Dictámenes
DE LA COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, A LA PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES A REALIZAR LOS ESTUDIOS Y TRAMITES NECESARIOS PARA DECRETAR LA ISLA LOBOS COMO PARQUE NACIONAL, PRESENTADO POR LA DIPUTADA JACQUELINE G. ARGÜELLES GUZMAN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales le fue turnada para su análisis y dictamen, la proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Poder Ejecutivo Federal a realizar los estudios y tramites necesarios para decretar a la Isla Lobos, como Parque Nacional, presentado por la diputada Jacqueline G. Argüelles Guzmán, a nombre de los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numeral 1; 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los diversos artículos 60, 87, 88 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la H. Cámara de Diputados es competente para dictaminar la proposición en comento por lo que se somete a la consideración de la Honorable Asamblea el presente Dictamen, con base en los siguientes antecedentes y consideraciones:
Antecedentes
1.- Con fecha del 21 de octubre de 2003, la diputada Jacqueline G. Argüelles Guzmán a nombre Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó una proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizar los estudios y tramites necesarios para decretar a la Isla Lobos, como Parque Nacional.
2.- Que en el mes de diciembre de 2003, el diputado Miguel Amezcua Alejo miembro de esta Comisión hizo llegar el documento técnico justificativo para la creación de un Área Natural Protegida en el sistema Arrecifal Lobos-Tuxpan, elaborado por la Facultad de Biología de la Universidad Veracruzana; el Centro de Ecología y Pesquerías de la Dirección General de Investigaciones en Jalapa, Veracruz y el Acuario de Veracruz, AC.
Tomando como base los elementos de información disponibles así como la propuesta multicitada, esta Comisión se abocó al estudio para cumplir con el mandato del Pleno de esta Cámara de Diputados, bajo los siguientes:
Considerandos
1.- Que la Comisión Nacional para Uso y Aprovechamiento de la Biodiversidad (Conabio), ubica esta zona como región marina prioritaria 47 por su alta diversidad biológica, comprendiendo de Pueblo Viejo a Tamiahua, donde se sugiere como menester controlar los factores adversos al ambiente con planes adecuados de manejo y se considera urgente aplicar una estrategia de manejo y conservación para los arrecifes coralinos.
2.- Que el jueves 5 de junio de 2003 se publico en el Diario Oficial de la Federación el aviso por el que se informa al publico en general que están a disposición los estudios para justificar la expedición del Decreto para declarar al sistema Arrecifal Lobos-Tuxpan con una superficie total de 52,500 hectáreas como Área Natural Protegida en la categoría de Área de Protección de Flora y Fauna.
3.- Que la Administración Portuaria Integral de Tuxpan tiene proyectados: una terminal de usos múltiples para carga general y de automóviles, terminales de cruceros y ferries para que en corto plazo, se desarrolle una terminal especializada para el arribo de cruceros, que se situará en la margen izquierda del Río Tuxpan, así como terminales especializadas de contenedores en la margen derecha del Río Tuxpan para un desarrollo especial y terminales para el manejo de gas licuado con un muelle de aproximadamente 200 metros, así como de 12 esferas de 6,000 metros cúbicos de capacidad; afectando enormemente el entorno ambiental al permitir el arribo de barcos de carga de gran calaje y el tráfico de navíos por zonas cercanas al arrecife.
Por lo anterior, esta Comisión, con fundamento en las facultades que le confieren los artículos 39, 40 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General y los artículos 58 y 60 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General somete a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente dictamen:
Primero: Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a agilizar los tramites necesarios para declarar al sistema Arrecifal Lobos-Tuxpan como Area Natural Protegida en la categoría de "Area de Protección de Flora y Fauna", así como la elaboración del correspondiente Programa de Manejo.
Segundo: Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a suspender las autorizaciones y el otorgamiento de permisos de construcción de infraestructura comercial o turística en tanto no se decrete el Área Natural Protegida y se hagan nuevos estudios de factibilidad técnica.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 10 días del mes de febrero de dos mil cuatro.
Por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales:
Diputados: Jacqueline Argüelles Guzmán (rúbrica), Presidenta; Francisco J. Lara Arano (rúbrica), secretario; Roberto A. Aguilar Hernández, secretario; Carlos M. Rovirosa Ramírez, secretario; José Luis Cabrera Padilla (rúbrica), secretario; Irene H. Blanco Becerra (rúbrica), Raúl Leonel Paredes Vega (rúbrica), Raúl R. Chavarría Salas (rúbrica), Lorena Torres Ramos, Mario E. Dávila Aranda (rúbrica), Regina Vázquez Saut (rúbrica), María G. García Velasco, Guillermo E. Marcos Tamborrel Suárez, Bernardo Loera Carrillo, Oscar Rodríguez Cabrera (rúbrica), Julián Nazar Morales (rúbrica), Víctor Manuel Alcérreca Sánchez (rúbrica), Roberto A. Marrufo Torres (rúbrica), Oscar Félix Ochoa, Miguel Amezcua Alejo, Humberto Filizola Haces, Jacobo Sánchez López, Ernesto Alarcón Trujillo, Francisco A. Jiménez Merino (rúbrica), Pascual Sigala Páez (rúbrica), María del Rosario Herrera Ascencio (rúbrica), Adrián Chávez Ruiz, Carlos Silva Valdés, Nancy Cárdenas Sánchez (rúbrica), Maximino Alejandro Fernández Avila
DE LA COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, A LA PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL PODER EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, A QUE DETERMINE EL RIESGO REAL EN QUE SE ENCUENTRA LA POBLACION INFANTIL DE CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA, DEBIDO A LA PROBLEMATICA DE CONTAMINACION QUE SE ESTA PRESENTANDO Y EMITA INMEDIATA SOLUCION
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales le fue turnada para su análisis y dictamen, la proposición con Punto de Acuerdo para que "se exhorte al Poder Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que determine el riesgo real en que se encuentra la población infantil de Ciudad Juárez, Chihuahua, por la problemática de contaminación que se está presentando y emita la solución inmediata", presentada por la diputada María Avila Serna, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numeral 1; 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los diversos artículos 60, 87, 88 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la H. Cámara de Diputados es competente para dictaminar la proposición en comento por lo que se somete a la consideración de la Honorable Asamblea el presente Dictamen, con base en los siguientes antecedentes y consideraciones:
Antecedentes
1.- Con fecha 18 de noviembre de 2003, la diputada María Avila Serna, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó una proposición con Punto de Acuerdo, para que se exhorte al Poder Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que determine el riesgo real en que se encuentra la población infantil en Ciudad Juárez, Chihuahua, por la problemática de contaminación que se está presentando y emita la solución inmediata".
2.- Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 23, fracción f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, en esa misma fecha acordó turnar la proposición con Punto de Acuerdo que nos ocupa para su análisis y dictamen a esta Comisión.
Tomando como base los elementos de información disponibles así como la propuesta multicitada, esta Comisión se abocó al estudio para cumplir con el mandato del Pleno de esta Cámara de Diputados, bajo los siguientes:
Considerandos
El día 10 de Noviembre del año en curso, la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, presentó un informe en el que se asegura que la Contaminación del aire en Ciudad Juárez influyó significativamente en la muerte de 231 menores de edad entre 1997 y 2001.
Esta declaración ha generado un grave conflicto con acusaciones y defensas entre las autoridades de Ciudad Juárez y algunos investigadores.
Ciudad Juárez, Chihuahua ha presentado en las últimas décadas un notorio incremento poblacional con una tasa de crecimiento anual promedio de 4.8% y una densidad de 5,600 habitantes por kilometro cuadrado además de un alto índice migratorio. El fenómeno demográfico está asociado al desarrollo económico de la ciudad, observándose que éste ha sido una condición que ha propiciado el crecimiento de la misma y que ha traído un incremento en la demanda de bienes y servicios por la población, como son el transporte colectivo, el uso intensivo del automóvil, el aumento en el consumo de energéticos, tanto en las actividades productivas como domésticas.
El aumento considerable en la industria de las maquiladoras ha convertido a Ciudad Juárez, en una de las entidades mas transitadas en la franja fronteriza, a pesar de ser una región aislada y alejada de los ejes económicos tradicionales en el contexto de una economía cerrada, para convertirse en un polo de desarrollo que se beneficia y aprovecha de su localización.
Desafortunadamente esto ha provocado un deterioro considerable en la calidad del aire de esta ciudad, además de que las condiciones climáticas y geográficas de la misma, por que no se cuenta con una libre circulación del aire, lo que incrementa la problemática de contaminación.
Por otro lado, el parque vehicular de Ciudad Juárez asciende alrededor de 366.750 unidades que en su mayoría, se encuentra en el mal estado. Los estudios publicados a la fecha indican que los automóviles son los responsables del 88% del deterioro en la calidad del aire, sin embargo se considera que existen otras fuentes de contaminación como las maquiladoras y las ladrilleras las cuales deben ser tomadas en cuenta y evaluar de manera seria su participación en la ya mencionada problemática. Aunado a lo anterior se tiene las malas condiciones en la red vial de calles ya que de los 3.069 kilómetros de los que está conformada, solo el 52% está pavimentada. La falta de continuidad de las calles, las malas condiciones de mantenimiento y la ausencia de pavimentación en algunos lugares, genera graves interrupciones a la circulación, contribuyen al deterioro de la calidad del aire. Los cruces fronterizos presentan severas condiciones de congestionamiento, consecuencia del tiempo que se tardan en efectuar los trámites y revisiones aduanales. Los tiempos de espera para atravesar la frontera varían de unos pocos minutos, hasta mas de una hora. Y complicando seriamente la ya existente contaminación, en los meses de septiembre hasta diciembre se presentan el fenómeno de inversión térmica las cuales reducen el volumen disponible para el mezclado vertical y la dispersión del aire, causando con ello altas concentraciones de contaminantes.
Esta creciente contaminación ha generado una preocupación constante entre los pobladores y algunos científicos, ya que la relacionan determinantemente con la mortalidad de niños menores de 16 años que se ha presentado en Ciudad Juárez en los últimos 5 años.
Se realizó una revisión de los estudios que hasta el momento se tienen de este caso y en la mayoría de ellos se llega a la conclusión de que hay una relación significativa entre las concentraciones de partículas suspendidas igual o menores que 10 micras (PM10) y el número de consultas por asma y enfermedades respiratorias aún cuando los niveles alcanzados no excedían las normas ambientales mexicanas (Hernández-Cadena et al, 2000).
Menciona también que el sector de la población mas vulnerable son los niños menores a 4 años, así como los que viven en condiciones de marginación y pobreza.
De lo anterior se tienen dos posturas, la de un grupo de científicos que afirman que existe la asociación directa entre contaminantes en la ciudad y el número de defunciones de infantes, y la del Gobierno Municipal de Juárez quienes sostienen que si bien es cierto que el grado de contaminación si afecta a la población y más a los niños y adultos mayores en condiciones de pobreza, pero niegan categóricamente que los contaminantes del aire hayan sido la causa de las defunciones en la población infantil y lo abordan como una campaña con oscuros intereses que buscan desprestigiar a Ciudad Juárez con una competencia mundial, pues actualmente es considerado como un lugar conveniente para la inversión e importante en la relaciones binacionales según declaraciones hechas por la Dirección General de Ecología y Protección Civil del Municipio de Juárez y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología de Gobierno del Estado de Chihuahua, publicado en el periódico El Universal, con fecha del 13 de noviembre de 2003.
Sin embargo en el Programa de Gestión de la Calidad del Aire de Ciudad Juárez 1998-2002, publicado también por el Gobierno del Estado de Chihuahua, el Gobierno Municipal de Juárez, la entonces Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Pesca y la Delegación Federal Semarnap Chihuahua, mencionan (contrario a sus antes declaraciones) que la contaminación por partículas puede causar, a corto y a largo plazo, disminución de la función pulmonar, lo cual contribuye a la presencia de enfermedades crónicas respiratorias y a la muerte prematura. La exposición a PM10 ha generado una gran preocupación en los últimos años, ya que con mayor frecuencia aparecen estudios que demuestran una asociación significativa entre la concentración ambiental de partículas de la fracción respirable y la mortalidad y morbilidad de la población. En forma consistente a través de muchos estudios se ha encontrado un 3% de incremento en la mortalidad normal diaria por cada 10 microgramos/m3 en PM10 a partir del valor de la norma. Siendo la asociación mas significativa con cánceres de pulmón. Es de especial preocupación el hecho de que parece no existir una concentración mínima en la cual ya no se detecten impactos en la salud.
Por último en esta misma publicación también se señala que Las asociaciones entre mortalidad y contaminación tienden a ser más fuertes cuando el parámetro a comparar son las partículas PM2.5, también llamadas partículas finas de la fracción respirable.
Con estas declaraciones es por demás evidente las inconsistencias en las que están cayendo las autoridades estatales y federales relacionadas, ya que ellos sí están conscientes de la grave problemática que se tiene en Ciudad Juárez, y han decidido negarlo, y es necesario se tomen las medidas urgentes a fin de disminuir la creciente contaminación ambiental.
Por otro lado la Secretaría de Salud, ha declarado que no existe una relación directa entre la contaminación del aire y la mortalidad de la población , aunque las personas con padecimientos como asma o factores asociados, como la desnutrición tienen mayor riesgo de deterioro en su calidad de vida, aseguró Julio Frenk Mora Secretario del Ramo, quien señaló también que desde 1998 se trabaja en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Semarnat, para reducir los elevados índices de contaminación del aire, y los padecimientos del sistema respiratorio, además de un Programa de Colaboración Binacional integrado por representantes de los gobiernos federales, estatales y municipales de México y Estados Unidos.
Y en esta parte nos remitimos al ya citado Programa de Gestión de la Calidad del Aire de Ciudad Juárez en donde también la Secretaría de Salud afirma que La contaminación por partículas puede causar, a corto y a largo plazo, disminución de la función pulmonar, lo cual contribuye a la presencia de enfermedades crónicas respiratorias y a la muerte prematura y con ello se reitera la contradicción en la que están cayendo las autoridades.
En resumen, el grado de contaminación que se está viviendo en Ciudad Juárez es alto, y una gran cantidad de niños fueron trasladados de urgencia al hospital en días en que no hubo alarma ambiental respecto de la calidad del aire y esto se debe a que el en el año en el cual se establecieron las normas de concentraciones de los contaminantes atmosféricos el Gobierno Federal, no contaba con recursos ni infraestructura para realizar estudios epidemiológicos, toxicológicos y de exposición, en animales ni en seres humanos, por lo que las normas se establecieron fundamentalmente tomando en cuenta los criterios y estándares adoptados en otros países del mundo.
La doctora Ramírez Aguilar, coautora del estudio del Instituto Nacional de Salud Pública de Ciudad de México, es una de los varios investigadores que han declarado la relación entre la mortalidad infantil y el grado de contaminación en Ciudad Juárez, por lo que se considera como una irresponsabilidad decir que no hay relación.
De todo lo anterior se desprende:
- la necesidad urgente del mejoramiento de la vialidad,
- agilización en el cruce de vehículos por los puentes fronterizos,
- sistema de detección de vehículos contaminantes y la correspondiente sanción a quien contamine,
- programas ambientales y de vigilancia en la importación de vehículos de Estados Unidos a fin de evitar el paso de autos chatarra,
- programas de monitoreo ambiental a la industria y disminución de los índices de contaminación del aire para declarar contingencia ambiental,
- análisis real de los posibles efectos de las emisiones de contaminantes de las industrias de Ciudad Juárez sobre la salud de los habitantes.
Por lo anterior, esta Comisión, con fundamento en las facultades que le confieren los artículos 39, 40 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General y los artículos 58 y 60 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General somete a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente dictamen con
Punto de Acuerdo
Primero.- Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Secretaría de Salud para que lleven a cabo una evaluación conjunta de la situación ambiental y sanitaria, puntual, técnica, científica, objetiva y multidiciplinaria que establezca la veracidad de la relación entre la contaminación ambiental y la mortalidad y morbilidad en la población infantil de Ciudad Juárez, Chihuahua.
Segundo.- Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que lleve a cabo la ampliación en la cobertura de las estaciones de monitoreo de la detección de contaminantes con el objeto de conocer adecuadamente las concentraciones de ozono, PM10, PM2.5, sulfatos y nitratos existentes en el aire de Ciudad Juárez Chihuahua.
Tercero.- Se exhorta a Dirección General de Ecología y Protección Civil del Ayuntamiento de Ciudad Juárez, para que actualice el programa de verificación vehicular obligatorio en la entidad, a fin de disminuir realmente los altos índices de contaminación atmosférica.
Cuarto.- Se exhorta al gobierno para que en coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales promuevan un acercamiento con sus homólogos de Estados Unidos de Norteamérica involucradas, a fin de que se implemente un programa integral para el mejoramiento de la calidad del aire en el área de Ciudad Juárez, Chihuahua.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 10 días del mes de febrero de dos mil cuatro.
Por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales:
Diputados: Jacqueline Argüelles Guzmán (rúbrica), Presidenta; Francisco J. Lara Arano (rúbrica), secretario; Roberto A. Aguilar Hernández, secretario; Carlos M. Rovirosa Ramírez, secretario; José Luis Cabrera Padilla (rúbrica), secretario; Irene H. Blanco Becerra (rúbrica), Raúl Leonel Paredes Vega (rúbrica), Raúl R. Chavarría Salas (rúbrica), Lorena Torres Ramos, Mario E. Dávila Aranda (rúbrica), Regina Vázquez Saut (rúbrica), María G. García Velasco, Guillermo E. Marcos Tamborrel Suárez, Bernardo Loera Carrillo, Oscar Rodríguez Cabrera (rúbrica), Julián Nazar Morales (rúbrica), Víctor Manuel Alcérreca Sánchez (rúbrica), Roberto A. Marrufo Torres (rúbrica), Oscar Félix Ochoa, Miguel Amezcua Alejo, Humberto Filizola Haces, Jacobo Sánchez López, Ernesto Alarcón Trujillo, Francisco A. Jiménez Merino (rúbrica), Adrián Chávez Ruiz, Maximino Alejandro Fernández Avila, Pascual Sigala Páez (rúbrica), Carlos Silva Valdés, María del Rosario Herrera Ascencio (rúbrica), Nancy Cárdenas Sánchez (rúbrica).
DE LA COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, A LA PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES A ESTABLECER MEDIDAS Y PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PROTECCION DE LOS HABITAT PARA LAS ESPECIES DE CARACTER MIGRATORIO QUE ARRIBAN EN ESTA EPOCA AL TERRITORIO NACIONAL, PRESENTADO POR LA DIPUTADA JACQUELINE ARGÜELLES GUZMAN (PVEM)
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales le fue turnada para su análisis y dictamen, la Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Poder Ejecutivo Federal para que establezca medidas y programas especiales para la protección de los hábitat para las especies de carácter migratorio que arriban en esta época al Territorio Nacional, presentado por la Diputada Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán, a nombre de los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numeral 1; 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los diversos artículos 60, 87, 88 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la H. Cámara de Diputados es competente para dictaminar la proposición en comento por lo que se somete a la consideración de la Honorable Asamblea el presente Dictamen, con base en los siguientes antecedentes y consideraciones:
Antecedentes
1.- En sesión celebrada el día 30 de octubre de 2003, fue presentada la proposición con Punto de Acuerdo por la Dip. Jacqueline G. Argüelles Guzmán a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, siendo turnado en esta fecha a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
2.- Que debido a la próxima entrada de la época invernal, periodo de migración de muchas especies, es necesario tomar medidas de protección para especies como: Mariposa Monarca, las ballenas gris y jorobada, las tortugas marinas y algunas especies de patos y aves que recorren miles de kilómetros hasta llegar al territorio mexicano.
3.- Que es facultad de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la protección, restauración y conservación de los recursos naturales, de acuerdo al Artículo 32 bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Tomando como base los elementos de información disponibles así como la propuesta multicitada, esta Comisión se abocó al estudio para cumplir con el mandato del Pleno de esta Cámara de Diputados, bajo los siguientes:
Considerandos
Con respecto a ballenas:
Que México cuenta con una gran diversidad de cetáceos, en las zonas marinas que forman parte del territorio nacional, en la República Mexicana se identifican 39 de las 81 especies conocidas mundialmente;
Que nuestro país ha colaborado activamente con los esfuerzos internacionales para la protección de cetáceos, desde el año de 1933, cuando se adhiere a la Convención de Ginebra para la protección de ballenas; en 1938 aprueba el Convenio Internacional para la Reglamentación de la Caza de la Ballena; en 1948 formaliza su adhesión a la Convención Internacional y Protocolo para la reglamentación de la caza de la ballena; en 1991 se adhiere a la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres (CITES).
Que de igual forma promovió y se adhirió al Código de Conducta para la Pesca Responsable, formulado en el seno de la Organización de las Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación, con el que se comprometió a conservar los ecosistemas acuáticos y a pescar de forma responsable, a fin de asegurar la conservación y la gestión efectiva de los recursos acuáticos vivos, mediante la inducción del uso de artes de pesca selectivas y ambientalmente seguras, con enfoque precautorio, decisiones sobre conservación y ordenación en materia de pesquerías, con base en datos científicos.
Que el artículo 60 Bis de la Ley General de Vida Silvestre, prevé que ningún ejemplar de mamífero marino, cualquiera que sea la especie, podrá ser sujeto de aprovechamiento extractivo, ya sea de subsistencia o comercial, con excepción de la captura que tenga por objeto la investigación científica y la educación en instituciones acreditadas.
Que el viernes 24 de mayo de 2003; se publicó en el Diario Oficial de la Federación N° 39, el Acuerdo por el que México se establece como área de refugio para proteger a las especies de grandes ballenas de los subórdenes Mysticeti y Odontocety en las zonas marinas que forman parte del territorio nacional y aquellas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción.
Con respecto a las tortugas:
Hasta la fecha se han aplicado diversas medidas de protección de quelonios a nivel nacional, que pueden resumirse en los siguientes incisos:
a) Instalación de campamentos en las playas de anidación para el estudio y conservación de las poblaciones de tortugas marinas.
b) Elaboración de leyes y reglamentos para la protección de los organismos y de las áreas de desove, a través de los Decretos de Veda Total (DOF 1990), declaración de Zonas de Reserva Natural para la protección, conservación, fomento e investigación de tortugas marinas y sus hábitat (DOF 1986) y Norma Oficial Mexicana NOM-059-ECOL-2001 que las mantiene en la categoría de Peligro de Extinción.
c) Que en colaboración internacional con organismos, universidades e instituciones privadas y gubernamentales, se han elaborado programas y estudios de evaluación de poblaciones.
Que se logró la disminución de la captura incidental en arrastres camaroneros, instrumentando dos dispositivos excluidores de tortugas (DETs) en estas redes.
Que en el entorno internacional, en los primeros años de la década de los setenta, para regular su explotación y comercio internacional, las tortugas marinas quedaron incluidas en el Apéndice I y II de la Convención Internacional para el Comercio de Especies de Flora y Fauna Silvestre Amenazadas (CITES); En 1973 se incluyeron en la Endangered Species Act (Ley para especies en peligro) de los EU, lo cual trajo como consecuencia en el año 1987 que las flotas camaroneras de ambos países tuvieran que utilizar de forma obligatoria los DETs en el Golfo de México y a partir de 1989 el embargo a la importación de camarón de los países que no utilizarán DETs durante captura. En el Pacífico mexicano del uso obligatorio de los DETs fue a partir de 1993 (DOF 1993).
Que el Código Penal Federal vigente en su artículo 420, establece que se impondrá de 1 a 9 años de prisión y por el equivalente de 300 a 3000 días de salario mínimo de multa a quien ilícitamente, capture, dañe o prive de la vida, a cualquier ejemplar de tortuga marina.
Con respecto a aves migratorias:
Sabemos que como grupo, las aves son sin duda uno de los componentes mejor conocidos de la diversidad biológica de América del Norte. Se estima que unas 1400 especies, es decir, casi 20% de la avifauna de todo el mundo, habitan en la región y más de 300 especies son compartidas por México, Canadá y Estados Unidos.
Que México es un país muy diverso en cuanto a avifauna; de hecho ocupa el doceavo lugar mundial en número de especies, y en el ámbito regional (Norteamérica) cuenta con la mayor diversidad de aves de los tres países, con alrededor de 1060 especies, en una superficie considerablemente menor que la que ocupan Canadá (con 600 especies) y Estados Unidos (con 800 especies). Sabemos también que alrededor de 70% de las especies de aves de México son residentes, cerca de 16% son endémicas o casi endémicas del país y aproximadamente 30% tienen hábitos migratorios.
Que nuestro país tiene signado un Convenio con los Estados Unidos de América para la protección de aves migratorias y de mamíferos cinegéticos, donde ambas partes, convinieron dictar las Leyes, Reglamentos y disposiciones conducentes para satisfacer las necesidades de: fijación de vedas, determinación de zonas de refugio en las que estará prohibida la captura de dichas aves, limitación a cuatro meses como máximo en cada año el ejercicio de la caza mediante permiso de las autoridades respectivas en cada caso, la prohibición de matar aves migratorias insectívoras, además de no permitir que por la frontera mexicana-norteamericana sean transportadas aves migratorias vivas o muertas y sus productos y despojos, sin que lleven como guía la autorización que para el efecto expida el Gobierno de cada país.
Que se creó un Comité Trilateral México, Canadá y Estados Unidos, para la Conservación y Manejo de Vida Silvestre y Ecosistemas, el cual se reúne anualmente desde 1996 en alguno de los tres países de la región consecutivamente, para discutir políticas y programas de protección coordinada entre las tres naciones.
Con respecto a la mariposa monarca:
Que en agosto de 1996, se firmo un Convenio Trinacional de Cooperación en la conservación de la Mariposa Monarca mediante el desarrollo de un Programa de América del Norte para la conservación de la Mariposa Monarca, con el fin de asegurar la viabilidad de las poblaciones de dicha especie a través del intercambio de información científica en asuntos tales como: desarrollo de metodologías comparables de monitoreo, cartografía y descripción de los sitios clave utilizados por la Mariposa Monarca durante su ciclo migratorio.
Que de acuerdo a las Reglas Administrativas del Programa de Manejo del Área Natural Protegida, Santuario de la Mariposa Monarca, establece que las violaciones al instrumento, serán sancionadas de conformidad con lo dispuesto en la LGEEPA, en el Título Vigésimo Quinto del Código Penal Federal, en la Ley Forestal, Ley de Pesca, Ley Minera, y sus respectivos Reglamentos, y demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables.
Por lo anterior, esta Comisión, con fundamento en las facultades que le confieren los artículos 39, 40 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General y los artículos 58 y 60 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General somete a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente dictamen con:
Punto de Acuerdo
Primero: Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en coordinación con la Secretaría de Marina, agilizar la elaboración de los programas de protección regionales que integrarán el programa de protección de las áreas de refugio citadas en el Acuerdo del Santuario Ballenero.
Segundo: Se exhorta a la Procuraduría General de la República a que en coordinación con autoridades estatales y municipales, realicen monitoreos en playas, mercados y lugares de venta de quelonios y derivados, a fin de dar Cumplimiento al artículo 420 del Código Penal Federal, donde establece la sanción al aprovechamiento extractivo de la tortuga marina.
Tercero: Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a actualizar y reforzar los reglamentos y programas de protección de aves migratorias, en cumplimiento al Convenio con los Estados Unidos de América, para la protección de aves migratorias y mamíferos cinegéticos.
Cuarto: Se exhorta a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a monitorear y dar cumplimiento a lo dispuesto por la normatividad vigente en la protección de la Mariposa Monarca.
Quinto: Se solicita a la Procuraduría General de la Republica informe a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión a través de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, sobre los resultados de los monitoreos y actividades que se realicen en los programas a que se ha hecho referencia.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 10 días del mes de febrero de dos mil cuatro.
Por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales:
Diputados: Jacqueline Argüelles Guzmán (rúbrica), Presidenta; Francisco J. Lara Arano (rúbrica), Roberto A. Aguilar Hernández, Carlos M. Rovirosa Ramírez, José Luis Cabrera Padilla (rúbrica), secretarios; Irene H. Blanco Becerra (rúbrica), Raúl Leonel Paredes Vega (rúbrica), Raúl R. Chavarría Salas (rúbrica), Lorena Torres Ramos, Mario E. Dávila Aranda (rúbrica), Regina Vázquez Saut (rúbrica), María G. García Velasco, Guillermo E. Marcos Tamborrel Suárez, Bernardo Loera Carrillo, Oscar Rodríguez Cabrera (rúbrica), Julián Nazar Morales (rúbrica), Víctor Manuel Alcérreca Sánchez (rúbrica), Roberto A. Marrufo Torres (rúbrica), Oscar Félix Ochoa, Miguel Amezcua Alejo, Humberto Filizola Haces, Jacobo Sánchez López, Ernesto Alarcón Trujillo, Francisco A. Jiménez Merino (rúbrica), Adrián Chávez Ruiz, Maximino Alejandro Fernández Avila, Pascual Sigala Páez (rúbrica), Carlos Silva Valdés, María del Rosario Herrera Ascencio (rúbrica), Nancy Cárdenas Sánchez (rúbrica).
Actas
DE LA COMISION DE VIGILANCIA DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION, DE SU REUNION DE INSTALACION, EFECTUADA EL MARTES 7 DE OCTUBRE DE 2003
En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 17:00 horas del día 7 de octubre del año dos mil tres, los integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, se reunieron en el salón D del edificio Los Cristales, de este recinto parlamentario, para llevar a cabo reunión formal de instalación de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación correspondiente a la LIX Legislatura.
La reunión fue presidida por el diputado José Angel Ibáñez Montes, con el carácter de Presidente de la Comisión, así como los diputados secretarios Homero Díaz Rodríguez, Roberto Campa Cifrián, Rafael Sánchez Pérez, Salvador Vega Casillas, Dolores Padierna Luna, Manuel Velasco Coello, Joel Padilla Peña y Jesús Emilio Martínez Alvarez.
El Presidente de la Comisión dio la bienvenida a la reunión de instalación a los diputados y solicitó al diputado Rafael Sánchez Pérez, secretario de esta Mesa Directiva, procediera al pase de asistencia.
Con la asistencia de 20 diputados, se declaró satisfecho el quórum legal para la sesión de instalación de la Comisión de Vigilancia, y válidos los acuerdos que en ella se tomen.
El diputado Presidente pidió la aprobación del orden del día.
La diputada Marcela Guerra Castillo solicitó se leyera.
El diputado Rafael Sánchez Pérez dio lectura al siguiente:
Orden del Día
I. Asistencia y declaratoria de quórum;
II. Instalación de la Comisión;
III. Asuntos generales.
Los diputados, en votación económica, aprueban el orden del día de la reunión de instalación de la Comisión de Vigilancia.
El diputado José Angel Ibáñez Montes procedió a la instalación formal de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la LIX Legislatura siendo las 17 horas con 20 minutos del día 7 de octubre de 2003.
El diputado Presidente, José Angel Ibáñez Montes, pidió, antes de abordar el siguiente punto del orden del día, hacer unas reflexiones y comentarios en las que expresa su beneplácito de poder compartir con los diputados integrantes de la Comisión de Vigilancia que seguramente habrá una serie de experiencias que van a vivir, y que esperaba que los trabajos de la Comisión se realizaran con armonía, indistintamente de la filiación partidaria y que las discusiones y debates fueran con respeto y responsabilidad.
Agregó que los integrantes de la Mesa Directiva realizarían una reunión previa, en la que se pudieran tratar los puntos que se abordarían en la reunión plenaria y así tomar alguna determinación sobre los temas en particular. Solicitó a los integrantes de la Comisión que fuera por conducto de los secretarios como se transmitan a la Mesa los temas de interés por tratar. Explicó que la Comisión de Vigilancia de la Legislatura anterior estableció tres subcomisiones de trabajo: una de Seguimiento al Rescate Bancario, otra de Seguimiento a las Operaciones de Pemex y una más de Seguimiento a las Operaciones del Sector Eléctrico. Planteó que se revisará la pertinencia de reactivar las subcomisiones para ir ordenando la participación y el interés de los legisladores en cada uno de los temas y luego, en su caso, se procederá a su integración.
Informó que a la Comisión se turnaron dos asuntos: el Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al ejercicio de 2003, el cual ya se había remitido a la Auditoría Superior de la Federación para su revisión correspondiente; y la proposición con punto de acuerdo, presentado por el diputado Jesús Emilio Martínez Alvarez, del Partido de Convergencia, para exhortar a las entidades federativas que brinden todas las facilidades y apoyos necesarios a la Auditoría Superior para garantizar el cumplimiento de las atribuciones constitucionales de esta Cámara de Diputados respecto a la revisión de la Cuenta Pública.
Comunicó que el próximo 22 de octubre del año en curso se tiene prevista una reunión de trabajo con el auditor superior para que informe sobre el funcionamiento, la estructura y los trabajos que actualmente realiza, así como los resultados que obtiene la Auditoría Superior de la Federación. Y finalmente expuso que la Comisión de Vigilancia cuenta con un órgano técnico que le asiste en sus trabajos, la Unidad de Evaluación y Control, y que su titular, el licenciado Roberto Michel Padilla, se encontraba presente y que esperaba en una próxima reunión poder escuchar un informe sobre las actividades que realiza la Unidad, así como de su estructura y funcionamiento.
La diputada Dolores Padierna Luna solicitó abordar dos temas, además de que se platicara con el auditor superior y con el titular de la Unidad de Evaluación y Control de esta Comisión. También manifestó su deseo de platicar con el secretario ejecutivo del IPAB, ya que ése es otro rubro de trabajo, como avance e informe inicial, y como segundo punto pidió conocer la documentación con que se contaba en la Comisión para su estudio y revisión. Y así tener una relación parar poder hacer algunas iniciativas o propuestas.
El diputado José Angel Ibáñez Montes expresó que no se había contemplado porque justamente lo contemplado era que se reactivaran las subcomisiones en las que se iba a dividir el trabajo, y que se pensaba que ésta sería una de las primeras actividades que promoviera la subcomisión que se encarga del seguimiento al rescate bancario, pero que con todo gusto se estaría en posibilidades de satisfacer ambos planteamientos y pidió al pleno autorizaran que estos puntos se ventilaran en una reunión ordinaria.
La diputada Marcela Guerra Castillo, sobre el mismo tema, pidió que se facilite una lista de asuntos en cartera, de asuntos pendientes, para ver el inventario del rezago legislativo en materia de vigilancia. Agregó que, independientemente de la reinstalación de las tres subcomisiones temáticas, éstas podrían ser más.
La diputada Dolores Padierna Luna aludió que había una controversia sobre si la Auditoría Superior tenía injerencia o no en las universidades públicas, como en el caso de la UNAM, que manejan recursos federales, evidentemente, bajo el principio de que se tiene que auditar cada peso gastado del dinero público; que se tendrían que revisar algunas lagunas que hay en la ley, en la legislación vigente, para cubrirlas de acuerdo con la opinión de la Corte.
El diputado Presidente, José Angel Ibáñez Montes, planteó que se reactivaran primero las subcomisiones existentes y posteriormente nombraran las que el Pleno de la Comisión considere pertinentes.
Precisó que la Comisión de Vigilancia no dictamina, no presenta dictámenes a la aprobación del Pleno y que, en consecuencia, no había rezago legislativo, ya que estaban solventados todos los temas que han estado llegando. También manifestó que la Cámara y la Comisión de Vigilancia se apoyan, para dar seguimiento a todos los asuntos pendientes sobre fiscalización, en sus órganos técnicos: la Auditoría Superior de la Federación y la Unidad de Evaluación y Control, respectivamente.
El diputado Jesús Emilio Martínez Alvarez hizo una reflexión en la que manifestó que varios diputados pertenecen también a la Comisión de Hacienda y Crédito Público o a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, en las que se tocan dos temas fundamentales, que es el ingreso y el gasto, pero que precisamente por eso la Comisión de Vigilancia adquiría mayor relevancia, en la medida en que se tuviera la capacidad, la creatividad de que funcionara adecuadamente, ya que si no se vigilaba el correcto manejo de los recursos públicos, no habría presupuesto que alcanzara a ninguna administración pública. Precisó que el documento que él presentó al Pleno de la Cámara no era la revisión de la Cuenta Pública, si no que era la contestación a un oficio que se firma por parte de la Conago, donde se pide al auditor superior de la Federación que no se auditaran los fondos del Ramo 33, basándose en alguna disposición, que al parecer era sobre la Ley de Coordinación Fiscal. Destacó que este ejemplo se pusiera de relieve porque si no se ponía cuidado al dinero que va a entrar y a su aplicación correcta, se seguiría gravando a los que menos tienen o inventando nuevos impuestos o contribuciones sin lograr un mecanismo efectivo. Externó su preocupación de que el Ejecutivo federal haya entablado una segunda controversia constitucional sobre las facultades que tiene o no el auditor superior de la Federación.
En asuntos generales, el diputado Javier Salinas Narváez agregó que la Comisión de Vigilancia no dictaminaba y que podría decirse que no había rezagos, pero que había temas que la Legislatura pasada dejó pendientes, incluso dejó plasmado un ordenamiento. Y citó el caso particular de que en diciembre de 2002 se creó la Financiera Rural. En su artículo vigésimo segundo se establecía que la Cámara de Diputados hará lo propio para crear una comisión de investigación del quebranto de Banrural.
La diputada Dolores Padierna Luna pidió un calendario de reuniones de la Comisión de Vigilancia, el plan de trabajo que se propone desde la Presidencia y dar cuenta del archivo existente en la Comisión, ya que eso ayudaría bastante para poder acceder a todos los pendientes e información previa para no arrancar de cero. Precisó que no era posible que los órganos técnicos sustituyeran la tarea de los legisladores, y que las funciones de los diputados era fundamental ponerlas en la ley. Una tarea constitucional asignada a las y los diputados es la revisión de la Cuenta Pública, que la revisan los técnicos, pero la aprueban diputados. Consideró necesario conocer los planes de trabajo del auditor superior de la Federación y del titular de la Unidad de Evaluación y Control. Lo mismo sería en el caso del IPAB, que presente un informe ante el pleno de la Comisión y en la siguiente reunión se podrían instalar las subcomisiones.
En este sentido, el diputado Presidente, José Angel Ibáñez Montes, comentó que la Auditoría Superior está practicando una auditoría a Banrural, que el tema era plantear cómo organizarse, no sólo se necesitaba conocer a los integrantes de la Comisión, se necesitaba conocer la normatividad vigente, la Ley de Fiscalización Superior, los reglamentos, los de la auditoría y el de la Unidad de Evaluación y Control, documentos que se enviarían a sus oficinas, y por último agregó que en el encuentro que se tiene contemplado con los titulares de estos órganos se vayan formulando una serie de preguntas y se resuelvan algunas dudas que se tengan o incluso aportando ya tareas para la construcción de un esquema de trabajo.
El diputado secretario Rafael Sánchez Pérez pidió, en nombre de su Partido, Acción Nacional, que se les hiciera entrega del marco jurídico que norma el actuar tanto de la Comisión como de los órganos técnicos que están trabajando o que trabajan para la fiscalización y a revisión de ésta.
Sobre el mismo tema, el diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez, del Partido Acción Nacional, pidió un calendario de reuniones, el compromiso de entregar la legislación que regula los procesos de la propia Comisión de Vigilancia, el órgano superior, el compromiso de fechas, también la comparecencia del auditor superior de la Federación ante la Comisión; la entrega de información del secretario ejecutivo del IPAB; y conocer la estructura de la Comisión de Vigilancia. Saber con cuánto personal se cuenta, cuál es el presupuesto de la Comisión de Vigilancia; cómo está funcionando actualmente, si existe una propuesta de ratificación del personal o no, ya que era muy importante saber cómo se va a trabajar y con quién y cómo van todos los asuntos pendientes. Recalcó que las tres subcomisiones tienen una cantidad importante de información, se refirió a la Cuenta Pública, ya que se tenía atorado 2000, 2001 y 2002. Estimó conveniente crear una subcomisión especial que se dedique concretamente al asunto de la Cuenta Pública.
El diputado José Angel Ibáñez Montes agregó que, con el ánimo de no hacer más extensa la reunión, retomó el mecanismo planteado al inicio de la reunión de reunirse la Mesa Directiva de la Comisión y poder elaborar un orden del día para la siguiente reunión, establecer fechas y, de ahí, desprender todo el calendario de trabajo.
El diputado Presidente reiteró que en la reunión de la Mesa Directiva se establecería el orden del día. Informó también que el 22 de octubre se llevaría a cabo la reunión con el auditor superior y, con posterioridad, se efectuaría la reunión con en titular de la Unidad de Evaluación y Control.
Agotado el orden del día, fue clausurada la reunión de instalación a las 18:30 horas del día 7 de octubre del año dos mil tres.
A la presente acta se anexa la lista de asistencia de los diputados integrantes de la Comisión (en total 27 asistentes), así como la versión estenográfica en que consta el desarrollo de la reunión. Tales documentos forman parte integral de la presente acta.
Diputados: José Angel Ibáñez Montes, Presidente; Roberto Campa Cifrián, Rafael Sánchez Pérez, Homero Díaz Rodríguez, Salvador Vega Casillas, Dolores Padierna Luna, Manuel Velasco Coello, Joel Padilla Peña, Jesús Emilio Martínez Alvarez, secretarios (rúbricas).
Lista de Asistencia
Reunión de Trabajo, 7 de Octubre de 2003
Diputados: José Angel Ibáñez Montes (rúbrica), Presidente; Homero Díaz Rodríguez (rúbrica), Roberto Campa Cifrián (rúbrica), Rafael Sánchez Pérez (rúbrica), Salvador Vega Casillas (rúbrica), Dolores Padierna Luna (rúbrica), Manuel Velasco Coello (rúbrica), Joel Padilla Peña (rúbrica), Jesús Emilio Martínez Alvarez (rúbrica), secretarios; Eduardo Olmos Castro (rúbrica), Mario Moreno Arcos (rúbrica), Miguel Angel Osorio Chong (rúbrica), Francisco Javier Guízar Macías, Arturo Osornio Sánchez (rúbrica), Marcela Guerra Castillo (rúbrica), Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica), Tomás José Ruiz González (rúbrica), Guillermo Zorrilla Fernández (rúbrica), Blanca Gámez Gutiérrez (rúbrica), Edelmira Gutiérrez Ríos, Angel Pasta Muñuzuri (rúbrica), Manuel Pérez Cárdenas (rúbrica), Jorge Luis Preciado Rodríguez (rúbrica), Miguel Angel Rangel Avila (rúbrica), Gabriela Ruiz del Rincón (rúbrica), Javier Salinas Narváez (rúbrica), Carlos Hernán Silva Valdés (rúbrica), César Chávez Castillo (rúbrica), Guillermo Huízar Carranza (rúbrica), Angel Aguirre Rivero.
DE LA COMISION DE VIGILANCIA DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION, DE SU REUNION DE TRABAJO EFECTUADA EL MIERCOLES 22 DE OCTUBRE DE 2003
En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las dieciocho horas del día veintidós de octubre del año dos mil tres, se reunieron en el salón C del edificio Cristales de este Recinto Parlamentario los integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, para llevar a cabo reunión extraordinaria de trabajo.
La reunión fue presidida por el diputado José Angel Ibáñez Montes, en su carácter de Presidente de la Comisión, así como los diputados secretarios Homero Díaz Rodríguez, Roberto Campa Cifrián, Rafael Sánchez Pérez, Salvador Vega Casillas, María de los Dolores Padierna Luna, Manuel Velasco Coello, Joel Padilla Peña y Jesús Emilio Martínez Alvarez.
El Presidente de la Comisión dio la bienvenida a los participantes en la reunión, señalando el carácter de extraordinaria de la misma.
Con la asistencia de 27 diputados, y las justificaciones de 2 más se reiteró el contenido del orden del día, de acuerdo a lo circulado en la convocatoria e invitaciones hechas a los integrantes de la Comisión, como sigue:
Orden del Día
Unico.- Presentación del Auditor Superior de la Federación ante la Comisión de Vigilancia.
El diputado Presidente, José Angel Ibáñez Montes, comentó el procedimiento establecido por la Comisión y acordado con el auditor superior de la Federación para el desarrollo de esta sesión extraordinaria, consistente en la presentación de los colaboradores que le acompañan; acto seguido, una exposición sobre la estructura, funcionamiento, alcances, objetivos, tareas y resultados que obtiene la Auditoría Superior de la Federación en las labores de fiscalización y revisión de la Cuenta Pública. Hecho lo cual, presentará el estado que guardan las solventaciones a las recomendaciones y observaciones efectuadas a la Cuenta Pública 2001, así como de los resarcimientos obtenidos producto de las mismas. Una vez agotada la exposición del auditor superior de la Federación, se procederá a la sesión de preguntas y respuestas, organizándose en rondas de tres intervenciones cada una.
Finalmente el diputado Presidente solicitó a los participantes en la reunión, sostener ésta dentro de un marco de respeto mutuo y cortesía, alentados por un afán constructivo y con el deseo común de consolidar a la Auditoría Superior de la Federación, enseguida, concedió el uso de la palabra al contador público certificado Arturo González de Aragón, auditor superior de la Federación.
En uso de la palabra el auditor superior dio las gracias por la bienvenida y señaló que fue electo para su cargo el día 15 de diciembre del año 2001, para el periodo 2002-2009. Destacó que la Auditoría Superior de la Federación es el órgano Técnico de la Cámara, por ello pertenece al Poder Legislativo, lo que hace que él y sus colaboradores se sientan en casa y por ello con la mejor disposición, apertura y con toda la voluntad, para poder colaborar con la facultad constitucional que tiene establecida la Cámara de fiscalizar la Cuenta Pública.
Destacó antes de presentar a sus colaboradores, que los servidores públicos de la Auditoría Superior, siempre han sostenido la tesis de que nadie está ni debe estar exento de la rendición de cuentas, dado que los recursos que se manejan pertenecen a la sociedad.
Inició la presentación de sus colaboradores con el contador público certificado Juan Manuel Portal, auditor especial de Cumplimiento Financiero; licenciado Roberto Salcedo Aquino, auditor especial de Desempeño; ingeniero José Miguel Macías, auditor especial de Planeación e Información. Los tres servidores públicos antes mencionados tienen un nivel jerárquico equivalente a subsecretarios.
Continuó la presentación con el licenciado Raúl Ramírez Medrano, titular de Asuntos Jurídicos; contador público certificado Alfredo Adam Adam, titular de la Unidad General de Asuntos Administrativos; contador público Alfonso García Fernández; doctor Jorge Manjarrez, coordinador de Relaciones Institucionales; contador público Sergio Gallardo Franco, titular de la Contraloría General y Auditoría Interna, y finalmente el contador público certificado César Martello, titular de la Secretaría Técnica.
Hecha la presentación de los servidores públicos, procedió a introducir la exposición, que tiene como objetivo, señaló, el de dar a los diputados de la Comisión un conocimiento lo más cercano posible a la realidad de la Auditoría Superior de la Federación, a sus orígenes, sus antecedentes históricos, su evolución, el marco jurídico al que está sujeta la manera en la que debe cumplirse su responsabilidad de fiscalización y la metodología que se utiliza para ello; pasando después a señalar los principales resultados de la Cuenta Pública 2001, estableciendo el estatus de gestión de los mismos y algunos comentarios adicionales en relación con el presupuesto 2004, para finalmente señalar algunos asuntos del interés de la Comisión en torno a los procesos judiciales en los que se encuentra inmersa la Auditoría Superior de la Federación con motivo de sus recomendaciones y observaciones.
La exposición corrió a cargo del ingeniero José Miguel Macías, señalando que: los antecedentes históricos datan del año 1605 con la fundación de los Tribunales de Cuentas en México, y su primer antecedente constitucional se encuentra en la Constitución de 1824, en la que se crea la Contaduría Mayor de Hacienda. Describió detalladamente las modificaciones al texto constitucional, hasta llegar a la reforma del año de 1999, en la que se fortalece la función fiscalizadora y se dota de autonomía técnica y de gestión a la entidad de fiscalización superior de la Federación, cuyas funciones se definen por la Ley correspondiente, expedida en el año de 2000. De igual manera expresó la misión y la visión de la Auditoria Superior de la Federación, estableciendo la primera como informar veraz y oportunamente a la Cámara de Diputados y a la sociedad, sobre el resultado de la revisión del origen y aplicación de los recursos públicos, y la segunda, posicionando el actuar de la entidad de fiscalización superior de la Federación de manera más proactiva que reactiva, a efecto de propiciar la eficiencia y la eficacia de la acción pública. Adelante detalló las facultades y obligaciones de la entidad de fiscalización superior de la Federación, preceptuadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley de Fiscalización Superior de la Federación. Destacó, en este segmento de la exposición, el criterio interpretativo de la Auditoría Superior de la Federación, sobre la confidencialidad y secrecía que establecen diversos ordenamientos legales para la actuación de los servidores públicos de la misma.
A petición de algunos de los diputados integrantes de la Comisión, se solicitó al expositor por parte del Auditor Superior, obviar la lectura de los aspectos jurídicos, para pasar directamente a la metodología de programación de auditorías, a efecto de hacer más ágil la exposición.
Continuando, el expositor señaló la diferencia entre los ámbitos de competencia de la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública. Enseguida, describió las etapas de planeación de las auditorías, que finalmente producen la determinación de los entes públicos que serán auditados. En el mismo orden de ideas, enumeró los productos institucionales, que son: el Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, el Informe de Observaciones sobre la Revisión del Informe de Avance de Gestión Financiera y, cuando así procede, el Informe de Revisión de Situación Excepcional.
Avanzando en su exposición, detalló el proceso de solventación de observaciones, acciones que derivan de los informes que se presentan a la Cámara de Diputados, destacando las acciones promovidas por la Auditoría Superior de la Federación, que para el periodo 1996 a 2001 totalizan 22,631 acciones, de las que al 30 de septiembre de 2003 han sido solventadas 18,314, que significan casi el 81 por ciento del total. En este mismo rubro, enfatizó que con el programa de mejoramiento continuo implantado, se espera que para el mes de junio de 2004, no existan observaciones y acciones pendientes de solventar, correspondientes a los años anteriores a la Cuenta Pública 2001, excepción hecha de las que se encuentren en otras esferas de competencia.
Al especificar sobre los resultados derivados de la revisión de la Cuenta Pública 2001, señaló que en el informe correspondiente presentado el pasado 31 de marzo, se reportaron 3,023 observaciones, de las que derivaron 4,113 acciones promovidas y que para fines de información, éstas fueron clasificadas en tres grandes rubros: el primero relativo a los criterios contables en cuanto a su registro y revelación respectiva, lo que hacía un gran paquete de 218 mil 657 millones de pesos, o sea, el 64%; un segundo paquete por el rubro Fobaproa e IPAB, con un monto observado de 45 mil 409 millones de pesos, equivalente al 13%, y finalmente el tercer grupo clasificado como de inobservancia a la normatividad presupuestal, por 75 mil 390 millones de pesos para un gran total de 339 mil 456 millones de pesos, aclarando que dicha cifra se refiere a los efectos de carácter económico, pero que esto no implicaba el hecho de daños patrimoniales ni responsabilidades directas, en virtud de estar sujetos al proceso que marca la ley para aclarar y justificar debidamente las observaciones por parte de los entes auditados.
Para explicar el primer grupo, hizo uso de la palabra el auditor especial de cumplimiento Financiero, CPC Juan Manuel Portal, quien después de detallar las observaciones-acciones por cada ente auditado, concluyó señalando que de este grupo sólo queda pendiente de solventar el 0.2%, correspondiendo principalmente a Pemex Petroquímica con 310 millones y a la Lotería Nacional con 43 millones de pesos.
A efecto de informar sobre el segundo grupo, hizo uso de la palabra el auditor especial de Desempeño, licenciado Roberto Salcedo Aquino, que una vez que describió y explicó detalladamente los programas implementados a través del Fobaproa, y luego asumidos por el IPAB, concluyó señalando que el impacto económico de lo observado asciende a 92 mil 548 millones de los que se han solventado 55 mil millones y pendientes de solventar 34 mil 549, encontrándose en análisis 2 mil 932 de lo no solventado y en lo cual la Auditoría Superior de la Federación ha promovido acciones para su descuento o el fincamiento de responsabilidades. Señaló además, que de los pronunciamientos emitidos para que sean sustituidos los créditos o descontados sus importes de los pagarés, el Ejecutivo federal promovió 2 controversias constitucionales en contra de la Cámara de Diputados por los oficios emitidos por la Auditoría Superior de la Federación, derivados de las observaciones del Programa de Capitalización y Compra de Cartera. Precisó de igual manera, cada uno de los procesos judiciales correspondientes a diversas acciones promovidas por la Auditoría Superior de la Federación, relativas a las Cuentas Públicas de 1999, 2000 y 2001.
Concluyó señalando que existen 71 acciones promovidas que no tienen avance en su solventación, pues requieren de las resoluciones judiciales definitivas en cada uno de los procedimientos establecidos.
Nuevamente intervino el CPC Juan Manuel Portal, para explicar el tercer grupo, estableciendo de manera sintética que del importe observado, se habían resarcido o recuperado mil 378.7 millones de pesos y se habían corregido o aclarado un monto de 56 mil 410.8 millones, con lo que se alcanza aproximadamente el 77% de avance. Al 30 de septiembre, de las 1590 acciones promovidas pendientes de solventar, se tiene una atención parcial de aproximadamente 1,200.
Como parte final de la exposición, el ingeniero José Miguel Macías, detalló el Programa de Auditorías, Visitas e Inspecciones para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2002 que contempla 329 auditorías, de las que son 24 de desempeño, 254 de regularidad y 51 especiales, abarcando 31 entidades federativas, el Distrito Federal y 228 municipios, todo en el marco del ejercicio de recursos federales. A continuación detalló los alcances de las auditorías con base en la proyección presupuestal para 2004, resumiendo una cifra estimada a solicitar de mil 51.9 millones de pesos, así como apoyos para las contadurías mayores u órganos de fiscalización superior de las Legislaturas locales por un importe de 234.6 millones de pesos. Como datos relevantes comentó el importe ingresado a la Tesorería de la Federación por resarcimientos para un total de 3 mil 647.6 millones por el periodo de 2000 a septiembre de 2003. Detalló comparativos entre el presupuesto asignado a la Secretaría de la Función Pública contra el de la Auditoria Superior de la Federación, considerando alcances, operación y niveles de resarcimiento al erario público federal. Solicitó el apoyo de los diputados ante el Pleno de la Cámara, a efecto de alcanzar el presupuesto requerido por la Auditoría Superior de la Federación, comentó sobre los 23 convenios de colaboración firmados con el mismo número de entidades federativas y detalló las pendientes de hacerlo. Describió la participación en el ámbito internacional de la entidad de Fiscalización Superior de la Federación.
Finalmente el licenciado Raúl Ramírez, titular de Asuntos Jurídicos, detalló cada uno de los procesos judiciales en los que se involucra la Auditoría Superior de la Federación, precisando el estatus procesal de los mismos, asimismo, comentó con relación a los juicios iniciados por la Cámara de Diputados en contra de los despachos de contadores que participaron en las auditorías o en los procesos de análisis que se realizaron por encargo de la propia Cámara.
Una vez escuchadas las reflexiones de conclusión, el diputado Presidente de la Comisión, agradeció al auditor superior y a sus colaboradores esta primera parte de la presentación y dio inicio a la sesión de preguntas y respuestas, estableciéndose la primera ronda de tres participaciones.
El diputado César Chávez solicitó que a la brevedad posible se les entreguen los documentos que explican detalladamente la exposición realizada, así como las tarjetas ejecutivas que detallan las intervenciones hechas por los servidores públicos y que explican cada una de las láminas expuestas. Señaló la importancia de la presentación ante la Comisión y consideró que de ésta se desprenderán los temas de análisis al interior de la Comisión para detallar un programa de trabajo y para analizar la nueva Cuenta Pública. Señaló que se analizarían todos los elementos que inciden directamente en la función fiscalizadora de la Cámara de Diputados y se refirió al gran avance que significa la presentación de los resultados de la tarea de fiscalización. Destacó y lamentó la falta de punitividad en las facultades de la entidad de fiscalización superior de la Federación y concluyó señalando al Presidente de la Comisión la necesidad de revisar la Cuenta Pública del 2001 con toda la información presentada así como la solicitada.
En el segundo turno hizo uso de la palabra el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, quien preguntó si ya se había detectado un daño a la Hacienda Pública y se ha demandado el descuento de los pagarés de capitalización y compra de cartera, ¿por qué no ha recurrido usted al Ministerio Público?, lo anterior en virtud de que el artículo 52 de la ley señala que si no son suficientes las observaciones (sic) en el plazo de 45 días hábiles, se procederá a fincar responsabilidades. Continuando señaló: ¿por qué no ha ido al Ministerio Público a fincarles responsabilidades a las personas que firmaron los pagarés?, y de manera paralela asumir lo que resuelva la Suprema Corte en relación a si la Auditoría tiene facultades o no para solicitar el descuento.
Acto seguido, intervino la diputada Dolores Padierna en el tercer turno de la primera ronda, señalando que como último fin de la Auditoría está el de reducir el daño al erario lo más que se pueda, en caso de que alguien lo haya cometido y mejorar la calidad del gasto; continuó señalando que la Auditoría tiene las 92 cajas que son los worker paper (sic) de Michael Mackey, junto con los bank reports, así como el acceso a la información de la auditoría que practica el contralor interno del IPAB, y a la auditoría que practica la entidad superior de fiscalización de la Federación, lo que arroja como resultado un profundo conocimiento del tema, sin embargo, señaló, tanto en los documentos de Mackey como en las declaraciones de Fortunato Alvarez, se destaca que ni Bancomer ni Banamex cubrían los requisitos para entrar al Fobaproa, y ambos tienen una suma actualizada a hace unos días de 93 mil 469 millones y 78 mil 141 millones, respectivamente, por lo que, aseveró la diputada Dolores Padierna, si no concursaban para entrar al Fobaproa, no se les debió haber dado el pagaré de capitalización.
Luego preguntó: ¿por qué usted sólo solicita la disminución de los intereses moratorios de Banamex que ascienden a mil 881 millones, que a valor actual serían unos 7 mil y tantos millones sumados, y no toma en cuenta todo el esquema de incentivos extralegales que se firmaron para esos bancos?, adicionalmente le interrogó ¿por qué se va al menor costo fiscal en su reducción y no al mayor?, después le expresó: usted se restringe al principio solamente en la Cuenta 2000 a un banco y no a los 5 bancos vivos, quizá porque no entraron en la auditoría 2000 todos los bancos y sólo entró uno, y en la auditoría 2001 ya entran los demás, y preguntó: ¿estaba usted plenamente consciente de que en la Cuenta 2000 no se tenían facultades para girar esos oficios, aunque si las tiene para la Cuenta 200l? ¿Ese hecho fue el que motivó también que el Ejecutivo, lamentablemente interpusiera ese litigio, amparos y pudiera entonces derivarse lo que ayer y hoy leímos todos en la prensa?, prosiguió señalando que no obstante las facultades y atribuciones que le confiere la ley, para efectos de la Cuenta 2001, ya habían transcurrido más de 45 días y no había iniciado absolutamente nada; de igual manera le hizo observaciones sobre la presentación referentes a la no mención de la fusión de BBVA, solicitándole información y avance sobre ese caso; resaltó que aparentemente en el programa de auditorías 2003 no se menciona aspecto alguno del Fobaproa; asimismo le solicito profundizar sobre el señalamiento que hiciera el auditor superior a la opinión pública sobre el caso ISOSA, del que se hace una síntesis muy escasa en la presentación, y terminó sus preguntas señalándole que debe de cambiarse la redacción en las láminas de la presentación que señalan y dan por sentadas las fechas para la liquidación de los pagarés, dado que para proceder a dicha liquidación debe procederse al 5º transitorio (Ley del IPAB), pero no se deben poner fechas, dado que no está considerado como deuda pública, no están en el balance del IPAB y no pueden estar hasta que no se cumpla el 5º transitorio, concluyó.
En uso de la palabra, el auditor superior agradeció los comentarios del diputado Chávez y ratificó que seguramente se tendrán que programar reuniones adicionales a nivel de detalle, por lo que reiteró la apertura y voluntad por parte de ellos para el efecto señalado. de igual forma le ofreció entregar la información solicitada.
Relativo a los señalamientos y preguntas del diputado Alfonso Ramírez Cuéllar le señaló que amén de especificar a través de los encargados directos de la auditoría Fobaproa, IPAB, le hizo la reflexión general del impedimento de haber fincado las sanciones resarcitorias, en virtud de tener un avance gradual de la revisión de todo el proceso de rescate que inició en 1999, por lo que dadas las limitaciones de recursos no fue posible terminar toda la auditoría completa en un año. De igual manera le señaló los impedimentos de aplicación de la ley en el tiempo, lo que hubiese dado mayores elementos al Ejecutivo federal para invalidar de origen todo lo actuado por la Auditoría Superior.
Para finalizar la primera ronda, señaló a la diputada Dolores Padierna que no cuentan con los papeles de trabajo de los auditores, no obstante que la Cámara debió contar con ellos en un plazo de 60 días, de conformidad al contrato firmado por la misma con los despachos, sin embargo el hecho es que no se cuenta con dichos documentos, dado que continua el litigio con los citados prestadores de servicios. Referente a los bank reports, le informó que se cuenta con ellos y que se realiza un trabajo exhaustivo de todos, dado que es probable un escenario en que la Corte falle señalando que la auditoría del 5º transitorio, es la de Michael Mackey, en cuyo caso el único universo posible de trabajo sería el que señala Mackey, no obstante que él mismo expresa que no es una auditoría y no tiene el rigor metodológico para serlo. Se refirió a lo señalado por el contralor interno del IPAB, destacando que ellos van mucho más a fondo, buscando el soporte legal para sustentar una posición como la señalada por Fortunato Alvarez y Mackey, en virtud de que a pesar de los señalamientos, no se cuenta en este momento con los elementos legales suficientes para sustentarla debidamente. Reitero la explicación del avance gradual en la revisión total del programa de rescate bancario. Por otro lado y en respuesta a la afirmación de no haber iniciado nada, señaló que se han remitido todos los oficios a las dependencias involucradas, solicitándoles la reducción, actualización, reducción del costo fiscal y la eliminación del aval otorgado por el Gobierno Federal, le ofreció detallar toda esta información para el caso específico en una reunión ex profeso. Relativo al caso BBVA Bancomer señaló las revisiones realizadas, de las que se determinó, que en determinadas circunstancias desde el punto de vista del juez español no había suficientes elementos, sin embargo lo aclararía uno de sus colaboradores en un momento. Respecto al Programa de Auditoría 2003. le señaló que sí se encuentra contemplada la continuidad de la revisión del rescate bancario. Con relación al caso de ISOSA, se considera como pendiente, dada la interpretación de la SHCP sobre el secreto fiduciario, que se opone a la de la Auditoría Superior, referida al origen y destino de los dineros públicos y que el asunto se encuentra en análisis y revisión dada la respuesta que les envío recientemente Nacional Financiera referida al tema en comento. Finalmente, relativo a las fechas de vencimiento de los pagarés, señaló el auditor superior que se mostraron las fechas de vencimiento de los pagarás simplemente con efectos informativos, para conocer los montos de los mismos.
Acto seguido el auditor especial de Desempeño y el titular de Asuntos Jurídicos detallaron cada una de las explicaciones generales del auditor superior de la Federación, que por economía procesal y efectos de la presente acta se tienen por reproducidas, dado que obran en la versión estenográfica de la sesión de mérito Acto seguido después de una moción de orden de la Presidencia de la Comisión y la conclusión de exposición del titular de Asuntos Jurídicos, se procedió a la segunda ronda de preguntas.
El diputado Jesús Martínez señaló un reconocimiento al perfil profesional de los servidores públicos presentes de la Auditoría Superior y dijo que seguramente todos los diputados de la actual Legislatura les brindarán su respaldo para el mejor desempeño de sus funciones; señaló que serán necesarias reuniones de trabajo con temas específicos, y expresó que el anterior Presidente de la República había cometido la más grande irresponsabilidad dado que sumó en total de deuda lo que no habían hecho juntos todos los presidentes anteriores y consideró que hay responsables en los Poderes Legislativo y Ejecutivo que se prestaron a esa maniobra y que no era posible que un despacho extranjero pudiera realizar en seis meses un trabajo con la profundidad que se requería. Por otra parte expresó su preocupación por el hecho de que 9 estados no hayan firmado aún los convenios de colaboración y que se estén destinando 230 millones de apoyo a las contadurías mayores de los Congresos locales, dado que no son imparciales en su actuar. Para concluir aseveró no estar de acuerdo en que exista un diferendo entre la Auditoría Superior y la Conago, dado que todos los recursos de origen federal son auditables.
En el segundo turno de la segunda ronda intervino el diputado Arturo Osornio, quien expresó su preocupación por lo que sucede en el desahogo de las controversias constitucionales en contra de la Cámara de Diputados y señaló la necesidad de que en el Programa de Auditoría se especifiquen objetivos y metas respecto de los programas del gobierno, tales como parámetros en calidad de educación, en calidad y oportunidad en servicios de salud o los resultados de combate a la pobreza.
En uso del tercer turno de la segunda ronda el diputado Francisco Javier Guízar, quien expresó cifras internacionales comparativas relativas a los alcances en materia de fiscalización relativas a los porcentajes del gasto público revisado. Propuso a la Presidencia de la Comisión integrar un grupo de trabajo que permita junto con otro de la Auditoría Superior analizar y determinar lo que se puede pedir con mil 286.5 millones de pesos, se refirió, de igual manera, al apoyo que se otorgaría a los órganos fiscalizadores estatales, preguntando cómo los van a apoyar considerando que son heterogéneos entre sí.
Para dar respuesta a esta segunda ronda el auditor superior de la Federación se refirió al tema de la falta de firma de los Convenios de Colaboración, englobando las preguntas de varios diputados, señalando que las entidades que no hayan suscrito los mismos no recibirán los apoyos correspondientes y que la Auditoría Superior de la Federación es quien establece los objetivos, alcances y procedimientos de auditoría a los órganos fiscalizadores de las Legislaturas estatales que han firmado los citados convenios.
Con relación a la Conago, señaló que ha contestado formalmente a la petición planteada de no fiscalizar recursos federales transferidos a estados y municipios y que la reacción ha sido positiva, dado que la mayoría de los estados ha designado a los enlaces para la fiscalización de recursos federales.
Concluyó esta intervención, recalcando la necesidad del apoyo de los diputados a efecto de obtener la aprobación al presupuesto solicitado para el ejercicio 2004, con la finalidad de incrementar el porcentaje de la muestra auditable del ejercicio de recursos federales.
Para la tercera ronda intervino en primer término la diputada Edelmira Gutiérrez, que señaló la necesidad de profundizar en las medidas de recuperación en los rubros de e derecho de trámite aduanero y del derecho de recuperación por perforación de pozos. Concluyó proponiendo al Presidente de la Comisión que se establezca un calendario para el análisis de la Cuenta Pública del 2001.
En el segundo turno hizo uso de la palabra la diputada Marcela Guerra, que expresó que lo que a ella le ocupa, es buscar las nuevas fórmulas de financiamiento para que se aumente el porcentaje de la muestra auditable, continuó planteando su preocupación por el hecho de que no se puedan auditar a las universidades. Finalmente preguntó si se auditarían a todas las organizaciones no gubernamentales, en específico a la denominada "Vamos México".
Para concluir esta ronda, intervino el diputado Manuel Pérez, quien expresó una moción de orden a la Presidencia de la Comisión, para que hacia delante se busque una fórmula de respeto interno en la Comisión; prosiguió para señalar que reconocía la importancia del informe presentado y el avance en la Cultura nueva de la rendición de cuentas y de la transparencia en el ejercicio público. Destacó la importancia de que se avance en el universo revisable del ejercicio del gasto, tendiendo hacia la media internacional del 5%. Señaló que no era correcto manejar las cifras de impacto económico de las observaciones, dado que a partir de ellas se establecía una opinión generalizada de ineficiencia brutal en el gobierno, y tiempo después resulta que están prácticamente solventadas la mayoría de las observaciones. Puntualizó la necesidad de que en posterior reunión pudiese comentarse el tema de las auditorías de desempeño, así un ejemplo de auditoría aplicada a un municipio.
El diputado Presidente solicitó escuchar 2 intervenciones más para dar por concluida la sesión de preguntas, por lo que inició el diputado Rafael Sánchez, quien destacó el rompimiento del quórum al estar presentes 13 de 30 diputados que integran la Comisión y solicitó a la Presidencia de la misma programar una nueva reunión y dar por terminada la actual.
Acto seguido el diputado Joel Padilla, específicamente preguntó: ¿qué tan confiables son las auditorías que se hacen en los estados con sus propios elementos?
Para concluir, el auditor superior comentó la importancia de los resarcimientos y destacó que deberá profundizarse en los rubros en donde existan posibilidades latentes de aplicación; con relación a la calidad de las auditorías estatales, destacó la existencia de leyes locales de fiscalización superior, lo que significa un elemento toral para lograr la transparencia en la función de fiscalización y expresó que en los casos en que se detecta que los resultados de la auditoría no son confiables, se envía un equipo de auditores para ampliar y complementar la revisión.
Relativo a las auditorías a universidades, comentó que ya se han auditado desde hace varios años a varias e incluso ya fue fallada en contra una solicitud de amparo de una de ellas, lo que permitió la fiscalización correspondiente. Con relación a las organizaciones no gubernamentales, señaló que lo primero que tiene que acreditarse es el uso de recursos públicos y que a la fecha se ha realizado una muestra sobre donativos otorgados por alrededor de 60 dependencias y entidades sin que se haya acreditado el uso de recursos públicos en la organización "Vamos México".
El diputado Presidente dio por concluida la reunión siendo las 21:40 horas del día de su inicio.
Diputados: José Angel Ibáñez Montes (rúbrica), Presidente; Roberto Campa Cifrián (rúbrica), Rafael Sánchez Pérez (rúbrica), Homero Díaz Rodríguez (rúbrica), Salvador Vega Casillas (rúbrica), Dolores Padierna Luna (rúbrica), Manuel Velasco Coello (rúbrica), Joel Padilla Peña (rúbrica), Jesús Emilio Martínez Alvarez (rúbrica), secretarios; Eduardo Olmos Castro, Mario Moreno Arcos (rúbrica), Miguel Angel Osorio Chong (rúbrica), Francisco Javier Guízar Macías (rúbrica), Arturo Osornio Sánchez (rúbrica), Marcela Guerra Castillo (rúbrica), Manlio Fabio Beltrones Rivera, Tomás José Ruiz González (rúbrica), Guillermo Zorrilla Fernández (rúbrica), Blanca Gámez Gutiérrez (rúbrica), Edelmira Gutiérrez Ríos (rúbrica), Angel Pasta Muñuzuri (rúbrica), Manuel Pérez Cárdenas (rúbrica), Jorge Luis Preciado Rodríguez (rúbrica), Miguel Angel Rangel Avila (rúbrica), Gabriela Ruiz del Rincón (rúbrica), Javier Salinas Narváez (rúbrica), Carlos Hernán Silva Valdés (rúbrica), César Chávez Castillo (rúbrica), Guillermo Huízar Carranza (rúbrica), Angel Aguirre Rivero, Raúl Mejía González (rúbrica).
DE LA COMISION DE VIGILANCIA DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION, DE SU REUNION ORDINARIA LLEVADA A CABO EL MIERCOLES 5 DE NOVIEMBRE DE 2003
En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las dieciocho horas del día cinco de noviembre del año dos mil tres, se reunieron en el Salón E del edificio Los Cristales de este recinto parlamentario los integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión para llevar a cabo sesión ordinaria de trabajo.
La sesión fue presidida por el diputado José Angel Ibáñez Montes, en su carácter de Presidente de la Comisión, así como los diputados secretarios Homero Díaz Rodríguez, Rafael Sánchez Pérez, Salvador Vega Casillas y María de los Dolores Padierna Luna.
El Presidente de la Comisión señaló que, aun cuando todavía no reunía el quórum requerido para la sesión ordinaria, ponía a consideración a los diputados presentes pudieran iniciar los trabajos en espera de que se incorporaran los demás diputados.
Con la asistencia de 15 diputados, se reiteró el contenido del orden del día, de acuerdo con lo circulado en la convocatoria e invitaciones hechas a los integrantes de la Comisión, como sigue:
Orden del Día
1. Lectura y aprobación de las actas de la sesión de instalación y sesión extraordinaria.
2. Informe del licenciado Roberto Michel Padilla, titular de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia.
3. Informe del Presidente sobre las actividades de la Mesa Directiva.
4. Revisión y análisis de solicitud de auditoría y aprobación, en su caso.
5. Asuntos generales.
El diputado Presidente, José Angel Ibáñez Montes, pidió al titular de la Unidad de Evaluación y Control que iniciara su presentación y sus comentarios.
El diputado José Luis Preciado Rodríguez propuso al Presidente de la Comisión que se abordara el punto tres del orden del día para, así, poder dar espacio para que arribaran los demás diputados y poder escuchar el informe del titular y fuese más completo.
El diputado Presidente, José Angel Ibáñez Montes, procedió al punto tres del orden del día e informó sobre las actividades que ha venido desarrollando la Mesa Directiva y también hizo hincapié en que los integrantes de la Mesa Directiva se venían reuniendo sistemáticamente cada segundo y cuarto miércoles de cada mes, para conocer y analizar los asuntos que han sido turnados a la Comisión, así como los temas que preocupan o interesan a las diputadas y los diputados que quieren que se traten en el seno de la Comisión.
Procedió a informar de los asuntos que han sido turnados de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, como sigue: proposición con punto de acuerdo, presentada por el diputado Jesús Martínez Alvarez, en la que se exhorta a los gobernadores de los estados a que accedan a la fiscalización del Ramo 33 y manifestando su apoyo al auditor superior de la Federación, y que sobre ese particular la Mesa Directiva de la Comisión acordó enviarlo a la Conago y al auditor superior de la Federación.
Otro turno de la Mesa Directiva de la Cámara fue una proposición con punto de acuerdo, presentada por el diputado Jorge Kahwagi Macari, relativo al apoyo al auditor superior de la Federación para reducir el costo fiscal del Fobaproa y un exhorto a los senadores de la República para que no ratifiquen al ciudadano Guillermo Ortiz como gobernador del Banco de México. Y que al respecto la Mesa Directiva acordó enviarlo al auditor superior, al secretario ejecutivo del IPAB y a los secretarios de la Mesa Directiva del Senado de la República.
Informó que otros de los asuntos que ha tratado la Comisión a través de la Mesa Directiva son sobre la reactivación de la Subcomisión de Seguimiento al Rescate Bancario, a la de las Operaciones de Pemex y a la de las Operaciones del Sector Eléctrico; y se comentó la propuesta de creación de una nueva subcomisión, para dar seguimiento al quebranto financiero de Banrural, que debido a que el 20 de octubre la diputada María de los Dolores Padierna Luna presentó una propuesta para crear una subcomisión especial para investigar lo relativo al IPAB, por consiguiente se acordó esperar la decisión de la Junta de Coordinación Política sobre el particular y que a la fecha el asunto está en espera de la resolución correspondiente.
Comentó que a la Mesa Directiva de la Comisión se presentaron tres solicitudes de auditoría: una fue de auditoría, una de investigación y una de denuncia de hechos, de las cuales se acordó que solamente la presentada por el regidor del municipio de Huamuxtitlán, Guerrero, fuera enviada a la Auditoría Superior para su análisis y procedencia, en su caso. Manifestó acerca de las negociaciones que se sostienen para organizar un acto de entrega de los estados financieros de todas las universidades públicas e instituciones de educación superior del país que la Mesa Directiva de la Comisión autorizó para que continuaran las negociaciones.
Aclaró el diputado Presidente que, desde el año 2001, las universidades e instituciones públicas de educación superior, en un acto protocolario, vienen en marzo o abril a la Cámara, especialmente ante esta Comisión, encabezados por sus rectores a presentar sus estados contables.
Comentó también que se entregaron copias de los proyectos de presupuesto de la Auditoría Superior de la Federación y de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia. Informó que la sesión que se había acordado con el contador Alfredo Adam Adam, titular de la Unidad de Administración de la Auditoría Superior de la Federación, el pasado 4 de noviembre de 2003 fue para que explicara y fundamentara ante los integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión los incrementos en el proyecto de presupuesto que envió la Auditoría Superior a la Junta de Coordinación Política y a la Comisión de Vigilancia de esta Cámara.
En este mismo tenor, comentó que los integrantes de la Mesa Directiva consideraron que se necesitaba un mayor desglose y argumentos más contundentes para incrementar el presupuesto del que actualmente dispone la Auditoría, tomando en cuenta que la Cámara misma no aumentó su presupuesto.
Informó que ya se tenía el quórum y que se daría paso al inicio formal de la sesión.
El diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez manifestó que, sobre las dos proposiciones con punto de acuerdo, se aclarara si eran proposiciones aprobadas por el Pleno o para que la Comisión lo sometiera a consideración del Pleno si se aprobaba o no.
El diputado Presidente, José Angel Ibáñez Montes, aclaró que, efectivamente, fueron proposiciones con punto de acuerdo, que fueron turnadas por la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara y al analizarlas la Mesa Directiva de la Comisión fue cuando se tomaron los acuerdos señalados.
El diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez insistió sobre si ése era el trámite adecuado y si realmente se tenía que generar una posición como Comisión respecto a cada punto de acuerdo que turne el Pleno o el Presidente de la Cámara ya que, de lo contrario, se brincarían el espacio que tiene la Comisión para poder debatir dicho asunto.
El diputado Presidente, José Angel Ibáñez Montes, aclaró que los puntos de acuerdo constituían solamente un exhorto y que solamente los de urgente y obvia resolución eran los que se aprobaban o desaprobaban en el Pleno de la Cámara.
El diputado Rafael Sánchez Pérez sugirió que, respecto a la solicitud del diputado Jorge Kahwagi, era para no ratificar al Presidente del Banco de México y que como era función exclusiva del Senado de la República no tenía caso discutirlo, ya que fue presentada ante una autoridad no competente y lo mismo sucedía con la auditoría del Ramo 33, ya que era competencia de la Auditoría Superior.
La diputada María de los Dolores Padierna Luna, en este mismo tenor, sugirió que si bien es cierto que la Comisión de Vigilancia no dictamina y que ni la Cámara en conjunto tenía facultades, ya que sólo el Senado de la República podía ratificar o no, en su caso, al gobernador del Banco de México y que el programa de auditorías ya tampoco lo autorizaban los diputados, y que esa decisión sólo competía al auditor superior de la Federación y que, aun siendo éste el caso, propuso que la Comisión de Vigilancia en pleno debería emitir una opinión y turnarlo a quien corresponda para su cauce.
El diputado Presidente, José Angel Ibáñez Montes, aclaró a la diputada María de los Dolores Padierna Luna que la solicitud presentada por el diputado Jorge Kahwagi provenía de un informe que la Mesa Directiva, por conducto de la Presidencia de la Cámara, presentó para que estuvieran informados de todos los asuntos y acuerdos que la Mesa Directiva ha llevado a cabo.
La diputada Marcela Guerra Castillo, sobre este mismo asunto, comentó que las deliberaciones y decisiones que se hacían en el pleno de la Comisión se generaban por debates e ideas en puntos de discusión, y que ponía a consideración del pleno excitativas que no se volviera a repetir la situación que hoy les ocupaba.
El diputado Mario Moreno Arcos comentó que era conveniente que se convocara a tiempo y asistieran para estar enterados de cuál es el trámite que se está siguiendo en la Comisión de Vigilancia, y que pensaba que la información por parte de la Mesa Directiva se hiciera llegar a los integrantes de la Comisión de Vigilancia y estuviera a discusión de todos.
El diputado Presidente comentó que se iba a tomar nota de todas las inquietudes que han formulado los diputados y que todos los asuntos serían puestos a consideración en las próximas reuniones.
El diputado Homero Díaz Rodríguez aclaró que debería hacerse una distribución equitativa de la integración de las subcomisiones por parte de los diversos grupos parlamentarios y que la Junta de Coordinación Política ha estado trabajando en el tema de las comisiones especiales, de subcomisiones, de grupos de trabajo y de comités y sugirió a los integrantes de la Comisión de Vigilancia que esperaran las decisiones de la Junta de Coordinación Política y después se actuara en consecuencia, sin que ello signifique forzosamente que la Comisión deba constituir una subcomisión o no deba de hacerlo para que se lleven con respeto los tiempos y los trámites.
La diputada María de los Dolores Padierna Luna comentó que, en el caso del asunto que turnó el senador Bartlett sobre la revisión de algunos contratos que firmó la Comisión Federal de Electricidad, le parecía muy importante crear la subcomisión junto con la de Banrural y otras, pero que tal vez sería motivo de tocar dichos puntos en una próxima sesión.
El diputado Presidente, sobre este mismo tema, comentó que los diputados que estaban en la sesión escucharon al coordinador de la fracción parlamentaria del PRD, quien expresó que era facultad de la Junta de Coordinación Política la propuesta de la integración de las comisiones, y que se iba a esperar a que la Junta de Coordinación Política revisara los asuntos relativos a las subcomisiones y que, por otra parte, se acordaran los lineamientos generales para la integración de las mismas, ya que en las tres subcomisiones anteriores de la Legislatura pasada hubo acuerdo de la integración de dichos lineamientos, y que en la próxima sesión de la Mesa Directiva de la Comisión de Vigilancia sería uno de los temas en donde se formularían los planteamientos para posteriormente, en el orden del día de la siguiente sesión del pleno de la Comisión, someterlo a consideración.
El diputado César Chávez Castillo coincidió en los argumentos planteados por la Presidencia de la Comisión y que era conveniente que se esperara la resolución de la Junta de Coordinación Política en relación con la Comisión Investigadora del IPAB y propuso que era importante anticiparle a la Junta de Coordinación Política los lineamientos de la integración de las subcomisiones, ya que tenían la ventaja de que como Comisión Investigadora sí se podía dictaminar.
El diputado Presidente puso a consideración de los diputados si se aprobaba el punto número uno del orden del día, que era la aprobación de las actas de la sesión de instalación y de la sesión extraordinaria del día 22 de octubre, quedando aprobada por unanimidad.
El diputado Presidente procedió al siguiente punto del orden del día, que era la presentación del informe del titular de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia, mismo que concluyó sin poder iniciar la etapa de preguntas y respuestas, dado que no existía, para ese momento, el quórum necesario para continuar la sesión, por lo que el diputado Presidente puso a consideración de los diputados presentes que se suspendieran los trabajos de la presente sesión.
En este mismo tema, la diputada María de los Dolores Padierna Luna propuso que se dejara para una próxima sesión el informe del titular de la Unidad de Evaluación, ya que no se podía continuar en esas condiciones.
El diputado Presidente comentó que la Mesa Directiva de la Comisión de Vigilancia tenía programada su sesión el 6 de noviembre para poder analizar los temas de esta naturaleza y poderlos someter a consideración del pleno de la Comisión.
El diputado Homero Díaz Rodríguez sugirió que se revisara la legislación para efecto del extrañamiento de los diputados que no justifiquen su inasistencia a la Comisión de Vigilancia, ya que se debería seguir un esquema similar al establecido para los trabajos parlamentarios, y propuso que el diputado que, habiendo asistido, tuviera que retirarse en el desarrollo de los trabajos de la Comisión debería pedirlo expresamente a la Presidencia de la Comisión, y que al diputado o a la diputada que pudiera provocar la falta de quórum no se le autorizara que se ausente, ya que consideraba que había los instrumentos necesarios para pedir la remoción y dar paso al nombramiento de otro integrante.
El diputado Manuel Pérez Cárdenas coincidió sobre este mismo tema en que era conveniente acatar las reglas de la Junta de Coordinación Política respecto al funcionamiento de las sesiones en pleno y, en la medida de lo posible, se sigan las reglas en las sesiones de la Comisión.
La diputada Marcela Guerra Castillo coincidió en que faltaba anticipación para poder programar sus agendas y que se fijara un día mensual para que asistieran la mayoría de las y los integrantes de la Comisión de Vigilancia.
El diputado Presidente, José Angel Ibáñez Montes, en este mismo tenor, reiteró que no se podían continuar con los trabajos sin la mayoría de los integrantes de la Comisión ya que, al aprobarse alguna minuta, se tendrían problemas, dado que serían resueltos por la minoría de los integrantes de la Comisión, y propuso que la próxima convocatoria para sesión ordinaria de la Comisión se haga con 15 días de anticipación para que así pudieran ajustar su agenda los integrantes de la misma. Por último, el diputado Presidente dio por concluida la sesión siendo las 19:40 horas del día de su inicio, y comentó a los diputados presentes que, si deseaban continuar como plática, lo podían hacer, ya que no había quórum.
Diputados: José Angel Ibáñez Montes (rúbrica), Presidente; Roberto Campa Cifrián (rúbrica), Rafael Sánchez Pérez (rúbrica), Homero Díaz Rodríguez (rúbrica), Salvador Vega Casillas (rúbrica), Dolores Padierna Luna, Manuel Velasco Coello (rúbrica), Joel Padilla Peña (rúbrica), Jesús Emilio Martínez Alvarez (rúbrica), secretarios.
Lista de asistencia
Reunión de trabajo, 5 de noviembre de 2003
Diputados: José Angel Ibáñez Montes (rúbrica), Presidente; Homero Díaz Rodríguez (rúbrica), Roberto Campa Cifrián, Rafael Sánchez Pérez (rúbrica), Salvador Vega Casillas (rúbrica), Dolores Padierna Luna (rúbrica), Manuel Velasco Coello, Joel Padilla Peña, Jesús Emilio Martínez Alvarez, secretarios; Eduardo Olmos Castro, Mario Moreno Arcos (rúbrica), Miguel Angel Osorio Chong, Francisco Javier Guízar Macías (rúbrica), Arturo Osornio Sánchez (rúbrica), Marcela Guerra Castillo (rúbrica), Manlio Fabio Beltrones Rivera, Tomás José Ruiz González (rúbrica), Guillermo Zorrilla Fernández, Blanca Gámez Gutiérrez (rúbrica), Edelmira Gutiérrez Ríos, Angel Pasta Muñuzuri (rúbrica), Manuel Pérez Cárdenas (rúbrica), Jorge Luis Preciado Rodríguez (rúbrica), Miguel Angel Rangel Avila (rúbrica), Gabriela Ruiz del Rincón, Javier Salinas Narváez, Carlos Hernán Silva Valdés (rúbrica), César Chávez Castillo (rúbrica), Guillermo Huízar Carranza, Angel Aguirre Rivero.
DE LA COMISION DE VIGILANCIA DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION, DE SU REUNION DE TRABAJO EN COMISIONES UNIDAS CON LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA, QUE SE LLEVO A CABO EL MIERCOLES 21 DE ENERO DE 2004
En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las diecisiete horas del día veintiuno de enero del año dos mil cuatro, se reunieron en los salones "C" y "D" del edificio de Los Cristales de este recinto parlamentario los integrantes de las Comisiones de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, para llevar a cabo reunión ordinaria de trabajo en comisiones unidas.
La reunión fue presidida por el diputado José Angel Ibáñez Montes y el diputado José Francisco Rojas Gutiérrez, en su carácter de Presidentes de Comisiones Unidas, así como los diputados secretarios de ambas comisiones. El diputado José Angel Ibáñez Montes dio la bienvenida al CPC Arturo González de Aragón auditor superior de la Federación.
Con la asistencia de 18 diputados, se reiteró el contenido del orden del día, de acuerdo a lo circulado en la convocatoria e invitaciones hechas a los integrantes de ambas Comisiones, como sigue:
Orden del Día
Unico.- Presentación del auditor superior de la Federación ante las Comisiones Unidas de Vigilancia y Presupuesto para dar a conocer el estado que guarda la solventación de las observaciones del informe de resultados de la Cuenta Pública 2001.
El diputado Presidente, José Angel Ibáñez Montes, comentó el procedimiento establecido por la Comisión y acordado con el auditor superior de la Federación, para el desarrollo de esta sesión de trabajo, ya que presentará el estado que guarda el seguimiento y en su caso la solventación de las observaciones formuladas a los resultados de la Cuenta Pública 2001, una vez agotada la exposición del auditor superior de la Federación, se procederá a la sesión de preguntas y respuestas, y finalmente a la clausura de la sesión de trabajo.
El diputado Presidente, José Angel Ibáñez Montes concedió el uso de la palabra al Auditor Superior.
El CPC Arturo González de Aragón dio las gracias por la bienvenida y señaló que se procedió a distribuir entre los señores diputados, un ejemplar impreso de las 34 láminas que contiene la presentación que se va a efectuar, así como los sobres que incluyen un disco compacto con la visión institucional de la Auditoría Superior, un folleto conteniendo el Código de Etica de la Auditoría Superior, un folleto denominado "Visión estratégica de la Auditoría Superior" y por último, un disco compacto que incluye todo el Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2001.
Como primer punto comentó que haría un breve resumen de cuáles fueron los resultados que se presentaron el pasado 31 de marzo del año 2003; que contienen el resultado del informe de la revisión a la Cuenta Pública 2001 dividido en tres grandes rubros: el primero es el relativo a los criterios contables de registro y revelación que fueron observados ya que tuvieron un efecto económico de 218,657 millones de pesos; el segundo gran rubro es el relativo al Fobaproa e IPAB, con un efecto económico de 45,409 millones de pesos y el tercero el relativo a la inobservancia de la normatividad en materia de presupuesto, que suman 75 mil 389.8 millones de pesos, para este efecto otorgó el uso de la palabra al Lic. Juan Manuel Portal, auditor especial de Cumplimiento Financiero.
El Lic. Juan Manuel Portal procedió a los comentarios más relevantes del avance de proceso de solventación de los resultados reportados sobre la auditoría de la Cuenta Pública 2001, particularmente a la estimación del valor de los resultados del primer rubro ya señalado por el auditor superior de la Federación.
El CPC Arturo González de Aragón comentó al finalizar la exposición del Lic. Portal, que como se informó desde el 31 de marzo del año 2003 en el resumen de resultados correspondiente al primer rubro, no implicaba el que tuvieran daño patrimonial o efectos económicos; que esto era un problema de criterios contables de registro y revelación y esto fue presentado en las anteriores reuniones celebradas con la Comisión de Vigilancia, lo que había sido ampliamente explicado. De manera que una vez que las instituciones auditadas reconocieron la omisión en el registro y la revelación en sus estados financieros, la Auditoría Superior de la Federación las dio por solventadas una vez que se revelaron adecuadamente en la información financiera, puntualizó que era importante dejarlo aclarado porque había alguna especulación en relación si esto tenía un daño patrimonial para el erario público y no era así.
Posteriormente el auditor señaló que el Lic. Roberto Salcedo Aquino, auditor especial de Desempeño, haría los comentarios relativos al segundo gran rubro Fobaproa-IPAB. En ese sentido comentó después del análisis correspondiente a este rubro que el impacto económico de lo observado en las láminas ascendía a 92 mil 548 millones de pesos, a valor histórico, 47 mil 139 millones en el 2000 y 45 mil 409 para el 2001. Se han solventado 57 mil 036 millones de pesos, quedando pendiente de solventar 34 mil 300 millones de pesos y se tienen en análisis 1 mil 150 millones de pesos, señalando que en lo no solventado, la Auditoría Superior de la Federación ha promovido acciones para su descuento o bien el fincamiento de responsabilidades.
El CPC Arturo González de Aragón puntualizó que era importante dejar en claro un hecho que se ha prestado a interpretaciones sesgadas, en el sentido de que se ha afirmado que la Auditoría Superior de la Federación ha dado prácticamente por solventadas todas las observaciones, sin que esto sea cierto ya que lo que se está demostrando, es que los 45 mil 409 millones de pesos que han sido observados, existen 25 mil 896 millones de pesos, que con elementos que se aportaron por parte de la Secretaría de Hacienda, el IPAB y la Bancaria, las observaciones no fueron solventadas. De manera que en función a esa situación la Auditoría Superior de la Federación se pronunció por la no solventación de las observaciones y actúa en consecuencia dirigiendo comunicaciones a las instituciones involucradas en este asunto.
El Lic. Roberto Salcedo Aquino, por su parte, señaló que en razón a los pronunciamientos hechos por la ASF, el Ejecutivo Federal promovió dos controversias constitucionales en contra de la Cámara de Diputados, resolviendo a favor del Ejecutivo una de las controversias, la otra todavía se encuentra en proceso, así mismo informó que Banxico promovió juicio ordinario mercantil por la falta de entrega de documentación requerida a esa institución, en su carácter de fiduciaria en relación a Banamex. Referente a las acciones promovidas por la Auditoría Superior de la Federación y presentadas en el Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta Pública 2001, el Ejecutivo federal promovió una segunda controversia constitucional por los pronunciamientos de la Auditoría relativos a las irregularidades en las adquisiciones de cartera de Bancomer, Banamex, Banorte y Bital, precisó que existen 55 acciones promovidas que no tienen avance en su solventación en virtud de que se requiere la resolución judicial definitiva.
Por lo que se refiere al tercer grupo relativo a la inobservancia de la normatividad, el CP Juan Manuel Portal comentó que sobre el caso de la Casa de Moneda, la revisión se hizo a los ingresos propios, donde se observa que al 20 de diciembre de 2001 la Secretaría de Hacienda transfirió a la Casa de Moneda 220 millones de pesos, que a la fecha de la auditoría no se habían utilizado. Este importe formó parte de una ampliación líquida al presupuesto de la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público en ese ejercicio por dos mil 941 millones de pesos, de la que también se transfirieron recursos a Bancomex, Banejercito, Fideliq, Nafin, Bansefi, y a la propia Subsecretaría.
La Casa de Moneda informó con posterioridad al cierre de la auditoría del reintegro de recursos a la autoridad de la Federación en enero de 2003.
El CPC Arturo González de Aragón resumió la situación al 31 de diciembre de 2003, de conformidad a la presentación de las láminas previamente entregadas a los diputados, que del total observado, 339 mil 456.2 millones de pesos han sido resarcidos o recuperados mil 447 millones de pesos que representa el 0.4 por ciento, que han sido determinados como no solventados, con acción directa de la Auditoría Superior 26 mil 629 millones de pesos y que adicionalmente han sido reconocidos y/o solventados 294 mil 900 millones de pesos que equivalen al 86.9 por ciento, quedando en proceso de definición únicamente el 4.9 por ciento equivalente a 16 mil 486 millones de pesos, de los cuales hay cuatro mil 500 relativos al SAT, que están siendo materia de elaboración de dictamen técnico y en un segundo proceso al fincamiento de sanciones, por lo que quedarían 11 mil millones de pesos pendientes de solventación.
Continuando con otro aspecto de la presentación el Ing. José Miguel Macías, auditor especial de Planeación e Información resumió que en relación al proceso de solventación de las observaciones en total de las cuentas de 1996 hasta el Informe de Avance Gestión Financiera 2002, se emitieron 22 mil 948 observaciones-acciones, de las cuales han sido atendidas 19 mil 960, lo que implica 87% y se encuentran en proceso de atención el 13%, es decir 2 mil 988, por lo que hace a las observaciones-acciones de carácter sancionatorio señaló que, conjuntado las acciones de carácter sancionatorio y las de no sancionatorio, son un total de 23 mil 103 acciones, de las cuales se encuentran atendidas el 86.9% y quedan en proceso de atención el 13.1%.
El CPC Arturo González de Aragón, señaló al terminar con la exposición que se iba a proporcionar a los diputados, tres elementos adicionales: El primero, una nota informativa relacionada con el dictamen y decreto relativo a la revisión de la Cuenta Pública 2001, documento para los 60 diputados de las dos comisiones, el segundo documento a proporcionar, es el Anteproyecto de dictamen y decreto, relativo a la Revisión de la Cuenta Pública 2001 elaborado por la Auditoría Superior y finalmente y toda vez que es un elemento fundamental, el resumen ejecutivo de la presentación, ya que este último contenía todos los elementos necesarios en el caso de que los diputados decidieran proceder a efectuar y emitir el dictamen aprobatorio de la Cuenta Pública 2001.
Una vez escuchadas las reflexiones de conclusión, el diputado Presidente José Angel Ibáñez Montes, agradeció al Auditor Superior la presentación y comentó que el dictamen de la Cuenta Pública 2001 cuyo informe de avance en las solventaciones se acababa de informar, sería en su momento formulado por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, y aclaró que era una reunión abierta en la que se encontraban todos los medios y que se estaba transmitiendo por el Canal del Congreso, por lo que podía ser del conocimiento de toda la ciudadanía.
Posteriormente señaló que se daría paso a la sesión de preguntas y respuestas, estableciéndose las intervenciones a un tiempo no mayor a 3 minutos con el propósito de que pudieran participar el mayor numero de diputados y por tanto desahogarse el mayor numero de dudas, aclaraciones o abundamientos que se juzgaran pertinentes.
En este sentido, el diputado Manuel Pérez Cárdenas, comentó que los trabajos de la Auditoría Superior son de índole técnica, persiguiendo que las cosas se hayan hecho en su tiempo de manera correcta, pues existe mucha información, evidentemente politizada. Señala que de conformidad a lo informado por el Auditor Superior ha quedado debidamente aclarado lo observado en su tiempo al Gobierno Federal. Por otro lado señaló que sobre el caso del IPAB, ojalá se pudiera tener acceso a una información más a detalle de esos 25 mil millones, para evitar confusiones en la aplicación de recursos, finalmente habló respecto a la simplificación administrativa, agregando que el informe rendido resulta tranquilizador en relación a la Cuenta Pública 2002.
El CPC Arturo González de Aragón procedió a contestar los cuestionamientos vertidos por el diputado que le antecedió en el uso de la palabra y le informó que el efecto económico de las observaciones era de 339 mil millones de pesos, pero que también se señalaba con toda claridad que esto no implicaba ni daño patrimonial ni efectos económicos ni responsabilidades, hasta en tanto no corriera el plazo para aclarar todas las observaciones que habían sido señaladas.
Respecto al IPAB aclaró que se hizo un consolidado de dos cuentas públicas, la de 2000 en la que fue observado la revisión del rescate bancario, con un monto de 47 mil 138 millones de pesos, y que de esos habían sido solventados 38,674; los que no fueron solventados 8 mil 464.8 millones de pesos a valor histórico, sobre lo cual la Auditoría Superior de la Federación se pronunció en el sentido de que las instituciones observadas no habían aportado los elementos probatorios suficientes, en función a ello actuó en consecuencia, dirigiendo comunicaciones a la Secretaría de Hacienda, a la Bancaria y al IPAB, solicitando la actualización y descuento de esos 8 mil 464.8 millones de pesos, lo que trajo como consecuencia la ya mencionada controversia constitucional, cuyo fallo se debe acatar, por lo que se recomendó a la Secretaría de la Función Pública que en uso de sus atribuciones realice las gestiones procedentes.
Finalmente, comentó en lo referente a la inobservancia de la norma, que no se trata de simples omisiones, sino de un incumplimiento a la norma, lo que trajo como consecuencia las observaciones hecha por la Auditoría Superior.
El diputado Presidente José Angel Ibáñez Montes exhortó al auditor superior de la Federación ajustar también sus participaciones de la manera más sucinta posible, así mismo lo solicitó a los señores diputados.
En el segundo turno hizo uso de la palabra la diputada María de los Dolores Padierna Luna, comento que ojalá se pudiera contar con un apartado por parte de la Auditoría Superior, en el cual se pudieran evaluar los resultados de gestión pública, hizo varios señalamientos respecto al primer año de gobierno del Presidente Fox, resaltando la importancia de hacer la evaluación en comento.
Señaló también que no se han realizado las acciones tendientes a iniciar la querella, contra la compañía ISOSA, para investigar fideicomisos semiprivados que tienen recursos públicos, por lo que solicito al Auditor que haga uso de la facultades que le confiere la Ley de Fiscalización Superior.
En relación al IPAB, señaló que es importante separar lo que es deuda pública de lo que no lo es, haciendo los comentarios pertinentes a este respecto, lo primero se refiere al programa de saneamiento y de intervenciones bancarias, lo segundo el programa de capitalización y compra de cartera en ese sentido señaló que si se analizaban todos los "banks reports", se establece muy claramente que ni Bancomer ni Banamex eran candidatos al programa de capitalización dado que su índice de capitalización era muy superior al 8% mínimo exigido en la ley, que estos bancos rebasaban el 11% y por lo tanto, no debieron haber sido ayudados por el gobierno con tantos recursos como se llevó a cabo.
Finalmente, felicitó a la Comisión de Presupuesto ya que se había enterado que como consecuencia de la reunión que en este momento les ocupaba saldría un dictamen para dar a conocer a los 500 legisladores y legisladoras los resultados de este informe definitivo.
Acto seguido, respondió el señor auditor superior de la Federación a la diputada Dolores Padierna para hacerle una serie de precisiones en cuanto a lo referido por ella, señalando en primer término que el informe de resultados incluye un apartado económico, posteriormente se refirió con ayuda del CP Juan Manuel Portal, a las acciones emprendidas por la Auditoría Superior en relación al SAT, entre las que destacan las solicitudes de información hechas directamente a Nafin e ISOSA.
En cuanto a los "banks reports", aclaró que serán materia de los próximos resultados, señaló que si existía confusión respecto al monto de los pagarés, a lo observado en relación a la revisión del rescate bancario se estaba en la mejor disposición para celebrar una reunión a efecto de poder presentar más a detalle lo presentado.
En el tercer turno de la primera ronda, el diputado Salvador Vega Casillas comentó que le parecía bastante alentador que el número de observaciones promovidas por la Auditoría Superior de la Federación, hayan sido en su mayoría solventadas y que existe un porcentaje muy menor a lo originalmente observado, hizo hincapié en la transparencia del trabajo de la Auditoría Superior de la Federación.
En el cuarto turno, el diputado Cesar Chávez Castillo, aclaró que es la primera vez que la revisión de la Cuenta Pública se realizó en función con la nueva ley, manifestó que la ley es perfectible, y que el tema de fincamiento de responsabilidades era esencial y fundamental, felicitando al Auditor en ese sentido.
En relación con el tema del IPAB y del Fobaproa, señaló que se buscará la forma de recuperar lo más que se pueda conforme a derecho y a la ley, pues se cuenta con recursos jurídicos y políticos para construir acuerdos que contribuyan a allegarse recursos.
Para finalizar la primera ronda, el diputado Jorge Luis Preciado comentó que reconocía el trabajo de la Auditoría Superior, en función de haber observado una cantidad importante durante la revisión de la Cuenta Pública de 2001, ya que de las observaciones hechas por la Auditoría Superior, en su conjunto casi llegaban al 100% las aclaraciones presentadas de acuerdo al informe que rendido por la propia Auditoría Superior. Respecto al IPAB manifestó que cuando opere el intercambio de pagarés en el 2006 resulta muy importante unirse para aclarar que fue lo que sucedió, y se puedan fincar las responsabilidades correspondientes.
El diputado Presidente José Angel Ibáñez Montes, manifestó que este tipo de reuniones debería de llenarlos a todos de satisfacción ya que se estaba cumpliendo con un tema de interés para la sociedad, el relativo a la Cuenta Pública de 2001, precisó que referente al presupuesto de la Auditoría Superior de la Federación en los próximos días se iba a celebrar una reunión de Mesa Directiva de la Comisión de Vigilancia con el Auditor Superior para poder revisar el uso eficiente de los recursos a fin de fortalecer la función de la fiscalización.
En el segundo turno de la segunda ronda, intervino el diputado Roberto Campa Cifrián, quien expresó su preocupación referente a proporcionar a la Auditoría Superior los recursos necesarios para el cumplimiento de sus funciones; así mismo señaló que en lo relativo al Fobaproa, entendía que existen una serie de tareas pendientes preguntando al Auditor Superior, si con la información que se tenía hasta el momento, se podría calcular cuanto podría ascender el monto del ahorro; finalmente, comentó que había revisado el documento que se entregó en el momento sobre la justificación de la Cámara de Diputados para dictaminar la Cuenta Pública de 2001, y preguntó ¿si la Cámara de Diputados tenía o no atribuciones para dictaminar la Cuenta Pública de 2001 con base en la ley que fue aprobada y que rige el desarrollo de las tareas de la Auditoría?
En uso del segundo turno de la segunda ronda el diputado Luis Maldonado Venegas, expresó que el año pasado un comunicado de la Conago pidió de manera expresa que la Auditoría Superior suspendiera la realización de las auditorías que se estaban aplicando al Ramo 33, y que deseaba conocer porque dada la ejecutividad con que se presentó el capítulo de inobservancia de la normatividad, ya no se profundizó en ese tema, concluyó su intervención preguntándole al señor Auditor Superior, ¿cual era el criterio de la propia Auditoría Superior para poder vigilar el ejercicio de los recursos de origen federal?
Para dar respuesta a los diputados que le antecedieron en el uso de la palabra de la segunda ronda el Auditor Superior de la Federación comentó en relación a los comentarios vertidos por el diputado Campa que desgraciadamente a la hora de aprobar el presupuesto adicional a la Auditoría Superior en los últimos dos años se han encontrado con promesas de todos los partidos y al final de cuentas algo pasa en el momento de la aprobación y resulta que la Auditoría Superior como sucedió este año, se le reduce el 52.4 por ciento del anteproyecto de presupuesto y a la Secretaría de la Función Pública se le sube el 21.7%.
Respecto al Fobaproa, señaló le repetiría lo contenido en las láminas, en virtud de que la Auditoría Superior no puede especular, sino trabajar con evidencias; concluyendo que son 34 mil millones de pesos a valor histórico, lo determinado como no solventado y que actualmente corresponde a 113 millones de pesos.
En relación al dictamen de la Cuenta Pública, precisó que hay otros elementos que hacen posible la dictaminación como lo son: el informe de Avance de Gestión Financiera, la propia Cuenta Pública que rinde el Ejecutivo al Legislativo, los estudios que hace el Centro de Estudios Económicos del Poder Legislativo y adicionalmente el informe de la Auditoría Superior de la Federación.
Concluyó esta intervención haciendo los señalamientos relativos a la participación del diputado Maldonado en relación a la Conago, señalando que efectivamente tuvo una plática con el gobernador de Durango entregándole un comunicado en el que se solicitaba se dejara de fiscalizar los recursos federales transferidos a estados y municipios, relata que señaló al gobernador aludido que la facultad de fiscalización se encuentra contenida en la Constitución, por lo que el argumento de la Conago, fundamentado en la interpretación de la Ley de Coordinación Fiscal, era errónea pues desde su punto de vista la ley superior es la Constitución, pues la Ley de Coordinación Fiscal se refiere a que en el momento de transferir los recursos para efectos de registro, pasan a ser propios, sin embargo no por ello pierden su naturaleza de origen, por lo que deben ser fiscalizados.
El diputado Presidente José Ángel Ibáñez Montes solicitó escuchar 2 intervenciones más para dar por concluida la sesión de preguntas de la segunda ronda.
Inició el diputado Raúl José Mejía González, y comentó que con la información que había proporcionado la Auditoría Superior de la Federación, se puede proceder a elaborar el dictamen y ponerlo a consideración de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, añadió que se necesita evaluar con profundidad a través de la fiscalización, a través de la rendición de cuentas y a la transparencia en coordinación con la Auditoría Superior la debida aplicación de los recursos que se destinan a las dependencias.
Como comentario final el Auditor Superior indicó que se tiene que construir un sistema de Evaluación del Desempeño, que es uno de los instrumentos previstos por el Ejecutivo Federal desde hace 5 años como una reforma presupuestal dentro de las cuales se incluya la nueva estructura programática, la formación de los sistemas de evaluación del desempeño establecidos y conformados por indicadores estratégicos de servicios y de gestión.
Para concluir la reunión de trabajo de Comisiones Unidas, el diputado José Francisco Rojas Gutiérrez Presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública externó que le parecía importante que la reunión se hiciera pública, ya que le permitía a la sociedad enterarse con mayor profundidad de lo que está sucediendo en la utilización de los recursos que con tantos sacrificios aporta. Señaló la importancia del trabajo desempeñado por la Auditoría Superior, aún cuando carece de recursos para realizar todas las tareas encomendadas, pidió comprensión por parte del Auditor Superior, señalando que la Comisión que preside, ha hecho también un esfuerzo para distribuir los recursos con los que se cuenta.
Manifestó su aceptación a los resultado presentados por la Auditoría Superior, señalando que en México se trabaja con honestidad, así mismo, comentó que todas las observaciones prácticamente habían sido solventadas, que se debe de pensar en la generalidad de la Cuenta Pública y que sus resultados han sido los correctos, que ha sido derivada de un trabajo de administración pública muy adecuado y que en aquellas especificidades o particularidades en donde no haya sido así, deberán investigarse hasta las últimas instancias; cualquier peso que haya sido desviado.
Se pronunció por un crecimiento de la cultura de rendición de cuentas, informando que se considerará en el seno de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública la emisión del dictamen para el periodo ordinario siguiente.
El diputado Presidente José Angel Ibáñez Montes precisó que como ésta había sido una reunión abierta, pública en la que han estado presentes los medios, esta vez a diferencia de otras, no se concluiría con una conferencia de prensa, dando por terminada la reunión siendo las 19:40 horas del día de su inicio.
Diputados: José Angel Ibáñez Montes (rúbrica), Presidente; Roberto Campa Cifrián (rúbrica), Rafael Sánchez Pérez (rúbrica), Homero Díaz Rodríguez, Salvador Vega Casillas (rúbrica), Dolores Padierna Luna (rúbrica), Manuel Velasco Coello (rúbrica), Joel Padilla Peña, Jesús Emilio Martínez Alvarez (rúbrica), secretarios; Eduardo Olmos Castro, Mario Moreno Arcos (rúbrica), Miguel Angel Osorio Chong (rúbrica), Francisco Javier Guízar Macías, Arturo Osornio Sánchez (rúbrica), Marcela Guerra Castillo (rúbrica), Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica), José Luis Flores Hernández (rúbrica), Francisco Monárrez Rincón (rúbrica), Blanca Gámez Gutiérrez (rúbrica), Edelmira Gutiérrez Ríos, Angel Pasta Muñuzuri, Manuel Pérez Cárdenas (rúbrica), Jorge Luis Preciado Rodríguez (rúbrica), Miguel Angel Rangel Avila (rúbrica), Gabriela Ruiz del Rincón (rúbrica), Javier Salinas Narváez (rúbrica), Carlos Hernán Silva Valdés (rúbrica), César Chávez Castillo (rúbrica), Guillermo Huízar Carranza, Angel Aguirre Rivero.