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Orden del Día

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SESION DE LA COMISION PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 12 DE ENERO DE 2005

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

Del diputado Jesús Nader Nasrallah.

De los Congresos de Baja California, de Tabasco y de Yucatán.

12:00 horas

Visita del Presidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, Sr. Peter Schieder.

Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

A fin de dar cumplimiento al artículo 24, fracciones I y III, de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004, remite información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, al canje o refinanciamiento de obligaciones del erario federal en los términos de la Ley General de Deuda Pública y al costo total de las emisiones de deuda interna y externa, correspondiente a noviembre de 2003. (Turno a Comisión)

Oficios de la Secretaría de Gobernación

Dos, por los que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano licenciado Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, pueda aceptar y usar las condecoraciones que le confieren los Gobiernos de los Reinos de Dinamarca, y de Marruecos. (Turno a Comisión)

Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Martha María Sahagún Jiménez pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Dannebrog, en grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno del Reino de Dinamarca. (Turno a Comisión)

Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Juan Francisco Rodríguez Montoya pueda aceptar y usar la condecoración de la Legión de Honor, en grado de Oficial, que le confiere el Gobierno de la República Francesa. (Turno a Comisión)

Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Enrique Hubbard Urrea pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Sikatuna, en grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de Filipinas. (Turno a Comisión)

Quince, con los que se remiten hojas de servicio de miembros del Ejército Mexicano, para los efectos de la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Turno a Comisión)

Dos, con los que remite contestación a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Senadores.

Nueve, con los que remite contestación a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados. (Turno a Comisión)

Iniciativas de ciudadanos legisladores

Proyecto de decreto, por el que se convoca a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a un periodo extraordinario de sesiones, durante el primer receso del segundo año de ejercicio de la LIX Legislatura, suscrita por el diputado Eduardo Espinoza Pérez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que adiciona una fracción XV al artículo 2º de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a cargo del diputado Leonardo Álvarez Romo, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 5º de la Ley de Planeación, a cargo del diputado Jesús Martínez Álvarez, del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativa a la creación del Tribunal Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el diputado Iván García Solís, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Oficio de la Cámara de Senadores

La Cámara de Senadores, para los efectos del inciso g) del artículo 66 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, remite el presupuesto para enero de 2005.

Dictamen de primera lectura

De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Jaime Romero Gamboa, Luz Yaham Vázquez Villanueva y Xóchitl Balcázar Martínez para prestar servicios en el Consulado y la Embajada de Estados Unidos de América, respectivamente; y a las ciudadanas Cristina Noguez Padilla y Carina María Elizalde di Martino para prestar servicios en las Embajadas de Dinamarca y de Francia en México, respectivamente. (Dispensa de segunda lectura, discusión y votación)

Dictámenes a discusión

De la Segunda Comisión, quince con puntos de acuerdo por los que se ratifican grados militares a los ciudadanos Chavit Toledo Cruz, Ricardo Bauza Zumaya, César Cuauhtémoc Menchaca Campos, Alberto Eugenio Molina Galindo, Carlos Hernández Flores, Ismael Cervantes Ramos, José Martínez Rocha, Arturo Cervando Córdova Guerrero, Carlos Reyna Aguirre, Gerardo Javier Valdés Aguirre, Apolinar Juan Morales Ángeles, Rodolfo Concepción Mejía López, Ricardo Trevilla Trejo, Roberto Fernando Balcázar Murueta y Salvador Salazar Sánchez.

De la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo en relación con la proposición para que comparezca el director del Fondo Nacional del Fomento al Turismo e informe sobre la compraventa de terrenos del proyecto Riviera Cancún, en el estado de Quintana Roo.

De la Tercera Comisión, con punto de acuerdo en relación con la proposición para que se exhorte a los secretarios de Comunicaciones y Transportes, y de la Función Pública a realizar las actividades necesarias para llevar a cabo las obras de la carretera Lagos de Moreno-San Luis Potosí.

De la Tercera Comisión, con punto de acuerdo en relación con la proposición para exhortar al secretario de Hacienda y Crédito Público, al director general del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes y al director liquidador del Banrural para la transferencia de derechos de las bodegas ubicadas en la Central de Abasto de la Ciudad de México.

De la Primera Comisión, con punto de acuerdo en relación con la proposición para exhortar al secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales a acatar la ejecutoria, dictada por la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que cancela el permiso de operación de Minera San Javier, SA de CV.

De la Primera Comisión, con punto de acuerdo en relación con la proposición para que se cite a comparecer a los titulares de la Coordinación General de Protección Civil, de la Dirección General del Cenapred y la Dirección General del Fonden.

De la Primera Comisión, con punto de acuerdo en relación con la proposición para solicitar a las Secretarías de Reforma Agraria, de la Función Pública, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales que informen a la Comisión Permanente sobre la situación que guardan los terrenos de uso común del ejido del Ticuiz, en la bahía de El Tamarindillo.

De la Primera Comisión, con punto de acuerdo en relación con la proposición para exhortar al procurador general de la República a realizar una investigación seria, imparcial y sin sesgos políticos en el caso Tláhuac.

De la Primera Comisión, con punto de acuerdo en relación con la proposición para solicitar que prevalezcan las garantías constitucionales de legalidad y seguridad jurídica en la comunidad de Huautla de Jiménez, Oaxaca.

Proposiciones

Con punto de acuerdo, en relación con la vulnerabilidad de la infancia ante la explotación sexual, tras la tragedia en el sudeste asiático, a cargo de la senadora Lucero Saldaña Pérez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que la Cámara de Diputados se pronuncie contra la resolución, emitida el 30 de diciembre de 2004 por el Tribunal Estatal de Puebla, en la que se reasignan tres diputaciones plurinominales, por considerar que dicho dictamen carece de sustento jurídico, suscrito por el diputado Rogelio Alejandro Flores Mejía, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Gobierno Federal a realizar un ajuste a las tarifas de energía eléctrica de uso doméstico, a cargo del senador César Raúl Ojeda Zubieta, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades federales a revocar la autorización otorgada al buque Maurice Ewing para estudios de prospección geológica frente a las costas del estado de Yucatán, a cargo de la senadora Érika Larregui Nagel, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que solicita la comparecencia del subprocurador de Control Regional de la Procuraduría General de la República para que informe sobre los hechos suscitados el 18 de marzo de 2004, durante el atentado del entonces gobernador del estado de Oaxaca, a cargo del diputado Jesús Martínez Álvarez, del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, en relación con la proposición 200 en el estado de Arizona, a cargo del senador Sadot Sánchez Carreño, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de conminar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a cumplir una solicitud, aprobada por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el 18 de agosto de 2004, de realizar una inspección a la empresa Ajemex, SA de CV, para verificar las condiciones laborales de los repartidores del producto denominado Big-Cola, suscrito por el diputado Jorge Triana Tena, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a la entrada en vigor de la Ley 200 en el estado de Arizona, Estados Unidos de América, a cargo del senador César Raúl Ojeda Zubieta, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Procuraduría General de la República a sancionar a los presuntos responsables del derrame de hidrocarburos que dañó los recursos naturales del río Coatzacoalcos, Veracruz, a cargo del diputado Leonardo Álvarez Romo, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Comunicaciones y Transportes, así como el del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, informen acerca de los avances relativos a la venta de la sociedad Corporación Internacional de Transporte Aéreo, de los cambios de funcionarios realizados en dicha empresa controladora y de la estrategia antimonopólica, financiera y de venta por seguir, en beneficio de la aviación comercial mexicana y de las finanzas públicas de la nación, a cargo del diputado Jesús Martínez Álvarez y suscrita por el diputado Jesús González Schmal, del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que se exhorte a la Secretaría de Economía, a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y a las partes interesadas a participar en la revisión del proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-006-SCFI-2004, "Bebidas alcohólicas-tequilas-especificaciones", en vista de que el contenido de las reformas que se proponen afecta directamente a los productores de agave de la región de Tequila, a cargo de los senadores Esteban Ángeles Cerón, Raymundo Gómez Flores y Emilio Gamboa Patrón, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar al jefe de Gobierno del Distrito Federal a firmar con la mayor brevedad el convenio respectivo con la Secretaría de Salud del Gobierno Federal a fin de que en esta entidad se implante el programa de aseguramiento público en materia de salud denominado Seguro Popular de Salud, suscrita por el diputado Jorge Triana Tena, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, sobre el proceso electoral en el estado de Guerrero, a cargo del senador Rafael Melgoza Radillo, en nombre de la senadora Leticia Burgos Ochoa, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, sobre la propuesta de adición, no aprobada por el Senado de la República, a la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005, suscrita por la senadora Laura Alicia Garza Galindo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión recibe con beneplácito la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno de Sudán y el Movimiento de Liberación del Pueblo Sudanés, signado el 9 de enero de 2005 en Nairobi, Kenia, a cargo de la senadora Luisa María Calderón Hinojosa, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, a fin de solicitar a la Administración Federal de Aduanas la información necesaria, de acuerdo con el artículo sexto transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005, a efecto de determinar el precio de referencia de la leche en el Programa de Sustitución de Importaciones y Adquisición de Leche de Producción Nacional, a cargo del senador César Raúl Ojeda Zubieta, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, respecto a las obras y concesiones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que la Cámara de Diputados exhorta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a realizar las modificaciones necesarias a los ordenamientos jurídicos correspondientes a efecto de que en los espectáculos deportivos en que participen equipos profesionales de tres jugadores o más y que intervengan de manera permanente en competencia en dicha entidad no puedan actuar más de 40% de jugadores extranjeros, suscrito por el diputado Francisco Landero Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación, a través de la Coordinación General de Proyección Civil, la Dirección General de Protección Civil y el Centro Nacional para la Prevención de Desastres, que informe respecto al avance del Programa de Protección Civil en las líneas de acción referidas a sismos, y se exhorta a esos órganos a diseñar un programa para la actuación temprana en caso de maremotos en las costas del país, a cargo del senador Rafael Melgoza Radillo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita información oportuna y suficiente sobre la creación del gabinete de seguridad pública y las modificaciones en la Secretaría de Seguridad Pública, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de solicitar la comparencia del secretario de Hacienda y Crédito Público para que explique el contenido y alcance de los tomos y anexos del Presupuesto de Egresos de la Federación, a cargo del diputado Arturo Nahle García, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita información de la Secretaría de Energía y de Petróleos Mexicanos sobre el estado que guarda la totalidad de la red de ductos de Pemex, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, en relación con la auditoría que se lleva a cabo a la Presidencia de la República, a cargo del diputado Javier Salinas Narváez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a efecto de exhortar a la Comisión Nacional del Agua a considerar las propuestas del Consejo de Cuenca Lerma-Chapala en la aplicación de recursos otorgados a ésta para el ejercicio de 2005, a cargo del diputado Antonio Marrufo Torres, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para solicitar a la Secretaría de Relaciones Exteriores información acerca del estatus actual de cada uno de los mexicanos condenados a muerte en Estados Unidos y proponer la campaña nacional por la adopción y hermanamiento de legisladores mexicanos con los compatriotas condenados a muerte, a cargo del diputado Arturo Nahle García y suscrito por los diputados Eliana García Laguna y Jorge Martínez Ramos, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, a fin de solicitar al jefe del Ejecutivo federal que sean publicadas en el Diario Oficial de la Federación las modificaciones hechas al acuerdo intersecretarial relativo a las áreas de prevención y expulsión marítima de la sonda de Campeche y, en tanto se publican, se otorguen permisos temporales para la pesca del peto en las áreas próximas a las instalaciones petroleras de la sonda referida, a cargo del diputado Javier Salinas Narváez y suscrito por los diputados Abraham Bagdadi Estrella y Dolores Gutiérrez Zurita, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a ampliar la apertura de los archivos del Estado a fecha posterior a 1980; y al procurador general de la República, a agilizar la investigación sobre los hijos desaparecidos de los desparecidos políticos, a cargo del diputado Arturo Nahle García y suscrita por la diputada Eliana García Laguna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a un desaparecido por el Ejército en la montaña de Guerrero, en 1974, a cargo de la diputada Lizbeth Rosas Montero y suscrita por la diputada Eliana García Laguna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que exhorta al secretario de Hacienda y Crédito Público a publicar los calendarios de presupuesto autorizado a las dependencias y a las entidades, con objeto de cumplir el artículo 15 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005, a cargo del diputado Javier Salinas Narváez y suscrita por la diputada Minerva Hernández Ramos, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores a continuar la reimpresión de la Guía del migrante mexicano, a cargo de la diputada Lizbeth Rosas Montero y suscrita por el diputado Juan José García Ochoa, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a aplicar la tarifa eléctrica 1F en el estado de Guerrero, a cargo del diputado Javier Salinas Narváez y suscrita por la diputada Irma Figueroa Romero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Excitativas

A las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de Puntos Constitucionales, y de Hacienda y Crédito Público, a solicitud del diputado José Guadalupe Osuna Millán, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

A la Comisión de Gobernación, a solicitud del diputado Jesús Martínez Álvarez, del grupo parlamentario de Convergencia.

Agenda política

Pronunciamiento sobre el incendio suscitado en Xochimilco (Patrimonio Cultural de la Humanidad-UNESCO, 1987) el pasado 3 de enero, a cargo de la senadora Érika Larregui Nagel, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Posicionamiento en relación con la controversia constitucional de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión vs. los Poderes Legislativo y Ejecutivo del estado de Oaxaca, a cargo del diputado Jesús Martínez Álvarez, del grupo parlamentario de Convergencia.

Posicionamiento en torno al rechazo del recurso de amparo promovido por Augusto Pinochet por parte de la Suprema Corte de Chile por los sucesos derivados de la operación Cóndor, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Posicionamiento en relación con la libertad de expresión en el estado de Oaxaca, a cargo del diputado Jesús Martínez Álvarez, del grupo parlamentario de Convergencia.

Posicionamiento en relación con la controversia presentada por el Ejecutivo federal respecto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005, aprobado por la Cámara de Diputados, y su secuela judicial en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Posicionamiento con relación al estudio de la OCDE donde se señala que el Distrito Federal es una de las metrópolis con más bajos niveles de productividad, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Pronunciamiento con relación a la campaña de medios de comunicación que lleva a cabo la Cámara de Diputados en contra del Partido Acción Nacional, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

Posicionamiento con relación al desechamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del incidente de nulidad que interpuso la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Arturo Nahle García, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Posicionamiento en referencia a diversos señalamientos del titular del Ejecutivo federal, a cargo del diputado Javier Salinas Narváez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
 
 

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Proyecto de Acta

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DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISION PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, QUE SE SOMETERÁ A CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA EL MIÉRCOLES 12 DE ENERO DE 2005

ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, CELEBRADA EL MIÉRCOLES CINCO DE ENERO DE DOS MIL CINCO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER RECESO DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA

Presidencia del diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera

En el Salón Legisladores de la República del Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con la asistencia de treinta y un legisladores, a las once horas con veinticinco minutos del miércoles cinco de enero de dos mil cinco, el Presidente declara abierta la sesión.

La Asamblea, en votación económica, dispensa la lectura del orden del día.

La Asamblea dispensa la lectura del acta de la sesión anterior en votación económica y de la misma forma la aprueba.

Comunicación del diputado Homero Díaz Rodríguez por la que informa que renuncia a la licencia que le fuera concedida por la Comisión Permanente el veintidós de diciembre de dos mil cuatro, con efectos a partir del primero de enero de dos mil cinco. De enterado y comuníquese a la Cámara de Diputados.

Comunicación del diputado Miguel Ángel Yunes Linares por la que solicita licencia por tiempo indefinido para separarse del cargo de diputado federal electo en la tercera circunscripción plurinominal. La Secretaría da lectura al punto de acuerdo por el que se concede la licencia solicitada y la Asamblea lo aprueba en votación económica. Comuníquese a la Cámara de Diputados.

El Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación informa de la apertura de su primer periodo de sesiones correspondiente a dos mil cinco. De enterado.

Comunicación del Congreso del Estado de Morelos con acuerdo por el que solicita al Congreso de la Unión, legislar para frenar el alza del precio del gas licuado de petróleo. Se turna a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.

Comunicación del gobierno del estado de Michoacán por la que remite contestación al punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, por el que exhorta al Ejecutivo de esa entidad federativa a garantizar las condiciones propicias para el desarrollo del proceso electoral local. Se turna a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.

Oficios de la Secretaría de Gobernación:

Uno, por el que comunica la designación por parte del Presidente de la República, del ciudadano Pablo Latapí y Sarre, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México, para que funja como Representante Permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, con sede en París, Francia. Se turna a la Segunda Comisión.

Quince, con los que se remiten hojas de servicios de igual número de miembros del Ejercito Mexicano y Fuerza Aérea mexicanos, para los efectos de la fracción séptima del artículo setenta y ocho de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnan a la Segunda Comisión.

Uno, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, en relación con la importación de leche contaminada. Se turna a las comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

Dos, con los que remite contestación a puntos de acuerdo aprobado por la Cámara de Senadores. Remítanse a la Cámara de Senadores.

Tres, por los que solicita el permiso constitucional necesario para que cinco ciudadanos puedan prestar servicios en representaciones diplomáticas de los Estados Unidos de América y en las embajadas de Dinamarca y de Francia, en México. Se turnan a la Primera Comisión.

Presentan iniciativas con proyectos de decreto los diputados: Martín Remigio Vidaña Pérez, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo cuarto de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura. Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.

José Sigona Torres, del Partido Acción Nacional, que reforma los artículos sesenta y uno, ciento once y ciento doce de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

Tres dictámenes de la Primera Comisión con proyectos de decreto por los que se concede el permiso necesario: A seis ciudadanos para que puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros.

Al ciudadano Carlos Edgar Ross Scheede, para aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de la República Federal de Alemania.

A seis ciudadanos para prestar servicios en diversas representaciones diplomáticas de los Estados Unidos de América en México.

Son de primera lectura. La Asamblea dispensa la segunda lectura de los tres dictámenes en votación económica y sin discusión se aprueban en lo general y en lo particular por treinta y un votos en pro y ninguno en contra. Pasan al Ejecutivo para los efectos constitucionales.

El Presidente informa de la recepción de una proposición con punto de acuerdo del diputado Jorge Triana Tena, del Partido Acción Nacional, para exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a que inicie las acciones necesarias para regularizar la situación del Ejido Xochimilco. Se turna a las Comisiones Unidas del Distrito Federal y de Reforma Agraria de la Cámara de Diputados.

Presentan proposiciones con punto de acuerdo los legisladores:

Senador Ernesto Gil Elorduy, a nombre propio y de la senadora Noemí Zoila Guzmán Lagunes, del Partido Revolucionario Institucional, para que comparezca el Director General de la empresa Petróleos Mexicanos a fin de que explique la catástrofe ecológica provocada por el derrame de petróleo en el estado de Veracruz, y solicita trámite de urgente resolución. Presidencia del diputado Alfredo Villegas Arreola

La Asamblea considera de esa manera el asunto en votación económica. Hablan en pro los legisladores: diputado Leonardo Álvarez Romo, del Partido Verde Ecologista de México; senadora Lydia Madero García, del Partido Acción Nacional; y senador César Raúl Ojeda Zubieta, del Partido de la Revolución Democrática, quien propone una adición a efecto de que también comparezca el Procurador Federal de Protección al Ambiente que la Asamblea admite en votación económica. Sin nadie más que solicite la palabra se aprueba el punto de acuerdo, con la adición admitida, en votación económica. Comuníquese.

Diputado Leonardo Álvarez Romo, del Partido Verde Ecologista de México, para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a que investiguen la muerte de tortugas marinas en las costas de Mazatlán, Sinaloa. Se turna a la Tercera Comisión.

Diputado Martín Remigio Vidaña Pérez, del Partido Revolucionario Institucional, para exhortar al Ejecutivo Federal a que por conducto de la empresa Petróleos Mexicanos, se establezca un programa emergente de empleo temporal para los pescadores de la zona afectada por el derrame de petróleo en el río Coatzacoalcos, en el estado de Veracruz, y para crear una comisión de diputados y de senadores que inspeccione y supervise que los daños causados sean determinados, cuantificados y reparados, y solicita trámite de urgente resolución. La Asamblea considera de esa forma el asunto en votación económica y sin discusión aprueba el punto de acuerdo de la misma manera. En consecuencia, se turna a las juntas de Coordinación Política de las cámaras de Diputados y de Senadores.

Diputado José Antonio Pablo de la Vega Asmitia, del Partido Acción Nacional, para solicitar al Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados información sobre la campaña de spots en radio y televisión, y solicita trámite de urgente resolución. Habla en contra del tramite solicitado el diputado Arturo Nahle García, del Partido de la Revolución Democrática. Por indicaciones de la Presidencia, la Secretaría da lectura al artículo décimo octavo del Acuerdo que establece los lineamientos para el desarrollo de las sesiones de la Comisión Permanente. Se concede la palabra al senador Javier Corral Jurado, del Partido Acción Nacional, para hablar en pro del trámite solicitado y propone una adición al punto de acuerdo de referencia. En votación económica la Asamblea desecha la proposición. Remítase a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos de la Cámara de Diputados.

Diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del Partido de la Revolución Democrática, para que comparezca el Secretario de Seguridad Pública a fin de que informe sobre los acontecimientos en el penal de La Palma; y para exhortar a ese funcionario a que cese al titular del Órgano Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, al Director del Centro Federal de Readaptación Social La Palma y a su jefe de custodios; al Ejecutivo Federal a que realice una revisión del personal que labora en los penales federales y a la Auditoria Superior de la Federación a que realice auditorias a todos los centros de readaptación social federales que incluya la revisión de la situación patrimonial del personal administrativo y de custodia y solicita trámite de urgente resolución.

Presidencia del diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera

La Asamblea considera de esa manera el asunto en votación económica. Hablan al respecto los legisladores: diputado Leonardo Álvarez Romo, del Partido Verde Ecologista de México; diputado José Sigona Torres, del Partido Acción Nacional; senador César Raúl Ojeda Zubieta, del Partido de la Revolución Democrática; senadora Luisa María Calderón Hinojosa, del Partido Acción Nacional; y senador David Jiménez González, del Partido Revolucionario Institucional. Rectifican hechos o contestan alusiones personales los senadores: Jorge Zermeño Infante, del Partido Acción Nacional, y acepta interpelación del diputado Arturo Nahle García, del Partido de la Revolución Democrática; y David Jiménez González. Sin nadie más que solicite la palabra la Asamblea aprueba el punto de acuerdo en votación económica. Comuníquese.

Senador Esteban Miguel Ángeles Cerón, del Partido Revolucionario Institucional, para solicitar a las secretarías de Reforma Agraria, de la Función Pública y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, información sobre la compra de la bahía de El Tamarindillo, en la costa del estado de Michoacán, por parte de una empresa constructora. Se turna a la Primera Comisión.

Diputado Arturo Nahle García, a nombre propio y del diputado Jorge Martínez Ramos, del Partido de la Revolución Democrática, para exhortar al Ejecutivo Federal a abstenerse de llevar a cabo cualquier acción relacionada con el envío de tropas mexicanas a las llamadas misiones de paz, y solicita trámite de urgente resolución. La Asamblea considera de esa manera el asunto en votación económica y sin discusión aprueba el punto de acuerdo de la misma forma. Comuníquese.

Diputado Javier Salinas Narváez, del Partido de la Revolución Democrática, para que el Canal del Congreso transmita mensajes que inviten a su audiencia a contribuir con ayuda humanitaria y financiera para los damnificados de los maremotos ocurridos en Asia, y solicita trámite de urgente resolución. La Asamblea considera de esa forma el asunto en votación económica. Habla en pro el diputado Leonardo Álvarez Romo, del Partido Verde Ecologista de México.

Presidencia del diputado Alfredo Villegas Arreola

Sin nadie más que solicite la palabra, la Asamblea aprueba el punto de acuerdo en votación económica. Comuníquese.

Diputado Javier Salinas Narváez, del Partido de la Revolución Democrática, para que comparezca el Subsecretario para América Latina y el Caribe de la Secretaria de Relaciones Exteriores, a fin de que informe sobre la candidatura del Secretario Luis Ernesto Derbez para la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, y solicita trámite de urgente resolución. La Asamblea, en votación económica, considera de esa manera el asunto. Hablan los senadores Germán Sierra Sánchez, del Partido Revolucionario Institucional, en pro y acepta interpelación del senador Gildardo Gómez Verónica, del Partido Acción Nacional; y Héctor Larios Córdova, del Partido Acción Nacional, en contra. Rectifican hechos los senadores: Carlos Chaurand Arzate, del Partido Revolucionario Institucional; Javier Corral Jurado, del Partido Acción Nacional, en dos ocasiones, y en la segunda acepta interpelación del senador Ernesto Gil Elorduy, del Partido Revolucionario Institucional; César Raúl Ojeda Zubieta, del Partido de la Revolución Democrática; Miguel Sadot Sánchez Carreño, del Partido Revolucionario Institucional, quien acepta interpelación del senador Larios Córdova; Germán Sierra Sánchez, quien acepta interpelación del senador Larios Córdova; y Lydia Madero García, del Partido Acción Nacional. La Asamblea considera suficientemente discutido el punto de acuerdo en votación económica y de la misma forma lo aprueba. Comuníquese. Transcurrido el tiempo acordado para la duración de las sesiones, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente levanta la de hoy a las quince horas con treinta minutos, citando para la que tendrá lugar el miércoles doce de enero de dos mil cinco a las once horas.

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Comunicaciones

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DEL DIPUTADO JESUS ANTONIO NADER NASRALLAH

Palacio Legislativo, a 11 de enero de 2005.

Dip. Manlio Fabio Beltrones Rivera
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados
Presente

Por este medio le envío un cordial saludo y al mismo tiempo me permito hacer alusión a la licencia concedida a un servidor por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 11 de agosto del año pasado, para separarme de mis funciones como diputado federal a partir de esa fecha.

En referencia a lo anterior, hago de su conocimiento que a partir del 16 de enero me reincorporo a mis actividades como diputado federal, solicitándole de la manera más atenta, se lleven a efecto los trámites pertinentes.

Sin otro particular, quedo a sus apreciables órdenes

Atentamente
Dip. Jesús Antonio Nader Nasrallah (rúbrica)
 
 
 

DEL CONGRESO DE BAJA CALIFORNIA

Dip. Manlio Fabio Beltrones Rivera
Presidente de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión
México, DF

Por medio del presente nos dirigimos muy respetuosamente a usted con el propósito de hacerle llegar copia íntegra del punto de acuerdo económico presentado por el diputado Adrián Roberto Gallegos Gil, en su carácter de representante del Partido Verde Ecologista de México y en su calidad de Presidente de la Comisión de Desarrollo Sostenible, en sesión ordinaria de la H. XVIII Legislatura constitucional del Estado Libre y Soberano de Baja California, celebrada el 2 de diciembre del año en curso, mediante el cual solicitamos su valiosa intervención a fin de evitar el revestimiento del canal Todo Americano.

Agradeciendo de antemano la atención que se sirva otorgar al presente, aprovechamos la oportunidad para reiterarle nuestra distinguida consideración y respeto.

Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección
Mexicali, BC, a 6 de diciembre de 2004.

Dip. Guillermo Aldrete Haas (rúbrica)
Presidente

Dip. Elvira Luna Pineda (rúbrica)
Secretaria
 
 

C. Diputado Guillermo Aldrete Haas
Presidente de la Honorable XVIII Legislatura del Congreso del Estado de Baja California

Compañeras Diputadas
Compañeros Diputados

Honorable Asamblea:

En mi carácter de diputado representante del Partido Verde Ecologista de México y en mi calidad de Presidente de la Comisión de Desarrollo Sostenible y con las facultades establecidas en los artículos 27, fracción I, y 28, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, así como de los artículos 114, fracción I, 115, 116 y 117 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y considerando que se trata de un tema de gran importancia para los residentes del municipio de Mexicali y del estado de Baja California, me permito someter a su consideración la presente iniciativa de acuerdo económico, referente a las acciones emprendidas con el propósito de proceder al revestimiento del canal Todo Americano.

Exposición de Motivos

El canal Todo Americano es una derivación del río Colorado que, a lo largo de 2 mil 334 kilómetros, corre desde las montañas Rocallosas de Colorado, pasa por los cañones de Utah y Arizona, atraviesa California y desemboca en las costas mexicanas del golfo de California. De ahí se abastece del líquido a 49 millones de personas, mientras que otros 25 millones dependen del agua del río para actividades agrícolas.

En México, el río Colorado desemboca entre Baja California y Sonora, con un pobre cauce con altos niveles de salinidad y sin sedimentos, donde se localiza el delta que ahora es de menos de 10 por ciento de lo original, que alguna vez tuvo una superficie de 781 mil hectáreas y ahora llega sólo a 60 mil.

Además, el canal Todo Americano sirve para recarga del valle de Mexicali y de su superficie agrícola, y permite la existencia de las 6 mil hectáreas de los humedales de Andrade Mesa, visitado por aves playeras y migratorias.

Estados Unidos busca recuperar 233 millones de metros cúbicos que cada año se filtran al suelo mexicano, pese a que alimentan mantos acuíferos, dan vida a humedales, al delta del río Colorado y a cientos de especies animales y vegetales.

Para lograr su objetivo, comenzará el revestimiento con cemento del canal Todo Americano, situado a unos metros de la frontera con Mexicali, del cual se recarga la cuenca compartida entre ambas naciones con alrededor de 100 millones de metros cúbicos.

Éstas son medidas que adoptará el gobierno de Estados Unidos para capturar todo el líquido posible que no está repartido en el Tratado Internacional de Aguas de 1944, documento que regula el manejo de los ríos fronterizos. Establece que anualmente Estados Unidos debe destinar a México mil 850 millones de metros cúbicos del río Colorado, mientras que del río Bravo se deben enviar al vecino del norte 431 millones de metros cúbicos.

A esas acciones se suma una drástica propuesta de sectores estadounidenses ante el déficit de entregas de agua del río Bravo por parte de México. El ex secretario del Estado Collin Powell y la delegación de Texas ante la Cámara de Representantes de Estados Unidos plantearon la suspensión del envío a México de la cuota del río Colorado, estipulada en el tratado internacional, ante el rezago en la entrega a ese país del líquido del río Bravo, lo cual no sólo pondría en riesgo la actividad agrícola y la biodiversidad del delta, sino que dejaría sin agua a la población de Mexicali y de Tijuana.

Tras el revestimiento con cemento del canal, estas zonas sobrevivirían apenas seis meses ante la falta del líquido, agua que no está considerada en el tratado, pero que permite la existencia de hábitat ricos en biodiversidad. El gran problema es que hace 60 años, cuando se hizo el documento, el ambiente no fue considerado como usuario y ahora sufre las consecuencias.

También están en peligro los humedales del Doctor, que se esparcen en alrededor de 700 hectáreas y que forman, junto con los de Andrade Mesa, un corredor migratorio de aves de Sonora a Baja California.

Por otro lado, Estados Unidos, obligado por la minuta 242 firmada por ambos países en 1973, señala explícitamente la obligación de informar a la contraparte sobre proyectos que pudieran ocasionar afectaciones al país vecino. Pese a la existencia de esa minuta, Estados Unidos ha actuado de manera unilateral en dicha construcción, violando de esa manera los acuerdos bilaterales existentes.

Asimismo, existe la minuta 306 del tratado, en la cual se estableció la formación de un grupo técnico binacional para que examinara los efectos de los escurrimientos en la ecología ribereña y del estuario del río Colorado, desde su tramo limítrofe hasta el delta del mismo, con un enfoque en la definición de las necesidades de las diversas especies, que son de preocupación para cada país en los hábitat de vida silvestre tanto marina como terrestre. Sin embargo, tras años de haberse firmado, no hay avances.

Por lo anterior, resulta impostergable que tanto el Gobierno Federal como el estatal intervengan en el asunto y apliquen un freno a ese tipo de acciones que el gobierno del vecino país ejecuta, ya que de realizarse este acto causaría un grave problema ecológico no sólo para nuestro estado y país, al considerarse un grave atentado a las políticas ambientalistas en el orden mundial. Por todo ello, consideramos fundado y motivado someter a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa de

Acuerdo Económico

Primero. Que esta H. XVIII Legislatura envíe atento oficio al Presidente de la República, Vicente Fox Quesada, en el que se solicite su firme intervención por la vía diplomática a fin de hacer respetar los tratados internacionales y pugnar vía los arbitrios internacionales por la inmediata suspensión de las gestiones relativas al revestimiento del canal Todo Americano.

Segundo. Que esta soberanía envíe a la honorable Cámara de Senadores, así como a la honorable Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, el presente punto de acuerdo solicitando su valiosa intervención a fin de evitar el revestimiento del canal Todo Americano.

Tercero. Que esta soberanía solicite al C. Eugenio Elorduy Walter, gobernador constitucional del estado de Baja California, que envíe informe detallado de las acciones emprendidas por el despacho a su cargo a fin de evitar, en el marco de sus facultades, el revestimiento del canal Todo Americano.
 
 
 

DEL CONGRESO DE TABASCO

Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión

México, DF

El día 29 del actual, la Quincuagésima Octava Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, aprobó el punto de acuerdo 023, cuyos resolutivos a la letra expresan:

Primero.- La Quincuagésima Octava Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, solicita respetuosamente al titular de la Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo Federal, que en el ámbito de sus atribuciones, considere la emisión de una Norma Oficial Mexicana que establezca que los empaques y envases destinados a la comercialización o distribución de tabaco, deberán contener imágenes que muestren los efectos por el consumo del mismo; una tipografía de mayor tamaño que la utilizada actualmente en las leyendas precautorias; y, además, fijar los máximos de sustancias como la nicotina, alquitrán y monóxido de carbono, en el contenido de los cigarros. Así también se le solicita dictar Acuerdo para el establecimiento de otras leyendas precautorias y la prohibición del uso de las palabras "light", "suave" o "sin nicotina" y de otras similares. De esta manera nos solidarizamos con la causa de las honorables legislaturas de los congresos locales de Baja California Sur, Quintana Roo, Jalisco y Nuevo León.

Segundo.- Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, licenciado Vicente Fox Quesada, para que gire sus instrucciones, a efectos de que la Secretaría de Salud dé cumplimiento a lo solicitado en este punto de acuerdo legislativo, en ejercicio de las funciones que le confiere la Ley General de Salud, como autoridad sanitaria encargada de velar por el derecho a la protección de la salud que tenemos los individuos, garantizado como derecho fundamental por el artículo 4° constitucional.

Tercero.- Se solicita de la manera más atenta a la Secretaría de Salud Federal, se sirva hacer del conocimiento de esta Legislatura, la resolución que recaiga al presente asunto.

Cuarto.- Gírense oficios al Ciudadano Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y al Ciudadano Secretario de Salud del Poder Ejecutivo Federal, para los trámites jurídicos procedentes. Así también a las Honorables Legislaturas del Congreso de la Unión y de las entidades federativas, para hacerles del conocimiento, a fin de que también se sumen a la presente solicitud, si así lo estimaren conducente y aún no lo han hecho.

Al respecto y de acuerdo con lo establecido en el punto cuarto y en el transitorio único de dicha resolución, se le remite copia de ésta, para su atención y efectos jurídicos conducentes.

Sin otro particular, reciban de esta Legislatura estatal un cordial saludo.

"2004, Año del 150 Aniversario del Himno Nacional Mexicano"

Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.

Mtro. Joel Alberto García González (rúbrica)
Oficial Mayor
 

La Quincuagésima Octava Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 28, segundo párrafo, y 36, fracción XLIII, de la Constitución Política del Estado de Tabasco, y

Considerando

Primero.- Que el tabaquismo consiste en la intoxicación crónica producida por el abuso en el consumo del tabaco. Como consecuencia, en México es la primera causa de muerte prevenible en personas adultas. Los efectos del tabaquismo en la salud de las personas, son: cáncer de pulmón, de faringe y de boca, cardiopatías de diversos tipos, impotencia sexual; además de aquellas enfermedades provocadas a personas no fumadoras, como bajo peso de los recién nacidos, bronquitis crónica, asma, sinusitis, por mencionar sólo algunas enfermedades respiratorias.

Segundo.- Que el consumo de tabaco, en gran medida, inicia como imitación de los jóvenes a las personas adultas, o para ser aceptados en determinados círculos o estratos sociales; también inicia por la facilidad en la adquisición del mismo, pues de facto no se respetan las medidas mínimas en cuestiones de venta a menores de edad; refieren que ciertamente, los medios de comunicación difunden mensajes sobre los riesgos que conlleva el fumar, pero son las propias empresas cigarreras, mediante anuncios panorámicos y patrocinando eventos deportivos, quienes siguen impulsando de una forma llamativa, el consumo de tabaco. Se señala además, que también hay quienes comienzan a fumar ya en edad adulta, quedando de manifiesto que se ha convertido en un padecimiento que no respeta edad, raza, sexo ni religión.

Tercero.- Que el humo del tabaco, compuesto de alquitrán, nicotina, monóxido de carbono e irritantes, tiene efectos devastadores en la salud, así se trate de tabacos "suaves", "light" o "bajos en alquitrán".

Cuarto.- Que a partir del primero de agosto del presente año, el gobierno federal celebró un convenio con la industria tabacalera, la cual se comprometió en apoyar con un peso por cada cajetilla de cigarros que se venda, hasta el final del sexenio presidencial 2000-2006, para que el monto de lo recaudado sea destinado al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, que es parte del plan financiero del Seguro Popular de Salud.

Quinto.- Que aunado a lo anterior, la Honorable LVI Legislatura del estado de Jalisco, aprobó un acuerdo económico para solicitar sea elaborada la Norma Oficial Mexicana, para el empaquetado y la publicidad de productos que contengan tabaco, en cuya parte expositiva manifiestan los legisladores jaliscienses, que según informes publicados por la Organización Panamericana de la Salud, el tabaco es causante de más de 4 millones de muertes por año; que en el 2030 será causa de la muerte de 10 millones de personas; y que siete de cada 10 de éstas defunciones ocurrirán en los países con mayor desarrollo.

Sexto.- Que las investigaciones recientes muestran que no sólo los fumadores crónicos, sino los niños y adolescentes expuestos al humo del tabaco, sufren serios problemas de salud.

Séptimo.- Que el consumo de tabaco es la principal causa evitable de muerte en el Continente Americano, con aproximadamente 625 mil. mueres por año: 430 mil en los Estados Unidos, 150 mil en América Latina y el Caribe y 45 mil en Canadá.

Octavo.- Que el consumo de tabaco, ocasiona la muerte mediante enfermedades crónicas como cardiopatías, cáncer y enfermedades pulmonares, lo que ha contribuido a un cambio regional en las causas principales de muerte, que ahora son las llamadas "no transmisibles", y no las "infecciosas" como ocurría antes.

Noveno.- Que en América Latina mueren actualmente más personas por enfermedades no transmisibles, muchas de las cuales son causadas por el consumo del tabaco, que por enfermedades transmisibles, afecciones maternas y perinatales, o carencias nutricionales.

Décimo.- Que la exposición al humo del tabaco daña seriamente la salud de los niños, al convertirlos en fumadores pasivos, ya que investigaciones recientes han demostrado que si se comparan los hijos, de personas no fumadoras con hijos de personas fumadoras, éstos últimos tienen mayor riesgo de contraer neumonía, bronquitis, asma e infecciones en el oído y de desarrollar daños en los pulmones; además de que el fumar, inevitablemente causa serios problemas de salud a las mujeres embarazadas y a los propios productos que están gestando. Incluso, el cigarro se ha asociado al bajo peso en el recién nacido, así como al crecimiento retardado, aborto y muerte del bebé en el parto; también al mayor riesgo de morir por síndrome de muerte infantil súbita. Puntualizando que con cinco cigarrillos o más que una madre fume durante su embarazo, puede producir todo lo anteriormente señalado.

Décimo Primero.- Que el cáncer no es el único peligro que acecha a los fumadores. Otra importante consecuencia patológica en el consumo del tabaco, es el aumento del riesgo de sufrir un infarto de miocardio; éste riesgo se evalúa aproximadamente en el doble del que tiene una persona no fumadora. Adicionalmente, el estómago es otro órgano expuesto a sufrir las consecuencias del fumar; la molesta y peligrosa úlcera gastroduodenal, es casi tres veces más frecuente en los fumadores que en los no fumadores.

Décimo Segundo.- Que según informes de la Organización Panamericana de la Salud, fumar produce una adicción que es difícil de superar; además de disminuir la calidad de vida, tanto para el fumador como para la gente que le rodea.

Décimo Tercero.- Que los fumadores pasivos en México representan el 41% de la población; de éstos, 31 % son menores de 18 años y la mayoría están expuestos al humo del tabaco en su propia casa, según datos de la Encuesta Nacional de Adicciones de 1993, la cual reveló que el 25.1 % de la población urbana entre los 12 y 65 años de edad son fumadores; 72% de ellos empezaron antes de los 18 años, principalmente por motivos sociales, como la curiosidad y la presión de los amigos. Que el número de jóvenes fumadores menores de 18 años de edad, de 6.6% en 1988, pasó a 9.6% en 1993; lo que representa un millón de fumadores jóvenes.

Décimo Cuarto.- Que la publicidad acerca del cigarro hace pensar a las personas que al fumar, son más atractivas, fuertes, triunfadoras y, además, consideran estar a la moda; por lo tanto no se dan cuenta que lo que realmente obtienen es una adicción a la nicotina, tos frecuente, taquicardias, disminución de las funciones pulmonares, incremento en la presión sanguínea, disminución de las habilidades físicas, mayor riesgo de desarrollar cáncer pulmonar y enfermedades del corazón, entre otras.

Décimo Quinto.- Que se hace patente la necesidad de contar con una Norma Oficial Mexicana, que controle y sirva como sustento jurídico para la regularización del empaquetado y publicidad de productos que contengan tabaco; la cual a la fecha no existe, dejando un vacío jurídico, que impide a las autoridades competentes ejercer una supervisión acorde a las dimensiones que este problema acarrea, y que es de salud pública.

Décimo sexto.- Que a su vez, la Legislatura al Congreso del estado de Baja California Sur, preocupada por esta problemática social y buscando por ello contribuir en el ámbito de sus competencias y facultades, al aporte o solución de la misma, aprobó un acuerdo económico por el cual se solidariza con los acuerdos que en el mismo sentido tuvo a bien emitir el Congreso del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en relación a la solicitud de la Honorable LVI Legislatura del estado de Jalisco, para que sea elaborada la Norma Oficial Mexicana , para el empaquetado y publicidad de productos que contengan tabaco.

Décimo séptimo.- Que ante esta conciencia compartida de legislaturas estatales, sabedores de que se ha estado legislando en materia de protección de la salud a los no fumadores y con la finalidad de evitar que resulte atractivo el consumo del tabaco a quienes aún no son sujetos de este hábito, además de motivar a quienes ya son adictos a alejarse del tabaco; y considerando que el cuidado de la salud es responsabilidad compartida de la sociedad y gobierno, conscientes de mejorar día a día las condiciones de vida, tanto personales como comunitarias, la Honorable Legislatura del Estado de Nuevo León aprobó un acuerdo para sumarse a la solicitud de creación de una Norma Oficial Mexicana, para el empaquetado y publicidad de productos que contienen tabaco; agregando que se establezca que el total de la producción anual de tabaco de combustión, que sea comercializado o fabricado en México, ostente imágenes que muestren los efectos de su consumo.

Décimo Octavo.- Que la propuesta es que las imágenes ocupen el total de la cara anterior de la cajetilla; además la prohibición del uso de las palabras "light", "suave" o "sin nicotina", que llevan al consumidor al error de pensar que al portar éstas palabras, son menos dañinos para la salud.

Décimo Noveno.- Que es urgente se solicite a la autoridad sanitaria competente, se elabore la Norma Oficial Mexicana sobre contenidos máximos en cigarros, de las siguientes substancias: alquitrán, nicotina y monóxido de carbono, y a su vez, se integre lo señalado en la Norma Oficial Mexicana, en las leyes federales y estatales de salud.

Vigésimo.- Que en agosto de 1990 se publicó en México un reglamento que trasciende los ámbitos hospitalarios y asienta la protección de los no fumadores en el Distrito Federal, ante los efectos de la inhalación involuntaria del humo producido por la composición del tabaco, tanto en locales cerrados, tales como cines, teatros, bibliotecas, restaurantes, salones de clases, entre otros, así como vehículos de transporte colectivo urbano.

Vigésimo Primero.- Que la lucha contra el tabaquismo se ha convertido en un proceso irreversible y radical en la toma de decisiones, que llevarán a disminuir en forma importante este problema de salud pública.

Vigésimo Segundo.- Que existe la necesidad de establecer en los empaques de productos de tabaco, una muestra gráfica de los efectos por el consumo del mismo en el cuerpo humano, puesto que estamos convencidos de que esta medida logrará disuadir a los potenciales consumidores de productos de tabaco.

Vigésimo Tercero.- Que resulta impostergable prohibir la utilización de las palabras "light", "suave" o "sin nicotina", en los empaques de cigarrillos; debido a que éstos calificativos podrían malinterpretarse y llevar al consumidor al error de pensar que los productos que utilizan dichos términos, son menos dañinos para la salud; lo que ha sido refutado por innumerables investigaciones científicas.

Vigésimo Cuarto.- Que la facultad de emitir las normas oficiales mexicanas en materia de salud pública, corresponde al Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Salud; según lo establecido en el artículo 13, apartado A, fracción I, de la Ley General de Salud.

Vigésimo Quinto.- Que la regulación relativa a las advertencias que deberán contener los empaques o envases en los que se expenda o suministre, tabaco, se encuentra en el artículo 276 del citado ordenamiento federal, donde se obliga a insertar, alternadamente, las siguientes leyendas:

"Dejar de fumar, reduce importantes riesgos en la salud"
"Fumar es causa de cáncer y enfisema pulmonar"
"Fumar durante el embarazo, aumenta el riesgo de parto prematuro y de bajo peso en el recién nacido" Vigésimo Sexto.- Que acorde al último párrafo del precepto antes mencionado, cuya literalidad establece: "La Secretaría de Salud, en su caso, publicará en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo mediante el cual podrán establecerse otras leyendas precautorias, así como las disposiciones para su aplicación y utilización.", resulta procedente que dicha Secretaría acuerde establecer otras leyendas precautorias en las etiquetas de los empaques y envases de los cigarros de tabaco, aumentando el tamaño de la tipografía; así como emitir las disposiciones necesarias para la aplicación y utilización de las leyendas, prohibiendo el uso de las palabras "light", "suave" o "sin nicotina" y cualquier otra similar, en los empaques, envases o cajetillas. Así también para que mediante la emisión de una Norma Oficial Mexicana, se fijen los contenidos máximos de nicotina, alquitrán y monóxido de carbono que deben contener los cigarros de tabaco.

Vigésimo Séptimo.- Que en virtud de lo anterior, resulta conveniente para la salud pública y para cumplir con el mandato constitucional de velar por el derecho a la protección de la salud, la aprobación de un punto de acuerdo, a efectos de solicitar respetuosamente a la Secretaría de Salud, que en el ámbito de sus atribuciones, considere la emisión dé una Norma Oficial Mexicana donde se establezca que en los envases y empaques destinados a la comercialización o distribución de tabaco, se utilicen imágenes que muestren los efectos por el consumo del mismo; y que también fije los contenidos máximos de nicotina, alquitrán y monóxido de carbono de los cigarrillos; además la prohibición de utilizar las palabras "light", "suave" o "sin nicotina" cualquier otra similar en su impresión y publicidad; solidarizándonos de esta manera, con la intención de los honorables Congresos de Baja California Sur, Quintana Roo, Jalisco y Nuevo León.

Vigésimo Octavo.- Que es facultad del Congreso estatal aprobar, en su caso, los puntos de acuerdo Legislativos que se presenten a la Legislatura, para gestionar ante las instancias competentes apoyo a la población o que busquen el beneficio de la ciudadanía tabasqueña, en términos de lo establecido por los artículos 28, segundo párrafo, y 36, fracción XLIII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco.

Por lo que tomando en cuenta estas consideraciones, se emite el siguiente

Punto de Acuerdo 023

Primero.- La Quincuagésima Octava Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, solicita respetuosamente al titular de la Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo Federal, que en el ámbito de sus atribuciones, considere la emisión de una Norma Oficial Mexicana que establezca que los empaques y envases destinados a la comercialización o distribución de tabaco, deberán contener imágenes que muestren los efectos por el consumo del mismo; una tipografía de mayor tamaño que la utilizada actualmente en las leyendas precautorias; y, además, fijar los máximos de sustancias como la nicotina, alquitrán y monóxido de carbono, en el contenido de los cigarros. Así también se le solicita dictar acuerdo para el establecimiento de otras leyendas precautorias y la prohibición del uso de las palabras "ligth", "suave" o "sin nicotina" y de otras similares. De esta manera nos solidarizamos con la causa de las honorables legislaturas de los congresos locales de Baja California Sur, Quintana Roo, Jalisco y Nuevo León.

Segundo.- Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, licenciado Vicente Fox Quesada, para que gire sus instrucciones, a efectos de que la Secretaría de Salud dé cumplimiento a lo solicitado en este punto de acuerdo legislativo, en ejercicio de las funciones que te confiere la Ley General de Salud, como autoridad sanitaria encargada de velar por el derecho a la protección de la salud que tenemos los individuos, garantizado como derecho fundamental por el artículo 4° constitucional.

Tercero.- Se solicita de la manera más atenta a la Secretaría de Salud federal, se sirva hacer del conocimiento de esta Legislatura, la resolución que recaiga al presente asunto.

Cuarto.- Gírense oficios al Ciudadano Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y al Ciudadano Secretario de Salud del Poder Ejecutivo Federal, para los trámites jurídicos procedentes. Así también a las Honorables Legislaturas del Congreso de la Unión y de las entidades federativas, para hacerles del conocimiento, a fin de que también se sumen a la presente solicitud, si así lo estimaren conducente y aún no lo han hecho.

Transitorio

Único.- Se instruye al oficial mayor de este Honorable Congreso, dé trámite a esta resolución, enviando y remitiendo copias de la misma, para su atención y efectos jurídicos conducentes.

Dado en el salón de sesiones del Poder Legislativo del estado, en la ciudad de Villahermosa, capital del estado de Tabasco, a los veintinueve días del mes de noviembre del año dos mil cuatro.

Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.

Dip. Javier Díaz Hernández (rúbrica)
Presidente

Dip. José Luis Sánchez López (rúbrica)
Secretario
 
 
 

DEL CONGRESO DE YUCATAN

Dip. Manlio Fabio Beltrones Rivera
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del
H. Congreso de la Unión
Presente

Anexo al presente encontrará el punto de acuerdo mediante el cual el H. Congreso del estado de Yucatán, en sesión de pleno de fecha 30 de noviembre del año en curso, mediante el cual exhorta a ese H. Congreso de la Unión para que dentro de sus facultades que le otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 73, fracción X, realice en forma pronta los estudios para la reducción de las tarifas eléctricas y se tome en cuenta el factor de humedad, entre otros.

Lo anterior, para los efectos legales correspondientes.

Atentamente
Mérida, Yucatán, a 1 de diciembre de 2004.

Dip. Jimy Yamil Ambrosio Camargo (rúbrica)
Presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado

Dip. Lucely del Perpetuo Socorro Alpízar Carrillo (rúbrica)
Secretaria de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado

Dip. Alicia Magally del Socorro Cruz Nucamendi (rúbrica)
Secretaria de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado
 

El Congreso del Estado Libre y Soberano de Yucatán, conforme a lo dispuesto en los artículos 97, 150 y 156 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo todas del estado de Yucatán

Acuerda

Artículo Primero.- Se exhorta al Congreso de la Unión para que dentro de sus facultades que le otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 73, fracción X, realice en forma pronta los estudios para la reducción de las tarifas eléctricas y se tome en cuenta el factor de humedad, entre otros.

Artículo Segundo.- Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que dentro de las facultades que le otorga la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en su artículo 31, fracción X, a fin de establecer y revisar las tarifas de energía eléctrica en el estado de Yucatán.

Artículo Tercero.- Se exhorta a la Secretaría de Energía para que dentro de las facultades que le otorga la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en su artículo 33, fracción VIII, a fin de realizar estudios e investigaciones sobre las tarifas relacionadas con el sector energético en el estado de Yucatán, así como las acciones conducentes a la reducción de las mismas.

Transitorios

Primero.- Remítase el presente acuerdo a las autoridades federales señaladas en los artículos precedentes de este acuerdo.

Segundo.- Publíquese el presente acuerdo en el Diario Oficial del gobierno del estado.

Dado en la sede del recinto del Poder Legislativo, en la ciudad de Mérida, Yucatán, Estados Unidos Mexicanos, a los treinta días del mes de noviembre del año dos mil cuatro.

Dip. Jimy Yamil Ambrosio Camargo (rúbrica)
Presidente

Dip. Lucely del Perpetuo Socorro Alpízar Carrillo (rúbrica)
Secretaria

Dip. Alicia Magally del Socorro Cruz Nucamendi (rúbrica)
Secretaria
 
 

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Oficios

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DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 24, FRACCIONES I Y III, DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2004, REMITE INFORMACIÓN RELATIVA A LOS MONTOS DE ENDEUDAMIENTO INTERNO NETO, AL CANJE O REFINANCIAMIENTO DE OBLIGACIONES DEL ERARIO FEDERAL, EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY GENERAL DE DEUDA PÚBLICA, Y AL COSTO TOTAL DE LAS EMISIONES DE DEUDA INTERNA Y EXTERNA CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE DE 2004

México, DF, a 30 de diciembre de 2004.

Presidente de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión
Presente

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 24, fracciones I y III de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004, me permito enviar la información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal, en los términos de la Ley General de Deuda Pública, y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa correspondientes al mes de noviembre de 2004. Asimismo, se informa sobre la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas, desagregada por tipo de fondo, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, y por entidad federativa, efectuando en ambos casos la comparación correspondiente al mes de noviembre de 2003. En términos del artículo 22, fracción I, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, se proporciona la información sobre la evolución de la recaudación para el mes de noviembre de 2004. Adicionalmente, se incluye la información consolidada sobre las finanzas públicas y la deuda pública al mes de noviembre del año en curso.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

El Secretario
Lic. José Francisco Gil Díaz (rúbrica)
 
 
 

DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION, DOS POR LOS QUE SE SOLICITA EL PERMISO CONSTITUCIONAL NECESARIO PARA QUE EL CIUDADANO LICENCIADO VICENTE FOX QUESADA, PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUEDA ACEPTAR Y USAR LAS CONDECORACIONES QUE LE CONFIEREN LOS GOBIERNOS DE LOS REINOS DE DINAMARCA, Y DE MARRUECOS

México, DF, a 11 de enero de 2005.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión
Presentes

La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a esta de Gobernación, solicitando se tramite ante el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el C. Lic. Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, pueda aceptar y usar la condecoración Wissam Almohammadi, en grado de Gran Collar, que le confiere el gobierno del Reino de Marruecos.

Por lo anterior me permito anexar, para que se integren en su expediente, copia simple de la notificación en la que le comunican la intención de otorgarle la condecoración el día 11 de febrero de 2005.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
 
 

México, DF, a 10 de enero de 2005.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión
Presentes

La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a esta de Gobernación, solicitando se tramite ante el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el C. Lic. Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del Elefante, en grado de Caballero, que le confiere el gobierno del Reino de Dinamarca.

Dicha distinción será impuesta al Lic. Vicente Fox Quesada, en ocasión de la visita oficial que realizará su Majestad la Reina de Dinamarca, a nuestro país durante los días 7 al 9 de febrero próximo.

Por lo anterior me permito anexar, para que se integren en su expediente, copia simple de la notificación en la que le comunican la intención de otorgarle la condecoración de que se trata.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
 
 
 

DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION, POR EL QUE SE SOLICITA EL PERMISO CONSTITUCIONAL NECESARIO PARA QUE LA CIUDADANA MARTHA MARÍA SAHAGÚN JIMÉNEZ PUEDA ACEPTAR Y USAR LA CONDECORACIÓN DE LA ORDEN DE DANNEBROG, EN GRADO DE GRAN CRUZ, QUE LE CONFIERE EL GOBIERNO DEL REINO DE DINAMARCA

México, DF, a 10 de enero de 2005.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión
Presentes

La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a esta de Gobernación, solicitando se tramite ante el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que la C. Martha Ma. Sahagún Jiménez, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Dannebrog, en grado de Gran Cruz, que le confiere el gobierno del Reino de Dinamarca.

Dicha distinción será impuesta a la C. Martha Ma. Sahagún Jiménez, en ocasión de la visita oficial que realizará su Majestad la Reina de Dinamarca, a nuestro país durante los días 7 al 9 de febrero próximo.

Por lo anterior me permito anexar, para que se integren en su expediente, copia simple de la notificación en la que le comunican la intención de otorgarle la condecoración de que se trata.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
 
 
 

DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION, POR EL QUE SE SOLICITA EL PERMISO CONSTITUCIONAL NECESARIO PARA QUE EL CIUDADANO JUAN FRANCISCO RODRÍGUEZ MONTOYA PUEDA ACEPTAR Y USAR LA CONDECORACIÓN DE LA LEGIÓN DE HONOR, EN GRADO DE OFICIAL, QUE LE CONFIERE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA FRANCESA

México, DF, a 16 de noviembre de 2004.

CC. Secretarios de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión
Presentes

La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a esta de Gobernación solicitando que se tramite ante el H. Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción III, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que el C. Juan Francisco Rodríguez Montoya pueda aceptar y usar la condecoración de la Legión de Honor, en grado de Oficial, que le otorga el Gobierno de la República Francesa.

Por lo anterior me permito anexar, para que se integren en su expediente, original de la carta del interesado, dirigida al H. Congreso de la Unión, en la que solicita el permiso respectivo; copia certificada del acta de nacimiento; y copias simples de su currículum vitae, de la identificación oficial y de la notificación en que le comunican la intención de otorgarle la condecoración de que se trata.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
 
 
 

DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION, POR EL QUE SE SOLICITA EL PERMISO CONSTITUCIONAL NECESARIO PARA QUE EL CIUDADANO ENRIQUE HUBBARD URREA PUEDA ACEPTAR Y USAR LA CONDECORACIÓN DE LA ORDEN SIKATUNA, EN GRADO DE GRAN CRUZ, QUE LE CONFIERE EL GOBIERNO DE FILIPINAS

México, DF, a 28 de diciembre de 2004.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión
Presentes

La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a esta de Gobernación solicitando que se tramite ante el H. Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción III, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que el C. Enrique Hubbard Urrea pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Sikatuna, en grado de Gran Cruz, que le otorga el Gobierno de Filipinas.

Por lo anterior me permito anexar, para que se integren en su expediente, original de la carta del interesado, dirigida al H. Congreso de la Unión, en la que solicita el permiso respectivo; copia certificada del acta de nacimiento; y copias simples de su currículum vitae, de su identificación oficial y de la notificación en que le comunican la intención de otorgarle la condecoración de que se trata.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
 
 
 

DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION, QUINCE CON LOS QUE SE REMITEN HOJAS DE SERVICIO DE MIEMBROS DEL EJÉRCITO MEXICANO PARA LOS EFECTOS DE LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 78 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

México, DF, a 16 de diciembre de 2004.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión
Presentes

La Secretaría de la Defensa Nacional se ha dirigido a esta de Gobernación enviando las hojas de servicio de los ciudadanos

C. General Brigadier diplomado de Estado Mayor Víctor Manuel Rodríguez Palacios (6416839).
C. Coronel Intendente diplomado de Estado Mayor Daniel Baldemar Carrillo Velasco (10006286).
C. Coronel Médico Cirujano Ramón Arturo Valdés Espinosa (B-006304).
C. Coronel Médico Cirujano René Reyes Barrera (789517).
C. Coronel de Infantería Gilberto Luna Cruz (8482868).

C. Coronel Médico Cirujano Raúl García Ramírez (9067435).
C. Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo Sergio Alejandro Villalobos López (B-224981).
C. Cornel del Arma Blindada Audino Rafael Solís Ruiz (9447871).
C. Coronel Médico Cirujano Sergio Enrique Amador González (9006841).
C. Coronel de Infantería Rafael Robles García (9248042).

C. Coronel Ingeniero Constructor Hiram Sergio Cárdenas Noble (9728707).
C. Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo Carmen Miguel Vázquez Espinoza (1024449).
C. Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo Jubentino Hernández Rea (B-220351).
C. Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo Ricardo César Niño Villarreal (9743369).
C. Coronel de Caballería Diplomado de Estado Mayor José Luis Vázquez Araiza (10928760).

Las que me permito enviar para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anterior acompaño al presente las hojas de servicios de los citados militares, con carácter devolutivo.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
 
 
 

DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION, DOS CON LOS QUE REMITE CONTESTACIÓN A PUNTOS DE ACUERDO APROBADOS POR LA CÁMARA DE SENADORES

México, DF, a 3 de enero de 2005.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión
Presentes

En atención al oficio No. III-675 signado el 21 de septiembre de 2004, por el C. Sen. César Jáuregui Robles, Vicepresidente en funciones de Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño para los fines que estimen procedentes, copia del similar número BOO.00.04.08.-567, suscrito el 13 de diciembre último, por la C. MCC. Heidi Storsberg Montes, titular de la Unidad de Comunicación Social de la Comisión Nacional del Agua, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo por el que se solicita a esa Comisión, realizar un estudio técnico y jurídico, sobre la situación que prevalece en el sur de Sonora, con relación a la explotación de los acuíferos de los valles del Yaqui y Mayo, así como permita extraer agua del subsuelo arriba de la asignación de volúmenes que marcan los títulos de concesión de algunos pozos profundos siempre y cuando no se rebase el potencial del acuífero.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
 
 

México, DF, a 3 de enero de 2005.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión
Presentes

En atención al oficio No. III-1000 signado el día 2 de diciembre último, por el C. Sen. Carlos Chaurand Arzate, Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño para los fines que estimen procedentes, copia del similar número 101155, signado el 15 de diciembre próximo pasado por el C. General de División D.E.M. Humberto A. Guillermo Aguilar, jefe del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional, mediante el cual da contestación al punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia informe por escrito que es lo que motiva la ubicación geográfica de diversos retenes; conforme a qué procedimientos se establecen; bajo qué directrices o normas actúan los elementos asignados a estas funciones; sí reciben algún tipo de capacitación especial y cuál ha sido el resultado de estos operativos permanentes en las carreteras de nuestro país.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
 
 
 

DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION, NUEVE CON LOS QUE REMITE CONTESTACIÓN A PUNTOS DE ACUERDO APROBADOS POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS

México, DF, a 3 de enero de 2005.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión
Presentes

En atención al oficio número D.G.P.L. 59-II-4-754, signado el 14 de octubre de 2004 por los CC. diputados Manlio Fabio Beltrones Rivera y Graciela Larios Rivas, Presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, copia del similar número BOO.00.04.08.- 550, suscrito el 8 de diciembre último por la C. licenciada Edith Saldívar García, subgerente de Difusión de la Comisión Nacional del Agua, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo por el que se solicita a ese órgano que informe sobre los adeudos existentes de los ingenios azucarero expropiados.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
 
 

México, DF, a 3 de enero de 2005.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión
Presentes

En atención al oficio número D.G.P.L. 59-II-0-927, signado el 19 de octubre de 2004 por los CC. diputados Manlio Fabio Beltrones Rivera y Graciela Larios Rivas, Presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, copia del similar número 3226-D-004, suscrito el 7 de diciembre último por el C. Carlos Bandala Serrano, asesor del C. secretario de Hacienda y Crédito Público, así como el anexo que en el mismo se cita, mediante los cuales da respuesta al punto de acuerdo por el que se solicita otorgar a los consumidores en el estado de Chihuahua un descuento de 40 por ciento al gasóleo doméstico, gas LP y gas natural por el periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 2004 y el 31 de marzo de 2005.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
 
 

México, DF, a 3 de enero de 2005.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión
Presentes

En atención al oficio número D.G.P.L. 59-II-0-935, suscrito el 19 de octubre último por los CC. diputados Manlio Fabio Beltrones Rivera y Marcos Morales Torres, Presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, copia del similar número 5013/11/111/2004, signado el 23 de noviembre de 2004 por la doctora María Teresa Ofir Justo Janeiro, directora de Atención a la Salud de Servicios de Salud del estado de Puebla, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo en que se exhorta a las instituciones estatales de salud a desarrollar programas y acciones de orientación y fomento del autoexamen para la detección oportuna del cáncer de mama entre los estudiantes de bachillerato y universitarios y la población en general a fin de impulsar una cultura de prevención en torno de esa enfermedad.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
 
 

México, DF, a 3 de enero de 2005.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión
Presentes

En atención al oficio número D.G.P.L. 59-II-0-1006, signado el 9 de noviembre de 2004 por los CC. diputados Manlio Fabio Beltrones Rivera y Antonio Morales de la Peña, Presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, original del similar número DCP-769/04, suscrito el 15 de diciembre último por el C. Humberto Ballesteros Cruz, director general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de esa dependencia a enviar nota diplomática a su homólogo de Estados Unidos de América por el incidente en que falleció el señor Édgar Omar Ramos Villarreal y a resarcir el daño causado al connacional, indemnizando a los deudos por dicho ilícito.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
 
 

México, DF, a 3 de enero de 2005.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión
Presentes

En atención al oficio número DGPL 59-II-5-995, signado el 25 de noviembre de 2004 por los CC. diputados Manlio Fabio Beltrones Rivera y Marcos Morales Torres, Presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, copia del similar número SSPPA/227/04, suscrito el 9 de diciembre último por el doctor Fernando Tudela Abad, subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia a estructurar, a través de la Orenader, el área para la Comisión de Barrancas del Distrito Federal, que permita coordinar un programa de conservación y manejo sustentable de las barrancas del Distrito Federal, así como para que dentro de los anexos del Programa de Empleo Temporal puedan ser consideradas las zonas del Distrito Federal que incluyen barrancas.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
 
 

México, DF, a 3 de enero de 2005.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión
Presentes

En atención al oficio número D.G.P.L. 59-II-0-1077, signado el 25 de noviembre de 2004 por los CC. diputados Manlio Fabio Beltrones Rivera y Antonio Morales de la Peña, Presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, copia del similar número 41875, suscrito el 20 de diciembre último por el licenciado Óscar Montes de Oca Rosales, agente del Ministerio Público de la Federación titular de la Mesa III-DDF de la Subprocuraduría de Control Regional de Procesos Penales y Amparo de la Procuraduría General de la República, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a investigar los hechos ocurridos el 23 de noviembre de 2004 en el pueblo de San Juan Ixtayopan, delegación Tláhuac, Distrito Federal.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
 
 

México, DF, a 3 de enero de 2005.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión
Presentes

En atención al oficio número DGPL 59-II-5-1093, signado el 30 de noviembre del año próximo pasado por los CC. diputados Manlio Fabio Beltrones Rivera y Marcos Morales Torres, Presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, copia del similar número EOO.SII.- 397, suscrito el 13 de diciembre último por el ingeniero José Ramón Ardavín Ituarte, subprocurador de Inspección Industrial de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta a esa Procuraduría a verificar el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003, de especificaciones de protección ambiental para la selección del sitio, diseño, construcción, operación, monitoreo, clausura y obras complementarias de un sitio de disposición final de residuos sólidos municipales en el Bordo Poniente.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
 
 

México, DF, a 5 de enero de 2005.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión
Presentes

En atención al oficio número D.G.P.L. 59-II-0-1077, signado el 25 de noviembre de 2004 por los CC. diputados Manlio Fabio Beltrones Rivera y Antonio Morales de la Peña, Presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, copia del similar número SCRPPA/15206/2004, suscrito el 14 de diciembre último por el licenciado Gilberto Higuera Bernal, subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la Procuraduría General de la República, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a investigar los hechos ocurridos el 23 de noviembre de 2004 en el pueblo de San Juan Ixtayopan, delegación Tláhuac, Distrito Federal.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
 
 

México, DF, a 3 de enero de 2005.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión
Presentes

En atención al oficio No. D.G.P.L. 59-II-2-474 signado el 13 de abril del 2004, por los CC. secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño para los fines que estimen procedentes, copia del similar número 913, suscrito el 13 de diciembre último por el Ing. José Luis Luege Tamargo, procurador federal de Protección al Ambiente, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, emita la recomendación para que una institución académica de prestigio practique una auditoría ambiental al Complejo Termoeléctrico "Presidente Adolfo López Mateos" de la Comisión Federal de Electricidad, situado en el municipio de Tuxpan, Veracruz.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
 
 

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Iniciativas

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CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE CONVOCA A LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN A UN PERIODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES DURANTE EL PRIMER RECESO DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA, SUSCRITA POR EL DIPUTADO EDUARDO ESPINOZA PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El suscrito, con fundamento en lo previsto por los artículos 67 y 78, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4, numeral 4 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 59 y 60, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, me permito proponer a esta Comisión Permanente, la expedición de la convocatoria a un Periodo Extraordinario de Sesiones de la Cámara de Diputados, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

1. De acuerdo con lo previsto por el artículo 66 constitucional, el primer periodo de sesiones ordinarias de cada año de ejercicio legislativo debe concluir, a más tardar, el 15 de diciembre. De esta manera, y por acuerdo de ambas Cámaras del Congreso de la Unión, el primer período de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio constitucional concluyó el 14 de diciembre de 2004.

2. En uso de sus atribuciones constitucionales la Cámara de Diputados aprobó el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005 en su sesión del día 15 de noviembre de 2004, enviándolo al Ejecutivo para su debida promulgación y publicación.

3. El 30 de noviembre de 2004 el Ejecutivo Federal devolvió a la Cámara de Diputados el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2005 con observaciones.

4. El 14 de diciembre de 2004 la Cámara de Diputados acordó que no es de admitirse con carácter de observaciones para trámite, el documento enviado por el Presidente de la República, Vicente Fox Quesada, con relación al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005. Asimismo ordenó devolver el original del documento suscrito por el titular del Poder Ejecutivo con relación al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005, remitido a la Cámara de Diputados el 30 de noviembre pasado. Finalmente esta Cámara acordó devolver al Ejecutivo el original del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005, con las firmas autógrafas de los diputados Manlio Fabio Beltrones Rivera y Marcos Morales Torres, presidente y secretario respectivamente, para que aquél procediera a su publicación.

5. El Ejecutivo Federal publicó el pasado 20 de diciembre de 2004, en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005. Al mismo tiempo confirmó su determinación, hecha pública anticipadamente, de iniciar controversia constitucional contra dicho Decreto.

6. El 21 de diciembre de 2004 el Ejecutivo Federal presentó, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, controversia constitucional contra varias disposiciones del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2004. Asimismo contra el Acuerdo de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, de fecha 14 de diciembre de 2004, aprobado por el Pleno de este órgano legislativo, con relación a las observaciones del Ejecutivo Federal al Presupuesto de Egresos de la Federación 2005 y contra las órdenes derivadas de los artículos transitorios y anexos del Decreto impugnado.

7. La Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió la controversia constitucional presentada por el Ejecutivo Federal el 22 de diciembre de 2004 y en el mismo día concedió la suspensión de los actos impugnados.

8. Dado que el período de sesiones ordinarias del Congreso concluyó el 14 de diciembre de 2004, la Cámara de Diputados no ha podido discutir el contenido de la controversia constitucional, ni conocer en detalle y debatir los medios de defensa que el Presidente de su Mesa Directiva ha presentado para hacer frente a dicha controversia. Particularmente los referidos a los recursos de reclamación interpuestos contra la admisión de la controversia constitucional y contra la suspensión de los actos impugnados concedida por parte de los Ministros comisionados para los recesos de los periodos de sesiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Presidente de la República.

9. La Cámara de Diputados no ha analizado las decisiones tomadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación relativas a la controversia constitucional del Ejecutivo Federal, tanto las referidas a su admisión como a las resoluciones derivadas de los medios de defensa interpuestos por su presidente, diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera. Tampoco ha podido discutir la validez y el alcance del acuerdo General número 12/2004, del veintinueve de noviembre de dos mil cuatro, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que otorga facultades a las comisiones de receso para promover los trámites urgentes de asuntos jurisdiccionales, acuerdo estrechamente vinculado con la controversia constitucional citada.

10. Por la importancia que el asunto reviste para nuestro sistema de división de poderes y para el ejercicio pleno de las facultades constitucionales de la Cámara de Diputados en materia presupuestal, las acciones jurídicas, políticas y parlamentarias que se tomen al respecto deben ser analizadas, discutidas y acordadas por el Pleno de la Cámara de Diputados.

La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, con base en las anteriores consideraciones y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 74, fracción IV, y 78, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4, numeral 4, 116 y 117, de la Ley Orgánica del Congreso General; 27 y 28 del Reglamento para el Gobierno Interior del propio Congreso, expide el siguiente

Decreto por el que se convoca a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión a un Periodo de Sesiones Extraordinarias durante el Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio de la Quincuagésima Novena Legislatura

Primero.- Se convoca a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, a un Periodo de Sesiones Extraordinarias a celebrarse durante el Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio de la Quincuagésima Novena Legislatura, con objeto de ocuparse de los siguientes asuntos:

1) Análisis de la controversia constitucional interpuesta por el titular del Poder Ejecutivo Federal, Vicente Fox Quesada, contra varias disposiciones del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2004. Asimismo contra el Acuerdo de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, de fecha 14 de diciembre de 2004, aprobado por el Pleno de este órgano legislativo, con relación a las observaciones del Ejecutivo Federal al Presupuesto de Egresos de la Federación 2005 y contra las órdenes derivadas de los artículos transitorios y anexos del Decreto impugnado.

2) Análisis y discusión de los medios de defensa interpuestos por el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera, contra la controversia constitucional presentada por el Ejecutivo Federal.

3) Determinar la postura de la H. Cámara de Diputados sobre la validez y el alcance del Acuerdo General No. 12/2004 adoptado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con fecha 29 de noviembre de 2004, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 diciembre de 2004.

4) Resolver lo que proceda conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la normatividad que regula la organización y funcionamiento del Congreso de la Unión, respecto de la controversia constitucional del Ejecutivo Federal contra las resoluciones de la Cámara de Diputados relacionadas con el Presupuesto de Egresos de la Federación 2005.

En su caso, tomar la protesta constitucional a los diputados suplentes que, conforme a la Ley, deban asumir el cargo.

Segundo.- El Periodo Sesiones Extraordinarias iniciará el día 14 de enero de 2005, a las 11:00 horas, y concluirá una vez que la Cámara de Diputados determine que han sido tratados los asuntos para los cuales fue convocada.

Transitorio

Único.- El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la Sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Palacio Legislativo de San Lázaro, a los doce días del mes de enero de 2005.

Dip. Eduardo Espinoza Pérez (rúbrica)
 
 
 
QUE ADICIONA UNA FRACCION XV AL ARTÍCULO 2 DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, A CARGO DEL DIPUTADO LEONARDO ÁLVAREZ ROMO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM

El diputado que firma al calce, de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72 y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 60, 64, 176 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita se turne a las Comisiones de Asuntos Indígenas y de Agricultura y Fomento, la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción XV al artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

Las funciones básicas del Estado en el ámbito económico son asignación de recursos, distribución, estabilidad, crecimiento y vigilancia de un perfil de desarrollo sustentable.

En este sentido la intervención que el Estado tiene en la economía debe ser con fines compensatorios o correctivos ante la pérdida de actividad o ante el creciente deterioro del ambiente.

En este sentido como legisladores preocupados por el desarrollo de los pueblos indígenas y teniendo como objetivo su plena incorporación al desarrollo nacional, debemos fortalecer la responsabilidad constitucional que el Estado tiene de conducir el desarrollo nacional, e incorporar a éste los procesos de planeación, coordinación y orientación de la actividad económica.

Como Partido Verde defendemos que el campo y todo lo que representa, desde el punto de vista social, productivo y ambientalmente, debe ser considerado como estratégico y prioritario para el crecimiento y desarrollo sustentable de los pueblos indígenas.

El deterioro ambiental en el campo es evidente, paralelamente a este proceso se observan grandes debilidades productivas y poco apoyo a las comunidades indígenas. El sector tiene un crecimiento pobre derivado del débil apoyo gubernamental para el fomento de las actividades agrícolas y el desarrollo del sector agropecuario.

Las reformas al artículo 27 constitucional del 6 de enero de 1992, así como su legislación reglamentaria, no han dado de ninguna manera los resultados esperados para el desarrollo del campo, ni en lo productivo, ni en la protección al ambiente y mucho menos al desarrollo social en el campo, olvidando deliberadamente el desarrollo de los pueblos indígenas.

Por lo anterior, consideramos apremiante tomar medidas que permitan modificar la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas con el fin de que se incorpore dentro de sus funciones, el apoyo y fomento de actividades agrícolas con el fin de que las actividades agrícolas sean sustentables; permitiendo con esta iniciativa una mejor inserción de los pueblos indígenas en el desarrollo del sector indígena, campesino y social.

La promoción de esquemas de producción agrícola y sustentable en nuestras comunidades indígenas deben tener en cuenta criterios fundamentalmente de rentabilidad social, que permitan dar a nuestras comunidades arraigo, certidumbre económica y mejores niveles de adaptabilidad al cambio.

El sistema de apoyos, debe impulsar nuevas alianzas entre el mismo sector social con el sector privado en forma de asociaciones, organizaciones y sociedades capaces de enfrentar los retos de la competitividad, mediante la adopción de tecnologías más avanzadas que respeten el medio ambiente.

Es necesario que los apoyos contribuyan sobre todo a la recuperación y conservación de bosques y selvas y a la reducción de la erosión de los suelos y la contaminación de las aguas favoreciendo así, el desarrollo de una cultura de conservación de los recursos naturales.

En este sentido es necesario poner en marcha programas que implementen esquemas de producción agrícola que permitan un desarrollo rural sustentable,1 que tomen en cuenta no sólo indicadores de rentabilidad social, sino también de sustentabilidad ambiental, en un marco de respeto al conocimiento productivo tradicional de las comunidades indígenas y rurales involucradas y a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable vigente.

Por ser del más alto interés nacional apoyar el desarrollo sustentable de nuestras comunidades indígenas y de sus productores, la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México, propone la siguiente

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XV al artículo segundo de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

Decreto

Artículo Único: Se adiciona una nueva fracción XV al artículo segundo de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, recorriéndose la actual fracción XV y las subsecuentes en orden creciente para quedar el artículo en XX fracciones.

Artículo Único.- Se adiciona la fracción XV al artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas para quedar como sigue:

Fracción XV. Establecer acuerdos, convenios y apoyos con los gobiernos federal, estatal y municipal, con el fin de que se vincule a los pueblos indígenas a esquemas de producción agrícola sustentable.

Transitorio

Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 12 días del mes de enero de 2005.

Nota:
1 La Ley de Desarrollo Rural Sustentable define en su artículo 3, fracción XIV, el desarrollo rural sustentable como "el mejoramiento integral del bienestar social de la población y de las actividades económicas en el territorio comprendido fuera de los núcleos considerados urbanos de acuerdo con las disposiciones aplicables, asegurando la conservación permanente de los recursos naturales, la biodiversidad y los servicios ambientales de dicho territorio".

Dip. Leonardo Álvarez Romo (rúbrica)
 
 
 
QUE REFORMA EL ARTICULO 5º DE LA LEY DE PLANEACIÓN, A CARGO DEL DIPUTADO JESÚS MARTÍNEZ ÁLVAREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA

Palacio Legislativo, a 12 de enero de 2004.

Exposición de Motivos

La división de poderes es un elemento esencial del Estado de derecho, sin el cual no se puede construir ningún régimen democrático. La división de poderes exige independencia y fortaleza, equilibrio y colaboración entre ellos, para su correcto funcionamiento. La historia parlamentaria en nuestro país hasta hace muy pocos años, se puede resumir en términos generales, por el sometimiento del Congreso de la Unión, a la voluntad del Poder Ejecutivo.

Uno de los grandes problemas de las instituciones en nuestro país es su escasa funcionalidad, y el Congreso de la Unión, no queda exento de ello, pues no ha llevado a cabo con eficacia sus atribuciones. Sin embargo, el Poder Legislativo ha ganado por sí mismo mayor fortaleza. Lo anterior debido principalmente, a la composición política de las Cámaras, que exige los consensos de las distintas fuerzas políticas representadas para las reformas a la Constitución y a las leyes que de ella emanan.

Si bien es cierto, que el artículo 73 constitucional, que consagra las facultades y obligaciones del Congreso de la Unión, es uno de los que más reformas han tenido a lo largo de nuestra historia (más de 44 por lo menos), ello no es signo evidente de un verdadero fortalecimiento, sino más bien es sólo la respuesta ocasionada por el presidencialismo que rigió durante tantos años, y el cual ya se encuentra en la etapa final de su extinción.

No se trata de fortalecer un poder y debilitar a otro, desde luego, no se debe buscar un Poder Ejecutivo débil sino tres Poderes fuertes que cumplan con eficiencia y eficacia sus funciones, para lograr así un auténtico Estado democrático de derecho.

Una vía para lograr esto es revisando los mecanismos que garanticen una mayor participación del Congreso en la Planeación democrática y en la rendición de cuentas por parte del Ejecutivo.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que el Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación.

En otras palabras, nuestra Carta Magna, establece la participación de los diversos sectores sociales para incorporar las aspiraciones y demandas de la sociedad al Plan Nacional de Desarrollo, al que se deben sujetar obligatoriamente todas las acciones y programas de la Administración Pública Federal.

De esta manera el Plan Nacional de Desarrollo constituye el instrumento base de la planeación del Ejecutivo Federal al presentar los objetivos y estrategias gubernamentales.

Este marco integral de desarrollo permite pensar de manera más estratégica en las prioridades, políticas, programas, proyectos y reformas que debemos emprender para lograr los objetivos propuestos.

El Plan establece los objetivos que permitirán realizar los cambios medulares que el gobierno impulsará, cambios que consoliden el avance democrático, que abatan la inseguridad y cancelen la impunidad, que permitan abatir la pobreza y lograr una mayor igualdad social; cambios que garanticen el crecimiento con estabilidad en la economía, que tengan como premisa fundamental ser incluyentes y justos.

En suma, el Plan Nacional de Desarrollo, es el instrumento rector de toda la acción del Administración Pública Federal.

Tanta es la importancia de este documento rector del desarrollo nacional, que la propia Constitución Política determina la creación de una Ley específica para regular y establecer la obligatoriedad de la planeación democrática en nuestro país.

De esta manera, en la Ley de Planeación se establecen y regulan las obligaciones y demás actos que tienen que ver con la formulación, presentación, ejecución y valoración del Plan Nacional de Desarrollo y de los programas que lo conforman.

Sin embargo, en este contexto, la acción del Congreso no está debidamente ponderada, si bien es cierto que el artículo 26 de nuestra Constitución Política señala textualmente que "en el sistema de planeación democrática, el Congreso de la Unión tendrá la intervención que señale la ley".

Dice:

La Ley de Planeación, dispone en su artículo 5º:

El Presidente de la República remitirá el Plan al Congreso de la Unión para su examen y opinión. En el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales en las diversas ocasiones previstas por esta Ley, el Poder Legislativo, formulará, asimismo, las observaciones que estime pertinentes durante la ejecución, revisión y adecuaciones del propio Plan. En este sentido, se podría pensar que el proceso de planeación democrática, no es tan democrático, ya que limita al Congreso sólo a opinar sobre el documento rector del desarrollo nacional. De tal manera que la Cámara de Diputados que es en dónde está representado el pueblo, sólo puede opinar, es decir emitir un juicio sobre el destino de su gobierno.

La planeación es la acción que debe llevar a cabo el Gobierno Federal, para establecer de una manera ordenada, racional y sistemática, el conjunto de actividades que piensan realizar para lograr los objetivos y metas que se han planteado al inicio de su gestión.

La planeación democrática es un conjunto de interrelaciones entre las dependencias y entidades de la administración pública y los organismos de los sectores social y privado en donde se ponen de acuerdo sobre sus responsabilidades.

En otras palabras, es la manera ordenada en que se establecen las acciones que el Estado realiza en la búsqueda de mejores condiciones económicas, políticas, sociales y culturales para todos los mexicanos. El producto que resulta de esta acción es el Plan Nacional de Desarrollo (PND). De esta forma, el PND es el marco de referencia para la elaboración del resto de los instrumentos del sistema de gobierno. Del PND se desprenden temas estratégicos para los cuales se elabora la programación de mediano y corto plazos.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración del pleno la iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 5º de la Ley de Planeación, para quedar como sigue:

Único

Debe decir:

"El Presidente de la República remitirá el Plan al Congreso de la Unión, en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales. Así como en las diversas ocasiones previstas por esta Ley. El Poder Legislativo analizará, evaluará, modificará en su caso y lo aprobará para su ejecución.

Durante el ejercicio del Plan, el Poder Legislativo podrá realizar las modificaciones pertinentes en la revisión anual y ejecución del propio Plan."

Dip. Jesús Martínez Álvarez (rúbrica)
 
 
 
QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RELATIVA A LA CREACIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUSCRITA POR EL DIPUTADO IVÁN GARCÍA SOLÍS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

Ciudad de México, a 12 de enero de 2005.

Quien suscribe, Iván García Solís, diputado federal a la Quincuagésima Novena Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, por mi propio derecho y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto que crea el Tribunal Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La iniciativa que presento tiene como objetivo la creación de un Tribunal Constitucional en México, para que éste asuma las funciones de control de la constitucionalidad y dirima las controversias que en esta materia se presenten.

Se pretende que el Tribunal cuente, por disposición constitucional, con autonomía funcional y presupuestal; se exige además como requisito, que los Ministros designados lo sean por sus méritos.

La reforma de 1994 concibió a la Suprema Corte de Justicia como el órgano único de control de la constitucionalidad, es decir, la dotó de atribuciones cual Tribunal Constitucional, sin dar vida a una institución específica de este tipo. Dicha reforma representó un avance indudable en cuanto perfeccionó la figura de controversia constitucional, haciendo viable su ejercicio. Además, introdujo el recurso de la acción de inconstitucionalidad cuyos frutos positivos están a vista; sin embargo la reforma no previó un órgano independiente de los mismos poderes, de tal modo que pudiera controlarlos para salvaguardar y respetar las reglas constitucionalmente establecidas en cualquier democracia. Así, frente a ello, es indispensable que el país cuente ya con un ente constitucional autónomo que funja como árbitro en las controversias que se presenten entre los mismos poderes. En las anteriores razones fundo mi propuesta del referido Tribunal Constitucional.

En la integración del órgano participarán el Senado como representante de la federación, la Cámara de Diputados por la pluralidad de la representación política que conlleva, la Suprema Corte de Justicia por la experiencia que representa, y el Ejecutivo Federal como titular del ejercicio gubernamental. Estos poderes harán la designación de los Ministros integrantes del Tribunal de acuerdo con sus leyes orgánicas.

Se pretende además, con la presente reforma, establecer una serie de incompatibilidades para evitar que los nombramientos recaigan en sujetos que actualmente cuentan con poder político; así, no podrán acceder al cargo de Ministros quienes sean representantes populares, dirigentes partidarios, Ministros de la Suprema Corte de Justicia en ejercicio, altos funcionarios de la federación, de los estados y del Ejército. Se prohíbe también que aun cuando dejen el cargo, tales funcionarios puedan ingresar a otros de manera inmediata, ya que ello puede viciar el desempeño de su función. Al no permitirles una ocupación posterior a su ejercicio, el Estado se encargará de otorgarles un haber por retiro.

Por otra parte, se deja en libertad a los Ministros,como actualmente sucede en la Suprema Corte, para que entre ellos elijan a su Presidente y que éste sólo se pueda reelegir una vez.

Otra previsión importante es que los Ministros no podrán tener otras actividades remuneradas, salvo las docentes, científicas, culturales, de investigación o de beneficencia; para ello se establece que disfrutarán de un salario igual, al que perciben los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Asimismo, se pretende dotar a este órgano de las competencias que están actualmente previstas en el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para la Suprema Corte de Justicia de la Nación: me refiero a las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad. Las primeras, como se sabe, se consideran instrumentos procesales constitucionales mediante los cuales se trata de resolver conflictos entre órganos constitucionales o distintos niveles de gobierno. Por lo que hace a la acción de inconstitucionalidad, es el medio por el cual cierto grupo de órganos de Estado demandan la declaración de inconstitucionalidad de una ley o de un decreto que estimen contrario al marco constitucional.

Para dar curso a la reforma propuesta, se requiere derogar algunas disposiciones relativas al tema previstas en los artículos 103, 104 y 106 y, desde luego, la reformulación integral del artículo 105, en la que destaca la inclusión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos como titular de la acción de inconstitucionalidad para impugnar leyes federales o locales que estime violatorias de las garantías individuales.

Por lo anterior expuesto y fundado, someto a la consideración de la asamblea la siguiente

Iniciativa con proyecto de decreto por la que se modifican los artículos 103, 104 y 105 y se crea el Capítulo Décimo denominado "Del Tribunal Constitucional", en los términos siguientes:

Artículo Primero.- Se reforma el artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 103.- Los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales.

Artículo Segundo.- Se deroga la fracción IV del artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 104.- Corresponde a los tribunales de la Federación conocer:

I.- a III.- ...

IV.- Se deroga;

V.- y VI.- ...

Artículo Tercero.- Se reforma el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 105.- La Suprema Corte de Justicia de oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal Unitario de Circuito o del Procurador General de la República, podrá conocer de los recursos de apelación en contra de sentencias de Jueces de Distrito dictadas en aquellos procesos en que la Federación sea parte y que por su interés y trascendencia así lo ameriten.

Artículo Cuarto.- Se adiciona un Título Décimo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Título Décimo
Del Tribunal Constitucional

Artículo 137. El Tribunal Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos es el órgano en que se deposita el control de la constitucionalidad de los actos de los poderes públicos del Estado, de las entidades federativas y de los órganos del Distrito Federal. El Tribunal gozará de autonomía funcional y presupuestaria. Se integra por nueve Ministros, mismos que serán independientes e inamovibles en el ejercicio de su mandato y durarán en su cargo quince años.

Los Ministros del Tribunal Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, durante el periodo de su encargo, sólo podrán ser removidos en los términos del capítulo IV de esta Constitución.

Artículo 138.- El Tribunal Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos se integra de la siguiente forma:

I. Por tres Ministros designados por el Senado de la República;
II. Por tres Ministros designados por la Cámara de Diputados;

III. Por dos Ministros designados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y
IV. Por un Ministro designado por el Presidente de la República.

Cada institución hará las propuestas con base en sus leyes orgánicas.

Artículo 139.- Las designaciones en todo caso recaerán en juristas constitucionalistas de reconocida competencia y prestigio, mismos que deberán cubrir los requisitos previstos para los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, salvo el de la antigüedad en el ejercicio de la profesión que será de quince años.

No podrá recaer el nombramiento en quien:

I. Ostente un mandato de representación popular
II. Sea Secretario o Subsecretario de la administración pública local o estatal, a menos que se separe 2 años anteriores a la designación;
II. Desempeñe o haya desempeñado funciones directivas en un partido político en los últimos cinco años o con el empleo al servicio de los mismos;

IV. Sea Ministro en activo de la Suprema Corte de la Nación;
V. Esté en servicio activo en el Ejercito federal;

VI. Tenga mando de fuerza pública; o
VII. Sea Ministro de algún culto religioso.

Una vez que hallan sido designados, los Ministros serán convocados por el Senado de la República quien los tornará la protesta de Ley.

La Presidencia del Tribunal Constitucional será elegida por sus mismos integrantes mediante mayoría calificada, durará tres años y podrá reelegirse por una sola vez.

Los Ministros del Tribunal Constitucional no podrán tener otro cargo, empleo o comisión, con excepción de las actividades que desempeñen en asociaciones docentes, científicas, culturales, de investigación o de beneficencia no remuneradas. El cargo de Ministro del Tribunal Constitucional sólo es renunciable por causa grave, calificada por la Cámara de Senadores.

Las personas que hayan sido designadas como Ministros del Tribunal Constitucional no podrán desempeñar durante los cinco años siguientes al término de su ejercicio, los cargos de Secretario o subsecretario o director general u homólogos, en la Administración Pública Federal o en la de algún estado, Procurador General de la República o del Distrito Federal o de algún estado; Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o Magistrado de algún Poder Judicial estatal, Senador, Diputado Federal o local, ni Gobernador de algún estado o jefe de Gobierno del Distrito Federal, para ello el Estado garantizará un haber por retiro. La retribución que reciban los Ministros del Tribunal Constitucional será igual a la que perciben los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Artículo 140.- El Tribunal Constitucional conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

I. De las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieren a la materia electoral, se susciten entre:

a).- La Federación y un estado o el Distrito Federal;
b).- La Federación y un municipio;
c).- El Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión; aquél y cualquiera de las Cámaras de éste o, en su caso, la Comisión Permanente, sean como órganos federales o del Distrito Federal;

d).- Un estado y otro;
e).- Un estado y el Distrito Federal;
f).- El Distrito Federal y un municipio;
g).- Dos municipios de diversos estados;

h).- Dos poderes de un mismo estado, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales;,
i) Un estado y uno de sus municipios, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales;

j).- Un estado y un municipio de otro estado, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales; y
k).- Dos órganos de gobierno del Distrito Federal, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales.

Siempre que las controversias versen sobre disposiciones generales de los estados o de los municipios impugnadas por la Federación, de los municipios impugnadas por los estados, o en los casos a que se refieren los incisos c), h) y k) anteriores, y la resolución del Tribunal Constitucional las declare inválidas, dicha resolución tendrá efectos generales cuando hubiera sido aprobada por una mayoría de por lo menos seis votos.

En los demás casos, las resoluciones del Tribunal Constitucional tendrán efectos únicamente respecto de las partes en la controversia.

II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.

Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por

a).- El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en contra de leyes federales o del Distrito Federal expedidas por el Congreso de la Unión;

b).- El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes del Senado, en contra de leyes federales o del Distrito Federal expedidas por el Congreso de la Unión o de tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano;

c).- El Procurador General de la República, en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano;

d).- El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de alguno de los órganos legislativos estatales, en contra de leyes expedidas por el propio órgano, y

e).- El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de la Asamblea de Legislativa del Distrito Federal, en contra de leyes expedidas por la propia Asamblea. y

f) Los partidos políticos con registro ante el Instituto Federal Electoral, por conducto de sus dirigencias nacionales, en contra de leyes electorales federales o locales; y los partidos políticos con registro estatal, a través de sus dirigencias, exclusivamente en contra de leyes electorales expedidas por el órgano legislativo del estado que les otorgó el registro.

La única vía para plantear la no conformidad de las leyes electorales a la Constitución es la prevista en este artículo.

Las leyes electorales federales y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales.

g) La Comisión Nacional de Derechos Humanos, por conducto de su Presidente en contra de leyes federales o locales que estime violatorias de las garantías individuales.

Las resoluciones del Tribunal Constitucional sólo podrán declarar la invalidez de las normas impugnadas, siempre que fueran aprobadas por una mayoría de cuando menos seis votos.

La declaración de invalidez de las resoluciones a que se refieren las fracciones I y II de este artículo no tendrá efectos retroactivos, salvo en materia penal, en la que regirán los principios generales y disposiciones legales aplicables de esta materia.

En caso de incumplimiento de las resoluciones a que se refieren las fracciones I y II de este artículo se aplicarán, en lo conducente, por parte del Tribunal Constitucional los procedimientos establecidos en los dos primeros párrafos de la fracción XVI del artículo 107 de esta Constitución.

Transitorios

Primero.- Una vez aprobada y declarada la reforma por el Constituyente Permanente, se publicará en el Diario Oficial de la Federación y entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

Segundo.- El Congreso de la Unión deberá crear la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, en un término de 120 días naturales a la entrada en vigor de la reforma constitucional. En tanto seguirán vigentes las disposiciones previstas en la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 Constitucional.

Tercero.- El nombramiento de los Ministros del Tribunal Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos deberá hacerse dentro de los 90 días siguientes a la entrada en vigor de la presente reforma, al efecto deberán hacerse las modificaciones respectivas a las Leyes Orgánicas que correspondan.

Cuarto.- Con el propósito de escalonar y renovar la integración del Tribunal Constitucional, los Ministros se nombrarán por única vez de la siguiente forma; tres por cinco años, que corresponden a los Ministros designados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Presidente de la República; tres por diez años, que corresponden a los Ministros designados por la Cámara de Diputados; y tres por quince años, que corresponden a los Ministros designados por el Senado de la República.

Quinto.- Las demandas de controversias y acciones de inconstitucionalidad presentadas antes de la integración del Tribunal Constitucional serán desahogadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Dip. Iván García Solís (rúbrica)
 
 

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Oficios II

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DE LA CAMARA DE SENADORES, PARA LOS EFECTOS DEL INCISO G) DEL ARTÍCULO 66 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REMITE PRESUPUESTO PARA ENERO DE 2005

México, DF, a 11 de enero de 2005.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión
Presentes

Para conocimiento de la honorable Comisión Permanente, me permito enviar la siguiente documentación:

1. Presupuesto de Dietas, Honorarios, Sueldos y Gastos de la Cámara de Senadores para el mes de enero de 2005. Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente
Lic. Arturo Garita (rúbrica)
Secretario General
 
 

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Dictámenes

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DE LA PRIMERA COMISION, CON PROYECTO DE DECRETO QUE CONCEDE PERMISO A LOS CIUDADANOS JAIME ROMERO GAMBOA, LUZ YAHAM VÁZQUEZ VILLANUEVA Y XÓCHITL BALCÁZAR MARTÍNEZ PARA PRESTAR SERVICIOS EN EL CONSULADO Y LA EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, RESPECTIVAMENTE; Y A LAS CIUDADANAS CRISTINA NOGUEZ PADILLA Y CARINA MARÍA ELIZALDE DI MARTINO PARA PRESTAR SERVICIOS EN LAS EMBAJADAS DE DINAMARCA Y DE FRANCIA EN MÉXICO, RESPECTIVAMENTE

Honorable Asamblea:

En oficios de fecha 28 de octubre, 8 y 12 de noviembre de 2004, la Secretaría de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Luz Yaham Vázquez Villanueva, Xóchitl Balcázar Martínez, Cristina Noguez Padilla, Carina María Elizalde Di Martino y Jaime Romero Gamboa, puedan prestar servicios de carácter administrativo, en las Embajadas: de los Estados Unidos de América, de Dinamarca y de Francia, en México y en el Consulado General de los Estados Unidos de América, en Ciudad Juárez, Chihuahua, respectivamente.

En sesión celebrada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 5 de enero del año en curso, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

Considerando

a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana, con la copia certificada de sus actas de nacimiento;

b) Que los servicios que los propios interesados prestarán en las Embajadas: de los Estados Unidos de América, de Dinamarca y de Francia, en México y en el Consulado de los Estados Unidos de América, en Ciudad Juárez, Chihuahua, serán de carácter administrativo, y

c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II, del apartado C), del artículo 37 constitucional y al artículo 60, segundo párrafo, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea el siguiente

Proyecto de Decreto

Artículo Primero.- Se concede permiso a la ciudadana Luz Yaham Vázquez Villanueva, para prestar servicios como asistente en la Sección de Recursos Humanos, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.

Artículo Segundo.- Se concede permiso a la ciudadana Xóchitl Balcázar Martínez, para prestar servicios como operadora telefónica en la Sección de Conmutador, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.

Artículo Tercero.- Se concede permiso la ciudadana Cristina Noguez Padilla, para prestar servicios como empleada doméstica, en la Embajada de Dinamarca, en México.

Artículo Cuarto.- Se concede permiso a la ciudadana Carina María Elizalde Di Martino, para prestar servicios como auxiliar contable, en la Embajada de Francia, en México.

Artículo Quinto.- Se concede permiso al ciudadano Jaime Romero Gamboa, para prestar servicios como mecánico de mantenimiento, en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 6 de enero de 2005.

Senadores: Estebal Miguel Alonso Cerón, Presidente (rúbrica); María Luisa Calderón Hinojosa, secretaria (rúbrica); Sadot Sánchez Carreño (rúbrica), Gildardo Gómez Verónica (rúbrica); Erika Lurregui Nagel, Martha Sofía Tamayo Morales, Jorge Zermeño Infante (rúbrica).

Diputados: David Hernández Pérez, secretario (rúbrica); Jorge Romero Romero (rúbrica), José Antonio de la Vega Asmitia (rúbrica), Lizbeth Eugenia Rosas Montero, Esthela de Jesús Ponce Beltrán (rúbrica), José Sigona Torres (rúbrica), Arturo Nahle García (rúbrica), Jesús Emilio Martínez Álvarez (rúbrica).
 
 
 

DE LA SEGUNDA COMISION, QUINCE CON PUNTOS DE ACUERDO POR LOS QUE SE RATIFICAN GRADOS MILITARES A LOS CIUDADANOS CHAVIT TOLEDO CRUZ, RICARDO BAUZA ZUMAYA, CÉSAR CUAUHTÉMOC MENCHACA CAMPOS, ALBERTO EUGENIO MOLINA GALINDO, CARLOS HERNÁNDEZ FLORES, ISMAEL CERVANTES RAMOS, JOSÉ MARTÍNEZ ROCHA, ARTURO CERVANDO CÓRDOVA GUERRERO, CARLOS REYNA AGUIRRE, GERARDO JAVIER VALDÉS AGUIRRE, APOLINAR JUAN MORALES ÁNGELES, RODOLFO CONCEPCIÓN MEJÍA LÓPEZ, RICARDO TREVILLA TREJO, ROBERTO FERNANDO BALCÁZAR MURUETA Y SALVADOR SALAZAR SÁNCHEZ

Honorable Asamblea:

A la Comisión que suscribe le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicio que contiene el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año 2004, por el Presidente de la República, a favor del Coronel Médico Cirujano Chavit Toledo Cruz como General Brigadier Médico Cirujano, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente; para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte:

a) Que ingresó al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, como Cadete en la Escuela de Oficiales de Sanidad Militar el 16 de noviembre de 1967, fue ascendido como Subteniente de Sanidad, por acuerdo del secretario del ramo, el 1 de septiembre de 1970;

b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;

c) Que como miembro del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos ha prestado sus servicios a la nación mexicana durante 37 años, 0 meses y 18 días, con antigüedad en el empleo anterior de 7 años, y

d) Se le han otorgado las condecoraciones de perseverancia hasta la "Especial", correspondiente a 35 años de servicios ininterrumpidos.

De la revisión de la hoja de servicio del nombrado Coronel Médico Cirujano, se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecieron la obtención del grado de General Brigadier Médico Cirujano.

Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea, la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Único: Se ratifica el grado de General Brigadier Médico Cirujano, que el titular del Poder Ejecutivo federal, expidió a favor del ciudadano Chavit Toledo Cruz.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 6 de enero de 2005.

Senadores: Germán Sierra Sánchez, Presidente (rúbrica); Lydia Madero García, secretaria (rúbrica); Sadot Sánchez Carreño (rúbrica), Héctor Larios Córdova (rúbrica), Jorge Doroteo Zapata García, Javier Corral Jurado, César Raúl Ojeda Zubieta (rúbrica).

Diputados: Esthela de Jesús Ponce Beltrán, secretaria (rúbrica); Jorge Romero Romero (rúbrica), Martín Remigio Vidaña Pérez (rúbrica), José Luis Treviño Rodríguez (rúbrica), Lizbeth Eugenia Rosas Montero (rúbrica), María Sara Rocha Medina, José Sigona Torres (rúbrica).
 
 

Honorable Asamblea:

A la Comisión que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicio que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 2004, por el Presidente de la República, a favor del ciudadano Coronel Ingeniero en Transmisiones Militares Ricardo Bauza Zumaya como General Brigadier Ingeniero en Transmisiones Militares, que el Ejecutivo de la Unión, envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte:

a) Que ingresó al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos como Soldado de Transmisiones, el 20 de septiembre de 1963, fue ascendido como Subteniente de Transmisiones, por acuerdo del C. secretario del ramo, el 1o. de septiembre de 1973;

b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;

c) Que como miembro activo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, ha prestado sus servicios a la nación mexicana durante 41 años, 2 meses y 18 días, con antigüedad en el empleo anterior de 7 años, y

d) Se le han otorgado las condecoraciones de perseverancia hasta la "Extraordinaria", por 40 años de servicios ininterrumpidos.

De la revisión de la hoja de servicio del nombrado Coronel Ingeniero en Transmisiones Militares, se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecieron la obtención del grado de General Brigadier Ingeniero en Transmisiones Militares, sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, la aprobación del siguiente:

Punto de Acuerdo

Único.- Se ratifica el grado de General Brigadier Ingeniero en Transmisiones Militares, que el titular del Poder Ejecutivo federal, expidió a favor del ciudadano Ricardo Bauza Zumaya.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 6 de enero de 2005.

Senadores: Germán Sierra Sánchez, Presidente (rúbrica); Lydia Madero García, secretaria (rúbrica); Sadot Sánchez Carreño (rúbrica), Héctor Larios Córdova (rúbrica), Jorge Doroteo Zapata García, Javier Corral Jurado, César Raúl Ojeda Zubieta (rúbrica).

Diputados: Esthela de Jesús Ponce Beltrán, secretaria (rúbrica); Jorge Romero Romero (rúbrica), Martín Remigio Vidaña Pérez (rúbrica), José Luis Treviño Rodríguez (rúbrica), Lizbeth Eugenia Rosas Montero (rúbrica), María Sara Rocha Medina, José Sigona Torres (rúbrica).
 
 

Honorable Asamblea:

A la Comisión que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de Servicio que contiene el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año 2004, por el Presidente de la República, a favor del Coronel del Arma Blindada Diplomado de Estado Mayor, César Cuauhtémoc Menchaca Campos, como General Brigadier Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte:

a) Que ingresó al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, como Cadete Numerario en el Heroico Colegio Militar, el 1o. de septiembre de 1974, fue ascendido como Subteniente de Caballería, por acuerdo del secretario del ramo, el 1o. de septiembre de 1978;

b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;

c) Que como miembro del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos ha prestado sus servicios a la nación mexicana durante 30 años, 3 meses y 7 días, con antigüedad en el empleo anterior de 6 años, y

d) Se le han otorgado las condecoraciones de perseverancia hasta la de 1ª Clase por 30 años de servicios ininterrumpidos.

De la revisión de la hoja de servicio del nombrado Coronel del Arma Blindada Diplomado de Estado Mayor, se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecieron la obtención del grado de General Brigadier Diplomado de Estado Mayor, sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea, la aprobación del siguiente:

Punto de Acuerdo

Único.- Se ratifica el grado de General Brigadier Diplomado de Estado Mayor, que el titular del Poder Ejecutivo federal, expidió a favor del ciudadano César Cuauhtémoc Menchaca Campos.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 6 de enero de 2005.

Senadores: Germán Sierra Sánchez, Presidente (rúbrica); Lydia Madero García, secretaria (rúbrica); Sadot Sánchez Carreño (rúbrica), Héctor Larios Córdova (rúbrica), Jorge Doroteo Zapata García, Javier Corral Jurado, César Raúl Ojeda Zubieta (rúbrica).

Diputados: Esthela de Jesús Ponce Beltrán, secretaria (rúbrica); Jorge Romero Romero (rúbrica), Martín Remigio Vidaña Pérez (rúbrica), José Luis Treviño Rodríguez (rúbrica), Lizbeth Eugenia Rosas Montero (rúbrica), María Sara Rocha Medina, José Sigona Torres (rúbrica).
 
 

Honorable Asamblea:

A la Comisión que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicio que contiene el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año 2004, por el Presidente de la República, a favor del Teniente , Coronel de Infantería, Alberto Eugenio Molina Galindo, como Coronel de Infantería, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte:

a) Que ingresó al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, como Cadete Numerario en el Heroico Colegio Militar, el 1o. de septiembre de 1975, fue ascendido como Subteniente de Infantería, por acuerdo del secretario del ramo, el 1o. de septiembre de 1979;

b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;

c) Que como miembro del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos ha prestado sus servicios a la nación mexicana durante 29 años, 3 meses y 7 días, con antigüedad en el empleo anterior de 6 años, y

d) Se le han otorgado las condecoraciones de perseverancia hasta la de 2ª Clase por 25 años de servicios ininterrumpidos.

De la revisión de la hoja de servicio del nombrado Teniente Coronel de Infantería, se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecieron la obtención del grado de Coronel de Infantería, sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea, la aprobación del siguiente:

Punto de Acuerdo

Único.- Se ratifica el grado de Coronel de Infantería, que el titular del Poder Ejecutivo federal, expidió a favor del ciudadano Alberto Eugenio Molina Galindo.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 6 de enero de 2005.

Senadores: Germán Sierra Sánchez, Presidente (rúbrica); Lydia Madero García, secretaria (rúbrica); Sadot Sánchez Carreño (rúbrica), Héctor Larios Córdova (rúbrica), Jorge Doroteo Zapata García, Javier Corral Jurado, César Raúl Ojeda Zubieta (rúbrica).

Diputados: Esthela de Jesús Ponce Beltrán, secretaria (rúbrica); Jorge Romero Romero (rúbrica), Martín Remigio Vidaña Pérez (rúbrica), José Luis Treviño Rodríguez (rúbrica), Lizbeth Eugenia Rosas Montero (rúbrica), María Sara Rocha Medina, José Sigona Torres (rúbrica).
 
 

Honorable Asamblea:

A la Comisión que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicio que contiene el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año 2004, por el Presidente de la República, a favor del Teniente Coronel de Infantería, Carlos Hernández Flores, como Coronel de Infantería, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte:

a) Que ingresó al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, como Cadete en el Heroico Colegio Militar, el 1o. de septiembre de 1970, fue ascendido como Subteniente de Infantería, por acuerdo del secretario del ramo, el lo. de septiembre de 1974;

b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;

c) Que como miembro del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos ha prestado sus servicios a la nación mexicana durante 34 años, 3 meses y 6 días, con antigüedad en el empleo anterior de 10 años, y

d) Se le han otorgado las condecoraciones de perseverancia hasta la de 1ª Clase por 30 años de servicios ininterrumpidos.

De la revisión de la hoja de servicio del nombrado Teniente Coronel de Infantería, se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecieron la obtención del grado de Coronel de Infantería, sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea, la aprobación del siguiente:

Punto de Acuerdo

Único.- Se ratifica el grado de Coronel de Infantería, que el titular del Poder Ejecutivo federal, expidió a favor del ciudadano Carlos Hernández Flores.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 6 de enero de 2005.

Senadores: Germán Sierra Sánchez, Presidente (rúbrica); Lydia Madero García, secretaria (rúbrica); Sadot Sánchez Carreño (rúbrica), Héctor Larios Córdova (rúbrica), Jorge Doroteo Zapata García, Javier Corral Jurado, César Raúl Ojeda Zubieta (rúbrica).

Diputados: Esthela de Jesús Ponce Beltrán, secretaria (rúbrica); Jorge Romero Romero (rúbrica), Martín Remigio Vidaña Pérez (rúbrica), José Luis Treviño Rodríguez (rúbrica), Lizbeth Eugenia Rosas Montero (rúbrica), María Sara Rocha Medina, José Sigona Torres (rúbrica).
 
 

Honorable Asamblea:

A la Comisión que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicio que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 2004, por el Presidente de la República, a favor del ciudadano Teniente Coronel de Infantería Ismael Cervantes Ramos como Coronel de Infantería, que el Ejecutivo de la Unión, envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del articulo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte:

a) Que ingresó al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos como Soldado de Infantería, el 28 de abril de 1969, fue ascendido como Subteniente de Infantería, por acuerdo del C. secretario del ramo, el lo. de septiembre de 1980;

b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;

c) Que como miembro activo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, ha prestado sus servicios a la nación mexicana durante 35 años, 7 meses y 10 días, con antigüedad en el empleo anterior de 6 años, y

d) Se le han otorgado las condecoraciones de perseverancia hasta la "Especial", por 35 años de servicios ininterrumpidos.

De la revisión de la hoja de servicio del nombrado Teniente Coronel de Infantería, se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecieron la obtención del grado de Coronel de Infantería, sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, la aprobación del siguiente:

Punto de Acuerdo

Único.- Se ratifica el grado de Coronel de Infantería, que el titular del Poder Ejecutivo federal, expidió a favor del ciudadano Ismael Cervantes Ramos.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 6 enero de 2005.

Senadores: Germán Sierra Sánchez, Presidente (rúbrica); Lydia Madero García, secretaria (rúbrica); Sadot Sánchez Carreño (rúbrica), Héctor Larios Córdova (rúbrica), Jorge Doroteo Zapata García, Javier Corral Jurado, César Raúl Ojeda Zubieta (rúbrica).

Diputados: Esthela de Jesús Ponce Beltrán, secretaria (rúbrica); Jorge Romero Romero (rúbrica), Martín Remigio Vidaña Pérez (rúbrica), José Luis Treviño Rodríguez (rúbrica), Lizbeth Eugenia Rosas Montero (rúbrica), María Sara Rocha Medina, José Sigona Torres (rúbrica).
 
 

Honorable Asamblea:

A la Comisión que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicio que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 2004, por el Presidente de la República, a favor del ciudadano Teniente Coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor José Martínez Rocha como Coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión, envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte:

a) Que ingresó al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos como Cadete, el 1o. de septiembre de 1980, fue ascendido como Subteniente de Infantería, por acuerdo del C. secretario del ramo, el lo. de septiembre de 1984;

b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;

c) Que como miembro activo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, ha prestado sus servicios a la nación mexicana durante 24 años, 3 meses y 6 días, con antigüedad en el empleo anterior de 4 años, y

d) Se le han otorgado las condecoraciones de perseverancia hasta la de 3ª Clase, por 20 años de servicios ininterrumpidos.

De la revisión de la hoja de servicio del nombrado Teniente Coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor, se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecieron la obtención del grado de Coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor, sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, la aprobación del siguiente:
 
 

Punto de Acuerdo

Único.- Se ratifica el grado de Coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor, que el titular del Poder Ejecutivo federal, expidió a favor del ciudadano José Martínez Rocha.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 6 de enero de 2005.

Senadores: Germán Sierra Sánchez, Presidente (rúbrica); Lydia Madero García, secretaria (rúbrica); Sadot Sánchez Carreño (rúbrica), Héctor Larios Córdova (rúbrica), Jorge Doroteo Zapata García, Javier Corral Jurado, César Raúl Ojeda Zubieta (rúbrica).

Diputados: Esthela de Jesús Ponce Beltrán, secretaria (rúbrica); Jorge Romero Romero (rúbrica), Martín Remigio Vidaña Pérez (rúbrica), José Luis Treviño Rodríguez (rúbrica), Lizbeth Eugenia Rosas Montero (rúbrica), María Sara Rocha Medina, José Sigona Torres (rúbrica).
 
 

Honorable Asamblea:

A la Comisión que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicio que contiene el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año 2004, por el Presidente de la República, a favor del Teniente Coronel de Fuerza Aérea Especialista en Mantenimiento de Aviación Arturo Cervando Córdova Guerrero, como Coronel de Fuerza Aérea Especialista en Mantenimiento de Aviación, que el Ejecutivo de la Unión envío a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte:

a) Que ingresó al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, como Alumno, en la Escuela Militar de Mantenimiento y Abastecimiento, dependiente del Colegio del Aire el 24 de septiembre de 1968, fue ascendido como Subteniente de Fuerza Aérea Especialista en Mantenimiento de Aviación, por acuerdo del secretario del ramo, el 1 de septiembre de 1979;

b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;

c) Que como miembro del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos ha prestado sus servicios a la nación mexicana durante 36 años, 2 meses y 14 días, con antigüedad en el empleo anterior de 7 años, y

d) Se le han otorgado las condecoraciones de perseverancia hasta la "Especial", correspondiente a 35 años de servicios ininterrumpidos.

De la revisión de la hoja de servicio del nombrado Teniente Coronel de Fuerza Aérea Especialista en Mantenimiento de Aviación, se deduce que el interesado reunió los requisitos que merecieron la obtención del grado de Coronel de Fuerza Aérea Especialista en Mantenimiento de Aviación, sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea, la aprobación del siguiente:

Punto de Acuerdo

Único: Se ratifica el grado de Coronel de Fuerza Aérea Especialista en Mantenimiento de Aviación, que el titular del Poder Ejecutivo federal, expidió a favor del ciudadano Arturo Cervando Córdova Guerrero.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 6 de enero de 2005.

Senadores: Germán Sierra Sánchez, Presidente (rúbrica); Lydia Madero García, secretaria (rúbrica); Sadot Sánchez Carreño (rúbrica), Héctor Larios Córdova (rúbrica), Jorge Doroteo Zapata García, Javier Corral Jurado, César Raúl Ojeda Zubieta (rúbrica).

Diputados: Esthela de Jesús Ponce Beltrán, secretaria (rúbrica); Jorge Romero Romero (rúbrica), Martín Remigio Vidaña Pérez (rúbrica), José Luis Treviño Rodríguez (rúbrica), Lizbeth Eugenia Rosas Montero (rúbrica), María Sara Rocha Medina, José Sigona Torres (rúbrica).
 
 

Honorable Asamblea:

A la Comisión que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicio que contiene el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año 2004, por el Presidente de la República, a favor del Teniente Coronel Médico Cirujano Carlos Reyna Aguirre, como Coronel Médico Cirujano, que el Ejecutivo de la Unión envío a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte:

a) Que ingresó al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, como Cadete en la Escuela Médico Militar, el 1o. de septiembre de 1973, fue ascendido como Capitán Primero Pasante de Medicina, por acuerdo del secretario del ramo, el 1 de septiembre de 1978;

b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;

c) Que como miembro del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos ha prestado sus servicios a la nación mexicana durante 31 años, 3 meses y 3 días, con antigüedad en el empleo anterior de 12 años, y

d) Se le han otorgado las condecoraciones de perseverancia hasta la de 1ª Clase, correspondiente a 30 años de servicios ininterrumpidos.

De la revisión de la hoja de servicio del nombrado Teniente Coronel Médico Cirujano, se deduce que el interesado reunió los requisitos que merecieron la obtención del grado de Coronel Médico Cirujano, sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea, la aprobación del siguiente:

Punto de Acuerdo

Único: Se ratifica el grado de Coronel Médico Cirujano, que el titular del Poder Ejecutivo federal, expidió a favor del ciudadano Carlos Reyna Aguirre.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 6 de enero de 2005.

Senadores: Germán Sierra Sánchez, Presidente (rúbrica); Lydia Madero García, secretaria (rúbrica); Sadot Sánchez Carreño (rúbrica), Héctor Larios Córdova (rúbrica), Jorge Doroteo Zapata García, Javier Corral Jurado, César Raúl Ojeda Zubieta (rúbrica).

Diputados: Esthela de Jesús Ponce Beltrán, secretaria (rúbrica); Jorge Romero Romero (rúbrica), Martín Remigio Vidaña Pérez (rúbrica), José Luis Treviño Rodríguez (rúbrica), Lizbeth Eugenia Rosas Montero (rúbrica), María Sara Rocha Medina, José Sigona Torres (rúbrica).
 
 

Honorable Asamblea:

A la Comisión que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicio que contiene el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año 2004, por el Presidente de la República, a favor del ciudadano Teniente Coronel Médico Cirujano Gerardo Javier Valdés Aguirre, como Coronel Médico Cirujano, que el Ejecutivo de la Unión, envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte:

a) Que ingresó al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, como Cadete en la Escuela Médico Militar, el 23 de noviembre de 1971, fue ascendido como Capitán Primero Pasante de Medicina, por acuerdo del C. secretario del ramo, el 1o. de septiembre de 1976;

b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;

c) Que como miembro del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, ha prestado sus servicios a la nación mexicana durante 33 años, 0 meses y 14 días, con antigüedad en el empleo anterior de 12 años, y

d) Se le han otorgado las condecoraciones de perseverancia hasta la de 1ª Clase, correspondiente a 30 años de servicios ininterrumpidos.

De la revisión de la hoja de servicio del nombrado Teniente Coronel Médico Cirujano, se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecieron la obtención del grado de Coronel Médico Cirujano, sujeto a ratificación.

Por lo tanto, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea, la aprobación del siguiente:

Punto de Acuerdo

Único: Se ratifica el grado de Coronel Médico Cirujano, que el titular del Poder Ejecutivo federal, expidió a favor del ciudadano Gerardo Javier Valdés Aguirre.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 6 enero de 2005.

Senadores: Germán Sierra Sánchez, Presidente (rúbrica); Lydia Madero García, secretaria (rúbrica); Sadot Sánchez Carreño (rúbrica), Héctor Larios Córdova (rúbrica), Jorge Doroteo Zapata García, Javier Corral Jurado, César Raúl Ojeda Zubieta (rúbrica).

Diputados: Esthela de Jesús Ponce Beltrán, secretaria (rúbrica); Jorge Romero Romero (rúbrica), Martín Remigio Vidaña Pérez (rúbrica), José Luis Treviño Rodríguez (rúbrica), Lizbeth Eugenia Rosas Montero (rúbrica), María Sara Rocha Medina, José Sigona Torres (rúbrica).
 
 

Honorable Asamblea:

A la Comisión que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicio que contiene el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año 2004, por el Presidente de la República, a favor del Teniente Coronel de Artillería Diplomado de Estado Mayor, Apolinar Juan Morales Ángeles, como Coronel de Artillería Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte:

a) Que ingresó al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, como Cadete Numerario en el Heroico Colegio Militar, el 1o. de septiembre de 1977, fue ascendido como Subteniente de Artillería, por acuerdo del secretario del ramo, el 1o. de septiembre de 1981;

b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;

c) Que como miembro del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos ha prestado sus servicios a la nación mexicana durante 27 años, 3 meses y 6 días, con antigüedad en el empleo anterior de 7 años, y

d) Se le han otorgado las condecoraciones de perseverancia hasta la de 2ª Clase, por 25 años de servicios ininterrumpidos.

De la revisión de la hoja de servicio del nombrado Teniente Coronel de Artillería Diplomado de Estado Mayor, se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecieron la obtención del grado de Coronel de Artillería Diplomado de Estado Mayor, sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea, la aprobación del siguiente:

Punto de Acuerdo

Único.- Se ratifica el grado de Coronel de Artillería Diplomado de Estado Mayor, que el titular del Poder Ejecutivo federal, expidió a favor del ciudadano Apolinar Juan Morales Ángeles.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 6 de enero de 2005.

Senadores: Germán Sierra Sánchez, Presidente (rúbrica); Lydia Madero García, secretaria (rúbrica); Sadot Sánchez Carreño (rúbrica), Héctor Larios Córdova (rúbrica), Jorge Doroteo Zapata García, Javier Corral Jurado, César Raúl Ojeda Zubieta (rúbrica).

Diputados: Esthela de Jesús Ponce Beltrán, secretaria (rúbrica); Jorge Romero Romero (rúbrica), Martín Remigio Vidaña Pérez (rúbrica), José Luis Treviño Rodríguez (rúbrica), Lizbeth Eugenia Rosas Montero (rúbrica), María Sara Rocha Medina, José Sigona Torres (rúbrica).
 
 

Honorable Asamblea:

A la Comisión que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicio que contiene el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año 2004, por el Presidente de la República, a favor del Teniente Coronel Médico Cirujano Rodolfo Concepción Mejía López como Coronel Médico Cirujano, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte:

a) Que ingresó al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, como Cadete al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en la Escuela Médico Militar el 1 de septiembre de 1973, fue ascendido como Capitán Primero Pasante de Medicina, por acuerdo del secretario del ramo, el 1 de septiembre de 1978;

b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;

c) Que como miembro del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos ha prestado sus servicios a la nación mexicana durante 31 años, 3 meses y 6 días, con antigüedad en el empleo anterior de 6 años, y

d) Se le han otorgado las condecoraciones de perseverancia hasta la de 1ª Clase, correspondiente a 30 años de servicios ininterrumpidos.

De la revisión de la hoja de servicios del nombrado Teniente Coronel Médico Cirujano, se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecieron la obtención del grado de Coronel Médico Cirujano.

Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea, la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Único: Se ratifica el grado de Coronel Médico Cirujano, que el titular del Poder Ejecutivo federal expidió, a favor del ciudadano Rodolfo Concepción Mejía López.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 6 de enero de 2005.

Senadores: Germán Sierra Sánchez, Presidente (rúbrica); Lydia Madero García, secretaria (rúbrica); Sadot Sánchez Carreño (rúbrica), Héctor Larios Córdova (rúbrica), Jorge Doroteo Zapata García, Javier Corral Jurado, César Raúl Ojeda Zubieta (rúbrica).

Diputados: Esthela de Jesús Ponce Beltrán, secretaria (rúbrica); Jorge Romero Romero (rúbrica), Martín Remigio Vidaña Pérez (rúbrica), José Luis Treviño Rodríguez (rúbrica), Lizbeth Eugenia Rosas Montero (rúbrica), María Sara Rocha Medina, José Sigona Torres (rúbrica).
 
 

Honorable Asamblea:

A la Comisión que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicio que contiene el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año 2004, por el Presidente de la República, a favor del Teniente Coronel de Caballería Diplomado de Estado Mayor Ricardo Trevilla Trejo como Coronel de Caballería Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte:

a) Que ingresó al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, como Cadete Numerario en el Heroico Colegio Militar, el 1 de septiembre de 1978, fue ascendido como Subteniente de Caballería, por acuerdo del secretario del ramo, el 1 de septiembre de 1982;

b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;

c) Que como miembro del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos ha prestado sus servicios a la nación mexicana durante 26 años, 3 meses y 7 días, con antigüedad en el empleo anterior de 6 años, y

d) Se le han otorgado las condecoraciones de perseverancia hasta la de 2ª Clase, correspondiente a 25 años de servicios ininterrumpidos.

De la revisión de la hoja de servicio del nombrado Teniente Coronel de Caballería Diplomado de Estado Mayor, se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecieron la obtención del grado de Coronel de Caballería Diplomado de Estado Mayor.

Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea, la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Único: Se ratifica el grado de Coronel de Caballería Diplomado de Estado Mayor, que el titular del Poder Ejecutivo federal, expidió a favor del ciudadano Ricardo Trevilla Trejo.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 6 de enero de 2005.

Senadores: Germán Sierra Sánchez, Presidente (rúbrica); Lydia Madero García, secretaria (rúbrica); Sadot Sánchez Carreño (rúbrica), Héctor Larios Córdova (rúbrica), Jorge Doroteo Zapata García, Javier Corral Jurado, César Raúl Ojeda Zubieta (rúbrica).

Diputados: Esthela de Jesús Ponce Beltrán, secretaria (rúbrica); Jorge Romero Romero (rúbrica), Martín Remigio Vidaña Pérez (rúbrica), José Luis Treviño Rodríguez (rúbrica), Lizbeth Eugenia Rosas Montero (rúbrica), María Sara Rocha Medina, José Sigona Torres (rúbrica).
 
 

Honorable Asamblea:

A la Comisión que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicio que contiene el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año 2004, por el Presidente de la República, a favor del Teniente Coronel Médico Cirujano, Roberto Fernando Balcázar Murueta, como Coronel Médico Cirujano, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte:

a) Que ingresó al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, como Cadete en la Escuela de Oficiales de Sanidad Militar, el 1o. de septiembre de 1974, fue ascendido como Subteniente de Sanidad, por acuerdo del secretario del ramo, el 1o. de septiembre de 1977;

b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;

c) Que como miembro del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos ha prestado sus servicios a la nación mexicana durante 30 años, 3 meses y 6 días, con antigüedad en el empleo anterior de 11 años, y

d) Se le han otorgado las condecoraciones de perseverancia hasta la de 1ª Clase por 30 años de servicios ininterrumpidos.

De la revisión de la hoja de servicio del nombrado Teniente Coronel Médico Cirujano, se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecieron la obtención del grado de Coronel Médico Cirujano, sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea, la aprobación del siguiente:

Punto de Acuerdo

Único.- Se ratifica el grado de Coronel Médico Cirujano, que el titular del Poder Ejecutivo federal, expidió a favor del ciudadano Roberto Fernando Balcázar Murueta.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 6 enero de 2005.

Senadores: Germán Sierra Sánchez, Presidente (rúbrica); Lydia Madero García, secretaria (rúbrica); Sadot Sánchez Carreño (rúbrica), Héctor Larios Córdova (rúbrica), Jorge Doroteo Zapata García, Javier Corral Jurado, César Raúl Ojeda Zubieta (rúbrica).

Diputados: Esthela de Jesús Ponce Beltrán, secretaria (rúbrica); Jorge Romero Romero (rúbrica), Martín Remigio Vidaña Pérez (rúbrica), José Luis Treviño Rodríguez (rúbrica), Lizbeth Eugenia Rosas Montero (rúbrica), María Sara Rocha Medina, José Sigona Torres (rúbrica).
 
 

Honorable Asamblea:

A la Comisión que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicio que contiene el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año 2004, por el Presidente de la República, a favor del Teniente Coronel de Infantería, Salvador Salazar Sánchez, como Coronel de Infantería, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte:

a) Que ingresó al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, como Cadete Numerario en el Heroico Colegio Militar, el 1o. de septiembre de 1974, fue ascendido como Subteniente de Infantería, por acuerdo del secretario del ramo, el lo. de septiembre de 1978;

b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;

c) Que como miembro del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos ha prestado sus servicios a la nación mexicana durante 30 años, 3 meses y 3 días, con antigüedad en el empleo anterior de 9 años, y

d) Se le han otorgado las condecoraciones de perseverancia hasta la de 1ª Clase, por 30 años de servicios ininterrumpidos.

De la revisión de la hoja de servicio del nombrado Teniente Coronel de Infantería, se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecieron la obtención del grado de Coronel de Infantería, sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea, la aprobación del siguiente:

Punto de Acuerdo

Único.- Se ratifica el grado de Coronel de Infantería, que el titular del Poder Ejecutivo federal, expidió a favor del ciudadano Salvador Salazar Sánchez.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 6 enero de 2005.

Senadores: Germán Sierra Sánchez, Presidente (rúbrica); Lydia Madero García, secretaria (rúbrica); Sadot Sánchez Carreño (rúbrica), Héctor Larios Córdova (rúbrica), Jorge Doroteo Zapata García, Javier Corral Jurado, César Raúl Ojeda Zubieta (rúbrica).

Diputados: Esthela de Jesús Ponce Beltrán, secretaria (rúbrica); Jorge Romero Romero (rúbrica), Martín Remigio Vidaña Pérez (rúbrica), José Luis Treviño Rodríguez (rúbrica), Lizbeth Eugenia Rosas Montero (rúbrica), María Sara Rocha Medina, José Sigona Torres (rúbrica).
 
 
 

DE LA TERCERA COMISION, CON PUNTOS DE ACUERDO EN RELACIÓN CON LA PROPOSICIÓN PARA QUE COMPAREZCA EL DIRECTOR DEL FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO E INFORME SOBRE LA COMPRAVENTA DE TERRENOS DEL PROYECTO RIVIERA CANCÚN, EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del periodo ordinario de sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LIX Legislatura, fue turnada la propuesta con Punto de Acuerdo en relación a la Comparecencia del Director del Fondo Nacional del Fomento al Turismo, a efecto de que informe sobre la compra-venta de terrenos en el Estado de Quintana Roo, presentado por el Senador César Raúl Ojeda Zubieta en la pasada sesión del 22 de diciembre de 2004.

Los CC. Legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y análisis en relación con los planteamientos abordados en la propuesta con Punto de Acuerdo, a efecto de valorar su contenido y deliberar sobre el particular e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58, 60 y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, someten a consideración de la Asamblea el siguiente:

DICTAMEN

I. Análisis de la propuesta

La propuesta de mérito destaca la relevancia para la opinión pública la sospecha de suponer un daño patrimonial a la Nación por la venta de áreas costeras a un empresa turística.

Se expone que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), autorizó la operación y venta al Grupo Golf & Resorts, un terreno de 377 hectáreas con frente de playa a un precio de 71 pesos por metro cuadrado, siendo que el valor catastral oscila a un precio de 1,750 pesos por metro y su valor comercial oscila entre seis mil a ocho mil pesos.

Se manifiesta que la operación se realizó sin considerar el valor catastral y el nuevo uso de suelo que se destino de forestal a urbano, mismo que fue modificado por el Cabildo del Municipio Benito Juárez en junio de 2003, cuando la operación comercial fue realizada un año y tres meses posteriormente. Además se expresa que la adjudicación del terreno por el grupo hotelero se realizó sin mediar licitación alguna.

Se infiere que para el desarrollo comercial de diversos proyectos hoteleros se estarían destruyendo 264 hectáreas de manglares, los cuales tienen una importancia para la integridad de los ecosistemas lagunares costeros, pastos marinos y corales.

Asimismo, la exposición de la propuesta con punto de acuerdo advierte el riesgo de perder fauna como el oso hormiguero, el cocodrilo pantanero, la iguana negra, aunado a que es un área de anidación de las especies de tortuga blanca, carey y caguama, lo cual ha sido cuestionado por diversas organizaciones ambientalistas e incluso por autoridades ambientales federales y locales.

II. Consideraciones de la Comisión

La Comisión que dictamina coincide con los motivos expresados en la Propuesta con Punto de Acuerdo que se analiza, en virtud de que en un Estado de derecho es imprescindible dar cabal cumplimiento a las disposiciones de la Ley y ajustarse a las prácticas de transparencia y buen gobierno, las cuales no generen dudas sobre el cumplimiento de la normatividad.

Asimismo, se coincide con citar a reunión de trabajo al C. John Mc Carthy Sandland, Titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), para que explique el procedimiento administrativo y jurídico seguido en la venta de los terrenos del municipio de Benito Juárez, del Estado de Quintana Roo a favor del grupo Golf & Resorts.

Por su parte, resulta indispensable que explique los estudios de impacto ambiental, necesarios para la culminación del propio proceso de enajenación de los citados terrenos y las medidas que se tienen consideradas para la preservación de los ecosistemas.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58, 60 y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión se permite someter a la consideración de la Comisión Permanente la aprobación del siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Se solicita a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, realice los trámites correspondientes para que comparezca ante la Tercera Comisión de Trabajo el Director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) a efecto de que informe sobre lo siguiente:

a) El procedimiento legal seguido para vender los terrenos sin licitación y los instrumentos jurídicos suscritos para dicho propósito.

b) La acreditación de los permisos y licencias de autorización del proyecto.

c) El Estudio de Impacto Ambiental y las medidas de mitigación de los efectos dañinos que producirá el desarrollo turístico.

d) La descripción pormenorizada del proyecto en su conjunto.

SEGUNDO.- Se solicita a la Auditoria Superior de la Federación, para que revise en el ámbito de sus facultades, los procedimientos correspondientes ejecutados por FONATUR para la venta de 377 hectáreas de terreno del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo al Grupo Golf & Resorts.

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los cinco días del mes de enero de dos mil cinco.

Suscriben por la Tercera Comisión de Trabajo:

Dip. José Guadalupe Osuna Millán (rúbrica), Presidente; Dip. Víctor Manuel Alcérreca Sánchez (rúbrica), Dip. Javier Salinas Narváez, secretarios; Dip. María Sara Rocha Medina (rúbrica), Dip. Alfredo Villegas Arreola (rúbrica), Dip. Martín Remigio Vidaña Pérez (rúbrica), Sen. Raymundo Gómez Flores, Sen. Martha Sofía Tamayo Morales, Sen. Héctor Larios Córdova (rúbrica), Sen. Jesús Galván Muñoz (rúbrica), Dip. José Luis Treviño Rodríguez (rúbrica), Dip. María del Carmen Mendoza Flores (rúbrica), Sen. Armando Chavarría Barrera, Dip. Leonardo Álvarez Romo, Dip. Joel Padilla Peña.
 
 
 

DE LA TERCERA COMISION, CON PUNTO DE ACUERDO EN RELACIÓN CON LA PROPOSICIÓN PARA QUE SE EXHORTE A LOS SECRETARIOS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA A REALIZAR LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LLEVAR A CABO LAS OBRAS DE LA CARRETERA LAGOS DE MORENO-SAN LUIS POTOSÍ

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del periodo ordinario de sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LIX Legislatura, fue turnada la propuesta con Punto de Acuerdo en relación a exhortar a los titulares de Comunicaciones y Transportes y de la Función Pública para que se concluyan las obras de la carretera Lagos de Moreno-San Luis Potosí., presentado por el Diputado José Luis Treviño Rodríguez en la pasada sesión del 29 de diciembre de 2004.

Los CC. Legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y análisis en relación con los planteamientos abordados en la propuesta con Punto de Acuerdo, a efecto de valorar su contenido y deliberar sobre el particular e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58, 60 y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, someten a consideración de la Asamblea el siguiente:

DICTAMEN

I. Análisis de la propuesta

La proposición de punto de acuerdo resalta la importancia de las comunicaciones y transportes para la integración social y geográfica del país. No obstante, a pesar que existe un contrato firmado entre el gobierno federal y un particular, la constructora Qhuazcani, S.A de C.V., en el año 2001, se enuncia que a partir de julio de 2004 se inició un procedimiento de terminación anticipada por no tener la certeza de contar con los recursos fiscales necesarios y por ende la conclusión de los trabajos.

Posteriormente inicio un proceso administrativo de conciliación de intereses de las partes para que se reinicien y concluyan los trabajos, sin que se haya tenido un buen entendimiento, motivo por el cual la constructora demando a la SCT y obtuvo una suspensión provisional dictada por una Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, lo cual el conflicto pudiera prolongarse por un mayor periodo indeterminado.

Por último, el proponente considera necesario que el Titular de la SCT, designe a una persona con facultades y capacidad para negociar con la constructora y poder llevar a solución el conflicto.

II. Consideraciones de la Comisión

La Comisión que dictamina conoce los motivos expresados en la Propuesta con Punto de Acuerdo que se analiza y coincide con el proponente en el sentido que las comunicaciones y transportes son actividades fundamentales para el desarrollo social y económico de las regiones.

Los legisladores se manifiestan a favor de que los responsables del ramo, de acuerdo con sus facultades legales realicen las acciones necesarias y cumplan con los principios de eficiencia y eficacia en el desempeño de los cargos públicos a favor de los intereses de los ciudadanos y realicen las acciones necesarias para que concilien los conflictos y se reinicien a la brevedad las obras de construcción de los tramos carreteros enunciados y que retrasan las acciones de progreso de los ciudadanos de los municipios del norte de Jalisco y de los cientos de miles de personas que transitan por esas importantes vías de comunicación.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58, 60 y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión se permite someter a la consideración de la Comisión Permanente la aprobación del siguiente:

ACUERDO

UNICO.- Se exhorta a los Titulares de las Secretarías de Comunicaciones y Transportes y de la Función Pública, a que realicen en conjunto las actividades necesarias para llevar a la brevedad posible y con buen término las obras de la carretera Lagos de Moreno-San Luis Potosí en el tramo comprendido entre Lagos de Moreno y "Las Amarillas" y el nodo vial que está inconcluso en Lagos de Moreno, Jalisco.

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los cinco días del mes de enero de dos mil cinco.

Suscriben por la Tercera Comisión de Trabajo:

Dip. José Guadalupe Osuna Millán (rúbrica), Presidente; Dip. Víctor Manuel Alcérreca Sánchez (rúbrica), Dip. Javier Salinas Narváez, secretarios; Dip. María Sara Rocha Medina (rúbrica), Dip. Alfredo Villegas Arreola (rúbrica), Dip. Martín Remigio Vidaña Pérez (rúbrica), Sen. Raymundo Gómez Flores, Sen. Martha Sofía Tamayo Morales, Sen. Héctor Larios Córdova (rúbrica), Sen. Jesús Galván Muñoz (rúbrica), Dip. José Luis Treviño Rodríguez (rúbrica), Dip. María del Carmen Mendoza Flores (rúbrica), Sen. Armando Chavarría Barrera, Dip. Leonardo Álvarez Romo, Dip. Joel Padilla Peña.
 
 
 

DE LA TERCERA COMISION, CON PUNTO DE ACUERDO EN RELACIÓN CON LA PROPOSICIÓN PARA EXHORTAR AL SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AL DIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES Y AL DIRECTOR LIQUIDADOR DEL BANRURAL PARA LA TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE LAS BODEGAS UBICADAS EN LA CENTRAL DE ABASTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del periodo ordinario de sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LIX Legislatura, fue turnada la propuesta con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Secretario de Hacienda y Crédito Público, al Director General del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes y al Director Liquidador de Banrural, para que realicen la transferencia de derechos de las bodegas ubicadas en la Central de Abastos de la Ciudad de México, presentado por la Diputada Lizbeth Rosas Moreno en la pasada sesión del 29 de diciembre de 2004.

Los CC. Legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y análisis en relación con los planteamientos abordados en la propuesta con Punto de Acuerdo, a efecto de valorar su contenido y deliberar sobre el particular e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58, 60 y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, someten a consideración de la Asamblea el siguiente:

DICTAMEN

I. Análisis de la propuesta

La propuesta de mérito señala que la UNIÓN NACIONAL PARA LA ACCIÓN INDÍGENA URBANA CAMPESINA, A.C., solicitaron la Transferencia de derechos de unas bodegas de la Central de Abastos al Gerente del Banco Nacional de Crédito Rural, S.N.C. (BANRURAL).

Se menciona una reunión entre los interesados con el Lic. Alfredo Gómez Aguirre, Director de Dicha institución y acordaron la transferencia y respectiva tramitación del derecho de uso de las Bodegas.

Se expone que pese dicho acuerdo, no se ha podido concluir el trámite debido a la recurrente expedición de requisitos a los interesados, quienes han enfrentado una serie de trámites burocráticos e infieren la negativa de la transferencia de dichos bienes inmuebles.

La proponente solicita el pronunciamiento en tres puntos exhortar al Secretario de Hacienda y Crédito Público y al Director General de Servicio de Administración y Enajenación de Bienes para responder y ofrecer una solución a la organización social.

Se exhorta al Director Liquidador de Banrural para que de manera inmediata realice la transferencia de derechos de las bodegas a favor de la Unión Nacional para la Acción Indígena Urbano Campesina, A.C.

Y tercero que la institución acepte el monto propuesto por la asociación o se tenga una propuesta seria y concreta para solucionar el problema.

II. Consideraciones de la Comisión

La Comisión que dictamina coincide con la voluntad y los motivos expresados en la Propuesta con Punto de Acuerdo que se analiza, en virtud que la representación popular atiende los derechos de sus representados y se ofrece como el vehículo para expresar las demandas legítimas y legales ante las autoridades gubernamentales.

No obstante, conoce y atiende el principio de separación de poderes consagrado en la Constitución por lo cual, los legisladores deberán sujetarse a las funciones y facultades expresas de la Constitución y de las leyes que emanan de ésta.

Los integrantes de la Tercera Comisión, estudiaron la normatividad aplicable y encontraron que en efecto la Ley Orgánica de la Financiera Rural, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de diciembre de 2002, sustituye y liquida a las sociedades nacionales de crédito señaladas en el artículo tercero transitorio entre las que se encuentra BANRURAL.

No obstante, en el Artículo Décimo Tercer Transitorio de la Citada Ley que a letra dice:

"Los bienes muebles e inmuebles de las sociedad nacionales de crédito que se liquidan así como los que éstas se hayan adjudicado en pago, deberán transferirse o enajenarse, según su naturaleza y mejor aprovechamiento, a la Financiera o a dependencias y entidades paraestatales de la Administración Pública Federal, de conformidad con las disposiciones legales aplicables.

La Secretaría de Hacienda, determinará los procedimientos y autorizaciones necesarias para que dichas transferencias o enajenaciones se lleven a cabo".

Por lo que se advierte la responsabilidad de la Secretaría de Hacienda para que determine el procedimiento de enajenación de los bienes en este caso las bodegas que solicitan los interesados y se concluya la operación, a menos que contravengan otras disposiciones.

Aunado a lo anterior, el propio artículo 2 de la Ley de la Financiera Rural, señala que es su objeto impulsar el desarrollo de las actividades agropecuarias, forestales, pesqueras y aquellas actividades vinculadas al medio rural con el objeto de mejorar las condiciones de vida de la población.

De tal suerte, que manteniendo ese espíritu de apoyar las actividades de la población del medio rural, particularmente de los Indígenas y Campesinos radicados en la Ciudad de México, es que los legisladores integrantes de esta Comisión, resuelven apoyar la propuesta sustantiva de la Diputada Rosas Moreno, no obstante, considera que el último resolutivo de la propuesta original no es de aprobarse porque se considera que violentan e invaden las facultades legales y administrativas consignadas al Poder Ejecutivo Federal.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58, 60 y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión se permite someter a la consideración de la Comisión Permanente la aprobación del siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Se exhorta al Secretario de Hacienda y Crédito Público, así como al Director General de Servicio de Administración y Enajenación de Bienes y al Director Liquidador de Banrural, para que ofrezcan una respuesta a la petición de la Unión Nacional para la Acción Indígena Urbano Campesina, A.C. relativo a la transferencia de algunas bodegas ubicadas en la Central de Abastos de la Ciudad de México a favor de los interesados.

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los cinco días del mes de enero de dos mil cinco.

Suscriben por la Tercera Comisión de Trabajo:

Dip. José Guadalupe Osuna Millán (rúbrica), Presidente; Dip. Víctor Manuel Alcérreca Sánchez (rúbrica), Dip. Javier Salinas Narváez, secretarios; Dip. María Sara Rocha Medina (rúbrica), Dip. Alfredo Villegas Arreola (rúbrica), Dip. Martín Remigio Vidaña Pérez (rúbrica), Sen. Raymundo Gómez Flores, Sen. Martha Sofía Tamayo Morales, Sen. Héctor Larios Córdova (rúbrica), Sen. Jesús Galván Muñoz (rúbrica), Dip. José Luis Treviño Rodríguez (rúbrica), Dip. María del Carmen Mendoza Flores (rúbrica), Sen. Armando Chavarría Barrera, Dip. Leonardo Álvarez Romo, Dip. Joel Padilla Peña.
 
 

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Proposiciones

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CON PUNTO DE ACUERDO, EN RELACION CON LA VULNERABILIDAD DE LA INFANCIA ANTE LA EXPLOTACIÓN SEXUAL TRAS LA TRAGEDIA EN EL SUDESTE ASIÁTICO, A CARGO DE LA SENADORA LUCERO SALDAÑA PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

La que suscribe Lucero Saldaña Pérez, Senadora por el estado de Puebla, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea la propuesta con punto de acuerdo que se fundamenta con base en los siguientes

Antecedentes

A 18 días de la devastación en el sudeste asiático, la tragedia continúa y la pesadilla para miles y miles de damnificados no termina, como tampoco concluyen los notables esfuerzos de la comunidad internacional que, en una muestra de solidaridad, no han cesado el respaldo a las zonas afectadas por este desastre natural. La magnitud incalculable de la tragedia obliga a una actuación urgente en materia de apoyo al restablecimiento de la normalidad posible.

Una de los grupos que requiere esta actuación inmediata y urgente lo constituye la población infantil que ha sido víctima de esta situación, no sólo por representar una tercera parte de las bajas ocasionadas por el desastre, sino también por aquellos niños y niñas que, a pesar de no existir aún cifras fiables, se calcula son más de un millón sufriendo las consecuencias de esta calamidad, sobreviviendo a la tragedia en medio de un caos que pone en riesgo su seguridad, su futuro y su vida misma.

En toda la región devastada por el tsunami hay niños y niñas que han quedado huérfanos o separados de sus familias y que necesitan con urgencia crítica ayuda básica y apoyo, que han perdido toda semblanza de vida que conocían, desde su familia, hasta sus amigos y sus hogares, sus comunidades, sus escuelas. Estos niños y niñas necesitan atención de manera desesperada.

Por ello, una de las cuatro medidas prioritarias que, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), deberían hacer hincapié todos los participantes en el esfuerzo conjunto de ayuda, consisten en garantizar que los niños estén protegidos contra la explotación. En las situaciones tumultuosas como las que imperan en la región de los tsunamis, donde los integrantes de las familias están separados, desaparecen las fuentes de ingresos y se desvanecen las esperanzas, los niños resultan especialmente vulnerables.

Se ha informado que en algunos de los países afectados han estado ya operando traficantes de niños que explotan a los menores vulnerables. La mafia de la explotación sexual infantil ha visto en este caos y crisis una oportunidad única para sus propósitos y se han confirmado hasta el momento diversos casos en los que dichas organizaciones criminales han logrado exitosamente sacar a infantes de la región para dichos objetivos.

Desde el día del desastre, las denuncias sobre niñas y niños desaparecidos o raptados con fines de tráfico sexual o adopción ilegítima se multiplicaron en la región, que sufre desde hace años el flagelo del tráfico infantil, el cual ha sido reiteradamente señalado por organizaciones de defensa de la infancia.

El departamento de Protección a la Infancia de UNICEF Indonesia, confirmó el rapto de un niño de 4 años en la isla de Sumatra y confirmó dos casos de tráfico infantil, así como la utilización de los mensajes de texto mediante teléfonos celulares para ofrecer a niños entre tres y diez años provenientes de las regiones del desastre que, según los mensajes, podrían trasladarse a cualquier parte del mundo.

Responsables del refugio femenino de Phuket, en Tailandia, denunciaron que 24 horas después de la tragedia del tsunami se presentaron extranjeros ofreciéndose a adoptar niños, a cambio de dinero.

Por otra parte, organizaciones civiles denunciaron haber visto a un centenar de niños que fueron sacados de noche en una embarcación de la provincia de Banda Aceh en Indonesia y la organización humanitaria Childwatch verificó la desaparición de 130 huérfanos tailandeses en Phuket.

En Suecia, con base en fuentes de la policía tailandesa, se denunció el probable rapto de un niño sueco de 12 años que vacacionaba con su familia en la zona y que fuera extraído de un hospital.

En Alemania, el diario Bild relató el caso de una adolescente tailandesa de 15 años, que pudo escapar a un intento de secuestro que la llevaría obligada a la prostitución.

Asimismo, han circulado rumores relativos al tráfico de niños en Sri Lanka, donde incluso ya hubo denuncias de violencias sexuales contra niños, muchos de ellos huérfanos, que se cuentan entre el millón de desplazados.

Por otra parte, se afirmó que niños que estaban en un centro de refugio de Phuket al parecer no llegaron a un hospital. Mientras que la organización alemana Kindernothilfe expresó temor de que los rebeldes tamiles de Sri Lanka puedan reclutar por la fuerza a huérfanos del maremoto, luego de conocerse denuncias en Colombo sobre la desapar ción de centros de damnificados.

La organización humanitaria Women and Media Collective denunció numerosos casos de violaciones y agresiones contra mujeres y niños en los campos de refugiados asiáticos, así como se han venido acumulando reportes de rapto, violación y violencia contra mujeres y niños. A esto suman la incertidumbre de los cientos de miles de menores desaparecidos, cuya muerte no ha sido confirmada.

El tráfico de niños y niñas, la explotación sexual, y el trabajo infantil extremo en la zona no son algo nuevo. Por ello, ya se ha alertado que las mafias, bien establecidas en Indonesia, podrían entregar a los niños a redes de tráfico de menores y venderlos para trabajos forzados e incluso como esclavos sexuales en países más ricos de la región.

El tema del secuestro de menores para su posterior traslado a occidente y adopción por familias que pagan jugosas sumas a los secuestradores, e incluso el manejo de algunos de ellos en el negocio de la prostitución y pornografía infantil, han sido penosas realidades en el diario vivir de la mayoría de los países de la zona mucho antes del maremoto.

Los paradisíacos parajes del sur de Asia no han sido la única motivación de las visitas a esos destinos, sino además, el encuentro de turismo sexual con menores. En Phuket, Tailandia, zona turística devastada por el tsunani, no sólo acudían las familias a disfrutar de las playas, sino también aparentes turistas, en busca de menores.

La región es, desde hace tiempo, lugar de partida para el tráfico de niños, con fines de adopción ilegal, abuso, explotación sexual y trabajo ilegal. La ruptura de las instituciones a consecuencia de los tsunamis del 26 de diciembre ha dejado una puerta abierta a la explotación criminal y sin escrúpulos hacia los más vulnerables, siendo el tráfico, ilegal de seres humanos un gran negocio.

Consideraciones

Los gobiernos de la región han tomado acción de manera rápida para tratar de asegurar un incremento en la protección de niños, niñas y mujeres desplazados, prohibiendo las adopciones y la salida del país de los menores de 16 años. En la provincia de Banda Aceh, se ha creado ya un programa para registrar a los niños desplazados con el objetivo de evitar que caigan en poder de traficantes.

La comunidad internacional, con especial preocupación por esta situación, está igualmente tomando medidas pertinentes. La Organización Internacional de las Migraciones ha intensificado sus acciones y actividades en materia de protección y prevención en estas áreas directamente afectadas por el tsunami.

UNICEF colabora estrechamente con las autoridades locales y nacionales para impedir esas actividades criminales y ha propuesto cinco pasos claves esenciales en el plazo más inmnediato para mantener segura a la infancia vulnerable frente a la explotación:

1 Registrar a todos los niños y niñas desplazados.
2. Proporcionar atención segura inmediata.
3. Localizar a parientes y familia ampliada.

4. Medidas nacionales especiales como las moratorias temporales para la salida de menores de 16 años de los países afectados y para las adopciones.

5. Alertar a la policía, patrullas de frontera, profesores, trabajadores sanitarios y otros acerca de la amenaza de explotación de los niños, y tener su apoyo para su protección. Este proceso de alerta pública e institucional está comenzando a tener lugar en los países afectados. En Sri Lanka, el gobierno y socios clave, han lanzado el tema en los medios y así todos los habitantes de Sri Lanka están alertados de la necesidad de estar atentos a los niños no acompañados. En Indonesia, la policía y autoridades portuarias han sido puestas en alerta especial.

Por su parte, Francia llamó a la Unión Europea a redoblar los controles fronterizos del bloque para evitar el posible tráfico de huérfanos procedentes de los países afectados.

Esta es una acción que todos los países de la comunidad internacional deben llevar a cabo, considerando que las niñas y niños de los países afectados pueden ser trasladados por las bandas criminales a cualquier parte del mundo, según los mensajes de texto que se pudieron interceptar. En ese, sentido, cualquier región del planeta puede ser punto de tránsito o destino a las actividades que estas organizaciones realizan actualmente con los niños que extraen de las zonas devastadas.

Por ello, es necesario que nuestro país redoble los esfuerzos en materia de vigilancia fronteriza en lo que respecta a los menores en la entrada o salida, alertando a las autoridades migratorias y personal de servicios de migración del posible paso por los lugares de tránsito de menores provenientes de las regiones devastadas, sean o no originarios de éstas.

Asimismo, sería de gran importancia que se hiciera un respetuoso llamado a los países de nuestra región, para que en un marco de cooperación multilateral, se realicen los esfuerzos propios en esta materia en el marco del Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional que entró en vigor el 25 de diciembre de 2003 y que fue ratificado por México el 4 de marzo de 2003. Dicho Protocolo establece en su artículo 11 las Medidas fronterizas:

1. Sin perjuicio de los compromisos internacionales relativos a la libre circulación de personas, los Estados Parte reforzarán, en la medida de lo posible, los controles fronterizos que sean necesarios para prevenir y detectar la trata de personas. Por otra parte, y reconociendo que el Internet ha sido utilizado por las bandas intemacionales de prostitución para sus operaciones de promoción, sería de gran importancia que la Unidad de Policía Cibernética de la Policía Federal Preventiva de nuestro país, dentro de las actividades que actualmente lleva a cabo de operación con autoridades internacionales y de investigaciones en el campo sobre las actividades de organizaciones de redes internacionales de explotación infantil, ponga especial atención en la identificación de la utilización de este medio para la promoción de niños y niñas extraídos de las zonas afectadas por el tsunami.

Hay una necesidad de que los gobiernos, las organizaciones internacionales y las organizaciones no gubernamentales permanezcamos en alerta y en un esfuerzo de cooperación internacional ante la desgracia, como lo afirma la propia UNICEF "Tenemos que querer proteger a los niños tanto como otros quieren explotarles."

Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de esta Comisión Permanente la siguiente propuesta con

Punto de Acuerdo

Primero.- Se exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación para que nuestro país redoble los esfuerzos en materia de vigilancia fronteriza en lo que respecta a la entrada o salida de menores, alertando a las autoridades migratorias del posible tránsito de menores provenientes de las regiones devastadas, sean o no originarios de éstas.

Segundo.- Se exhorta al titular de la Secretaría de Seguridad Pública para que la Unidad de Policía Cibernética, en el ejercicio de las funciones y actividades que lleva actualmente con autoridades internacionales y de investigaciones en el campo sobre las actividades de organizaciones de redes internacionales de explotación infantil, ponga especial énfasis en la identificación de la utilización de Internet por parte de bandas criminales para la promoción de niños y niñas extraídos de las zonas afectadas por el tsunami.

Tercero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión hace una respetuosa invitación a los Parlamentos Nacionales de nuestro continente a realizar esta misma solicitud a las autoridades competentes en sus respectivos países en materia migratoria, para redoblar los esfuerzos en materia de vigilancia fronteriza en lo que respecta a la entrada o salida de menores provenientes de las regiones devastadas.

Dado en el Salón de Sesiones de la Comísión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los doce días del mes de enero de dos mil cinco.

Sen. Lucero Saldaña Pérez
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE LA CÁMARA DE DIPUTADOS SE PRONUNCIE CONTRA LA RESOLUCIÓN, EMITIDA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2004 POR EL TRIBUNAL ESTATAL DE PUEBLA, EN LA QUE SE REASIGNAN TRES DIPUTACIONES PLURINOMINALES, POR CONSIDERAR QUE DICHO DICTAMEN CARECE DE SUSTENTO JURÍDICO, SUSCRITO POR EL DIPUTADO ROGELIO ALEJANDRO FLORES MEJÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El suscrito diputado federal a la LIX Legislatura integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo estipulado por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo, bajo las siguientes:

Consideraciones

El pasado 30 de diciembre de 2004, el Tribunal Estatal Electoral de Puebla determinó quitarle al Partido Acción Nacional tres de las ocho diputaciones plurinominales que le había reconocido el Instituto Estatal Electoral tras las elecciones del 14 de noviembre del año próximo pasado. Dichas diputaciones fueron repartidas entre el Partido de la Revolución Democrática, Convergencia y Partido Verde Ecologista de México.

El dictamen elaborado por la magistrado Judith Yolanda Tagle Muñoz, de quien se rumora que próximamente se incorporará al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, señala que el órgano comicial hizo una fallida aplicación de los criterios para distribuir las diputaciones de representación proporcional.

El Código de Instituciones y Procesos Electorales del estado de Puebla, establece tres criterios para la repartición de curules plurinominales, cuyo orden de ejecución es el siguiente: la obtención de un porcentaje mínimo de votos para todos los partidos, el cociente electoral, que es el resultado del total de sufragios emitidos en la elección entre los que cada instituto político ganó de manera particular, y el resto mayor, que es el sobrante de votos derivado del cociente.

Además, el artículo 318 del mencionado Código establece que aquellos partidos que obtuvieron el cociente electoral tienen derecho a participar en las demás asignaciones de las diputaciones plurinominales.

Según el Instituto Estatal Electoral de Puebla, los únicos partidos que podían entrar a la distribución de diputaciones plurinominales por el criterio de "resto mayor" eran el PRI y el PAN, porque lograron el cociente establecido como requisito en el código. En contraparte, el Tribunal Estatal Electoral de Puebla determinó que todos los partidos políticos podían entrar a la repartición del resto mayor, obteniendo las curules disponibles con base en una escala de mayor a menor, según la votación de cada uno.

El cociente electoral, haciendo la fórmula correspondiente que establece la ley, establece que sólo los partidos que hayan obtenido por lo menos 191 mil votos, tiene derecho a la asignación de diputados por este principio. Esta votación sólo la alcanzaron el PRI y el PAN en las pasadas elecciones, el PRD obtuvo apenas 147 mil y los otros partidos solamente 70 mil; luego entonces, ellos no tenían derecho a participar en esta distribución de diputaciones plurinominales.

Con esta desafortunada resolución, el PRI tendría una representación en el Congreso local del 63% con un porcentaje de votación del 44%, mientras que el PAN tendría el 19% de representación con el 34.5% de la votación total emitida.

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, someto a consideración de ésta honorable representación el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero.- La Cámara de Diputados se pronuncia en contra de la resolución emitida el día 30 de diciembre del 2004 por el Tribunal Estatal Electoral de Puebla en la que se reasignan tres diputaciones plurinominales, por considerar que dicho dictamen elaborado por la magistrado Judith Yolanda Muñoz Tagle carece de sustento jurídico.

Dip. Rogelio Alejandro Flores Mejía (rúbrica)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR AL GOBIERNO FEDERAL A REALIZAR UN AJUSTE A LAS TARIFAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE USO DOMÉSTICO, A CARGO DEL SENADOR CÉSAR RAÚL OJEDA ZUBIETA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El suscrito, senador de la República César Raúl Ojeda Zubieta, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno Federal realice un ajuste a las tarifas de energía eléctrica de uso doméstico, con base en las siguientes

Consideraciones

En muy repetidas ocasiones integrantes de mi fracción parlamentaria hemos solicitado la revisión de las tarifas de energía eléctrica aplicadas al servicio doméstico. Distintos sectores de la sociedad, en distintas partes del país, mantienen un reclamo permanente para reducir el alto costo que les significa el consumo de electricidad sin obtener respuesta del Gobierno Federal.

Durante la pasada legislatura, y sólo en el Senado de la República, el tema se presentó en 58 ocasiones; mientras que durante los últimos quince meses ya ha ocupado la atención 34 veces. Cantidad que lo ubica como uno de los temas más recurrentes en las sesiones del Congreso.

El propio Presidente de la República se ha visto confrontado, durante sus recorridos en el país, con la expresión ya impaciente de los ciudadanos; incluso, el pasado mes de diciembre, tuvo que anunciar un ajuste a las tarifas que beneficiaría a los consumidores. Sin embargo, el Secretario del ramo y el Subsecretario de Electricidad, en alocuciones más bien confusas, sólo pudieron aclarar que el ajuste beneficiaría a 2% de los usuarios del servicio doméstico y, específicamente, aquellos que realizan los consumos más altos.

Las protestas ocurren en Baja California, lo mismo que en Tamaulipas, San Luis Potosí, Tabasco o Yucatán, y son realizadas por ciudadanos de recursos escasos, no obstante, los funcionarios de Comisión Federal de Electricidad (CFE) reiteran que las tarifas que se cobran a esos consumidores no han sufrido incremento alguno, por más que los costos de la generación se han incrementado en magnitudes muy similares al crecimiento de los precios del petróleo.

Hay escepticismo creciente entre los consumidores y la población en general sobre la justeza de los cobros que realizan las empresas públicas suministradoras. Hay una práctica oscura en los sistemas de lectura de los consumos y, más aún, en la acumulación de adeudos que agigantan los montos reclamados por CFE o Luz y Fuerza del Centro. Por lo general, el usuario doméstico no sabe que está incurriendo en adeudos hasta que no recibe su factura o, de plano, el corte del suministro.

Legisladores de los estados del sureste hemos solicitado, en ambas Cámaras, que se modifique la metodología tarifaria con objeto de que se incorpore el factor de humedad ambiente en el cálculo, y no sea la temperatura la única variable que defina las tarifas preferenciales de verano. En particular, sobre este punto, desde el 8 de noviembre de 2001, en que nuestra fracción presentó la propuesta, las autoridades de la Secretaría de Hacienda y de la CFE han sido omisas.

Por otra parte, desde el año pasado la Secretaría de Energía, la Comisión Reguladora de Energía y la CFE asignaron a una consultoría privada la realización de un estudio tarifario, cuyos resultados no se han dado a conocer y el Congreso desconoce las políticas que el gobierno federal va a derivar en esta materia; aún cuando implicarán recursos presupuestales superiores a los 45 mil millones de pesos por concepto de subsidios y transferencias.

En síntesis, es urgente que el gobierno federal lleve a cabo un ajuste tarifario que beneficie a la población de menores recursos y establezca un esquema de tarifas preferenciales en verano más equitativo en todo el país.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 67, numeral 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 de su Reglamento Interior, someto a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al secretario de Hacienda y Crédito Público, al secretario de Energía y al director general de Comisión Federal de Electricidad a ajustar las tarifas del consumo doméstico de electricidad de tal forma que se beneficie a los consumidores de menores ingresos.

Segundo. Se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a incorporar a los consumidores del servicio doméstico de electricidad del estado de Tabasco en la tarifa 1 E, en virtud de las condiciones climáticas particulares de esa entidad.

Tercero. Se convoque al director general del Comisión Federal de Electricidad para que informe sobre el ajuste de las distintas tarifas de electricidad que comenzaron a aplicarse el 1 de enero de este año.
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LAS AUTORIDADES FEDERALES A REVOCAR LA AUTORIZACIÓN OTORGADA AL BUQUE MAURICE EWING PARA ESTUDIOS DE PROSPECCIÓN GEOLÓGICA FRENTE A LAS COSTAS DEL ESTADO DE YUCATÁN, A CARGO DE LA SENADORA ÉRIKA LARREGUI NAGEL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM

Las legisladoras que suscribimos, integrantes de la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

Compañeras y compañeros legisladores,

En esta ocasión hago uso de la tribuna para referirme al controvertido asunto de los estudios de prospección sísmica que llevará a cabo el barco Maurice Ewing en el cráter de Chicxulub en Yucatán.

Al respecto, la autoridad ambiental ha informado que estos estudios se llevarán a acabo con el objeto de conocer más sobre el impacto del meteorito que cayó en aguas nacionales y que, entre otras cosas, provocó la extinción masiva de los dinosaurios.

Con respecto al las operaciones del barco Maurice Ewing en mares mexicanos, es importante señalar que el otorgamiento de la autorización en materia de impacto ambiental por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales deja mucho que desear.

Ello, en virtud de que en junio de 2004 derivado de la reunión pública de información que tuvo lugar en la ciudad de Mérida, Yucatán, se concluyó que no se contaban con lo elementos necesarios para otorgar la autorización en materia de impacto ambiental en términos de la legislación vigente, por elementos que subsisten a la fecha.

Entre éstos se encuentran las afectaciones que se generarían sobre las poblaciones de ballenas, zifios; delfines y tortugas, derivadas de los altos niveles sónicos de las pruebas sísmicas a realizarse y que se calcula son superiores a los 262 decibeles, cuando se sabe que el máximo nivel que estas especies soportan es de 170 decibeles.

Peor aún, no se toma en consideración los impactos que esta investigación tendrá sobre otros recursos naturales como los arrecifes, que se encuentran protegidas por la NOM-059-SEMARNAT-2001; así como las afectaciones sobre los buzos y bañistas del lugar.

Cabe destacar que la importancia de tomar en consideración las observaciones recogidas en esa reunión pública de información, radica en que permitió identificar los potenciales impactos, y motivar la articulación de medidas que los eviten en lo posible, o en su defecto, los minimicen o compensen. De igual manera, evidenció la presencia de daños inaceptables como son: las afectaciones sobre los recursos naturales antes aludidos y en última instancia su pérdida.

A pesar de lo anterior, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en fecha reciente otorgó la autorización en materia de impacto ambiental para que el barco Maurice Ewing inicie sus trabajos el día de hoy, miércoles 12 de enero; no obstante, la declaración del Delegado de la Profepa en Yucatán respecto de que se impedirían dichos trabajos en tanto no se acreditara a los investigadores extranjeros que participarán en este proyecto.

Además de la falta de coordinación entre las autoridades ambientales, es evidente, que los términos en que fue otorgada la autorización en materia de impacto ambiental viola las disposiciones legales, toda vez que ésta fue otorgada no obstante que en la manifestación de impacto ambiental se reconoce que miles de mamíferos marinos y otros ejemplares de fauna marina serán puestos en riesgo dentro del área de refugio para proteger a las especies de grandes ballenas de los subórdenes Mysticeti y Odontoceti, decretada el 24 de mayo de 2002; con lo que se contraviene el espíritu del instrumento de evaluación del impacto ambiental, que es evitar el desarrollo de obras o actividades que causen un impacto ambiental significativo.

Peor aún, con base en el marco legal aplicable, el otorgamiento condicionado de la autorización en materia de impacto ambiental supone entre otras cosas, el establecimiento de las medidas de mitigación del impacto ambiental. Recordemos que éstas tienen como finalidad prevenir o controlar los impactos previsibles en una obra o actividad, de conformidad con lo establecido en la evaluación de impacto ambiental; y aquellas tendentes a evitar consecuencias catastróficas en caso de una eventualidad tal como un desastre natural. Tales medidas junto con los planes de contingencia y respuesta a emergencias permiten al Estado estar en posibilidades de hacer frente a desastres derivados de la puesta en marcha de la obra pública de que se trate; lo que no sucede en el caso que nos ocupa como ya ha sido manifestado y denunciado por diferentes organizaciones no gubernamentales.

Más aún, no debemos olvidar que en la 56 reunión de la Comisión Ballenera Internacional que se celebró en 2004, el Comité Científico presentó un estudio en el que queda evidenciado que el uso de sonares en las actividades militares y de exploración de hidrocarburos representan una grave amenaza para los mamíferos marinos porque daña irreversiblemente su sentido de orientación y de audición.

También quiero traer a su atención el que este barco ya ha provocado daños a la fauna marina, por ejemplo en el año de 2002 en la Isla San José en Baja California Sur hubo varamientos masivos de zifios de Cuvier. También se registraron incidentes en las Islas Galápagos donde tres zifios de Cuvier vararon.

Por lo general, los estudios de prospección sísmica son utilizados para identificar y precisar en el subsuelo la configuración de las estructuras o trampas, su extensión y delimitación, con el propósito de descubrir posibles yacimientos de petróleo y/o gas;

A este respecto, cabe señalar que en términos del artículo 27 constitucional corresponde a la nación el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas; de todos los minerales o sustancias?; de los combustibles minerales sólidos, del petróleo, y todos los carburos de hidrógeno, sólidos, líquidos o gaseosos, etcétera. De igual manera no debe perderse de vista que las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fije el derecho internacional, son propiedad de la nación, lo cual implica que para su exploración, uso o aprovechamiento, se requiere contar con una concesión; misma que debió ser otorgada por el Ejecutivo federal de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes.

Más aún, tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radioactivos, la ley señala que no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado y la Nación llevará a cabo la explotación de esos productos, en los términos que señale la ley reglamentaria respectiva. De igual manera, corresponde a la Nación el aprovechamiento de los combustibles nucleares para la generación de energía nuclear y la regulación de sus aplicaciones en otros propósitos. El uso de la energía nuclear solo podrá tener fines pacíficos.

Derivado de lo anterior, se infiere que si el estudio de prospección sísmica que el barco Maurice Ewing pretende llevar a cabo tuviera como finalidad el descubrimiento de posibles yacimientos de petróleo o gas, se requeriría de una concesión; ya que de lo contrario se estarían violando las disposiciones del artículo 27 Constitucional, y de las leyes reglamentarias aplicables que exigen el contar con una concesión para su aprovechamiento; misma que aún no existe para el caso que nos ocupa.

Por ello, y preocupadas ante las posibles afectaciones sobre el medio ambiente de las labores del barco Maurice Ewing; y con fundamento en lo previsto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las Senadoras del Partido Verde Ecologista de México en la LIX Legislatura sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.- Se solicita al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales que revoque la autorización en materia de impacto ambiental concedida para que el barco Maurice Ewing realice actividades de inspección sísmica en el cráter Chicxulub ubicado en el estado de Yucatán, en tanto no se cumpla con lo dispuesto por el artículo 28, fracciones II; III; X; y XIII de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y no se informe al Senado de la República información relativa a la finalidad de los estudios que pretenden llevarse a cabo, los beneficios para nuestro país, los impactos ambientales que se generarán y las medidas de mitigación que se adoptarán para combatirlos.

Dado en la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 12 días del mes de enero de 2005.

Senadoras: Érika Larregui Nagel, Verónica Velasco Rodríguez, Sara Isabel Castellanos Cortés, Emilia Patricia Gómez Bravo, Gloria Lavara Mejía.
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, EN RELACION CON LA PROPOSICIÓN 200 EN EL ESTADO DE ARIZONA, A CARGO DEL SENADOR SADOT SÁNCHEZ CARREÑO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

Hoy, nuevamente ante esta máxima tribuna de la nación, acudimos los priístas para expresar nuestra enorme preocupación por la nueva amenaza que pende sobre nuestros connacionales ante la probable entrada en vigor de la propuesta 200 en el estado de Arizona.

Esta propuesta encausa a todas luces actos racistas y xenófobos en contra de mexicanos que, al igual que muchos migrantes a ese país, van en busca del sueño americano, hoy minado por la sin razón y por la falta de comprensión respecto de las enormes aportaciones de nuestros migrantes a esa nación económicamente poderosa.

Un país que se formó y que encontró sentido e identidad a raíz de las migraciones, ahora vuelve su espalda a la migración que tanto alivia y beneficia el desarrollo de su sociedad.

Desafortunadamente esto es algo que ha estado sucediendo con mayor frecuencia desde hace ya varios años en casi todo ese país.

La ola de sentimiento anti mexicana nuevamente es utilizada por diversos sectores de la sociedad y el gobierno estadounidense, con la agravante de que existen estados donde la xenofobia y la discriminación son aún peor, es como ocurre en Arizona, California y Texas entre otros.

A lo largo de varias décadas, sectores proteccionistas en esos estados han alzado su voz (y en algunas ocasiones sus armas), plasmándola a través de la promulgación de leyes segregacionistas y discriminatorias que atentan contra los derechos humanos de los inmigrantes, como la entonces Proposición 187 promovida por el entonces gobernador Wilson, la cual pretendía eliminar todos los derechos de los migrantes en el estado. Por fortuna, finalmente esta absurda proposición fue derrotada al ser decretada anti constitucional por las cortes norteamericanas.

Los priístas no tenemos la menor duda que ahora, la Propuesta 200 también será derrotada por ser atentatoria y excluyente de la razón humana y también por ser un instrumento de presión para la población en general, ya que esta absurda propuesta niega a nuestros inmigrantes, servicios básicos como el servicio médico, el acceso a bibliotecas y parques públicos, y peor aún, niega servicios de emergencia como bomberos, ambulancias y la misma policía.

Pero va más allá, erróneamente obliga a los prestadores de servicios a cerciorarse de la nacionalidad de las personas que acuden a solicitar dichos servicios públicos, permitiendo con esto, que los derechos humanos de nuestros connacionales sean violados flagrantemente y que sean sujetos de racismo, segregación y xenofobia.

Señoras y señores legisladores.

Hoy, con todas estas severas medidas en contra de nuestros paisanos, de nueva cuenta las autoridades estadounidenses, se rehúsan a reconocer la enorme importancia política, económica, social y cultural que aportan los mexicanos en general a los Estados Unidos y, en este caso al estado de Arizona en lo particular.

Hoy más que nunca nuestros connacionales nos necesitan, las diversas organizaciones de mexicanos radicados en los Estados Unidos nos necesitan, debemos apoyarlos para, con la fuerza de los argumentos, de la legalidad y respeto a los derechos humanos, conjugar los esfuerzos para que gobiernos, autoridades estatales y locales de ambos países, podamos dar cauce a una migración más justa, más humana y de mayor beneficio para nuestros migrantes.

La defensa de los derechos humanos de nuestros connacionales es un tema de la mayor importancia para los legisladores priístas, máxime cuando acciones y medidas como las que está adoptando el estado de Arizona y otros más, lesionan gravemente los derechos de nuestros connacionales.

Es por lo anteriormente expuesto, que me permito someter a su consideración el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero: La Comisión Permanente del Congreso de la Unión hace un exhorto al titular del Poder Ejecutivo federal, para que instrumente de inmediato una estrategia en defensa de los trabajadores migrantes mexicanos en los Estados Unidos de América, que se sustente en resultados concretos que impidan o neutralicen la proliferación de iniciativas locales como la Ley 200 en otros estados.

Segundo: Se solicita al Poder Ejecutivo federal que a través de la vía diplomática y la red consular, respalden las estrategias jurídicas que la ley interna de Estados Unidos contempla para lograr la neutralización de los efectos de la citada Ley 200.

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a los 12 días del mes de enero de 2005.
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE CONMINAR A LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL A CUMPLIR UNA SOLICITUD, APROBADA POR LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN EL 18 DE AGOSTO DE 2004, DE REALIZAR UNA INSPECCIÓN A LA EMPRESA AJEMEX, SA DE CV, PARA VERIFICAR LAS CONDICIONES LABORALES DE LOS REPARTIDORES DEL PRODUCTO DENOMINADO BIG-COLA, SUSCRITO POR EL DIPUTADO JORGE TRIANA TENA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El que suscribe, diputado Jorge Triana Tena, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, conforme a los siguientes

Antecedentes

En sesión de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión de fecha once de agosto de dos mil cuatro, el suscrito presentó una proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a realizar una inspección a la empresa Ajemex SA de CV, a fin de verificar las condiciones laborales de los repartidores del producto denominado Big Cola.

La propuesta en referencia fue turnada a la Tercera Comisión (Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas) de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Con fecha diecisiete de agosto del año próximo pasado, los integrantes de la Tercera Comisión, en reunión de trabajo, procedieron a la elaboración del correspondiente dictamen.

En la sesión de la Comisión Permanente del dieciocho de agosto dos mil cuatro, fue aprobado el dictamen elaborado por la Tercera Comisión en los siguientes términos:

"PUNTO DE ACUERDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al titular del Ejecutivo Federal instruya al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a que, de conformidad con las facultades que le competen verifique que las condiciones laborales de los repartidores del producto denominado Big Cola, que prestan sus servicios para la empresa AJEMEX, S.A. de C.V., situada en Huejotzingo, Puebla, cumplan con lo dispuesto por la legislación laboral, informando a esta soberanía a la brevedad posible el resultado de dicha verificación y, en su caso, realice las acciones tendientes a fincar la responsabilidad laboral que fuere procedente." Posteriormente, la Presidencia giró el oficio pertinente con el que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social quedó debidamente enterada de la atenta solicitud de esta Soberanía.

No obstante que en el punto de acuerdo aprobado en sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de fecha dieciocho de agosto de dos mil cuatro, se solicitó informar a este órgano "a la brevedad posible" sobre el particular, es la fecha que esta Soberanía no ha sido informada por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social sobre la realización y resultados de la inspección solicitada a la sociedad mercantil Ajemex, SA de CV.

Consideraciones

El Congreso de la Unión es el órgano en el que se deposita el poder legislativo federal en México, cuya función primordial es la elaboración de las leyes. Sin embargo, atendiendo al principio de colaboración de poderes que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dentro de las funciones que corresponden al Legislativo se encuentran aquellas relativas a la representación popular.

Y es precisamente que en cumplimiento tanto del principio de colaboración entre poderes así como de su obligación de representación, que históricamente el parlamento mexicano ha realizado respetuosas solicitudes al Ejecutivo con la única intención de coadyuvar a un mejor desempeño del ejercicio del poder público en beneficio de la ciudadanía.

Por su parte, el Ejecutivo mexicano ha sido receptivo a esta tarea legislativa y generalmente ha dado respuesta en tiempo y forma a las solicitudes que se le hacen desde los recintos parlamentarios.

Por ello, resulta inexplicable la falta de atención por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a la solicitud emitida por esta soberanía que se contiene en el punto de acuerdo trascrito anteriormente.

Además, no debe dejar de considerarse que la solicitud de mérito consiste en verificar las condiciones laborales bajo las que se encuentran trabajando los repartidores del producto denominado Big Cola que laboran para la empresa Ajemex, SA de CV. En este sentido, no se busca causar afectación alguna sino única y exclusivamente que se cerciore la autoridad competente de que dichas condiciones corresponden con lo dispuesto en las normas del trabajo que resulten aplicables.

De igual modo, no se debe perder de vista que en la industria refresquera nacional aproximadamente el 54% de la planta laboral se dedica a actividades de distribución (reparto) de los productos, por lo que cualquier situación irregular en este rubro, importa la afectación de la mayoría de los trabajadores de la empresa de que se trate.

Con el objetivo de obtener una mayor utilidad, ofreciendo productos a bajos precios, se ha vuelto cada vez más frecuente en nuestro país que algunas empresas busquen la manera de evadir su responsabilidad para con aquellas personas que les prestan servicios personales subordinados y retribuidos, conculcando de esta forma sus derechos laborales en perjuicio no solo del trabajador afectado sino de sus familias. Y es obligación de las instancias gubernamentales correspondientes el tomar las medidas necesarias a efecto de realizar las acciones legales que eviten estos abusos contrarios a los preceptos constitucionales.

Es por ello que considero pertinente y muy necesario que esta soberanía conmine a la autoridad laboral para que atienda la solicitud que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión emitió desde el pasado dieciocho de agosto de dos mil cuatro.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se conmina al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a dar cumplimiento a la solicitud emitida por esta soberanía el dieciocho de agosto de dos mil cuatro, procediendo a verificar que las condiciones laborales de los repartidores del producto denominado Big Cola que laboran para la empresa Ajemex, SA de CV, cumplan con lo dispuesto en la legislación laboral aplicable, e informando a este órgano, a la brevedad posible, el resultado de las correspondientes inspecciones y, en su caso, de las acciones que deriven de las mismas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los doce días del mes de enero de dos mil cinco.

Dip. Jorge Triana Tena (rúbrica)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO A LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY 200 EN ARIZONA, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, A CARGO DEL SENADOR CÉSAR RAÚL OJEDA ZUBIETA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El suscrito, senador César Raúl Ojeda Zubieta, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LIX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 22 de diciembre de 2004, a través del comunicado de prensa No. 277, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que el Juez Federal en el Distrito de Arizona, David C. Bury, levantó la suspensión temporal a la entrada en vigor de la llamada Propuesta 200, misma que fuera aprobada en un referéndum realizado en el marco de las elecciones generales de Estados Unidos el 2 de noviembre pasado.

Cabe recordar que dicha suspensión fue solicitada el 1º de diciembre pasado por organizaciones hispanas y de derechos humanos, encabezadas por el Fondo Mexicano-Estadounidense para la Defensa Legal y la Educación (MALDEF, por sus siglas en inglés), quienes a su vez han iniciado un amplio y complejo proceso para impugnar de manera definitiva la legalidad de la medida.

La Propuesta 200, llamada así por el número que le fue asignado en las boletas electorales, fue promovida por un importante grupo antiinmigrante, y es muy similar a la famosa "Propuesta 187" planteada en California por el ultraconservador Peter Wilson.

Con la entrada en vigor de esta propuesta, a partir de hoy, es obligatorio para cualquier persona comprobar ante las distintas autoridades gubernamentales, que su calidad migratoria la hace elegible para recibir ciertos beneficios de programas de asistencia social estatal y local, en los que no intervengan recursos federales.

Se trata de una ley que también ha sido denominada "Ley para proteger al ciudadano y al contribuyente de Arizona", y que, entre otras cosas, prohíbe a las dependencias gubernamentales locales brindar distintos servicios esenciales a indocumentados y las obliga a denunciarlos.

Por ello, no podemos más que coincidir en que, sin lugar a dudas, se trata de una medida que propicia acciones de discriminación con base en el perfil étnico; que puede generar un clima adverso para la importante comunidad mexicana que radica en ese estado; y que no contribuye de manera alguna a enfrentar y aprovechar integralmente los retos y oportunidades del fenómeno migratorio entre México y Arizona.

En reiteradas ocasiones, legisladores de todos los partidos hemos expresado nuestra más profunda preocupación ante la posibilidad de que la intervención de las autoridades estatales y locales de Arizona en asuntos migratorios, derive en más violaciones a los derechos de nuestros connacionales.

Hoy, aprovechamos la ocasión para reiterar nuestro más enérgico rechazo a toda iniciativa o legislación encaminada a restringir los derechos humanos inherentes a la condición humana, independientemente de la nacionalidad y el estatus migratorio de las personas.

Compañeras y Compañeros Legisladores:

Con objeto de promover por todos los medios a su alcance la salvaguarda de los derechos de los mexicanos que residen en Arizona, la SRE ha girado importantes instrucciones a las representaciones consulares en dicho estado (Phoenix, Nogales, Tucson, Douglas y Yuma), a fin de que refuercen las acciones encaminadas a

1. Mantener debidamente informada a la comunidad mexicana sobre los alcances y naturaleza de esta reforma, así como sobre los derechos que en cualquier caso les asisten;

2. Promover un mejor entendimiento en el estado sobre la aportación de los mexicanos a la economía y sociedad de Arizona; y

3. Mantener contacto con autoridades correspondientes, funcionarios electos y organizaciones sociales, a efecto de dar seguimiento, en estricto apego al marco legal aplicable, al proceso mediante el cual las instancias judiciales correspondientes continuarán revisando el caso.

No obstante, compañeras y compañeros, creemos que no es suficiente. Creemos que es necesario asumir una actitud más firme y decidida. ¡En esta misma tribuna se ha cuestionado severamente que hasta el momento no se haya presentado una nota diplomática de protesta!

La defensa de los derechos humanos de los mexicanos que por una u otra razón se han visto obligados a abandonar su lugar de origen, requiere que el Poder Legislativo de nuestro país persista en su actitud solidaria y responsable, haciendo uso de todos los instrumentos que estén a nuestro alcance, a efecto de contribuir a garantizar el pleno respeto de todos los derechos humanos de nuestros connacionales, independientemente de su condición o estatus migratorio.

Sólo si actuamos conjunta y coordinadamente, podremos hacer frente de manera exitosa a la política sistemática de violación constante y permanente a los derechos humanos de los migrantes, aplicada por los Estados Unidos tanto en el nivel local como federal, pues ya sea a través de repatriaciones forzadas o de programas piloto para el uso de armas no letales, los migrantes mexicanos son tratados como terroristas o delincuentes, sufriendo vejaciones y tratos crueles, al tiempo que son testigos de como se concretan más iniciativas de ley encaminadas a restringir sus derechos fundamentales pese a que estos son inherentes a todos los seres humanos.

Las agresiones que tienen que enfrentar y padecer los migrantes por el simple hecho de ser considerados ciudadanos de segunda, es algo que estamos obligados a combatir con todos los instrumentos existentes.

Por todo lo anteriormente expuesto, y tomando en cuenta que la Ley 200 es una legislación xenófoba y racista, que discrimina personas en función de su nacionalidad y de su condición o estatus migratorio, me permito poner a su consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión expresa su más enérgico rechazo a toda iniciativa o legislación encaminada a restringir los derechos humanos inherentes a la condición humana, independientemente de la nacionalidad y el estatus migratorio de las personas.

Segundo. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a remitir inmediatamente una nota diplomática de protesta ante la entrada en vigor de la Ley 200 en Arizona, Estados Unidos de América, por considerar que se trata de una legislación xenófoba y racista, que discrimina personas en función de su nacionalidad, origen étnico y condición o estatus migratorio.

Tercero. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, en su carácter de representante del Estado mexicano, a solicitar opinión consultiva ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en relación con la posible violación a diversas disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a consecuencia de la entrada en vigor de la Ley 200 en Arizona, Estados Unidos de América.

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 12 días del mes de enero de 2005.

Sen. César Raúl Ojeda Zubieta
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A SANCIONAR A LOS PRESUNTOS RESPONSABLES DEL DERRAME DE HIDROCARBUROS QUE DAÑÓ LOS RECURSOS NATURALES DEL RÍO COATZACOALCOS, VERACRUZ, A CARGO DEL DIPUTADO LEONARDO ÁLVAREZ ROMO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM

Leonardo Álvarez Romo y Jacqueline Guadalupe Argüelles guzmán, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, Integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitan que se turne a la Tercera Comisión de la Comisión Permanente el presente punto de acuerdo, de conformidad con los siguientes

Antecedentes

El desarrollo económico en México desde la década de 1970 se ha caracterizado por la ausencia en la aplicación de criterios ambientales para su desarrollo, haciéndose cada vez más notorias las marcas que deja la contaminación atmosférica y la generación de residuos.

El resultado de una política de bajos precios de petróleo propició su uso intensivo y, con ello, un crecimiento de la demanda energética más acelerada; la reestructuración productiva de la industria se modificó debido al crecimiento petrolero. La petroquímica básica se convirtió en la actividad con mayor contribución al deterioro ambiental y la contaminación, también la producción de fibras sintéticas, resinas, fertilizantes, plásticos, pinturas y pigmentos, y gases industriales que pasaron a ser las actividades más relevantes por su daño potencial al entorno.

En México, la industria petrolera en su conjunto ha tenido un gran impacto negativo en materia ambiental. Por la amplia gama de productos derivados del petróleo, no ha sido posible evaluar cuantitativamente la contaminación involucrada desde la fase de explotación hasta la obtención de los petroquímicos básicos.

Pensemos en el suelo y subsuelo que constituyen un recurso natural difícilmente renovable que desempeña funciones entre las que destaca su papel como medio filtrante durante la recarga del manto acuífero y la protección de los mismos, también están integrados al escenario donde ocurren los ciclos biogeoquímicos, hidrológicos y las redes tróficas, además de ser el espacio donde se realizan las actividades agrícolas, ganaderas y soporte de la vegetación.

Durante mucho tiempo y hasta hace poco, nadie se preocupaba por el destino de los residuos generados, dando por hecho que la naturaleza limpiaba el ambiente, pero según fue cambiando la naturaleza y composición de los residuos, y al aumentar su cantidad y complejidad, esta capacidad (degradante y amortiguadora) empezó a alterarse.

No obstante los pequeños esfuerzos por parte de las autoridades ambientales que no han quedado más que en eso, en pequeñeces, la problemática continúa creciendo. En repetidas ocasiones nos enteramos de nuevas catástrofes ambientales a causa de Petróleos Mexicanos ocurriendo el 88 por ciento en los estados de Tabasco, de Campeche y de Veracruz.

Día con día, los periódicos de circulación nacional publican nuevas notas donde se menciona a Pemex como responsable de derrames, fugas, incendios, explosiones; con sustancias como petróleo crudo, combustóleo, diesel, gasolina, turbosina, gas natural, amoniaco, etcétera, consideremos que en las instalaciones de Pemex ocurre 57% de las emergencias ambientales que se presentan a nivel nacional con materiales peligrosos.

Basta mencionar el derrame de petróleo ocurrido hace una semana en el río Coatzacoalcos, en Veracruz, donde se produjo una enorme mancha negra que abarcó mas de 50 kilómetros y llegó al golfo de México, como resultado de una explosión en una estación de bombeo de Petróleos Mexicanos, hecho que el propio Licenciado Manuel Molina, delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), consideró como el daño ambiental más grande en la historia de la región.

La petrolera estimó que se derramaron más de 5,000 barriles de petróleo en el río Coatzacoalcos por la ruptura del oleoducto Nuevo Teapa-Poza Rica, como secuela del estallido de las válvulas de una de las estaciones de bombeo, y a pesar de que desde un principio se han realizado actividades para detener y resarcir el derrame no se pueden estimar de manera cuantitativa ni cualitativa los daños ecológicos de la zona.

Asimismo, los servicios médicos de la paraestatal dieron a conocer que el número de pacientes desde el inicio de la emergencia al día de hoy se ubica en alrededor de 600, que han presentado irritaciones a las mucosas, y se continúa brindado atención médica a la población afectada de Mazumiapan.

Además, considerando que la Profepa interpuso una denuncia contra Pemex-Refinación o quien o quienes resulten responsables, luego del derrame de crudo ocurrido el miércoles 22 de diciembre en Nanchital, Veracruz, y puesto que es del interés de los diputados que la autoridad actúe de forma rápida y contundente.

Por lo anteriormente expuesto, como integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sometemos a su consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Procuraduría General de la República a sancionar a los presuntos responsables del derrame de hidrocarburos que dañó los recursos naturales, y la flora y la fauna del río Coatzacoalcos en diciembre de 2004, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 414, 416 y 420 Bis del Código Penal Federal.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de la Función Pública, mediante el Órgano Interno de Control en Petróleos Mexicanos, a realizar una auditoría a los recursos destinados al mantenimiento y la operación de la infraestructura petrolera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción VI, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública.

Tercero. Se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a instaurar un programa de empleo temporal para los pescadores afectados por el derrame de hidrocarburos del río Coatzacoalcos ocurrido en diciembre de 2004.

Dado en el Salón Legisladores de la República, Sede de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 12 días del mes de enero de 2005.

Diputados: Leonardo Álvarez Romo, Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán (rúbricas).
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE LOS TITULARES DE LAS SECRETARÍAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, ASÍ COMO EL DEL INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO, INFORMEN ACERCA DE LOS AVANCES RELATIVOS A LA VENTA DE LA SOCIEDAD CORPORACIÓN INTERNACIONAL DE TRANSPORTE AÉREO, DE LOS CAMBIOS DE FUNCIONARIOS REALIZADOS EN DICHA EMPRESA CONTROLADORA Y DE LA ESTRATEGIA ANTIMONOPÓLICA, FINANCIERA Y DE VENTA POR SEGUIR, EN BENEFICIO DE LA AVIACIÓN COMERCIAL MEXICANA Y DE LAS FINANZAS PÚBLICAS DE LA NACIÓN, A CARGO DEL DIPUTADO JESÚS MARTÍNEZ ÁLVAREZ Y SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS GONZÁLEZ SCHMAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA

El que suscribe, diputado Jesús González Schmal, integrante del grupo parlamentario de Convergencia, Partido Político, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, conforme a los siguientes

Considerandos

Es ya inocultable la intención del secretario de Hacienda de realizar la venta de los activos de la sociedad Corporación Internacional de Transporte Aéreo (Cintra), que comprende las aerolíneas Aeroméxico, Mexicana, Aerolitoral y Aerocaribe, también lo es que se trata de una acción unilateral, sin la participación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, siendo de elemental razón que ambas Secretarías deben intervenir en una decisión de tal trascendencia.

En fecha reciente fue removido, además de otros funcionarios, el Presidente del Consejo de Administración, Rodolfo Gasca Neri, nombrando el secretario de Hacienda a uno de sus colaboradores, Andrés Conesa Labastida, ex director de Crédito Público, sin tener el menor conocimiento en la especialidad de aeronáutica.

Se pretende segregar de Cintra las aerolíneas Aerocaribe y Aerolitoral, creándose una nueva empresa de cobertura nacional. Por ello es indispensable conocer la estrategia de venta y las probables consecuencias para el resto de las aerolíneas mexicanas.

En información publicada se menciona que del producto de la venta de Cintra, se estima que 50 por ciento será destinado al pago de una parte de la deuda asumida por el gobierno por el rescate bancario de 1995. Sin embargo, el Gobierno Federal contempla en la Ley de Ingresos para 2005, producto de las privatizaciones, ingresos por 2,500 millones de pesos. Por otra parte, resulta que los pasivos que asumirá por la venta de Cintra serán del orden de 15,000 millones de pesos.

Por lo anterior, considerando el avance que debe tener de evaluación este proceso de venta, y estimando favorable la resolución de la Comisión Federal de Competencia para el primer trimestre de 2005, por lo expuesto solicito a esta H. asamblea la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Que los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario informen a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, así como a las de Comunicaciones, y de Transportes, considerando también la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, acerca de los avances para la venta de la empresa Corporación Internacional de Transporte Aéreo. De igual manera, deben explicar la razón de los cambios de funcionarios realizados en dicha empresa controladora, así como la estrategia antimonopólica, financiera y de venta por seguir, en beneficio de la aviación comercial mexicana y de las finanzas públicas de la nación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de enero de 2005.

Dip. Jesús González Schmal (rúbrica)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE SE EXHORTE A LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y A LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN Y A LAS PARTES INTERESADAS A PARTICIPAR EN LA REVISIÓN DEL PROYECTO DE NORMA OFICIAL MEXICANA PROY-NOM-006-SCFI-2004, BEBIDAS ALCOHÓLICAS-TEQUILA-ESPECIFICACIONES, EN VISTA DE QUE EL CONTENIDO DE LAS REFORMAS QUE SE PROPONEN AFECTA DIRECTAMENTE A LOS PRODUCTORES DE AGAVE DE LA REGIÓN DE TEQUILA, A CARGO DE LOS SENADORES ESTEBAN ÁNGELES CERÓN, RAYMUNDO GÓMEZ FLORES Y EMILIO GAMBOA PATRÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

Los suscritos senadores Raymundo Gómez Flores, Emilio Gamboa Patrón y Esteban Ángeles Cerón, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, integrantes de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Punto de Acuerdo

Primero.- Que se exhorte a la Secretaría de Economía y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a revisar con todo cuidado garantizando el interés de todas las partes el Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-006-SCFI-2004, bebidas alcohólicas-tequila-especificaciones, en vista de que el contenido de las reformas que se proponen, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 23 de noviembre de 2004 afecta directamente a los productores de agave de la región de Tequila.

Segundo.- Que se exhorte a los organismos participantes en la elaboración de esta norma, a establecer contacto con los representantes de los agaveros y se explique claramente la razón por la cual se elimina el requisito de utilizar solo agave maduro en la elaboración del Tequila, sin afectar su calidad.

Senadores: Raymundo Gómez Flores, Emilio Gamboa Patrón, Esteban Angeles Cerón.
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR AL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL A FIRMAR CON LA MAYOR BREVEDAD EL CONVENIO RESPECTIVO CON LA SECRETARÍA DE SALUD DEL GOBIERNO FEDERAL A FIN DE QUE EN ESTA ENTIDAD SE IMPLANTE EL PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO PÚBLICO EN MATERIA DE SALUD DENOMINADO SEGURO POPULAR DE SALUD, SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE TRIANA TENA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El que suscribe, diputado Jorge Triana Tena, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, conforme a los siguientes

Antecedentes

Más de 48 millones de mexicanos carecen de cobertura de servicios de salud, y más de la mitad del gasto en salud en México procede directamente del bolsillo de las personas, quienes deben pagar por su atención en el momento mismo de usar los servicios. Esto deja a millones de familias ante la disyuntiva de empobrecerse o ver a sus seres queridos sufrir alguna enfermedad y dolor por falta de recursos económicos.

El quince de mayo de dos mil tres fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la iniciativa de reformas a la Ley General de Salud, enviada por el presidente Vicente Fox, para incorporar la protección social en salud, atendiendo así los rezagos sociales en materia de servicios de salud para que todo individuo, sin importar su condición social, económica y lugar de residencia, tenga acceso a dichos servicios.

De esta manera, se impulsó el establecimiento de un programa piloto que permitiera implementar medidas encaminadas a impulsar un mecanismo de protección financiera de salud para la población sin seguridad social. Dicho programa se denominó oficialmente "Programa de Salud para Todos" y fue conocido comúnmente como "Seguro Popular de Salud".

El Seguro Popular respondió al menos a tres grandes objetivos fundamentales:

Primero. Brindar protección financiera a la población que carece de seguridad social a través de la opción de aseguramiento público en materia de salud.

Segundo. Crear una cultura de prepago en los beneficiarios del Seguro Popular.
Tercero. Disminuir el número de familias que se empobrecen anualmente al enfrentar gastos de salud.

La operación del Seguro Popular incorporó a las familias de bajos ingresos ubicadas en los primeros seis deciles de la distribución del ingreso, y ofreció una serie de beneficios explícitos a los cuales el asegurado tuvo acceso en caso de padecer algún evento que lesionara su salud, siempre y cuando dicho evento esté comprendido en la cobertura otorgada y sus derechos estuvieran vigentes.

Los beneficios del Seguro Popular estuvieron conformados por una serie de intervenciones que permiten recuperar la salud perdida debido a ciertos padecimientos específicos. Éstos consideran un total de setenta y ocho intervenciones con ciento sesenta y cinco medicamentos asociados a los que tienen derecho los afiliados.

A partir de dos mil cuatro, ya con la constitución y operación del Seguro Popular, el número de intervenciones se incrementó a noventa y uno con un total de ciento sesenta y ocho medicamentos diferentes, y se estima que las intervenciones seleccionadas cubren el noventa por ciento por ciento de la atención médica que se registra en el Sistema Único de Información para Vigilancia Epidemiológica y también de lo reportado en el Sistema de Información en Salud para Población Abierta. Para los servicios de hospitalización y cirugía, la oferta actual del catálogo cubre el sesenta y seis por ciento de los principales procedimientos diagnósticos y terapéuticos, reportados como motivo de egreso hospitalario a través el Sistema Automatizado de Egresos Hospitalarios.

Durante el primer semestre de dos mil cuatro, el Seguro Popular proporcionó atención primaria a sus beneficiarios a través de uno punto siete millones de consultas de primer nivel; en atención especializada se realizaron setenta y seis mil consultas por urgencias, doscientas cuarenta y seis mil de alta especialidad, y se registraron cuarenta y nueve mil egresos hospitalarios.

Es de particular importancia destacar la condición de los hogares de las familias afiliadas. La característica de la vivienda refleja que el treinta y siete por ciento tiene piso de tierra, mientras que el promedio de cuartos por vivienda es de uno punto cinco. Respecto de la posesión de bienes, cerca de la mitad cuenta con estufa, el dieciséis por ciento tiene refrigerador, el ocho por ciento lavadora, el cuatro por ciento video, y el dos por ciento tiene automóvil.

Considerandos

Sin embargo, aún con todas las ventajas que ha representado el Programa de Seguro Popular y que se ve reflejado en el respaldo e implementación del programa en los 31 estados del país, el jefe del Gobierno del Distrito Federal continúa afirmando que en la capital del país este programa no se llevará a cabo.

Las razones que da son por demás aberrantes, inmaduras, infantiles y denotan la evidente ignorancia que sobre el tema de salud pública tiene el jefe de Gobierno de esta ciudad, quien el pasado viernes siete de enero afirmó que el Distrito Federal no se incorporaría al sistema de Seguro Popular porque cobra cuotas y no tiene cobertura amplia.

Sostengo que tal afirmación denota ignorancia porque el noventa y tres punto doce por ciento de los beneficiarios del programa reciben el servicio de manera gratuita.

Y por lo que toca a la irresponsable afirmación de Andrés López de que el seguro no tiene cobertura amplia, como el que ofrece el gobierno capitalino, tal vez la "cobertura amplia" a la que se refiere este señor implique las intervenciones cosméticas y experimentales que, obviamente, son las únicas que no cubre el Seguro Popular.

Lo que sí incluye este seguro son servicios de medicina preventiva (inmunizaciones, detección y prevención, servicios de Consejería médica, psicología, dieta y ejercicio), servicios de consulta externa (medicina familiar, servicios de salud mental comunitaria, unidad básica de rehabilitación, servicios de odontología) y servicios de urgencias, hospitalización y cirugía (atención de urgencias, servicios de hospitalización, atención del embarazo, parto y recién nacido y servicios quirúrgicos).

Cómo se atreve el jefe de Gobierno del Distrito Federal a defender sus programas de salud por encima del Seguro Popular cuando la Secretaría de Salud del Distrito Federal es la cuarta dependencia más señalada por los ciudadanos de la ciudad, debido a la atención de la salud en los reclusorios y en los hospitales. De dos mil dos a dos mil tres hubo un incremento de veintiséis punto quince por ciento en las quejas y en lo que va de dos mil cuatro se reporta un aumento mucho mayor con respecto al año anterior. Las estadísticas hasta noviembre reportan un alza de cuarenta y dos punto cinco por ciento respecto de dos mil tres.

Incluso la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal ha señalado que es preocupante la falta de dotación suficiente de medicamentos y de asignación de personal para que esa dependencia opere de acuerdo con las necesidades de los ciudadanos, quienes en muchos casos no han sido atendidos de forma adecuada, a pesar de las denuncias que han interpuesto en instituciones como este organismo.

En la Ciudad de México hay tres millones doscientos sesenta y un mil trescientos sesenta y un personas no derechohabientes de ningún tipo de seguridad social, y conforman seiscientas ochenta mil seiscientas veinticuatro familias. Si nos sujetamos al promedio nacional para la determinación de la distribución del ingreso (por deciles), casi seiscientas treinta mil de estas familias no pagarían nada por el Seguro Popular. Quien sí pagaría, sería el gobierno federal y el gobierno del Distrito Federal, pero tal parece que el responsable del gobierno local está dispuesto a no aportar un solo peso, por su pobre visión de gobierno y su ciega ambición del poder. ¡Falso que en esta ciudad sean primero los pobres! Si así fuere, ya se habría implementado el Seguro Popular en esta ciudad.

Luego de demostrar con datos duros y precisos, con la objetividad numérica, que no hay razones sensatas para que en el Distrito Federal no se lleve a cabo el Programa de Seguro Popular de Salud, y por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al jefe de Gobierno del Distrito Federal a firmar, a la mayor brevedad, el respectivo convenio con la Secretaría de Salud del Gobierno Federal a fin de que en esta entidad federativa se implemente el programa de aseguramiento público en materia de salud denominado Seguro Popular de Salud.

Finalmente, y con fundamento en lo establecido en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a esta soberanía sea puesto a discusión inmediatamente esta proposición con punto de acuerdo por considerarse de urgente resolución.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los doce días del mes de enero de dos mil cinco.

Dip. Jorge Triana Tena (rúbrica)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, SOBRE EL PROCESO ELECTORAL EN EL ESTADO DE GUERRERO, A CARGO DEL SENADOR RAFAEL MELGOZA RADILLO, EN NOMBRE DE LA SENADORA LETICIA BURGOS OCHOA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

Los suscritos legisladores, integrantes de la LIX legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente presente proposición con punto de acuerdo, basada en la siguiente

Exposición de Motivos

Que el proceso electoral que hoy enfrenta Guerrero para renovar su Ejecutivo Estatal el 6 de febrero próximo es de singular relevancia para la consolidación democrática de la entidad y el Congreso de la Unión tiene la responsabilidad de velar por su realización.

Que el actual proceso electoral se caracteriza por una intensa competitividad entre las principales fuerzas políticas de la entidad, al cual estamos llamados a cuidar y alentar la participación ciudadana para que ejerza con plena libertad su decisión de votar por la opción de su preferencia sin presión alguna.

Que está visto que aún existen resabios del manejo político de los programas sociales de gobierno en los procesos electorales tanto de carácter federal como estatales y por ello no sólo se han tenido que crear instituciones como la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) de la PGR, sino que además se han promovido convenios de colaboración con la Secretaria de Desarrollo Social para combatir estas prácticas censurables, estableciendo compromisos de acción para el blindaje electoral.

En otros procesos electorales tanto de carácter federal como local se han emprendido acciones extraordinarias de blindaje electoral de parte de la Sedesol y la PGR y éstas han sido positivas, sin embargo consideramos que son insuficientes, por lo que debe de exhortarse a todas las Secretarías de Estado que ejercen programas sociales para que intensifiquen la difusión sobre la prevención de Delitos Electorales y se garantice el establecimiento de las mesas de recepción de denuncias en todos las cabeceras municipales. Que en el caso que nos ocupa, en Guerrero recientemente se dio a conocer de las acciones que llevaba a cabo la Sedesol a través de su programa oportunidades y la Fepade, las cuales consideramos positivas pero aún limitadas, toda vez que estamos ante un numeroso conjunto de programas que otras Secretarías de Estado ejercen, como es el caso del programa del fertilizante, de Alianza para el campo, de vivienda y de vivienda rural, entre otros que deben de ser blindados. Por otra parte, resulta insuficiente el anuncio del establecimiento de mesas de recepción de denuncias en las seis oficinas regionales de la PGR, se requiere de toda la colaboración y de la voluntad de las demás secretarías de Estado para instalar en cada uno de los municipios del estado.

No debe haber pretexto para que la ciudadanía no se encuentre suficientemente informada sobre las sanciones a que se hace acreedor cualquier servidor público, dirigente o ciudadano común sí comete algún delito electoral por el uso electoral de los programas sociales, si deseamos que la contienda electoral se realice con toda transparencia y limpieza electoral.

El 6 de febrero día de la elección en Guerrero están a prueba las instituciones del Estado y en gran medida la buena marcha de la jornada electoral de ese día depende de la certidumbre y confianza que brinden las Instituciones antes de la elección, es por tanto una oportunidad invaluable ofrecerle a la ciudadanía todas las garantías de elegir con libertad y de elegir sin coacción alguna.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a su consideración, a efecto de que se considere de urgente y obvia resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a las diversas secretarías de Estado, la de Desarrollo Social, la de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, y la de Economía y a la Fepade de la Procuraduría General de la República a que establezcan mesas de recepción de denuncia sobre el uso indebido de los programas sociales en cada uno de los municipios de la entidad.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación para que en el marco de sus atribuciones se evalúe la pertinencia de ampliar la difusión a la prevención de los delitos electorales en que puede incurrir cualquier servidor público, dirigentes y ciudadanos en particular durante el citado proceso electoral en Guerrero.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 12 días del mes de enero de 2005.

Senadores: Leticia Burgos Ochoa, Armando Chavarría Barrera, César Raúl Ojeda Zubieta.
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, SOBRE LA PROPUESTA DE ADICION, NO APROBADA POR EL SENADO DE LA REPUBLICA, A LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2005, SUSCRITA POR LA SENADORA LAURA ALICIA GARZA GALINDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

Quien suscribe, Laura Alicia Garza Galindo, senadora de la República por el estado de Tamaulipas, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. A las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos fue presentada, para su revisión procedente, la minuta de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005, aprobada por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para integrar el dictamen correspondiente.

Posteriormente a la revisión, fue presentado el proyecto de dictamen definitivo para su aprobación en comisiones y en el Pleno del Senado de la República. Sin embargo, en el artículo 5°, relativo a la inversión financiada directa -deuda para la contratación de nuevos proyectos- para Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, se adicionaba una nueva columna de inversión financiada condicionada, con un incremento hasta por 37,508.4 millones de pesos, con lo que el monto aprobado por la H. Cámara de Diputados se incrementaba de 23,050.5 millones de pesos hasta 60,558.9 millones de pesos. En virtud de que la Cámara de Senadores no puede iniciar un adeudo de esta naturaleza, por ser competencia exclusiva de nuestra Colegisladora, la pretendida adicción no fue autorizada. En consecuencia, la ejecución de proyectos referidos bajo ese mecanismo de financiamiento carece de sustento financiero, lo que se considera importante de ser informado a nuestra Colegisladora.

Segundo. Se solicita que la Auditoría Superior de Fiscalización que realice el seguimiento de los proyectos de infraestructura diferidos en el registro del gasto público aplicables a Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad, establecidos en el anexo 13 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005, especialmente los mecanismos de financiamiento bajo los cuales sean aquéllos realizados, a fin de que se cumplan los requisitos legales correspondientes.

Sen. Laura Alicia Garza Galindo
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN RECIBE CON BENEPLÁCITO LA FIRMA DEL ACUERDO DE PAZ ENTRE EL GOBIERNO DE SUDÁN Y EL MOVIMIENTO DE LIBERACIÓN DEL PUEBLO SUDANÉS, SIGNADO EL 9 DE ENERO DE 2005 EN NAIROBI, KENIA, A CARGO DE LA SENADORA LUISA MARÍA CALDERÓN HINOJOSA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

La suscrita senadora Luisa María Calderón Hinojosa, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo, de urgente resolución, con base en las siguientes

Consideraciones

Después de diversas acciones emprendidas desde el 2001, y apoyadas por los gobiernos de los Estados Unidos, Reino Unido y Noruega, el 9 de enero de este año el gobierno de Sudán y el Movimiento de Liberación del Pueblo Sudanés dieron fin a 21 años de guerra civil con la firma de un acuerdo de paz.

Las múltiples aristas de este conflicto hacen aún más relevante este acuerdo de paz, ya que no sólo se tuvo la voluntad para resolver diferencias étnicas, religiosas y aquellas que tienen que ver con el control económico, también se tuvo la capacidad de ver que a largo plazo es mucho más costoso -en todos sentidos y para todos- mantener una guerra civil, que llegar a acuerdos que representen beneficios para las partes.

La firma de un acuerdo de paz no significa necesariamente la ausencia de conflictos, pero sí significa que las partes tuvieron y tienen la voluntad para acordar, para negociar, para encontrar vías en donde todos los actores encuentren un beneficio, lo que sin duda es el primer paso para encontrar soluciones y llegar a un estado de equilibrio en todo el país sudanés. Como ya lo mencionó el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, el acuerdo marca el principio de un proceso y no el fin.

Y sin duda es una gran virtud reconocer que el enfrentamiento constante desgasta y que la política, y no la guerra, es el ámbito de la generación de realidades nuevas y la posibilidad de articular voluntades al servicio del hombre, tal como lo han hecho las partes en conflicto.

Con esta firma se demostró que la política sí puede ser generadora de esperanza; que se puede esperar algo de ella, lo que eventualmente puede ser el detonador de paz en la región de Darfur, que actualmente se encuentra en crisis. Es, como otros hechos similares, un evento del que podemos y debemos aprender y que merece nuestro reconocimiento.

Por estas consideraciones, someto a esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión recibe con beneplácito la firma del acuerdo de paz entre el gobierno de Sudán y el Movimiento de Liberación del Pueblo Sudanés, signado el pasado 9 de enero de 2005 en Nairobi, Kenia.

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión informa respetuosamente a este gobierno y al pueblo sudanés que seguirá atento a las acciones que lleven a un estado de paz y estabilidad duradera en todas las regiones de este país.

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión el miércoles 12 de enero del 2005.

Sen. Luisa María Calderón Hinojosa (rúbrica)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE SOLICITAR A LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE ADUANAS LA INFORMACIÓN NECESARIA, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO SEXTO TRANSITORIO DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2005, A EFECTO DE DETERMINAR EL PRECIO DE REFERENCIA DE LA LECHE EN EL PROGRAMA DE SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES Y ADQUISICIÓN DE LECHE DE PRODUCCIÓN NACIONAL, A CARGO DEL SENADOR CÉSAR RAÚL OJEDA ZUBIETA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El suscrito, senador César Raúl Ojeda Zubieta, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LIX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión la presente proposición con punto de acuerdo, basada en las siguientes

Consideraciones

Liconsa ha venido operando un Programa de Adquisición de Leche Nacional cuyo objetivo más amplio es, de acuerdo con sus Reglas de Operación en 2004, adquirir leche nacional a pequeños y medianos productores nacionales, así como a asociaciones y sociedades, para estar en posibilidad de contribuir a través de la industrialización y distribución al Programa de Abasto Social de Leche, al desarrollo de capacidades y a la disminución o prevención, en su caso, del déficit nutricional de la población atendida.

Los objetivos específicos en dicho programa reconocen de manera expresa la importancia de estimular la producción de leche nacional al señalar: comprar en el mercado nacional leche fluida y en polvo conforme a los volúmenes y recursos financieros autorizados en el presupuesto para la entidad; adquirir leche de origen nacional cuyo precio se encuentre en función de la oferta y la demanda de la producción nacional; promover la reducción en forma gradual y parcial de la importación de leche; y reforzar, adaptar y mejorar la infraestructura de acopio, enfriamiento e industrialización de Liconsa.

Al amparo de dicho programa, Liconsa ha venido incrementando sus compras de leche fluida nacional producida por productores nacionales, que en el 2003 representaron ya el 18.5% del total de leche comprada por esa entidad, con un total de 183,400 millones de litros y que en el presente año se estima ascender a una cantidad cercana a 195 millones de litros de leche.

De acuerdo con lo establecido en la fracción IV del artículo sexto transitorio de la Ley de Ingresos de 2005 aprobada por el Congreso de la Unión, referido como: Disposiciones en materia importación, producción y comercialización de leche; el Ejecutivo Federal creará las condiciones objetivas para asegurar un Programa de Sustitución de Importaciones de Leche en Polvo y Adquisición de Leche de Producción Nacional, mediante el cual adquirirá leche fluida nacional a través de Liconsa durante todo el año por un volumen total de 200 millones de litros y adicionará la adquisición estacional de leche fluida de enero a agosto hasta por 400 millones de litros.

El Programa de Sustitución de Importaciones de Leche en Polvo y Adquisición de Leche de Producción Nacional, cuyos elementos definitorios se describen en el mismo artículo sexto transitorio, fracción IV, es favorable a la actividad lechera nacional que, al contar con un mercado seguro para la colocación de su producto se verá estimulada a incrementar la producción de leche y generará importantes beneficios directos a los pequeños y medianos productores, sus organizaciones gremiales, y las empresas industrializadoras de lácteos que cuenten con el aval de las organizaciones gremiales de productores de leche, que participen en el Programa, para lo cual deberán estar registrados en el Padrón de Productores de Leche de Vaca y Empresas Participantes.

En este programa, el factor de estímulo a la producción es el denominado Precio de Compra al Productor (PCP), que se determina añadiendo un peso al llamado Precio de Referencia del Programa (PRP). Este último se determina como "el cociente entre el valor y el volumen de las importaciones totales del semestre comprendido de marzo a agosto de 2004 de leche en polvo entera (LPE) que reporta la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los reportes mensuales de importación expedidos por la Administración General de Aduanas? más un 8% que se aplica al costo de la LPE por conceptos de gastos de internación, desaduanamiento, fletes y seguro en México".

De acuerdo con la ley, el Precio de Compra al Productor que resulte de aplicar la fórmula anterior "deberá darse a conocer a mas tardar 31 de enero de 2005" por parte de la Secretaría de Economía.

Así entonces, la información sobre los precios de referencia y de compra al productor, y demás aspectos relativos a las importaciones de leche en el período enero-agosto del 2004 es de la mayor importancia para la elaboración de las Reglas de Operación del Programa. Dichas Reglas deberán ser aprobadas desde el inicio del año, a fin de que las compras de leche que se realicen al amparo del Programa cuenten con bases operativas que garanticen el cumplimiento de sus términos y el logro de sus objetivos.

En razón de ello, adquiere particular relevancia la necesidad de que esta soberanía cuente, con la mayor brevedad, con la información oficial de las importaciones de leche en polvo entera realizadas durante el período de marzo a agosto de 2004, generada por la Administración General de Aduanas, a fin de transparentar el Precio de Compra al Productor, anticipar su impacto en la producción y en la oferta de leche en el país y los beneficios que generará el programa.

Por lo expuesto, me permito solicitar a esta honorable Asamblea tenga a bien aprobar el siguiente punto de acuerdo, como de urgente y obvia resolución.

Punto de Acuerdo

Primero. Solicitar a la Administración General de Aduanas la información necesaria de acuerdo con el artículo sexto transitorio de la Ley de Ingresos de 2005, para determinar el precio de referencia de la leche en el Programa de Sustitución de Importaciones y Adquisición de Leche de Producción Nacional y transparentar el precio de compra de leche al productor que estará vigente durante todo 2005.

Segundo. Solicitar a la Secretaría de Economía la integración de un grupo de trabajo, con la participación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el Senado de la República, que sea responsable de la estimación y fijación del citado precio de compra al productor de leche.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de enero de 2005.
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, RESPECTO A LAS OBRAS Y CONCESIONES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

Como es por todos sabido, desde hace ya bastante tiempo el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México está siendo sometido a diversas obras de remodelación y ampliación, con objeto -se nos ha dicho- de mejorar sus servicios.

No obstante, eso es algo que difícilmente se está logrando en estos momentos, ya que más bien parecería todo lo contrario, dadas las enormes molestias que las interminables obras han ocasionando no sólo a los viajeros, a las aerolíneas y a los muchos prestadores de servicios, sino también al tránsito vehicular y -particularmente- a todas las personas que habitan en las zonas aledañas.

No es la primera vez que los legisladores del PRI nos ocupamos de este serio problema, ya que en noviembre del año pasado mi compañero el senador Fernando Gómez Esparza presentó un punto de acuerdo solicitando la celeridad de las obras, con la finalidad de minimizar todas las molestias descritas.

Infortunadamente, hasta ahora las autoridades federales encargadas de la ampliación de la terminal aérea, a través de la Secretaría de Comunicaciones Transportes, de Aeropuertos y Servicios Auxiliares y de Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, han hecho caso omiso tanto a nuestros reclamos como a las justificadas quejas de la ciudadanía.

De acuerdo con el Departamento de Comunicación Social de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, dichas obras de remodelación y ampliación se deberán concluir en su totalidad en el segundo semestre del año en curso.

Sin embargo, nuestra percepción y la de todos los usuarios del aeropuerto es en el sentido de que hay gran retraso y mucha desorganización.

Aunado a lo anterior, en este año comenzará la construcción de la segunda terminal aérea, la cual forma parte del proyecto Acciones para Atender la Demanda de Servicios Aeroportuarios del Centro del País.

En mi Partido, el Revolucionario Institucional, estamos conscientes de que esas acciones representan un respiro que ayudará a descongestionar la saturación actual del aeropuerto de la Ciudad de México; y a pesar de que no estamos menoscabando lo realizado, sí consideramos que sólo se trata de soluciones momentáneas y no de largo plazo, que es lo que en realidad se necesita para afrontar esa problemática.

Adicionalmente, existe otro factor en juego, que es de gran importancia y que también a los priístas mucho nos preocupa.

Me refiero a la poca claridad que se tiene sobre las licitaciones que el Gobierno Federal ha otorgado, tanto para estas obras de remodelación como las de construcción de la llamada "Terminal II", y sobre todo respecto a las concesiones para su operación, para el usufructo de los locales comerciales, así como de los servicios a particulares.

Es evidente que no se cuenta con información detallada sobre la concesión que ya se dio para el manejo y la administración del aeropuerto de la Ciudad de México y sobre los proyectos para vender las líneas aéreas nacionales.

Mucho menos respecto a las concesiones y franquicias que se darán para el usufructo de locales comerciales y la prestación de servicios, con motivo de la ampliación del aeropuerto y la construcción de la nueva terminal. ¿A quiénes se está concesionando y qué sucederá con las que a la fecha están operando?

Compañeras y Compañeros Legisladores:

Lamentablemente, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el más importante del país y uno de los de mayor tráfico en el mundo, se encuentra sumido desde hace ya varios meses en una profunda crisis de organización, vialidad, acceso y caos aeroportuario, lo que ha afectado a millones de usuarios nacionales y extranjeros.

Peor aún, existe total desconocimiento sobre los proyectos del Gobierno Federal para vender las líneas aéreas nacionales, y sobre las múltiples concesiones y franquicias que, aparentemente, se encuentran fuera de todo control gubernamental.

Por todo lo anteriormente expuesto, me permito presentar ante ustedes la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión cita a comparecer en comisiones al secretario de Comunicaciones y Transportes y al director general de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, para que proporcionen información detallada y precisa sobre el procedimiento que se siguió para concesionar la operación y administración del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y la participación accionaria de cada una de las partes, así como sobre el proyecto que existe para vender las líneas aéreas nacionales.

Segundo. Asimismo, para que informen a esta soberanía sobre la metodología relativa a las licitaciones y a los concursos para adjudicar las obras de la actual terminal aérea y de la Terminal II, y el estado actual que guardan dichas obras, incluyendo los tiempos precisos de finalización y de entrega.

Tercero. De igual manera, con objeto de que rindan un informe exhaustivo que aclare el otorgamiento y uso de concesiones y franquicias para locales comerciales y prestación de servicios en ambas terminales.

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a los 12 días del mes de enero de 2005.
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE LA CÁMARA DE DIPUTADOS EXHORTA A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL A REALIZAR LAS MODIFICACIONES NECESARIAS A LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS CORRESPONDIENTES A EFECTO DE QUE EN LOS ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS EN QUE PARTICIPEN EQUIPOS PROFESIONALES DE TRES JUGADORES O MÁS Y QUE INTERVENGAN DE MANERA PERMANENTE EN COMPETENCIA EN DICHA ENTIDAD NO PUEDAN ACTUAR MÁS DE 40% DE JUGADORES EXTRANJEROS, SUSCRITO POR EL DIPUTADO FRANCISCO LANDERO GUTIÉRREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, a través del suscrito, diputado Francisco Landero Gutiérrez, perteneciente a la LIX Legislatura de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes

Consideraciones

Apegados a la Ley de Espectáculos Públicos y a los cambios jurídicos que se han dado en el Distrito Federal desde 1990, la Federación Mexicana de Futbol anunció que a partir del Campeonato Clausura 2005 los equipos podrán jugar con cinco extranjeros en todo el país, sin la necesidad de abolir el decreto presidencial de Manuel Ávila Camacho de 1945, que en el Distrito Federal sólo podían jugar siete jugadores nacidos en México, mientras que en el resto del país podían hacerlo seis.

Lo anterior contraviene el propio reglamento de dicha Federación, ya que en éste se reconoce una disposición especial para el Distrito Federal, que marca que cuatro jugadores extranjeros sean los que jueguen en dicha entidad.

Además de esto, los presidentes de clubes acordaron que todo jugador naturalizado que cumpla dos años de haber realizado dicho trámite podrá jugar en calidad de mexicano y ser convocado a la Selección.

Esa medida podría tener una implicación grave en el sentido de que en dos años muchos de los jugadores extranjeros que vienen a México a jugar sus últimos partidos podrán quedarse y ser seleccionados, dejando fuera a muchos jóvenes mexicanos que no llegan al profesional porque su puesto en la cancha está ocupado por un extranjero.

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que realice las modificaciones necesarias a los ordenamientos jurídicos correspondientes, a efecto de que en los espectáculos deportivos en que participen equipos profesionales de tres jugadores o más y que intervengan permanentemente en competencias en dicha entidad no pueda actuar más de 40 por ciento de jugadores extranjeros en cada equipo.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los quince días del mes de enero de dos mil cinco.

Dip. Francisco Landero Gutiérrez (rúbrica)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL, LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y EL CENTRO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE DESASTRES, QUE INFORME RESPECTO AL AVANCE DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN CIVIL EN LAS LÍNEAS DE ACCIÓN REFERIDAS A SISMOS, Y SE EXHORTA A ESOS ÓRGANOS A DISEÑAR UN PROGRAMA PARA LA ACTUACIÓN TEMPRANA EN CASO DE MAREMOTOS EN LAS COSTAS DEL PAÍS, A CARGO DEL SENADOR RAFAEL MELGOZA RADILLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El suscrito, Rafael Melgoza Radillo, senador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LIX Legislatura del H. Senado de la República, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 67, numeral 1, inciso b, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente Propuesta con Punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación, a través de la Coordinación General de Protección Civil, la Dirección General de Protección Civil y el Centro Nacional para la Prevención de Desastres (Cenapred), informar respecto del avance del Programa de Protección Civil en las líneas de acción referidas a sismos, y asimismo, exhorta a esos órganos a diseñar un programa para la actuación temprana en caso de maremotos en las costas del país, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

El sismo, y posterior maremoto que tuvo lugar el 26 de diciembre del 2004 en los países asiáticos, nos obliga a preguntarnos con la mayor seriedad, si en México contamos con los programas de protección que permitan prevenir una tragedia de igual, menor o mayor magnitud.

La pregunta no es ociosa. México es un país sísmico, donde el 85 por ciento de los movimientos telúricos ocurren en la costa del océano Pacífico por su ubicación sobre la placa de Cocos, de modo que aún cuando el sismo que azotó el sudeste de Asia liberó 30 veces mayor energía que el sismo de 1985 en México, nuestro país no está, ni ha estado exento de sufrir maremotos de magnitudes catastróficas para las poblaciones de las costas.

De conformidad con la información que han dado los Investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), aún cuando nuestro país pertenece al Sistema Internacional de Monitoreo de Tsunamis, el territorio mexicano no cuenta con sensores de presión y boyas de monitoreo en mar abierto que puedan dar una alerta temprana sobre el riesgo de un maremoto en costas nacionales, de este modo el equipo con el que se cuenta no tiene como objetivo principal el de proteger a la población, sino realizar investigación académica y actualización de las redes de datos mundiales que dan seguimiento a estos fenómenos.

Con preocupación observamos la advertencia de los especialistas del Servicio Mareográfico Nacional (SMN) operado por la UNAM, respecto de la necesidad que tienen nuestro país de ampliar los sistemas de medición con el objetivo de mejorar la protección de los habitantes que viven en las costas, así como el tener la capacidad de transmitir esta información a las autoridades correspondientes.

Sabemos entonces que el equipo con el que se cuenta, no está diseñado para monitorear maremotos, sino que es un sistema general para estudiar las costas y las variaciones del nivel del mar en territorio mexicano, el cual se puede utilizar en el caso de los tsunamis, si se enfoca, en una primera fase, a las zonas con mayor posibilidad de padecerlos, como Jalisco, Michoacán y Colima. No obstante, no considera todos los litorales: océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, ni prevé estrategia alguna de colaboración entre las diferentes instituciones que registran los sismos, el nivel del mar y el propio Gobierno Federal.

Al respecto, se debe señalar que tampoco el Servicio Sismológico Nacional (SSN) cuenta con los mejores equipos. El objetivo principal del SSN es el proporcionar información oportuna sobre la ocurrencia de sismos en el territorio nacional, determinar sus principales parámetros como son la magnitud y el epicentro y mejorar la capacidad de evaluar y prevenir el riesgo sísmico y volcánico a nivel nacional. Sin embargo, siete de las nueve estaciones sismológicas mecánicas que fueron instaladas entre 1910 y 1913, siguen en funcionamiento de esa fecha hasta ahora, aún cuando en 1992 se inició la modernización de la Red Sismológica Nacional. Actualmente, el Servicio Sismológico Nacional, cuenta con cerca de 50 equipos para el registro de temblores, que operan en tres redes, la pregunta es ¿hasta donde la falta de equipos y el uso de viejas tecnologías limitarían la detección oportuna de un sismo que cause a su vez un maremoto en las costas mexicanas por parte de los Servicios Sismológico y Mareográfico Nacionales?

A lo anterior debe sumarse que el Programa Nacional de Protección Civil 2001-2006 no consideró en sus líneas de acción, medida alguna relacionada específicamente con los maremotos.

El Programa en comento señala que se elaboraría e implantaría un Programa Especial de Protección Civil para Sismos que incluiría estrategias, proyectos y procesos encaminados a la prevención y mitigación del riesgo, a la atención de la emergencia, a la recuperación y reconstrucción, así como a la vinculación social; que se concluirían los trabajos de modernización de las redes de observación sísmica en México, para integrarlos en una Red Sísmica Mexicana; que se gestionaría la obtención de recursos financieros suficientes para el equipamiento y monitoreo permanente de los volcanes activos del país, y que se promovería el mejoramiento del Sistema de Alerta Sísmica. Ninguna de éstas considera que ocurría en caso de maremoto en las costas mexicanas, y en todo caso, la información que ha dado hasta ahora el Ejecutivo Federal es que la actuación en caso de desastres ha sido resuelta satisfactoriamente en eventos pasados.

En tanto la responsabilidad de la operación técnica del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) recae en la Secretaría de Gobernación a través de la Coordinación General de Protección Civil, la Dirección General de Protección Civil y el Cenapred, órganos que tienen entre sus principales funciones la de realizar actividades de investigación, capacitación y difusión acerca de fenómenos naturales que pueden originar situaciones de desastre, así como acciones para reducir y mitigar los efectos negativos de tales fenómenos, es preciso que éstos informen cuál es el avance de esas líneas de acción y si éstas están relacionadas en la delimitación del grado de riesgo de sismo y maremoto que existe en nuestras costas y las medidas para atenuar sus efectos.

Es elemental que las autoridades hagan de la obligación que tienen de informar, un compromiso fundamental de su gestión, de modo que enteren periódicamente a la población sobre las acciones que realizan a efecto de prevenir catástrofes naturales como las que conocemos prácticamente todos los días a través de los medios de comunicación.

Huracanes, deslaves, sismos, maremotos, e inundaciones, son algunas de las manifestaciones de la naturaleza que las sociedades y sus gobiernos están obligados a enfrentar cuando éstas por su fuerza, magnitud o consecuencias, ponen en riesgo la vida de las personas.

Hay que observar con atención que las noticias de los últimos años dan cuenta del cambio climatológico en el mundo, de fenómenos naturales que en diferentes puntos del mapa muestran, a veces simultáneamente y a veces de forma sucesiva, situaciones que en muchos casos derivan en caos, pánico, heridos y muertes.

Se debe destacar que la protección de la población antes, durante y después de algún desastre natural, es sinónimo del resguardo de la integridad física y emocional de las personas, hecho por el cual, las omisiones que se pudieran presentar en esta materia, más allá de mostrar la negligencia por parte del gobierno en una de sus responsabilidades elementales, es atentar contra el derecho elemental a la vida de todos aquellos expuestos a una situación de riesgo.

Retomamos las consideraciones de los expertos en estos temas, quienes señalan que al prevenir la peor consecuencia se pueden tomar las precauciones adecuadas para evitar un daño mayor, de modo que la actuación interinstitucional debe tener entre sus tareas básicas además del análisis geológico de la corteza terrestre; el establecimiento de normas arquitectónicas y de ingeniería que deban ser adoptadas por los constructores en el momento de diseñar viviendas e infraestructura, así como medidas de fiscalización respecto de su cumplimiento; la coordinación y planificación de simulacros para que la población esté en posibilidad de acudir a los sitios de menor riesgo usando las vías adecuadas y evitar caos y pánico, y la implementación de equipos de rescate con personal entrenado que sepa actuar con presteza en los momentos posteriores a un desastre.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se solicita a la Secretaría de Gobernación, que a través de la Coordinación General de Protección Civil, la Dirección General de Protección Civil y el Centro Nacional para la Prevención de Desastres, informe respecto del avance del Programa de Protección Civil 2001-2006, en las líneas de acción referidas a sismos.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación, a través de la Coordinación General de Protección Civil, la Dirección General de Protección Civil y el Centro Nacional para la Prevención de Desastres, a diseñar un programa para la actuación temprana en caso de maremotos en las costas del país.

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a los 12 días del mes de enero de 2005.
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA INFORMACIÓN OPORTUNA Y SUFICIENTE SOBRE LA CREACIÓN DEL GABINETE DE SEGURIDAD PÚBLICA Y LAS MODIFICACIONES EN LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

Pocas cosas puede haber peores que el flagelo de la inseguridad pública.

Hoy día, el juicio popular es muy claro: los responsables de proteger a la ciudadanía, por desgracia no cumplen su trabajo y, lo que es peor, se tiene el temor fundado de que no saben cómo cumplir las tareas que les han sido encomendadas.

La inseguridad es un problema grave. Es un tema complejo, prioritario y urgente en la agenda nacional, ya que no sólo condiciona el bienestar de las personas, sino también el desarrollo económico y la estabilidad política.

De nada sirve el optimismo gubernamental si la percepción generalizada es de que el crimen organizado ha penetrado en la seguridad máxima, si es que ésta aún existe.

De nada sirve difundir supuestos logros y empeñarse en presumir metas alcanzadas si día con día vemos cómo el crimen y las células delictivas se posesionan de mayores espacios.

Es necesario que quienes han fallado asuman con virilidad sus errores. Es urgente terminar con los alardes publicitarios; se debe dejar atrás el autoelogio porque eso nos lleva irremediablemente a uno de los principales vicios de este gobierno: el autoengaño.

Los ciudadanos no pueden dejar de preguntarse si quienes se encargan hoy de su seguridad son en efecto sus servidores y protectores, ya que hoy parece que la ineficiencia está emparentada con la complicidad.

Los ciudadanos no pueden menos que extrañarse cuando oyen y miran a autoridades de distintos ámbitos, especialmente del federal y del Distrito Federal, culpándose entre sí, con desplantes y actitudes clientelares, exhibiendo cifras convenientes y anunciando acciones espectaculares que no se compadecen con la realidad.

La gente no puede ignorar que la versión oficial que le proyectan sobre la seguridad pública oscila de la complacencia a la simulación y de la charlatanería a la demagogia.

Lo que la gente siente está ahí, a la vista de quien quiera verlo. Tragedias, ofensas y agravios se suceden y repiten a toda hora y en cualquier lugar.

Pero no es todo. A la impotencia se suma el escándalo por los yerros y por los excesos.

Los índices delictivos han superado en 75 por ciento los registrados en 1995.

Es grave y vergonzoso que México ocupe el segundo lugar mundial en cuanto al número de secuestros cometidos, y que la delincuencia organizada dedicada al narcotráfico sea la más peligrosa del mundo.

La sociedad ya no aguanta más.

Hoy se ve con preocupación que criminalidad e impunidad van como nunca de la mano.

La inseguridad trasciende los ámbitos gubernamentales y no obedece a enfoques partidarios.

Aquí en México hay policías preventivas, investigadoras, ministeriales, bancarias, comerciales y auxiliares que, más allá de las siglas, parecen cotos, que al proliferar confunden a una sociedad, que no es nacional ni estatal, ni tiene por qué aceptar deslindes de competencia o jurisdiccionales, cuando lo único que espera -y con razón- son resultados.

Hoy, México tiene más policías que nunca en su historia y, sin embargo, el clima de incertidumbre y la descoordinación reinan en este rubro.

Hoy nos urge saber cuál será la función real del gabinete de seguridad pública recientemente creado; con qué recursos materiales, humanos y presupuestales operarán las dos nuevas subsecretarías creadas en la Secretaría de Seguridad Pública; qué impacto regulatorio tienen las modificaciones hechas al Reglamento de la Secretaría de Seguridad Pública; por qué el secretario del ramo, al hacer la presentación de los nuevos funcionarios, de nueva cuenta se justifica al actuar; qué hay de fondo en esos cambios; qué se trata de desvirtuar o de encubrir con los mismos.

Es urgente combatir con mayor tino los delitos que tanto lastiman a la sociedad; pero, a la vez, se necesitan personas con pericia, capacidad y talento al frente de las tareas de combate del delito.

Por ello se somete a la consideración de esta honorable Comisión Permanente la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

De urgente resolución

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al Ejecutivo federal el envío de información oportuna y suficiente sobre la forma en que operará el recientemente creado gabinete de seguridad pública.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Comisión de Mejora Regulatoria y a la Secretaría de Seguridad Pública que proporcionen a esta soberanía información oportuna y suficiente sobre el impacto presupuestal de las modificaciones que se realizaron en la Secretaria de Seguridad Pública del Gobierno Federal.

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a los 12 días del mes de enero de 2005.
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE SOLICITAR LA COMPARENCIA DEL SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO PARA QUE EXPLIQUE EL CONTENIDO Y ALCANCE DE LOS TOMOS Y ANEXOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN, A CARGO DEL DIPUTADO ARTURO NAHLE GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

Arturo Nahle García, diputado Federal a la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de los facultades que me confieren los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta asamblea soberana la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primero.- El pasado 20 de diciembre el subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario, envió a todos los Oficiales Mayores y equivalentes de la Administración Pública Federal los Lineamientos para la Integración del Presupuesto 2005.

Segundo.- Estos lineamientos fueron expedidos por el subsecretario mencionado fundándose en lo que establecen diversos artículos de la ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público y su Reglamento, en los Anexos 1 y 18 del Decreto de Presupuesto de Egresos y el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Tercero.- Producto de los lineamientos señalados, el 2 de enero del año en curso se publicaron en la página electrónica de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los tomos y anexos del Presupuesto de Egresos de la Federación para el presente Ejercicio Fiscal.

Cuarto.- Por otra parte, el Presidente Fox y los miembros de su gabinete, en múltiples ocasiones han declarado públicamente sobre supuestas dificultades que el Presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados generará en relación con el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo y los Programas Sectoriales.

Quinto.- Para intercambiar información sobre el contenido de los tomos y anexos señalados, valorar conjuntamente los efectos que pudiera tener en el Presupuesto la suspensión concedida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación dentro de la Controversia Constitucional interpuesta por el Presidente de la República, pero sobre todo para incrementar la comunicación entre la autoridad hacendaría y el Poder Legislativo Federal, someto a la consideración de esta H. Comisión Permanente, la siguiente:

Proposición con Punto de Acuerdo

De urgente y obvia resolución

Único.- Se ordena la comparecencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público, para que explique el contenido y alcances de los tomos y anexos del Presupuesto de Egresos de la Federación y valorar conjuntamente los efectos que pudiera tener en dicho Presupuesto la Controversia Constitucional interpuesta por el Presidente de la República y la suspensión parcial otorgada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de enero del 2005.

Dip. Arturo Nahle García (rúbrica)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA INFORMACIÓN A LA SECRETARÍA DE ENERGÍA Y A PETRÓLEOS MEXICANOS SOBRE EL ESTADO ACTUAL QUE GUARDA LA TOTALIDAD DE LA RED DE DUCTOS DE PEMEX, A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita a las autoridades de la Secretaría de Energía, y de la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos un informe detallado sobre el estado actual en que se encuentra la totalidad de la red de ductos de Pemex, sobre todo los ductos que ya completaron su vida útil y que podrían representar una amenaza ambiental y económica para diversas regiones del país.
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, RESPECTO DE LA AUDITORÍA QUE SE LLEVA A CABO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, A CARGO DEL DIPUTADO JAVIER SALINAS NARVÁEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El suscrito, diputado federal en la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar ante esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La semana pasada, un diario de circulación nacional dio cuenta, en su primera plana, de los gastos acumulados que anualmente registra la Presidencia de la República por concepto de alimentos.

De los datos que se desprendían de la investigación periodística, de Diario Monitor, se concluía que anualmente en la residencia oficial de Los Pinos se gastan hasta 30 millones de pesos por alimentos y, en un solo mes, el monto puede ser superior a 4 millones.

La Presidencia de la República se apresuró a responder la mencionada nota, pero sólo para caer en contradicciones que no concuerdan con los reportes que posee el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI).

La Coordinación General de Administración de la Presidencia de la República sostiene que los gastos que se hacen por alimentos en Los Pinos son tan altos porque se incluye el forraje de los animales. Mientras, el IFAI sostiene que sus registros indican que los gastos realizados por alimentos no incluyen la comida para animales requeridos en las labores que realiza el Estado Mayor Presidencial.

No queda claro pues cuánto gasta la Presidencia en alimentos, cuánto del dinero de los contribuyentes se dilapida en desayunos, reuniones de oropel y en quién sabe cuántas cosas más.

Tampoco queda claro quién está mintiendo o maquillando cifras ni quién tiene la razón, la Administración de la Presidencia o el IFAI.

Pero con la polémica y las contradicciones no sólo se afecta la Presidencia de la República, sino también una de las jóvenes instituciones que están llamadas a ocupar un lugar privilegiado en la consolidación de la democracia en México: el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública.

Como dato adicional, la misma semana pasada se dio cuenta en esta tribuna de los terrenos que la familia Fox ha venido adquiriendo en la costa del estado de Michoacán, específicamente en la bahía del Tamarindillo.

Se ha hablado de prestanombres, de compraventa a través de la fuerza y de extorsiones, pero no se habló de la fuente de donde surgieron los recursos para adquirir esos terrenos.

Es un tema importante porque estamos hablando de dinero, de dinero de los mexicanos que puede estarse utilizando con fines personales, familiares o de ambos tipos.

En los dos casos está en juego la trasferencia en el manejo de los recursos públicos, un compromiso que para este gobierno se supone irrenunciable.

Señoras y Señores Legisladores:

Vale la pena hacer una reflexión final.

En febrero de 2004, hace exactamente 11 meses, el diputado Manuel Camacho Solís propuso en esta tribuna de la Comisión Permanente que se auditaran las finanzas de la Presidencia de la República.

En un inédito punto de acuerdo, la Comisión Permanente respaldó la petición del diputado Camacho Solís y desde hace varios meses la Auditoría Superior de la Federación está abocada a la revisión de las cuentas de la Presidencia.

No sabemos aún los legisladores el resultado de aquella auditoría, pero sí sabemos que se han venido sumando elementos que están en la discusión pública.

En esas condiciones, estamos obligados a apurar el paso para conocer efectivamente si en la Presidencia de la República se ha hecho un uso responsable y ajustado a derecho del dinero de los contribuyentes.

Se trata de una obligación de orden colectivo responder a la demanda histórica de los ciudadanos para conocer si quien tiene la más alta autoridad ejecutiva del país ejerce de manera legal y responsable la parte del erario público que le corresponde.

Sabemos los legisladores que la Auditoría Superior de la Federación tiene sus propios tiempos, que realiza su trabajo escrupulosamente y ajustada a la ley, pero sabemos también que la opinión pública nacional quiere resultados pronto y que está vigilante.

A esa opinión pública y a nuestros representados debemos responder, y no permitir que la especulación y la incertidumbre vayan creciendo.

Es un camino peligroso y que a nadie conviene, porque sólo abona en el desprestigio de las instituciones y de la política.

Por lo anterior, me permito someter ante esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación a agilizar, sin menoscabo de la rigurosidad de sus investigaciones, la revisión que desde hace casi un año se practica a las partidas de la Presidencia de la República, con el objetivo de conocer el manejo que se hace de los recursos públicos.

Dip. Javier Salinas Narváez (rúbrica)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, A EFECTO DE EXHORTAR A LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA A CONSIDERAR LAS PROPUESTAS DEL CONSEJO DE CUENCA LERMA-CHAPALA EN LA APLICACIÓN DE RECURSOS OTORGADOS A ÉSTA PARA EL EJERCICIO DE 2005, A CARGO DEL DIPUTADO ANTONIO MARRUFO TORRES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El suscrito diputado federal, Roberto Antonio Marrufo Torres, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, correspondiente a la LIX Legislatura, del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión Nacional del Agua, a efecto de que considere las propuestas del Consejo de Cuenca Lerma-Chapala, en la aplicación de recursos otorgados a la misma para el ejercicio presupuestal del año 2005.

Exposición de Motivos

México es una nación rica en recursos naturales. Su gran diversidad ecológica hace de nuestro territorio un lugar privilegiado en el planeta. Lamentablemente los patrones de desarrollo que hemos seguido hasta hoy han mermado considerablemente esa abundancia y en algunos casos han causado daños irreversibles a nuestros sistemas ecológicos.

En este sentido, el agua es un tema particularmente delicado. Como fuente de vida, su disponibilidad condiciona el desarrollo de muchas regiones del país. Por ello, su manejo y preservación son asuntos estratégicos de seguridad nacional, según lo ha mencionado en diversas ocasiones el Ejecutivo federal.

Es importante tener presente que no podremos enfrentar con éxito el reto que representa el manejo eficiente del agua sin una sociedad más actuante y más corresponsable.

En este sentido, la Comisión Nacional del Agua ha venido trabajando desde hace varios años en varios proyectos encaminados a la mejor conservación del vital recurso, de esta forma es que se viene trabajando a través de las diversas cuencas que se ubican en el país.

La cuenca es el área por donde el agua de lluvia o de deshielos transita o drena, pasando por redes de corrientes hacia un curso o río principal y desde ahí a una desembocadura común, que puede ser un depósito interior, como lagos, lagunas o embalses.

Específicamente la Cuenca Lerma-Chapala presenta graves deterioros ambientales dentro de los cuales destacan los hidráulicos referentes a: desecación provocada por evaporación y deforestación de zonas aledañas, una desmedida extracción de agua la cual va desde la autorizada y la clandestina, azolve en la cuenca la cual cada día se contamina más, uso de pesticidas, descargas urbanas, descargas de granjas porcícolas, la presentación de metales pesados (principalmente en la zona de Guanajuato y Querétaro, donde se ha encontrado Cromo y Zinc), así como vertimientos de hidrocarburos.

De forma más específica el desarrollo de la Región que conforma la cuenca Lerma-Chapala, ha traído consigo una compleja problemática ambiental. En la actualidad, el nivel de deterioro al que ha sido sometida esta Región la tiene al borde de un colapso ambiental, poniendo en riesgo su estructura productiva y la vida de sus habitantes.

Su problemática esta relacionada con una oferta insuficiente de agua, con la sobreexplotación de sus acuíferos, con una baja eficiencia en el aprovechamiento del agua, con una deficiente infraestructura de riego en el sector agrícola, con una fuerte competencia entre estados por el uso del agua, con una baja eficiencia en su uso urbano, con una deficiente cobertura en el medio rural, con altos niveles de degradación de su calidad, con severas afectaciones por sequías, con deficiencias en la red de medición y monitoreo y, particularmente, con la grave situación del Lago de Chapala.

Para facilitar la coordinación de políticas y programas hidráulicos entre los tres niveles de Gobierno existentes (federal, estatal y municipal) y desarrollar la concertación entre los usuarios, se emprendió un esfuerzo importante de instalación y organización denominados Consejos de Cuenca. En este sentido y a fin de atender las diversas problemáticas que se presentan en las diversas cuencas del país, la CNA aprobó desde el año de 1993 la creación de los denominados Consejos de Cuenca, estos realmente han iniciado sus trabajos entre 1998 y 2000, la CNA permitió en particular la instalación de 25 Consejos de Cuenca y de 62 COTAS (Comités Técnicos sobre Aguas Subterráneas organizados en torno a los acuíferos).

Los Consejos de Cuenca son instancias de coordinación y concertación entre representantes de los gobiernos federal, estatal y municipal, y los diversos usuarios, que tiene como objetivo principal formular y ejecutar programas para mejorar la administración de las aguas nacionales, desarrollar la infraestructura hidráulica y sus servicios y coadyuvar en la conservación y restauración integral de las cuencas.

En estos Consejos, participan delegados gubernamentales y de diversos usuarios, agricultores, industrias, prestadores de servicios y consumidores urbanos de agua, con voz y voto, y universidades y organizaciones no gubernamentales, sólo con voz.

Como podemos ver hasta aquí la labor de los Consejos de Cuenca es ardua y comprometida, por lo que es urgente que sean escuchados en lo que puedan opinar o recomendar a la autoridad del agua que hasta el día de hoy a actuado de forma discrecional en la aplicación de recursos dejando en espera los asuntos prioritarios en la Cuenca, por lo que la Mesa Directiva de la Comisión Especial para analizar la situación en la Cuenca Lerma-Chapala que me honro en presidir, así como la Subcomisión de la Cuenca Lerma-Chapala-Santiago del Senado de la República, solicitamos una auditoría de desempeño con el objeto de conocer la aplicación de recursos y cumplimiento de objetivos relacionados al ejercicio de los recursos para el año 2003.

El pasado mes de noviembre le fue asignado al Ramo 16 correspondiente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales como parte del Programa Especial Concurrente (PEC), el presupuesto para la Cuenca en comento, el cual asciende a 308.5 millones de pesos, 50 de ellos fueron etiquetados para la rehabilitación, modernización y tecnificación de las estacipnes hidrométricas de la Cuenca, mismo que se ubica dentro del presupuesto otorgado a la Comisión Nacional del Agua con lo que nuevamente tenemos la incertidumbre de que efectivamente estos recursos sean aplicados para atacar las cuestiones urgentes que atraviesa la región y que ya han quedado explicadas.

En otras ocasiones hemos mencionado que el presupuesto otorgado, no resolverá en su totalidad los diversos problemas que atraviesa la Cuenca, pero si los que la CNA debe aplicar no son utilizados en el ataque de la problemática, esta no sólo crecerá sino que muy probablemente pueda llegar a límites que hagan imposible su recuperación.

Finalmente he de mencionar que no apoyar la recuperación de la Cuenca Lerma-Chapala, es frenar el desarrollo sustentable y sostenible que el país exige, ya que es una de las cuencas mas importantes la cual concentra mas del 20% de la población y mas de la cuarta parte de la actividad económica nacional, sin embargo, las condiciones hidrológicas, ambientales que actualmente presenta, la mantienen al borde del colapso ambiental que pone en riesgo tanto la estructura productiva como a sus habitantes.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta Soberanía, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero.- Se exhorte a la Comisión Nacional del Agua para que antes de aplicar los recursos otorgados para el ejercicio 2005 en la Cuenca Lerma-Chapala, escuche las propuestas del Consejo de esta Cuenca, conforme a las facultades que su propia definición les da, las cuales consisten en: formular y ejecutar programas para mejorar la administración de las aguas nacionales, desarrollar la infraestructura hidráulica y sus servicios y coadyuvar en la conservación y restauración integral de las cuencas.

Segundo.- Se exhorte a la Comisión Nacional del Agua, a efecto de que considere las propuestas del Consejo de Cuenca Lerma-Chapala en la aplicación de recursos otorgados a la misma, para el ejercicio presupuestal del año 2005.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 12 días del mes de enero de dos mil cinco.

Dip. Antonio Marrufo Torres (rúbrica)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR A LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES INFORMACIÓN ACERCA DEL ESTATUS ACTUAL DE CADA UNO DE LOS MEXICANOS CONDENADOS A MUERTE EN ESTADOS UNIDOS Y PROPONER LA CAMPAÑA NACIONAL POR LA ADOPCIÓN Y HERMANAMIENTO DE LEGISLADORES MEXICANOS CON LOS COMPATRIOTAS CONDENADOS A MUERTE, A CARGO DEL DIPUTADO ARTURO NAHLE GARCÍA Y SUSCRITO POR LOS DIPUTADOS ELIANA GARCÍA LAGUNA Y JORGE MARTÍNEZ RAMOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

Las y los suscritos legisladores de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de este pleno, la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1.- El 31 de marzo de 2004, la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas emitió un falló a favor de la reclamación interpuesta por el gobierno mexicano que solicitaba la reposición de los procesos judiciales de 51 de los 53 mexicanos condenados a muerte en Estados Unidos a quienes no se les otorgó el derecho de protección consular, conforme a lo establecido en el articulo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.

2.- Este juicio histórico fue posible gracias al trabajo conjunto de la Cancillería mexicana, legisladores de varios grupos parlamentarios, familiares de los presos y organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.

3.- Sin embargo la sentencia del Tribunal de La Haya ha sido ignorada por los gobernadores de los estados de Oklahoma, California, Texas, Arkansas, Nevada, Ohio, Oregon e Illinois, al no reponerse los procedimientos en ninguno de los casos.

4.- La situación de los mexicanos condenados a muerte en Estados Unidos, y el fallo del Tribunal de La Haya son la expresión jurídica de un conflicto que crece entre México y Estados Unidos por la sistemática violencia en contra de nuestros connacionales migrantes y la forma discrecional en que los Estados Unidos maneja el tema de los derechos humanos, que son respetados o irrespetados, importantes o no importantes, dependiendo de quien se trate y de los intereses geopolíticos que se vean implicados.

5.- La ausencia de un acuerdo entre México y Estados Unidos que reconozca y atienda en sus términos el fenómeno migratorio, subraya la situación de indefensión en que se encuentran los mexicanos allende de la frontera norte y mantiene intactos los graves vacíos jurídicos que junto con el racismo y la discriminación, constituyen un abono para la sistemática violación de sus derechos humanos.

6.- Hoy, cuando se conoce la negociación que le permitió a Bush reformar su aparato de inteligencia a cambio de varias iniciativas que criminalizan y marginan aún más a los migrantes, se hace evidente que las expectativas generadas a partir de los discursos demagógicos de los ejecutivos de ambos países sobre un acuerdo migratorio, no sólo son falsas, sino deliberadamente creadas para tender una cortina de humo sobre la despiadada política en contra de los migrantes que aprobará, como primera iniciativa para el 2005, el Congreso estadounidense.

7.- Mientras esto ocurre, algunos legisladores mexicanos anuncian acciones de apadrinamiento con disidentes de un régimen extranjero, en un acto por demás inoportuno dado el reciente conflicto diplomático, y, violentando nuestros principios y leyes en materia de política exterior, utilizan la bandera de los derechos humanos para justificar lo injustificable: la intromisión en la política interna de un país vecino.

8.- El Congreso de la Unión no puede ser un observador pasivo ante las arbitrariedades que nuestros connacionales viven diariamente, por lo que es necesario llevar a cabo acciones concretas que denuncien la gravedad de estos hechos y logren movilizar a los órganos de gobierno y a la sociedad civil mexicana e internacional en favor de la protección de los derechos humanos de los mexicanos condenados a muerte en Estados Unidos.

9.- Quienes son objeto de esta campaña son 53 mexicanos condenados a muerte, 51 de ellos beneficiados por el fallo de la Corte Internacional de Justicia, no acatado hasta ahora por las autoridades estadounidenses. Sin embargo, son cientos de miles más los que han sufrido violaciones de diversa índole a sus derechos humanos y muchos otros los que purgan hoy día condenas en cárceles estadounidenses que no recibieron la debida protección a través de las oficinas consulares y que no han sido respaldados por una enérgica queja de su gobierno exigiendo el respeto a sus más elementales derechos.

Por lo antes expuesto, sometemos a la consideración de este pleno, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores información acerca del estatus actual de cada uno de los 53 mexicanos condenados a muerte en Estados Unidos.

Segundo: La Comisión Permanente de H. Congreso de la Unión se pronuncia a favor de lanzar una Campaña Nacional por la Adopción y Hermanamiento de legisladores mexicanos con los 53 compatriotas condenados a muerte en Estados Unidos, con el objetivo de lograr el cumplimiento de la resolución de la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas en relación con la reposición los respectivos procesos judiciales.

Tercero: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que inicie las acciones pertinentes ante los órganos de Naciones Unidas para exigir el cumplimiento de la resolución de la Corte de La Haya en el caso de los mexicanos condenados a muerte en Estados Unidos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 11 de enero de 2005.

Diputados: Jorge Martínez Ramos, Eliana García Laguna (rúbricas)

ANEXO (único)

La "Campaña Nacional por la Adopción y Hermanamiento con los 53 Mexicanos Condenados a Muerte en Estados Unidos" contempla llevar a cabo las siguientes acciones:

Conferencia de prensa.
Acto público para la firma de la Campaña de Adopción y Hermanamiento con alguno de los 53 presos mexicanos condenados a muerte en EUA.
Inicio de acciones para solicitar a los gobernadores y cortes judiciales de los estados en que es encuentran recluidos, se dé cumplimiento a la resolución de la Corte Internacional de Justicia de La Haya sobre el caso Avena.

Contacto con los familiares de los condenados a muerte
Modelo de cartas dirigidas a: los gobernadores de los estados en donde se encuentran recluidos los presos mexicanos; a la Suprema Corte de Justicia de EUA y a las cortes estatales para solicitar el cumplimiento de la resolución del Caso Avena emitida por la Corte Internacional de La Haya.

Visita a gobernadores, oficinas consulares y a los presos en Estados Unidos.
Solicitar al Consejo de Seguridad de la ONU que, si no se cumpliera la resolución, se proceda a sancionar a Estados Unidos conforme lo señalan los lineamientos de las Naciones Unidas.
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE SOLICITAR AL JEFE DEL EJECUTIVO FEDERAL QUE SEAN PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN LAS MODIFICACIONES HECHAS AL ACUERDO INTERSECRETARIAL RELATIVO A LAS ÁREAS DE PREVENCIÓN Y EXPULSIÓN MARÍTIMA DE LA SONDA DE CAMPECHE Y, EN TANTO SE PUBLICAN, SE OTORGUEN PERMISOS TEMPORALES PARA LA PESCA DEL PETO EN LAS ÁREAS PRÓXIMAS A LAS INSTALACIONES PETROLERAS DE LA SONDA REFERIDA, A CARGO DEL DIPUTADO JAVIER SALINAS NARVÁEZ Y SUSCRITO POR LOS DIPUTADOS ABRAHAM BAGDADI ESTRELLA Y DOLORES GUTIÉRREZ ZURITA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

Los que suscriben, CC. diputados Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita y Abraham Bagdadi Estrella diputados federales integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se presenta a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

1. Con fecha 11 de septiembre de 2003 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo intersecretarial suscrito por las Secretarías de Marina; de Comunicaciones y Transportes; y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, por el cual se amplío en gran medida la zona de prevención y de exclusión en la sonda de Campeche, pretextando la seguridad de las instalaciones petroleras ahí ubicadas; mediante dicho acuerdo se prohibió que en una zona de 65 mil kilómetros cuadrados los barcos camaroneros y pesqueros realicen sus actividades bajo el argumento de evitar posibles ataques terroristas.

2. Con fecha 30 de octubre de año 2003 fue presentada ante el pleno de la H. Cámara de Diputados un punto de acuerdo propuesto por el diputado Abraham Bagdadi Estrella donde se solicitaba al titular del Poder Ejecutivo federal la modificación del acuerdo intersecretarial antes señalado.

3. Que como resultado del arduo trabajo de convencimiento por parte de los actores políticos de la región afectada por el acuerdo intersecretarial del 11 de septiembre de 2003, las autoridades federales hicieron del conocimiento de la opinión pública el 9 de marzo del año 2004 de la suspensión de dicho acuerdo con el fin de posibilitar a los pescadores de la sonda de Campeche desempeñar sus labores.

4. Que prueba de lo anterior son los manifiestos de agradecimientos publicados en medios de circulación nacional por diversos gobiernos estatales de la región del Golfo de México.

5. Que en virtud de que existen regiones de la sonda de Campeche en donde las autoridades marítimas del país han negado conocer la extinción del acuerdo del 11 de septiembre, trayendo como consecuencia lógica la detención de pescadores, así como la incautación de sus artes de pesca y el proeucto de su trabajo.

6. Que con fecha 7 de julio del año 2004 los diputados que suscriben el presente punto de acuerdo solicitamos que fueran publicadas en el Diario Oficial de la Federación, las modificaciones hechas al acuerdo intersecretarial del 11 de septiembre del 2003, relativo a las áreas de prevención y exclusión marítima de la sonda de Campeche.

7. Que en virtud de que hasta la fecha el primer mandatario de la nación no ha realizado ninguna gestión que a la luz de los hechos permita el libre ejercicio de la pesca en las áreas de prevención y exclusión en la sonda de Campeche, sino muy por el contrario, justamente en estos meses donde la pesca del "peto" representa un ingreso económico importante para las familias que habitan en el litoral del Golfo de México se han intensificado los actos de represión en contra de cientos de familias cuyo único pecado es vivir en regiones marítimas cercanas a las instalaciones de Pemex, prueba de lo anterior son las arbitrarias detenciones que sufrieran las embarcaciones con matrículas M2702003613-5 y la M2702002613-5 en la primera semana del año en curso además de otras siete barcas, presuntamente detenidas por violar la zona exclusión marítima.

Por lo antes expuesto, ante esta soberanía nos permitirnos presentar a su consideración la siguiente proposición con el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único.- Se exhorta al jefe del Poder Ejecutivo federal que sea publicado en el Diario Oficial de la Federación las modificaciones hechas al Acuerdo intersecretarial del 11 de septiembre del 2003 relativo a las áreas de prevención y exclusión marítima de la sonda de Campeche, y en tanto se publiquen, se otorguen permisos temporales para la pesca del peto en las áreas próximas a las instalaciones petroleras de la sonda de Campeche durante los meses de enero, febrero y marzo.

Diputados: Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita, Abraham Bagdadi Estrella (rúbrica)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR AL EJECUTIVO FEDERAL A AMPLIAR LA APERTURA DE LOS ARCHIVOS DEL ESTADO A FECHA POSTERIOR A 1980; Y AL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, A AGILIZAR LA INVESTIGACIÓN SOBRE LOS HIJOS DESAPARECIDOS DE LOS DESPARECIDOS POLÍTICOS, A CARGO DEL DIPUTADO ARTURO NAHLE GARCÍA Y SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIANA GARCÍA LAGUNA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

Las y los suscritos legisladores en esta LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos presentar ante esta Asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Considerandos

1.- El 26 de noviembre de 2001, el presidente de los Estados Unidos Mexicanos hizo público el acuerdo por el que fue creada la Fiscalía Especial para los Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP) y para ordenar la apertura de los archivos políticos del Estado que obraban en poder del Centro de Investigaciones para la Seguridad Nacional (Cisen).

2.- Respecto al segundo punto, el titular del Ejecutivo federal estableció una limitación consistente en que dicha apertura se constriña a los años anteriores a 1980. Con ello, dejó fuera una etapa de la "Guerra Sucia" en la que siguieron ocurriendo hechos delictuosos catalogados intpmacionalmente como de lesa humanidad.

3.- El efecto de la limitación mencionada es que se ha impedido la documentación de casos ocurridos después de 1980, o con consecuencias posteriores a esa fecha. Por ejemplo, la desaparición forzada del profesor Gregorio Alfonso Alvarado López y las masacres de Acteal, El Bosque, Aguas Blancas y El Charco, en los estados de Chispas y Guerrero.

4.- En diciembre del 2004 fue localizado con vida Lucio Antonio Gallangos Vargas, quien tenía cuatro años al ser detenido desaparecido. Hoy sabemos que fue adoptado y tiene el nombre de Juan Carlos Hernández Valadez y vive en la ciudad de Washington, DC, en los Estados Unidos de Norteamérica. Su localización fue posible por la labor de las organizaciones de la sociedad civil que defienden los derechos humanos, la prensa y la dedicación de la familia, destacadamente de doña Quirina Cruz viuda de Gallangos.

5.- La referida limitación contenida en el decreto presidencial también ha obstaculizado la indagación de las desapariciones forzadas de los niños nacidos en cautiverio, entre los cuales se sabe de los hijos de las siguientes personas: Lourdes Martínez Huerta, Emma Cabrera Arenas, Teresa Torres de Mena, Rebeca Padilla Rivera, Alicia de los Ríos Merino, María Violeta Tecla Parra, Elvira Armida Miranda Verdugo y Martha Murillo de Ramírez.

5.- Lo anterior contribuye también a que, bajo el argumento de la prescripción de los delitos, se siga presentando la impunidad y negando a la sociedad mexicana el conocimiento pleno de la verdad de lo acontecido durante la "Guerra Sucia".

6.- Las investigaciones que se han llevado a cabo por parte de la Procuraduría General de la República no han culminado en la localización con vida de los hijos de desaparecidos políticos, nacidos en cautiverio o capturados junto con sus padres. Ha sido la sociedad la que ha hecho gestiones efectivas a este respecto, como en el caso de Lucio Antonio Gallangos Vargas.

En virtud de lo expuesto, sometemos a la consideración de este honorable pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta:

Primero.- Respetuosamente al C. Presidente de la República licenciado Vicente Fox Quesada a que amplíe el decreto del 26 de noviembre de 2001, a fin de que la apertura de los archivos del Estado relacionados con la "Guerra Sucia" no se limite a antes de 1980, sino que abarque hasta la actualidad.

Segundo.- Al C. procurador general de la República, licenciado y general Rafael Marcial Macedo de la Concha a que agilice las investigaciones acerca de los hijos de desaparecidos políticos, entre ellos los nacidos en cautiverio y los capturados junto con sus padres.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 12 de enero de 2005.

Dip. Eliana García Laguna (rúbrica)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO A UN DESAPARECIDO POR EL EJÉRCITO EN LA MONTAÑA DE GUERRERO, EN 1974, A CARGO DE LA DIPUTADA LIZBETH ROSAS MONTERO Y SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIANA GARCÍA LAGUNA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

Los que suscriben legisladores de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos ante esta Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Marcelo Serafín Juárez se encuentra en la lista de personas desaparecidas en el estado de Guerrero que consigna la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y que en conjunto suman 293. Se reporta como fecha de desaparición el 4 de mayo de 1974, la última vez que lo vieron sus familiares.

El joven que en aquel tiempo contaba con escasos 15 años de edad se había integrado al grupo que comandaba Lucio Cabañas en la montaña guerrerense. Gracias a un reportaje gráfico aparecido en el número 222 de la revista Día Siete, hoy tenemos la plena certeza de que fue aprehendido con vida en el mismo sitio donde fue ejecutado Lucio Cabañas. Su propia madre lo ha identificado.

Exhibido como un trofeo de caza por algunos militares, Marcelo aparece en una fotografía tomado por los cabellos, y de acuerdo con testimonios de testigos, fue trasladado en el mismo helicóptero donde viajó el cadáver de Cabañas Barrientos. Es decir, en ese momento se cumplía con una orden precisa dictada por el entonces secretario de la Defensa Nacional, Hermenegildo Cuenca Díaz: "exterminar a Lucio Cabañas y detener sólo a sus más cercanos colaboradores". Gracias a la ubicación de documentos en el Archivo General de la Nación se sabe que existió una Operación Telaraña orquestada por el Ejército que tenía ese fin.

La Operación Telaraña contempló la movilización constante de tropas desde la 27 Zona Militar con sede en El Ticui, Guerrero, hacia zonas consideradas como focos de insurrección. Las directrices de exterminio fueron aplicadas por el general de División Salvador Rangel Medina.

Esta operación se extendió por diversas zonas de la montaña guerrerense, donde los campesinos capturados eran identificados en los informes de la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales (DGIPS) de la Secretaría de Gobernación como "paquetes", en un intento por ocultar que se trataba de personas detenidas.

La instrucción del secretario de la Sedena fue difundida mediante partes militares a los altos mandos de la 27 Zona Militar de El Ticui y era de obediencia obligada para "todos los comandantes de unidad hasta el nivel de unidad de columna, volante de sección y en permanencia para los comandantes de partida".

A los únicos guerrilleros que había forzosamente que presentar con vida eran aquellos que tenían orden de aprehensión dictada por jueces de distrito, y además la orden señalaba que había que "evitar en lo posible la detención de personas que no formen parte precisamente del grupo o núcleo principal de Lucio Cabañas, con "el firme propósito de terminar con el descontento de los pobladores de pueblos aledaños a la 27 Zona Militar, a fin de que no existan razones para que se dejen engañar por grupos de malhechores".

Sobre los avances de la Operación Telaraña los documentos encontrados en el Archivo refieren que se entregaba información diaria a las secretarías de la Defensa Nacional y de Gobernación, así como a la Presidencia de la República.

En otras palabras, el propio ex presidente Luis Echeverría Álvarez debió haber conocido de la detención de Marcelo Serafín, por lo que su desaparición constituye un delito grave en el que están involucrados todos los funcionarios públicos que supieron de este acto.

En consecuencia y por lo antes expuesto presentamos a esta Comisión la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Procuraduría General de la República para que, a través de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, inicie averiguación previa contra quienes resulten responsables de la desaparición y ocultamiento de información que permita ubicar el paradero de Marcelo Serafín Juárez, dadas las evidencias de que fue capturado con vida por parte de miembros del Ejército mexicano.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 12 de enero de 2005.

Dip. Eliana García Laguna (rúbrica)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE EXHORTA AL SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO A PUBLICAR LOS CALENDARIOS DE PRESUPUESTO AUTORIZADO A LAS DEPENDENCIAS Y A LAS ENTIDADES, CON OBJETO DE CUMPLIR EL ARTÍCULO 15 DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2005, A CARGO DEL DIPUTADO JAVIER SALINAS NARVÁEZ Y SUSCRITA POR LA DIPUTADA MINERVA HERNÁNDEZ RAMOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

La que suscribe Minerva Hernández Ramos, diputada federal en la LIX Legislatura, e integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo establecido en la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto ante el pleno de la Comisión Permanente, con carácter de urgente y obvia resolución, el siguiente punto de acuerdo por el que se exhorta al titular la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que publique los calendarios de presupuesto autorizados a las dependencias y entidades con el objeto de dar cumplimiento al artículo 15 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005, bajo los siguientes

Antecedentes

1. Que el pasado 20 de diciembre de 2004 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, en su Primera Sección Vespertina, el decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2005, en el artículo 15 señala; que los calendarios de presupuesto autorizados a las dependencias y entidades deberán publicarse a los cinco días hábiles siguientes en el Diario Oficial de la Federación.

2. Que el pasado 20 de diciembre de 2004, la Subsecretaría de Egresos de la Unidad de Política y Control Presupuestario, giró un oficio circular No. 307-A.-1318 a los oficiales mayores y equivalentes en las dependencias de la Administración Pública Federal, al director general de Administración en la Secretaría de la Defensa Nacional y al titular de la Unidad de Crédito Público, estableciendo los lineamientos para la integración del Presupuesto de Egresos de la Federación 2005, con el objeto de prever la elaboración de los calendarios financieros, para su correspondiente autorización y su comunicación a las dependencias y entidades a más tardar el primero de enero de 2005, así como su publicación a más tardar a los cinco días hábiles siguientes en el Diario Oficial de la Federación.

Considerandos

1. No obstante al incumplimiento del artículo 15 del decreto de Presupuesto de Egresos 2005, además de los lineamientos internos establecidos por la Subsecretaría de Egresos a través de la Unidad de Política Presupuestaria, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, viola lo establecido a la fracción XXIII del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en donde se establece que la misma, debe de vigilar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las disposiciones en materia de planeación nacional así como de programación, presupuestación, contabilidad y evaluación.

2. El Ejecutivo federal, y la propia Secretaría han insistido en el doble discurso, pues por un lado éste se fortalece en su rama ejecutiva con aplicación del veto constitucional, observándose una carente e inoperante eficiencia y eficacia jurídica con soluciones de una justicia exprés, de un sistema jurídico que no se encuentra a la altura para resolver e implementar las medidas conducentes para lograr un mejor resultado y de mayor calidad, en la función estabilizadora y redistributiva, en la provisión de bienes y servicios, y la concreción de los mismos en los programas de gastos.

Hoy más que nunca, todos coincidimos e independientemente de nuestras ideologías partidistas; que en estos momentos se hace imperiosa la necesidad de aplicar políticas públicas responsables que coadyuven al desarrollo nacional, y a la satisfacción de las demandas sociales de la población.

Por lo anteriormente expuesto solicito

Único.- Se exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que a la brevedad posible publique los calendarios de presupuesto autorizados a las dependencias y entidades en el Diario Oficial de la Federación para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 15 del decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2005.

Salón de Sesiones de la H. Comisión Permanente, a los doce días del mes de enero de 2005

Dip. Minerva Hernández Ramos (rúbrica)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR A LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES A CONTINUAR LA REIMPRESIÓN DE LA GUÍA DEL MIGRANTE MEXICANO, A CARGO DE LA DIPUTADA LIZBETH ROSAS MONTERO Y SUSCRITA POR EL DIPUTADO JUAN JOSÉ GARCÍA OCHOA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El suscrito, diputado federal Juan José García Ochoa de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. Pese a las intenciones del gobierno mexicano por firmar un acuerdo migratorio con Estados Unidos, la falta de voluntad de concretarlo, al menos en fechas próximas, por parte de las autoridades del vecino país, resulta en que millones de connacionales seguirán viviendo día a día en la indefensión. Mientras no exista un acuerdo migratorio con una responsabilidad binacional, no puede resolver de manera global el problema.

2. Si en este momento no existen las condiciones para concretar un acuerdo migratorio global y definitivo, es indispensable esforzamos en avanzar en la regulación y administración de programas de apoyo y protección para nuestros connacionales y en otorgar información precisa y útil a los mexicanos que de manera individual hayan decidido buscar a cualquier costo nuevas oportunidades para mejorar su calidad de vida fuera del país. Esto probablemente hará que Estados Unidos se sienta obligado a regresar al tema y se vea obligado a ordenar la migración, pero mediante una estrategia conjunta con nuestro país.

3. Según datos recientes del Consejo Nacional de Población, este año unas 398 mil personas emigraron de México a otros países, especialmente a Estados Unidos, donde hay alrededor de diez millones de mexicanos nacidos en este país, de los cuales unos 4.5 millones son indocumentados.

4. Las remesas que envían los mexicanos en el exterior son un pilar fundamental para más de 1.4 millones de hogares en México. Dichas remesas supusieron, hasta noviembre de 2004, un nuevo récord histórico de 15,178 millones de dólares, casi un 25 por ciento más que un año antes. La cifra supera en 1.782 millones de dólares al total de remesas enviadas durante todo 2003, que sumó 13,396 millones de dólares.

5. Al mismo tiempo, hoy los migrantes están más expuestos a los abusos y al maltrato e, inclusive a la pérdida de la vida. En los últimos cuatro años, como consecuencia de la implementación de los programas de sellamiento de la frontera implementados por la patrulla fronteriza estadounidense, han aumentado de manera considerable los abusos y las extorsiones a que son sometidos nuestros connacionales, quienes se han convertido en presa fácil de las redes del crimen organizado.

6. El Partido de la Revolución Democrática impulsó desde el año anterior y ahora en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005, la inclusión de una partida específica de 5 millones de pesos para el Programa de Protección al Migrante Mexicano y para la Campaña de Seguridad al Migrante, con el objeto de alertar a nuestros connacionales de los riesgos de intentar cruzar ilegalmente la frontera norte.

7. En este contexto, la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana ordenó la impresión a finales de noviembre pasado de un millón y medio de Guías del Migrante Mexicano, que fueron distribuidas en la frontera del país y en los Consulados de México en Estados Unidos.

8. La guía no promueve, ni tiene la intención de promover la migración indocumentada a Estados Unidos, sino de salvar vidas. El librillo de 32 páginas, indica en su introducción y su contraportada, que la entrada a cualquier país debe de ser legal con un pasaporte y una visa correspondientes. El objetivo fundamental de la guía es alertar de los riesgos a los que se enfrentan los connacionales que han decidido de cualquier forma cruzar la frontera y los peligros de contratar a polleros; de los riesgos de mentir a la patrulla fronteriza; de cruzar con paquetes que hayan sido entregados por personas desconocidas, etcétera.

9. No obstante, la Guía del Migrante Mexicano ha sido objeto de críticas de diversos sectores de la sociedad estadounidense, sobre todo de congresistas de ese país, quienes han amenazado con boicotear la posibilidad de alcanzar un acuerdo migratorio si dicha guía se continúa distribuyendo, señalándola como un mecanismo para alentar la violación de las leyes migratorias de Estados Unidos.

Por lo antes expuesto, proponemos la siguiente:

Proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución

Primero.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión respalda el contenido y la repartición de la Guía del Migrante Mexicano, elaborada por la Secretaría de Relaciones Exteriores, a nuestros connacionales que intentan cruzar la frontera norte.

Segundo.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión hace un respetuoso exhorto a los funcionarios de nuestra Cancillería a no permitir ninguna presión o intimidación por parte de congresistas y/o funcionarios estadounidenses y a continuar con la Campaña de Seguridad al Migrante y la distribución de la Guía del Migrante Mexicano.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 12 de enero de 2005.

Dip. Juan José García Ochoa (rúbrica)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR AL EJECUTIVO FEDERAL A APLICAR LA TARIFA ELÉCTRICA 1F EN EL ESTADO DE GUERRERO, A CARGO DEL DIPUTADO JAVIER SALINAS NARVÁEZ Y SUSCRITA POR LA DIPUTADA IRMA FIGUEROA ROMERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

La suscrita, integrante de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática con fundamento en la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar ante esta Comisión Permanente la siguiente propuesta con punto de acuerdo, en base a la siguiente

Exposición de Motivos

Estoy consciente del grave problema que generó una decisión unilateral por parte del Ejecutivo federal, donde a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) emite un acuerdo que autoriza a los organismos descentralizados: Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro, para el ajuste, modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y reduce el subsidio a las tarifas eléctricas domésticas.

Supuestamente se pretendía que los que más consumían más pagaran y para ello se establecieron los lineamientos para incrementar las tarifas eléctricas residenciales y, a través de esta política, reducir el subsidio residencial a los estratos de la población que consumen más electricidad. Los estudios tendenciosos realizados por la SHCP demostraron que los subsidios eléctricos en México se estaban distribuyendo inequitativamente, puesto que, tenían un carácter regresivo al ser concentrados mayoritariamente por familias con altos ingresos las cuales demandan más electricidad.

En el Diario Oficial de la Federación publicado el 7 de febrero de 2002 se señalaba que:

1.- Las tarifas domésticas cuentan con un subsidio que beneficia en mayor medida a los usuarios con mayores consumos de energía eléctrica derivado del mecanismo con que se factura el consumo;

2.- Que debido a este subsidio las empresas públicas de energía eléctrica no cuentan con los recursos suficientes para atender la demanda creciente de electricidad con altos niveles de calidad;

3.- Que en función de lo anterior y ante la regresividad de los subsidios a las tarifas del sector residencial, es necesario reducir su otorgamiento de forma generalizada, mediante ajustes de nivel y estructura, direccionando y concentrando el beneficio del subsidio en los usuarios de bajos ingresos;

4.- Que con el propósito antes señalado, se excluye en promedio al 75% de los usuarios a nivel nacional de la medida de reducción en el subsidio, correspondiendo a los usuarios con menores niveles de consumo; se aplica una reducción parcial de dicho subsidio al siguiente 20% de los usuarios; y se elimina el mismo únicamente para el 5% de los usuarios con mayores consumos;

5.- Que para hacer partícipe al Gobierno Federal del esfuerzo por obtener mayores recursos para que las empresas públicas de energía eléctrica puedan otorgar este servicio de manera suficiente y con calidad, se crean las tarifas aplicables a la energía eléctrica destinada a la producción y provisión de bienes y servicios públicos federales.

Lamentablemente la "intención de cobrar más a los que más tienen", no resultó exitosa y los consumidores que se están viendo afectados son los de menores recursos.

El Legislativo ha sido sensible ante los problemas que aquejan a sus representados, por ello desde la legislatura pasada se consideró que la política tarifaria para el sector residencial podría ser revisada considerando tres premisas básicas: Garantía del servicio eléctrico a la población de escasos recursos, eliminación de los subsidios a los sectores de mayor consumo y promoción de tecnología de uso eficiente de la energía que permita mantener el nivel de servicio deseado, disminuyendo el consumo.

Conscientes de la arbitrariedad por parte del Ejecutivo se propuso una iniciativa en la LVIII Legislatura donde se le otorgaban facultades al Congreso de la Unión para aprobar las tarifas de uso habitacional por consumo de energía eléctrica, adicionando el artículo 73 constitucional.

Otra iniciativa argumentó que el gobierno del Presidente Vicente Fox estaba cobrando tarifas de primer mundo a jubilados, pensionados, personas de la tercera edad y discapacitados que tienen un ingreso per cápita de tercer mundo, por lo que se propuso una iniciativa que adiciona el artículo 30 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y plasma que la SHCP otorgará un descuento de hasta el 50 por ciento a los usuarios que acrediten tener más de 65 años, ser madre soltera, tener alguna discapacidad o vivir en una unidad habitacional de interés social.

Estas iniciativas lamentablemente para el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática no fueron dictaminadas.

También se presentaron diversos puntos de acuerdo exhortando al Ejecutivo federal a derogar el acuerdo del 7 de febrero de 2002, y solicitar a la SHCP que aplique la tarifa 1F para el suministro y venta de energía eléctrica en las regiones que registren la temperatura media mínima en verano requerida, tornando en consideración los índices de calor y humedad determinados por la bioclimatología.

Los estratos de la población con menores recursos se han manifestado a lo largo y ancho de todo el país, para solicitar que se cobre el consumo de la energía eléctrica de manera justa, pues el incremento va más allá del 100% y como lo he manifestado ya en tribuna, en el caso concreto del estado de Guerrero los habitantes han denunciado los excesivos cobros de la Comisión Federal de Electricidad. En diversos espacios he señalado el enorme beneficio que traería para los guerrerenses el que se cambien las tarifas de la 1B a la 1F, pues se lograría una disminución de hasta un 45%, que sin duda provocaría que se captara mayor inversión por contar con tarifas preferenciales. Además de la gran cantidad de población de escasos recursos que se beneficiaría.

Por lo anteriormente expuesto y fundado la que suscribe somete a la consideración de este pleno, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.- La Cámara de Diputados del. H. Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al titular del Ejecutivo federal para que aplique en el estado de Guarrero la tarifa 1F, para localidades con temperatura media mínima en verano de 33 grados centígrados. Tomando en consideración los índices de calor y humedad determinados que se presentan en el estado. Eliminando con ello la tarifa 1B que se aplica en la actualidad y que redunda en el perjuicio de todos los guerrerenses.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de enero de 2005.

Dip. Irma S. Figueroa Romero (rúbrica)
 
 

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Excitativas

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A LAS COMISIONES DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, Y DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, A SOLICITUD DEL DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE OSUNA MILLÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El suscrito C. José Guadalupe Osuna Millán, diputado Federal integrante de la LIX Legislatura Federal del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de mis facultades legales y a nombre de los diputados del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, solicita al Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, sirva obsequiar la presente excitativa a las comisiones legislativas de la Cámara de Diputados para que se reanuden los trabajos legislativos relativos a la revisión del marco constitucional en materia de reconducción presupuestal, programas y proyectos multianuales y fiscalización del gasto público, al tenor de los siguientes

Antecedentes

Primero.- El pasado 14 de abril de 2004, los diputados federales en las Comisiones Legislativas, dimos un paso importante en modificar el plazo constitucional de la presentación del paquete económico y así poder coincidir en ofrecernos mayor tiempo para estudiar, analizar y acordar modificaciones al Presupuesto de Egresos de la Federación.

Segundo.- No obstante, es de reconocer que a pesar de contener 28 iniciativas en esta materia en la pasada Legislatura Federal y aproximadamente 18 en el tiempo que se desarrolla la actual, en la redacción del dictamen correspondiente fueron únicamente consideradas 21 iniciativas del total de las iniciativas incluyendo adicionalmente, algunas pendientes de la LVII Legislatura Federal.

Tercero.- En el acuerdo político que sirvió para alcanzar la reforma constitucional y que fue aprobado por todos los grupos parlamentarios se advirtió en el numeral II de dicho dictamen lo siguiente:

"Las iniciativas enunciadas en el capítulo referente al proceso legislativo consideran otras posibles reformas, por lo que estas dictaminadoras solamente incluyen la materia de este dictamen, para que los otros temas puedan ser incluidos en dictámenes posteriores." Consideraciones

Primero.- En el dictamen quedó señalado, entre otras cuestiones, la necesidad que el Gobierno Federal realizara proyecciones de ingreso-gasto bajo escenarios de largo plazo, que dichos escenarios se apeguen a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y sobre todo, establecer una mayor y mejor coordinación entre el Ejecutivo y el Congreso.

Como podremos advertir, dichos elementos no se cumplieron en lo mínimo, no logramos establecer un diálogo constructivo con el Ejecutivo Federal, no se tuvieron los incentivos adecuados para una discusión objetiva y responsable durante el proceso presupuestario y mucho menos hemos sido capaces de impulsar la colaboración respetuosa entre los Poderes, pues hemos realizado una escalada de una lucha de poderes en lugar de realizar una reflexión sobre el trabajo parlamentario y los pendientes legislativos que la sociedad mexicana ha reclamado.

Segundo.- La fracción parlamentaria de Acción Nacional, reconoce la trascendencia del debate nacional en el tema del presupuesto, necesitamos culminar con pactos políticos de gran trascendencia, reformas de Estado, que sirvan a los mexicanos e invitamos con una gran cordialidad a las demás fracciones a reflexionar y sumarse a la responsabilidad de construir un ejercicio de trabajo fructífero en las comisiones de trabajo correspondientes.

Que los diputados debemos revisar de manera integral el marco constitucional en materia de los ingresos y gastos de la federación, así como su fiscalización y correcta armonización de los procesos legales y de rendición de cuentas, que existan diversas iniciativas de todos los grupos parlamentarios que contienen ideas, proyectos e incluso en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, se tiene desde hace varios meses un proyecto de dictamen de la Ley de Presupuesto Federal, en donde se establecen varios avances, pero que es necesario reunirnos para dictaminarla.

Tercero.- La sociedad nos demanda dejar atrás la búsqueda de culpables, el PAN señala los errores para enmendarlos, el PAN busca aliados para construir en equipo una reforma política de gran envergadura.

Por lo anteriormente expuesto, solicito respetuosamente y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos al C. Presidente de la Cámara de Diputados para que en uso de la facultad que le confiere la fracción XVI del artículo 21 del citado Reglamento, obsequie al suscrito el siguiente

Acuerdo

Único.- Se excitan a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de Puntos Constitucionales y de Hacienda y Crédito Público a reanudar los trabajos legislativos y ofrezcan a la brevedad los dictámenes correspondientes de las iniciativas pendientes, cuyos temas son relativos a la revisión del marco constitucional en materia de reconducción presupuestal, programas y proyectos multianuales y la fiscalización del gasto público, así como el dictamen relativo a la Ley de Presupuesto Federal.

Dado en el Palacio Legislativo, a 12 de enero de 2005.

Dip. José Guadalupe Osuna Millán (rúbrica)
 
 
 

A LA COMISION DE GOBERNACION, A SOLICITUD DEL DIPUTADO JESÚS GONZÁLEZ SCHMAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA

El que suscribe, diputado Federal Jesús González Schmal, integrante del grupo parlamentario de Convergencia en la LIX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en la fracción XVI del artículo 21 y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo décimo quinto del Acuerdo Parlamentario relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, solicito a ésta Presidencia, tenga a bien formular excitativa a la Comisión de Gobernación, a efecto de que se elabore a la brevedad posible el dictamen correspondiente a la iniciativa presentada el 13 de septiembre de 2004, la cual deroga el artículo 29 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La Ley Federal de Entidades Paraestatales fue promulgada por el Presidente Miguel de la Madrid Hurtado y publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 14 de mayo de 1986.

Tal ordenamiento fue urdido para sustraer a las Sociedades Nacionales de Crédito de la fiscalización por parte de los instrumentos que al efecto entonces operaban. Del Poder Ejecutivo lo era la Secretaría de la Contraloría, y del Poder Legislativo, la Contaduría Mayor de Hacienda. Así fue que las Sociedades Nacionales de Crédito desde entonces engendraron los desfalcos que más tarde se ocultarían por medio del Fobaproa (y su derivado, el IPAB). Es claro que el propósito era también dejar expedito un recurso para el mismo fin de excluir de control y fiscalización a toda Sociedad Mercantil de Participación Estatal Mayoritaria que, con tan sólo considerarla de "carácter temporal", sin señalar el alcance de ello, permitiera un manejo discrecional para transferir activos del Estado a particulares sin que mediara supervisión y resguardo de los bienes públicos que se enajenaban a valores inferiores a su verdadera cuantía y finalidad promotora del desarrollo. Tal es, sin duda, el contenido del dispositivo marcado con el número 29 de la citada ley.

La grave demora que ha sufrido la elaboración del dictamen de la iniciativa en comento, está siendo de incalculables daños al patrimonio nacional, porque es ya sabido la discrecionalidad para lucrar sin medida y ejercer un suprapoder por encima de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por parte del Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), y por la empresa española Aeropuertos Españoles de Navegación (AENA), como socio estratégico, en combinación con Unión Fenosa, de carácter financiero, de la misma nacionalidad, que aparecerá como propietaria mayoritaria de las once concesiones del GAP, y que una vez que se burzatilice, será de consecuencias irreparables.

Con éste atraso se está aplazando a su vez, la obligada acción para revocar la concesión, entre otros, del aeropuerto de Tijuana, que el grupo español clasifica como estratégico para la operación de importantes volúmenes de carga y de pasajeros con Asia, que implicará no sólo el riesgo de la soberanía de México, sino la pérdida del negocio aéreo más importante del segundo lustro de este siglo.

Por lo anteriormente expuesto, a usted C. Presidente de la H. Cámara de Diputados en turno, atentamente le pido tenga por presentada esta solicitud de excitativa a la Comisión de Gobernación, para que sea elaborado y presentado su dictamen, respecto de la iniciativa que deroga el artículo 29 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, presentada ante el Pleno de ésta H. Cámara, el día 13 de Septiembre de 2004.

Palacio Legislativo de San Lázaro, H. Cámara de Diputados a 11 de enero de 2005.

Dip. Jesús González Schmal (rúbrica)
 
 

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Programas

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DE LA COMISION DE RELACIONES EXTERIORES, DE TRABAJO

Visión

La Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados de la LIX Legislatura representa dignamente la pluralidad de nuestro país y colabora para que México se posicione con liderazgo en el escenario internacional; a través de una participación activa y responsable en el exterior, de los representantes de la nación.

Misión

Participar activa y responsablemente, como actor de las relaciones internacionales de México, en la formulación de la política exterior y en su proceso de toma de decisiones, a partir de nuestros principios constitucionales establecidos en el artículo 89, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de las controversias, proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los Estados, la cooperación internacional para el desarrollo, y la lucha por la paz y la seguridad internacionales. Lo anterior, en orientación a la defensa y promoción de los intereses nacionales, contribuyendo así a que nuestro país se inscriba dignamente en un nuevo contexto mundial y colabore en la construcción de un orden internacional más justo, más democrático, más humano, en el que la paz y la seguridad se fortalezcan.

Objetivos generales

1. Trabajar conforme a lo que se establece en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de los ordenamientos aplicables, de los acuerdos tomados por el Pleno de la Cámara y los que se adopten por sí mismos, con relación a los temas de su competencia en concordancia con sus atribuciones.

2. Con fundamento en el artículo 45, inciso f de la Ley Orgánica se dará cumplimiento al análisis, estudio y dictamen de los asuntos turnados por el Pleno de la H. Cámara de Diputados, así como de la Comisión Permanente, para poder promover, en el ámbito parlamentario de nuestra competencia, la defensa de los intereses nacionales de México en el mundo.

3. Estrechar y mantener en forma continua, cooperativa y sistemática la relación institucional con el Senado de la República y los Poderes de la Unión, fortaleciendo la coordinación con la Comisión de Relaciones Exteriores, las comisiones regionales de organismos internacionales y Organizaciones No Gubernamentales internacionales.

4. Incrementar la comunicación y las reuniones de trabajo con el Poder Ejecutivo y ampliar los vínculos institucionales con la Secretaría de Relaciones Exteriores y demás dependencias, en el ámbito federal, estatal y municipal, involucradas en temas de política exterior.

5. Ampliar, profundizar y fortalecer las relaciones políticas, económicas, culturales y de cooperación del Congreso mexicano con las distintas regiones del mundo; a través de sus representaciones diplomáticas y con los parlamentos del mundo, en favor de la defensa de los intereses de México en el exterior y, particularmente, de la protección de los derechos de las comunidades mexicanas en el mundo.

6. Fomentar la especialización y profesionalización en temas internacionales de los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores.

7. Hacer de la Comisión de Relaciones Exteriores, un espacio legislativo, representativo y plural, un foro permanente de reflexión sobre la política exterior.

Líneas de acción

1. Elaborar el plan anual de trabajo de la Comisión de Relaciones Exteriores de la LIX Legislatura y la agenda política que lo acompaña.

2. Profundizar en el papel de la política exterior y en el logro de una participación proactiva que logre ampliar el debate a nivel nacional en defensa de los intereses de México en completa articulación de la política interior para formar parte de la nueva generación de reformas estructurales.

3. Entablar un diálogo constructivo con el Poder Ejecutivo para que en coordinación con nuestra colegisladora, podamos avanzar en un diseño articulado de la política exterior para configurar una política exterior de Estado que reúna a los Poderes de la Unión en los acuerdos y nos permita actuar en conjunción a favor de los intereses nacionales.

4. Establecer las bases para el funcionamiento de los Grupos de Amistad y propiciar la diversificación de las relaciones internacionales de México.

5. Desahogar de manera efectiva y ordenada los asuntos que se encuentran en esta Comisión, y de manera prioritaria aquellos que por su relevancia requieran un mayor empeño en su estudio y resolución.

6. Emitir los pronunciamientos y las declaraciones políticas de los acontecimientos surgidos en el ámbito nacional e internacional particularmente la condena al terrorismo en todas sus expresiones y la promoción de la paz y la seguridad mundial.

7. Coordinar y dar seguimiento a las actividades de diplomacia parlamentaria en el exterior de conformidad con los lineamientos para viajes internacionales que ha propuesto la Junta de Coordinación Política y se ha aprobado en el pleno de la Cámara de Diputados. (20 de octubre de 2003)

8. Acordar el compromiso de la Comisión de Relaciones Exteriores con la Junta de Coordinación Política, como el órgano colegiado de gobierno facultado para la toma de decisiones, consensos, entendimientos y convergencias políticas a nivel legal y constitucional, con las instancias y órganos que resulten necesarios.

9. Proveer la información pertinente y dar seguimiento a las participaciones de los representantes de México ante parlamentos extranjeros, foros, redes, y organismos internacionales de los que formamos parte.

10. Fortalecer y coordinar las reuniones interparlamentarias bilaterales y multilaterales establecidas y ampliar dicho mecanismo de cooperación legislativa con parlamentos de otras naciones ampliando las relaciones internacionales del Congreso.

11. Proponer al Poder Ejecutivo iniciativas y acciones que impulsen reformas a los organismos internacionales a los que México pertenece para que contribuyan a la paz, seguridad y mundialización de las relaciones internacionales y favorezca el multilateralismo.

12. Revisar anualmente el presupuesto de la Secretaría de Relaciones Exteriores con el objetivo de eficientar recursos y garantizar una oportuna protección consular a nuestros connacionales.

13. Llevar a cabo reuniones de trabajo periódicas con el Secretario de Relaciones Exteriores, de conformidad con la disposición y formal ofrecimiento del titular de esa dependencia para integrar a la Comisión de Relaciones Exteriores de esta Cámara de Diputados en los procesos de negociación y toma de decisiones del Ejecutivo.

14. Estrechar nuestras relaciones con el cuerpo diplomático acreditado en nuestro país favoreciendo el intercambio cultural de la Cámara de Diputados México con el mundo, así como organismos internacionales.

15. Vincular a la Comisión de Relaciones Exteriores con el ámbito académico, intelectual, sociedad civil organizada y centros de investigación para desarrollar eventos, conferencias, seminarios y talleres de actualización para parlamentarios, de vinculación con la sociedad y de consulta sobre temas de la agenda política.

16. Acercarnos con los medios de comunicación para informar a tiempo de los trabajos legislativos de la Comisión.

17. Editar y publicar artículos, documentos y libros sobre los trabajos relacionados con los temas internacionales.

18. Participar en los foros internacionales en donde los parlamentarios mexicanos sean invitados como miembros, ponentes u observadores.

19. Establecer grupos de trabajo para los temas de alta relevancia para la política exterior y las relaciones internacionales de México.

Grupos de Amistad (46 aprobados)

Presididos por el GP-PRI
Presididos por el GP-PAN
Presididos por el GP-PRD
Presididos por el PT, el PVEM y Convergencia

Foros parlamentarios internacionales (8)

Parlamento Latinoamericano, Parlatino, miembro.
Confederación Parlamentaria de las Américas, Copa, miembro.
Foro Interparlamentario de las Américas, FIPA, miembro.
Unión Interparlamentaria, UI, miembro.
Foro Parlamentario Asia-Pacífico (APPF), miembro.
Parlamento Centroamericano, Parlacen, observador
Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, observador. Agenda Política

De conformidad con el primer punto de las líneas de acción contenidas en el plan de trabajo de la Comisión de Relaciones Exteriores, en el que se establece "Elaborar el plan anual de trabajo de la Comisión de Relaciones Exteriores de la LIX Legislatura y la agenda política que lo acompaña, y con base las propuestas que hicieron llegar los grupos parlamentarios del PRI, PAN y PRD al pleno de la Comisión en el marco de los acuerdos tomados durante su IV sesión ordinaria, celebrada el pasado miércoles 11 de febrero del presente, se presenta a continuación la propuesta de agenda política de la Comisión de Relaciones Exteriores.

I. Actividades a desarrollar por los grupos de trabajo

a) Seguimiento de asuntos legislativos

- Dialogar permanentemente sobre los temas de la agenda internacional que pueden culminar en iniciativas, puntos de acuerdo o en la construcción de posiciones conjuntas de la Comisión.

- Determinar las iniciativas y proposiciones con punto de acuerdo prioritarias para su desahogo y respectiva elaboración de dictamen.

- Dar puntual seguimiento al cumplimiento por parte del Ejecutivo de los acuerdos tomados por el Pleno de la Cámara en materia de política exterior.

- Impulsar las iniciativas legislativas necesarias para restituir a la Cámara de Diputados su carácter de participante activo en las negociaciones de tratados internacionales.

- Estudiar las diversas modalidades referentes al voto de los mexicanos en el exterior y en su caso dictaminar las iniciativas que de ellas emanen.

b) Mexicanos en el exterior - Establecer mecanismos de coordinación con el Ejecutivo federal y el Senado de la República para trabajar de manera decidida en favor de la protección de los derechos humanos, políticos y civiles de los mexicanos en el exterior.

- Fortalecer la comunicación y establecer mecanismos concretos de seguimiento al trabajo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior.

- Dar puntual seguimiento al ejercicio del presupuesto anual de egresos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, manteniendo un intercambio ágil y oportuno de información, de tal manera que pueda aprovecharse sustancialmente la partida adicional que esta H. Cámara aprobó este año para asuntos consulares y la protección de los mexicanos en el exterior.

- Trabajar coordinadamente con el Ejecutivo Federal, el Senado de la República y los Congresos estatales para lograr una mayor y más clara iniciativa de México en torno a un acuerdo migratorio con Estados Unidos.

- Establecer contacto con congresistas y senadores estadounidenses para favorecer, desde el trabajo parlamentario en ambos países, la iniciativa para acuerdo migratorio entre México y Estados Unidos.

c) Procesos de integración - Estudiar y proponer esquemas y formatos de trabajo (reuniones, seminarios, foros, etcétera) para intercambiar visiones con investigadores, especialistas y funcionarios de gobierno sobre los procesos de integración en México y su región.

- Replantear de forma que se intensifique la participación del legislativo en las negociaciones que actualmente lleva a cabo el Ejecutivo, fundamentalmente en lo relacionado con los procesos de integración que México ha emprendido en el continente americano, en Europa y en Asia-Pacífico.

- Seguimiento de los objetivos básicos planteados en el Plan Puebla Panamá.

d) Fortalecimiento del multilateralismo - Establecer como prioridad la consolidación de una arquitectura multilateral propia de nuestra región inmediata, que comprende América del Norte, América Central y el Caribe. La tarea es fortalecer los foros existentes y en su caso, diseñar y crear nuevos espacios de negociación de paz y desarrollo.

- Abordar el tema de reformas a la ONU a través de un seminario en el que participen especialistas en el tema y actores relevantes dentro del gobierno mexicano.

- Precisar nuestros objetivos en una región estratégica, conformada por América del Sur, Asia, Europa, y los países petroleros.

- Impulsar la participación de México como miembro permanente del Parlamento Centroamericano (Parlacen).

e) Seguridad hemisférica - Partiendo de la base de que la seguridad o inseguridad son temas multicausales y se viven de manera distinta desde cada país dependiendo de sus circunstancias y características, debemos trabajar coordinadamente con los países que integran nuestra región inmediata en torno al tema de seguridad hemisférica, considerando que el combate a las asimetrías sociales, la protección de las soberanías nacionales, la protección de los recursos estratégicos y ambientales y la gobernabilidad de nuestros países, son elementos que permitirán abordar la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico y otros conflictos de seguridad hemisférica de manera coherente con los principios de México en materia política exterior.

- Dar seguimiento a los acuerdos alcanzados por el Ejecutivo durante la Conferencia Especial sobre Seguridad Hemisférica.

- Gobiernos y legisladores, debemos reflexionar hacia el interior de nuestros países e intercambiar experiencias sobre la paz, siendo el caso de Colombia de destacada importancia, por ser socios del G3.

f) Derechos humanos - Estudio y análisis de la posible reforma al artículo 89 constitucional que adicione como principio de política exterior la promoción y defensa de los derechos humanos.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Convocatorias

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DE LA COMISION DE SEGURIDAD SOCIAL

A la reunión de trabajo de su Mesa Directiva, que se llevará a cabo el jueves 13 de enero, a las 9 horas, en el salón E del edificio G (Los Cristales).

Atentamente
Dip. Miguel Alonso Raya
Presidente
 
 
 

DEL COMITE DEL CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE Y LA SOBERANÍA ALIMENTARIA

A la reunión de trabajo de su Mesa Directiva, que se efectuará el jueves 13 de enero, a las 9 horas, en el salón A del edificio G (Los Cristales).

Atentamente
Dip. Víctor Suárez Carrera
Presidente
 
 
 

DE LA COMISION DE GOBERNACION

A la reunión de trabajo de la Subcomisión de Gobierno, que se verificará el jueves 13 de enero, a las 10 horas, en la sala de juntas de la Comisión.

Orden del Día

1. Registro de asistencia.
2. Se da cuenta con oficios de las Comisiones de Trabajo y Previsión Social, de Relaciones Exteriores, de Energía, de Desarrollo Metropolitano, del Distrito Federal, de Desarrollo Social, de Puntos Constitucionales, de Salud, y de las Comisiones Unidas de Defensa Nacional, y de Justicia y Derechos Humanos, con los que envían anteproyecto de dictamen respecto de iniciativas y de proposiciones con punto de acuerdo, que someten a la consideración de la Comisión de Gobernación. Se anexa relación detallada.
3. Asuntos varios. Atentamente
Dip. Julián Angulo Góngora
Presidente

DEL GRUPO DE TRABAJO PARA LA REFORMA DEL CONGRESO

A su reunión de trabajo, que se verificará el jueves 13 de enero, a las 11 horas, en el salón de reuniones de la Junta de Coordinación Política (edificio H, segundo nivel).

Atentamente
Dip. Sami David David
 
 

DE LA COMISION DE EDUCACION PÚBLICA Y SERVICIOS EDUCATIVOS

A su reunión de trabajo, que se llevará a cabo del lunes 17 al miércoles 19 de enero en la ciudad de Puebla, Puebla, y a la que asistirán autoridades locales, instituciones de educación superior beneficiadas con el Fondo de Equidad para 2004 y 2005, y especialistas en materia educativa.

Las instituciones participantes son las siguientes: Universidad Autónoma de Tlaxcala, Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Universidad Autónoma de Chiapas, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Universidad Autónoma de Sinaloa, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Universidad Autónoma del Estado de México, Universidad Autónoma de Guerrero, Universidad Autónoma de Nayarit, Instituto Tecnológico de Sonora, Centro de Estudios Superiores de Sonora, Universidad de Occidente y Universidad de Guadalajara.

Programa

Lunes 17

12:00 horas: Registro y entrega de documentos.
Dictámenes y puntos de acuerdo pendientes.

13:00 horas: reunión plenaria de la Comisión.

Presentación del programa de trabajo.
Información sobre iniciativas y puntos de acuerdo pendientes en la Comisión. 15:00 horas: Comida.

17:00 horas: Presentación Visión de la educación del país.

Observatorio Ciudadano, 15 minutos.
Organización de Padres de Familia, 15 minutos.
Instituto Nacional de Evaluación Educativa, 15 minutos.
Centro de Estudios sobre la Universidad (director doctor Axel Didriksson Takanayagui), 15 minutos. 20:30 horas: Cena.

Martes 18

9:00 horas: Desayuno.
Rueda de prensa.

11:00 horas: Trabajo en subcomisiones.

Educación Básica.
Educación Media Superior.
Educación Superior y Postgrado.
Evaluación Educativa.
Presupuesto.
Vinculación Educativa con el Sector Productivo. 14:00 horas: Trabajo en Comisión.
15:30 horas: Comida

17:30 horas: Informe de los nueve rectores sobre aplicación del Fondo de Equidad (15 minutos cada uno).
21:00 horas: Cena con autoridades del estado de Puebla y rectores.

Miércoles 19

8:30-9:30 horas: Desayuno.
10:00-11:00 horas: Homenaje al doctor Gastón García Cantú en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Puebla.

12:00 horas: Reunión de la Comisión para determinar el plan de trabajo para 2005.
15:30 horas: Comida.

Atentamente
Dip. Salvador Pablo Martínez Della Rocca
Presidente
 
 

DE LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

A su reunión de trabajo, que se verificará el martes 18 de enero, a las 15 horas, en el salón B del edificio G (Los Cristales).

Atentamente
Dip. Cruz López Aguilar
Presidente
 
 

DE LA COMISION DE FOMENTO COOPERATIVO Y ECONOMÍA SOCIAL

A la reunión de trabajo de su Mesa Directiva, que se realizará el miércoles 19 de enero, a las 11 horas, en las oficinas de la Comisión.

Orden del Día

1. Reunión de trabajo en Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, de Fomento Cooperativo y Economía Social, y de Justicia y Derechos Humanos, con diferentes funcionarios de la Administración Pública Federal a celebrarse el próximo 19 del mes y año en curso, a las 17 horas. Atentamente
Dip. Francisco Javier Saucedo Pérez
Presidente

DE LA COMISION BICAMARAL DEL SISTEMA DE BIBLIOTECAS

A su reunión de trabajo, que se verificará el miércoles 19 de enero, a las 17 horas, en el salón A del edificio G (Los Cristales).

Orden del Día

1. Lista de asistencia y verificación de quórum.
2. Comentario de la presentación de las revistas literarias y políticas.
3. Presentación de la proposición con punto de acuerdo denominado "Diputado ayuda a tu biblioteca".
4. Desayuno encuentro con casas editoras que no cumplen con el Decreto del Depósito Legal para fomentar su difusión.
5. Proyecto de revisión para la renovación de los convenios interbibliotecarios suscritos por el Sistema de Bibliotecas de la H. Cámara de Diputados.
6. Asuntos generales. Atentamente
Dip. Leonel Sandoval Figueroa
Presidente

DE LA COMISION DE RELACIONES EXTERIORES

Al brindis con el cuerpo diplomático acreditado en México, que se verificará el miércoles 19 de enero, a las 19 horas, en el salón de protocolo del edificio C.

Invitados especiales

1. Integrantes de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados.
2. Integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores.
3. Presidentes y secretarios de los 46 Grupos de Amistad que han sido constituidos en la presente Legislatura. Atentamente
Dip. Adriana González Carrillo
Presidenta

DE LA COMISION DE FOMENTO COOPERATIVO Y ECONOMÍA SOCIAL

A la reunión de trabajo de su Mesa Directiva, que se llevará a cabo martes 25 de enero, a las 9:30, en las oficinas de la Comisión.

Orden del Día

1. Respuesta a la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaria de Gobernación, respecto a la iniciativa de decreto que adiciona el Título III-A de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, la fracción VIII del artículo 95 del Código Fiscal de la Federación, y el artículo 389 Bis A del Código Penal Federal.

2. Proceso de dictámenes y aprobación en el pleno de iniciativas legislativas:
a) Iniciativa de decreto que adiciona el Título III-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la fracción VIII del artículo 95 del Código Fiscal de la Federación, y el artículo 389 Bis A del Código Penal Federal.
b) Iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de Ahorro y Crédito Popular.
c) Ley de Sociedades Cooperativas.

3. Nuevas iniciativas a elaborar:
a) Ley Reglamentaria del artículo 25 Constitucional en lo referente al sector social de la economía.
b) Derogación del artículo 19 y reforma del artículo vigésimo tercero de la Ley del Seguro Social con el objeto de restablecer el sistema bipartita de contribución para las sociedades cooperativas de producción.

4. Tercer Encuentro Latinoamericano de Parlamentarios comprometidos con el cooperativosmo.
5. Información relativa a ahorradores defraudados en cajas de ahorro.

Atentamente
Dip. Francisco Javier Saucedo Pérez
Presidente