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Orden del Día

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SESION DEL MARTES 14 DE SEPTIEMBRE DE 2004

Sesión solemne para conmemorar el 150 aniversario del Himno Nacional Mexicano.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

Del diputado José Reyes Baeza Terrazas.

Informe de la Comisión Especial que dé Seguimiento a los Hechos de Corrupción e Involucramiento de Funcionarios Públicos del Estado de Morelos con el Narcotráfico.

De la Junta de Coordinación Política.

Proposiciones de acuerdo de los órganos de gobierno.

De la Junta de Coordinación Política:

- Con proyecto de acuerdo, por el que se solicita al Gobierno Federal la entrega de recursos del Fonden para el municipio de Ahome, Sinaloa, por los graves daños causados por las intensas lluvias. (Votación)

- Con proyecto de acuerdo, para solicitar recursos adicionales al presupuesto anual asignado a la Universidad Juárez del estado de Durango. (Votación)

- Con proyecto de acuerdo, que modifica el programa de comparecencias de funcionarios del Gobierno Federal ante comisiones ordinarias. (Votación)

Oficio de la Cámara de Senadores

Con el que se remite comunicación del senador César Raúl Ojeda Zubieta por la cual solicita a la Comisión de Hacienda y Crédito Público que dictamine la iniciativa que crea la Ley del Fondo para la Estabilidad de los Ingresos Petroleros. (Turno a Comisión)

Oficios de la Secretaría de Gobernación

Dos, con los que se remiten contestaciones a puntos de acuerdo, aprobados por la Comisión Permanente durante el segundo receso del primer año de ejercicio de la Quincuagésima Novena Legislatura.

Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que las ciudadanas Graciela Balcázar Rivera y Cecilia Araceli Navarrete Laborde puedan prestar servicios en los Consulados Generales de Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California, y en Ciudad Juárez, Chihuahua; y comunica que ha dejado de prestar servicios la ciudadana Patricia Yamel García Ramos en el Consulado General en Tijuana, Baja California. (Turno a Comisión)

Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Alberto Manuel Cabezut Madaria pueda desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República Federal Democrática de Etiopía en México, con circunscripción consular en toda la República. (Turno a Comisión)

Iniciativas de ciudadanos diputados

Que reforma diversos artículos de la Ley Aduanera, en materia de trámites y costos, y donaciones de vehículos y equipos de emergencia para desastres, a cargo del diputado Marko Antonio Cortés Mendoza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, a cargo del diputado Omar Bazán Flores, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona los artículos 3, 7, 133, 422 y 992 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Evelia Sandoval Urbán, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

De Ley Federa para las Víctimas y Ofendidos del Delito, a cargo del diputado Miguel Ángel Osorio Chong, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal, en materia de delitos cometidos contra la función pública, a cargo del diputado Francisco Barrio Terrazas, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Quintín Vázquez García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el primer párrafo del artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reconocimiento de garantías individuales, a cargo del diputado José Antonio Cabello Gil, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

De Ley para Regular el Envío de Remesas del Extranjero a la República Mexicana, a cargo del diputado Álvaro Burgos Barrera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que adiciona la fracción XXIX-K al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para articular políticas de atención y protección de los derechos de niñas, niños, personas con discapacidad y adultos mayores, a cargo del diputado Homero Ríos Murrieta, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona los artículos 200 Bis y 200 Bis 1 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Consuelo Muro Urista, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de prohibir las labores peligrosas e insalubres para los menores de 18 años, a cargo del diputado Guillermo Tamborrel Suárez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 24 y 34, fracción XXI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Gonzalo Moreno Arévalo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el tercer párrafo del artículo 70 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Salomé Elyd Sáenz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, en materia de jubilaciones y pensiones, a cargo del diputado Emilio Serrano Jiménez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 104 Bis a la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo del diputado Fernando Espino Arévalo, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma la Ley General de Educación, a fin de crear las becas laborales para egresados de las instituciones de educación superior, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260 y 261; adiciona los artículos 260-A, 261-A y 261-B; y deroga la subdivisión de las Secciones Primera y Segunda, "Del derecho sobre hidrocarburos" y "Del derecho adicional sobre hidrocarburos", en el Capítulo XII, "Hidrocarburos", de la Ley Federal de Derechos, con el fin de modificar el régimen fiscal de Pemex, suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Energía. (Turno a Comisión)

Que reforma el párrafo primero del artículo 364 del Código Penal Federal, a cargo del diputado José Porfirio Alarcón Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 76, 89 y 102, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Antonio Cabello Gil, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 55 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Eliana García Laguna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 1 y la fracción I del artículo 67 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma la Ley del Seguro Social, para crear el seguro de desempleo, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma el segundo párrafo del artículo 239 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Pablo Alejo López Núñez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Dictamen de primera lectura

De las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social, con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.

Dictámenes a discusión

De la Comisión de Seguridad Social, con punto de acuerdo para exhortar al Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social a ratificar y respetar el acuerdo 773/2000, celebrado el 22 de noviembre de 2000 por el Consejo, y dejar sin efecto el acuerdo 279/2003, publicado el 4 de noviembre de 2003 en el Diario Oficial de la Federación.

De las Comisiones Unidas de Salud, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo en relación con la proposición para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y a la Secretaría de Salud a vigilar el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana 083-ECOL-1996, sobre residuos sólidos.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo para exhortar a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a realizar, en coordinación con la Secretaría de Marina, auditorías ambientales a las plataformas petroleras ubicadas en la sonda de Campeche.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo para demandar la cancelación de las obras de construcción del muelle en Playa del Carmen, Quintana Roo, por ser violatorio del ordenamiento ecológico territorial Cancún-Tulum.

De la Comisión de Gobernación, con puntos de acuerdo en relación con la proposición para exhortar al titular del Ejecutivo federal a instituir el Día Nacional de las Personas Zurdas.

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación.

Proposiciones

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a las Comisiones de Energía, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, e Investigadora del Daño Ecológico y Social Generado por Pemex a acudir a una reunión en la región norte del estado de Chiapas para detectar la problemática social y el impacto ambiental que dicha paraestatal genera en los municipios chiapanecos, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a las Secretarías de Salud, y de Marina a suscribir un convenio de colaboración para que el Hospital Naval situado en Frontera, municipio de Centla, Tabasco, preste servicios de salud a la población abierta, a cargo del diputado Francisco Herrera León, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para solicitar a la Secretaría de Desarrollo Social la información correspondiente a la investigación administrativa de su Delegación en el Estado de Tlaxcala por el manejo ilegal del padrón del Programa Oportunidades, a cargo del diputado Quintín Vázquez García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal a instruir a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que realice las gestiones conducentes a incluir el estado de Tlaxcala en la zona de cobertura del Plan Puebla-Panamá, a cargo del diputado Juan Bárcenas González, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a las Comisiones de Agricultura y Ganadería, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Ciencia y Tecnología a cumplir el numeral 226 del Acuerdo Nacional para el Campo, relativo a que el Poder Legislativo consulte con organizaciones campesinas y de productores el contenido de la minuta de Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, a cargo del diputado Víctor Suárez Carrera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que se finiquite el proceso de descentralización de los Servicios de Salud del Distrito Federal, a cargo del diputado Fernando Espino Arévalo, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para crear una subcomisión o grupo de trabajo de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos que investigue e informe al Pleno sobre los sucesos ocurridos en Guadalajara el pasado 28 de mayo durante la Cumbre de Jefes de Estado de la Unión Europea y América Latina, a cargo del diputado Inti Muñoz Santini, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de solicitar presupuesto para el rescate de la cuenca Lerma-Chapala-Santiago, particularmente por lo que corresponde al territorio del estado de México, a cargo del diputado Tomás Cruz Martínez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que un grupo de diputados de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales atienda la problemática relacionada con el proyecto hidroeléctrico La Parota, en el estado de Guerrero, a cargo de la diputada María del Rosario Herrera Ascencio, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para solicitar a las autoridades del estado de Baja California que cumplan las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en torno del caso de Paulina Ramírez Jacinto, a cargo de la diputada Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Economía a regularizar la actividad económica informal, a cargo del diputado Sergio Armando Chávez Dávalos, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar a las Legislaturas locales a reformar sus Leyes de Planeación estatales, con el fin de contemplar la planeación de largo plazo, a cargo del diputado Francisco Antonio Rojas Toledo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el se que solicita citar a comparecer ante el Pleno de la Cámara de Diputados al secretario del Trabajo y Previsión Social a fin de que informe si existe un acuerdo, bajo su coordinación, para impulsar una reforma fast track de la Ley Federal del Trabajo en el presente periodo de sesiones, a cargo del diputado Pablo Franco Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal a instruir al secretario de Seguridad Pública y al procurador general de la República para que reasignen efectivos que apoyen el Programa de Seguridad Pública en el estado de Chihuahua, a cargo de la diputada Nora Elena Yu Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo a la violación de los derechos de la infancia en diversos estados de la República, suscrita por las diputadas Adriana González Furlong y Evangelina Pérez Zaragoza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a ejercer su facultad de vigilancia en el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la presupuestación respecto al Programa de Empleo Temporal, a cargo de la diputada Minerva Hernández Ramos, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a realizar los cambios conducentes a mejorar la operación del Fondo para Atender a la Población Rural Afectada por Contingencias Climatológicas, a cargo del diputado Alberto Jiménez Merino, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar al titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública a decretar la suspensión del proceso de licitación pública internacional número 00011001-012/04, denominado Enciclomedia, a cargo del diputado José Adolfo Murat Macías, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, a fin de que la Cámara de Diputados exhorte al gobierno del estado de Puebla y al municipio de Tehuacán a destinar los recursos necesarios para la realización de la obra de riego de la presa Valsequillo, a cargo del diputado Felipe de Jesús Díaz González, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se condena el atentado terrorista ocurrido en Beslan, Rusia, que dejó un saldo de 338 muertos y más de 200 desaparecidos, a cargo del diputado Jorge Martínez Ramos, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para solicitar a la Subsecretaría de Transportes y a la Dirección General de Aeronáutica Civil un informe urgente de si la empresa Líneas Aéreas Azteca ha cumplido los compromisos adquiridos al solicitar la prórroga de su concesión, a cargo del diputado Jesús González Schmal, del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que en la agenda de los temas estructurales prioritarios se incorpore el correspondiente a la rectoría de las aguas nacionales, a cargo del diputado José Rangel Espinosa, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para exhortar a las Legislaturas locales a que los municipios de sus entidades federativas elaboren programas de planeación municipal de largo plazo, a cargo del diputado Ramón Galindo Noriega, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar a los tres niveles de gobierno, Congresos locales, autoridades del sector agua, organismos operadores, organizaciones no gubernamentales, empresas, organizaciones sociales, instituciones educativas y sociedad en general a promover programas, proyectos y acciones a fin de captar, tratar, almacenar y aprovechar el agua de lluvia para uso potable y en actividades secundarias en las regiones y comunidades del territorio nacional, a cargo del diputado Alberto Jiménez Merino, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Sindicato Nacional de Trabajadores del IMSS a respetar los derechos humanos de sus agremiados y de los derechohabientes de la institución, a cargo de la diputada María Antonia García Sanjinés, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para solicitar al secretario de Hacienda y Crédito Público que rinda cuentas sobre la información de todos los fideicomisos y figuras análogas que mantiene vigentes y en operación el Gobierno Federal, así como las medidas de supervisión, control y fiscalización del gasto público que se ejerce sobre ellos, a cargo de la diputada Marcela Guerra Castillo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que al municipio de Mexicali, Baja California, sea suministrada directamente la energía eléctrica por la planta geotermoeléctrica Cerro Prieto, a cargo del diputado Hidalgo Contreras Covarrubias, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que la Cámara de Diputados exhorte al gobierno del estado de Baja California y al ayuntamiento de Ensenada a cumplir integral y suficientemente con la mayor brevedad las recomendaciones de la Procuraduría de Derechos Humanos y Protección Ciudadana de ese estado, a cargo del diputado Heliodoro Díaz Escárraga, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para solicitar al Poder Ejecutivo federal el diseño y operación de un sistema racional, eficiente, coordinado y transparente de delegaciones del Gobierno Federal en los estados, que sirva para descentralizar funciones, facultades y recursos de sus programas operativos a las entidades federativas y municipios, a cargo del diputado Gonzalo Rodríguez Anaya, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a que la Secretaría de Salud incluya los padecimientos de origen alérgico, especialmente el asma, como problemas graves de salud en la transición epidemiológica, considerado así por la Organización Mundial de la Salud, a cargo de la diputada María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005 se establezca una partida especial por entidad federativa, con objeto de que representantes de las agrupaciones de agricultores vayan a otras regiones o países a conocer sus métodos y sistemas de agricultura moderna y puedan implantarlos en sus localidades, a cargo del diputado René Meza Cabrera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Poder Ejecutivo federal a instruir a la Secretaría de Salud a fin de que proceda a revisar y reformular los formatos o modelos que actualmente se utilizan para extender los certificados de defunción y muerte fetal, a cargo de la diputada Ma. Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Solicitudes de excitativas

A las Comisiones de Economía, y de Desarrollo Social, a solicitud del diputado Víctor Suárez Carrera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a solicitud del diputado Víctor Suárez Carrera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

A la Comisión de Economía, a solicitud del diputado Víctor Suárez Carrera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

A la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a solicitud del diputado Víctor Suárez Carrera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
 
 

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Proyecto de Acta

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DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, QUE SE SOMETERÁ A CONSIDERACIÓN DEL PLENO EL MARTES 14 DE SEPTIEMBRE DE 2004

ACTA DE LA SESIÓN DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, CELEBRADA EL LUNES TRECE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL CUATRO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA

Presidencia del diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la asistencia de trescientos siete diputadas y diputados, a las once horas con once minutos del lunes trece de septiembre de dos mil cuatro, el Presidente declara abierta la sesión.

La Asamblea dispensa en votación económica la lectura del orden del día.

La Asamblea dispensa la lectura del acta de la sesión anterior en votación económica y de la misma forma la aprueba.

El Presidente informa que a las puertas del salón se encuentra la ciudadana María Salomé Elyd Sáenz, electa como diputada federal suplente en la segunda circunscripción plurinominal, y acompañada de una comisión designada, rinde su protesta de ley y entra en funciones de inmediato.

Cinco oficios de la Secretaría de Gobernación con los que remite el Cuarto Informe de Labores de las secretarías de: Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Desarrollo Social; Relaciones Exteriores; Turismo; y Trabajo y Previsión Social. De enterado, distribúyanse entre los ciudadanos diputados y túrnense a las comisiones correspondientes, para los efectos de lo dispuesto en el numeral cuatro del artículo cuarenta y cinco de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

La Cámara de Senadores remite tres minutas proyectos de decreto por los que:

Se establecen las características de una moneda conmemorativa del septuagésimo quinto aniversario de la autonomía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Se reforma el artículo ciento treinta y seis de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Se reforma la fracción primera del artículo cuarto transitorio de la Ley de Nacionalidad. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores.

El Presidente informa que en el salón de recepción se encuentra el licenciado Francisco Gil Díaz, Secretario de Hacienda y Crédito Público, y designa una comisión para introducirlo y acompañarlo hasta el lugar que le ha sido asignado.

La Secretaría da lectura al acuerdo aprobado por la Asamblea en sesión de fecha siete de septiembre de dos mil cuatro y que norma la comparecencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público, licenciado Francisco Gil Díaz, para dar cuenta de la iniciativa de Ley de Ingresos y del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil cinco y exponer los Criterios Generales de Política Económica, y acto seguido el Presidente le concede la palabra para el efecto.

Para formular sus cuestionamientos se concede la palabra a los diputados: Jesús Porfirio González Schmal, de Convergencia; Óscar González Yáñez, del Partido del Trabajo; y Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Partido Verde Ecologista de México; a quienes en su oportunidad el Secretario de Hacienda y Crédito Público da respuesta.

Al término de la intervención del diputado González Yáñez, a las doce horas con veinticinco minutos la Secretaría informa del registro de cuatrocientos veintidós diputadas y diputados y ordena el cierre del sistema electrónico de asistencia.

Ejercen en su momento su derecho de réplica los diputados: González Schmal; González Yáñez;

Presidencia del diputado Francisco Arroyo Vieyra

y Cuauhtémoc Ochoa Fernández, del Partido Verde Ecologista de México, en lugar del diputado Kahwagi Macari.

Formulan sus preguntas los diputados: Minerva Hernández Ramos, del Partido de la Revolución Democrática; José Felipe Puelles Espina, del Partido Acción Nacional; José Luis Flores Hernández, del Partido Revolucionario Institucional; y Clara Marina Brugada Molina, del Partido de la Revolución Democrática; a quienes responde en su oportunidad el Secretario de Hacienda y Crédito Público.

Realizan su réplica los diputados: Hernández Ramos; Puelles Espina; Flores Hernández;

Presidencia del diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera

y Brugada Molina.

Concluyen con la exposición de cuestionamientos los diputados: Juan Carlos Pérez Góngora, del Partido Revolucionario Institucional; Gabriela Ruiz del Rincón, del Partido Acción Nacional; y Ángel Augusto Buendía Tirado, del Partido Revolucionario Institucional; a los que el licenciado Francisco Gil Díaz responde en su momento.

Ejercen en su oportunidad su derecho de réplica los diputados: Pérez Góngora; Ruiz del Rincón; y Buendía Tirado.

El Presidente agradece la presencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público y solicita a la comisión designada, acompañarlo cuando desee retirarse del recinto.

Comunicación de la Junta de Coordinación Política con la que propone cambios en la integración de la Mesa Directiva del Grupo de Amistad México - Cuba. Se aprueba en votación económica.

Presentan iniciativas con proyectos de decreto los diputados:

Amalín Yabur Elías, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona los artículos cuarenta y tres bis y cuarenta y cuatro de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Se turna a la Comisión de Vivienda.

Ramón Galindo Noriega, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo sexto de la Ley de Coordinación Fiscal.

Presidencia del diputado Francisco Arroyo Vieyra

Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Óscar González Yáñez, del Partido del Trabajo, que reforma el artículo veintitrés y adiciona los artículos treinta y cuatro y treinta y seis de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Jesús Porfirio González Schmal, de Convergencia, que deroga el artículo veintinueve de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Se turna a la Comisión de Gobernación.

Roberto Antonio Marrufo Torres, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo veinte de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo ciento veintiocho del Código Federal de Procedimientos Penales. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia y Derechos Humanos.

José Sigona Torres, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo ciento treinta y cinco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Joel Padilla Peña, del Partido del Trabajo, que reforma los artículos treinta y cinco y setenta y uno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y diversos artículos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Hugo Rodríguez Díaz, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona los artículos setenta y cuatro, ochenta y seis, ciento diez y ciento once de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y adiciona los artículos primero, veinticinco y cuarenta y cuatro de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Gobernación y de Justicia y Derechos Humanos.

Transcurrido el tiempo acordado para la duración de las sesiones, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión e informa del registro final de trescientos noventa y cinco diputadas y diputados.

El Presidente levanta la sesión a las dieciséis horas con veintidós minutos, citando a la Sesión Solemne para conmemorar el centésimo quincuagésimo aniversario del Himno Nacional Mexicano, que tendrá lugar el martes catorce de septiembre de dos mil cuatro a las diez horas, y al término de la misma, a sesión ordinaria.

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Comunicaciones

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DEL DIPUTADO JOSE REYES BAEZA TERRAZAS

Chihuahua, Chihuahua, a 8 de septiembre de 2004.

Dip. Manlio Fabio Beltrones Rivera
Presidente de la Cámara de Diputados
Presente

De conformidad con el artículo 125 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito optar por desempeñar el cargo de Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chihuahua para el periodo 2004-2010, cargo al cual cuento con la constancia correspondiente que me acredita como gobernador electo.

Lo anterior en virtud de que fui electo diputado federal propietario a la LIX Legislatura por la segunda circunscripción, por ello solicito a usted hacer los trámites necesarios para que la presente petición surta efectos, así como hacerla del conocimiento del Pleno de la Cámara de Diputados.

Sin otro particular, me despido y aprovecho para desearle lo mejor en su gestión como Presidente de nuestra representación popular.

Atentamente
Del diputado José Reyes Baeza Terrazas
 
 
 

INFORME DE LA COMISION ESPECIAL QUE DÉ SEGUIMIENTO A LOS HECHOS DE CORRUPCIÓN E INVOLUCRAMIENTO DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS DEL ESTADO DE MORELOS CON EL NARCOTRÁFICO

Palacio Legislativo, a 9 de septiembre de 2004.

C. Dip. Lic. Manlio Fabio Beltrones Rivera
Presidente de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados
Presente

En cumplimiento del punto cuarto del acuerdo de la Junta de Coordinación Política, de fecha 21 de abril de 2004 y aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados el día 29 siguiente, me permito agregar el informe que la Comisión Especial que dé Seguimiento a los Hechos de Corrupción e Involucramiento de Funcionarios Públicos del Estado de Morelos con el Narcotráfico debe presentar al Pleno de la LIX Legislatura el día 10 de septiembre de 2004.

Le ruego disponer se agende su lectura, si se decide que se efectúe en alguna sesión ordinaria del segundo periodo legislativo. De lo contrario, su publicación en la Gaceta Parlamentaria, en la fecha en que terminan las actividades de la Comisión Especial, que es la correspondiente a la entrega del informe.

Atentamente
Dip. Lic. René Meza Cabrera
Presidente
 

Preámbulo

El 7 de abril de 2004, los diversos medios de comunicación (prensa, radio y televisión) publicaron la noticia referente a la detención de los señores José Agustín Montiel López y Raúl Cortés Galindo, coordinadores general y operativo, respectivamente, de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del estado de Morelos, por haberlos encontrado la Subprocuraduría de Investigación Especializada contra la Delincuencia Organizada (SIEDO) de la Procuraduría General de la República como involucrados en el narcotráfico.

Esas detenciones hicieron que el clima de malestar existente en el estado de Morelos a partir de los sucesos violentos ocurridos en enero del presente año en la población de Tlalnepantla, de la misma entidad, donde grupos antagonistas rompieron la pacífica convivencia con agresiones, que la policía local aumentó al disparar sus armas contra los pobladores, lo cual originó la ingobernabilidad, que amenazaba extenderse y ya repercutía en la capital, Cuernavaca, al suscitarse varias manifestaciones populares y de diversos sectores sociales, que expresaban públicamente su reprobación a las actitudes adoptadas por el gobernador Sergio Estrada Cajigal Ramírez.

Independientemente de la intervención de la Secretaría de Gobernación a principios de febrero último, el Congreso del estado, en sesiones turbulentas, aprobó iniciar un juicio político al gobernador, acerca del cual Estrada Cajigal respondió promoviendo una controversia constitucional, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En medio del desorden que estaba alterando las actividades normales en la ciudad de Cuernavaca, el 16 y 19 de abril del presente año renunciaron los señores Guillermo Tenorio Ávila y Eduardo Becerra Pérez a sus respectivos puestos: procurador general de Justicia del estado y secretario de Gobierno, quienes eran señalados por la opinión pública como funcionarios arbitrarios, corruptos y protectores de los recién procesados Montiel López y Cortés Galindo.

El eco de lo que sucedía en el vecino estado de Morelos y notoriamente en su capital, Cuernavaca, llegó a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, cuyos integrantes acordaron crear una comisión especial que diera seguimiento a los hechos de corrupción e involucramiento de los funcionarios públicos de la entidad con el narcotráfico, independientemente de los sucesos acaecidos en Tlalnepantla, del mismo estado de Morelos, los cuales ya estaban siendo tratados por el Congreso del estado y la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Comisión Especial que dé Seguimiento a los Hechos de Corrupción e Involucramiento de Funcionarios Públicos del Estado de Morelos con el Narcotráfico

Creación

En la sesión celebrada el 13 de abril de 2004, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 34, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentó al Pleno de la Cámara de Diputados un proyecto de punto de acuerdo para que, en los términos del numeral 42 de la citada ley, se constituyera una comisión especial que esclarezca los hechos ocurridos en los últimos días en el estado de Morelos.

Sometido a la atención del Pleno, éste aprobó el acuerdo en los siguientes términos:

Primero. Se constituye una comisión especial que dé seguimiento a los hechos de corrupción e involucramiento de funcionarios públicos del estado de Morelos con el narcotráfico.

Esa comisión tendrá por objeto el que se deriva de su denominación.

Segundo. Para el cumplimiento de su objetivo, dicha comisión especial podrá allegarse de la información que considere pertinente, así como reunirse cuando lo considere necesario con las autoridades federales, estatales y municipales responsables y organizaciones civiles, y desempeñar cualquier otra acción para el cumplimiento de su objetivo, en el ámbito de sus competencias.

Tercero. La comisión estará integrada por nueve miembros, propuestos por los grupos parlamentarios en la siguiente proporción: tres del Partido Revolucionario Institucional, dos del Partido Acción Nacional, uno del Partido Verde Ecologista de México, uno del Partido del Trabajo y uno del Partido Convergencia.

La comisión contará con una Mesa Directiva, que se formará por un presidente y dos secretarios.

Las diputadas y los diputados que integrarán la Comisión son los siguientes:

Por el grupo parlamentario del PRI:

Dip. René Meza Cabrera (Presidente)
Dip. Guillermo del Valle Reyes
Dip. Rosalina Mazari Espín

Por el grupo parlamentario del PAN:

Dip. José Sigona Torres (secretario)
Dip. Sergio Álvarez Mata

Por el grupo parlamentario del PRD:
Dip. Daniel Ordóñez Hernández (secretario)

Por el grupo parlamentario del PVEM:
Dip. Félix Adrián Fuentes Villalobos

Por el grupo parlamentario del PT:
Dip. Óscar González Yáñez

Por el grupo parlamentario del PC:
Dip. Luis Maldonado Venegas
 

Cuarto. La comisión especial estará vigente hasta el 10 de septiembre de 2004, fecha en que deberá rendir de manera obligatoria un informe ante el Pleno de la Cámara de Diputados respecto a los resultados de sus labores, una vez hecho lo cual concluirán sus funciones.

Quinto. La comisión especial se ajustará, por lo que se refiere a recursos financieros, materiales y humanos, al acuerdo de la Junta de Coordinación Política que al respecto fue aprobado.

Ese acuerdo se concretó el 21 de abril de 2004, en que fue firmado por los integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, y presentado para su discusión al Pleno el 29 del mismo mes y año en que fue aprobado en votación económica y se publicó en el número 1488 de la Gaceta Parlamentaria, de fecha 3 de mayo de 2004.

Junta previa de instalación

Convocados por el Presidente, los integrantes de la Comisión Especial celebraron el jueves 6 de mayo de 2004 una junta previa de instalación, donde delinearon sus estrategias de trabajo, acordando instalarse en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, el siguiente día 11.

Sesión de instalación

En la ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las trece horas cinco minutos del día 11 de mayo de 2004, en la explanada del restaurante Il Acueducto, situado en la calle La Estación número 412, colonia Amatitlán, en cumplimiento del punto primero del acuerdo de fecha 21 de abril de 2004 de la Junta de Coordinación Política, la Comisión Especial que dé Seguimiento a los Hechos de Corrupción e Involucramiento de Funcionarios Públicos del Estado de Morelos con el Narcotráfico procedió a su instalación oficial, siguiendo el orden del día que leyó el diputado Daniel Ordóñez Hernández, en su calidad de secretario de la Comisión.

1. Registro de asistencia y declaración del quórum.
2. Mensaje de bienvenida del diputado Presidente de la Comisión Especial.
3. Presentación de los diputados integrantes de la Comisión Especial.
4. Declaración formal de la instalación de la Comisión Especial.
5. Palabras de los diputados integrantes de la Comisión Especial.
6. Asuntos generales. Punto 1. El diputado en funciones de secretario pasó lista de asistencia, estando presentes:

Dip. René Meza Cabrera (PRI), Presidente.
Dip. José Sigona Torres (PAN), secretario.
Dip. Daniel Ordóñez Hernández (PRD), secretario.

Los integrantes:

Dip. Guillermo del Valle Reyes (PRI)
Dip. Rosalina Mazari Espín (PRI)
Dip. Sergio Álvarez Mata (PAN)
Dip. Óscar González Yáñez (PT), representado por el C. Pedro Gómez Sánchez.
Dip. Luis Maldonado Venegas (PC), representado por el C. Lic. Guillermo Garduño.

Sólo se notó la ausencia del diputado Félix Adrián Fuentes Villalobos (PVEM).

Comprobando el quórum, se inició la sesión.

Punto 2. El diputado Presidente de la Comisión, licenciado René Meza Cabrera, dirigió unas palabras acerca de la pluralidad de la Comisión Especial, al estar integrada por diputados de los seis partidos políticos nacionales con representación en la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, así como a la objetividad e imparcialidad con que se dará seguimiento a los actos de corrupción e involucramiento de funcionarios públicos del estado de Morelos con el narcotráfico.

Destacó asimismo el interés que estaban mostrando los integrantes de la Comisión Especial por desempeñar su cometido para obtener una imagen clara y real de los acontecimientos que se desarrollaban en el estado de Morelos y así reflejarlos en el informe que se rendirá al Pleno de la Cámara de Diputados el 10 de septiembre próximo, en que terminan las actividades de la Comisión Especial.

Desde ese momento ya se había reunido en la explanada del inmueble numeroso público y estaban presentes los medios de comunicación televisiva, radiofónica y prensa escrita de la ciudad de Cuernavaca, Morelos.

Punto 3. Todos y cada uno de los diputados integrantes de la Comisión Especial se presentaron ante el público, indicando sus nombres, orígenes y partido político de su pertenencia, y una sucinta narración de sus actividades públicas.

Punto 4. Hacia las trece horas con treinta minutos, el diputado René Meza Cabrera, en su calidad de Presidente de la Mesa Directiva, declaró formalmente instalada la Comisión Especial que dé Seguimiento a los Hechos de Corrupción e Involucramiento de Funcionarios Públicos del Estado de Morelos con el Narcotráfico y que sus actividades tendrían como normas fijas la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica y el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el respeto pleno de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y sus leyes. Rindieron todos la protesta reglamentaria.

Punto 5. En breves intervenciones, cada uno de los diputados integrantes de la Comisión Especial expuso sus opiniones e intenciones acerca de su actuación como miembro de la Comisión, siendo sus propósitos coincidentes averiguar la realidad de la sociedad morelense, para determinar el grado de corrupción de sus funcionarios públicos y su involucramiento con el narcotráfico, en caso de haberlo, para que el estado de Morelos tenga seguridad jurídica y social, siempre guardando su posición de no ser una instancia inquisidora ni receptora de quejas, porque no se pretendía invadir la esfera de ninguna dependencia del gobierno estatal ni del municipal.

Punto 6. En asuntos generales, se acordó que la captación de datos para elaborar el informe final sería discreta y se mantendría la secrecía durante el transcurso de las actividades y correspondía la Presidente de la Comisión Especial la declaración oficial de los actos que realizarían para alcanzar su objetivo. Ello de ninguna manera impedía o limitaba la libertad de cada miembro de la Comisión Especial de ejercer su derecho de expresión y cada cual bajo su responsabilidad podría hacer las declaraciones y emitir las opiniones que estimara convenientes, sin revelar la información que el mismo grupo hubiera considerado confidencial.

Se resolvió que aplicando el punto segundo del acuerdo que crea la Comisión Especial, se confeccionaría una relación de "autoridades federales, estatales y municipales responsables, y organizaciones civiles" para entrevistarlas, con la finalidad de obtener los datos y pruebas necesarios para el informe dispuesto.

También se acordó celebrar sesiones plenarias los martes, cada quince días, en la ciudad de Cuernavaca y en la explanada (por su amplitud, donde se recibiría al público) del restaurante Il Acueducto y se obtuvo la instalación en uno de sus anexos, de la oficina en la cual la Comisión Especial pudiera recibir correspondencia o cualquier solicitud de atención por parte de personas que tuvieran y quisieran compartir sus conocimientos de actos corruptos o de narcotráfico con la Comisión Especial. Al efecto, se contrataron servicios de difusión radial y avisos en los periódicos de la localidad.

Al final, habiendo solicitado algunos componentes del público reunido dialogar con los integrantes de la Comisión Especial, se escucharon las inquietudes y experiencias de varias personas. Asimismo, se aceptó responder a los medios de comunicación y se improvisaron una "rueda de prensa" y entrevistas personales de los diputados por periodistas y reporteros de los medios escritos y electrónicos, con lo que se levantó la sesión de instalación.

Segunda sesión plenaria

El martes 25 de mayo de 2004, en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, de conformidad con el programa elaborado, se desarrollaron las siguientes actividades:

1. A las 9 horas, comprobación del quórum.

2. A las 9:30 horas, en la hostería Las Quintas, desayuno-entrevista con el licenciado Jesús Giles Sánchez, recién nombrado secretario de Gobierno del estado de Morelos, quien enterado por el Presidente del propósito de la Comisión Especial, ofreció amplia colaboración y aportar la información que se solicitase, con la oportunidad adecuada, así como interceder para que el C. gobernador del estado recibiera a la Comisión Especial con la mayor brevedad.

Los diputados integrantes de la Comisión Especial explicaron el motivo de la creación de ésta, haciendo hincapié en que no se pretendía suplir las funciones del Ministerio Público porque sólo se quería conocer la realidad de lo que ocurría en el estado de Morelos y en especial su capital, Cuernavaca, para plasmarla en su informe, pues sus atribuciones eran sólo informativas y de ninguna manera operativas. 3. A las 11 horas, en el local acondicionado como oficinas de la Comisión Especial (Il Acueducto) se recibieron diversas informaciones de familiares de personas sujetas a procesos penales, acerca de posibles actos de corrupción de agentes de la Policía Ministerial del estado de Morelos y de probable involucramiento con el narcotráfico, basándose en que elementos dependientes de los señores José Agustín Montiel López y Raúl Cortés Galindo, ex coordinador general y ex coordinador operativo de la corporación, en ese orden (actualmente procesados), habían estado prefabricando pruebas con drogas, que después falsamente atribuyeron a sus parientes, acusándolos ante las agencias del Ministerio Público de la Federación de ser narcotraficantes. Se recibió a un grupo de una unión de derechos humanos independiente, que afirma que existen en el estado de Morelos unos doscientos casos de detenciones arbitrarias, donde los elementos de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia de la entidad se dedicaron a fabricar pruebas incriminatorias para aplicarlas a personas inocentes, en complicidad con denunciantes inducidos o que tenían algún motivo de resentimiento con vecinos o conocidos. 4. A las 15 horas, en el restaurante Maximiliano y Carlota de la misma ciudad de Cuernavaca, comida de trabajo con el licenciado Juan Carlos Muñoz Bacab, subprocurador general de Justicia del estado de Morelos, encargado del despacho, y funcionarios de la Procuraduría estatal. Durante la reunión, el licenciado Muñoz Bacab y sus colaboradores explicaron el origen de los rumores existentes respecto a las relaciones del gobernador con familiares de narcotraficantes, los cuales sólo eran "de oídas", y ofrecieron mostrar los documentos oficiales donde constaban esas versiones, de los que por ser parte de averiguaciones previas sólo podían mostrarlos, mas no proporcionar copias, dado su carácter de secretos. En efecto, en fecha posterior, los miembros de la Comisión Especial, en el despacho del procurador, tuvimos oportunidad de examinar la documentación ofrecida, en la cual había declaraciones de personas que "habían oído" o "sabían", aunque no les constaba, que el gobernador tenía "relaciones" con una hija de El Azul, apodo del narcotraficante Juan José Esparragoza Moreno, y también que utilizaba el helicóptero del gobierno del estado para usos particulares, entre ellos el paseo de sus amigas, y algunas otras versiones de dinero y joyas, que no tienen soporte en declaraciones directas. 5. A las 17 horas se visitó la sede la Comisión de Derechos Humanos del estado de Morelos, donde varios visitadores estuvieron narrando casos en que han intervenido o aún lo hacen, donde es evidente el abuso de autoridad de los cuerpos policiacos del estado de Morelos, en especial la Policía Ministerial. De los casos concretos de que informaron, solicitaron a la Comisión Especial que se reservaran los datos que pudieran identificar el asunto o sus participantes, incluso de los mismos funcionarios de la Comisión de Derechos Humanos, pues temían reales represalias, para sí o para las personas que habían acudido en solicitud de apoyo.

Atentos al pedimento, se omiten números de expedientes y nombres de personas involucradas, pues la Comisión Especial es sólo para dar seguimiento a los casos, no para hacerlos públicos y únicamente para establecer en lo posible el grado de corrupción y sus alcances, así como la penetración del narcotráfico entre funcionarios públicos de la entidad.

Visita a la Subprocuraduría de Investigaciones Especializadas contra la Delincuencia Organizada

El 2 de junio del presente año, la Comisión Especial que dé Seguimiento a los Hechos de Corrupción e Involucramiento de Funcionarios Públicos del Estado de Morelos con el Narcotráfico fue recibida en sus oficinas de Paseo de la Reforma de esta capital por el licenciado José Luis Santiago Vasconcelos, subprocurador de Investigaciones Especializadas contra la Delincuencia Organizada.

El subprocurador Santiago Vasconcelos, asistido por dos de sus cercanos colaboradores, hizo un amplio relato de la investigación y consignación que hizo la SIEDO, a su cargo, con relación a los hechos ocurridos en el estado de Morelos. La investigación se inició con la denuncia presentada por el señor Graco Ramírez Garrido acerca de que el gobernador de Morelos había pagado al señor Enrique Yépez Uribe, (a) El Jarocho, para matarlo.

El señor Yépez Uribe, según el decir del subprocurador informante, resultó ser un individuo "fantasioso", de difícil comprensión, pues mezclaba la realidad con falsedades y frecuentemente cambiaba sus versiones sobre un mismo acontecimiento.

No obstante y tras prolongados interrogatorios, se pudo establecer lo siguiente:

El 25 de junio de 2002, el señor Benjamín Gómez González (empleado de Caminos y Puentes Federales de Ingreso, Capufe) fue asesinado con un disparo de arma de fuego en la cabeza. El cadáver lo hallaron en un predio de Tlaltizapán, municipio de Jojutla, Morelos.

Gómez González, (a) El Chino, conocido narcotraficante, fue muerto por Enrique Yépez Uribe, (a) El Jarocho, a quien proporcionó arma, vehículo y teléfono celular el ex subprocurador metropolitano de Morelos Alejandro Hernández Arjona, que junto con cuatro agentes de la Policía Ministerial del mismo estado fueron detenidos el 14 de abril de 2004 e ingresados en el penal de La Palma, en el estado de México, por el crimen.

La madrugada del 1 de noviembre de 2002, los señores Luis Alain Pana Vega, director de la Policía Metropolitana del estado de Morelos, y Ezequiel Vital Barrera, ex comandante de la Policía Ministerial del mismo estado, viajaban en una patrulla de la mencionada corporación policial por la autopista México-Cuernavaca cuando les dispararon desde otro vehículo. Pana Vega recibió 14 impactos de AK-47 y otro de calibre 9 milímetros, que le causaron la muerte. A Vital Barrera dieron tres balazos y a la fecha se ignoran su estado de salud y su paradero.

En el vehículo de Pana Vega se encontraron 50 mil dólares, fichas de depósito bancario y un arma exclusiva del Ejército Mexicano.

Según el subprocurador José Luis Santiago Vasconcelos, de las investigaciones practicadas por la SIEDO se ejercitó acción penal contra Enrique Yépez Uribe, (a) El Jarocho, y Raúl Rodríguez León, (a) El Huevo, y en mayo de 2003 recibieron auto de formal prisión como presuntos responsables del delito de homicidio, cometido en agravio del agente investigador Luis Alain Pana Vega y del narcotraficante Benjamín Gómez González, (a) El Chino.

El subprocurador Santiago Vasconcelos comentó que no se habían obteniendo datos que vincularan a los señores José Agustín Montiel y Raúl Cortés Galindo con esos crímenes.

En la averiguación previa número PGR/UEDO/93/
2003, expediente 2/2003, el testigo protegido Idelfonso Ortiz Alatorre narra que en entre el 21 y 25 de junio de 2002, estando en Casa Morelos, a eso de las seis de la tarde, el gobernador Estrada Cajigal ordenó a él y a El Jarocho (Enrique Yépez Uribe) "... que le quitaran de encima a Graco Ramírez... porque ya me tiene hasta la madre", estando presentes el entonces procurador Guillermo Tenorio Ávila y Diego Eugenio Salinas Novión, director operativo de Capufe.

A solicitud de la Procuraduría General de la República, el juez segundo de Distrito de Procesos Penales Federales del estado de México dictó orden de aprehensión contra José Agustín Montiel López y Raúl Cortés Galindo, (a) El Mico, coordinador general y coordinador operativo, respectivamente, de la Policía Ministerial del estado de Morelos, y de cinco personas más -sus nombres no han sido publicados.

El 6 de abril de 2004, la Agencia Federal de Investigación (AFI) cumplimentó las órdenes de aprehensión en los señores José Agustín Montiel López y Raúl Cortés Galindo, que hacia las 22:15 horas ingresaron en el Centro de Readaptación Social La Palma, del estado de México; son acusados de delincuencia organizada y delitos contra la salud, entre éstos la protección que otorgaban a los narcotraficantes Juan José Esparragoza Moreno, (a) El Azul, Vicente Carrillo Flores y Vicente Carrillo Leyva.

El siguiente día 9 les fue dictado auto de formal prisión y su sujeción a proceso, en la causa penal número 24/2004, derivada de la averiguación previa número PGR/UEDO/352/2003.

De lo actuado en la averiguación previa se formaron dos desgloses: uno se remitió a la Procuraduría General de Justicia del estado de Morelos, por los delitos del fuero común que pudieran resultar; el otro quedó radicado en la citada Subprocuraduría de la República, para continuar la investigación por los delitos del fuero federal.

Acerca del señor Sergio Estrada Cajigal Ramírez, gobernador constitucional de Morelos, indicó que no se habían obtenido datos que pudieran señalarlo como responsable de delito alguno, pues las versiones sobre su irregular conducta no tenían soporte legal. Sin embargo, la investigación continuaría para resolver en su oportunidad si se ejercita acción penal por hechos delictuosos que se hubieran comprobado o se consultaba el no ejercicio de la acción penal, en los términos de la ley en vigor aplicable.

Tercera sesión plenaria

La tercera sesión plenaria se verificó el 22 de junio de 2004 en la explanada del restaurante Il Acueducto, donde concurrieron aproximadamente un centenar de familiares de personas que están sujetas a procesos penales, sobre todo en el Centro de Readaptación Social Morelos, en Atlacholoaya, municipio de Xochitepec, Morelos.

De acuerdo con las versiones de esos familiares y con copias de algunos expedientes de sus causas, examinadas por los integrantes de la Comisión Especial, la constante es que a los ahora procesados se detuvo por "sospechosos" o por denuncia de algún conocido o vecino. Lo que llama la atención es que a todo "sospechoso" encontraron droga los agentes de la Policía Ministerial o que la mayoría de los denunciantes cambió posteriormente su acusación, declarando que fueron obligados por agentes policiales a producirlas en términos imputativos.

La posibilidad de que la mayoría de los procesados fue víctima de la acción de malos servidores públicos, corruptos o involucrados en el narcotráfico que hubieran fabricado las pruebas incriminatorias, como afirman los parientes de los acusados y estos mismos, hizo que la Comisión Especial se dirigiera a los jueces de distrito que llevan los procesos penales para pedirles, sin afectar la división de poderes, que revisaran con acuciosidad los expedientes. Esa solicitud al parecer dio buenos resultados, pues poco después se informó a la Comisión Especial de la libertad de dos o tres procesados.

Ese día se atendió a elementos de las radiodifusoras de Cuernavaca, en especial de Grupo ACIR, que había difundido las actividades de la Comisión Especial.

Por la tarde, la Comisión Especial fue recibida por el licenciado Hugo Bello Ocampo, designado procurador general de Justicia del estado de Morelos, quien enterado de las probables irregularidades advertidas por la Comisión Especial, ofreció dedicar tiempo y personal para revisar los casos dudosos.

También comentó de la depuración que ya había comenzado a realizar en el grupo de la Policía Ministerial, separando de sus encargos a los elementos con antecedentes negativos. Dijo que ejecutaba esa operación con meticulosidad para no cometer alguna injusticia y respetando los derechos laborales de los agentes policiacos.

Visita a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos

En la visita a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en la ciudad de México, su Presidente, doctor José Luis Soberanes Fernández, y sus visitadores generales comentaron que del estado de Morelos tenían más quejas que de las demás entidades federativas, de cuyos expedientes enviarían copias a la Comisión Especial.

En efecto, posteriormente la Comisión Especial recibió 18 copias de recomendaciones que van desde 1991 hasta el presente año. De esos expedientes, sólo 1 corresponde a la materia objeto del seguimiento que realiza la Comisión Especial (homicidio de Rodolfo Benítez Figueroa), pues el resto se refiere a asuntos de muy diversa índole, sin relación con la corrupción o el narcotráfico.

Visita a la Subsecretaría de Comunicaciones

El 23 de junio de 2004, cumpliendo con el programa de trabajo, la Comisión Especial concurrió a la reunión concertada con el doctor Aarón Dychter Poltolarek, subsecretario de Comunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, quien estuvo asistido por tres de sus directores generales.

De modo que pudiera considerarse evasivo, explicaron el funcionamiento de los aeropuertos que operan en el país, manejados por empresas particulares según el régimen de concesiones, aunque bajo la vigilancia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Ejército Mexicano.

Acerca del aeropuerto Mariano Matamoros, situado en Xochitepec, Morelos, comentó el subsecretario un incidente ocurrido entre el personal de la Secretaría y la compañía administradora, el cual solucionaron retirando al personal oficial.

Con relación al manejo y la operación del helicóptero del gobierno del estado de Morelos, manifestó no tener conocimiento de actos irregulares, pese a la separación del señor Enrique Barting Díaz, quien había fungido como administrador por parte de la autoridad estatal.

Al solicitarle la Comisión Especial copia de los planes de vuelo y la bitácora del helicóptero mencionado correspondientes al año en curso y los dos anteriores, señaló -y así ratificaron sus directores- que era casi imposible obtener la información y, en todo caso, tardarían meses en estar en posibilidad de proporcionarla, por lo complicado de su búsqueda, en un volumen de operaciones que diariamente eran de miles de vuelos. Además, sólo podrían informar cuándo y a qué horas habían despegado del aeropuerto, pero ignoraban su destino y personas que transportaba, lo que originó el comentario del Presidente de esta Comisión de que en la era actual de la electrónica y la computación en toda compañía o empresa organizada bastaba pulsar un botón para obtener la información requerida.

No obstante lo anterior, el subsecretario y sus directores generales persistieron en su posición de no poder proporcionar los datos solicitados, en un plazo perentorio.

Acerca de la noticia publicada en los medios de que el aeropuerto Mariano Matamoros era utilizado por bandas de narcotraficantes, que por las noches hacían descender avionetas cargadas con droga, que era trasladada en vehículos vía terrestre al estado de México, el subsecretario Dychter Poltolarek dijo no tener noticia al respecto y opinó que esa posibilidad era muy remota porque, terminadas las labores, los sistemas de encendido de la pista de aterrizaje eran asegurados con llave y además el aeropuerto estaba vigilado por un destacamento del Ejército Mexicano.

Visita a Casa Morelos

A finales de junio, la Comisión fue recibida en Casa Morelos, en la ciudad de Cuernavaca, por el señor Sergio Estrada Cagigal Ramírez, gobernador constitucional de Morelos, quien hizo una breve relación de los logros alcanzados por su administración, en particular en la persecución de la delincuencia y en la procuración de justicia, en las cuales se habían alcanzado considerables avances. Fue enfático en asegurar que las versiones acerca de su descuido en el cumplimiento de su responsabilidad carecían de fundamento y fueron propaladas por sus enemigos políticos y afirmó que su gobierno había dedicado gran empeño en combatir el narcotráfico, mostrando como prueba dos volúmenes de reportes, denuncias y partes de casos hechos del conocimiento de las dependencias de la Procuraduría General de la República situadas en el estado de Morelos. Esos tomos contenían aproximadamente ochocientos documentos con los datos de asuntos asignados a la autoridad federal, pero carecían del seguimiento correspondiente, por lo que no aparecía en ellos en cuántos se llegó al ejercicio de la acción penal.

Explicó el gobernador que, en efecto, recibió quejas de abusos y malos tratos del señor José Agustín Montiel López en su desempeño como coordinador general de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del estado. Empero, como su rendimiento y sus buenos resultados eran evidentes, porque los secuestros se habían eliminado en gran proporción, así como disminuido los robos a casa habitación y comercios; también el robo de vehículos y bajado el volumen de delitos violentos como atracos, violaciones y lesiones graves; consideró que las quejas provenían de personas afectadas por las medidas de contención del delito porque lo que puede beneficiar a muchos a veces perjudica a pocos. Sólo cuando se enteró de que se le involucraba con el narcotráfico, el mismo gobernador solicitó a la Procuraduría General de la República la investigación de las actividades del señor Montiel López, con los resultados ya conocidos.

Respecto al señor Urióstegui Salgado, ex procurador general de Justicia del estado, negó que hubiera renunciado, sino que comprobó que, haciendo mal uso del encargo que le confió, estaba derivando hacia un despacho particular los asuntos oficiales de que tenía conocimiento durante el desempeño de sus funciones oficiales, lo cual le significó que le perdiera la confianza y le solicitara la renuncia.

La entrevista se desarrolló en términos cordiales y el funcionario ofreció toda la colaboración que se le solicitara, pues él se consideraba el principal interesado en que se aclararan los casos de corrupción que hubiera en el personal de su administración para suprimirlos, así como combatir el narcotráfico que pudiera haber en el estado.

Reiteró que las acusaciones en su contra no tenían sustento por ser falsas y que ya había dictado las medidas adecuadas para que el estado recobrara su tranquilidad y se continuara con programas de trabajo en beneficio de la sociedad morelense.

Entrevista con el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

El 3 de agosto último, la Comisión Especial fue recibida por el ministro Mariano Azuela Güitrón, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a quien se comunicó la situación que afronta un centenar de personas sujetas a proceso penal por el delito contra la salud (derivado de las diversas modalidades penalizadas).

En los casi cien casos de que ha tenido conocimiento la Comisión Especial se observa un similitud en la forma de iniciarse las investigaciones: la mayoría comienza con la detención de los indiciados por simples sospechas de los agentes de la Policía Ministerial del estado de Morelos, o en allanamiento de domicilios, sin la correspondiente orden de cateo y casualmente en todos los lugares revisados de manera ilegal se encontró droga (en especial cocaína). Esas irregulares formas de iniciar la procuración de justicia es seguro que constituyen una violación de las garantías individuales que la Constitución protege.

Se pidió al ministro Presidente que considerara la posibilidad de aplicar el artículo 97 constitucional y disponer que algunas de las autoridades que señala la Norma Suprema y que dependen del Poder Judicial federal realicen visitas y examinen los expedientes, como dispone el mandamiento constitucional comentado, para lo cual se le hizo llegar una relación de los casos problema.

Visita a la Contraloría del estado de Morelos

Cumpliendo el punto segundo del acuerdo que creó la Comisión Especial, el 17 de agosto pasado se entrevistó al licenciado Joaquín González Cerezo, secretario de la Contraloría del estado, quien explicó el mecanismo que utiliza esa Secretaría en el manejo de las declaraciones patrimoniales y las diversas sanciones administrativas que se aplican a los servidores públicos que incurren en anomalías durante el desempeño de su trabajo, siempre que no constituyan infracciones penales, que ya no son de su competencia.

Respecto al buen o mal uso del helicóptero propiedad del estado, dijo no tener conocimiento oficial en uno u otro sentido, pues no ha recibido hasta la fecha denuncia o queja que diera motivo a la intervención de esa dependencia gubernamental.

Ofreció, a solicitud de la Comisión Especial, entregar una estadística de los casos de corrupción administrativa de que ha tenido conocimiento la Contraloría estatal.

Ex funcionarios sujetos a investigación

Guillermo Tenorio Ávila, ex procurador general de Justicia del estado de Morelos, está relacionado con las averiguaciones previas números SC/10ª/3967/002-6 local y PGR/UEDO/193/03 federal.

Eduardo Becerra Pérez, ex secretario de Gobierno, está relacionado con las averiguaciones previas números SDO/1ª/053/01-11 y SDO/1ª/195/01-11.

Acopio de datos

Aparte de la información proporcionada por el subprocurador José Luis Santiago Vasconcelos, la Comisión Especial logró conocer los siguientes hechos significativos de la descomposición e inseguridad social durante la presente administración gubernamental en el estado de Morelos.

El 15 de marzo de 2000, el señor Rodolfo Benítez Figueroa recibió el impacto de ocho proyectiles de arma de fuego, infiriéndole lesiones que le causaron la muerte.

El señor Benítez Figueroa era ayudante municipal en Tehuixtla, Morelos y había denunciado actividades ilícitas (relacionadas con el tráfico de drogas) de los señores Edilberto Padilla y Evaristo Ríos Castillo, siendo objeto de amenazas de muerte, y aunque las denunció y solicito protección policial, no le fue proporcionada. La investigación realizada por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos está plagada de anomalías y omisiones, que dieron lugar a una queja y recomendación por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, marcada con el número 9/2001, derivada de la queja 2000/1322-2. Estos hechos constan en la averiguación previa número JO/3ª/304/2000-03 a la que se acumuló la número JO/2ª/1540/98-11. A la fecha lo sucedido no se ha averiguado completamente ni ejercido la acción respectiva.

A través de un oficio fechado el 22 de mayo 2001, el entonces Procurador de Justicia del Estado de Morelos, licenciado José Luis Urióstegui Salgado, solicita al señor Javier Íñiguez Segura, director general de Administración y Desarrollo del Personal de Gobierno del Estado, que con fecha anterior 12 del citado mes se designe al señor José Agustín Montiel López con el cargo de coordinador general de la Policía Ministerial del Estado de Morelos y éste nombró a Raúl Cortés Galindo como su más cercano colaborador, iniciando sus actividades de inmediato.

No existe declaración oficial de Urióstegui Salgado de cuándo y por qué tuvo dudas acerca de la actuación anómala de Montiel López en el estado de Guerrero, de donde provenía, sólo ha dicho -ante los medios de comunicación- que solicitó al general Rafael Macedo de la Concha, procurador general de la República, antecedentes de Montiel López y que recibió una tarjeta informativa con los datos negativos del sujeto de referencia, como violador de los derechos humanos de los internos del reclusorio a su cargo en Guerrero, y otros hechos nada recomendables. Esta tarjeta le fue entregada al gobernador Estrada Cajigal, quien no externó ninguna opinión, pero siguió aceptando los servicios de Montiel López, porque estaba dando muy buenos resultados en el combate a la delincuencia, según criterio del mandatario estatal.

Acerca de la tarjeta informativa, se suscitó una discusión porque el gobernador no aceptaba haberla recibido y el ex procurador reiteraba su afirmación, acabando por reconocer el primero la existencia del documento.

Aquí cabe mencionar que el licenciado Urióstegui Salgado presentó su renuncia como procurador general de Justicia del Estado de Morelos, aduciendo que pronto notó el irregular comportamiento del señor José Agustín Montiel López (aunque nunca ha explicado por qué lo recomendó para ocupar el cargo) y soportó la anómala situación con el propósito de frenar sus abusos; pero, al no lograrlo, renunció dieciocho meses después de desempeñarse como procurador.

Por su parte, el gobernador Estrada Cajigal declaró que le pidió la renuncia a Urióstegui Salgado al percibir que estaba derivando los asuntos oficiales hacia un despacho particular y eso significó su pérdida de confianza en el funcionario.

Gustavo Martínez Salgado es un ex policía judicial del estado de Morelos que ingresó en la corporación el 16 de diciembre de 2001, por recomendación de procurador Urióstegui Salgado; también desempeñó el cargo director de la Policía en el municipio de Puente Ixtla y fue subdirector de Seguridad en la empresa Aerolíneas Internacionales. (Se desconoce cuánto tiempo duró en estos puestos y por qué los dejó).

En mayo de 2002, Martínez Salgado fue detenido relacionado con la venta de un vehículo robado y se sospechó que estuviera involucrado con bandas dedicadas al robo de automóviles. Para hacer más misteriosa la actuación de este individuo, la madrugada del 4 de junio de 2002 murió acribillado a balazos, sin que llegaran a esclarecerse los hechos de su muerte.

El 25 de junio de 2002, el señor Benjamín Gómez González (empleado de Capufe) es encontrado asesinado con un disparo de arma de fuego en la cabeza, se le halló en un predio de Tlaltizapán, municipio de Jojutla, Morelos.

Gómez González, apodado El Chino, era conocido como narcotraficante. Su muerte se consideró como "ajuste de cuentas entre narcos".

De la investigación practicada por agentes de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) se estableció que Gómez González fue muerto por Enrique Yépez Uribe (a) El Jarocho, a quien proporcionó arma, vehículo y teléfono celular el ex procurador metropolitano de Morelos, el señor Alejandro Hernández Arjona, que junto con cuatro agentes de la Policía Ministerial de la citada entidad federal fueron detenidos el día 14 de abril de 2004 e ingresados al penal de La Palma por este crimen.

Acerca de este homicidio, el señor Ezequiel Vital Barrera, comandante de la Policía Ministerial, reveló que antes y después del hecho, los licenciados Guillermo Tenorio Ávila y Alejandro Hernández Arjona, procurador general y subprocurador de Justicia del Estado de Morelos, respectivamente, habían recibido llamadas telefónicas aparentemente relacionadas con el asesinato. También comentó que el comandante Luis Alain Pana Vega, había recibido la orden de dejar de investigar la muerte del señor Benjamín Gómez González, orden que provenía del comandante José Agustín Montiel López, siguiendo instrucciones del gobernador Estrada Cajigal. Estas indiscreciones le costarían que fuera separado del cargo y, en noviembre del mismo año de 2002, víctima de un atentado.

En la averiguación previa número PGR/UEDO/93/
2003, expediente 2/2003, el testigo protegido Idelfonso Ortiz Alatorre narra que en fecha entre el 21 y 25 de junio de 2002, estando en Casa Morelos a eso de las 6:00 de la tarde el gobernador Estrada Cajigal les ordenó a él y a El Jarocho (Enrique Yépez Uribe)... "que le quitaran de encima a Graco Ramírez <...> porque ya me tiene hasta la madre", estando presentes el entonces procurador Guillermo Tenorio Ávila y Diego Eugenio Salinas Novión, director operativo de Caminos y Puentes.

La madrugada del 1 de noviembre de 2002, los señores Luis Alain Pana Vega, director de la Policía Metropolitana del estado de Morelos, y Ezequiel Vital Barrera, ex comandante de la Policía Ministerial del mismo estado, viajaban en una patrulla de la mencionada corporación policial, por la autopista México-Cuernavaca, cuando les dispararon desde otro vehículo. Pana Vega recibió 14 impactos de AK-47 y otro de calibre 9 milímetros, que le causaron la muerte. A Vital Barrera dieron tres balazos y a la fecha se ignoran su estado de salud y su paradero.

En el vehículo de Pana Vega se encontraron 50,000 dólares, fichas de depósitos bancarios y una arma exclusiva del Ejército Mexicano.

El subprocurador José Luis Santiago Vasconcelos informó que no se habían obteniendo datos que vincularan con éstos a los señores Montiel López y Cortés Galindo.

Por su parte, el gobernador Estrada Cajigal comentó que, al conocer lo ocurrido, dispuso su investigación, aunque no dijo a quién le ordenó lo hiciera.

En ampliación de su declaración, realizada en la Procuraduría General de la República el día 27 de diciembre de 2002 en su calidad de testigo, el señor Idelfonso Ortiz Alatorre manifestó que una hija del conocido narcotraficante Juan José Esparragoza Moreno (a) El Azul (en esa época radicado en Cuernavaca), Nadia Patricia Esparragoza Gastélum, tenía un vínculo sentimental con el gobernador Sergio Estrada Cajigal, lo cual se conocía públicamente.

Esta versión, según el subprocurador Santiago Vasconcelos, no pudo ser confirmada con prueba o indicio confiable.

Según el subprocurador José Luis Santiago Vasconcelos, de las investigaciones practicadas por la SIEDO, se ejercitó acción penal en contra de Enrique Yépez Uribe (a) El Jarocho, y Raúl Rodríguez León (a) El Huevo, y en mayo de 2003 recibieron auto de formal prisión, como presuntos responsables del delito de homicidio, cometido en agravió del agente investigador Luis Alain Pana Vega y del narcotraficante Benjamín Gómez González (a) El Chino.

Consideraciones

Este estudio no analiza la situación política del estado de Morelos y sólo se ha concretado a examinar la penetración de la corrupción, entendida ésta en no sólo el cohecho, la extorsión y la malversación, sino también la inmoralidad y el relajamiento de las costumbres. También el posible involucramiento de sus funcionarios públicos en el narcotráfico.

Pese a los resultados de los hechos investigados y diversas versiones recogidas, el licenciado José Luis Santiago Vasconcelos, subprocurador de Investigación Especializada contra la Delincuencia Organizada, informó a esta Comisión Especial que hasta el momento no había suficientes elementos para considerar al señor Sergio Estrada Cajigal Ramírez, gobernador constitucional de Morelos, como relacionado con los hechos investigados, porque las versiones del señor Enrique Yépez Uribe (a) El Jarocho, carecían de credibilidad por sus constantes variaciones y las demás informaciones eran de segunda o terceras personas que las habían oído, pero a ninguna le constaba en realidad. Sin embargo, las investigaciones continuaban en espera o búsqueda de elementos inculpatorios.

Pero, queda la duda y pregunta acerca de la actuación del referido Yépez Uribe, respecto a que a algunas de sus declaraciones sí se les da crédito completo, al grado de aceptarlas para ejercitar acción penal en su contra y coacusado.

Empero, cuando incriminan a funcionarios o ex funcionarios del estado de Morelos y en particular a su gobernador, esas declaraciones no reciben crédito alguno y son de plano desechadas, sin aclararse o investigarse.

Recomendaciones

Esta Comisión Especial recomienda que, ante el cúmulo de quejas presentadas por diversos ciudadanos del estado de Morelos, se exhorte respetuosamente:

A) A la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para dar seguimiento a los casos de su competencia, con énfasis en los asuntos relacionados con procesos judiciales en curso.

B) Al Procurador General de la República, para que, de acuerdo a su competencia, agilice las investigaciones de su conocimiento, incluyendo los desgloses que se efectuaron de averiguaciones ya consignadas. Y también para que se coordine con la Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos en el combate al narcotráfico y al crimen organizado en la entidad.

C) Al honorable Congreso de Morelos, para que a través de su Comisión de Justicia dé seguimiento a los casos de víctimas de abusos de autoridad relacionados en el cuerpo del presente informe.

D) A la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, para dar atención a los ciudadanos, que manifiestan ser sujetos a procesos penales derivados de cargos prefabricados, de cuyos casos se le envió relación oportunamente.

Conclusiones

De lo expuesto, la Comisión Especial que dé Seguimiento a los Hechos de Corrupción e Involucramiento de Funcionarios Públicos del Estado de Morelos con el Narcotráfico ha llegado a las siguientes conclusiones:

Primera

De las entrevistas sostenidas por esta Comisión Especial con autoridades federales, estatales y diversos grupos de la sociedad morelense, se desprende que en el estado de Morelos y en particular su capital, Cuernavaca, se ha incrementado en los últimos años el tráfico y consumo de drogas, como ocurre en la mayor parte de las regiones del país.

Segunda

Se recibieron diversos señalamientos y quejas por ciudadanos y organizaciones civiles que comparecieron ante esta Comisión Especial; hasta el momento no se ha podido comprobar la complicidad del señor Sergio Estrada Cajigal Ramírez en los delitos cometidos por servidores públicos de su administración gubernamental, actualmente sujetos a proceso penal.

De otra parte, la facultad inherente a su cargo para nombrar y remover libremente a sus colaboradores, le confiere responsabilidad por omisión, al haber tolerado y no removido a los funcionarios que oportunamente fueron denunciados por el sospechoso desempeño de sus cargos, tanto por los medios de comunicación, por el Congreso del Estado y por informes que le fueron directamente aportados por funcionarios de su administración y el Gobierno Federal.

Tercera

La Comisión tuvo acceso a información relacionada con el hecho de que el estado de Morelos registra el segundo lugar de quejas en materia de violación de los derechos humanos, contabilizadas desde 1991 a la fecha; asimismo pudo conocer que tanto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos han formulado diversas recomendaciones que aún no han sido atendidas por las autoridades de la actual administración del gobierno del estado.

Honorable Asamblea:

Los abajo firmantes, miembros de la Comisión Especial que dé Seguimiento a los Hechos de Corrupción e Involucramiento de Funcionarios Públicos del Estado de Morelos con el Narcotráfico, que hoy finaliza, en los términos del punto primero del acuerdo que la creó, estimamos haber cumplido fiel y objetivamente la comisión que se nos encomendó.

Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados,
a 10 de septiembre de 2004.

La Comisión Especial

Mesa Directiva:

Diputados: René Meza Cabrera (PRI), Presidente; José Sigona Torres (PAN), Daniel Ordóñez Hernández (PRD), secretarios.

Miembros:

Diputados: Guillermo del Valle Reyes (PRI), Rosalina Mazari Espín (PRI), Sergio Álvarez Mata (PAN), Félix Adrián Fuentes Villalobos (PVEM), Óscar González Yánez (PT), Luis Maldonado Venegas (Convergencia) (rúbricas).

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Proposiciones

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DE LA JUNTA DE COORDINACION POLÍTICA, CON PROYECTO DE ACUERDO QUE MODIFICA EL PROGRAMA DE COMPARECENCIAS DE FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO FEDERAL ANTE COMISIONES ORDINARIAS

Palacio Legislativo, México, DF, a 13 de septiembre de 2004.

Dip. Manlio Fabio Beltrones Rivera
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados
Presente

Los suscritos, integrantes de la Junta de Coordinación Política, en relación con el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política sobre la Glosa del IV Informe de Gobierno del Presidente de la República, licenciado Vicente Fox Quesada, aprobado por el Pleno el día 7 de los corrientes, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General, le solicitan atentamente someter a la consideración de la asamblea el siguiente

Acuerdo

Primero. El programa de comparecencias ante comisiones ordinarias a los funcionarios del Ejecutivo federal, que se realiza con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 7°, numeral 4, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se modifica en lo que respecta a las siguientes comparecencias, como sigue:

Martes 28 de septiembre, 17:00 horas

Comparecencia de la directora del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes
Comisión de Cultura

Miércoles 29 de septiembre, 17:00 horas Comparecencia del secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales Miércoles 6 de octubre, 11:00 horas Comparecencia del secretario de Economía
Comisión de Economía
Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social Miércoles 6 de octubre, 17:00 horas Comparecencia del secretario de Educación Pública
Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos
Comisión de Ciencia y Tecnología Miércoles 13 de octubre, 17:00 horas Comparecencia de la secretaria de Desarrollo Social
Comisión de Desarrollo Social
Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social Martes 26 de octubre, 17:00 horas Comparecencia del secretario de Turismo
Comisión de Turismo Segundo. Hágase del conocimiento del Pleno de la Cámara de Diputados y publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

Tercero. En términos del artículo 93 constitucional y el artículo 22, numeral 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicítese a la Presidencia de la Mesa Directiva realice la comunicación correspondiente.

Dip. Francisco Barrio Terrazas (rúbrica p.a.)
Presidente
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional

Dip. Emilio Chuayffet Chemor (rúbrica p.a.)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional

Dip. Pablo Gómez Álvarez (rúbrica p.a.)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática

Dip. Manuel Velasco Coello (rúbrica, p.a., del diputado Luis Antonio González Roldán)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México

Dip. Alejandro González Yáñez (rúbrica p.a.)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo

Dip. Jesús E. Martínez Álvarez
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Convergencia
 
 

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Calendario actualizado

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DE COMPARENCIAS DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS DEL EJECUTIVO FEDERAL ANTE COMISIONES, EN EL MARCO DE LA GLOSA DEL IV INFORME DE GOBIERNO

Palacio Legislativo, a 13 de septiembre de 2004.

Diputado Manlio Fablo Beltrones Rivera
Presidente de la Mesa Directiva
Cámara de Diputados
Presente

Por instrucciones del diputado Francisco Barrio Terrazas, Presidente de la Junta de Coordinación Política, le solicito gire sus apreciables instrucciones a fin de publicar en la edición de la Gaceta Parlamentaria del 14 de septiembre del presente año, el calendario actualizado de comparecencias de funcionarios públicos del Ejecutivo Federal ante comisiones, en el marco de la Glosa al IV Informe de Gobierno.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente
Diputado José González Morfín (rúbrica)

Programa actualizado de comparecencias

Martes 21 de septiembre, 17:00 horas

Comparecencia del secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Comisión de Agricultura y Ganadería
Comisión de Desarrollo Rural
Comisión de Pesca
Comisión Especial de Ganadería
Comisión Especial para el Campo
Comisión Especial del Café
Comisión Especial para Analizar los Problemas de la Agroindustria Mexicana de la Caña de Azúcar

Miércoles 22 de septiembre, 17:00 horas

Comparecencia del secretario de Energía

Comisión de Energía
Comisión Especial de la Cuenca de Burgos que desarrolla Petróleos Mexicanos, a través de su subsidiaria Pemex Explotación y Producción para la explotación de los yacimientos de energía en esa región

Jueves 23 de septiembre, 17:00 horas Comparecencia del secretario de Salud
Comisión de Salud Martes 28 de septiembre, 17:00 horas Comparecencia de la directora del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes
Comisión de Cultura Miércoles 29 de septiembre, 17:00 horas Comparecencia del secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales Jueves 30 de septiembre, 17:00 horas Comparecencia del secretario de Trabajo y Previsión Social
Comisión de Trabajo y Previsión Social Martes 5 de octubre, 17:00 horas Comparecencia del secretario Relaciones Exteriores

Comisión de Relaciones Exteriores
Comisión de Población Fronteras y Asuntos Migratorios

Miércoles 6 de octubre, 11:00 horas Comparecencia del secretario de Economía

Comisión de Economía
Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social

Miércoles 6 de octubre, 17:00 horas Comparecencia del secretario de Educación Pública

Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos
Comisión de Ciencia y Tecnología

Martes 12 de octubre, 17:00 horas Comparecencia del secretario de Seguridad Pública

Comisión de Seguridad Pública
Comisión Especial para Conocer y dar Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas con los Feminicidios en la República Mexicana, y a la Procuración de Justicia Vinculada

Miércoles 13 de octubre, 10:00 horas Comparecencia del secretario de la Defensa Nacional
Comisión de Defensa Nacional Miércoles 13 de octubre, 17:00 horas Comparecencia de la secretaria de Desarrollo Social

Comisión de Desarrollo Social
Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social

Jueves 14 de octubre, 17:00 horas Comparecencia de los directores de la Compañía Luz y Fuerza del Centro y de la Comisión Federal de Electricidad
Comisión de Energía Martes 19 de octubre, 17:00 horas Comparecencia del secretario de la Reforma Agraria
Comisión de Reforma Agraria Miércoles 20 de octubre, 11:00 horas Comparecencia del secretario de Comunicaciones y Transportes

Comisión de Comunicaciones
Comisión de Transportes

Miércoles 20 de octubre, 17:00 horas Comparecencia del director de Petroleos Mexicanos

Comisión de Energía
Comisión Especial de Investigación del Daño Ecológico y Social Generado por Pemex
Comisión Especial de la Cuenca de Burgos que desarrolla Petróleos Mexicanos, a través de su subsidiaria Pemex Explotación y Producción para la explotación de los yacimientos de energía en esa región

Jueves 21 de octubre, 17:00 horas Comparecencia del director del Instituto Mexicano del Seguro Social
Comisión de Seguridad Social Martes 26 de octubre, 17:00 horas Comparecencia del secretario de Turismo
Comisión de Turismo Miércoles 27 de octubre, 17:00 horas Comparecencia del director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado
Comisión de Seguridad Social Jueves 28 de octubre, 17:00 horas Comparecencia del procurador general de la República

Comisión de Justicia y Derechos Humanos
Comisión de Seguridad Pública
Comisión Especial para Conocer y dar Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas con los Feminicidios en la República Mexicana, y a la Procuración de Justicia Vinculada
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Oficios

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DE LA CAMARA DE SENADORES, CON EL QUE SE REMITE COMUNICACIÓN DEL SENADOR CÉSAR RAÚL OJEDA ZUBIETA POR LA CUAL SOLICITA A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO QUE DICTAMINE LA INICIATIVA QUE CREA LA LEY DEL FONDO PARA LA ESTABILIDAD DE LOS INGRESOS PETROLEROS

México, DF, a 9 de septiembre de 2004.

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados
Presentes

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, se dio cuenta con comunicación del senador César Raúl Ojeda Zubieta, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por la que solicita excitativa a comisiones en relación con la iniciativa con proyecto de decreto que crea la Ley del Fondo para la Estabilidad de los Ingresos Petroleros.

La Presidencia remitió dicha solicitud a la Cámara de Diputados.

Atentamente
Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica)
Vicepresidente
 

El suscrito, César Raúl Ojeda Zubieta, Senador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a República a la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, respetuosamente solicito de esta presidencia, que en cumplimiento de lo dispuesto por artículos 66 inciso c), 67 inciso g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 21 fracción XVI y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General; que en pleno uso de sus facultades, tome las determinaciones correspondientes para que la Cámara de Diputados Formule excitativa a su Comisión de Hacienda y Crédito Público, a efecto de que rinda el dictamen correspondiente a la Iniciativa con proyecto de Decreto que crea la Ley del Fondo para la Estabilidad de los Ingresos Petroleros, presentada por el Senador José Moisés Castro Cervantes, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Primero. En la sesión pública de esta H. Cámara de Senadores, celebrada el día 11 de diciembre de 2003, fue debidamente inscrita y presentada ante el Pleno, la Iniciativa con proyecto de Decreto que crea la Ley del Fondo para la Estabilidad de los Ingresos Petroleros, misma que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72, fracción h de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue turnada para su estudio y dictamen a la comisión anteriormente citada. La misma iniciativa fue recibida y turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados en la sesión celebrada el día 16 de diciembre de 2003.

Segundo. Dada la importancia que guarda el proceso legislativo, el marco jurídico del Congreso de la Unión, establece claramente que las comisiones están obligadas a realizar su labor de dictaminación dentro de los 20 días hábiles siguientes al turno de los instrumentos que les sean encomendados.

Tercero. Es evidente que el término de dictaminación ha fenecido, lo que a todas luces es contrario a la observancia de la legislación vigente y redunda en perjuicio de la buena imagen que debe mantener cada Cámara.

Cuarto. Siendo que la Presidencia de esta Cámara debe velar por el estricto cumplimiento del marco reglamentario del Congreso de la Unión, y que aun cuando no se contempla de manera expresa el mecanismo para formular una excitativa a la Colegisladora, ello no implica que no se cuente con el derecho de hacer tal petición, o que ésta sea improcedente, sino que debe atenerse a los mecanismos de comunicación entre las mesas directivas de cada Cámara, por lo que la misma es de obsequiarse.

Quinto. El presente año ha sido particularmente benéfico para los ingresos gubernamentales debido a los altos precios del petróleo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público así lo pone de manifiesto en el Informe sobre las finanzas públicas correspondiente al segundo trimestre del año. Refiere, particularmente, que los ingresos superaron en 53.6 mil millones de pesos el monto previsto por esa dependencia al inicio del año. Tal comportamiento resulta, en gran medida, de un precio de exportación de petróleo superior en 5.5 dólares al programado y al incremento de la plataforma de exportación en 37 mil barriles diarios.

Sexto. El citado informe de la SHCP señala que, en el primer semestre de 2004, el Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros registra entradas por 2 mil 709 millones de pesos y salidas por 1 mil 259 millones para la adquisición de coberturas y pago de honorarios, por lo que su saldo es de 7 mil 726 millones de pesos. Ciertamente, el inciso j) del artículo 23 del Decreto de Presupuesto Federal establece que los ingresos excedentes se distribuirán en un 25% al Fondo de Estabilización, 25% para mejorar el balance económico del sector público y 50% para programas y obras de infraestructura en las entidades federativas. Sin embargo, llama la atención que del total de los ingresos adicionales obtenidos por la hacienda pública al Fondo de Estabilización sólo se haya depositado el 5%; de igual modo es de observar el costo de las coberturas para un año en que todos los analistas especializados formularon escenarios abiertos de crecimiento de los precios del petróleo.

Séptimo. Esta excitativa adquiere mayor pertinencia toda vez que en el proyecto de decreto de presupuesto federal, enviado el día de ayer por el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión, contiene nuevas disposiciones para la distribución de los ingresos excedentes que va a disminuir de manera sensible los recursos que pudieran llegar a las entidades federativas. Específicamente, los ingresos excedentes a distribuir a los estados sería una función de los aprovechamientos excedentes, variable que también alimentaría al Fondo de Estabilización de Ingresos Petroleros.

En vista de lo anteriormente expuesto y con fundamento en el Artículo 67, inciso g), en relación con el artículo 66, inciso e), ambos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, tiene la atribución para hacer efectivas las solicitudes de excitativa que le formulen los Senadores, por lo que, con fundamento en los artículos invocados, me permito solicitar de la manera más atenta a la Presidencia de la Mesa Directiva de esta H. Cámara de Senadores lo siguiente:

Punto Resolutivo

Único. Con base en los fundamentos y por los motivos ya expresados, sírvase comunicar a la mesa directiva de la Cámara de Diputados la presente solicitud a efecto de que ésta, en el debido ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones aplicables tenga a bien excitar a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para que presente a la brevedad el dictamen correspondiente a la Iniciativa con proyecto de Decreto que crea la Ley del Fondo para la Estabilidad de los Ingresos Petroleros, presentada por el Senador José Moisés Castro Cervantes, en la Sesión Ordinaria del día 16 de diciembre de 2003.

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, el día 9 de septiembre de 2004.

Sen. César Raúl Ojeda Zubieta (rúbrica)
 
 
 

DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION, DOS CON LOS QUE REMITE CONTESTACIONES A PUNTOS DE ACUERDO APROBADOS POR LA COMISIÓN PERMANENTE DURANTE EL SEGUNDO RECESO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA

México, DF, a 1 de septiembre de 2004.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión
Presentes

En atención al oficio No. CP2R1AE.-1295 de fecha 28 de julio del año en curso, signado por el C. senador Ernesto Gil Elorduy, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño copia del similar No. DEP-1976/04, suscrito por el C. Humberto Ballesteros Cruz, director general de Enlace Político de la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo, presentado por los diputados Rosa María Avilés Nájera, Gilberto Ensástiga Santiago y por el senador César Camacho Quiroz, en el que se exhorta al Ejecutivo federal a no permitir que en Estados Unidos de América, dentro del marco del Programa de Repatriación de Inmigrantes, se continúen lesionando las garantías fundamentales de quienes opten por la deportación voluntaria y de quienes no se acojan a dicho programa, enfatizando que en el caso de los mexicanos que así lo decidan no se les conduzca esposados en su traslado a México.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
 

Tlatelolco, DF, a 26 de agosto de 2004.

Lic. Humberto Aguilar Coronado
Subsecretario de Enlace Legislativo
Secretaría de Gobernación
Presente

Con fundamento en el artículo 16, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicito su intervención para hacerle llegar la respuesta al H. Congreso de la Unión al punto de acuerdo aprobado el 28 de julio del año en curso, en el que la Comisión Permanente: "Primero.- Exhorta al Ejecutivo federal a que no permita que en los Estados Unidos de América, dentro del Programa de Repatriación de Inmigrantes, se continúen lesionando las garantías fundamentales de quienes opten por la deportación voluntaria y de quienes no se acojan a dicho programa, enfatizando que en caso de que los mexicanos que así lo decidan, no se les conduzca esposados en su traslado a México; Tercero.- Se solicita respetuosamente al Ejecutivo federal a que, a través de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Relaciones Exteriores se implemente un programa urgente de apoyo en varios rubros, entre ellos: jurídico, albergues, entre otros, a fin de atender las necesidades inmediatas de los mexicanos que son deportados e informen a esta soberanía de los mismos: Cuarto.- Se solicita respetuosamente al Ejecutivo Federal que realice las gestiones necesarias ante el gobierno de los Estados Unidos de América para garantizar que !a Comisión Población, Fronteras y Asuntos Migratorios de la H. Cámara de Diputados se entreviste con el Grupo de Trabajo Técnico sobre Repatriación México-Estados Unidos y se otorgue a los legisladores mexicanos las facilidades para participar como observadores en todo el proceso de repatriación, desde las estaciones migratorias hasta el punto de retorno, incluyendo el traslado a México y así constatar que no se repita la violación de los derechos humanos de nuestros connacionales."

Al respecto, le informo que:

Sobre el párrafo primero, señalo a su amable atención que en el Memorándum de Entendimiento sobre la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos y el Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos de América sobre la Repatriación Segura, Ordenada, Digna y Humana de Nacionales Mexicanos, ambos gobiernos acuerdan precisamente el trato digno y humano de los nacionales mexicanos, desde el interior, puertos de entrada y en la frontera entre ambos países.

Dichos criterios y principios se encuentran contenidos en el artículo 3 del Memorándum de Entendimiento firmado el 20 de febrero, cuyo texto puede ser consultado en la página electrónica de esta Secretaría: http://www.sre.gob.mx/tramites/consulares/servicios.htm

Con respecto al Programa de Repatriaciones al Interior, que inició el 12 de julio y concluirá el 30 de septiembre, con base en el artículo 5 del memorándum citado, pongo a su consideración que el Grupo de TrabajoTécnico a que se refiere el párrafo (c) del artículo 1 del mencionado documento, estableció los principios que se deberán respetar durante la operación del programa, mismos que pueden ser consultados en la página electrónica mencionada, entre los que destacan el carácter humanitario del mismo, la voluntariedad confirmada ante funcionarios consulares mexicanos en entrevista privada, tratamiento diferenciado a grupos vulnerables y especiales, respeto a la unidad familiar, protección y respeto de los derechos de los nacionales mexicanos, entre los que se encuentra el relativo a que no serán esposados en ningún momento del proceso de repatriación y cobertura de costos a cargo del Gobierno de los Estados Unidos de América.

Por lo que toca al párrafo tercero, se informa que en los lineamientos operativos del Programa se estipula que los participantes serán transportados por vía aérea de la ciudad de Tucson, Arizona, al aeropuerto internacional de la Ciudad de México, de donde, con apoyo del Instituto Nacional de Migración, serán trasladados a la terminal de autobús correspondiente y les será entregado un boleto hasta la ciudad más cercana a su domicilio.

Por lo que se refiere al párrafo cuarto, se hace de su conocimiento que se ha planteado al Grupo de Trabajo Técnico la posibilidad de que legisladores miembros de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios de la H. Cámara de Diputados sostengan una reunión de trabajo con dicho grupo técnico y se está en espera de la respuesta correspondiente por parte de la delegación estadounidense de dicho grupo. Sería conveniente, en principio, y así nos ha sido manifestado, que dicha Comisión designe un grupo reducido de legisladores para esa reunión y sean proporcionados los nombres correspondientes y la fecha tentativa en que podría tener lugar la reunión, durante la cual se podría abordar el interés de los legisladores de participar como observadores en el proceso de repatriación.

Atentamente
Humberto Ballesteros Cruz (rúbrica)
Director General
 
 

México, DF, a 3 de septiembre de 2004.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión
Presentes

En atención al oficio No. CP2R1AE.- 1169, signado el día 21 de julio de 2004 por el C. senador Ernesto Gil Elorduy, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, copia del similar número DEP-1983/04, suscrito el día 26 de agosto último por el C. Humberto Ballesteros Cruz, director general de Enlace Político de la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo por el que se solicita al titular de esa dependencia información relativa al destino del fondo de retención de los trabajadores ex braceros, presentado por el C. diputado Omar Ortega Álvarez.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
 

Tlatelolco, DF, a 26 de agosto de 2004.

Lic. Humberto Aguilar Coronado
Subsecretario de Enlace Legislativo
Secretaría de Gobernación
Presente

Con fundamento en el artículo 16, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicito su intervención para hacerle llegar la respuesta al H. Congreso de la Unión al punto de acuerdo aprobado el 21 de julio del año en curso, en el que la Comisión Permanente, solicita a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Relaciones Exteriores, del Banco de México y de Banrural que remitan a esta soberanía a la brevedad posible la información con que cuenten relativa al destino del fondo de retención de los trabajadores ex braceros."

Al respecto, le informo que:

Respecto a dicho fondo, la Cancillería cuenta con información relativa a diversas demandas pendientes ante Tribunales Federales de Estados Unidos, interpuestas en contra del Gobierno de México por varias asociaciones de ex braceros y trabajadores en lo individual, reclamando el pago de las cantidades supuestamente descontadas a sus salarios durante la vigencia del Fondo de Ahorro Campesino previsto en los llamados Acuerdos Bracero.

Como no escapará de su fina atención, de conformidad con el artículo 13 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, al derivar dicha información de un expediente judicial que aún no causa estado, reviste el carácter de reservada.

No omito mencionar que la intervención de la Cancillería en el litigio de antecedentes se deriva de la facultad reglamentaria de su Consultoría Jurídica de coordinar la defensa legal de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en los litigios que se entablen en su contra ante tribunales extranjeros, según lo previene la fracción III del artículo 11 del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Atentamente
Humberto Ballesteros Cruz (rúbrica)
Director General
 
 
 

DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION, POR EL QUE SE SOLICITA EL PERMISO CONSTITUCIONAL NECESARIO PARA QUE LAS CIUDADANAS GRACIELA ALCÁZAR RIVERA Y CECILIA ARACELI NAVARRETE LABORDE PUEDAN PRESTAR SERVICIOS EN LOS CONSULADOS GENERALES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, Y EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA; Y COMUNICA QUE HA DEJADO DE PRESTAR SERVICIOS LA CIUDADANA PATRICIA YAMEL GARCÍA RAMOS EN EL CONSULADO GENERAL EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

México, DF, a 6 de septiembre de 2004.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión
Presentes

La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a esta de Gobernación, solicitando que se tramite ante el H. Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, para que las personas que se citan a continuación puedan prestar sus servicios al Gobierno extranjero que se menciona:

Nombre: Graciela Alcázar Rivera.
Puesto: Asistente administrativa.
Lugar de trabajo: Consulado General de Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.

Nombre: Cecilia Araceli Navarrete Laborde.
Puesto: Auxiliar de visas.
Lugar de trabajo: Consulado General de Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Por lo anterior me permito anexar, para que se integren en su expediente, copias certificadas de las actas de nacimiento que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas y originales de los escritos en que solicitan que se realicen los trámites correspondientes, así como copias simples de su identificación.

Al mismo tiempo se informa que la persona que se menciona a continuación solicita la cancelación del permiso que le fue concedido para prestar sus servicios al gobierno estadounidense.

Nombre: Patricia Yamel García Ramos
Puesto: Empleada de la Sección de Informática y Comunicaciones.
Lugar de trabajo: Consulado General de Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
 
 
 

DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION, POR EL QUE SE SOLICITA EL PERMISO CONSTITUCIONAL NECESARIO PARA QUE EL CIUDADANO ALBERTO MANUEL CABEZUT MADARIA PUEDA DESEMPEÑAR EL CARGO DE CÓNSUL HONORARIO DE LA REPÚBLICA FEDERAL DEMOCRÁTICA DE ETIOPÍA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON CIRCUNSCRIPCIÓN CONSULAR EN TODA LA REPÚBLICA

México, DF, a 6 de septiembre de 2004.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión
Presentes

La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a esta de Gobernación, solicitando que se tramite ante el H. Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción IV, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el C. Alberto Manuel Cabezut Madaria pueda desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República Federal Democrática de Etiopía en la Ciudad de México, con circunscripción consular en toda la República.

Por lo anterior me permito anexar, original de la carta dirigida al H. Congreso de la Unión con la que el interesado solicita dicho permiso y de la carta de vecindad, copia certificada del acta de nacimiento, así como copias simples de su currículum vitae, de la nota de nombramiento formulada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de dicho país y de su identificación oficial.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
 
 

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Proposiciones

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CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE EXHORTAR A LAS COMISIONES DE ENERGÍA, DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, E INVESTIGADORA DEL DAÑO ECOLÓGICO Y SOCIAL GENERADO POR PEMEX A ACUDIR A UNA REUNIÓN EN LA REGIÓN NORTE DEL ESTADO DE CHIAPAS PARA DETECTAR LA PROBLEMÁTICA SOCIAL Y EL IMPACTO AMBIENTAL QUE DICHA PARAESTATAL GENERA EN LOS MUNICIPIOS CHIAPANECOS, A CARGO DE LA DIPUTADA MARÍA ELENA ORANTES LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

La suscrita, Ma. Elena Orantes López, diputada federal por el estado de Chiapas, del grupo parlamentario del PRI, propone la visita de las Comisiones de Energía, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, e Investigadora del Daño Ecológico y Social Generado por Pemex, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

La explotación del petróleo en nuestro país ha dejado impactos ambientales y sociales muy graves. Desarrollada principalmente en las plataformas marinas y en los humedales del sureste del país, dicha exploración y producción petrolera ha significado el deterioro dramático de ecosistemas de gran diversidad biológica y enorme productividad, así como de la calidad de vida de una numerosa población que vivía de la abundancia de los recursos naturales que les brindaba su entorno.

Pemex actualmente cuenta con instalaciones en los municipios de Reforma, Juárez, Pichucalco, Sunuapa y Ostuacan, en la región norte del estado de Chiapas.

Las obras de infraestructura y las tecnologías inadecuadas para las zonas mencionadas, así como, la explotación acelerada e intensiva, el descuido permanente del ambiente, la falta de mantenimiento y seguridad en las instalaciones y la realización de actividades en ecosistemas extremadamente frágiles, son practicas comunes de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la causa principal del enorme deterioro ambiental provocado por esta empresa en el sureste de México.

Las prácticas destructivas de Pemex han sido posibles gracias a la impunidad con que actúa la paraestatal, a su falta de responsabilidad frente a la sociedad y a la inexistencia de un estado de derecho ambiental eficaz en el país.

Ante la presión social Pemex ha respondido con una política basada en la indemnización a los individuos afectados, eludiendo cualquier compromiso de restauración ecológica o de transformación de sus practicas contaminantes, es decir, en el mejor de los casos se cubre el daño social local, mientras que el deterioro ambiental aumenta hasta llegar a ser irreversible.

La ruta del petróleo es el testimonio público de algunos de los daños causados por Pemex en el sureste del país.

Por tal efecto, sería oportuno la organización de una comitiva integrada por miembros de las Comisiones de Energía, Medio Ambiente y Recursos Naturales e Investigadora del Daño Ecológico y Social Generado por Pemex, para visitar y constatar el grado de contaminación existente causado por la paraestatal en la zona norte del estado de Chiapas.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 93 de la constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos; así como en los artículos 11, 12 y 13, primer párrafo, de la Ley Orgánica; y en los artículos 58, 59, 65, 71, 78 y 79 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ante esta honorable soberanía propongo el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero.- Se solicita a las Comisiones de Energía, Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Comisión Investigadora del Daño Ecológico y Social generado por Pemex una reunión en el estado de Chiapas, teniendo como objetivo el detectar la problemática social y el impacto ambiental que la paraestatal genera en los Municipios chiapanecos de la región norte del estado.

Segundo.- Realizar las acciones legislativas que aseguren un desarrollo sustentable y equilibrado de la zona que beneficie directa e indirectamente a la comunidad nacional.

Por lo antes expuesto solicito a esta Honorable Cámara de Diputados la urgente resolución del presente acuerdo, para que dichas comisiones se reúnan en la región norte del estado de Chiapas, en donde les serán entregados los documentos y testimonios de la problemática de contaminación que existe en los ríos, lagos, potreros y casas de los pobladores del lugar, y verificar los serios problemas de salud que se ven reflejados en la población de este distrito en el estado de Chiapas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 14 días del mes de septiembre de 2004.

Dip. Ma. Elena Orantes López (rúbrica)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR AL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA A DECRETAR LA SUSPENSIÓN DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 00011001-012/04, DENOMINADO ENCICLOMEDIA, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ ADOLFO MURAT MACÍAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El suscrito, diputado José Adolfo Murat Macías, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 93, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta proposición con punto de acuerdo a fin de exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal a instruir al secretario de Educación Pública para la cancelación y reconducción presupuestal del programa Del aula del siglo XXI, denominado Enciclomedia.

Exposición de Motivos

El proyecto Enciclomedia es el programa mediante el cual la Secretaría de Educación Pública prevé instalar en cerca de 22 mil aulas de quinto y sexto grado de primaria, equipo de cómputo, que incluye aulas de estudio con computadora, proyector, muebles para computadora, impresora, fuente de poder y un pizarrón interactivo, todos estos con un valor aproximado de 1,000 millones de pesos en la primera etapa.

La licitación pública internacional No. 0001 1001-012/04 publicada el 8 de julio del 2004, referente a la adquisición de bienes informáticos, muebles para computadora y pizarrones del proyecto enciclomedia no cumplen con lo expresamente determinado por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en los artículos 15, 20 y 27.

Uno de los ejemplos de dichas irregularidades se dio en las descalificaciones técnicas aplicadas por la convocante. De las 101 empresas que se inscribieron, sólo 11 presentaron propuestas formales y de ellas la convocante realizó descalificaciones técnicas en 5, aplicando criterios parciales en el protocolo de pruebas para los pizarrones.

Uno de estos elementos es que se obliga a conseguir un certificado de una compañía de software, Microsoft, por tal motivo, al aparecer esta marca en la licitación la convierte en una condicionante, esto limita la participación libre a otros proveedores de software, violando el artículo 31 de la ley de adquisiciones y el artículo 13 del reglamento de la misma ley, la convocante debió adquirir dicho software por compra directa por derechos de autor.

El programa Enciclomedia es un programa que ensanchará la brecha de desigualdad entre los diversos centros escolares nacionales. Las escuelas primarias tienen hoy en día rendimientos desiguales, y estas diferencias están asociadas a la desigualdad entre distintos tipos de escuelas, en cuanto a infraestructura, a los insumos, al perfil de los docentes que laboran en los centros escolares y a las características propias de las comunidades donde se asientan los mismos.

En México tenemos escuelas que no cuentan con todos los grados escolares, escuelas con goteras, escuelas sin patio recreativo, escuelas sin condiciones salubres en sus baños -cuando hay baños-, escuelas sin pizarrones normales, escuelas sin bibliotecas. Escuelas con múltiples carencias que debieran de resolverse hoy.

Un estudio reciente del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación señala que en las escuelas que tienen sanitarios los estudiantes tienden a alcanzar mayores puntajes de desempeño tanto en español como en matemáticas. Así de simple es la relación positiva del rendimiento con la infraestructura escolar básica, esta relación habla de la precariedad de las condiciones sanitarias en las escuelas a donde acuden las niñas y niños mexicanos. En el mismo estudio se menciona que aproximadamente la mitad de las escuelas rurales, y 37 por ciento de las escuelas indígenas tienen biblioteca escolar, mientras que 60 por ciento de la escuelas urbanas públicas cuenta con biblioteca. Pero lo que es más revelador de este estudio, es lo referente a las salas de cómputo, las escuelas con salas de cómputo, se concentran en las zonas urbanas y son escuelas privadas, el 10 por ciento de las escuelas indígenas y rurales tienen salas de cómputo. Por otro lado el 37 por ciento de las escuelas urbanas públicas y 86 por ciento de las escuelas urbanas privadas cuentan con salas de cómputo. En este mismo estudio se menciona que solo el 21% de los centros escolares tuvo suficientes libros de texto para todos los alumnos. Esta carencia de libros se da principalmente en las zonas rurales.

La política educativa tiene carencias importantes, los objetivos de crecimiento y de necesidad básica son ampliamente conocidos y sin embargo ignorados, por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo establecido por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sea considerado fundado dar trámite a este asunto como de obvia y urgente resolución, me permito someter a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al C. titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación Pública, a fin de que decrete la suspensión del proceso licitatorio de la licitación pública internacional no. 00011001-012/04, convocada por la Secretaría de Educación Pública, del programa Del aula del siglo XXI, denominado Enciclomedia.

Segundo. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a instruir al secretario de Educación Pública, para la reconducción del presupuesto asignado al programa Del aula del Siglo XXI, denominado Enciclomedia, al Programa de Escuelas de Calidad.

Tercero. Se exhorta a la Comisión de Vigilancia y Auditoría Superior de la Federación, a que instruya al Auditor Superior de la Federación realizar una auditoría a la licitación pública internacional No. 0001 1001-012/04 publicada el 8 de julio del 2004, realizada por la Secretaría de Educación Pública, así como al proyecto denominado Enciclomedia.

Dip. José Adolfo Murat Macías (rúbrica)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE LA CÁMARA DE DIPUTADOS EXHORTE AL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA Y AL MUNICIPIO DE TEHUACÁN A DESTINAR LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA DE RIEGO DE LA PRESA VALSEQUILLO, A CARGO DEL DIPUTADO FELIPE DE JESÚS DÍAZ GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El suscrito diputado federal a la LIX Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar ante esta soberanía el siguiente punto de acuerdo bajo las siguientes:

Consideraciones

1.- El pasado martes 12 de noviembre de 2003, presenté ante esta Cámara de Diputados, una propuesta con punto de acuerdo en relación al dren de Tehuacán, también conocido como dren de Valsequillo, el cual se encuentra en la ciudad de Tehuacán Puebla y presenta una gran descomposición y contaminación producto de los asentamientos de empresas y giros comerciales contaminantes del mismo, afectando así el cauce que atraviesa el antes citado y a toda la población que habita en los alrededores de dicho dren.

2.- Siendo una de las causas principales el origen de la proposición que presenté, la afectación en la salud pública que produce esta cuenca hidrológica, se había considerado como un tema prioritario de resolver, así ahora se encuentra en la disyuntiva resolutiva del Gobierno del estado de Puebla y del propio municipio de Tehuacán.

3.- En la fecha de presentación de la anterior proposición, la presidencia de la Mesa directiva dictó el turno a las comisiones unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Recursos Hidráulicos de este recinto legislativo, para que emitieran el dictamen correspondiente en tanto a la liberación de recursos federales del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del presente año, destinados para la Comisión Nacional del Agua y esta los emanara a dicho proyecto.

A pesar que las Comisiones mencionadas de esta Cámara determinaron favorable el dictamen y resolvieron que el proyecto del dren de Valsequillo era viable los gobiernos municipal y Estatal no han ejercido el presupuesto asignado para dicho proyecto.

4.- Así esta Cámara de Diputados ha destinado para la realización de este proyecto la totalidad de 8 millones de pesos, lo cual equivale a casi la mitad del presupuesto requerido para la culminación de esta obra. Otorgándose así la facultad para que sean los gobiernos, municipal de Tehuacán Puebla; y del estado de Puebla, la destinación del restante entre ambas esferas de gobierno, para la culminación del saneamiento del dren de Tehuacán; lo anterior se resume en la determinación de la cifra de 12 millones de pesos entre las dos entidades de gobierno.

5.- Sin embargo, ninguno de los responsables de estos gobiernos han demostrado la voluntad de ejercer el presupuesto correspondiente para la realización del dren de Tehuacán y beneficiar a la población de las comunidades asentadas a lo largo de los 29 kilómetros de longitud que alcanza la corriente de dicho dren, a pesar que los esfuerzos realizados por este Órgano Legislativo Federal han demostrado para resolver el problema erradicado en esta zona.

Uno de los deberes que como representantes de la ciudadanía tenemos, es la fiscalización de los recursos federales, si bien la fracción IV del artículo 74 Constitucional faculta exclusivamente a esta Cámara baja a la discusión, análisis y aprobación del paquete presupuestal o miscelánea fiscal, es nuestra facultad también la de vigilar que esos recursos dotados exclusivamente para proyectos benéficos para la población sean utilizados adecuadamente y para el fin que fueron proveídos.

6.- Es un hecho que la propia Secretaria de Finanzas del gobierno del estado de Puebla, ha declarado mediante el oficio con número 190/2004, dirigido a la Comisión Nacional del Agua, que no cuenta con disponibilidad presupuestal para el citado Programa, es decir, el gobierno del estado al no tener interés en la realización de este proyecto decidió de manera unilateral, transferir la responsabilidad de la aportación de los recursos hacia el municipio de Tehuacán Puebla, quienes han considerado que por el momento no están interesados en participar el proyecto del dren de Tehuacán, omitiendo el trabajo que los legisladores hemos realizado desde este Recinto Legislativo Federal, a pesar del dictamen que en comisiones unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Recursos Hidráulicos, para contemplar el presupuesto hacia la Comisión Nacional del Agua para la realización de el citado proyecto, ahora nos enfrentamos a la apatía e irresponsabilidad de los titulares de los gobiernos estatal y municipal quienes simplemente deciden no estar interesados en la realización de dicho programa.

No hay duda que los titulares de los gobiernos del estado de Puebla y del municipio de Tehuacán, no le han otorgado prioridad alguna al apoyo de la erradicación de los problemas ecológicos ni de salud pública, debido a que el dren de Valsequillo se ha convertido en un problema grave de salud pública, cabe hacer mención que en caso que los recursos no se destinen a la realización de esta obra la Comisión Nacional del Agua posee la facultad de destinarlos hacia la realización de otros proyectos en cualquier entidad federativa.

Por ello compañeras y compañeros les exhorto desde la más alta tribuna de la Nación a ejercer la facultas que nos fue conferida por nuestra Carta Magna y la responsabilidad que hemos demostrado con nuestros representados aprobando este punto de acuerdo que sin duda alguna beneficiará a un sector importante de nuestra población, del estado de Puebla.

Es tiempo que las instituciones posean el reconocimiento que hemos perdido poco a poco y que las leyes y normas se cumplan para poder empezar a construir un estado real de derecho.

El Poder Legislativo federal ostenta una investidura de relevancia y se nos debe de respetar como tal, las decisiones que por consenso tomamos deben ser rígidas hacia las diferentes esferas de gobierno, no podemos ni debemos permitir que las decisiones tomadas por una minoría se sobrepongan a las emitidas por este pleno, el mandato es claro, el proyecto del dren de Tehuacán es prioridad para la sociedad poblana, se han destinado recursos federales para la realización del mismo y no para el beneficio de los que actualmente gobierno el estado de Puebla.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a su consideración la siguiente

Proposición con Punto de Acuerdo

Único.- Que la Cámara de Diputados exhorte al gobierno del estado de Puebla y al gobierno municipal de Tehuacan, Puebla, a otorgar los recursos que les corresponden para la realización del dren de Valsequillo y se utilicen los recursos federales otorgados por esta Cámara de Diputados en la culminación de dicha obra.

Dado en el palacio Legislativo, a trece del mes de septiembre de 2004.

Dip. Felipe de Jesús Díaz González (rúbrica)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE CONDENA EL ATENTADO TERRORISTA OCURRIDO EN BESLAN, RUSIA, QUE DEJÓ UN SALDO DE 338 MUERTOS Y MÁS DE 200 DESAPARECIDOS, A CARGO DEL DIPUTADO JORGE MARTÍNEZ RAMOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El legislador suscrito, Jorge Martínez Ramos, integrante del grupo parlamentario del PRD, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar ante esta soberanía una proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

Más de 200 personas desaparecidas, cientos de heridos y 338 personas, entre ellas 156 niños, han perdido la vida a raíz del asalto que perpetró un comando terrorista el pasado 1º de septiembre a una escuela primaria y secundaria en Beslan, para tomar como rehenes a cientos de mujeres y niños, en un deleznable acto cuyo objetivo se dice, fue el de presionar al gobierno ruso para que reconozca las demandas independentistas de grupos chechenos.

El atentado se da en el marco de una situación altamente confusa, bajo la cuál, aunque es imposible calificar o establecer responsabilidades, si podemos y debemos afirmar que el saldo de muertos, heridos y desaparecidos y la forma siniestra en que se dio el fatal desenlace de este conflicto, hablan sin lugar a dudas de una inconcebible inhumanidad, que duele en la conciencia de todos nosotros.

La tremenda violencia implicada en el atentado, así como la vulnerabilidad del objetivo elegido por los terroristas, nos obliga a reflexionar acerca de la composición de las relaciones humanas, étnicas, nacionales e internacionales. La fragilidad de la paz, es la de todos nosotros, por ello continuamos expuestos a acciones y reacciones igualmente irracionales, que en muchos casos terminan por enquistar el odio y el terror en la vida de los pueblos.

La tragedia ocurrida en Beslan, pone nuevamente en el centro del debate internacional las contradicciones y conflictos que prevalecen entre las naciones y aún dentro de ellas, de manera que se ha abierto de forma preocupante, un camino cada vez mas amplio para la imposición de los escenarios fabricados, ya sea por el terrorismo de cualquier nacionalidad y causa, como por las respuestas conservadoras a que dan lugar, cuya tendencia es, en el mejor de los casos, reaccionar suprimiendo las libertades civiles de la población o generando las mas aterradoras represiones, en el peor.

Por ello, propongo ante esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único: La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, condena enérgicamente el brutal atentado de que fueron objeto cientos de mujeres, hombres, jóvenes y niños, así como el fatal desenlace de estos hechos que ha dejado un doloroso saldo de muerte y terror en Beslan, Rusia. Al mismo tiempo, expresa sus sentidas condolencias a las familias que han sido víctimas de estos atentados y al propio pueblo de Rusia.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de septiembre de 2004.

Dip. Jorge Martínez Ramos (rúbrica)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR A LA SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTES Y A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL UN INFORME URGENTE DE SI LA EMPRESA LÍNEAS AÉREAS AZTECA HA CUMPLIDO LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS AL SOLICITAR LA PRÓRROGA DE SU CONCESIÓN, A CARGO DEL DIPUTADO JESÚS GONZÁLEZ SCHMAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA

El que suscribe, diputado Jesús González Schmal, integrante del grupo parlamentario de Convergencia, Partido Político, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de la República, somete a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo, conforme a los siguientes

Considerandos

Con base en los informes ejecutivos de verificación técnico-administrativa de los años 2003 y 2004 (que adjunto a la presente) practicados a Líneas Aéreas Azteca por la Dirección General de Aeronáutica Civil, en las cuales se repiten observaciones sin que se hayan corregido, lo cual es alarmante puesto que pone en riesgo los vuelos y -por tanto- a los pasajeros de esa línea.

En la estructura organizacional no hay director de Seguridad Aérea, de Operaciones, de Administración y Finanzas ni de Comercialización y Planeación Estratégica.

Están trabajando en los límites mínimos de mantenimiento, sin refacciones, el personal no está calificado ni recibe cursos de actualización.

Sus trabajadores denuncian terrorismo laboral, falta de capacitación, abusos en las jornadas laborales de las tripulaciones y los mecánicos y piden la intervención de la autoridad antes que suceda un accidente.

El terrorismo laboral hace que los trabajadores estén sujetos a mucha presión y por esto se tomen decisiones equivocadas que también ponen en riesgo las operaciones.

En esas condiciones, la aerolínea solicitó y obtuvo una prórroga de la concesión por otros 15 años, adquiriendo compromisos que no ha cumplido.

Tienen un pasivo de 650 millones de pesos, de los cuales corresponden al Estado los siguientes: a Seneam 62 millones, al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 23 millones y a Aeropuertos y Servicios Auxiliares 15 millones.

El problema de que una línea aérea caiga en dificultades financieras está en que sus procesos de mantenimiento puedan relajarse y esto pone en alto riesgo las operaciones.

Por ejemplo, el 21 de julio de 2004, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México despegando en medio de una tormenta el vuelo de Aerocalifornia con destino a Durango se desplomó en la pista, rompiéndosele el tren de aterrizaje debido al fuerte impacto contra el terreno y quedando entre las dos pistas, lo que causó un cierre del aeropuerto y la cancelación y demora de más de 150 vuelos. De ese evento, la autoridad aeronáutica no ha dado ningún resultado de la investigación. Los pasajeros del vuelo anterior de ese avión dijeron que el mismo venía fallando desde el aeropuerto de Mérida. La trascripción de la grabadora de voz no indica ninguna situación anormal, sólo el nerviosismo de una tripulación que va a despegar con una tormenta sobre el aeropuerto.

En los dos accidentes ocurridos en Chechenia, la autoridad aeronáutica dictaminó que fue por terrorismo en menos de 48 horas. La Dirección General de Aeronáutica Civil de México en 50 días no ha podido o no ha querido dar ningún resultado de la investigación.

Si en investigar se tardan tanto, ¿cuánto tiempo les tomará dictaminar que los aviones de algunas aerolíneas no están dentro de la norma de seguridad?

¿Debemos esperar a que se repita la historia, esta vez quizá con algunos muertos, para actuar?

En esas condiciones, cabe preguntar: ¿por qué no actúa la autoridad?

¿Qué está haciendo la autoridad (Subsecretaría de Transportes y Dirección General de Aeronáutica Civil) para reducir los riesgos de accidentes en esta línea aérea?

Por consiguiente, solicito la aprobación del siguiente:

Punto de Acuerdo

Que la Comisión de Comunicaciones se sirva requerir la siguiente información:

1. Solicitar a la Subsecretaría de Transportes un informe urgente de si Líneas Aéreas Azteca ha cumplido los compromisos adquiridos al solicitar la prórroga de su concesión en los términos en que fue autorizada. Si no se han cumplido, ¿qué está haciendo la autoridad para que se cumplan? ¿Por qué les concedieron la prórroga de la concesión si no cumplen los supuestos de la Ley de Aviación Civil y la normatividad vigente?

2. Solicitar a la Dirección General de Aeronáutica Civil un informe urgente de qué está haciendo esa autoridad para reducir el riesgo de un posible accidente en Líneas Aéreas Azteca.

Dip. Jesús González Schmal (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE EN LA AGENDA DE LOS TEMAS ESTRUCTURALES PRIORITARIOS SE INCORPORE EL CORRESPONDIENTE A LA RECTORÍA DE LAS AGUAS NACIONALES, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ RANGEL ESPINOSA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

José Rangel Espinosa, en su carácter de diputado de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo, como asunto de urgente y obvia resolución, para que se incorpore en la agenda de los temas estructurales prioritarios el que corresponde a la rectoría de las aguas nacionales, con base en las siguientes

Consideraciones

Primera. Es incuestionable que el tema del agua que se utiliza para el consumo humano y animal, así como para la agricultura y otras muchas actividades productivas, es un tema prioritario a considerar en la agenda a los que con urgencia hay necesidad de avocarse, dentro de los llamados estructurales, pues a nadie es ajena la crisis por la que la Nación ya atraviesa para dar abasto suficiente y adecuado a la creciente demanda, motivada en muchos casos por su irracional uso.

Segunda. Resulta también irrebatible que no se ha dado el tratamiento adecuado a esta materia, no obstante que reviste una importancia, sin duda alguna, por encima de la que tiene cualquier otro recurso natural y que, si no se toman medidas urgentes y eficaces, sin eufemismo alguno, en muy pocos años estaremos muriendo seres racionales e irracionales, por la carencia del vital líquido.

Tercera. Que nunca se han asignado a este recurso vital los medios suficientes para que el Estado diseñe el plan y busque el logro de los resultados sociales y económicos a que se contrae esta proposición.

Cuarta. Algunas entidades federativas y municipios han iniciado procesos novedosos y eficientes para atender la problemática que enfrentan relacionada con el Agua, esfuerzos muy plausibles, pero que al ser aislados reducen sus impactos y beneficios.

Quinta. La Comisión de Recursos Hidráulicos de esta honorable Cámara de Diputados tomó el acuerdo, del que se agrega copia a la presente iniciativa, de solicitar a la junta de coordinación política la inclusión del tema del agua en la agenda de reformas estructurales.

Por lo expuesto, se propone como de urgente y obvia resolución el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se determina que la rectoría del agua tenga el tratamiento de tema estructural prioritario y, para el efecto, se realicen las reformas que sean necesarias, tanto presupuestales como en el conjunto de normas jurídicas, así como en la organización de las entidades públicas, mixtas o de los ciudadanos concurrentes.

Segundo. Se instruye a la Comisión de Recursos Hidráulicos de la honorable Cámara de Diputados para que consulte a la sociedad mexicana, prepare los proyectos consensuados, dictamine y proponga al pleno de la misma, los mandatos necesarios para que el Estado Mexicano cuente con los instrumentos suficientes y eficientes para regir el tema del agua.

Tercero. Se aprueba el punto de acuerdo en términos de asunto de urgente y obvia resolución.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2004.

Dip. José Rangel Espinosa (rúbrica)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR A LAS LEGISLATURAS LOCALES A QUE LOS MUNICIPIOS DE SUS ENTIDADES FEDERATIVAS ELABOREN PROGRAMAS DE PLANEACIÓN MUNICIPAL DE LARGO PLAZO, A CARGO DEL DIPUTADO RAMÓN GALINDO NORIEGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, concurro a ésta Honorable Asamblea a solicitar sea turnada la presente proposición con punto de acuerdo que exhorta a las legislaturas locales a que los municipios de sus entidades federativas elaboren programas de planeación municipal a largo plazo, a la instancia correspondiente de ésta Honorable Cámara de Diputados, a fin de exponer lo siguiente
 

Exposición de motivos

Nuestro régimen constitucional contempla al municipio como la base de la división territorial y de la organización política y administrativa de los estados de la Federación. El municipio es la sociedad política primordial, el primer escaño de nuestra democracia.

Constitucionalmente es responsable de ofrecer múltiples servicios públicos altamente visibles y cotidianos a la vida diaria de los gobernados, pero es también un espacio público donde se concilian los intereses de los ciudadanos para alcanzar el desarrollo político, económico y social en la célula esencial del pacto federal.

Todo gobierno que desee subsistir, debe hacer un esfuerzo en el ámbito político que sea consciente, deliberado y sistemático para señalar los objetivos nacionales, estatales o locales, seleccionando los medios más eficientes para alcanzarlos en un plazo determinado. Todo gobierno debe tener un enfoque prospectivo de la realidad que esta orientando. Este esfuerzo es denominado planeación.

En este sentido, la planeación por previsión constitucional goza de una naturaleza democrática que procura atraer a todos los sectores sociales a una concordancia respecto a la conducción de las decisiones públicas para orientar el desarrollo en los años por venir.

Lo anterior, encuentra su fundamento jurídico en el artículo 26 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el cual se establece que:

"... La planeación será democrática. Mediante la participación de los diversos sectores sociales recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo". En consecuencia, la planeación democrática debe formularse y desarrollarse legislativa y administrativamente para beneficio de todos los sectores que forman la sociedad. Dicha planeación no sería democrática sino demagógica o populista si sólo se dirigiese a los sectores mayoritarios de la población sin comprender las minorías que también la integran.

Es plausible que en el párrafo segundo de dicho artículo 26 constitucional se prevea la participación de los diversos sectores sociales en la elaboración de los planes y de los programas de desarrollo, debiendo, la legislación secundaria prevenir y ordenar dicha participación plurisocial.

Asimismo, desde la reforma constitucional que estableció la Planeación Nacional y Regional del Desarrollo, los municipios se han sumado a estos esfuerzos, expidiendo planes municipales de desarrollo en concordancia con lo establecido por el artículo 115, fracción V, inciso c) el cual señala:

"Los municipios, en los términos de las leyes federales y estatales relativas, estarán facultados para: Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar en concordancia con los planes generales de la materia. Cuando la Federación o los estados elaboren proyectos de desarrollo regional deberán asegurar la participación de los municipios".

Es de notarse que en este mismo artículo se enumeran los servicios públicos que corresponde prestar a la esfera del gobierno municipal para garantizar el desarrollo de las pequeñas comunidades y atender las necesidades de su población de manera más cercana e inmediata.

Así pues, los empeños de todas las instituciones públicas deben estar puestos en la mejor y más expedita atención de los ciudadanos, en este sentido, resulta indispensable la concordancia y coordinación de la planeación municipal con los programas estatales y federales, no solamente para no invadir y traslapar competencias, sino para otorgar los medios más eficientes y efectivos para el desarrollo de los gobernados.

Es por tanto, de fundamental trascendencia que para garantizar el desarrollo nacional, los gobiernos locales tengan una clara y abierta comunicación con los gobiernos estatales y federal para que la coordinación de sus esfuerzos resulte benéfica para la sociedad y no degenere en una serie de acciones erráticas justificadas en el desarrollo.

Los municipios conociendo sus atribuciones establecidas en el 115, deberán colaborar realizando las labores pertinentes y que estén en concordancia para producir el desarrollo proyectado. Esto quiere decir, que si la planeación nacional establece líneas generales de gobierno para fomentar el desarrollo, los planes estatales a su vez deben hacer más específicos los objetivos nacionales en concordancia con las características propias en la entidad, sus fortalezas y debilidades dadas sus singularidades geográficas, poblacionales y productivas.

Cada municipio deberá estar en disposición de coadyuvar al desarrollo nacional mediante la atención específica de su gobierno a las tareas que se ven favorecidas en la región y que estimulan el crecimiento productivo nacional, pero al mismo tiempo estarán en condiciones de conservar su autonomía y el sentido de su gestión, atendiendo también de manera especial sus debilidades, entendiendo sus principales aspectos a desarrollar motivados en el conocimiento de las necesidades y problemas de su población y el subsecuente diseño de una estrategia de largo plazo para abatir los obstáculos del desarrollo y con esto generar las condiciones necesarias para el crecimiento y una vida digna de los integrantes de su comunidad.

Todo lo anterior lo encontramos en concordancia con lo establecido en la Ley de Planeación, cuando en su artículo segundo, fracción V establece lo siguiente:

"Articulo 2°. La Planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo integral y sustentable del país y deberá tender a la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales y económicos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para ellos, estará basada en los siguientes principios:

I-IV (...)

V. El Fortalecimiento del pacto federal y del municipio libre, para lograr un desarrollo equilibrado del país, promoviendo la descentralización de la vida nacional..."

Es justamente aquí donde la planeación se convierte en una herramienta sumamente útil, no solamente en términos prospectivos y operativos para un gobierno local, si no en un instrumento de gobernabilidad democrática que sintetiza, y transparenta las decisiones y acciones de los ayuntamientos en concordancia con las necesidades y anhelos de los gobernados.

Asimismo, al respecto de la planeación estratégica a largo plazo dos ciudades se han destacado por sus esfuerzos ciudadanos para proyectar recientemente la visión que tienen para su desarrollo en los años por venir. En ambos casos (Puebla hacia el 2031 y Plan Estratégico Juárez), destacan los extensivos diagnósticos fundamentados en los indicadores estadísticos que aquí reproducimos, aunados a la expresión de sus consultas ciudadanas realizadas mediante foros y/o encuestas auspiciadas y fomentadas en parte por los gobiernos locales en colaboración con instituciones civiles y centros de educación.

La riqueza de estas relaciones de colaboración permitió ya demostrar que la sociedad en su conjunto puede elaborar un proyecto inclusivo de lo que quiere alcanzar para su localidad en los próximos años. Un proyecto, en buena medida marginado del partidismo político y que puede representar aspiraciones de mas largo alcance que la coyuntura electoral.

En términos generales se ha establecido que la planeación incluye los siguientes elementos:

La identificación de una organización o institución que implemente el plan. Un plan es un esquema para la acción que debe establecer el curso de acción de una persona o una institución.

Estima todas las condiciones de certidumbre e incertidumbre, para pensar en lo posible y lo deseable.

La probabilidad de una consecución de eventos es preponderante para determinar el curso de acción.

La improbabilidad o la incertidumbre relativa es una condición igualmente aceptable, pero de baja utilidad en términos operativos en la construcción de un plan.

Habrá que tomar en cuenta los riesgos y correrlos cuando sea necesario, pero la acción debe basarse en la mayor medida en los hechos.

La planeación es un proceso intelectual por naturaleza.

Una característica fundamental de la planeación debe ser la flexibilidad en los medios para alcanzar los objetivos; así pues una de las consideraciones más recientemente adoptadas es dividir la planeación en plazos de cumplimiento de acciones concretas o proyectos enteros.

Esta planeación a largo plazo estima todas las tendencias futuras con varios años de anticipación, evaluando el mayor número de condiciones al presente. Permite diseñar estrategias para atender los problemas y necesidades que se esperan entre los próximos 20 y 50 años.

La planeación a mediano plazo normalmente cubre un periodo de 5 a 20 años y es más práctica pues cuenta con estimaciones más precisas de las tendencias a presentarse en los próximos años, dadas las condiciones tecnológicas y demográficas esperadas. Estos planes reflejan de manera más fiel, lo que esta sucediendo y lo que se pretende cambiar o conservar con políticas específicas.

La planeación a corto plazo en cambio, normalmente cubre un periodo de entre 1 y 5 años y tiene sus posibilidades restringidas a programar actividades muy específicas y de rápida operación, con el objetivo primordial de promocionar y publicitar estos trabajos. Cubre solamente el futuro inmediato y los detalles ligados a un año fiscal sin poner demasiada atención a todo el conjunto de necesidades, ya que debe ajustarse a los recursos disponibles o el asignado anualmente.

Así pues, la planeación estratégica es generalmente una herramienta que nos permite proyectar una visión de futuro, ordenando y orientando nuestras acciones al cumplimiento de una serie de metas y objetivos para alcanzar finalmente nuestra visión. Es importante destacar entonces que la característica central de una visión de futuro es que esta proyectada a varios años y requiere esfuerzos y reorientaciones a lo largo del camino para que pueda realizarse. Su principal ventaja entonces es que es flexible en cuanto los medios pertinentes a emplearse para ser alcanzada, pero su principal restricción es el acuerdo en el objetivo mismo.

Por mandato constitucional, es requisito para la integración de un plan de desarrollo la consulta a todos los sectores sociales mediante foros convocados por las autoridades para conocer la opinión de los gobernados, lo que a su vez puede ser reforzado con otros instrumentos como encuestas y sondeos de opinión. Por lo que en definitiva la construcción de una visión a futuro amerita un cuidadoso estudio, la fijación de un plazo para cumplir la meta no menor a 20 años y no mayor a 50, para poder proyectar consistentemente y la inclusión de todas la corrientes políticas para fortalecer la base de este acuerdo de cooperación.

Para construir planes con visión estratégica necesitamos primero proyectar una visión de futuro que oriente las acciones que pretendemos realizar para materializarlos. Una visión de futuro, definido en términos muy simples es una imagen de la realidad deseada, construida desde una perspectiva lo más objetiva posible, es ideal que queremos construir mediante las acciones que estamos dispuestos a realizar.

Así pues una visión de futuro debe responder a las siguientes 5 preguntas:

1. ¿Qué tipo de sociedad queremos alcanzar con las acciones de gobierno que vamos a emprender?
2. ¿De qué recursos disponemos y con quienes contamos o esperamos contar para construir esta sociedad?
3. ¿Cómo pretendemos materializar nuestra misión y que plazo estamos fijando para ello?

4. ¿Porqué queremos alcanzar la visión y los objetivos señalados y no otros?
5. ¿Para qué programamos la agenda de gobierno más allá del periodo trienal?

Para la integración de un diagnóstico municipal el ayuntamiento debe cerciorarse primeramente de recabar la mayor cantidad de datos estadísticos que le sean característicos a su demarcación; por lo que recomendamos 3 áreas en las que deben de centrar su análisis para conocer de la forma mas completa las condiciones actuales con las que se enfrenta su municipio.

Sobre las características particulares del territorio, es conveniente conocer acerca del clima, la topografía y orografía del municipio.

1) Aspectos geográficos y sociales Sobre las singularidades al respecto de su población, es importante tener contabilizado su número de habitantes, estimar la tasa de crecimiento poblacional, su promedio de edad, su tasa de mortalidad y su esperanza de vida, los grupos étnicos que tienen presencia en el municipio, las lenguas que se hablan entre estas comunidades, su índice de analfabetismo y su índice de escolaridad promedio que permitirá hacer proyecciones acerca del tipo de población se estará atendiendo en los años por venir. 2) Actividad económica y calidad de vida Al respecto de la actividad económica es pertinente conocer su aportación en términos absolutos al PIB estatal y nacional, una división sectorial de las aportaciones al PIB municipal, el PIB per cápita municipal, la productividad por trabajador, su base industrial y comercial y sus exportaciones manufactureras, para conocer de sus fortalezas productivas. Asimismo los niveles de ingreso y gasto de su población, los índices de desempleo y las participaciones federales que recibe por ramos para conocer como están etiquetados sus recursos y como se puede hacer que rindan más, capacitando y promoviendo a los sectores productivos.

Asimismo es conveniente hacer estimaciones sobre condiciones generales de la calidad de vida de la población, tales como la cobertura sobre los servicios de agua, alumbrado público, drenaje, salud, vivienda y educación como parte de la seguridad social de los gobernados.

3) Procuración de justicia Para evaluar la seguridad pública y la procuración de justicia, los ayuntamientos deben igualmente diseñar algún sistema de indicadores que los posibilite a realizar un diagnóstico en este sensible y urgente tema de la agenda nacional, tomando en cuenta los delitos de mayor incidencia, los delitos que más se denuncian, el número de denuncias, el número de consignaciones y las reincidencias, para hacer un estimado de la población relacionada con actividades ilícitas para focalizar los esfuerzos de los cuerpos de seguridad. Con el fin de que este trabajo sirva al reforzamiento del Estado de Derecho y cumplimiento de la ley, estimamos pertinente realizar también sondeos (con grupos independientes al gobierno) donde se recoja la impresión de la ciudadanía al respecto de su confianza en las autoridades y para ubicar las áreas de corrupción que aún perciben.

Gran parte de esta información puede ser encontrada en bases de datos digitales de dependencias federales, estatales o en organismos independientes tales como: INEGI, Inafed, AMMAC, Indetec, CESEM.

Una vez obtenidos los datos estadísticos, el ayuntamiento debe procesarlos y darles sentido utilizando alguna herramienta de análisis estratégico. Un análisis FODA, por ejemplo, permite a un ayuntamiento conocer y mapear su situación estratégica tomando como referencia (asignando valores numéricos) a sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.

Para llevar a cabo una labor como esta, el ayuntamiento puede valerse de su personal calificado en esta materia o puede consultar a cualquier institución u organización capacitada; para cumplir con este mismo objetivo es también recomendable que los gobiernos estatales cuenten con un equipo preparado para atender esta demanda en los casos de los municipios mayormente desfavorecidos en sus recursos técnicos y financieros.

Por último, el ayuntamiento debe tomar en cuenta la opinión a su población mediante foros de consulta; donde abra el espacio a propuestas ciudadanas para el perfeccionamiento de la prestación de los servicios públicos y los programas de gobierno, con lo que se procura estar en concordancia con las aspiraciones democráticas y participativas de la elaboración de un plan municipal de desarrollo.

Una vez establecida una visión de futuro, lo siguiente es determinar de manera clara la misión de la agencia que encabece el desarrollo de esta visión, que en este caso es el ayuntamiento; quien está encargado de sintetizar en esta parte sus facultades y responsabilidades, proyectando el desempeño que espera desenvolver para alcanzar los objetivos que han sido establecidos en la visión de futuro.

A continuación, la visión y la misión del plan estratégico se clarifican cuando se dan a conocer los valores que se han identificado en el centro de la sociedad como los rectores de los anhelos del tipo de sociedad y gobierno al que se quiere llegar en los años por venir.

Enlistarlos y definirlos operativa y brevemente proporcionará un mejor sentido de la razón que deben seguir las decisiones públicas para ajustarse a la voluntad de la población, posibilitando la construcción de líneas generales de acción para alcanzar objetivos mas específicos y flexibles de acuerdo a las condiciones cambiantes del entorno, pero que estén igualmente en concordancia con aquellas prioridades de desarrollo que fueron determinadas en los diagnósticos.

En este proceso el ayuntamiento deberá poner especial atención a que la definición de valores esté en concordancia a la Constitución, sus leyes secundarias y el Plan Nacional de Desarrollo, velando especialmente por inclusión de aquellos que le sean comunes a la sociedad cuidando que ninguno promueva la no exclusión, la discriminación o el detrimento cultural de ningún sector minoritario.

Una vez establecida la visión, la misión y los valores del plan; todas las recomendaciones ciudadanas, así como objetivos de gobierno deben sintetizarse en una serie de ejes de desarrollo, que engloben por temas los problemas y espacios públicos sobre los que se pretende incidir con las políticas de gobierno.

De alguna manera la idea en este punto es hacer paquetes de programas, donde se establezca un eje rector a desarrollar (es decir una meta general) para todos los esfuerzos que se hagan sobre esta materia, de acuerdo con las prioridades que distingan los ayuntamientos en concordancia con lo expresado de la población. Así pueden citarse como ejes de desarrollo muy generales; el social, económico y productivo, cultural y deportivo, de asentamientos humanos, ecológico, obra pública, así como modernización administrativa y atención a la población.

Después de englobar los grandes temas de desarrollo es pertinente que dado el diagnóstico en el plan, sean revisados cada uno de los servicios adscritos a cada eje de desarrollo y se determinen líneas de acción mucho más específicas, para cumplir con objetivos claros, medibles y posibles establecidos a corto, mediano y largo plazo.

Desde un punto de vista administrativo, sugerimos que existen estrategias y experiencias muy valiosas para abordar la acción pública, de esta manera la alternancia administrativa en los gobiernos municipales no debe implicar una reinvención y reingeniería de gobierno caprichosamente, sino solamente cuando mediante un diagnóstico se justifique ante la sociedad como necesario.

Así pues sugerimos también que las administraciones en turno estén en su inalienable derecho de establecer los objetivos específicos de su administración, sin quitar la mirada de un programa a largo plazo y una serie de metas a mediano plazo a atender de acuerdo a la voluntad de la población explicitada de manera mas general en el plan y específica en su mandato en las urnas, de tal forma que sean las tácticas y no todo el proyecto de sociedad el que se modifique con la alternancia en el gobierno cada tres años.

Finalmente para que un plan estratégico esté completo debe contar con un sistema de seguimiento y control, que le permita medir los alcances obtenidos de sus políticas y programas de forma objetiva mediante indicadores cuantificables y de conocimiento público.

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículo 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar a esta H. Asamblea el siguiente:

Punto de acuerdo

Primero. Se exhorta a las legislaturas a que impulsen la planeación en los municipios integrantes de las entidades federativas correspondientes, para que cada región oriente su desarrollo con visión a largo plazo de acuerdo a sus necesidades, capacidades y potencialidades a fin de maximizar los recursos humanos, materiales, intelectuales y culturales de la localidad evitando la dispersión de sus esfuerzos y la duplicidad de funciones con otras agencias e instituciones públicas y privadas.

Está planeación tomará forma a través de programas de planeación municipal estratégica a largo plazo, (entendiéndose el largo plazo como un periodo mayor a 20 años) con el objeto de promover el desarrollo regional e integral de la nación, a partir del esfuerzo local, con un aprovechamiento racionalizado, consensuado y sustentable.

Segundo. Los planes de desarrollo municipal a largo plazo, deberán ser elaborados de forma integral, atendiendo a cuestiones de seguridad pública, educación, economía, impartición de justicia, participación ciudadana, medio ambiente, y todos aquellos aspectos del desarrollo que sean del interés de las localidades, sin que esto sea limitativo de manera alguna.

Tercero. La elaboración del plan de desarrollo municipal a largo plazo deberá ser democrática, en la que se garantizará la participación de los diversos sectores sociales al menos a través de consultas ciudadanas realizadas mediante foros y/o encuestas auspiciadas y fomentadas en parte por los gobiernos locales en colaboración con instituciones civiles y centros de educación, sin por ello limitar cualquier instrumento que el gobierno considere pertinente para tomar en cuenta todas las consideraciones de su ciudadanía. Cuando se trate de municipios que cuenten con población indígena, se deberá atender a los términos establecidos por el artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que se promuevan las manifestaciones culturales de estos pueblos, y se enriquezcan los planes de desarrollo con los valores y hábitos inherentes a sus tradiciones.

Cuarto. Siguiendo las recomendaciones enunciadas en la exposición de motivos un plan municipal de desarrollo con visión estratégica a largo plazo deberá integrarse mismamente con los siguientes elementos:

Diagnóstico
Visión
Misión
Valores
Ejes del desarrollo
Líneas de acción
Objetivos específicos
Sistema de seguimiento y control con acceso al público Quinto. Para auxiliarse en el proceso de elaboración del plan municipal de

desarrollo a largo plazo, esta Honorable Asamblea hace una recomendación especial para que los ayuntamientos desarrollen relaciones de colaboración y tomen consejo de la Asociación Mexicana de Institutos Municipales de Planeación, AC.

El objeto de dicha vinculación cumpliría con tres disposiciones de crucial importancia para esta soberanía:

1. Garantizar que los diagnósticos sobre las condiciones de los municipios estén técnicamente bien integrados y que correspondan con la realidad que día a día enfrentan los ciudadanos.

2. Fomentar que las metas y objetivos enunciados en el plan estén orientados técnicamente a concretar las aspiraciones de la población, minimizando cualquier sesgo partidista o sectario que pretenda excluir de la visión del desarrollo a cualquier punto de vista.

3. Vigilar que el cumplimiento de los objetivos estratégicos y de largo alcance no sean descuidados con la renovación de autoridades y servidores públicos en el ayuntamiento.

Sexto. Asimismo, para promover la transparencia e independencia en la gestoría de estos planes municipales de desarrollo a largo plazo, se sugiere también que sean estos propios institutos municipales de planeación, quienes operen de manera pública un sistema de seguimiento y control de acuerdo a sus parámetros técnicos, rindiendo informes de los resultados de sus evaluaciones a la sociedad en su conjunto de manera anual, utilizando como vías publicitarais a todas las instituciones u organizaciones representativas que en la demarcación se encuentren (al cabildo, los partidos políticos, las asociaciones civiles y los medios de comunicación).

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión en los Estados Unidos Mexicanos, a los 14 días del mes de septiembre del año 2004.

Dip. Ramón Galindo Noriega (rúbrica)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR A LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO, CONGRESOS LOCALES, AUTORIDADES DEL SECTOR AGUA, ORGANISMOS OPERADORES, ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES, EMPRESAS, ORGANIZACIONES SOCIALES, INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y SOCIEDAD EN GENERAL A PROMOVER PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES A FIN DE CAPTAR, TRATAR, ALMACENAR Y APROVECHAR EL AGUA DE LLUVIA PARA USO POTABLE Y EN ACTIVIDADES SECUNDARIAS EN LAS REGIONES Y COMUNIDADES DEL TERRITORIO NACIONAL, A CARGO DEL DIPUTADO ALBERTO JIMÉNEZ MERINO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

No sé si las cosas no se han intentado
porque sean difíciles o son difíciles
porque no se han intentado.

Séneca

El suscrito, legislador federal de la LIX Legislatura, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política, así como 39 y 45, numeral 6, incisos f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General, presenta la siguiente propuesta, para exhortar a los tres niveles de gobierno, congresos locales, autoridades del sector agua, organismos operadores, organizaciones no gubernamentales, empresas, organizaciones sociales, instituciones educativas y sociedad en general a promover programas, proyectos y acciones para captar, tratar, almacenar y aprovechar el agua de lluvia para uso potable y en actividades secundarias en las regiones y comunidades del territorio nacional donde sea necesario y posible, con las siguientes

Consideraciones

El agua por ser un elemento indispensable para la vida, tiene funciones muy relevantes en la generación de riqueza para la sociedad. Su disponibilidad reducida, genera la pobreza que está rebasando ya las frágiles líneas que dividen la estabilidad y la gobernabilidad con las situaciones de tensión y conflictos sociales.

El agua dulce, es sólo una mínima parte del agua disponible en el mundo. Sólo 2.5% del total existente en el planeta es de tipo dulce, pero más de dos terceras partes de ésta, se encuentran en los polos en forma de hielo o en el subsuelo de donde es muy difícil sacarla.

Aunque la seguridad pública, el empleo, la electricidad, la pavimentación de calles y carreteras, la construcción de guarniciones y banquetas son preocupación de nuestra gente por ser necesidades inmediatas, el agua es el problema más sentido en nuestro tiempo, porque la disponible se va disminuyendo y no hay, por su alto costo, suficientes proyectos de recarga de acuíferos, desalinización del mar, tratamiento y reutilización de aguas residuales.

Sin agua es imposible desarrollar actividades productivas, crear empleos y generar ingresos para la población en el medio rural y urbano. No se puede planear ninguna acción si no se garantiza la disponibilidad de agua.

A nivel nacional sólo el 88% de la población cuenta con agua entubada; 12 millones de mexicanos aún carecen de este servicio de agua potable, pero tampoco la tienen en sus manantiales, bosques ni terrenos, porque éstos se han ido deteriorando. A pesar del insustituible papel que desempeña el agua, pocos economistas son concientes de la relación entre el agua, la riqueza y la economía.

De acuerdo con la Semarnat, México recibe anualmente 1,528 km3 de agua, pero 1,106 km3, el 73%, se pierde por evaporación. Del total disponible, 422 km3, aproximadamente 397 km3 escurren y 75 km3 se acumulan en acuíferos. La capacidad de almacenamiento nacional es de 150 km3 por lo que 247 km3 del agua disponible anualmente se van al mar sin beneficio para las comunidades.

La disponibilidad de agua por habitante/año ha variado de 31,000 m3 en el año 1910 a 4,841 m3 en el 2000 y se reducirá a 3,750 m3 en el año 2020.

La población mundial es actualmente de 6,300 millones de personas; para el año 2025 esta población será de 9,000 millones de personas; 1,200 millones beben actualmente agua no potable.

Al menos 50 millones de mexicanos asentados en 297 ciudades disponen de poca o muy poca agua; en 63 de las 113 localidades. La escasez de agua ocurre en 80 países; 1,100 millones de personas no tienen acceso al agua en el mundo y 50% viven en 31 países sometidos a escasez. Se estima que la escasez de agua afecta ya a 3,000 millones de seres humanos.

Las mujeres y los niños son los que más sufren por la falta de agua, ya que son los encargados de buscarla y acarrearla, a veces desde varios kilómetros, invirtiendo hasta 5 horas diarias. En 8 años los latinoamericanos con problemas de agua aumentarán de 78 millones a 155 millones, y el género femenino concentrará al 80% de los perjudicados.

El 80% de las enfermedades y más del 33% de las muertes en los países en desarrollo están relacionadas con la falta de agua. Cada 8 segundos muere un niño y cada año más de 5 millones de personas fallecen por dolencias relacionadas al consumo y falta de higiene.

Como un ejemplo de la drástica disminución de la cantidad de agua en el Valle de Toluca, en 1953 la profundidad de los pozos en la Ciénega de Lerma era de 4 m y en el 2003 era de 70 m. En la Ciudad de Toluca ésta era de 7.5 m y 100 m para los mismos años.

El abasto de agua para la población proviene actualmente de aguas superficiales y subterráneas, como las únicas aguas nacionales reconocidas por el artículo 27 Constitucional. Sin embargo, la fuente más directa e inmediata de agua es la lluvia.

Desafortunadamente, ni el sistema educativo, ni la Ley de Aguas Nacionales, ni los programas hidráulicos nacionales han considerado el aprovechamiento de esta fuente de agua, que es una solución viable para abastecer a amplios sectores que aún contando con agua entubada, no pueden satisfacer sus necesidades, ni en cantidad, ni en calidad.

Adicionalmente, el Sistema Nacional Hidráulico se caracteriza porque los niveles de pérdida de agua en las áreas urbanas es del 50% por obsolescencia de las redes de distribución; en el campo este porcentaje alcanza el 40% debido a la escasa tecnificación y el tratamiento de aguas residuales no rebasa a nivel nacional el 29% equivalente a 45,000 litros por segundo, no obstante que hay infraestructura para tratar 85,000 litros/seg. de los 250,000 litros que captan los sistemas de drenaje del país.

Satisfacer de agua a los mexicanos cada vez enfrenta mayores problemas traducidos en tensiones sociales y manifestaciones públicas en aumento contra los gobiernos en sus distintos niveles. Más grave se hace el problema porque la inversión nacional requerida por el sector hidráulico es de 30,000 millones anuales, no pudiéndose satisfacer más que 12,000 millones ante la escasez de recursos económicos. Adicionalmente, la recaudación nacional por el pago del servicio de agua potable es solamente de 17,000 millones, dejándose de cobrar 33,000 millones, incrementándose rápidamente un mercado de agua embotellada que la población consume anualmente por 35,000 millones de pesos.

La falta de agua disminuye los niveles de salud, reduce las posibilidades productivas y la productividad, impide el desarrollo de la vegetación y la fauna silvestre, eleva costos de abastecimiento e incrementa su precio en el mercado, reduce los ingresos para las familias y genera confrontaciones entre individuos y comunidades y, elimina las posibilidades de desarrollo y la viabilidad de las ciudades.

Un factor adicional para poder abastecer de agua a la población, lo representa la dispersión poblacional que limita la atención de los pueblos en obras y servicios.

Siempre que requerimos dotar de agua a las comunidades, inmediatamente pensamos en las fuentes de agua superficiales o subterráneas, mismas que se están agotando.

Por eso, es tiempo de considerar el aprovechamiento de la lluvia como la tercera vía de abastecimiento inmediato y de bajo costo para muy diversos usos.

El promedio nacional de precipitación anual es de 772 mm, equivalentes a 772 litros por cada metro cuadrado del territorio, aunque varía de acuerdo a la región geográfica desde 200 mm en la zonas áridas hasta más de 4,000 en las zonas tropicales. En áreas como el Distrito Federal, ciudad de Puebla y partes de la mixteca oaxaqueña, poblana y guerrerense, caen cada año 750 litros de agua por metro cuadrado y sin embargo, es común después de una lluvia ver ríos en las calles o grandes escurrimientos en barrancas, cuando amplios sectores de la población carecen de agua para necesidades elementales.

Las construcciones antiguas tenían sistemas de captación de agua, pero la modernidad nos ha encaminado hacia edificaciones que envían el agua de lluvia hacía la calle o hacía los sistemas de drenaje, impidiendo el aprovechamiento de una agua que con mínimo tratamiento es posible utilizar como potable y para muy diversos usos, como el aseo de la casa, los sanitarios, lavar la ropa, riego de árboles, producción de hortalizas, abastecimiento al ganado e infiltración al subsuelo.

Hay varias experiencias aisladas en México sobre captación y aprovechamiento de la lluvia. Ésta era una práctica que hacían los mayas, y las más recientes evidencias las dejaron los franciscanos en los conventos construidos después de la conquista de México.

Investigadores del Colegio de Postgraduados, Manuel Anaya Garduño y Benjamín Figueroa Sandoval, Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, Universidad Autónoma Metropolitana, Universidad Autónoma de Chapingo, Diodoro granados Sánchez, Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Tecnológica de Puebla, Alternativas y Procesos de Desarrollo Social, y particulares, como Carlos Peralta, Margarita Pacheco Montes, Kamel Nacyf, Águeda Merino Córdova, Manuel Villa Issa, Carlos Alfredo Galindo Medrano, Urbano Muñoz González, Jaime Lucero Cáceres, Alberto Kalach, Juan Palomar, Tonatiuh Martínez, Gustavo Lipkau, Luis Mora, Deus Páramo Hernández, han sido junto a muchos mexicanos los pioneros en empezar la captación de agua de lluvia que resuelve necesidades muy sentidas del vital líquido.

A nivel internacional, Israel, España, China, India, Colombia, Bangladesh, Singapur, apoyan su economía en la recolección y utilización directa de la lluvia y la tienen incorporada a su legislación.

En Alemania, Japón y Singapur la recolección de lluvia comprende importantes edificaciones como aeropuertos, espacios deportivos y unidades habitacionales.

En Tailandia se han construido 10 millones de cisternas y Brasil ha programado la construcción de un millón de éstas para resolver problemas de abasto de agua a partir de la lluvia.

Estimaciones de Manuel Anaya Garduño, creador del Centro Internacional de Tecnología en Agua de Lluvia, señalan que para dotar de 50 litros por persona por día, se requiere de 237 millones de metros cúbicos que pueden ser captados y almacenados en 3 millones de cisternas de 73 m3 suficiente para atender a los 12 millones de mexicanos que carecen de agua actualmente.

Se ha constituido la Asociación Internacional del Programa Captación de Agua de Lluvia, con el propósito de identificar a los especialistas en el tema con representación en los 5 continentes. Así también la organización internacional Alianza del Género y del Agua (Gender and Water Alliance) que es una red de 115 organizaciones e individuos mundial, cuyo proyecto está asociado a la Alianza Mundial del Agua (Global Water Partnership) financiada por los gobiernos holandés y del Reino Unido.

El agua de lluvia es la gran posibilidad de apoyar programas de producción de alimentos en huertos familiares tecnificados, que les permitan a la mayor parte de los 5 millones de familias del programa Oportunidades, producir sus propios alimentos, revertir la pobreza y la desnutrición, y abrir un camino al desarrollo duradero que fortalezca la seguridad alimentaria del país.

Por lo anteriormente expuesto, me permito proponer a esta soberanía el siguiente,

Punto de Acuerdo

Primero.- Exhortar al Gobierno federal, a sus distintas dependencias, a la autoridad del sector agua, a los gobiernos estatales y municipales, Congresos locales, líderes políticos, organismos operadores, organizaciones sociales, empresariales y no gubernamentales, instituciones educativas y de investigación, y ciudadanos en general, a promover y desarrollar programas, proyectos y acciones para captar, tratar, almacenar y utilizar el agua de lluvia que cae en las edificaciones presentes y futuras en todo el territorio nacional donde sea necesario y posible.

Segundo.- Exhortar a la Comisión Nacional del Agua y al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, para identificar, conjuntar, validar y transferir las tecnologías generadas por los centros de investigación y particularmente para conformar paquetes tecnológicos que apoyen la capacitación y la asesoría técnica sobre captación, tratamiento, almacenamiento y utilización de agua de lluvia.

Tercero.- Exhortar a la Sagarpa, la Sedesol y la Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas, a considerar programas y proyectos piloto de producción alimentaria familiar con base en el aprovechamiento directo de la lluvia.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 14 de septiembre de 2004.

Dip. Alberto Jiménez Merino (rúbrica)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR AL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DEL IMSS A RESPETAR LOS DERECHOS HUMANOS DE SUS AGREMIADOS Y DE LOS DERECHOHABIENTES DE LA INSTITUCIÓN, A CARGO DE LA DIPUTADA MARÍA ANTONIA GARCÍA SANJINÉS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

En nombre de los diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a esta soberanía la emisión de un punto de acuerdo mediante el cual se exhorte al sindicato del Instituto Mexicano del Seguro Social a respetar los derechos humanos de sus integrantes y de los derechohabientes de la institución, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

El hombre, como ser racional, busca el bien. Del mismo modo, la finalidad de la sociedad y de todos los grupos humanos, como la familia, o el Estado mismo consisten en facilitarle al hombre alcanzar su propio fin, su propia perfección.

Sólo se realiza la perfección del hombre si cumple sus obligaciones y se respetan sus derechos.

Es un derecho humano y una garantía individual que reconoce nuestra Constitución la libertad de asociación. El hombre tiene derecho a crear asociaciones permanentes, transitorias, a no hacerlo y afiliarse o no a ellas.

Los sindicatos son las asociaciones que constituyen los trabajadores en defensa de sus legítimos intereses y para contribuir al bien común.

Sin embargo, los sindicatos deben respetar los derechos humanos de sus agremiados.

La pertenencia o no a un sindicato no debe implicar que los trabajadores renuncien a su libertad de conciencia o a su libertad de expresión.

El sindicato del Instituto Mexicano del Seguro Social ha realizado diversos actos para manifestar su postura con relación a las reformas que se votaron en el Poder Legislativo.

Al respecto, debemos decir que no todos sus agremiados están de acuerdo con esta postura.

Y que no todos los integrantes de este sindicato han participado en los actos convocados por su dirigencia.

En específico, muchos sindicalizados del organismo descentralizado más importante de seguridad social en México, decidieron no participar en el paro nacional convocado el pasado 1 de septiembre.

Muchos de estos trabajadores sindicalizados decidieron ir a sus puestos de trabajo y realizar sus labores cotidianas.

Ante esta situación los diputados de Acción Nacional, sumado a la tregua propuesta por el Presidente de la República, exhortamos a la dirigencia de dicho sindicato a que respete los derechos humanos de todos sus agremiados, a su libertad de conciencia y de expresión, especialmente el derecho a disentir.

Además, es necesario decir que si bien las personas y los grupos intermedios de los que formen parte, en este caso los sindicatos, tiene libertad de expresión, el ejercicio de esta libertad debe ser tal que no lesione los derechos de terceros, en específico el derecho a la salud e incluso a la vida de los derechohabientes de esta institución.

No negamos el derecho que tiene el sindicato a manifestar su disenso, sin embargo, si lo exhortamos a que, en el marco de la tregua propuesta por el Presidente de todos los mexicanos, resuelva mediante el diálogo, la negociación y el consenso sus diferencias con las distintas instituciones públicas.

Con relación a los paros de labores, si bien la Ley General de Salud establece como delito el no atender a una persona en caso de notoria urgencia, el contrato colectivo del sindicato del IMSS, nos dice que es posible que los trabajadores incurran hasta en tres faltas injustificadas dentro de un periodo de treinta días sin que ello cause rescisión.

Por ello exhortamos de manera respetuosa a dicho sindicato a que si convoca a un paro de labores tenga presente el bien superior de la comunidad, especialmente el de los derechohabientes del IMSS, a efecto de que no se lesione su derecho a la salud.

Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en nombre de los diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en esta Legislatura, me permito presentar a esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorte al Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social a que se abstenga de tomar represalias contra sus agremiados que decidieron trabajar el pasado primero de septiembre, respetando en todo momento sus derechos humanos.

Segundo. Que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorte al Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social a que cuando ejerza su derecho de expresión y manifestación no afecte el derecho de los derechohabientes del Instituto a recibir los servicios de salud de manera responsable, completa y segura.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2004.

Dip. María Antonia García Sanjinés (rúbrica)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR AL SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO QUE RINDA CUENTAS SOBRE LA INFORMACIÓN DE TODOS LOS FIDEICOMISOS Y FIGURAS ANÁLOGAS QUE MANTIENE VIGENTES Y EN OPERACIÓN EL GOBIERNO FEDERAL, ASÍ COMO LAS MEDIDAS DE SUPERVISIÓN, CONTROL Y FISCALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO QUE SE EJERCE SOBRE ELLOS, A CARGO DE LA DIPUTADA MARCELA GUERRA CASTILLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

La suscrita, diputada Marcela Guerra Castillo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 93, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo para solicitar al secretario de Hacienda y Crédito Público que rinda cuentas sobre la información de todos los fideicomisos y figuras análogas que mantiene vigentes y en operación el Gobierno Federal y las medidas de supervisión, control y fiscalización del gasto público que se ejercen sobre los mismos, conforme a las siguientes

Consideraciones

1. El 11 de junio de 2002 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental que establece que toda información gubernamental a que se refiere dicha Ley es pública y que incluye entre sus principales objetivos los de proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la información mediante procedimientos sencillos y expeditos, así como transparentar la gestión pública mediante la difusión de la información que generan los sujetos obligados.

2. En la exposición de motivos de la iniciativa con la que el Poder Ejecutivo presentó ante el Congreso de la Unión el Proyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Información, se destaca que "un Estado eficiente, transparente, que genera un flujo confiable de información, le dará una mayor certidumbre a todas las personas interesadas" y que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información puede ser un poderoso mecanismo de combate a la corrupción. Expresó el Titular del Poder Ejecutivo, en su exposición de motivos que se cita: "nuestro país precisa que se establezcan las instituciones idóneas que nos permitan reducir los índices de corrupción pública. El principio de publicidad en la información favorece y posibilita el funcionamiento del sistema de responsabilidades públicas, ya que contrarresta el anonimato en el Ejercicio de las funciones estatales y permite identificar los actos con sus actores".

3. Cómo se ha comentado por parte de la opinión pública nacional y se ha denunciado en varias ocasiones en esta Asamblea, por parte de diversos compañeros diputados, Con la utilización de fideicomisos, contratos, mandatos y figuras análogas se han cometido irregularidades en la asignación y ejercicio del gasto público. Precisamente, se han utilizado estas figuras jurídico-administrativas para triangular asignaciones presupuestales y esconder, o al menos tender una cortina de humo con el propósito de ocultar los destinatarios reales de dichos productos y los objetivos al menos irregulares que con ellos se persiguen, evitando con ello la rendición de cuentas a la que están obligados.

4. Por lo anterior, reviste la mayor importancia que esta Asamblea, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, la Comisión de Hacienda y Crédito Público, la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y la Entidad de Fiscalización Superior de la Federación, cuenten con la información completa, pormenorizada, debidamente clasificada y diferenciada sobre el tema de las asignaciones presupuestales a los fideicomisos, contratos, mandatos y figuras análogas constituidos o creados por el Gobierno Federal; de sus montos totales y particulares; de sus propósitos y destinos reales, y en general, de toda la información pertinente que sirva para evaluar y diagnosticar la corrección, legalidad y aplicación adecuada de los recursos públicos.

Sólo así podrá esta Cámara de Diputados cumplir debidamente la facultad constitucional que tiene en exclusiva de aprobar el Presupuesto, la Cuenta Pública y su fiscalización, en los términos que dispone el artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anterior, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Que se solicite al Secretario de Hacienda y Crédito Público toda la información sobre los fideicomisos y figuras análogas que mantiene vigentes y en operación el Gobierno Federal y las medidas de supervisión, control y fiscalización del gasto público que se ejercen sobre los mismos, de acuerdo con el siguiente cuestionario:

1. Cuántos fideicomisos, mandatos, contratos y figuras análogas mantiene vigentes y en operación, actualmente el Gobierno Federal, proporcionando un listado de los mismos. Indicar cuáles han sido constituidos en la actual administración e informar cuáles han sido extinguidos por ella. De los fideicomisos constituidos en esta administración, indicar cuál ha sido su objeto y el propósito principal de su constitución, señalando de entre ellos cuáles tienen por objeto apoyar labores de protección social, de apoyo a la producción o fomento de la inversión y el empleo.

2. En la actualidad, a cuánto asciende el monto de los recursos públicos asignados para el funcionamiento de los fideicomisos del Gobierno Federal.

3. Cuáles son las medidas de supervisión, control y fiscalización de los fideicomisos y cómo y dónde se publican sus estados financieros ¿Por qué en la cuenta pública únicamente se detalla la salida de los recursos al fideicomiso o mandato y no se reporta cómo fueron ejercidos por éstos?

4. A qué se debe el incumplimiento en el periodo máximo de vigencia del mandato administrativo e indefinición respecto a si son fideicomisos con estructura o sin estructura, con personalidad jurídica o patrimonio propio o sin ellos.

5. Informe cuáles fideicomisos rinden cuentas y cuáles no, proporcionando un listado de cada clase, incluyendo en cada caso los fideicomisos, contratos, mandatos y figuras análogas que no son sujetos o materia de fiscalización, informando sobre el monto de los presupuestos asignados y no fiscalizados, del destino final de los mismos y de las medidas que se hayan adoptado o que se puedan adoptar para evitar que se cometan irregularidades.

6. En materia de transparencia, informe cuales han sido las acciones instrumentadas por el Gobierno Federal para facilitar la rendición de cuentas de todos los fideicomisos, fondos, convenios, mandatos y figuras análogas que reciben recursos públicos y que por lo mismo, están obligados a informar sobre su aplicación, de conformidad con lo que establece el artículo 79, fracción I, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que su fiscalización es una facultad exclusiva e irrenunciable de la Cámara de Diputados, tal como lo señala el artículo 74, fracción IV, párrafos 4º, 5º y 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2004.

Dip. Marcela Guerra Castillo (rúbrica)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE AL MUNICIPIO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, SEA SUMINISTRADA DIRECTAMENTE LA ENERGÍA ELÉCTRICA POR LA PLANTA GEOTERMOELÉCTRICA CERRO PRIETO, A CARGO DEL DIPUTADO HIDALGO CONTRERAS COVARRUBIAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

Hidalgo Contreras Covarrubias, en su carácter de diputado integrante de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le confieren los artículos 71, fracción II, 73, fracción X, y demás relativos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar a consideración de esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo, para que al municipio de Mexicali, Baja California, sea suministrada directamente la energía eléctrica por la planta geotermoeléctrica Cerro Prieto, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

En nuestro país existen regiones caracterizadas por tener climas variados, entidades en las que los municipios sufren diferentes temperaturas, aun cuando la distancia entre uno y otro sea relativamente corta. Ése es el caso de Mexicali, Baja California, el municipio que cuenta con las temperaturas de verano más altas del país, con un promedio aproximado de 45 a 48° C a la sombra.

La ubicación geográfica de la ciudad de Mexicali, en su mayoría desértica, provoca la elevación de la temperatura, lo que perjudica la salud de los habitantes, obligando a utilizar todos los medios necesarios para transformar en los hogares, planteles educativos, centros de trabajo y todos los lugares donde hay convivencia humana ambientes más agradables mediante sistemas de aire acondicionado.

La transformación de un clima infernal a uno más agradable trae como consecuencia la afectación directa del ingreso de los ciudadanos que trabajan únicamente para el pago mensual del recibo de luz, quedando en riesgo la satisfacción de las necesidades de la familia. En la mayoría de los casos, el dilema se centra tristemente en pagar la luz o comer.

Podremos tener una de las tarifas subsidiadas más importantes del país, pero eso no resuelve el problema de fondo: necesitamos otras opciones que ayuden a aminorar la trágica experiencia que viven los mexicalenses cada verano.

Actualmente, el municipio de Mexicali recibe el servicio de energía eléctrica de la planta instalada en el municipio de Rosarito, teniendo que ser conducida a través de cientos de kilómetros, lo cual provoca que el costo de mantenimiento perjudique a los usuarios del servicio.

Resulta paradójico que a 25 kilómetros de la ciudad contemos con una planta generadora de energía eléctrica que exporta su producción total a Estados Unidos, vendida a precios exageradamente bajos. Me refiero a la geotermoeléctrica Cerro Prieto, situada en el mismo valle de Mexicali.

Es vergonzoso ver que, pasando la línea internacional en las ciudades de Calexico y el centro de California, la luz es mucho más barata que la consumida en Mexicali, lo que no sucedería si el suministro se hiciera con el mismo trato a nuestra ciudad.

Por lo expuesto, se pone a su consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Que esta H. asamblea legislativa envíe atento exhorto al Ejecutivo federal a efecto de que analice y autorice la venta directa de energía eléctrica al municipio de Mexicali, Baja California, mediante la planta geotermoeléctrica de Cerro Prieto, situada en su territorio.

Dado en el Salón de Sesiones de la H. Cámara de Diputados, a catorce de septiembre de dos mil cuatro.

Dip. Hidalgo Contreras Covarrubias (rúbrica)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE LA CÁMARA DE DIPUTADOS EXHORTE AL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y AL AYUNTAMIENTO DE ENSENADA A CUMPLIR INTEGRAL Y SUFICIENTEMENTE CON LA MAYOR BREVEDAD LAS RECOMENDACIONES DE LA PROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS Y PROTECCIÓN CIUDADANA DE ESE ESTADO, A CARGO DEL DIPUTADO HELIODORO DÍAZ ESCÁRRAGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El suscrito, diputado del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad contenida en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo siguiente.

Consideraciones

Para producir hortalizas de exportación, los dueños de los campos agrícolas de los valles de San Quintín y el Maneadero, estado de Baja California, requieren de mano de obra en forma temporal.

Dicha mano de obra la importan, principalmente, de la región mixteca del estado de Oaxaca, la cual se estima es de más de 30 mil jornaleros indígenas, quienes con sus dependientes económicos hacen una población total de 65 mil personas, de las cuales muchas se quedan a vivir permanentemente en esos lugares.

Los agroindustriales, aprovechándose de la extrema necesidad y de la ignorancia de sus trabajadores, les otorgan prestaciones laborales por debajo de los mínimos previstos en la ley, y utilizan para albergarlos galeras, casas de cartón y vehículos inservibles, carentes de servicios -como drenaje, agua potable, electricidad, transporte público o teléfono- y bajo condiciones de hacinamiento, insalubridad e inseguridad.

Los trabajadores migrantes, ante ello, sobreviven en situación infrahumana, violentados permanentemente en sus derechos constitucionales, legales y humanos.

Con raquíticos salarios; sin contar con el descanso obligatorio; sin derecho a vacaciones, aguinaldo y seguridad social; se ven obligados a llevar a sus niños y niñas a los campos de cultivo, exponiéndolos al contacto directo con pesticidas, fertilizantes y otros químicos en detrimento de su salud y en perjuicio de su educación obligatoria, de la cual desertan.

De allí, que el panorama socioeconómico de los valles de San Quintín y Maneadero sea contrastante: de marginalidad, explotación, atraso y miseria para los trabajadores; de comodidad, bienestar y enriquecimiento para sus patrones.

En tanto, el gobierno de Baja California ve en lo que allí ocurre un promisorio desarrollo económico, generación de empleos y divisas; la realidad indica que estos beneficios se fincan en la explotación, la cuasiesclavitud y la exclusión de los migrantes que generan esa riqueza.

Los reiterados llamados al respeto de los derechos humanos de los migrantes domésticos no son atendidos. El gobierno bajacaliforniano pone oídos sordos a ellos.

Así, el etnocidio se comete día tras día, con la complacencia de las autoridades. Ante la pasividad e indiferencia de quienes están legal y moralmente obligados a poner un freno a los agravios contra los migrantes oaxaqueños, que son sus vecinos y contribuyen, con su esfuerzo, al desarrollo de esa entidad.

De nada han servido las recomendaciones que la Procuraduría de Derechos Humanos y Protección Ciudadana de Baja California ha emitido (como la recomendación 6/2003, del 9 de mayo de 2003), ni los recursos de impugnación interpuestos ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para que las autoridades estatales y del municipio de ensenada, actúen y pongan freno a este indigno y perverso estado de cosas.

La ausencia de programas efectivos en materia de vivienda, salubridad pública, educación, electrificación, seguridad e higiene laboral, seguridad pública, obras públicas y otras necesarias para paliar la grave situación; el olvido en la atención a las necesidades más elementales de desarrollo humano de los migrantes oaxaqueños; son omisiones vergonzosas e infamantes, que se traducen en una violación sistemática de los derechos humanos de nuestros indígenas.

Ello, a pesar de la existencia del convenio de colaboración celebrado el 21 de octubre de 1999, entre los gobiernos de los estados de Oaxaca y Baja California, respecto al cual las autoridades de este último estado, no han realizado ninguna acción concreta, ni orientado actos para lograr la atención adecuada de la población oaxaqueña establecida temporal o permanentemente en esa entidad federativa.

En razón a ello, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único: la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de Baja California y al ayuntamiento de Ensenada Baja California, para que a la brevedad cumplan integral y suficientemente con las recomendaciones emitidas por la Procuraduría de Derechos Humanos y Protección Ciudadana de ese mismo estado, particularmente la número 6/2003, de fecha 9 de mayo de 2003, y de esta manera contribuyan a aliviar la situación en la que viven y trabajan los jornaleros agrícolas de los valles de San Quintín y Maneadero, Baja California, y a erradicar la explotación, marginación, discriminación y exclusión a las que actualmente están sometidos los migrantes oaxaqueños.

Palacio Legislativo, a 14 de septiembre de 2004.

Dip. Heliodoro Díaz Escárraga (rúbrica)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO FEDERAL EL DISEÑO Y OPERACIÓN DE UN SISTEMA RACIONAL, EFICIENTE, COORDINADO Y TRANSPARENTE DE DELEGACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS ESTADOS, QUE SIRVA PARA DESCENTRALIZAR FUNCIONES, FACULTADES Y RECURSOS DE SUS PROGRAMAS OPERATIVOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, A CARGO DEL DIPUTADO GONZALO RODRÍGUEZ ANAYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El suscrito, Gonzalo Rodríguez Anaya, diputado federal de la LIX Legislatura por el estado de Hidalgo, e integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58,59 y 69 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Soberanía la proposición con punto de acuerdo para solicitar al Poder Ejecutivo Federal el diseño y operación de un sistema racional, eficiente, coordinado y transparente de delegaciones del gobierno federal en los estados, que sirva para descentralizar gradualmente las funciones, facultades y recursos de sus programas operativos a las entidades federativas y municipios, quedando las delegaciones federales en los estados exclusivamente con funciones normativas y de supervisión, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Las Leyes de México, sus planes institucionales y la retórica de los gobernantes muestran las fortalezas de esquemas públicos ideales en materia de federalismo. En la práctica, por contraposición, se asoman las debilidades de una administración pública preponderantemente centralizada.

Por ejemplo, nuestra Constitución consagra una república federal integrada con estados libres y soberanos, y faculta al Estado para organizar un sistema de planeación democrática y participativa.

La Ley de Planeación, por su parte, promueve explícitamente la descentralización de la vida nacional.

El Plan de Desarrollo privilegia las virtudes de una descentralización de funciones, facultades y recursos desde el gobierno federal hacia las entidades federativas.

Sin embargo, al ir entrando al terreno de los hechos, el Programa especial para un auténtico federalismo 2002 - 2006", emitido por el Gobierno de la República a través de su Secretaría de Gobernación, y emanado del marco jurídico y normativo anterior, diagnostica que "...la estructura actual de la Administración Pública Federal impide la delegación suficiente y adecuada de autoridad entre los ámbitos de gobierno...", y acepta la "...deficiente y parcial desconcentración de las funciones que ejercen las Secretarías de Estado..."

Identifica y enumera, además, una serie de problemas básicos entre los que destacan la "...duplicidad y suplantación de funciones entre el gobierno federal y los gobiernos locales..."; la existencia de "... delegaciones estatales inoperantes que se convierten en obstáculos de la gestión publica..."; y la "... burocratización innecesaria en las gestiones que deben realizar los ciudadanos ante las delegaciones del gobierno federal..."

Es digno de reconocimiento el esfuerzo del Poder Ejecutivo Federal al formalizar estos planteamientos en un Programa Institucional como el citado líneas arriba, cuya vigencia, hay que subrayarlo, ya se ha adentrado en su segunda mitad, sin que se hayan puesto en marcha acciones concretas de solución en el tema que hoy nos ocupa. Y considerando nuestros tiempos legislativos estamos en el límite de la penúltima oportunidad para que nuestra participación ofrezca resultados en la autorización de los próximos dos presupuestos federales.

La ciudadanía y los gobiernos estatales y municipales coinciden con este diagnóstico sucinto, pero tiene mucho más que expresar y mucho más que esperar en el diseño y construcción de "...un sistema racional, eficiente, coordinado, y transparente de representaciones del gobierno federal en los estados...", tal como también ya lo ha visualizado y propuesto el propio Ejecutivo Federal en el programa de referencia.

El diseño y la operación inmediata del sistema eficiente de representaciones federales en los estados es lo que estamos proponiendo.

Queremos que los planteamientos ideales sobre el federalismo no sólo sean una fortaleza en el texto y la palabra, sin una fortaleza tangible para la ciudadanía y para las administraciones públicas de los tres órdenes de gobierno del país.

México quiere acuerdos consensuados para la acción inmediata. Los conceptos teóricos para el proyecto de cambio estructural en delegaciones federales están definidos de manera general en el programa Federal precitado. Las acciones especificas del cambio con las que estamos impulsando desde esta tribuna, aportando argumentos que respaldan y legitiman el proceso que será necesario instrumentar de inmediato.

Apoyamos el fortalecimiento del federalismo a través de una mejor asignación de responsabilidades y recursos entre los gobiernos federal, estatales y municipales, solicitando se hagan respetar las funciones constitucionales de cada orden de gobierno: Para el federal las sustantivas de rectoría del desarrollo nacional; defensa de la soberanía; relaciones internacionales; protección de la ciudadanía en caso de desastres; procuración de justicia y seguridad pública principalmente, y para los gobiernos estatales y municipales la ejecución de programas de obras y acciones que materialicen el desarrollo social y económicos de sus localidades y regiones.

Tanto para el 2003 como para el 2004 esta soberanía aprobó más de 24 mil millones de pesos para la operación de la burocracia federal en los estados a través de sus delegaciones. Dicha aprobación no obedece precisamente a los lineamientos de política de gasto que debemos observar, consistentes en una reducción en el gasto corriente, destino principal de esos recursos, tal como se puede comprobar en los presupuestos de egresos correspondientes.

El modelo de centralizar facultades para el gobierno federal, con algunas transferencias etiquetadas hacia los estados, acusan resultados pobres porque no hemos sido capaces ni de abatir rezagos y desequilibrios, ni de brindar oportunidades de crecimiento a los grupos de menor desarrollo.

Estamos atomizando el gasto público desde los tres órdenes de gobierno con una inaceptable duplicidad de esfuerzos y una indebida suplantación de funciones a través de sus estructuras organizacionales. Por ejemplo, el 90% del presupuesto federal para delegaciones es ejercido por 6 de las 11 existentes: SCT, Sagarpa, SEP, Sedesol, Semarnat y Economía, cuyas funciones, indiscutiblemente, son atendidas por las entidades federativas por medio de sus más importantes secretarías.

Si comparamos el gasto delegacional por estado de los dos últimos presupuestos, podemos observar con preocupación que hay delegaciones que redujeron su presupuesto estatal en mucho más de la mitad de un año para otro, como la Sedesol que redujo el 75% de su presupuesto para Oaxaca y otros 6 estados; o la SCT que disminuyo el 53% en Puebla; o la Semarnat, que ejerció 59% menos en el estado de México. Estos montos nos muestran, sin lugar a dudas, que los gastos de operación relacionados con la nómina federal en las entidades no es el principal problema. Si así fuera, no se podrían hacer reducciones de esas proporciones. Más bien es el manejo de las inversiones en obras y acciones que manipula el gobierno federal con fines poco transparentes, y que bien podrían ser realizadas por la autoridad correspondiente que es la estatal o la municipal.

Además de las delegaciones existen representaciones, sectorizadas a las mismas, como Liconsa, Diconsa y Fonaes a Sedesol, y Firco, Acerca, Fundación Produce, entre otras, a Sagarpa. Como podemos apreciar, el gasto burocrático del gobierno federal en las entidades es, sencillamente, enorme y de poco beneficio para la población.

Al recaer en el Congreso de la Unión la responsabilidad de fiscalizar los recursos que autoriza a la federación, debemos garantizar primero la eficacia y racionalidad del gasto decretado. En este caso, debemos evitar que los recursos que ejercen las delegaciones federales en los estados sean orientados a fines políticos o electorales, desactivando así una de las funciones extra administrativas que generalmente realizan las delegaciones, al actuar como brazo político del partido en el Poder Ejecutivo federal.

Un país que se precie de su modernidad, democracia y participación, debe aceptar que sus gobiernos locales por la eficacia demostrada, pueden asumir las funciones que desempeña el gobierno federal en sus territorios. Y el espíritu legislativo debe recomendar la participación de los involucrados e interesados, porque de poco serviría una descentralización de facultades, concebida y ejecutada desde el centro y sin la participación insustituible de los estados.

Desde el punto de vista jurídico, administrativo y político este proyecto es viable. Debemos impulsarlo para que se opere de manera gradual pero con decisión, de tal manera que sus acciones muestren respuestas en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2005 y estén operando plenamente en el mediano plazo.

Por lo anteriormente expuesto, elevo a la consideración de esta soberanía, para que se dicte el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.- Solicitar al Gobierno de la República que en coordinación con los gobiernos estatales diseñen, instrumenten y operen un programa racional, eficiente y transparente de cambio estructural en las delegaciones federales en los estados, para dejar solamente las indispensables, operando con funciones de normatividad y evaluación en los programas ejecutados, por los gobiernos estatales. Un programa que muestre sus primeros resultados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2005, trasladando la inversión física a los gobiernos de los estados, y que instrumente la gradualidad en la descentralización del gasto corriente para no perjudicar los derechos de los trabajadores federales, pero sin cargar las nóminas estatales con personal en duplicidad de funciones.
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR AL EJECUTIVO FEDERAL A QUE LA SECRETARÍA DE SALUD INCLUYA LOS PADECIMIENTOS DE ORIGEN ALÉRGICO, ESPECIALMENTE EL ASMA, COMO PROBLEMAS GRAVES DE SALUD EN LA TRANSICIÓN EPIDEMIOLÓGICA, CONSIDERADO ASÍ POR LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, A CARGO DE LA DIPUTADA MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

La C. María Cristina Díaz Salazar, diputada de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión por el estado de Nuevo León e integrante del grupo parlamentario del PRI, con fundamento en los artículos 23, numeral 1, inciso f), 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita que se turne a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Considerandos

Que las enfermedades alérgicas, principalmente el asma bronquial y la rinitis alérgica, son un problema de Salud que se han incrementado de manera importante en nuestro País, siendo una de las primeras diez causas de utilización de los servicios de salud, especialmente en urgencias y en consulta externa. Habiéndose reportado en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias el aumento en el número de casos de Asma Bronquial que durante el año 2000 se incrementaron de 9 a 14.8 % los pacientes hospitalizados por este padecimiento.

Que en estudios de prevalencia en la población en general se ha encontrado que las enfermedades alérgicas ocupan un alto porcentaje principalmente en niños de 6 a 7 años, siendo de origen multifactorial, una parte herencia y otra parte ambiental.

Que las políticas públicas dirigidas a mejorar la contaminación ambiental han sido insuficientes encontrándose daños en la salud de la población mexicana, no solo en la ciudad de México, Guadalajara o Monterrey sino también en el resto de los estados de la República, lo que repercute en la salud provocando enfermedades cardiacas, crónico degenerativas y pulmonares, muchas de éstas en relación directa a padecimientos alérgicos.

Que el tratamiento de estas enfermedades debe ser integral: control del medio ambiente, tratamiento médico, inmunoterapia y dieta de eliminación.

Que la patología básica de las enfermedades alérgicas y sobre todo el asma bronquial es inflamatoria por lo que habitualmente se da tratamiento para evitar la contracción de los bronquios y no la inflamación, por no ser tratados por médicos debidamente capacitados y especialistas.

Que los médicos de primer contacto deben diagnosticar e iniciar el tratamiento de acuerdo con las iniciativas de la Organización Mundial de la Salud: Iniciativa Global para el Tratamiento del Asma, así como Rinitis Alérgica y su Impacto en Asma.

Que para evitar complicaciones el paciente debe ser evaluado y tratado por médicos capacitados y especialistas en alergia e inmunología clínica, estos últimos con la cédula de especialista registrada en la Secretaría de Salud y en la Secretaría de Educación Pública, que ésta se encuentre vigente y avalada por los colegios de la especialidad y recertificación de los consejos.

Que es necesario implantar programas y acciones de prevención y educación para disminuir la morbilidad y mortalidad.

Por lo anterior se requiere un plan nacional de prevención, educación y manejo de los pacientes alérgicos y asmáticos para disminuir la prevalencia y la mortalidad en la población afectada.

Por lo antes expuesto propongo a este Pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Gobierno Federal para que, a través de la Secretaría de Salud, se consideren los padecimientos de origen alérgico e inmunológico, especialmente asma, como un problema grave a considerar por su incidencia en la transición epidemiológica de salud en nuestro país y se implanten acciones de prevención, estrategias de educación, diagnóstico oportuno, atención y manejo por médicos especialistas.

Segundo. De conformidad con lo dispuesto en la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación, deberá comunicar a la Cámara de Diputados las acciones que realice la Secretaría de Salud en el desahogo de este contenido.

Dado en el Salón de Plenos, a 14 de septiembre de 2004.

Dip. María Cristina Díaz Salazar (rúbrica)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2005 SE ESTABLEZCA UNA PARTIDA ESPECIAL POR ENTIDAD FEDERATIVA, CON OBJETO DE QUE REPRESENTANTES DE LAS AGRUPACIONES DE AGRICULTORES VAYAN A OTRAS REGIONES O PAÍSES A CONOCER SUS MÉTODOS Y SISTEMAS DE AGRICULTURA MODERNA Y PUEDAN IMPLANTARLOS EN SUS LOCALIDADES, A CARGO DEL DIPUTADO RENÉ MEZA CABRERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, René Meza Cabrera, diputado federal en ejercicio, miembro de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, que integra la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, somete a la consideración de la honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Antecedentes

A. En la sesión ordinaria celebrada el jueves 11 de septiembre de 2003, presenté ante la honorable asamblea de la Cámara de Diputados, una proposición con punto de acuerdo, que por su obvia resolución, fue aprobada en la misma fecha, en votación económica por el Pleno de la asamblea.

B. La proposición presentada, constaba de cinco partes, que a continuación sintetizo:

1. Que las Comisiones de Agricultura y Ganadería, y de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados promovieran ante la Sagarpa la aplicación de asesoría técnica a los grupos agrícolas, ganaderos, cafeticultores, fruticultores y floricultores del país.

2. Que en el Presupuesto de Egresos de la Federación se estableciera una partida especial para que las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; de Desarrollo Social; y de Relaciones Exteriores facilitaran el traslado de los grupos que deseen conocer experiencias en su área de producción en otras regiones del país o del extranjero.

3. Que la Sagarpa y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pusieran en operación el Fondo de Estabilización el Precio del Café, para su óptima comercialización.

4. Que con apoyo en el padrón nacional de productores de café esta LIX Legislatura prosiguiera las actividades del Grupo de Trabajo de Cafeticultura.

5. Que la Secretaría de Economía redoblara las restricciones a las importaciones de café con los países con los que México no tiene celebrados convenios de libre comercio.

Consideraciones

Es innegable que México aún sigue siendo un país cuya principal actividad es la Agricultura, en todas sus modalidades y que la cafecultura, la floricultura, la fruticultura, la horticultura, la silvicultura y la viticultura, para ser rentablemente productivas, requieren de la modernización de sus diversos sistemas de cultivo.

Es necesario que los agricultores mexicanos, conozcan con mayor amplitud la química que se viene aplicando a la agricultura moderna, para la prevención de enfermedades vegetales, el combate a las plagas y el aumento de productividad de las tierras, evitando su erosión.

Ya es indispensable un mapa genético de todos los vegetales, que a disposición de los especialistas en Genética, estos puedan estudiar, experimentar y producir alimentos transgénicos, que no sean dañinos para el ser humano y sí ricos en proteínas y vitaminas.

El estudio de la ecotecnia, esta reciente técnica que en los países avanzados en la preservación de los ecosistemas, está teniendo efectos positivos la coadyuvar en la restauración de las condiciones ecológicas, tiene que incrementarse entre los agricultores mexicanos.

Se debe aprovechar la obligación que las naciones industrializadas contrajeron en el pacto de la Convención sobre Diversidad Biológica, que se redactó en la llamada Cumbre de Río de Janeiro, en 1992 y que con fecha de 29 de diciembre de 1993 se convirtió en ley internacional. Este instrumento legal dispone que las naciones firmantes (167 países), compartan con los países en vías de desarrollo, sus conocimientos en biotecnología.

Por lo expuesto y fundado, me permito presentar a la honorable asamblea esta proposición de

Punto de Acuerdo

Primero. Que para dar cumplimiento a los apartados de que consta la proposición de punto de acuerdo, presentada por el suscrito y aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados, el día 11 de septiembre de 2003, se establezca en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, una partida especial de cien millones de pesos por cada entidad federativa para que las agrupaciones de agricultores de cada estado de la República, puedan designar a sus representantes que vayan a otras regiones o países a conocer sus métodos y sistemas y puedan implantarlos en sus localidades y obtengan mayor productividad y de mejor calidad. Los recursos económicos serán manejados, distribuidos y vigilados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Segundo. Que la Secretaría de Relaciones Exteriores gestione y tramite todo lo necesario para que los grupos de agricultores mexicanos, con las seguridades adecuadas, vayan a los países que escojan, firmantes del Pacto de la Convención sobre Diversidad Biológica y obtengan los conocimientos más adelantados sobre la genética aplicable en la cruza de vegetales que logren productos transgénicos mejorados e inocuos para la salud humana y animal y los cultiven y distribuyan en nuestro país.

Sala de Sesiones de la H. Cámara de Diputados.- México, DF, a 14 de septiembre de 2004.

Dip. René Meza Cabrera (rúbrica)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR AL PODER EJECUTIVO FEDERAL A INSTRUIR A LA SECRETARÍA DE SALUD A FIN DE QUE PROCEDA A REVISAR Y REFORMULAR LOS FORMATOS O MODELOS QUE ACTUALMENTE SE UTILIZAN PARA EXTENDER LOS CERTIFICADOS DE DEFUNCIÓN Y MUERTE FETAL, A CARGO DE LA DIPUTADA MA. CRISTINA DÍAZ SALAZAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

La C. María Cristina Díaz Salazar, diputada federal por el estado de Nuevo León, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 23, numeral 1, inciso f), 39 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita se turne a la Comisión de Salud la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

I. Antecedentes

Que la Ley General de Salud en su artículo 388 define como certificado la constancia expedida en los términos que establezcan las autoridades sanitarias competentes, para la comprobación o información de determinados hechos.

Que el artículo 389 del citado ordenamiento establece los distintos tipos de certificados para fines sanitarios, entre los cuales se encuentran los de defunción (fracción II) y los de muerte fetal (fracción III).

Que al respecto, el ordenamiento mencionado señala que los certificados de defunción y muerte fetal serán expedidos, una vez comprobado el fallecimiento y determinadas sus causas, por profesionales de la medicina o personas autorizadas por la autoridad sanitaria competente (artículo 391).

Que el primer párrafo del artículo 392 dispone que los certificados a que se refiere el título Décimo Sexto, De las Autorizaciones y Certificados, se extenderán en los modelos aprobados por la Secretaría de Salud y de conformidad con las normas oficiales mexicanas que la misma emita. Dichos modelos serán publicados en el Diario Oficial de la Federación.

Que el Capítulo II de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, denominado "De las normas oficiales mexicanas y de las Normas Mexicanas" señala en el artículo 40 la finalidad que tienen las normas oficiales mexicanas.

Que el decreto por el que se da a conocer la forma de los certificados de defunción y de muerte fetal que se utilizan hasta la fecha, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de noviembre de 1986.

Que en la parte de considerandos, se justificó la aprobación de los nuevos certificados con base en:

La Organización Mundial de la salud ha modificado sustancialmente la reglamentación relativa a la nomenclatura de enfermedades y causas de defunción;

La obligación de la Secretaría de Salud, como de los gobiernos de las entidades federativas, de capturar, producir y procesar la información relativa, entre otras, a estadísticas de natalidad, mortalidad, morbilidad, etc., a fin de integrarla al proceso de planeación, programación, presupuestación y control del Sistema Nacional de Salud y a los sistemas nacionales estadísticos;

Las causas que condicionan la mortalidad en nuestro país han variado de aquellas que se presentaban, así como también los procedimientos y certificados en que se consignan tales hechos, cuyos modelos datan del 2 de marzo de 1956, por lo que se requiere actualizarlos a fin de que respondan a las características, requisitos y condiciones contemporáneas en el ámbito de la salud, y

Que los certificados de defunción y de muerte fetal, además de servir como constancias que acreditan la realización de los hechos a que se refieren, contienen datos útiles tanto para efectos estadísticos como para establecer índices y causas de mortalidad a través del aprovechamiento de la información que en ellos se consignan.

Que el decreto citado señala que los certificados de defunción y de muerte fetal deben ser expedidos preferentemente por un médico con título profesional, por personal no médico, autorizado por la Secretaría de Salud y también por las autoridades civiles a falta de médico en la localidad de ocurrencia de la defunción. Los formatos de certificados son editados, controlados y distribuidos gratuitamente por la Secretaría de Salud y se encuentran disponibles en las unidades médicas.

Que el Centro Mexicano para la Clasificación de Enfermedades (CEMECE), integra asesores representantes de las instituciones del Sistema Nacional de Salud y del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).

Que según el CEMECE, más del 95% de los certificados de defunción son expedidos por médicos y, no obstante la mejoría observada en los últimos años, aún persisten importantes problemas en la anotación de los datos y sobre todo de las causas de defunción, debido al desconocimiento de la forma correcta del llenado. Estos problemas tienen repercusiones legales, epidemiológicas y estadísticas.

Que el CEMECE se ha propuesto contribuir al mejoramiento de la calidad de los registros de certificados de defunción, con objeto de que la información estadística que deriva de ellos sea fidedigna. Para lograrlo, expidió la Guía de autoaprendizaje para el llenado correcto del certificado de defunción y la ha mantenido actualizada con objeto de distribuirla a todo el personal médico por todos los medios posibles y apoyarlo durante la certificación de las defunciones.

Que el objetivo de dicha guía es que al término de su estudio, el certificante se encuentre en condiciones de expedir los certificados de defunción y de muerte fetal, de acuerdo con las instrucciones y disposiciones legales vigentes en México.

Que la guía citada señala que en el llenado de los certificados, el problema fundamental se presenta al establecer las causas de la muerte incluyendo el tiempo en que se presentaron respecto de la fecha en que aconteció la defunción, según el modelo internacional del certificado recomendado por la Organización Mundial de la Salud que tiene por objeto captar información uniforme en todos los países, para seleccionar, a partir de ella, la causa básica de la muerte, con la finalidad de realizar las investigaciones epidemiológicas pertinentes, generar estadísticas de mortalidad comparables a nivel internacional y establecer mecanismos para la prevención y control de los daños y riesgos para la salud (Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud, Décima Revisión (CIE-10), Vol. 2, pág. 30).

Que en general, el médico desconoce cuál es el objetivo de la información que se pide y el orden en que deben anotarse las causas de muerte en los renglones correspondientes, pues en ocasiones no es fácil que el médico certificante llegue a la verdadera causa de la muerte, sobre todo cuando no cuenta con recursos suficientes para el diagnóstico.

Que derivado de la Reunión Interinstitucional para la Revisión del Correcto Llenado del Certificado de Defunción y de Muerte Fetal, celebrada el 17 de mayo del año en curso en Monterrey, NL, en la que participaron el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, Colegios de Médicos, el Colegio de Bioética, el Centro Mexicano para la Clasificación de Enfermedades (CEMECE), la Comisión Estatal de Arbitraje Médico del Estado de Nuevo León (Coesamed), las universidades y centros de enseñanza e investigación, la Secretaría de Salud, el Servicio Médico Forense del Tribunal Superior de Justicia y la oficina del Registro Civil, todos del Estado de Nuevo León, se propuso la elaboración del proyecto de norma oficial mexicana sobre el uso y el correcto llenado del certificado de defunción y muerte fetal, con el propósito de que informe, oriente y facilite su correcto llenado.

II. Planteamiento específico

Que la propuesta derivada de la Reunión Interinstitucional para la Revisión del Correcto Llenado del Certificado de Defunción y de Muerte Fetal, para elaborar una norma oficial mexicana sobre el uso y el correcto llenado del certificado de defunción y muerte fetal, encuentra sustento legal en el último párrafo del artículo 40 de la LFMN que dispone textualmente:

"Los criterios, reglas, instructivos, manuales, circulares, lineamientos, procedimientos u otras disposiciones de carácter obligatorio que requieran establecer las dependencias y se refieran a las materias y finalidades que se establecen en este artículo, sólo podrán expedirse como normas oficiales mexicanas conforme al procedimiento establecido en esta ley." Que de conformidad con la disposición antes transcrita, tratándose de un instructivo para el correcto llenado de los certificados de defunción y muerte fetal que requiere establecer la Secretaría de Salud, obliga a la dependencia a expedirlo como una norma oficial mexicana conforme al procedimiento establecido en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

Que el artículo 392 de la Ley General de Salud dispone que los certificados a que se refiere el Título Décimo Sexto, entiéndase autorizaciones sanitarias (licencias, permisos, registros o tarjetas de control sanitario, por disposición del último párrafo del artículo 368 de la Ley) y certificados se extenderán en los modelos aprobados por la Secretaría y de conformidad con las normas oficiales mexicanas que la misma emita.

Que la expedición, actualización y distribución al personal médico de la Guía de autoaprendizaje para el llenado correcto del certificado de defunción por parte del CEMECE, demuestra el desconocimiento de la forma correcta del llenado de los certificados de defunción y de muerte fetal y sobre todo, la complejidad que se presenta al determinar las causas de defunción, aún entre los médicos certificantes, y con mayor razón, entre el personal no médico autorizado y las autoridades civiles, quienes no cuentan con los conocimientos necesarios para ello.

Que se estima importante que el titular del Ejecutivo Federal, dentro del ámbito de la esfera de su competencia, instruya a la Secretaría de Salud para que, escuchando la opinión del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, de los Colegios de Médicos, del Colegio de Bioética, del Centro Mexicano para la Clasificación de Enfermedades (CEMECE), de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed), de las Comisiones Estatales de Arbitraje Médico (Coesamed), de las universidades y centros de enseñanza e investigación, las Secretarías de Salud, los Servicios Médico Forenses de los Tribunales Superiores de Justicia y las oficinas de los Registros Civiles, todos de las entidades federativas, proceda a revisar y reformular los formatos o modelos que actualmente se utilizan para expedir los certificados de defunción y muerte fetal, y en su caso, de conformidad con las disposiciones de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, se expida la Norma Oficial Mexicana que contenga un nuevo instructivo que contenga las instrucciones detalladas y precisas que permitan informar, orientar y facilitar su uso y correcto llenado.

Punto de Acuerdo

Primero.- Se exhorta el titular del Ejecutivo federal a que dentro del ámbito de su competencia, instruya a la Secretaría de Salud para que, escuchando la opinión del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, de los Colegios de Médicos, del Colegio de Bioética, del Centro Mexicano para la Clasificación de Enfermedades (CEMECE), de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed), de las Comisiones Estatales de Arbitraje Médico (Coesamed), de las universidades y centros de enseñanza e investigación, las Secretarías de Salud, los Servicios Médicos Forenses de los Tribunales Superiores de Justicia y las oficinas de los Registros Civiles, todos de las entidades federativas, proceda a revisar y reformular los formatos o modelos que actualmente se utilizan para extender los certificados de defunción y muerte fetal, así como para, en su caso, de conformidad con las disposiciones de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, se expida la Norma Oficial Mexicana que contenga un nuevo instructivo que contenga las instrucciones detalladas y precisas que permitan informar, orientar y facilitar el uso y correcto llenado de dichos formatos o modelos.

Segundo.- De conformidad con lo dispuesto por la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Gobernación, deberá comunicar a esta Cámara de Diputados las instrucciones y acciones que realice la Secretaría de Salud en el desahogo de sus contenidos.

Dado en el Salón de Plenos, a los 14 días del mes de septiembre de 2004.

Dip. María Cristina Díaz Salazar (rúbrica)
 
 

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Comunicaciones II

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DE LA JUNTA DE COORDINACION POLÍTICA

Palacio Legislativo, México, DF, a 13 de septiembre de 2004.

Dip. Manlio Fabio Beltrones Rivera
Presidente de la Mesa Directiva
Presente

Con fundamento en los artículos 34, numeral 1, inciso C); 44, numeral 2; y 46, numeral 4, de la Ley Orgánica del Congreso General, y a solicitud del diputado Alejandro González Yáñez, coordinador del grupo parlamentario del Partido de Trabajo, me permito solicitar a usted la modificación en la integración del siguiente Grupo de Amistad:

Que el diputado Pedro Vázquez González entre como miembro y Presidente del Grupo de Amistad México-Cuba, en sustitución del diputado Alejandro González Yáñez. Lo anterior, para los efectos a que haya lugar. Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi consideración distinguida.

Atentamente
Dip. Francisco Barrio Terrazas (rúbrica p.a.)
Presidente

(Aprobado en votación económica. Septiembre 13 de 2004.)

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Fe de Erratas

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DE LA COMISION DE EDUCACION PÚBLICA Y SERVICIOS EDUCATIVOS

En relación al dictamen que presenta referente al proyecto de decreto propuesto por el Senado de la República para adecuar el texto de la Ley General de Educación a la reforma constitucional que hace obligatorio el nivel educativo preescolar.

En la hoja número 8 del citado dictamen, en lo referente al artículo 77, párrafo III

Dice:

III.- Impartir la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros"

Debe decir:

III. Impartir la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros, de educación básica, sin contar con autorización correspondiente.

Atentamente
Mesa Directiva de la Comisión

Diputados: Salvador Martínez Della Rocca, Presidente; Tatiana Clouthier Carrillo, secretaria; Consuelo Camarena Gómez, secretaria; Guillermo Aréchiga Santamaría, secretario; Humberto Filizola Haces, secretario; Juan Pérez Medina, secretario; Francisco Amadeo Espinosa Ramos, secretario (rúbricas).
 
 

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Informes

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DE LA COMISION DE ASUNTOS INDIGENAS, DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL LAPSO DE OCTUBRE DE 2003 A MARZO DE 2004

Presentación

La naturaleza constitucional de las comisiones ordinarias se establece en el último párrafo del artículo 71 y en el inciso i), del artículo 72. La Ley Orgánica del Congreso General define en su artículo 39 que dichos órganos son constituidos por el Pleno, mismo que a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, contribuye al cumplimiento de las atribuciones constitucionales de la cámara baja. El mismo artículo establece que tienen a su cargo tareas de dictamen legislativo, de información y de control evaluatorio, en los términos dispuestos en el artículo 93 constitucional. El artículo 45 del mismo ordenamiento señala las tareas a cargo de las comisiones, entre las cuales indica el de rendir un informe semestral de sus actividades.

En cumplimiento de los ordenamientos mencionados, la Comisión de Asuntos Indígenas presenta el informe de actividades que comprende del mes de octubre de 2003 al mes de marzo de 2004.

1. Instalación

La Comisión de Asuntos Indígenas, formada por acuerdo de la Junta de Coordinación Política de fecha 30 de septiembre de 2003, aprobado en sesión del Pleno de la Cámara de Diputados, está compuesta por 30 diputados de los grupos parlamentarios que existen en esta Cámara.

Desde su instalación, el 9 de octubre de 2003, los diputados integrantes de la misma coincidieron en el propósito común de trabajar, de manera conjunta y en un marco de respeto y tolerancia de las diferencias, en favor de los derechos de los indígenas, por ser éstos una prioridad para la población.

En cuanto a las actividades de la Comisión, se realizan reuniones de trabajo; para llevar a cabo las actividades se formaron cinco subcomisiones, a través de las cuales se atienden los temas que previamente se han acordado, todo ello a efecto de tener un trabajo más eficaz.

Así también, se participa en Comisiones Unidas del Sector Rural, mismas que han desempeñado un papel importante en la discusión, aprobación y seguimiento de los recursos del anexo 17 del Presupuesto de Egresos de la Federación 2004, etiquetadas en el Programa Especial Concurrente (PEC). Para este año se plantea una participación más decisiva.

2. Integrantes

Diputados: Presidente: Javier Manzano Salazar. Secretarios: Ángel Paulino Canul Pacab, Sofía Castro Ríos, Huberto Aldaz Hernández. Integrantes: José Luis Cabrera Padilla, Marbella Casanova Calam, César Antonio Chávez Castillo, Abdallán Guzmán Cruz, Bernardino Ramos Iturbide, Ubaldo Aguilar Flores, Emilio Badillo Ramírez, Florencio Collazo Gómez, José Lamberto Díaz Nieblas, Teófilo Manuel García Corpus, José Guzmán Santos, Luis Felipe Madrigal Hernández, Gerardo Montenegro Ibarra, Roberto Pedraza Martínez, Benjamín Sagahón Medina, Marcelo Tecolapa Tixteco, Jorge Baldemar Utrilla Robles, José Irene Álvarez Ramos, Margarita del Sagrado C. Chávez Murguía, Luis Andrés Esteva Melchor, Rocío Guzmán de Paz, Evangelina Pérez Zaragoza, Lorena Torres Ramos, Sergio Vázquez García, José Jesús Vázquez González, Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán.

3. Reuniones

a) Reuniones de Mesa Directiva

En el lapso que se informa se celebraron siete reuniones de Mesa Directiva de la Comisión, efectuadas los días 7 y 29 de octubre; 22 de noviembre; 1 y 30 de diciembre de 2003, y 3 y 12 de marzo de 2004.

b) Reuniones plenarias

Se llevaron a cabo tres reuniones plenarias: la primera el 30 de octubre; la segunda, el 11 de diciembre, y la tercera, el 9 de marzo de 2004.

Para cumplir el programa de trabajo se integraron cinco subcomisiones: Jurídico-Legislativa; de Enlace con los Congresos y Gobiernos Estatales y Municipales; de Seguimiento y Evaluación de Programas y Acciones del Gobierno Federal; de Vigencia de Derechos Individuales y Colectivos de los Pueblos y Organizaciones Indígenas y Contra la Represión; y de Atención a Indígenas Migrantes.

Acuerdos de la primera reunión plenaria

1. Convocar a reunión de trabajo a la ingeniera Xóchitl Gálvez, directora general de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y demás funcionarios de la Administración Pública Federal que atienden a la población indígena.

2. Realizar un seminario sobre el tema indígena.
3. Elaborar una propuesta de presupuesto dirigido a la población indígena.

Acuerdos de la segunda reunión plenaria 1. Se aprueba en lo particular, con las observaciones de redacción, el Programa de Trabajo de la Comisión.

2. Se crea la Quinta Subcomisión de Atención a Indígenas Migrantes, propuesta por el diputado Huberto Aldaz Hernández.

3. Solicitar a los coordinadores de los grupos parlamentarios en la LIX Legislatura que propongan la designación de un integrante de la Comisión de Asuntos Indígenas como miembro de la Comisión de Concordia y Pacificación.

4. Ampliar la invitación a sostener reuniones de trabajo a distintos servidores públicos de la Administración Pública Federal.

5. Que la Mesa Directiva de la Comisión de Asuntos Indígenas se reúna con la ingeniera Xóchitl Gálvez Ruiz, directora general de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para que explique el estado que guarda la integración del Consejo Consultivo.

Acuerdos de la tercera reunión plenaria 1. Celebrar reuniones de trabajo con servidores públicos del gobierno de la República y con gobiernos de los estados, en marzo y abril de 2004.

2. Efectuar visitas de trabajo a los estados de Chiapas y Oaxaca.

3. Elegir, en Mesa Directiva, a los responsables de encabezar las subcomisiones de trabajo para presentarse en la próxima reunión plenaria.

c) Comisiones Unidas del Sector Rural

A invitación de presidentes de comisiones que inciden en la vida de la población rural, se viene participando en Comisiones Unidas del Sector Rural, integradas por la Comisión de Agricultura y Ganadería, la Comisión de Asuntos Indígenas, la Comisión de Desarrollo Rural, la Comisión de la Reforma Agraria, la Comisión de Pesca, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y la Comisión de Recursos Hidráulicos.

Considerando que la LIX Legislatura inició su periodo el pasado mes de septiembre y que las comisiones empiezan a funcionar a partir del mes de octubre, sus logros pueden considerarse como importantes, siendo necesario buscar principios organizativos flexibles en consideración de los desafíos que tenemos por delante.

d) Reuniones con dependencias y entidades del Pode Ejecutivo federal

Reunión de trabajo con la ingeniera Xóchitl Gálvez Ruiz, directora general de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, celebrada el 18 de noviembre de 2003. Tal como lo señaló el diputado Javier Manzano Salazar, Presidente de la Comisión, este evento se consideró como un primer acercamiento con la entidad pública responsable de atender a los pueblos indígenas, su discurso de bienvenida retoma el estilo de escuchar sin descalificar, reiterando a los diputados asumir una actitud de diálogo, respetando las diferencias. En este sentido, la directora general de la Comisión explica la naturaleza jurídica, objetivos, estructura y reorganización de programas aplicados, bajo la consideración del estado de transición que guarda la institución.

El 15 de marzo de 2004 se llevó a cabo una reunión de trabajo con el doctor José Luis Soberanes, Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

El 18 de marzo de 2004 se realizó una reunión de trabajo con la maestra Silvia Schmelkes del Valle, coordinadora general de Educación Intercultural Bilingüe.

Asimismo, el 24 de marzo se tuvo una reunión de trabajo con Luis H. Álvarez, coordinador para el Diálogo y la Negociación en Chiapas.

Por último, el 30 de marzo de 2004, conjuntamente con la Comisión de Comunicaciones, se realizó una reunión de trabajo con la ingeniera Xóchitl Gálvez Ruiz, directora general de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

e) Reuniones con organizaciones sociales

Es compromiso de la Comisión atender todos los planteamientos y propuestas de las organizaciones indígenas del país en un marco de respeto y pluralidad. En este sentido, el Consejo Indígena Permanente, que preside Eusebio Loreto, solicitó una reunión, con el propósito de analizar y reflexionar sobre la creación del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Acudieron al evento los diputados César Chávez, Evangelina Pérez, José Irene Álvarez Ramos y Sofía Castro Ríos. Por parte de dicha organización indígena participan Eusebio Loreto, Luisa de Aragón, de la Organización de Derechos Humanos de la Mujer Chinanteca, y Javier López, entre otros.

El evento se llevó a cabo el 3 de febrero de 2004 y se acuerda seguir sosteniendo reuniones, ampliando la invitación a otras organizaciones indígenas con la finalidad de mantener comunicación permanente. Tanto el Presidente de la Comisión, diputado Javier Manzano Salazar, como la secretaria diputada Sofía Castro Ríos, adoptan el compromiso de buscar acercamientos con el secretario de Educación Pública para tener mayor información respecto a la nueva institución gubernamental en proceso de creación.

4. Asuntos legislativos

En el plano estrictamente legislativo, a la fecha del presente informe, a la Comisión han sido turnadas minutas de la Cámara de Senadores, iniciativas de ley de la LVIII y de la LIX Legislaturas, así como proposiciones con punto de acuerdo.

a) Minutas

Se cuenta con los expedientes de minutas turnadas a la Comisión de Asuntos Indígenas en la LVIII Legislatura. La primera es el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, y la segunda es el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Turismo. Cabe mencionar que algunas minutas con proyecto de decreto que remitió la colegisladora, no se turnaron a la Comisión, aún cuando se refieren a la cuestión indígena, motivo por el cual se ha solicitado la ampliación de turno a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

b) Iniciativas

Las que se recibieron de la LVIII Legislatura son el proyecto de decreto que adiciona, deroga y reforma diversas disposiciones de los artículos 4, 18, 26, 53, 73, 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la iniciativa de reformas y adiciones a la Ley Federal de Radio y Televisión (adiciona un artículo 59 Ter y reforma los artículos 5, 6, 10, 11, 12, 13, 25, 55, 59, 73, 75, 86 y 101), la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, y la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 16 y reforma el artículo segundo transitorio de la Ley General de Derechos Lingüísticos.

En lo que va de la LIX Legislatura se ha turnado la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Protección a los Conocimientos Tradicionales de los Pueblos Indígenas; por el que se reforman los artículos 5 y 13, se adicionan los artículos 2, con las fracciones XIX, XX y XXI; y 9, con las fracciones XII, XIII y XIV, y se crean los artículos 20 y 21 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y se reforma el artículo 87 bis y se deroga el artículo 87 bis 1 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; y la iniciativa con proyecto de decreto por el que expide la Ley del Sistema de Consulta a Pueblos y Comunidades Indígenas, ambas presentadas por el diputado Ángel Paulino Canul Pacab.

c) Puntos de acuerdo

El primero lo presenta el diputado Emilio Zebadúa González, del grupo parlamentario del PRD, por el que se solicita informes a la Junta Gobierno de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas sobre la situación de desplazados internos en la denominada zona de conflicto del estado de Chiapas, y a la Comisión de Concordia y Pacificación, de las acciones realizadas para restablecer el diálogo entre el EZLN y el Gobierno Federal. El segundo lo presenta el diputado Juan Antonio Gordillo Reyes, del grupo parlamentario del PRI, para que se constituya a la brevedad una Comisión Evaluadora, con el concurso de la Secretaría de la Reforma Agraria y las dependencias que se estime pertinentes, para que se instrumente el pago a los desplazados de veinticinco mil hectáreas arrebatadas en las invasiones y despojos consumados a partir de 1994 en los municipios de Las Margaritas, Altamirano y Ocosingo.

5. Actividades

Derivado de los acuerdos de las reuniones plenarias se planean las actividades para empezar a cumplir los objetivos del programa de trabajo. Es así como en los meses de noviembre y diciembre se programan las siguientes actividades:

a) Foro sobre presupuesto rural

Al seno de Comisiones Unidas se llega al acuerdo de convocar y llevar a cabo el Foro nacional sobre presupuesto rural 2004, celebrado el día 3 de diciembre de 2003.

Se instalaron 10 mesas de trabajo, entre ellas la mesa de "Presupuesto para el desarrollo de los pueblos indígenas", en las cuales participaron instancias de gobierno como la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, organizaciones y representantes indígenas y la nueva agrupación integrada por instancias de gobiernos estatales encargadas de atender a los pueblos indígenas denominada Conferencia Nacional de Servidores Públicos para la Atención de los Pueblos Indígenas.

Entre las conclusiones sobresalen el planteamiento generalizado de la situación de rezago en que se encuentra el medio rural, por lo que, al contrario de lo que planteaba el Ejecutivo Federal en su proyecto de Presupuesto de Egresos 2004, de reducir el presupuesto rural, los participantes exigieron el cumplimiento de los compromisos del Estado mexicano para revalorar la situación en que vive la población en la zonas rurales.

Demandaron un incremento del presupuesto para el sector rural en un porcentaje significativo respecto del PIB nacional, además que dicho incremento se ubique en el compromiso y mira de un presupuesto multianual que se realice por dos vías: la reasignación presupuestal y la reforma hacendaria que no implique gravar alimentos y medicinas.

Otras conclusiones fueron que los aumentos del presupuesto rural consideren a programas como Alianza para el Campo, Procampo y Comercialización; el rechazo al segundo transitorio del proyecto de Presupuesto de Egresos 2004 respecto a la afectación de instituciones de investigación, capacitación y servicios del sector rural; incorporar candados que garanticen un ejercicio adecuado de oportunidad en su envío y disponibilidad; eficiencia de las dependencias; revisión y definición democrática de las reglas de operación. Se acuerda que Comisiones Unidas del Sector Rural, incluida la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, se constituyan en mecanismo o instancia permanente de trabajo de negociación, seguimiento y evaluación del presupuesto para el campo.

En materia indígena se concluyó en buscar que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establezca un ramo presupuestal exclusivo para los pueblos indígenas, con la opinión de éstos sobre programas de desarrollo, con un fondo indígena de jornaleros agrícolas, así como capacitación y programas dirigidos a la mujer.

b) Seminario Movimiento indígena: situación actual y perspectivas

Para cumplir el mandato de la primera sesión plenaria, se realizó dicho seminario bajo el criterio de allegarse elementos de análisis del movimiento indígena que permita conocer la situación actual y adquirir elementos para un mejor desempeño en las tareas legislativas. Bajo este criterio, el objetivo central del evento se planteó en la necesidad de actualizar los conocimientos respecto a la cuestión indígena escuchando experiencias de actores participantes y de analistas del tema.

El evento se llevó a cabo los días 5 y 6 de diciembre de 2003, en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Acudieron al protagonistas e importantes conocedores de los temas abordados, contando con la participación de José del Val, Luis Villoro, Emilio Rabasa, Paloma Bonfil Sánchez, Freddy Espadas Sosa, Salomón Nahamad Sittón, Jaime Martínez Veloz, Miguel Álvarez Gándara y Manuel Camacho Solís.

Dicho seminario, por las opiniones e informaciones ahí vertidas, despertó el interés de instituciones educativas, académicos, líderes de opinión, partidos políticos y de los mismos participantes, que han manifestado su beneplácito por este evento y expresaron su compromiso de seguir colaborando en los trabajos que lleve a cabo la Comisión. La misma propone organizar eventos de importancia que tenga efectos en la opinión pública y despierte el interés de los actores políticos involucrados en la cuestión indígena.

c) Visitas de trabajo

Una de las prioridades de esta Comisión es establecer un acercamiento con los pueblos indígenas de toda la República, con la finalidad de conocer más de cerca sus reclamos para estar en posibilidades de atender los asuntos que hagan llegar. A invitación de autoridades, organizaciones y pueblos indígenas, se ha acudido a visitas de trabajo a distintas regiones del país.

Hidalgo (noviembre)

En el mes de noviembre se acude al estado de Hidalgo, a invitación de la Secretaría de Desarrollo Social del estado, para participar en la VIII Reunión Nacional de Instituciones Encargadas de Asuntos Indígenas. En dicho evento se lleva a cabo la asamblea fundacional de la Conferencia Nacional de Servidores Públicos para la Atención de los Pueblos Indígenas, AC.

Estado de México, Tlaxcala y Veracruz (enero)

En el mes de enero, a invitación de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de México, se acudió a una reunión con el propósito de conocer las actividades del Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México.

En el mismo mes de enero, integrantes de la Mesa Directiva participaron en el seminario Desplazados internos en México, que se llevó a cabo en el estado de Tlaxcala, organizado por el gobierno de dicho estado y por el diputado Emilio Zebadúa González. El tema de los desplazados internos es parte de la agenda de la Comisión de Asuntos Indígenas y en su programa de trabajo se plantea la necesidad de impulsar una ley al respecto.

A invitación de la Confederación Nacional Campesina, se acudió al octogésimo noveno aniversario de la promulgación de la Ley Agraria del 6 de enero de 1915, evento en el que se realizó un ejercicio de evaluación del Acuerdo Nacional para el Campo.

En Veracruz se visitó en dos ocasiones el municipio de Papantla, a invitación del profesor Diógenes Ramírez Santes, presidente municipal. El resultado inmediato fue la constitución de un comité para reparar el puente El Remolino, mismo que beneficiará a una región indígena importante del estado.

Así, también se apoyó con asesoría legal a ciudadanos sujetos a una averiguación previa bajo los cargos de obstruir las vías generales de comunicación. En el mismo lugar, particularmente en la comunidad El Tajín, se le apoyó institucionalmente para que el gobierno del estado, organizador de la Cumbre de El Tajín, cumpla sus compromisos de otorgarle los servicios públicos necesarios.

Con representantes de esta población se llevó a cabo una conferencia de prensa en las instalaciones de la H. Cámara de Diputados para dar a conocer a la opinión pública su problemática. Para atender a este grupo de población indígena, personal de la Comisión acudió en dos ocasiones a Jalapa, Veracruz, a reuniones de trabajo con el secretario de Gobierno y con el secretario de Obras Públicas. Los resultados de esta gestión se ven materializados con la respuesta satisfactoria a los reclamos de dicha población en cuanto a la introducción de los servicios públicos demandados: únicamente falta analizarla problemática respecto a los usufructos de la Cumbre de El Tajín y se mantiene el seguimiento de los procesos penales.

Puebla y Guanajuato (febrero)

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la Universidad de las Américas de Puebla, invitaron al Presidente de la Comisión, diputado Javier Manzano Salazar, al Foro de participación de la sociedad civil sobre las negociaciones del ALCA, realizado los días 3 y 4 de febrero. Cabe aclarar que dicho foro se llevó a cabo en el marco de la XVII Reunión Viceministerial del Comité de Negociaciones Comerciales del Área de Libre Comercio de las Américas. A este evento acudió, en representación de la Presidencia de la Comisión, la diputada Sofía Castro Ríos, secretaria de la misma.

Se invitó al Presidente de la Comisión, por parte de la Delegación Regional Querétaro-Guanajuato de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a acudir al seminario Políticas públicas y pueblos indígenas. El seminario se realizó el 13 de febrero en la comunidad indígena Misión de Chichimecas, municipio de San Luis de la Paz, Guanajuato.

Sinaloa y Chiapas (marzo)

El 21 de marzo la Presidencia envió personal de la Comisión a Navolato, Sinaloa, para asistir a la conmemoración del natalicio de don Benito Juárez, acto organizado por el Consejo Sinaloense para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

En esta comunidad se realizaron contactos con diversas organizaciones de migrantes indígenas, entre otros con la Unión de Indígenas del Sur del País, AC, y con el Frente de Unificación de Lucha Triqui. A partir de esta visita las organizaciones de indígenas migrantes buscaron constituir una agrupación amplia, y solicitaron el apoyo de la Comisión para atender la problemática que aqueja en los campos agrícolas a los indígenas de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Guanajuato y Veracruz.

El 22 de marzo se realizó una visita de trabajo a la Universidad Indígena Autónoma de México, ubicada en los Mochis, Sinaloa. En esta reunión el rector, personal académico y la comunidad estudiantil informaron sobre los logros alcanzados y solicitaron la intervención de la Comisión ante la Secretaría de Educación Pública y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas con el propósito de buscar alternativas de financiamiento.

Durante el evento miembros de la comunidad estudiantil informaron a los diputados asistentes las limitaciones existentes, que se observaron en el recorrido realizado por las instalaciones del campus universitario. Los diputados y diputadas asistentes escucharon los planteamientos: dichas solicitudes son analizadas en el marco del proceso de autorización del Presupuesto de Egresos de la Federación 2005.

La Mesa Directiva, así como otros integrantes de la Comisión, realizaron el 31 de marzo una reunión de trabajo con el gobernador del estado de Chiapas, licenciado Pablo Salazar Mendiguchía. Al mismo acudieron servidores públicos del gobierno estatal como el CP Rubén F. Velásquez López, secretario de Gobierno, y Juan Vázquez López, secretario de Pueblos Indios. En dicha reunión de trabajo se expusieron las líneas de atención por parte del gobierno del estado; los diputados integrantes de la Comisión, encabezados por su presidente, dieron a conocer el Programa de Trabajo aprobado; y se intercambiaron puntos de vista sobre el conflicto indígena en el estado.

d) Diversos asuntos

Una de las acciones de esta Comisión, para recoger los planteamientos de problemáticas colectivas, sin menoscabar las solicitudes individuales, es atender a todos con diligencia y prontitud, pero ante todo con sencillez y respeto.

Instalada la Comisión se recibió la visita de diplomáticos de la Embajada de Canadá. En la reunión informaron sobre la política indigenista en dicho país, expusieron líneas de apoyo a comunidades y pueblos indígenas de México y se recibió la invitación formal para realizar una gira de trabajo con el propósito de conocer la cuestión de la autonomía vigente. La Mesa Directiva, en respuesta a esas invitaciones, ha acudido a diversos actos organizados por la Embajada de Canadá. Esperamos reforzar esta relación y preparar la gira de trabajo.

Se recibió la visita de los integrantes de la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso de San Luis Potosí. Acompañados de su legislador federal, diputado Benjamín Sagahón Medina, integrante de esta Comisión, informaron sobre los trabajos que llevan a cabo actualmente y solicitaron la intervención del Presidente en gestiones de obras públicas, particularmente de caminos y carreteras, ante la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

En cuanto a los planteamientos de las organizaciones indígenas y de indígenas en particular, el mayor número de solicitudes de intervención por esta Comisión es de carácter agrario, proyectos productivos y administración y procuración de justicia. De estos asuntos sobresale el caso de las demandas de la Sección XXII del magisterio nacional con sede en el estado de Oaxaca. En diciembre de 2003 se recibió comunicación del presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados sobre la solicitud de audiencia de una comisión del magisterio para exponer planteamientos referentes al encarcelamiento de algunos maestros e indígenas, presuntamente miembros del Ejército Popular Revolucionario (EPR). Conjuntamente con la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, dicha reunión se llevó a cabo en el mes de febrero.

En este periodo, el indígena oaxaqueño Julio Sandoval que se encontraba preso en Mexicali, Baja California; acusado por presuntos delitos en la defensa de sus representados, logró su libertad. La Presidencia de esta Comisión ha seguido de cerca el caso y mantiene un permanente apoyo legal a la problemática de este grupo de indígenas que habitan en Ensenada. Se busca una solución definitiva ante la Secretaría de la Reforma Agraria y actualmente se les apoya con asesoría legal.

Permanentemente se atiende al Sindicato Nacional de Trabajadores Indígenas, actualmente se realiza el análisis de sus planteamientos y se intercambian puntos de vista con el propósito de allegarse elementos de su problemática, y poder coadyuvar a su solución ante la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

En el mes de diciembre se lleva a cabo una reunión en las oficinas de la Comisión con diversas organizaciones indígenas bajo la idea de reflexionar respecto a líneas organizativas y de promover el debate nacional sobre la situación que guardan los pueblos indígenas. Continuando estas reuniones, en el mes de enero se efectúa una más, en la que la que las organizaciones proponen organizar un encuentro nacional indígena, que se llevará a la discusión del pleno de la Comisión para su posible aprobación.

6. Propuestas legislativas

La Comisión, por medio de su Mesa Directiva, en diciembre de 2003 presentó propuestas en materia presupuestal ante el Pleno de la Cámara de Diputados.

La lectura del proyecto del decreto de Presupuesto 2004 lleva a la Mesa Directiva a proponer la reforma y adición de los párrafos quinto, sexto y séptimo del artículo tercero y adicionar un párrafo segundo del artículo 55 así como agregar un artículo transitorio vigésimo primero.

El espíritu de dichas propuestas plantea que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas coordine y dé seguimiento a la aplicación de los recursos destinados a pueblos indígenas y evaluar sus impactos. La segunda propuesta sustantiva pretende evaluar el gasto estableciendo las bases de una política de transición que busca integrar un ramo para la atención de los pueblos y comunidades indígenas introduciendo todas las reformas legales necesarias que permitan configurar un organismo autónomo.

Dicha propuesta se sometió al Pleno de la Cámara de Diputados en la sesión del 30 de diciembre de 2003 y no ha encontrando respuesta, pero se mantiene el compromiso de seguir trabajando en esta vertiente.
 
 

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Actas

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DE LA COMISION DE INVESTIGACION SOBRE EL INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO, RELATIVA A SU SESIÓN DE INSTALACIÓN, EFECTUADA EL JUEVES 22 DE ABRIL DE 2004

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las doce horas del día veintidós de abril de 2004 se reunieron en el salón de protocolo del vestíbulo principal del edificio A de este recinto parlamentario los integrantes de la Comisión de Investigación sobre el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a fin de llevar a cabo la sesión de instalación de dicha Comisión.

La reunión fue presidida por el diputado Manuel Pérez Cárdenas, en su carácter de Presidente de la Comisión, acompañado por los diputados secretarios, quienes integran la Junta Directiva: Salvador Vega Casillas, Víctor González Huerta y Alfonso Ramírez Cuéllar.

El Presidente de la Comisión dio la bienvenida a los participantes en la reunión, señalando el objeto de la ésta.

Con la asistencia de 15 diputados, se reiteró el contenido del orden del día, de acuerdo con lo circulado en la convocatoria e invitaciones hechas a los integrantes de la Comisión, como sigue:

Orden del Día

1. Lectura del acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se designa a los diputados que integrarán la Comisión de Investigación sobre el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) y de los comunicados complementarios relativos a la integración de la Comisión.
2. Pase de lista de asistencia, verificación y declaración del quórum legal.
3. Presentación de los diputados integrantes.
4. Palabras del diputado Manuel Pérez Cárdenas, Presidente de la Comisión.
5. Palabras de los secretarios de la Comisión.
6. Declaración formal de la instalación de la Comisión.
7. Asuntos generales.
8. Clausura de la reunión. Acto seguido, el diputado Salvador Vega Casillas dio lectura al acuerdo de la Junta de Coordinación Política y a los acuerdos complementados por el que se aprueba la Comisión de Investigación y sus integrantes.

Con base en lo anterior, se pasó la lista de asistencia con objeto de verificar el quórum legal, dándose cuenta de la presencia de 15 ciudadanos legisladores federales, con lo que se integró el quórum, y posteriormente se presentó uno a uno ante los demás compañeros integrantes.

Siguiendo el orden del día, el diputado Presidente solicitó la atención de los presentes para dar lectura al documento preparado con motivo de la instalación de la Comisión, destacándose que los trabajos de ésta se constriñen al funcionamiento del IPAB, por lo cual se habrá de allegarse de todos los elementos históricos, contables, estructurales y financieros.

La Comisión se enmarca en el mecanismo constitucional para fortalecer la colaboración de los poderes públicos y el estado de derecho, reconociendo que los resultados de las investigaciones de la Comisión no serán vinculantes, sino que gozarán de fuerza moral proporcionalmente directa a la seriedad y al profesionalismo en que se lleven a cabo sus tareas, que serán entregados al Poder Ejecutivo federal para su conocimiento.

Expuso las condiciones históricas y el marco económico que originó la crisis financiera en México durante 1994 y el reconocimiento de esa experiencia para fortalecer la red de seguridad financiera del país. Advirtiendo que esos sucesos originaron la necesidad de constituir el IPAB, cuyo objetivo principal, establecido en ley, es construir un sistema de protección al ahorro bancario, el cual ha sido centro de atención de los legisladores, pues han creado instancias de investigación y seguimiento de las operaciones del Instituto.

Por consiguiente, la Comisión de Investigación sobre el IPAB deberá partir de los resultados producidos por los trabajos de las anteriores Legislaturas y revisar las conclusiones a que llegaron y las dificultades que enfrentaron, y estudiar la información complementaria sobre el tema.

Asimismo, propuso guardar estrecha relación de trabajo con la Auditoría Superior de la Federación y la Comisión de Vigilancia por mecanismos de coordinación para la entrega de información oportuna y completa con que se disponga.

También señaló que el diagnóstico sobre la operación del IPAB tendrá que realizarse profesional y objetivamente, el cual deberá estar ajeno a ideas preconcebidas y enfoques políticos, procurando fortalecer instituciones como el IPAB. Sugirió tomar como base los principios de eficiencia y transparencia, no negando la importancia de la intervención gubernamental en el rescate bancario, aceptando claramente lo que no pueda cambiarse, pero dar soluciones para evitar que en futuro se cometan los mismos errores.

Finalmente, propuso al pleno de la Comisión un proyecto de programa de trabajo con objeto de que fuera aprobado en lo general y enriquecido con las opiniones y sugerencias de los diputados.

Por su parte, el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar señaló que el objetivo principal de la Comisión fuera contribuir para reducir el costo fiscal del rescate bancario y revisar el tema del canje de los pagarés del Fobaproa por bonos del IPAB, pues hay fuentes de descuento que tendrán que ser aplicadas para reducir el monto de la deuda de 220 mil millones de pesos a 106 mil millones de pesos, eso sin considerar las auditorías que ha practicado el contador público Arturo González de Aragón, auditor superior de la Federación.

Advirtió el reto de la Comisión para que dichas auditorías se realicen antes del proceso de aprobación del paquete económico para el próximo año, pues justamente empieza en 2005 el vencimiento de los pagarés y es apremiante agotar las fuentes de descuento, aunado a que la deuda del Programa de Capitalización y Compra de Cartera no es una deuda reconocida por el Congreso, según el mandato de la propia Ley del IPAB.

Reconoció que se asuman los resolutivos de las comisiones anteriormente constituidas, entre las que se encuentran que el Programa de Capitalización y Compra de Cartea fue un programa ilegal y la necesidad de fincar responsabilidades a los funcionarios que permitieron las modificaciones de las reglas para la compra de las carteras vencidas de los bancos. Además, planteó que habría que profundizar en el Programa de Saneamiento Financiero y revisar el proceso de venta de los activos que ha realizado el IPAB.

Por su parte, el diputado Víctor González Huerta definió la participación de los legisladores de su partido en la Comisión, cuyo propósito será evitar que con recursos fiscales se absorban las pérdidas de todo el quebranto bancario. Reconoció como importante auditar los bancos para procurar disminuir dicho costo.

La diputada Dolores Padierna Luna comentó que, dentro de sus facultades, el IPAB tiene una importante: encargarse de la culminación del rescate bancario en los programas autorizados como deuda pública por el Congreso. Por tanto, el IPAB no tiene facultad para administrar el Programa de Capitalización y Compra de Cartera. De igual forma, manifestó su preocupación por el hecho de que el IPAB haya firmado un convenio de desaparición del Fobaproa, cuando en la ley se establecen los procedimientos para tales efectos.

La legisladora se sumó al objetivo de procurar que el rescate bancario se financie sin costo al erario público y que las instancias facultades finquen las responsabilidades que a derecho haya lugar.

El diputado Rafael Sánchez Pérez manifestó su desacuerdo en que el objetivo del trabajo de la Comisión sea disminuir el costo financiero del rescate financiero, pues el acuerdo de la Junta de Coordinación Política estableció que el objeto de trabajo es el que se deriva de su denominación.

El diputado Víctor Hugo Islas se congratuló por la instalación de la Comisión, aunque reconoció su preocupación por los tiempos y por la actuación de las instituciones bancarias y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Planteó la necesidad de intervenir y actuar inmediatamente para conocer con la mayor brevedad la realidad de lo que ocurrió con el rescate bancario, proponiendo interrogantes y buscar respuestas que la sociedad demanda sobre el desempeño del IPAB.

Al término de las intervenciones de los CC. legisladores, el diputado Presidente declaró formalmente instalada la Comisión de Investigación sobre el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, para el cumplimiento de su trabajo, de conformidad con los mandatos constitucionales y legales.

Leída y aprobada por los presentes, el acta es firmada por

Diputados: Manuel Pérez Cárdenas (rúbrica), Presidente; Salvador Vega Casillas (rúbrica), secretario; Víctor González Huerta (rúbrica), secretario; Alfonso Ramírez Cuéllar (rúbrica), secretario.
 
 
 

DE LA COMISION DE INVESTIGACION SOBRE EL INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO, DE SU PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA, REALIZADA EL MARTES 15 DE JUNIO DEL 2004

En la Ciudad de México, DF, siendo las 11:30 horas del día quince de junio del año 2004, se reunieron en la sala de juntas de las oficinas del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, los integrantes de la Comisión de Investigación sobre el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión para llevar a cabo la primera reunión ordinaria de dicha Comisión.

La reunión la encabezó el diputado Manuel Pérez Cárdenas, en su carácter de Presidente de la Comisión, acompañado por los diputados secretarios, quienes integran la Junta Directiva: diputado Víctor González Huerta, diputado Alfonso Ramírez Cuéllar y el diputado Salvador Vega Casillas.

Previamente se entregó a cada miembro de la Comisión una carpeta con el orden del día; el acta de la sesión de instalación de la Comisión celebrada el 22 de abril del 2004; la propuesta de programa de trabajo de la Comisión y las bases de coordinación entre el IPAB y la Comisión.

Punto uno

El Presidente de la Comisión dio la bienvenida a los participantes y a continuación ordenó el pasé de lista de asistencia; habiendo verificado la asistencia de 15 diputados miembros de la Comisión, declaró satisfecho el quórum legal y por tanto declaró legalmente instalada sesión.

Punto dos

En atención al punto 2, el Presidente dio lectura del orden del día, de lo cual surgieron dos propuestas:

La primera, hecha por el diputado Salvador Vega Casillas, quién en su carácter de secretario de la Comisión solicitó que se recorriera la numeración del orden del día y se incluyera como punto 5 la revisión y aprobación de las bases de coordinación que establecen la Comisión de Investigación sobre el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión ("la Comisión") y el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.("el IPAB"), para definir el procedimiento de acceso a la información necesaria y los mecanismos que permitan preservar su confidencialidad, relativa al funcionamiento del IPAB.

El diputado Salvador Vega Casillas, secretario de la Comisión, manifestó que la Mesa Directiva de la Comisión había llevado a cabo dos reuniones con el secretario ejecutivo del IPAB en las cuales se habían hecho de manera conjunta las revisiones correspondientes y que, por tanto, el documento de dichas bases ya representaba, en principio, la manifestación de acuerdo con dichas bases entre la Comisión y el IPAB, por lo que era de suma importancia para la continuación de los trabajos de la Comisión contar con la aprobación de dichas bases por parte del pleno de la Comisión para su firma con el IPAB.

La propuesta del diputado Vega Casillas de incluir en el orden del día como punto 5 de revisión y aprobación de las bases de coordinación con el IPAB fue aprobada por unanimidad del pleno de la Comisión.

La segunda propuesta de modificar el orden del día fue hecha por el diputado Alfonso Ramírez Cuellar, quién expresó que el que fuera el punto 5 del orden del día no reflejaba adecuadamente el tema a tratar con el secretario ejecutivo del IPAB, por lo que propuso que se le quitará la parte final que dice "...respecto al esquema de apoyo a deudores" y quedara como punto 6 de la siguiente manera:

"6.- Informe del licenciado Mario Alberto Beauregard Álvarez, secretario ejecutivo del IPAB". Esta modificación también fue aprobada por unanimidad del pleno de la Comisión.

Habiéndose incluido en el orden del día los agregados y modificaciones aprobados, se sometió nuevamente a la consideración del pleno de la Comisión, el cual aprobó por unanimidad el orden del día, que quedó de la siguiente manera:

Orden del Día

1.- Pase de lista de asistencia, verificación y declaración del quórum legal.
2.- Lectura del orden del día.
3.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión de instalación.
4.- Aprobación del programa de trabajo.
5.- Revisión y aprobación de las bases de coordinación que establecen la Comisión de Investigación sobre el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión ("la Comisión") y el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario ("el IPAB") para definir el procedimiento de acceso a la información necesaria y los mecanismos que permitan preservar su confidencialidad, relativa al funcionamiento del IPAB.
6.- Informe del licenciado Mario Alberto Beauregard Álvarez, secretario ejecutivo del IPAB.
7.- Comentarios del licenciado Mario Alberto Beauregard Álvarez, respecto a los juicios de particulares contra el Instituto.
8.- Asuntos generales.
9.- Clausura de la reunión. Punto tres

En desahogo del punto 3, el Presidente de la Comisión solicitó la dispensa de lectura del acta de la sesión de instalación de la Comisión, celebrada el 22 de abril del 2004, por ser un documento que con anticipación se les había hecho llegar a los diputados miembros de la Comisión. La dispensa fue aprobada por unanimidad.

En continuación del punto 3, el Presidente de la Comisión sometió a votación la aprobación del acta de la sesión de instalación de la Comisión, celebrada el 22 de abril del 2004. Como resultado de la votación dicha acta fue aprobada por unanimidad del pleno de la Comisión.

Punto cuatro

En atención del punto 4 del orden del día, el Presidente sometió a consideración del pleno la aprobación del programa de trabajo de la Comisión, en virtud que desde la sesión de instalación de la Comisión, llevada a cabo el 22 de abril del año en curso, propuso al pleno el proyecto de programa de trabajo para su aprobación y enriquecimiento con las opiniones y sugerencias de los miembros integrantes de la Comisión.

Mencionó también que el programa de trabajo que se presenta incluye las propuestas del diputado Víctor González Huerta, único miembro de la Comisión que oportunamente había respondido a la solicitud de propuestas, opiniones y sugerencias hechas por la Presidencia (se reiteró la solicitud a los miembros de la Comisión mediante oficio número CIIPAB/2004/016 del 11 de mayo del 2004) y que las propuestas incluidas estaban hechas a satisfacción del diputado Víctor González Huerta.

Toda vez que el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar acababa de entregar, al inicio de la reunión, sus propuestas para incluirlas al programa de trabajo de la Comisión y de que la diputada María de los Dolores Padierna Luna proponía que se incluyeran en dicho Programa aspectos del convenio celebrado entre poderes el 14 de septiembre de 1998, se abrió la participación de los integrantes de lo que derivó en el siguiente acuerdo:

Se aprueba en lo general y por unanimidad el programa de trabajo presentado por el Presidente de la Comisión, dejando a salvo el procesar para su incorporación o no otras propuestas como las presentadas por el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar y las que propone la diputada María de los Dolores Padierna Luna, a quién se exhortó para que envíe a la Comisión, lo antes posible, las propuestas a que hizo referencia. Que la Junta Directiva procese e incorpore lo que proceda al programa, hecho lo cual se dé a conocer en la próxima reunión del pleno de la Comisión, previo envío por escrito a los integrantes de la Comisión.

Punto cinco

Para el desahogo del punto 5 del orden del día, el Presidente solicitó al diputado secretario de la Comisión Salvador Vega Casillas la lectura de las Bases de coordinación que establecen la Comisión de Investigación sobre el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión ("la Comisión") y el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario ("el IPAB"), para definir el procedimiento de acceso a la información necesaria y los mecanismos que permitan preservar su confidencialidad, relativa al funcionamiento del IPAB ("las bases").

Una vez leído el documento de las bases, el Presidente de la Comisión manifestó que se requería la aprobación del pleno de la Comisión para firmarlo con el IPAB, lo cual sometía a consideración del mismo, dando paso con ello a las participaciones de los integrantes que confluyeron en lo siguiente:

a) El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar propuso que en la base sexta, renglón cuarto, se modifique la frase que dice: "...expresamente autorice y designe..." y en su lugar quede "...expresamente informe...", lo cual se sometió a votación del pleno, mismo que por unanimidad aprobó la modificación y la base sexta quedó como sigue: "Sexta.- La información y documentación que por sus características específicas no pueda proporcionarse en copia fotostática, el IPAB la pondrá a disposición de los miembros de la Comisión que ésta, con dos días de anticipación, expresamente informe mediante escrito firmado por su Presidente y, en las ausencias de éste, por los secretarios de la Comisión, quienes podrán consultarla personalmente durante días y horas laborables. Dicha información será ofrecida únicamente en el sitio designado por el IPAB dentro de sus oficinas como sala de consulta, mismo que el propio IPAB dará a conocer a la Comisión en un plazo no mayor a cinco días hábiles contados a partir de la suscripción de estas Bases."

b) El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar propuso que para el caso de la información reservada a revisarse en las oficinas del IPAB, la Comisión seleccione un equipo de tres técnicos permanentes para cubrir las funciones de auxilio para cumplir con los objetivos de la Comisión.

Sobre esta propuesta se manifestó que la información reservada constituye los casos de excepción, y que para estos casos la Comisión esta cubierta con lo asentado en la base novena; que para los casos de reserva es importante que se tenga un control y que, por tanto, a ellos sólo deberán tener acceso los diputados miembros de la Comisión, ya que el tener asistentes con acceso permanente a esa información produciría efectos negativos, ya que de hecho esos asistentes serían quienes realmente conocerían toda esa información y se perdería el control y la reserva sobre la misma.

Que la reserva de esa información debería mantenerse, ya que de no hacerlo se podría violar la ley y afectar a intereses de estado o de terceras personas.

Que las bases presentadas ya reflejan un trabajo intenso de negociación y el acuerdo de voluntades entre el IPAB y la Mesa Directiva de la Comisión, por lo que sería conveniente aprobarlas en sus términos para no retrasar el inicio operativo de los trabajos de la Comisión.

Que de aprobarse las bases en los términos en que estén presentadas no impediría que más adelante se pudieran hacerles modificaciones si se viera que no funcionan, pero no aprobarlas sí impediría avanzar en los trabajos de la Comisión.

Que no aprobarlas implicaría abrir una nueva ronda de negociaciones con la contraparte, que no necesariamente asegurarían la aceptación, porque se trata de reservas de Ley que, de no cumplirlas, se incurriría en graves responsabilidades.

Estando suficientemente discutida la propuesta, el diputado Presidente sometió a consideración del pleno la votación para la aprobación de las bases. El resultado de la votación fue: no se aprueban las bases de coordinación entre la Comisión y el IPAB, por 9 votos en contra y 5 votos a favor.

Durante el desahogo del punto cinco salió a colación, por parte de los diputados José Adolfo Murat Macías y Alfonso Ramírez Cuellar, el asunto del espacio físico de la Comisión y el de los asesores para los secretarios de la misma, a lo cual el diputado Presidente reiteró que sobre el espacio físico no había queja sino al contrario, que más bien aprovecha para informarles que sí hay ese apoyo, que se asignó una área ubicada dentro del conjunto de la Cámara de Diputados, en el edificio D, primer piso (extensión 1226), y que por lo que respecta a los asesores, también el Presidente ya había hecho saber a los secretarios que sí hay recursos para la contratación de asesores, al menos para los secretarios de la Comisión que representan las fracciones parlamentarias y que les había pedido que procedan a realizar su contratación, por lo que si al momento no se ha realizado es porque no lo han decidido ellos, así que reitera esa petición, no vaya a ser que por no hacerlo vayan a cancelar los recursos.

Punto seis

Por lo que respecta al sexto punto, a solicitud del Presidente de la Comisión, el secretario ejecutivo del IPAB, Mario Alberto Beauregard Álvarez, expresó que se espera que con la primera reunión ordinaria de la Comisión se esté dando un paso importante rumbo a la consolidación del Instituto dentro del sistema financiero del país y así cumplir con el objetivo principal de proteger el ahorro de los mexicanos; que reitera su disposición y la de sus compañeros para colaborar con la Comisión, siempre en el marco de la ley, para el logro de los objetivos trazados en el programa de trabajo que fuera aprobado el día de hoy por la Comisión.

A continuación presentó a los secretarios adjuntos del IPAB, quienes, señaló, estarán trabajando muy de cerca con la Comisión: licenciada Lucía Villalón Trujillo, secretaria adjunta jurídica; licenciada Fernanda Casanueva de Diego, de Administración y Sistemas; licenciado Alfredo Vara Alonso, de Protección al Ahorro Bancario; doctor Osvaldo Santín Quiroz, de Recuperación de Activos, y al licenciado José Merino, encargado de Enlace Institucional.

Manifestó que su presentación constaría de 3 temas, que expusieron su colaboradores, y que fueron:

Antecedentes y creación del Instituto; asuntos relacionados con la formalización del nuevo programa a que se refiere el artículo 512 transitorio; y el tercero, el relacionado con los juicios de particulares contra el IPAB.

La presentación de estos 3 temas se incluye como anexo número 1, el cual forma parte integrante de la presente acta.

Séptimo punto

En cuanto al séptimo punto, relativo a los juicios de particulares contra el Instituto, el tema lo expuso la licenciada Lucía Villalón Trujillo, secretaría adjunta jurídica del IPAB; su presentación también se incluye en el anexo número 1 de esta acta.

Octavo punto

Por lo que toca al punto octavo, no se presentó al pleno ningún asunto general por parte del los diputados integrantes de la Comisión.

Noveno punto

Habiéndose agotado el orden del día, el Presidente de la Comisión declaró clausurada la primera reunión ordinaria de la Comisión de Investigación sobre el Ahorro Bancario; leída y aprobada por los presentes el acta es firmada por:

Diputados: Manuel Pérez Cárdenas (rúbrica), Presidente; Salvador Vega Casillas (rúbrica), secretario; Alfonso Ramírez Cuéllar (rúbrica), secretario; Víctor Ernesto González Huerta (rúbrica), secretario; Manlio Fabio Beltrones Rivera, Álvaro Burgos Barrera (rúbrica), Elpidio Desiderio Concha Arellano (rúbrica), Abel Echeverría Pineda (rúbrica), Adrián Víctor Hugo Islas Hernández (rúbrica), José Adolfo Murat Macías (rúbrica), Mayela Ma. de Lourdes Quiroga Tamez (rúbrica), Quintín Vázquez García (rúbrica), Jesús Emilio Martínez Álvarez (rúbrica), Federico Döring Casar (rúbrica), Gustavo Enrique Madero Muñoz (rúbrica), Juan Francisco Molinar Horcasitas (rúbrica), Rafael Sánchez Pérez (rúbrica), María de los Dolores Padierna Luna (rúbrica en contra, no apruebo contenido), César Antonio Chávez Castillo, Carlos Hernán Silva Valdés, Óscar González Yáñez, Cuauhtémoc Ochoa Fernández (rúbrica).
 
 

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Convocatorias

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DE LA COMISION DE PARTICIPACION CIUDADANA

A su reunión plenaria, que se efectuará el martes 14 de septiembre, a las 8:30 horas, en la zona C del edificio G (Los Cristales).

Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Lectura y, en su caso, aprobación de las actas de las reuniones plenarias celebradas los días 6 y 20 de abril del año en curso.
4. Informe sobre los cambios de integrantes.
5. Datos sobre el informe de la Comisión de Participación Ciudadana.
6. Propuesta de la Comisión para la Medalla Belisario Domínguez a favor del doctor Ignacio Burgoa Orihuela.
7. Presupuesto aprobado por el Comité de Administración para la realización de los foros de participación ciudadana.
8. Información sobre los ponentes de las conferencias magistrales.
9. Convenio con la Universidad Panamericana para llevar a cabo un diplomado.
10. Asuntos generales. Atentamente
Dip. Jaime Miguel Moreno Garavilla
Presidente

DE LA COMISION DE ASUNTOS INDÍGENAS

A la reunión de trabajo de las Mesas Directivas de las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas, y de Reforma Agraria con funcionarios estatales de Sonora, encabezados por el secretario de Gobierno, licenciado Bulmaro Pacheco Moreno, que se realizará el martes 14 de septiembre, a las 9 horas, en el salón E del edificio G (Los Cristales).

Atentamente
Dip. Javier Manzano Salazar
Presidente
 
 
 

DEL GRUPO DE TRABAJO PARA LA EVALUACION DE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN

A su reunión de instalación, que tendrá verificativo el martes 14 de septiembre, a las 9 horas, en el salón B del edificio G (Los Cristales).

Orden del Día

Lista de asistencia y presentación de las y de los integrantes.
Declaración de quórum.
Lectura y aprobación del orden del día.
Intervención de la diputada Presidenta.
Declaración formal de instalación.
Asuntos generales.
Clausura. Atentamente
Dip. Rosario Herrera Ascencio
Presidenta

DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES

A la reunión de instalación del Grupo de Amistad México-Eslovaquia, que se llevará a cabo el martes 14 de septiembre, a las 11:30 horas, en la sala de reuniones de la Comisión.

Orden del Día

I. Lectura y aprobación del orden del día.
II. Palabras de bienvenida de la Presidenta del Grupo de Amistad México-Eslovaquia, diputada Consuelo Camarena Gómez.
III. Palabras del excelentísimo embajador de Eslovaquia en México, señor Branislav Hitka.
IV. Lectura del acta constitutiva.
V. Firma del acta constitutiva.
VI. Instalación del Grupo de Amistad México-Eslovaquia, encabezada por la Presidenta, diputada Consuelo Camarena Gómez, a las 11:30 horas del 14 martes de septiembre del presente año.
VII. Entrega de obsequio.
VIII. Firma del visitante distinguido, embajador de Eslovaquia en México, señor Branislav Hitka.
IX. Término de la ceremonia de instalación. Atentamente
Dip. Consuelo Camarena Gómez
Presidenta del Grupo de Amistad

DEL COMITÉ DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO E INVESTIGACIONES PARLAMENTARIAS

A la reunión de su Mesa Directiva, que tendrá verificativo el martes 14 de septiembre, a las 14 horas, en la sala de juntas del Comité.

Orden del Día

1. Lista de asistencia.
2. Análisis y evaluación del plan de trabajo del Comité.
3. Asuntos generales. Atentamente
Dip. Pablo Franco Hernández
Presidente

DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL

A la reunión de su Mesa Directiva, que se realizará el martes 21 de septiembre, a las 8:30 horas, en el salón F del edificio G (Los Cristales).

Atentamente
Dip. Miguel Alonso Raya
Presidente
 
 
 

DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS

A su octava reunión plenaria, que se llevará a cabo el martes 21 de septiembre, a las 9 horas, en el salón B del edificio G (Los Cristales).

Orden del Día

a) Lista de asistencia y, en su caso, verificación del quórum.
b) Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.
c) Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la séptima reunión plenaria.
d) Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen de la Subcomisión Jurídico-Legislativa de la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos.
e) Asuntos generales. Atentamente
Dip. Javier Manzano Salazar
Presidente

DE LA COMISIÓN DE SALUD

A la Primera jornada de vacunación contra la hepatitis, que se realizará el martes 21 de septiembre, de las 9 a las 18 horas, en el vestíbulo del edificio E del Palacio Legislativo.

Atentamente
Dip. José Ángel Córdova Villalobos
Presidente
 
 
 

DE LA COMISIÓN DE POBLACIÓN, FRONTERAS Y ASUNTOS MIGRATORIOS

A la reunión de trabajo de su Mesa Directiva, que se llevará a cabo el martes 21 de septiembre, a las 12 horas, en el salón A del edificio G (Los Cristales).

Orden del Día

1. Lista de asistencia y verificación de quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Minuta de la Ley contra la Delincuencia Organizada.
4. Iniciativas:
4.1. Ampliación de turno de las reformas al Cofipe;
4.2. Iniciativa de la diputada María Guadalupe Suárez Ponce; y
4.3. Iniciativa del diputado Elpidio Tovar de la Cruz.

5. Puntos de acuerdo.
6. Avances en los puntos de acuerdo turnados a comisiones.
7. Asuntos generales.

Atentamente
Dip. Juan Antonio Guajardo Anzaldúa
Presidente

DE LA COMISIÓN DEL DISTRITO FEDERAL

A su sexta reunión plenaria, que se verificará el martes 21 de septiembre, a las 13 horas, en el salón B del edificio G (Los Cristales), quedando cancelada la reunión del martes 14 de septiembre. Asimismo, se les informa que dicho cambio se debe a la petición de diputados integrantes de esta Comisión, con la anuencia de los secretarios de la Junta Directiva.

Se recuerda a los CC. diputados integrantes de la Comisión del Distrito Federal que, de acuerdo con la práctica que se sigue en esta Comisión, se da un término de 20 minutos de espera para que haya quórum y, en su caso, iniciar la sesión.

Orden del Día

1. Bienvenida.
2. Lista de asistencia y verificación de quórum.
3. Ratificación del acuerdo de la Mesa Directiva mediante el cual se crean subcomisiones que deberán tratar las iniciativas y puntos de acuerdo pendientes.
4. Asignación de los diversos temas a las subcomisiones.

5. Dar cuenta de los proyectos de modificación de la iniciativa que adiciona una Base Sexta al Apartado C) del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
6. Dar cuenta del proyecto de modificación del Estatuto del Distrito Federal para dotar de personalidad jurídica y patrimonio a las delegaciones.
7. Dar cuenta de la propuesta con punto de acuerdo mediante el cual la Asamblea Legislativa del Distrito Federal solicita se realicen acciones que incrementen sustancialmente el presupuesto de salud asignado al Gobierno del Distrito Federal.
8. Dar cuenta del punto de acuerdo de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal relativo a la desconcentración educativa integral para el Distrito Federal para que no sólo se transfieran a las entidades locales los servicios educativos, sino también la administración de los recursos financieros necesarios para una educación pública de calidad.

9. Dar cuenta del punto de acuerdo para reiterar al Congreso de la Unión el exhorto a que se incluya el Distrito Federal en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para el ejercicio fiscal de 2005. Remite la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
10. Dar cuenta de la iniciativa que reforma el inciso a) del sexto párrafo del artículo 37 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, presentada por el diputado Jorge Legorreta Ordorica, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
11. Dar cuenta de la iniciativa que adiciona un artículo décimo séptimo transitorio al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, presentada por el diputado Jorge Legorreta Ordorica, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

12. Fecha de instalación y programa de trabajo para las diversas subcomisiones.
13. Metodología para integrar los trabajos y hacer más eficiente su desempeño.
14. Informe sobre el Foro de reforma política del Distrito Federal.
15. Asuntos generales.
16. Clausura.

Atentamente
Dip. José Agustín Ortiz Pinchetti
Presidente

DE LA SUBCOMISIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO Y DERECHOS HUMANOS DE LOS MIGRANTES DE LA COMISIÓN DE POBLACIÓN, FRONTERAS Y ASUNTOS MIGRATORIOS

A su reunión de trabajo, que se efectuará el miércoles 22 de septiembre, a las 10 horas, en el salón F del edificio G (Los Cristales)

Orden del Día

1. Lista de asistencia.
2. Aprobación del orden del día.
3. Presentación del programa de trabajo de la Subcomisión.
4. Elaboración del anteproyecto de dictamen de las siguientes proposiciones con punto de acuerdo:

Por la que se exhorta a las secretarías de Estado involucradas en los flujos migratorios para que informen a la Cámara de Diputados sobre las medidas que se toman y de qué manera se asegura el cumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus leyes reglamentarias.
Para que las Secretarías de Gobernación, y de Relaciones Exteriores, y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos informen a esta soberanía si tienen conocimiento de algún incidente de maltrato o posibles violaciones a los derechos humanos de los migrantes, y que investiguen a fondo la continuación del Programa de Deportación Lateral de Estados Unidos.

5. Propuesta de reuniones de trabajo de la Subcomisión de Programas de Apoyo y Derechos Humanos de los Migrantes con funcionarios del Gobierno Federal.
6. Asuntos generales.

Atentamente
Dip. Elpidio Tovar de la Cruz
Coordinador de la Subcomisión

DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

A su reunión plenaria, que se efectuará el miércoles 22 de septiembre, a las 11 horas, en el salón Leona Vicario, situado en el edificio H, planta baja.

Atentamente
Dip. Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán
Presidenta
 
 
 

DE LA COMISIÓN DE REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS

Al segundo ciclo de mesas redondas denominado Reformas urgentes al marco jurídico del Congreso mexicano, que se efectuará los miércoles 22 -en la zona C del edificio G (Los Cristales)- y 29 de septiembre -en el salón Legisladores de la República (Salón Verde).

Programa

Miércoles 22 de septiembre, 10 horas

Mesa 2. Facultades de control y fiscalización del Congreso.

Ponentes:

Sen. Jesús Galván Muñoz, Cámara de Senadores.
Dip. Óscar González Yáñez, Cámara de Diputados.
Dip. Iván García Solís, Cámara de Diputados.
Dr. Pedro Salazar Ugarte, IIJ-UNAM.
Dr. Luis Rey Raigosa Sotelo, ITAM.
Dra. Luisa Bejar Algazi, FCPyS-UNAM.

Moderador:
Dip. Jorge Luis Preciado Rodríguez.
 

Miércoles 29 de septiembre, 10 horas

Mesa 3. Profesionalización del servicio público del Congreso.

Ponentes:

Sen. César Camacho Quiroz, Cámara de Senadores.
Dip. Pablo Gómez Álvarez, Cámara de Diputados.
Dip. José A. de la Vega Asmitia, Cámara de Diputados.
Dr. Jorge Fernández Ruiz, IIJ-UNAM.
Dr. Ricardo Uvalle Berrones, FCPyS-UNAM.

Moderador:
Dip. Raúl Mejía González.

Clausura.
 
 
 

DE LA COMISIÓN DE POBLACIÓN, FRONTERAS Y ASUNTOS MIGRATORIOS

A la reunión de instalación de la Subcomisión de Población, que tendrá verificativo el jueves 23 de septiembre, a las 9:30 horas, en el salón A del edificio G (Los Cristales).

Orden del Día

1. Lista de asistencia y declaración de quórum.
2. Presentación de los integrantes.
3. Lectura y aprobación del orden del día.
4. Declaración formal de instalación.
5. Mensaje a cargo del coordinador de la Subcomisión.
6. Mensaje a cargo de los integrantes de la Subcomisión
7. Clausura de la reunión Atentamente
Dip. Jaime Fernández Saracho
Coordinador

DE LA COMISIÓN DE RECURSOS HIDRÁULICOS

A su tercera reunión extraordinaria, a la que acudirá el comisionado mexicano internacional de Límites y Aguas (CILA), ingeniero Arturo Herrera Solís, que se efectuará el jueves 23 de septiembre, a las 10 horas, en el salón E del edificio G (Los Cristales).

Atentamente
Dip. Jesús Vizcarra Calderón
Presidente
 
 
 

DE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS FONDOS DE LOS TRABAJADORES MEXICANOS BRACEROS

A su reunión de trabajo, que tendrá lugar el jueves 23 de septiembre, a las 10 horas, en el salón B del edificio G (Los Cristales).

Orden del Día

1. Lista de asistencia y presentación de integrantes.
2. Declaración de quórum.
3. Lectura y aprobación del orden del día.
4. Panorama actual de los ex braceros.
5. Asuntos generales.
6. Clausura de la reunión. Atentamente
Dip. Marco Antonio Gama Basarte
Presidente

DE LA COMISIÓN DE SALUD

A la comparecencia del secretario de Salud, doctor Julio Frenk Mora, que tendrá verificativo el jueves 23 de septiembre, a las 17 horas, en el salón Legisladores de la República (Salón Verde) del Palacio Legislativo.

Atentamente
Dip. José Ángel Córdova Villalobos
Presidente
 
 
 

DE LA COMISIÓN DEL DISTRITO FEDERAL

A diputados, asesores y secretarios técnicos, al ciclo de conferencias magistrales, que se llevarán a cabo hasta el lunes 27 de septiembre en el salón B del edificio G (Los Cristales).

Objetivo: Contribuir a fortalecer el trabajo legislativo y político en comisiones.

Coyuntura y prospectiva política
Maestro Juan Luis Hernández Avendaño, martes 21 de septiembre, 17:00-20:00 horas.

Las instituciones como mecanismos de cooperación entre los actores políticos
Doctor Juan Manuel Ortega Riquelme, lunes 27 de septiembre, 17:00-20:00 horas.

Sede: Salón B del restaurante Los Cristales.

Se entregará constancia con valor curricular.
Cupo limitado, confirmar asistencia. Atentamente
Dip. José Agustín Ortiz Pinchetti
Presidente

DE LA COMISIÓN DE SALUD

A su duodécima reunión plenaria, y comparecencia del comisionado nacional de los Salarios Mínimos y de la encargada de la Coordinación de Educación Media Superior, que se verificará el miércoles 29 de septiembre, a las 14 horas, en el salón E del edificio G (Los Cristales).

Orden del Día

1. Lista de asistencia y verificación de quórum.
2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.
3. Comparecencia del licenciado Basilio González Núñez, comisionado nacional de los Salarios Mínimos, y de la licenciada María Eugenia Castellón de León, encargada de la Coordinación de Educación Media Superior.
4. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior.
5. Análisis y, en su caso, aprobación de los anteproyectos de dictamen.
6. Asuntos generales. Atentamente
Dip. José Ángel Córdova Villalobos
Presidente

DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Al foro Energías renovables, que se efectuará el miércoles 13 de octubre, de las 9 a las 16 horas, en el auditorio norte.

Atentamente
Dip. Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán
Presidenta