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- Que adiciona una fracción XXI al artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para promover acciones de protección civil en el campo, presentada por el diputado Luis Antonio Ramírez Pineda, del grupo parlamentario del PRI, en la sesión del martes 23 de septiembre de 2003.
- Con proyecto de decreto, por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el Presidente acuda a escuchar las conclusiones e intercambiar opiniones con los grupos parlamentarios sobre el contenido de su Informe, presentada por el diputado Francisco A. Espinosa Ramos, del grupo parlamentario del PT, en la sesión del martes 23 de septiembre de 2003.
- Con punto de acuerdo, a fin de que la Cámara de Diputados exhorte al Ejecutivo federal a que con la mayor brevedad expida y publique el Reglamento de Ley de Energía para el Campo y demás disposiciones administrativas necesarias, presentada por el diputado José Mario Wong Pérez, del grupo parlamentario del PRI, en la sesión del martes 23 de septiembre de 2003.
- Con punto de acuerdo, para crear una comisión especial encargada de coadyuvar y dar seguimiento a los programas y proyectos de desarrollo regional del sur-sureste de México, presentada por el diputado Angel Juan Alonso Díaz-Caneja, del grupo parlamentario del PAN, en la sesión del martes 23 de septiembre de 2003.
- Con punto de acuerdo, para solicitar el esclarecimiento del asesinato de la licenciada Griselda Teresa Tirado Evangelio, presentada por la diputada Rosa María Avilés Nájera, del grupo parlamentario del PRD, en la sesión del martes 23 de septiembre de 2003.
- Con punto de acuerdo, a fin de que el Fonden libere y entregue de inmediato los recursos para las regiones declaradas zona de desastre y puedan resolverse urgentemente las contingencias, presentada por el diputado Joel Padilla Peña, del grupo parlamentario del PT, en la sesión del martes 23 de septiembre de 2003.
- Con punto de acuerdo, para que la Cámara de Diputados se pronuncie y exhorte al Presidente de la República a que apoye las iniciativas tendientes a favorecer la más rápida retirada de las tropas de ocupación estadounidenses del territorio iraquí, la transferencia del poder a los representantes de ese pueblo y el respeto irrestricto a su soberanía nacional, presentada por el diputado Jesús González Schmal, del grupo parlamentario de Convergencia, en nombre de la Junta de Coordinación Política, en la sesión del martes 23 de septiembre de 2003.
- Con punto de acuerdo, sobre la situación prevaleciente en el municipio de Unión Hidalgo, Oaxaca, suscrita por diputados de los grupos parlamentarios del PRD, del PT y de Convergencia y presentada por la diputada María del Rosario Herrera Ascencio, del grupo parlamentario del PRD, en la sesión del martes 23 de septiembre de 2003.
- Con punto de acuerdo, en relación con la situación de la niña Lizeth Peña Sosa, presentada por la diputada María Avila Serna, en nombre del grupo parlamentario del PVEM, en la sesión del martes 23 de septiembre de 2003.
- Con punto de acuerdo, para que se revise el dictamen y se discuta en el Pleno la Ley de la Agroindustria de la Caña de Azúcar y la comparecencia en comisiones unidas del titular de la Sagarpa, presentada por el diputado Oscar Martín Ramos Salinas, del grupo parlamentario del PRI, en la sesión del martes 23 de septiembre de 2003.
- Con punto de acuerdo, para que se lleve a cabo una sesión solemne el 16 de octubre próximo por el 50 aniversario del reconocimiento constitucional del derecho de las mujeres a votar y a ser elegidas, presentada por la diputada Leticia Gutiérrez Corona, del grupo parlamentario del PRI, en la sesión del martes 23 de septiembre de 2003.
- Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Semarnat y a la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados a que se realicen los trámites correspondientes para la detención de los dos desembarcos, en el puerto de Veracruz, de sorgo, maíz y trigo genéticamente modificados, presentada por la diputada Jaqueline Argüelles Guzmán, del grupo parlamentario del PVEM, en la sesión del martes 23 de septiembre de 2003.
Iniciativas
QUE ADICIONA UNA FRACCION XXI AL ARTICULO 27 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA PROMOVER ACCIONES DE PROTECCION CIVIL EN EL CAMPO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO LUIS ANTONIO RAMIREZ PINEDA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA SESION DEL MARTES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2003
Luis Antonio Ramírez Pineda, diputado federal, en ejercicio del derecho de iniciativa que le otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pone a la elevada consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa, para adicionar al artículo 27 constitucional una fracción XXI, destinada a promover acciones de protección civil en el campo.
Exposición de Motivos
La crisis que hoy vive el campo mexicano no es producto sólo de ausencia de políticas, de programas cortos de visión o de los severos rezagos que lo ponen en inferioridad de condiciones frente a competidores externos tecnológicamente mejor dotados, financieramente mejor provistos y subsidiados por sus gobiernos.
Los campesinos mexicanos también son víctimas inermes de recurrentes desastres naturales. México es una nación donde cierto tipo de fenómenos naturales, como las sequías prolongadas, las severas inundaciones, los sismos de magnitud variable o las erupciones volcánicas, ocurren con frecuencia.
Hoy mismo, las tormentas tropicales o los huracanes vienen dejando una secuela de desbordamientos e inundaciones que afectan prácticamente todo el país, destruyendo cosechas, viviendas e instalaciones, que afectan a miles de productores, en especial a los más pobres y desvalidos, ante la impreparación o las débiles acciones gubernamentales para evitar o resarcir los cuantiosos daños causados por esos flagelos.
Son hoy Jalisco, Guanajuato, Querétaro y Morelia. Empero, la amenaza pende permanentemente sobre todo el país. A pesar de ello, no existe en el México una verdadera política de protección y una cultura de la prevención de desastres ambientales.
Nuestro país es sumamente propenso a esos desastres por estar situado en el llamado Cinturón de Fuego del planeta, una zona donde ocurre 80 por ciento de la actividad sísmica y volcánica a escala mundial. Se encuentra también dentro de cuatro de las seis regiones generadoras de ciclones en el mundo. Además, es muy probable que ahora mismo estemos presenciando un incremento de esa vulnerabilidad, dados los estudios que advierten sobre el riesgo de mayor incidencia de fenómenos naturales extremos.
De acuerdo con esos estudios, en la última década la incidencia de los desastres en el mundo se ha incrementado 300 por ciento en relación con la década de sesenta del siglo pasado. En consecuencia, el costo de los daños ha crecido en 900 por ciento respecto del mismo periodo. Solamente en América Latina, los daños de 1990 a 2000 equivalieron a 23,755 millones de dólares.
El norte de México se encuentra bajo la influencia de las franjas de alta presión que generan grandes regiones áridas. La aridez no es por tanto un evento accidental en el norte y el centro de México, sino que representa un factor de riesgo continuo y en crecimiento.
De acuerdo con la Semarnat, 76 por ciento del territorio nacional corresponde a zonas áridas y semiáridas, y 25 por ciento de los 15.7 millones de hectáreas que se siembran anualmente en esas regiones se considera de muy alta siniestralidad.
A esa realidad hay que agregar la incorporación de 250 mil hectáreas anuales al proceso sistemático de desertización, provocado generalmente por el hombre, en nuestro país. Según la misma fuente, en 1999, 387 municipios recurrieron al Fonden debido a ese fenómeno.
En las zonas áridas, afectadas por una desertización creciente, las lluvias no son eventos regularmente distribuidos en el tiempo sino que ocurren como procesos discretos y extraordinarios, como golpes ocasionales y esporádicos de disponibilidad de agua en el ambiente.
La falla en la llegada de esos golpes ocasionales de lluvia a los ecosistemas áridos produce tiempos largos sin humedad disponible; es decir, prolongados periodos de sequía, que se localizan principalmente en los estados de Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, Baja California, Sonora, Sinaloa, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, México y Oaxaca.
Sabemos bien que el tejido social, los sistemas humanos, a diferencia de los ecosistemas, no tienen capacidad de adaptación a la sequía. En algunos casos, el consumo de agua se incrementa significativamente durante los periodos de sequía, exacerbando aún más la carencia de agua.
Investigaciones recientes señalan que los ciclos de lluvia y de sequía se encuentran vinculados con fenómenos atmosféricos y oceánicos globales y, especialmente, con el calentamiento y el enfriamiento cíclicos de la costa del Pacífico, vinculados con los fenómenos de El Niño (ciclo de calentamiento) y La Niña (ciclo de enfriamiento).
Existen fuertes evidencias de que la frecuencia de los fenómenos cíclicos oceánicos y atmosféricos puede incrementarse con el calentamiento global del planeta, lo cual vincularía de manera preocupante las sequías en el norte de México con las emisiones de gases de invernadero a escala planetaria, generados en su mayor parte por los países desarrollados y las regiones sobrepobladas, grandes consumidores de energéticos.
Un breve recuento de los grandes desastres ocurridos en los últimos años permite tomar conciencia de la alta siniestralidad a que está expuesto nuestro país, especialmente las zonas agrícolas, en las que vive la cuarta parte de la población nacional; menciono: las sequías en el norte del país en 1980, el sismo que sacudió la Ciudad de México en 1985, el huracán Gilberto en 1998, el huracán Paulina en 1999, las inundaciones en Veracruz en 1999, los efectos del huracán Keith en 2000...
El Centro Nacional de Prevención de Desastres ha reportado la pérdida de 10,000 vidas humanas y daños directos a los acervos de capital y al patrimonio de las personas, empresas e instituciones, que ascienden a 14,000 millones de dólares, causados por los desastres naturales en el periodo 1980-2000.
Esas cifras no incluyen los enormes daños causados el año pasado por los huracanes Isidore y Kenna en la península de Yucatán y en los estados de Nayarit y Baja California, que cobraron vidas humanas y dejaron cientos de miles de damnificados y pérdidas por casi 300 millones de dólares. Tampoco incluyen los daños del terremoto que golpeó Colima en enero último.
Son ciertamente fenómenos y cambios climáticos que tienen múltiples causas, pero hay claros indicios de que responden en gran medida a la acción depredadora y contaminante del hombre. Muchos de esos fenómenos son sin duda producto del saqueo impune e incontenible de nuestros bosques, de la producción industrial irresponsable, del desgaste de los recursos naturales y del inadecuado manejo de los suelos.
Sin embargo, cual sea el origen de esos cambios, importan la lección y el mandato que traen implícitos.
El estudio de Fontecilla y Moreno realizado en 1998 señala la estrecha relación existente entre los desastres naturales, la pobreza y el mal uso del ambiente, así como con la sobreexplotación de los recursos naturales en superficies de alta fragilidad ecológica, la subutilización de recursos potenciales, la laxitud de las medidas de control ambiental -con saldos negativos para los grupos sociales más vulnerables-, el incremento de la infraestructura urbana en las zonas de alto riesgo y el deterioro de la salud ambiental.
La lección que surge de esas amargas experiencias es la necesidad de prepararnos mejor para enfrentar esos fenómenos, una lección que nos hace comprender hasta qué punto, sobre todo en las zonas más pobres, la vida y la economía precarias hacen necesarios y urgentes programas, recursos y políticas de planeación para atender apropiadamente la emergencia y resarcir de manera digna los estragos económicos que sufre la población más necesitada.
Porque, ciertamente, en la mayoría de los casos la constante ha sido la limitación de los recursos institucionales, materiales y financieros, pero también la débil organización y la falta de capacitación de los recursos humanos para atender de manera debida la complejidad de los problemas que acarrean en todas las áreas físicas y humanas esos fenómenos.
Es cierto que ya contamos con instituciones y programas de protección civil, que cada día son más eficaces y que prácticamente se extienden ya a todas las entidades de la República. Sin embargo, los alcances de esas acciones son en su mayoría urbanos y, como hemos visto, la población campesina es la que está sufriendo, inerme, las consecuencias de esa tragedia, por su pobreza, su falta de preparación y su lejanía con las instituciones públicas.
Porque en el campo los fenómenos naturales se vienen dando con mayor frecuencia e intensidad, y prevalecen la incomunicación, el aislamiento y la extrema pobreza -de la población y de las instituciones-. Estamos obligados a mayor presencia del propio esfuerzo de los afectados para prevenir, encarar y sobreponerse a las grandes catástrofes, del orden que sean, al menos hasta que los mecanismos de ayuda puedan acceder y actuar en esas regiones.
La responsabilidad que surge de esa realidad es la de concienciarnos mejor para enfrentar esos fenómenos. A ello responde la iniciativa de ley que pongo a consideración de esta soberanía, destinada a crear obligatoriamente en los núcleos de población ejidales y comunales comisiones de protección civil que permitan incorporar de manera organizada a la población campesina en el sistema nacional de prevención y atención de desastres.
Con la iniciativa se derivará que en la ley reglamentaria se impulsen obligatoriamente, con la cooperación campesina, la elaboración y la actualización de los atlas de riesgo que falta elaborar en muchas entidades federativas y la creación de fondos a escalas federal, estatal y municipal, con un porcentaje considerable destinado a los ejidos y las comunidades que respalden las acciones de la comisión y enriquezcan las aportaciones del Fonden y del Fondo de Apoyo a Productores Afectados por Contingencias Climatológicas (Fapracc).
De igual manera, deberá extenderse entre los campesinos la información científica necesaria para la apropiada comprensión de los fenómenos naturales, para el desarrollo de una cultura de prevención que permita a las organizaciones sociales el manejo, el control y la superación de situaciones de emergencia y de desastre en el campo.
Desde esa perspectiva, la trascendencia social de la iniciativa radica en su intención de involucrar en responsabilidades de autoprotección civil a los grupos de poblaciones ejidales y comunales.
Pienso que es necesario, con base en las milenarias tradiciones solidarias de los campesinos, impulsar una conciencia y una cultura modernas de protección civil que articulen el campo con los esfuerzos nacionales, con un claro principio de solidaridad nacional y con miras a hacer crecer la presencia popular organizada desde las bases en el sistema nacional de toma de decisiones para la protección ciudadana.
La ley reglamentaria habrá de recoger el espíritu de la iniciativa en el sentido de transformar el Fapracc en un instrumento capaz de reponer la capacidad productiva de las tierras y la pérdida de los activos, mediante dos vertientes de acción: la cobertura de al menos las tres cuartas partes del valor de la producción y la entrega de un financiamiento de largo plazo sin intereses para la recuperación de activos, que permitan a los campesinos y productores rurales regresar a la actividad económica en el siguiente ciclo productivo.
Los beneficiarios de esas acciones y apoyos serán quienes resulten afectados, y el nivel del apoyo brindado equivaldrá a la medida del daño. Lo anterior, sin desmedro de la asistencia prevista en el resto de los programas constituidos y operando en los tres órdenes del Poder Ejecutivo.
El campo mexicano cuenta con un consistente, vigoroso y arraigado sistema organizativo y con fuerte tradición solidaria y cooperativa. La estructura básica de la organización campesina, fundada en la ley, es la ejidal-comunitaria. Empero, el hincapié organizativo está puesto en los componentes productivos, sociales y políticos de la vida campesina.
No existe nada específico sobre prevención y atención de desastres naturales. Por el contrario, ante esas calamidades, hay arraigada subcultura de resignación, de resistencia pasiva y de esperar todo del gobierno o de alguna ayuda sobrenatural.
Por eso propongo la obligación de constituir, en cada ejido o comunidad, una comisión de protección civil, como parte obligatoria, permanente y estructural de su organización colectiva y, al mismo tiempo, como la base popular del sistema nacional de protección civil para la prevención y atención de desastres, vinculada estrechamente a los ayuntamientos y a las estructuras estatales.
Se encarga a esas comisiones aportar la información necesaria para la elaboración y actualización periódica del correspondiente atlas de riesgo, en coordinación con las autoridades municipales y las estatales respectivas, y constituirse como base del entramado social responsable de aterrizar los recursos y vigilar su correcta y honesta aplicación.
Se les señala la responsabilidad de organizar e impulsar, en sus correspondientes núcleos de población, las acciones preventivas necesarias, así como los ejercicios preparatorios que les permitan dar, en su oportunidad, respuesta eficiente a situaciones de emergencia.
Se les faculta para asumir, en caso de desastre, para los fines exclusivos de éste, y en acuerdo con las autoridades locales correspondientes, la plena representación, responsabilidades y coordinación de sus respectivos núcleos poblacionales.
Se dispone asimismo, con cargo a los presupuestos anuales de los tres órdenes de gobierno, la asignación de los recursos necesarios para la organización y el funcionamiento de las mencionadas comisiones ejidales y comunitarias de protección civil.
Así, además de sentar las bases para reforzar en el campo, con la participación popular, con una partida específica en los presupuestos estatales y los municipales, el sistema nacional de protección civil para la prevención y atención de desastres, se busca crear entre los campesinos canales de comunicación; estimular conductas preventivas y mejorar la capacidad de actuación colectiva y oportuna ante calamidades de cualquier origen, a fin de evitarlas o enfrentarlas con el menor daño posible, en coadyuvancia con las acciones y los recursos del Estado y de los demás sectores sociales.
Con esos propósitos, en atención a las consideraciones precedentes, me permito presentar a esta honorable asamblea el siguiente proyecto de
Decreto
Que adiciona el artículo 27 constitucional
Artículo Unico. Se adiciona al artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos una fracción XXI, para quedar como sigue:
Artículo 27
XXI. Se declara de interés público la protección civil para los ejidos y comunidades. En cada núcleo rural se establecerá una comisión de protección civil, cuyos objetivos son prevenir, atenuar y atender riesgos y daños a las vidas y a los bienes de sus integrantes causados por desastres de cualquier orden; y promover programas para la reconstrucción de las áreas agropecuarias, silvícolas y agroindustriales devastadas. Para esos efectos, se coordinarán las autoridades municipales, las estatales y las federales.
La ley reglamentaria formulará los mecanismos para el funcionamiento de la comisión de protección civil.
Salón de Sesiones de la Honorable Cámara de Diputados, a los 23 días del mes de septiembre de 2003.
Dip. Luis Antonio Ramírez Pineda (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. En tanto se designa la Comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo. Septiembre 23 de 2003.)
CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PARRAFO AL ARTICULO 69 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA QUE EL PRESIDENTE ACUDA A ESCUCHAR LAS CONCLUSIONES E INTERCAMBIAR OPINIONES CON LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS SOBRE EL CONTENIDO DE SU INFORME, PRESENTADA POR EL DIPUTADO FRANCISCO A. ESPINOSA RAMOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT, EN LA SESION DEL MARTES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2003
Los suscritos, diputados federales a la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo la siguiente:
Exposición de Motivos
Por disposición constitucional consignada en el artículo 69 de nuestra Norma Suprema, el Presidente de la República tiene la obligación de asistir a la apertura del primer periodo de sesiones ordinarias y de rendir ante el Congreso un informe del estado que guarda la Administración Pública del país.
El Informe Presidencial debe ser un acto de rendición de cuentas que se hace ante el Poder Legislativo, actuando las dos Cámaras del Congreso como asamblea única y, posteriormente, por separado cada Cámara realiza el análisis del Informe en los cuatro rubros que se señalan en el artículo 7°, numeral 4 de la Ley Orgánica del Congreso General.
Independientemente de este análisis, la Cámara de Diputados realiza, a través de la Auditoría Superior de la Federación, la revisión de la Cuenta Pública de cada ejercicio fiscal. Está previsto que la Cámara de Diputados aprueba, en uso de facultades exclusivas, el Presupuesto de Egresos de la Federación, previa solicitud que el Ejecutivo Federal hace de las asignaciones presupuestales que requiere para la realización de las actividades de gobierno, y que en la Cuenta Pública se determina la coincidencia o discrepancia de lo autorizado respecto de lo ejercido y la forma en la cual los recursos públicos son utilizados.
Pero este examen es siempre ex post, por lo que es necesario encontrar un mecanismo que sea ágil y permita también un diálogo directo entre el titular del Poder Ejecutivo y los integrantes del Poder Legislativo.
Es pertinente destacar que la iniciativa del grupo parlamentario del Partido del Trabajo que hoy se somete a su consideración tiene el propósito de establecer en la Constitución ese diálogo entre poderes, ya que el mecanismo actual que se establece en la Ley Orgánica del Congreso únicamente limita al envío, al Presidente de la República, por parte de cada Cámara del Congreso, de las versiones estenográficas de las sesiones en la que se realiza la glosa o comparezcan los secretarios de despacho, solamente para el conocimiento del Presidente de la República.
Lo que nuestro grupo parlamentario plantea es que el Ejecutivo siga asistiendo a la apertura del primer periodo de sesiones del Congreso, que siga presentando su Informe de Gobierno, pero que, además, realizado el análisis por parte de los integrantes de cada Cámara, al final de este ejercicio el Presidente de la República acuda, en la fecha que así se determine, a reunión del Congreso de la Unión para escuchar las opiniones de los Legisladores sobre el contenido del Informe y de lo que puede hacerse para mejorar la marcha de la administración pública del país.
El planteamiento anterior tiene una explicación lógica: el Presidente de la República rinde su Informe ante el Congreso en la fecha prevista por el artículo 65 constitucional; esto es, al inicio del noveno mes de año, con lo que se entendería que su Informe abarca de lo realizado por la Administración Pública Federal entre el 1° de septiembre de un año y el 31 de agosto del año siguiente, pero la revisión de la Cuenta Pública abarca lo que el Ejecutivo hizo o no con las autorizaciones de gasto contenidas en el decreto de Presupuesto de Egresos para un ejercicio fiscal, que inicia el 1° de enero y concluye el 31 de diciembre de ese año.
El contenido específico de nuestra propuesta es el establecer una relación directa, respetuosa y continua entre los titulares de dos de los poderes públicos de la nación que el pueblo elige a través de su sufragio.
De todos es sabido que el sistema de división de poderes previsto en la Constitución no es rígido ni inflexible, puesto que la propia Constitución del país establece casuísticamente los casos en que los Poderes Legislativo y Ejecutivo intervienen para la realización de ciertos actos, a manera de ejemplo señalamos los siguientes:
b) O la designación del gobernador del Banco de México, prevista en el artículo 28, párrafo séptimo, donde se señala que la conducción del banco estará a cargo de personas cuya designación será hecha por el Presidente de la República, con la aprobación de la Cámara de Senadores o de la Comisión Permanente.
c) O el caso de la suspensión de garantías, prevista en el artículo 29, donde el Presidente de la República, con la aprobación del Congreso de la Unión, puede suspender garantías individuales en todo el país o en lugar determinado.
d) O la colaboración de los dos poderes en el proceso legislativo, previsto en el artículo 72, en relación con el artículo 89, fracción I.
e) O para nombrar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, según se dispone en el artículo 96.
f) O para ratificar el nombramiento de procurador general de la República, según se dispone en el apartado A, primer párrafo, del artículo 102 constitucional.
g) O bien, el procedimiento para designar al Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, previsto en el artículo 102, Apartado B, párrafo sexto.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo Primero.- Se adiciona un segundo párrafo al artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 69.
...
Posterior a la fecha de presentación del Informe del estado que guarda la administración pública del país y hasta el 30 de septiembre, el Presidente de la República asistirá al Congreso de la Unión a escuchar las conclusiones e intercambiar opiniones, sobre el contenido del Informe presentado, con los grupos parlamentarios representados en el Congreso.
Transitorios
Unico.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil tres.
Diputados: Alejandro González Yáñez, coordinador; Pedro Vázquez González, vicecoordinador; Juan Antonio Guajardo Anzaldúa, Joel Padilla Peña, Oscar González Yáñez, Francisco A. Espinosa Ramos (rúbricas).
(Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales; en tanto se designa ésta, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo. Septiembre 23 de 2003.)
Proposiciones
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE LA CAMARA DE DIPUTADOS EXHORTE AL EJECUTIVO FEDERAL A QUE CON LA MAYOR BREVEDAD EXPIDA Y PUBLIQUE EL REGLAMENTO DE LEY DE ENERGIA PARA EL CAMPO Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS NECESARIAS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JOSE MARIO WONG PEREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA SESION DEL MARTES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2003
Los suscritos, diputados federales integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional del estado de Chihuahua, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos presentar ante esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal, a fin de que expida y publique el reglamento congruente con la Ley de Energía para el campo y demás disposiciones administrativas necesarias, y además solicitar la suspensión inmediata de los cortes de energía eléctrica a los productores del campo chihuahuense que utilizan sistemas de bombeo y, en consecuencia, restituir el servicio a los afectados por esta medida, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Con base en la necesidad de contar con un instrumento jurídico que impulse la productividad y el desarrollo de las actividades agropecuarias, el diputado César Horacio Duarte Jáquez presentó el 29 de noviembre del 2001 la iniciativa de Ley de Energía para el Campo, que fue turnada por el Pleno a la Comisión de Energía para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.
El 9 de abril del 2002, a solicitud del diputado Juan Camilo Mouriño Terrazo, Presidente de la Comisión de Energía de esta Cámara de Diputados se amplió el turno de la iniciativa a la Comisión de Desarrollo Rural.
Posteriormente la Mesa Directiva de la Comisión de Desarrollo Rural presentó una propuesta de dictamen, que sirvió de base para dictaminar la iniciativa de Ley de Energía para el Campo.
La aprobación de la mencionada ley fue uno de los logros más destacados de la anterior Legislatura, creando la posibilidad de que el Ejecutivo federal estableciera el programa mediante precios y tarifas de estímulo de los energéticos agropecuarios, tales como las gasolinas, diesel, combustóleo y energía eléctrica, con la finalidad de impulsar la productividad y desarrollo de las actividades agropecuarias.
Sin embargo, los beneficios de esta ley no han llegado a la mayoría de los productores como consecuencia de que hasta hoy no se ha cumplido con el artículo segundo transitorio de este cuerpo normativo, que mandata al Ejecutivo federal que expida, dentro de los 75 días hábiles siguientes a la entrada en vigor de esta ley, su reglamento y demás disposiciones administrativas necesarias, considerando que el decreto que contiene la Ley de Energía para el Campo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2002.
A falta de tales preceptos legales, se han establecido acuerdos mediante los cuales se han otorgado subsidios en los costos de energía eléctrica a los productores del campo, mismos que resultan insuficientes, por la complejidad del trámite necesario para ser acreedores a esos beneficios.
Debido a lo anterior, el mayor número de productores del estado de Chihuahua no han sido beneficiados con las tarifas preferenciales, no pudiendo pagar los altos costos de la energía eléctrica, por lo que la Comisión Federal de Electricidad ha emprendido en distintas regiones del estado la suspensión de su servicio a cientos de pozos agrícolas, poniendo en riesgo la producción de una gran cantidad de cultivos, lo que ya ha originado la toma de diversos inmuebles de instituciones oficiales y el cierre de carreteras, pudiendo alcanzar el conflicto mayor magnitud.
Por lo anterior, sometemos a la consideración de ustedes, como asunto de urgente y obvia resolución, el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero: Que la Cámara de Diputados exhorte al Ejecutivo federal a fin de que con la mayor brevedad expida y publique el reglamento congruente con la Ley de Energía para el Campo y demás disposiciones administrativas necesarias y que en el rubro de la energía eléctrica contenga los precios y tarifas de estímulo fijos no mayores a 15 centavos kilowatt/hora y que, publicado el reglamento, sea éste la base para la negociación de los adeudos de productores con la Comisión Federal de Electricidad para que sean liquidados en un plazo de 39 meses.
Segundo: Que esta Cámara se pronuncie para que no se efectúen cortes de suministro de energía eléctrica a partir del 5 de octubre de 2003, fecha del vencimiento del plazo otorgado por la Comisión Federal de Electricidad. Que este plazo se extienda hasta la conclusión de las negociaciones que se deriven de la publicación del Reglamento de la Ley de Energía para el Campo.
Tercero: Que esta Cámara de Diputados exhorte al Ejecutivo federal a que se canalicen de inmediato recursos extraordinarios al estado de Chihuahua para avanzar en el programa de uso eficiente del agua y de la energía eléctrica, cuyo requerimiento actualmente es del orden de los 4,500 millones de pesos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de septiembre del año 2003.
Diputados: Mario Wong Pérez, José Reyes Baeza Terrazas, Jorge de Jesús Castillo Cabrera, Lorenzo Miguel Lucero Palma, Jesús Aguilar Bueno, Nora Elena Yu Hernández, María Martha Celestina Eva Laguette Lardizábal, Fernando Ulises Adame de León, Fernando Alvarez Monje, María Avila Serna (rúbricas).
(Aprobada en votación económica. Septiembre 23 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA CREAR UNA COMISION ESPECIAL ENCARGADA DE COADYUVAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL DEL SUR-SURESTE DE MEXICO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO ANGEL JUAN ALONSO DIAZ-CANEJA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, EN LA SESION DEL MARTES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2003
Los que suscriben, diputados federales integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LIX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta honorable asamblea un punto de acuerdo, conforme a las siguientes
Consideraciones
México se encuentra hoy con un nuevo ejercicio del poder, con una nueva concepción sobre el desarrollo del país y con una maduración en el proceso de democratización que permite una mejora en los niveles político, económico y social.
El Poder Legislativo federal se concibe así como representante de la sociedad y de las instituciones nacionales, obligado a cooperar en la coordinación y el desarrollo del esfuerzo nacional para abatir el rezago económico, las injusticias sociales y -sobre todo- los desequilibrios regionales. Y en este punto, respecto a los desequilibrios regionales, cabe señalar la enorme importancia que tiene para el país la búsqueda del desarrollo en la región del sur-sureste.
Como es sabido, esta región -que abarca los estados de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán- presenta grandes rezagos en diversos sectores, rezagos que deben abatirse.
El desarrollo nacional no ha sido homogéneo; cuestiones de tipo social, económico, geográfico y político han creado atraso y marginación en algunos estados de la República, particularmente en los situados en regiones del sur y sureste. Esta realidad requiere un esfuerzo compartido que permita desarrollar las enormes potencialidades de la región.
En efecto, a México asiste un conjunto humano y material de capacidades y energías magníficas, de grandes posibilidades; y, simultáneamente, existen lamentables carencias, deficiencias: incongruencias inexplicables, que reclaman un esfuerzo organizado y mantenido.
Ante ello, el Gobierno Federal y el Partido Acción Nacional han manifestado su interés en la realización urgente de acciones y programas con el fin de potenciar el desarrollo de esta región en todas sus áreas y, de esa forma, integrarla al desarrollo nacional.
Reconocemos que las anteriores administraciones han realizado acciones y proyectos para la región; sin embargo, no han sido suficientes para lograr asimilar el desarrollo de la región con el centro y el norte del país.
Es importante destacar que en algunos estados las condiciones de atraso y marginalidad han sido la causa de conflictos sociales y políticos cuya solución se encuentra sujeta a la voluntad nacional y de la autoridad pública para abatir el origen de los problemas y no simplemente sus manifestaciones.
Sin duda, los grandes retos que enfrenta la región sur-sureste del país exigen una corresponsabilidad que, valga decir, significa obligación por el bienestar y porvenir de millones de mexicanos. En ese sentido, resulta imprescindible crear los espacios necesarios para impulsar y dar seguimiento a los trabajos realizados para el desarrollo de la región, de manera concreta, en el marco de nuestras facultades y obligaciones, mediante la creación de una comisión especial.
Lograr a través del desarrollo humano, del desarrollo social, del desarrollo económico y del desarrollo sustentable que las personas, las familias y las comunidades mejoren su nivel de vida, sus capacidades y sus condiciones en esta región es parte importante del compromiso de nuestra labor.
La misión de dicha comisión consistirá en coadyuvar y dar seguimiento, en el ámbito de competencia del Poder Legislativo federal, a los proyectos de desarrollo regional relacionados con la región sur-sureste.
Igualmente, dicha Comisión contribuirá a impulsar todos los programas que emanan del Ejecutivo federal, de cualquier forma de organización social que promueva el desarrollo y la consolidación de esta región, así como a mantener una comunicación directa y continua con todas las comisiones, dependencias y entidades federales, estatales y municipales que nos permitan coordinar esfuerzos.
Esta es una obligación no sólo moral: los artículos 25 y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos disponen como responsabilidad del Estado garantizar el desarrollo nacional de forma integral y sustentable, que fortalezca la soberanía nacional y su régimen democrático, procurando siempre un crecimiento económico, el empleo y una justa distribución del ingreso y la riqueza que permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales.
A dos años de haberse iniciado un esfuerzo conjunto, con el único fin de abatir la problemática y el histórico rezago social que presenta la región, estimamos conveniente ratificar nuestro compromiso de cooperación, con una renovada determinación de promover el desarrollo y el bienestar social de los estados del sur-sureste del país.
Nos subyace una convicción profunda sobre la prevalencia del interés superior del país, de la necesidad de no defraudar las expectativas de la población mexicana, en este caso quienes habitan en el sur-sureste del país, fieles a sus orígenes, que con extraordinaria sabiduría exigen una convivencia más equitativa y democrática.
Nuestra convicción debe ser coadyuvar con todos los actores involucrados a que el sur-sureste del país aspire a tener mejores niveles de vida y cerrar paulatinamente esa enorme brecha de desigualdad.
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo establecido en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso, el cual establece que el Pleno podrá acordar la constitución de comisiones especiales para hacerse cargo de un asunto especifico, se somete a consideración del Pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se crea la Comisión Especial de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la LIX Legislatura encargada de coadyuvar y dar seguimiento, en el ámbito de competencias del Poder Legislativo federal, a los proyectos y programas de desarrollo regional relacionados con la región sur-sureste de México.
El objeto de la Comisión Especial será el que se deriva de su denominación.
La Comisión Especial atenderá las proposiciones que, en materia de desarrollo regional para el sur-sureste del país, presenten los legisladores y demás sujetos con derecho a ello, así como los planteamientos que en la materia estipula el Plan Nacional de Desarrollo 2000-2006 y los programas regionales que impulsen el Ejecutivo federal y los gobiernos estatales y los municipales.
Esta Comisión Especial funcionará de conformidad con los ordenamientos que en materia de comisiones establecen la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones relativas. Contará con los recursos necesarios para el adecuado desempeño de sus funciones.
Segundo. La Comisión Especial estará integrada por 30 diputadas y diputados, pertenecientes a todos los grupos parlamentarios, de acuerdo con la propuesta que al efecto formule la Junta de Coordinación Política al Pleno de los diputados.
Las propuestas de diputadas y de diputados que corresponda presentar a los diversos grupos parlamentarios para integrar la Comisión Especial de que se trata recaerán preferentemente en integrantes de cada bancada provenientes de las entidades que comprende la región sur-sureste de México.
Tercero. La Comisión Especial impulsará y propondrá a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y al Pleno de la H. Cámara de Diputados los programas y proyectos prioritarios de desarrollo para la región sur-sureste de México, en el marco del Presupuesto de Egresos de la Federación.
Cuarto. La Comisión Especial materia del presente acuerdo funcionará por el término de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión.
Quinto. El presente acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de septiembre de 2003.
Diputados: Angel Juan Alonso Díaz-Caneja, Alfredo Rodríguez y Pacheco, Yleana Baeza Estrella, José A. Pablo de la Vega Asmitia, Myriam de Lourdes Arabian Couttolenc, Jorge Roberto Ruiz Esparza Oruña (rúbricas).
(Turnada a la Junta de Coordinación Política. Septiembre 23 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR EL ESCLARECIMIENTO DEL ASESINATO DE LA LICENCIADA GRISELDA TERESA TIRADO EVANGELIO, PRESENTADA POR LA DIPUTADA ROSA MARIA AVILES NAJERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DEL MARTES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2003
El estado de derecho se instaura para que las sociedades funcionen bajo un marco de legalidad, que garantiza que todas las personas que se encuentran bajo ese régimen tendrán los mismos derechos y las mismas obligaciones. La realidad que viven millones de personas en nuestro país nos demuestra que en México está quebrantado ese Estado de derecho.
El hambre, el desempleo, la pobreza, la enajenación, la aculturación, desencadenan fenómenos de marginación, de falta de oportunidades, de injusticia, en particular hacia los más vulnerables, los más pobres.
En el estado de Puebla, se perpetró hace poco más de un mes el asesinato de Griselda Teresa Tirado Evangelio. Esta extraordinaria mujer era una luchadora social irreductible.
Nacida en el seno de una familia totonaca -uno de los grupos indígenas del estado de Puebla, conformado por 100 mil 423 personas, que llegan apenas a 240 mil 34 en todo el país -, logró trascender las limitaciones que le imponía esta sociedad mexicana por ser pobre, por ser indígena y por ser mujer.
Se recibió como licenciada en Derecho en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla e hizo una maestría en ciencias políticas. Asumió desde el principio de su actividad profesional un compromiso con los de su clase y su sangre y se convirtió en defensora de los derechos humanos. También se desempeñaba como consejera electoral ante el IFE local.
La vida breve de esta mujer (apenas 37 años) es un caso más de millones de personas que ante un hecho incuestionable, como lo es un asesinato, queda demostrado lo vulnerable que es el Estado de derecho en nuestro país.
Han pasado seis semanas y no se ha logrado el esclarecimiento de este crimen. Fue muerta de tres -dicen unos, de cuatro dicen otros- impactos de arma de fuego; murió de manera instantánea, en Huehuetla, Puebla.
En esta región de la sierra de Puebla se ha vivido por muchos años bajo el régimen caciquil, impuesto por intereses de unos cuantos y solapados por los gobernantes en turno. Dado el atraso tecnológico de estas comunidades pequeñas, se hace imprescindible la utilización de la mano de obra y la de los totonacas es una de las más baratas que existen, pero además quien la emplea no está obligado porque no hay autoridad ni programas gubernamentales que lo obliguen a dar la protección como cualquier patrón, como son: un salario justo, condiciones de trabajo que protejan al trabajador, protección a la familia. De hecho, vemos exactamente lo contrario: jornadas de trabajo de sol a sol; empleo de menores de edad, que llegan incluso al rango de cinco o seis años; ancianas y ancianos, todos trabajando en condiciones extenuantes.
Esta, señoras y señores, es parte de la realidad que se vive en las comunidades totonacas y en la sierra norte del estado de Puebla.
Hemos visto a lo largo de más de un mes, declaraciones de autoridades locales y estatales que claman por el esclarecimiento de este crimen, pero hacen acotaciones, pertinentes para ellos, de no "politizar" este "lamentable hecho".
A poco más de un mes, no se ha llamado a rendir cuentas al presidente municipal de Huehuetla, de quien públicamente se sabe que a los pocos días de ganar la presidencia municipal, difundió un volante en que advirtió que rodarían cabezas de todos aquellos que fueron sus oponentes en la elección de presidente municipal (realizada en noviembre de 2001).
Las autoridades que se han allegado el caso, como es la Procuraduría General de Justicia del estado de Puebla, no han dado muestras de tener un avance en dicho esclarecimiento y de velar por el Estado de derecho y la gobernabilidad.
No hay, en el caso de Tirado Evangelio, actos ni palabras que la vinculen con hechos delictuosos; su desempeño profesional siempre estuvo marcado por la defensa de los derechos humanos y el respeto a la ley.
Independientemente de quién era esta mujer, la cualidad sine qua non es que todos somos iguales ante la ley. Por ende, todos los ciudadanos debemos tener plenamente garantizado que ante una violación flagrante de nuestros derechos, la autoridad velará porque se respeten las leyes, actuará en consecuencia y mantendrá ese principio rector.
Por todo lo expresado, presento a esta asamblea, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y someto a esta soberanía el siguiente
Punto de acuerdo de urgente y obvia resolución
Uno. Que esta honorable Cámara de Diputados, en el marco de la división de poderes y con estricto respeto al federalismo, haga un exhorto al gobernador del estado de Puebla, ciudadano Melquiades Morales Flores, para que conmine a las autoridades correspondientes, que en las indagatorias relativas al asesinato de Griselda Teresa Tirado Evangelio se tomen las medidas necesarias para que el esclarecimiento del crimen avance de manera más pronta y expedita.
Dos. Que el Ejecutivo estatal informe sobre el avance en las indagatorias de este crimen.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro,
a los 23 días del mes de septiembre de 2003.
Diputados: Rosa María Avilés Nájera, Myriam de Lourdes Arabian Couttelenc, José Felipe Puelles Espina, Alejandro González Yáñez, Jesús Martínez Alvarez, Jesús González Schmal, Jaime Miguel Moreno Garavilla (rúbricas).
(Aprobado en votación económica. Septiembre 23 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EL FONDEN LIBERE Y ENTREGUE DE INMEDIATO LOS RECURSOS PARA LAS REGIONES DECLARADAS ZONA DE DESASTRE Y PUEDAN RESOLVERSE URGENTEMENTE LAS CONTINGENCIAS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT, EN LA SESION DEL MARTES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2003
No obstante la pobreza en la que se encuentran millones de mexicanos, ahora se enfrentan a los embates de la naturaleza.
En fechas recientes, los estados de Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Querétaro, Nayarit, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Coahuila, Sinaloa, Baja California Sur y el estado de Tabasco no pudieron escapar a las inundaciones y las millonarias pérdidas que ello provoca.
Otros estados del país corren el riesgo de sufrir estas inundaciones y los mecanismos de prevención parecen insuficientes frente a la magnitud de estos fenómenos.
Hasta este momento, el Gobierno Federal no tiene estimada la cantidad de recursos que deberá erogar para la reparación o recuperación total de las viviendas que fueron afectadas o destruidas, de los enseres domésticos y superficies de cultivo.
Se calcula que más de 15 mil productores de los estados que han sido afectados por las precipitaciones pluviales han tenido pérdidas superiores a los 76 mil millones de pesos.
El Fondo de Desastres Naturales, que es el instrumento financiero encargado de hacer frente y de proporcionar recursos para resolver estos problemas, no cuenta con el monto suficiente para hacerlo.
Al mes de junio del presente año, el Fonden había acumulado una disponibilidad financiera de siete mil 58 millones de pesos, de los cuales sólo se han ejercido 701.7 millones de pesos en ese lapso, conforme a los datos del Tercer Informe de Gobierno, lo que representa sólo el 10 por ciento del monto total de recursos que administra actualmente el Fonden.
Frente a la escasez de recursos para enfrentar las calamidades que se derivan de los desastres naturales, los afectados también tienen que enfrentarse a la burocracia del Fonden, porque los recursos no son liberados con oportunidad.
Los estados de Baja California Sur y Yucatán son una clara muestra de lo insuficiente que son los recursos que ejerce el Fonden para ayudar a la población afectada por los fenómenos meteorológicos y de la lentitud con la que llegan los recursos.
A un año de haber sido afectados varios municipios del estado de Yucatán por el huracán Isidore, los productores siguen demandando ayuda del Fonden, porque los 450 millones de pesos que recibieron de ese fondo fueron insuficientes para superar la devastación que sufrieron las actividades económicas en la entidad.
Asimismo, los habitantes del estado de Baja California Sur que fueron afectados por el huracán Juliette tuvieron que recurrir a esta soberanía para que urgiera al Gobierno Federal a liberar los recursos del Fonden.
Para su mala fortuna, los habitantes de esa entidad aún no se reponían de los embates del huracán Juliette cuando fueron sorprendidos por el huracán Ignacio, con los resultados desastrosos ya conocidos por la opinión pública. En este caso, tampoco el Gobierno Federal actuó con prontitud. Hoy que el huracán Marty azotó a la entidad, sus habitantes ya desconfían de que les lleguen los recursos.
El voto del pueblo de México nos permitió acceder a esta representación nacional. Hoy nos demanda que intercedamos ante el Gobierno Federal para que se liberen con prontitud los recursos del Fonden y reciban la ayuda a tiempo para superar los estragos que produjeron las inundaciones.
También nos están solicitando canalizar mayores recursos al Fondo de Desastres Naturales para que esa ayuda llegue a ellos y les pueda servir de algo en la superación de estos momentos difíciles.
Por las consideraciones expuestas, diputados de los distintos grupos parlamentarios, con fundamento en lo que dispone el artículo 59 del Reglamento General para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, proponemos, para que sea considerado de urgente y obvia resolución el siguiente
Punto de Acuerdo
Artículo Primero.- Que la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicite al Gobierno Federal la entrega urgente de los recursos del Fondo de Desastres Naturales a los damnificados por los fenómenos meteorológicos ocurridos en los diferentes municipios de las entidades federativas del país.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los veintitrés días del mes de septiembre de 2003.
Diputados: Alejandro González Yáñez, Pedro Vázquez González, Joel Padilla Peña, Francisco Amadeo Espinosa Ramos, Roberto Campa Cifrián, Jorge Kahwagi Macari, Oscar González Yáñez, Luis Maldonado Venegas, Clara Marina Brugada Molina (rúbricas).
(Aprobado. Septiembre 23 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE LA CAMARA DE DIPUTADOS SE PRONUNCIE Y EXHORTE AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA A QUE APOYE LAS INICIATIVAS TENDIENTES A FAVORECER LA MAS RAPIDA RETIRADA DE LAS TROPAS DE OCUPACION ESTADOUNIDENSES DEL TERRITORIO IRAQUI, LA TRANSFERENCIA DEL PODER A LOS REPRESENTANTES DE ESE PUEBLO Y EL RESPETO IRRESTRICTO A SU SOBERANIA NACIONAL, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JESUS GONZALEZ SCHMAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA, EN NOMBRE DE LA JUNTA DE COORDINACION POLITICA, EN LA SESION DEL MARTES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2003
Antecedentes y Consideraciones
Es de sobra conocido que la ocupación militar de Estados Unidos en Irak se ha evidenciado como una guerra sin sustento, al no demostrarse la existencia de armas de destrucción masiva ni de vinculaciones del gobierno depuesto con las organizaciones terroristas a las que se postula como responsables de los atentados del 11 de septiembre en Nueva York y Washington.
La decisión del gobierno norteamericano de invadir Irak ha constituido un peligroso retroceso en política internacional y ha acarreado un sensible debilitamiento de la Organización de las Naciones Unidas, órgano multilateral por excelencia destinado a la búsqueda de soluciones pacíficas de las controversias.
La ocupación de Irak por tropas norteamericanas y británicas, además de su naturaleza unilateral y carente de sustento, se ha venido complicando de forma creciente como resultado de su incapacidad para restablecer los servicios públicos básicos destruidos durante la guerra, por la ausencia de autoridades administrativas y de seguridad interna, por la ocurrencia creciente de atentados y por el visible escalamiento de la violencia en el que se suman centenas de civiles y militares muertos.
Ante semejante horizonte, el gobierno norteamericano ha iniciado una ofensiva diplomática en la búsqueda de que otros gobiernos compartan los costos militares y financieros de la ocupación, sin perder el mando militar estratégico.
Ante la apertura de sesiones de la Asamblea General de la ONU, esta misma semana, se anuncia la asistencia del Presidente de Estados Unidos de América, George W. Bush, a la sesión inaugural para anunciar un proyecto de resolución en el que se solicita la intervención de la ONU para compartir los costos de la reconstrucción.
Los términos de la ofensiva diplomática son también conocidos; ya se celebraron encuentros, en Ginebra, del secretario del Departamento de Estado norteamericano, Colin L. Powell, con representantes de Francia, Gran Bretaña, Rusia y China; en los que ha quedado claro que los países del continente europeo estiman que ha llegado el momento de orientar su capacidad diplomática a lograr la salida de las tropas norteamericanas de ocupación, a incrementar el papel de la ONU en la transición de gobierno en Irak, y a restablecer la soberanía del pueblo de Irak en la administración, control y seguridad de su nación.
Dada la presencia de México en el Consejo de Seguridad de la ONU y;
Considerando: La ininterrumpida tradición pacifista de México en los foros internacionales,
Considerando: La vigencia del compromiso de nuestro país en defensa del multilateralismo, el reforzamiento de la ONU y la aplicación de las normas internacionales,
Considerando: Que la estabilización de Irak es condición obligada para su reconstrucción.
Se propone a esta soberanía el siguiente
Punto de acuerdo de urgente y obvia resolución
Primero: La Cámara de Diputados se pronuncia por la salida de las tropas de ocupación del territorio iraquí, y porque éstas sean sustituidas por una fuerza de paz, de modo tal que se favorezca un clima de estabilidad y convivencia ordenada para dar paso a la urgente reconstrucción de la infraestructura de esa nación mediante la transferencia del poder a los representantes de ese pueblo, con respeto irrestricto a su soberanía nacional.
Segundo: Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo para que tanto en el seno de la Asamblea General como en el Consejo de Seguridad de la ONU, apoye las medidas conducentes a la pronta recuperación de la soberanía del pueblo iraquí sobre su gobierno, territorio y recursos naturales.
Tercero: Esta Cámara exhorta al Senado de la República a emitir una declaratoria conjunta en los términos arriba descritos.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de septiembre de 2003.
Dip. Elba Esther Gordillo Morales (rúbrica)
Presidenta de la Junta de Coordinación Política
y Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRI
Dip. Francisco Barrio Terrazas (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN
Dip. Pablo Gómez Alvarez (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del PRD
Dip. Jorge Antonio Kahwagi Macari (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del PVEM
Dip. Alejandro González Yáñez (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del PT
Dip. Jesús Martínez Alvarez (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia
(Aprobado. Septiembre 23 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, SOBRE LA SITUACION PREVALECIENTE EN EL MUNICIPIO DE UNION HIDALGO, OAXACA, SUSCRITA POR DIPUTADOS DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DEL PRD, DEL PT Y DE CONVERGENCIA Y PRESENTADA POR LA DIPUTADA MARIA DEL ROSARIO HERRERA ASCENCIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DEL MARTES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2003
Los suscritos, diputados y diputadas federales de los grupos parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática, del Partido del Trabajo y de Convergencia, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, sobre la situación que prevalece en el municipio de Unión Hidalgo, Oaxaca, al tenor de las siguientes consideraciones:
1. Durante el presente año, los habitantes de Unión Hidalgo, comunidad zapoteca del istmo de Tehuantepec, han vivido una intensa etapa en la lucha por la defensa de sus derechos. Desde febrero de 2003, por demandar transparencia en el uso de los recursos municipales, han vivido y resistido la represión y la persecución de las autoridades municipales.
La lucha de los unihidalguenses comenzó el 26 de diciembre de 2002, cuando el presidente municipal, Armando Sánchez Ruiz, presentó su primer informe de gobierno, en que pudo justificar gastos por sólo 3 de los aproximadamente 11 millones de pesos que recibió el municipio, de la planicie costera del sur del istmo de Tehuantepec.
Dicho presidente municipal es tesorero de la empresa Desarrollo Acuícola Oaxaca-Pacífico, SPR, creada con la intención de esquivar las sanciones que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente había aplicado en febrero de 2001 a Camarón Real del Pacífico, SSS, la cual presidía.
La sanción obedeció a que la empresa desmontó un número considerable de hectáreas de manglar y a que inició trabajos sin contar con el permiso para el uso de la zona de reserva federal marítimo-terrestre. Además, el edil, el síndico y el secretario municipal, abusando de su investidura, han adquirido terrenos comunales.
Para vigilar y garantizar la transparencia y el buen uso de los recursos municipales y la preservación de su ambiente, ciudadanos unihidalguenses presentaron ante la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso local la petición de una auditoría sobre el ayuntamiento. En respuesta, la Legislatura oaxaqueña informó que el 13 de febrero asistiría a Unión Hidalgo una comisión para analizar las finanzas locales.
La comisión no llegó y unos mil habitantes decidieron manifestar su inconformidad frente al palacio municipal. Ahí, el presidente ordenó, según diversos testigos, disparar contra esa protesta pacífica, resultando muerto Manuel Salinas Santiago y heridas 10 personas. Hasta ahora, el crimen sigue impune.
2. El 18 de febrero, un conjunto de ciudadanos presentó la demanda formal de desaparición de poderes ante el Congreso, petición que fue ratificada el 6 de marzo. Hasta el momento, la Legislatura no ha respondido la solicitud: el desvío de fondos municipales y el homicidio y las lesiones contra ciudadanos pacíficos que ejercían su derecho a manifestarse no han significado nada para esa institución.
El presidente municipal formó un grupo de choque con personas ajenas a la comunidad, que amedrentan y golpean a los habitantes. Esas fuerzas han chocado con el pueblo en diversas ocasiones.
El 14 de marzo y el 13 mayo se libraron órdenes de aprehensión contra integrantes del Consejo Ciudadano Unihidalguense. De éstas, se han ejecutado sólo tres: contra Carlos Manzo, detenido el 14 de mayo; y, al día siguiente, contra Luis Alberto Marín López y Francisco de la Rosa Gómez. Este último fue liberado el 11 de julio.
Otros participantes del movimiento tienen órdenes de aprehensión, que penden como amenaza sobre su cabeza. Paradójicamente, la demanda presentada por el pueblo contra los represores no ha recibido el mismo trato: el juez no fincó responsabilidad alguna contra el presidente y el síndico municipales por los hechos del 13 de febrero y sus secuelas.
3. El 22 de mayo, un grupo de ciudadanos de Unión Hidalgo se trasladó a la Ciudad de México para solicitar la intervención de la Secretaría de Gobernación. Permaneció en plantón cinco días, pero regresó sin un compromiso de la institución para resolver el conflicto.
El gobierno mexicano no ha respondido a la recomendación presentada por Amnistía Internacional sobre el caso. Por el contrario, sólo ha informado que se seguirán las averiguaciones emprendidas en el caso y otras, de las cuales no se tenía conocimiento.
El gobernador, José Murat Casab, prometió el 2 de junio una mesa de negociación del conflicto, que no se ha instalado. El 19 de junio murieron en un accidente de carretera Luis de la Rosa y Juanita Gutiérrez, miembros del Consejo Ciudadano Unihidalguense, quienes se dirigían a Oaxaca para dialogar con el gobernador. El 24, Murat Casab se negó a resolver el conflicto hasta antes de las elecciones del 6 de julio. Pasadas éstas, el conflicto no ha avanzado hacia su resolución.
La situación se ha agravado con el asesinato, el 17 de agosto, de Carlos Sánchez López, diputado local y abogado defensor de los presos unihidalguenses. Según las averiguaciones de la Procuraduría General de Justicia del estado de Oaxaca, el asesinato obedeció a un asalto callejero. Existen dudas fundadas de que eso haya sido así, por el contexto político en que se dio y porque dicha versión, sostenida desde el primer momento por Wilfredo Almaraz Santibáñez, procurador estatal, no ha tomado en cuenta todas las declaraciones relativas al caso y ha soslayado otras evidencias. El crimen constituye un eslabón más de la cadena de inestabilidad e ingobernabilidad que se vive en la entidad.
El 6 de agosto pasado, en la Comisión Permanente de la LVIII Legislatura, nuestro grupo parlamentario presentó un punto de acuerdo relativo al asunto, que no se dictaminó. Consideramos indispensable que esta soberanía se pronuncie sin tardanza sobre esos graves acontecimientos, que a cada día amenazan la integridad de ciudadanos cuyo mayor crimen es combatir la impunidad.
Los grupos parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática, del Partido del Trabajo y de Convergencia se manifiestan porque el conflicto se resuelva conforme a derecho y porque quienes tienen como deber cumplir y hacer cumplir la Constitución General de la República y las leyes que de ella emanan lo hagan efectivamente. Es intolerable que la protesta ciudadana genere una persecución sin cuartel contra los ciudadanos.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, los legisladores y las legisladoras suscritos proponen a esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Dentro del marco republicano de división de poderes y con respeto del principio federal, la Cámara de Diputados:
Primero. Manifiesta su preocupación sobre la vigencia del Estado de derecho en el municipio de Unión Hidalgo, Oaxaca, la integridad física de sus habitantes, el destino de los recursos públicos federales radicados en ese municipio y la actuación de las autoridades estatales ante la situación ahí generada.
Segundo. Hace un respetuoso llamado al Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca para que, con la mayor brevedad, atienda las solicitudes de auditoría sobre el ejercicio de recursos municipales de Unión Hidalgo y de desaparición de poderes de éste, presentada por ciudadanos de la localidad.
Tercero. Solicita respetuosamente al Poder Judicial del Estado Libre y Soberano de Oaxaca que se resuelva conforme a derecho la situación de los ciudadanos Carlos Manzo y Luis Alberto Marín López, presos en el Centro de Readaptación Social de Tehuantepec, así como la situación de otros ciudadanos contra quienes se han librado órdenes de aprehensión por su participación en el conflicto.
Cuarto. Solicita respetuosamente a la Procuraduría General de Justicia del Estado Libre y Soberano de Oaxaca que finque responsabilidades contra los autores materiales e intelectuales de los actos de violencia cometidos contra la población civil de Unión Hidalgo, y con la mayor brevedad se consignen ante el juez correspondiente, y que profundice en las investigaciones sobre el asesinato de Carlos Sánchez López, sin soslayar ninguna de las evidencias y líneas de investigación.
Quinto. Finalmente, solicita al gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, ciudadano José Murat Casab, que atienda con la mayor brevedad el asunto para garantizar la vuelta a la normalidad y la vigencia del Estado de derecho en el municipio citado.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de septiembre de 2003.
Diputados: María del Rosario Herrera Ascencio, Jesús Emilio Martínez Alvarez, Alejandro González Yáñez, Inti Muñoz Santini, Adrián Chávez Ruiz, Salvador Martínez Della Rocca, María de los Dolores Padierna Luna, María Guadalupe Morales Rubio, Susana Manzanares Córdova, Horacio Duarte Olivares, Pablo Gómez Alvarez, Marcela González Salas, José Martínez Ramos, Horacio Martínez Meza, Daniel Ordóñez Hernández, Miguel Angel García Domínguez, Emilio Serrano Jiménez, Francisco Chavarría Valdeolívar, Iván García Solís, A. Marcela Lagarde y de los Ríos, Miguel Alonso Raya, César Chávez Castillo, Tomás Cruz Martínez, Omar Ortega Alvarez, Juan García Costilla, Héctor M. Bautista López, Cristina Portillo Ayala, Juan Pérez Medina, Rogelio Franco Castán, Israel Tentory García, Carlos Hernán Silva Valdés, Emilio Zebadúa González, Abdallán Guzmán Cruz, Irma Sinforina Figueroa Romero, Francisco J. Saucedo Pérez, Lizbeth Rosas Montero, Agustín Rodríguez Fuentes, Rosa María Avilés Nájera, J. Miguel Luna Hernández, Gelacio Montiel Fuentes, Angélica de la Peña Gómez, Eliana García Laguna, Francisco Amadeo Espinosa Ramos, Joel Padilla Peña (rúbricas).
(Turnada a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. En tanto se designa la Comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo. Septiembre 23 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, EN RELACION CON LA SITUACION DE LA NIÑA LIZETH PEÑA SOSA, PRESENTADA POR LA DIPUTADA MARIA AVILA SERNA, EN NOMBRE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM, EN LA SESION DEL MARTES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2003
Jorge Antonio Kahwagi Macari, Manuel Velasco Coello, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Alvarez Romo, Jaqueline Argüelles Guzmán, María de la Luz Arias Staines, María Avila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez y Raúl Piña Horta, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrimos a solicitar que se turne a la Comisión de salud de la Cámara de Diputados en la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes:
Antecedentes
No todo era felicidad el pasado 15 de septiembre dentro del marco de los festejos del 193 aniversario del inicio de la lucha de Independencia.
Una bala perdida calibre 45 (arma prohibida de uso exclusivo del ejército), que algún irresponsable disparó, hizo blanco en la niña Lizeth Peña Sosa, poniendo en riesgo su vida.
Después de un largo peregrinar de 8 horas y tras haber solicitado atención médica en cuatro hospitales del gobierno del Distrito Federal, ésta le fue negada, bajo el argumento de la falta de personal especializado y material quirúrgico.
Este asunto llegó a oídos de la señora Marta Sahagún de Fox, quien rápidamente movió todas sus influencias y consiguió que la niña fuera recibida y atendida en un hospital privado (El Hospital ABC).
Definitivamente hay que reconocer la buena intención de la primera dama, ya que de forma aparente y gracias a su gestión Lizeth salvó la vida; pero habría que hacer algunas consideraciones al respecto.
La cuenta del hospital Inglés asciende aproximadamente a 80 mil pesos, por lo cual, el señor Alfredo Peña, de oficio taxista y padre de la menor, señaló: "en el hospital me dicen que no me preocupe y que lo importante es que mi hija esté bien, pero todavía estamos viendo cómo le vamos a hacer para pagar todo ese dinero".
Y la pregunta es: ¿acaso la intervención de la señora de Fox tendría que haber sido en el sentido de que se atendiera a la niña en cualquier hospital del sector salud y que se le brindara la mejor atención, como todos los mexicanos nos merecemos?
¿Para qué están entonces los hospitales del gobierno? El mensaje que nos dio la señora Marta Sahagún con su acción, es que no sirven para nada; y peor aún, que ni siquiera recomendados por ella podemos acceder a ser atendidos en un hospital del sector salud.
En fin, el asunto es más delicado de lo que parece, si sabemos leer entre líneas.
Por lo anterior, sometemos a su consideración la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Artículo Primero.- Se exhorta a las autoridades del Gobierno del Distrito Federal, particularmente a la Secretaría de Salud, a fin de que no se sigan dando este tipo de situaciones y a que se haga una investigación a fondo del asunto y de la situación en que se encuentra el servicio médico en los hospitales del Gobierno del Distrito Federal.
Diputados: Jorge A. Kahwagi Macari (rúbrica), coordinador; Manuel Velasco Coello (rúbrica), vicecoordinador; Francisco Xavier Alvarado Villazón (rúbrica), Leonardo Alvarez Romo (rúbrica), Jaqueline Argüelles Guzmán (rúbrica), María de la Luz Arias Staines, María Avila Serna (rúbrica), Fernando Espino Arévalo (rúbrica), Maximino Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Jorge Legorreta Ordorica (rúbrica), Julio Horacio Lujambio Moreno (rúbrica), Alejandra Méndez Salorio (rúbrica), Cuauhtémoc Ochoa Fernández (rúbrica), Javier Orozco Gómez (rúbrica), Raúl Piña Horta (rúbrica).
(Turnada a las Comisiones de Justicia y Derechos Humanos, y de Salud; En tanto se designan éstas, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo. Septiembre 23 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE SE REVISE EL DICTAMEN Y SE DISCUTA EN EL PLENO LA LEY DE LA AGROINDUSTRIA DE LA CAÑA DE AZUCAR Y LA COMPARECENCIA EN COMISIONES UNIDAS DEL TITULAR DE LA SAGARPA, PRESENTADA POR EL DIPUTADO OSCAR MARTIN RAMOS SALINAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA SESION DEL MARTES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2003.
Los suscritos, diputados federales por el estado de Tamaulipas, en nombre y representación de los productores cañeros del estado, particularmente de la zona cañera de El Mante, y por mi conducto, ante esta tribuna exponemos:
La agroindustria azucarera ha sido parte de la historia de México durante los últimos 500 años.
La revolución del Ejército del Sur, encabezada por Emiliano Zapata, surgió como respuesta al proceso sistemático de acaparamiento y despojo de tierras de comunidades agrarias del estado de Morelos, por hacendados porfiristas propietarios de los ingenios.
Desde las entrañas de los ingenios y de las tierras arrebatadas a los campesinos, los peones de las haciendas y los obreros de la planta industrial le dieron sustancia y rumbo a la Revolución del Sur.
Hoy, como señalan en una presentación pomposamente titulada, "reforma estructural del sistema-producto caña de azúcar", funcionarios de la Sagarpa, imbuidos de la nostalgia modernizadora de finales del siglo XIX, proponen la reprivatización de los ingenios, la reconversión, y, por lo tanto, disminución de las actuales superficies sembradas, el cierre y consolidación de ingenios, y el aumento de la superficie por productor, como nueva fórmula para aumentar la competitividad y reducir costos de producción.
La propuesta resume poca imaginación y curiosamente podría, considerando su semejanza indiscutible, calificarse como un clon de la formulada por la administración federal anterior.
El cambio consiste en que los predecesores no se animaron a llevarla a cabo, después de dimensionar la inconformidad social que provocaría, mientras que, por su voluntarismo e insensibilidad, los actuales gobernantes se disponen a llegar hasta las últimas consecuencias.
De tales actitudes y empecinamientos surge la siguiente interrogante: ¿por qué a los productores cañeros y a la industria se les pretende endilgar el mote de incompetentes?
Después del maíz, la caña de azúcar genera mayores ingresos y participa con el 13.5% del valor de la producción agrícola nacional.
La actividad agroazucarera aporta 440,000 empleos permanentes y temporales, y sus beneficios directos van a 2.5 millones de mexicanos.
Esta contribución crece significativamente si consideramos que en agosto de este año el desempleo abierto, según datos del INEGI, alcanzó una cifra de 3.96%, la más alta en los últimos 6 años.
Los productores mexicanos de esta gramínea ocupan el tercer lugar mundial en rendimiento de caña y el 4º en relación con la conversión de ésta en azúcar.
No hay razones para atribuirle a los productores y a la industria la crisis agroazucarera.
Quienes desde el Gobierno Federal proponen una reforma estructural dejando intactas las causas de la problemática de este sistema-producto, deben voltear los ojos a las inconsistentes políticas públicas y de ajuste, al incumplimiento por parte de Estados Unidos de lo acordado en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte en materia de compra de excedentes de azúcar mexicana, a la falta de financiamiento para producir y a la inexistencia de instrumentos indispensables para darle orden y certidumbre al mercado.
En el fondo, el rechazo de algunos funcionarios del Gobierno Federal proviene de esa animadversión a lo social.
Todo lo que no se parezca o emule a las formas de producción del modo americano, está condenado.
Pregunto: ¿cómo aceptar bajo esta óptica una actividad en la que las tres cuartas partes de los campesinos son ejidatarios y detentan cada uno una superficie menor de 5 hectáreas?
Sin duda, las reminiscencias y la nostalgia del porfiriato no acaban de morir.
Los costos de producción son altos porque no hay financiamiento; los servicios están por las nubes porque buena parte de los insumos, comercializados y proporcionados por el gobierno federal, son muy superiores a los de nuestros competidores.
Los ingenios que producen azúcar con caña aportada por campesinos, han enfrentado importaciones desleales, o han sido obligados a vender en otros mercados y no en Estados Unidos, por las razones ya mencionadas y además están en crisis, porque cayeron en la trampa de renegociar su deuda en Udis.
¿Cuántos de nosotros hemos tenido que pagar hasta tres veces un préstamo hipotecario por las mismas circunstancias?
Ahora mismo, ante un discutible desabasto de azúcar refinada, al Gobierno Federal únicamente se le ocurre importar 112,000 toneladas o abrir la frontera a la fructosa extranjera, mientras las plantas nacionales de la industria química del maíz se deterioran inexorablemente.
Cuando el gobierno federal habla en su propuesta de reprivatizar los 27 ingenios expropiados, no menciona la posibilidad de abrir espacios para que los adquieran organizaciones de productores; piensa exclusivamente en la iniciativa privada nacional y extranjera.
Pemex, por su lado, vende a los cañeros diesel, gasolina y gas a precios elevados, pero no avanza en la producción y uso de etanol proveniente de la caña de azúcar para oxigenar sus gasolinas, lo que daría un respiro al envenenamiento del ambiente, certidumbre de precio y orden al mercado de los edulcorantes.
La liberalización amplia de la reforma estructural gubernamental propone:
Su planteamiento general y cauteloso no compromete números ni porcentajes.
Habría que preguntarles ¿dónde termina el deseo democratizador y dónde comienza el objetivo de desintegrar la organización de los campesinos y productores rurales cañeros?
Insiste dicha reforma en la eliminación de restricciones al número de hectáreas sembradas con caña. Enseguida habla de ampliar las zonas de abasto de los ingenios aunque esta medida se contrapone con la idea de eliminar ingenios y reconvertir superficies.
Quizás la motivación se explica cuando señala que de ésta línea de acción dependen una mayor competencia y mejores costos de producción de caña, de donde se deduce que la intención es acabar con un minifundismo, según ellos, improductivo y propiciador de compromisos masivos en el rubro de seguridad social, mal atendidos por cierto a través del IMSS.
Habla también la propuesta de nuevas opciones de pago en especie de la caña y contratos libres. Este punto proyecta la obsesión de eliminar las responsabilidades que al Gobierno Federal le impone el decreto cañero en materia de precios y pago de preliquidaciones y liquidación final.
Prevalece la idea oficial de que se entiendan entre ingenios y cañicultores; cada área de abasto con su planta industrial, una relación entre terceros.
El gobierno no reconoce el interés público de la actividad.
Que cada quien se rasque con sus uñas y así evitamos las movilizaciones y las tomas de oficinas.
Toda esta maquinación expuesta desordenadamente en el documento desemboca en el interés real del gobierno.
El verdadero propósito consiste en abrogar el decreto cañero, sustituirlo por otro, argumentando la necesidad de modernizar la actividad y preparar la creación de un reglamento del sistema-producto, invocando, pues está de moda, la ley de desarrollo rural sustentable.
Con esta estrategia se propone el Gobierno Federal cerrar la puerta a la Ley de la Agroindustria de la Caña de Azúcar, dictaminada en la pasada legislatura, que plantea:
* La uniformidad de los contratos de compraventa del crédito y del precio;
* El fortalecimiento de la junta de conciliación y arbitraje, y
* Sobre todo, la prevalencia del interés público de la actividad, reconociendo su profundo impacto social.
Punto de Acuerdo
1.- La urgencia de revisar el proyecto de dictamen y en su momento discutir en el pleno la Ley de la Agroindustria de la Caña de Azúcar.
2.- La comparecencia del secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en comisiones unidas, para que presente la política de Estado en materia azucarera, y muy especialmente el esquema de financiamiento al campo cañero, a la industria y el sistema de reportos para el manejo racional de los inventarios de azúcar.
La zafra 2003-2004 empieza a finales de este año, las regiones cañeras exigen atención inmediata del H. Congreso de la Unión y del Ejecutivo federal.
Diputados: Oscar Martín Ramos Salinas, Homero Díaz Rodríguez, José Manuel Abdala de la Fuente, Jesús Humberto Martínez de la Cruz, Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa, Humberto Francisco Filizola Haces, Gonzalo Alemán Migliolo, Cruz López Aguilar, Carlos Flores Rico, Sergio Arturo Posadas Lara, Marco A. Torres Hernández, Gustavo Moreno Ramos, Alfonso Sánchez Hernández, Concepción O. Castañeda Ortiz, Guillermo Zorrilla Fernández, Ernesto Alarcón Trujillo, Juan Bustillos Montalvo, Lázaro Arias Martínez (rúbricas).
(Turnada a la Comisión de Agricultura y Ganadería. En tanto se designe la Comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo. Septiembre 23 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE SE LLEVE A CABO UNA SESION SOLEMNE EL 16 DE OCTUBRE PROXIMO POR EL 50 ANIVERSARIO DEL RECONOCIMIENTO CONSTITUCIONAL DEL DERECHO DE LAS MUJERES A VOTAR Y A SER ELEGIDAS, PRESENTADA POR LA DIPUTADA LETICIA GUTIERREZ CORONA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA SESION DEL MARTES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2003
Con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo.
Hace 50 años, el 17 de octubre de 1953, se reconoció el derecho de las mujeres a votar y a ser elegidas para cargos de representación popular en los ámbitos municipal, estatal y federal, mediante la ley de reforma del artículo 34 constitucional, lo que sin duda constituye una de las acciones más importantes del siglo XX en favor del reconocimiento de los derechos civiles y políticos de las mexicanas, lo que permite objetivar en los hechos el disfrute de las prerrogativas que como ciudadanas nos competen.
Esta reforma de la Ley Fundamental contribuye al avance democrático de la nación, pues ningún Estado que se considere democrático y moderno puede consentir en su seno ningún tipo de discriminación y, menos aún, por motivos del sexo a que se pertenece.
En razón de ello, esta Legislatura, como máximo órgano de representación popular, no puede ni debe dejar pasar por alto la conmemoración de una fecha por demás importante en la historia política moderna del país, a partir de la cual México comienza a homologar su legislación fundamental con las más avanzadas del mundo, cumpliendo con ello los diferentes instrumentos internacionales suscritos por el país, en un acto de congruencia con el espíritu legislativo con que el Constituyente originario dio vida a los nuevos postulados y mandatos que debería contener el nuevo constitucionalismo del 17, como respuesta a la opresión e injusticia en que vivían los sectores sociales más desprotegidos y discriminados del país.
Se trata pues, compañeros y compañeras diputados, de rescatar y conmemorar nuestros más altos valores democráticos, como la pluralidad, la inclusión y la tolerancia, en una sesión dedicada a enarbolar la bandera de la equidad social y de género.
Sesión en la que no podemos dejar de recordar la lucha de Josefa Ortiz de Domínguez, de Leona Vicario, de Mariana Rodríguez del Toro de Lazarín, de Antonia Nava de Catalán, de Carmen Serdán, de Sor Juana Inés de la Cruz y de Margarita Maza de Juárez y de tantas y tantas mujeres que, a través de la historia, han contribuido con su talento y su esfuerzo para que las mujeres del siglo XXI podamos vivir en condiciones más equitativas y más dignas.
Reconocimiento que debemos también hacer extensivo a todos los hombres que hicieron del quehacer público y legislativo un ejercicio constante para ver que un concepto acuñado siglos atrás, como el de la democracia, se transformara traduciéndose en vida cotidiana.
Porque no existe en los tiempos modernos peor forma de esclavitud y opresión que la discriminación, unamos nuestras voces y juntemos este 17 de octubre nuestra voluntad política, para decir a nuestros compatriotas que el Poder Legislativo, que esta Cámara de Diputados no ha olvidado la historia que nos ha dado identidad nacional, que no la ha olvidado porque no está dispuesta a cometer los mismos errores del pasado.
En razón de lo anterior, en nombre de mis compañeras diputadas, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo, donde se solicita que la Mesa Directiva de esta H. Cámara, previa sustentación del procedimiento que las leyes en la materia señalan:
Primero. Se retome el acuerdo aprobado por la LVIII Legislatura el 15 de diciembre de 2002 en el artículo segundo, que a la letra señala:
Tercero. Para los efectos del punto anterior, que la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados, en coordinación con las comisiones a que haya lugar, defina el orden del día y el protocolo de la sesión solemne, debiendo invitar oficialmente a las y a los integrantes de la LIX Legislatura.
Diputadas y diputados: María Avila Serna, Alejandro González Yáñez, Esthela Ponce Beltrán, Leticia Gutiérrez Corona, Sara Rocha Medina, María Hilaria Domínguez Arvizu, Consuelo Muro Urista, Rosalina Mazari Espín, Consuelo Rodríguez de Alba, Graciela Larios Rivas, Martha Laguette Lardizábal, Laura E. Martínez Rivera, Claudia Ruiz Massieu Salinas, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Evelia Sandoval Urbán, Leonel Sandoval Figueroa, Rebeca Godínez y Bravo, Quintín Vázquez García, Rosario Sáenz López, Sonia Rincón Chanona, Ady García López, Martha Lucía Mícher Camarena, Blanca Eppen Canales, Concepción Cruz García, Gisela Juliana Lara Saldaña, Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, Patricia Flores Fuentes, Leticia Socorro Userralde Gordillo, Evangelina Pérez Zaragoza, María Beatriz Zavala Peniche, Martha Leticia Rivera Cisneros, María Guadalupe Suárez Ponce, Marisol Vargas Bárcena, Margarita Saldaña Hernández, Jacqueline Argüelles Guzmán, Alejandra Méndez Salorio, María Angélica Ramírez Luna, Patricia Garduño Morales, Francisco Rojas, Homero Díaz Rodríguez, José Angel Ibáñez Montes, Fernando Ulises Adame, Jaime Fernández Saracho, Mayela Quiroga Tamez, Margarita Martínez López, Lázaro Arias Martínez, Enrique Guerrero, David Hernández Pérez, Oscar Pimentel González, Javier Guízar Macías, Hugo Rodríguez Díaz, Carlos Flores Rico, María Esther Scherman Leaño, Jesús Lomelí Rosas, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Luis Antonio González Roldán, Manuel Velasco Coello, Antonio Astiazarán Gutiérrez, Angel Aguirre Rivero, Marcelo Tecolapa Tixteco, Alvaro Burgos Barrera, Mario Moreno Arcos, Enrique Burgos García, Miguel Angel Osorio Chong, Carlos Jiménez Macías, José Luis Briones Briseño, Benjamín Sagahón Medina, Luis Antonio Ramírez Pineda, María Elena Orantes López, Raúl Mejía González, Gerardo Montenegro Ibarra, Salvador Sánchez Vázquez, Gonzalo Alemán Migliolo, José Manuel Abdala de la Fuente, Roberto Aquiles Aguilar Hernández, Florencio Collazo Gómez, Jorge Utrilla Robles, Juan Antonio Gordillo Reyes, Francisco Grajales Palacios, César Amín González Orantes, Mario Carlos Culebro Velasco, Belisario Hiram Herrera Solís, Wintilo Vega Murillo, Julián Nazar Morales, Concepción Olivia Castañeda Ortiz (rúbricas).
(Turnada a la Junta de Coordinación Política. Septiembre 23 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE EXHORTAR A LA SEMARNAT Y A LA COMISION INTERSECRETARIAL DE BIOSEGURIDAD Y ORGANISMOS GENETICAMENTE MODIFICADOS A QUE SE REALICEN LOS TRAMITES CORRESPONDIENTES PARA LA DETENCION DE LOS DOS DESEMBARCOS, EN EL PUERTO DE VERACRUZ, DE SORGO, MAIZ Y TRIGO GENETICAMENTE MODIFICADOS, PRESENTADA POR LA DIPUTADA JAQUELINE ARGÜELLES GUZMAN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM, EN LA SESION DEL MARTES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2003
Jorge Antonio Kahwagi Macari, Manuel Velasco Coello, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Alvarez Romo, Jaqueline Argüelles Guzmán, María de la Luz Arias Staines, María Avila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez y Raúl Piña Horta, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrimos a solicitar que se turne a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados en la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de acuerdo, en relación con la situación legal ambiental, debido al ingreso de maíz transgénico a nuestro país, violando el Protocolo de Cartagena, al tenor de los siguientes:
Antecedentes
El 5 de junio de 1992 es adoptado el Convenio de Diversidad Biológica (CBD), y el 13 de junio del mismo año es ratificado por el Senado de la República.
El 30 de octubre de 1999 el Ejecutivo federal suscribió un acuerdo por el que se crea la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de noviembre de 1999.
El 29 de enero del año 2000 130 países adoptan el Protocolo de Cartagena, sobre seguridad de la Biotecnología, derivado del Convenio sobre Diversidad Biológica.
El 24 de mayo del mismo año México adopta el protocolo antes mencionado.
El 30 de abril del año 2002 el Senado de la República ratifica por unanimidad el Protocolo de Cartagena.
El día 13 de junio del 2003 el citado Protocolo alcanza el número de ratificaciones requeridas para entrar en vigor (50).
El día 11 de septiembre del 2003 el Protocolo de Cartagena entra en vigor.
El día sábado 13 de septiembre, dos días después de su entrada en vigor, aproximadamente a las 14:00 horas, el barco Ikan Altamira, con bandera de Singapur, proveniente de Nueva Orleans, Estados Unidos, atraca en el muelle 6-S del Puerto de Veracruz, con el objeto de descargar 40,000 toneladas de maíz amarillo.
Consideraciones
El Convenio de Diversidad Biológica (CDB) reconoce el valor intrínseco de la diversidad biológica y de los valores ecológicos, genéticos, sociales, económicos, científicos, educativos, culturales, recreativos y estéticos de la diversidad biológica y sus componentes (preámbulo, párrafo primero); asimismo, reconoce que la conservación de la diversidad biológica es interés común de toda la humanidad (párrafo segundo).
Es importante mencionar que dicho convenio establece también el principio precautorio, en el párrafo noveno, de la siguiente manera: "cuando exista una amenaza de reducción o pérdida sustancial de la diversidad biológica no debe alegarse la falta de pruebas científicas inequívocas como razón para aplazar las medidas encaminadas a evitar o reducir al mínimo esa amenaza.
Derivado del Convenio de Diversidad Biológica se crea el Protocolo de Cartagena.
Este protocolo constituye un instrumento internacional jurídicamente vinculante, que regula el movimiento transfronterizo, así como la manipulación, el desarrollo, la utilización y la liberación al medio ambiente de organismos genéticamente modificados, tomando en cuenta los posibles riesgos para el medio ambiente, la biodiversidad y la salud humana.
El Protocolo de Cartagena tiene una especial importancia para los países que poseen una amplia biodiversidad, así como las naciones que han logrado un avance considerable en biotecnología y, en particular, en la producción de organismos vivos modificados (OVM).
A la fecha, el conocimiento científico acerca de los organismos genéticamente modificados es insuficiente para pronosticar el posible impacto ambiental y sobre la salud humana que los movimientos transfronterizos de organismos vivos modificados pueda tener.
El objetivo de este Protocolo es "contribuir a garantizar un nivel adecuado de protección en la esfera de transferencia, manipulación y utilización seguras de los organismos vivos modificados resultantes de la biotecnología moderna, que puedan tener efectos adversos para la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica, teniendo también en cuenta los riesgos para la salud humana y centrándose concretamente en los movimientos transfronterizos (artículo primero del protocolo). El segundo párrafo del artículo 2 de dicho convenio especifica claramente que "las partes velarán por que el desarrollo, la manipulación, el transporte, la utilización, la transferencia y la liberación de cualesquiera organismos vivos modificados se realicen de forma que se eviten o se reduzcan los riesgos para la diversidad biológica, teniendo también en cuenta los riesgos para la salud humana".
El Protocolo de Cartagena se creó específicamente para controlar el movimiento transfronterizo de todos los organismos vivos modificados, sin excepción alguna, y que puedan tener efectos adversos para la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica, teniendo en cuenta los riesgos para la salud humana (artículo 4).
Por otra parte, el principio precautorio, en lo que se refiere al manejo y transporte de organismos genéticamente modificados se establece en el principio 15 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente. Este principio establece que "...en caso de presunción de riesgo fitosanitario o de efectos indeseados de organismos genéticamente modificados, ante la insuficiencia de evidencias científicas adecuadas, las orientaciones y medidas correspondientes seguirán invariablemente el principio de precaución".
México es un país megadiverso, que se reconoce que está entre los primeros doce países con mayor diversidad de plantas y animales a nivel mundial. Es decir, está considerado como un reservorio de especies animales y vegetales, por lo que la NOM-056-FITO-1995, "por la que se establecen los Requisitos Fitosanitarios para la Movilización Nacional, Importación y Establecimiento de Pruebas de Campo de Organismos Manipulados Mediante la Aplicación de Ingeniería Genética", la cual define claramente que "1a introducción de organismos manipulados mediante ingeniería genética para aplicarse en la agricultura, constituye un alto riesgo, por lo que su importación, movilización y uso en territorio nacional, debe realizarse con estricto apego a las medidas de bioseguridad que se establecen para estos organismos".
Nuestro país no sólo es un país megabiodiverso, sino que está considerado como el primer centro de origen y diversidad del maíz.
El maíz es una especie con polinización cruzada y abierta, donde el viento es el principal vector del polen. La contaminación del maíz criollo con genes de maíz transgénico puede generar un desequilibrio genético en las poblaciones de maíz de origen, con efectos impredecibles, en el genoma de este grano cien por ciento mexicano. Uno de los efectos probables es que, al adquirir el gen de resistencia a herbicidas se conviertan en supermalezas, por lo que tendría que incrementarse el uso de herbicidas, con las consecuentes y terribles resultados que esto tendría.
La introducción de plantas transgénicas amenaza los centros de diversidad en el mundo, como es el caso que nos ocupa. Las plantas silvestres y las variedades de cultivos locales pueden adquirir las características de plantas transgénicas y, con ello, alterar el reservorio natural genético del maíz; además, estas plantas modificadas pueden perjudicar el desarrollo de las plantas naturalmente cultivadas de su entorno, lo que puede provocar graves trastornos en los ecosistemas donde este maíz se siembre.
La introducción de organismos genéticamente modificados (OGM) en los llamados centros de diversidad o de origen, como es nuestro país para el maíz, para su uso directo como semillas o ya sea destinados para alimento de seres humanos o de animales (en granos), o incluso para su procesamiento, como sucede en nuestro país sin etiquetado, sin segregación, y sin reglas de monitoreo y vigilancia, constituye una amenaza, tanto a nivel biológico, como cultural, y se arriesga la seguridad alimentaria, ya que pueden ocurrir liberaciones voluntarias o involuntarias al medio ambiente, como sucedió en el sonado accidente en los estados de Puebla y Oaxaca y, que fue documentado y comprobado en la Universidad de Berkeley por el doctor Ignacio Chapela y Mendoza y aceptado por el Instituto Nacional de Ecología el 17 de septiembre del año 2001. En este incidente se aceptó que el porcentaje de contaminación fue de entre 3 y 10 por ciento en 13 comunidades de Oaxaca, y estudios posteriores arrojaron datos que evidencian que entre el 3 y el 13 por ciento de las semillas presentaron secuencias transgénicas en 15 localidades de Puebla y Oaxaca.
La gravedad del asunto es tal, que en una muestra tomada de los almacenes Diconsa, que importan maíz de Estados Unidos, se encontró un 37% de semillas transgénicas. Esta empresa reparte maíz a 23,000 comunidades del país.
El maíz que es importado a México de Estados Unidos desde 1987 está compuesto por una mezcla de maíz normal en un 70% y maíz transgénico en un 30%. A pesar de que se destine a consumo humano no existen mecanismos de control ni seguimiento para evitar que se le destine otro uso como el de forrajeo o para siembra, lo que constituye una liberación al medio ambiente. Es un hecho que las importaciones de maíz, que en un principio se encuentran destinadas como granos para consumo humano o animal, han contaminado con ADN transgénico a las variedades nativas.
México importa de Estados Unidos más de 5000 toneladas anuales de maíz, el cual va mezclado con 30 por ciento de transgénico. Dicho maíz no está etiquetado, ni identificado como transgénico, lo cual es un riesgo más, para el cual no hay ningún control.
A pesar de estos hechos incontrovertibles y graves, no se han tomado las medidas necesarias para proteger las variedades nativas de maíz, y ante la ausencia de una legislación adecuada, en el momento no existe forma de determinar el daño provocado a nuestra biodiversidad.
A pesar de la situación mencionada, el Senado de la República ratificó el Protocolo de Cartagena con fecha 30 de abril del año 2002. Dicha aprobación se realizó con 91 votos en pro y ninguno en contra, es decir, por unanimidad. En dicha sesión tomaron la palabra senadores de todos los grupos parlamentarios para apoyar abiertamente su ratificación, reconociendo la necesidad de proteger la biodiversidad mexicana y su extensión mesoamericana a los centros de origen de cultivos como maíz, frijol, tomate, calabaza, chile, cacao, vainilla y aguacate, todos ellos de importancia comercial. Se mencionó la obligación de defender la pureza de los cultivos mexicanos y sobre todo ante la contaminación precisamente del maíz mexicano.
El Protocolo de Cartagena sólo podía entrar en vigor cuando 50 países los ratificaran, lo cual sucedió el 13 de junio del 2003. Así pues, y después de haber cumplido 60 días de su ratificación definitiva entró en vigor el día 11 de septiembre del 2003.
No obstante haber entrado en vigor un protocolo internacional con carácter de vinculante, dos días después se permitió que fondeara en el puerto de Veracruz el barco Ikan Altamira, procedente de Nueva Orleans, con un cargamento de 40,000 toneladas de maíz amarillo, como consta en los documentos portuarios. Peor aún, entró en aguas mexicanas escoltado por la Armada mexicana para evitar que fuera interceptado por organizaciones ambientalistas que se oponen a la introducción de maíz transgénico.
Es un hecho irrefutable que este desembarco significa una violación al articulo 8 G del Convenio de Diversidad Biológica que establece que el gobierno está obligado a "establecer o mantener medios para regular, administrar, o controlar los riesgos derivados de la utilización y liberación de los organismos vivos modificados como resultado de la biotecnología, que es probable que tengan repercusiones ambientales adversas que puedan afectar la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica, teniendo en cuenta los riesgos para la salud humana.
Tampoco se han adoptado medidas para evitar o reducir al mínimo los efectos adversos de los organismos vivos, modificados sobre las especies y variedades autóctonas del maíz y sus especies silvestres, lo cual también contraviene el artículo 10 b del mismo Convenio de Diversidad Biológica.
Haber permitido este desembarco viola y pasa por alto el mandato del Protocolo de Cartagena, en el sentido de que se debe reconocer la crucial importancia que tienen para la humanidad los centros de origen y los centros de diversidad genética.
Se viola también el artículo 2, numeral 1, que ordena tomar todas las medidas necesarias para proteger un centro de origen.
Se viola el artículo 2, numeral 2, que ordena evitar o reducir los riesgos para la diversidad biológica, teniendo en cuenta también los riesgos para la salud humana.
Hasta el momento no se ha tomado ninguna medida tendiente a minimizar los riesgos. No existe el etiquetado, monitoreo, ni mecanismos eficientes de control y vigilancia. Esto hace sencillamente imposible evitar liberaciones voluntarias o involuntarias al medio ambiente de nuestro país.
En este sentido, las autoridades mexicanas no han vigilado que la manipulación, transporte y transferencia de cuotas de maíz procedente de estados Unidos, el cual se encuentra mezclado, no constituya un riesgo para las variedades mexicanas, omitiendo abiertamente la aplicación obligatoria del principio precautorio establecido en el principio 15 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, que a la letra dice: "?en caso de presunción de riesgo fitosanitario o de efectos indeseados de organismos genéticamente modificados, ante la insuficiencia de evidencias científicas adecuadas, las orientaciones y medidas correspondientes seguirán invariablemente el principio de precaución".
Se viola el artículo 10 del Protocolo de Cartagena, ya que existe falta de aplicación de adopción de decisiones en torno a la posible aprobación, prohibición o solicitud de mayor información adicional pertinente y se ha permitido que ingrese al país grano transgénico sin hacer ninguna evaluación de riesgo.
México, como país importador de maíz transgénico, está obligado a imponer medidas basadas en la evaluación de riesgo, para evitar efectos adversos de los Organismos Vivos Modificados (OVM) en la conservación y utilización sostenible de su diversidad biológica, más aún, tomando en cuenta que es país de origen de dicho cultivo.
Al permitir que ingrese al país maíz transgénico mezclado con normal, sin ninguna notificación, ni especificación, se esta violando el artículo 18, numeral, 2 del Protocolo de Cartagena, que exige documentación que identifique claramente a los Organismos Vivos Modificados, así como la identidad y rasgos pertinentes. Esta exigencia se omite en los desembarcos, haciendo imposible siquiera el conocimiento del tipo de grano que ingresa, mucho menos su control.
Finalmente, el artículo 420 Ter del Código Penal vigente establece que: "se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y de trescientos a tres mil días multa quien, en contravención a lo establecido en la normatividad aplicable introduzca al país, o extraiga del mismo, comercie, transporte, almacene o libere al ambiente, algún organismo genéticamente modificado que altere o pueda alterar los componentes, la estructura, o el funcionamiento de los ecosistemas naturales".
Tal es el caso que nos ocupa.
Es de hacer notar que la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem) fue creada con el objeto de coordinar las políticas de la Administración Pública Federal relativas a la bioseguridad y a la producción, importación, exportación, movilización, propagación, liberación, consumo y, en general, uso y aprovechamiento de organismos genéticamente modificados, sus productos y subproductos. Está constituida por los titulares de Sagarpa, Semarnat, SSA, SHCP, SE, SEP y Conacyt. Sin embargo pareciera que fue creada para facilitar el movimiento transfronterizo de los organismos genéticamente modificados, de acuerdo con la forma en que se ha venido desempeñando.
Por otra parte, en los próximos días se esperan dos desembarcos más: el primero se espera a partir del 21 de septiembre a bordo de la embarcación de nombre Jin Shan Hai, de bandera China, pero que procede de Estados Unidos, con 32,000 toneladas de sorgo, trigo y maíz. El segundo es el barco de nombre Fanfare, con bandera de Bahamas, pero con un cargamento de 40,000 toneladas de maíz amarillo procedente de Estados Unidos, y cuyo arribo se espera a partir del día 22 de septiembre.
Es imperativo que se detenga el desembarco del grano de dichos buques hasta en tanto no se cumplan todos los requerimientos que impone la normatividad nacional y el Protocolo de Cartagena.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México somete al Pleno de la H. Cámara de Diputados la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Primero.- Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a que realice los trámites correspondientes ante las autoridades portuarias a efecto de que se suspenda el desembarco de grano en el Puerto de Veracruz de los buques: Jin Shan Hai de bandera China, pero que procede de Estados Unidos, con 32,000 toneladas de sorgo, trigo y maíz y cuyo arribo se espera a partir del día 21 de septiembre. Y del barco de nombre Fanfare, con bandera de Bahamas, pero con un cargamento de 40,000 toneladas de maíz amarillo procedente de Estados Unidos, y cuyo arribo se espera a partir del 22 de septiembre, hasta en tanto se cumpla con toda la normatividad nacional e internacional vigente.
Segundo.- Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal para la Protección al Ambiente (Profepa) a que se ordene el aseguramiento precautorio del maíz transportado por el barco Ikan Altamira, procedente de Nueva Orleans, con un cargamento de 40,000 toneladas de maíz amarillo y que fondeó en el muelle 6-S, del puerto de Veracruz el día 13 de septiembre del presente año, hasta en tanto no se cumpla con los mandatos del protocolo de Cartagena y de la normatividad nacional vigente.
Tercero.- Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), así como a la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem) a que, de manera urgente, tomen las acciones pertinentes para aplicar medidas acordes a las disposiciones ya vigentes del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad en Biotecnología, a efecto de preservar y proteger la condición de México como centro de origen y biodiversidad, fundamentalmente en el sentido de dictar medidas para realizar las evaluaciones de riesgo específicas, en los movimientos transfronterizos de los organismos vivos modificados (OVM).
Cuarto.- Se exhorta a la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem) a que cumpla con el objetivo de su creación y coordine las políticas relativas a la importación, movilización, liberación de organismos genéticamente modificados de acuerdo con el Protocolo de Cartagena y a la legislación nacional aplicable, y a que realice una investigación de los hechos antes mencionados y se deslinden responsabilidades conforme a derecho.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 23 días del mes de septiembre de 2003.
Diputados: Jorge A. Kahwagi Macari (rúbrica), coordinador; Manuel Velasco Coello (rúbrica), vicecoordinador; Francisco Xavier Alvarado Villazón (rúbrica), Leonardo Alvarez Romo (rúbrica), Jaqueline Argüelles Guzmán (rúbrica), María de la Luz Arias Staines, María Avila Serna (rúbrica), Fernando Espino Arévalo (rúbrica), Maximino Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Jorge Legorreta Ordorica (rúbrica), Julio Horacio Lujambio Moreno (rúbrica), Alejandra Méndez Salorio (rúbrica), Cuauhtémoc Ochoa Fernández (rúbrica), Javier Orozco Gómez (rúbrica), Raúl Piña Horta (rúbrica).
(Turnada a la Comisión de Salud; En tanto se designa ésta, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo. Septiembre 23 de 2003.)
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