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Proposiciones
- Con punto de acuerdo, en relación con el respeto a la vida y la integridad física del diputado federal Mario Zepahua Valencia, presentada por la Junta de Coordinación Política en la sesión del jueves 25 de septiembre de 2003.
- Con punto de acuerdo, para exhortar al Poder Ejecutivo a que homologue el precio del diesel marino, en beneficio de los pescadores de altamar, presentada por la Junta de Coordinación Política en la sesión del jueves 25 de septiembre de 2003.
- Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a que la Comisión de Seguimiento del Acuerdo Nacional para el Campo extienda su vigencia al 31 de diciembre de este año, presentada por la Junta de Coordinación Política en la sesión del jueves 25 de septiembre de 2003.
- Con punto de acuerdo, a fin de solicitar la intervencion de la Secretaría de Salud respecto al brote de conjuntivitis en el país, presentada por la Junta de Coordinación Política en la sesión del jueves 25 de septiembre de 2003.
- Con punto de acuerdo, en relación con la liberación inmediata del líder cañero Luis Félix Rodríguez Sosa, presentada por el diputado Lázaro Arias Martínez, del grupo parlamentario del PRI, en la sesión del jueves 25 de septiembre de 2003.
- Con punto de acuerdo, sobre la situación del déficit financiero que priva en la Secretaría de Educación de Guerrero, presentada por la diputada Irma Figueroa Romero, del grupo parlamentario del PRD, en la sesión del jueves 25 de septiembre de 2003.
- Con punto de acuerdo, en relación con la tortuga marina en el estado de Oaxaca, presentada por la diputada Jacqueline Argüelles Guzmán, del grupo parlamentario del PVEM, en la sesión del jueves 25 de septiembre de 2003.
Proposiciones
CON PUNTO DE ACUERDO, EN RELACION CON EL RESPETO A LA VIDA Y LA INTEGRIDAD FISICA DEL DIPUTADO FEDERAL MARIO ZEPAHUA VALENCIA, PRESENTADA POR LA JUNTA DE COORDINACION POLITICA EN LA SESION DEL JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2003
Dip. Juan de Dios Castro Lozano
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión
Los grupos parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, de la Revolución Democrática, Verde Ecologista de México, del Trabajo, y Convergencia de esta LIX Legislatura, con fundamento en los artículos 1º, 14 y 61 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 11, 12, 20, 22, 23 y 24 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos a usted que, en nombre de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, haga el siguiente
Pronunciamiento
La LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión hace público su rechazo al ilícito de que ha sido víctima uno de sus integrantes, el diputado federal por el estado de Veracruz Mario Zepahua Valencia, quien fue secuestrado el día 11 del mes de junio del presente año.
Exige a quienes lo mantienen privado de su libertad que respeten su vida y su integridad física.
Expresa a su familia la más amplia solidaridad y el deseo de que retorne pronto a su seno y se incorpore a sus tareas en este órgano.
Pedimos, asimismo, que se dé al presente pronunciamiento la debida difusión en los medios de comunicación.
Ciudad de México, a 25 de septiembre 2003.
Dip. Elba Esther Gordillo Morales (rúbrica)
Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRI
Dip. Francisco Barrio Terrazas (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN
Dip. Pablo Gómez Alvarez (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del PRD
Dip. Jorge Antonio Kahwagi Macari (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del PVEM
Dip. Alejandro González Yáñez (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del PT
Dip. Jesús Martínez Alvarez (rúbrica p.a.)
Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia
(Aprobada en votación económica. Adicionalmente, esta Presidencia en ejercicio de la facultad que le confiere la normatividad del honorable Congreso General y en especial de esta Cámara de Diputados, por cuanto a la defensa del fuero de los señores legisladores, se solidariza con el contenido de la proposición aprobada y hará a nombre de la Mesa Directiva los esfuerzos para lograr la mejor solución. Septiembre 25 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR AL PODER EJECUTIVO A QUE HOMOLOGUE EL PRECIO DEL DIESEL MARINO, EN BENEFICIO DE LOS PESCADORES DE ALTAMAR, PRESENTADA POR LA JUNTA DE COORDINACION POLITICA EN LA SESION DEL JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2003
CC. Secretarios de la Mesa Directiva
Presentes
Con fundamento en el artículo 34, numeral 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Junta de Coordinación Política se permite hacer de su conocimiento el presente punto de acuerdo con base en los siguientes
Considerandos
1.- Que durante la reunión de la Junta de Coordinación Política celebrada el día de hoy, los coordinadores de los grupos parlamentarios consideraron necesario y urgente exhortar al Poder Ejecutivo para que sea homologado el precio del diesel marino, medida que sería de gran beneficio para los pescadores de altamar del país.
2.- Que la actividad pesquera representa el único sustento para cerca de 50 mil familias en el país, sobre todo para aquellas ligadas a la pesca de altamar en todas sus modalidades, como son la pesca de camarón, escama, sardina y tiburón, entre otros, y es fundamental para el desarrollo de las economías locales en todos los puertos de altura y cabotaje del Pacífico mexicano, el Mar de Cortés y el Golfo de México.
3.- Que el principal gasto de los pescadores y armadores lo constituye el diesel, que representa hasta el 65 por ciento de los gastos de avituallamiento de un barco pesquero. El precio de este insumo ha tenido un crecimiento sostenido en los últimos años, ya que la política de precios implementada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público lo homologa al precio de los mercados internacionales.
4.- Que el llamado vale o bono pesquero que otorgan la Sagarpa y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha disminuido en la presente temporada, lo que impactará al sector negativamente.
5.- Que en nuestro país se maneja un precio diferenciado del diesel para la actividad agrícola y la pesquera, a pesar de que ambas actividades pertenecen al sector primario de la economía.
6.- Que, ante la crisis financiera del sector pesquero, el incremento en los costos, la disminución de los precios internacionales del camarón y el enorme costo que representa el diesel marino, se hace necesario y urgente apoyar de manera directa a esta industria.
Por lo anteriormente expuesto, y en uso de las atribuciones antes citadas, esta Junta de Coordinación Política se permite someter a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta al Ejecutivo y, específicamente, a la Sagarpa, a otorgar apoyos con el fin de que el precio del diesel marino sea equivalente al precio del diesel agropecuario, como medida de respaldo e impulso al sector pesquero.
Segundo. Con el fin de evitar que se desvíe combustible al mercado negro se propone que se establezca un esquema similar al del diesel agropecuario, es decir, con un padrón de beneficiarios y límite de consumo.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los veinticuatro días del mes de septiembre de 2003.
Dip. Elba Esther Gordillo Morales (rúbrica p.a.)
Presidenta de la Junta de Coordinación Política y Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRI
Dip. Francisco Barrio Terrazas (rúbrica p.a.)
Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN
Dip. Pablo Gómez Alvarez (rúbrica p.a.)
Coordinador del Grupo Parlamentario del PRD
Dip. Jorge Antonio Kahwagi Macari (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del PVEM
Dip. Alejandro González Yáñez (rúbrica p.a.)
Coordinador del Grupo Parlamentario del PT
Dip. Jesús Martínez Alvarez (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia
(Aprobada en votación económica. Septiembre 25 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE EXHORTAR AL EJECUTIVO FEDERAL A QUE LA COMISION DE SEGUIMIENTO DEL ACUERDO NACIONAL PARA EL CAMPO EXTIENDA SU VIGENCIA AL 31 DE DICIEMBRE DE ESTE AÑO, PRESENTADA POR LA JUNTA DE COORDINACION POLITICA EN LA SESION DEL JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2003
CC. Secretarios de la Mesa Directiva
Presentes
Con fundamento en el artículo 34, numeral 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Junta de Coordinación Política se permite hacer de su conocimiento el presente punto de acuerdo, con base en los siguientes
Considerandos
1. Que durante la reunión de la Junta de Coordinación Política celebrada el día de hoy, los coordinadores de los grupos parlamentarios consideraron la necesidad de que sea extendida la vigencia de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo Nacional para el Campo hasta el 31 de diciembre del presente año.
2. Que el 28 de abril del presente año fue suscrito el Acuerdo Nacional para el Campo, entre el Ejecutivo federal y las organizaciones campesinas, de agricultores y de pobladores rurales del país, contando con la adhesión de 27 gobernadores estatales.
Dicho Acuerdo fue firmado también por las directivas de las Comisiones de Desarrollo Rural, y de Agricultura y Ganadería del Senado de la República, y de Desarrollo Rural de la Cámara de Diputados y, como testigos de honor, por los Presidentes de ambas Cámaras del Congreso General.
3. Que el Acuerdo Nacional para el Campo es resultado de la movilización y la capacidad propositiva y de diálogo de las organizaciones campesinas y de agricultores del país, aunadas a la disposición de negociación del Ejecutivo federal, para atender la emergencia económica, social y ambiental del sector, así como para acordar las bases de una nueva política agroalimentaria y un nuevo trato entre el Estado, la sociedad urbana y la sociedad rural.
4. Que el Acuerdo es un paso importante para atender la crisis sectorial, avanzar en la revalorización de la agricultura y la gestión del territorio rural en un nuevo proyecto de nación y considerar el campo como verdadera prioridad nacional.
Más allá de la consideración respecto a los alcances del Acuerdo, la preocupación central radica en el cumplimiento pleno y cabal de todos y cada uno de los compromisos del Acuerdo por el Ejecutivo federal y las partes signantes.
5. Que, en este sentido, se incorporó en el propio Acuerdo todo un apartado dedicado al seguimiento y la evaluación, destacando los compromisos establecidos en los numerales 279, 280 y 281, relativos a la creación y el funcionamiento de una Comisión de Seguimiento del Acuerdo de alto nivel y con vigencia hasta el día 30 de septiembre del año en curso.
Esta Comisión de Seguimiento se reuniría una vez por mes, al menos, y contaría con la participación del secretario de Gobernación, el secretario de Agricultura, el secretario de Economía, el secretario de Reforma Agraria, la secretaria de Desarrollo Rural y el secretario de Hacienda, por parte del Ejecutivo federal; y por representantes de las organizaciones signantes del Acuerdo.
6. Que la Comisión de Seguimiento se ha reunido regularmente y se han formado diversos grupos de trabajo para desahogar los compromisos del Acuerdo. Sin embargo, el cumplimiento de los mismos se ha retrasado por diversos factores, hecho que el mismo titular del Ejecutivo federal ha reconocido públicamente.
7. Que las organizaciones signantes del Acuerdo y participantes en la Comisión de Seguimiento han solicitado al Ejecutivo federal que la Comisión de Seguimiento continúe funcionando al menos hasta el 31 de diciembre del presente, toda vez que aún está por cumplirse la parte más importante de los compromisos del Acuerdo, referida a las reformas estructurales para una nueva política agroalimentaria y de desarrollo rural sustentable.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Junta de Coordinación Política se permite someter a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Unico. Se exhorta al Ejecutivo federal a que la Comisión de Seguimiento del Acuerdo Nacional para el Campo extienda su vigencia por lo menos hasta el 31 de diciembre del presente año.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los veinticuatro días del mes de septiembre de 2003.
Dip. Elba Esther Gordillo Morales (rúbrica p.a.)
Presidenta de la Junta de Coordinación Política y Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRI
Dip. Francisco Barrio Terrazas (rúbrica p.a.)
Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN
Dip. Pablo Gómez Alvarez (rúbrica p.a.)
Coordinador del Grupo Parlamentario del PRD
Dip. Jorge Antonio Kahwagi Macari (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del PVEM
Dip. Alejandro González Yáñez (rúbrica p.a.)
Coordinador del Grupo Parlamentario del PT
Dip. Jesús Martínez Alvarez (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del PC
(Aprobado en votación económica. Septiembre 25 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE SOLICITAR LA INTERVENCION DE LA SECRETARIA DE SALUD RESPECTO AL BROTE DE CONJUNTIVITIS EN EL PAIS, PRESENTADA POR LA JUNTA DE COORDINACION POLITICA EN LA SESION DEL JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2003
CC. Secretarios de la Mesa Directiva
Presentes
Con fundamento en el artículo 34, numeral 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Junta de Coordinación Política se permite hacer de su conocimiento el presente punto de acuerdo con base en los siguientes
Considerandos
1.- Que durante la reunión de la Junta de Coordinación Política celebrada el día de hoy los coordinadores de los grupos parlamentarios abordaron el tema del brote de conjuntivitis en diversos estados del país, especialmente en los del sureste, cuya incidencia ha ido en aumento.
2.- Que la conjuntivitis -enfermedad caracterizada por lagrimeo, irritación e hiperemia de las conjuntivas palpebral y bulbar de uno o de ambos ojos, seguida por edema de los párpados, fiebre, dolor y hemorragias- con frecuencia se presenta como epidémica; aunque es común durante todo el año, su incidencia tiene un incremento considerable durante las estaciones de verano y otoño.
3.- Que la evolución de esta patología está ligada a la época de lluvias, por lo cual se espera una tendencia ascendente durante los próximos dos meses; ello pone de manifiesto la urgencia de que se realicen acciones preventivas y de control en las cuales laboren, de manera coordinada, la Secretaría de Salud y las distintas dependencias e instituciones estatales.
4.- Que ante la gravedad de la epidemia es necesario que se destine una partida presupuestal con miras a frenar los brotes infecciosos de conjuntivitis.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Junta de Coordinación Política se permite someter a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso General se pronuncia a favor de que se realice un trabajo de colaboración entre la Secretaría de Salud y los institutos estatales de Salud para que, en el ámbito de sus atribuciones, coadyuven a su pronta solución.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Salud a que se apliquen y hagan efectivas, en todos los hospitales del país y en los distintos niveles de atención, medidas para la vigilancia de la conjuntivitis.
Tercero. Se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que programe recursos extraordinarios a las partidas correspondientes, con objeto de que se destinen a detener el brote epidemiológico.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los veinticuatro días del mes de septiembre de 2003.
Dip. Elba Esther Gordillo Morales (rúbrica)
Presidenta de la Junta de Coordinación Política y Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRI
Dip. Francisco Barrio Terrazas (rúbrica p.a.)
Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN
Dip. Pablo Gómez Alvarez (rúbrica p.a.)
Coordinador del Grupo Parlamentario del PRD
Dip. Jorge Antonio Kahwagi Macari (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del PVEM
Dip. Alejandro González Yáñez (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del PT
Dip. Jesús Martínez Alvarez (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia
A este Acuerdo sobre el brote de conjuntivitis también se adhieren los diputados: Dolores Gutiérrez Zurita, Emilio Zebadúa González, Abraham Bagdadi Estrella, Marcelo Herrera Herbert, César Antonio Chávez Castillo, Rogelio Franco Castán, Marbella Casanova Calam, María Elena Orantes López, Mario Carlos Culebro Velasco, Sonia Rincón Chanona, Francisco Grajales Palacios, César Amín González Orantes, Florencio Collazo Gómez, Manuel Velasco Coello, Francisco Amadeo Espinosa Ramos, Oscar González Yáñez, Francisco Rojas Toledo, Tomás Trueba Gracián, Alberto Urcino Méndez Gálvez, Luis Maldonado Venegas, Juan Fernando Perdomo Bueno, Jesús González Schmal, Jaime M. Moreno Garavilla, Francisco Juan Avila Camberos, Francisco Herrera León, Carlos M. Rovirosa Ramírez, Eugenio Mier y Concha Campos, Rogelio Rodríguez Javier (rúbricas).
(Aprobada en votación económica. Septiembre 25 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, EN RELACION CON LA LIBERACION INMEDIATA DEL LIDER CAÑERO LUIS FELIX RODRIGUEZ SOSA, PRESENTADA POR EL DIPUTADO LAZARO ARIAS MARTINEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA SESION DEL JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2003.
Los suscritos, diputados federales integrantes del sector campesino del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y los coordinadores de las fracciones priístas de los estados cañeros sometemos a la consideración de esta soberanía la presente propuesta, con base en los siguientes
Considerandos
El licenciado Vicente Fox Quesada, Presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, en su Tercer Informe de Gobierno, el pasado día 1 de septiembre, nos informó literalmente que "no ha habido atropellos revestidos de motivos jurídicos ni víctimas de la transición, este es un gobierno con las manos limpias. No se ha registrado un solo acto de represión institucional, ni existe un solo preso político".
Condición indispensable para la convivencia pacífica de una nación, es el respeto irrestricto a los derechos humanos de los gobernados. No se puede hablar de vigencia del Estado de derecho cuando son las propias autoridades quienes, por encima de la Ley, conculcan las garantías individuales y sofocan las expresiones de inconformidad de los ciudadanos.
La transición democrática supone, por un lado, la creación de espacios plurales de expresión y una mayor participación de la sociedad en la vida política del país, y, por el otro, un permanente espíritu de diálogo y una mayor tolerancia para solucionar los problemas en forma amigable y conciliada.
Los derechos de los ciudadanos y la aplicación de la Ley no están sujetos al criterio de los gobernantes ni a las alianzas inconfesables que pudieren gestarse entre autoridades y particulares.
La seguridad jurídica, sustentada en la garantía de legalidad, no puede ser rehén de la prevaricación ni mucho menos existir sólo para los poderosos. La paz social no se sustenta en interpretaciones legalistas que pretendan imponer el orden y el respeto a partir del socavamiento de la Justicia, sino en el apego a los textos jurídicos y a los principios básicos de la equidad.
Hoy, a 25 de septiembre de 2003, se cumplen 210 días del arbitrario encarcelamiento del carismático líder cañero Luis Félix Rodríguez Sosa, detenido desde el 27 de febrero de este año, bajo la acusación de sabotaje, y cuyo único delito consiste en haber dado cumplimiento al acuerdo tomado el día tres de octubre de 2002 por la asamblea general de asociados de la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar del Ingenio Casasano, situado en el estado de Morelos, mediante el que se instruyó a su comité ejecutivo para que reclamara la devolución de las cuotas del seguro social retenidas ilegalmente por la empresa azucarera.
A la luz de dicho mandato, los días 3, 4, 5 y 6 del mes de octubre del año 2002, los cañicultores de la zona de Casasano, encabezados por su dirigencia local, llevaron a cabo una manifestación pacífica de reclamo al ingenio, es decir, una acción plenamente legal enmarcada en la garantía individual consagrada en el artículo 9º de la Constitución, que reconoce la libertad de asociación y el derecho de reunirse pacíficamente con cualquier fin lícito.
Así, en legítimo ejercicio de su representación gremial y cumpliendo con las funciones propias de su cargo, Luis Félix Rodríguez Sosa se puso al frente de los productores locales de caña, sin proferir injurias ni causar daño patrimonial alguno, en justo reclamo de lo que por ley les corresponde y en contra de los abusos de la mencionada empresa azucarera. Tal es su delito.
Sin embargo, las cosas no habrían de parar ahí. En el curso de los siguientes días, la Agencia del Ministerio Público Federal, en connivencia con la administración del ingenio se encargó de integrar un expediente de averiguación previa con elementos claramente prefabricados, aunque de manera tan burda que el 18 de octubre de 2002 el juez segundo de distrito del Décimo Octavo Circuito, con sede en Cuernavaca, Morelos, se negó a obsequiar el auto de formal prisión al considerar que no se acreditó ni el pretendido daño patrimonial ni la supuesta intención y conducta delictuosa del inculpado.
Por desgracia, en resolución de la apelación interpuesta por la Agencia del Ministerio Público Federal, el Tribunal Unitario del Décimo Octavo Circuito, también con sede en Cuernavaca, Morelos, el 19 de febrero de 2003 revocó el auto dictado en primera instancia sobre la base de razonamientos carentes de fundamento y lógica.
Y el Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, con sede en el Distrito Federal, retomando casi íntegramente las aberrantes consideraciones y la confusión de los conceptos de "seguridad nacional" e "interés público", al resolver el recurso de apelación interpuesto por Luis Félix Rodríguez Sosa, confirmó el auto de formal prisión que fue dictado por el Juzgado Segundo de Distrito del Décimo Octavo Circuito mencionado. Lo que sigue es fácil de imaginar.
Sin duda, estamos a todas luces ante el típico caso del dirigente incómodo que se debe meter en cintura para que no cunda el mal ejemplo, y en el que el Gobierno Federal juega el doble papel de juez y parte, pues, por un lado, denuncia un delito como presunto dueño del ingenio y, por el otro, lo investiga y consigna al juez como representante social, mismos que para su fortuna encontraron un tribunal carente de criterio y ecuanimidad que hiciera eco a sus pretensiones. Esto hace recordar los mejores años de la época porfirista.
Desde su detención, además de la correspondiente defensa en juicio, el caso ha sido denunciado en distintos foros, instancias y espacios, llegando a oídos del gobernador de la entidad, del titular de la Sagarpa y del secretario de Gobernación, sin que se hayan obtenido resultados positivos.
Dentro de ello, al calor del proceso de negociación que conduciría a la firma del Acuerdo Nacional para el Campo, el 28 de abril de 2003, en el que diversas organizaciones campesinas plantearon un programa de amnistía y liberación de presos y perseguidos políticos, fueron presentadas gruesas listas de campesinos, indígenas y líderes sociales involucrados en la demanda, entre los que se encuentra Luis Félix Rodríguez Sosa.
Dicha exigencia dio pie al establecimiento de un acuerdo específico de "gobernabilidad democrática en el campo", estampado en los puntos 267 y 268 del Acuerdo Nacional, en el que se propone encauzar y gestionar la revisión de los procesos penales planteados y promover la liberación y suspensión cuando así proceda, para cuyo efecto se integraría un grupo de trabajo entre el Ejecutivo federal y las organizaciones. No obstante, pese a las evidencias, Rodríguez Sosa continúa encarcelado en el penal de Tlacholoaya, Morelos.
La gobernabilidad en el campo no se logra poniendo la mano dura, sino con el más absoluto sometimiento a la ley, del mismo modo que la tranquilidad social no se logra escatimando a los campesinos lo que por derecho les corresponde, sino respetando sus legítimas conquistas.
Un dirigente preso por el ejercicio social de su representatividad, por exigir respeto al Estado de derecho, por defender los intereses de sus representados, por ejercer su libertad de expresión y su derecho de manifestación, no es un delincuente común, ¡es un preso político!
Por las razones anteriores y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a la consideración de esta soberanía la aprobación del siguiente
Punto de Acuerdo
Se instruya a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de esta Cámara de Diputados, una vez constituida, para que, sin demora y con pleno respeto de la división de poderes, se exhorte al titular del Poder Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Gobernación y de la Procuraduría General de la República, así como a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de que se acelere la revisión de los procesos penales y se agilice la liberación de los dirigentes presos por motivos derivados del ejercicio de su representación gremial y social, en particular, el caso de Luis Félix Rodríguez Sosa, injustamente encarcelado desde hace siete meses bajo el absurdo delito de sabotaje, por haber reclamado, conjuntamente con dirigentes ejidales y en nombre de la asamblea general de asociados de la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar del Ingenio Casasano la Abeja, la devolución de las cuotas del seguro social retenidas en forma indebida por la empresa azucarera.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los veinticinco días del mes de septiembre del dos mil tres.
Diputados: Lázaro Arias Martínez (rúbrica), Francisco Javier Guízar Macías (rúbrica), Jesús Morales Flores (rúbrica), Arturo Robles Aguilar (rúbrica), María del Consuelo Rafaela Rodríguez de Alba (rúbrica), Rogelio Humberto Rueda Sánchez (rúbrica), María Elena Orantes López (rúbrica), Julián Nazar Morales (rúbrica), Mario Carlos Culebro Velasco (rúbrica), José Mario Wong Pérez (rúbrica), Jorge de Jesús Castillo Cabrera, Francisco Monárrez Rincón, Norma Elizabeth Sotelo Ochoa, Fernando Ulises Adame de León, Angel Heladio Aguirre Rivero, Marcelo Tecolapa Tixteco, Emilio Badillo Ramírez, Roberto Pedraza Martínez, Roberto Aquiles Aguilar Hernández (rúbrica), César Amín González Orantes (rúbrica), Gonzalo Rodríguez Anaya (rúbrica), Jorge Romero Romero (rúbrica), Hugo Rodríguez Díaz, Gonzalo Moreno Arévalo (rúbrica), Sergio Armando Chávez Dávalos, Jorge Leonel Sandoval Figueroa (rúbrica), José Manuel Carrillo Rubio, Roberto Antonio Marrufo Torres (rúbrica), Enrique Guerrero Santana (rúbrica), Arturo Osornio Sánchez (rúbrica), José Rangel Espinosa (rúbrica), Gaspar Avila Rodríguez (rúbrica), Alfredo Gómez Sánchez, Guillermo del Valle Reyes (rúbrica), José Eduviges Nava Altamirano (rúbrica), María Hilaria Domínguez Arvizu (rúbrica), Adrián Villagómez García (rúbrica), Luis Antonio Ramírez Pineda (rúbrica), José Porfirio Alarcón Hernández (rúbrica), Víctor Hugo Islas Hernández (rúbrica), Juan Manuel Vega Rayet (rúbrica), María del Carmen Izaguirre Francos (rúbrica), Benjamín Sagahón Medina (rúbrica), Alfonso Juventino Nava Díaz (rúbrica), María Sara Rocha Medina, Esteban Valenzuela García (rúbrica), Oscar Félix Ochoa (rúbrica), José Lamberto Díaz Nieblas, Rafael Galindo Jaime, Luis Felipe Madrigal Hernández, Eugenio Mier y Concha Campos, Carlos Manuel Rovirosa Ramírez, Humberto Filisola Hacez (rúbrica), Jesús Humberto Martínez de la Cruz (rúbrica), Cruz López Aguilar (rúbrica), Federico Barbosa Gutiérrez, Ubaldo Aguilar Flores (rúbrica), Juan Bustillos Montalvo (rúbrica), Ernesto Alarcón Trujillo (rúbrica), Marco Antonio Torres Hernández (rúbrica), Martín Vidaña Pérez (rúbrica), Roger David Alcocer García (rúbrica), Ivonne Aracelly Ortega Pacheco (rúbrica), Eviel Pérez Magaña (rúbrica), Carmen Guadalupe Fonz Sáenz (rúbrica), Graciela Larios Rivas, Carlos Osvaldo Pano Becerra (rúbrica), Consuelo Muro Urista (rúbrica), Rosalinda Mazari Espín (rúbrica), Gerardo Montenegro Ibarra (rúbrica), Heliodoro Díaz Escárraga (rúbrica), Francisco Alberto Jiménez Merino (rúbrica), Víctor Manuel Alcérreca Sánchez (rúbrica), José Luis Briones Briseña (rúbrica), Abraham Velázquez Iribe (rúbrica), Francisco Herrera León (rúbrica), Homero Díaz Rodríguez (rúbrica), Jorge Uscanga Escobar (rúbrica).
(Turnada a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos; en tanto se designa ésta, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo. Septiembre 25 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, SOBRE LA SITUACION DEL DEFICIT FINANCIERO QUE PRIVA EN LA SECRETARIA DE EDUCACION DE GUERRERO, PRESENTADA POR LA DIPUTADA IRMA FIGUEROA ROMERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DEL JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2003
Los suscritos, diputadas y diputados federales del PRD por el estado de Guerrero, con base en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, a fin de que se investigue la situación del déficit financiero que priva en la Secretaría de Educación de Guerrero.
En días pasados, el secretario de Educación de Guerrero, Daniel Pano Cruz, dio a conocer mediante la prensa la situación de quiebra financiera de la dependencia a su cargo, expresada en un déficit de más de 1,790 millones de pesos, causado -según el funcionario mismo- por la existencia de 6,500 plazas sin soporte presupuestario, los cuales significan al erario estatal 330 millones de pesos.
Lejos de rectificar lo dicho por su subalterno, el gobernador del estado, René Juárez Cisneros, confirmó esa situación aberrante y achacó la existencia de tal déficit a una práctica histórica de los gobiernos de la entidad de otorgar plazas docentes por presiones políticas a grupos sociales y recomendados de diputados y de otros funcionarios.
El hecho resulta inaceptable en un país que se precia de estar a la altura del mundo moderno y plenamente democratizado. No es posible que el gobernador no sólo conozca de esa práctica ilegal, sino que la permita como una forma de allegarse y reconocer lealtades políticas.
Más indignante resulta que esas prácticas, propias de un régimen caciquil, se realicen a costa del presupuesto educativo de una entidad como Guerrero, que presenta enorme atraso educativo, producto -entre otras cosas- de esa corrupción lacerante.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el analfabetismo en la entidad comprende a casi 20 por ciento de las personas mayores de 15 años, siendo más del doble del promedio nacional. Ese atraso también se refleja en que el promedio de escolaridad es de 6.6 grados, muy por debajo del nacional, de 7.8.
Es absurdo que, ante a los enormes retos educativos que enfrenta la entidad, como la reforma constitucional de preescolar y la ampliación de la cobertura de la educación básica, que sigue siendo de las más bajas del país, el gobierno estatal se contente con exigir más recursos al federal y no aclare los términos y las condiciones de trabajo de esas 6,500 plazas.
Lejos de eliminar todas esas distorsiones que han abultado el déficit, el cual pone en riesgo parte del pago del salario y del aguinaldo de los docentes que sí trabajan, el secretario de Educación en Guerrero ha anunciado un plan emergente de austeridad y racionalización financiera, como si el problema residiera sólo en un asunto administrativo.
Se necesita investigar hasta las últimas consecuencias el asunto pues, de acuerdo con información proporcionada por la diputada Gloria Sierra, integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso local, no existe evidencia documental sobre la crisis financiera de la Secretaría de Educación de Guerrero, pues ni en la revisión de la Cuenta Pública local ni en lo informado en las comparecencias de los funcionarios locales se ha señalado un asunto tan importante.
Y es que estamos hablando de un déficit equivalente a la cuarta parte del presupuesto asignado en 2003 por la Federación para el desarrollo educativo del estado de Guerrero, el cual tuvo un monto de 7 mil 862 millones de pesos, mientras que el gobierno estatal aportó sólo 944.8 millones de pesos.
Cuando hay simulación y complicidad, sólo se da a conocer ese tipo de corruptelas para hacerlas manejables, evitando ir al fondo del asunto. Sin embargo, cuando hay auténtica voluntad política por transparentar el uso de los recursos públicos, para acabar con la corrupción y castigar a los culpables de la violación de la ley, del partido que sean, realmente se cumple el servicio público y ello la población lo manifiesta apoyando de manera total a sus gobernantes.
Por lo expuesto, fundado y motivado, nos permitimos someter a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
En el marco republicano de división de poderes y con respeto al principio del pacto federal,
Primero. Se hace un respetuoso exhorto al gobierno del Estado Libre y Soberano de Guerrero a que, con sujeción a la legalidad y mediante sus órganos de fiscalización, como la Auditoría General del estado y la Contraloría estatal, se investigue y aclare la situación real del déficit financiero que priva en la Secretaría de Educación de Guerrero, y se haga de conocimiento público.
Segundo. Para efectos de la fiscalización de los recursos de origen federal, se solicita a la Auditoría Superior de la Federación, como órgano técnico de la Cámara de Diputados, que proceda de manera urgente y con base en los procedimientos de coordinación establecidos con la Legislatura del estado a verificar si el ejercicio de los recursos federales asignados a la Secretaría de Educación de Guerrero se llevó a cabo con sujeción a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables. Lo anterior, considerando el ejercicio de los recursos transferidos por la Federación durante los últimos tres años para apoyar el desarrollo educativo de la entidad.
Todo ello, de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley de Fiscalización Superior de la Federación y en la Ley de Coordinación Fiscal.
Por lo anteriormente expuesto, se solicita considerar de urgente y obvia resolución el presente punto de acuerdo.
Firman las diputadas y los diputados federales del Partido de la Revolución Democrática por el estado de Guerrero:
Diputados: Irma Figueroa Romero, María del Rosario Herrera Ascencio, Javier Manzano Salazar, Juan García Costilla, Yadira Serrano Crespo, Zeferino Torreblanca Galindo, Francisco Chavarría Valdeolívar (rúbricas).
(Desechada en votación económica. Septiembre 25 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, EN RELACION CON LA TORTUGA MARINA EN EL ESTADO DE OAXACA, PRESENTADA POR LA DIPUTADA JACQUELINE ARGÜELLES GUZMAN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM, EN LA SESION DEL JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2003
Jorge Antonio Kahwagi Macari, Manuel Velasco Coello, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Alvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Avila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez y Raúl Piña Horta, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrimos a solicitar que se turne a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados en la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de acuerdo.
En México existen más de 2,000 especies en peligro de extinción, y una de ellas es la tortuga marina. Estos reptiles quelonios, complejos y especializados, viven exclusivamente en los océanos y mares. A escala mundial, existen ocho especies, de las cuales siete pueden ser encontradas en el territorio y seis anidan en las costas de México.
Las tortugas son de gran importancia en los ecosistemas marinos. Por ser especies migratorias, pasan 90 por ciento de su vida en mar abierto, desempeñando funciones relevantes de reproducción y conservación de la flora y fauna. Sin embargo, para madurar, reproducirse y completar un ciclo vital necesitan una diversidad de medios, como mar abierto, aguas continentales y franjas costeras.
En México, las tortugas marinas, y particularmente las tortugas golfinas (Lepidochelys olivacea), tienen como principales sitios de anidación el océano Pacífico. El estado de Oaxaca se considera uno de los sitios de anidamiento y desove de tortugas marinas más importantes de dicha costa. Para la tortuga golfina, el periodo de anidamiento comienza usualmente de junio a marzo, teniendo el periodo de mayor anidación durante septiembre y octubre.
Dichas tortugas depositan cerca de 110 huevos por nido, alcanzando las especies su madurez entre los siete y ocho años. En condiciones normales, la tortuga promedio es capaz de reproducirse hasta 10 años después de alcanzar la madurez. A pesar de su gran fecundidad, presenta alta mortalidad, sobre todo durante las primeras fases del ciclo vital: muchos huevos no eclosionan, muchas crías no llegan al mar y muchas de las que lo consiguen no sobreviven más de un día.
Aunado a lo anterior, existe gran variedad de depredadores, incluido el hombre, lo que dificulta su continuidad como especie.
La amplia explotación de huevos de tortuga marina se debe en gran parte a la creencia de que poseen poderes afrodisiacos. Dicha aseveración no tiene bases científicas; sin embargo, la captura y el consumo de sus huevos son aún un problema que debemos resolver.
Un ejemplo de la captura desmedida de que son objeto se transmitió por televisión el 23 de septiembre del presente año, durante el noticiario de Joaquín López-Dóriga, donde reporteros de Televisa fueron testigos de la captura ilegal de cerca de 2,000 huevos a manos de casi 200 saqueadores en la playa oaxaqueña de Morro Ayuta.
Después de formular la denuncia al campamento tortuguero más cercano, se encontraron con la pasividad en cuanto al ejercicio y la aplicación de la ley por parte de las autoridades correspondientes. El delito no fue atendido y el saqueo continuó por toda la noche; se estimó una captura de cerca de medio millón de huevos.
Aunque tales especies se hallan fuertemente protegidas por leyes, normas y reglamentos nacionales e internacionales, éstos no se respetan en lo más mínimo, ya que encontramos, en gran cantidad de lugares de comercio informal, la venta de huevos, de pequeños organismos o de carne y productos -como objetos artesanales- hechos con caparazones y piel.
Históricamente, la protección de esos quelonios data de 1927, cuando se estableció la prohibición, por decreto presidencial, de explotar huevo de tortuga, para que décadas más tarde se decretaran1 los lugares donde anidan y desovan dichas especies como zonas de reserva y sitios de refugio para la protección, conservación, repoblación, desarrollo y control de las diversas especies de tortuga marina.
La tortuga golfina y todas las tortugas marinas se encuentran listadas en el apéndice 1 de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES, por sus siglas en inglés), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de marzo de 1992, donde se especifica que las especies listadas están sujetas a una reglamentación particularmente estricta, a fin de no poner en peligro aún mayor su supervivencia, y se autorizará sólo en circunstancias excepcionales.
La CITES basa sus consideraciones de listados en los parámetros de la relación de especies en peligro o amenazadas, publicada por la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN, por sus siglas en inglés), en la que las tortugas marinas están clasificadas desde 1994 como especie en peligro.
En este sentido, la Norma Oficial Mexicana 059-ECOL-2001 establece la tortuga golfina como en peligro de extinción, por lo que no puede tener ningún tipo de aprovechamiento si éste no se realiza únicamente para fines científicos.
Además, el artículo 420 del Código Penal federal establece sanciones económicas y cárcel de uno a nueve años para quien capture, consuma, comercie o trafique con las tortugas.
Por eso, los integrantes del Partido Verde Ecologista de México formulamos un llamado urgente a la población y a las autoridades competentes para evitar su consumo y, consecuentemente, coadyuvar así a la disminución de su aprovechamiento furtivo.
Por todo lo anterior, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México somete a su consideración la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que aplique lo dispuesto en el artículo 32 bis, fracción V, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.2
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Poder Ejecutivo federal y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a establecer medidas de protección, coordinadas con los gobiernos de los estados de Oaxaca y de Michoacán, que permitan salvaguardar la integridad de la tortuga golfina.
También, que establezcan medidas contingentes y coordinadas con la Secretarías de Marina y de Defensa, así como con la Procuraduría General de la República, a fin proteger las zonas de anidación de la tortuga marina.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 25 días del mes de septiembre de 2003.
Diputados: Jorge Antonio Kahwagi Macari, Manuel Velasco Coello (rúbrica), Alejandro Agundis Arias (rúbrica), Francisco Xavier Alvarado Villazón (rúbrica), Leonardo Alvarez Romo (rúbrica), Jacqueline Argüelles Guzmán (rúbrica), María Avila Serna (rúbrica), Fernando Espino Arévalo (rúbrica), Maximino Fernández Avila (rúbrica), Félix Adrián Fuentes Villalobos (rúbrica), Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Jorge Legorreta Ordorica (rúbrica), Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio (rúbrica), Cuauhtémoc Ochoa Fernández (rúbrica), Javier Orozco Gómez (rúbrica), Raúl Piña Horta (rúbrica).
Notas:
1 Diario Oficial de la Federación, 29 de octubre de 1986.
2 Vigilar y estimular, en coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales, el cumplimiento de las leyes, las normas oficiales mexicanas y los programas relacionados con recursos naturales, ambiente, aguas, bosques, flora y fauna silvestre, terrestre y acuática, y pesca; y demás materias competencia de la secretaría, así como, en su caso, imponer las sanciones procedentes.
(Turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. En tanto se designa la Comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo. Septiembre 25 de 2003.)
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