Comunicaciones
México, DF, a 20 de julio de 2005.
CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados
Presentes
Me permito hacer de su conocimiento que, en sesión celebrada en esta fecha, se aprobó dictamen de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, con el siguiente
Punto de Acuerdo
Sen. Diego Fernández de Cevallos Ramos (rúbrica)
Presidente
(Remitido a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Trabajo y Previsión Social. Julio 22 de 2005.)
México, DF, a 20 de julio de 2005
CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados
Presentes
Me permito hacer de su conocimiento que en sesión celebrada en esta fecha, se aprobó el siguiente Punto de Acuerdo:
Artículo Segundo.- Crear un grupo de trabajo integrado por los titulares de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales; Petróleos Mexicanos; Gobierno del estado de Tabasco; y por los diputados Federales y locales de la entidad, para que con la responsabilidad social de Pemex se inicie, de inmediato, una auditoría ambiental con la finalidad de conocer la situación real del sistema de ductos ubicados en Tabasco y dictaminar las acciones que deban llevarse a cabo, tales como mantenimiento y renovación de las partes obsoletas y dañadas por corrosión.
Artículo Tercero.- Exhortar a Petróleos Mexicanos a revisar, actualizar e innovar, los programas de prevención de accidentes y atención de emergencias.
Artículo Cuarto.- Exhortar a Petróleos Mexicanos a que impulse y fomente con los habitantes de las comunidades que por asentamientos humanos viven y conviven con las instalaciones de la paraestatal a practicar y llevar a cabo ejercicios en materia de Protección Civil, fomentando así una Cultura de prevención, atención y mitigación de desastres entre los pobladores y las autoridades federales y estatales.
Artículo Quinto.- Los integrantes del grupo de trabajo mencionado en el numeral dos del presente Acuerdo, deberán remitir a la Cámara de Diputados un informe detallado sobre las acciones llevadas a cabo y que han sido mencionadas en los puntos anteriores."
Sen. Diego Fernández de Cevallos Ramos (rúbrica)
Presidente
(Remitido a las Comisiones de Energía, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Julio 22 de 2005.)
DE LA COMISIÓN PERMANENTE, CON LA QUE REMITE RECTIFICACIÓN DE TURNO A PUNTO DE ACUERDO PRESENTADO POR LA DIPUTADA ELIANA GARCÍA LAGUNA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESIÓN DEL MIÉRCOLES 20 DE JULIO DE 2005
México, DF, a 27 de julio de 2005.
Dip. Rebeca Godínez y Bravo
Presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados
Presente
Me permito hacer de su conocimiento que en sesión celebrada en esta fecha, se dio cuenta con comunicación de la Primera Comisión de la Comisión Permanente, por la que solicita rectificación de turno al punto de acuerdo por el que se solicita al Gobernador del estado de Guerrero la remoción de funcionarios que ocupan cargos en oficinas de seguridad pública y de procuración de justicia en el Gobierno del estado, presentado por la diputada Eliana García Laguna, el 20 de julio de 2005.
La Presidencia dispuso que dicha iniciativa se turnara a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, misma que se anexa.
Atentamente
Sen. César Jáuregui Robles
Vicepresidente en funciones de Presidente
Punto de acuerdo para exhortar a la remoción de quienes ocupan altos cargos en materia de seguridad pública y de procuración de justicia en la entidad por ser éticamente inelegibles para los mismos
Los suscritos diputados del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la alta consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, en calidad de urgente y obvia resolución al tenor de las siguientes:
Consideraciones
A 100 días del gobierno de Zeferino Torreblanca, la opinión pública guerrerense y los organismos de derechos humanos y de la sociedad civil observan con asombro la permanencia de la estructura de impunidad y corrupción que convirtió desde la década de los 60 al estado de Guerrero en uno de los estados en los que se vulneró el Estado de derecho y se cometieron crímenes de Estado que siguen sin castigo.
En las pasadas elecciones el pueblo guerrerense dio su voto contra el régimen priísta y la esperanza de sentar las bases de la construcción de un Estado democrático y social de derecho, por lo que escandaliza la permanencia, esencialmente en los cargos de seguridad y procuración de justicia, de quienes durante más de 7 décadas llevaron como sello de gobierno la miseria, la descomposición social, el crimen organizado y la represión en el estado de Guerrero.
La ratificación del subprocurador de procedimientos penales con René Juárez Cisneros, Antonio Nogueda Carvajal, en el mismo cargo es una ofensa no sólo para los guerrerenses, sino para la lucha contra la impunidad en el estado y el país. El señor Nogueda tiene en su haber dos recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (la 005/1991 y la 007/1991) por la presunción de su participación directa en la desaparición forzada de José Ramón García Gómez, militante de izquierda y primer desaparecido del gobierno salinista posterior al fraude electoral de 1988.
Todos los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales así como el derecho internacional consuetudinario han establecido que los militares no deben tener cargos en las estructuras de gobiernos democráticos como un principio fundamental de la preservación y protección de la dignidad de la persona. El actual secretario de Seguridad Pública en el estado es un general retirado, Heriberto Salinas Altés razón por la cual en sí misma no debería ser parte de un gobierno emanado de un partido democrático y de izquierda, más aún cuando el general fue comandante de la novena región militar con sede en Acapulco en la época de mayor represión contra perredistas en el gobierno de José Francisco Ruiz Massieu. Represión que motivó una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por violación de las garantías y derechos fundamentales. Posteriormente fue jefe del Estado Mayor de la Sedena en el gobierno de Ernesto Zedillo cuando se formaron los grupos paramilitares en el estado de Chiapas. En 1997, la DEA lo acusó de tener nexos con el cártel de Juárez.
Por otro lado, Arnulfo Jacobo Luviano es el actual encargado de la policía ministerial en el estado y se le identifica como participante en la matanza de campesinos en el vado de Aguas Blancas en 1996. El señor Luviano tiene un sinnúmero de recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Guerrero por violaciones a las garantías individuales, entre otras por tortura y homicidio.
Por si fuera poco, se mantiene aún, prácticamente toda la estructura policíaca, por ejemplo personajes como Epifanio Hernández Vélez quien es ahora comandante de la Policía Judicial en Atoyac, ha sido acusado de la desaparición forzada de cientos de campesinos en la época de la represión contra Lucio Cabañas.
Una de las promesas de campaña del actual gobernador fue garantizar la seguridad y procurar justicia para todas las personas, esto es imposible de lograr manteniendo en puestos tan vitales a personajes de siniestra trayectoria o ratificar a muchos de los antiguos funcionarios del gobierno de René Juárez en el gabinete del nuevo gobierno, pues la opinión pública guerrerense se pregunta si votaron por la construcción de una nueva estructura de gobierno democrático o si votaron por el mantenimiento de la impunidad y corrupción de los gobiernos priístas. La respuesta es clara: se sufragó por el cambio a un gobierno que hiciera prevalecer el imperio de la ley y el Estado de derecho.
El titular del ejecutivo en el estado de Guerrero está obligado ética, jurídica y políticamente a realizar una limpia en todas las corporaciones policiales de individuos que mucho daño le han hecho a las personas y han contribuido junto con sus jefes políticos a la destrucción desde el poder de los derechos y libertades fundamentales de las personas.
Por todo ello es urgente que destituya de sus puestos a Nogueda Carvajal, a Salinas Altés y a Jacobo Luviano, pues sólo así se iniciará la verdadera lucha contra la impunidad, la corrupción y la construcción de un sistema de justicia y de bienestar social.
Si el gobernador no se hace eco de las demandas y no actúa con sensibilidad ante el tema toral en Guerrero que es el de la justicia; la sociedad civil, los sectores democráticos, progresistas y de izquierda que lo postularon y lo llevaron al gobierno de Guerrero, deberán hacer un deslinde de ese gobierno que ha mostrado oídos sordos y está actuando en complicidad con los genocidas, represores, torturadores y criminales de Estado que gobernaron a los guerrerenses en las épocas pasadas.
Por lo anteriormente expuesto, someto a esta H. Comisión Permanente M Congreso de la Unión la aprobación de la siguiente:
Proposición con Punto de Acuerdo
Primero. De conformidad con el pacto federal, se exhorte respetuosamente al C. Gobernador del estado de Guerrero Zeferino Torreblanca para que en el ámbito de sus facultades retire del cargo a los siguientes funcionarios: Heriberto Salinas Altés como Secretario de Seguridad Pública, Antonio Nogueda Carvajal como Subprocurador de Justicia del estado y Arnulfo Jacobo Luviano como encargado del despacho de la policía ministerial y en su lugar designe a servidores públicos identificados con los principios de un Estado social y democrático de derecho.
Palacio de Xicoténcatl Sede la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 20 de julio de 2005.
Diputados: Rafael García Tinajero Pérez, Eliana García Laguna (rúbrica)
DE LA COMISIÓN PERMANENTE, CON LA QUE REMITE RECTIFICACIÓN DE TURNO A PUNTO DE ACUERDO PRESENTADO POR EL DIPUTADO RAFAEL GARCÍA TINAJERO PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESIÓN DEL MIÉRCOLES 20 DE JULIO DE 2005
Honorable Asamblea:
A la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia fue turnada para su análisis y dictamen la proposición con Punto de Acuerdo del Diputado Rafael García Tinajero Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo a fin de que se integre un grupo plural de trabajo para que investigue el origen de los recursos utilizados en la anticipada contienda electoral de 2006.
Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 127, párrafo primero y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 87, 88, 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta Primera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente
Dictamen
1. Antecedentes
Con fecha 20 de julio de 2005, el Diputado Rafael García Tinajero Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó una propuesta con punto a fin de que se integre un grupo plural de trabajo para que investigue el origen de los recursos utilizados en la anticipada contienda electoral de 2006, nos permitimos transcribir los resolutivos de esta proposición para mayor entendimiento:
"Primero.- La Comisión Permanente integra un Grupo de Trabajo Plural de Legisladores y Legisladoras representados en el Congreso de la Unión, para que investigue las denuncias de militantes de los propios partidos políticos o las publicadas en los medios de comunicación masiva sobre los anticipados gastos de campaña, particularmente en los medios de comunicación masiva y de éstos en la radio y la televisión, así como las denuncias que se publiquen en dichos medios sobre el uso indebido de cualquier tipo de ayuda y apoyo proveniente de las instancias de gobierno de todos los niveles.
Segundo.- La Comisión Permanente solicita respetuosamente al Instituto Federal Electoral que exhorte al Jefe del Ejecutivo a suspender la difusión de los programas gubernamentales 30 días antes de la elecciones, mediante un acuerdo de los partidos políticos que contenderán en las elecciones del 2006."
En reunión de trabajo de esta Primera Comisión fueron analizadas las propuestas referidas en el citado punto de acuerdo dando lugar a las siguientes
2. Consideraciones de la Comisión
Es de considerarse la propuesta presentada por el promovente en razón de imperiosa necesidad que existe por parte de la ciudadanía en la transparencia y la rendición de cuentas de todos y cada uno de los actores políticos que participarán en la próxima elección federal del 2006.
Asimismo, es pertinente recordar que si la actual Ley Electoral no tiene una regulación específica en cuanto a precampañas se refiere, es pertinente que el Congreso estimara y estudiara la posibilidad y pertinencia sobre la creación de una Comisión Especial que se encargara de vigilar e investigar los gastos de precampaña y campaña, de todos y cada uno de los candidatos que pretenden contender en las próximas elecciones del año 2006.
Por lo anterior, al considerar viable la propuesta y con el propósito de no interferir en las facultades predeterminadas de otros órganos del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 41, 42 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de la Primera Comisión determinan que la propuesta en comento sea turnada a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para que sea esta instancia la que determine la viabilidad de constituir un se integre una Comisión Especial plural, encargada de investigar el origen de los recursos utilizados en la anticipada contienda electoral de 2006.
Puntos de Acuerdo
Primero.- Túrnese a la -Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados- la propuesta que contiene punto de acuerdo a fin de que se integre un grupo plural de trabajo o Comisión Especial, para que investigue el origen de los recursos utilizados en la anticipada contienda electoral de 2006.
Segundo.- Exclúyanse los asuntos de los archivos de la Primera Comisión de la Comisión Permanente.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.- México, DF, a 20 de julio de 2005.
La Primera Comisión
Diputados: Alfredo Gómez Sánchez (rúbrica), Presidente; Juan Carlos Núñez Armas (rúbrica), secretario; Diva Hadamira Gastélum Bajo (rúbrica), Claudia Ruiz Massieu Salinas, José González Morfín, Fernando Guzmán Pérez Peláez, Jesús Emilio Martínez Álvarez, Rafael García Tinajero Pérez (rúbrica).
Senadores: Jesús Ortega Martínez, secretario; Manuel Bartlett Díaz, Antonio García Torres (rúbrica), Martha Sofía Tamayo Morales (rúbrica), Juan José Rodríguez Prats, César Jáuregui Robles (rúbrica), Gerardo Buganza Salmerón (rúbrica).
Proposición con punto de cuerdo, por el que la Comisión Permanente integra un grupo plural de trabajo para que investigue el origen de los recursos utilizados en la anticipada contienda electoral de 2006
El que suscribe, diputado federal Rafael García Tinajero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, integrante de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter al Pleno de la Comisión Permanente una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución bajo las siguientes
Consideraciones
El tema de los medios de comunicación masiva en el proceso electoral está ligado a dos principios democrático-electorales básicos, como son la equidad y el derecho a la información. Y, sin duda, el de la equidad, consagrada en nuestra Carta Magna, no se va a lograr con simples llamados como el que lanzaron los nueve consejeros electorales del Instituto Federal Electoral (IFE).
Como es de su conocimiento, el pasado 26 de junio los consejeros del IFE hicieron un llamado a los partidos políticos, a los aspirantes a ser candidatos a la Presidencia de 2006 y a los funcionarios y servidores públicos de todos los niveles para que "se abstengan de emitir opiniones o desplegar conductas que puedan afectar la equidad de la competencia(...)".
De igual manera, hizo un llamado al Presidente de la República, los gobernadores y presidentes municipales de las entidades del país y el jefe de Gobierno del Distrito Federal para que mantengan una actitud neutral para garantizar condiciones propicias para que impere la equidad en los procesos electorales.
Sin embargo, este llamado nace muerto por la negativa del propio Instituto Federal Electoral de hacer uso de sus facultades para fiscalizar las "precampañas" políticas de los aspirantes a candidatos a la Presidencia en 2006, no obstante que en su llamado los consejeros del IFE reconocen que las anticipadas campañas publicitarias pueden vulnerar la equidad si tras la genuina intención de conquistar preferencias se trastocan premisas básicas de la confianza de la ciudadanía.
Y eso es lo que están generando diversos aspirantes presidenciales, en particular del PRI y el PAN, que han abusado en publicitarse a través de costosas campañas en la televisión principalmente. Cabe preguntar de dónde están o quiénes les financian esos spots a personajes como el senador Enrique Jackson, el ex gobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington, el gobernador mexiquense Arturo Montiel, el gobernador de Coahuila, Enrique Martínez, y los panistas Santiago Creel y Alberto Cárdenas.
No lo sabemos, lo que sí sabemos es que los propios militantes han denunciado el inicuo e indebido apoyo al interior de sus propios partidos hacia un aspirante en particular o desde la Presidencia de la República o la Secretaría de Gobernación.
Ese apoyo indebido fue denunciado por el panista Francisco Barrio Terrazas, quien renunció a buscar la candidatura presidencial al interior de su partido, dado el apoyo indebido que desde la Secretaría de Gobernación se le está otorgando a su correligionario Santiago Creel Miranda en pos de la candidatura para el 2006.
Otro caso es el del también panista Alberto Cárdenas, ex gobernador de Jalisco y ex titular de la Semarnat. En la revista Proceso de esta semana se documenta la estructura electoral que ha echado andar cimentada en las delegaciones estatales de esta última dependencia y de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, utilizando la infraestructura financiera, material y humana.
Por eso, el IFE debe ser consecuente con la exigencia hecha por el representante del PRD, Horacio Duarte, de investigar exhaustiva y aplicar las penas administrativas al PAN y al PRI por impulsar, apoyar y tener participación activa en los actos anticipados de proselitismo de sus precandidatos presidenciales. Esto porque, obviamente, resulta inicuo y una ventaja indebida respecto de los otros contendientes, incluidos los de sus propios partidos.
Más aún, la negativa del IFE a investigar las precampañas no tiene sustento alguno, pues en declaraciones publicadas en el periódico La Jornada, la magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife) Alfonsina Navarro Hidalgo aseveró aún que sin reglamentación específica el IFE puede fiscalizar las precampañas, incluso sin que medie denuncia expresa, así como inspeccionar las aportaciones y donativos provenientes de las asociaciones civiles que los apoyan.
La magistrada Navarro Hidalgo criticó el abuso de los aspirantes a la candidatura presidencial en los gastos de las precampañas. Y los hechos están a la vista de todos nosotros, y videograbados.
El consenso entre los legisladores de PRI, PRD y Convergencia en pro de legislar esos aspectos ha encontrado diques entre sus propios correligionarios. Al respecto, el ex consejero del IFE Jaime Cárdenas Gracia aseguró públicamente que el senador priísta Manuel Bartlett Díaz le confió que la reforma electoral y la de la Ley Federal de Radio y Televisión se mantienen en la congeladora porque algunos legisladores se han opuesto a dictaminar por "arreglos" con los dirigentes de la industria nacional de radio y televisión.
Para los dueños de los medios de comunicación masiva, en especial los de los electrónicos, la propaganda o publicidad política representa un gran negocio que no están dispuestos a perder. Baste mencionar los dividendos que les reportaron los dos últimos procesos electorales.
En las elecciones federales del año 2000, de los 239.4 millones de dólares invertidos en el proceso electoral, los partidos políticos gastaron 129.4 millones de dólares en campañas en radio, televisión y prensa; esto es, 52 por ciento del gasto total de campaña de los organismos políticos (Latapi, 2005).
Y en los comicios intermedios de 2003, el gasto de los doce partidos políticos ascendió a un total de 694.3 millones de pesos, encabezando el PVEM con 122.2 millones de pesos. Esta cifra fue superior incluso a la erogada por cada una de las tres principales fuerzas políticas del país: el PAN gastó 112. 2 millones de pesos; el PRI, 98.5 millones; y el PRD, 102.9 millones de pesos.
En consecuencia, el Instituto Federal Electoral debe pasar de las palabras a los hechos, y asumir su responsabilidad de fiscalizar los oprobiosos gastos en las campañas publicitarias de los aspirantes a la candidatura presidencial, no sólo a partir de los procesos internos de selección partidistas para la postulación de los candidatos a la Presidencia de la República, sino desde ahora y contabilizar esos gastos como parte del financiamiento de los organismos políticos.
También, el IFE debe conminar al Presidente de la República a suspender la campaña de comunicación en radio y televisión de los programas sociales durante los 30 días previos a la elección.
Por lo anterior, me permito someter al Pleno de esta H. asamblea de la Comisión Permanente la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente integra un Grupo de Trabajo Plural de Legisladores y Legisladoras representados en el Congreso de la Unión para que investigue las denuncias de militantes de los propios partidos políticos o las publicadas en los medios de comunicación masiva sobre los anticipados gastos de campaña, particularmente en los medios de comunicación masiva y de éstos en la radio y la televisión, así como las denuncias que se publiquen en dichos medios sobre el uso indebido de cualquier tipo de ayuda y apoyo proveniente de las instancias de gobierno de todos los niveles.
Segundo. La Comisión Permanente solicita respetuosamente al Instituto Federal Electoral que exhorte al Jefe del Ejecutivo a suspender la difusión de los programas gubernamentales 30 días antes de la elecciones, mediante un acuerdo de los partidos políticos que contenderán en las elecciones del 2006.
DE LA COMISIÓN PERMANENTE, CON LA QUE REMITE RECTIFICACIÓN DE TURNO A PUNTOS DE ACUERDO PRESENTADOS EN LA SESIÓN DEL MIÉRCOLES 20 DE JULIO DE 2005
México, DF, a 27 de julio de 2005.
Dip. Fernando Fernández García
Presidente de la Comisión de Desarrollo Metropolitano de la Cámara de Diputados
Presente
Me permito hacer de su conocimiento que en sesión celebrada en esta fecha, se dio cuenta con comunicación de la Primera Comisión de la Comisión Permanente, por la que solicita rectificación de turno a los siguientes puntos de acuerdo:
Por el que se exhorta al jefe de Gobierno del Distrito Federal a instrumentar un sistema completo de gestión integral de los residuos sólidos que permita administrar de manera efectiva y total el flujo de residuos urbanos generados en la ciudad, presentado por la diputada Norma Patricia Saucedo Moreno, el 20 de julio de 2005.
Por el que se exhorta al jefe de Gobierno del Distrito Federal a considerar el Sistema de Transporte Colectivo Metro como uno de los objetivos prioritarios del ejercicio presupuestal y sobre presuntas irregularidades detectadas en el presupuesto del mismo, presentado por la senadora Sara Isabel Castellanos Cortés, el 20 de julio de 2005.
Atentamente
Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica)
Vicepresidente en Funciones de Presidente
Honorable Asamblea:
A la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia fue turnada para su análisis y dictamen la proposición con punto de acuerdo del Dip. Jorge Triana Tena, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene exhorto a la Asamblea Legislativa y al Gobierno del Distrito Federal a implementar las políticas públicas necesarias para ordenar y desincentivar el comercio ambulante en la ciudad.
Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 127, párrafo primero, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 87, 88, 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta Primera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente
Dictamen
1. Antecedentes
Con fecha 20 de julio de 2005, el Dip. Jorge Triana Tena, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó una proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Asamblea Legislativa y al Gobierno del Distrito Federal a implementar las políticas públicas necesarias para ordenar y desincentivar el comercio ambulante en la ciudad, nos permitimos transcribir los resolutivos de esta proposición para mayor entendimiento.
Artículo Segundo. Se exhorta al Gobierno del Distrito Federal a implementar las políticas públicas necesarias para el desarrollo económico de la ciudad y la generación de empleos formales.
Artículo Tercero. Se exhorta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a establecer el marco normativo requerido para desincentivar el crecimiento de la economía informal y para ordenar el ambulantaje ya existente en la Ciudad de México."
2. Consideraciones de la Comisión
Son de considerarse las propuestas presentadas en razón del problema real que presenta tanto el desempleo, como el comercio ambulante en la Ciudad de México.
Asimismo, es pertinente recordar que durante la actual administración el comercio ambulante en la ciudad ha crecido, pues en 1997 había aproximadamente 93 mil vendedores, mientras que en la actualidad se estima que hay aproximadamente 500 mil, esta cifra es comprensible si tomamos en cuenta que el Distrito Federal tiene el primer lugar a nivel nacional en desempleo abierto.
Entre las medidas que se deben de tomar, es prioritario desterrar la práctica de acciones ilegales que en la mayoría de las delegaciones hay, pues están permeadas por la corrupción de inspectores, verificadores y expedidores de permisos, quienes hostigan y presionan a vendedores ambulantes.
El Bando que prohíbe el comercio ambulante en el Centro Histórico, el cual pretende ser el marco jurídico para aplicarse, durante los últimos cuatros años no ha sido aplicado; el programa de Reordenamiento del Comercio en la Vía Pública en el Distrito Federal solamente regulariza a los ambulantes ya existentes y los de nueva creación, sin buscar un control al alto crecimiento de esta práctica informal de comercio, es decir, las autoridades del Distrito Federal se han limitado a realizar una acción de control administrativo del ambulantaje existente, sin una intención real de reducción o limitación geográfica del fenómeno.
Por lo anterior, es de considerar viable la propuesta y con el propósito de coadyuvar en el trabajo de los órganos que integran el Congreso de la Unión, los integrantes de la Primera Comisión determinan que la propuesta en comento sea turnada a las Comisiones del Distrito Federal y de Desarrollo Metropolitano de la Cámara de Diputados para que sea en esas instancias donde se realicen las diligencias para lograr el objetivo de la proposición en comento, virtud de lo cual se propone la aprobación de los siguientes:
Puntos de Acuerdo
Primero- Túrnense a las Comisiones del Distrito Federal y de Desarrollo Metropolitano de la Cámara de Diputados la proposición presentada el 20 de julio de 2005, por el diputado Jorge Triana Tena, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para exhortar a la Asamblea Legislativa y al Gobierno del Distrito Federal a implementar las políticas públicas necesarias para ordenar y desincentivar el comercio ambulante en la ciudad, a fin de que esta propuesta sea considerada su viabilidad dentro de las acciones que estas Comisiones han emprendido en la atención de este problema.
Segundo.- Exclúyanse los asuntos de los archivos de la Primera Comisión de la Comisión Permanente.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.-México, DF, a 26 de julio de 2005.
La Primera Comisión
Dip. Alfredo Gómez Sánchez, Presidente (rúbrica); Dip. Juan Carlos Núñez Armas, Secretario (rúbrica); Sen. Jesús Ortega Martínez, Secretario; Dip. Diva Hadamira Gastelum Bajo (rúbrica), Dip. Claudia Rui Massieu, Sen. Manuel Bartlett Díaz (rúbrica), Sen. Antonio García Torres (rúbrica), Sen. Martha Sofía Tamayo Morales (rúbrica), Dip. José González Morfin, Dip. Fernando Guzmán Pérez Peláez, Sen. Juan José Rodríguez Prats, Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), Sen. Gerardo Buganza Salmerón (rúbrica), Dip. Jesús Martínez Álvarez, Dip. Rafael García Tinajero (rúbrica).
Proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Asamblea Legislativa y al Gobierno del Distrito Federal a implementar de inmediato las políticas públicas necesarias para ordenar y desincentivar el comercio ambulante en la Ciudad, así como para impulsar el desarrollo económico que permita generar los empleos que los capitalinos requieren
El que suscribe, diputado Jorge Triana Tena, integrante de grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, conforme a los siguientes
Antecedentes
De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), el Distrito Federal es la entidad con mayor déficit de empleos formales. Aún cuando en esta ciudad se concentra el sesenta y uno por ciento de la Inversión Extranjera Directa (IED) del país, la autoridad local no ha sido capaz de establecer las condiciones necesarias para la generación de empleos de calidad. Así, se estima que de los cuatro millones de capitalinos que se encuentran en posibilidad de trabajar y están dentro del rango de la Población Económicamente Activa (PEA), cerca del quince por ciento, es decir, seiscientos mil defeños, laboran en la economía informal (aún cuando las cifras oficiales del Gobierno del Distrito Federal se empecinen en afirmar que en la ciudad solamente hay cien mil ambulantes). Por lo que en esta ciudad hay un ambulante por cada trece habitantes.
Los problemas que genera el ambulantaje a la economía formal son muy serios, pues es bien sabido por todos los capitalinos que es a través del comercio en vía pública como se comercializan productos robados, piratas y de contrabando, provocando pérdidas anuales, nada mas en la Ciudad de México, de por lo menos quince mil millones de pesos anuales, en tanto que la Hacienda Pública deja de percibir al menos nueve mil millones de pesos anuales por el comercio informal en esta ciudad. Ese es el costo de la comercialización ilegal de productos, tales como electrodomésticos, de computación, textiles, calzado, juguetes, fonogramas, videojuegos, software, vinos y licores, libros, bolsas, artículos escolares, entre muchos otros.
En cuatro años, el crecimiento de la economía informal en la ciudad creció a tasas del doce por ciento anual, cifra que nos da una idea clara de la incapacidad del gobierno local por hacer frente a la enorme demanda de empleos formales.
El alarmante crecimiento del ambulantaje en la ciudad, es una respuesta directa a la imposibilidad gubernamental de implementación de políticas públicas que tengan por objeto el desarrollo económico de la metrópoli. De este modo, la combinación en el incremento anual de la Población Económicamente Activa en la ciudad y el estancamiento en la generación de empleos, provoca que los habitantes vean en el comercio informal una "válvula de escape" a sus necesidades económicas.
Desafortunadamente, el comercio informal es fiel reflejo también de los sectores de la Población Económicamente Activa menos favorecida en la ínfima creación de empleos, pues el cuarenta por ciento de los ambulantes está conformado por personas de la tercera edad, y cerca de un treinta por ciento son madres solteras, además de profesionistas que no han encontrado trabajo en el desempeño de su profesión. El ambulantaje es, pues, un mecanismo para grupos excluidos del sector formal que viven en una inexistencia de protección social, falta de ingresos y ausencia de derechos.
Lo que sucede en el mercado laboral en la ciudad de México es, por decir lo menos, aberrante: los menos desempleados son quienes cuentan con menor instrucción educativa, y los mas desempleados son quienes tienen un mayor nivel educativo. Resulta así, que en esta ciudad el alto nivel educativo es una condición desfavorable para poder incorporarse al sector formal de la economía.
El comercio informal, o ha rebasado el poder de las autoridades del Gobierno del Distrito Federal, o éstas lo consienten y lo alientan con objetivos electorales. En cualquier caso, el fenómeno se ha convertido en algo prácticamente incontrolable debido a los grupos de interés que se han apoderado de los espacios públicos.
Entre los inmensos grupos de vendedores ambulantes que existen en la ciudad, se vive una severa "clientelización" del ambulantaje y de creación de liderazgos y cacicazgos aliados a redes políticas, prácticamente imposible de controlar, pues ha sido utilizado por partidos políticos (el PRI y el PRD) para lucrar políticamente de esta actividad, utilizando a los líderes de ambulantes para su beneficio a cambio de permisos para la utilización de la vía pública en distintas zonas de la ciudad. Tales grupos se han apropiado de importantes espacios públicos para lucrar con éstos, como ejemplo, el Centro Histórico, y un sinnúmero de tianguis a lo largo y ancho de la ciudad que cuentan con la "venia" del delegado en turno a cambio de apoyos políticos.
Pero dado que el ambulantaje es un fenómeno histórico, la realidad es que éste no va a desaparecer, pero lo que sí debe hacer el gobierno local es implementar políticas que busquen detener su crecimiento y desincentivar su práctica, pues lo importante es que no afecte a la sociedad, al funcionamiento de la ciudad, de sus instituciones básicas y de la seguridad.
Lo más importante es cómo implicar a los gobiernos en el tema y hacerlo no desde el punto de vista policiaco, sino del ordenamiento jurídico y de integración social y económica
La realidad social, económica y cultural que representa el comercio ambulante en tianguis, mercados, sobre ruedas, ferias tradicionales, plazas de comercio popular, corredores y en vía pública, demanda atención inmediata, justa, adecuada y oportuna en los rubros legislativo, administrativo y social, pues el marco legal para controlar el fenómeno ya es obsoleto.
Prueba de ello es que durante los últimos cuatros años el Bando que prohíbe el comercio ambulante en el Centro Histórico ni siquiera se ha aplicado; y que el programa de Reordenamiento del Comercio en la Vía Pública en el Distrito Federal sólo regulariza lo existente sin buscar un control. Las autoridades del Distrito Federal se han limitado a realizar una acción de control administrativo del ambulantaje existente, sin una intención real de reducción o limitación geográfica del fenómeno.
Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Artículo Primero. Se exhorta al Gobierno del Distrito Federal a realizar las medidas necesarias para frenar de inmediato el desmedido crecimiento del comercio ambulante en la ciudad y a ordenar el ya existente.
Artículo Segundo. Se exhorta al Gobierno del Distrito Federal a implementar las políticas públicas necesarias para el desarrollo económico de la ciudad y la generación de empleos formales.
Artículo Tercero. Se exhorta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a establecer el marco normativo requerido para desincentivar el crecimiento de la economía informal y para ordenar el ambulantaje ya existente en la Ciudad de México.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los veinte días del mes de julio de dos mil cinco.
Dip. Jorge Triana Tena (rúbrica)
Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al jefe de Gobierno del Distrito Federal a instrumentar un sistema completo de gestión integral de los residuos sólidos que permita administrar de manera efectiva y total el flujo de residuos urbanos generados en la ciudad, presentado por la diputada Norma Patricia Saucedo Moreno, el 20 de julio de 2005.
Con fundamento en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior, la que suscribe diputada federal Norma Saucedo Moreno del Partido Acción Nacional, somete a la consideración del honorable Pleno de esta Comisión Permanente, la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar al jefe de Gobierno del Distrito Federal para que instrumente un sistema completo de gestión integral de los residuos sólidos, bajo el tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Uno de los grandes problemas ambientales que enfrenta la Ciudad de México es la gran cantidad de residuos sólidos que se generan diariamente. Se estima que en el Distrito Federal se generan aproximadamente 12 mil toneladas de residuos al día, de los cuales, aproximadamente un 40% corresponden en promedio a residuos orgánicos mientras que otro 60% a materiales reciclables. Lo que equivale a llenar el estadio Azteca en tres meses. Para recolectar la cantidad de residuos generados por los capitalinos, se emplean 17 mil trabajadores y 2 mil 50 unidades recolectoras, y una vez recolectados los desechos son trasladados a 13 estaciones de transferencia distribuidas en 12 delegaciones encargadas de su transporte a plantas de selección.
Esta excesiva generación de basura es confinada en sitios que no son los más adecuados ni con el control necesario. Consecuentemente, en un corto tiempo los rellenos sanitarios, que albergan las inmundicias de nuestra ciudad, llegarán a su límite sin una alternativa para el manejo de las basura.
La problemática inicia en lo que se manifiesta como relleno sanitario, como en el caso del Bordo Poniente que, en sus primeras fases fue un tiradero y que se convirtió en un relleno sanitario, pero que carece de las exigencias básicas internacionales.
Por otro lado, persisten los depósitos de basura sin control, se habla de cerca de seis mil tiraderos clandestinos en lotes baldíos, áreas de cultivo, espacios de la sierra de Guadalupe y ríos de la zona; de igual modo que el problema de contaminación por lixiviados de aguas y corrientes internas a pocos metros de la superficie de la ciudad.
Esta irregular administración de la basura ha producido la proliferación de insectos, roedores y microorganismos patógenos, que transmiten enfermedades como fiebre tifoidea, salmonelosis, cólera y disentería, además de generar un deterioro y depreciación del entorno debido a la contaminación del aire, del agua y del suelo y la pérdida de tierras agrícolas.
La distribución de las rutas de los camiones de la basura igualmente resulta problemática ya que se hace en función de su rentabilidad, por lo que no van a las colonias más pobres, donde abundan los residuos orgánicos, que no son redituables en su venta.
Otro problema que las mismas autoridades del DF reconocen, es la poca difusión a la población para que conozca las reglas de la Ley de Residuos Sólidos, la cual tiene como uno de sus principales propósitos, fomentar la separación de residuos en dos fracciones, orgánicos e inorgánicos y de esta manera incrementar su reciclaje.
La poca difusión de la Ley, además de crear condiciones de desconocimiento, ocasiona también desconcierto entre la población, ya que mientras la gente separa su basura orgánica de la inorgánica, el personal encargado del servicio de limpieza no siempre lleva a cabo las nuevas disposiciones, lo cual se traduce en ineficiencia e incapacidad para el adecuado manejo de los residuos.
Aunado a esto, cabe señalar, que los tipos de separación que se plantean actualmente en la Ley de Residuos son insuficientes, ya que existen desechos con alguna característica de peligrosidad que provocan la contaminación de otros, impidiendo su aprovechamiento para la reutilización, reciclaje y composteo.
Por todo lo anteriormente señalado, el grupo parlamentario de Acción Nacional considera que la problemática ambiental en la Ciudad de México requiere de soluciones integradoras e integrales, donde el aparato legislativo, conjuntamente con la política, la ciencia, tecnología y, principalmente la educación y la participación social, desempeñen un papel fundamental en la búsqueda de opciones que disminuyan los problemas ambientales.
Es importante tener presente que, aunque el reciclaje y la disposición final son dos de los más importantes elementos de la gestión de los residuos sólidos, por sí solos no bastan, por lo que para formar un sistema completo o integral debe complementarse con otros elementos tales como:
Conocimiento preciso de la cantidad e identidad de los residuos generados en la zona correspondiente, incluyendo residuos industriales y desechos peligrosos.
Planes y fuentes de financiamiento, convenios de asistencia y cooperación técnica y presupuesto operativo apropiado.
Planes de acción agresivos para la implantación de las diversas componentes de un sistema de gestión integral de los RSU, incluyendo programas de educación para la niñez, de motivación para la ciudadanía y de incentivación para las empresas e instituciones.
Programas de reducción en la fuente y de valorización de los residuos, tanto urbanos como industriales.
Métodos apropiados de recolección, transporte y selección de los RSU.
Capacidad adecuada para la disposición final (incluyendo la incineración con recuperación de energía y rellenos sanitarios apropiados).
Planes para la clausura, limpieza y control de los actuales tiraderos a cielo abierto.
Legislación apropiada para la implantación de las acciones y programas anteriores.
En el aspecto de la valorización de los residuos (principalmente reciclaje y compostaje), también es necesario efectuar inversiones sustanciales en mecanismos de recolección selectiva, centros de acopio, centros de recuperación de materiales y centros de procesamiento y comercialización de los subproductos.
Un sistema de manejo de residuos sólidos, que esté mal planificado y operado, puede resultar con costos varias veces mayores que los de un sistema bien planeado y administrado.
La problemática ambiental en la Ciudad de México requiere de soluciones integradoras e integrales, donde el aparato legislativo, conjuntamente con la política, la ciencia, tecnología y, principalmente la educación y la participación social, desempeñen un papel fundamental en la búsqueda de opciones que brinden una respuesta real y no un paliativo, al problema de la basura en el Distrito Federal.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, pongo a consideración de esta honorable soberanía el siguiente punto de acuerdo
Punto de Acuerdo
Artículo Único.- Se exhorta al jefe de Gobierno del Distrito Federal para que instrumente un sistema completo de gestión integral de los residuos sólidos que permita administrar de manera efectiva y total el flujo de residuos urbanos generados en el Distrito Federal.
Sesión de la H. Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión celebrada en el Senado la República el 20 de julio de 2005.
Dip. Norma Saucedo Moreno (rúbrica)
(Turnada a las Comisiones del Distrito Federal y de Desarrollo Metropolitano. Julio 27 de 2005.)
Proposición con punto de acuerdo en torno a las acusaciones sobre presuntas irregularidades en el presupuesto del Sistema de Transporte Colectivo de la Ciudad de México, presentada por la senadora Sara Isabel Castellanos Cortés, del grupo parlamentario del PVEM, en la sesión del miércoles 20 de julio de 2005.
Días después de enterarnos del número de muertos y de los impactos negativos que tuvieron las bombas que explotaron en Londres, es muy sencillo adivinar que experiencia tan horrible vivieron los capitalinos que quedaron atrapados este 14 de julio en las estaciones del Metro en la Ciudad de México; sobre todo, considerando que muchos vieron luces y escucharon un estruendo que indicaban que algo había explotado y es que efectivamente, se registro un "flamazo" en una de las cajas de alto voltaje.
Un cortocircuito ocasionó que unos dos mil usuarios que viajaban en un convoy de la línea 1 del Metro quedaran atrapados durante casi una hora entre las estaciones Cuauhtémoc y Balderas. Los pasajeros permanecieron dentro de los vagones sin luz, pues las autoridades del Sistema de Transporte Colectivo desconectaron la corriente eléctrica para evitar algún percance. La mayoría de los usuarios presentaron crisis nerviosas, razón por la cual muchos tuvieron que ser trasladado en camillas. Como siempre sucede en estos eventos, los usuarios salieron a las avenidas a buscar otro tipo de transporte con el consecuente caos vial.
Las fallas en el Sistema de Transporte Colectivo se han tornado cada vez mas frecuentes, principalmente por la falta de inversión para su mantenimiento. En esta temporada de lluvias, algunas líneas prácticamente se quedan paradas. Por ejemplo, es muy frecuente que esto ocurra en la línea 2, ya que 10 de sus 24 estaciones se encuentran totalmente descubiertas. Los convoyes disminuyen su velocidad de 70 a solo 20 kilómetros por hora. Vale la pena resaltar que los nuevos trenes adquiridos por el gobierno capitalino no operan al 100% debido a fallas del sistema. De acuerdo con un medio periodístico, de los 45 convoyes comprados, sólo han sido entregado 17, de los cuales 10 están en revisión o en el área de avería y 7 nuevos trenes circulan, pero solo 3.5 horas al día.
Además de estos problemas técnicos, en las distintas líneas del Metro se vive una gran inseguridad; sobre todo, para las mujeres, personas de la tercera edad o con capacidades especiales. Hace un mes, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un punto de acuerdo, que no ha sido cumplido por las autoridades capitalinas a través del cual se exhortaba a intensificar los programas de seguridad pública; de manera especial se solicitó instalar un circuito cerrado en vagones y pasillos del STC, además de realizar de manera estricta y vigilada la división de géneros en todas las estaciones en las llamadas horas "pico". Las autoridades capitalinas han esgrimido que no pueden intensificar estos programas de vigilancia, por la falta de presupuesto.
El Sistema Colectivo Metro de la Ciudad de México, es el cuarto más importante del mundo, y el quinto más grande en extensión, en su tipo. Diariamente transporta 4.5 millones de personas en las 11 líneas; es decir, si comparásemos, estaría movilizando cada día a la población entera de Costa Rica o de Nicaragua. Cuenta con 207.5 km de vías. En el 2004 transportó 1,365 millones de personas, cantidad similar a la población de toda China, que es la quinta parte de la población mundial.
Resulta entonces, totalmente indignante enterarnos que la actual administración capitalina, de acuerdo con datos de la Contaduría Mayor de Hacienda de la propia Asamblea Legislativa del DF, detectó un desvío de más de 900 millones de pesos del presupuesto que le correspondía a áreas como el Metro y la Secretaría de Obras, para ayudar a financiar la construcción del segundo piso del Anillo Periférico. Según dicha información, del actual presupuesto capitalino el Fideicomiso para el Mejoramiento de las Vías de Comunicación (Fimevic) realizó 35 afectaciones presupuestales a diversos programas capitalinos por un total de dos mil 69 millones 630 mil 300 pesos, con el objetivo de concluir las obras de segundos pisos y los puentes viales.
Por otro lado, de acuerdo con fuentes periodísticas, el jefe de Gobierno no destinó como estaba programado en el presupuesto del Sistema de Transporte Colectivo, Metro, 349 millones 964 mil 100 pesos "para iniciar la construcción de la segunda etapa del distribuidor vial San Antonio (cimentaciones, pilas y zapatas) y para la continuación de los puentes vehiculares de avenida del Taller y Fray Servando".
En este sentido, sorprenden las declaraciones de la Contralora del gobierno capitalino, Bertha Luján, quien afirmó que ese órgano de fiscalización no realizará las investigaciones al respecto, minimizando las irregularidades encontradas por la Contaduría Mayor de Hacienda. En su opinión, "se cumplió en el marco de la normatividad", aunque hay evidencias que constatan la falta urgente de presupuesto para el Metro. Las transferencias presupuestarias, deben ajustarse al marco legal, pero también deben reorientarse de acuerdo con el beneficio común.
En razón de lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General del los Estados Unidos los legisladores del Partido Verde Ecologista de México, presentamos a consideración de esta Comisión Permanente la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero: Se exhorta respetuosamente al jefe del Gobierno del Distrito Federal, a considerar al Sistema de Transporte Colectivo, Metro, como uno de los objetivos prioritarios para el ejercicio presupuestal y de obra pública de la Ciudad de México, cuidando especialmente que la totalidad de los recursos asignados se destinen efectivamente a su mejoramiento, adecuado mantenimiento y ampliación de este servicio, así como para la incorporación de modernos sistemas de vigilancia para la prevención y erradicación de la delincuencia.
Segundo: Se exhorta a la Contraloría del gobierno capitalino a realizar, con toda oportunidad y de manera exhaustiva, las investigaciones necesaria sobre las irregularidades detectada por la Contaduría Mayor de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, respecto de transferencias del presupuesto destinado al Sistema de Transporte Colectivo, que presuntamente fueron utilizadas para la realización de obras diversas, como el segundo piso del Anillo Periférico.
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a los 20 días del mes de julio de 2005.
Sen. Sara I. Castellanos Cortés
(Turnada a las Comisiones del Distrito Federal y de Desarrollo Metropolitano. Julio 27 de 2005.)
