Dictámenes
DE LA TERCERA COMISION -DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS- DE LA COMISION PERMANENTE, CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A EXHORTAR AL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO A VIGILAR LA CONTRATACION DE DEUDA, YA SEA MEDIANTE CREDITOS BANCARIOS O LA COLOCACION DE BONOS EN EL MERCADO DE VALORES, A FIN DE QUE SE REALICE CON LAS MENORES TASAS POSIBLES Y SOLO PARA REFINANCIAR ADEUDOS QUE TENGAN MAYOR COSTO
HONORABLE ASAMBLEA:
Los integrantes de la Tercera Comisión: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas de la Comisión Permanente, con fundamento en las facultades que nos confieren los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás artículos relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos a la Consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen.
ANTECEDENTES
1.- El día 21 de enero del año en curso la Diputada, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó al Pleno de la Comisión Permanente, el siguiente punto de acuerdo.
Único.- Que la Tesorería del IPAB se abstenga de colocar los Bonos de Protección al Ahorro (BPA?s) y los Bonos de Protección al Ahorro con Pago Trimestral (BPAT) con tasas de interés distintas a los CETES que es la tasa a la que coloca sus bonos de deuda el Gobierno Federal, dado que las sobretasas que ha venido autorizando aumentan la deuda pública y elevan el costo fiscal del rescate bancario lo cual contraviene los objetivos que tienen señalados en la ley del Instituto de Protección al Ahorro Bancario.
2.- El mismo día, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, turnó a la Tercera Comisión: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas de la Comisión Permanente, el punto de acuerdo de referencia a efecto de su estudio, discusión y dictamen correspondiente.
Consideraciones:
El artículo 2° de la Ley del Instituto de Protección al Ahorro Bancario le da facultades al IPAB para colocación de bonos en el mercado de valores, obtener créditos de la banca comercial y la banca de desarrollo, siempre y cuando sean con el propósito de refinanciar sus pasivos.
De las necesidades financieras totales para 2004 de los programas de apoyo ahorradores (costo de la deuda y componente original incluido) por 200 mil millones de pesos, la Cámara de Diputados autorizó al IPAB un presupuesto de 24,665 millones de pesos.
El IPAB ha venido emitiendo bonos con vencimientos a 3 y 5 años con una sobretasa a la que el gobierno federal coloca su deuda en el mercado de valores a través de los CETES.
Como la propia proponente establece el 19 de julio del 2002 el IPAB contrató un crédito simple con Serfin por 8,936 millones de pesos a una tasa aplicable a este crédito de TIIE más 0.25 puntos porcentuales, con pago de intereses cada 28 días a un plazo de vencimiento de 10 años. La amortización del principal de este crédito se pactó en 10 pagos semestrales a partir de 2008.
Cabe resaltar que en el marco del articulo 2° de la ley del IPAB este crédito fue contratado para pagar por adelantado dos créditos contratados con Banamex y Banorte a una tasa de TIIE más 0.45% y tasa de TIEE mas 0.85% respectivamente.
Por lo que el crédito de Serfin permitió una disminución del costo del rescate bancario por 186.9 millones de pesos al ser contratado a una tasa inferior.
En la subasta de BPA?s del 21 de enero de 2004, el instituto ofrece una sobretasa de .44 por ciento para los bonos a 3 años y de .52 por ciento para los que vencen en 5 años. En ninguno de los dos casos es del .8 por ciento la sobretasa que paga el IPAB.
Es necesario comentar que los créditos que establecen entidades privadas e incluso otras entidades públicas las hacen a tasas considerablemente mayores a las que se encuentran manejando el IPAB. Tal es el caso de los BONDES que pagan sobretasas arriba de CETES mayores a los BPA?s del IPAB.
Finalmente es importante establecer que los bonos que emite el IPAB no son deuda pública y en consecuencia no pueden obtener las mismas tasas de colocación por parte del mercado.
DICTAMEN
La Tercera Comisión: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas de la Comisión Permanente, presenta a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Instituto para la Protección del Ahorro Bancario que vigile la contratación de deuda, ya sea a través de créditos bancarios o de la colocación de bonos en el mercado de valores, para que se haga con las menores tasas posibles y solo para refinanciar adeudos que tengan un mayor costo y que en consecuencia representen un ahorro a dicho Instituto.
Dado en el Salón de Comisiones,
a los 27 días del mes de enero de 2004.
Tercera Comisión -de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas- de la Comisión Permanente:
Sen. Héctor Larios Córdova (rúbrica), Presidente; Dip. Luis Antonio Ramírez Pineda (rúbrica), Dip. Dolores Padierna Luna (rúbrica), secretarios; Dip. Carlos Flores Rico (rúbrica), Dip. Federico Döring Casar (rúbrica), Dip. Francisco Barrio Terrazas, Dip. Heliodoro Díaz Escárraga (rúbrica), Dip. Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Dip. Minerva Hernández Ramos (rúbrica), Dip. Pedro Vázquez González (rúbrica), Dip. Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica), Sen. César Camacho Quiroz, Sen. Fernando Gómez Esparza (rúbrica), Sen. Juan José Rodríguez Prats (rúbrica), Sen. Rómulo Campuzano González.
(Aprobado en votación económica. Comuníquese. Enero 28 de 2004.)
DE LA TERCERA COMISION -DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS- DE LA COMISION PERMANENTE, CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LA COMPARECENCIA DEL SECRETARIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
HONORABLE ASAMBLEA:
Los integrantes de la Tercera Comisión: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas de la Comisión Permanente, con fundamento en las facultades que nos confieren los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás artículos relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos a la Consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen.
ANTECEDENTES
1.- El día 14 de enero del año en curso el Diputado Heliodoro Díaz Escárraga, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó al Pleno de la Comisión Permanente, el siguiente punto de acuerdo.
Único.- Se solicita la comparecencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público ante esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a fin de que precise la posición institucional del Ejecutivo Federal frente al Presupuesto de egresos pata el ejercicio fiscal 2004 en la perspectiva de la próxima Convención Nacional Hacendarla y explique detalladamente cuales son los criterios y los alcances del programa que reducirá su estructura de recursos humanos en 50 mil plazas en el marco del artículo 30 del referido presupuesto de egresos.
2.- El mismo día, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, turnó a la Tercera Comisión: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas de la Comisión Permanente, el punto de acuerdo de referencia a efecto de su estudio, discusión y dictamen correspondiente.
3.- También con Fecha del 14 de enero del año en curso el Diputado Pedro Vázquez del Partido del Trabajo, presentó al Pleno de la Comisión Permanente, el siguiente punto de acuerdo.
Uno.- Que la comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exige al C. Vicente Fox Quesada, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos a que dé estricto cumplimiento al artículo 30 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004.
4.- El mismo día, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, turnó a la Tercera Comisión, que dictamine el punto de acuerdo de referencia a efecto de su estudio, discusión y dictamen correspondiente.
Consideraciones:
La Cámara de diputados aprobó, en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 74 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el pasado 30 de diciembre, dentro del presupuesto de Egresos de la Federación en el capítulo III de las Disposiciones de Racionalidad y Austeridad Presupuestaria, un artículo 30 que establece un programa especial de reducción de costos y compactación de estructuras administrativas.
En ese sentido existe un desconcierto en cuanto a la presunta eliminación de 50 mil plazas de trabajadores al Servicio del Estado, lo que ha generado en la sociedad cierta incertidumbre.
Es por esta razón que consideramos conveniente el que se pueda generar un diálogo con respecto a los criterios que están utilizándose o habrán de utilizarse en función de la aplicación del artículo 30 del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2004.
Este mismo artículo 30, del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal del año en curso, establece como fecha límite el 15 de febrero de 2004, "para someter a la opinión de la Cámara, por conducto de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, un diagnóstico que incluya la cuantificación monetaria de los ahorros que se generarán y la estrategia de compactación de estructuras".
Es por esta causa que la solicitud de la comparecencia del Titular de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, sea en una fecha cercana al plazo establecido, respetando de esta forma los términos marcados en el mismo Presupuesto de Egresos.
DICTAMEN
La Tercera Comisión: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas de la Comisión Permanente, presenta a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión el siguiente dictamen de:
PUNTO DE ACUERDO
Único.- Se cita a comparecer a la brevedad posible ante la Tercera Comisión: Hacienda y Crédito Público; Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, al Titular de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, para que informe con respecto al diagnóstico que incluya la cuantificación monetaria de los ahorros que se generarán y la estrategia de compactación de estructuras que establece el artículo 30 del Presupuesto de Egresos.
Dado en el Salón de Comisiones, a los 27 días del mes de enero de 2004.
Tercera Comisión -de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas- de la Comisión Permanente:
Sen. Héctor Larios Córdova (rúbrica), Presidente; Dip. Luis Antonio Ramírez Pineda (rúbrica), Dip. Dolores Padierna Luna (rúbrica), secretarios; Dip. Carlos Flores Rico (rúbrica), Dip. Federico Döring Casar (rúbrica), Dip. Francisco Barrio Terrazas, Dip. Heliodoro Díaz Escárraga (rúbrica), Dip. Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Dip. Minerva Hernández Ramos (rúbrica), Dip. Pedro Vázquez González (rúbrica), Dip. Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica), Sen. César Camacho Quiroz, Sen. Fernando Gómez Esparza (rúbrica), Sen. Juan José Rodríguez Prats (rúbrica), Sen. Rómulo Campuzano González.
(Aprobado en votación económica. Comuníquese. Enero 28 de 2004.)
 
DE LA TERCERA COMISION -DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS- DE LA COMISION PERMANENTE, SOBRE EL EXHORTO AL EJECUTIVO FEDERAL A PROMOVER NUEVOS VOCALES DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
HONORABLE ASAMBLEA:
Los integrantes de la Tercera Comisión: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas de la Comisión Permanente, con fundamento en las facultades que nos confieren los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás artículos relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos a la Consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen.
ANTECEDENTES
1.- El día 14 de enero del año en curso la Diputada Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó al Pleno de la Comisión Permanente, el siguiente punto de acuerdo.
Único.- Que esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorte al Poder Ejecutivo a proponer nuevos vocales para sustituir a Héctor Reynaldo Tinoco Jaramillo quien ni fue elegido por las dos terceras partes de los miembros de la Comisión Permanente ni cumple con los requisitos exigidos por el artículo 75 de la Ley del IPAB; y asimismo suplir el cargo que Guillermo Ortiz Martínez está imposibilitado por ley a desempeñar en la Junta de Gobierno del IPAB.
2.- El mismo día, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, turnó a la Tercera Comisión: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas de la Comisión Permanente, el punto de acuerdo de referencia a efecto de su estudio, discusión y dictamen correspondiente.
CONSIDERACIONES:
La Tercera Comisión: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas de la Comisión Permanente del Primer Receso del Tercer Año de la LVIII, estableció que el C. Héctor Reynaldo Tinoco Jaramillo, reunía los requisitos, para desempeñar el cargo de vocal de la Junta de Gobierno del Instituto de Protección al Ahorro Bancario.
Dicha Comisión citó al ciudadano Tinoco e hicieron según consta en el dictamen que presentaron, un análisis cuidadoso de la información de su expediente, considerando tener "elementos suficientes de juicio para realizar una valoración sobre la capacidad, experiencia administrativa y profesional del C. Reynaldo Tinoco Jaramillo, y sobre el cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 78 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario".
En ese sentido la facultad que tienen los miembros de la Cámara de Senadores y en sus recesos, los integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión es la de ratificar mediante le voto de dos terceras partes de sus integrantes, las designación que realiza el titular del Ejecutivo de cuatro de los siete vocales que conforman la Junta de Gobierno del Instituto de Protección al Ahorro Bancario.
El pasado 26 de febrero se aprobó la ratificación del nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal realizó a favor del ciudadano Héctor Reynaldo Tinoco Jaramillo, como vocal de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, tal como consta en las actas correspondientes.
En ese sentido una vez siendo ratificado el vocal Héctor Reynaldo Tinoco Jaramillo, previa verificación de los requisitos que establece la ley, no compete al Congreso dirimir si este proceso se realizó conforme lo que establece la legislación al respecto.
DICTAMEN
La Tercera Comisión: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas de la Comisión Permanente, presenta a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión el siguiente dictamen de punto de acuerdo:
l.- La Comisión Permanente considera improcedente el exhortar al Ejecutivo a proponer nuevos vocales para sustituir a Héctor Reynaldo Tinoco Jaramillo, en virtud de que fue nombrado por el Ejecutivo Federal y ratificado por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, tal como lo establece la Ley del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.
2.- La Comisión Permanente exhorta al Titular del Ejecutivo Federal, a enviar a la brevedad posible las propuestas de sustitución de los dos vocales que están vacantes en la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.
Dado en el Salón de Comisiones, a los 27 días del mes de enero de 2004.
Tercera Comisión -de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas- de la Comisión Permanente:
Sen. Héctor Larios Córdova (rúbrica), Presidente; Dip. Luis Antonio Ramírez Pineda (rúbrica), Dip. Dolores Padierna Luna (rúbrica en contra), secretarios; Dip. Carlos Flores Rico (rúbrica), Dip. Federico Döring Casar (rúbrica), Dip. Francisco Barrio Terrazas, Dip. Heliodoro Díaz Escárraga (rúbrica), Dip. Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Dip. Minerva Hernández Ramos (rúbrica), Dip. Pedro Vázquez González (rúbrica en abstención), Dip. Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica), Sen. César Camacho Quiroz, Sen. Fernando Gómez Esparza (rúbrica), Sen. Juan José Rodríguez Prats (rúbrica), Sen. Rómulo Campuzano González.
(Aprobado. Comuníquese. Enero 28 de 2004.)
Proposiciones
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE SE IMPLANTEN Y -EN SU CASO- SE REFUERCEN TANTO PROGRAMAS COMO POLITICAS PUBLICOS PARA INCREMENTAR LA PARTICIPACION DE LAS MUJERES EN EL AMBITO LABORAL, PRESENTADA POR EL SENADOR ADALBERTO MADERO QUIROGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, EN LA SESION DE LA COMISION PERMANENTE DEL MIERCOLES 28 DE ENERO DE 2004
Quien suscribe, senador por el estado de Nuevo León e integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, ocurre a presentar punto de acuerdo, mediante el cual se recomienda al secretario del Trabajo y Previsión Social que implante y, en su caso, refuerce programas y políticas públicos con enfoque de equidad de género a fin de incrementar la participación de las mujeres en el ámbito laboral, en atención a las siguientes
Consideraciones
Primera. La Ley Federal del Trabajo, desde que fue aprobada por el Congreso de la Unión como reglamentaria del apartado "A" del artículo 123 de la Constitución General de la República, ha propugnado por el irrestricto respeto de los derechos laborales de todos los ciudadanos.
Gracias a ese ordenamiento, el Estado mexicano debe velar por el fiel cumplimiento para que mujeres y hombres de este país, en edad productiva, tengan acceso a un trabajo digno y remunerado, con el fin de que solventen sus necesidades y las de su familia, procurando que todas las fuentes de trabajo generen el progreso nacional, en un ámbito de justicia y equidad.
Las nuevas modalidades que ha asumido el aparato productivo nacional, así como la necesidad de contar con un presupuesto familiar que permita sufragar los gastos más apremiantes del hogar, han impulsado la integración cada vez más creciente de las mujeres a las distintas esferas de la actividad productiva.
En poco tiempo, las mujeres han ingresado en el sistema laboral, desempeñando funciones que tradicionalmente eran consideradas sólo para los hombres, sobre todo en la industria de transformación.
Además, han dejado de ser consideradas únicamente para trabajos de aseo de oficinas o -en el mejor de los casos- para auxiliares en el trabajo administrativo: han escalado hacia puestos de mayor responsabilidad, demostrando que cuentan con la capacidad y la habilidad necesarias para sacar adelante los grandes retos que demanda la sociedad globalizada.
No podemos dejar de destacar el mérito que arropa a millones de mujeres mexicanas que son, además de excelentes compañeras y madres, destacadas trabajadoras, empleadas, ejecutivas o políticas, entre otros puestos importantes.
Su desempeño personal fortalece la integración familiar y el crecimiento sostenido del país, por lo que debe estimularse su participación y garantizárseles una integración en condiciones de igualdad y equidad de género.
Si la mujer, además de ser portadora de la vida y pilar de las relaciones familiares, contribuye significativamente al Producto Interno Bruto del país, lo menos que pueden hacer las instituciones públicas y las privadas es propiciar condiciones legales y materiales para que la participación femenina sea más intensa, respetándose en todo momento sus derechos ciudadanos.
Segunda. La distribución de las actividades económicas y domésticas entre los hombres y las mujeres ha registrado cambios importantes en las últimas décadas.
Sin embargo, un importante sector de la población femenina aún desempeña papeles tradicionales, debido a resistencias sociales, culturales y estructurales que consideran que en el país debe imperar una asignación de funciones acorde con el género, por lo que la incorporación de las mexicanas en la vida productiva todavía está en espera de alcanzar mejores indicadores, lo que repercutirá notablemente en su persona, en su familia y en su comunidad.
Los datos que proporciona el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática respecto a la participación de las mujeres en el ámbito productivo permiten aseverar que en el país queda mucho por hacer para lograr su plena incorporación.
La Tasa General de Desempleo Abierto en 2003 fue de 3.25 por ciento. Sin embargo, en las mujeres tuvo un efecto de 3.46, mientras que en los hombres fue menor, de 3.12.
En contaste, en ese año, el porcentaje que los hombres representaron dentro de la Población Económicamente Activa fue de 73.53 por ciento, mientras que las mujeres alcanzaron un porcentaje de sólo 39.26.
En cuanto a la distribución porcentual de la población pensionada de 60 a 64 años, los hombres representan 19.5 por ciento y las mujeres 17.1. La diferencia entre ambos grupos aumenta más en el sector mayor de 65 años, donde las mujeres apenas si alcanzan 44.7 por ciento, mientras los hombres representan 55.6.
Otros datos corroboran la situación de desventaja femenina, como los que proporciona la Encuesta Nacional de Empleo correspondiente a 1999, donde se establece que las mujeres representan sólo 33.5 por ciento de los trabajadores asalariados del país, mientras que los hombres reportan 66.5.
En ese informe se consigna que los porcentajes que arrojan las mujeres en la población ocupada según su ocupación principal es el siguiente: 45.1, profesionales y técnicos; 23.1, funcionarios y directivos; 54.0, oficinistas; 49.4, comerciantes; 14.4, trabajadores agropecuarios; 24.8, bajadores industriales; y 39.8, trabajadores en servicios.
Mientras no se realicen acciones concretas que permitan superar las desigualdades cuantitativas y cualitativas que prevalecen en la participación de las mujeres y de los hombres en el ámbito laboral, será difícil mejorar los indicadores anteriores.
En la práctica, por el solo hecho de ser mujeres se les coloca en un grado de inferioridad respecto a sus compañeros de labores, debido a que por los múltiples perjuicios existentes sobre los tradicionales papeles femenino y masculino se generan actitudes de discriminación e intolerancia por parte de los responsables de manejar las políticas de empleo y contratación.
En lugar de considerar que las mujeres también tienen anhelos y aspiraciones como personas productivas que ambicionan contribuir al desarrollo de su familia y comunidad, los responsables de realizar las contrataciones de personal asumen posturas de iniquidad y prefieren ocupar fuerza de trabajo masculina, pese a que las mujeres reúnan condiciones profesionales para desarrollar la actividad que se delega a los hombres.
Las dificultades con que se encuentran las mujeres trabajadoras son innumerables: los patrones y las empresas las ven como una "merma" de sus metas de producción y, sobre todo, ven con desagrado que tienen que respetar los derechos considerados en la Ley Federal del Trabajo, específicamente la incapacidad de seis semanas previas y seis posteriores al alumbramiento.
Durante dicho tiempo se ven en la necesidad de contratar personal eventual para cubrir el puesto que dejan temporalmente las trabajadoras incapacitadas por razón del embarazo.
Por otra parte, a las mujeres que no son madres de familia se les observa con desconfianza, pues se piensa que en cualquier momento abandonarán el trabajo para contraer nupcias, haciéndoles nugatorios sus derechos de ascensos, que se otorgan a los hombres por la sola "razón de género", lo cual es desde luego violatorio del párrafo tercero del artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el cual queda expresamente prohibida la discriminación en los términos siguientes:
Artículo 3°. ...
...
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
Sin embargo, los censos laborales levantados en los últimos años demuestran que el abandono de las actividades productivas por parte de las mujeres trabajadoras no presenta índices que hagan suponer que su contratación representa grandes riegos para los patrones.
Por ejemplo, en la citada Encuesta Nacional de Empleo se establece que sólo 16.5 por ciento de las mujeres sin instrucción o primaria inconclusa dejó el trabajo para cuidar a los hijos, mientras que 21.9 habría cursado nivel superior a primaria.
De las mujeres que renunciaron a un trabajo remunerado, sólo 22.8 era casado. Por tanto, las mujeres trabajadoras que contribuyen al sustento del hogar y procrean varios hijos no tienen una tendencia marcada a abandonar sus actividades laborales.
Tercera. Debe reconocerse que las políticas laborales actuales siguen imponiendo barreras y un injusto trato a las trabajadoras, en detrimento del desarrollo nacional, pues se les otorga un trato discriminatorio y, consecuentemente, injusto por el solo hecho de ser mujeres.
Pese a los importantes programas y a las acciones implantados, como Proequidad y el Instituto Nacional de las Mujeres, deben multiplicarse más esfuerzos, a fin de que la administración pública, las organizaciones privadas y las instituciones civiles desarrollen de manera conjunta estrategias para garantizar la plena incorporación de las mujeres en el mundo del trabajo y se corrijan las diferencias en materia de oportunidades, contratación y ocupación entre hombres y mujeres.
Así como el Gobierno Federal ha reconocido desde 2003 las políticas de contratación femenina que ha desarrollado un importante número de empresas nacionales e internacionales mediante el modelo de equidad y género, es necesario que implanten más políticas públicas que fomenten el empleo de los miles de mujeres mexicanas que están en espera de una oportunidad.
En este sentido, surge la necesidad de acciones que fomenten el respeto irrestricto del derecho al trabajo de las mujeres. Además, los derechos referidos se encuentran considerados y reconocidos en los artículos 4° y 5° de la Ley Suprema.
Por consiguiente, toda mujer trabajadora y todo hijo de madre trabajadora deben tener garantizados sus derechos individuales y sociales, que tienen aceptación y reconocimiento no sólo en la Carta Magna y en la Ley Federal del Trabajo sino, también, en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, la Mujer y los Niños, entre otros tratados internacionales, a los que la legislación otorga jerarquía constitucional.
En consecuencia, resulta apremiante que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social implante programas en beneficio de las trabajadoras, poniendo en práctica dichos programas a fin de garantizar el respeto irrestricto de los derechos inalienables de las mujeres.
Nunca como ahora se requiere la cuota productiva que son capaces de generar las mujeres del país, ya que sólo con su contribución podremos incrementar el Producto Interno Bruto, ser más competitivos a escala internacional y, desde luego, lo que es más importante: mejorar el ingreso de miles de familias que hasta hoy dependen únicamente del gasto que reporta el padre.
Por consiguiente, la incorporación plena de las mexicanas en el ámbito laboral generará las condiciones más favorables para alcanzar el crecimiento económico y el desarrollo social sustentable.
De ahí que resulte impostergable fortalecer con una visión de género las políticas públicas que actualmente se implantan en el ámbito de las relaciones laborales.
Si en verdad queremos superar los prejuicios bonapartistas o victorianos, que tanto han dañado la imagen y la potencialidad de las mujeres, debemos incrementar medidas de acción afirmativa que favorezcan los mecanismos de acceso, ejercicio y desempeño de las mujeres a la actividad productiva.
Se requiere que el Gobierno Federal elabore de manera estructural y sistemática, mediante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, diversos programas permanentes de contratación, capacitación y monitoreo para el trabajo de las mujeres.
La equidad en el acceso al ámbito laboral es un principio de las democracias modernas que plantea la igualdad de oportunidades en el ejercicio de todos los derechos y la articulación entre los intereses sociales, políticos y de género.
Garantizar a las mexicanas un papel decoroso en la vida productiva para que alcancen su desarrollo personal es una condición sin la cual no pueden construirse una sociedad, un gobierno y un Estado democrático con rostro humano.
Por lo anterior, se somete a la consideración del Pleno, conforme a lo establecido en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el siguiente
Punto de Acuerdo
Unico. La H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión recomienda al secretario del Trabajo y Previsión Social que implante y, en su caso, refuerce programas y políticas públicos con enfoque de equidad de género, a fin de incrementar la participación de las mujeres en el ámbito laboral.
Salón de Sesiones del H. Senado de la República, a los 28 días del mes de enero de 2004.
Sen. Adalberto Madero Quiroga (rúbrica)
(Turnada a la Primera Comisión. Enero 28 de 2004.)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR AL GOBIERNO FEDERAL A REVISAR LAS REGLAS DE OPERACION DE LOS PROGRAMAS SOCIALES, PRESENTADA POR EL DIPUTADO LUIS MALDONADO VENEGAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA, EN LA SESION DE LA COMISION PERMANENTE DEL MIERCOLES 28 DE ENERO DE 2004
Los que suscriben, diputados federales del grupo parlamentario de Convergencia, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes
Consideraciones
La transición a la democracia en nuestro país ha sido un proceso desigual, de altibajos y carente de una visión de Estado. Mientras que en los procedimientos electorales de acceso al poder, en lo fundamental, ya predominan la confianza y la certeza jurídica, en otras asignaturas, como la de la transparencia, hay aún un largo camino por recorrer.
La transparencia y la rendición de cuentas son consustanciales a todo régimen democrático. Sin embargo, en nuestro país, y de manera particular en algunos estados de la República, siguen predominando las prácticas y los vicios del viejo régimen: la simulación, la corrupción, el patrimonialismo y el uso de los recursos públicos para fines electorales.
El ejercicio democrático y transparente del poder no sólo son ni, mucho menos, los informes anuales ante los Congresos respectivos, las inserciones pagadas en los periódicos, la información estadística en las páginas de Internet, la utilización del diálogo por encima del uso de la fuerza pública y el respeto del Estado de derecho.
El ejercicio democrático y transparente del poder significa eso y más: que los recursos públicos se manejen con honestidad y transparencia, y que la información gubernamental en materia de programas y presupuestos circule libremente y se brinde a toda la sociedad, sin cortapisas.
La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental representa gran avance para generar una cultura de rendición de cuentas por las dependencias públicas federales.
Empero, es insuficiente aún para contrarrestar la infinidad de vacíos legales y acciones discrecionales que los servidores públicos, de los diferentes ordenes de gobierno, utilizan a la hora de aplicar los programas y los recursos públicos.
Se requiere que cada programa y partida presupuestal sean conocidos públicamente; que cada municipio y comunidad conozcan con anticipación de los tiempos, montos, programas o tipo de obra, y que se enteren que las acciones de gobierno no son una concesión gratuita sino un servicio público que por ley la autoridad debe cumplir.
El ejercicio transparente de los programas y las obras sociales debe realizarse con toda imparcialidad y honestidad. La efervescencia electoral de este año, si no somos vigilantes, puede arrastrar todos los programas y presupuestos públicos a situaciones que tergiversen el objetivo primordial de ellos: la lucha contra la pobreza y la exclusión social.
No debemos permitir que los recursos de los programas sociales tengan un propósito distinto de aquel a que están destinados.
Por todo lo anterior, el grupo parlamentario de Convergencia propone a esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Unico. Esta soberanía exhorta al Gobierno Federal a revise las reglas de operación de los programas sociales, permitiendo con ello la difusión pública y la transparencia del destino y monto presupuestal de cada uno de los programas para evitar que los recursos públicos y las acciones se utilicen con fines electorales.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de enero de 2004.
Diputados: Jesús E. Martínez Alvarez, Luis Maldonado Venegas (rúbrica).
(Turnada a la Primera Comisión. Enero 28 de 2004.)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE EXHORTAR A PETROLEOS MEXICANOS A TOMAR MEDIDAS ORIENTADAS A RESOLVER EL RIESGO QUE IMPLICAN LA VENTA, DESAPARICION O SUBUTILIZACION DE LA TERMINAL MARITIMA DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO DAVID HERNANDEZ PEREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA SESION DE LA COMISION PERMANENTE DEL MIERCOLES 28 DE ENERO DE 2004
Los suscritos diputados federales, Sergio Posadas Lara y David Hernández Pérez, integrantes del Partido Revolucionario Institucional, y parte del sector obrero, con fundamento en los artículos 58 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Desde el inicio de la administración del C. Raúl Muñoz Leos, director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), le hemos escuchado mencionar que la empresa se encuentra en problemas fiscales y financieros y, por ello, en una crisis económica.
Sin embargo, la falta de voluntad y visión le ha impedido aceptar que cuenta con un centro de trabajo que tiene la capacidad no sólo de brindar el servicio de reparación a la flota petrolera nacional, sino que está en condiciones de atender a embarcaciones de cualquier país y, con ello, generar ingresos importantes a la empresa, protegiendo e impulsando empleos directos e indirectos para contribuir al crecimiento y fortalecimiento económico del país.
En la terminal marítima de Ciudad Madero, Tamaulipas, se efectúa la reparación general de los buques tanque de Pemex, con capacidad de atender barcos de cualquier dimensión, sin distinción de nacionalidad, con una capacidad en el dique seco de 55 mil toneladas de peso muerto.
La terminal posee una ubicación estratégica, el dique tiene 250 metros de largo, 40 de ancho y 15 de profundidad y es el único de que Pemex dispone en toda la República.
La terminal marítima de Ciudad Madero cuenta con el equipo necesario para manejar entradas y salidas de las embarcaciones, integrada con personal sumamente capacitado en las diversas especialidades requeridas en la reparación con la calidad certificada de que precisan las embarcaciones tanto en seco como a flote.
Los buques tienen que entrar en dique seco para cumplir los requisitos de las sociedades clasificadoras internacionales, a fin de mantener la certificación del buque y garantizar la vigencia de las pólizas por parte de la aseguradora para sus efectos en caso de siniestros parciales o de pérdida total.
Las sociedades clasificadoras exigen mantenimiento en dique seco mínimo cada cinco años, efectuando una inspección especial, donde se revisan casco y tanques, comprobando el espesor de placas estructurales, ordenando cambio de acero para cumplir las especificaciones establecidas, se verifican los estados de componentes y el funcionamiento de la pala de timón, de la bocina del eje de cola, solicitando sustituciones cuando resulta necesario.
Pese a la excelente calidad con que se labora en esa terminal marítima, funcionarios de Pemex han señalado que es improductiva y poco rentable para la empresa, amenazando con la eventual desaparición de la terminal.
Es evidente que los funcionarios de Pemex no han realizado un diagnóstico que fundamente la supuesta improductividad, ni reflexionado sobre la importancia real de la terminal en la distribución de productos derivados del petróleo y mucho menos se quiere aceptar que históricamente este centro de trabajo ha brindado servicio de calidad a nuestra flota petrolera, a barcos de otras empresas y de otras naciones.
De permitir el cierre de esa terminal, se tendrá que contratar un lugar externo, ya sea Talleres Navales del Golfo, el único lugar en México con las dimensiones necesarias, o -en su defecto- en el extranjero, ocasionando una serie de agravantes, como las siguientes:
Tiempo perdido de posible utilización del buque tanque en cuestión, con la afectación de la distribución nacional de productos derivados del petróleo hasta encontrar y contratar un dique que tenga espacio y acepte atenderlo en sus instalaciones:
Incremento del costo operativo del buque por estar inactivo.
Contratación de buques extranjeros para suplir sus funciones, ocasionando fuga de divisas, pues no hay ese tipo de buques en México, además de los de Pemex.
Alteración del programa de inspección en dique para cumplir los requisitos de las sociedades clasificadoras.
Como antecedente, algunos buques que en años recientes han sido reparados en el extranjero han tenido los costos siguientes:
La reparación en el dique de Panamá del buque Nuevo Pemex IV, en 2000, con un costo de 15 millones de dólares.
En 2001 se repararon en el dique de Curazao, por una falla en el sistema de gobierno, el buque Nuevo Pemex II; en el dique Movile de Alabama, Estados Unidos, el buque Chac; y en España, el buque Sebastián Lerdo de Tejada, con erogaciones millonarias.
Estamos hablando de gastos millonarios, que superan fácilmente el mantenimiento y el salario anual de todos los trabajadores de la terminal marítima de Ciudad Madero.
En esa terminal, de 1993 a 1999, se repararon 38 buques, lo que representó un promedio de 5.4 por año.
De 2000 a 2003 se repararon sólo 6 buques (1.5 por año), lo que representa una reducción de 260 por ciento en su operación y significa que el resto se reparó en el extranjero, ocasionando gran incremento en costos para Pemex, dejando de usar la mano de obra calificada, además de las instalaciones mexicanas.
La atención de la flota menor, remolcadores, lanchas y chalanes en un alto porcentaje ha dejado de atenderse en esa terminal, pese a contar con un dique flotante de 60 metros de longitud y 16 de ancho y 850 toneladas de capacidad de transferencia, en una plataforma de 8,000 metros cuadrados de superficie, con personal calificado y experimentado.
De 54 embarcaciones reparadas de 1993 a 1999, en el periodo 2000-2003 se han atendido sólo 6, lo que demuestra la desviación de servicios y provoca la supuesta crisis de la terminal marítima de Ciudad Madero y que esto coincide con la nueva administración, la cual no ha logrado establecer la dinámica y la capacidad de respuesta que esa terminal brindaba a la flota petrolera nacional y extranjera antes de su arribo a esta empresa paraestatal.
La inexperiencia, el desconocimiento y la falta de voluntad de fortalecer el sector laboral han sido las características que identifican a los actuales administradores responsables de tan importante terminal marítima.
La actual administración de Pemex, además de no generar más empleo, pone en riesgo las plazas existentes y trata de encubrir su incapacidad para mejorar el funcionamiento del dique seco de Ciudad Madero, con decisiones sin fundamento y gastando en reparaciones de buques en el extranjero.
Con base en las consideraciones anteriores y por la apremiante necesidad del fortalecimiento e incremento de empleos, además de la necesidad de crear opciones reales que permitan disminuir costos incrementando la eficiencia que requiere Pemex, me permito, en nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, poner a consideración de esta Comisión Permanente la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Unico. Se hace una atenta invitación al ingeniero Raúl Muñoz Leos, director general de Petróleos Mexicanos, para que comparezca ante esta Comisión Permanente a efecto de que informe sobre la situación que guarda la terminal marítima de Ciudad Madero, Tamaulipas.
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 28 días de enero de 2004.
Diputados: David Hernández Pérez (rúbrica), Sergio Arturo Posadas Lara.
(Turnada a la Primera Comisión. Enero 28 de 2004.)
