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Acuerdos
- De la Junta de Coordinación Política, por el que se integra el Comité de Administración.
- De la Junta de Coordinación Política, por el que se establecen las bases para el desarrollo de las comparecencias de funcionarios del Ejecutivo federal ante la Cámara de Diputados.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo a adelantar la fecha de presentación del paquete económico, presentada por el diputado Juan Carlos Pérez Góngora, del grupo parlamentario del PRI, en la sesión del jueves 18 de septiembre de 2003.
- Con punto de acuerdo, para demandar al Ejecutivo federal la cancelación definitiva de la construcción del muelle en Playa del Carmen, Quintana Roo, presentada por el diputado Adrián Chávez Ruiz, en nombre del grupo parlamentario del PRD, en la sesión del jueves 18 de septiembre de 2003.
- Con punto de acuerdo, sobre la fiscalización de los fondos federales del Ramo 33 por la Auditoría Superior de la Federación, presentada por el diputado Jesús Emilio Martínez Alvarez, en nombre el grupo parlamentario del Partido Convergencia, en la sesión del jueves 18 de septiembre de 2003.
- Con punto de acuerdo, para crear la comisión especial d Area de Libre Comercio de las Américas, presentada por el diputado Juan Manuel Vega Rayet, del grupo parlamentario del PRI, en la sesión del jueves 18 de septiembre de 2003.
- Con punto de acuerdo, a fin de solicitar a la Cámara de Diputados que revise el conflicto de intereses de algunos integrantes de la Junta de Gobierno del IPAB e implante las medidas necesarias para que sean sustituidos en sus encargos en ese órgano, presentada por la diputada María de los Dolores Padierna Luna, en nombre del grupo parlamentario del PRD, en la sesión del jueves 18 de septiembre de 2003.
- Con punto de acuerdo, en relación con el secreto profesional de los periodistas, presentada por la diputada Cristina Portillo Ayala, del grupo parlamentario del PRD, en la sesión del jueves 18 de septiembre de 2003.
- Con punto de acuerdo, para solicitar al Poder Ejecutivo federal que emita la declaratoria de desastre natural en diversos municipios guanajuatenses afectados por las recientes lluvias, presentada por el diputado Agustín Miguel Alonso Raya, en nombre del grupo parlamentario del PRD, en la sesión del jueves 18 de septiembre de 2003.
Acuerdos
DE LA JUNTA DE COORDINACION POLITICA, POR EL QUE SE INTEGRA EL COMITE DE ADMINISTRACION
Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se integra el Comité de Administración
La Junta de Coordinación Política, con fundamento en el artículo 34, numeral 1, inciso c), de la Ley Orgánica de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con las siguientes
Consideraciones
2. Con fecha 11 de Septiembre de 2003, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el acuerdo relativo a la creación del Comité de Administración como apoyo a las tareas administrativas de la Junta de Coordinación Política.
3. De conformidad con el punto segundo del acuerdo por el que se crea el Comité de Administración, éste se integrará por dos diputados de cada grupo parlamentario, designados por su respectivo coordinador; el primero con carácter de titular y el segundo con carácter de sustituto.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se adopta el siguiente
Acuerdo
Unico.- El Comité de Administración estará integrado por los siguientes diputados:
Por el grupo parlamentario del PRI
Titular: Dip. Rafael Moreno Valle Rosas
Sustituto: Dip. Alfredo Gómez Sánchez
Por el grupo parlamentario del PAN
Titular: Dip. José González Morfín
Sustituto: Dip. Jaime del Conde Ugarte
Por el grupo parlamentario del PRD
Titular: Dip. María Marcela González Salas y Petricioli
Sustituto: Dip. Adrián Chávez Ruiz
Por el grupo parlamentario del PVEM
Titular: Dip. Jorge Antonio Kahwagi Macari
Sustituto: Dip. Cuauhtémoc Ochoa Fernández
Por el grupo parlamentario del PT
Titular: Dip. Pedro Vázquez González
Sustituto: Dip. Joel Padilla Peña
Por el grupo parlamentario de Convergencia
Titular: Dip. Jesús Emilio Martínez Alvarez
Sustituto: Dip. Luis Maldonado Venegas
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 17 días del mes de septiembre de 2003.
Dip. Elba Esther Gordillo Morales (rúbrica)
Presidenta de la Junta de Coordinación Política y Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRI
Dip. Francisco Barrio Terrazas (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN
Dip. Pablo Gómez Alvarez (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del PRD
Dip. Jorge Antonio Kahwagi Macari (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del PVEM
Dip. Alejandro González Yáñez (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del PT
Dip. Jesús Martínez Alvarez (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia
(Aprobado en votación económica. Septiembre 18 de 2003.)
DE LA JUNTA DE COORDINACION POLITICA, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS BASES PARA EL DESARROLLO DE LAS COMPARECENCIAS DE FUNCIONARIOS DEL EJECUTIVO FEDERAL ANTE LA CAMARA DE DIPUTADOS
Acuerdo parlamentario por el que se establecen las bases para el desarrollo de las comparecencias de funcionarios del Ejecutivo federal ante la Cámara de Diputados.
La Junta de Coordinación Política de la LIX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el párrafo segundo del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Consulta a la Cámara el presente proyecto de acuerdo
Primero. El presente acuerdo regulará exclusivamente lo relativo al formato que habrá de observarse durante las comparecencias de los funcionarios del Ejecutivo federal ante la Cámara de Diputados.
Segundo. Los grupos parlamentarios enviarán sus cuestionamientos al servidor público correspondiente con una anticipación de 72 horas naturales a la realización de la comparecencia, los cuales serán dados a conocer a los medios de comunicación y publicados en la Gaceta Parlamentaria.
Tercero. Las sesiones en que se desahoguen las comparecencias se desarrollarán conforme a las siguientes bases:
II. En primer término, se presentará el cuestionamiento hasta por 10 minutos.
III. A cada cuestionamiento, el funcionario o la funcionaria responderá hasta por 10 minutos.
IV. Enseguida, el legislador o la legisladora podrá hacer una réplica hasta por cinco minutos.
Quinto. Las comparecencias en el Pleno serán las siguientes:
Jueves 25 de septiembre: secretaria de Desarrollo Social.
Martes 30 de septiembre: procurador general de la República.
Jueves 2 de octubre: secretario de Hacienda y Crédito Público.
Los servidores públicos del Ejecutivo federal serán citados por el Presidente de la Cámara.
Transitorio
Unico. El presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación por el Pleno de la Cámara de Diputados.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en la Ciudad de México, a los dieciocho días del mes de septiembre de 2003.
Dip. Elba Esther Gordillo Morales (rúbrica p.a.)
Presidenta de la Junta de Coordinación Política y Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRI
Dip. Francisco Barrio Terrazas (rúbrica p.a.)
Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN
Dip. Pablo Gómez Alvarez (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del PRD
Dip. Jorge Antonio Kahwagi Macari (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del PVEM
Dip. Alejandro González Yánez (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del PT
Dip. Jesús E. Martínez Alvarez (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia
(Aprobado en votación económica. Septiembre 18 de 2003.)
| Nota: Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política, se cambian las fechas de las comparecencias, por lo que el secretario de Gobernación comparecerá el martes 23 de septiembre, y el secretario de Hacienda y Crédito Publico, el jueves 2 de octubre del presente. |
Proposiciones
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO A ADELANTAR LA FECHA DE PRESENTACION DEL PAQUETE ECONOMICO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JUAN CARLOS PEREZ GONGORA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA SESION DEL JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2003
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos, diputados federales del estado de Nuevo León e integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, ante esta honorable asamblea presentamos una proposición con punto de acuerdo.
El punto de acuerdo que vengo a presentar a esta tribuna tiene como antecedente la acción soberana de esta Cámara de Diputados en lo que se refiere a la aprobación de la Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, presentada por el Ejecutivo, enunciada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo artículo 74 establece ?que es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados examinar, discutir y aprobar anualmente el Presupuesto de los Egresos de la Federación? El Ejecutivo hará llegar a la Cámara la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 15 del mes de noviembre...
El Presupuesto es uno de los instrumentos fundamentales de la política económica y social del gobierno, es el medio para implementar un orden justo de la distribución del ingreso nacional, canalizar recursos y atención para convertir en hechos las propuestas y los programas sociales que resuelven las necesidades más sentidas; trae consigo la democratización de capital que contribuye al desarrollo económico y social de los mexicanos.
El plazo con que contamos los diputados federales a partir de que el Poder Ejecutivo envía el paquete económico a esta honorable Cámara, para el análisis y aprobación de los proyectos de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos, es considerablemente insuficiente. Por poner un ejemplo, en algunos países de América Latina, como Chile y Brasil, el plazo promedio para desarrollar el trabajo de análisis, acuerdos y aprobación es desde 70 hasta 100 días, mientras que en Estados Unidos se cuenta con 235 días; es decir, México tiene uno de los plazos más cortos para la aprobación del Presupuesto.
Para alcanzar el propósito que enuncia la Constitución Mexicana, la Cámara de Diputados requiere de mecanismos de diseño, conducción y ejecución en la estrategia económica y social, que por su complejidad requieren un proceso de análisis cada vez más exhaustivo. El proyecto económico anual de nuestro país no admite apresurados acuerdos, ni improvisaciones ni ocurrencias; contar con el tiempo necesario que el Legislativo necesita es fundamental para aprobar de una manera responsable el proyecto económico del país, sin perder de vista el impacto y trascendencia que significa la aprobación de éste sobre la economía, el desarrollo y el nivel de vida de la sociedad mexicana.
Los diputados federales estamos listos, tenemos rumbo, hay mando, ánimo de colaboración entre poderes; sabemos que es una tarea que encierra vocación de servicio y convicción de un trabajo responsable. Por estas razones fundamentales es que se considera de suma importancia hacer un exhorto al Poder Ejecutivo a que contribuya con el Poder Legislativo enviando lo más pronto posible el paquete económico a esta honorable Cámara de Diputados y así demostrar apertura y colaboración, y poder instrumentar medidas a mediano y largo plazos que permitan un crecimiento que se refleje en el desarrollo económico de México, logrando un paquete económico que responda a las necesidades que nuestra nación requiere.
Resulta indispensable reconocer la corresponsabilidad, que en el proceso nos toca apoyamos en una labor conjunta y reconocer que en la apertura de colaboración es necesaria la tarea, concluir el propósito y así alcanzar una visión de futuro, con trabajo que se construye con instrumentos eficaces para los tiempos actuales de nuestro México.
Reconociendo la responsabilidad que nos toca en el proceso de aprobación de la Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, respetuosamente solicitamos al C. Presidente de la Mesa Directiva que el siguiente punto de acuerdo sea considerado de urgente y obvia resolución y sometido a esta honorable asamblea.
Punto de Acuerdo
Unico.- "La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo a que instruya al secretario del despacho correspondiente para que envié a la brevedad posible la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, para contribuir a que la discusión y aprobación del paquete económico cuente con el tiempo requerido por los diputados federales de la LIX Legislatura."
Diputación federal por el estado de Nuevo León del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Palacio de San Lázaro, a 18 de septiembre de 2003.
Diputados: Juan Carlos Pérez Góngora (rúbrica), coordinador; Humberto Cervantes Vega (rúbrica), Eduardo Alfonso Bailey Elizondo (rúbrica), Marcela Guerra Castillo (rúbrica), Mayela María de Lourdes Quiroga Tamez (rúbrica), Alfonso González Ruiz (rúbrica), María de Jesús Aguirre Maldonado (rúbrica), Adrián Villagómez García (rúbrica), Margarita Martínez López (rúbrica), Alfonso Rodríguez Ochoa (rúbrica), Carlos Mireles Morales (rúbrica), Héctor Gutiérrez de la Garza, Cristina Díaz Salazar (rúbrica).
(Aprobado en votación económica. Septiembre 18 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA DEMANDAR AL EJECUTIVO FEDERAL LA CANCELACION DEFINITIVA DE LA CONSTRUCCION DEL MUELLE EN PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO ADRIAN CHAVEZ RUIZ, EN NOMBRE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DEL JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2003
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) acude a esta tribuna para exigir la cancelación de un proyecto de gran impacto ambiental sobre un arrecife coralino, que se realiza contra la voluntad de los habitantes de Playa del Carmen.
Antecedentes
El 9 de enero de 2003, una representante de la comunidad de Playa del Carmen interpuso recurso de revisión para impugnar la resolución administrativa.
En julio del presente año, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) clausuró las obras en comento.
El 3 de septiembre de este año, la SCT retiró los sellos de clausura y reanudó las obras.
Además de las graves violaciones de distintas leyes federales, como las que se derivan de construir en una duna -lo cual lo prohíbe el Ordenamiento Ecológico Territorial del Corredor Cancún-Tulum-, no haber realizado la licitación para su autorización por parte de la SCT y, finalmente, no llevar a cabo la consulta pública a que obliga la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, el retiro de sellos y la continuación de la obra son muestra clara del menosprecio que hay hacia la voluntad de los habitantes de Playa del Carmen, quienes -de manera sistemática y por vías pacíficas- se han opuesto a la construcción del muelle, pues representa la cancelación de un espacio público que se utilizaba para el esparcimiento de las familias de la localidad, en la única playa de libre acceso de la zona.
El impulso del turismo equilibrado, responsable, no depredador es necesidad y condición indispensable para el desarrollo de las comunidades ribereñas y costeras no sólo de esa zona sino del país entero, como han señalado reiteradamente distintas asociaciones ambientalistas, entre las que figuran el Movimiento Ciudadano Ecologista Yax Cuxtal de la región.
Dicha visión la comparten incluso agrupaciones de prestadores de servicios turísticos y hoteleros locales, como la Canirac, la Asociación de Prestadores de Servicios de la Riviera Maya, la Canaco o la Canacintra, que también se oponen a repetir el esquema depredador y antidistributivo que genera situaciones de explosividad social y cinturones de miseria alrededor de las zonas hoteleras de lujo.
Ante ello, existen opciones como el ecoturismo incipiente que se lleva a cabo en el lugar y que, además de involucrar de forma más directa a la comunidad y corresponsabilizarla con la protección de sus recursos, es una opción atractiva para quienes desean visitar el Caribe mexicano, donde todavía es posible observar los arrecifes de coral y tener acceso a las playas en su estado natural.
El argumento supuestamente de mayor peso para la construcción es que se requiere un nuevo muelle a fin de atracar las embarcaciones que trasladan pasajeros a Cozumel.
¡Diputadas y diputados: el muelle actual apenas si opera a 40 por ciento de su capacidad!
En los hechos, éste es uno de los supuestos proyectos "de desarrollo y generación de empleos" que, en la práctica, permiten el acceso del capital al uso de los recursos naturales que son propiedad de todos y que se privatizan silenciosamente entregándose a unos cuantos.
Finalmente, es una forma útil para abrir la puerta a los cruceros vacacionales que, según estudios serios, no aportan mayores recursos a los destinos turísticos, no representan ninguna opción útil para generar empleos dignos y -no sólo en México sino en el resto del mundo- evaden impuestos y no otorgan los beneficios sociales a que cualquier trabajador tendría derecho.
El PRD promueve e impulsa el turismo, reconociendo las potencialidades que como nación tenemos en este sector, pero no entregando nuestras riquezas naturales, no contra la voluntad del pueblo y no permitiendo sentar el precedente de impunidad que hoy se da en Playa del Carmen, pero que mañana se podrá repetir en otras partes del país.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, someto a consideración del Pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Demandamos la cancelación de las obras de construcción del muelle en Playa del Carmen, Quintana Roo, por ser violatorio del Ordenamiento Ecológico Territorial del Corredor Cancún-Tulum y por no llevarse a cabo la consulta pública que señala el artículo 34 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Segundo. Solicitamos a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Comunicaciones y Transportes que envíen a esta soberanía la información que sustentó la autorización del muelle en comento.
Dip. Adrián Chávez Ruiz (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. En tanto se designa la Comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo. Septiembre 18 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, SOBRE LA FISCALIZACION DE LOS FONDOS FEDERALES DEL RAMO 33 POR LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JESUS EMILIO MARTINEZ ALVAREZ, EN NOMBRE EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO CONVERGENCIA, EN LA SESION DEL JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2003
Antecedentes y Consideraciones
El 19 de junio la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) envió un comunicado al auditor superior de la Federación de esta H. Cámara de Diputados, en el cual los integrantes de esa agrupación solicitan a este órgano de fiscalización del Poder Legislativo, en su último párrafo, que cito textualmente: "...en tanto no se aclaren estas controversias de carácter jurídico, suspenda todas las auditorías programadas en el territorio nacional al Ramo General 33, y a que establezcamos una mesa de trabajo y análisis con estas entidades federativas sobre ese punto y el relacionado con los recursos del Ramo General 39..."
Con fecha 1º de julio, el auditor superior de la Federación se dirigió a la Conago señalando claramente las facultades que tiene esta H. Cámara de Diputados de conformidad con el artículo 74, fracción IV, de la Constitución General, así como la preeminencia constitucional del artículo 79, que en su fracción I textualmente señala que "la entidad de fiscalización superior también fiscalizará los recursos federales que ejerzan las entidades federativas, los municipios y los particulares".
Por lo anterior, queremos manifestar nuestra preocupación porque la petición de la Conago no se apega al espíritu y letra de la Constitución y soslaya las facultades que la ley le confiere a la Cámara de Diputados en materia de fiscalización.
Los recursos del Ramo 33 de aportaciones federales para entidades federativas y municipios durante este año ascienden a más de 234 mil millones de pesos. Del total de esta cantidad, si el auditor de la Federación no procede en el ejercicio de sus facultades, no sabremos si los recursos de los programas sociales están llegando a los mexicanos que más lo necesitan. Debemos de presuponer que el manejo de ellos se hace con toda transparencia y, por lo tanto, no procede el intento de evitar una supervisión a todas luces procedente, legal e imprescindible.
La rendición de cuentas de los programas sociales es consustancial a toda democracia, no debemos permitir y dejar la impresión de que los recursos de los programas sociales puedan tener un propósito distinto al que están destinados.
Recordemos que en el año 2004 tendremos elecciones en 10 entidades federativas para elegir gobernador, y en cuatro más, para elegir a presidentes municipales y diputados locales.
En beneficio de la imagen y de la credibilidad de nuestras instituciones y de cada uno de los gobiernos estatales, la petición de no auditar los recursos del Ramo 33 debe ser retirada por el bien del ejercicio del poder público, y por la dignidad del Poder Legislativo, debe ser plenamente rechazada.
México está construyendo su democracia. En esta tarea están participando todos los mexicanos; y uno de los valores de la democracia es la transparencia en el ejercicio del gobierno y en el manejo de los recursos públicos.
No existirá democracia en México si no hay transparencia y rendición de cuentas. Y en esta condición no hay argumento válido para impedir la transparencia, como no lo es desde luego, la invocación de la soberanía estatal, que no es, ni debe ser, una especie de salvoconducto para el ejercicio discrecional de los recursos públicos federales.
La rendición de cuentas debe ser práctica cotidiana en México; incluso, nuestra norma debe ser explícita: si no hay rendición de cuentas, no debe haber más recursos.
En el Congreso se hacen las leyes y los primeros obligados a su cumplimiento somos los legisladores y los miembros de los otros poderes.
El Poder Legislativo debe ser garante de la legalidad y la transparencia, y la rendición de cuentas es condición fundamental de la democracia.
En Convergencia creemos que sólo luchando por la legalidad y transparencia podremos construir el país que queremos: justo, próspero y demócrata; por ello el grupo parlamentario de Convergencia propone el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero.- Se exhorta a todas las entidades federativas que aún no han suscrito los convenios de coordinación y colaboración en materia de fiscalización de los recursos federales que ejerzan, para que lo hagan a la brevedad, en beneficio de la transparencia y de la rendición de cuentas con la que estamos todos comprometidos.
Segundo.- Se exhorta a todas las entidades federativas a que brinden todas las facilidades y los apoyos necesarios a la Auditoría Superior de la Federación para garantizar el cumplimiento de las atribuciones constitucionales de esta Cámara de Diputados respecto a la revisión de la Cuenta Pública.
Tercero.- Reiterarnos nuestro compromiso con la sociedad mexicana de examinar rigurosamente el ejercicio y aplicación de los recursos federales, revisando, con el apoyo de la entidad de fiscalización de la federación, si la gestión financiera se ha ajustado a los criterios señalados en el Presupuesto y si se han cumplido los objetivos contenidos en los programas.
Se solicita, asimismo, que este punto de acuerdo se tramite como de urgente y obvia resolución.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 18 días del mes de septiembre de 2003.
Por el grupo parlamentario de Convergencia:
Diputados: Jesús E. Martínez Alvarez (rúbrica), Luis Maldonado Venegas, Jaime Miguel Moreno Garavilla, Juan Fernando Perdomo Bueno, Jesús González Schmall.
(Turnada a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. En tanto se designa la Comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo. Septiembre 18 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA CREAR LA COMISION ESPECIAL DEL AREA DE LIBRE COMERCIO DE LAS AMERICAS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JUAN MANUEL VEGA RAYET, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA SESION DEL JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2003
Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, diputado por el XIV distrito de Izúcar de Matamoros, Puebla, e integrante de las filas del Partido Revolucionario Institucional, presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo para la creación de la comisión especial del Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA) dentro de los trabajos de la Quincuagésima Novena Legislatura.
Antecedentes
El mundo actual vive inmerso en un proceso de globalización, caracterizado por la interdependencia de los países, no sólo en aspectos económicos sino también políticos, tecnológicos y culturales. Por su parte, el desarrollo tecnológico ha permitido que las telecomunicaciones, la robótica, la informática y la biotecnología representen para el hombre de este siglo una herramienta indispensable para su progreso y desarrollo. Esta interdependencia implica que países como México tengan que involucrarse en este proceso globalizador, en el cual la integración en bloques económicos obliga a hacer más eficientes sus aparatos productivos en aras de la competitividad.
En consonancia con lo anterior, 1994 fue un año decisivo para nuestro país, puesto que se firma el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). En ese mismo año participa en la Cumbre de las Américas de Miami, donde surge la propuesta de negociar el Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA), que es un proyecto de libre comercio que comprende 34 países del Continente Americano, el cual es negociado en sintonía con los principios de la Organización Mundial de Comercio (OMC). Será, igualmente, el tratado más grande del orbe, que conformará la mayor zona de libre comercio del planeta. El propósito es eliminar progresivamente los aranceles a los bienes, servicios e inversiones que se acuerden en las negociaciones entre los países miembros. Esta iniciativa incluye 40 millones de kilómetros cuadrados e incidirá sobre la vida y la economía de más de 800 millones de habitantes, y ha de generar divisas por un monto de 330 mil millones de dólares en inversiones y transacciones de bienes y servicios.
Es en este contexto como surge la propuesta del ALCA, que si bien no es la panacea, si permitirá ser el medio para que los 34 países participantes en el proceso logren finalmente el desarrollo económico y social tan esperado en la región americana, especialmente en América Latina. Como parte de esa inercia, México ha firmado 10 tratados de libre comercio, que comprenden 31 mercados, con lo cual se coloca como el país que más tratados de esta índole a nivel mundial ha firmado.
El ALCA constituye la gran oportunidad para nuestro país de avanzar en el reto de competir en escenarios globales y negociar con los otros 33 países participantes en los rubros que más favorezcan a nuestros productores, en especial a lo que se refiere al tema agrícola.
La última fase de las negociaciones se está llevando a cabo desde el día tres de marzo del presente año en la ciudad de Puebla, sede temporal de este proceso, participando nueve grupos con temas específicos, como: acceso a mercados, compras del sector público, inversión, propiedad intelectual, subsidios y antidumping y derechos compensatorios, solución de controversias, servicios, agricultura y política de competencia y comités especiales relativos a la participación de la sociedad civil, economías pequeñas, etcétera.
Bajo una visión integral hemos de considerar el impacto que el ALCA tendrá en los mexicanos, ya que se extiende además a cuestiones como democracia, desarrollo, crecimiento y prosperidad y en los objetivos destaca la promoción de la prosperidad mediante el libre comercio y la contribución al desarrollo sostenible.
Este proceso de negociaciones está proyectado para finalizar el día 31 de enero de 2005, por lo que desde el 1 de febrero hasta el 31 de diciembre del mismo año se llevará a cabo la ratificación del tratado por parte de los Congresos de los 34 países miembros. Al ser aprobado por éstos, el ALCA entrará en vigor el 1 de enero de 2006. De ahí que no haya un ámbito más apropiado para discutir este tema que esta Quincuagésima Novena Legislatura, como el órgano constitucional representante de los intereses de los ciudadanos y que tendrá que aprobar los acuerdos negociados en el proceso del ALCA.
Nosotros, como representantes populares, hemos de analizar y reflexionar responsablemente el impacto de este instrumento y garantizar una negociación clara y transparente con conocimiento de los avances, logros y perspectivas de la posición de nuestro país, incidiendo en los compromisos que se han de asumir.
Aún queda mucho trabajo por delante, a medida que continuemos con estas negociaciones, debemos disponer de los estudios especializados en el tema, a fin de coordinar posiciones y promover un amplio debate en el país sobre la participación de México en las negociaciones del ALCA.
Por lo anterior, se somete a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Unico. Un acuerdo parlamentario que permita crear una Comisión Especial de 10 miembros para el análisis de las negociaciones del Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA) dentro de los trabajos de la Quincuagésima Novena Legislatura.
Palacio Legislativo, a 11 de septiembre de 2003.
Diputados: Juan Manuel Vega Rayet, F. Alberto Jiménez Merino, Jesús Morales Flores, María del Carmen Izaguirre Francos, José Alarcón Hernández, Federico Barbosa Gutiérrez, José Luis Flores Hernández, J. Guillermo Aréchiga Santamaría, Roberto Pedraza Martínez, Marco Antonio Torres Hernández, Carlos Blackaller Ayala, Filemón P. Arcos Suárez Peredo, Concepción Olivia Castañeda Ortiz, Roger David Alcocer García, Ivonne Ortega Pacheco, Paulino Canul Pacab, Adrián Víctor Hugo Islas Hernández (rúbricas).
(Turnada a la Junta de Coordinación Política. Septiembre 18 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE SOLICITAR A LA CAMARA DE DIPUTADOS QUE REVISE EL CONFLICTO DE INTERESES DE ALGUNOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL IPAB E IMPLANTE LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA QUE SEAN SUSTITUIDOS EN SUS ENCARGOS EN ESE ORGANO, PRESENTADA POR LA DIPUTADA MARIA DE LOS DOLORES PADIERNA LUNA, EN NOMBRE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DEL JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2003
Antecedentes
Cuando, el 12 de diciembre de 1998, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la Ley del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), en las consideraciones de la comisión que dictaminó dicho ordenamiento se señaló textualmente: "Vital significado tiene para los integrantes de la comisión que dictamina resaltar la activa participación del Poder Legislativo en el proceso de evaluación y control de este organismo, dada su importancia social".
Por lo anterior, la propia ley estableció en sus artículos 74 y 79 que el IPAB sería administrado por una Junta de Gobierno, que se formaría por siete vocales: cuatro vocales independientes, el secretario de Hacienda, el gobernador del Banco de México y el Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Considerando
1. Que la inclusión de los vocales independientes se realizó en virtud de que, tal y como se señala en las consideraciones de la comisión que dictaminó dicha ley, era de vital importancia para el Poder Legislativo tener presencia en la Junta de Gobierno del organismo, que se haría cargo de asegurar los depósitos de los ahorradores y que, además, administraría el costoso rescate bancario.
2. Que, además de lo anterior, la inclusión de los vocales independientes fue necesaria en virtud de que, paradójicamente, quienes integrarían parte de la Junta de Gobierno del instituto eran las mismas instituciones que instauraron el rescate bancario y, por tanto, podían ser hasta las mismas personas que formaron parte del Comité Técnico del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa).
3. Que lo anterior, combinado con el mandato que la Cámara de Diputados otorgó al IPAB a través del artículo quinto transitorio y que es en esencia la investigación de la legalidad de las actividades que realizó el mismo Fobaproa, se traduciría en un conflicto de intereses de algunos integrantes de la Junta de Gobierno del IPAB.
4. Que, por ello, el Congreso decidió establecer en el artículo segundo transitorio un texto que dice lo siguiente: "Ninguna persona que haya sido secretario de Hacienda y Crédito Público, gobernador del Banco de México o Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y en tal carácter miembro del Comité Técnico del Fondo Bancario de Protección al Ahorro de 1995 a 1997 podrá participar en la Junta de Gobierno del instituto ni fungir como secretario ejecutivo del mismo".
5. Que la palabra "independiente" estableció claramente su perfil que, en suma, deben ser, como su nombre indica, independientes, neutrales y ajenos al rescate bancario.
6. Que tanto la situación de Héctor Reynaldo Tinoco Jaramillo, vocal "independiente" en funciones, como la de Jonathan Davis, representante de la CNBV, y la de su suplente, Teresa Fernández, viola flagrantemente el espíritu y la letra de la Ley del IPAB, por haberse desempeñado como miembros del Comité Técnico del Fobaproa o por haber participado en sus sesiones.
7. Que la propia Auditoría Superior de la Federación señaló textualmente, en sus observaciones relativas a la Cuenta Pública de 2001: "El Comité Técnico del Fobaproa procedió con discrecionalidad y en exceso de sus atribuciones al haber actuado sin reglas y políticas de operación que le permitieran dar transparencia e imparcialidad en sus decisiones para acreditar la economía en los apoyos del Gobierno Federal al otorgar su aval en el Programa de Capitalización y Compra de Cartera".
8. Que quien otorgó esa firma de "aval" fue precisamente Jonathan Davis, actual Presidente de la CNBV, sin estar facultado para ello, y hoy miembro de la Junta de Gobierno del IPAB.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, solicito a la Presidencia de la Mesa Directiva someta a consideración del Pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Unico. Que la Cámara de Diputados revise el conflicto de intereses de algunos integrantes de la Junta de Gobierno del IPAB e implante las medidas necesarias para sustituir en sus encargos a Héctor Reynaldo Tinoco Jaramillo, vocal; Jonathan Davis, representante de la CNBV; y Teresa Fernández, suplente, quienes se desempeñaron como miembros del Comité Técnico del Fobaproa y hoy son integrantes de la Junta de Gobierno del IPAB, lo cual viola el artículo segundo transitorio de la Ley del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.
(Turnada a la Junta de Coordinación Política. Septiembre 18 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, EN RELACION CON EL SECRETO PROFESIONAL DE LOS PERIODISTAS, PRESENTADA POR LA DIPUTADA CRISTINA PORTILLO AYALA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DEL JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2003
La que suscribe, diputada federal Cristina Portillo Ayala, y demás diputadas y diputados integrantes de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática de la LIX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos, presento ante la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión una proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes consideraciones:
Como es del dominio público, el día cuatro de septiembre pasado, agentes enviados por la Agencia Federal de Investigación (AFI), dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR), se presentaron en las instalaciones del periódico La Jornada para interrogar al reportero Gustavo Castillo García.
Sin identificarse, sin informar que efectuaban una investigación de cierto tipo y sin cumplir los requisitos que la ley obliga para efectuar un interrogatorio, los agentes pretendían que el periodista Gustavo Castillo revelara qué fuentes le proporcionaron informes sobre la identidad de Luis Antonio Félix, presunto sobrino de Ismael El Mayo Zambada, que fue detenido en junio pasado, durante un operativo en Culiacán.
Lamentablemente no se trata de un hecho aislado, se suma éste al igual denunciado por el diario La Jornada en su edición del 18 de noviembre de 2002, cuando seis de sus reporteros fueron citados y presionados para que revelaran sus fuentes de información en el Pemexgate y el caso Raúl Salinas. Como se suma también a otros tantos casos de acoso del Misterio Público contra periodistas, que se han dado en distintos puntos de la República por el mismo motivo.
En respuesta, a través del subprocurador de Derechos Humanos, la Procuraduría General de la República ofreció establecer directrices institucionales que normarán las circunstancias, condiciones y casos en que un periodista será requerido para rendir su testimonio en la integración de una averiguación previa, respetando, ante todo, su derecho a no revelar sus fuentes de información, según se dijo.
La actitud de inhibición e intimidación de Agentes del Misterio Público contra periodistas, al presionarlos para que revelen sus fuentes de información, preocupa profundamente a la sociedad toda, porque atenta directamente contra una de las bases y fundamentos esenciales de nuestro Estado democrático, el derecho a la información, y pone nuevamente en el centro del debate nacional la necesidad de regular en México el derecho al secreto profesional de los periodistas.
A 26 años de haberse esbozado en nuestra Carta Magna la base constitucional del derecho a la información, al contrario de lo que acontece en más de 80 países, el secreto profesional de los periodistas carece de una regulación legislativa expresa en México. Pero no por ello debe considerarse que este derecho no está reconocido y protegido en nuestro sistema jurídico.
El derecho al secreto profesional de los periodistas se encuentra incorporado al derecho mexicano como una garantía integrante del derecho a la información, contenido en el último enunciado del artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Del mismo modo está inserto a través de diversos tratados internacionales que se refieren al derecho a la información y que han sido ratificados por México, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y, en particular, en la Convención Americana de Derechos Humanos, que en su artículo 13 establece: "...Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento a su elección..."
Por tanto, toda autoridad pública, y desde luego la Procuraduría General de la República, debe reconocer y proteger al informador como un transmisor de información, como un medio entre la noticia y el público, que está amparado por el secreto profesional como garantía integrante del derecho a la información. Y nunca pretender tergiversar el rol jurídico-social del periodista, al requerirlo para que revele la identidad de la fuente de información o los datos que conduzcan a ella, a modo de pretender convertido en un simple delator llamado a declarar sobre algo que cayó bajo sus sentidos en la legítima búsqueda de noticias.
Claro, siempre en la lógica de que la invocación de este derecho expira en el momento mismo en que el periodista es autor de un delito, toda vez que el secreto profesional protege al periodista únicamente como sabedor del acontecimiento en la búsqueda de material noticioso, nunca como autor o encubridor del hecho.
Al carecer de toda facultad para emitir disposiciones de observancia general, sabemos que las directrices que dicte el ciudadano procurador general de la República no abordarán a plenitud y muchos menos resolverán el tema del secreto profesional de los periodistas. Sin embargo, en tan trascendente cuestión, es preciso, cuando menos mediante disposiciones de carácter interno, unificar el criterio de actuación de los agentes del Ministerio Público y agentes de la AFI en la investigación y persecución de los delitos de su competencia. Cuidando en todo momento, que en el contenido de esas directrices se reconozca el derecho de reserva de las fuentes como una garantía con un doble ámbito de eficacia, para la libertad de conciencia de los informadores y como instrumento para que la sociedad reciba una información libre y veraz.
En vista de las consideraciones anteriores, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Unico. Se exhorte al ciudadano procurador general de la República para que en las directrices institucionales a sus subordinados, asuma el criterio de que el secreto profesional de los periodistas constituye garantía para el buen desempeño de su labor informativa y condición necesaria para que la sociedad mexicana ejerza su derecho a saber todo aquello considerado de interés público.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los diecisiete
días del mes de septiembre dos mil tres.
Diputados: Cristina Portillo Ayala (rúbrica), Narciso Agúndez Montaño, Agustín Miguel Alonso Raya (rúbrica), René Arce Islas (rúbrica), Rosa María Avilés Nájera (rúbrica), Bagdadi Estrella Abraham (rúbrica), Héctor Miguel Bautista López, Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara (rúbrica), Julio Boltvinik Kalinka, Clara Brugada Molina (rúbrica), José Luis Cabrera Padilla, Víctor Manuel Camacho Solís, Nancy Cárdenas Sánchez (rúbrica), Francisco Javier Carrillo Soberón (rúbrica), Marbella Casanova Calam (rúbrica), Francisco Chavarría Valdeolívar (rúbrica), César Antonio Chávez Castillo (rúbrica), Adrián Chávez Ruiz (rúbrica), Santiago Cortés Sandoval, Tomás Cruz Martínez (rúbrica), Angélica de la Peña Gómez, María Angélica Díaz del Campo (rúbrica), Socorro Díaz Palacios, Horacio Duarte Olivares (rúbrica), Gilberto Ensástiga Santiago (rúbrica), Luis Eduardo Espinoza Pérez, David Ferreyra Martínez, Margarito Fierros Tano (rúbrica), Irma Sinforina Figueroa Romero (rúbrica), Rafael Flores Mendoza (rúbrica), Rogelio Franco Castán, Pablo Franco Hernández, Juan García Costilla (rúbrica), Miguel Angel García Domínguez, Eliana García Laguna (rúbrica), Amalia Dolores García Medina, Juan José García Ochoa (rúbrica), Iván García Solís, Rafael García Tinajero Pérez (rúbrica), María Elba Garfias Maldonado (rúbrica), Pablo Gómez Alvarez, Valentín González Bautista, María Marcela González Salas (rúbrica), Ana Lilia Guillén Quiroz (rúbrica), Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita (rúbrica), Abdayán Guzmán Cruz, Minerva Hernández Ramos (rúbrica), Ma. del Rosario Herrera Asencio (rúbrica), Marcelo Herrera Herbert (rúbrica), Guillermo Huízar Carranza (rúbrica), Marcela Lagarde y de los Ríos (rúbrica), J. Miguel Luna Hernández (rúbrica), Sergio Augusto Magaña Martínez (rúbrica), Susana Manzanares Córdova, Javier Manzano Salazar (rúbrica) Salvador Pablo Martínez Della Rocca (rúbrica), Horacio Martínez Meza (rúbrica), Jorge Martínez Ramos, José Luis Medina Lizalde (rúbrica), Antonio Mejía Haro (rúbrica), Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), Gelacio Montiel Fuentes, Francisco Mora Ciprés (rúbrica), María Guadalupe Morales Rubio (rúbrica), Marcos Morales Torres, Inelvo Moreno Alvarez (rúbrica), Inti Muñoz Santini (rúbrica), Arturo Nhale García (rúbrica), José Luis Naranjo y Quintana, Francisco Javier Obregón Espinoza, Daniel Ordóñez Hernández, Omar Ortega Alvarez (rúbrica), J. Agustín Roberto Ortiz Pinchetti, María de los Dolores Padierna Luna, Juan Pérez Medina (rúbrica), Bernardino Ramos Iturbide, Alfonso Ramírez Cuéllar, Agustín Rodríguez Fuentes, Lizbeth Eugenia Rosas Montero, Javier Salinas Narváez (rúbrica), Rocío Sánchez Pérez, Francisco Javier Saucedo Pérez (rúbrica), Yadira Serrano Crespo, Emilio Serrano Jiménez, Pascual Sigala Páez (rúbrica), Carlos Hernán Silva Valdés (rúbrica), Víctor Suárez Carrera, Israel Tentory García, Carlos Zeferino Torreblanca Galindo (rúbrica), Edgar Torres Baltazar (rúbrica), Enrique Torres Cuadros, Elpidio Tovar de la Cruz (rúbrica), Gerardo Ulloa Pérez (rúbrica), Emilio Zebadúa González, Jazmín Elena Zepeda Burgos (rúbrica).
(Turnada a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública. En tanto se designa la Comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo. Septiembre 18 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO FEDERAL QUE EMITA LA DECLARATORIA DE DESASTRE NATURAL EN DIVERSOS MUNICIPIOS GUANAJUATENSES AFECTADOS POR LAS RECIENTES LLUVIAS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO AGUSTIN MIGUEL ALONSO RAYA, EN NOMBRE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DEL JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2003
Antecedentes
1.Con motivo de las intensas lluvias que se han precipitado en nuestro país, los pobladores de diversos estados de la República han sufrido daños en sus pertenencias, propiedades y sembradíos; incluso, han visto alteradas sus actividades cotidianas por las inundaciones. Las precipitaciones pluviales, sin precedente, han ocasionado ya dolorosas pérdidas humanas. Recientemente, hemos conocido de la dramática situación que viven los ciudadanos de Guanajuato, Querétaro, Jalisco, Zacatecas, Nayarit y Michoacán.
2. En Guanajuato, desde hace varios meses, distintos municipios han sufrido lluvias torrenciales e inundaciones, lo que ha deteriorado la ya de por sí difícil situación de sus habitantes. Apenas en julio, la Secretaría de Gobernación emitió la declaratoria de desastre natural respecto a los municipios de Abasolo, Pénjamo, Cuerámaro y Romita, para efectos de la aplicación del Fondo de Desastres Naturales (Fonden).
3. A lo anterior se sumaron las lluvias torrenciales ocurridas el pasado 12 de septiembre, que obligaron a la Secretaría de Gobernación a emitir la declaratoria de emergencia para 12 municipios del estado de Guanajuato, con objeto de dar atención inmediata, con los recursos del Fonden, a la población damnificada.
4. No obstante el apoyo hasta hoy recibido por los afectados en la entidad, y dada la gravedad de las cosas, es evidente que se requerirán acciones más decididas del Gobierno Federal.
Los reportes señalan que, a dos semanas de las fuertes lluvias, en Guanajuato se reportan 50 mil personas afectadas, 9 muertos y 70 mil hectáreas de cultivo siniestradas en 14 municipios. Al menos 10 kilómetros de caminos estatales y federales están dañados: la carretera federal de cuota Querétaro-Celaya permanece cerrada, mientras que la carretera federal libre Irapuato-Salamanca está bloqueada parcialmente. En Pueblo Nuevo, 12 comunidades están incomunicadas.
En Salamanca, 30 colonias han resultado afectadas por la creciente del río Lerma, que amenaza desbordarse nuevamente. En Celaya continúa la evacuación. El albergue acondicionado en el seminario de la diócesis de este municipio ya rebasó su capacidad de atención a damnificados.
Santa Ana Pacueco, Pénjamo, es una comunidad que vive en riesgo sanitario, pues las aguas que la anegan están contaminadas con heces de cerdo. Ahí se perdieron totalmente 180 viviendas. En el Cereso Mil, de Valle de Santiago, se tuvo que desalojar, con diversos contratiempos, a mil internos.
Los 20 millones de pesos que, según el secretario de Gobernación, se destinarán a atender los daños ocasionados por estas lluvias resultan a todas luces insuficientes, dado que, por ejemplo, el fenómeno meteorológico afectaría significativamente las cosechas de 1.1 millones de toneladas de sorgo y 600 mil toneladas de maíz, cuyo valor comercial es de mil 430 millones de pesos y 580 millones de pesos, respectivamente, más un monto no cuantificado por la pérdida en la cosecha de hortalizas y la merma en la producción lechera y en las granjas avícolas que se inundaron en municipios como Apaseo el Grande.
A finales de año, los bolsillos de los productores guanajuatenses resentirán drásticamente los efectos del fenómeno, que a su vez agravará aún más la situación financiera con la banca comercial, en la que se está en cartera vencida.
5. Atenta y sensible a lo que ocurre en el país, la Cámara de Diputados aprobó en la sesión de 11 de septiembre de 2003 un punto de acuerdo a fin de solicitar al Ejecutivo federal apoyo para los damnificados de Guanajuato, Querétaro, Jalisco y Zacatecas. Sin embargo, la emergencia que se vive en Guanajuato exige a los legisladores hacer más.
Consideraciones
1. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó un monto de 350 millones de pesos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2003 destinado al Fondo de Desastres Naturales. El Fonden, de conformidad con el Tercer Informe de Gobierno, tenía al primer semestre de 2003 la cantidad disponible de 7 mil 58 millones de pesos.
El objeto del Fonden es atender los efectos de desastres naturales imprevisibles cuya magnitud supere la capacidad financiera de respuesta de las dependencias y de las entidades paraestatales, así como de las entidades federativas.
2. Los recursos del Fonden destinados a atender la emergencia en los municipios del estado de Guanajuato son hasta hoy insuficientes, comparados con los daños provocados por las inundaciones. Así lo confirman las declaraciones del gobernador de la entidad, Juan Carlos Romero Hicks, quien precisó que los 20 millones de pesos anunciados por la Secretaría de Gobernación no alcanzarían para satisfacer las necesidades de los pobladores afectados.
3. La magnitud de los daños provocados por las torrenciales lluvias y las necesidades de apoyo para los afectados tornan urgente la declaratoria de desastre natural por el Ejecutivo de la Unión en varios municipios del estado de Guanajuato.
Esa declaratoria permitiría realizar una evaluación de los daños y permitir que fluyan recursos para satisfacer las necesidades prioritarias de la población ante la catástrofe e iniciar los trabajos para restablecer las vías de comunicación y los servicios públicos indispensables a fin de retornar a la normalidad.
4. Hasta hoy, la colaboración institucional resulta insuficiente, por lo que urge mayor coordinación entre las distintitas dependencias e instituciones encargadas de atender el desastre natural.
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el legislador suscrito somete a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicita respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal que emita la declaratoria de desastre natural, para los efectos de las Reglas de Operación del Fonden vigentes, en virtud de los daños provocados por las inundaciones recientes en los municipios del estado de Guanajuato que se listan a continuación: Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Celaya, Comonfort, Cortazar, Cuerámaro, Huanímaro, Manuel Doblado, Pénjamo, Pueblo Nuevo, Romita, Salamanca, Salvatierra, Valle de Santiago y Villagrán.
Segundo. La Cámara de Diputados se pronuncia porque, en el marco de las Reglas de Operación del Fonden, se incrementen los recursos destinados a brindar ayuda a los damnificados por las torrenciales lluvias en el estado de Guanajuato y porque su entrega sea oportuna.
Tercero. Asimismo, acuerda la formación de un grupo de trabajo, integrado por diputados de los distintos grupos parlamentarios, para que acuda a la región afectada, informe de la magnitud de los daños y constate la aplicación de recursos públicos para atender el desastre.
Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 18 de septiembre de 2003.
Diputados: Martha Lucía Mícher Camarena, Miguel Luna Hernández, Mario Ernesto Dávila Aranda, Agustín Miguel Alonso Raya, Rubén Alfredo Torres Zavala, Wintilo Vega Murillo, Armando Rangel Hernández, Miguel Angel Rangel Avila, Alfonso Romero Morán, María Guadalupe Suárez Ponce (rúbricas).
(Aprobado. Comuníquese. Septiembre 18 de 2003.)
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