Iniciativas
QUE REFORMA EL ARTICULO 49 DE LA LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE, PRESENTADA POR EL DIPUTADO MANUEL VELASCO COELLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM, EN LA SESIÓN DEL JUEVES 17 DE FEBRERO DE 2005
Manuel Velasco Coello, Jorge Antonio Kahwagi Macari, Luis Antonio González Roldán, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Álvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Ávila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Ávila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos se turne a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto:
Exposición de Motivos
El derecho a ser informado exige como contraparte necesaria la obligación de informar. El Estado Mexicano, garante de ese derecho debe tutelar su estricto cumplimiento, determinando a sus dependencias la obligación de informar, sin más límites que los que determine la ley.
Sin la mencionada obligatoriedad estatal, sería utópico el correlativo derecho; si esa obligación de informar se refiriera sólo a los medios de comunicación masiva (radio, prensa y televisión), se vulnerarían las garantías de libre expresión de las ideas que consagran los artículos sexto y séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque se limitaría a estos a proporcionar la información según los criterios que en el ordenamiento reglamentario se prevén, so pretexto de una "veracidad", de suyo tan relativa que puede interpretarse tan diversa como contradictoriamente.
Por otro lado, si el derecho a la información se constriñera a determinados sujetos físicos o morales o a cierta tipo de agrupaciones políticas, profesionales, académicas, sindicales o sociales sin incluir a todos los gobernados, se violarían los artículos 1, 6 y 33 de la Constitución General de la República. Según el principio de derecho que determina "donde la ley no distingue no se debe distinguir", el derecho a la información incluye cualquier sujeto o materia conforme a la amplitud con que constitucionalmente quedó establecida.
Hoy nuevamente, debemos estar atentos para evitar la práctica de restringir el acceso a la información gubernamental, cómo podríamos hablar de transparencia y acceso a la información gubernamental?, si se contemplan puntos tan controvertidos como: sujetos obligados, clasificación y conservación de la información, costos de acceso, y todavía mas grave, la información reservada.
El derecho a la información es eso y nada más; el artículo 6º Constitucional reconoce y garantiza que ese derecho es inalienable, nos es propio. Este derecho conlleva la obligación permanente de los gobernantes de la precisa, puntual y veraz entrega de la información a los gobernados.
Reafirmo, el derecho a la información es garantía constitucional que asegura al pueblo su innegable e irrenunciable derecho a ser informado.
Desde aquellos tiempos en que el derecho a la información se adicionó al artículo 6º constitucional y se dio a conocer el propósito de reglamentarlo, se produjo un impacto en la sociedad, a tal grado que el tema no sólo ha sido abordado por periodistas, escritores, académicos y políticos, sino también por el ciudadano común, y ha sido motivo de discusión en los hogares, en la oficina, en los centros de enseñanza superior, y por qué no decirlo, hasta en las reuniones de café.
¿Por qué ha sucedido este fenómeno social? Simplemente porque la población intuye que está en juego algo que es inherente al hombre: la libertad.
La libertad de expresión.
La libertad para la palabra.
La libertad por la que han luchado tantos hombres y mujeres, inclusive ofrendando su existencia misma, porque la libertad es irrenunciable. La libertad es parte vital del ser humano. Sin ella la existencia no tiene razón de ser.
Es clara la necesidad de conocer la información de interés público que provenga de los órganos de gobierno. Sin embargo las restricciones impuestas con los términos de información reservada, nominativa, protegida, secreta y clasificada otra vez implica una controversia sobre la subjetividad de estas determinaciones.
Por esto es necesario tomar acciones para privilegiar el derecho a la información, para favorecer que los órganos gubernamentales den respuesta veraz, oportuna y documentada a los requerimientos de información que les haga la sociedad.
Vale la pena realizar cualquier posible acción a favor de la transparencia y acceso a la información gubernamental.
Históricamente el multicitado derecho, ha sido normativamente complejo de instrumentar, pues el equilibrio entre su ejercicio dentro de un marco de seguridad para México y la observancia de la Constitución es siempre difícil de lograr.
La información disponible para la ciudadanía, determina y condiciona en forma muy importante, el tipo de relación entre la sociedad y gobierno. El acceso a la información bajo procedimientos estrictamente claros, precisos y sistemáticos es un aspecto toral, que por su adecuada aplicación otorga a toda persona la posibilidad de participar en los asuntos públicos del país, y promueve la cultura de transparencia en el servicio público.
Siendo una materia tan delicada y compleja la información, el derecho ha tenido que intervenir para realizar la función que le otorga su razón de existir, procurar justicia. Sin el reconocimiento de este derecho, se puede limitar el tránsito hacia un estado más democrático, no se puede concebir un estado de derecho sin una adecuada protección del derecho de acceso a la información.
En un verdadero estado democrático, el reconocimiento y protección del derecho a la información son garantía política y de paz social.
Esto implica abrir los obligados espacios a los particulares y organizaciones privada, donde puedan conocer el desarrollo de las actividades de la autoridad, para plantear sus puntos de vista y para participar en la vida política y administrativa del país.
Asimismo, se busca reconocer a la obligación de las autoridades para entregar en tiempo y forma la información requerida, estableciéndose también las sanciones para aquellos que no la cumplan.
Acceder a la información, pero especialmente a la información generada por el gobierno y de los poderes unión, incide en una mejora notable en la toma de decisiones de la población, aún en las cosas cotidianas cuyos efectos son visibles e inciden en diversos aspectos de la sociedad.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa con proyecto de:
Decreto por el que se reforma el 2º párrafo del artículo 49 de la Ley General de Vida Silvestre, para quedar como sigue:
Artículo 49.- El Subsistema Nacional sobre la Vida Silvestre tendrá por objeto registrar, organizar, actualizar y difundir la información relacionada con la conservación y el aprovechamiento sustentable de la vida silvestre nacional y su hábitat, incluida la información relativa a:
I. a la XI. .......
Toda persona tendrá derecho a que la Secretaría ponga a su disposición la información antes señalada, de acuerdo a lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con excepción de aquella que sea susceptible de generar derechos de propiedad intelectual.
Transitorio
Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 17 días del mes febrero de 2005.
Diputados: Manuel Velasco Coello (rúbrica), coordinador; Jorge A. Kahwagi Macari, vicecoordinador; Luis Antonio González Roldán, vicecoordinador; Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón (rúbrica), Leonardo Álvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán (rúbrica), María Ávila Serna (rúbrica), Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Ávila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Jorge Legorreta Ordorica (rúbrica), Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta.
(Turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Febrero 17 de 2004).
QUE REFORMA EL ARTICULO 13 DEL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, PRESENTADA POR EL DIPUTADO PEDRO VÁZQUEZ GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT, EN LA SESIÓN DEL JUEVES 17 DE FEBRERO DE 2005
Los suscritos, diputados federales a la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, la presente iniciativa de adiciones al inciso a) del numeral 1 del artículo 13 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, bajo la siguiente
Exposición de Motivos
La consolidación de la democracia en México, sin lugar a dudas, está directamente vinculada a las normas electorales, tanto constitucionales como de legislación secundaria, que establecen los procedimientos por medio de los cuales el pueblo de México accede al poder público.
Una característica esencial de la democracia mexicana es que es una democracia representativa, en la que si bien es cierto que el pueblo es el titular de la soberanía, en la función de gobierno dicha titularidad se ejerce por medio de las personas que resultan electas como titulares de los órganos del poder público.
Durante todo el siglo XX se realizaron importantes esfuerzos para hacer que la voz de las oposiciones se escucharan en las Cámaras del Congreso.
Desde 1929, con la formación del Partido Nacional Revolucionario, hasta 1963, con la creación de los diputados de partido, prácticamente la totalidad de los integrantes del Congreso eran miembros de un mismo partido.
El mérito de la reforma al artículo 54 Constitucional de 1963 es que permite que en la Cámara de Diputados se expresen los ciudadanos por medio de la emisión de su voto a favor de otras opciones políticas.
La reforma al artículo 54 constitucional señalaba en su fracción primera que "todo partido político nacional, al obtener el dos y medio por ciento de la votación total en el país, en la elección respectiva, tendrá derecho a que se acrediten, de sus candidatos, a cinco diputados, y a uno más, hasta 20 como máximo, por cada medio por ciento más de los votos emitidos".
De lo anterior se desprende que el primer requisito para la obtención de este tipo de diputados lo era obtener al menos el dos y medio por ciento de la votación total en el país, y que el máximo de diputados que se podrían tener por este principio era de 20 diputados.
Paradójicamente y no obstante esta apertura hacia las oposiciones para acceder a las Cámaras del Congreso, esta reforma se aplica en las etapas más duras del autoritarismo gubernamental que se dio en el sexenio del Presidente Díaz Ordaz.
En la administración del Presidente José López Portillo se da inicio al proceso conocido como "reforma política", en el que fue modificado, nuevamente, el artículo 54 constitucional, y en la que, a diferencia de las dos reformas constitucionales antes citadas, se establece un numero fijo de diputados, denominados de representación proporcional, a los que los partidos políticos minoritarios podrían acceder, siendo este número de 100.
El requisito para acceder a estos diputados se consignó en la fracción II del artículo 54 y se exigía no haber obtenido sesenta o más constancias de mayoría ni tener al menos el uno y medio por ciento del total de la votación emitida para todas las listas regionales en las circunscripciones plurinominales.
Bajo la gestión del Presidente Miguel de la Madrid se reforma nuevamente el artículo 54 constitucional; el propósito central de esta reforma es aumentar a 200 el número de diputados de representación proporcional, y manteniendo el requisito de obtener por lo menos el uno y medio por ciento del total de la votación emitida en las cinco circunscripciones.
Las reformas de 1990 y de 1993 mantienen el número de diputados de representación proporcional en 200 y el porcentaje de votación necesario para acceder a los mismos era del uno y medio por ciento de la votación.
Ahora bien, la última reforma al artículo 54 fue la de 1996, en la que se mantiene el número de 200 diputados de representación proporcional, sólo que se aumenta a dos por ciento el porcentaje de votación necesario para tener derecho a diputados plurinominales.
Compañeras y compañeros legisladores:
Es necesario seguir consolidando el marco de la representación proporcional y que efectivamente el número de diputados con los que cada partido cuenta esté en relación directa con los votos obtenidos.
El grupo parlamentario del Partido del Trabajo propone, en la presente iniciativa, que haya una primera ronda de distribución de los 200 diputados de representación proporcional, en la que los partidos políticos que tengan el dos por ciento de la votación y hasta el cinco por ciento de la misma, se distribuyan las diputaciones y que posteriormente quienes tengan un porcentaje de votación superior al cinco por ciento se distribuyan las diputaciones restantes, en una segunda etapa.
Asimismo con esta propuesta se busca encontrar una relación más certera entre, el porcentaje de votación obtenida por un Partido Político y el número de diputados con los que cuenta en esta Cámara, se pretende evitar distorsiones y sobrerrepresentaciones que derivan de una ficción legal.
En esencia, proponemos una relación directa entre porcentaje de votación y porcentaje de diputados con los que cada partido cuenta en esta Cámara.
Compañeras y compañeros diputados:
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la presente
Iniciativa de Adiciones al inciso a) del numeral 1 del artículo 13 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:
Artículo Primero. Se adiciona un inciso a), corriéndose en su orden el actual inciso a) para pasar a ser inciso b), y el inciso b) pasar a ser inciso c), del numeral 1 del artículo 13 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:
Artículo 13
1. ...
a) A los partidos políticos, que hayan obtenido del dos al cinco por ciento de la votación nacional emitida, se les asignará una cantidad de diputados de representación proporcional, de acuerdo con una fórmula de proporcionalidad pura, tomando como base del cálculo los quinientos diputados que integran el total de la Cámara de Diputados.
A los Partidos Políticos que hayan obtenido más de cinco por ciento de la votación nacional emitida, se les asignará el resto de diputados de representación proporcional, conforme al procedimiento que a continuación se señala.
b) Cociente natural, y
c) Resto mayor.
2. ...
3. ...
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los diecisiete días del mes de febrero del año dos mil cinco.
Por el grupo parlamentario del PT
Diputados: Alejandro González Yáñez (rúbrica), coordinador; Pedro Vázquez González (rúbrica), vicecoordinador; Juan Antonio Guajardo Anzaldúa, Joel Padilla Peña (rúbrica), Óscar González Yáñez (rúbrica), Francisco A. Espinosa Ramos (rúbrica).
(Turnada a la Comisión de Gobernación. Febrero 17 de 2005.)
QUE REFORMA EL ARTICULO 420 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JORGE ANTONIO KAHWAGI MACARI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM, EN LA SESIÓN DEL JUEVES 17 DE FEBRERO DE 2005
Jorge Antonio Kahwagi Macari, diputado de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55 fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurre a solicitar se turne a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, para su dictamen y con opinión de la Comisión de Agricultura y Ganadería para su posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa de ley.
Exposición de Motivos
En la actualidad, los avances científicos y tecnológicos son sorprendentes y han alcanzado un alto grado de evolución, generando diversas opiniones sobre el objetivo y las consecuencias que estos nuevos descubrimientos puedan tener sobre la futura evolución de los seres humanos. Ejemplo de esto es la manipulación genética de organismos, la cual ha creado una serie de controversias acerca de su eficiencia, los intereses que generaría la producción masiva de éstos y sobre todo, las consecuencias que pueda traer a los ecosistemas y a la salud humana. Por otra parte, recientemente hemos visto florecer a diversos grupos, los cuales haciendo uso de prácticas terroristas buscan dar a conocer al mundo las razones de su causa, generando daños a personas, bienes y ahora sus objetivos de ataque se han diversificado, causando mayores consecuencias a largo plazo.
La preocupación por los alimentos y cualquier otro organismo genéticamente modificado es una realidad que va creciendo día a día en todo el mundo.
Desde el punto de vista de la salud se desconocen aún las consecuencias que pueden tener los alimentos transgénicos por la posible aparición de alergias, el agravamiento del problema de la resistencias a antibióticos en microorganismos patógenos, o el efecto de acumulación de plaguicidas empleados sobre los cultivos transgénicos.
Desde la perspectiva medioambiental, las precauciones se centran en el incremento de la contaminación química por los biocidas asociados con las plantas transgénicas; la aparición de una preocupante contaminación genética, todo ello con su impacto sobre plantas silvestres, insectos beneficiosos, la microflora y microfauna, el suelo, y el dramático problema de la pérdida de biodiversidad silvestre y agropecuaria. Un ejemplo reciente de estos impactos ecológicos son las investigaciones realizadas sobre la mariposa monarca en Norteamérica. Es de especial importancia contar con estudios científicos certeros y comprobados para evitar la contaminación genética de la biodiversidad. Específicamente, preocupa el que productos como maíz, chile, frijol, yuca, calabaza, papaya, jitomate y algodón, de los cuales México es el centro de origen y diversidad, vean alteraciones genéticas por la introducción no regulada de Organismos Genéticamente Modificados (OGM).
Desde el punto de vista agrícola y ganadero, los riesgos que se apuntan son la aparición de resistencias de las plagas, la desaparición de insectos beneficiosos, la contaminación del suelo y de cultivos próximos o la transferencia de genes a los animales. Los agricultores y ganaderos pierden el control acerca de las consecuencias de la utilización de transgénicos, a la vez que se les exige una responsabilidad en caso de daños sobre la salud y el medio ambiente. Sectores como la apicultura y agricultura ecológica no están protegidos en caso de contaminación accidental.
En el mundo han existido grandes opositores a la producción y comercialización de los OGM, un caso es Gran Bretaña1, en donde el Príncipe Carlos de manera pública y reiterada ha declarado su oposición a los OGM. En México, activistas encapuchados treparon el monumento del Ángel de la Independencia y colgaron cartelones de protesta contra la importación de maíz transgénico. En Italia, manifestantes desnudos y empapados con pintura roja que simula sangre arrojaron tomates genéticamente manipulados al secretario de Agricultura estadounidense, para demostrar su oposición a las importaciones de maíz y soya transgénicos. Así, el rechazo de los consumidores ha creado dificultades para comercializar cultivos tansgénicos. Esto es un hecho evidente en la Unión Europea, pero está empezando a despuntar en los Estados Unidos.
No obstante todas estas preocupaciones y manifestaciones, los cultivos y la comercialización de transgénicos es una realidad en el mundo actual. Sólo en 1998 se cultivaron en todo el mundo 28 millones de hectáreas de alimentos transgénicos de los cuales el 52% fueron de soya y el 30% de maíz. En el año 2000 pasó a 43 millones de hectáreas de cultivos transgénicos que fueron sembradas en su mayoría en los Estados Unidos, Canadá y Argentina (China 1%).
En México, en el año de 1988, se iniciaron experimentos en agricultura y en 1996 se publica la norma fitosanitaria que regula esta experimentación2. Esta norma es muy limitada, pues sólo define la siembra de materiales transgénicos a nivel experimental. Actualmente en nuestro país se experimentan transformaciones genéticas en 25 especies como maíz, papa, algodón, calabaza, soya, papaya, tomate, piña y tabaco, entre otras, aunque a nivel semicomercial sólo están sembradas 70 mil hectáreas de algodón.
Es así, que los conocimientos científicos y sus posibles aplicaciones han traído a la humanidad una responsabilidad muy grande: la de vigilar que esta tecnología no se utilice de tal manera que represente una amenaza a la vida, tal y como la conocemos. En consecuencia, nuestro país no se puede quedar a la saga de la innovación tecnológica; sin embargo, este proceso debe realizarse bajo un estricto marco precautorio, basado en una exhaustiva investigación científica y experimental en áreas controladas, antes de permitir cualquier liberación hacia el exterior.
No obstante, es así, que ante la inseguridad sobre las consecuencias que pueda acarrear la liberación de organismos genéticamente modificados, ciertos grupos han ejercido la violencia y el terror a fin de frenar las investigaciones y los cultivos de estos organismos. Claro ejemplo ha pasado en la India, donde manifestantes han toman por asalto estaciones experimentales y arrancan las plantas genéticamente modificadas de las parcelas de ensayo deteniendo las investigaciones que nos permitirían saber las consecuencias sobre el uso de estos organismos.
Otro caso se dio en Francia cuando José Bové fue apresado por sus acciones en contra de los organismos genéticamente modificados. Esas acciones han consistido en destruir, a lo largo del tiempo, campos de experimentación o siembras de transgénicos. Es decir, en poner en práctica la desobediencia civil en contra de una tecnología sobre la que existen dudas razonables acerca de su impacto en la salud humana.
Se debe de aclarar, que el terrorismo biológico contra la agricultura y la cría de animales experimentales es completamente distinto al bioterrismo contra las personas, ya que los ataques son mas fáciles de llevarse a cabo; los agentes biológicos utilizados no son, por lo general, peligrosos contra las personas que perpetran el ataque; las formas de implementarlos no son muy sofisticadas, para obtener un efecto grande sólo se requiere un pequeño daño; se pueden llevar a cabo incluso desde otro país y el ataque puede hacerse parecer como algo natural y no provocado a propósito. Por otra parte, estos actos también se pueden confundir con actos vandálicos y no terroristas; sin embargo el que un grupo buscando hacerse oír ejerza la violencia en contra de un objetivo y perturbe la paz pública es un acto de terrorismo.
La amenaza terrorista contra la agricultura y los animales es muy seria e importante, por lo cual es inminente el mantener una constante alerta ante esta amenaza, principalmente porque México está reconocido mundialmente como un país líder en ingeniería genética de plantas3.
Una realidad es que los OGM han estado presentes en nuestra alimentación y diario vivir desde hace varios años, por esto debemos de enfatizar en que se hagan los estudios e investigaciones pertinentes para que se evalúe el posible daños que éstos puedan tener.
El espíritu de esta iniciativa va en el sentido de proteger cualquier cultivo experimental o sitio investigación de OGM, ya que serán estos estudios los que nos determinarán si dichos organismos son o pueden ser dañinos a la salud humana. Cabe recalcar que esta propuesta no fomenta la introducción o comercialización de estos, sino promueve la investigación científica nacional de productos de origen mexicano.
Por tanto y en atención a lo anteriormente expuesto, el suscrito diputado, respetuosamente somete a la consideración de esta h. Cámara la presente Iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se modifica el segundo párrafo del artículo 420 Ter y se adiciona un artículo 420 Ter 1, ambos del Código Penal Federal.
Artículo Único. Por el que se modifica el segundo párrafo del artículo 420 Ter y se adiciona un artículo 420 Ter 1, ambos del Código Penal Federal, para quedar como sigue:
Artículo 420 Ter.-
...
Para efectos de este código, se entenderá como organismo genéticamente modificado, cualquier organismo que posea una combinación nueva de material genético que se haya obtenido mediante la aplicación de la biotecnología, incluyendo los derivados de técnicas de ingeniería genética.
Artículo 420 Ter 1.-
Se impondrá pena de prisión de dos a cuarenta años y multa hasta de cincuenta mil pesos, sin perjuicio de las penas que correspondan por los delitos que resulten, al que utilizando explosivos, sustancias tóxicas, armas de fuego o por incendio o cualquier otro medio violento, realice actos con los que se interrumpa, altere, destruya o saquee de forma deliberada, los cultivos, centros y laboratorios experimentales de organismos genéticamente modificados, buscando obstaculizar las investigaciones de estos organismos, perturbando la paz pública.
Transitorio
Único.- El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas:
1 La Asociación Medica Británica se ha pronunciado por una moratoria sobre todo tipo de alimentos genéticamente modificados hasta que haya más investigación.
2 NOM-056-FITO-1995, por la que se establecen los requisitos fitosanitarios para la movilización nacional, importación y establecimiento de pruebas de campo de organismos manipulados mediante la aplicación de ingeniería genética.
3 El primer científico que logró demostrar que un gen de un organismo podía trasladarse a otro fue el mexicano Luis Herrera Estrella, quien ahora trabaja en la transformación genética del maíz a fin de hacerlo resistente al aluminio.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 17 días del mes de febrero del 2005.
Dip. Jorge A. Kahwagi Macari (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Febrero 17 del 2005.)
QUE REFORMA LA FRACCION V DEL ARTÍCULO 3O. DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES Y EL ARTÍCULO 5O. DE LA LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES, PRESENTADA POR LA DIPUTADA MARÍA ÁVILA SERNA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM, EN LA SESIÓN DE JUEVES 17 DE FEBRERO DE 2005
Manuel Velasco Coello, Jorge Antonio Kahwagi Macari, Luis Antonio González Roldán, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Álvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Ávila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Ávila, Felix Adrián Fuentes Villalobos, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez, Raul Piña Horta, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55 fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos se turne a la Comisión correspondientepara su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa
Exposición de Motivos
"La cultura marca a los seres humanos con el género y el género marca la percepción de todo lo demás: lo social, lo político, lo religiosos, lo cotidiano."
Pierre Bourdieu, 1998.
El principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres constituye la garantía de que mujeres y hombres puedan participar en diferentes esferas (económica, política, social, toma de decisiones) y actividades (empleo, educación) sobre bases de igualdad y equidad. Este principio se refiere a la necesidad de corregir las desigualdades sociales y toda barrera sexista y discriminatoria directa o indirecta.
Para hacer real este principio y llevarlo a la práctica, se han ido construyendo mecanismos y estrategias como las medidas específicas o de acción positiva, cuyo fin es superar obstáculos específicos para la participación con equidad de hombres y de mujeres.
La perspectiva de género o enfoque de género, cuyo objetivo es superar obstáculos específicos de género para la participación equitativa de hombres y mujeres y diseñar medidas generales teniendo en cuenta la igualdad de oportunidades, es una de estas medidas. Sin embargo, para entender las acciones positivas en pro de la equidad y contra la discriminación, es necesario distinguir, en los seres humanos, las características biológicas de las características sociales.
Los seres humanos nacemos con ciertas características biológicas que determinan el sexo de la persona: se es varón o hembra. Sin embargo, además de ello, existen elementos sociales que determinan la forma de ser de la persona, elementos que se fortalecen con todo un sistema cultural y que empiezan desde el nacimiento, marcando con ello una diferencia entre lo que será la vida futura de un hombre y de una mujer. Esto es lo que realmente da una identidad que implica un comportamiento masculino o femenino.
El sexo hace referencia a las características físicas, biológicas, anatómicas y fisiológicas de los seres humanos, que constituyen las diferencias entre hombres y mujeres. Son universales y, por tanto, coinciden en todo tiempo y cultura. Las características que conforman el sexo no se aprenden ni se pueden educar, pues se nace con ellas. El género, por su parte, hace referencia al conjunto de características sociales, culturales, políticas, psicológicas, jurídicas y económicas asignadas a las personas según el sexo y pueden variar según las diferentes culturas y épocas históricas.
El género, es entonces, una simbolización cultural construida a partir de la diferencia sexual, que rige el orden humano y que se manifiesta en la vida social, política y económica de una sociedad determinada. Entender qué es y cómo opera nos ayuda a vislumbrar cómo el orden cultural produce percepciones específicas sobre las mujeres y los hombres, percepciones que se erigen en prescripciones sociales con las cuales se intenta normar la convivencia. La normatividad social encasilla a las personas y las suele poner en contradicción con sus deseos, y a veces incluso con sus talentos y potencialidades. En ese sentido "el género es, al mismo tiempo, un filtro a través del cual miramos e interpretamos el mundo, y una armadura, que constriñe nuestros deseos y fija límites al desarrollo de nuestras vidas1.
Este sistema sexo-género permite identificar cómo las diferencias biológicas entre hombres y mujeres se han traducido en desigualdades.
La construcción social de los géneros es el proceso mediante el cual se encasilla de forma diferente a hombres y mujeres en nuestra sociedad, asignándoles distintos roles y estereotipos. Por tanto, establece los comportamientos, tareas y responsabilidades que se espera de forma distinta para hombres y mujeres. Esta diferenciación se transmite y se aprende a través de las instituciones y los mecanismos que operan en el proceso de socialización de las personas. Así, se espera que las personas respondan a los roles y estereotipos que se les ha asignado y se las cuestiona cuando no cumplen con estas expectativas. Por ejemplo, la construcción social de género asigna diferentes tareas y capacidades a hombres y mujeres en cuanto a las responsabilidades familiares y a las responsabilidades laborales.
Es así como el género se refiere a ese conjunto de ideas, creencias, representaciones y atribuciones sociales construidas en cada cultura que definen la conducta y la subjetividad de las personas en función de su sexo. "Es una especie de filtro cultural con el que interpretamos el mundo y a nosotros mismos y también una especie de armadura con la que constreñimos nuestra vida"2. Es de suma importancia dejar claro que el género son las valoraciones y significados que cada sociedad le da a la diferencia sexual. A partir de ellas, es que se generan ideas, concepciones y prácticas acerca de lo que es o debe ser una mujer o un hombre, es decir, dependiendo de las características físico-sexuales que tiene cada ser humano, se nos enseña a ser mujeres o a ser hombres.
La construcción social del género y las relaciones de género varían con el paso del tiempo y según cada sociedad, cultura y grupo, por eso es importante incorporar este análisis a cada realidad particular. Así, para implementar el principio de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres debemos realizar un análisis que contemple la perspectiva o enfoque de género, que pone de manifiesto la diferente posición y situación de hombres y mujeres en la organización social. El análisis de género visibiliza roles, estereotipos, responsabilidades, acceso, uso y control de recursos, problemas y necesidades de hombres y mujeres, con el propósito de dar respuesta y corregir las desigualdades detectadas.
La perspectiva de género implica reconocer que una cosa es la diferencia sexual y otra cosa son las ideas, creencias, representaciones y atribuciones sociales que se construyen en cada cultura tomando como referencia a esa diferencia sexual. Incluir el análisis de género implica el estudio de los mecanismos sociales de discriminación, que son los guardianes de la inmovilidad, que mantienen y perpetúan las situaciones de desigualdad. La perspectiva de género reconoce este contexto cultural y diseña acciones para garantizar la inserción de las mujeres, quienes son las que están en una posición de desigualdad frente a los hombres.
Cuestionar la construcción social de género permite tener más libertad para desarrollar las capacidades de las personas, libres de estereotipos y preconcepciones, aprovechando al máximo sus potenciales. La finalidad es poder construir identidades individuales libremente.
Para implementar el principio de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y poder aspirar a una sociedad más justa y democrática, debemos realizar nuestras acciones tomando en cuenta la perspectiva o enfoque de género. Sabemos que ésta es una tarea que llevará tiempo, sin embargo uno de los primeros pasos y una de las funciones de los legisladores es velar porque los instrumentos jurídicos que norman la vida de los mexicanos estén acordes a la realidad y libres de errores en su estructura. Por ello, y con el fin de que exista una homogeneidad en las normas y no se contrapongan unas con otras, consideramos de suma importancia que entre las leyes que rigen la vida de nuestro país haya concordancia de conceptos.
Basado en lo anterior, dentro de la legislación mexicana existen dos leyes federales en las que se encuentra definido el concepto de género de diferente forma: la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres. Con el fin de que exista una concordancia entre las leyes que toman en cuenta el concepto género y su definición no se preste a confusiones o imprecisiones el Partido Verde Ecologista de México somete a la consideración de la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, el presente
Decreto por el que se reforman la fracción V del artículo 3o. de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, y el artículo 5o. de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres.
Articulo Único.- Se reforman la fracción V del artículo 3o. de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y el artículo 5o. de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres quedar como sigue:
Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores
Artículo 3o. Para los efectos de esta ley, se entenderá por:
I. al IV.
V. Género. Aquellas ideas, creencias, representaciones y atribuciones sociales construidas en cada cultura a partir de la diferencia sexual.
Ley del Instituto Nacional de las Mujeres
Artículo 5o.
Para los efectos de esta ley se entenderá por:
(...)
Género: concepto que refiere a las ideas, creencias, representaciones y atribuciones sociales construidas en cada cultura a partir de la diferencia sexual.
(..........)
Transitorio
Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas:
(1) Marta Lamas. Problemas sociales causados por el género, México 1996.
(2) Ibidem.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 17 días del mes de febrero de 2005.
Diputados: Manuel Velasco Coello (rúbrica), coordinador; Jorge A. Kahwagi Macari, vicecoordinador; Luis Antonio González Roldán, vicecoordinador; Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón (rúbrica), Leonardo Álvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán (rúbrica), María Ávila Serna (rúbrica), Fernando Espino Arévalo (rúbrica), Maximino Fernández Ávila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Jorge Legorreta Ordorica (rúbrica), Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta.
(Turnada a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Equidad y Género. Febrero 17 de 2005).
QUE REFORMA LA FRACCION VI DEL ARTICULO 9 DE LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN, PRESENTADA POR LA DIPUTADA JACQUELINE GUADALUPE ARGÜELLES GUZMÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM, EN LA SESIÓN DEL JUEVES 17 DE FEBRERO DE 2005
Manuel Velasco Coello, Jorge Antonio Kahwagi Macari, Luis Antonio González Roldán, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Álvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Ávila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Ávila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos se turne a la comisión correspondiente para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa
Exposición de Motivos
El contenido de los derechos sexuales y reproductivos se puede resumir en una frase: toda persona tiene derecho a decidir con quién, cuándo y si tiene, o no, hijos y relaciones sexuales. Son los derechos que garantizan la libre decisión sobre la forma como se utiliza el propio cuerpo en las esferas sexual y reproductiva. Son derechos que sólo unos pocos han gozado de manera consistente a través de la historia, ya que decidir libremente sobre el propio cuerpo es un privilegio de sexo y de clase.
Sistema Interamericano de Derechos Humanos
La sexualidad es una parte integral de la personalidad de todo ser humano. Su desarrollo pleno depende de la satisfacción de necesidades humanas básicas. Los derechos del cuerpo están arraigados en los principios más básicos de los derechos humanos.
El término "derechos reproductivos" se refiere al conjunto de derechos humanos que tienen que ver con la salud reproductiva y más ampliamente con todos los derechos humanos que inciden sobre la reproducción humana. Estos derechos están reconocidos internacionalmente y son jurídicamente vinculantes.
Por su parte, los derechos sexuales son, también, derechos humanos universales, basados en la libertad, dignidad e igualdad inherentes a todos los seres humanos. Y se refieren a la libertad que deben tener las personas para expresar su sexualidad, excluyendo de ella todas las formas de coerción sexual, explotación y abuso en cualquier periodo y situación de la vida. Incluye la capacidad de tomar decisiones autónomas sobre la vida sexual dentro de un contexto de la propia ética personal y social; el control y disfrute de nuestros cuerpos, libres de tortura, mutilación y violencia de cualquier tipo; el derecho a expresar las preferencias sexuales siempre que estas conductas no interfieran en los derechos sexuales de otros.
La salud es un derecho que está consagrado en numerosos tratados internacionales de derechos humanos, por tanto es incluido entre los derechos humanos y también en nuestra Constitución Nacional, (teniendo entonces categoría de derecho constitucional) por tanto, todas y todos los mexicanos tenemos derecho a su disfrute. El derecho a la salud abarca diferentes ámbitos y uno de ellos es el de la salud sexual y reproductiva, las cuales deben ser un derecho humano básico, pues son esenciales para el bienestar individual, interpersonal y social de los integrantes de una sociedad.
La salud sexual y reproductiva se refiere al estado de bienestar físico, mental y social de la persona en todo lo relativo al aparato genital y sus funciones. Va mucho más allá de la ausencia de enfermedades y de la planificación familiar. Consiste en la posibilidad de llevar una vida sexual satisfactoria al considerar los distintos factores que determinan los comportamientos sexuales, tales como las relaciones de poder entre los géneros o el papel de las instituciones en las estrategias de reproducción.
Varios tratados y documentos aprobados por consenso internacional, y ratificados por el gobierno de nuestro país, consagran estos derechos que son de aplicación universal. Así, por ejemplo, en la Conferencia Internacional de Derechos Humanos celebrada en Teherán en 1968, la cual dio lugar a la Proclamación de Teherán, se reconoció el derecho humano de los padres para determinar el numero de hijos que desearan tener: "La comunidad internacional debe seguir velando por la familia y el niño. Los padres tienen el derecho humano fundamental de determinar libremente el número de sus hijos y los intervalos entre los nacimientos". Esta conferencia fue de gran importancia debido a que reconoció por primera vez el derecho de los padres a decidir sobre el número y espaciamiento de sus hijos como un derecho humano.
La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, aprobada por la Asamblea General de la ONU en 1979, es el primer documento que reconoció explícitamente los derechos humanos relativos a los servicios de planificación familiar, nutrición e información durante el embarazo, y educación para la reproducción y esparcimiento de los hijos.
En su artículo 12, se estipula que los Estados Partes deberán adoptar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en el ámbito de la atención médica, con el fin de asegurar en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención médica, inclusive los que se refieren a la planificación de la familia. Asimismo los Estados tienen la obligación de garantizar a la mujer servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto y el período posterior al parto, proporcionando servicios gratuitos cuando sea necesario, y asegurar una nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia.
El artículo 16, del mismo instrumento, señala que los Estados Partes se comprometen a asegurar en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, "los mismos derechos a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos y el intervalo entre los nacimientos y a tener acceso a la información, la educación y los medios que les permitan ejercer estos derechos".
Durante la siguiente década, en la Conferencia Mundial para el avance de la mujer realizada en Kenya en 1985, se crearon las Estrategias de Nairobi, las cuales hablaban de nuevo del "derecho humano básico de todas las parejas y las personas de decidir libre e informadamente el número y espaciamiento de sus hijos".
En las Estrategias de Nairobi, se reconoció que "la capacidad de la mujer de controlar su propia fertilidad constituía una base importante para el goce de otros derechos." Dichas estrategias establecieron que los gobiernos debían como una cuestión urgente poner a disposición la información, la educación y los medios para que mujeres y hombres pudieran tomar decisiones sobre el número de hijos deseados.
La Conferencia Mundial de Viena sobre Derechos Humanos en 1993 reconoció la importancia del disfrute de la mujer del más alto nivel de salud física y mental durante toda su vida. La Conferencia reafirmó, el derecho de la mujer a tener acceso a una atención de salud adecuada y a la más amplia gama de servicios de planificación familiar, así como a la igualdad de acceso a la educación a todos los niveles." (Art. 41) Asimismo es su artículo 18° recalcó que "los derechos humanos de la mujer y de la niña son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales".
El Programa de Acción de la Conferencia Mundial sobre Población y Desarrollo (Programa de Acción de El Cairo) de 1994, fue la primera conferencia internacional que definió el término derechos reproductivos.
"La salud reproductiva es un estado general de bienestar físico, mental y social, y no de mera ausencia de enfermedades o dolencias, en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo y sus funciones y procesos. En consecuencia, la salud reproductiva entraña la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos y de procrear, y la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo, cuándo y con qué frecuencia. Esta última condición lleva implícito el derecho del hombre y la mujer a obtener información y de planificación de la familia de su elección, así como a otros métodos para la regulación de la fecundidad que no estén legalmente prohibidos, y acceso a métodos seguros, eficaces, asequibles y aceptables, el derecho a recibir servicios adecuados de atención de la salud que permitan los embarazos y los partos sin riesgos y den a las parejas las máximas posibilidades de tener hijos sanos (...). La salud sexual es el desarrollo de la vida y de las relaciones personales y no meramente el asesoramiento y la atención en materia de reproducción y de enfermedades de transmisión sexual."1
(?) los derechos reproductivos abarcan ciertos derechos humanos que ya están reconocidos en las leyes nacionales, en los documentos internaciones sobre derechos humanos y en otros documentos pertinentes de las Naciones Unidas aprobados por consenso. Estos derechos se basan en el reconocimiento del derecho básico de todas las parejas e individuos a decidir libre y responsablemente el número de hijos, el espaciamiento de los nacimientos y el intervalo entre éstos y a disponer de la información y de los medios para ello y el derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva.2
Se estableció también que dentro de esta definición se incluyera el derecho a:
"adoptar decisiones relativas a la reproducción sin sufrir discriminación, coacciones ni violencia, de conformidad con lo establecido en los documentos de derechos humanos. (...) Como parte de este compromiso, se debe prestar plena atención, a la promoción de relaciones de respeto mutuo e igualdad entre hombres y mujeres"(...)
La Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer se llevó a cabo en 1995 en Beijing. En esta Conferencia se aprobó la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing en la que se reconocieron nuevamente los derechos sexuales y reproductivos ya establecidos en la Conferencia de El Cairo.
3
Esta Conferencia dejó constancia de la importancia de la promoción del ejercicio responsable de los derechos sexuales y reproductivos, quedando por sentado que éstos debían ser la base primordial de las políticas y programas estatales y comunitarios en la esfera de la salud reproductiva, incluida la planificación de la familia. Como parte de este compromiso se estableció que se debía prestar plena atención, a la promoción de relaciones de respeto mutuo e igualdad entre hombres y mujeres, y particularmente a las necesidades de los adolescentes en materia de enseñanza y de servicios con objeto de que pudieran asumir su sexualidad de modo positivo y responsable.
El concepto de salud reproductiva aprobado en la Conferencia de El Cairo y ratificado en la de Beijing habla de la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos y de procrear, y de la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo, cuándo y con qué frecuencia. Y habla de derechos: del derecho de todas las personas a obtener información y acceso a métodos seguros eficaces, asequibles y aceptables y de su derecho a elegir los que más les convengan para la regulación de su fecundidad, así como del derecho a recibir servicios adecuados de atención a la salud que permitan los embarazos y los partos sin riesgo y proporcionen a las parejas las máximas posibilidades de tener hijos sanos.
El concepto también incluye explícitamente la salud sexual. La salud sexual, dice el documento, está encaminada al desarrollo de la vida y de las relaciones personales y no meramente al asesoramiento y la atención en materia de reproducción y de enfermedades de transmisión sexual. Este hecho marca una ruptura al reconocer que la sexualidad va más allá de la procreación y que incluye el placer sexual. Y aunque en el marco de estas Conferencias la sexualidad se ha tocado en la medida en que se asocia a la reproducción o a la enfermedad, en la Conferencia de Beijing se reconoció que los derechos humanos de las mujeres incluyen el derecho de las mujeres a controlar su sexualidad y a decidir libremente respecto de estas cuestiones, sin verse sujetas a la coerción, la discriminación o la violencia.
En la última década, las organizaciones e instituciones gubernamentales, los Estados, los académicos, las ONG y los activistas de derechos humanos han reclamado la protección de los derechos sexuales y reproductivos a través de la garantía de los derechos humanos universalmente reconocidos. Han sostenido que los derechos sexuales y reproductivos son parte intrínseca de los derechos humanos consagrados en los instrumentos internacionales y las cartas nacionales de derechos. Lo han demostrado, de manera expresa o implícita, en jurisprudencia local e internacional, en tratados y declaraciones, en informes de derechos humanos y comunicados de prensa, en artículos académicos y foros sobre el tema.
Gracias a ello en la actualidad los derechos sexuales y reproductivos se han consolidado como derechos humanos y su finalidad es que todas las personas puedan vivir libres de discriminación, riesgos, amenazas, coerciones y violencia en el campo de la sexualidad y la reproducción.
Los derechos sexuales y reproductivos se vinculan directamente con muchos derechos humanos. El primero de todos es el derecho a la vida. Este derecho lo tienen por igual hombres y mujeres, pero en materia de derechos sexuales y reproductivos tiene que ver particularmente con el derecho de las mujeres a no morir por causas evitables relacionadas con el embarazo o parto. Esto implica que la mujer tiene derecho a no poner en riesgo o peligro su vida por razones de embarazo.
El derecho a la libertad y seguridad es un derecho que en el ámbito de la sexualidad y reproducción tiene suma importancia. Tanto los hombres como las mujeres tienen derecho a decidir si tienen relaciones sexuales o no, con quién y con qué frecuencia. Esto implica que nadie puede ser forzada o forzado por otra persona (ni siquiera por su cónyuge) a tener relaciones sexuales. También incluye que toda persona tiene derecho a expresar su preferencia sexual y a elegir a la compañera o compañero sexual y que ninguna mujer puede ser forzada a tener un embarazo o un aborto, ni a ser sometida a una intervención sin su consentimiento libre e informado.
El derecho de toda persona a la igualdad y a la no discriminación es otro derecho humano ligado a la sexualidad y a la reproducción. Todos los seres humanos, hombres y mujeres, merecen un trato respetuoso. Esto implica que las mujeres y los hombres y las mujeres deben tener las mismas posibilidades de educarse y trabajar. Que a ninguna mujer se le puede exigir prueba de embarazo para acceder a un empleo o concursar para una beca, por ejemplo. Tampoco puede ser despedida de su trabajo o establecimiento educativo por estar embarazada. Ninguna persona requiere autorización del cónyuge o compañera (o) para utilizar algún método anticonceptivo (incluyendo la ligadura de trompas o vasectomía).
El derecho a la privacidad tiene gran relevancia en este ámbito ya que toda persona tiene derecho a que se respete su intimidad e implica que los prestadores de servicios (en los consultorios, hospitales o centros asistenciales) están obligados a guardar el secreto profesional. La información que el personal de salud obtiene, relacionada con la vida sexual y reproductiva de una persona, debe mantenerse en reserva y es parte de la vida privada de la o del paciente. Por cierto, las y los jóvenes, al igual que todas las personas, tienen derecho a que se respete su intimidad.
En lo que respecta a la vida sexual y reproductiva, toda persona tiene derecho a pensar y obrar libremente. El derecho a la libertad de pensamiento significa que ni la religión, ni el partido político, ni la cultura deben limitar a la persona en su forma de pensar o actuar frente a su vida sexual y reproductiva.
El siguiente derecho que tiene que ver con la sexualidad y la reproducción es el derecho a la información y a la educación. Toda persona, hombre o mujer, desde temprana edad tiene derecho a ser educada y debe tener igual acceso a información oportuna y adecuada sobre los servicios y métodos de regulación de la fecundidad, enfermedades de transmisión sexual y todo lo que se relacione con su vida sexual y reproductiva. Esto implica que todas las personas deben ser educadas y preparadas para asumir con responsabilidad las consecuencias de su conducta sexual y reproductiva:
Las niñas y los niños, así como las y los adolescentes, tienen derecho a que se les brinde información y se les vincule a programas de prevención de embarazos no deseados, maltrato, abusos y todo lo relacionado con el ejercicio de su sexualidad.
Las adolescentes embarazadas tienen derecho al apoyo especialmente de su familia, la comunidad y el Estado. Tanto la madre como el padre tienen un papel fundamental en el proceso educativo y deben brindar a sus hijos e hijas información oportuna y adecuada sobre los temas relacionados con la sexualidad y la reproducción.
Otro derecho humano muy importante ligado a la sexualidad y la reproducción es el derecho a optar por contraer matrimonio o no, y a formar o no formar una familia. Es decir, toda persona, hombre o mujer, tiene derecho a elegir si se casa o no se casa, cuándo y con quién.
Esto implica que ninguna persona puede ser obligada a contraer matrimonio. Además, ninguna persona está obligada a permanecer casada ni unida a alguien con quien ya no es feliz.
El derecho a decidir si se tienen hijos o no y cuándo tenerlos juega un papel determinante. Toda persona, mujer u hombre, debe tener a su alcance la más amplia información y servicios relacionados con los métodos anticonceptivos modernos, seguros y aceptables para regular la fecundidad, incluida la anticoncepción de emergencia.
Esto implica que toda persona, ya sea hombre o mujer, tiene derecho a elegir libremente el número de hijos que quiere tener y el espaciamiento de los mismos. No se requiere la autorización del cónyuge o el compañero sexual para planificar el número de hijos o hijas ni para elegir el método anticonceptivo, cualquiera que éste sea.
Otro derecho humano asociado a la sexualidad y a la reproducción es el derecho a la atención y protección de la salud. Esto quiere decir que toda persona tiene derecho a disfrutar de una vida sexual satisfactoria, libre de riesgos y a desarrollar su vida y relaciones de pareja en buenas condiciones.
Esto implica que toda persona tiene derecho a la calidad más alta posible en la atención de la salud sexual y reproductiva y que, en consecuencia, las personas usuarias de los servicios de salud sexual y reproductiva tienen derecho a exigir que la calidad de tales servicios sea óptima.
Todos debemos de contar con el derecho a los beneficios del progreso científico, lo que significa que toda persona tiene derecho a beneficiarse de los avances de la ciencia y el progreso tecnológico. En otras palabras, toda persona debe disponer de métodos anticonceptivos modernos, seguros y aceptables para regular su fecundidad y a estar informada sobre ellos.
Finalmente, el último derecho humano asociado a la sexualidad y a la reproducción es el derecho de toda persona a no ser sometida a torturas y maltratos y, por el contrario, el derecho a vivir una vida libre de violencia. Esto implica que toda persona tiene derecho a no ser agredida (ni física ni verbalmente) por su compañera o compañero sexual, ni por ninguna otra persona y nadie puede ser forzado(a) a tener relaciones sexuales. En las relaciones de pareja debe primar la igualdad, la libertad y el respeto recíproco entre sus integrantes.
El Gobierno de México reconoce en la salud un derecho fundamental del ser humano y un elemento central del bienestar, así como una condición indispensable para desarrollar el potencial productivo de mujeres y hombres. En nuestro país, la salud reproductiva fue adoptada como prioridad en la atención de la salud desde 1995, con la creación del Programa Nacional de Planificación Familiar y Salud Reproductiva 1995-2000.
El Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 (PND) propone, como uno de sus objetivos rectores, elevar los niveles de salud de la población, garantizar el acceso a servicios integrales de salud con calidad y trato digno y disminuir las desigualdades sociales en la materia. Asimismo, busca la participación responsable de la población en el cuidado preventivo individual, familiar y colectivo de la salud. Dentro de este Plan se establece que la salud reproductiva está estrechamente vinculada con los derechos reproductivos y su importancia como concepto integral, radica en que no solamente incorpora a la planificación familiar, sino también a todos los otros aspectos vinculados con la sexualidad y la reproducción.
Si bien el gobierno de nuestro país establece sus prioridades y políticas en materia de salud reproductiva, éstas deben ser congruentes con nuestra Constitución, las leyes y las normatividades que de ella se derivan, así como con los compromisos internacionales asumidos por el estado mexicano.
Al respecto, la Ley General de Salud y la Ley General de Población, que deben ser observadas en toda la República, determinan la normatividad general en materia de salud reproductiva, la planificación familiar y educación sexual. La primera hace énfasis en el derecho a la salud y la segunda en la regulación de los fenómenos que afectan a la población en cuanto a su volumen, estructura, dinámica y distribución en el territorio nacional.
Por su parte, el Reglamento de la Ley General de Población regula la aplicación de las políticas de población. Se ocupa particularmente de los derechos reproductivos en su Sección II "Planificación Familiar". La atención del Estado a la planificación familiar y a la salud sexual y reproductiva derivan de su interés por regular el volumen de la población nacional.
A pesar de los avances en la salud de los mexicanos, y específicamente en los derechos reproductivos y sexuales, a nivel nacional en la República Mexicana, la mortalidad femenina sigue siendo el talón de Aquiles de nuestro sistema de salud. El fallecimiento de las mujeres durante el embarazo, parto y puerperio es un problema no resuelto. Pese a los avances registrados a la fecha, las tasas de muerte materna se han mantenido sin variaciones durante la década de los años noventa y principios del siglo XXI. A pesar de los distintos programas impulsados durante los últimos trece años, México no escapa a la inmovilidad de las tasas de mortalidad materna. La tasa estimada para el 2003 era de 6.0, la cual es la misma del año 1990.4
Igualmente, se mantienen las causas de mortalidad materna registradas desde 1985: toxemia, hemorragias del embarazo, parto y puerperio; todos los tipos de aborto; sepsis del puerperio y complicaciones en los abortos. Todas ellas en conjunto representan el 68% del total de las defunciones maternas.5 Se estima que en México se embarazan un promedio de 2.5 millones de mujeres al año, de las cuales alrededor de 370 mil son atendidas por personal no calificado. El porcentaje de nacimientos registrados de madres adolescentes menores de 20 años, ha aumentando a partir del año de 1997 llegando en el 2002 a 17.2.6
En México se diagnostican anualmente más de 50 mil pacientes con cáncer y los más frecuentes en las mujeres son el cáncer del cuello de la matriz y el de la glándula mamaria, enfermedades totalmente evitables, y que aún así constituyen la primera causa de mortalidad por neoplasias malignas entre las mujeres de 25 años y más. Diariamente se registran alrededor de 12 muertes por esta causa, lo que representa una verdadera inquietud de género e injusticia social.
El sida es otra de las enfermedades que tienen que ver de manera directa con los derechos sexuales y reproductivos y que se ha convertido en una gran preocupación a nivel nacional. Para junio del 2004, según datos del Centro Nacional para la Prevención y Control del Sida, existían en nuestro país 76, 311 casos de sida acumulados. Eso significa que entre noviembre del 2003 y junio del 2004, es decir en 8 meses, hubo 4,785 nuevos casos. Haciendo un cálculo con estas cifras, en un año se registran en México 7, 177.5 nuevos casos de sida, aproximadamente entre 20 y 25 personas se infectan diario en nuestro país. Según varias investigaciones, la transmisión sexual es la causante del 89.7% de los casos acumulados de sida en México.
De acuerdo con la Encuesta de Salud Reproductiva de los Estudiantes de educación Secundaria y Media Superior y pese al avance en la difusión del uso del condón, el conocimiento del sida y los métodos anticonceptivos, el 31.3% de los jóvenes de entre 13 y 19 años de edad, revelaron que en su primera relación sexual no emplearon ningún método preventivo. Además del total de jóvenes, el 6.5% evidenciaron su desconocimiento sobre el sida, ya que aseguraron que la enfermedad "se podía curar fácilmente con tratamiento"
Existen también en nuestro país otros problemas que vulneran constantemente los derechos sexuales y reproductivos. Por ejemplo, en muchos lugares todavía subsiste la figura del llamado "débito conyugal" que es la obligación de prestar servicios sexuales al cónyuge o al compañero. De igual forma convivimos con la práctica cotidiana y silenciosa del abuso sexual infantil y el tráfico de niñas y niños para que sean prostituidos. Cifras oficiales señalan que en México 16 mil menores son sometidos a abuso al ser prostituidos o utilizados en la pornografía.
La violencia de género es otro aspecto que vulnera los derechos sexuales y reproductivos. La vida de mujeres de todas las edades se ve amenazada de manera cotidiana por diversas formas de violencia y privación, que van desde la violación sexual hasta formas de abuso como la violencia doméstica, la prostitución forzada, y los asesinatos de mujeres. En general la violencia de género, tanto en el ámbito de lo doméstico como en el ámbito de lo público, se ejerce efectivamente con el fin y el resultado de limitar el derecho de las mujeres y de las personas más indefensas a decidir sobre su propio cuerpo.
La discriminación por orientación sexual y por forma de unión de la pareja también vulnera los derechos sexuales y reproductivos. En nuestra cultura el derecho a decidir sobre el propio cuerpo y reproducción ha sido un privilegio de algunas parejas, y las demás personas sufren discriminación de hecho y de derecho por su situación marital, orientación y preferencias sexuales, por su edad, por sus discapacidades, por estar en situación de reclusión, etcétera.
En cuanto al derecho a la salud y a la planificación familiar, este se ha visto restringido también por barreras culturales. El silencio en torno a la sexualidad convierte en tabú temas relacionados con la salud sexual, como es la protección contra enfermedades de transmisión sexual.
De acuerdo al panorama anterior, es de suma importancia que tanto las mujeres como los hombres, incluyendo a las niñas, niños y adolescentes de nuestro país sepan y estén informados sobre los derechos reproductivos y sexuales que tiene cada uno para que éstos, en la medida de lo posible, no se vean violados o vulnerados por otras personas. Consideramos que es una forma de discriminación negar o limitar la información de estos derechos pues las consecuencias de ello llegan, en muchos casos, a marcar la vida de las personas para siempre e incluso son mortales.
En México se ha avanzado. A pesar de la evidente reducción en los recursos financieros asignados se han hecho esfuerzos importantes por integrar estos principios a la prestación de los servicios de salud. Y se han librado batallas para defender estos derechos en el ámbito internacional. Pero el camino es largo y espinoso y todavía queda mucho por hacer. Las distintas denuncias de violación de los derechos reproductivos de indígenas, el caso de Paulina7 y el de Ninett Torres Villarreal,8por mencionar tres entre millones, así lo demuestran.
La salud y los derechos sexuales y reproductivos se consideran parte integrante del desarrollo y de los derechos humanos: especialmente el derecho de las mujeres a asumir el control y a tomar decisiones respecto de su cuerpo y su sexualidad. Una buena salud sexual y reproductiva, que va más allá del enfoque demográfico y la planificación familiar, es un requisito previo para lograr el progreso socioeconómico y el desarrollo sustentable de un país.
La sexualidad y la reproducción son parte integral de la personalidad de todo ser humano y su desarrollo es esencial para el bienestar individual, interpersonal y social. Por ello y dado que los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos universales basados en la libertad, dignidad e igualdad para todos los seres humanos, y deben ser reconocidos, promovidos, respetados y defendidos, el Partido Verde Ecologista de México somete a la consideración de la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, el presente
Decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 9 del Capítulo II, De las Medidas para Prevenir la Discriminación, de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
Artículo Único.- Se reforma la fracción VI del artículo 9 del Capítulo II de las medidas para prevenir la discriminación de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación para quedar como sigue:
Artículo 9
Queda prohibida toda práctica discriminatoria que tenga por objeto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades.
A efecto de lo anterior, se consideran como conductas discriminatorias:
I. a la V.
VI. Negar o limitar información sobre derechos reproductivos que incluyen la procreación, la elección voluntaria del cónyuge, la formación de una familia y la determinación del número y esparcimiento de las hijas e hijos. Así como negar o limitar el derecho a la salud y seguridad sexual, entendida como el derecho a una vida libre de violencia y coacción sexual y con derecho a la privacidad.
VII. a XXIX.
Transitorio
Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas:
1 Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, El Cairo 1994, Capítulo VII, Derechos Reproductivos y Salud Reproductiva, párrafo 7.2.
2 Ibidem, párrafo 7.3
3 Plataforma de Acción de la de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer. Párrafo 94 de la Plataforma de Acción.
4 Tasa por 10,000 nacimientos estimados por el Conapo. Daniela Díaz Echeverría. Presupuesto Público y Mortalidad Materna: Seguimiento al Programa Arranque Parejo en la Vida, Fundar Centro de Análisis e Investigación, AC, México, DF, 2003.
5 Las principales causas se vinculan directamente con las condiciones socioeconómicas de las mujeres afectadas y el acceso a y calidad de una atención médica oportuna.
6 Datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.
7 Paulina Ramírez, cuyo caso alcanzó atención internacional, tenía 13 años de edad en julio de 1999, cuando fue violada por unos drogadictos que irrumpieron en su casa en Baja California. A pesar de tener derecho a que se le practicara un aborto, funcionarios públicos y médicos del servicio de salud del estado le impidieron ejercer su decisión de interrumpir el embarazo a través de amenazas y presiones, proporcionándole información errónea y abusando de su autoridad.
8 El 9 de agosto de 2004 la escritora oaxaqueña Ninett Torres Villarreal fue seleccionada como beneficiaria de una beca de 77 mil pesos en el Centro Mexicano de Escritores, comprometiéndose a cumplir con un proyecto de trabajo. Sin embargo y a pesar de haber cumplido con todos los requisitos que pedía dicha institución, la beca le fue revocada por encontrase en estado de gravidez. Aunque después y gracias a los movimientos que se formaron en torno a este problema, la beca le fue devuelta y Ninett fue aceptada en el Centro, la discriminación y la violación de sus derechos fueron innegables.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 17 días del mes de febrero de 2005.
Diputados: Manuel Velasco Coello (rúbrica), coordinador; Jorge A. Kahwagi Macari, vicecoordinador; Luis Antonio González Roldán, vicecoordinador; Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón (rúbrica), Leonardo Álvarez Romo (rúbrica), Jacqueline Argüelles Guzmán (rúbrica), María Ávila Serna (rúbrica), Fernando Espino Arévalo (rúbrica), Maximino Fernández Ávila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Jorge Legorreta Ordorica (rúbrica), Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta.
(Turnada a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Febrero 17 de 2005.)
Programas
DE LA COMISION DE CULTURA, DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE A 2005
Fundamentación
La Comisión de Cultura, como órgano constituido por el Pleno de la Cámara de Diputados, tiene fundamento legal en el artículo 39, numerales 1, 2 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones.
Por mandato del artículo 45, numeral 6, la Comisión de Cultura tiene las tareas siguientes:
a) Elaborar su programa anual de trabajo;
b) Rendir un informe semestral de actividades a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos;
c) Organizar y mantener un archivo de todos los asuntos que le sean turnados, que deberá ser entregado a la Legislatura siguiente;
d) Sesionar cuando menos una vez al mes;
e) Resolver los asuntos que la Mesa Directiva de la Cámara le turne;
f) Dictaminar, atender o resolver las iniciativas, proyectos y proposiciones turnados a las mismas en los términos de los programas legislativos acordados por la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos; y
g) Realizar las actividades que se deriven de esta ley, de los ordenamientos aplicables, de los acuerdos tomados por el Pleno de la Cámara y los que adopte por sí misma con relación a la materia o materias de su competencia.
Con el propósito de dar cumplimiento al inciso a) y de trazar las líneas generales del trabajo legislativo, se presenta el presente plan de trabajo.
Objetivo general
Dar cumplimiento a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y su Reglamento en cuanto a los asuntos correspondientes a la materia de esta Comisión.
Objetivos particulares
Estudiar, analizar y realizar los trabajos necesarios para presentar los dictámenes, las opiniones y demás asuntos que la Mesa Directiva de la Cámara turne a la Comisión.
Analizar y, en su caso, reformar, adicionar, crear o derogar el marco jurídico que permita fortalecer el desarrollo cultural integral de la sociedad.
Mantener un diálogo permanente con los diversos actores culturales del país para conocer sus demandas, necesidades y propuestas en materia de cultura.
Introducción
La política cultural debería ser alta prioridad porque debe garantizar los más altos intereses nacionales. Muestra de ello es que la cultura y la educación son cada vez más factores prioritarios dentro de las políticas gubernamentales de los países desarrollados. En el ámbito internacional, la política educativa, científica y cultural gubernamental se orienta a complementar los esfuerzos productivos de la sociedad.
La globalización se sustenta en una economía planetaria que se sostiene entre sus características esenciales, un avance de la información y del conocimiento. Este proceso se ha visto acompañado de la necesidad de identificación de los grupos sociales. Se han reivindicado así las tendencias de agrupación regional y la defensa de las peculiaridades culturales. Por tanto, la cultura y la educación constituyen hoy día elementos fundamentales de identidad.
En los últimos lustros, los medios de comunicación, de acopio y transmisión de información han sido objeto de una revolución tecnológica de alcances imprevistos a escala mundial.
Líneas de acción
Estudio y eventual reforma de la legislación en los siguientes asuntos:
Instituciones culturales no gubernamentales, como es el caso de las sociedades autorales.
Régimen del derecho de autor y derechos conexos, en materia de combate de la piratería, informática, impuestos, soportes materiales y en el ciberespacio:
Protección del patrimonio cultural
Fomento y promoción de la creación y derechos conexos
El libro, la lectura y la industria editorial
Bibliotecas, museos y archivos
Promoción artesanal y de arte aplicado
Cinematografía y artes visuales
Fomento de la música, el teatro, la danza y demás artes escénicas
Radio y televisión
Patrocinios y régimen fiscal específico
Gestores y promotores culturales
Estudio de los tratados y convenios multilaterales en materia cultural ratificados por México
Actividades
Recibir, analizar y comentar las propuestas que se reciban por parte de las sociedades autorales o instituciones varias en materia de impuestos, pago en especie y otras variantes fiscales. Asimismo, propuestas de modificación del régimen legal en materia de cultura.
Analizar el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y la miscelánea fiscal, buscando siempre mayores incrementos para el subsector cultura.
Examen de los proyectos culturales programados por el Poder Ejecutivo, con objeto de sugerir a la Comisión las propuestas o iniciativas que tiendan a mejorarlos.
Estudio de los informes de gobierno, con el propósito de preparar cuestionamientos a los secretarios de Estado que tengan relación con las finalidades de la Comisión.
Promover la actualización permanente de la página web de la Comisión, donde se refleje el diario acontecer del trabajo legislativo.
Publicación de por lo menos dos colecciones de cuadernos de trabajo: la primera, sobre ensayos convergentes con las sociedades autorales; y la segunda, sobre cuento, narración y poesía.
Promover, organizar y brindar facilidades para las muestras de arte aplicado y artesanal tanto de las distintas regiones de nuestro país como de la diversidad étnica.
Promover las exposiciones artísticas representativas de otros países.
Creación de grupos de trabajo
Análisis y fortalecimiento de la relación educación-cultura. Planear, organizar, convocar y difundir los encuentros con los diversos actores de la cultura que sean necesarios para adquirir, consultar o dar a conocer los elementos implicados en los trabajos para elaborar el dictamen correspondiente.
Presupuestal
Analizar el proyecto de decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y sus anexos para conocer y evaluar los montos propuestos por el Ejecutivo para la función cultura.
Proponer posibles modificaciones del proyecto del Ejecutivo a la Mesa Directiva de la Comisión.
Participar en reuniones de trabajo con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Dar seguimiento al ejercicio del presupuesto aprobado para la función cultura durante el ejercicio fiscal correspondiente, así como su transparencia.
Estudiar el Informe de Resultados sobre la Revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal en lo relativo al gasto efectuado en la función cultura del ciclo correspondiente y, eventualmente, hacer las observaciones a la Comisión de Vigilancia.
Presentar evaluaciones al pleno de la Comisión.
Estudio de proyectos relativo a INBA e INAH
Elaborar los anteproyectos de dictamen y las opiniones correspondientes de las iniciativas o puntos de acuerdo que fuesen turnados.
Organizar las consultas que juzgue necesarias con los expertos en materia arqueológica, de patrimonio, pintores, académicos, historiadores, curadores y demás disciplinas necesarias para contar con las herramientas de análisis.
Reformas constitucionales
Analizar y promover las consultas en materia de reforma de los artículos 3°, 4° y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de cultura. Se cuenta con tres iniciativas presentadas en esta Legislatura.
Conferencia de trabajos de las Comisiones de Cultura de la H Cámara de Diputados, y de Educación y Cultura del H. Senado de la República
Los temas por analizar y llegar a acuerdos serán los siguientes:
Reformas constitucionales en materia de cultura
Ley General de Cultura
Marco jurídico del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes
Derechos de autor
Combate de la piratería de productos culturales
Celebración de los 400 años de la primera edición de El ingenioso hidalgo Don Quijote de La Mancha
Encuentro iberoamericano de las lenguas, del 12 al 16 de octubre, en Cempoala, Veracruz
Promover iniciativa para crear la Ley de la Academia Mexicana de la Lengua
Promover una nueva Ley de Fomento del Libro y la Lectura
Visita del Parlamento Cultural del Mercosur el 15, 16 y 17 de abril de 2005
Producción de un programa semanal sobre temas culturales para el Canal del Congreso
Creación del Grupo de Trabajo Comisión de Cultura y Turismo para Fomento del Turismo en las Ciudades Coloniales, por mandato del Pleno de la H. Cámara de Diputados
Las contingencias circunstanciales y el cronograma para el presente programa de trabajo serán resueltos en las reuniones plenarias.
Dip. Filemón Arcos Suárez
Presidente
DE LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, ANUAL DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO LEGISLATIVO
1. Acuerdo de la Junta de Coordinación Política para la Creación de Comisiones Ordinarias
Sesión Ordinaria de la H. Cámara de Diputados celebrada el 30 de septiembre de 2003.
La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo previsto en los artículos 82 y 104 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y
Considerando
Que la Cámara de Diputados para el adecuado cumplimiento de sus funciones se organiza en Comisiones Ordinarias, las que tendrán a su cargo los asuntos relacionados con la materia propia de su denominación;
Que conforme al artículo 105 de la Ley Orgánica del Congreso General, los Grupos Parlamentarios tienen, en todo tiempo, el derecho de solicitar cambios en la adscripción de sus integrantes ante las comisiones; y
Que es facultad del Pleno de la Asamblea votar y en su caso aprobar las propuestas que le presente la Junta de Coordinación Política, en relación con la integración de comisiones; somete a la consideración del Pleno la presente propuesta:
Primero.- Se crean las Comisiones que se indican, con las directivas y los integrantes que en cada caso se mencionan:
Comisión de Juventud y Deporte
Presidente: Dip. José Manuel Carrillo Rubio
Secretario: Dip. José Erandi Bermúdez Méndez
Secretaria: Dip. Jazmín Elena Zepeda Burgos
Secretaria: Dip. Rosalina Mazari Espín
Integrantes PRI
Dip. Rafael Alejandro Moreno Cárdenas
Dip. Jesús Zúñiga Romero
Dip. Isaías Soriano López
Dip. María Isabel Maya Pineda
Dip. Miguel Amezcua Alejo
Dip. José Alfonso Muñoz Muñoz
Dip. Sergio Chávez Dávalos
Dip. Armando Leyson Castro
Dip. Gonzalo Guízar Valladares
Dip. Ángel Paulino Canul Pacab
Integrantes PAN
Dip. José Javier Landero Gutiérrez
Dip. Maximiliano Alexander Rábago
Dip. Rodolfo Esquivel Landa
Dip. Jorge Triana Tena
Dip. José Javier Osorio Salcido
Dip. Marisol Urrea Camarena
Dip. Marco Antonio Cortés Mendoza
Dip. Rodolfo Esquivel Landa
Dip. Regina Vázquez Saut
Integrantes PRD
Dip. Rogelio Franco Castán
Dip. Gerardo Ulloa Pérez
Dip. Yadira Serrano Crespo
Dip. Lizbeth Rosas Montero
Dip. Reynaldo Francisco Valdés Manzo
Integrantes PVEM
Dip. Alejandra Méndez Salorio
Independiente
Dip. Jorge Roberto Ruiz Esparza Oruña
Introducción
2. Juventud
El principal objetivo de la Comisión es promover, generar y articular proyectos integrales de juventud, con el fin de responder a sus necesidades, expectativas, propuestas y demandas, para propiciar el mejoramiento de su calidad de vida y su participación plena en el desarrollo nacional.
Estamos convencidos de que una avanzada política de juventud, que afirme y amplíe su legitimidad, supone necesariamente, la participación de los jóvenes en su desenvolvimiento, lo que nos trae a un primer plano la necesidad de la concertación de las políticas de juventud con los propios actores sociales existentes, por lo que la promoción de la participación juvenil es de gran importancia para generar condiciones favorecedoras para el desarrollo.
Así nos centraremos, ahora, en la formulación de propuestas para áreas específicas, en el nivel de las políticas de juventud transversales, destacando nuevamente la importancia de la necesidad de que sean coordinadas e intersectoriales. Como es obvio, ello involucra de modo privilegiado, aunque no sólo, aquellas acciones vinculadas al dominio de la educación y la cultura.
Es necesario revisar y fortalecer el marco jurídico e institucional en materia de juventud, así como evaluar y aplicar nuevas políticas públicas que coadyuven a su crecimiento.
Debemos entender que las políticas de juventud son aquellas que se dirigen a garantizar, producir y distribuir los bienes, materiales y simbólicos ,de una sociedad, para y desde los jóvenes.
En México, la gestión democrática de políticas locales de juventud es todavía un asunto pendiente. La herencia de un Estado centralista que impulsa políticas con enfoques universales y sectoriales, la heterogeneidad de actores juveniles poco coordinados y la cada vez más grave exclusión social que sufren los jóvenes, son algunos de los factores que condicionan la posibilidad para su diseño e instrumentación.
Es necesario desarrollar estrategias diferenciadas y complementarias, fundadas en la posibilidad de gestación de procesos en los que intervengan con mayor o menor presencia redes de interdependencia entre los actores institucionales y sociales que participan en el diseño e implementación de las políticas, proyectos y/o programas de juventud.
Las políticas de juventud en México se desarrollan en un contexto regido por los principios que orientan el diseño e implementación de las políticas públicas en nuestro país durante más de cinco décadas.
En 1999, se creó el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJ), órgano del gobierno federal responsable del diseño, ejecución y seguimiento de las políticas de juventud de nuestro país. A consecuencia de ello, se crearon en algunos estados organismos similares, especializados en las políticas de juventud estatal. De esta forma, al día de hoy existen 22 Institutos Estatales, 10 dedicados exclusivamente para atender a los jóvenes, dos de los cuales se crearon antes de 1999. Además existen 8 institutos que atienden a la juventud, conjuntamente con deporte; una oficina no especializada y una Secretaría de Juventud. De tal modo, en las 32 entidades federativas existen instancias de gobierno dedicadas a la atención de la juventud local.
De tal modo, en los últimos tres años se está prefigurando una modificación importante en la orientación de los diseños y prácticas de los programas y proyectos de juventud impulsados por las Instituciones gubernamentales, con la posibilidad de incidir en el ámbito local. Sin embargo, los esfuerzos realizados hasta el momento, salvo algunas excepciones, no han logrado proponer políticas de juventud que incidan efectivamente en la diversidad, complejidad y heterogeneidad de las circunstancias y condiciones de nuestro país.
En la composición y dinámica de la estructura del sector juvenil se observan los principales problemas de nuestra sociedad y, al mismo tiempo, se deposita en él la aspiración sobre las nuevas estrategias de desarrollo, fundadas en la intención de consolidar el capital humano necesario para fomentar los procesos productivos, políticos y culturales de la sociedad contemporánea.
México es un país que cuenta con un amplio sector juvenil. La población joven (hombres y mujeres de 12 a 29 años de edad) asciende a más de 33 millones de personas, que representan cerca de la tercera parte de la población nacional. De ellos, el 50% reside en 7 de las 32 entidades federativas; y el 75% reside en localidades de 2.500 habitantes y más. En contraste, existen entidades en las que al menos el 40% de sus jóvenes viven en localidades de menos de 2.500 habitantes, como son los casos de Oaxaca, Chiapas, Hidalgo, Zacatecas, Tabasco, Veracruz y Guerrero, caracterizadas por el alto nivel de marginación y pobreza.
En términos generales, la composición por sexo de la población juvenil sostiene un equilibrio relativo, correspondiendo 102 ó 103 varones por cada cien mujeres. Sin embargo, particularmente en las zonas rurales de los estados de Morelos, Zacatecas, Aguascalientes, Oaxaca, Guanajuato, Hidalgo, Puebla, Querétaro, Guerrero y Jalisco, la relación entre hombres y mujeres fluctúa entre 64 y 85 varones por cada cien mujeres jóvenes, situación generada por los altos índices migratorios registrados en estos estados del país. De tal manera, el 28% de los emigrantes de nuestro país hacia Estados Unidos tiene entre 15 y 24 años de edad; de éstos, 95% son hombres, 72% solteros y con una escolaridad promedio de 7.1 grados aprobados.
Ahora bien, entre las principales circunstancias que definen la situación actual de la población juvenil en México, encontramos que el desempleo, el aislamiento, la ausencia de garantías legales y el deterioro de los modelos normativos necesarios para el ejercicio de sus derechos, la pobreza y la heterogeneidad social entre los jóvenes, profundizan la paradoja que afirma la exigencia sobre el aprovechamiento óptimo de las capacidades del sector y la exclusión social experimentada por los jóvenes.
Así, mientras que los niveles de alfabetismo se han incrementado hasta alcanzar el 97% en 1997, manteniendo un equilibrio relativo entre hombres y mujeres, el promedio general de escolaridad de los jóvenes es de 8.5 grados, tanto para hombres como para mujeres.
Sin embargo, las diferencias educativas entre la población juvenil rural y urbana son significativas; de manera que, mientras que en el ámbito rural su promedio de escolaridad es de 6.5 años, en las localidades urbanas asciende a 9.2 años; en el medio rural 43% de los hombres y 40% de las mujeres jóvenes tienen estudios de secundaria o más, mientras que en el medio urbano 79% de los hombres y 76% de las mujeres jóvenes tienen estudios de secundaria o más.
El abandono escolar de los jóvenes entre los 15 y 24 años de edad es una situación que no se ha logrado abatir en nuestro país; de manera que tan sólo el 32% de la población de 15 a 24 años continúa inscrita en el sistema educativo nacional, de los cuales el 34% son varones y 30% mujeres. A partir de los 11 años de edad la asistencia escolar comienza a decrecer.
Con relación a su participación económica, el 60% de la población juvenil realiza alguna actividad productiva. La relación laboral predominante entre las y los jóvenes es el trabajo asalariado (empleados u obreros), el cual concentra a 55 y 70% por ciento de los hombres y las mujeres, respectivamente. En el caso de los varones le sigue el trabajo como jornalero (17%), el trabajo sin pago (13%) y por cuenta propia (11%). Por su parte, 15% de las mujeres que trabajan lo hacen sin pago y 10% por cuenta propia.
La tasa de desempleo abierto entre la población juvenil es de 5%, casi el doble de la registrada para la población de 12 años y más en nuestro país. Las diferencias por sexo son importantes: los hombres registran una tasa de desempleo de 4.3% y las mujeres de 6.6%. Además del desempleo, las y los jóvenes enfrentan la precarización cada vez más aguda de las condiciones de trabajo, es decir, bajos niveles saláriales, alto grado de inseguridad laboral y cada vez menos prestaciones sociales, entre otras.
La descripción general sobre la situación de los jóvenes ante el empleo y la educación nos permiten afirmar una serie de problemas generados por la compleja interacción entre el mercado, el Estado y la sociedad.
En primer término, como es sabido, el desempleo juvenil tiene características estructurales que han persistido a lo largo de décadas. De tal modo, las corporaciones empresariales y los gremios de trabajadores organizados no han priorizado la incorporación laboral de los jóvenes, por un lado; por el otro, las políticas públicas de empleo están centradas en el jefe de hogar, suponiendo un modelo de desarrollo económico y estructura familiar que poco a poco pierde su vigencia en nuestra sociedad. A pesar de la recurrente constatación de dicha situación, las estrategias para fomentar el empleo juvenil en un contexto que permitan su efectivo y eficiente desarrollo no se han asumido como prioridades sustantivas para conseguir aceptables niveles de equidad social y, mucho menos, de género.
Todo lo anterior favorece que, en el caso de México, se registren una serie de situaciones cada vez más preocupantes. Por ejemplo, las principales causas de muerte de la población joven son enfermedades transmisibles (infecto-contagiosas); enfermedades no transmisibles (crónico-degenerativas); y lesiones y accidentes, concentrando el 10%, 30% y 60% respectivamente. En el caso de la población juvenil masculina, el peso relativo de cada una de estas causas de muerte en 1997 fue de 6, 23 y 71%, respectivamente; mientras que en las mujeres jóvenes fue del orden de 18, 48 y 34%, respectivamente.
Los hombres entre 15 y 19 años, fallecen más de 2.5 veces por suicidio que las mujeres, más de 3.8 veces por accidentes y más de 6.5 veces por homicidio y lesiones. Por su parte, en la población de 20 a 24 años dichas causas de muerte aumentan a 5.1, 6.6 y 12.1, respectivamente.
En el caso de las mujeres jóvenes, los riesgos asociados al embarazo, parto y puerperio son una causa importante de fallecimiento.
Por lo que respecta a la salud sexual, los índices de incidencia de las enfermedades de transmisión sexual (ETS) entre la población juvenil registraron aumentos importantes durante el período 1993-1998.
La incidencia anual de estas enfermedades en la población de 15 a 24 años presentó, en todos los casos, niveles muy superiores a los registrados para la población total. Por su parte, la incidencia acumulada de casos de sida entre la población joven pasó de 14.7 casos por cada cien mil jóvenes en 1990 a 22.6 casos en 1998. De acuerdo con el Sistema de Vigilancia Epidemiológica, hay una mujer joven infectada por casi cinco hombres jóvenes en esa situación.
Así, el creciente aislamiento social de los jóvenes produce una cada vez menor convivencia entre ellos y las estructuras normativas que facilitan su acceso a modelos cercanos que les permitan afirmar posibilidades de éxito en el contexto de las oportunidades vigentes en nuestra sociedad.
En un contexto como el que describimos, las agregaciones juveniles en nuestro país adoptan múltiples formas, que pasan por la existencia de "bandas", colectivos culturales, asociaciones deportivas y religiosas, grupos juveniles de barrio y grupos partidistas, organismos civiles, redes de organizaciones y movimientos juveniles.
En un contexto en el que la población juvenil sufre de una creciente exclusión social y de la ausencia de modelos normativos que le permitan aspirar a mejores condiciones de futuro; en el que los procesos de movilización juvenil no cuentan con las condiciones suficientes para generar transformaciones efectivas en la demanda y necesidades locales de la población juvenil, la gestión democrática de políticas locales de juventud es todavía una realidad ausente en nuestro país.
Para avanzar en la construcción de esta posibilidad y potenciar los esfuerzos existentes en esta materia, resultaría importante considerar los siguientes puntos:
Las políticas para jóvenes y las políticas de juventud deberían considerar a los jóvenes como beneficiarios de su acción, pero, también, como actores protagónicos de los procesos de transformación política, económica, social y cultural de nuestro país.
Las políticas públicas de juventud, en todos sus niveles, deberían operar sobre la base de una amplia participación y concertación de esfuerzos entre los actores involucrados, sean éstos institucionales o sociales; dejando de lado, con ello, esfuerzos aislados y fragmentados, así como las dinámicas centralistas fundadas en enfoque sectoriales y universales.
Las políticas públicas de juventud deberían operar sobre la base de los principios del federalismo, mediante una amplia descentralización territorial e institucional y orientando sus acciones para la transformación de las condiciones locales que afectan a los jóvenes de nuestro país.
Los legisladores de la Comisión de Juventud y Deporte procuraremos fomentar los esfuerzos para aprender colectivamente de la experiencia de todos los actores involucrados y para definir con toda precisión la distribución de funciones necesarias entre los diversos órdenes de gobierno y la aportación específica de los actores sociales participantes, tomando en consideración el contexto de la población juvenil de nuestro país y las condiciones de los procesos de movilización de los actores de juventud, partiendo de los principios antes señalados, las prioridades sustantivas de la política pública de juventud deberán centrarse en:
i) Generar inversiones en educación y salud para jóvenes. Resulta urgente asegurar la universalización del acceso a la educación y a los servicios de salud, en vistas de garantizar la equidad entre los diversos grupos sociales, los estilos de vida saludables y la información adecuada para este fin.
ii) Facilitar la inserción laboral de los jóvenes, como clave para inhibir la creciente exclusión social que sufren, así como para garantizar el acceso a servicios y a condiciones que favorezcan el ejercicio de la autonomía individual y colectiva.
iii) Promover decididamente la participación ciudadana de los jóvenes, mejorando las prácticas y las instituciones políticas, educando para y desde la participación, promoviendo nuevos espacios participativos, apoyando a las organizaciones y movimientos juveniles.
Por último, con el fin de avanzar en la formulación e instrumentación de políticas locales de juventud en nuestro país, consideramos necesario impulsar estrategias que tomen en cuenta los siguientes criterios.
Es necesario acotar la participación del gobierno federal en materia de juventud. Es decir, la función principal del gobierno federal en el diseño e instrumentación de las políticas locales de juventud se sintetiza en su participación normativa y de apoyo a los procesos de gestión y operación de las políticas públicas. Es en este sentido que, gobierno federal, a través del Instituto Mexicano de la Juventud, debería estar convocando a las instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales, a la reflexión sobre las condiciones de la población juvenil de nuestro país, a la evaluación permanente y sistemática del desempeño de las políticas para jóvenes y de las políticas de juventud, a la creación y reforma de un marco legal que garantice la vigencia de los derechos juveniles e incida en las mejores condiciones de vida de la población juvenil y de su participación legítima en los asuntos públicos, en el diseño de programas destinados a la profesionalización técnica del capital humano que opera cotidianamente los programas y proyectos de juventud, entre otros elementos.
2.1 Reuniones de trabajo de la Comisión
Reunión con Cristian Castaño Contreras, director del Instituto Mexicano de la Juventud.
Se va a buscar establecer reuniones para intercambiar propuestas y hacer compromisos de trabajo conjunto.
2.2 Actividades de trabajo de la Comisión en materia de juventud
El Programa se presentan primeramente sus fundamentos legales, un diagnóstico general de su situación, la propuesta de acciones inmediatas a efectuar, para conocer a detalle la problemática juvenil y, permitir la integración de un programa de trabajo ampliamente consensuado y detallado, de estudio de la acción legislativa y ejecución de programas para la atención de la juventud mexicana.
Entre sus Objetivos se destacan:
a) Realizar la adecuación de un marco jurídico, con el propósito de procurar su aplicación y lograr un desarrollo integral de los jóvenes en México.
b) Elaborar iniciativas de ley y promover los decretos y acuerdos ante las autoridades competentes.
c) Mejorar las condiciones de desarrollo de los jóvenes, así como, promover, la ampliación de espacios en la salud, el trabajo, la educación, la cultura y el deporte en los jóvenes.
Esta Comisión de Juventud y Deporte, a través de su Presidente, forma parte del Consejo de Premiación del Premio Nacional de la Juventud, que otorga el Gobierno de la República a los jóvenes que se destacan por una trayectoria ejemplar en alguna de las siguientes áreas: actividades académicas, actividades productivas, actividades artísticas, méritos cívicos, labor social y protección al ambiente.
También, la Comisión forma parte del Comité Organizador de los siguientes certámenes, reconocimientos y premios que organiza el Instituto Mexicano de la Juventud:
- Premio Nacional de la Juventud Indígena
- Certamen Nacional Juvenil de Ciencia y Tecnología
- Certamen Nacional Juvenil de Desarrollo Rural
- Certamen Nacional Juvenil de Ensayo Político
- Concurso Nacional Juvenil de Ensayo sobre Derechos Humanos
- Concurso Nacional Juvenil de Debate Político
En este sentido la Comisión buscará la participación activa en estos certámenes y premiaciones.
En materia de desempleo juvenil proponemos que se otorguen créditos para impulsar cooperativas, talleres y empresas familiares o juveniles para crear empleos. La idea es que no se piense nada más en ofrecer bolsas de trabajo, si no se trata de que los jóvenes que tengan más capacidades y más potencial ofrezcan alternativas de empleo a más jóvenes que no tienen esas mismas potencialidades.
En esta perspectiva nos interesa que más jóvenes se integren a organizaciones prestadoras de un servicio, de una labor para la comunidad en todos los ámbitos de participación ciudadana, cultura, educación, medio ambiente, derechos humanos.
Buscamos la participación, como eje articulador que busca reconocer la capacidad de acción y propuesta de los jóvenes tanto en lo individual como a través de sus organizaciones. Con esta orientación, cada objetivo, programa y acción tiene contemplada la participación juvenil como elemento activo y detonador, y no como sujetos receptores de las acciones a desarrollar. La participación juvenil no se da en abstracto; por tanto, requiere la convergencia de condiciones propicias para su aparición.
Apoyaremos la generación de un esquema de incentivos para las empresas que contraten a jóvenes sin experiencia, así como revisar las fórmulas de cotización patronal al IMSS para incluir en ella incentivos a las compañías creadoras de nuevas fuentes de empleo para jóvenes.
Pensando en el necesario consumo cultural de las y los jóvenes proponemos impulsar reformas que proporcionen ese derecho a jóvenes en situación de calle, discapacitados o con padecimientos de VIH.
Para mejorar la calidad de vida de las y los jóvenes impulsaremos reformas legales para posibilitar el acceso a los servicios de seguridad social, para aquellos jóvenes en situación de calle con problemas de farmacodependencia, de padecimientos de trastornos sicológicos, de infecciones de transmisión sexual y VIH-sida o que presenten discapacidad por violencia o accidentes.
Así esta Comisión de Juventud y Deporte, propone para detectar problemas de adicciones, ofrecer programas voluntarios de rehabilitación, así como acciones de prevención.
Asimismo, proponemos homologar los derechos sociales, políticos y penales de las y los jóvenes en las leyes federales y locales, así como replantear las penas que actualmente se aplican a jóvenes sentenciados para dirigirlas a la reparación del daño, la reeducación y el trabajo en beneficio de la comunidad.
Buscamos una función más que operativa, rectora y normativa para coordinar esfuerzos con las dependencias y programas del Gobierno Federal vinculados a la juventud.
Promoveremos el trabajo creativo de jóvenes artistas en áreas de pintura, escultura, fotografía grabado, dibujo, arte objeto e instalación.
Queremos generar áreas de oportunidad para el desarrollo de las capacidades individuales y colectivas de los jóvenes; y propiciar condiciones de equidad para sectores juveniles en exclusión.
Creemos necesario fomentar la importancia que tiene la familia en el desarrollo de las y los jóvenes; ya que el 67 por ciento de los jóvenes mexicanos consideran que en sus familias el diálogo es el medio por cual se resuelven los problemas, según la Encuesta Nacional de Juventud.
Los intereses de los jóvenes en ocasiones no coinciden con los de la sociedad en general, por tanto, se provocan fricciones y conflictos; para evitar esto, es fundamental crear espacios de comunicación y discusión entre la sociedad y los jóvenes, con el fin de construir puentes de reciprocidad y colaboración de doble vía. Esto comienza con el desvanecimiento de los estereotipos, como el hecho de equiparar el ser joven con el ser conflictivo o violento; ya que muchas de las manifestaciones de jóvenes en la actualidad, sobre todo urbanas, son interpretadas sólo en su dimensión violenta, olvidándose de la multiplicidad de facetas que desarrollan, como la cultural, familiar, educativa, laboral, solidaria, etcétera.
Respecto a equidad y género se tiene que concertar acciones y programas que permitan no destruir las diferencias ni la identidad, sino igualar las oportunidades de acuerdo con los contextos sociales, económicos y culturales en los cuales se desarrollan los jóvenes.
Unificar criterios y esfuerzos para promover, desarrollar y operar programas y acciones destinados a contribuir al pleno desarrollo de la juventud, es el propósito de la Comisión de Juventud y Deporte, con el objetivo de Impulsar el mejoramiento de la calidad de vida y bienestar de los jóvenes.
2.3 Foros
Se van a realizar periódicamente, con los representantes del Instituto Mexicano de la Juventud, con la Comisión de Juventud y Deporte de la Cámara de Senadores y las demás dependencias que tengan que ver con Juventud, tales como:
Coloquio internacional sobre juventud.
Encuentro artístico juvenil.
Encuentro con jóvenes de Cuba.
Encuentro con jóvenes empresarios.
Foro nacional sobre legislación y normatividad en materia de juventud.
Foro nacional de comisiones legislativas.
Foro nacional sobre juventud y discapacidad.
Foro nacional sobre juventud, y equidad y género.
Foro sobre sexualidad y enfermedades transmisibles.
Foro regional indígena.
Foro juvenil por la prevención del tabaquismo y alcoholismo.
Foro para fomentar en los jóvenes la conciencia y el conocimiento sobre el valor del agua.
Foro de expresión política juvenil.
Foro juvenil cultural y artístico.
2.4 Creación de la página web de la Comisión de Juventud y Deporte
Producto de la globalización que se vive, Internet se ha convertido en una herramienta sumamente indispensable para el desarrollo de las comunicaciones. Nuestro país se ha convertido en un cliente potencial de esta forma de comunicarse entre los individuos. En la actualidad una persona, ya sea física o jurídica, que tiene un objetivo de carácter social no puede quedar aislada de los avances tecnológicos que permiten un mayor acercamiento entre la sociedad y los gobiernos. Por esa razón es de fundamental importancia la contratación de un dominio en la red mundial de Internet.
Plan de trabajo de la Comisión en deporte
Introducción
3. Deporte
El deporte y la competencia en el deporte forjan personas integras y respetables, personas benéficas para nuestra comunidad. Los buenos deportistas reflejan conductas que sin lugar a dudas muestran el potencial de estas personas en su vida cotidiana.
Estamos convencidos que el deporte y la práctica de cualquier actividad física, recreativa o deportiva favorece el fomento de hábitos de conducta, valores y por supuesto el mejoramiento de la capacidad física del individuo; lamentablemente si hacemos un análisis desde el punto de vista educativo identificamos que pese a ser considerada la educación física como parte integral del desarrollo del ser humano, vemos que la escuela, el centro deportivo público y privado o los clubes, no están vinculados entre sí, lo que nos limita para coadyuvar en el desarrollo adecuado de planes y programas, así como la participación y el seguimiento de los jóvenes.
La disciplina es sin lugar a dudas el cimiento para cumplir con el objetivo en cualquier actividad de la vida misma. En un grupo que pretende ser competitivo, la disciplina de sus integrantes es base fundamental para su buen funcionamiento.
Seguramente, al contar con líderes competitivos se lograrán los trabajos, e investigaciones de especialistas, y si fomentamos los beneficios de una vida sana a través de la práctica de la actividad física, la recreación y el deporte, contaremos con una población más sana y con un mejor aprovechamiento del tiempo libre.
La enseñanza y la práctica del deporte ha sido afectada también por los cambios acelerados que sufre día con día deporte. Se debe fomentar su práctica basándonos en el respeto, la honestidad, la humildad, la bondad y tolerancia, buscando la formación de jóvenes deportistas que puedan ser ejemplos a seguir, jóvenes que sepan disfrutar los triunfos y aprender de las derrotas y que al término de su práctica deportiva pongan de manifiesto los elementos que le permitan desenvolverse en la sociedad y por supuesto echemos mano del método de dirección por valores.
Entre los retos trazados por las autoridades de la Comisión Nacional del Deporte en el tercer año de administración se encuentra fortalecer el modelo de desarrollo de cultura física y deporte en nuestro país a través de acciones concretas y específicas, mismas que están establecidas en el Programa Nacional de Desarrollo 2001-2006 teniendo como plataforma de desarrollo, aquellas en las que se han fundamentado los trabajos emprendidos por el profesor Nelson Vargas Basáñez, titular de la Conade y su equipo de trabajo relacionado con la cultura física, y la calidad en el deporte.
Como parte de los apoyos al Comité Olímpico Mexicano se atenderán alrededor de 3 mil deportistas; en cuanto a infraestructura deportiva se consideran apoyos a 64 instalaciones en el país; así como la actualización de 22 mil personas entre promotores, instructores, entrenadores y multiplicadores de los diversos proyectos de cultura física y deporte.
3.1 Cifras sobre el deporte en México
La práctica deportiva continúa siendo limitada en nuestro país, no sólo en los jóvenes, sino para toda la población. De acuerdo a encuestas proporcionadas por el INEGI en 1996, de los poco más de 59 millones de personas que componían la población de 15 años y más, sólo 15.2% practicaba algún deporte.
Los grupos económicos de mayores ingresos son los que mantienen una actividad deportiva más alta, del total de personas que practicaban algún deporte, 71% pertenecían a los cinco deciles de mayor ingreso, mientras que 21% se concentraba en los cinco deciles de menor ingreso, por sexo, 73% de los que practicaban algún deporte eran hombres y el 27% restante mujeres.
Entre los jóvenes existe mayor recurrencia a la práctica del deporte, en ese año los jóvenes de 15 a 29 años representaban 44% del total de la población y participaban con el 65% del total de personas que practicaban deportes, más aún; del total de jóvenes -26.2 millones- 22% realizaba algún tipo de deporte, mientras que entre los adultos mayores de 30 años, sólo 10% de los 32.8 millones lo hacían.
Según la escolaridad de los jóvenes, la mayor proporción de los que practicaban algún deporte alcanzó el nivel escolar de secundaria (41%); le sigue el nivel bachillerato (28%); los que tienen nivel de primaria (17%); y los que cuentan con estudios superiores y posgrado (14%).
Entre los adultos, la mayor proporción la ocupan aquellos que tienen niveles de estudios superiores y de posgrado con 30%; le siguen los que cuentan con nivel de secundaria, con 26%; primaria con 25%, y preparatoria con 18%. En ambos casos (jóvenes y adultos), las personas sin instrucción que practican algún deporte representan sólo 1% del grupo respectivo. Esto significa que a mayor edad de la población y nivel educativo, mayor es la práctica deportiva.
Entre los jóvenes existe una mayor incidencia en la práctica del deporte uno o dos días a la semana; sobre todo entre las mujeres, ya que entre las jóvenes el 45% del total que practica deportes lo hace con esa periodicidad; el porcentaje en las adultas es de 26%. En contraparte, los mayores rangos en la práctica deportiva diaria se presentan entre los grupos mayores de 30 años.
Finalmente, conviene resaltar que la mayor parte de la población que lleva a cabo algún deporte lo hace hasta dos horas por día, tanto entre los jóvenes como entre los adultos; le sigue en orden de importancia la práctica de hasta una hora diaria, después hasta tres horas y finalmente aquellos que realizan su deporte más de tres horas al día.
Podemos concluir que una alta proporción de los jóvenes dedica gran parte de su tiempo a actividades recreativas; no así a las deportivas, con mayores actividades dentro de la casa que fuera de esta, lo cual estaría condicionado por factores económicos, culturales y sociales.
Se debe fomentar la cultura física en la población, a partir de la masificación de actividades físicas, recreativas y deportivas, así como buscar la utilización máxima de las instalaciones deportivas del país con la cualidad de que éstas sean seguras y con programas específicos.
El deporte es una pieza fundamental para provocar un cambio que pueda repercutir en beneficio de los niños en pleno desarrollo, los jóvenes que llenos de energía ocupan un alto porcentaje dentro de la población, los adultos y adultos mayores que requieren de la práctica para una vida más placentera y los grupos vulnerables que tienen los mismos derechos que todos de vivir en armonía.
3.2 Actividades de trabajo de la Comisión en deporte
Lo más valioso que puede existir en un país es su niñez y juventud por tal motivo es de relevancia el brindarles la mejor calidad de vida.
En nuestra Constitución Política se menciona en su artículo 3º: Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado -Federación, estados y municipios- impartirá educación preescolar, primaria y secundaria. La educación primaria son obligatorias.
"La educación que imparta el Estado tendrá a desarrollar armónicamente todas la facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia."
En nuestro país es de suma relevancia el que se cree una cultura deportiva, ya que el deporte no puede continuar considerándose un movimiento de cada cuatro años donde sólo cobra importancia por ser año olímpico, este debe ser el arma para combatir muchos males de nuestra sociedad y debe ser utilizado desde los inicios de la educación básica donde todos los involucrados sepamos y conozcamos los beneficios del deporte o la actividad física.
Para que nuestra niñez y juventud realmente conozcan los beneficios se les debe dar la oportunidad de practicar un deporte donde de acuerdo a sus facultades físicas puedan desarrollar no solo estas capacidades si no también las intelectuales.
Por lo antes expuesto es necesario concretar que el deporte debe ser elevado a garantía constitucional".
La Ley General de Cultura Física y Deporte pretende controlar el deporte nacional, a través de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) ya que tiene una tendencia centralista.
Esta ley otorga atribuciones intervensionistas respecto de la autonomía de las Federaciones Deportivas Nacionales, que para efecto de la misma ley las denomina Asociaciones Deportivas Nacionales, de las denominadas Asociaciones y Sociedades Deportivas y de la Confederación Deportiva Mexicana.
Se debe partir de una premisa, que el deporte es una actividad de carácter privado en oposición a la función pública del Gobierno. Se debe partir del punto de vista, que el gobierno en sus tres niveles, esta allí para promoverlo y apoyarlo, no para monopolizarlo y en este sentido, con esta ley, según el artículo 1°, establece que corresponde a la aplicación e interpretación de la Ley, en el ámbito administrativo, al Ejecutivo a través de la Conade.
Cabe entonces preguntarse: Quién vigilará a la Conade en su adecuado cumplimiento? Ya que la titularidad de Sinade, Codeme y Conade recae en una misma persona que funge como juez y parte.
Es importante que la iniciativa privada participe en el deporte, pero no hay que pretender que sólo lo haga en el deporte de alto rendimiento sino también desde los inicios de éste y todos sus niveles; por esto es preponderante marcar un esquema de beneficios fiscales al sector privado para el apoyo del desarrollo deportivo en el ámbito nacional.
La iniciativa privada realmente debe sentir que tiene beneficios al involucrarse e invertir en el deporte y que esta inversión sea una de sus prioridades, creando este esquema el deporte contará con mayores recursos y beneficios logrando con esto que los actores principales del deporte atletas y entrenadores cuente con las armas necesarias para continuar su desarrollo.
Siendo de gran importancia el apoyó al deporte es importante que los recursos que se le otorguen al deporte sean distribuidos con equidad y justicia a los organismos involucrados en el desarrollo del deporte.
El poder legislativo debe a través de la Conade asignar el presupuesto anual de acuerdo a las necesidades de instalación, mantenimiento, competencias de preparación, personal operativo el presupuesto a la Confederación Deportiva Mexicana, Comité Olímpico Mexicano y Consejo Nacional del Deporte Estudiantil; con esto se evitarán situaciones personales que vayan en contra del deporte y su desarrollo.
Los actores principales del deporte indudablemente son los atletas y entrenadores sin ellos no podría existir el deporte, por ende es importante crear un capitulo especial donde se les mencione sus beneficios y obligaciones desde el punto de vista normativo.
Pero es de gran importancia que se incluyan dentro del Sistema Nacional del Deporte y Comisión de Apelación y Arbitraje un representante de atletas y entrenadores ya que ellos son los que pueden defender los principios básicos del deporte.
Dentro del deporte es importante darle un lugar preponderante al deporte adaptado ya que este a contribuido a conseguir un prestigio a nivel internacional con nuestros atletas de esta rama.
Es por eso que se necesita mejorar la infraestructura y crear un centro de alto rendimiento de deporte adaptado para que se continué desarrollando este actividad en toda la Republica Mexicana ya que los niños y jóvenes con capacidades diferentes tengan la facilidad de practicar una actividad física en esta materia y crear una cultura deportiva del deporte adaptado.
Es cierto que para que un país produzca jóvenes con una calidad de vida deben practicar una actividad física, también es cierto que no debemos descuidar la parte intelectual, nuestros jóvenes no deben sólo enfrascarse en una actividad.
Dentro de la ley General de Cultura Física y Deporte debe exigirse que se realicen los Juegos Estudiantiles Superior y Media Superior, ya que estos deben de ser la lanza de apoyo para el alto rendimiento y se continúe con la participación de México en los Juegos Mundiales Universitarios.
Que se busque desarrollar el deporte de cada estado cuesta años de inversión para el estado como para las asociaciones deportivas ya que se busca crear infraestructura, capacitación de entrenadores, campamentos de entrenamiento, competencias nacionales e internacionales.
La Olimpiada Nacional se ha convertido para los institutos del deporte el evento magno donde suele utilizarse para piratearse a los atletas de diferentes estados, esto se debe a que no esta definido la cantidad de medallas que se deben otorgar en las disciplinas que participan y la razón real de que debe establecerse si la olimpiada Nacional es para desarrollar y promover el deporte o premiar el pirataje.
Los estados con este evento es como justifican su trabajo ante los gobiernos de sus estados y varios estados han perdido presupuesto por no obtener los resultados por eso es de gran importancia que se regule dentro de la Ley esta situación; ya que esto no ayuda a la promoción y desarrollo del deporte si no lo acaba.
Es de gran urgencia descentralizar el deporte ya que muchos atletas tienen que abandonar sus hogares a temprana edad y abandonar sus estudios por tratar de lograr una meta.
Por lo que es importante que por ley se creen centros de entrenamiento por regiones con el fin de seguir desarrollando el deporte el alto rendimiento y descentralizarlo significa brindarles las mismas oportunidades dentro y fuera de su estado o región.
Así, se deben realizar acciones concretas de los deportistas, tales como:
Reunión-comparecencia con el Presidente de la Comisión Nacional del Deporte (Conade) profesor. Nelson Vargas.
Visita de los integrantes de la Comisión a las instalaciones de Comité Olímpico Mexicano.
Se invitó a la Comisión a conocer las instalaciones del Comité Olímpico, así como, intercambiar impresiones sobre el deporte en nuestro país.
A través de esta Comisión de Juventud y Deporte de la Cámara de Diputados, se buscará incrementar el presupuesto asignado al deporte nacional.
Así, se plantea que tanto la actividad física, como la recreación del deporte, son elementos fundamentales para el desarrollo social.
Se propone reestructurar de manera conjunta entre esta Comisión y la Conade los diferentes planes y programas que existen sobre educación física, así como cambios significativos a la Ley General de Cultura Física y Deporte.
Todo esto nos compromete a los legisladores a tener una participación activa en todo lo relacionado al deporte.
Es de gran importancia impulsar un marco jurídico moderno acorde con las necesidades deportivas de nuestro país y buscar un beneficio integral para el deporte nacional, llevándolo hacia mejores niveles. Todo ello, encaminado a incrementar la cobertura y mejoramiento de la práctica del deporte.
3.3 Reuniones y foros de trabajo de la Comisión
Foro Desafíos del marco jurídico mexicano para el desarrollo del deporte adaptado.
Foro deportivo a nivel nacional donde se mencionen los beneficios y a los atletas y entrenadores que inician en el alto rendimiento.
Foro legislativo a nivel nacional donde se estudien y discutan los cambios y avances de la Ley General de Cultura Física y Deporte.
Desarrollar boletines informativos para atletas y entrenadores sobre los cambios y avances de la Ley de Cultura Física y Deporte.
Foro estudiantil a nivel nacional para atletas de preparatoria y universidad para fomento de éste.
Reuniones de trabajo con federaciones nacionales.
Reuniones con entrenadores y atletas seleccionados para representar a México en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.
Reuniones con entrenadores y atletas de deporte adaptado seleccionados para representar a México en los paraolímpicos en Atenas 2004.
Reuniones de trabajo con los directores de institutos del deporte.
Reunión de trabajo con Conade.
Congreso internacional de medicina deportiva.
Congreso de deportistas olímpicos y jóvenes universitarios.
Congreso de marketing deportivo.
Crear un módulo de información en cada estado para todos aquellos interesados en saber del deporte, unidades deportivas, eventos deportivos, Ley general Cultura Física y Deporte.
Foro internacional de atletas destacados con jóvenes deportistas.
Foro nacional de consulta de deporte adaptado por región.
Nota:
Estos eventos se llevaran a cabo durante los tres años de esta legislatura. La finalidad de estos eventos es de conocer y escuchar las inquietudes de niños y jóvenes del todo el país así mismo se habrán de ir integrando a la agenda de trabajo.
4. Propuestas de trabajo de los diputados integrantes de la Comisión en materia de juventud y deporte
Diputado Roberto Ruiz Esparza (independiente)
Propone se haga una revisión de la Ley General de Cultura Física y Deporte
Se trabaje hacia una cultura del deporte desde la niñez.
Se analice la normatividad de la Federación Mexicana de Fútbol.
Diputado Alejandra Méndez Salorio (PVEM)
Propone elaborar leyes y reglamentos a favor del deporte.
Reglamentar la Federación Mexicana del Futbol.
Diputado Jazmín Zepeda Burgos (PRD)
Propone legislar en beneficio de la juventud en materias de salud, educación y trabajo.
Elaborar normas incluyentes que garanticen el disfrute pleno de la juventud en todos los ámbitos.
Diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero (PRD)
Propone revisar la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, como se llevan a cabo sus programas y como se ejercen sus recursos y presupuesto.
Revisión de la Ley General de Cultura Física y Deporte.
Revisión del caso del señor árbitro Felipe Ramos Rizo.
Diputado Rodolfo Esquivel Landa (PAN)
Propone buscar las mejores condiciones jurídicas para las personas jóvenes cuidando los recursos del erario público.
Diputado Jesús Zúñiga Romero (PRI)
Propone se trabaje desde la niñez a través de las escuelas que es la base de toda formación.
4.1 propuestas de trabajo de los grupos parlamentarios del PRI, PAN, PRD Y PVEM en materia de juventud y deporte.
Partido Acción Nacional
Incluir en la Constitución el derecho del desarrollo integral de la juventud mexicana a través del acceso a la cultura física y la práctica del deporte. Por ello se busca reformar y adicionar los artículos 3, 4 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Revisar la viabilidad de reformar la Ley del Trabajo con objeto de establecer jornadas discontinuas para apoyar a los jóvenes que estudian y trabajan.
Reformar la Ley Federal del Trabajo para que los empleadores apoyen a sus trabajadores para iniciar, continuar o completar sus ciclos escolares, desde el básico hasta el técnico o superior. Propondremos y lucharemos por una reforma para permitir la flexibilidad de los horarios laborales, mediante la acumulación de horas semanales o mensuales en ciertos días -sin exceder la totalidad que marca la ley-, para poder contar con el tiempo suficiente para dedicarse al estudio en periodos de exámenes o prácticas intensivas.
Analizar las condiciones de trabajo, normas y términos de resolución que tienen las federaciones y asociaciones deportivas nacionales, con el objeto de que lleguen a un nivel de profesionalización que les permita ofrecer mejores perspectivas en su labor de promoción, enseñanza, apoyos materiales, de equipo y financieros para los deportistas mexicanos.
Partido Revolucionario Institucional
Para la fracción del PRI uno de los principales objetivos es fortalecer la educación y el mejor desarrollo de los jóvenes de México, por tal hemos apostado a que estos tengan a la mano herramientas que les ayuden a tener un impulso para practicar deportes o mejorar su situación actual como individuos dentro del esquema social del país.
1. Para el PRI la materia de desempleo juvenil es un problema medular que ha ocasionado grandes trabas para el optimo avance en la vida del joven, por ello nos interesa impulsar que se otorguen créditos a empresas y talleres o juveniles o familiares para desarrollar empleos que capten y cuenten con el talento de los jóvenes.
2. En el PRI se busca la participación juvenil como concepto fundamental para crear soluciones a los problemas de los mismos, por tal estimularemos la creación de módulos de información que se implementarán en todos los estados del país, a donde el joven pueda acudir y obtener la información sobre los programas y políticas públicas sobre juventud y deporte y la forma de que este pueda participar apoyado en esta comisión.
3. Consideramos que en la actualidad no hay una forma de evaluación efectiva para medir el trabajo e implementación de programas de las dependencias encargadas de apoyar a la juventud y al deporte en todos los rangos en México, creemos firmemente que debe de haber formas de medición capaces de señalar los avances de programas implementados por el gobierno, y también los retrocesos, por tal sugerimos una revisión a estos esquemas a fin de crear estos conceptos de revisión para poder ayudar al mejoramiento de estas ramas en México.
4. Es preocupación del PRI el mejorar la calidad de vida de los jóvenes de México por tal estimularemos reformas legales con la finalidad de habilitar que el joven de escasos recursos tenga la facilidad de acceso a los servicios de seguridad social.
5. El apoyo al deporte es fundamental para el mejor desarrollo de cualquier sociedad en este tenor es importante el buscar el espacio donde todos los interesados en el deporte se reúnan y se pueda discutir los cambios y mejoras que la Ley General de Cultura Física y Deporte ofrece; por ello proponemos reuniones periódicas con los actores de esta rama de la sociedad a fin de informar y explorar nuevas soluciones a la problemática deportiva del país.
6. En el PRI nos proponemos a legislar para todo aquel que tenga la inquietud de poder practicar algún deporte y que debido alguna limitación física está impedido, legislaremos al respecto para que toda persona pueda acceder al deporte.
7. El futbol es el deporte más popular de México y es el que económicamente deja mayores dividendos a los que los administran, pero es una tristeza que constantemente esté deporte se ve involucrado en declaraciones y escándalos de tipo extradeportivos que han ido afectando la imagen del mismo aquí y en otros países. La Comisión de esta Cámara de Diputados, como encargada de que nazcan y se modifiquen las leyes y las políticas deportivas que rigen a la nación, es su deber el ser vigilante del buen funcionamiento de las organizaciones que de alguna forma tienen que ver con el deporte, por ello proponemos una revisión a las organizaciones que tengan que ver con el futbol, especialmente a la federación nacional de futbol; un estudio de tipo recomendación o exhortativa, pues se sabe que la Cámara no tiene ingerencia con dicha organización.
Partido de la Revolución Democrática
El actual marco jurídico de las diversas leyes que en materia de salud, laboral y educación, no permiten la integración de los jóvenes como sujetos productivos, careciendo de protección ante las diversas instituciones de asistencia, por lo que siendo ésta una preocupación generalizada es necesario procurar la modificación en cada una de estas permitiendo integrar rubros que integren de manera legal a la juventud.
En este tenor el Partido de la Revolución Democrática, por conducto de los jóvenes representados en la Cámara de Diputados presenta un bloque de ideas propositivas para que se integren a la agenda legislativa y se promuevan mediante el consenso, permitiendo llegar a reformas sustanciales que procuren integrar a las jóvenes y los jóvenes en el esquema de la asistencia social, laboral así como de sus beneficios.
Consideramos que tanto la actividad física, como la recreación del deporte, son elementos fundamentales para el desarrollo social, por tal motivo es de vital importancia impulsarlo.
Promover la revisión de la Ley General del Deporte.
Consideramos que por su importancia se deberán de reestructurar los programas y planes existentes sobre educación física, así como deberán realizarse los cambios necesarios en la ley, para que la práctica del deporte en México sea cada vez mejor, en donde el profesionalismo deportivo incida en todos los niveles de educación.
Procurar obtener mayor presupuesto para el apoyo del desarrollo deportivo en la niñez y juventud mexicana.
Incorporación al sistema de salud pública a los jóvenes mexicanos sin importar su estado civil, estatus social o condición socioeconómica, mediante el seguro social sin costo alguno.
Derechos laborales plenos para los jóvenes.
Integrar al sistema de guarderías a las madres solteras jóvenes sin costo alguno.
Crear una partida especial para apoyar a los jóvenes infectados por enfermedades incurables, por ejemplo VIH.
Créditos de vivienda para la juventud mexicana, ampliación, remodelación y construcción.
Procurar las reformas legales para que el Instituto Mexicano de la Juventud se convierta en un órgano autónomo y democrático que sea garantía de una buena formación y profesionalización. (Sería una buena medida elevarlo a nivel de secretaría ya que esto permitiría su descentralización.)
Promover que los organismos e instituciones dedicadas a la juventud sean representados por jóvenes.
Ayudar a los jóvenes en situación de marginación extrema, niños de la calle, indigentes, jóvenes indígenas, mediante apoyos asistenciales con obligatoriedad para los municipios, estados y Federación, salvaguardando siempre su integridad, otorgándoles las garantías de integración a la sociedad.
Procurar que los jóvenes acusados por delitos graves y no graves, cuenten con la atención necesaria mediante la vigilancia de los procesos en su contra, salvaguardando siempre los derechos humanos, instrumentando fideicomisos de ayuda para estos casos.
Promover los proyectos de investigación científica en donde los jóvenes tengan participación directa procurando el financiamiento en los diversos centros de investigación a nivel nacional para estos fines.
Promover el apoyo directo a la población joven de discapacitados mediante la apertura de espacios en las diversas instituciones gubernamentales, capacitándolos para optimizar sus tareas laborales así como la integración a los servicios de salud gratuita.
Promover un programa de atención a la juventud migrante en donde se garantice la asesoría legal y laboral en ambos lados de los puntos fronterizos.
Garantizar la educación ambiental en todas las escuelas del país.
Promover políticas públicas compensatorias de hechos para incentivar a los diversos grupos de orientación sexual distinta. (Centros Comunitarios para la Diversidad Sexual LGBTS)
Establecer un compromiso entre institutos y la Comisión para trabajar de manera conjunta; asimismo, llevar a cabo reuniones de trabajo.
Revisar y actualizar el Programa Nacional de Cultura Física y Deporte. Dicho programa busca:
a) Sentar las bases de un desarrollo físico de la sociedad mexicana para los próximos 25 años.
b) Contar con parámetros reales para evaluar el desarrollo físico y en consecuencia el impacto de los programas de actividades físicas, deportivas y recreativas, con elementos medibles, concretos y científicamente comprobados.
c) Lograr que millones de niños, jóvenes y adultos, sean más sanos, a través de la práctica de actividades físicas durante toda la vida.
Mesas de trabajo sobre los derechos y obligaciones de los jóvenes trabajadores.
Analizar la situación que actualmente guarda el trabajo juvenil, derivado de la importancia que tiene éste dentro del desarrollo del país, ya que son millones de jóvenes que a largo o corto plazo necesitarán obtener un trabajo para sufragar sus gastos personales o familiares; además de sentirse productivos dentro de la sociedad.
Impulsar un marco jurídico moderno acorde con las necesidades deportivas de nuestro país y buscar un beneficio integral para el deporte nacional, llevándolo hacia mejores niveles. Todo ello, encaminado a incrementar la cobertura y mejoramiento de la práctica del deporte.
Generar los consensos necesarios entre las y los diputados federales así como las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso, sobre la necesidad de enriquecer el marco legal mexicano desde la perspectiva de la juventud, e iniciar el proceso de revisión.
Revisar el presupuesto y su aplicación del Instituto Mexicano de la Juventud.
Establecer reuniones de trabajo entre los organismos dedicados a la juventud y la Comisión para así establecer compromisos que conlleven al consenso para la revisión del marco jurídico de las leyes bajo ésta perspectiva.
Establecer los vínculos necesarios con la Comisión del Senado permitiendo así el flujo de información oportuna, involucrándose de manera intensa en los temas de juventud.
Partido Verde Ecologista de México
Programar actividades juveniles y deportivas que permitan ocupar el tiempo libre de nuestros jóvenes.
Promover cultura de tiempo libre a través de actividades en la naturaleza como: bicicleta de montaña y talleres ambientales y ejercicio físico a través de la práctica deportiva.
Promover actividades que eviten el consumo de alcohol y otras drogas e inciten a los jóvenes en una cultura de fin de semana sana y participativa.
Organización y desarrollo de la competencia del deporte en edad escolar en convenio con las comunidades.
Desarrollo de actividades de formación en diferentes disciplinas deportivas para los niños ya que desde ese momento se les tiene que empezar a formar una cultura deportiva.
Las escuelas deportivas, los clubes o asociaciones de la localidad, serán junto con los diferentes órganos de gobierno, los encargados de difundir dicha cultura.
Las disciplinas deportivas que se desarrollarán en las escuela son: ajedrez, futbol rápido, atletismo, tenis, baloncesto y voleibol.
Cada escuela estará obligada a dar cursos de actualización y mejora de conocimientos de monitores, de acuerdo a las diferentes especialidades deportivas que se lleven a cabo.
5. Asuntos pendientes de dictaminar
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 3°, 4° y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Iniciativa con proyecto de decreto por le que se reforman y adicionan los artículos 4° y 73 fracción XXIX-J de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Iniciativa que reforma y adiciona diversa disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte.
Iniciativa que adiciona un artículo 104 bis a la Ley General de Cultura Física y Deporte.
Iniciativa que adiciona un artículo 73 bis a la Ley General de Cultura Física y Deporte.
Iniciativa que reforma los artículos 35 y 39 y adiciona los artículos 39-A, 39-B, 39-C, 39-D, 39-E y 39-F a la Ley Federal del trabajo.
Iniciativa que reforma los artículos 153, 154 y 159 de la Ley Federal del Trabajo.
Iniciativa que adiciona un tercer y cuarto párrafos al artículo 59 de la Ley Federal del Trabajo.
Propuesta con punto de acuerdo para exhortar al jefe del Ejecutivo federal, modifique el decreto que destina el predio en el que se encuentran ubicadas las instalaciones del Centro Deportivo Olímpico Mexicano CDOM , al Comité Olímpico Mexicano AC, para que dicho predio así como las instalaciones sean administrados por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte.
Iniciativa que reforma la fracción IX del artículo 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.
Minuta proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.
Propuesta con punto de acuerdo por el que se solicita exhortar al Poder Ejecutivo federal, crear un programa federal de apoyo a la juventud.
Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 1,19 y 66 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.
Iniciativa que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General de Cultura Física y Deporte.
Iniciativa que adiciona el artículo 2 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.
DE LA COMISION DE REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, ANUAL DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE A 2005
Los diputados integrantes de la Mesa Directiva de esta Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, en cumplimiento de lo que establece el artículo cuarenta y cinco, numeral seis, inciso a), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, refrendan el siguiente programa anual de trabajo.
Introducción
Conforme a lo que dispone el numeral 2 del artículo 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias tiene como funciones:
a) Preparar proyectos de ley o de decreto para adecuar las normas que rigen las actividades camarales;
b) Dictaminar las propuestas que se presenten en esta materia y resolver las consultas que en el mismo ámbito decidan plantearle los órganos de legisladores constituidos en virtud de este ordenamiento; y
c) Impulsar y realizar los estudios que versen sobre disposiciones normativas, regímenes y prácticas parlamentarias.
En otras palabras, la materia de trabajo de esta Comisión tiene dos vertientes principales: la de dictamen de los asuntos turnados para tal efecto; y la de análisis, estudio y propuesta legislativa en los temas que atañen al régimen jurídico interno de las Cámaras federales.
Respecto a la primera vertiente -elaboración de dictámenes-, la Comisión básicamente resuelve dos tipos de asuntos: los de carácter legislativo, que son las iniciativas de ley o de decreto; y los no legislativos, que incluyen proposiciones con puntos de acuerdo, opiniones y consultas.
Por cuanto a la segunda vertiente -el régimen jurídico interno de las Cámaras-, se trata de un tema en que la Comisión no es un actor que recibe la propuesta sino que la genera, proponiendo adecuaciones en varios órdenes legales, que abarcan desde las normas constitucionales hasta los acuerdos parlamentarios que resuelva cada Cámara, pasando por la propia Ley Orgánica y el Reglamento para el Gobierno Interior, ambos del Congreso General.
Para entender esto, cabe recordar que la denominación de la Comisión -hasta 1994- fue Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y el término inicial (régimen) fue eliminado bajo el argumento de que se prestaba a confusión con la entonces recién creada Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, órgano de gobierno antecesor de la actual Junta de Coordinación Política; sin embargo, las funciones de esta Comisión no le fueron enajenadas por aquélla ni por ninguna otra Comisión posterior, por lo que debemos considerar que tales funciones son las mismas desde la creación de la Ley Orgánica en 1979.
Una comisión especializada en el derecho legislativo como ésta debe tener un papel esencial en los trabajos de la Reforma del Estado ya que, en primer lugar, el tema más importante de la mencionada Reforma del Estado es el fortalecimiento del propio Congreso de la Unión, además de que éste es el órgano reformador del Estado tanto por lo que se refiere a su esencial participación en el proceso de reforma constitucional como en lo tocante a la legislación secundaria.
La propuesta del programa anual de trabajo que se presenta parte de la necesidad de ampliar la representación política y parlamentaria en México a partir de las nuevas necesidades de la sociedad mexicana, así como de los avances en el derecho parlamentario y las nuevas concepciones sobre la democracia.
Los ejes fundamentales del nuevo derecho parlamentario democrático que se proponen son:
a) La libertad del Poder Legislativo; es decir, el fortalecimiento de sus facultades frente a los otros Poderes, especialmente el Ejecutivo;
b) La libertad en el Poder Legislativo; es decir, el desarrollo de su democracia interior; y
c) La libertad frente a sí mismo; es decir, el reconocimiento legal de la capacidad de control de los ciudadanos sobre las instituciones parlamentarias.
En consideración de lo anterior, el ámbito de competencia de este órgano camaral no limita su función dictaminadora al conjunto de normas, incluidas por supuesto las constitucionales que enmarcan las actividades de las Cámaras pues, desde esta interpretación limitativa, las facultades del Congreso como tal no se encontrarían en dicho conjunto. Por el contrario, la naturaleza de esta Comisión hace muy aconsejable que ésta participe, por lo menos como opinante, en el proceso legislativo de eventuales iniciativas para fortalecer las facultades del Congreso de la Unión. En todo caso, nos comprometemos a impulsar la interpretación que permita el mayor despliegue de las potencialidades de la Comisión.
Finalmente, con objeto de establecer y normar una estructura de subcomisiones cuya función esencial es la de auxiliar al pleno de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados en el cumplimiento de sus atribuciones, poniendo en estado de resolución los asuntos que les sean turnados, se propone la creación de subcomisiones de trabajo integradas por los diputados con interés específico en cada uno de los temas; a saber: Proyectos de Ley, Decreto y Dictamen, Letras de Oro y Consultas; Rezago Legislativo y Estudios, Foros y Actividades Editoriales. Con esta organización pretendemos favorecer la atingencia de los trabajos y la participación democrática en los mismos de los representantes de la nación.
Objetivos
1. Impulsar reformas constitucionales sobre el Poder Legislativo federal, con objeto de adecuarlo a las nuevas necesidades democráticas de México.
2. Promover reformas de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para el fortalecimiento del Poder Legislativo y -eventualmente- para hacerla compatible con las reformas constitucionales referidas en el punto anterior.
3. Impulsar en el corto plazo una reforma del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de adecuarlo a las necesidades más urgentes de las Cámaras, especialmente en materia de trabajos de plenos y comisiones.
4. Proponer en el mediano plazo la creación de un Reglamento Interior de Debates para cada una de las Cámaras, que recoja las modificaciones constitucionales y orgánicas y permita un proceso legislativo autónomo, ágil, eficaz, responsable y adecuado a las necesidades específicas de cada una de ellas.
5. Plantear y, en su caso, actualizar las reglamentaciones secundarias específicas, que permitan a cada uno de los órganos de las Cámaras (Mesa Directiva, Junta de Coordinación Política, Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, comisiones ordinarias, comisiones especiales, comisiones de investigación, comités, etcétera) una actuación oportuna, pero bajo los principios de legalidad y certeza jurídicas.
6. Analizar y dictaminar con criterios incluyentes las iniciativas de ley o de decreto y proposiciones con puntos de acuerdo, opiniones y consultas que sean turnadas a la misma.
7. Recopilar, ordenar y sistematizar los acuerdos y prácticas parlamentarias.
8. Estudiar y analizar los acuerdos parlamentarios vigentes que norman las actividades del Pleno y diversos órganos de la Cámara de Diputados, aprobados por ésta y anteriores Legislaturas.
9. Estudiar y comparar los sistemas jurídicos de los Congresos estatales y del órgano legislativo del Distrito Federal, así como de Congresos y Parlamentos extranjeros.
10. Promover la participación de los órganos de gobierno interior de los Congresos locales en este proceso de adecuación normativa del Poder Legislativo federal.
11. Organizar y auspiciar coloquios, conferencias, congresos, cursos, debates, encuentros, foros, jornadas, mesas redondas, paneles de discusión, seminarios, simposios, talleres y otros eventos que permitan la participación del ciudadano, del legislador y del experto, en pos de la construcción de mejores formas de adecuación normativa.
12. Divulgar las ideas, propuestas y debates de los eventos anteriores, mediante una amplia labor de difusión editorial.
13. Fomentar la participación ciudadana en los actos legislativos a través de audiencias, consultas, foros, visitas y entrevistas.
14. Propiciar el fortalecimiento de la autonomía financiera y presupuestaria de la Cámara de Diputados y el uso racional de estos recursos, mediante la elaboración de una opinión fundada sobre el anteproyecto de presupuesto anual de la Cámara de Diputados, la que se pondrá a la disposición de la Junta de Coordinación Política.
15. Acordar la organización interna del trabajo de la Comisión y establecer un calendario de sesiones ordinarias.
16. Difundir los informes semestrales de la Comisión.
17. Establecer un medio de comunicación permanente entre la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, la Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.
18. Trabajar coordinadamente con las Comisiones de Puntos Constitucionales, y de Gobernación en los asuntos que atañen a las normas que regulan las actividades camarales.
19. Suscribir convenios con otros Congresos, instituciones académicas u organismos públicos, con la finalidad de realizar foros, encuentros, actividades editoriales o de intercambio de información en materia jurídica, política, constitucional, legislativa y parlamentaria.
Palacio Legislativo, a 8 de febrero de 2005.
Diputados: Iván García Solís (rúbrica), Presidente; Adrián Víctor Hugo Islas Hernández, Raúl José Mejía González (rúbrica), Jorge Luis Preciado Rodríguez (rúbrica), secretarios.
