Turnos
DICTADOS A INICIATIVAS EN LAS SESIONES DEL JUEVES 9 Y MARTES 14 DE DICIEMBRE DE 2004
Turnadas el 9 de diciembre de 2004
Que reforma y adiciona el párrafo segundo del artículo 38 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo del diputado Omar Bazán Flores, del grupo parlamentario del PRI.
(Turnada a la Comisión de Vivienda. Diciembre 9 de 2004.)
Que reforma y adiciona el artículo 46 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Carlos Noel Tiscareño Rodríguez, del grupo parlamentario del PAN.
(Turnada a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. Diciembre 9 de 2004.)
Que deroga las fracciones IV y V del artículo 114 de la Ley de Estímulos, Premios y Recompensas Civiles, a cargo del diputado Manuel Velasco Coello, del grupo parlamentario del PVEM.
(Turnada a la Comisión de Gobernación. Diciembre 9 de 2004.)
Que reforma el artículo 34 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, a cargo del grupo parlamentario del PT.
(Turnada a la Comisión del Distrito Federal. Diciembre 9 de 2004.)
Que reforma y adiciona los artículos 1, 19 y 66 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo del diputado José Alfonso Muñoz Muñoz, del grupo parlamentario del PRI.
(Turnada a la Comisión de Juventud y Deporte. Diciembre 9 de 2004.)
Que reforma el párrafo primero del artículo 112 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Norma Patricia Saucedo Moreno, del grupo parlamentario del PAN.
(Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. Diciembre 9 de 2004.)
Que reforma los artículos 17 y 18 de la Ley Agraria, a cargo del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del grupo parlamentario del PVEM.
(Turnada a la Comisión de Reforma Agraria. Diciembre 9 de 2004.)
Que reforma la fracción XXVII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el párrafo tercero del artículo 3º de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, y expide la Ley que Crea la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.
(Turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Radio, Televisión y Cinematografía. Diciembre 9 de 2004.)
Que reforma y adiciona los artículos 6 de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional, en el Ramo del Petróleo; y 4° de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, a cargo del diputado Federico Barbosa Gutiérrez, del grupo parlamentario del PRI.
(Turnada a la Comisión de Energía. Diciembre 9 de 2004.)
De Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Pesca.
(Turnada a la Comisión de Pesca. Diciembre 9 de 2004.)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, a cargo del diputado Óscar Pimentel González, del grupo parlamentario del PRI.
(Turnada a las Comisiones Unidas de Energía, y de Gobernación. Diciembre 9 de 2004.)
Que reforma y adiciona los artículos 72 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de veto presidencial, a cargo del diputado Iván García Solís, del grupo parlamentario del PRD.
(Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. Diciembre 9 de 2004.)
Que reforma los artículos 32 y 110 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en materia de clarificación de la normatividad en materia de alimentación, suscrita por los diputados María Cristina Díaz Salazar y Armando Neyra Chávez, del grupo parlamentario del PRI.
(Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Diciembre 9 de 2004.)
Que adiciona una fracción XXIV al artículo 9, y la fracción IV al artículo 20 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, a cargo de la diputada Martha Leticia Rivera Cisneros, del grupo parlamentario del PAN.
(Turnada a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Diciembre 9 de 2004.)
Que reforma el párrafo cuarto del artículo 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, a cargo de la diputada Jacqueline Argüelles Guzmán, del grupo parlamentario del PVEM.
(Turnada a la Comisión de Economía. Diciembre 9 de 2004.)
Que reforma el artículo 26 de la Ley General de Desarrollo Social, respecto a las reglas de operación de los programas de desarrollo social, a cargo del diputado Elpidio Concha Arellano, del grupo parlamentario del PRI.
(Turnada a la Comisión de Desarrollo Social. Diciembre 9 de 2004.)
De Ley Federal de Actividades de Promoción de Intereses de Particulares, a cargo de los diputados Antonio Morales de la Peña y Federico Döring Casar, del grupo parlamentario del PAN.
(Turnada a la Comisión de Gobernación. Diciembre 9 de 2004.)
Que reforma el artículo 321 del Código Penal Federal, para crear otras calificativas en el delito de homicidio, a cargo del diputado José Porfirio Alarcón Hernández, del grupo parlamentario del PRI.
(Turnada a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Diciembre 9 de 2004.)
Que reforma y adiciona los artículos 108, 109, 110, 111, 112, 113 y 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Álvaro Elías Loredo, del grupo parlamentario del PAN.
(Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. Diciembre 9 de 2004.)
De Ley para la Protección y Fomento de las Semillas Mejoradas y Variedades Nativas Mexicanas, a cargo del diputado Víctor Suárez Carrera, del grupo parlamentario del PRD.
(Turnada a la Comisión de Agricultura y Ganadería. Diciembre 9 de 2004.)
Que reforma y adiciona el artículo 112-A de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, a cargo de la diputada Jacqueline Argüelles Guzmán, del grupo parlamentario del PVEM.
(Turnada a la Comisión de Economía. Diciembre 9 de 2004.)
Que reforma los artículos 419, 420, 421 y 422, y adiciona un artículo 421 Bis, todos de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del PRI.
(Turnada a la Comisión de Salud. Diciembre 9 de 2004.)
Que reforma la fracción I del artículo 185 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Fernando Espino Arévalo, del grupo parlamentario del PVEM.
(Turnada a la Comisión de Salud. Diciembre 9 de 2004.)
Que adiciona una fracción XIV al artículo 403 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Quintín Vázquez García, del grupo parlamentario del PRI.
(Turnada a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Diciembre 9 de 2004.)
Que adiciona una fracción XXXVII al artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para crear una comisión ordinaria que se corresponda con la Secretaría de la Función Pública, suscrita por los diputados Francisco Ruiz Monárrez Rincón y Juan Carlos Pérez Góngora, del grupo parlamentario del PRI.
(Turnada a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. Diciembre 9 de 2004.)
Que reforma el párrafo quinto del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y diversos artículos de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Alberto Jiménez Merino, del grupo parlamentario del PRI.
(Turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Recursos Hidráulicos. Diciembre 9 de 2004.)
Que reforma los artículos 61 y 112 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de inviolabilidad e inmunidad parlamentarias, a cargo del diputado Fernando Donato de las Fuentes Hernández, del grupo parlamentario del PRI.
(Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. Diciembre 9 de 2004.)
De Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Braceros Mexicanos, a cargo del diputado Marco Antonio Gama Basarte, del grupo parlamentario del PAN.
(Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Diciembre 9 de 2004.)
Que adiciona un segundo párrafo al artículo 29 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a cargo del diputado Alejandro Murat Hinojosa, del grupo parlamentario del PRI.
(Turnada a la Comisión de Gobernación. Diciembre 9 de 2004.)
Que reforma el artículo 10, primer párrafo, de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Jesús Humberto Martínez de la Cruz, del grupo parlamentario del PRI.
(Turnada a la Comisión de Recursos Hidráulicos. Diciembre 9 de 2004.)
Que reforma diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para garantizar la igualdad de oportunidades y la no discriminación en el ejercicio del voto, a cargo del diputado Guillermo Tamborrel Suárez, del grupo parlamentario del PAN.
(Turnada a la Comisión de Gobernación. Diciembre 9 de 2004.)
Que crea la Ley del Instituto de Coordinación de Transferencia de Facultades Federales, a cargo del diputado Francisco Javier Guízar Macías, del grupo parlamentario del PRI.
(Turnada a la Comisión de Gobernación. Diciembre 9 de 2004.)
Que adiciona el primer párrafo del artículo 5º de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, a cargo del diputado Francisco Javier Guízar Macías, del grupo parlamentario del PRI.
(Turnada a la Comisión de Gobernación. Diciembre 9 de 2004.)
Que reforma la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, a cargo del diputado Francisco Javier Guízar Macías, del grupo parlamentario del PRI.
(Turnada a la Comisión de Energía. Diciembre 9 de 2004.)
Que reforma el artículo 45 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Francisco Herrera León, del grupo parlamentario del PRI.
(Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Diciembre 9 de 2004.)
Que reforma las fracciones IX y XXII y adiciona la fracción XXIII del artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Gonzalo Moreno Arévalo, del grupo parlamentario del PRI.
(Turnada a la Comisión de Gobernación. Diciembre 9 de 2004.)
Que reforma los artículos 2, 8, 11, 21, 28, 34, 53 y 63 de la Ley Federal de Sanidad Animal, a cargo del diputado Gonzalo Moreno Arévalo, del grupo parlamentario del PRI.
(Turnada a la Comisión de Agricultura y Ganadería. Diciembre 9 de 2004.)
De Ley que crea el Fideicomiso de Administración del Fondo para el Fortalecimiento e Integración de la Cadena Productiva del Tequila y protección de su denominación de origen, a cargo del diputado Lázaro Arias Martínez, del grupo parlamentario del PRI.
(Turnada a la Comisión de Hacienda. Diciembre 9 de 2004.)
Turnadas el 14 de diciembre de 2004
Que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Correduría Pública, a cargo de la diputada Nora Elena Yu Hernández, del grupo parlamentario del PRI.
(Turnada a las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos y de Economía. Diciembre 14 de 2004.)
De Ley que Crea la Universidad a Distancia, a cargo del diputado Juan Pérez Medina, del grupo parlamentario del PRD.
(Turnada a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos. Diciembre 14 de 2004.)
Que reforma la fracción I del artículo 186 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del grupo parlamentario del PVEM.
(Turnada a la Comisión de Salud. Diciembre 14 de 2004.)
Que reforma los artículos 2 y 6 de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, a cargo del diputado Miguel Amezcua Alejo, del grupo parlamentario del PRI.
(Turnada a la Comisión de Gobernación. Diciembre 14 de 2004.)
Que reforma los artículos 38 y 38 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo de la diputada Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán, del grupo parlamentario del PVEM.
(Turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Diciembre 14 de 2004.)
Que reforma el artículo 109, fracción XXVI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo de la diputada Sofía Castro Ríos, del grupo parlamentario del PRI.
(Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Diciembre 14 de 2004.)
Que reforma el párrafo primero del artículo 43 y el párrafo primero del artículo 104 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Alejandro Agundis Arias, del grupo parlamentario del PVEM.
(Turnada a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. Diciembre 14 de 2004.)
Que adiciona un artículo 225 a la Ley del Impuesto sobre la Renta y se adiciona la fracción XV al artículo 17 de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2006, a cargo del diputado Raúl Piña Horta, del grupo parlamentario del PVEM.
(Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Diciembre 14 de 2004.)
Que reforma los artículos 2, 3, 17 Bis, 130, 146, 155, 156, 157, 409 y 463 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Leonardo Álvarez Romo, del grupo parlamentario del PVEM.
(Turnada a la Comisión de Salud. Diciembre 14 de 2004.)
Que reforma el segundo párrafo del artículo 3 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y el artículo 2 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y deroga el inciso k) del artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, a cargo del diputado Lino Celaya Luría, del grupo parlamentario del PRI.
(Turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Justicia y Derechos Humanos. Diciembre 14 de 2004.)
Conclusiones
DE LA COMISION DE ECONOMIA, DEL FORO SOBRE PROBLEMÁTICA DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA EN EL PAÍS, REALIZADO EL MARTES 23 DE NOVIEMBRE DE 2004
Diagnóstico de la problemática sobre los vehículos usados de procedencia extranjera
Ponente: Lic. Emilio Mozo
Dirección General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología de la Secretaría de Economía
Postura: En contra de adelantar los términos del TLCAN
Visión de la problemática
En el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TLCAN, México negoció un periodo de transición de 10 años para la apertura comercial en vehículos, el esquema de apertura comercial gradual, conforme al párrafo 23 del apéndice 300 A.2 de este Tratado, consiste en que México permitiría la importación de vehículos usados hasta el 1º. de enero de 2009. En esta fecha inicia el periodo de apertura, permitiendo la importación de vehículos usados con 10 años de antigüedad y reducción de la misma en los siguientes años hasta la liberación total en el año 2019.
Este periodo constituye el marco de referencia para la planeación de la producción y de las inversiones por parte de las empresas de la industria automotriz nacional.
La regularización de vehículos ilegales adelantaría los tiempos de la apertura comercial, permite que tomen ventaja en el mercado aquellos actores no fabricantes que no respetan el periodo de la apertura, ocasionando que México incumpla con sus compromisos internacionales.
Se acordó que la regularización de 2001 fuera la última regularización, así como respetar los tiempos de la apertura comercial en vehículos usados.
La industria automotriz se ha apegado a dicho acuerdo, por lo que otra regularización mandaría una señal de no respeto al periodo de apertura del TLCAN.
En este contexto, la Secretaría de Economía no se opone a la apertura comercial en vehículos usados, sino a que se adelanten sus tiempos con regularizaciones de vehículos ilegales, situación que traería grandes problemas de seguridad vial, contaminación ambiental, además de los mencionados anteriormente, y el incumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos por México en el marco de ese Tratado.
En este sentido, no hay una oposición como tal; simple y sencillamente lo que se pretende es respetar los tiempos de los acuerdos que México negoció con América del Norte.
Ponente: Lic. María Elena Carrillo Pretalia
Directora de Comercio Exterior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Postura: En contra de una regularización
Visión de la problemática
En la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se aplica la política económica que dicta la Secretaría de Economía.
El Tratado de Libre Comercio con América del Norte prevé que a partir del 1º de enero del 2009 se liberará la importación de vehículos usados a México y que tenga por lo menos 10 de antigüedad. En el año 2019 es cuando quedan totalmente desgravados.
Para efecto de que en ese tiempo de desgravación se pudiera fortalecer la industria automotriz en México y hacer todos los cambios y sobre todo vigilar el medio ambiente. Ya se ha dicho que es un verdadero problema que todos estos vehículos que en otro país son realmente chatarra puedan circular en deterioro de nuestro medio ambiente.
Se han emitido 14 decretos de regularización desde el 83 y es uno tras otro, uno tras otro, son 14 y el último ha sido el de la Ley Aduanera. En los artículos 137 bis al 137 bis 9 establece que las personas físicas que residan en la franja fronteriza norte, así como en los estados de Baja California y Baja California Sur, y en el municipio fronterizo de Cananea podrán importar vehículos usados, siempre y cuando estén destinados a permanecer en estas regiones.
Actualmente existen muchísimos vehículos usados de procedencia extranjera ilegales en el país. Por ello hay un acuerdo intersecretarial con las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, de Economía, de Hacienda y Crédito Público, Seguridad Pública, la Función Pública, el Servicio de Administración Tributaria.
El que se esté pretendiendo regularizar lo ilegal. La presente administración se ha fijado como un compromiso prioritario con la sociedad y con los sectores productivos, el respeto a la ley y el apoyo a la competitividad y para ello combatir la ilegalidad es un factor prioritario. La experiencia obtenida en todos los programas de regularización que se han implementado, ha sido que surjan nuevas organizaciones ejerciendo presión política, ofrecen expectativas de regularización, a quien busca oportunidades se le hace peligrosamente fácil ofrecer expectativas de regularización.
Esto genera un descontento en la sociedad que exige el respeto del estado de derecho, manifestándose en contra de las medidas que otorgan un beneficio para los que, a pesar de haber cometido un delito se les premia con la regularización y con un cobro simbólico de las contribuciones correspondientes.
Los vehículos que pretenden regularizarse corresponden a modelos atrasados y deteriorados, unidades que se consideran chatarra, no cumplen con las normas ambientales en su país de origen y su estancia en territorio nacional agravan el problema de contaminación ambiental en México.
Investir de legalidad un acto ilícito atenta al estado de derecho, ya que se otorga una ventaja ilegítima a quienes introdujeron o conservan un vehículo ilegal en territorio nacional, en contra de los propietarios de vehículos que cumplieron con las disposiciones legales.
La fortaleza del a economía radica entre otros factores, en la certeza jurídica que los inversionistas, sectores productivos y la sociedad mínima perciben en el respeto y aplicación de los diversos ordenamientos jurídicos, por ello acceder a regularizar los vehículos ilegales tendría, entre otros impactos, los siguientes:
Desalentar la inversión privada nacional y extranjera directa tan necesaria para nuestro país, la cual genera crecimiento económico y que frente a un mercado internacional tan comprometido, resulta difícil de atraer cuando no se tiene un escenario de certidumbre y respeto a los compromisos y a las reglas establecidas.
Uno de los parámetros de medición que utiliza el Banco Mundial para determinar el grado de inversión de un país es el estado de derecho, por lo que con una posible regularización del contrabando se corre el riesgo de que el gado de riesgo-país aumente con la consecuente pérdida de credibilidad, la posible pérdida de fuentes de empleos directos e indirectos en el sector automotriz, así como la pérdida de competitividad en el mismo.
Ponente: Lic. Mario Córdoba López
Administrador Central de Fiscalización Aduanera. Servicio de Administración Tributaria
Postura: En contra de una regularización
Visión de la Problemática
La problemática de autos ilegales parte de un punto esencialmente económico. Están entrando tantos vehículos a México ilegalmente, muchas veces pasan por la frontera legalmente, aun posteriormente se convierte en ilegal. El parque vehicular de México es de 17 millones de vehículos; los que Estados Unidos destruye porque son sin considerar los vehículos usados que están en malas o pésimas condiciones.
Nosotros consideramos que la cuestión de comercio exterior tiene 3 aspectos muy claros:
Un aspecto económico cuya política es esencialmente definida por la Secretaría de Economía, no es definida por la Secretaría de Hacienda.
Un aspecto de lo que corresponde las normas del despacho aduanero, es decir, ya que se definió una política económica y que se diga qué puede entrar y qué no puede entrar y qué requisito se requiere para que una mercancía específica pueda entrar a territorio nacional, le corresponde a la Secretaría de Hacienda a través de la Administración General de Aduanas y otras autoridades, como pueden ser Salud, Sagarpa, aplicar esas disposiciones para que esta mercancía pueda entrar a territorio nacional.
El comercio exterior en México representa el 60% del PIB, que es yo creo que un aspecto muy importante a considerar en lo que se tiene que hacer respecto de la política económica en éste o en cualquier aspecto relacionado con la importación de mercancías.
Se ha atribuido que la problemática de los autos ilegales se deriva de la corrupción en las aduanas, pero se han hecho esfuerzos desde que se tomó la presente administración para acabar con esa problemática; desafortunadamente no hay soluciones mágicas si no que es una lucha constante que estamos haciendo. Es decir no nada más es un problema de corrupción. Hay una situación que es real, hay un porcentaje muy alto de vehículos que están actualmente por la frontera.
A través de los mecanismos que se han venido implementando constantemente la problemática de vehículos que están permaneciendo en territorio nacional se ha reducido en un 10%, sin embargo se continua en el esfuerzo, sin embargo son vehículos que entran legalmente el territorio nacional y cuya ilegalidad no se da en el punto de entrada, se da cuando se le vencen los permisos de importación temporal.
Obviamente los vehículos antiguos de más de 30 años, los diversos decretos de regularización en donde se da una problemática adicional. A través de estos decretos muchas veces hay una cantidad importante de vehículos que están entrando por la aduana con un amparo. Todo esto genera una realidad, una cantidad de vehículos que pueden estar entrando sobre una base legal de entrada y que posteriormente, a toro pasado se comete la ilegalidad y hay que empezar a buscarlos.
Sí, si es cierto, muchos de los vehículos que han entrado a nuestro territorio nacional es chatarra, son vehículos que no cumplen con normas, son vehículos que contaminan, son vehículos que no están adaptados para las condiciones de México; eso es totalmente cierto, no están calibrados para altura de México y muchos menos de la ciudad de México.
La Administración General de Aduanas no es todóloga, la Administración General de Aduanas se tiene que apoyar en distintas autoridades para realizar las funciones que en nuestro marco de competencia nos corresponde, pero que además en cada uno de los marcos de competencia de las diversas autoridades les corresponde, para que participen en ellos.
Ponente: Dip. Alonso Bailey Elizondo
Secretario de la Comisión de Economía
Visión de la problemática
Es conveniente señalar que se ha mencionado que existen alrededor de un millón y medio a dos millones y medio de vehículos de procedencia extranjera, que se han internado de manera ilegal a nuestro país. Independientemente de la cifra, si es correcta o no, ambas dejan en claro que es un problema de dimensiones muy considerables que hay que atender de inmediato.
Es un problema que va más allá de la atención meramente legislativa, ya que existen en la actualidad normas vigentes que no son aplicadas en su cabalidad por aquellas instancias o dependencias del Poder Ejecutivo responsables de ello.
Este problema de la internación de vehículos tiene ya muchos años con nosotros y que ha merecido diversos programas gubernamentales para su atención coyuntural. El problema aún con todo y esto subsiste, porque no se han dado soluciones de fondo a este problema, a su origen, a sus fuentes, sino que solamente hemos atendido sus consecuencias, por lo cual este fenómeno resulta recurrente.
Este fenómeno de la internación de vehículos de procedencia extranjera es un problema que está centralizado en las personas en buena medida que provienen de nuestro vecino país del norte y tiene una vinculación directa con el fenómeno migratorio.
Las iniciativas con las que se cuenta actualmente, una en particular, atiende el problema desde la óptica de la última regularización, es decir, es muy similar a la del 12 de marzo de 2001.
Una más busca homologar la situación de la franja fronteriza con el resto del país, dejando la posibilidad de importar vehículos con una antigüedad de cinco años, sin necesidad de permiso previo, mediante la intervención de agentes aduanales.
Otra más, igual de otros compañeros diputados, pretende reducir a un solo vehículo por persona y por año, de modelos del I?85 al ?89, mediante la intervención de los agentes aduanales.
Existen dos más que retoman el esquema de las anteriores, tendientes a la realización de programas de regularización que, como ya se dijo, no hay solucionado el problema de fondo.
Como se puede observar, las propuestas son variadas y van desde el hacer que se paguen los impuestos correspondientes y tenencias, que los lleve a ser poco atractivos para su internación y de esta forma reducir las internaciones futuras o inhibirlas. Se habla a manera de ejemplo, ya que solamente son ejercicios lo que aquí estamos haciendo, de aranceles de importación sobre el valor del 50 por ciento, derechos de trámite aduanero, IVA, impuesto sobre adquisición de vehículos, tenencias, derechos por alta vehicular, etcétera.
Se ha propuesto también alentar la importación definitiva, a través de diversos mecanismos, apoyándonos en aquellos casos en los que los sujetos de esta importación no asistan a este llamado de convenios de coordinación entre las autoridades federales, locales y municipales, para que éstas últimas sean las que lleven a cabo acciones enfocadas a través de procedimientos coactivos para obligar al registro y a la importación de estos vehículos.
Con todo lo anterior se pretende que se inhiba la internación futura de procedencia extranjera, de contar con un registro claro de quienes poseen vehículos de procedencia extranjera para evitar cualquier tipo de inseguridad derivada de ello, de beneficiar con unidades para el servicio público a las autoridades municipales, sobre todo a las comunidades con mayor marginación económica y más alejada de las cabeceras municipales. Todo ello en el caso de que los propietarios decidan no llevar a cabo la importación definitiva.
La industria automotriz mexicana
Intervención de: Lic. Amalia Espinosa Rosales
Directora Comercial de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automóviles. Industria Automotriz
Postura: En principio no están de acuerdo con una ley de regularización. Esto en virtud de la competencia desleal, los problemas de seguridad, el contrabando de piezas, los daños al medio ambiente y perjuicio a la economía nacional.
Invitan al análisis serio y objetivo del impacto positivo o negativo para llegar a un balance justo a nivel país
Visión de la problemática
Se reiteran los elementos que tienen que ver con el impacto negativo de interés general y a los usurarios de estos vehículos, tales como; la afectación patrimonial a las familias, el impacto ambiental, la seguridad de quienes usan o poseen este tipo de vehículos etcétera.
Consideramos que los sectores mas desfavorecidos que adquieren este tipo de vehículos finalmente adquieren más problemas. Aunque suponen que están haciendo un ahorro significativo, la realidad es que el periodo de vida de los vehículos de procedencia extranjera es muy corto.
Estos vehículos no tienen precio de recuperación;
No pueden ser asegurados;
Requieren un alto consumo de combustible, lo que afecta la economía familiar a diferencia de un vehículo nacional;
La composición de la gasolina mexicana en equipo no adaptado a estas condiciones acelera el deterioro de los componentes de estos vehículos por lo que reducen el tiempo de vida útil de los mismos;
No cumplen con normatividad para el control de sus emisiones.
Otro elemento importante a considerar con la intención de dar la dimensión justa al impacto social, es sin duda la seguridad de los ocupantes; estos vehículos no están adaptados técnicamente para las condiciones viales de nuestro país, ni a nuestra infraestructura ya que sus sistemas requieren de otras condiciones para su circulación conveniente. Este es el caso de su sistema de motor, de suspensiones, de la dirección, de sus propias llantas lo cual representa un riesgo permanente para los usuarios de estos vehículos y terceras personas.
Existe falta total de servicios de mantenimiento adecuado para estos vehículos; No se cuenta en territorio nacional con herramientas, refacciones y equipo de diagnóstico preciso. Así el mal estado de las unidades impacta en la seguridad e integridad de las personas.
El parque vehicular, contribuye de manera importante el deterioro del medio ambiente y de la salud de las personas, por lo tanto es necesario desarrollar programas para la renovación del parque vehicular que cuenten con tecnología mas eficiente y limpia, así como promover la reducción de los vehículos altamente contaminantes.
Es necesario hablar de la afectación al orden del mercado y al fomento a la competencia desleal, se hace énfasis en el interés global y en el bienestar del país, en los compromisos que como país se han asumido y deben cumplirse.
La subvaluación o el precio nulo de estos vehículos al interior del país, que circulan ilegalmente en México, representa una competencia desleal para el comercio formal de vehículos usados. Se estimula el contrabando y el mercado negro de auto partes, fuente de empleo y de ingreso significativo para el desarrollo económico de este país.
Los vehículos que circulan ilegalmente no generan recaudación tributaria alguna, lo cual representa una inequidad absoluta para aquellos usuarios poseedores de vehículos que sí lo hacen; sin embargo existen diferencias notables para los vehículos y para los usuarios y las familias al adquirir vehículos nuevos o usados en el mercado formal nacional.
Existen alternativas lícitas con beneficios importantes para sus familias en el mercado nacional. Las condiciones de precios de los vehículos usados en el territorio nacional, a nivel de comercio formal, ha tenido una reducción sustancial de precios en los últimos cinco años, de tal suerte que las familias de diferentes ingresos pueden tener acceso a vehículos legales lícitamente adquiridos.
Es importante considerar los elementos básicos en los cuales los ciudadanos que adquieren vehículos legalmente y contribuyen con sus impuestos, se encuentran en desventaja.
Deben establecerse mecanismos estrictos de verificación de todos los vehículos en los términos de la Secretaria de Medio Ambiente; el pago de todos los impuestos y derechos aplicables a todos los vehículos automotores; el desarrollo de programas de chatarrización de vehículos contaminantes, y la aplicación de aranceles a la importación de acuerdo a las reglas de carácter general en materia de comercio exterior, en cuyo nivel máximo se encuentra al 50 por ciento de acuerdo con la Organización Mundial de Comercio.
Intervención de: Lic. Cesar Flores Esquivel
Presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz
Postura: La regularización de vehículos no es la vía para enfrentar un problema que tiene todas las agravantes de la ley; tampoco es una solución que nos lleve a evitar que se violen las leyes que atentan contra la seguridad de la población y contaminación del territorio mexicano.
Visión de la problemática
La legalización de automóviles extranjeros usados, se trata de un hecho evidente de violación al estado de derecho porque se legaliza lo ilegal, se trata de un negocio de algunas organizaciones dedicadas a traficar autos ilegales, de favorecer a políticos a cambio de votos, de lucrar con promesas de protección y de afectar el sano desarrollo del mercado mexicano al obstaculizar el ciclo comercial.
Después de 12 decretos se han propiciado más importaciones ilegales y se ha generado un descontento social evidente de quienes si contribuyen con sus impuestos.
Se ha promovido la entrada de vehículos contaminantes, los cuales no se adaptan a las condiciones de nuestro territorio ni a nuestros combustibles.
Ej: Un vehículo 1990 y anterior emite 60 veces mas de hidrocarburo, 50 veces mas de monóxido de carbono y 15 veces mas óxido de nitrógeno. Si se compara un vehículo nacional, tiene emisiones menores en un 15% aproximadamente.
Es importante privilegiar una política de largo plazo, de otra forma el país se convertirá en importador neto de vehículos usados.
La importación legal o ilegal no es problema de precios, es un problema de corrupción y de chatarra porque en EUA se deprecian y se hacen chatarra 14 millones de vehículos al año, lo cual no permite competitividad.
Las regularizaciones no han sido una solución al problema, sólo generan más expectativas.
El problema social es de carácter político, no hay tiempo para medidas temporales.
Existe corrupción aduanal en ambos países, existe incumplimiento total de ambos lados de normas ecológicas y de seguridad.
Impacto negativo de las legalizaciones:
Violan el estado de derecho;
Violan el espíritu del TLCAN porque favorecen la competencia desleal;
La evidencia nos dice que hay incapacidad del gobierno mexicano en la aplicación y vigilancia de las leyes;
Se nulifican las políticas de reducción de emisiones de los vehículos al legalizar la circulación de vehículos obsoletos, contaminantes e inseguros;
Se nulifican las inversiones de Pemex al permitir la entrada de 850 mil vehículos contaminantes cada año;
Se incrementa la contaminación por ruido y desechos, por abandono en calles y carreteras, y se elevan los costos de inspección y vigilancia de las normas ecológicas;
Se propicia la comisión de delitos al no existir registro de éstos; se impulsa el mercado negro y la comercialización de partes sin garantía;
Distorsión en el sano crecimiento del mercado nacional al obstaculizar el ciclo comercial de los vehículos;
Promueven la competencia desleal;
La baja en las ventas de pick-ups a partir del año 2000 como consecuencia del decreto;
Alto riesgo de frenar inversiones por falta de crecimiento del mercado e inseguridad en la aplicación de los Tratados; y
El peligro de convertirnos en importadores netos de autos usados con la consecuencia en reducción de inversiones, empleos y de ingresos de divisas.
4. Propuestas viables
1. Aplicar la Ley Aduanera en las aduanas;
2. Tomar y poner en vigor un registro de vehículos;
3. Promover el desarrollo del mercado interno a través de reducción de cargas fiscales, programas de impulso a la demanda mediante créditos mas accesibles;
4. Incentivos a la renovación de autos obsoletos y contaminantes;
5. Firma de convenios de cooperación aduanal con Estados Unidos que permitan detectar autos robados o sin registro;
6. Establecer prerrequisitos de importación a cumplir por el importador temporal de un vehículo usado a México ante el Consulado Mexicano;
7. Esquemas de fianzas y demostración de que cuentan con un seguro de origen que facilite el cobro de las garantía en caso de que el vehículo importado temporalmente no retorne a EUA en el plazo establecido;
8. Impulso de un programa de inspección y vigilancia de las normas de vehículos en circulación tanto de emisores como de dispositivos de seguridad obligatorios, y
9. Hacer efectivo el decomiso de los vehículos que circulan ilegalmente.
Propuestas viables de solución a la minimización de la problemática
Intervención de: Lic. Edmundo Victoria Mascorro
Vicepresidente Ejecutivo de la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana
Postura: A favor de una importación definitiva de vehículos aplicable en todo el territorio nacional mediante pedimento y sujeta a los impuestos aplicables. Esto como medida para minimizar el problema.
Visión de la problemática y propuestas
Nuestra actividad nos ha permitido percatarnos que la problemática de importación de vehículos usados refleja con claridad la complejidad de nuestra situación económica como país en desarrollo que tiene una frontera de 3 mil kilómetros con el país más rico del mundo.
¿Cómo debemos proteger a la industria nacional de importaciones que pudieran en un momento dado lesionar los intereses de sectores de gremios de asociaciones del interior del país?
A partir del 1º de enero del 2009, México no podrá adoptar ni mantener una prohibición o restricción a la importación de vehículos usados provenientes de Canadá o Estados Unidos, que tengan por lo menos 10 años de antigüedad; En el 2019 ya no podrá haber ninguna restricción.
En el caso de vehículos usados, ya existe a nivel de ley un adelanto del TLCAN, pero sólo para la zona fronteriza del norte del país:
El artículo 137-Bis de la Ley Aduanera dice que las personas que acrediten su residencia en la franja fronteriza norte, así como los estados de Baja California y Baja California Sur, en la región parcial del estado de Sonora y municipio fronterizo de Cananea, estado de Sonora, podrán efectuar la importación definitiva de vehículos automotores usados, siempre y cuando estén destinados a permanecer en estos lugares.
Por ello sentimos que el reclamo del resto de los ciudadanos del interior del país es justificado, pues para efectos prácticos, el TLCAN ya opera pero sólo para una región.
A los particulares les interesa que su vehículo esté legalmente en el país, la manera de hacerlo es con disposiciones precisas, con la posibilidad de que mediante un pedimento de importación, que es el instrumento que le permite a la autoridad tener información de las características del vehículo, pudiera incorporarse al registro nacional de vehículos. De esta forma se puede ir minimizando el problema de la importación de vehículos usados.
Intervención de: Ing. José Cruz Sánchez Nava
Organización Nacional de Protección al Patrimonio Familiar (Onappafa)
Postura: Esta a favor de regularizar los vehículos mediante el pago justo de impuestos. Exhorta a todas las dependencias públicas, a las organizaciones y a los armadores y dueños de empresas automotrices a que contribuyan en lo que a ellos corresponda.
Visión de la problemática y propuestas:
Por principio de cuentas nos preocupa la seguridad pública pues se comenta que los vehículos de procedencia extranjera son usados en algunos ilícitos. Nosotros las organizaciones sociales tenemos un padrón previamente establecido que en estados como Chihuahua y Durango lo presentamos a las autoridades estatales, municipales y federales para su verificación.
Respecto a la situación económica, se dice que daña a la Industria Nacional Automotriz, pero la misma Industria nos da la razón al decir que exporta el 76% de su producción. Entonces no es una industria nacional automotriz, es una industria nacional de exportación.
Hablamos de mil 500 a 2 millones de automóviles, pero la problemática se está inflando, no es tan grande. Existe porque la situación económica no nos permite adquirir otro tipo de vehículos.
Hablamos de contaminación porque no estamos pensando en una renovación de nuestro parque vehicular pero, ¿porque no pensar también en renovar el parque vehicular mexicano?; ¿si lo estamos buscando por qué no lo aplicamos? Tenemos América del Sur y Centro América, ¿Cuándo vamos a comenzar a exportar?
Hablamos de competencia con nuestros socios comerciales, pero solo escuchamos a la Industria Automotriz. En México somos 100 millones no somos una industria, nosotros los mexicanos estamos en desigualdad de condiciones de competir con el ciudadano americano que sí puede adquirir un vehículo con muchas facilidades.
Hablando de seguros automovilísticos, aunque dicen que nuestros vehículos no cuentan con éstos, en algunos estados como Jalisco ya podemos adquirir pólizas de daños contra terceros.
Yo hice una propuesta de ley en el mes de febrero, no una ley que incentive e invite a que vengan ahora los vehículos, sino una ley para resolver el problema de los que ya están acá. Creo que en ese sentido todos estamos obligados a aportar soluciones. Todos tenemos parte de la responsabilidad, por ejemplo la Secretaría de Economía en generar los empleos para que nuestra gente no se vaya a Estados Unidos.
Reconocemos la importancia de la industria automotriz, sabemos que ha visto reducidas sus ventas de camionetas, pero que han aumentado sus ventas de autos al pasar de vender 280 mil unidades en 1995 a más de un millón de vehículos. Esa es la otra parte de la información que debemos de analizar. No se trata de ver quiénes somos los culpables, muchos de nosotros seguro no estábamos en escena en 1978 cuando se dio el primer decreto, pero es ahora nuestra realidad.
¿Qué hacemos con un millón y medio de vehículos? Yo le pregunto a la Mesa: ¿los devolvemos a Estados Unidos?; ¿que la gente los detenga y no circulen más?; ¿que los decomise Aduanas?; o creamos un marco legal para que se regularice lo que está irregular.
Tenemos que darle solución entre todos a esta problemática. Yo no creo que la solución sea que los devolvamos a Estados Unidos. No veo cómo los podamos detener, no veo cómo la Secretaría de Hacienda los pueda decomisar.
Si se aprobara la Ley de Regularización, este país podría recibir entre 6 mil y 8 mil millones de pesos por concepto de regularización, también podría recibir 2 mil millones de pesos adicionales cada año por concepto de tenencias, placas, etcétera. Se tendría certeza en el padrón de esos vehículos, no estarían siendo usados más para cometer delitos.
Yo exhorto a todos los integrantes a que pongamos lo que nos corresponde a cada quien. Al gobierno federal, a Hacienda en sus diferentes áreas, la Secretaría de Economía, a los armadores y dueños de empresas automotrices, a las organizaciones que existen.
Intervención de: Marcelo Bonilla Flores
Coordinador de Vehículos de Procedencia Extranjera
Postura: Están a favor de una regularización que solucione el problema de corto y largo plazo.
Visión de la problemática y propuestas
Los propietarios de vehículos de procedencia extranjera que hasta el momento no han podido ser regularizados o legalizados buscan una solución de fondo a la problemática ya que continuamente son presa fácil de extorsiones o chantajes de distintas autoridades.
No es válido que se trate como a delincuentes a gente que su único deseo es trabajar y poder hacer uso de un vehículo que por necesidad han adquirido por el bajo costo que tienen en comparación con los que existen en el mercado nacional o simplemente, al tener familiares que han emigrado hacia el vecino país del norte, en búsqueda de una mejor calidad de vida, al regresar de visita a sus lugares de origen y percatarse de las paupérrimas condiciones en las que tienen que desarrollarse diariamente sus familias, deciden dejar sus vehículos para tratar de beneficiar a las mismas.
Además, cabe mencionar que en la actualidad el contar con un vehículo ya no es cuestión de lujo, sino una imperiosa necesidad para poder realizar nuestras labores diarias y si a esto agregamos que dichos propietarios no se han negado y que por el contrario exigen se les cobren los impuestos correspondientes a la legalización o regularización de sus unidades.
México necesita resolver en definitiva esta problemática que lacera aún más nuestro ya vulnerable Estado de Derecho, pero tomando en cuenta la urgencia de coadyuvar a la solución de la problemática planteada por los propietarios de este tipo de unidades, porque al estar ya estas en el interior del territorio nacional, resulta una falacia el decir que dichos vehículos deben volver a sus lugares de origen.
Es por lo anterior que el Frente Revolucionario de Campesinos y Trabajadores de México propone la creación de una ley en la cual se de solución a la problemática presente, como también se contemple la situación futura. Desafortunadamente esta solución será sólo momentánea y dentro de algunos años nuevamente estaremos ante el mismo problema y en busca de una nueva alternativa de solución.
Si se logra un trabajo conjunto entre autoridades competentes y se escuchan los planteamientos provenientes de los que realmente sufrimos esta situación, estamos seguros que se alcanzará la meta que se tiene fijada, es decir, abatir la problemática de los vehículos de procedencia extranjera.
Intervención de: Dip. Nora Elena Yú Hernández
Secretaria de la Comisión de Economía
Postura: Externa el compromiso de buscar una alternativa de solución que tome en cuenta a los diferentes sectores involucrados en la problemática, pero ello implica necesariamente el cumplimiento de la ley. Esta solución está fundada en facilitar los mecanismos para que los propietarios de vehículos usados extranjeros salgan de la ilegalidad mediante la importación definitiva pagando todos los impuestos y realizando los trámites a los que están sujetos los automóviles nacionales.
Visión de la problemática y propuestas
Las organizaciones, el gobierno, los particulares, los diputados, los ensambladores y los braceros somos culpables de este problema.
Ponerle trabas a nuestros migrantes es considerado como pecado mortal; sin embargo, no ponérselas también se convierte en pecado hacia el interior de nuestro país, y hay que reconocer que como ciudadanos, como mexicanos, también tendemos a ser un poquito abusones.
Sí la ley me permite brincármela, me la brinco; sí el gobierno no me hace absolutamente nada, mejor. Y eso lo tenemos en la cuestión fiscal, en cuestión de muchísimas cosas. Somos muy dados a que tenemos muchas leyes y si quiero la cumplo y si no, no.
Nuestro deber como Legislativo no es darle gusto a los señores de la AMDA, a los de la AMIA, a las organizaciones o al mismo gobierno, nuestro deber es tomar una balanza y decir qué es lo que mejor nos conviene.
Que los vehículos americanos son más baratos, sí, pero, ¿saben por qué? Los ciudadanos norteamericanos tienen acceso a créditos muy accesibles, mientras que nosotros no tenemos esa ventaja.
¿Que los vehículos usados son más baratos? Sí, porque ellos los deprecian más rápido que nosotros y nosotros no tenemos esa ventaja. ¿Qué los vehículos usados que se traen a México resultan más baratos? Sí, porque no pagan impuestos.
Se quejan porque la autoridad los detiene, pero el Código Fiscal dice claramente: "El hecho de que no cumplamos con la ley o la desconozcamos no nos exime de cumplirla"; o sea, la ley ahí está, no se cumple desafortunadamente.
Vamos buscando propuestas y alternativas. Hay que hacer varias cosas al mismo tiempo: una ley que permita una importación probablemente, que pague un arancel o un impuesto mixto sobre un valor preestablecido, que no sea subvaluado, por supuesto; un derecho de trámite aduanero, un impuesto, un IVA; que pague sus tenencias, que pague sus derechos vehiculares.
El propietario de un vehículo extranjero usado, tiene que hacer su trámite ante el Registro Público Vehicular, tiene que sacar su control de emisiones contaminantes. Yo propondría también que se hiciera un programa de chatarrización que no se permitiera a vehículos con determinados años anteriores, yo creo que los mexicanos también merecemos tener algo mejor.
Claro, pobres y pobreza siempre va a haber. Hay países ricos como Estados Unidos y hay gente que no tiene carro, no tiene vehículo, y ustedes lo saben bien, así es que no vamos a llamarnos sorprendidos, no es ese el problema.
A fin de acelerar este proceso, tendríamos que exigirle a la Secretaría de Hacienda y a los propios gobiernos de los estados un convenio, ese convenio que verdaderamente no lo están llevando a cabo, que ya existe y que, sin embargo, no se aplica.
Quitémonos de pretextos, vamos a ser concretos y claros, aquí no se vale descobijar a nadie, todos sabemos de qué pie cojeamos; sabemos perfectamente bien el fondo del problema. Si se aprueba la ley, se va a obligar a cumplirla, este país merece que todos vivamos en un estado de derecho.
Intervención de: Prof. José Guadalupe Barrios Núñez
Presidente del Frente Nacional de Organizaciones Sociales, AC
Postura: Es muy importante que de una ilegalidad entremos a una legalidad, con el esfuerzo de la Secretaría de Hacienda, de la Secretaría de Economía, del Poder Legislativo y con la intervención de las Organizaciones.
Visión de la problemática y propuestas
El hecho de que haya vehículos aquí de procedencia extranjera obedece a la situación económica que prevalece en México.
Debido a la situación económica se va la mano de obra, hay millones de mexicanos, hay millones paisanos, hay millones de migrantes y ellos tienen necesidad de venir de vacaciones, de venir a ver a sus familiares en diciembre, en Navidad, en Semana Santa, en verano, y las familias tienen necesidad de un vehículo. Y aparte de ese dinero, de esos millones que mandan cada año, dejan en ocasiones un vehículo aquí para sus familias.
Yo quiero decirle a Hacienda que así como los dólares son bien recibidos y cada año estamos presumiendo de que los migrantes están mandando 17 mil millones de dólares, hay que presumir que también dejaron cinco millones de vehículos aquí y que buscan una solución que inclusive contemple el pago de los impuestos correspondientes, siempre y cuando sean justos.
Hay que buscar la mejor alternativa de solución a este problema, pues ya andan circulando más de dos millones de vehículos. Debemos recordar que la sociedad civil juega un papel muy importante y por lo tanto sus reclamos deben ser atendidos.
El problema no debe hacerse más grande, el problema no es regresar vehículos, el problema no es pararnos, el problema no es escondernos, el problema no es decomiso, el problema es buscar la mejor alternativa de solución y la mejor alternativa de solución es ponernos de acuerdo en el mecanismo del próximo proceso de nacionalización.
Hay que buscar que el proceso se haga en forma correcta y legal para que todo vehículo esté debidamente legalizado en el país y no suceda lo que en el 2001, donde todos los vehículos que aparentemente pagaron impuestos, todavía no se encuentran en forma legal aquí en México.
Tiene que participar Economía y tiene que participar Hacienda, pero también debemos de participar todas las organizaciones porque somos quienes controlamos los censos, quienes sabemos cuántos vehículos hay y qué modelos son.
Quiero proponerles los funcionarios de Hacienda, de Economía, a los diputados, a los señores que representan la industria automotriz, que hagamos el mejor esfuerzo, que busquemos la mejor alternativa de solución, y la mejor alternativa de solución es buscar cuánto impuesto va a pagar cada uno de los vehículos para que entremos a una legalidad que a fin de cuentas es lo que andamos buscando la sociedad civil y todas las autoridades.
