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Proposiciones
- Con punto de acuerdo, para exhortar al titular de la Secretaría de Seguridad Pública a efecto de que se lleven a cabo las medidas necesarias para garantizar el respeto a los derechos fundamentales del hombre y la mujer, y el apego al régimen de legalidad en relación con el trato que se da a los internos en los centros de readaptación social de la República Mexicana, a cargo del diputado Jesús Martínez Álvarez, del grupo parlamentario de Convergencia.
- Con punto de acuerdo, para exhortar a la titular de la Secretaría de Desarrollo Social a efecto de que se lleve a cabo una revisión integral de la ejecución de los programas de apoyo para menores en el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a cargo del diputado Jesús Martínez Álvarez, del grupo parlamentario de Convergencia.
- Con punto de acuerdo, para exhortar al Infonavit, al Fovissste y a la SHF a investigar y sancionar, en su caso, a la empresa inmobiliaria Consorcio de Ingeniería Integral, SA de CV, filial de Consorcio Ara, SA de CV, y a sus empresas subsidiarias, en relación con los proyectos, permisos y licencias en el conjunto habitacional Real de San Vicente, en sus etapas I, II y III, en el municipio de Chicoloapan, México, a cargo del diputado Jesús Tolentino Román Bojórquez, del grupo parlamentario del PRI.
- Con punto de acuerdo, para solicitar la solidaridad internacional en torno al desafuero del jefe de Gobierno del Distrito Federal, a cargo del diputado Javier Salinas Narváez, del grupo parlamentario del PRD.
- Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a liberar, a través de las Secretarías de la Reforma Agraria, y de Hacienda y Crédito Público, los recursos necesarios para propiciar la reconciliación entre las comunidades con conflictos agrarios en el estado de Oaxaca, a cargo del diputado Heliodoro Díaz Escárraga, del grupo parlamentario del PRI.
- Con punto de acuerdo, para exhortar al secretario de Hacienda y Crédito Público y al director liquidador del Banco Nacional de Crédito Rural a adoptar las medidas necesarias para que se pague a los jubilados y pensionados del sistema Banrural el incremento del 10% a que tienen derecho, a cargo del diputado Pablo Franco Hernández, del grupo parlamentario del PRD.
- Con punto de acuerdo, en relación con la contaminación por amoniaco en el estado de Veracruz, a cargo de la diputada Jacqueline G. Argüelles Guzmán, del grupo parlamentario del PVEM.
- Con punto de acuerdo, para exhortar a las Secretarías de la Función Pública, y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a efecto de que, en el ámbito de su competencia, investiguen y dictaminen sobre el manejo de los recursos asignados al estado de Yucatán por medio del Programa de Mejoramiento Genético Bovino, y para que la Auditoría Superior de la Federación revise los fondos federales de ese programa en la misma entidad, a cargo de la diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, del grupo parlamentario del PRI.
- Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Economía a instaurar en el ámbito de su competencia las acciones legales pertinentes para impedir la entrada ilegal de artesanías, a cargo del diputado Bernardino Ramos Iturbide, del grupo parlamentario del PRD.
- Con punto de acuerdo, para exhortar al titular de la Secretaría de Energía, así como a los directores generales de Pemex, del IMSS y del Infonavit, a resolver el problema suscitado con viudas y trabajadores integrados en la Coalición Federal de Trabajadores Petroleros, a cargo de la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del PRI.
- Con punto de acuerdo, para exhortar al Poder Ejecutivo de la Federación a que excluya la educación de los mexicanos del Tratado de Libre Comercio, a cargo del diputado Juan Pérez Medina, del grupo parlamentario del PRD.
- Con punto de acuerdo, para que la presente Legislatura de la Cámara de Diputados, mediante las comisiones y los comités del sector agrícola, intervenga ante el Gobierno Federal a efecto de exigir que se fije un precio objetivo justo y competitivo para las cosechas de maíz con base en índices de rentabilidad y conveniencia productiva, a cargo del diputado Armando Leyson Castro, del grupo parlamentario del PRI.
- A la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, a solicitud del diputado Jesús Nader Nasrallah, del grupo parlamentario del PAN.
- A la Comisión de Gobernación, a solicitud del diputado Jesús Nader Nasrallah, del grupo parlamentario del PAN.
Proposiciones
Consideraciones
Tras cincuenta años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se hace necesario reflexionar sobre el alcance que la implantación de dichos derechos ha generado en nuestra sociedad de hoy en día.
Valdría la pena hacer una revisión de la situación de uno de los sectores sociales que con mayor frecuencia ve conculcados sus derechos fundamentales, nos referimos al sector de los presos en México.
La situación que prevalece en la actualidad deviene de muchas problemáticas de tipo socio-cultural que nos afectan y que lejos de corregirse han incrementado su intensidad y sus marcadas diferencias hacia los sectores menos favorecidos de la población.
Es grave el problema porque la incidencia de violaciones a los derechos de los presos es muy alta y frecuente, y, porque esta violación sistemática a los derechos fundamentales de los presos es producto y acción de las autoridades.
Merece un análisis profundo por parte de las autoridades, el conflicto que se origina una vez que las personas presas se encuentran bajo la tutela directa del Estado, a través de la autoridad penitenciaria, en la que ésta ejerce sobre ellos un poder casi ilimitado en virtud las normas jurídicas vigentes que rigen dicha actividad, y verdaderamente ilimitado en cuanto a la práctica efectiva y cotidiana de un poder autoritario e irrespetuoso de la condición humana.
Como consecuencia, la posición jurídica y social del recluso respecto del Estado se encuentra en franca contradicción con las intenciones de la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos, es decir, no se ha logrado permear al sistema penitenciario mexicano con los principios y alcances de la citada declaración.
Poco ha importado a las autoridades penitenciarias mexicanas, las condiciones de vida infrahumana que perduran en las cárceles; menos que procurarse la efectiva readaptación social como lo ordena nuestra Carta Magna, no se han alcanzado siquiera el mínimo de condiciones requeridas para hacer de las cárceles sitios decorosos en donde se desenvuelva la comunidad carcelaria, en cumplimiento del castigo impuesto por el Estado y en proceso de reintegración al resto de la sociedad.
Lo que se pretende hacer es recordar a las autoridades que aún hay mucho por hacer y decir de nuestras cárceles, y que respecto de los internos, no todo se ha dicho en sus sentencias, sino que, existe aún un procedimiento a enfrentar, lo cual no implica que el preso se convierta en un ciudadano de segunda u olvidado por el resto de la sociedad.
A la sociedad le interesa que los delincuentes sean readaptados y que mediante la sanción de privación de su libertad, se genere un proceso en el cual el Estado los conmine a reflexionar sobre los hechos cometidos y se sientan seguros con la protección que, dentro de esa privación de libertad, les concede el Estado a través de sus autoridades penitenciarias.
Es cierto el hecho de que el factor de sobrepoblación que rige en nuestras cárceles mexicanas es determinante para la solución del problema, pero no menos cierto es que el derecho es un medio de contrapeso entre los ciudadanos y el Estado, para regular las actividades desarrolladas dentro de un territorio específico, razón suficiente para darle la espalda a cualquier factor de corrupción que se pretenda infiltrar en los proyectos del Estado Mexicano.
A juicio del grupo parlamentario de Convergencia, la situación real que viven los internos, hombres y mujeres de los Centros de Readaptación Social, sigue conservando elementos de vejación en contra del ser humano y se constituye en un régimen de tratos desiguales para los presos, privándoles así de cualquier posibilidad de readaptación y reintegración al núcleo social.
Por todo lo anterior, y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General y en el artículo 44 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del Pleno de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al titular de la Secretaría de Seguridad Pública, a efecto de que se lleven a cabo las medidas necesarias que aseguren el respeto a la legalidad y los derechos fundamentales de los hombres y mujeres que habitan como internos en los centros de readaptación social del país.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de abril de 2005.
Dip. Jesús Martínez Álvarez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL A EFECTO DE QUE SE LLEVE A CABO UNA REVISIÓN INTEGRAL DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE APOYO PARA MENORES EN EL SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, A CARGO DEL DIPUTADO JESÚS MARTÍNEZ ÁLVAREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA
Consideraciones
En México tenemos un problema serio respecto de los niños y niñas que requieren de la asistencia social para subsistir y sobrevivir en razón de que sus padres los han abandonado o los han hecho víctimas de abusos y maltratos.
Esto es una preocupación para el grupo parlamentario de Convergencia, que considera que el núcleo infantil debe ser fortalecido en su desarrollo y crecimiento, tanto físico como emocional.
Ya ha sido comentado en diversos foros que el maltrato infantil es la denominación que reciben las agresiones que los adultos descargan sobre los menores, produciéndoles daños físicos y emocionales, afectando su desarrollo intelectual y su adecuada integración a la sociedad.
Generalmente son los familiares cercanos quienes de manera intencional los lesionan, con el pretexto de corregir su conducta por desobediencia o no cumplimiento de las tareas encomendadas.
Existen diversas circunstancias o supuestos bajo los cuales un menor puede llegar a manos de la asistencia social, a través de los distintos órganos del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, ya sea como consecuencia del maltrato, abandono, enfermedad o pobreza.
Concretamente respecto del maltrato infantil, que es el tema central y un hecho común en la sociedad, se considera necesario llevar a cabo programas que impulsen actividades encaminadas a la modificación de patrones de conducta que provocan el maltrato de los adultos hacia los menores.
El problema de los niños y las niñas ha generado sesiones especiales de la Organización de las Naciones Unidas y se ha centrado en temas específicos como el de "bienestar de la infancia", mismo que en muchos países dista mucho de ser una realidad, especialmente en el caso de México por lo que se refiere a la asistencia social.
Son un cúmulo de acciones las que se deben revisar y llevar a cabo en los tres órdenes de gobierno en México, tal vez comenzando por generar apoyos a las Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia en los estados de la República, así como a instituciones públicas y privadas que proporcionen servicios asistenciales a población vulnerable, estableciendo los enlaces requeridos conforme a la normatividad, con el fin de brindarles la asistencia social, jurídica y de gestión administrativa que necesiten, para proporcionarles el adecuado tratamiento a los problemas que enfrenten en materia de maltrato infantil.
El presente documento pretende inspirar a que los órganos de Desarrollo Integral de la Familia, a través de los mecanismos conducentes, lleven a cabo una revisión de los centros que se tienen en lugares remotos de la República Mexicana, en los cuales, más allá de aplicarse programas de asistencia que beneficien a los menores, se contribuye al maltrato, vejación y a la violación de sus derechos, para ser tratados de manera digna y responsable por quienes están a cargo de ellos.
Es una realidad palpable que las acciones incluidas en el Programa Nacional de Acción a favor de la Infancia (Pafi) 2002-2010, a cargo del Gobierno Federal, no han generado resultados que se puedan ver materializados en ningún rubro, sino por el contrario, han sido objeto de críticas respecto de las disposiciones contradictorias que contiene el propio programa.
Por todo lo anterior, y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General y en el artículo 44 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del Pleno de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al titular de la Secretaría de Desarrollo Social, a efecto de que se lleve a cabo una revisión integral de los programas aplicados a los menores en el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, en razón de la preocupación que el maltrato infantil genera a nuestra sociedad y los daños irreversibles que casi siempre ocasiona en los niños.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de abril de 2005.
Dip. Jesús Martínez Álvarez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR AL INFONAVIT, AL FOVISSSTE Y A LA SHF A INVESTIGAR Y SANCIONAR, EN SU CASO, A LA EMPRESA INMOBILIARIA CONSORCIO DE INGENIERÍA INTEGRAL, SA DE CV, FILIAL DE CONSORCIO ARA, SA DE CV, Y A SUS EMPRESAS SUBSIDIARIAS, EN RELACIÓN CON LOS PROYECTOS, PERMISOS Y LICENCIAS EN EL CONJUNTO HABITACIONAL REAL DE SAN VICENTE, EN SUS ETAPAS I, II Y III, EN EL MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN, MÉXICO, A CARGO DEL DIPUTADO JESÚS TOLENTINO ROMÁN BOJÓRQUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, diputado federal Jesús Tolentino Román Bojórquez, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en el Estado de México, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, bajo las siguientes
Consideraciones
El crecimiento poblacional de los últimos años en el municipio de Chicoloapan del Estado de México, ha sido caótico por la excesiva migración de los habitantes del Distrito Federal, dando origen a la proliferación de promotores inmobiliarios sin escrúpulos que en aras de su beneficio personal explotan la necesidad de la gente por contar con una vivienda digna, pues saben perfectamente que, comprar un departamento y pagarlo en efectivo, es imposible.
Para lograr tal propósito, prometen el paraíso terrenal con falsa propaganda en los medios de difusión, ofreciendo inexistentes expectativas como son; el mejor lugar para vivir con su familia en sana armonía, excelentes instalaciones educativas, con profesores calificados, servicios médicos de primer nivel, tiendas de autoservicio, mercados, áreas deportivas, seguridad y privacidad para la familia; además ofreciéndose como gestores para la obtención de un crédito hipotecario ante las Instituciones públicas como el Infonavit, Fovissste y la Sociedad Hipotecaria Federal, con el cual podrán hacer realidad su sueño.
El engaño continúa en la preventa que realiza el promotor, con la presentación de una fastuosa maqueta del fraccionamiento que da la impresión de que nada le hace falta. Ello, con la finalidad de inducir la compra, sin importar lo más mínimo que algunos de estos servicios exhibidos, no se vayan a construir jamás o se incumpla en su entrega.
Además, exhiben la casa muestra para enganchar a los potenciales clientes, esta artimaña surte sus efectos correspondientes, porque se compra una casa en función de lo que esta viendo, y lo que ve es un modelo engañoso de lo que será su casa, pues ese si, no tiene ningún "defecto", dándonos un panorama color de rosa, que dista mucho de la realidad.
La ambición desmedida de los desarrolladores inmobiliarios, ha provocado un desenfrenado crecimiento poblacional, una peligrosa fiebre de construcción de unidades habitacionales de interés social en Chicoloapan, encabezados por la empresa Consorcio de Ingeniería Integral (Ara), quien ha llevado a cabo la construcción de viviendas de mala calidad y no ha garantizado los servicios indispensables para los condóminos en el Conjunto Urbano de interés social denominado "Real de San Vicente" en sus Etapas I, II y III donde han entregado "casas desechables", al no cumplir con las especificaciones técnicas y los procesos constructivos establecidos en la normatividad, aflorando múltiples vicios ocultos de; fugas de agua en tuberías, conductos tapados, aplanados "botados", filtraciones de agua en techo y paredes, grietas en muros, manchas de salitre. Asimismo, se han detectado defectos en la infraestructura y la urbanización, como han sido: coladeras tapadas, calles sin pavimentar o de mala calidad, áreas comunes que nunca se concluyeron, instalaciones eléctricas inconclusas, lo cual difiere con mucho, a lo convenido con el promotor.
Otra queja más sentida de la población, y que debe ser considerada en la investigación solicitada, es el cobro indebido que se viene realizando por los derechos del servicio de agua potable, ya que la obligación del desarrollador en la Gaceta del Gobierno del Estado de México, publicado el 21 de diciembre del 2001 y el 7 de agosto del 2003 para las Etapas I y II respectivamente, es de prestar gratuitamente los servicios de agua potable, vigilancia, drenaje, alumbrado público y recolección de basura hasta que dichas obras sean recibidas por el gobierno estatal y municipal. Cosa que aún no ha ocurrido.
De donde se infiere una presunta complicidad con las autoridades municipales, ya que la entrega se debió haber realizado desde el 3 de noviembre del 2003, para la Etapa I, y el 9 de noviembre del 2004 para la Etapa II. Informando la inmobiliaria que la obra ya fue municipalizada y el municipio, a su vez, dice que no ha sido entregada por la compañía, sufriendo las consecuencias de esta indefinición, el pobre ciudadano.
Lo mismo sucede en el pago de la luz y de otros servicios públicos como son la basura, la salud y la seguridad.
En virtud de la trascendencia que representa a mis conciudadanos afectados, el día jueves 3 de marzo del año en curso, realizamos una marcha de protesta, a fin de sensibilizar a la empresa inmobiliaria para una pronta atención y solución al problema, recibiendo como respuesta la burla y el desprecio de sus ejecutivos.
Pero, al parecer, a las autoridades estatales y municipales y a las instituciones publicas de crédito hipotecario no les importan todas estas irregularidades, ya que se siguen construyendo en estas mismas condiciones, otras 40 mil viviendas.
Por lo expuesto, la ciudadanía de manera urgente ha solicitado nuestra intervención como representantes populares que somos de ellos, para que esta empresa inmobiliaria cumpla con las obligaciones establecidas en la normatividad y en los contratos respectivos. Es decir, se cumpla estrictamente la ley. No pedimos más, pero tampoco menos.
Por ello solicito a esta soberanía la aprobación del siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Exhortar al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), al Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste) y a Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) a que se practique una auditoría técnico-financiera a la empresa Consorcio de Ingeniería Integral, SA de CV, con relación a los proyectos ejecutivos, permisos y licencias, procedimientos constructivos, calidad de las obras, habitabilidad de las viviendas, y que cuenten con los servicios adecuados de urbanización e infraestructura en el conjunto habitacional Real de San Vicente, en sus etapas I, II y III, en el municipio de Chicoloapan, estado de México.
Segundo. Exhortar a los organismos descentralizados de la administración pública descritos en el punto que antecede para que obliguen en forma inmediata a la empresa Consorcio de Ingeniería Integral, SA de CV, a reparar por su cuenta todos y cada uno de los vicios ocultos a fin de garantizar el adecuado funcionamiento y estado de los inmuebles, además de preservar en óptimas condiciones la infraestructura primaria, de urbanización y equipamiento.
Tercero. Se exhorta a los citados organismos a que lleven a cabo una revisión exhaustiva a los expedientes técnicos y realicen una inspección a los inmuebles para certificar que las características físicas de los mismos sean acordes con el crédito otorgado y con lo asentado en los avalúos respectivos, en cuanto a condiciones de la vivienda y su costo; y, en caso contrario, se reconsidere el mismo crédito.
Cuarto. Que una vez que se cuente con los elementos que fundamenten la situación de incumplimiento de la empresa, así como con la opinión jurídica correspondiente, se proceda a la cancelación del registro del padrón y boletinar a la empresa Consorcio de Ingeniería Integral, SA de CV (CIISA), y a Consorcio Ara, SA de CV, como sociedad controladora de la misma, además de las empresas subsidiarias, como son Proyectos Urbanos Ecológicos, SA de CV (PUESA); Constructora y Urbanizadora Ara, SA de CV (Cuara); Inmobiliaria Acre, SA de CV (Acre); Asesoría Técnica y Administrativa Gavi, SA de CV; Comercialización y Ventas, SA (Covensa); y Promotora y Desarrolladora de Centros Comerciales, SA de CV, así como a sus principales accionistas y a difundir esta información ante las instancias correspondientes.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de abril de 2005.
Dip. Jesús Tolentino Román Bojórquez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL EN TORNO AL DESAFUERO DEL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, A CARGO DEL DIPUTADO JAVIER SALINAS NARVÁEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El que suscribe, diputado federal a la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 23, numeral 1, inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, me permito poner a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
1. Con azoro la opinión pública internacional ha recibido la noticia del desafuero del jefe de Gobierno del Distrito Federal. Diarios y revistas de todo el orbe han dado cuenta del desaseo que ha llevado al Gobierno Federal a perpetuar un auténtico atentado contra la democracia mexicana. A las expresiones de repudio que día con día están creciendo en nuestro país, se ha sumado una comunidad internacional enterada y preocupada por el acontecer nacional.
2. Prestigiados rotativos, agencias internacionales de prensa, intelectuales y artistas han dado cuenta, en los últimos días de su opinión sobre lo que califican como un grave retroceso en la vida pública de México. "Dejen que los mexicanos decidan", cabeceó el New York Times, agregando que "la campaña presidencial para el 2006 ha tomado el aire de los viejos malos tiempos, cuando el PRI dictatorial inclinaba las elecciones para sus candidatos?" El Washington Post resumió: "Si el señor López Obrador no puede competir por la presidencia, entonces el avance histórico del 2000, quedará viciado. México regresará a la era cuando fue gobernado por el fraude y la fuerza; el próximo presidente será desacreditado en casa y en el extranjero. Los legisladores deberían escuchar la oposición del pueblo mexicano al desafuero y evitar perpetuar una injusticia".
3. La prensa europea también ha abordado con preocupación el asunto. El periódico francés Le Monde destacó que "la decisión para excluir al alcalde de la Ciudad de México de la próxima elección presidencial de 2006, está cargada de amenazas para la frágil democracia mexicana?, existiendo el riesgo de sumir a México en un período de turbulencias y poner en peligro la legitimidad de las elecciones". Igualmente, un artículo aparecido en el diario francés Libération denuncia que "el golpe de mano, disfrazado de respeto escrupuloso de la legalidad constitucional, no tiene más objetivo que separar de la carrera presidencial de julio de 2006 al candidato de la izquierda que todas las encuestas dan como favorito, con al menos 10 puntos de ventaja sobre sus dos competidores".
4. Así, el desafuero del jefe de Gobierno del Distrito Federal no solo ha dividido a los mexicanos, sino que ha llevado al piso la imagen internacional de nuestro país. No es justo. Y no lo es porque el prestigio y el buen nombre de nuestro país no son propiedad de nadie. No le pertenecen a la administración en turno, ni al Presidente de la República y mucho menos a los diputados del PRI, del PAN y del PVEM que aprobaron el desafuero.
5. No es exagerado decir que en las últimas semanas México ha recibido las críticas internacionales más severas desde los aciagos días de 1994 cuando, bajo el gobierno de PRI, el alzamiento del ELZN, los asesinatos políticos y la crisis económica pusieron al país al borde de la quiebra. Las recientes notas informativas y editoriales de la prensa internacional han cuestionado la viabilidad de la democracia mexicana y han derrumbado la confianza en el avance democrático que se había logrado en el exterior.
6. Estas son llamadas de atención que deberíamos estar tomando en cuenta los mexicanos. El llamado "bono democrático" que la comunidad internacional otorgó a nuestro país no fue una graciosa concesión brindada al mal llamado "gobierno del cambio", sino un reconocimiento al esfuerzo y sacrificio de varias generaciones de mexicanos que en algunos casos hasta con sus vidas ayudaron a la construcción de un régimen donde sólo los votos determinarían quien debía ocupar la más alta magistratura. Es ese principio de la vida democrática el que se ha roto con el desafuero del jefe de Gobierno de la Ciudad de México.
7. Es evidente que el desafuero ha generado un clima de incertidumbre que podría resultar en una eventual denuncia de la "cláusula democrática" contenida en el Acuerdo Global entre la Unión Europea y México. Según este apartado, los Estados deben respetar y promover la integralidad y universalidad de los derechos humanos y en este sentido se reconoce la posibilidad de utilizar la "cláusula" como un mecanismo de denuncia para casos y situaciones de violaciones de derechos humanos en lo general.
8. La cláusula democrática se trata esencialmente de un instrumento de condicionamiento. Es decir, condiciona la ayuda de cualquier tipo de apoyo, las relaciones diplomáticas o comerciales, para que se cumplan los principios de la democracia representativa, de la democracia formal y desde luego, va un acompañante siempre muy importante que es la protección de los derechos humanos, entendiendo por democracia representativa: elecciones libres, igualdad de oportunidades, etcétera.
9. Por todo lo anterior, existe el riesgo de que nuestros socios de la Unión Europea puedan imponer sanciones a nuestro país por la flagrante violación a los derechos humanos civiles y políticos del jefe de Gobierno de la Ciudad de México.
Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a esta Soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión reconoce que el desafuero del jefe de Gobierno del Distrito Federal ha generado inquietud e incertidumbre en la comunidad internacional, particularmente en los medios de comunicación, en los partidos políticos y en la comunidad europea, lo cual podría resultar en una eventual denuncia de la "cláusula democrática" del Acuerdo Global entre la Unión Europea y México.
Segundo.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión hace una atenta invitación para que una Comisión Plural del Parlamento Europeo se dirija a nuestro país, conozca las razones esgrimidas a favor y en contra del desafuero del jefe de Gobierno del Distrito Federal y coadyuve, respetando nuestra soberanía, a la concertación política que fortalezca nuestra democracia.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de abril de 2005.
Dip. Javier Salinas Narváez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR AL EJECUTIVO FEDERAL A LIBERAR, A TRAVÉS DE LAS SECRETARÍAS DE LA REFORMA AGRARIA, Y DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO LOS RECURSOS NECESARIOS PARA PROPICIAR LA RECONCILIACIÓN ENTRE LAS COMUNIDADES CON CONFLICTOS AGRARIOS EN EL ESTADO DE OAXACA, A CARGO DEL DIPUTADO HELIODORO DÍAZ ESCÁRRAGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, Heliodoro Díaz Escárraga, diputado del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad contenida en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo siguiente.
Consideraciones
Los conflictos agrarios regularmente tienen su origen en la posesión, uso y usufructo de tierras y aguas. El más serio, y nunca fácil de resolver, se presenta cuando dos o más comunidades reclaman la propiedad de un mismo predio, conflicto que puede tardar siglos en solucionarse y ser causa de trágicos enfrentamientos entre pueblos.
La disputa por la posesión de tierras lesiona el Estado de derecho y afecta la seguridad jurídica de las comunidades y los ejidos. Este tipo de problemas tiende a incrementarse en el territorio nacional, dado el crecimiento poblacional de las comunidades agrarias, los procesos de conurbación y el consiguiente incremento del precio de la tierra.
Oaxaca es el estado con mayores conflictos agrarios. Esto se debe a que cuenta con una mayor propiedad social de la tierra, donde más de 70 por ciento de la superficie es de tierras comunales y ejidos.
En ese marco, el pasado 13 de abril se registró una emboscada en la comunidad de Santo Domingo Teojomulco, perteneciente al distrito de Sola de Vega, en Oaxaca, en la que perdieron la vida tres campesinos. Dicha emboscada fue llevada a cabo por parte de habitantes de San Lorenzo Texmelucan, debido justamente a un conflicto agrario añejo.
El nivel de violencia alcanzado por conflictos agrarios en la región deja ver el grado a que están dispuestos a llegar los habitantes de esas zonas por defender sus escasas propiedades.
La marginación y la pobreza de las comunidades oaxaqueñas son el origen de ese tipo de enfrentamientos.
El Gobierno Federal, a través de la Secretaría de la Reforma Agraria y del Tribunal Superior Agrario, no ha abordado adecuadamente las acciones para solucionar de manera definitiva los conflictos agrarios derivados de la incertidumbre en la tenencia de la tierra.
La solución de los conflictos compete fundamentalmente al Ejecutivo federal, el cual no muestra conocimiento suficiente sobre la problemática agraria, asume decisiones legales erróneas o mal intencionadas y no presta la debida atención a los problemas de producción y consumo en el campo.
Para evitar el derramamiento de sangre es indispensable que las instituciones del gobierno consideren que la organización, la conciliación y la procuración e impartición de justicia agraria eficiente son fundamentales para impulsar la asociación productiva, la capitalización del campo, la estabilidad y paz social, y -con ello- prevenir la presentación de conflictos de funestas consecuencias.
En los casos de conflicto, a los que la Secretaría de la Reforma Agraria cataloga como focos rojos, no se trata únicamente de revisar su situación jurídica. Se necesitan la conciliación y mayores recursos presupuestales. Por ello es preciso que el Gobierno Federal, además de tratar cada caso de manera particular con funcionarios capaces, de atención inmediata a las comunidades en conflicto.
En razón de ello, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal a que, a través de las Secretarías de la Reforma Agraria, y de Hacienda y Crédito Público, libere los recursos necesarios para propiciar la reconciliación entre las comunidades con conflictos agrarios del estado de Oaxaca.
Segundo. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta al Tribunal Superior Agrario a que agilice los procedimientos relativos a los conflictos agrarios que se presentan en el estado de Oaxaca, de tal forma que de esta manera concluya la situación de indefinición en que éstas se encuentran.
Palacio Legislativo, a 26 de abril de 2005.
Dip. Heliodoro Díaz Escárraga (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR AL SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y AL DIRECTOR LIQUIDADOR DEL BANCO NACIONAL DE CRÉDITO RURAL A ADOPTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA QUE SE PAGUE A LOS JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL SISTEMA BANRURAL EL INCREMENTO DEL 10% A QUE TIENEN DERECHO, A CARGO DEL DIPUTADO PABLO FRANCO HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Con fundamento en los artículos 53, 93 de la Constitucion Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presenta al Pleno de la Cámara de Diputados, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita se exhorte al secretario de Hacienda y Crédito Público, licenciado Francisco Gil Díaz y al director liquidador del Banco Nacional de Crédito Rural (Banrural), licenciado Eugenio Garza Chapa, para que de inmediato adopten las medidas necesarias para que se pague a los jubilados y pensionados del Sistema Banrural el incremento del 10% a que tienen derecho.
Consideraciones
1.- Que la Ley Orgánica del Sistema Banrural fue publicada en el Diario Oficial de la Federación del 13 de enero de 1986, la cual rigió la organización y funcionamiento del Sistema Banrural, integrado por 13 sociedades nacionales de crédito.
2.- Que posteriormente por decreto del 26 de diciembre de 2002, se promulgó la Ley Orgánica de la Financiera Rural, ordenando que a partir del primero de julio de 2003 quedaba abrogada la antes mencionada Ley Orgánica del Sistema Banrural, por lo que se procedió a la liquidación de las Sociedades Nacionales de Crédito integrantes de este Sistema de Banrural.
3.- Que la referida Ley Orgánica de Financiera Rural, en sus artículos Octavo en relación con el Decimoquinto Transitorio, autorizó al Ejecutivo federal transferir al Banco Nacional de Crédito Rural (Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo), los recursos necesarios para el puntual y debido cumplimiento de las obligaciones con los jubilados y pensionados del Sistema Banrural. Creándose al efecto por contrato del 30 de junio de 2003, un fideicomiso irrevocable denominado "Fondo de Pensiones del Sistema Banrural".
4.- Que en la cláusula novena del referido Contrato de Fideicomiso de mención, se establece que el monto de las pensiones y jubilaciones de los trabajadores de Banrural deben incrementarse en un 10% como mínimo, cuando a partir del último aumento de las mismas, el índice del costo de la vida se haya incrementado en la misma proporción, conforme a las estadísticas del Banco de México.
5.- Que en apego a lo anterior, los trabajadores del Sistema Banrural debieron recibir el pago de sus jubilaciones y pensiones incrementadas en un 10% a partir del 12 de mayo de 2004, derecho que sin embargo les ha sido violado. Afectándose aún más los deteriorados ingresos de los más de 7,500 trabajadores de Banrural y sus familias.
6.- Que a la fecha, los jubilados y pensionados de Banrural han agotado múltiples trámites ante las instancias competentes, sin que hayan recibido una respuesta favorable a su legítima petición.
Por todo lo expuesto someto a esta H. Cámara de Diputados con el carácter de urgente y obvia resolución, el siguiente
Punto de Acuerdo
ÚNICO.- Que se exhorte al secretario de Hacienda y Crédito Público, licenciado Francisco Gil Díaz e igualmente al director liquidador del Banco Nacional de Crédito Rural, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, licenciado Eugenio Garza Chapa, para que en cumplimiento de lo ordenado por la cláusula novena y demás relativas y aplicables del contrato de fideicomiso irrevocable denominado "Fondo de Pensiones del Sistema Banrural", adopten de inmediato las medidas necesarias para que se proceda a pagar a los trabajadores del Sistema de Banrural, un incremento del 10% en sus jubilaciones y pensiones, de manera retroactiva al 12 de mayo de 2004.
Palacio Legislativo de san Lázaro a 26 de abril de 2005.
Dip. Pablo Franco Hernández (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, EN RELACION CON LA CONTAMINACIÓN POR AMONIACO EN EL ESTADO DE VERACRUZ, A CARGO DE LA DIPUTADA JACQUELINE G. ARGÜELLES GUZMÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM
La diputada Jacqueline G. Argüelles Guzmán y el diputado Manuel Velasco Coello, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrimos a solicitar sea considerada como de urgente resolución, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Como hemos podido presenciar, a lo largo de la historia ambiental de nuestro país, Petróleos Mexicanos ha sido un actor constante en la ocurrencia de acciones contaminantes y depredatorias que afectan tanto el medio ambiente como la salud de los habitantes, todo esto por falta cumplimiento de normas ambientales y de seguridad, aunado a la falta mantenimiento y de medidas precautorias en todos los procesos de trabajo de esta paraestatal. Ejemplos de lo antes mencionado existen varios, uno de los casos mas graves ha sido el gran problema de contaminación al que se enfrenta la laguna de Atasta, en el estado de Campeche, debido a las acciones de exploración que se han realizado en la zona.
No obstante, el estado de Veracruz, al igual que todos en los que Pemex establece sus áreas de producción, ha visto una significativa disminución de la calidad ambiental así como un gran deterioro en los ecosistemas que lo caracterizan. Aunado a esto, y como consecuencia de los continuos accidentes que se generan, la calidad de vida y salud de los pobladores ha estado en constante deterioro y riesgo.
Durante la administración del secretario de Medio Ambiente, Alberto Cárdenas, y del actual director de Pemex, Luis Ramírez Corzo, la situación ambiental del estado de Veracruz ha enfrentado continuos y graves accidentes. Solamente recordemos que a finales del año próximo pasado fuimos testigos del problema de contaminación que enfrentó el río Coatzacoalcos, a causa del derrame de petróleo crudo en el mismo.
Nuevamente, este miércoles nos encontramos ante un nuevo accidente por parte de esta paraestatal en la cual a la fecha se cuentan con seis muertos, 12 hospitalizados, dos de ellos graves, 2 mil evacuados y cinco desaparecidos, todo esto debido a la perforación de un ducto de amoniaco ocurrido en el municipio de Nanchital, al sur de Veracruz. Según informes oficiales, el incidente se produjo tras un error de operación de la compañía Reparaciones Navales y Petroquímicas del Golfo, SA, contratada por Pemex para mantenimiento de ductos.
Si bien es cierto que a los pocos minutos se implementó un operativo para evacuar las colonias Tepeyac, Guadalupe y San Miguel, por la peligrosidad de los gases, también es cierto que en general la empresa paraestatal ha mostrado un desinterés para mitigar los efectos que su actividad genera en el medio ambiente. Ejemplo de lo anterior, es la manera de minimizar los daños, asumiendo que el problema ya está controlado, sin contemplar que los efectos no se dan únicamente en el momento en que ocurre el accidente sino que tiene efectos a largo plazo, principalmente en cuanto a salud y daño ambiental se refieren.
En los medios electrónicos hemos podido constatar, visualmente, la gravedad del problema, sin embargo hasta hoy la información oficial sobre el tema ha sido escueta y poco confiable.
Sabemos que este problema, por su naturaleza, traerá graves consecuencias a los ecosistemas terrestres y acuáticos de la región; sin embargo, los problemas de salud y económicos a los que se enfrenarán las poblaciones circundantes aún no han sido estimadas y lamentablemente son minimizadas. De manera oficial se ha declarado que Pemex ha cumplido con las medidas de urgente aplicación. No obstante, aún no sabemos cuáles serán las medidas de reparación del daño ambiental y los procesos y tiempos de remediación de las zonas afectadas. De igual forma, ninguna institución, Sea Semarnat o Pemex, ha explicado cuándo verán las personas afectadas la indemnización que les corresponde o si se efectuará la reparación del daño.
Por todo lo anterior, los diputados del Partido Verde Ecologista de México, sometemos a consideración la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero: Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), para que a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) investigue el daño ambiental y que finque responsabilidades a los actores involucrados por el accidente causado por la fuga de amoníaco, ocurrida el pasado 13 de abril en los ayuntamientos de Nanchital, Coatzacoalcos y Minatitlán, del estado de Veracruz.
Segundo: Se exhorta a la Secretaría de Salud a que realice los estudios necesarios y establezca medidas y programas preventivos para proteger la salud de las personas de las colonias aledañas al incidente.
Tercero: Que se implemente un programa emergente interinstitucional, para disminuir el rezago en mantenimiento de las instalaciones y consecuentemente los riesgos para la seguridad de las mismas, de las poblaciones aledañas, y los daños al ambiente y a la salud.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 26 días del mes de abril del 2005.
Diputados: Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán, Manuel Velasco Coello (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR A LAS SECRETARÍAS DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, Y DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN A EFECTO DE QUE, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, INVESTIGUEN Y DICTAMINEN SOBRE EL MANEJO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL ESTADO DE YUCATÁN POR MEDIO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENÉTICO BOVINO, Y PARA QUE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN REVISE LOS FONDOS FEDERALES DE ESE PROGRAMA EN LA MISMA ENTIDAD, A CARGO DE LA DIPUTADA IVONNE ARACELLY ORTEGA PACHECO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
La suscrita, diputada federal por el segundo distrito de Yucatán, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LIX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de esta H. Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo para hacer un atento exhorto a la Secretaría de la Función Pública y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a efecto de que en el ámbito de su competencia, investiguen el manejo de los recursos asignados al Estado de Yucatán por medio del Programa Mejoramiento Genético Bovino, y para que la Auditoría Superior de la Federación realice una revisión a los fondos federales de ese programa en el Estado de Yucatán, atendiendo a las siguientes
Consideraciones
Desde mediados del presente mes, los medios de comunicación del estado de Yucatán, en particular el periódico Por Esto!, han venido denunciando presuntas irregularidades en la asignación de recursos dentro del Programa Mejoramiento Genético Bovino, mismo que se solventa con dineros federales.
La gravedad del asunto estriba en que de las irregularidades toman parte los secretarios de Desarrollo Rural y de la Contraloría del estado, quienes forman parte del Comité que aprueba los proyectos y asignaciones del citado programa. El último funcionario incluso es el encargado de cerciorarse de la legalidad del procedimiento, o al menos así debía actuar.
Según han denunciado los medios de comunicación, el contralor del Estado, Jorge Ceballos Ancona, compró el rancho Cenote Azul, en el municipio de Buctzotz, con un valor de 400 mil pesos y, en complicidad con el secretario estatal de Desarrollo Rural, Roger González Herrera, ha obtenido de manera ilegal recursos del programa de Mejoramiento Genético Bovino, utilizando para tal efecto el nombre de la señora Ana Isabel Encalada Martínez, quien firma las solicitudes y compra animales para luego registrarlos al rancho del contralor.
En declaraciones a la prensa, el propio contralor ha reconocido que hace menos de año y medio compró el rancho Cenote Azul, con una superficie de 70 hectáreas en las cuales hay extensas áreas de pastizales y cultivos citrícolas, el cual recientemente recibió los beneficios del tendido eléctrico y sistemas de riego, presuntamente financiados con recursos públicos.
Reconoció también el contralor que mantiene con la señora Encalada Martínez una relación comercial, toda vez que los animales que ella compra con los recursos del programa Mejoramiento Genético Bovino se encuentran en el rancho propiedad del funcionario, ya que ella no cuenta con rancho alguno.
La interrogante surge cuando nos preguntamos: ¿cómo es que el Comité encargado de asignar los recursos y aprobar proyectos permitió la entrega de dineros públicos para la compra de ganado a una persona que no tiene rancho en dónde mantener a ese ganado? Y lo más grave: ¿cómo es que el Contralor, miembro del Comité, permaneció en silencio en tanto que sabía que resultaría beneficiado con la compra de esos animales?
Han dicho los funcionarios denunciados que la solicitud de la señora Encalada Martínez procedió porque ella acreditó tener el usufructo del rancho (y, por tanto, un beneficio económico para el Contralor, quien es el propietario), pero está comprobado, según documentos exhibidos en la prensa local, que cuando se realizó la solicitud, aún no terminaban los trámites ejidales para la liberación de la propiedad y su posterior enajenación a cargo del Contralor. Por tanto, difícilmente pudo la solicitante acreditar el usufructo del rancho.
Se ha denunciado también falsificación de firmas y ausencia de avales técnicos en varias solicitudes de esta persona que procedieron, y a raíz de las cuales adquirió ganado que pasta en el rancho del contralor de Yucatán.
La legalidad y la transparencia son premisas imprescindibles en el servicio público. En el estado de Yucatán, como pueden ver, estas premisas están actualmente en tela de juicio y esta condición se agrava porque a quien se acusa de torcer la ley es precisamente quien debiera vigilar que los funcionarios públicos no se sirvan de ella para su provecho personal.
No podemos adelantar juicios sobre el caso. Las denuncias han sido públicas e incluso el grupo parlamentario del PRI en el Congreso local ha interpuesto una demanda ante la Secretaría de la Función Pública para que se revise la actuación de las autoridades mencionadas en este asunto.
En consecuencia, y debido a lo delicado del caso, con base en lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta H. Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Que esta H. Cámara de Diputados haga un respetuoso exhorto a los titulares de la Secretaría de la Función Pública y de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a efecto de que, en el ámbito de su competencia, investiguen y dictaminen sobre el manejo de los recursos asignados al Estado de Yucatán por medio del Programa Mejoramiento Genético Bovino.
Segundo. Que esta H. Asamblea exhorte a la Secretaría de la Función Pública y de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que, una vez hechas las investigaciones a que alude el punto anterior, si se desprenden posibles hechos constitutivos de un delito, presenten la denuncia correspondiente ante la Procuraduría General de la República o ante las autoridades ministeriales competentes.
Tercero. Que, independientemente de esas investigaciones, la H. Cámara de Diputados, por medio de la Auditoría Superior de la Federación, aplique una auditoría especial a los recursos aplicados por medio del programa Mejoramiento Genético Bovino en el estado de Yucatán, durante los ejercicios fiscales 2003, 2004 y 2005, a efecto de esclarecer estas presuntas irregularidades.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de abril de 2005.
Dip. Ivonne Aracelly Ortega Pacheco (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR A LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA A INSTAURAR EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA LAS ACCIONES LEGALES PERTINENTES PARA IMPEDIR LA ENTRADA ILEGAL DE ARTESANÍAS, A CARGO DEL DIPUTADO BERNARDINO RAMOS ITURBIDE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado federal, integrante de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta Asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes
Consideraciones
La aprobación de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal publicada en 1988, tuvo por objeto fomentar el desarrollo de la microindustria y de la actividad artesanal mediante el otorgamiento de apoyos fiscales, financieros, de mercado y de asistencia técnica, así como a través de facilitar la constitución y funcionamiento de las personas morales correspondientes, simplificar trámites administrativos ante autoridades federales y promover la coordinación con autoridades locales o municipales para este último objeto.
La misma ley mandató a la Secretaría de Economía (antes Secofi) para que conjuntamente con otras dependencias competentes en la materia, los gobiernos de los estados y municipios, impulsara las tareas de investigación y de aplicación de técnicas de mejoramiento para el fomento y desarrollo de la producción artesanal.
Se facultó a la Secretaría de Economía para integrar un padrón nacional de la microindustria donde se inscribieran las personas físicas y morales que se dedicaran a la actividad artesanal.
También se dispuso la creación de una comisión intersecretarial -integrada por representantes de las Secretarías de Gobernación, Hacienda, Función Pública, Semarnat, Educación Pública, Salud, Trabajo, del Gobierno del DF, Seguro Social, Infonavit, presidida por la Secretaría de Economía y a la cual pueden ser invitados a participar en sus sesiones los representantes de otras dependencias, entidades paraestatales, de gobiernos de los estados y de los municipios, de los sectores social y privado- que tiene como fin el fomento de la actividad de la microindustria a través de diversas medidas como la coordinación de trámites; adecuaciones administrativas y legales; requisitos para disponer de apoyos y estímulos, etcétera, entre otras.
Dicha Comisión Intersecretarial, además tiene la responsabilidad de fomentar la producción de artesanías:
...
IX.- Fomentar la producción de artesanías, para lo cual podrá:
A). Formular las recomendaciones pertinentes a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal involucradas, con el propósito de consolidar y ampliar los niveles de productividad de la actividad artesanal; facilitar el abastecimiento de los insumos necesarios para el desarrollo de ésta; gestionar los financiamientos que correspondan y promover la comercialización directa de los productos artesanales;
B). Proponer los criterios para otorgar los certificados de origen, así como las normas mínimas de calidad que deben cumplir las artesanías para su exportación;
C). Promover la celebración de acuerdos de coordinación con las entidades federativas, para fomentar la producción de artesanías, involucrando la participación de organismos especializados en la materia, y
D). Propiciar la concentración regional de la producción artesanal con el fin de facilitar su promoción, a través de la celebración de ferias y exposiciones artesanales, a nivel nacional e internacional, conforme a las disposiciones aplicables.
Por otra parte la Secretaría de Desarrollo Social orienta sus esfuerzos hacia los artesanos mediante el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart) que despliega cuatro tipos y modalidades de apoyo y cuyo universo de acción durante el año 2003 -datos del Cuarto Informe de Gobierno- fue 17 mil doscientos seis artesanos.
Pese a estas disposiciones legales y programas, de acuerdo a diversas fuentes, el sector artesanal enfrenta una problemática que los afrenta y daña en sus intereses.
Nos referimos a la entrada ilegal de numerosas mercancías, que dados los bajos precios con los que se distribuyen colocan en desventaja a este sector compuesto por aproximadamente ocho millones de personas.
Desconocemos que medidas concretas de orden jurídico en defensa de las artesanías ha desarrollado la Administración Pública Federal. Que acciones de contención se organizan en las aduanas para evitar el trasiego de mercancías de dudosa calidad que ponen en peligro a los productores nacionales de artesanías.
Por lo anterior, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se propone el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Economía a instrumentar las acciones legales pertinentes -en el ámbito de su competencia- para frenar la entrada ilegal de artesanías que afecta gravemente a los productores nacionales.
Segundo. Se solicita a la Secretaría de Economía para que -en su calidad de titular de la Comisión Intersecretarial para el Fomento de la Microindustria- dé cuenta esta soberanía de las acciones llevadas a cabo para el fomento y salvaguarda de la actividad artesanal, así como de las acciones legales emprendidas para el combate a la entrada ilegal de artesanías provenientes de diversos países.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los veintiséis días del mes de abril de 2005.
Dip. Bernardino Ramos Iturbide (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE ENERGÍA, ASÍ COMO A LOS DIRECTORES GENERALES DE PEMEX, DEL IMSS Y DEL INFONAVIT, A RESOLVER EL PROBLEMA SUSCITADO CON VIUDAS Y TRABAJADORES INTEGRADOS EN LA COALICIÓN FEDERAL DE TRABAJADORES PETROLEROS, A CARGO DE LA DIPUTADA DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Con fundamento en los artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las suscritas: diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo y demás diputadas de diferentes grupos parlamentarios, mencionadas al final del presente texto, presentamos ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, para exhortar: al titular de la Secretaría de Energía, así como a los directores generales de Petróleos Mexicanos, del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a fin de resolver el problema suscitado con viudas y trabajadores petroleros, integrados en la Coalición Federal de Trabajadores Petroleros.
Antecedentes
La Comisión Bicamaral Parlamento de Mujeres de México 2005, dentro del marco a su Reunión Anual, celebrada el 18 de marzo de los corrientes, llevo a cabo cinco reuniones previas en distintas ciudades del interior del país, con el objeto de acercar a las mujeres connacionales que residen fuera de la sede de los poderes federales de la República, facilitando así su participación para exponer y dar a conocer problemas de carácter regionales y nacionales así como también sus propuestas de soluciones, desde la perspectiva de género, en diferentes mesas temáticas de trabajo.
En la reunión celebrada en la sede de la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, el día 26 de febrero de 2005 en la mesa dos, en que se desarrolló el tema "Procuración de administración de justicia con equidad de género", y en la mesa cinco con el tema "Presupuesto para políticas de salud con perspectiva de género" participaron y expusieron un grupo de viudas y esposas de trabajadores petroleros, integradas en el seno de la Coalición Federal de Trabajadores Petroleros, la situación que padecen a la fecha 750 viudas, las que en su mayoría pertenecen a la tercera edad, las cuales se encuentran en una situación económica angustiante, por no gozar del beneficio de una pensión, como es el caso de aproximadamente 950 trabajadores liquidados, sin previsión social, no importando los años trabajados y el de otros 900 trabajadores jubilados en situación de alta precariedad económica y de salud.
Gracias a la intervención del Senado, en la recién pasada LVIII Legislatura, se logró el servicio medico a estas viudas, aunque no fue un logro pleno, si de resultados significativos, pues fue un reconocimiento a su causa.
A pesar de diversas gestiones realizadas por la Coalición Federal de Trabajadores Petroleros, en diferentes instancias no han logrado el otorgamiento de la pensión y aunque es verdad que PEMEX, a través de su contrato colectivo de trabajo, cuenta con un sistema propio de pensiones, asistencia medica y de apoyo para renta o adquisición de vivienda, no ha permitido alcanzar en plenitud los supuestos de la protección social que señala el artículo 123 de nuestra Constitución Política, en beneficio de la totalidad de los trabajadores de Petróleos Mexicanos.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único.- Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Energía, licenciado Fernando Elizondo Barragán así como a los Directores Generales de Petróleos Mexicanos, ingeniero Luis Ramírez Corzo; del Instituto Mexicano del Seguro Social, doctor Santiago Levy Algazi; y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, contador público Víctor Manuel Borraz Septiens, a reunirse con los representantes de la Coalición Federal de Trabajadores Petroleros, a fin de resolver los problemas suscitados con sus representados.
Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados.- México, DF, a 26 de abril de 2005.
Dip. Diva Hadamira Gastélum Bajo (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR AL PODER EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN A QUE EXCLUYA LA EDUCACIÓN DE LOS MEXICANOS DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO, A CARGO DEL DIPUTADO JUAN PÉREZ MEDINA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado federal integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LIX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pone a consideración de esta honorable Asamblea una proposición con punto de acuerdo, conforme a los siguientes
Antecedentes
En el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Estados Unidos, Canadá y nuestro país fue incluida la educación en todos sus tipos, niveles y modalidades. Con lo que se consuma un hecho por demás grave para los mexicanos, reconociendo el papel tan importante que ésta juega en la formación de identidad, en la orientación y construcción del proyecto de nación; de hecho, en la construcción de soberanía.
Debemos recordar que el artículo 3o. constitucional está entre los pilares fundamentales del proyecto social surgido de la Revolución de 1910. Establece un proyecto de nación basado en la educación para todos, con carácter de pública y gratuita.
Para poder aplicar el TLC se hicieron ajustes del marco legal mexicano, incluyendo modificaciones al artículo 3o. constitucional entre 1991 y 1994, tal como negar o revocar la autorización a particulares para impartir educación.
Así también, se modificó la Ley de Inversión Extranjera en México que, por primera vez en la historia educativa del país, permite a inversionistas extranjeros prestar servicios privados de educación de preescolar, secundaria, media superior, superior y combinados. El artículo octavo de dicha ley establece que la participación de la inversión extranjera podrá ser mayor a 49%, con tan sólo el visto bueno de la Comisión Nacional de la Inversión Extranjera. En ésta no hay representante o integrante de la Secretaría de Educación Pública y mucho menos del pueblo.
En la práctica, el Tratado de Libre Comercio hace que la educación deje de ser un derecho para convertirse en una mercancía. Los dos principios que abren las puertas de la comercialización son:
2.- La participación del Estado en la educación debe ser tal que no inhiba o impida el libre comercio en el ámbito educativo.
Se tienen ejemplos de la creciente participación de corporaciones estadounidenses de distintos giros empresariales en el sector educativo en varios países en los diferentes niveles educativos. Las llamadas "universidades corporativas" triplicaron su expansión en el mundo entre 1998 y 2004, al pasar de 400 a mil 600. Entre sus dueños se encuentran empresas como Motorola, Coca Cola y Home Depot. Otras empresas participan o se están preparando para participar en el sector educativo, como inversión: Burger King, las empresas IBM, Apple, Channel One. También es un ejemplo el caso de la Universidad del Valle de México que fue adquirida en 80 por ciento de su operación por Sylvan.
Estos son casos particulares, pero forman parte de las dinámicas fundamentales en torno de la producción del conocimiento, de la creciente concentración y control de las corporaciones nacionales y trasnacionales sobre el conocimiento, por la vía de su privatización.
El TLC, ha creado condiciones inequitativas para México, por nuestro subdesarrollo puesto a competir de frente contra dos países económicamente fuertes.
Actualmente la posición de las autoridades educativas y, en concreto, de la Secretaría de Educación Pública no ha sido del todo clara ante los proveedores educativos transnacionales y comerciales, dado que, hasta ahora, solamente se han dado intentos sueltos por regular las actividades vía el otorgamiento del reconocimiento de validez oficial de estudios, el reconocimiento de títulos y grados y la expedición de cédulas profesionales, sin que exista normatividad adecuada. Lo más preocupante es que tampoco se han tomado las decisiones en relación al aseguramiento de la calidad de sus programas educativos.
En lo particular, considero que la educación del país es un asunto de seguridad nacional. Esta premisa se corrobora desde el Congreso Constituyente de 1856, que consideró a la educación como actividad liberadora de la conciencia y desde ese momento se convirtió en un instrumento para que los pueblos aprendieran sus derechos a la civilización y las obligaciones de los ciudadanos con el Estado y de éste con la sociedad, por lo que debemos oponernos a esta medida; ya que su implementación deja al país en una condición de orfandad y subordinación extremas ante las empresas transnacionales y su capital.
Si aceptamos la entrega de la conducción educativa a manos de extranjeros, habremos perdido la posibilidad de soñar con un país soberano. De ese tamaño es el daño y debemos evitarlo.
Por lo expuesto, fundado y motivado, someto a consideración del Pleno de la H. Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. El Pleno de la H. Cámara de Diputados exhorta al Poder Ejecutivo de la Federación a que lleve a cabo las acciones necesarias para excluir la educación de los mexicanos del Tratado de Libre Comercio firmado con los gobiernos de Estados Unidos y Canadá.
Palacio Legislativo a 22 de abril de 2005.
Dip. Juan Pérez Medina (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE LA PRESENTE LEGISLATURA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, MEDIANTE LAS COMISIONES Y LOS COMITÉS DEL SECTOR AGRÍCOLA, INTERVENGA ANTE EL GOBIERNO FEDERAL A EFECTO DE EXIGIR QUE SE FIJE UN PRECIO OBJETIVO JUSTO Y COMPETITIVO PARA LAS COSECHAS DE MAÍZ CON BASE EN ÍNDICES DE RENTABILIDAD Y CONVENIENCIA PRODUCTIVA, A CARGO DEL DIPUTADO ARMANDO LEYSON CASTRO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Con fundamento en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, hago uso de esta tribuna para presentar una proposición con punto de acuerdo.
En mi calidad de integrante de la diputación federal por el estado de Sinaloa del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la Cámara de Diputados de la 59 Legislatura del honorable Congreso de la Unión, someto a la consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, como de urgente y obvia resolución, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Dentro de los múltiples y muy graves problemas que aún urgen atender en México, destaca de manera especial el relativo al insuficiente apoyo que se otorga a la producción de alimentos.
La estabilidad social de que hemos gozado se debe en mucho a la madurez con que ha actuado el sector agrícola nacional, sector que desde hace mucho tiempo ha estado desatendido, al carecer del respaldo necesario y suficiente para garantizar la rentabilidad de una actividad productiva que es prioritaria para nuestra economía y para el equilibrio de nuestra vida social.
En ese tenor, de nueva cuenta se asoman serios problemas derivados de las perspectivas que se tienen en cuanto a las cosechas de maíz, producto de vital necesidad para el pueblo mexicano.
Como se ha hecho ya costumbre, muy mala costumbre, y ante la creciente angustia de los productores, con muy malos augurios se han iniciado las negociaciones con el Gobierno Federal para fijar el precio objetivo a las cosechas de maíz.
Las perspectivas para el producto son desalentadoras. La tendencia que han dejado ver las autoridades marca la posibilidad de que el precio que se fije quede por debajo del nivel mínimo de rentabilidad a que aspiran los productores y, al mismo tiempo, dando nuevas señales de alarma en el sentido de querer privilegiar la importación del producto, situación que en mucho ha dañado el sector agrícola nacional y que demanda una muy seria revisión de las políticas públicas que se vienen ejerciendo a este respecto.
Deseo citar en forma muy señalada el caso del estado de Sinaloa, donde se espera levantar para este ciclo una cosecha récord, de más de 4 millones de toneladas de maíz.
Sin embargo, y lejos de poder celebrar este logro, entre los productores priva la incertidumbre ante los indicios que existen de que el precio que podría fijarse para el maíz quedará lejos de toda expectativa halagüeña.
Abro un paréntesis para reconocer la actitud del gobernador de Sinaloa, Jesús Aguilar Padilla, quien junto a los productores encabeza la lucha por alcanzar un precio objetivo justo para el maíz.
Ahora bien, la incertidumbre a que hice referencia líneas anteriores está gestando ya una creciente inconformidad. Observamos que la actitud de las autoridades de la Federación está por alentar una agricultura de supervivencia antes que alentar una actividad que debe ser rentable.
Los riesgos que vemos no dejan de ser preocupantes, y es mi sentir que esta Cámara debe apoyar en forma decidida las causas del agro nacional.
Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar ante esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Que la presente Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, mediante las comisiones y los comités del sector agrícola, intervenga ante el Gobierno Federal a efecto de exigir que se fije un precio objetivo justo y competitivo para las cosechas de maíz, basado en índices de rentabilidad y conveniencia productiva.
México, DF, a 26 de abril de 2005.
Dip. Armando Leyson Castro (rúbrica)
Excitativas
Los suscritos, en nuestra calidad de diputados federales a la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, por este medio, con fundamento en lo dispuesto en el inciso p del artículo 23 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, promovemos esta excitativa, en virtud de que el grupo parlamentario de Acción Nacional presentó una iniciativa de ley que a la fecha no ha sido dictaminada por la comisión correspondiente; por lo que nos permitimos acudir a usted para los efectos pertinentes, y en este sentido exponemos:
Antecedentes
1. Con fecha 11 de noviembre de 2004, la diputada María Antonia García Sanjinés, a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el Pleno de esta Cámara de Diputados, una iniciativa de ley que reforma y adiciona los artículos 405 y 406 del Código Penal Federal.
Los legisladores de Acción Nacional sostenemos conforme a nuestros Principios de Doctrina que "en el Estado de responsabilidad social, los individuos tienen una relación específica con la comunidad que se expresa en leyes aprobadas por autoridad legítima, para ordenar la convivencia social, preservar el bien común y dar efectiva protección a los derechos humanos".
De la misma forma, creemos que "la responsabilidad social no se agota en el ejercicio del derecho ciudadano al sufragio; se perfecciona permanentemente con la participación ciudadana en el cumplimiento de los deberes cívicos, políticos y sociales que tiene la persona en comunidad".
En consecuencia, debemos dejar atrás los tiempos en que se legislaba a espaldas de la sociedad.
El sistema político en el que el Presidente de la República, haciendo uso de sus facultades metaconstitucionales, se erigía como el legislador de facto, dando normas jurídicas que solo formalmente sancionaba el Congreso de la Unión, no es lo que la sociedad reclama.
No podemos legislar sin escuchar a los actores involucrados en los procesos que pretendemos regir, ni mucho menos es válido crear normas que violen principios eminentes de justicia o bien, que por su escueta redacción, se presten a abusos de la autoridad escudada en dudosas interpretaciones jurídicas.
Toda norma jurídica pretende proteger un bien jurídico tutelado. En el caso de los delitos electorales, debemos entender que dicho bien consiste en salvaguardar los procesos mediante los cuales, en forma democrática, el pueblo elige a sus gobernantes.
Por lo mismo, los delitos que en esta materia sean considerados como tales por esta soberanía, deben ser aquellos que impidan el proceso democrático o bien que lo afecten de modo sustancial.
En este orden de ideas se inscribe la presente excitativa que tengo el deber de presentar a esta honorable Asamblea, el artículo 406 del Código Penal Federal dispone, en su fracción tercera, que se impondrán de cien a doscientos días de multa y prisión de uno a seis años, al funcionario partidista o candidato que sustraiga, destruya, altere o haga uso indebido de documentos o materiales electorales.
El espíritu de la precitada norma, es a todas luces, sancionar al funcionario partidista o candidato que sustraiga, altere, destruya o haga uso indebido de documentos o materiales electorales, siempre y cuando dicho indebido afecte sustancialmente o impida el correcto desarrollo tanto de la jornada electoral como de los procesos previos y posteriores a la misma.
No podemos permitir que a quien debe de procurar y administrar la justicia, le queden dudas de cual es el fin de los partidos políticos, consagrado en el artículo 41, fracción I, párrafo segundo, constitucional, que a la letra dice: "Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional". En consecuencia, las acciones que se originen para dar cumplimiento al mandato constitucional deben ser claras, no sujetas a interpretaciones que vayan contra el espíritu de la norma.
Por ello, la presente iniciativa adiciona un párrafo a la fracción III del precitado artículo 406, en el que se prescribe que no se considerará uso indebido de documentos o materiales electorales cuando sean utilizado para dar cumplimiento al mandato constitucional precitado: si se exhorta a los ciudadanos a cumplir con sus prerrogativas y obligaciones o a votar por determinado candidato o partido político, o para realizar acciones de propaganda o proselitismo político o electoral.
El material electoral debe facilitar las tareas necesarias para cumplir con los derechos y obligaciones de los ciudadanos, es una forma en que los partidos políticos, sus funcionarios partidistas o candidatos, pueden coadyuvar a la concreción de una verdadera cultura cívica, base indispensable sin la cual no se puede hablar de auténtica democracia, como una forma de abatir el abstencionismo creciente y para lograr el adecuado desarrollo del proceso electoral.
Sin embargo, sí es necesario precisar como conducta delictiva, la comercialización de los datos integrados en los documentos emanados del Registro Federal de Electores, pues dicha información tiene un fin preciso contemplado en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que es la de integrar el Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores, pero por ningún motivo debe ser objeto de operaciones mercantiles, en consecuencia se propone integrar el verbo comerciar en el texto del párrafo primero de la fracción tercera del artículo a modificar, así como en la fracción I del artículo 405 que hace referencia a los funcionarios electorales.
2. Es el caso que una vez presentada la iniciativa de ley señalada, el Presidente de la Cámara turnó para su estudio, análisis y dictamen a las Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
Consideraciones
1. Desde la fecha en que se presentó la iniciativa de ley han transcurrido más de los cinco días que como plazo concede el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, para que las Comisiones de la Cámara presenten su dictamen.
2. El constitucionalista don Manuel Herrera y Lasso, señalaba que el Congreso es y debe ser la asamblea de libre discusión en las que se tratan los asuntos públicos, en voz alta y a la luz pública, para generar bienes públicos por ello son parlamentos, porque parte de su misión es parlar, dialogar, debatir, acordar, ratificar, orientar. Esto sólo puede lograrse, si el propio Poder Legislativo asume cabalmente su responsabilidad.
3. En tal virtud, es procedente que el Presidente de la Cámara de Diputados, en cumplimiento de su obligación, expresada en el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, excite a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, a fin de emitir el dictamen correspondiente.
Por lo anteriormente expuesto y fundado;
A usted Presidente de la Cámara de Diputados de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, muy atentamente pedimos se sirva:
Único. En los términos de los artículos 23, inciso p, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, realice la excitativa a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, para que se presente el dictamen correspondiente a la iniciativa de ley que reforma y adiciona los artículos 405 y 406 del Código Penal Federal.
Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 26 de abril de 2005.
Dip. Jesús Nader Nasrallah (rúbrica)
A LA COMISION DE GOBERNACION, A SOLICITUD DEL DIPUTADO JESÚS NADER NASRALLAH, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Los suscritos, en nuestra calidad de diputados federales a la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, por este medio, con fundamento en lo dispuesto en el inciso p del artículo 23 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, promovemos esta excitativa, en virtud de que el grupo parlamentario de Acción Nacional presentó una iniciativa de ley que a la fecha no ha sido dictaminada por la comisión correspondiente; por lo que nos permitimos acudir a usted para los efectos pertinentes, y en este sentido exponemos
Antecedentes
1. Con fecha 23 de noviembre de 2004, la diputada María Antonia García Sanjinés, a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el Pleno de ésta Cámara de Diputados, una iniciativa de ley que reforma y adiciona un párrafo a los artículos 161 y 182 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Sería equívoco pensar que los ciudadanos no estamos llamados a intervenir en el proceso político por entender que eso pertenece más bien a la responsabilidad de los estados, a los organismos de gobierno, del mundo del trabajo, del comercio y de las finanzas.
Pensando en que los ciudadanos no deben abdicar de sus deberes políticos y sociales, debemos facilitarles todo aquello para que puedan hacer uso pleno de sus derechos cívicos.
Las elecciones son uno de los momentos más importantes de la participación responsable de los ciudadanos en el gobierno de los pueblos y en la gestión pública. Votar no es sólo un derecho sino también una obligación.
El voto debe ser decidido con responsabilidad y libertad. No basta, sin embargo, votar libremente, sino desde la conciencia informada.
La primera condición para que el voto sea depositado en libertad es la buena información de los ciudadanos.
Las campañas descalificadoras e insultantes no ayudan a conocer los programas partidarios por lo que debemos ayudar a dar a conocer las plataformas de los partidos políticos a los que pertenecen los candidatos.
A la hora de dar a conocer los programas no podemos pretender que se resolverán todos los problemas que la sociedad tiene planteados, pero sí podemos y debemos tener en cuenta las propuestas para avanzar en su resolución y sobre todo si se piensa subsanar aquello que se ha resuelto incorrectamente.
Por estas razones, realizamos la siguiente excitativa a efecto de que los partidos políticos y las coaliciones a través de sus dirigentes, candidatos o representantes ante los órganos electorales, puedan hacer uso de las listas nominales de electores que les fueron entregadas para exhortarlos a cumplir con sus derechos y obligaciones constitucionales durante el proceso electoral, así como para realizar proselitismo o difundir la propaganda electoral correspondiente para la obtención del voto, en los términos previstos por esta ley.
Del mismo modo, urgimos que los partidos políticos a través de sus representantes ante las mesas de casilla y representantes generales, puedan realizar el cotejo de las listas nominales utilizadas en la jornada electoral, con aquellas que le fueron entregadas, para efectos de la revisión del padrón electoral.
2. Es el caso que una vez presentada la iniciativa de ley señalada, el Presidente de la Cámara turnó para su estudio, análisis y dictamen a la Comisión de Gobernación.
Consideraciones
1. Desde la fecha en que se presentó la iniciativa de ley han transcurrido más de los cinco días que como plazo concede el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, para que las Comisiones de la Cámara presenten su dictamen.
2. El constitucionalista don Manuel Herrera y Lasso, señalaba que el Congreso es y debe ser la asamblea de libre discusión en las que se tratan los asuntos públicos, en voz alta y a la luz pública, para generar bienes públicos por ello son parlamentos, porque parte de su misión es parlar, dialogar, debatir, acordar, ratificar, orientar. Esto sólo puede lograrse, si el propio Poder Legislativo asume cabalmente su responsabilidad.
3. En tal virtud, es procedente que el Presidente de la Cámara de Diputados, en cumplimiento de su obligación, expresada en el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, excite a la Comisión de Gobernación, a fin de emitir el dictamen correspondiente.
Por lo anteriormente expuesto y fundado; a usted Presidente de la Cámara de Diputados de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, muy atentamente pedimos se sirva:
Único. En los términos de los artículos 23, inciso p, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, realice la excitativa a la Comisión de Gobernación, para que se presente el dictamen correspondiente a la iniciativa de ley que reforma y adiciona un párrafo a los artículos 161 y 182 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 26 de abril de 2005.
Dip. Jesús Nader Nasrallah (rúbrica)
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