Gaceta Parlamentaria, año VII, número 1462, miércoles 24 de marzo de 2004

Comunicaciones

DE LA JUNTA DE COORDINACION POLITICA

Palacio Legislativo, México, DF, a 19 de marzo de 2004.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes

Por medio de la presente, y en relación al acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se constituye la Comisión Especial de Reforma del Estado, aprobado en la sesión ordinaria del día jueves 18 de marzo del presente año, me permito precisar que la diputada Socorro Díaz Palacios es secretaria de dicha Comisión por parte del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de conformidad con el acuerdo sexto, párrafo tercero.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente
Dip. Emilio Chuayffet Chemor (rúbrica)
Presidente

Palacio Legislativo, México, DF, a 22 de marzo de 2004.

Dip. Juan de Dios Castro Lozano
Presidente de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados
Presente

En relación con los atentos oficios de fecha 18 de marzo del año en curso, suscritos por el C. diputado Pablo Gómez Alvarez, coordinador del grupo parlamentario del PRD, mediante el cual hizo del conocimiento de la Junta de Coordinación Política diversas modificaciones en la integración de comisiones respecto de diputados del grupo parlamentario que coordina, me permito comunicarle lo siguiente:

En reunión de trabajo celebrada el día de hoy, los integrantes de la Junta de Coordinación Política se dieron por enterados de las comunicaciones formuladas en términos de lo dispuesto por los artículos 34, numeral 1, inciso c), y 44, numeral 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, respecto de los cambios que a continuación se precisan:

Diputada Angélica de la Peña Gómez, causa baja de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.

Diputado Tomás Cruz Martínez, causa baja de la Comisión de Fortalecimiento al Federalismo, y alta en la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.

Diputado Abdallán Guzmán Cruz, causa baja de la Comisión de Pesca.

Lo anterior me permito hacerlo de su conocimiento para los efectos que resulten procedentes.

Sin otro particular por el momento, me es grato expresar a usted un cordial saludo.

Atentamente
Dip. Emilio Chuayffet Chemor (rúbrica)
Presidente

Palacio Legislativo, México, DF, a 22 de marzo de 2004.

Dip. Juan de Dios Castro Lozano
Presidente de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados
Presente

En relación con el atento oficio de fecha 1º de marzo del año en curso, suscrito por el C. diputado Sergio Penagos García, quien por instrucciones del C. diputado Francisco Barrio Terrazas, coordinador del grupo parlamentario del PAN, solicita la sustitución del diputado José Angel Córdoba Villalobos como integrante de la Comisión de Juventud y Deporte, designándose en su lugar al diputado Marko Antonio Cortés Mendoza, me permito hacer de su conocimiento lo siguiente:

En reunión de trabajo celebrada el día 9 de marzo de 2004, los integrantes de la Junta de Coordinación Política se dieron por enterados de la solicitud formulada en términos de lo dispuesto por los artículos 34, numeral 1, inciso c), y 44, numeral 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Lo anterior me permito hacerlo de su conocimiento para los efectos que resulten procedentes.

Sin otro particular por el momento, me es grato expresar a usted un cordial saludo.

Atentamente
Dip. Emilio Chuayffet Chemor (rúbrica)
Presidente

Palacio Legislativo, México, DF, a 22 de marzo de 2004.

Dip. Juan de Dios Castro Lozano
Presidente de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados
Presente

En relación con el oficio de esta misma fecha, signado por el suscrito en mi carácter de coordinador del grupo parlamentario del PRI, mediante el cual se hizo del conocimiento de la Junta de Coordinación Política la solicitud de baja propuesta en la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, del C. diputado Jesús Morales Flores, me permito hacer de su conocimiento lo siguiente:

En reunión de trabajo celebrada el día 9 de marzo de 2004, los integrantes de la Junta de Coordinación Política, se dieron por enterados de la solicitud formulada en términos de lo dispuesto por los artículos 34, numeral 1, inciso c), y 44, numeral 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Lo anterior me permito hacerlo de su conocimiento para los efectos que resulten procedentes.

Sin otro particular por el momento, me es grato expresar a usted un cordial saludo.

Atentamente
Dip. Emilio Chuayffet Chemor (rúbrica)
Presidente

DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISION PERMANENTE

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados
Edificio

Tenemos el honor de remitir a ustedes los asuntos que fueron reservados por esta Comisión Permanente, para conocimiento de la Cámara de Diputados, de conformidad con lo que establece el Artículo 129 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales aparecen listados en el Inventario que se anexa.

Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.

México, DF, a 15 de marzo de 2004.

Dip. Manuel Camacho Solís (rúbrica)
Secretario

Dip. Marcela Guerra Castillo (rúbrica)
Secretaria

Relación de expedientes de la Tercera Comisión de Trabajo pendientes por resolver, que se turnan a la H. Cámara de Diputados

Expediente: 249. Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar al Gobierno Federal, realice un cabal cumplimiento de las Asignaciones Presupuestales para el campo, expresadas en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2004, presentada por la Dip. Eliana García Laguna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Expediente: 293. Proposición con Punto de Acuerdo por el que solicita la comparecencia de la Directora General de la Lotería Nacional, a fin de que informe sobre la Creación del Fideicomiso "Transforma México" y el uso y destino de los recursos excedentes de esa Institución Pública, suscrita por las Dips. Martha Palafox Gutiérrez y Consuelo Muro Urista, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Expediente: 316. Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a las autoridades correspondientes apoyar la exportación del melón mexicano a los Estados Unidos de América, suscrita por el Dip. Rogelio Rueda Sánchez y el Sen. Germán Sierra Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Expediente: 337. Proposición con Punto de Acuerdo para solicitar a la Secretaría, de Hacienda y Crédito Público, reforme el "Acuerdo que autoriza la modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de Energía Eléctrica" que entró en vigor el 9 de agosto de 2003, suscrita por el Dip. Jorge de Jesús Castillo Cabrera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Expediente: 338. Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a la Titular de la Secretaría de Desarrollo Social, para que esa dependencia ejerza directamente sin la intervención del FONHAPO, los recursos presupuestales del Programa de Vivienda Rural, suscrita por el Dip. Rafael Galindo Jaime, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Expediente: 340. Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que ejerza su facultad rectora respecto al Programa de PROCAMPO, sobre el correcto cumplimiento en las obligaciones del mismo, poniendo atención en lo referente a la protección y cuidado del Medio Ambiente, capacitando al Agricultor generando una cultura agrícola que eviten la erosión del suelo, presentada por el Dip. Luis Antonio González Roldán, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

México, DF, a 15 de marzo de 2004.

Iniciativas

QUE REFORMA LA FRACCION V DEL ARTICULO 123 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y ADICIONA LA FRACCION VIII DEL ARTICULO 170 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, A FIN DE ESTABLECER UN PERIODO DE DESCANSO PARA LAS TRABAJADORAS QUE ADOPTEN A MENORES DE EDAD, PRESENTADA POR LA DIPUTADA PATRICIA FLORES FUENTES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, EN LA SESION DEL MARTES 23 DE MARZO DE 2004

En ejercicio de la facultad otorgada por los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo previsto en los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, presento ante el Pleno de esta honorable asamblea iniciativa de decreto que reforma la fracción V del artículo 123 constitucional y adiciona la fracción VIII del artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo, fundamentándola en la siguiente

Exposición de Motivos

Si bien es cierto que en los artículos 123 constitucional y 170 de la Ley Federal del Trabajo son reconocidos los derechos de la mujer durante el embarazo manifestándose los cuidados durante la gestación, parto y posparto, es evidente que no se han incluido las diversas formas en las cuales las mujeres adquieren responsabilidades familiares, como es el caso de la adopción, entre otros.

En México hay alto grado de mujeres con infertilidad o imposibilidad de concepción, aun existiendo métodos para ello, como la inseminación artificial o in vitro, pero también está la posibilidad de la adopción, a través de la cual la mujer puede desempeñar su papel de madre.

En el Código Civil se regula la adopción como un formulario en donde se encuadran los requisitos y las prerrogativas para realizarla. Sin embargo, no se establece ningún derecho para la madre que ha decidido atender a este derecho.

En la legislación laboral y desde nuestra Constitución se menciona únicamente a las mujeres trabajadoras que se encuentren en estado de embarazo con derecho a descanso, seis semanas antes del parto y seis semanas posteriores al posparto.

Si bien es cierto que una mujer que ha decidido adoptar a un menor evidentemente no requiere de un periodo de recuperación como se establece en nuestra legislación laboral para las madres biológicas, si tiene la responsabilidad de atender los cuidados maternos durante el periodo de lactancia cuando el menor así lo requiere y contar con un tiempo para el proceso de adaptación de la madre al adoptado y viceversa.

No estamos hablando de que este periodo sea igual o mayor que una madre gestante, pero si hablamos de un periodo prudente de adaptación a fin de proporcionar los cuidados necesarios para que tenga una vida sana y propia de cualquier menor como una mejor integración familiar.

Por ello, el Partido Acción Nacional, atendiendo a todas las mujeres que por una diversidad de razones toman la decisión de adoptar un menor, propone que se otorgue a las mujeres trabajadoras seis semanas posteriores a la adopción en caso de que el niño o niña sea menor a seis meses de edad y tres semanas cuando sea mayor.

Lograr este derecho para las mujeres trabajadoras que deciden adoptar incidirá médica y socialmente en el desarrollo armónico de la personalidad del menor y en crear en el medio familiar, un clima de integración, amor y comprensión.

Por lo expuesto, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional propone la siguiente

Iniciativa de decreto que reforma la fracción V del artículo 123 constitucional y adiciona la fracción VIII al artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo

Artículo Primero. Se reforma la fracción V del artículo 123, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la ley. El Congreso de la Unión, sin contravenir las bases siguientes, deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:

A. Entre los obreros, jornaleros, empleados, domésticos, artesanos y, de una manera general, todo contrato de trabajo:

I. a IV. ...

V. Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; gozarán obligatoriamente de doce semanas de descanso por motivos de maternidad, dicho periodo no podrá iniciar antes de la sexta semana ni después de la segunda semana previa a la fecha probable del parto, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo. En el periodo de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos; las mujeres que adopten un menor de seis meses disfrutarán de un descanso de seis semanas posteriores a la adopción y de tres semanas posteriores a la adopción de un niño mayor de seis meses. Artículo Segundo. Se adiciona la fracción VIII al artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo.

Artículo 170. Las madres trabajadoras tendrán los siguientes derechos:

I. a VII. ...

VIII. Disfrutarán de un descanso de seis semanas posteriores a la adopción si es un menor de seis meses y de tres semanas posteriores a la adopción de un niño mayor de seis meses.

Artículo Transitorio

Unico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

México, DF, a 23 de marzo de 2004.

Diputados: Patricia Flores Fuentes, Marisol Urrea Camarena, Ruth Trinidad Hernández Martínez, Maki Ortiz Domínguez, María Guadalupe Suárez Ponce, Concepción Cruz García, Adriana González Carrillo, María del Carmen Mendoza Flores, Francisco Javier Lara Arano, Evangelina Pérez Zaragoza, Gisela Juliana Lara Saldaña, María Eloísa Talavera Hernández, Patricia Durán Reveles, Lorena Torres Ramos, Norma Patricia Saucedo Moreno, Blanca Eppen Canales, Sheyla Fabiola Aragón Cortés, Leticia Socorro Userralde Gordillo, Patricia Garduño Morales, María del Carmen Escudero Fabre, Carla Rocín Nieto, Marisol Vargas Bárcena, Margarita Esther Zavala Gómez del Campo (rúbricas).

(Turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Trabajo y Previsión Social. Marzo 23 de 2004.)

QUE REFORMA LA FRACCION V DEL ARTICULO 123 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y ADICIONA LA FRACCION II DEL ARTICULO 170 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, PARA MODIFICAR LOS PERIODOS PRE Y POSNATAL, A EFECTO DE QUE LAS MADRES DISFRUTEN DE MAYOR TIEMPO CON SUS HIJOS RECIEN NACIDOS, PRESENTADA POR LA DIPUTADA MARIA DEL CARMEN MENDOZA FLORES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, EN LA SESION DEL MARTES 23 DE MARZO DE 2004

El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, a través de su diputada la C. María del Carmen Mendoza Flores y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa de decreto, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

El Partido Acción Nacional a lo largo de su historia ha tenido como una de sus principales preocupaciones el desarrollo de la mujer en los distintos ámbitos, así en el económico, político, cultural y social, propugnando por que las leyes sean cada vez más acordes con la realidad que vivimos en donde la mujer juega un papel ganado a base de esfuerzos, pues no se nos ha obsequiado nada, por el contrario se ha sufrido discriminaciones y un trato desigual, pese a que la Constitución Mexicana otorga igualdad al hombre y a la mujer.

Con esta óptica, los diputados integrantes del grupo parlamentario de Acción Nacional hemos presentado diversas iniciativas tendientes a promover e implementar acciones que fomenten el desarrollo de la mujer en el ámbito laboral evitando la discriminación de la que muchas veces es objeto, así la presente iniciativa perfecciona un derecho materno ya existente que es el periodo pre y posnatal, y tiene su antecedente en la iniciativa presentada por la Diputada María Elena Alvarez Vicencio.

En la legislación laboral vigente se contempla el apoyo a la mujer en los aspectos relacionados con su maternidad, otorgándole un periodo pre y posparto de seis semanas, respectivamente, con percepción íntegra de su salario.

Ahora gracias a los avances médicos es posible hacer un diagnóstico preciso y saber si una mujer goza de salud física y emocional necesarias para seguir trabajando días antes de que ocurra el parto, por lo que en muchas ocasiones las seis semanas que disfruta antes de que ocurra el parto no se utilizan en su totalidad por lo que ésta iniciativa busca que las futuras madres puedan transferir semanas de incapacidad para después del parto, beneficiándose tanto la madre como su hijo, ya que esto permite una mayor integración entre ellos, al tener mayor tiempo de disfrute del periodo de incapacidad posparto lo que contribuye al mejor desarrollo físico, psicológico y emocional de ambos, logrando, también, una mayor seguridad y confianza en los niños.

Así, en los casos que la mujer embarazada presente buenas condiciones de salud y pueda trabajar, incluso hasta dos semana antes del parto sin perjuicio de ella ni del producto y con el respaldo médico institucional, resulta totalmente conveniente el poder transferir los días laborados de preparto para ampliar el periodo después del evento, situación que de hecho ya se hace en diversas empresas.

Bajo esta premisa es que ahora se presenta la siguiente

Iniciativa de decreto que reforma la fracción V del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 170, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo

Primero.- Se reforma el párrafo quinto del artículo 123, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 123. ...

Apartado A

V. Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; gozarán forzosamente de un descanso de seis semanas anteriores a la fecha fijada aproximadamente para el parto y seis posteriores al mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo. En el periodo de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos. A solicitud expresa de la trabajadora, previa autorización escrita del médico que cuide de su embarazo y según convenga a sus intereses familiares, ella podrá transferir, hasta cuatro de las seis semanas de descanso previas al parto para después del mismo;

VI. a XXXI.- .........

Segundo.- Se reforma el artículo 170, en la fracción II, de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 170.- Las madres trabajadoras tendrán los siguientes derechos:

I. ...

II. Disfrutarán de un descanso de seis semanas anteriores y seis semanas posteriores al parto. A solicitud expresa de la trabajadora, previa autorización escrita del médico que cuide de su embarazo y según convenga a sus intereses familiares, ella podrá transferir hasta cuatro de las seis semanas de descanso previas al parto para después del mismo.

III. a VII. ...

Transitorio

Unico.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

México, DF, a 23 de marzo de 2004.

Diputados: María del Carmen Mendoza Flores (rúbrica); Concepción Cruz García (rúbrica); Guillermo Tamborrel Suárez (rúbrica); Sergio Alvarez Mata (rúbrica); Tomás Trueba Gracián (rúbrica); Roberto Colín Gamboa (rúbrica); Lorena Torres Ramos (rúbrica); Evangelina Pérez Zaragoza (rúbrica); María del Carmen Escudero Fabre (rúbrica); Yleana Baeza Estrella (rúbrica); Angélica Ramírez Luna (rúbrica); Patricia Garduño Morales (rúbrica); Sheyla Aragón Cortés (rúbrica); Francisco Xavier Salazar Diez de Sollano (rúbrica); Israel Gallardo Sevilla (rúbrica); José Luis Treviño Rodríguez (rúbrica); Alberto Urcino Méndez Gálvez (rúbrica); Marisol Urrea Camarena (rúbrica); Patricia Flores Fuentes (rúbrica); Margarita Zavala Gómez (rúbrica)

(Turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Trabajo y Previsión Social. Marzo 23 de 2004.)

QUE REFORMA LOS ARTICULOS 22, 22 BIS Y 38 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE, PRESENTADA POR EL DIPUTADO MANUEL VELASCO COELLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM, EN LA SESION DEL MARTES 23 DE MARZO DE 2004

Jorge Antonio Kahwagi Macari, Manuel Velasco Coello, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Alvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Avila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrimos a solicitar se turne a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Novena Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa de ley.

Exposición de Motivos

Durante mucho tiempo se ha visto el consumo como una simple satisfacción de necesidades y deseos, en donde el mercado nos ofrece los bienes, y el público en general los adquiere, fijándose principalmente en el precio y/o la calidad. Sin embargo, muchas personas en todo el mundo hacen esfuerzos por adquirir productos y servicios menos dañinos para el medio ambiente local y mundial. Así, muchos países ya están poniendo en práctica políticas de compras que incluyen criterios ambientales, denominadas comúnmente adquisiciones verdes.

Estas actividades son parte de un movimiento más amplio hacia formas de producción y consumo sustentables; últimamente se ha generalizado una tendencia internacional sobre el consumo de productos y servicios ambientalmente amigables, mejor conocido como "consumo sustentable", cuyo objetivo final es conscientizar sobre la importancia y consecuencias que tienen para el medio ambiente y la salud cada una de nuestras elecciones en el consumo.

Es importante enfatizar en el deterioro y la presión que se ejerce al medio natural, no sólo en la fase de consumo final de mercancías, sino también en su producción y distribución, ya que una mercancía no sólo daña el ambiente cuando se desecha, sino también por la cantidad de energía y materias primas empleadas en su producción, distribución y las estrategias para promover su consumo. Un ejemplo de lo antes dicho es la producción de papel, en donde para la elaboración de una tonelada en promedio se requiere de 17 árboles; 26,000 litros de agua y 4,100 Kw/hr de energía eléctrica.

Aunado a lo anterior, existe el grave problema de la generación de basura por desechos sólidos. En México, al igual que en la mayor parte del mundo, la basura es uno de los grandes problemas ambientales, ya que su generación se ha multiplicado en los últimos años,1 su composición hace más difícil su adecuado manejo y cada vez existen menos lugares para su disposición final, creando impactos negativos sobre el aire, agua y suelos,2 ya que la mayoría de los residuos generados se depositan en sitios como los tiraderos a cielo abierto.

Es así que, en respuesta al gran deterioro natural que se ha dado en las últimas décadas, una fuerte ola en pro de la ecología ha invadido la conciencia de la población mundial. Ante esto, resulta importante cambiar la forma de consumo y reorientar las modalidades de producción, creando conciencia en los consumidores sobre el efecto que los productos tienen sobre la salud y el medio ambiente y así reducir la generación de desechos.

Al respecto, el capítulo IV de la Agenda 21,3 "Cambio en los patrones insostenibles de producción y consumo", se señalan los principales objetivos en cuanto al consumo sustentable que la comunidad internacional se comprometió a cumplir y tener muy presente. Entre estos se encuentran la necesidad de promover modalidades de consumo y producción que reduzcan las tensiones a que se somete el medio ambiente y satisfagan las necesidades básicas de la humanidad; originar modalidades de consumo más sostenibles; instar a que los países en desarrollo traten de establecer procesos de desarrollo modalidades de consumo sostenibles que garanticen la satisfacción de las necesidades básicas de los pobres, evitando las modalidades de consumo insostenibles.

Como medidas concretas tendientes al consumo sustentable, el grupo de países, entre ellos México, se comprometieron principalmente a:

Fomentar la introducción de productos más racionales desde el punto de vista ecológico.

Brindar asistencia a personas y familias para que adopten decisiones de compra ecológicamente racionales.

Utilizar instrumentos económicos adecuados con el fin de influir en el comportamiento del consumidor, como gravámenes e impuestos ambientales, sistemas de pago y reembolso de depósitos.

Fomentar y apoyar políticas educativas orientadas al consumo sustentable.

Tal actitud de la humanidad se ha extendido a todos los ámbitos, y los negocios no han sido la excepción, pues la demanda de productos y servicios que preservan y son amigables con el ambiente, crece a pasos agigantados, lo que representa, naturalmente, una inmensa oportunidad y reto para los empresarios.

En México, la demanda actual de productos se encuentra en una etapa incipiente, pues hoy los clientes potenciales sólo son la clase media alta, es decir, hasta el momento los productos ecológicos se catalogan más como un lujo que como una necesidad. Adicionalmente, en la actualidad son pocas las empresas que están dedicadas a atender el mercado y las oportunidades son innumerables, ya que lo natural abarca todo tipo de negocios: desde alimentos, hasta consultoría empresarial y servicios como el ecoturismo. Así, la premisa del consumo sustentable supone una actitud responsable de los proveedores y consumidores de bienes y servicios.

Sin embargo, el poder dar a las personas opciones de elección de consumo de bienes y servicios que actualmente están en el mercado y que se consumen día con día, es una forma de incentivar la conciencia ambiental. Aunque en México la conciencia ecológica aún no iguala a la de algunos países europeos, sí existe una sensibilización que impulsa a los consumidores a buscar este tipo de productos.

Los consumidores podemos exigir y elegir productos como detergentes que no dañen el medio ambiente, alimentos que hayan sido cultivados sin fertilizantes químicos ni pesticidas, productos con poco envase o con envase reciclable, productos con certificación confiable que no dañen el medio ambiente, etcétera. Pero toda iniciativa debe estar acompañada por una decisiva acción del Estado que facilite y fomente estas iniciativas, y de una acción responsable por parte de los productores que mediante la utilización de tecnologías limpias, pongan en el mercado productos que sean ambientalmente menos dañinos.

Hoy existe un mayor conocimiento y una prevaleciente voluntad política hacia ese horizonte, que implica establecer un modelo de desarrollo y patrones de consumo, donde la dimensión ambiental se articule armoniosamente con la economía y ambos factores tengan resultados positivos. Así, la propia legislación ambiental de México establece los lineamientos que se deberán seguir en cuanto al fomento al consumo y producción ambiental, contemplados dentro de la sección de instrumentos económicos y de la autorregulación y auditorías ambientales. No obstante, estas consideraciones son principalmente la delimitación de los instrumentos económicos por los cuales las personas las personas asumen los beneficios y costos ambientales que generen sus actividades económicas, incentivándolas a realizar acciones que favorezcan el ambiente, tales como los incentivos de mercado, en donde se consideran las concesiones, autorizaciones, licencias y permisos. Sin embargo, se dejan de lado las certificaciones, principalmente las voluntarias, que promueve la misma LGEEPA en su artículo 38.4

Algunos ensayos sobre el certificado de bienes y servicios se han realizado en nuestro país, sin embargo, son estos últimos, los servicios, los que no están incluidos dentro de la propia ley. Cabe enfatizar que el fomentar la auto certificación de procesos productivos, productos y servicios es, para la consecución de un mercado sustentable, una herramienta indispensable, ya que es la forma por la cual los consumidores podrán discernir sobre los productos que van a comprar.

Así, el objetivo de esta reforma, a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) es fomentar el consumo, por parte de la sociedad civil, de bienes y servicios ambientalmente amigables con el entorno (destinadas a incentivar un consumo racional y responsable hacia el medio ambiente), así como ir generando una conciencia de consumo sustentable, por lo cual se debe considerar el fomento a la creación de un mercado verde, al etiquetado o certificación voluntaria, la diseminación de la información a la sociedad, sobre los productos que cuentan con este certificado.

Esta medida únicamente busca abrir el campo y cartera de opciones de consumo a las personas y no crear barreras comerciales a los productos y servicios. Así, busca promover el desarrollo sustentable a través de medidas para fomentar la conciencia de consumo de productos y servicios, cuyos procesos y resultados finales sean amigables con el ambiente.

De esta forma se fomentará que los productores y prestadores de servicios modifiquen y mejoren sus productos y servicios, y se incentivará el certificado voluntario de gran parte de los procesos que generen un consumo final de bienes y servicios.

El desarrollo sustentable y el fomento al consumo sustentable de bienes y servicios, requiere forzosamente de un uso más amplio de instrumentos económicos, regulatorios, informativos y educativos y de incentivos claros que promuevan la sustentabilidad entre productores, inversionistas, consumidores y la sociedad en general. Específicamente, una política de desarrollo sustentable debe lograr que los costos sociales y ambientales de los bienes y servicios se vean reflejados en términos económicos, con el fin de promover patrones de producción y consumo sustentables.

Por tanto, en atención a lo anteriormente expuesto y observando, los intereses del fomento a de productos y servicios ambientalmente amigables, los suscritos diputados respetuosamente sometemos a la consideración de esta H. Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto

Decreto, mediante el cual se modifican los artículos 22, 22 Bis y 38, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:

Artículo Unico. Se reforma el artículo 22, 22 Bis y 38, todos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para quedar de la siguiente forma:

Artículo 22.- ...

...

Son instrumentos de mercado las concesiones, autorizaciones, licencias, permisos y certificados que corresponden a volúmenes preestablecidos de emisiones de contaminantes en el airea agua o suelo, o bien, que establecen los límites de aprovechamiento de recursos naturales, o de construcción en áreas naturales protegidas o en zonas cuya preservación y protección se considere relevante desde el punto de vista ambiental.

Artículo 22 Bis.- Se consideran prioritarias, para efectos del otorgamiento de los estímulos fiscales que se establezcan conforme a la Ley de Ingresos de la Federación, las actividades relacionadas con:

De la fracción I. a la V. ...

VI. La certificación ambiental voluntaria de productos y servicios.

VII. En general, aquellas actividades relacionadas con la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente.

Artículo 38.- ...

...

I. El desarrollo de procesos productivos y generación de servicios adecuados y compatibles con el ambiente, así como sistemas de protección y restauración en la materia, convenidos con cámaras de industria, comercio y otras actividades productivas, organizaciones de productores, organizaciones representativas de una zona o región, instituciones de investigación científica y tecnológica y otras organizaciones interesadas.

...

III. El establecimiento de sistemas de certificación de procesos, productos y servicios, para inducir patrones de consumo que sean compatibles o que preserven, mejoren, conserven o restauren el medio. ambiente, y promuevan la sustentabilidad, debiendo observar, en su caso, las disposiciones aplicables de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y

Notas:
1 De acuerdo con los estilos de vida y el nivel de desarrollo de los países o regiones, varía la cantidad de basura que se genera y la composición de la misma. A manera de ejemplo, se señala que en Canadá y Estados Unidos de América cada habitante produce al año 693.5 y 547.5 kilogramos de basura, respectivamente. Mientras que en México, cada habitante genera 313.9 kilogramos de basura.
2 La inadecuada disposición de los residuos provoca la contaminación de los suelos que la reciben y, a través de la filtración de contaminantes contenidos en los líquidos provenientes de la descomposición de los residuos, se impactan negativamente las reservas subterráneas del agua. Asimismo, el aire y el viento contribuyen al proceso de descomposición y degradación de los residuos y a la transmisión de partículas contaminantes que flotan libremente en el aire, causando enfermedades principalmente en las vías respiratorias y digestivas.
3 Agenda 21 es el documento resultante de la Conferencia de Río de Janeiro 2002.
4 Artículo 38. Los productores, empresas u organizaciones empresariales podrán desarrollar procesos voluntarios de autorregulación ambiental, a través de los cuales mejoren su desempeño ambiental, respetando la legislación y normatividad vigente en la materia y se comprometan a superar o cumplir mayores niveles, metas o beneficios en materia de protección ambiental.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 23 días del mes de marzo del 2004.

Diputados: Jorge A. Kahwagi Macari, coordinador (rúbrica); Manuel Velasco Coello, vicecoordinador (rúbrica); Alejandro Agundis Arias (rúbrica); Francisco Xavier Alvarado Villazón (rúbrica); Leonardo Alvarez Romo (rúbrica); Jacqueline Argüelles Guzmán (rúbrica); María Avila Serna (rúbrica); Fernando Espino Arévalo (rúbrica); Maximino Fernández Avila (rúbrica); Félix Adrián Fuentes Villalobos (rúbrica); Luis Antonio González Roldán (rúbrica); Jorge Legorreta Ordorica (rúbrica); Julio Horacio Lujambio Moreno (rúbrica); Alejandra Méndez Salorio (rúbrica); Cuauhtémoc Ochoa Fernández (rúbrica); Javier Orozco Gómez (rúbrica); Raúl Piña Horta (rúbrica).

(Turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Marzo 23 de 2004.)

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CODIGO PENAL FEDERAL Y DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA, EN MATERIA DE PIRATERIA, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JAVIER OROZCO GOMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM, EN LA SESION DEL MARTES 23 DE MARZO DE 2004

Jorge Antonio Kahwagi Macari, Manuel Velasco Coello, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Alvarez Romo, Jacqueline G. Argüelles Guzmán, María Avila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Alejandro Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez y Raúl Piña Horta, diputados de la Quincuagésima Novena Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en ejercicio de la atribución que nos confieren la fracción II del artículo 71 y las fracciones X y XXX del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos a la consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En sesión celebrada en la Cámara de Senadores el 16 de octubre de 2003 fue presentada la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 429 del Código Penal Federal, para que se establezcan como persecución de oficio los delitos estipulados en los artículos 424 Bis y 424 Ter del mismo Código, relacionados con la violación en materia de derechos de autor, a cargo del senador Jorge Lozano Armengol y en nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión.

En dicha iniciativa se precisa que durante la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión se llevaron a cabo diversos trabajos parlamentarios tendentes a combatir con eficiencia y eficacia la violación de los derechos de propiedad intelectual en el comercio (marcas y derechos de autor).

Entre ellos destacan el dictamen favorable a la iniciativa que incluye como delincuencia organizada el delito previsto en el artículo 424 Bis del Código Penal Federal, referido a materia de derechos de autor; el dictamen en favor de la iniciativa que incluye como conductas que implican delincuencia organizada el delito de contrabando y sus equiparables; y la iniciativa que tiene por objeto considerar delincuencia organizada las conductas previstas en la fracción III del artículo 223 de la Ley de la Propiedad Industrial, referente a delitos en materia de marcas.

Aunque tales iniciativas son un logro del Poder Legislativo en el intento de prevenir y sancionar las conductas que violan los derechos de propiedad intelectual, el objeto primordial debe ser la persecución de oficio por parte del Estado en las conductas especificadas en los artículos 424 Bis y 424 Ter del Código Penal Federal, que tipifican los delitos en materia de derechos de autor por cuanto hace a la protección de obras, fonogramas, videogramas o libros.

Al efecto, se señala que las razones primordiales para perseguir de oficio tales conductas ilícitas son las siguientes:

1º. Se viola el artículo 5° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que la venta indiscriminada, en plena vía pública, de obras, fonogramas, videogramas o libros se sitúa en los supuestos de excepción de la libertad de trabajo, ya que es una conducta ilícita y ataca los derechos de tercero.

2º. Se fomenta el quebrantamiento del Estado de derecho, sobre todo porque la sociedad no sólo se abstiene de denunciar las infracciones de la ley sino que, además, sin ninguna inhibición adquiere mercancías a sabiendas de que su venta puede ser ilícita.

Lo anterior representa también un gran costo para el país, pues la inversión se desalienta, al considerar que el marco jurídico vigente y la aplicación de la ley carecen de elementos eficientes, lo que resta viabilidad a tales actividades.

3º. La persecución por querella de los delitos en materia de derechos de autor es compleja e -incluso- imposible, considerando el elevado número de vendedores en la vía pública de obras, fonogramas y videogramas apócrifos, que constantemente cambian de ubicación, lo que complica la actuación de las autoridades. La eliminación de la querella como requisito de procedibilidad permitirá al Ministerio Publico iniciar de oficio las averiguaciones previas, facilitando su oportuna intervención en los casos de flagrancia.

También debe considerarse que la denominada "piratería" es un delito que, además de afectar los intereses de particulares, vulnera los derechos de diversos sectores de la sociedad (creadores de obras intelectuales, artistas, distribuidores, vendedores, productores de fonogramas y videogramas), así como los del Estado, debido a que éste deja de recibir importantes ingresos por concepto de impuestos.

4º. México debe cumplir los compromisos internacionales en materia de propiedad intelectual; entre ellos, el combate adecuado del fenómeno de la piratería.

Además de las consideraciones vertidas en la exposición de motivos de la iniciativa presentada en la Cámara de Senadores, por cuanto hace a la necesidad de establecer la persecución oficiosa de los delitos en materia de derechos de autor -que se comparte plenamente en la presente iniciativa-, es menester destacar que tales delitos -referidos al caso concreto de los previstos en los artículos 424 Bis, fracción I, y 424 Ter del Código Penal Federal- son conductas que no sólo deben ser perseguidas de oficio sino que, además, sus autores deben ser sancionados como miembros de la delincuencia organizada, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.

Los delitos que nos ocupan -coloquialmente conocidos como "piratería"- se ejecutan de manera tal, que involucran a un considerable número de individuos, quienes realizan actividades ilícitas en verdaderos "laboratorios", que no son otra cosa que espacios acondicionados para reproducir hasta 100 mil copias ilegales al mes. La inversión que se requiere para esos fines oscila entre 1 y 2 millones de pesos; el equipo lo forman máquinas de alta velocidad, que reproducen hasta 50 discos compactos al mismo tiempo, en cuestión de minutos.

Esos "laboratorios" surten a las cadenas o circuitos comerciales establecidos; es decir, proveen a sus mayoristas y, a su vez, a los vendedores o "tiangueros".

De ese modo, se hace evidente que la "piratería" no puede concebirse como una actividad que realicen individuos en lo particular, sino que conlleva necesariamente la participación de diversos sujetos organizados en forma permanente, cuyas conductas específicas tienen por objeto la comisión de dicho ilícito, desde la obtención del equipo técnico necesario para reproducir ilegalmente los materiales cinematográficos hasta la distribución a los vendedores al menudeo.

No cabe duda de que la criminalidad evoluciona con celeridad: cada vez es más organizada y suele trascender, también cada vez más, las fronteras de una ciudad, una región, un país o un continente. La delincuencia organizada se vale de todos los medios que ponen a su alcance el desarrollo social entre ellos, las formas de trabajo colectivo y el desarrollo tecnológico (caracterizado por los instrumentos de comunicación o traslado de ideas, personas, valores o cosas).

En esas condiciones, se vuelve imprescindible contar con un marco jurídico adecuado que permita facilitar la persecución y agravar la sanción de ciertos delitos -como el de la "piratería"-, que tiene como rasgos definitorios, entre otros, los elementos de organización y permanencia, toda vez que se lleva a cabo a través de una estructuración de actividades entre quienes participan en la comisión del fenómeno delictivo, dividiéndose el trabajo, asignándose tareas y, muchas veces, instaurando una jerarquía en que existen un jefe, mandos medios y operadores de base.

En efecto, la estructura empresarial de esas organizaciones delictivas asume, por así decirlo, la forma de una pirámide, en cuya cúspide aparece la jefatura, desde la que, jerarquizadamente, se pasa a personas con funciones sectoriales de decisión, y se desciende luego hacia quienes se puede denominar "mandos medios", bajo los que se encuentran los ejecutores.

Recordemos que la delincuencia organizada es uno de los problemas más grandes que atraviesa la comunidad mundial, al grado de que en muchos países las ganancias generadas por esas actividades sobrepasan el Producto Interno Bruto.

En México, el delito de delincuencia organizada es un tipo penal básico y autónomo, previsto en el artículo 2° de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, en el que se prevén como comportamientos penalmente relevantes:

a) Acordar organizarse con la finalidad de cometer los delitos que se consideran de delincuencia organizada; y

b) Formar un grupo organizado para cometer en forma permanente o reiterada conductas que, unidas o separadas, tengan como finalidad o resultado cometer alguno de los delitos que se consideran de delincuencia organizada.

La delincuencia organizada aparece como un modo estable y permanente de obrar contra la ley, en un campo de transacciones vinculado materialmente a mercados de bienes y servicios. La actual variedad de rubros adoptados como suyos por la delincuencia organizada es creciente.

Una de sus características esenciales es la explotación simultánea de los mercados ilícitamente abiertos y mantenidos por ella y de giros ilícitos de actividad en la industria, la prestación de servicios, el comercio y las finanzas.

La interdependencia de la economía mundial y la disminución de la distancia física entre las naciones han hecho posible a la delincuencia organizada actuar transnacionalmente y extender sus redes, por imperativos de la propia dinámica delictiva. Actúa en general un número considerable de personas de las más diversas condiciones sociales, culturales y económicas, que se desempeñan en muy variados menesteres y con diferentes grados de responsabilidad.

Atendiendo a lo anterior, resulta imprescindible realizar las reformas legales que permitan combatir eficazmente un problema que reviste dimensiones cada vez mayores.

Por ello, la presente iniciativa tiene por objeto que la piratería se tipifique como un delito que debe ser perseguido de oficio por la representación social, y cuyos autores deben ser considerados y sancionados como miembros de la delincuencia organizada, atendiendo a los argumentos antes expuestos.

Para destacar las implicaciones de este fenómeno, considérese que entre 1997 y 2003 la "piratería" en la industria de películas generó pérdidas en nuestro país por la cantidad de 388 millones de dólares y, de acuerdo con datos de la Unidad Especializada contra Delitos de Derechos de Autor y Propiedad Industrial de la Procuraduría General de la República, 46 por ciento de la industria del videograma se encuentra en manos de las bandas de "piratería" y contrabando (entre 9 y 11 millones de películas aproximadamente).

En 2003, la Procuraduría General de la República llevó a cabo el aseguramiento de 774 mil 996 películas, con motivo de las querellas presentadas por el sector cinematográfico ante la Unidad Especializada descrita y las delegaciones de dicha dependencia.

La tarea es enorme, ya que las redes organizadas dan salida a su producto en las 35 principales concentraciones del mercado negro, que a su vez redistribuyen su producto en infinidad de puestos aislados en todo el país. Estas redes son capaces de producir y distribuir producto en amplias zonas y se encuentran ubicadas de la siguiente manera: ocho en el área metropolitana de la Ciudad de México, seis en Guadalajara, tres en Tijuana, dos en la región de La Laguna, dos en Monterrey, dos en Nuevo Laredo, dos en Ciudad Juárez, dos en Chihuahua, dos en San Luis Potosí, dos en Veracruz, una en Tepic, una en Tuxtla Gutiérrez, una en Villahermosa, una en Puebla, tres en Mérida y una en Ciudad del Carmen.

Las organizaciones de comerciantes y vendedores ambulantes forman la otra mitad de las redes de crimen organizado. Son capaces de distribuir producto pirata en grandes cantidades y llevarlo a cualquier rincón.

Esos grupos organizados se ubican en concentraciones de ambulante; los ejemplos más importantes son Tepito y Plaza Meave, en el Distrito Federal; mercado José Murat y tianguis de La Cuchilla, en Puebla; San Juan de Dios, en Guadalajara, Jalisco; y mercado Hidalgo, de Toluca, México.

Esas redes redujeron drásticamente la oferta del VHS (6%) y mantienen estable la de CD-R (56%), en tanto que incrementan significativamente la oferta del DVD-R (38%). La continua reducción de costos en la producción del DVD-R complica la situación.

Este mercado negro es la fachada visible de organizaciones con poder económico y político, capaces de vender y distribuir en gran escala y de llevar sus productos a cualquier rincón del país. Siempre buscan engañar al consumidor final y no dudan en recurrir a la violencia o emplear cualquier recurso fuera de la ley para defender sus intereses. Se puede definir como la forma de delincuencia organizada que se dedica a la venta, almacenamiento, transportación, reproducción y comercialización de las obras cinematográficas y audiovisuales protegidas por la ley, sin el consentimiento del titular, con fines de lucro, en forma dolosa y de especulación comercial.

El mercado negro de productos fílmicos se manifiesta mediante concentraciones o reuniones de varios locales o puestos ambulantes en un solo barrio, área de la ciudad, tianguis, bazar o plaza comercial; por su volumen de venta, se constituyen como centros de distribución y casi siempre cuentan con laboratorios, almacenes y hasta redes de vendedores. Además de la venta minorista, utilizan sus locales como punto de contratación para operaciones mayoristas en cualquier parte del país.

En estas condiciones, el DVD-R que se comercializa en el mercado negro representa una seria amenaza para la industria cinematográfica, toda vez que por su capacidad de calidad en imagen y audio es prácticamente un clon del producto legal.

Asimismo, los costos de producción de ese formato son considerablemente inferiores y seguirán bajando. Por tal motivo, gran parte de los 50 mil puestos que actualmente venden "piratería" de música podrían modificar su giro, dirigiéndolo a la venta de películas "pirata" en poco tiempo.

Cabe destacar que en 2003 se puso en marcha el Programa Antipiratería para Obras Cinematográficas y demás Obras Audiovisuales, en el que participan la Procuraduría General de la República -a través de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales (dentro de cuya estructura se encuentra la Unidad Especializada contra Delitos de Derechos de Autor y Propiedad Industrial), y de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo; el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; el Instituto Nacional del Derecho de Autor; y la Policía Federal Preventiva, a través de la división conocida como DC México, así como los representantes de la industria cinematográfica.

Ante un mercado de videoclubes en el que es difícil penetrar y con márgenes de ganancia tentadores, los "piratas" se desplazan rápidamente hacia el DVD-R que venden desde el mercado negro. Para ello, aprovechan una red de venta de la que ya disponían para la comercialización de música, juegos, programas, CD-R con películas y que ahora se dirige hacia el DVD-R. Ante este panorama, las prioridades del programa son el DVD-R y el mercado negro.

La "piratería" es un proceso complejo, en cuya persecución e investigación deben intervenir funcionarios especializados, que conozcan el fenómeno a fondo, tomando en cuenta cómo y dónde opera, las rutas que eligen los grupos que la cometen y la dinámica que siguen para esos fines. Lo anterior es así en virtud de que la "piratería" funciona entre países, mediante importaciones o exportaciones.

No debe pasar inadvertido que la "piratería" es un problema que repercute en todas y cada una de las etapas de la cadena cinematográfica, que tradicionalmente se entiende formada por las actividades de producción, distribución y exhibición. Sin embargo, a éstas deben agregarse las fases de

Renta, a través de los soportes VHS, DVD o ambos;
Transmisión por televisión en pago por evento, que se lleva a cabo mediante master digital, difundido por ondas hertzianas codificadas;
Difusión en televisión restringida, a través de master digital, transmitido por ondas hertzianas codificadas;
Venta directa en los formatos VHS, DVD o ambos; y
Transmisión en televisión abierta, mediante master digital difundido por ondas hertzianas no codificadas.

La "piratería" afecta negativamente la realización de las actividades inherentes a cada una de las etapas descritas, destacando por su importancia en el tema que nos ocupa la que se refiere a la exhibición privada a través de la renta, venta directa o ambas mediante los soportes VHS, DVD o ambos.

En este sentido, la problemática esencial se centra en la existencia de los centros del mercado negro y las redes de distribución para videoclubes, que comercializan productos "pirata" incluso antes del día de estreno de las obras cinematográficas, desalentando desde luego la adquisición de las copias reproducidas legalmente, que no pueden competir en costos con las copias ilegales.

Es cierto que la "piratería" ha encontrado en nuestro país un terreno fértil, caracterizado por una economía en que los bienes culturales como los discos y los DVD se comercializan a precios prohibitivos para la mayor parte de los mexicanos. A ello debemos agregar la existencia de una débil red de distribución de artículos legales, de una infraestructura de negocio de la "piratería" bien establecida y perfeccionada a lo largo no sólo de décadas sino de siglos de labor clandestina, así como de una población que no siente conflicto alguno al adquirir artículos "pirata", pues los considera la única posibilidad para satisfacer esa necesidad.

Por ello es de suma importancia destacar que, con el propósito de combatir la comisión de los ilícitos que nos ocupan, recientemente las grandes compañías de la industria cinematográfica -agrupadas en la Motion Picture Associations- pusieron en marcha una ambiciosa estrategia, consistente en ofrecer a precios muy bajos películas originales en DVD a los comerciantes ambulantes, a efecto de que esos productos puedan competir contra los "pirata".

Finalmente, la presente iniciativa propone que los tipos penales a que se refieren los artículos 424 Bis, fracción I, y 424 Ter del Código Penal Federal permitan actualizar la comisión de delitos en materia de derechos de autor, no sólo con motivo de la reproducción, introducción en el país, transportación, distribución, venta o arrendamiento de videogramas protegidos por la Ley Federal del Derecho de Autor, en forma dolosa, con fin de especulación comercial y sin la autorización que en los términos de la citada ley deba otorgar el titular de los derechos de autor o de los derechos conexos, sino también de cualquier otro soporte o formato, conocido o por conocer, que se emplee para la comercialización de películas, toda vez que, en términos de la normatividad vigente y para el caso de las obras cinematográficas, el videograma es el único formato contemplado.

Sin embargo, tomando en consideración que los adelantos tecnológicos permiten la invención acelerada de nuevos formatos o soportes para el almacenamiento de películas cinematográficas, los tipos penales respectivos deben contemplar tal posibilidad pues, de lo contrario, se corre el riesgo de que determinadas conductas no puedan ser calificadas como delitos, al no cumplirse todos y cada uno de los extremos previstos en la norma, como el relativo al formato en que se comercialicen ilegalmente las obras cinematográficas.

Por ello se adiciona a los artículos en comento la especificación relativa a cualquier formato o soporte, conocido o por conocer, tal y como actualmente se encuentra previsto en el artículo 16 de la Ley Federal de Cinematografía.

Por las consideraciones mencionadas y con fundamento en lo que disponen los artículos 71, fracción II, y 73, fracciones X y XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos al Pleno de la honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman los artículos 424 Bis, fracción I, y 424 Ter, y se adiciona un segundo párrafo al artículo 429, todos del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 424 Bis. ...

"I. A quien produzca, reproduzca, introduzca en el país, almacene, transporte, distribuya, venda o arriende copias de obras, libros, fonogramas, videogramas o cualquier otro soporte o formato, conocido o por conocer, que se emplee para la comercialización de películas, protegidos por la Ley Federal del Derecho de Autor, en forma dolosa, con fin de especulación comercial y sin la autorización que en los términos de la citada ley deba otorgar el titular de los derechos de autor o de los derechos conexos.

Igual pena se impondrá a quienes, a sabiendas, aporten o provean de cualquier forma, materias primas o insumos destinados a la producción o reproducción de obras, libros, fonogramas, videogramas o cualquier otro soporte o formato, conocido o por conocer, que se emplee para la comercialización de películas a que se refiere el párrafo anterior; o

"II. ...

Artículo 424 Ter. Se impondrá prisión de seis meses a seis años y de cinco mil a treinta mil días de multa a quien venda a cualquier consumidor final en vías o lugares públicos, en forma dolosa, con fines de especulación comercial, copias de obras, libros, fonogramas, videogramas o cualquier otro soporte o formato, conocido o por conocer, que se emplee para la comercialización de películas a que se refiere la fracción I del artículo anterior.

"...

Artículo 429. Los delitos previstos en este título se perseguirán por querella de parte ofendida, salvo los casos previstos en los artículos 424, fracción I, 424 Bis, fracción I, y 424 Ter, que serán perseguidos de oficio. En el caso de que los derechos de autor hayan entrado en el dominio público, la querella la formulará la Secretaría de Educación Pública, considerándose como parte ofendida.

Cuando tres o más personas acuerden organizarse o se organicen para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras tienen como fin o resultado cometer alguno de los delitos previstos en los artículos 424 Bis, fracción I, y 424 Ter de este código, serán sancionados como miembros de la delincuencia organizada, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.

ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforman las fracciones IV y V, y se adiciona la fracción VI al artículo 2 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, para quedar como sigue:

Artículo 2. Cuando tres o más personas acuerden organizarse o se organicen para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes, serán sancionadas por ese solo hecho como miembros de la delincuencia organizada:

I. a III. ...

IV. ... de Salud;

V. ... penales estatales; y

VI. Delitos en materia de derechos de autor, previstos en los artículos 424 Bis, fracción I, y 424 Ter del Código Penal Federal.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de marzo de 2004.

Diputados: Jorge Antonio Kahwagi Macari (rúbrica), coordinador; Manuel Velasco Coello (rúbrica), vicecoordinador; Alejandro Agundis Arias (rúbrica), Francisco Xavier Alvarado Villazón (rúbrica), Leonardo Alvarez Romo, Jacqueline G. Argüelles Guzmán (rúbrica), María Avila Serna, Fernando Espino Arévalo (rúbrica), Maximino Alejandro Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos (rúbrica), Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Jorge Legorreta Ordorica (rúbrica), Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio (rúbrica), Cuauhtémoc Ochoa Fernández (rúbrica), Javier Orozco Gómez (rúbrica), Raúl Piña Horta (rúbrica).

(Turnada a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Marzo 23 de 2004.)

Proposiciones

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE ENERGIA DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A IMPLANTAR, CON LA JUNTA DE GOBIERNO DE LUZ Y FUERZA DEL CENTRO, UN PROGRAMA QUE ESTABLEZCA METAS CONCRETAS DE PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA EN LA COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA DEL CENTRO, A FIN DE HOMOLOGAR INDICADORES DE LA INDUSTRIA ELECTRICA PARAESTATAL, PRESENTADA POR EL DIPUTADO CUAUHTEMOC OCHOA FERNANDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM, EN LA SESION DEL MARTES 23 DE MARZO DE 2004

Jorge Antonio Kahwagi Macari, Manuel Velasco Coello, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Alvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, Alejandro Agundis Arias, María Avila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez y Raúl Piña Horta, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrimos a solicitar que se turne a la Comisión de Ciencia y Tecnología la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En los últimos años1 se ha suscitado un encendido debate en torno de la reforma energética. Reiteradamente, se han presentado diversas iniciativas de reforma en materia eléctrica:2 por una parte, las que proponen una modificación de los artículos 27 y 28 constitucionales a fin de desintegrar el monopolio natural eléctrico y permitir la participación de particulares en la generación de energía eléctrica; y, por la otra, existen las iniciativas que proponen una modificación de las legislaciones secundarias, con objeto de que el sector eléctrico continúe siendo área estratégica del Estado y se modernice, otorgando a las empresas autonomía de gestión y cambios en su régimen fiscal.

Si bien es cierto que mucho se ha dicho sobre aumentar la inversión privada en generación, poco se discute sobre aumentar la eficiencia en el sector eléctrico paraestatal.

La participación privada entraña competencia entre los particulares y el Estado; y si el Estado no está en capacidad de competir por falta de eficiencia, eventualmente irá perdiendo control sobre un área estratégica, debiendo asumir las consecuencias que esto implique.

Para lograr una mejora sensible se requieren, en nuestra opinión, al menos dos condiciones necesarias: primero, inversiones económicas del orden de cientos de miles de millones de pesos en los próximos años; y, segundo, importantes mejoras en la eficiencia con que se maneja este sector. De lo contrario, el desarrollo tecnológico, la competitividad industrial y agrícola, las telecomunicaciones y, en general, cualquier asunto relacionado con el desarrollo nacional se verán coartados, afectando negativamente los recursos económicos de la nación.

Para lograr las inversiones económicas, presumiblemente necesarias, se sugiere la participación privada en la fase de generación. Este esquema ha generado descontento en la población, principalmente entre los sindicatos, que organizan marchas y plantones y, sin embargo, la generación por parte de particulares se hace. Recordemos que, a partir de las reformas de 1992, se ha permitido la participación de la iniciativa privada en esta actividad mediante las figuras de productor independiente, autoabastecimiento y cogeneración.

Asimismo, es relevante mencionar que el monto de los recursos destinados para el desarrollo de las empresas, ya sea por proyectos de infraestructura de largo plazo (Pidiregas) o por el presupuesto, es sumamente disparejo entre la Comisión Federal de Electricidad y la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, dejando en desventaja a esta última, que a su vez tiene indicadores de productividad más desalentadores y -por tanto- requiere más recursos para su modernización.

Para darnos una idea de la valoración subjetiva a que se hace mención, los indicadores de productividad disponibles en el III Informe de Gobierno señalan, por ejemplo, que las cifras de ingreso propio, transferencias y financiamiento, contra el gasto en obras publicas y programable, reportan una pérdida neta de la industria eléctrica mexicana debido a la Compañía de Luz y Fuerza. Estos gastos en subsidios y transferencias se estiman en 17 mil 144.4 millones de pesos para 2003, que equivalen a 95.8 por ciento de los productos ministrados, y éstos están siendo canalizados, en su totalidad, a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro.3

Luz y Fuerza del Centro es responsable de suministrar energía eléctrica a las 16 delegaciones del Distrito Federal y 81 municipios del estado de México, 45 de Hidalgo, 2 de Morelos y 2 de Puebla. Actualmente, esa compañía registra 21 por ciento4 de las ventas de energía eléctrica y un porcentaje semejante en usuarios.5 Por lógica, se esperarían porcentajes semejantes en relación con la generación y el personal empleado. Sin embargo, lejos estamos de que eso ocurra, ya que genera apenas 0.63 por ciento,6 siendo que cuenta con 31 por ciento7 del personal.

Las pérdidas de energía durante 2002 ascendieron a 25 por ciento8 del total, siendo 14 por ciento por robos evidentes de colgados,9 urbanizaciones irregulares, comercio ambulante y manipulación del equipo de medición. En consecuencia, se ha implantado un programa de blindaje en la red; sin embargo, irónicamente las cifras para 2003 son aún más desalentadoras.10

Haciendo un balance entre Luz y Fuerza del Centro y la CFE, la capacidad instalada de generación en megaWatts (mW) por parte de Luz y Fuerza del Centro no ha crecido en décadas; de hecho, ha disminuido y actualmente equivale a 1.5 por ciento de lo generado por el Estado.11 Lo que sí ha crecido, en 52 por ciento, durante las dos últimas décadas es el personal empleado de planta.12

Luz y Fuerza del Centro genera únicamente 3 por ciento de lo que vende,13 dejando la generación restante a CFE y a los privados. Por tanto, podría considerarse simplemente como un distribuidor de energía eléctrica, pero habría que mencionar que su capacidad instalada en kilómetros de red equivale escasamente a 4.5 por ciento del total,14 siendo que atiende a una quinta parte de los usuarios.15 Esto tal vez se deba, por un lado, a la densidad de población donde operan; y, por otro, a los costos de instalación de red, que por poste y kilómetro de línea son mayores en 35 por ciento para red trifásica y en 191 por ciento para líneas de distribución en comparación con los que ejecuta la CFE y no ha sido posible disminuir esos costos argumentando que son dos entidades diferentes y que cada una maneja sus costos y tarifas, las cuales son autorizadas por la Sener.16

Como es evidente, la ineficiencia ocasiona aumento de los costos de las diferentes fases del ciclo eléctrico17 y, por tanto, el precio de venta al consumidor también aumenta, dejando como única herramienta de control los cuantiosos subsidios, que afectan el erario público en 0.29 por ciento18 del PIB.

En materia de energía,19 el objetivo es contar con empresas energéticas de alto nivel, con capacidad de avance suficiente, estándares de calidad y precios competitivos. Por otra parte, el Programa Social de Energía 2001-200620 señala que, para asegurar que el sector energético sea parte integral del programa económico y cumpla el interés nacional, es indispensable instaurar una política energética eficiente y sustentable para el sector eléctrico paraestatal y esto no está ocurriendo en lo que a Luz y Fuerza del Centro se refiere.

"La situación financiera interna condiciona el impacto de la reforma sobre la intención de ir ganando autonomía, puesto que ésta, la autonomía, reside en función de la posibilidad de lograr niveles adecuados de eficiencia y rentabilidad",21 de modo que es fundamental aumentar la eficiencia del sector energético si se está pensando en dar autonomía.

El ingreso anual de CFE es de 141 mil 734 millones de pesos y el de Luz y Fuerza del Centro de mil 580 millones de pesos; es decir, 1.1 por ciento del de CFE,22 de modo que si restamos lo que Luz y Fuerza del Centro aporta al Estado vía Ley de Ingresos, de lo que el Estado le regresa vía Presupuesto de Egresos,23 tenemos un perdida neta anual de 19 mil 430.9 millones, suma que si la dividimos entre el número de empleados,24 vemos que al mes cada empleado cuesta a la nación 42 mil 894 pesos (ver tabla). Esto equivale casi a lo que se destina a toda la Secretaría de Salud o a la de Energía; es más de lo que se destina a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, igual que al Consejo de la Judicatura Federal,25 casi el triple que a todo el Poder Legislativo26 y más de 30 veces lo que a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,27 30 veces lo que a la Profepa y más de 100 veces lo que se destina al Instituto Nacional de Ecología. Con esta suma se podrían construir 39 mil viviendas28 y 7 mil 800 kilómetros de caminos rurales, o comprar 78 mil patrullas29 o 780 mil computadoras para escuelas públicas. Con esa cantidad de dinero si se destinara, por ejemplo, a desarrollo científico y tecnológico, nuestro horizonte como nación sería mucho más amplio y existen numerosas evidencias que sugieren que esto se reflejaría en un considerable aumento del PIB.

El adeudo histórico que tiene Luz y Fuerza del Centro con CFE es otro asunto. Infortunadamente, las cifras oficiales no reflejan la realidad, ya que -por un lado- esta deuda se ha originado a causa de precios de compra arbitrarios impuestos a Luz y Fuerza del Centro, mientras que -por otro- no se invierte nada en generación, restando a la paraestatal la posibilidad de cubrir su adeudo y, con eso, legitimidad a la cifra. De cualquier forma, existe un considerable adeudo que agrava, aún más, los indicadores de productividad y eficiencia de la paraestatal.

Para 2004 se planea contar con 202 Pidiregas, de los cuales 166 corresponden a CFE y 36 a Pemex.30 Esto permitirá el crecimiento necesario de nuestra industria energética paraestatal, robusteciéndola y dándole más competitividad, exceptuando el caso de Luz y Fuerza del Centro, que a pesar de que sus indicadores de eficiencia posicionan a la paraestatal en un verdadero caos financiero causado, en gran medida, por la poca o nula inversión histórica en generación eléctrica y por el paupérrimo presupuesto destinado al mantenimiento de sus instalaciones, para 2004, nuevamente, no se planea incluir ningún proyecto de infraestructura.

La falta de Pidiregas para Luz y Fuerza obedece al hecho de que la Ley General de Deuda Pública, en el artículo 18, condiciona los proyectos a cargo de las dependencias del Gobierno Federal, ya que éstas deberán producir los recursos suficientes para su amortización y las obligaciones que se asuman, en razón de que dichos financiamientos no deberán ser superiores a la capacidad de pago de las entidades del sector publico que los promuevan. Obviamente, la Compañía de Luz y Fuerza del Centro no tiene capacidad de pago alguna, lo que se hace notorio en sus indicadores de eficiencia y productividad.

Según la Secretaría de Energía, se requieren 44 mil 500 millones de pesos de inversión en el sector eléctrico para 2004.31 Sin embargo y a pesar de la escasez de recursos que sufre el país en distintos rubros, vemos que se planea destinar 45 mil 635.5 millones de pesos en 15 Pidiregas32 más 11 mil 292 millones en CFE33 y 5 mil 210 millones en Luz y Fuerza del Centro34 del Presupuesto de la Federación destinado a inversión física, sumando en total 62 mil 137.5 millones. Definitivamente, al ver que las inversiones programadas, incluidas las financiadas, rebasan los requerimientos de inversión física en más de 17 mil 500 millones de pesos y tomando en cuenta que en los últimos años la demanda de energía eléctrica ha crecido a un ritmo menor del esperado, es contundentemente claro que la dificultad para hacer más eficiente a Luz y Fuerza del Centro no es de origen económico, ni necesita una reforma energética; más bien, necesita una reforma administrativa dentro del sector.

En vista de que Luz y Fuerza del Centro sigue fuera de los planes de inversión en proyectos de infraestructura de largo plazo y las inversiones por gasto programable para capital, porcentualmente, son menores cada año,35 en el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México consideramos que esto tiene que cambiar, procurando convertir el sector eléctrico paraestatal, en su totalidad, en un órgano más eficiente, que aporte riqueza y orgullo al pueblo mexicano, sin necesidad de mayor privatización que la existente.

La falta de un plan de trabajo integral, por parte del Gobierno Federal, es lo que, de fondo, impide el correcto crecimiento del sector energético paraestatal del país. Lejos de requerir cambios constitucionales que permitan la inversión privada en modalidades distintas de las que ya existen, lo que México necesita es ser más competitivo y eficiente; y eso se logra mediante planes concretos con metas específicas.

Por todo esto, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México somete a su consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico. Se exhorta a la Secretaría de Energía del Poder Ejecutivo federal a implantar, con la Junta de Gobierno descrita en el artículo 4° del decreto por el cual se crea el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro,36 un programa que establezca metas concretas de modernización, productividad y eficiencia en la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, a fin de homologar indicadores de la industria eléctrica paraestatal.

Notas:
1 Desde 1999 hasta la fecha, el PVEM, el PAN, el PRI, el PRD, el Ejecutivo federal -a cargo de Ernesto Zedillo Ponce de León y, más tarde, de Vicente Fox Quesada- y, el 7 de octubre de 2003, el PT han presentado distintas iniciativas de reforma eléctrica, con cambio constitucional y sin él.
2 Desde 1999 hasta la fecha, el PVEM, el PAN, el PRI, el PRD, el Ejecutivo federal -a cargo de Ernesto Zedillo Ponce de León y, más tarde, de Vicente Fox Quesada- y, el 7 de octubre de 2003, el PT han presentado distintas iniciativas de reforma eléctrica, con cambio constitucional y sin él.
3 III Informe de Gobierno 2003, anexo de la Secretaría de Energía, página 190.
4 III Informe de Gobierno 2003, anexo estadístico, página 419.
5 Ibidem.
6 III Informe de Gobierno 2003, anexo estadístico, página 418.
7 III Informe de Gobierno 2003, anexo estadístico, página 421.
8 Según la comparecencia de Luz y Fuerza de 2002.
9 Se refiere a los que, de manera ilícita, se conectan al sistema de red, evadiendo así el cobro del servicio.
10 De acuerdo con indicadores de gestión de Luz y Fuerza del Centro, las pérdidas de energía llegaron a 26.8 por ciento en los primeros nueve meses de 2003.

11 III Informe de Gobierno 2003, anexo estadístico, página 420.
12 III Informe de Gobierno 2003, anexo estadístico, página 421, cálculo en el periodo 1980-2003.
13 III Informe de Gobierno 2003, anexo estadístico, páginas 417-419.
14 III Informe de Gobierno 2003, anexo estadístico, página 420.
15 III Informe de Gobierno 2003, anexo estadístico, página 419.
16 Según el documento Problemática con Luz y Fuerza, elaborado por la Secretaría de Desarrollo Social del estado de Hidalgo, con 45 municipios en territorio de Luz y Fuerza del Centro y los 39 restantes con CFE.
17 Generación, transmisión, distribución y despacho económico.
18 Considerando como PIB para 2004 6,671,840.93 millones de pesos, publicados en los Criterios Generales de Política Económica para 2004.
19 Según establece el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006.
20 Diario Oficial de la Federación, 11 de enero de 2002.

21 Según expuso el director general de Luz y Fuerza del Centro, licenciado Luis de Pablo, en su comparecencia ante la Cámara de Diputados en 2002.
22 Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004, página 5.
23 Según el Presupuesto de Egresos de 2004, será de 21 mil 10.9 millones de pesos.
24 37 mil 748 empleados. III Informe, anexo estadístico, página 421.
25 Organismo que audita al Poder Judicial.
26 Cámaras de Senadores y de Diputados, y Auditoría Superior de la Federación.
27 Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004.
28 De un valor de 500 mil pesos.
29 De un valor de 150 mil pesos.
30 Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004, tomo I, página 38.

31 Estudio elaborado por la Sener y CFE intitulado Necesidades del sector eléctrico y criterios para una reforma, página 9.
32 Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004, tomo I, página 38.
33 Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004, tomo I, página 467, en la que se mencionan 135 mil 278 millones de pesos, de los cuales 18 mil 59 millones son para capital, menos los 6 mil 767 millones para pago de Pidiregas de años anteriores.
34 Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004, tomo I, página 475, en la que se mencionan 21 mil 10.9 millones de pesos, de los cuales 5 mil 210 millones son para capital.
35 En 2002 fueron de 15.6 por ciento y se propone 13.4 por ciento para 2004.
36 DOF, 9 de febrero de 1994.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 23 días de marzo de 2004.

Diputados: Jorge A. Kahwagi Macari (rúbrica), coordinador; Manuel Velasco Coello (rúbrica), vicecoordinador; Francisco Xavier Alvarado Villazón (rúbrica), Leonardo Alvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán (rúbrica), Alejandro Agundis Arias (rúbrica), María Avila Serna, Fernando Espino Arévalo (rúbrica), Maximino Fernández Avila (rúbrica), Félix Adrián Fuentes Villalobos (rúbrica), Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Jorge Legorreta Ordorica (rúbrica), Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio (rúbrica), Cuauhtémoc Ochoa Fernández (rúbrica), Javier Orozco Gómez (rúbrica), Raúl Piña Horta (rúbrica).

(Turnada a la Comisión de Energía. Marzo 23 de 2004.)

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE EXPRESAR EL RECHAZO A LAS MEDIDAS DE BLOQUEO IMPLANTADAS POR EL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA A LA COMUNIDAD CIENTIFICA PARA IMPEDIR EL LIBRE INTERCAMBIO Y DIFUSION DE INVESTIGACIONES DESARROLLADAS POR CIENTIFICOS CUBANOS O A PARTICIPAR EN FOROS DE ESE CARACTER QUE TENGAN SEDE EN TERRITORIO DE CUBA, PRESENTADA POR EL DIPUTADO LUIS MALDONADO VENEGAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA, EN LA SESION DEL MARTES 23 DE MARZO DE 2004

El que suscribe, diputado federal Luis Maldonado Venegas, en nombre del grupo parlamentario de Convergencia y con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo.

En un momento y en una circunstancia desoladora, en la que la seguridad y el equilibrio internacional son una vez más puestos a prueba, ante la nueva acometida de actos terroristas, irracionales y arteros, perpetrados contra la vida y la integridad de ciudadanos libres, inocentes y ajenos a los intereses supranacionales que alentaron una política belicista, erigida sobre los cimientos de la mentira y en franca violación del derecho internacional.

Sin mengua de la condena generalizada a toda forma de terrorismo, ya el pueblo español ha emitido un veredicto electoral contra los desvaríos de un tutelaje internacional que, en nombre de la libertad y la democracia, se ha erigido en el perpetuo aliado de la ruina de los principios de independencia y soberanía de las naciones, y la base moral, de muchas inmoralidades.

Evidencia de ello es el bloqueo económico y comercial impuesto desde hace 45 años por Estados Unidos de América al pueblo de Cuba, violatorio de los principios consagrados en la Carta de San Francisco y en el Acta Constitutiva de la Organización de Estados Americanos.

No obstante la claridad y contundencia de este mandato, para los afanes hegemónicos de Washington no ha sido suficiente socavar los fundamentos de esta declaración. Durante más de cuatro décadas, literalmente y sin alegorías Cuba ha sido reducida a la condición de una ínsula, acosada por el bloqueo de sus adversarios y abandonada fatalmente por la inoperancia de los organismos multilaterales.

Ahora esa política de estrangulamiento, ha llegado al absurdo y a extremos de intolerancia que no tienen precedente en la historia contemporánea, al extender el bloqueo al ámbito cultural e imponer sanciones al libre intercambio y difusión de las investigaciones de carácter científico.

Las primeras disposiciones emitidas por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro se orientaron a prohibir la publicación en revistas científicas estadounidenses de trabajos de investigación de países a los que ha decretado embargo comercial, incluida una investigación en coautoría con el mexicano Feliciano Sánchez, del IPN, cuyo trabajo sobre la nixtamalización del maíz no fue admitido por el Journal of Agricultural and Food.

La sanción impuesta a los editores que incumplan esta norma, sólo equiparable a las disposiciones inquisitorias del oscurantismo medieval, corresponde a una pena pecuniaria de 50 mil dólares y privación de la libertad hasta por 10 años.

A este hecho se agregó, en el curso de la primera semana de marzo, la resolución para impedir que 70 científicos, académicos y médicos estadounidenses participaran en la Conferencia sobre el coma y la muerte, lo que ha motivado la protesta fundada de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia.

El grupo parlamentario de Convergencia, ante el llamado que formuló el Presidente de la Academia Nacional de Ciencias de Cuba, Ismael Clark, se abocó a informar y promover ante las academias de ciencias de nuestro país la condena irrestricta a esas medidas, que atentan contra el fundamento mismo de la ciencia, e integró una delegación, con la representación del cuerpo académico y científico de la Academia Nacional de Historia, Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística y de la Legión de Honor Nacional de México, así como los integrantes de nuestro grupo parlamentario que nos trasladamos a La Habana, para conferir a la Academia de Ciencias de Cuba un reconocimiento, en justa valoración del avance científico y tecnológico alcanzado y promovido por su red de investigadores, así como para solidarizarnos contra el bloqueo de que actualmente están siendo objeto.

De esta forma, nos propusimos dar una respuesta inmediata a la acción arbitraria e intransigente de la política Bush que, en aras de salvaguardar la seguridad internacional, hoy siembra incertidumbre y acoso político a su propia comunidad científica.

Abordamos ahora esta tribuna para convocar a todas las fuerzas políticas representadas en la Cámara a efecto de emitir un punto de acuerdo en el que queden de manifiesto el rechazo y la condena a esta acción unilateral, excluyente e intolerante, que agravia la libertad de expresión como fuente del conocimiento y como fundamento universal del libre intercambio científico y tecnológico.

Por lo anteriormente expuesto, el de la voz propone a esta honorable soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico. Que las fuerzas políticas representadas en esta Cámara expresen su rechazo a las medidas de bloqueo implantadas por el gobierno de Estados Unidos de América a la comunidad científica cubana, que impiden el libre intercambio y difusión de investigaciones desarrolladas por científicos cubanos o participar en foros de ese carácter que tengan sede en territorio de Cuba.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de marzo de 2004.

Por el Grupo Parlamentario de Convergencia

Diputados: Jesús Emilio Martínez Alvarez, coordinador; Luis Maldonado Venegas, vicecoordinador; Juan Fernando Perdomo Bueno, Jaime M. Moreno Garavilla, Jesús González Schmal (rúbricas).

(Turnada a la Comisión de Relaciones Exteriores. Marzo 23 de 2004.)

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR A LA CONTRALORIA GENERAL DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL QUE EXPONGA ANTE EL PLENO DE LA COMISION DEL DISTRITO FEDERAL DE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS LAS ACCIONES QUE ESTA REALIZANDO CON RELACION A LOS ACTOS DE CORRUPCION EN QUE HAN INCURRIDO DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD Y DE LAS DELEGACIONES, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JORGE TRIANA TENA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, EN LA SESION MARTES 23 DE MARZO DE 2004

El que suscribe, diputado Jorge Triana Tena, integrante de grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, conforme a los siguientes

Antecedentes

El lunes primero de marzo de dos mil cuatro fue difundido a través de un noticiero televisivo un video que mostraba al ex secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, Gustavo Ponce Meléndez, en el casino del hotel Bellagio de Las Vegas mientras apostaba jugando blackjack en la zona VIP de este lujoso casino.

Tras conocerse la grabación, el procurador capitalino Bernardo Bátiz reveló que la dependencia a su cargo realizaba una investigación relacionada con el manejo de fondos de la Tesorería del Distrito Federal, un presunto fraude por más de treinta y un millones de pesos y en el que estarían involucrados funcionarios públicos de la delegación Gustavo A. Madero y colaboradores de Gustavo Ponce, así como empresas privadas.

Finalmente, el miércoles diez de marzo de dos mil cuatro, el juez once en materia penal con sede en el Reclusorio Norte giró órdenes de aprehensión en contra de Gustavo Ponce y Carlos Ahumada por el delito de fraude genérico por más de treinta y un millones de pesos en la delegación Gustavo A. Madero. También ordenó la detención de María Martha Delgado Arroyo, Luis Salazar Cano y Alierzo Caetano de Oliveira Contreras, presuntos cómplices en el fraude en esa demarcación. De igual modo, están involucrados Carlos Alvarez Cardoso y Blanca Estela Hernández Puga, quienes ya se encuentran detenidos por el mismo delito.

Dos días después de conocerse el video de Ponce, el miércoles tres de marzo de dos mil cuatro, el diputado Federico Döring mostró un nuevo video en el cual René Bejarano recibía sendas cantidades de dinero del empresario Carlos Ahumada, escenas tan comprometedoras que el entonces diputado local y coordinador de los perredistas en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal se vio obligado a solicitar licencia a su cargo.

Y el lunes ocho de marzo de dos mil cuatro, fue difundido un nuevo video en el que el jefe delegacional con licencia en Tlalpan, Carlos Imaz, aparece recibiendo dinero del propio Carlos Ahumada, escena que se desarrolla en el mismo espacio físico en el que fue grabado Bejarano.

En los tres asuntos mencionados hay un personaje que se repite: Carlos Ahumada, empresario y proveedor del Gobierno del Distrito Federal y de delegaciones gobernadas por perredistas. Además de los seis servidores públicos involucrados en el fraude en la delegación Gustavo A. Madero, del diputado local con licencia René Bejarano, y del jefe delegacional con licencia en Tlalpan, Carlos Imaz, hay que sumar a esta lista de "servidores públicos" a los jefes delegacionales Leticia Robles, de Alvaro Obregón; Ignacio Ruiz, de Cuajimalpa; Laura Velázquez, de Azcapotzalco; Fátima Mena, de Tláhuac; Faustino Soto, de Xochimilco, y Miguel Bortolini, de Coyoacán, y el propio jefe delegacional con licencia en Gustavo A. Madero, Octavio Flores; quienes, según Ramón Sosamontes, también recibieron recursos de Carlos Ahumada.

Suman quince los servidores públicos -tanto del Gobierno del Distrito Federal como de las delegaciones mencionadas- que deben explicar a la ciudadanía y a las autoridades competentes su relación con Carlos Ahumada, si recibieron dinero de este empresario o si han contratado la realización de obras o servicios delegacionales con las empresas del señor Ahumada, y de ser este el caso, también explicar la manera en que se realizaron las correspondientes licitaciones.

Quince son los servidores públicos a los que he hecho referencia, y agrego uno más: la contralora general del Gobierno del Distrito Federal, Bertha Elena Luján Uranga, cuyo nombre es mencionado por Bejarano en el video de éste con Ahumada. Y si la propia contralora general -que es la responsable de fomentar la transparencia y la honestidad en el gobierno de la ciudad, a través de la prevención, la vigilancia de los recursos y el combate a la corrupción- está relacionada en estos presumibles actos de corrupción, entonces es claro que estamos ante un problema de ingobernabilidad en la Ciudad de México, entendiendo ésta como la incapacidad gubernamental de cumplir con las responsabilidades que por ley tiene encomendadas.

Por eso, compañeras y compañeros legisladores, y considerando que el artículo 34 de Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal establece que corresponde a la Contraloría General el despacho de las materias relativas al control y evaluación de la gestión pública de las dependencias, órganos desconcentrados1 y entidades paraestatales del Distrito Federal, es imprescindible que su titular, Bertha Luján, exponga a la brevedad las acciones realizadas con relación a los actos de corrupción de los servidores públicos de la Ciudad de México y de las Delegaciones.

En efecto, el artículo 34 establece como atribuciones de la Contraloría General del Distrito Federal, entre otras, las siguientes:

Fiscalizar e inspeccionar el ejercicio del gasto público de la Administración Pública del Distrito Federal y su congruencia con el Presupuesto de Egresos, procediendo, en su caso, al fincamiento de la responsabilidad administrativa; (fracción III)

Coordinar a las Contralorías internas que dependerán de la Contraloría General y que ejercerán funciones de control y fiscalización de las dependencias, órganos desconcentrados y entidades paraestatales de la Administración Pública del Distrito Federal, así como emitirlos lineamientos para su actuación; (fracción V)

Establecer las bases generales para la realización de auditorías en las dependencias, órganos desconcentrados y entidades paraestatales, así como realizar a las mismas, las auditorías que se requieran en sustitución o apoyo de sus propios órganos de control; (fracción VIII)

Inspeccionar y vigilar directamente o a través de los órganos internos de control, que las dependencias, órganos desconcentrados y entidades paraestatales, cumplan con las normas y disposiciones en materia de: información, estadística, organización, procedimientos, sistemas de registro y contabilidad, contratación y pago de personal, contratación de servicios, obra pública, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles, almacenes y demás activos de la Administración Pública del Distrito Federal, procediendo en su caso, al fincamiento de la responsabilidad administrativa; (fracción XII)

Conocer e investigar los actos, omisiones o conductas de los servidores públicos que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben de observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, con motivo de quejas o denuncias de los particulares o servidores públicos o de auditorías practicadas por los órganos de control, para constituir responsabilidades administrativas, y determinar las sanciones que correspondan en los términos de ley, y en su caso, hacer las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público prestándole para tal efecto la colaboración que le fuera requerida; (fracción XXVI)

Intervenir directamente o como coadyuvante, ante las autoridades administrativas o judiciales, en todos los asuntos en que la Contraloría General sea parte, cuando tenga interés jurídico o se afecte el patrimonio del Gobierno del Distrito Federal, y éstos se encuentren relacionados con las facultades que tiene encomendadas, pudiendo delegar tal atribución, tomando en cuenta la importancia que el asunto revista para el interés público; (fracción XXXII)

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Unico. Se solicita a la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal, exponga ante el pleno de la Comisión del Distrito Federal de esta H. Cámara de Diputados, las acciones que está realizando esta dependencia, con relación a los actos de corrupción en los que han incurrido diversos servidores públicos del Gobierno de la Ciudad y de las delegaciones.

Nota:
1 El párrafo tercero del artículo 2 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal (LOAPDF) establece: "En las demarcaciones territoriales en que se divida el Distrito Federal, la Administración Pública Central contará con órganos político administrativos desconcentrados con autonomía funcional en acciones de gobierno, a los que genéricamente se les denominará Delegación del Distrito Federal..."

Asimismo, la fracción II del artículo 3 de la LOAPDF, señala que para los efectos de esa ley, se entiende por "Administración pública desconcentrada. Los órganos político administrativos de cada demarcación territorial genéricamente denominados Delegaciones del Distrito Federal..."

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los veintitrés días del mes de marzo de dos mil cuatro.

Dip. Jorge Triana Tena (rúbrica)

(Turnada a la Comisión del Distrito Federal. Marzo 23 de 2004.)

Aclaraciones

DEL COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

En el Reglamento Interno del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LIX Legislatura, publicado en la Gaceta Parlamentaria número 1454-III, del viernes 12 de marzo de 2004, en la página 9

Dice:

Artículo 18. Ningún diputado o diputada podrá pertenecer simultáneamente a la Mesa Directiva del grupo, y a una Junta Directiva de comité o comisión ordinaria o especial de la Cámara; quien se encuentre en esta situación deberá optar de inmediato por un solo puesto, excepto quienes sean integrantes de la Junta de Coordinación Política. Debe decir: Artículo 18. Ningún diputado o diputada podrá pertenecer simultáneamente a la Mesa Directiva del grupo, y a una Junta Directiva de comité o comisión ordinaria o especial de la Cámara, a excepción del Comité de Administración; quien se encuentre en esta situación deberá optar de inmediato por un solo puesto, excepto quienes sean integrantes de la Junta de Coordinación Política. Atentamente
Diputado Pablo Gómez Alvarez
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática

Actas

DE LA COMISION DE FOMENTO COOPERATIVO Y ECONOMIA SOCIAL, DE SU CUARTA SESION PLENARIA, REALIZADA EL MARTES 24 DE FEBRERO DE 2004

En la Ciudad de México, Distrito Federal, en el Palacio Legislativo, siendo las nueve horas del día veinticuatro de febrero del año dos mil cuatro, en la zona C del restaurante Los Cristales de esta H. Cámara de Diputados, previo citatorio que fue hecho llegar a sus integrantes y de conformidad con la convocatoria publicada en la Gaceta Parlamentaria números 1439 y 1440 de fechas veinte veintitrés de febrero del año en curso, respectivamente, se realizó la cuarta sesión plenaria de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social de la LIX Legislatura, bajo el siguiente orden del día:

1.- Lista de asistencia y declaración del quórum.

Una vez pasada la lista de asistencia, se contó con la presencia de los CC. diputados: Francisco Javier Saucedo Pérez, Presidente; Alfonso Nava Díaz, secretario; Francisco Luis Monárrez Rincón, secretario; José Juan Bárcenas González, secretario; Huberto Aldaz Hernández, Lino Celaya Luria, Felipe de Jesús Díaz González, Luis Andrés Esteva Melchor, David Ferreyra Martínez, Valentín González Bautista, José Julio González Garza, Alfonso González Ruiz, José Alfonso Muñoz Muñoz, Daniel Ordóñez Hernández, Alfredo Rodríguez y Pacheco, Israel Tentory García, Gerardo Ulloa Pérez, Adrián Villagómez García,

Asimismo se hace constar que los diputados Manuel González Reyes y Sonia Rincón Chanona en su lugar mandaron a un representante,

Una vez pasada la lista de asistencia y encontrándose presentes dieciocho diputados, en uso de la voz el Presidente de la Comisión menciona que se cuenta con el quórum legal, iniciándose la sesión.

2.- Lectura y aprobación del orden del día.

Una vez puesto a consideración el orden del día, el Presidente de la Comisión menciona que se encuentran presentes los invitados que participarán en la presente reunión y por respeto a los mismos propone a los integrantes de esta Comisión iniciar esta sesión plenaria ordinaria a partir del cuarto punto del orden del día, es decir, con el análisis de la Ley de Ahorro y Crédito Popular y su reglamentación secundaria; una vez concluido éste, se continuara con el desahogo de los restantes puntos a tratar; no habiendo ningún comentario al respecto por parte de los asistentes se aprueba el orden del día así como el mecanismo a seguir propuesto por el Presidente.

3.- Primera reunión de análisis de la Ley de Ahorro y Crédito Popular y su reglamentación secundaria.

A nombre de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social de la LIX Legislatura, el diputado Francisco J. Saucedo Pérez, Presidente, da la más cordial bienvenida y de antemano agradece la presencia de todos los participantes a esta reunión, que hemos titulado Primera reunión de análisis de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, a continuación el presidente de la Comisión, en uso de la palabra, menciona que la metodología a seguir así como el orden en las intervenciones de los participantes se hicieron llegar con anticipación recalcando que el orden de los temas son:

I. Análisis del contenido, significado y consecuencias de la entrada en vigor de la Ley de Ahorro y Crédito Popular y de su reglamentación secundaria.

II. Proceso de transición: programas de apoyo, dificultades y retos a superar.

III. Iniciativas de reforma legislativa y/o de política pública para favorecer la expansión y crecimiento del sector de ahorro y crédito popular en nuestro país.

IV. Conclusiones y tareas.

En orden de participación referente al tema número I. Análisis del contenido, significado y consecuencias de la entrada en vigor de la Ley de Ahorro y Crédito Popular y de su reglamentación secundaria.

Organizaciones Sociales; Consejo Mexicano del Ahorro y Crédito Popular (Comacrep),

Alianza Cooperativista Nacional (Alcona), federación FINE, Red de Finanzas Populares, Consejo Coordinador de Cajas Solidarias, Confederación Nacional de Cooperativas de Actividades Diversas, entre lo más sobresaliente:

Se refirieron a los antecedentes históricos del cooperativismo en México en sus diferentes etapas.

Las cooperativas desde su origen han tenido una clara orientación y sentido social, han buscado promover y fomentar la cultura del ahorro, combatir la usura, llevar los servicios de ahorro y crédito a toda la población y educar y formar a las personas.

Las cooperativas han tenido un trabajo muy intenso no solamente como una actividad financiera sino como toda una filosofía.

En la época de los noventa las cajas populares contaron con una mayor promoción de mercadotecnia, de publicidad; esto hizo que crecieran de manera más acelerada, aquí en esta década es donde surge la regulación y la supervisión, pero se da la desintegración del movimiento de cajas que existía.

Uno de los problemas es la falta de regulación, ejemplo, la ley que se emitió para modificar la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de crédito, para crear la figura de sociedad de ahorro y préstamo; el problema es que no se consideró toda la experiencia del sector y no se permitía que existieran federaciones y confederaciones, esto es sólo un ejemplo, de ahí la importancia para que se tome en cuenta a todas las personas y organizaciones interesadas, en este caso para la elaboración de la Ley de Ahorro y Crédito Popular.

Explicar la expedición de la Ley de Ahorro y Crédito Popular en la necesidad de prevenir nuevos quebrantos y problemas en las cajas, pero eso es falso, ya que el fondo que se persigue con esta ley es el embate contra el sector social y la creación de un marco legal en donde los únicos beneficiados sean los bancos para que finalmente ningún otro organismo que capte ahorro pueda prosperar.

Otro de los aspectos de fondo con la creación de la Ley de Ahorro y Crédito Popular es frenar, de alguna manera el crecimiento de los organismos sociales, ya que al ritmo de crecimiento actual, en menos de 20 años éstos habrán de sustituir a la banca comercial.

Es importante distinguir lo que son las cooperativas de ahorro y crédito con las sociedades anónimas.

Debe existir un amplio espacio de reflexión ética ya que el sector social atiende a las gentes con mayores necesidades y no se vale lucrar solamente con estas personas.

La creación de la Ley de Ahorro y Crédito Popular responde a un exacerbado movimiento político originado principalmente por las irregularidades de las llamadas cajas populares, mismas que no tenían nada de cooperativas, las cuales originaron fraudes de grandes magnitudes, convirtiéndose así en un jugoso botín político, el cual fue estratégicamente aprovechado, entre otras cosas para sacar adelante la ahora tan cuestionada ley a prueba de fraudes; es decir, una ley regulatoria, controladora y coercitiva, obedeciendo principalmente al ánimo que privó en el momento de su elaboración y aprobación.

Los legisladores atendieron únicamente el aspecto político enfocando una ley controladora pero descuidando, en su totalidad, el fomento a las actividades de ahorro y crédito popular.

Es una ley que corre el riesgo de monopolizar al sector, porque en este momento únicamente las cajas de mayor tamaño o las experiencias privadas con grandes recursos podrán enfrentar y superar el enorme dique que constituye la regulación secundaria.

Esta ley pretende dañar el cuarto principio del cooperativismo internacional, ya que más del 50% de los artículos de esta ley son contrarios al principio de autonomía.

Una intervención de factores externos, por no decir usurpación, conduce a una desnaturalización cooperativa, una organización que en la práctica no es ya gobernada por sus miembros, podrá ser cualquier cosa menos una cooperativa.

Las cooperativas de ahorro y préstamo, desde el punto de vista muy particular no son intermediarios financieros como lo pretende esta ley en su artículo 103, fracción primera.

Es necesario corregir el artículo 9 párrafo séptimo en lo conducente a la mención de la negativa ficta, así como lo relacionado con el estudio de viabilidad financiera y organizacional, y lo referente a las asambleas, por lo que respecta a los artículos 41 al 46, sobre las sociedades financieras, éstos deben trasladarse a otra ley de carácter particular o del sector privado.

Organizaciones de Gobierno; Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), Sagarpa, Dirección de Cajas Solidarias del Fonaes-SE y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; aspectos más importantes de su intervención: La creación de la Ley de Ahorro y Crédito Popular tiene como principal finalidad que el país cuente con un sistema financiero profundo y completo para que todos los mexicanos puedan tener acceso a todos los servicios financieros de manera amplia y no como se ha manejado en esta reunión que esta ley en únicamente para prevenir quebrantos o en su caso un embate contra el sector social a favor de la banca.

Con esta ley se pretende atender principalmente a los sectores de bajos ingresos, para que todos los mexicanos cuenten con igualdad de oportunidades en su crecimiento y desarrollo social.

Otro de los propósitos de esta ley es proteger a los ahorradores del sector de ahorro y crédito popular y permitirles acceder a más servicios y productos como los que hasta ahora no han tenido.

Cabe mencionar que esta ley no fue discriminatoria como la Ley de Sociedades de Ahorro y Préstamo, ya que se trabajó conjuntamente con el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria, así como con 50 entidades financieras del país.

Recalcar que esta ley ha sido un paso adelante y debe entenderse como un esfuerzo concreto para dar más seguridad a los ahorros de la gente y en especial de la más necesitada, para asegurar que las operaciones del sector se vuelvan más seguras, transparentes y eficientes.

Como corrección a lo que se ha dicho en esta reunión, las cajas solidarias son organismos independientes al Fonaes, que se constituyen bajo la figura jurídica de una sociedad civil y actualmente bajo la figura de una cooperativa, siendo la única intervención de Fonaes en el desarrollo de la constitución de las mismas, a través de un crédito semilla principalmente.

En resumen, el propósito de esta ley es crear servicios financieros integrales a las comunidades urbanas y rurales y a los migrantes en el exterior a través de remesas; este es el propósito final.

Organizaciones Internacionales; Consejo Mundial de Uniones de Crédito (WOCCU), Desarrollo Internacional Desjardins (DID) y Confederación Alemana de Cooperativas (DGRV), entre los puntos más sobresaliente destacan: Uno de los objetivos más importantes de los organismos internacionales es el fortalecimiento institucional aglutinador del sistema cooperativo dentro de los países donde se desarrollan proyectos.

Coadyuvar con las autoridades y organizaciones al fortalecimiento del sistema financiero cooperativo entre otras cosas para llevar estos a las zonas rurales marginadas.

Ajustar las leyes de acuerdo con las exigencias del mismo sector y buscando con ello lo más importante, que es la seguridad de los asociados.

Una sugerencia importante de tomar en cuenta que sea la Comisión Nacional Bancaria regule a todo el sector financiero.

Que la Ley de Ahorro y Crédito Popular sirva para cuidar los ahorros de la gente más necesitada y que no favorezcan a la gente que se ha aprovechado de las circunstancias para enriquecerse, sin embargo, hay que reconocer que con la creación de esta ley se hizo un esfuerzo importante, una decisión histórica.

Es de destacarse que la entrada en vigor de las ley no fue sólo una decisión económica o financiera, sino sobre todo política y social, pues se ha querido fomentar y reforzar un sector financiero orientado a las grandes mayorías de la población y bajo su control.

Subrayar que en la parte introductoria, es la aplicación de la ley esta debe orientarse necesariamente a elevar el sector del ahorro y crédito popular al nivel de la norma susceptible, de manera de asegurar a mediano o largo plazo una herramienta muy poderosa que vendrá a favorecer el desarrollo de cada región del país.

La Ley de Ahorro y Crédito Popular es buena, porque regula las operaciones y actividades de las pequeñas entidades que no son bancos, sino más bien instituciones financieras para atender al sector popular de México, sin embargo esta ley tiene algunos vacíos que con el transcurso del tiempo y con las experiencias se deben de adicionar, complementar y reglamentar algunos artículos.

Otro punto que habrá que modificar con el tiempo es que esta ley básicamente regula pero no fomenta.

En uso de la palabra el representante de la Comisión Nacional Bancaria en relación a la Ley de Ahorro y Crédito Popular destaca los siguiente. Como cualquier texto normativo, puede ser susceptible de ser perfeccionado, creemos que es una ley que al fundarse en el principio de la supervisión auxiliar y reconocer algunos aspectos de autorregulación, reconoce la realidad en el sector y permite sobre todo la participación de federaciones.

La regulación secundaria de esta ley está por concluirse, destacando que no ha sido un proceso unilateral, estableciéndose distintos foros regionales de consulta con la participación de los diferentes sectores regionales así como representantes de Bansefi.

Retornando la palabra, el Presidente de la Comisión señala que dada la importancia que representa la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el pleno de esta Comisión solicitará un espacio posterior, de manera que podamos profundizar en toda esta cuestión del marco normativo y regulatorio.

Acto seguido, se contestaron por los participantes todas y cada una de las preguntas expresadas por los diputados integrantes de la Comisión presentes.

En orden de participación referente al tema número II. Proceso de transición: programas de apoyo, dificultades y retos a superar.

Organizaciones Sociales; Consejo Mexicano del Ahorro y Crédito Popular (Comacrep), Alianza Cooperativista Nacional (Alcona), Federación FINE, Red de Finanzas Sociales, Consejo Coordinador de Cajas Solidarias, Confederación Nacional de Cooperativas de Actividades Diversas, entre lo más sobresaliente destaca:

Uno de los principales retos es la incorporación del mayor número posible de entidades.

Implementar mecanismos para reducir los costos de la supervisión auxiliar.

Se crea el fondo de protección a través de la confederación, este es un proceso complicado básicamente de cambio cultural en el que se tiene que profesionalizar al sector y sobre todo se está tratando de que haya un proceso de saneamiento y estabilización de todas las entidades.

Detectar con tiempo cualquier problema que pueda tener una entidad.

Para que México se pueda comparar con Alemania, Canadá, etcétera, tiene que existir orden y disciplina.

Para lograr un óptimo funcionamiento en México, las federaciones deben realizar las supervisiones y los bancos que regulen a las federaciones.

Esta ley es una lista de discrecionalidades de la llamada Comisión, esta ley debería de ser un conjunto de artículos que contiene normas y reglas sobre las obligaciones y derechos de los sujetos que regula.

Esta ley en realidad sobrepone a toda norma o regla lo que a criterio de la Comisión se sirva dictar, emitir, contrariamente a lo que es la práctica jurídica. Llega al extremo de decir que lo que se autoriza expresamente estará prohibido, al contrario del principio de derecho de que todo lo que no está prohibido está permitido, ejemplo de ello son los artículos 31, 119 y 122 los cuales son incongruentes entre sí.

En consecuencia, se trata de una ley autoritaria, característica de un Estado que confunde la tutela con la restricción o que trata de hacer pasar sus intereses bancarios como pretensión prudencial.

Para una adecuada transición se ha desarrollado un área de asistencia técnica para apoyar a las cajas y sociedades financieras populares a cumplir cabalmente lo dispuesto por esta ley.

Una dificultad para adecuarse a la normatividad se manifiesta en las cajas pequeñas, ya que carecen de recursos económicos y tecnológicos.

Habrá definitivamente que incentivar el aspecto fiscal.

Un reto primordial de las organizaciones sociales es seguir prestando servicios de financiamiento a las zonas rurales para las cuales estamos trabajando.

Hay que dejar muy claro que las organizaciones sociales no hemos expresado la negativa a la ley, es decir, que la posición en su mayoría es positiva de revisar el conjunto de artículos incongruentes para adecuarlos a la realidad que viven los organismos sociales pero que se dé una nueva oportunidad y no se privilegie a unos cuantos.

Organizaciones de gobierno; Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), Sagarpa, Dirección de Cajas Solidarias del Fonaes-SE y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; aspectos más importantes de su intervención: El gobierno está haciendo un esfuerzo para ayudar a la transformación del sector social.

Bansefi, seguirá promoviendo el ahorro como lo hacía el Patronato del Ahorro Nacional, transformándose en la caja central del sector. Cuando éste así lo considere y coordinar temporalmente los apoyos del Gobierno federal, que ésta es la parte de promoción y fomento, que el gobierno le dio como mandato a Bansefi.

Implementar mecanismos de ayuda que permitan generar ingresos, reducir costos, eficientar procesos o ampliar la gama de productos, siempre regulados por la Comisión Nacional Bancaria.

Se destinan recursos para optimizar este proceso de transición destinándolos a capacitación para elevar el nivel técnico de las instituciones, entre otras.

Se creó el proyecto regional de asistencia técnica al microfinanciamiento rural, que surge primero como una respuesta a la demanda de entidades que operaban en el sector rural, y segundo, en referencia a la demanda del público que tenía necesidad de este tipo de servicio conocido como PATMIR.

El objetivo del PATMIR es facilitar el acceso a servicios financieros que sean viables, adaptados a la realidad local en zonas rurales de alta marginación, con un énfasis en la movilización del ahorro y en cumplimiento con la Ley de Ahorro y Crédito Popular, a través de apoyos en asistencia técnica y capacitación para lograr con ello la estabilidad financiera de las instituciones que participan.

Referente a Fonaes, la prioridad, en este momento, es la constitución y la federación y la certificación del Comité de Supervisión; en este sentido es importante recalcar que ya se cuenta con el modelo de transformación jurídica de las cajas solidarias para transformarlas de sociedades civiles a sociedades cooperativas.

Se ha realizado un importante impulso a la capacitación de directivos y personal en general de las cajas solidarias en temas básicamente de contabilidad, crédito y cobranza, liderazgo y toma de decisiones y en planeación.

La Ley de Ahorro y Crédito Popular es una oportunidad, a lo mejor no es una ley de fomento, pero el reto está precisamente en convertir esa ley en una solución.

Se destaca la importancia de crear un fondo de protección a los depósitos.

Organizaciones Internacionales; Consejo Mundial de Uniones de Crédito (WOCCU), Desarrollo Internacional Desjardins (DID) y Confederación Alemana de Cooperativas (DGRV) entre los puntos más sobresaliente destacan: La Ley de Ahorro y Crédito Popular es un marco legal, tal vez si no el apropiado, sí cuenta con una base sustantiva suficiente para poder regular el sector a base de una regulación de parte de una autoridad como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Uno de los principales problemas de este proceso es la desregulación de la capitalización, ya que ésta necesita tiempo para que madure un cambio estructural.

El proceso de transición no es perfecto; sin embargo, la urgencia del momento consiste limpiar al sector en base a una profesionalización y racionalización.

Facilitar los servicios financieros a la población rural, especialmente de alta y muy alta marginación, además hay que crear una cultura de ahorro y crédito, fomentar circuitos económicos financieros, a nivel local y regional, evitando, de esta manera, la fuga de recursos a las ciudades.

Capacitar y Formar a un grupo de técnicos nacionales y prepararlos para ampliar las experiencias obtenidas en otras regiones del país.

La aplicación de la Ley de Ahorro y Crédito Popular tardará tiempo en ser digerida por la población rural o de escasos recursos, esto es comprensible puesto que este tipo de población ha sufrido experiencia muy desagradables, básicamente de fraudes.

El diputado José Juan Barcenas González, secretario de la Comisión, pregunta concretamente al licenciado Javier Gavito, director de Bansefi, en referencia al proceso de transición que ha venido trabajando el Bansefi junto con las entidades; qué porcentaje representan las entidades según su clasificación, y en caso de las federaciones o cajas de ahorro que tengan un número importante de socios que no hayan aceptado el proceso de transición, qué mecanismo implementa Bansefi para continuar invitándolos a participar.

En respuesta, el licenciado Gavito, director de Bansefi, comenta que a la fecha todavía no existen datos precisos con respecto a esta clasificación, por que en este momento están los expertos internacionales trabajando con los comités de supervisión de las federaciones para terminar con el diagnóstico y en consecuencia definir esta clasificación. En referencia a la segunda pregunta, informa que hasta el momento existe un avance del 86% de cajas en estado de transición, que representa el 90% de ahorradores y el 94% de los activos, el mínimo que falta ya se tienen debidamente identificados, para los cuales se implementan mecanismos de entendimiento para que estos finalmente se incorporen a la ley y cuenten con los apoyos destinados para una adecuada transición, estos informes detallados se harán llegar a la brevedad a la Comisión de Fomento para su conocimiento.

Se decreta un receso de 30 minutos para continuar con los trabajos.

Retornando la palabra, el Presidente, a propuesta de la Junta Directiva de la Comisión, somete a la consideración de los presentes y en base al ritmo de trabajo, que los temas III y IV se junten en una sola exposición.

No habiendo ningún comentario en contrario se aprueba la propuesta sugerida por la Junta Directiva, acto seguido se continúa con el desahogo de los temas III y IV Iniciativas de reforma legislativa y/o de política pública para favorecer la expansión y crecimiento del sector de ahorro y crédito popular en nuestro país, y Conclusiones y tareas, respectivamente.

Organizaciones Sociales; Consejo Mexicano del Ahorro y Crédito Popular (Comacrep), Alianza Cooperativista Nacional (Alcona), federación FINE, Red de Finanzas Populares, Consejo Coordinador de Cajas Solidarias, Confederación Nacional de Cooperativas de Actividades Diversas, entre lo más sobresaliente:

Gestionar las adecuaciones necesarias a la legislación y a la regulación.

Para Comacrep se trata de apoyar la Ley de Ahorro y Crédito Popular, pero no porque consideremos que es una ley perfecta, ya que es susceptible de cambios; vigilar siempre que ésta no ahogue a las entidades pequeñas y buscar los momentos más oportunos para modificarla; asimismo, es importante no confundir lo que es la regulación con el fomento y la producción. En este orden de ideas, la principal función de la Ley de Ahorro y Crédito Popular debe ser de regulación, operación y supervisión.

Comacrep está buscando los mecanismos adecuados para que se flexibilice la regulación secundaria, para garantizar la supervivencia y desarrollo de las Cooperativas pequeñas, hay que cuidar con esta ley que no se repita el mismo fenómeno del 92 al 95, en donde la puerta fue tan estrecha que solamente 20 entidades obtuvieron su autorización.

El éxito de una cooperativa depende del equilibrio que se logre entre el aspecto social y el empresarial, pero que esto no impida que sean administradas como verdaderas empresas, profesionalmente, con alto grado de eficiencia, productividad y rentabilidad.

En conclusión el Comacrep se enfoca en dos funciones principales: proponer a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores una mesa de discusión para la flexibilización de la reglamentación secundaria, así como el apoyo en la parte de capacitación, costos de la supervisión auxiliar, creación del fondo de protección y el fortalecimiento institucional de entidades y organismos de integración.

Alcona propone que la supervisión esté a cargo un órgano mixto desconcentrado de la Sedesol, es decir, con autonomía técnica y facultades ejecutivas, la cual quedaría integrada por dos representantes de la Sedesol, un representante de la Secretaría del Trabajo, tres representantes de organizaciones cooperativas y un representante ciudadano designado por la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, sin derecho a voto, nombrando un suplente por cada propietario.

Para administrar el fondo, Alcona propone que esté a cargo de un comité técnico que se integre por cinco miembros propietarios y sus respectivos suplentes, designados por el órgano cooperativo, confederación en asamblea general. Las cooperativas de base podrán tener un representante en dicho comité que podrán tener acceso a los movimientos contables, financieros, del fondo para facilitar su adecuada administración.

Las facultades del órgano de supervisión deben estar acotadas en la propia ley, señalando los parámetros esenciales sobre los cuales estará basada, tomando en consideración que en la Ley de Ahorro y Crédito Popular se le otorgó demasiadas facultades discrecionales a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Es importante recalcar que la propuesta de reconocer la existencia de cooperativas abiertas y cerradas no representan ninguna novedad en el ámbito del cooperativismo mundial.

La postura de Alcona no es de que se abrogué la Ley en comento, pero sí dejan en claro su interés porque no se pierda la naturaleza cooperativa social.

Para la Federación Nacional de Entidades, la Ley de Ahorro y Crédito Popular no perjudica al usuario, el problema más bien son los aspectos sociofinancieros, que ciertamente en el corto plazo están impactando.

Para la Red de Finanzas Sociales hay que empezar a trabajar con la presente ley y sobre la marcha tratar de corregir errores, mencionando que rectificar no es sinónimo de perder, ya que se requiere una gran dosis de humildad para reconocer y enmendar.

En el caso del Consejo Coordinador de Cajas Solidarias el éxito de esta ley se encuentra en el punto de equilibrio que busquemos todos en las discusiones porque difícilmente tendremos una ley de acuerdo a cada una de las futuras generaciones o a cada una de las organizaciones interesadas en el tema.

Por lo que respecta a la Confederación Nacional Cooperativa de Actividades Diversas esta ley debe ser susceptible de modificar varios artículos que van en contra del cooperativismo, los cuales se han mencionado a través de las diferentes intervenciones, si esto no fuese factible, en todo caso sí se pudiera impulsar la modificación al proyecto de la Ley de Sociedades Cooperativas que se encuentra en el Senado.

Organizaciones de Gobierno; Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), Sagarpa, Dirección de Cajas Solidarias del Fonaes-SE y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; aspectos más importantes de su intervención: Para Bansefi lo más importante, entre otros puntos, en este proceso de transformación, es buscar que re reduzcan los costos de operación y se generen nuevos productos y servicios que mejoren el ingreso, así como realizar un análisis comparativo de las facultades que tiene la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, las cuales se agruparon juntas con las de la Secretaría de Hacienda y Banco de México por lo que respecta exclusivamente con la Ley de Ahorro y Crédito Popular, entonces si se realiza un análisis comparado de sistemas de regulación prudencial avanzados y modernos, no hay una gran diferencia ni facultades extralimitadas de la bancaria en esta materia.

En este orden de ideas, Bansefi está para servir a las entidades que están en este proceso, lo mismo han sido las federaciones y confederaciones y al final son las entidades las que estarán atendiendo a esta población para ayudarles a su crecimiento económico y social.

En el caso de Sagarpa la Ley de Ahorro y Crédito Popular ha sido un paso muy importante, por lo que creemos firmemente que deberíamos enfocarnos en que se logren los objetivos que la justificaron, los cuales son: más seguridad, transparencia y la protección de los ahorros de todos aquellos que con buena fe han depositado sus recursos en instituciones del sector del ahorro y crédito popular.

Por su parte Fonaes, en este punto, se solidariza con los comentarios vertidos por el Presidente del Consejo Coordinador Nacional de Cajas Solidarias para dejar más espacio a los organismos internacionales.

Organizaciones Internacionales; Consejo Mundial de Uniones de Crédito (WOCCU), Desarrollo Internacional Desjardins (DID) y Confederación Alemana de Cooperatvas (DGRV); entre los puntos más sobresaliente destacan: El Consejo Mundial de Uniones de Crédito, subraya que todo cambio o transición trae consigo una resistencia natural en consecuencia propondríamos que se amplíe más la información, pensamos en que los grupos de focalización que tuvo a bien hacer Bansefi junto con la Comisión Nacional Bancaria estuvo mejor pero no abarcó todo el universo o gran parte de los socios de las cooperativas de ahorro y crédito que deberían de haber estado en los foros de participación.

Es muy peligroso echar atrás esta ley, gran parte de los voceros han impartido a los directivos y a los asociados las bondades que trae esta ley y los riesgos que implicaría también no entrar a la supervisión.

El WOCCU promueve dentro de sus principios que cada cooperativa debe tener un diez por ciento de su activo total como reserva, como fondo de reserva neto; es importante recalcar el hecho de que los requerimientos de capital que actualmente se están poniendo en esta norma regulatoria de la bancaria, eventualmente pueden estar muy altos y consideran que el objetivo de esta ley es dar acceso a servicios financieros a la gente del sector popular de escasos recursos. Finalmente menciona que hay que tener un equilibrio para no ahogar a las cooperativas con un exceso de requerimiento de capital.

En el caso de la DID, para cualquier discusión sobre la necesidad o pertinencia de una ley debe reposar sobre los principios que dieron origen a este enorme esfuerzo nacional de ordenamiento del desarrollo del sector de ahorro y crédito popular, actuar de otra manera, sería cuestionar el sentido básico de toda la reforma y todos sabemos que en su momento respondió a una necesidad real de dar seguridad a los ahorradores en este país.

Para la mejor optimización es necesario contar con una profesionalización que debe basarse en algunos elementos que consideran básicos; en primer lugar, federaciones fuertes y capaces de ejercer un liderazgo, supervisión y asesoría al sector y en segundo lugar, entidades con capacidad de absorber sus costos, de ser eficientes y generar servicios de calidad y seguros.

En referencia a la Confederación Alemana de Cooperativas en lo particular están de acuerdo totalmente con las exposiciones que han realizado los organismos internacionales que antecedieron en la palabra.

Es recomendable permitir la creación de cooperativas de ahorro y crédito bajo las condiciones mencionadas en los puntos anteriores, es decir, con reglas claras para facilitar a las entidades recién constituidas o en proceso de arranque reglas reales y practicables, así como instalar una mesa de discusión o negociación, a muy corto plazo, para hablar sobre los reglamentos prudenciales.

Por lo que respecta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, puntualizar en cinco grandes temas; el primero son las facultades que tiene la CNBV en materia de autorizaciones de las entidades y de los organismos de integración en materia de emitir la regulación secundaria para supervisar y emitir los lineamientos para la supervisión.

Las leyes y las facultades que se otorgan a la Comisión se encuentran diseminadas, por una parte, están facultando al Banco de México y a la Secretaría de Hacienda Crédito Público, en su caso, a emitir lineamientos, normas, reglas de carácter general y en el caso de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, facilita de alguna manera cumplir con el tema de mejora regulatoria, y que el sector de ahorro y crédito popular interactúe única y exclusivamente con la CNBV, eso agiliza mucho en términos de trámites y papeleo que se tiene que hacer y de alguna manera genera una sola ventanilla de atención para el sector; el segundo tema tiene que ver con la regulación secundaria, donde la Comisión tiene que emitir 18 reglas de carácter general y a la fecha solamente faltan por publicar tres reglas debido al análisis y el estudio que se esta haciendo de los temas delicados, para no abundar, el exponente pide al presidente de la Comisión la posibilidad de una reunión a la brevedad con la CNBV y el pleno de la Comisión para hacer una presentación muy específica, de todo el tema de carácter regulatorio; el tercer tema tiene que ver con la materia del costo regulatorio, que deberíamos entonces analizar las eficiencias que deben tener este tipo de sociedades en lo que tiene que ver con su productividad en la mejora del servicio; el cuarto punto tiene que ver con la experiencia internacional en materia de regulación de la microbanca; por último con lo que respecta al quinto punto, éste tiene que ver con la base de datos que la Comisión tiene.

Finalmente, el Presidente de la Comisión agradece a todos los participantes su valiosa intervención en esta primera reunión de análisis de la Ley de Ahorro y Crédito Popular que ha organizado esta LIX Legislatura de la Cámara de Diputados de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, recalcando entre otros aspectos: La necesidad de que el pleno de la Comisión retome y sistematice mucho de lo que el día de hoy todos los participantes ofrecieron en sus argumentaciones, análisis y las diferentes propuestas.

Nos encontramos en un proceso de construcción de instrumentos, que en el caso particular de este sector, del ahorro y crédito popular tenga salidas más viables desarrollo para llegar a buen término, es decir pensando fundamentalmente en la gente que se organiza alrededor de este sector.

A nombre de las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social de esta LIX Legislatura, estamos en la mejor disposición de recibir sus opiniones y sugerencias y que de ahí se desprendan algunas tareas, una de ellas es la reunión con la CNBV para abundar sobre el tema motivo de esta primera reunión, entre otras, por lo que siendo las diecisiete horas con treinta y cinco minutos se declara concluida la primera reunión de análisis de la Ley de Ahorro y Crédito Popular y su reglamentación secundaria; se decreta un receso de quince minutos para continuar con la cuarta sesión ordinaria del pleno de la Comisión.

4.- Dictamen de la iniciativa del punto de acuerdo Económico que Reforma la Ley de Sociedades Cooperativas propuesta por el H. Congreso de Jalisco.

Una vez reiniciada la sesión, el Presidente de la Comisión en uso de la voz comenta a los asistentes que la Presidencia de la Comisión con anticipación a esta sesión hizo llegar a todos los diputados integrantes de la Comisión la iniciativa de ley propuesta por el H. Congreso del Estado de Jalisco así como el dictamen que la Junta Directiva de esta Comisión aprobó en la reunión de análisis efectuada el 18 de febrero del año en curso en consecuencia el secretario técnico da lectura a dicho dictamen, que a la letra dice:

DICTAMEN SOBRE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO ECONÓMICO PARA INCLUIR EN LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES COOPERATIVAS A LAS COOPERATIVAS ESCOLARES.

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, le fue turnada con fecha cuatro de febrero del año dos mil cuatro, por parte de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, con el expediente número 675, para su estudio y dictamen la proposición con punto de acuerdo económico número 1237/04 que reforma la Ley General de Sociedades Cooperativas, a efecto de que sean incorporadas las cooperativas escolares de educación básica en sus diversas modalidades, aprobada por la Quincuagésima Sexta Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Jalisco.

La Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto por los artículos 73 fracción XXX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 fracción XIV, 43, 44 y 45 párrafo sexto, inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 65 y 66 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, motivo por el cual somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

DICTAMEN

I. ANTECEDENTES

PRIMERO: Con fecha trece de enero del año dos mil cuatro, la Quincuagésima Sexta Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, aprobó el punto de acuerdo económico número 1237/04, por medio del cual solicita sea contemplada la reforma de la Ley General de Sociedades Cooperativas a efecto de que sean incorporadas las cooperativas escolares de educación básica en sus diferentes modalidades, como el caso particular del Estado de Jalisco, donde se denominan Centros de Atención y Servicios.

SEGUNDO: El día trece de enero del dos mil cuatro; mediante oficio número 2336-LVI, el Licenciado Ricardo Hornero Salas Torres, Oficial Mayor del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, informó a este Honorable Congreso de la Unión que en sesión plenaria de esa misma fecha, la Quincuagésima Sexta Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, aprobó el acuerdo económico número 1237/04.

TERCERO: Mediante oficio número D.G.P.L. 59-II-1-268 de fecha cuatro de febrero del dos mil cuatro, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente correspondiente al primer año legislativo de la LIX Legislatura de este Honorable Congreso de la Unión, turnó en el mismo día a la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social el acuerdo económico número 1237/04, aprobado por la Quincuagésima Sexta Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Jalisco.

II. CONSIDERACIONES DE LA DICTAMINADORA

PRIMERO.- La Quincuagésima Sexta Legislatura del Honorable Congreso de Estado de Jalisco considera que uno de los principales problemas de la cooperativas escolares de la entidad, es que la figura de cooperativas escolares no se encuentra contemplada en la Ley General de Sociedades Cooperativas, publicada el tres de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, motivo por el cual, se deja de manera discrecional el funcionamiento de las cooperativas escolares generando problemas graves, debiéndose implementar, de manera inmediata, mecanismos jurídicos que regulen las actividades relacionadas con la función que están desarrollando dichas cooperativas.

Por lo anterior, la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco instruyó a la Dirección General de Educación Extraescolar para que atendiera la problemática de las cooperativas escolares, por lo que se implementó en el año escolar 2003-2004 el proyecto de los Centros de Atención y Servicios, creando así, una Dirección Especial que controle, audite y atienda a las cooperativas escolares.

SEGUNDO.- La Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social considera que la propuesta de iniciativa para reformar la Ley General de Sociedades Cooperativas planteada por la Quincuagésima Sexta Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, por su forma y contenido, no constituye una iniciativa de reforma legislativa, en virtud de ser una propuesta que señala aspectos en lo general que aquejan al Estado de Jalisco, sin indicar cuál de los artículos se considera reformar para incluir la figura de cooperativas escolares en la Ley General de Sociedades Cooperativas publicada el tres de agosto de mil novecientos noventa y cuatro.

Sin embargo, esta Comisión considera importante retomar la problemática que manifiesta el Honorable Congreso del Estado de Jalisco, por tratarse de un problema que atañe a todo el territorio nacional, motivo por el cual, se propone que en la minuta que se encuentra en el Senado de la República, relativo al dictamen que reforma la Ley General de Sociedades Cooperativas que se aprobó por la Quincuagésima Octava Legislatura de la Cámara de Diputados el veintiocho de abril del dos mil tres, sea analizada la posibilidad de incorporar la figura de cooperativas escolares y que la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social participe en el proceso de dictamen para enriquecer y responder así a la demanda social, toda vez que se remitió a la Cámara Revisora el proyecto de decreto que reforma dicho ordenamiento legal y éste no contempla a las cooperativas escolares.

TERCERO.- Históricamente la existencia y funcionamiento de las cooperativas escolares se fundamentó en el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el Reglamento de Cooperativas Escolares, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de abril de mil novecientos ochenta y dos, que derivó de la Ley Federal de Educación y la Ley General de Sociedades Cooperativas publicada en el año mil novecientos treinta y ocho.

Ahora bien, cabe destacar que las citadas leyes, Federal de Educación y General de Sociedades Cooperativas, fueron abrogadas, la primera por la Ley General de Educación que entró en vigor el trece de julio de mil novecientos noventa y tres, que en su artículo Segundo y Tercero Transitorio señala lo siguiente:

"SEGUNDO.- Se abrogan la Ley Federal de Educación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre de 1973; la Ley del Ahorro Escolar, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de septiembre de 1945; la Ley que establece la educación Normal para Profesores de Centros de Capacitación para el Trabajo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 1963, y la Ley Nacional de Educación para Adultos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1975.

Se derogan las demás disposiciones que se opongan a la presente ley.

TERCERO.- Las disposiciones normativas derivadas de las leyes mencionadas en el artículo segundo anterior se seguirán aplicando, en lo que no se opongan a la presente ley, hasta en tanto las autoridades educativas competentes expidan la normatividad a que se refiere esta Ley."

Respecto a la Ley General de Sociedades Cooperativas, ésta fue abrogada con la entrada en vigor de la nueva ley publicada el tres de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, por lo que se desprende que el Reglamento de Cooperativas Escolar se encuentra vigente.

En efecto, el Reglamento de Cooperativas Escolares publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de abril de mil novecientos ochenta y dos, aunque ambiguo y superado en muchas de sus disposiciones normativas, se sigue aplicando por ser una necesidad real, siendo la Secretaría de Educación Pública la facultada para registrar, regular y supervisar a las cooperativas escolares, particularmente las que se han constituido al seno del Sistema de Educación Tecnológica Agropecuaria.

CUARTO.- La experiencia internacional de los países como Canadá, Francia y Chile, demuestra que las cooperativas escolares pueden desempeñar un papel destacado en la formación ética y profesional para el desarrollo del individuo y fortalecer las facultades de observación, análisis y reflexión crítica.

Por ello, la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social valora positivamente la necesidad de reforzar la eficacia jurídica creando una norma de observancia general en toda la República Mexicana, que regule a las cooperativas escolares.

Respecto a los Centros de Atención y Servicios que propone el Honorable Congreso del Estado de Jalisco, si éstos se consideran como cooperativas escolares pudieran tener sustento en las normas que regulan a las cooperativas escolares en general, pues en caso de no ser así, no tendrían sustento legal alguno, ya que una norma jurídica de ámbito federal no puede tener excepciones en los distintos Estados de la República.

De igual manera, esta Comisión considera que las cooperativas escolares no se deben limitar al nivel básico, sino hacerla extensiva a todo el sistema educativo nacional, de conformidad con el artículo 10 de la Ley General de Educación.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente

III. PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. Se juzga pertinente la recomendación emitida por la Quincuagésima Sexta Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, en el sentido de incorporar la figura de cooperativas escolares al dictamen que reforma la Ley General de Sociedades Cooperativas que se aprobó por la Quincuagésima Octava Legislatura de la Cámara de Diputados el veintiocho de abril del dos mil tres, minuta que se encuentra en el Senado de la República.

SEGUNDO. Se exhorta al Senado de la República, en particular a la Comisión de Fomento Económico, a establecer mecanismos de coordinación con la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social de la Cámara de Diputados, ambas Comisiones de la Quincuagésima Novena Legislatura, a efecto de agilizar la elaboración del dictamen referido en el punto anterior.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los veinticinco días del mes de febrero del año dos mil cuatro.

Una vez concluida la lectura del Dictamen y habiendo escuchando todas y cada una de las sugerencias vertidas por los diputados integrantes de la Comisión, el Presidente pone a consideración de los presentes el dictamen sometiéndolo a votación por lo que

Se aprueba por unanimidad de los diputados integrantes de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social el dictamen sobre la proposición con punto de acuerdo económico para incluir en la Ley General de Sociedades Cooperativas a las cooperativas escolares propuesto por la Junta Directiva de la Comisión.

5.- Información del proceso de elaboración del dictamen de la iniciativa de reforma de la Ley de Sociedades Cooperativas en trámite en el Senado de la República.

El presidente de esta Comisión, en uso de la palabra, informa a los presentes que se tiene comunicación directa con el senador Fernando Gómez Esparza, Presidente de la Comisión de Fomento Económico de la Cámara de Senadores, y con el secretario técnico de ésta, licenciado Fernando Fermín Montaño Ramírez, los cuales manifestaron que una vez que reinicie el periodo ordinario de sesiones se entrará a fondo en el dictamen de la Ley de Sociedades Cooperativas para lo cual se realizarán los vínculos necesarios para que la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social de la Cámara de Diputados, así como las organizaciones interesadas en el tema coadyuven a la realización del Dictamen de esta Ley.

6.- Organización de la gira de trabajo con la Unión de Cooperativas de Tacámbaro, Michoacán, los días jueves 26 y viernes 27 de febrero.

El Presidente de la Comisión menciona a los presentes que el plan de actividades y el itinerario de esta gira se entregó al inicio de esta sesión en la carpeta informativa; asimismo recalca la importancia que tiene que la mayoría de los diputados integrantes de la Comisión que asistan a Tacámbaro, Michoacán, con la finalidad de verificar el funcionamiento de las cooperativas, en consecuencia se cita a los diputados integrantes de la Comisión que deseen asistir el jueves 26 de febrero del año e curso en la ciudad de Morelia, Michoacán en el monumento al General Lázaro Cárdenas que se encuentra a la salida a Pátzcuaro, de 10:00 a 10:30 horas o, en su caso, directamente en Tacámbaro.

7.- Asuntos generales.

El Presidente de la Comisión informa a los asistentes que se recibieron dos informes el primero del licenciado Guillermo Barnés referente al Fideicomiso que Administra el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, relacionado con inquietudes vertidas por los diputados integrantes de la Comisión en la reunión de trabajo conjunta celebrada el pasado 28 de enero del año en curso; el segundo, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en referencia a la relación de Entidades de Ahorro y Crédito; asimismo, recuerda a los asistentes la invitación de la Universidad de la Habana, al II Seminario Internacional sobre Cooperativas (por la colaboración y la solidaridad entre las organizaciones cooperativas) a realizarse el próximo miércoles 17, jueves 18 y viernes 19 de marzo del año 2004, en la ciudad de la Habana, Cuba, mencionando que la presidencia de la Comisión ya se encuentra en gestiones con las autoridades responsables de esta H. Cámara para la logística y normatividad de este seminario, por último entrega a los presentes la minuta de trabajo de la reunión de análisis de la Junta Directiva de esta Comisión, celebrada el pasado 18 de febrero del año en curso, la información a detalle se encuentra en las carpetas de información que se les hizo llegar a los asistentes al inicio de esta sesión.

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las diecinueve horas con treinta minutos de la fecha y año en que se actúa, se declaró finalizada la reunión.

Diputados: Francisco J. Saucedo Pérez (rúbrica), Presidente; Francisco Luis Monárrez Rincón (rúbrica), secretario; Alfonso Juventino Nava Díaz (rúbrica), secretario; José Juan Bárcenas González (rúbrica), secretario.

Convocatorias

DE LA COMISION DE SALUD

A la Primera jornada oftalmológica y de optometría, que se efectuará del 23 al 25 de marzo, de 10 a 18 horas, en el pasillo lateral del edificio A.

Atentamente
Dip. José Angel Córdova Villalobos
Presidente

DE LA COMISION DE ASUNTOS INDIGENAS

A su reunión de trabajo con don Luis H. Alvarez, coordinador para el Diálogo y la Negociación en Chiapas, que se llevará a cabo el miércoles 24 de marzo, a las 9 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.

Atentamente
Dip. Javier Manzano Salazar
Presidente

DE LA COMISION DE MARINA

A su reunión de trabajo, que tendrá lugar el miércoles 24 de marzo, a las 9 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.

Atentamente
Dip. Sebastián Calderón Centeno
Presidente

DE LA COMISION DE FOMENTO COOPERATIVO Y ECONOMIA SOCIAL

A su reunión de trabajo con el Senado de la República y FIAN Internacional, que se realizará el miércoles 24 de marzo, a las 9:30 horas, en el salón D del restaurante Los Cristales.

Atentamente
Dip. Francisco J. Saucedo Pérez
Presidente

DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA

A la reunión de la Subcomisión de Procuraduría Agraria para el análisis de la minuta del Senado de la República sobre la Procuraduría Agraria, que se realizará el miércoles 24 de marzo, a las 10 horas, en las oficinas de la Comisión, ubicadas en el segundo piso del edificio F.

Atentamente
Dip. Teófilo Manuel García Corpus
Presidente

DE LA COMISION DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Al evento con motivo de la comparecencia del Dr. José Luis Soberanes Fernández, Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ante la Comisión Permanente en el marco de la glosa de su informe anual de actividades, que se verificará el miércoles 24 de marzo, a partir de las 10:30 horas, en el salón Legisladores de la República.

Atentamente
Dip. Rebeca Godínez y Bravo
Presidenta

DE LA COMISION DE SALUD

A la reunión de trabajo de la Tercera Subcomisión, "Asistencia Médica", que tendrá verificativo el miércoles 24 de marzo, a las 12 horas, en el salón F del restaurante Los Cristales.

Orden del Día

1. Verificación de asistencia.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Lectura, análisis y, en su caso, aprobación de los proyectos de dictamen.
4. Acuerdos.
5. Asuntos generales. Atentamente
Dip. Julio Boltvinik Kalinka
Coordinador de la Tercera Subcomisión

DE LA COMISION DE VIGILANCIA DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION

A la sesión ordinaria de su Mesa Directiva correspondiente a marzo, que se realizará este miércoles 24, a las 12 horas, en las oficinas de la Presidencia.

Orden del Día

1. Pase de lista y verificación de quórum.
2. Reunión de trabajo del informe del resultado de la revisión de la Cuenta Pública 2002, que se llevará a cabo el miércoles 31 de marzo del año en curso.
3. Asuntos generales. Atentamente
Dip. Salvador Sánchez Vázquez
Presidente

DE LA COMISION ESPECIAL DE GANADERIA

A su reunión de instalación, que tendrá verificativo el miércoles 24 de marzo, a las 14 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.

Atentamente
Dip. Gonzalo Alemán Migliolo
Presidente

DE LA COMISION DE SALUD

A su octava reunión plenaria, en la que comparecerán funcionarios de la Secretaría de Salud, que se realizará el miércoles 24 de marzo, a las 14 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.

Orden del Día

1. Verificación de asistencia.
2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.
3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior.
4. Lectura, análisis y, en su caso, aprobación de proyectos de dictamen.
5. Asuntos generales.
5.1. Aspectos relevantes de legislación comparada de las bebidas que contienen cafeína. Atentamente
Dip. José Angel Córdova Villalobos
Presidente

DE LA COMISION DE COMUNICACIONES

A su reunión de trabajo con la C. Xóchitl Gálvez Ruiz, directora general de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que tendrá verificativo el miércoles 24 de marzo, a las 15 horas, en la zona C del restaurante Los Cristales.

Atentamente
Dip. Angel Heladio Aguirre Rivero
Presidente

DE LA COMISION DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

A su cuarta sesión ordinaria de trabajo, que se llevará a cabo el miércoles 24 de marzo, a las 15 horas, en el salón D del restaurante Los Cristales.

Atentamente
Dip. Rebeca Godínez y Bravo
Presidenta

DE LA COMISION DE DESARROLLO RURAL

A su sexta reunión ordinaria de trabajo, que se llevará a cabo el miércoles 24 de marzo, a las 17 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.

Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaración de quórum.
2. Bienvenida al diputado Gonzalo Moreno Arévalo.
3. Aprobación de la propuesta de acta de la quinta reunión ordinaria de trabajo.
4. Informe de avance del trabajo de las comisiones unidas en torno al presupuesto para el campo, en lo referente a la reasignación de los 10,800 mdp.
5. Presentación de propuesta de asusntos legislativos a dictaminar por la Comisión.
6. Invitación del doctor Sergio Barrales Domínguez, rector de la Universidad Autónoma Chapingo.
7. Asuntos generales. Atentemente
Dip. Miguel Luna Hernández
Presidente

DE LA COMISION DE PESCA

A su reunión de trabajo, que se llevará a cabo el miércoles 24 de marzo, a las 17 horas, en el salón C del restaurante Los Cristales.

Orden del Día

1. Lista de asistencia y verificación de quórum.
2. Lectura del acta de la sesión anterior.
3. Presentación y, en su caso, aprobación de dictámenes turnados a la Comisión de Pesca.
4. Informe del estado que guarda el Presupuesto de Egresos de la Federación para el sector pesquero 2004.
5. Presentación del anteproyecto de informe de actividades de la Comisión de Pesca del periodo comprendido entre octubre de 2003 y marzo de 2004.
6. Asuntos generales.
7. Clausura. Atentamente
Dip. Francisco Javier Obregón Espinoza
Presidente

DE LA COMISION DE REGLAMENTOS Y PRACTICAS PARLAMENTARIAS

Al ciclo de mesas redondas Reformas urgentes al marco jurídico del Congreso mexicano, que se llevará a cabo en coordinación con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México los miércoles 24 y 31 de marzo, en el Salón de Protocolo del Palacio Legislativo.

Miércoles 24 de marzo de 2004, a las 10:00 horas

Moderador: Diputado Pedro Vázquez González.
Ponentes:

10:00 a 10:15 horas: Diputada Socorro Díaz Palacios, H. Cámara de Diputados.
10:15 a 10:30 horas: Diputado Francisco A. Arroyo Vieyra, H. Cámara de Diputados.
10:30 a 10:45 horas: Diputado Germán Martínez Cázares, H. Cámara de Diputados.
10:45 a 11:00 horas: Licenciado Alfredo del Valle Espinosa, Cámara de Diputados.
11:00 a 11:15 horas: Doctora Cecilia Mora Donato, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
11:15 a 11:45 horas: Ronda de preguntas y respuestas.

Mesa 3. Administración Interna.

Miércoles 31 de marzo de 2004, a las 10:00 horas
Moderador: Diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez.

Ponentes:

10:00 a 10:15 horas: Diputada Marcela González Salas y Petricioli, H. Cámara de Diputados.
10:15 a 10:30 horas: Diputado Alfredo Gómez Sánchez, H. Cámara de Diputados.
10:30 a 10:45 horas: Diputado José González Morfín, H. Cámara de Diputados.
10:45 a 11:00 horas: Doctora Susana T. Pedroza de la Llave, Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
11:00 a 11:15 horas: Doctor Jorge Moreno Collado, CEDIP.
11:15 a 11:45 horas: Ronda de preguntas y respuestas. Clausura del ciclo.

Atentamente
Dip. Iván García Solís
Presidente

DE LA COMISION DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

A su sesión plenaria, que tendrá lugar el jueves 25 de marzo, a las 8:30 horas, en la sala de juntas del sector obrero (edificio B, primer nivel).

Orden del Día

1. Pase de asistencia y verificación de quórum.
2. Aprobación del orden del día.
3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior.
4. Informe de las subcomisiones de trabajo.
5. Asuntos generales.
6. Clausura de la sesión. Atentamente
Dip. Enrique Burgos García
Presidente

DE LA COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

A su reunión plenaria, que se realizará el jueves 25 de marzo, a las 9 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.

Atentamente
Dip. Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán
Presidenta

DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA

A la reunión de su Mesa Directiva, que se llevará a cabo el jueves 25 de marzo, a las 11:30 horas, en las oficinas de la Comisión.

Atentamente
Dip. Manuel García Corpus
Presidente

DE LA COMISION DEL DISTRITO FEDERAL

A su tercera reunión plenaria, que tendrá lugar el jueves 25 de marzo, a las 13 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.

Orden del Día

1. Bienvenida.
2. Lista de asistencia y declaratoria de quórum.
3. Integración de la Subcomisión para la Reforma Política del Distrito Federal.
4. Relación de las iniciativas turnadas por la Mesa Directiva durante la LVIII Legislatura y determinación de asuntos a tratar por la Subcomisión.
5. Relación de las iniciativas turnadas por la Mesa Directiva durante la LIX Legislatura y determinación de asuntos a tratar por la Subcomisión.
6. Presentación para su consideración y, en su caso, aprobación del programa de trabajo 2003-2004.
7. Asuntos generales.
8. Clausura de la reunión. Atentamente
Dip. José Agustín Ortiz Pinchetti
Presidente

DE LA COMISION DE RELACIONES EXTERIORES

A la visita del doctor Carlos Sola Ayape, profesor e investigador de nacionalidad española del Departamento de Humanidades del Tecnológico de Monterrey, campus Ciudad de México, quien ha sido invitado a dar una conferencia sobre "El reto de la gobernabilidad en España tras los atentados del 11 de marzo", el jueves 25 de marzo, a las 16:30 horas, en el salón Protocolo de la Comisión.

Atentamente
Dip. Adriana González Carrillo
Presidenta

DE LA COMISION DE RADIO, TELEVISION Y CINEMATOGRAFIA

A su reunión de trabajo, que tendrá lugar el jueves 25 de marzo, a las 17 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.

Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Bienvenida al C. Conrado García Velasco, secretario general del Sindicato Unico de Trabajadores de Notimex.
4. Exposición del C. Conrado García Velasco.
5. Planteamientos de los miembros de la Comisión al secretario general del Sindicato Unico de Trabajadores de Notimex.
6. Aprobación de las actas de las sesiones plenarias de la Comisión efectuadas los días 16 de diciembre de 2003 y 28 de enero de 2004.
7. Asuntos generales.
8. Clausura. Atentamente
Dip. Javier Orozco Gómez
Presidente

DE LA COMISION ESPECIAL ENCARGADA DE COADYUVAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL DEL SUR-SURESTE DE MEXICO

A su reunión de instalación, que tendrá lugar el martes 30 de marzo, a las 10 horas, en el salón D del restaurante Los Cristales.

Orden del Día

1. Lista de asistencia y presentación de integrantes.
2. Declaración de quórum.
3. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.
4. Declaración formal de instalación.
5. Asuntos generales. Atentamente
Dip. Angel Alonso Díaz-Caneja
Presidente

DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO

A la reunión de trabajo de su Mesa Directiva, que se llevará a cabo el martes 30 de marzo, a las 17 horas, en las oficinas de la Comisión.

Atentamente
Dip. Diva Hadamira Gastélum Bajo
Presidenta

DE LA COMISION DE RADIO, TELEVISION Y CINEMATOGRAFIA

A su reunión de trabajo, que tendrá verificativo el martes 30 de marzo, a las 17 horas, en el salón C del restaurante Los Cristales.

Orden del Día
El Papel de las Agencias de Noticias

1. Bienvenida a los invitados: licenciado Eloy O. Aguilar, director de la agencia Associated Press (AP); licenciado Manuel Fuentes García, director de la agencia EFE; señor Klaus Blume, director de la agencia Deutsche Presse-Agentur (DPA); y licenciado Eduardo Ruiz Vega, coordinador del Programa Iberoamericano de Derecho de la Información, en la Universidad Iberoamericana.
2. Intervención del licenciado Eloy O. Aguilar, director de la agencia AP.
3. Participación del licenciado Manuel Fuentes García, director de la agencia EFE.
4. Intervención señor Klaus Blume, director de la agencia DPA.
5. Participación del licenciado Eduardo Ruiz Vega, coordinador del Programa Iberoamericano de Derecho de la Información, en la Universidad Iberoamericana.
6. Planteamientos de los miembros de la Comisión a los invitados.
7. Asuntos generales.
8. Clausura. Atentamente
Dip. Javier Orozco Gómez
Presidente

DE LA COMISION DE FOMENTO COOPERATIVO Y ECONOMIA SOCIAL

A su quinta sesión plenaria, que se efectuará el miércoles 31 de marzo, a las 9:30 horas, en el salón D del restaurante Los Cristales.

Orden del Día

1. Lista de asistencia y declaración del quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Comparecencia de funcionarios de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
4. Punto de acuerdo del memorial de particulares del estado de Jalisco.
5. Proceso de elaboración del dictamen de la Ley de Sociedades Cooperativas.

6. Asuntos generales:
a) Informe del II seminario de cooperativas, La Habana, Cuba;
b) Visita Mondragón; y
c) Informe de la misión a Cooperativas Pesqueras de la Laguna de Tres Palos, Acapulco, Guerrero.

Atentamente
Dip. Francisco Javier Saucedo Pérez
Presidente

DE LA COMISION DE VIGILANCIA DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION

A su sesión ordinaria correspondiente a marzo, que tendrá verificativo el miércoles 31, a las 11 horas, en los salones C y D del restaurante Los Cristales.

Orden del Día

1. Pase de lista y verificación de quórum.
2. Informe del resultado de la revisión de la Cuenta Pública 2002.
3. Sesión de preguntas y respuestas.
4. Asuntos generales. Atentamente
Dip. Salvador Sánchez Vázquez
Presidente

DE LA COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

A su reunión de trabajo con el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ingeniero Alberto Cárdenas Jiménez, que se efectuará el miércoles 31 de marzo, a las 14 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.

Atentamente
Dip. Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán
Presidenta

DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO

A su reunión de trabajo con la Procuraduría General de la República, para la integración de la Coordinación Interinstitucional, que se llevará a cabo el jueves 1 de abril, a las 11 horas, en los salones C y D del restaurante Los Cristales.

Atentamente
Dip. Diva Hadamira Gastélum Bajo
Presidenta

DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO

A su reunión de trabajo con la Procuraduría General de la República, para la integración del Comité Solidaro, que se llevará a cabo el viernes 2 de abril, a las 11 horas, en los salones C y D del restaurante Los Cristales.

Atentamente
Dip. Diva Hadamira Gastélum Bajo
Presidenta

DE LA COMISION DE SALUD

Al foro La fibrosis quística, diagnóstico y tratamiento en México, que se efectuará el miércoles 14 de abril, de las 9:30 a las 13 horas, en el salón Legisladores de la República (Salón Verde).

Atentamente
Dip. José Angel Córdova Villalobos
Presidente