carriles, detenido actualmente en Panamá.

En 1965, los actos terroristas se incrementan y el 15 de agosto estalla una bomba en la Embajada de Cuba en México, que daña el muro exterior y los jardines. El 23 de septiembre se conocen nuevos planes de Luis Posada Carriles para dinamitar barcos cubanos en el puerto de Tampico, financiado por Jorge Mas Canosa del RECE.

El 7 de enero del siguiente año otra bomba estalla en la Embajada de Cuba, causa daños de consideración. Nuevamente el 15 de agosto del mismo año es lanzada una bomba incendiaria contra la fachada de la Embajada de Cuba, esta vez causando daños considerables.

El 3 de mayo de 1967, una bomba estalla en el auto del embajador de Cuba en México, Joaquín Hernández de Armas, causa cuatro heridos y daños de consideración. El 2 de febrero de 1968 la organización terrorista Poder Cubano, dirigida por Orlando Bosch Ávila coloca una bomba en el consulado de México en Miami.

El 4 de junio se produce un hecho insólito, la organización Poder Cubano envía un telegrama al Presidente de México donde lo amenaza de muerte por mantener ese país relaciones con Cuba. El 23 de junio, la misma organización se atribuye la colocación de una bomba en la oficina mexicana de turismo en Miami.

El 27 del mismo mes, Poder Cubano declaró haber colocado una bomba en el garage de la residencia del cónsul de México en Miami.

El 11 de julio del siguiente año es colocada una bomba contra el barco japonés Michagesan Maru, en el puerto de Veracruz. Tres días después una bomba es colocada en la oficina de turismo de México en Miami; el 16 del propio mes otra bomba estalla en el Consulado de México en la misma ciudad floridana y el 26, una bomba estalla en la oficina mexicana de turismo también en Miami. El 9 de agosto, Poder Cubano coloca sendas, bombas contra el consulado y la residencia del cónsul de México en Miami.

El 11 de septiembre Poder Cubano coloca una bomba contra un barco inglés en Veracruz, que ocasiona daños considerables. El 17 de septiembre también Poder Cubano detona una bomba en una línea aérea mexicana, en Miami, dos días después otra bomba estalla en la residencia del cónsul de México en Miami, se lo adjudican Poder Cubano y la denominada M-7. El 3 de octubre la oficina de turismo de México en Miami, recibe llamadas amenazadoras y realizan provocaciones en el local de la misma.

El 19 de noviembre la organización terrorista Ejército Secreto Anticomunista secuestra en México un yate para ser utilizado en un acto terrorista contra Cuba. Los terroristas autores del hecho son detenidos en Honduras.

El 13 de diciembre, otra bomba es colocada en la oficina de turismo de México en Miami, Florida. El 15 y el 16 del mismo mes el consulado mexicano en esa ciudad es objeto de actos terroristas por medio de bombas. El 18, nuevamente Poder Cubano coloca una bomba contra la oficina de turismo mexicano en Miami. Durante el año 1968 los terroristas anticubanos realizan 24 actos de terror dentro del territorio mexicano contra intereses propios o de terceros y también en el exterior particularmente en Estados Unidos contra los representantes diplomáticos y entidades del turismo de México.

El 2 de agosto de 1969, Poder Cubano colocó una bomba contra el Departamento del Turismo de México. El 8 de mayo de 1970, varios diplomáticos cubanos son agredidos en la capital mexicana por terroristas anticubanos. El 24 de marzo de 1972, la organización terrorista Alpha-66, coloca una bomba en las oficinas de la línea aérea Cubana de Aviación en México. El 3 de diciembre del mismo año una bomba colocada por el llamado Gobierno Secreto Cubano, estalla en el Consulado de Cuba en México. El mismo día pero del año siguiente estalla otra bomba en el Consulado de Cuba en el Distrito Federal, ocasiona daños por más de 20,000 dólares.

El 1 de septiembre de 1976 la Coordinación de Organizaciones Revolucionarias Unidas de Orlando Bosch Ávila, coloca una bomba en la Embajada de México en Ciudad de Guatemala, Guatemala.

El 30 de marzo de 1977 la organización terrorista Cóndor se adjudica haber colocado una bomba en el consulado de México en San Juan, Puerto Rico.

El 7 de febrero de 1978, la organización Cóndor coloca una bomba en el barco mexicano Azteca, que produce 2 muertos, 7 heridos y daños considerables.

El 10 de ese mes son amenazados diplomáticos mexicanos en Canadá, Perú y Francia por la organización CORU.

El 11 de septiembre de 1981 la organización terrorista Omega-7, creada en 1974, se adjudica las bombas que estallaron en los Consulados de México en Miami y Nueva York.

El 21 de mayo de 1992, la organización terrorista Alpha-66 se adjudica las amenazas contra las agencias de turismo de Cuba en México.

El 11 de octubre de 1993 es detenido en el aeropuerto internacional José Martí, el ciudadano mexicano Mario García Rubalcava, cuando al servicio de la organización terrorista Alpha-66 trataba de introducir dos granadas en el territorio nacional cubano.

El 24 de mayo de 1997 estalla una bomba en la agencia de viajes Cubanacán en el Distrito Federal, colocada por un mercenario salvadoreño contratado por Luis Posada Carriles.

En mayo de 1999 grupos terroristas radicados en México realizan llamadas intimidatorias a emigrados cubanos vinculados a la Asociación de Amistad con Cuba.

En total se registran 63 acciones de los terroristas anticubanos en el interior de México y contra México, dentro de su territorio y en otros países, particularmente de Centroamérica contra intereses mexicanos.

Hace más de cuatro años que la Fundación Nacional Cubano-Americana (FNCA) no encuentra el camino que la lleve a los planos estelares que ocupaba antaño dentro del exilio cubano.

Desde entonces la palabra "cambio" ha recorrido sus pasillos, que en estos momentos han perdido el fulgor, la clase y la organización que antes tuvieron. A simple vista no se aprecian grandes gastos y el salario de sus trabajadores es bastante bajo. Ahora es muy similar a otras sedes de organizaciones anticubanas de Miami.

Según El Nuevo Herald (22 de noviembre de 2004), en un gesto rápido y discreto, el presidente de la junta de directores Jorge Mas Santos, en un nuevo intento por renovar la imagen de la Fundación, anunció la sustitución del director ejecutivo por Alfredo Mesa, un estrecho colaborador del ex alcalde Alex Penelas, cuyo interés por Cuba o los asuntos cubanos era casi desconocido.

Los legisladores cubano-americanos por la Florida, Ilena Ros Lehtinen y los hermanos Mario I y Lincoln Díaz-Balart, han censurado a la FNCA, organización de la que anteriormente eran ardientes defensores.

Cuando Mesa asumió en noviembre el mando ejecutivo de la Fundación en busca del terreno perdido, envió una rama de olivo al Presidente Bush y propuso a los congresistas cubano-americanos trabajar unidos. Por lo visto, las gestiones del nuevo director tampoco han dado buenos resultados.

En estos momentos la FNCA encara una difícil situación financiera, pues funciona a partir de las cuotas que aportan sus miembros; pero los directivos mejor remunerados, que son los millonarios, no están aportando lo suficiente para sufragar los gastos mínimos de la organización.

En términos prácticos, los esfuerzos de la Fundación por renovar su imagen, no han dado resultados. También, en términos pragmáticos, de ese intento no han resultado políticas más definidas y eficientes contra el pueblo, y el gobierno cubanos.

En suma, este grupo parlamentario de Convergencia considera prudente que se tenga un especial seguimiento a través de los organismos diplomáticos correspondientes, para limitar de manera estricta cualquier presencia de la FNCA, en la que se pretendan llevar a cabo actos, relacionados con grupos anticubanos y se utilice suelo mexicano con fines terroristas, al ser México una nación que ha procurado sus relaciones diplomáticas multilaterales con gobiernos de Centroamérica, y del Caribe, como el de Cuba, así como con el de Estados Unidos.

Por todo lo anterior, y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General y en el artículo 44 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del Pleno de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Punto de acuerdo, para exhortar al Secretario de Gobernación, con fundamento en lo que disponen las fracciones I y II del artículo 5 del Título Primero, Capítulo Único, de la Ley de Seguridad Nacional, para que la Fundación Nacional Cubano-Americana sea investigada por las actividades anticubanas dentro del territorio de los Estados Unidos Mexicanos, e informe a esta soberanía sobre el resultado de la investigación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de febrero de 2005.

Dip. Jesús Martínez Álvarez (rúbrica)

(Aprobado en votación económica. Febrero 24 de 2005.)
 
 

Manuel Velasco Coello, Jorge Antonio Kahwagi Macari, Luis Antonio González Roldán, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Álvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Ávila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Ávila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos se turne a la Comisión de Hacienda y Crédito Públicopara su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto.

Exposición de Motivos

En 1993 al reformarse el artículo 16 constitucional, se introduce por primera vez el concepto de "delincuencia organizada"; el 1° de febrero de 1994, entran en vigor importantes reformas al Código Penal Federal y a los Códigos de Procedimientos Penales, Federal y del Distrito Federal, en los que también se hace referencia a este concepto.

El espíritu detrás de estas adecuaciones legales, fue el de aportar formulas que permitieran un ataque frontal al crimen organizado, afectando uno de sus instrumentos operativos fundamentales: su capacidad económica; asegurando y decomisando los bienes de una persona que sea investigada o procesada por cometer delitos tipificados como delincuencia organizada.

Asegurar bienes constituye una facultad fundamental del Ministerio Público de la Federación y de los órganos jurisdiccionales federales para la investigación de los delitos, la integración de las averiguaciones previas y el debido desarrollo de los procesos penales.

La diversidad, naturaleza y características de los bienes asegurados como dinero en efectivo, títulos de crédito, acciones de sociedades, aeronaves, vehículos terrestres y marítimos, inmuebles, especies de flora y fauna, obras de arte, alhajas, muebles, empresas, etcétera, implican un alto grado de dificultad en su registro y control, generando importantes gastos para su custodia, conservación y administración por parte del Erario Público Federal.

La experiencia ha demostrado que las autoridades que practican los aseguramientos no cuentan con los elementos necesarios para realizar una adecuada custodia y administración. En consecuencia, ante la ausencia de sistemas de control, los bienes asegurados se deterioraban, se perdían o se destruían, lo que se traduce en incumplimiento de las finalidades del acto de aseguramiento y en gastos innecesarios con cargo al Presupuesto Público y en muchas ocasiones, en detrimento del patrimonio de aquel que tras un proceso resultaba inocente.

En congruencia con lo anterior, se estimó más adecuado que el Ministerio Público de la Federación y las autoridades judiciales federales, conforme a sus facultades constitucionales y legales, únicamente resuelvan lo relativo a la procedencia del aseguramiento, su ejecución, el decomiso o la devolución de los bienes sin intervenir en su administración.

De este modo, atendiendo a las disposiciones establecidas en materia de Procuración e Impartición de Justicia, respecto al fortalecimiento de los programas y mecanismos de control, vigilancia y protección de los bienes asegurados y decomisados y a efecto de garantizar su integridad y el destino que legalmente se les determine, se consideró necesario expedir la Ley Federal para la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados y Abandonados, la cual se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 14 de mayo de 1999.

Elevar la calidad del servicio público para garantizar la eficacia del quehacer gubernamental, así como dar absoluta transparencia a la gestión y el desempeño de la Administración Pública Federal, son los objetivos trazados en materia de desarrollo administrativo por el Ejecutivo Federal dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006.

Como estrategias para alcanzar dichos objetivos, se ha previsto la instrumentación de diversas acciones dirigidas a prevenir la discrecionalidad de los servidores públicos, así como el impulso de una mejora regulatoria que al mismo tiempo que facilite la actividad gubernamental, garantice para ésta la aplicación de controles indispensables.

En este contexto, resulta importante establecer nuevos esquemas regulatorios que promuevan el uso eficiente, eficaz y honrado de los recursos públicos así como una adecuada administración de los bienes del dominio privado de la Federación, bajo criterios de racionalidad, simplificación y modernización.

Bajo esta perspectiva dicha administración requiere contar con normas que permitan determinar de manera ágil y transparente el destino y baja más pertinente de aquellos bienes muebles que por su estado de conservación ya no resulten útiles para los fines a los que se encontraban a efectos.

Con objeto de apoyar el cambio en la función pública y, en particular, con la finalidad de reducir los costos de administración y custodia que se erogan por la administración, operación y enajenación de los bienes y empresas a disposición del Gobierno Federal, así como de armonizar procedimientos que actualmente se llevan a cabo en diversas instituciones y unidades administrativas, se expidió la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público (SAE).

La entrada en vigor de la ley pretende dar mayor transparencia y confianza en la administración de los bienes a disposición del Gobierno Federal bajo criterios de:

Otorgar mayor certidumbre jurídica mediante una ley que define y clasifica los bienes a disposición del Gobierno Federal y norma los aspectos relativos a la administración, enajenación, donación y destrucción de éstos.

Transparentar las actividades encomendadas al SAE, para lo cual se establece la obligación de rendición de cuentas periódicas al presentar informes a las Entidades Transferentes.

Incorporar el sistema de entero bajo el concepto de ingresos netos a través de un fondo en el que se concentrarán los recursos obtenidos de las enajenaciones.

Adicionar opciones para enajenar los bienes encomendados a efecto de que, además de la licitación pública, se puedan realizar procesos de subasta, remate y adjudicación directa, con la finalidad de asegurar las mejores condiciones de oportunidad y costos.

Establecer un sistema flexible a fin de que los bienes sean transferidos al SAE cuando así lo determinen las leyes o cuando así lo ordenen las autoridades judiciales o, en su caso, cuando las entidades determinen la conveniencia de transferir los bienes a dicho organismo.

Integrar el órgano máximo de gobierno, con amplias facultades y nivel jerárquico para la definición de políticas y estrategias.

Normar, a través de un reglamento, los procedimientos necesarios para la administración y destino de bienes tan diversos como vehículos, inmuebles, cartera, derechos litigiosos y empresas, entre otros.

La misma se encarga de hacer transparente el régimen de administración de bienes asegurados, eficientar su manejo, posibilitar que en los casos previstos en las leyes, ingresen al patrimonio del Estado en las mejores condiciones para ser aprovechados en el combate a la delincuencia y por razones de elemental justicia, que en los casos en que proceda su devolución, se garantice su restitución a los interesados en las mismas condiciones en que fueron asegurados, o se les indemnice de manera apropiada.

Asimismo, la ley define la administración de bienes asegurados como la actividad que comprende su recepción, registro, custodia, conservación y supervisión y establece que la utilización o enajenación de bienes asegurados sólo podrá realizarse en los casos expresamente previstos en la misma.

La regulación de la administración, utilización y destino de los bienes asegurados modificó sustancialmente el régimen de operación, partiendo de la base de que una vez asegurados los bienes por el Ministerio Público de la Federación o por la autoridad judicial, se entregarán sin demora y mediante inventario, a un órgano especializado para que de manera profesional los administre, hasta en tanto se resuelva sobre la devolución, el abandono o el decomiso de los mismos.

La Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, en su artículo 1º.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 1º de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, para quedar como sigue:

Artículo 1.- La presente ley es de orden público, de observancia general en toda la República y tiene por objeto regular la administración y destino, por parte del SAE, de los bienes siguientes:

Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 24 días del mes febrero de 2004.

Diputados: Manuel Velasco Coello (rúbrica), Coordinador; Jorge A. Kahwagi Macari, vicecoordinador; Dip. Luis Antonio González Roldán, vicecoordinador; Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón (rúbrica), Leonardo Álvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Ávila Serna, Fernando Espino Arévalo (rúbrica), Maximino Fernández Ávila (rúbrica), Félix Adrián Fuentes Villalobos, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio (rúbrica), Cuauhtémoc Ochoa Fernández (rúbrica), Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta (rúbrica).

(Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Febrero 24 de 2005.)
 
 
 
QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS Y DE LA LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JORGE KAHWAGI MACARI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM, EN LA SESIÓN DEL JUEVES 24 DE FEBRERO DE 2005

Jorge Antonio Kahwagi Macari, diputado de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55 fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurre a solicitar se turne a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa de ley.

Exposición de Motivos

La diversidad biológica se refiere a la riqueza o variedad de plantas y animales que existen en el planeta. Esta diversidad se concentra en ciertas regiones del mundo, las cuales por sus características geográficas permiten albergar a una gran parte del total de especies a nivel mundial. Es así que de los 170 países que existen en el mundo, solo 12 de ellos son considerados como megadiversos1. Según estimaciones, la diversidad de especies en el planeta puede calcularse entre 5 y 50 millones o más, aunque a la fecha sólo se han descrito alrededor de 1.4 millones2 (McNeelly et al., 1990).

México es uno de los países más ricos en este aspecto ya que el número total de especies conocidas en el territorio es de 64,878 aproximadamente. Al respecto, se han descrito 26 mil especies de plantas, 282 especies de anfibios, 707 de reptiles y 439 de mamíferos. Estas cifras, comparadas con otros países en el plano mundial, colocan a México como un país megadiverso, ya que, de acuerdo a estudios, la diversidad del territorio representa al menos 10% de la diversidad terrestre del planeta (Mittermeier y Goettsch, 19923.

Esta biodiversidad responde en gran parte a la situación geográfica de nuestro país y a la extensión territorial del mismo. Sobre la extensión del territorio, la Constitución establece, en su artículo 42, que éste comprende:

Por otra parte, la jurisdicción es entendida como "la actividad del Estado encaminada a la actuación del derecho positivo mediante la aplicación de la norma general al caso concreto". Desde el punto de vista, más general, la jurisdicción hace referencia al poder del estado de impartir justicia, esto es, el poder o autoridad que tiene alguno para gobernar y poner en ejecución las leyes; y especialmente, la potestad de que se hayan revestido los jueces para administrar justicia, y decidirlos o sentenciarlos con arreglo a las leyes.

Es así que dentro de lo considerado como territorio nacional5, la nación tiene la capacidad para ejercer su jurisdicción y soberanía. Al respecto, la Constitución y la Ley Federal del Mar, en su artículo 27 y 23 respectivamente, establecen que la nación ejerce soberanía en una franja del mar, denominada mar territorial, la cual es una zona adyacente tanto a las costas nacionales, sean continentales o insulares, así como a las aguas marítimas interiores.

Sin embargo, existe una zona más allá de lo que es considerado como territorio nacional, donde también se ejerce este poder. La Constitución establece, en su artículo 27, que "la nación ejerce en una zona económica exclusiva situada fuera del mar territorial y adyacente a este, los derechos de soberanía y las jurisdicciones que determinen las leyes del Congreso", la cual es un área situada más allá del mar territorial adyacente a éste, que se extiende a 200 millas marinas (374,000 metros) contadas de las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial. En esta zona, la nación ejerce: a) Derechos de soberanía para los fines de exploración y explotación, conservación y administración de los recursos naturales tanto vivos como no vivos, ya sean renovables o no renovables, y con respecto a otras actividades con miras a la exploración y explotación económica de la zona, tal como la energía derivada del agua, de las corrientes y de los vientos (arts. 46 y 49 de la Ley Federal del Mar6.

En términos generales, se puede decir que la soberanía y jurisdicción de la nación se extienden más allá de los límites de lo que nuestra Carta Magna señala como territorio nacional; no obstante lo anterior, nuestra legislación en ocasiones circunscribe su ámbito espacial de validez al territorio nacional, limitando así su esfera de acción. En algunas leyes ya se subsana este error común, como en la Ley General para el Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), que en su artículo 1 menciona que:

No obstante que la ley marco sobre protección al ambiente, la LGEEPA, amplía su cobertura legal, otras de las leyes nacionales, cuya aplicación pudiera ser hasta la zona económica exclusiva, no lo determinan específicamente, tal es el caso de la Ley General de Vida Silvestre. Ésta en su artículo 1 estipula que: " ... su objeto es establecer la concurrencia del gobierno federal, de los gobiernos de los estados y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, relativa a la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre y su hábitat en el territorio de la republica mexicana y en las zonas en donde la Nación ejerce su jurisdicción", olvidando mencionar las zonas donde la nación también ejerce su soberanía.

Por otra parte, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos únicamente extiende su esfera de competencia a lo que es considerado como territorio por el artículo 42 constitucional, omitiendo zonas como la "zona económica exclusiva", en donde, como ya se expuso, la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. Ello tiene por efecto que en las zonas omitidas las disposiciones de ley carezcan de aplicabilidad, dejando una porción espacial sin regulación legal.

Por tanto, siguiendo el espíritu de la LGEEPA, es que debemos de corregir el vacío de poderes de las dos leyes mencionadas y en atención a lo anteriormente expuesto, el suscrito diputado, respetuosamente somete a la consideración de esta H. Cámara la presente iniciativa con proyecto de:

Decreto: Por el que se reforman los artículos 1, primer párrafo de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y el artículo 1 primer párrafo de la Ley General de Vida Silvestre.

Artículo Primero: Se reforma el artículo 1 primer párrafo de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, para quedar como sigue:

Articulo 1o. La presente ley es reglamentaria de las disposiciones de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la protección al ambiente en materia de prevención y gestión integral de residuos, en el territorio nacional y en las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción.

Artículo Segundo: Se reforma el artículo 1 primer párrafo de la Ley General de Vida Silvestre y para quedar como sigue:

Articulo 1o. La presente Ley es de orden público y de interés social, reglamentaria del párrafo tercero del artículo 27 y de la fracción XXIX, inciso G del artículo 73 constitucionales. Su objeto es establecer la concurrencia del gobierno federal, de los gobiernos de los estados y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, relativa a la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre y su hábitat en el territorio de la republica mexicana y en las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción.

Transitorio

Único.- El presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:
1. Se consideran megadiversos aquellos países que en su conjunto tienen entre el 60 y el 70 por ciento de la diversidad del planeta. Junto con Brasil, Colombia e Indonesia, México se encuentra entre los primeros lugares de las listas de riqueza de especies.
2. McNeely J.A, K.R Miller, W.V. Reid, Mittermeier, T.B Wemer. Conserving the world?s Biological Diversity. IUCN, Gland, (1990).193 pp.
3. Mittermeier y Goettsch, 1992. en La diversidad biológica en México: estudio de país 1998, Comisión Nacional para el Conocimiento de la Biodiversidad, México 1998, p. 62.
4. Soberano: es el poder que no tiene otro superior que se encuentre obligado a cumplir órdenes o mandatos.
5. Artículo 42 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
6. Artículo 46. La Nación ejerce en una zona económica situada fuere del mar y adyacente a este:

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 24 días del mes de febrero del 2005.

Dip. Jorge A. Kahwagi Macari (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Febrero 24 de 2005.)
 
 
 
QUE ADICIONA UN ARTICULO 76 TER A LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR, PRESENTADA POR EL DIPUTADO CUAUHTÉMOC OCHOA FERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM, EN LA SESIÓN DEL JUEVES 24 DE FEBRERO DE 2005

Manuel Velasco Coello, Jorge Antonio Kahwagi Macari, Luis Antonio González Roldán, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Álvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Ávila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Ávila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos y los correlativos 55, fracción II, 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrimos a solicitar se turne a la Comisión de Economía la presente iniciativa que adiciona un artículo 76 Ter a la Ley federal de Protección al Consumidor, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

México es el segundo país latinoamericano con una Ley Federal de Protección al Consumidor y el primero en crear una Procuraduría. La experiencia mexicana es importante, especialmente para los países que empiezan a trabajar en la protección de los derechos de los consumidores.

El 5 de febrero de 1976, la Ley Federal de Protección al Consumidor enriquece los derechos sociales del pueblo mexicano, que por primera vez establece derechos para la población consumidora y crea un organismo especializado en la procuración de justicia en la esfera del consumo. Nacen así el Instituto Nacional del Consumidor y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), ésta como organismo descentralizado de servicio social, personalidad jurídica y patrimonio propio con funciones de autoridad administrativa encargada de promover y proteger los intereses del público consumidor.

Conforme a estudio presentado por Profeco, el perfil general de aquellas personas que presentaron alguna queja ante la Procuraduría, corresponde a personas que tienen entre 30 y 49 años de edad, con un nivel educativo de bachillerato y licenciatura, e ingresos entre tres y cinco salarios mínimos. En la mayor parte de los casos (88.3%), los quejosos trataron de arreglar el problema directamente con el proveedor antes de acudir a Profeco. Los principales motivos de queja fueron: cobros indebidos (21.4%), producto en malas condiciones (17.3%) e incumplimiento de contrato (16.9%).

La encuesta indica que los negocios visitados para acciones de verificación y vigilancia son principalmente micro empresas (87%), sólo en 2.2% de los casos se visitan negocios con más de 50 empleados. En la mayoría de los casos se visitan negocios relacionados con la venta al menudeo de ropa y accesorios de vestir, calzado, carne, frutas y verduras frescas. Cabe destacar que existen negocios poco visitados como aquellos relacionados con actividades de servicios de salud, reparación, educativos, profesionales y de esparcimiento. Las visitas se orientaron a verificar el cumplimiento de Normas Oficiales Mexicanas (NOMs), comportamiento comercial y básculas e instrumentos de medición.

La relativa novedad de los métodos de comercialización de bienes y servicios a través de Internet ha causado que las disposiciones legales que regulan las operaciones comerciales que se realizan a través de los métodos tradicionales, resulten, en la actualidad, rebasadas e insuficientes para brindar la seguridad jurídica que los consumidores requieren en todas sus operaciones de consumo.

Consciente de esta situación, Profeco creó un comité interno dedicado a analizar la problemática específica que implica el comercio a través de la red. Asimismo, se buscó la colaboración de las asociaciones empresariales relacionadas con el tema y se integró la Institución al Grupo de Coordinación Interinstitucional de Combate a Delitos Cibernéticos.

El Procedimiento por Infracciones a la Ley se debe considerar como el último recurso de Profeco para inhibir las prácticas contrarias a la Ley Federal de Protección al Consumidor. A través de éste, y respetando sus garantías individuales, se determinan las sanciones a cargo del proveedor infractor.

Este método se inicia únicamente en aquellos casos en los que el procedimiento conciliatorio haya concluido sin alcanzar la conciliación, y sin que las partes acepten sujetarse al procedimiento arbitral. En esta actuación, y antes de determinar el monto de las sanciones o la modalidad de éstas, debe dilucidarse más allá de toda duda si con su conducta el proveedor incurrió en una de las infracciones previstas por la ley correspondiente. Durante 2003 se inició el procedimiento por infracciones a la Ley en 8,152 expedientes. Se dictaron resoluciones con sanción económica en 81% de los casos, mientras que en 55 asuntos se impusieron igual número de arrestos. De igual forma, se dictaron 128 clausuras y se impusieron multas que ascendieron a un total de 152.4 millones de pesos y se logró recuperar a favor del consumidor cerca de 26.9 millones de pesos.

Las verificaciones de comportamiento comercial, metrología y NOMs, implicó la aplicación de medidas precautorias a diversos productos y servicios, consistentes en 52 clausuras precautorias, 312 prohibiciones de comercialización (marcas), 2,180 aplicaciones de engomados de advertencia; y 47,431 multas por un monto de 4.8 millones de pesos como medidas de apremio. Derivadas de estas verificaciones, también se han impuesto sanciones consistentes en 124 clausuras, 2,524 apercibimientos,y 44,082 multas por un monto de 125.3 millones de pesos.

En el marco de las tareas de orientación y educación, durante 2003 se llevaron a cabo reuniones informativas con proveedores de diversos sectores, con objeto de mantenerlos al tanto de los niveles de cumplimiento de los productos y servicios que ofrecen. Todo ello con el propósito de avanzar en el desarrollo de una cultura que, más que ponderar el mínimo cumplimiento de la normatividad, oriente a establecer la calidad como el elemento central en la oferta de productos. Profeco reconoce que ha contado con la disposición de un número importante de proveedores, lo que le ha permitido avanzar en este sentido.

Al mismo tiempo, parte de los esfuerzos institucionales se han orientado a asegurar que los consumidores cuenten con la información que requieren para tomar sus decisiones, sea la que genera la propia Profeco o la que los proveedores están obligados a proporcionar.

Las premisas siguen siendo: a) Un proveedor que no cumple no sólo abusa de los consumidores sino también de sus competidores, y b) Un consumidor bien informado es y será un mejor consumidor.

Durante 2003 Profeco participó activamente en la discusión de la política pública de protección al consumidor; fortaleció su posicionamiento institucional en foros internacionales y afianzó sus relaciones bilaterales con entidades homólogas en el extranjero. Realizó actividades bilaterales y multilaterales emprendiendo nuevos proyectos a fin de involucrarse en temas de última generación relacionados con la protección integral al consumidor.

El 24 de abril de 2001, en respuesta a los retos que supone el fraude internacional por Internet y con objeto de fortalecer la protección al consumidor y la confianza del mismo en el comercio electrónico, 13 países presentaron econsumer.gov, un esfuerzo conjunto para reunir y compartir quejas sobre comercio electrónico transfronterizo.

El proyecto tiene dos componentes: un sitio Web público en diversos idiomas y un sitio Web gubernamental de acceso restringido y protegido con clave. El sitio público provee información general en torno a la protección al consumidor en todos los países que pertenecen a la ICPEN (Red Internacional de Protección al Consumidor y Aplicación de la Ley), información para establecer contacto con las autoridades de protección al consumidor de dichos países y un formato de queja electrónico. Toda la información está disponible en inglés, francés, alemán y español. Utilizando la red Consumer Sentinel (una base que contiene datos con las quejas de los consumidores y otra información de investigación y que es manejada por la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos (FTC, por sus siglas en inglés), las quejas que se reciben son compartidas a través del sitio Web gubernamental con las autoridades participantes responsables de aplicar la ley en materia de protección al consumidor.1

La Ley Federal de Protección al Consumidor en el capítulo VIII BIS regula los derechos de los consumidores en las transacciones efectuadas a través del uso de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, en el capítulo XIV se aplica un monto por concepto de sanciones diferenciado al de comercio tradicional.

Los métodos de comercialización de bienes y servicios a través de Internet han causado que las disposiciones legales resulten en la actualidad rebasadas e insuficientes para brindar la seguridad jurídica que los consumidores requieren en todas sus operaciones de consumo, en este sentido no sólo debe aplicar la sanción diferenciada en comercio a través de medios electrónicos, sino también considerar que la Profeco formalmente de aviso a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que a través de los canales correspondientes la misma notifique sobre las irregularidades presentadas por proveedores domiciliados en sus países como un esfuerzo conjunto para sancionar quejas sobre comercio electrónico transfronterizo.

En este sentido, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, somete a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 76 Ter a la Ley Federal de Protección al Consumidor para quedar en los siguientes términos:

Artículo Único.- Se adiciona un artículo 76 Ter a la Ley Federal de Protección al Consumidor para quedar:

76 Ter.- En el caso en el que el proveedor incumpla con alguna de las fracciones del artículo 76 Bis, la Procuraduría deberá dar aviso a la Secretaría de Relaciones Exteriores y demás autoridades competentes para que a través de los canales correspondientes se notifique sobre las irregularidades presentadas como un esfuerzo conjunto para sancionar quejas sobre comercio electrónico transfronterizo.

Notas:
Anexo 1

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, el día 24 del mes de febrero de 2005.

Diputados: Manuel Velasco Coello (rúbrica), Coordinador; Jorge A. Kahwagi Macari, vicecoordinador; Dip. Luis Antonio González Roldán, vicecoordinador; Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón (rúbrica), Leonardo Álvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Ávila Serna, Fernando Espino Arévalo (rúbrica), Maximino Fernández Ávila (rúbrica), Félix Adrián Fuentes Villalobos, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio (rúbrica), Cuauhtémoc Ochoa Fernández (rúbrica), Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta (rúbrica).
 
 
 
QUE REFORMA LOS ARTICULOS 45 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 90 DEL REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JAVIER OROZCO GÓMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM, EN LA SESIÓN DEL JUEVES 24 DE FEBRERO DE 2005

Javier Orozco Gómez, diputado de la Quincuagésima Novena Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en ejercicio de la atribución que me confiere la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento a la consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 90 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Para atender, analizar y dictaminar la multitud y complejidad de asuntos cuya resolución corresponde al Congreso de la Unión, se requieren órganos de trabajo denominados comisiones o comités, a los cuales -por la especialidad de sus integrantes- se les encomiendan asuntos específicos; esto implica que la competencia de las comisiones se limita a conocer de los asuntos que refiere su propia denominación. La base constitucional para su creación se encuentra en los artículos 71, último párrafo; 72, numeral I; 77, fracción II, 78, fracción III, y 93, último párrafo.

Las comisiones se dividen en ordinarias y extraordinarias o especiales; las primeras tienen carácter permanente, en tanto que las restantes son perentorias.

De acuerdo con el Derecho Parlamentario, las comisiones ordinarias son los órganos regulares y permanentes en que intervienen los legisladores, para participar en la resolución y/o dictamen de los asuntos que se encomiendan a dicho cuerpo colegiado. De este modo, las comisiones legislativas permanentes son reuniones restringidas de cierto número de diputados o de senadores, toda vez que -de conformidad con la normatividad vigente- las comisiones ordinarias en la Cámara de Diputados, estarán integradas hasta por treinta legisladores, mientras que en la Cámara de Senadores, el número se reduce a quince.

La finalidad de las comisiones ordinarias consiste en conocer a profundidad las distintas iniciativas, proposiciones con punto de acuerdo y demás asuntos que requieran la aprobación de las Cámaras. Para tales efectos, deberán presentar ante el Pleno de la Cámara de que se trate, una propuesta de dictamen sobre cada uno los asuntos que les fueren encomendados.

La existencia de las comisiones conlleva una serie de importantes ventajas en el desarrollo de las funciones inherentes al Poder Legislativo. Destacan las siguientes:

El profesor español Fernando Santaolalla considera que las comisiones ya no se limitan a elevar propuestas o dictámenes a los Plenos de las Cámaras legislativas, sino que asumen un poder decisorio en ciertas materias; así, las comisiones pueden adoptar resoluciones o mociones de carácter no legislativo, y pueden servir de foro para comparecencias de funcionarios de la Administración Pública, en sesiones informativas.

De este modo, las comisiones ya no se conciben sólo como órganos preparatorios, sino también como órganos con facultades decisorias, que se subrogan en la posición jurídico política ocupada por cada una de las Cámaras.

Destaca el caso de Francia, donde después de 1988, se han renovado los métodos de trabajo de las comisiones permanente para darles mayor potestad de proceder a las audiencias públicas, así como de citar a las personas del gobierno y de la sociedad civil, ya que las comisiones permanentes son la única posibilidad de abrir positivamente la evaluación del marco normativo que rige a una sociedad determinada.

Esta nueva percepción del trabajo realizado en las comisiones, se encuentra íntimamente vinculada con la función de control que ha sido constitucionalmente conferida al Poder Legislativo, y que radica en la actividad formal e informal que lleva a cabo el Congreso de la Unión, con el propósito de determinar si las acciones del Poder Ejecutivo, órganos y entes públicos, así como las de sus titulares, se adecuan al ordenamiento jurídico aplicable, al respeto por las normas de ética en el ejercicio de la función pública y otros mandatos fundados en la voluntad popular.

La función de control se materializa -entre otras actividades- en la comparecencia de servidores públicos ante el órgano legislativo. De acuerdo con lo que se señala en el Diccionario Universal de Términos Parlamentarios, "...Es difícil establecer la definición de comparecencia de los miembros del gobierno, ya que ésta dependerá de la regulación específica que se haga en cada país, sin embargo, en algunos casos la comparecencia puede ser definida, según la doctrina parlamentaria, como el período en el cual se formulan preguntas a los miembros del gobierno acerca de su gestión, pero puede tratarse también de una facultad que tiene el parlamento, el Congreso o la Asamblea, para citar a los altos funcionarios para que concurran a las Cámaras a rendir los informes verbales que éstas les soliciten o que los mismos estén obligados a dar anualmente, e incluso, a petición propia, siempre con el propósito de realizar una exposición..."

En nuestro sistema jurídico, la institución de la comparecencia de servidores públicos se encuentra prevista en los artículos 93, constitucional; 45, numeral 4, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 53 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

En términos de las disposiciones antes citadas, el Poder Legislativo está facultado para requerir la comparecencia de funcionarios públicos en dos supuestos: a) Cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades, y b) Cuando del análisis del informe que deben rendir los secretarios del despacho y los jefes de departamentos administrativos -luego de que se abra el período de sesiones ordinarias-, los legisladores consideren que se requiere mayor información del ramo de que se trate.

En el supuesto que se refiere a la discusión de una ley o estudio de un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades, los únicos funcionarios obligados a comparecer ante el requerimiento del órgano legislativo son los Secretarios de Estado, el Procurador General de la República, los Jefes de los Departamentos Administrativos, y los Directores y Administradores de los organismos descentralizados federales o de las empresas de participación estatal mayoritaria.

Por su parte, el artículo 90 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, emplea la expresión "conferencias", para referirse a las reuniones que las comisiones pueden sostener -a fin de ilustrar su juicio en el despacho de los negocios que se les encomienden- con los funcionarios a que se refiere el artículo 53 de dicho ordenamiento, es decir, los mismos que han sido detallados en el párrafo que antecede, a excepción del Procurador General de la República, que no se encuentra contemplado en esta disposición reglamentaria. Por práctica parlamentaria, a estas reuniones también se les denomina "comparecencias."

Ahora bien, en el desarrollo de los trabajos encomendados a las comisiones legislativas, se ha evidenciado que el marco normativo vigente en materia de "comparecencias" y "conferencias" de servidores públicos, resulta limitativo, toda vez que sólo los altos funcionarios mencionados en párrafos que anteceden, se encuentran obligados a atender los requerimientos para comparecer o sostener conferencias con los integrantes del Poder Legislativo, en estricto acatamiento del principio de legalidad, por virtud del cual las autoridades sólo pueden hacer aquello que les esté expresamente permitido.

Sin embargo, las actividades que cotidianamente realizan las comisiones, han permitido observar que -en la mayoría de los casos- son los servidores públicos con niveles de Subsecretario o Director General, quienes llevan el control de los asuntos que interesan a las comisiones, y cuentan con la información correspondiente.

Aún cuando en la práctica, tales funcionarios suelen atender las solicitudes para comparecer o sostener conferencias con los legisladores, los requerimientos que para esos efectos se formulan carecen de sustento jurídico pues, en estricto derecho, la obligación de atenderlos únicamente corre a cargo de los Secretarios de Estado, el Procurador General de la República, los Jefes de los Departamentos Administrativos, y los Directores y Administradores de los organismos descentralizados federales o de las empresas de participación estatal mayoritaria.

En consecuencia, cualquiera otro funcionario público -distinto de los mencionados en el párrafo que antecede- podría negarse válidamente a comparecer o sostener conferencias, ante la ausencia de norma jurídica vinculante en ese sentido.

En tal virtud, y a efecto de optimizar la operatividad de las comisiones legislativas, se estima indispensable adicionar la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como su Reglamento, con el fin de facultar a las comisiones para solicitar a los Subsecretarios y Directores Generales -o a quienes desempeñen cargos análogos-, que sostengan conferencias con las comisiones, para ilustrar el juicio de éstas en el despacho de los asuntos que se les encomienden.

A más de lo anterior, es importante destacar el contenido del artículo 98, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, contenido dentro del Título Tercero. De la Organización y Funcionamiento de la Cámara de Senadores. El precepto en cita literalmente señala:

El propósito que se persigue con la disposición legal que nos ocupa, es ilustrar el juicio de las comisiones del Senado, en el despacho de los negocios que se les encomienden, al igual que se contempla en el artículo 53 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Sin embargo, para el caso de la Cámara de Senadores no existe restricción legal alguna, respecto de los funcionarios a los que puede citar, pues el artículo 98, numeral 1, de la Ley Orgánica de este Congreso, le confiere un amplio margen de actuación.

Así las cosas, las comisiones de la Cámara de Diputados también deben contar con la atribución de solicitar la presencia de diversos funcionarios públicos - no sólo de los previstos en los artículos 45, numeral 4, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 53 y 90 del Reglamento para el Gobierno Interior de este Congreso- pues no existe justificación jurídica para limitar su marco de actuación, en ejercicio de las funciones de control con que cuentan tales órganos legislativos.

Por las consideraciones mencionadas y con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto al Pleno de la Honorable Cámara de Diputados, la presente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma los artículos 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 90 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos:

Artículo Primero. Se adiciona un nuevo numeral 5 al artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y se recorren los actuales numerales 5 y 6 del mismo artículo, pasando a ser los numerales 6 y 7, respectivamente, para quedar como sigue:

Artículo 45.

Artículo 90 ...

Además de los servidores públicos a que se refiere el artículo 53 de este Reglamento, las comisiones podrán tener conferencias con servidores públicos de niveles jerárquicos correspondientes a Subsecretario y Director General, así como aquellos que ocupen cargos análogos, cuyas actividades se correspondan con las materias de competencia de la comisión de que se trate.

Transitorio

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los veinticuatro días del mes de febrero del año dos mil cinco.

Dip. Javier Orozco Gómez (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. Febrero 24 de 2005.)