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Comunicaciones

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DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

México, DF, a 23 de octubre de 2003.

Dip. Juan de Dios Castro Lozano
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados
Presente

Por este medio me permito hacerle llegar el documento Notas para una reforma electoral: una visión de conjunto, que hemos elaborado los consejeros electorales del Instituto Federal Electoral (IFE) José Barragán Barragán, Jesús Cantú Escalante, Alonso Lujambio Irazábal, Gastón Luken Garza, Mauricio Merino Huerta, Jacqueline Peschard Mariscal, Virgilio Rivera Delgadillo y yo mismo.

Se trata de un texto que recoge las reflexiones conjuntas, producto de la experiencia derivada del ejercicio de nuestras funciones constitucionales a lo largo de siete años, sobre algunas deficiencias y limitaciones que presenta la legislación electoral. Por ello, con pleno respeto a las atribuciones que la Constitución prevé para las Cámaras del Congreso de la Unión, nos permitimos hacer en dicho documento no sólo un análisis sino, también, una serie de propuestas que desean ser un insumo para la discusión legislativa de eventuales futuras modificaciones a las leyes electorales.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente
Mtro. José Woldenberg Karakowsky (rúbrica)
Consejero Presidente
 

Notas para una Reforma Electoral:
una Visión de Conjunto

Introducción

Los tres últimos comicios federales, que se han llevado a cabo sobre la base de las reformas constitucionales y legales promulgadas en 1996, han probado que las normas que regulan nuestro sistema electoral son suficientes para garantizar la organización eficaz, competitiva y transparente de las elecciones. Gracias a esa reforma fue posible superar los cuestionamientos que durante décadas impidieron la aceptación plena de los resultados. Hoy existen reglas e instituciones que hacen más equitativa la contienda por los votos, y que permiten asegurar que los procesos electorales se ciñen a la ley.

No obstante, la aplicación estricta de esas normas ha permitido identificar, también, algunas de sus deficiencias y de sus limitaciones. Ninguna de éstas es tan grave como para impedir que las elecciones federales puedan seguir estando bien organizadas y arrojando resultados transparentes. Pero sería deseable subsanarlas a la luz de la experiencia acumulada en estos años.

Estas notas buscan contribuir a esos propósitos. Los consejeros electorales y el consejero presidente que las suscribimos hemos participado en el órgano de dirección del IFE prácticamente durante todo el periodo en que las normas actuales han estado en vigor, y de ahí que hayamos considerado pertinente aportar un documento que pueda ser útil a los legisladores que tendrán la responsabilidad de diseñar una nueva reforma electoral. Se trata de una visión de conjunto y no de propuestas propias de la técnica legislativa.

Lo que deseamos es señalar algunos de los ámbitos en que convendría promover ciertas modificaciones a las leyes -y, eventualmente, a la Constitución-, así como las razones para hacerlo. Se trata de veintiún temas, agrupados en tres rubros generales: 1) el costo y las condiciones de la competencia; 2) las facultades de la autoridad; y 3) la mejor organización de los procedimientos electorales.

Primer rubro: el costo y las condiciones de la competencia

En este rubro se proponen nueve temas específicos. De éstos, los seis primeros están directamente vinculados a los recursos utilizados por los partidos para financiar sus actividades; dos más se refieren al ingreso de nuevas organizaciones en el sistema de partidos y, en su caso, a su liquidación; y el último, a las normas que regulan a las agrupaciones políticas nacionales.

Son los siguientes: 1) la revisión de la fórmula de financiamiento a los partidos; 2) la reducción de la duración de las campañas; 3) la reglamentación de las precampañas internas para la selección de candidatos; 4) la revisión de los métodos para la compra de propaganda en radio y televisión; 5) la modificación de la forma de acceso a las franquicias postales; 6) la reglamentación de las aportaciones de militantes y organizaciones al financiamiento de partidos; 7) la revisión del método para verificar los requisitos que han cumplir las organizaciones que quieran convertirse en partidos; 8) el establecimiento de un procedimiento de liquidación de los partidos que pierdan su registro; y 9) la revisión de las normas que regulan a las agrupaciones políticas nacionales. Las razones para considerar cada uno de estos puntos son las siguientes:

1. La revisión de la fórmula de financiamiento a los partidos

No hay duda de que el modelo constitucional que privilegia el financiamiento público sobre cualquier modalidad de acceso a los recursos de los particulares ha dado muestras de sus beneficios en la medida en que ha permitido una mayor transparencia y una mayor equidad en los dineros que se emplean para financiar al sistema de partidos. Sin embargo, la fórmula empleada para calcular el monto de ese financiamiento público debe revisarse.

De un lado, la fórmula que está vigente contempla varios multiplicadores, entre los que se encuentra el número de partidos políticos que, como bien se sabe, puede incrementarse cada tres años cuando las nuevas organizaciones que acreditan los requisitos ordenados por la ley obtienen 2 por ciento de la votación en elecciones federales y representación en las Cámaras del Congreso federal. Así sucedió en el año 2000, cuando el número de partidos que logró los votos suficientes para contar con presencia en la Cámara de Diputados ascendió de cinco a ocho, lo que llevó a incrementar la bolsa de financiamiento público en una proporción equivalente.

Además, cada tres años esa bolsa ha de duplicarse para financiar las campañas que realizan los partidos, a pesar de que en las elecciones intermedias solamente se elige a los integrantes de la Cámara de Diputados, y no al Presidente de la República ni a los senadores.

Por estas razones, convendría que los legisladores revisaran la fórmula vigente para el financiamiento público para volverla más estable. Cualquier fórmula que tienda a la certeza en los montos disponibles sería viable: desde un porcentaje fijo del Presupuesto anual de la Federación que los propios diputados deben aprobar, o uno determinado en función del número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral, hasta el establecimiento de un multiplicador distinto -como el número de partidos con fracciones en ambas Cámaras-, en caso de mantener la fórmula actual, entre otros.

Desde luego, sería muy conveniente que el financiamiento para las campañas de las elecciones intermedias represente solamente 50 por ciento del financiamiento anual para gastos ordinarios. A este punto, todavía cabría agregar el de la duración de las campañas, que se plantea enseguida.

2. La reducción de la duración de las campañas

México es uno de los países de América Latina con campañas más largas. Tomando en cuenta el costo que eso supone y el hecho de que la mayor parte de la comunicación social se despliega hoy en la radio y la televisión, esa duración resulta a todas luces excesiva.

Es un hecho conocido, además, que las campañas demasiado largas no contribuyen a la calidad de la contienda ni a incrementar la participación electoral. Por estas razones y considerando las experiencias de otros países, sería conveniente reducir el periodo de las campañas a la Presidencia de la República, las de senadores y diputados. Y, como consecuencia de esa reducción, podría reducirse también la estimación del costo del financiamiento público. Como se verá en el punto cuatro de este apartado, además, la reducción de la duración de las campañas debería llevar a la prohibición permanente de que terceros contraten propaganda en radio y televisión a favor o en contra de algún partido o candidato, a efecto de evitar que la ley electoral pueda ser burlada a través los particulares. Actualmente, esta prohibición abarca sólo las campañas electorales.

3. La reglamentación de las precampañas internas para la selección de candidatos

La selección democrática de candidatos forma parte de las obligaciones y de las rutinas de los partidos políticos. Existen tres grandes momentos en que los ciudadanos que aspiran a ocupar un cargo de elección pueden realizar campañas de promoción: 1) con anterioridad a que los partidos políticos abran sus convocatorias para la selección interna de candidatos, en que existe plena libertad para desplegar actos publicitarios; 2) durante el proceso de selección interna de candidatos, que solamente está regulado por los propios ordenamientos de los partidos políticos; y 3) durante las campañas electorales, cuya duración y montos de gasto permitidos están claramente regulados por el Cofipe.

Consideramos que la ley electoral debería regular detalladamente los aspectos financieros de los procesos internos de selección de candidatos y las precampañas que se realizan. La ley debería contemplar la posibilidad de que las personas que compitan por las candidaturas en disputa rindan al partido que los postulará un informe pormenorizado y auditable de los gastos que realizaron para obtenerla. Esta relación debe formar parte de los informes anuales que deben presentarse ante la autoridad electoral.

De otro lado, convendría que la ley fijara plazos para que todos los partidos concluyan dichos procesos internos en fechas similares, así como la prohibición expresa de iniciar actos de propaganda antes del registro oficial de las candidaturas ante el IFE, en aras de salvaguardar la equidad de la contienda. Y, como ya se dijo en el punto anterior, a estas decisiones cabría agregar la prohibición permanente de que particulares contraten propaganda a favor o en contra de partidos o de candidatos.

En lo que se refiere a la etapa previa al inicio formal de los procesos de selección interna de candidatos, sería conveniente que la ley contemplara algún tipo de reglamentación, a fin de evitar situaciones como las que se presentaron en la elección de 2000, que implicaron el despliegue de importantes recursos económicos.

4. La revisión de los métodos para la compra de propaganda en radio y televisión

Más de 50 por ciento de los gastos que realizaron los partidos políticos en las campañas electorales de los años 1997, 2000 y 2003 se destinó a la compra de propaganda en radio y televisión. Bajo esta premisa, es evidente que cualquier fórmula que tienda a reducir el costo de esas compras incidiría directamente en el costo agregado del financiamiento público.

Entre las fórmulas que otros países han utilizado para reducir el costo del acceso partidario a los medios masivos de comunicación destaca el uso exclusivo de tiempos oficiales: tiempos de Estado y fiscales, en franjas de mayor audiencia y no negociables, y distribuidos con criterios de equidad. Esto significaría, obviamente, que ni los partidos ni los particulares podrían contratar tiempos de radio y televisión. Una opción intermedia, que también podría ser útil al mismo propósito, sería la mixtura entre los tiempos de Estado y la compra a través del IFE de tiempos adicionales en periodos de campaña, distribuidos con el mismo criterio de equidad.

Una tercera posibilidad sería que se mantuviera el sistema actual, que combina acceso a tiempos de Estado y compra de spots por parte del IFE con la contratación directa de espacios en medios por parte de los partidos políticos, siempre que se fijaran topes precisos para dicha compra.

En este caso, la ley debería establecer la obligación para los concesionarios de presentar sus pautas de programación durante las campañas, a fin de que la autoridad pueda verificar el cumplimiento de dichos topes.

5. La modificación de las formas de acceso a las franquicias postales

La ley electoral prevé que los partidos políticos pueden hacer uso de las franquicias postales sin limitación alguna, salvo la de ser empleada por cualquiera de los comités formalmente estatuidos. Si bien es cierto que esas franquicias resultan necesarias y deben seguir siendo una prerrogativa partidaria, sería conveniente que se establecieran límites en su uso, dada la carga presupuestal que suponen, pero sobre todo porque no deben existir prerrogativas sin techos específicos.

La ley electoral podría fijar un porcentaje determinado del financiamiento público para distribuirse de manera igualitaria entre los partidos. De esa manera, todos tendrían el mismo acceso a esta prerrogativa sin afectar con la incertidumbre actual el presupuesto y la operación del Servicio Postal Mexicano.

6. La reglamentación de las aportaciones de militantes y organizaciones al financiamiento de los partidos

Actualmente, los partidos pueden fijar libremente los montos máximos de las cuotas ordinarias y extraordinarias de sus militantes y organizaciones, a diferencia de las cuotas que reciben de simpatizantes, que sí tienen un límite establecido en la ley. Cada partido puede decidir modificar dichos montos cada año o bien convertir a quien realiza una aportación muy grande en militante activo, a efecto de hacer nugatorios los límites establecidos para los simpatizantes. Es evidente, por tanto, que para evitar esa ficción, la ley debería fijar un porcentaje del financiamiento público como límite para esas aportaciones en todos los partidos.

7. La revisión del método para verificar los requisitos que han de cumplir las organizaciones que quieran obtener registro como partido político

Es sin duda conveniente que se mantenga franco el derecho de los ciudadanos para formar nuevos partidos políticos. En este sentido, los requisitos que actualmente establece la ley para ese fin son adecuados. Sin embargo, para acreditar que efectivamente se realizaron al menos 10 asambleas estatales con 3,000 afiliados, o 100 asambleas distritales con 300 afiliados cada una, es suficiente la fe de algún notario, de un juez o de un representante legal del IFE. Dado que el IFE otorga el reconocimiento legal a las organizaciones que aspiran a obtener el registro como partido político, sería conveniente que la ley electoral establezca que solamente la propia autoridad electoral verificará, de manera directa e indelegable, el cumplimiento de esos requisitos.

De otro lado, sería conveniente determinar en la ley que un partido que no haya obtenido al menos 2 por ciento de la votación nacional emitida pueda, no obstante, buscar su registro en la siguiente elección federal.

No hay razón suficiente para impedir que un grupo de ciudadanos que desea formar un partido político y que cuenta con una base social real de respaldo político tenga que eludir la ley, adoptando una denominación o emblema distintos. Es nuestra opinión que los derechos políticos de los ciudadanos deben estar por encima de cualquier otra consideración.

8. El establecimiento de un procedimiento de liquidación de los partidos que pierdan su registro

La ley no prevé un procedimiento para liquidar los bienes adquiridos por un partido político que pierda su registro. No hay una disposición normativa específica que obligue a esas organizaciones a rendir cuentas sobre el destino que darán a los bienes que adquirieron como entidades de interés público y que, por esa razón, no pueden emplear para fines particulares. Si la ley les impone una prohibición cuando tienen registro, con mayoría de razón debe imponerles obligaciones cuando lo pierden y han de rendir cuentas sobre la utilización de los recursos que emplearon, a fin de evitar que los bienes adquiridos tengan un destino incierto ante el silencio de la ley.

Por estas razones, sería conveniente establecer una regulación específica para asegurar que los partidos que pierdan su registro estén obligados a realizar un procedimiento de liquidación transparente y vigilado por la autoridad electoral, bajo la responsabilidad de personas físicas previamente designadas, que además haga posible el reingreso del patrimonio final, obtenido durante la vigencia del registro, en las arcas de la Federación.

En este sentido, es necesario agregar la figura jurídica del patrimonio de los partidos políticos como entidades de interés público; las facultades de la autoridad electoral para vigilar y sancionar el procedimiento de liquidación; las responsabilidades específicas de los encargados por cada partido de ese procedimiento; y los plazos y las modalidades de devolución de los bienes restantes a la Federación.

9. La revisión de las normas que regulan a las agrupaciones políticas nacionales

Las agrupaciones políticas nacionales constituyen una figura jurídica indispensable en la legislación electoral. Tienen derecho a participar de una bolsa de financiamiento público para las actividades que la ley les impone y deben rendir cuentas sobre el uso de todos y cada uno de los recursos que emplean en su labor.

Con todo, la legislación electoral no desarrolla un capítulo sobre las obligaciones y los derechos específicos de esas organizaciones de ciudadanos que, por su propia naturaleza, son diferentes de las de los partidos políticos.

Por estas razones, consideramos que una reforma electoral debería incluir la redefinición de los fines, de las prerrogativas, de los derechos y de las obligaciones de las agrupaciones políticas nacionales para distinguirlas con nitidez de las que corresponden a los partidos políticos. Sean embriones de partido o agrupaciones de ciudadanos que contribuyen al desarrollo de la democracia, su definición jurídica en la legislación actual es insuficiente.

Segundo rubro: las facultades de la autoridad electoral

En este rubro se incluyen cuatro temas, vinculados todos con la necesidad de fortalecer algunas de las atribuciones constitucionales y legales de la autoridad electoral, que resultan indispensables para cumplir a cabalidad sus funciones.

Son los siguientes: 1) la inclusión del IFE como sujeto activo de controversia constitucional; 2) la eliminación del secreto bancario, fiduciario y fiscal para efectos de fiscalización de los recursos de partidos y agrupaciones políticos nacionales; 3) el otorgamiento de facultades de investigación y apremio a empresas y personas físicas en el desahogo de quejas administrativas en materia electoral; y 4) la inclusión del criterio de coordinación obligatoria entre el IFE y las autoridades electorales de las entidades federativas para efectos de fiscalización. Las razones para señalar estos temas en particular son las siguientes:

1. La inclusión del IFE como sujeto activo de controversia constitucional

La necesidad de preservar el carácter autónomo del IFE y de garantizar las condiciones jurídicas para el cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales justifica que este órgano de Estado sea considerado sujeto activo de controversia constitucional. La materia electoral no ha estado exenta de conflictos de competencias, que sin embargo no tienen en las normas actuales una posibilidad diáfana de ser resueltas por el Poder Judicial.

Hay que recordar que el IFE ha tenido dificultades para hacer cumplir sus atribuciones en cuanto al acceso de los partidos políticos a los tiempos de radio y televisión, o para promover campañas de participación ciudadana en las elecciones sin intervención de los gobiernos, dada la actual estructura de distribución de competencias concedidas al Ejecutivo federal, sólo por citar dos ejemplos conocidos.

En consecuencia, sería conveniente modificar el texto constitucional para dotar al IFE de la posibilidad de iniciar controversias constitucionales en defensa de sus atribuciones y de su autonomía.

2. La eliminación del secreto bancario, fiduciario y fiscal para efectos de fiscalización de los recursos de los partidos y las agrupaciones políticos nacionales.

La fiscalización de los recursos públicos que reciben los partidos políticos es viable, pues al entregarlo directamente el IFE conoce los montos asignados. En cambio, identificar con exactitud el origen de los recursos que obtienen por financiamiento privado exige confrontar los informes presentados por ellos mismos con otras fuentes de información y, de manera privilegiada, con el sistema financiero nacional. Y en el desahogo de quejas, como ha quedado de manifiesto en distintas ocasiones y como de hecho ha confirmado el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es imperativo que la autoridad electoral pueda tener acceso a la información resguardada por el secreto bancario y por el secreto fiscal y fiduciario.

No obstante, la tesis sostenida por el Tribunal Electoral no tiene efectos generales sino que debe reiterarse caso por caso y, por tanto, no suple la necesidad de legislar en esa materia. De no modificarse la ley en ese sentido, sería indispensable que la autoridad electoral cerrara los expedientes sin información suficiente, a la espera de que su decisión fuera impugnada ante el Tribunal Electoral, y éste la devuelva al IFE otorgándole el acceso a la información reservada por los secretos ya mencionados. Es obvio que ese círculo va en detrimento de la justicia pronta y expedita a la que está obligada la autoridad.

Debe aclararse que el IFE en ningún momento ha buscado que la eliminación de los secretos bancario, fiduciario y fiscal suponga la divulgación pública de los datos. No se trata de acceder a esa información para publicarla. Se trata de dotar a la autoridad de capacidad efectiva para investigar y resolver con acceso pleno a los datos que obran en poder del sistema financiero y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, conservando sin embargo la reserva de publicar toda la información que no sea directamente pertinente para la resolución de quejas o para el dictamen de los informes presentados por los partidos.

Por esas razones, consideramos que debe otorgarse al IFE la atribución de solicitar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores información referente a las operaciones bancarias y financieras de los partidos y las agrupaciones políticos nacionales y, en su caso, de cualquier otra persona física o moral involucrada en los procedimientos de investigación y desahogo de quejas en materia de fiscalización.

Asimismo, debe otorgarse al IFE la facultad de acceder a la información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o de cualquiera de sus dependencias respecto a la facturación que cualquier persona moral o física con actividades empresariales haya realizado a cualquier partido o agrupación política nacional. Y, del mismo modo, la posibilidad de requerir a la misma dependencia del Ejecutivo federal la práctica de auditorías a cualquier empresa de carácter mercantil o persona física con actividades empresariales respecto a las actividades desarrolladas con cualquier partido o agrupación política nacional.

De reformarse la ley electoral en ese triple sentido, habría que realizar las reformas pertinentes a la Ley de Instituciones de Crédito y al Código Fiscal de la Federación.

3. El otorgamiento de facultades de investigación y apremio a empresas y personas físicas en el desahogo de quejas administrativas en materia electoral

Por razones similares a las señaladas en el punto anterior, el IFE debería contar con facultades expresas para requerir información a personas o empresas sobre cualquier elemento que obre en su poder y que sirvan para sustanciar quejas en materia electoral. Esto es particularmente relevante en materia de fiscalización de los recursos de los partidos y de las agrupaciones políticos nacionales.

Mientras la ley no contemple la posibilidad de que el IFE, de manera directa, pueda requerir a los particulares para efectos de investigación en materia electoral, éstos podrán negarse a colaborar con la autoridad electoral y solamente podrán ser apremiados, en su caso, por mandato expreso de autoridad judicial competente.

La experiencia ha mostrado que esa facultad puede y debe estar acotada en la propia ley a la investigación de asuntos vinculados a la materia electoral, para evitar molestias innecesarias a los particulares. Pero es claro que mientras el IFE no cuente con medios de apremio directos y explícitamente señalados en la ley, sus facultades de investigación seguirán siendo limitadas.

4. La inclusión del criterio de coordinación obligatoria entre el IFE y las autoridades electorales de las entidades federativas para efectos de fiscalización

Los partidos políticos nacionales tienen derecho a participar en elecciones federales y locales, incluidas las del Distrito Federal, y en consecuencia a destinar sus fondos para cualquier tipo de elección, con independencia de su origen. Sin embargo, nuestro sistema federal impone que las autoridades federales solamente puedan fiscalizar los recursos que se presumen federales, mientras que las autoridades de los estados lo pueden hacer sólo con los recursos que se presumen estatales.

Por esa razón, es necesario modificar el texto constitucional para que el IFE y las autoridades electorales de las entidades federativas queden mutuamente obligados a fijar mecanismos de coordinación que les permitan intercambiar toda la información pertinente relativa al origen y el destino de los recursos utilizados por los partidos y las agrupaciones políticos nacionales, sin vulnerar sus respectivos ámbitos de competencia.

Tercer rubro: la mejor organización de los procedimientos electorales

Finalmente, en este rubro se proponen ocho temas más, que atañen a la mejor organización de los procedimientos que ordena la legislación electoral o que, en su caso, convendría legislar para perfeccionarlos.

Son los siguientes: 1) la definición sobre las modalidades del voto de los mexicanos en el extranjero; 2) la desconcentración de los procedimientos administrativos de sanción a partidos y agrupaciones políticos nacionales; 3) la revisión de las normas para contar los votos de las coaliciones electorales; 4) el establecimiento de una vigencia legal para la credencial de elector con fotografía; 5) la conveniencia de fijar el número de casillas especiales conforme a las condiciones de cada distrito electoral; 6) la posibilidad de acceder a una muestra de la documentación electoral, para realizar estudios específicos; 7) la revisión de los horarios y los plazos para la integración y la apertura de la votación en las casillas; y 8) la conveniencia de concentrar en una fecha las jornadas electorales que se realizan en un mismo año. Las razones para incluir estos puntos son las siguientes:

1. La definición sobre las modalidades del voto de los mexicanos en el extranjero

Este es un tema particularmente complejo. De entrada, hay que reconocer que, más allá del aparente consenso entre los distintos actores políticos sobre el derecho que la Constitución otorga a los ciudadanos mexicanos a participar en las elecciones, todavía no se han analizado puntualmente las distintas implicaciones que la reforma legal y reglamentaria de ese derecho podría traer al sistema electoral en su conjunto.

Cabe recordar que en 1998 el IFE presentó un estudio formulado por especialistas, en el que se concluyó que sí resultaría viable extender el derecho de voto a los mexicanos residentes en el extranjero, pero a condición de que se resolvieran distintos obstáculos de orden legal y operativo. Entre ellos, vale la pena subrayar los siguientes:

a) Habría que precisar, en primer lugar, si el derecho al voto deriva de la residencia o de la nacionalidad, o incluso de una combinación de ambas.

b) Dado que el marco jurídico actual no reconoce la modalidad de voto fuera del territorio nacional, habría que modificar sustancialmente todas las normas que rigen la materia electoral. No es suficiente una reforma del Cofipe.

c) Además de las reformas legales, tendrían que gestionarse, con diversas dependencias públicas y con personas privadas nacionales y aun extranjeras, los apoyos que permitieran al IFE llevar a cabo la organización de las elecciones fuera del territorio nacional. Debe tenerse presente que la facultad del IFE para organizar los comicios federales es constitucional, exclusiva e indelegable a ninguna otra autoridad.

d) Deben resolverse problemas operativos ineludibles que tendría que contemplar la ley con toda precisión, a fin de evitar que los principios de certeza, legalidad y objetividad se pierdan en la aplicación de una legislación incompleta. Entre otros, y dependiendo de la modalidad que se adopte, tendrían que resolverse asuntos como la formación del padrón electoral de ciudadanos residentes en el extranjero; las modalidades de expedición de la credencial para votar con fotografía, fuera del territorio nacional; la ubicación de los centros de votación; la insaculación y capacitación de los funcionarios de las mesas directivas de casilla en el extranjero; el establecimiento de las reglas que deben regir la realización de campañas electorales fuera del territorio, que no podrían obligar a terceros extranjeros; la determinación de las reglas de ingreso y gasto, así como de los mecanismos de fiscalización de los recursos utilizados por los partidos políticos fuera del territorio; las modalidades para sustanciar procedimientos contenciosos en materia electoral, fuera del ámbito nacional; y las características de persecución de delitos electorales cometidos fuera de México.

e) De manera particular, los problemas relativos al financiamiento privado que podrían recibir los partidos en sus campañas fuera del territorio nacional, así como el acceso a los medios de comunicación extranjeros y regulados con las leyes de otros países, resultan temas que la legislación no podría omitir.

f) Por último, la posibilidad del voto de los mexicanos en el extranjero debe tomar en cuenta la dimensión demográfica, pues de acuerdo con el estudio realizado por el IFE conforme al mandato legal, para el año 2000 el número de electores potenciales residentes solamente en Estados Unidos se calculaba en 9.8 millones de ciudadanos (es decir, 14 por ciento de la población en edad de votar).

2. La desconcentración de los procedimientos administrativos de sanción a partidos y agrupaciones políticos nacionales

De conformidad con lo que establece el Cofipe, el IFE desahoga dos tipos de procedimientos administrativos de sanción respecto a las obligaciones de los partidos y las agrupaciones políticos nacionales: los que se refieren a la fiscalización de los recursos que utilizan y los genéricos, que atañen al resto de las obligaciones de los partidos y las agrupaciones políticos.

Sobre la base del ordenamiento legal, el IFE ha desarrollado una reglamentación interna para cada uno de esos procedimientos y, por su parte, el Tribunal Electoral del Poder Judicial ha dictado tesis que han venido a complementar el entramado jurídico de lo contencioso electoral.

Sin embargo, a lo largo de estos años han brotado al menos cuatro tipos de problemas que una reforma legal podría resolver: a) los que se refieren a las facultades limitadas de la autoridad electoral en materia de investigación; b) los derivados de la ausencia de un mecanismo de coordinación claro entre autoridades federales y locales en materia electoral, para compartir información y evitar que las indagatorias resulten insuficientes o redundantes; c) los relacionados con la vida interna de los partidos políticos, que hasta ahora se han resuelto conforme a las sentencias y las tesis emitidas por el Tribunal Electoral, ante la falta de normas legales explícitas; y d) los de orden operativo y aun político, que resultan de la excesiva concentración de esos procedimientos en los órganos centrales del IFE y del Tribunal Electoral.

Sobre los dos primeros asuntos, en este documento ya se ha señalado la conveniencia de dotar de mayores facultades al IFE y de modificar la Constitución para establecer la coordinación obligatoria entre las autoridades electorales de los estados y las federales. No es necesario repetir esos argumentos.

Sobre el tercero, consideramos que conviene aclarar los vacíos legales que hasta ahora ha subsanado el Tribunal Electoral por medio de sentencias, en relación con los derechos y las obligaciones de los militantes y las dirigencias de los partidos políticos y los alcances de los recursos de queja cuando esos derechos u obligaciones sean vulnerados.

Respecto del último punto, consideramos que sería muy conveniente rediseñar el sistema de medios de impugnación para incorporar el criterio de desconcentración por ámbito territorial, en las quejas genéricas y durante los procesos electorales. Hasta ahora, los órganos desconcentrados del IFE (los consejos locales y distritales) y las salas regionales del Tribunal Electoral tienen una mínima participación en el desahogo de esos procedimientos, a pesar de que la experiencia demuestra que la gran mayoría de las quejas se refieren a asuntos de orden estatal o distrital, son presentadas por la representación distrital o local de los partidos políticos y ocurren durante los procesos electorales.

No existe razón para que en la resolución de esas quejas no se aplique un criterio territorial tal, que los asuntos distritales se resuelvan en primera instancia en los consejos distritales y los estatales en los consejos locales, mientras que las salas regionales del Tribunal Electoral podrían operar como segunda instancia.

Siguiendo ese criterio, solamente las quejas que tengan alcance nacional serían resueltas por el Consejo General del IFE y revisadas por la Sala Superior del Tribunal Electoral. Este criterio sería aun más útil tomando en cuenta que en los consejos distritales y locales tienen representación los partidos políticos que participan en los procesos electorales.

Conviene insistir en que ese criterio de desconcentración por ámbito territorial y durante los procesos electorales solamente tendría aplicación práctica para las quejas genéricas y no para las relativas a la fiscalización de los recursos de los partidos y las agrupaciones políticos nacionales, ni para la resolución de los conflictos derivados de la vida interna de los partidos, como ya fue mencionado. Pero con esa sola modificación, se incrementaría la posibilidad práctica de impartir justicia electoral de manera más pronta y expedita, y además las resoluciones podrían incidir de manera mucho más efectiva en la solución de los problemas planteados en cada distrito y en cada estado, según el caso.

3. La revisión de las normas para contar los votos de las coaliciones electorales

Los partidos políticos tienen derecho a establecer convenios de coalición para sumar fuerzas y reforzar su convocatoria a los ciudadanos. Sin embargo, dado que la ley considera las coaliciones como un solo partido político para todos los efectos y por tanto contienden bajo un solo emblema, no es posible identificar el verdadero respaldo electoral de cada fuerza política coligada.

Por esa razón, una reforma pertinente de la ley sería que los votos otorgados a una coalición pudieran diferenciarse claramente por partido político, manteniendo la exigencia de presentar un programa de gobierno y legislativo común, a fin de ir preparando el camino para coaliciones parlamentarias, de gobierno o ambas y no solamente de índole electoral.

4. El establecimiento de una vigencia legal para la credencial de elector con fotografía

El Cofipe no establece un periodo de vigencia para la credencial de elector, por lo que se entiende que ese instrumento es válido hasta en tanto el ciudadano fallezca, le sean suspendidos sus derechos ciudadanos, realice una corrección de datos, cambie de domicilio, sufra algún deterioro grave o sea detectada alguna inconsistencia mediante la técnica censal.

Por esa razón, sería conveniente establecer un periodo de vigencia, que en nuestra opinión debería ser de un mínimo de 12 años. Con esa vigencia, sin una carga presupuestal excesiva, podría además propiciarse la actualización y la depuración permanentes del padrón electoral, la actualización de los rasgos físicos del elector y la sustitución oportuna del material con que se produce la credencial.

De otro lado, una decisión de esa naturaleza haría que los cuadros incorporados a la credencial de elector para el marcaje de las elecciones federales y locales, y que en muchos casos se encuentran ya saturados, dejaran de ser necesarios al sustituirlos por la fecha de vigencia de la credencial.

Y en cuanto a la seguridad que ese marcaje adiciona a la confianza de las elecciones, cabe mencionar que hoy resulta superflua, dadas las garantías que se han adicionado a las listas nominales con fotografía y al proceso de integración y capacitación en las mesas directivas de casilla.

5. La conveniencia de concentrar en una fecha las jornadas electorales que se realizan en un mismo año

La dispersión de las fechas destinadas a las distintas jornadas electorales que se realizan en el país cada año no se compadece de la dificultad ni de los costos que supone su organización. Tampoco del hecho de que, en algunas entidades, se viven elecciones tan frecuentes, que desalientan la participación ciudadana y, en términos generales, contribuyen a incrementar la tensión política que supone la contienda permanente por los votos, en detrimento de otros asuntos de interés nacional.

En suma, la dispersión de los calendarios electorales no contribuye a la consolidación de la democracia.

La concentración de todas las elecciones en una sola fecha produciría efectos contraproducentes, por la eminente atención que genera la elección presidencial. Pero sí es posible, así sea de manera gradual, compactar en una sola fecha las distintas jornadas electorales que se realizan cada año.

Los ciudadanos sabrían que una vez al año se realizan las elecciones, en fecha fija; los partidos políticos podrían concentrar sus esfuerzos y sus gastos de manera mucho más eficaz; y las autoridades electorales podrían mejorar con creces sus vínculos de coordinación.

Una decisión así implicaría modificar la Constitución General y las de los estados, además de las leyes correspondientes, incluyendo los transitorios sobre la duración de los mandatos que deben ser modificados hasta la compactación de las fechas en una sola. Pero no hay duda de las ventajas que una modificación de esa naturaleza traería a los procesos electorales en su conjunto.

6. La conveniencia de fijar el número de casillas especiales conforme a las condiciones de cada distrito electoral

Las casillas especiales son las que prevé el Cofipe para recibir la votación de los ciudadanos en tránsito. Es decir, de quienes se encuentran fuera de su sección electoral, pero dentro del territorio nacional.

En el pasado, esas casillas fueron fuente de dudas e impugnaciones, por lo que el legislador de 1996 decidió acotar su número a un máximo de cinco por cada distrito. Pero, en la práctica, esa limitación legal ha producido la saturación de las casillas especiales en las elecciones 1994 y 2000, en los distritos con mayor población flotante.

Los resultados de los últimos cuatro procesos electorales han demostrado que el comportamiento de la votación en esas casillas ha sido similar al resto, con lo cual las dudas que existieron antes se han disipado.

En consecuencia, es conveniente que se suprima la restricción actual y que se permita a los consejos distritales ampliar el número de casillas especiales a 10, conforme a las características propias de cada distrito.

7. La posibilidad de acceder a una muestra de la documentación electoral para efectos de estudio

El Cofipe consigna la obligación de los presidentes de los consejos distritales de resguardar temporalmente la documentación que integra los expedientes de las mesas de casilla, pero ordena también que esos expedientes sean destruidos una vez concluido el proceso electoral correspondiente.

Esa obligación, si bien tiene un sentido jurídico claro respecto a la definitividad de los actos electorales, impide sin embargo conocer información que sería de una enorme utilidad para la planeación de los procesos electorales siguientes.

Si el IFE estuviera facultado para acceder a una muestra -se subraya: a una muestra- de las actas de la jornada electoral, de las actas finales de escrutinio y cómputo, de los escritos de protesta, de las listas nominales contabilizadas, de las boletas sobrantes inutilizadas y de las boletas con votos válidos y nulos para cada elección, podrían perfeccionarse los procedimientos electorales con mucho mayor conocimiento de fenómenos que hoy solamente se presumen.

Debe agregarse que esta medida no vulneraría la legalidad de las elecciones ni el secreto del voto, pues no existe ninguna manera de vincular una boleta electoral con un sufragante, y menos aun tratándose de una muestra.

8. La revisión de los horarios y de los plazos para la integración y la apertura de la votación en las casillas

El Cofipe ordena que la instalación de las casillas electorales se realice a las 8:00 horas del primer domingo de julio del año de la elección. También detalla la forma en que deben instalarse las casillas, mediante distintas actividades secuenciales, entre las que están el conteo y la firma de las boletas, la revisión de las distintas actas y del material electoral, el armado de las mamparas y el acondicionamiento del local, entre otras, para culminar ese proceso de instalación con el llenado del acta correspondiente.

Y es entonces cuando el presidente de la casilla procede a anunciar a los ciudadanos el inicio de la votación. Esas actividades de instalación, sin embargo, consumen cerca de 30 minutos en promedio, en los que los ciudadanos que han llegado desde las 8:00 horas deben esperar.

Por esta razón, convendría que la ley distinguiera los horarios destinados a la instalación propiamente dicha, del inicio formal de la votación, con el intervalo ya señalado de 30 minutos.

Mtro. José Woldenberg Karakowsky (rúbrica)
Consejero Presidente del IFE

Dr. José Barragán (rúbrica)
Consejero Electoral

Lic. Jesús Cantú (rúbrica)
Consejero Electoral

Mtro. Alonso Lujambio (rúbrica)
Consejero Electoral

Lic. Gastón Luken (rúbrica)
Consejero Electoral

Dr. Mauricio Merino (rúbrica)
Consejero Electoral

Dra. Jacqueline Peschard (rúbrica)
Consejera Electoral

Lic. Virgilio Rivera (rúbrica)
Consejero Electoral
 
 
 
 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, ADDENDUM AL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO ANUAL DE LA CAMARA DE DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2004

Ciudadanos diputados:

El día de hoy la Junta de Coordinación Política presentó al Pleno de esta Cámara un "Anteproyecto de Presupuesto" para el ejercicio fiscal 2004.

El texto del oficio suscrito por el Dip. Roberto Campa Cifrián, señala con precisión que el propósito de la presentación citada es "someterlo a consulta del Pleno".

Es claro que la votación de hoy no tuvo como objetivo aprobar en definitiva nuestro Presupuesto, sino sólo consultar al Pleno respecto de un anteproyecto que será remitido al Ejecutivo para su incorporación en la de "Presupuesto de Egresos de la Federación" que, en términos del artículo 74 fracción IV de la Constitución deberá presentar a esta soberanía a más tardar el día 15 de noviembre.

Una vez que esta iniciativa se presente, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública la analizará y dictaminará y posteriormente será sometida a este pleno para su discusión y aprobación en su caso. En sus reuniones podrán estar presentes no sólo sus integrantes sino cualquiera de los ciudadanos diputados que así lo deseen, quienes tienen derecho a voz.

Adicionalmente, la iniciativa presupuestal -como cualquier otra- es modificable en la medida en que no coincida con la voluntad soberana de este Pleno.

Una vez aprobado el presupuesto, el procesamiento interno del mismo se dará de acuerdo con nuestras normas y prioridades parlamentarias, y respetando siempre los derechos de los servidores públicos y legisladores que servimos a México desde este órgano.

(De enterado y remítase este addendum al Ejecutivo federal con el anteproyecto de Presupuesto de la Cámara de Diputados para el Ejercicio Fiscal de 2004. Octubre 28 de 2003.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Minutas

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CON PROYECTO DE DECRETO, QUE CONCEDE AUTORIZACION AL CIUDADANO VICENTE FOX QUESADA, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA AUSENTARSE DEL TERRITORIO NACIONAL DEL 4 AL 6 DE NOVIEMBRE DEL 2003 A FIN DE REALIZAR UNA VISITA DE TRABAJO A LOS ESTADOS DE ARIZONA, NUEVO MEXICO Y TEXAS, EN ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

México, DF, a 28 de octubre de 2003.

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados
Presentes

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto que concede autorización al ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional del 4 al 6 de noviembre del 2003 para que realice una visita de trabajo a los estados de Arizona, Nuevo México y Texas, en Estados Unidos de América.

Atentamente
Sen. Raymundo Cárdenas Hernández (rúbrica)
Vicepresidente en Funciones de Presidente
 

MINUTA
PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO.- Se concede autorización al ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional del 4 al 6 de noviembre de 2003, para que realice una Visita de Trabajo a los Estados de Arizona, Nuevo México y Texas, en los Estados Unidos de América.

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores.- México, DF, a 28 de octubre de 2003.

Sen. Raymundo Cárdenas Hernández (rúbrica)
Vicepresidente en Funciones de Presidente

Sen. Sara Castellanos Cortés (rúbrica)
Secretaria
 
 

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Proposiciones

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CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE SE EXHORTE AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A INSTRUIR AL SECRETARIO DE GOBERNACION PARA QUE CONVOQUE CON LA MAYOR BREVEDAD A UNA REUNION DE TRABAJO DELIBERATIVA Y DE ACUERDOS, A LA QUE CONCURRAN LOS TITULARES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL GOBIERNO FEDERAL Y DE LOS ESTADOS QUE TENGAN BAJO SU RESPONSABILIDAD LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE ATENCION A MIGRANTES O A MEXICANOS EN EL EXTRANJERO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO OMAR BAZAN FLORES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA SESION DEL MARTES 28 DE OCTUBRE DE 2003

El suscrito, diputado federal, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar ante esta soberanía las siguientes propuestas con punto de acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal a mejorar la acción que se especifica en adelante, en atención a las siguientes

Consideraciones

La migración de mexicanos al exterior ha exigido la atención de todos los órganos de gobierno, debido a las causas y problemática que viven, por esta condición, millones de personas que durante décadas han tenido que emigrar, buscando mejores condiciones y oportunidades a su situación económica, social o política.

Según cifras del censo realizado por el Departamento de Comercio de Estados Unidos, en el año 2000 la población mexicana en Estados Unidos creció un 52.9% de 1990 al 2000, pasando de 13.5 millones a 20.6 millones de mexicanos, mexicano-estadounidenses o chicanos (este último descriptor, de acuerdo con el cuestionario sobre el origen hispano del encuestado, censo 2000, pregunta cinco, del cuestionario del Buró de Censos del Departamento de Comercio), siendo el 58.5% de la población hispana. Adicionalmente a estos datos existe uno que es más demostrativo de este problema complejo: mientras el 25.7% de la población estadounidense está integrada por menores de 18 años, un 35% de los hispanos son menores de ésta.

A todos estos datos habrá que agregar un elemento dramático: en lo que va del año se han recibido en nuestro país cerca de 1,200 migrantes muertos en Estados Unidos, muchos de ellos tratando de atravesar los campos de la muerte.

Estos son los datos fríos de un censo, sin embargo nos reflejan lo grande que es este problema para el país, que aunque se esté diciendo que es prioritario, no se ven grandes avances en torno a esto. Más aún, sólo se ha visto discoordinación en las instituciones que se han creado para atender desde ahí a los migrantes.

Por otro lado, los gobiernos estatales han desarrollado su propio esfuerzo para atender a la comunidad migrante originaria de sus estados. Esfuerzos que han permitido responder a los requerimientos que desde el extranjero o en nuestro país se les plantean. Estos gobiernos, que fueron electos por sus ciudadanos, están obligados a realizar las tareas que permitan brindar los beneficios exigidos por su sociedad, y entre éstos está la atención de sus migrantes. De ahí que muchos de ellos hayan creado los órganos administrativos desde donde se realiza esta tarea, sin embargo han enfrentado insatisfacción con la normatividad administrativa, con los instrumentos de coordinación y los procedimientos que se aplican por las instituciones del Gobierno Federal en los programas que tienen que ver con la gestión pública de atención a los mexicanos en el extranjero, independientemente de su estatus jurídico, y en general a los migrantes, al margen de su nacionalidad de origen. En particular, se hace presente una multiplicidad de programas que no guardan conexidad entre sí y, por el contrario, implican una pérdida o, por lo menos, distracción o confusión de esfuerzos que se traducen en una inadecuada atención a la población objetivo de sus atribuciones.

En virtud de lo expuesto, me permito proponer a esta honorable Cámara de Diputados el siguiente punto de

Acuerdo

Primero: Se exhorte al titular del Poder Ejecutivo federal a instruir al secretario de Gobernación para convocar con la mayor brevedad a una reunión de trabajo deliberativa y de acuerdos, a la que concurran los titulares de las unidades administrativas del Gobierno Federal que tengan bajo su responsabilidad la ejecución de programas de atención a migrantes o a mexicanos en el extranjero y los titulares de las oficinas equivalentes de los gobiernos de las entidades federativas, con la finalidad de analizar, discutir y definir las normas, procedimientos y mecanismos de coordinación que mejor contribuyan a que, dentro de su respectivo ámbito de competencia, se dé una adecuada, oportuna, eficaz e integral atención a los mexicanos residentes en el extranjero o a aquellos que tengan la calidad de migrantes, independientemente de su nacionalidad de origen.

Segundo: Se fortalezca el Consejo Consultivo del Instituto de Mexicanos en el Extranjero, asegurando la participación de los órganos de atención al migrante de los gobiernos de las entidades federativas, con facultades deliberativas y de decisión en los acuerdos que se discutan y adopten en este órgano.

Tercero: Se establezcan políticas y mecanismos de atención a los migrantes de otra nacionalidad que, habiendo entrado en territorio nacional sin autorización legal y siendo detenidos, se les garantice un mejor trato y protección contra cualquier abuso y violación a sus derechos humanos.

Dip. Omar Bazán Flores (rúbrica)

(Turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios. Octubre 28 de 2003.)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE CREA LA COMISION ESPECIAL DE ALIMENTACION, PRESENTADA POR LA DIPUTADA MARIA DEL ROSARIO HERRERA ASCENCIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DEL MARTES 28 DE OCTUBRE DE 2003

La suscrita, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LIX Legislatura, presenta propuesta con punto de acuerdo para solicitar la creación de la comisión especial de alimentación.

Exposición de Motivos

Según la Declaración de Roma sobre la Seguridad Alimentaria Mundial, ésta existe cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos nutritivos e inocuos para satisfacer sus necesidades alimentarias y sus preferencias en cuanto a los alimentos, a fin de llevar una vida activa y sana. El logro de esta declaración ha sido la meta principal de los países en vías de desarrollo durante los últimos 25 años.

De acuerdo con los informes sobre desarrollo humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de los últimos 3 años, se puede concluir que alrededor del 65 por ciento de nuestra población vive en condiciones correspondientes a un índice de desarrollo humano medio y bajo. Además, según un estudio realizado por el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, se sufren desnutrición e inseguridad alimentaria en alrededor de 458 municipios ubicados en Oaxaca, Chiapas, Guerrero, estado de México e Hidalgo, pero también en Tlaxcala, Yucatán, Quintana Roo, Puebla, Michoacán, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán, Campeche y Quintana Roo.

La alimentación del pueblo mexicano está directamente relacionada con los niveles de ingreso, la distribución del gasto familiar y la cultura alimenticia, entre otros factores -donde la crisis nacional influye fuertemente-, como la caída abrupta de los salarios mínimos reales, las altas tasas de desempleo y subempleo de la población, el deterioro del poder adquisitivo, calculado en por lo menos 60% en la última década, así como el incremento de los precios de los artículos de consumo de primera necesidad, debido a la inflación y el intermediarismo.

El impacto de todas estas variables ha dado como resultado que en nuestro país el 8 por ciento de los niños mexicanos menores de cinco años tengan peso insuficiente; que el 7 por ciento tengan bajo peso al nacer y que el 18 por ciento presente baja estatura. Sin embargo, aunque los niños son el grupo más afectado por la insuficiencia alimentaria, también los adultos mayores y los grupos indígenas la padecen en grado extremo.

Por otra parte, en México el control de la producción y abasto alimentario se está perdiendo. Cada vez somos menos capaces de producir y distribuir nuestros propios alimentos. Dependemos cada vez más de las importaciones, cuya calidad deja mucho que desear. Lo que trae como consecuencia, además del grado de dependencia, que según la Sagarpa pasó del 7 en el 2001 al 7.3 en el 2002, la pérdida de nuestra soberanía alimentaria nacional.

El Ejecutivo federal ha planteado como una de sus prioridades la alimentación, al incluirla en la denominación de la Sagarpa. En contraparte, el Poder Legislativo no tiene una comisión destinada a legislar y promover que todos los mexicanos tengamos una alimentación apropiada y saludable, impulsando aquellas políticas alimentarias tendientes a lograr la soberanía alimentaria, que es la condición previa de una auténtica seguridad alimentaria.

Por todos estos motivos, los legisladores del PRD, PRI y PT, signantes de este documento, comprometidos con el bienestar de los mexicanos, consideramos que el grado de inseguridad y dependencia alimentaria no debe ser tratado de manera fragmentada, ni ser motivo de propuestas coyunturales, ni de corto plazo que comprometan el futuro de todos los mexicanos.

En virtud de lo que hemos expuesto y con base al artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, consideramos que el tema de la alimentación en esta Cámara debe ser retomado con gran esmero y, por ende, creemos que es necesaria la creación de una comisión especial de alimentación.

Por lo anteriormente expuesto y con sustento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, proponemos el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Que sea creada en el seno de esta soberanía, en el marco de sus atribuciones, una comisión especial de alimentación, que se encargue de la atención de las propuestas legislativas relacionadas con la soberanía alimentaria como un asunto de seguridad nacional. Que tenga como funciones contribuir para que el derecho a la alimentación se estipule en nuestra Constitución Política, como parte de las garantías individuales de que todo ser humano debe gozar; realizar aportes legislativos encaminados a lograr el bienestar nutricional de la población mexicana, especialmente de los grupos más vulnerables, impulsando el fortalecimiento y la calidad nutritiva de los alimentos; coordinarse con otras comisiones de la Cámara de Diputados y con la Sagarpa en las actividades y decisiones legislativas por tomar en la materia; y analizar, proponer y emitir opinión respecto de las iniciativas de ley, decretos, reformas y adiciones en materia alimentaria.

Segundo. Que la Junta de Coordinación Política integre y presente al Pleno una propuesta plural de integrantes de esta comisión.

Tercero. La comisión especial de alimentación contará con un plazo suficiente para efectuar sus trabajos y deberá rendir de manera periódica un informe ante el Pleno de esta soberanía o, en su caso, ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de octubre de 2003.

Diputados: Narciso Agúndez Montaño, Miguel Alonso Raya, René Arce Islas, Rosa María Avilés Nájera, Abraham Bagdadi Estrella, Héctor Miguel Bautista López, Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara, Julio Boltvinik Kalinka, Clara Marina Brugada Molina, José Luis Cabrera Padilla, Víctor Manuel Camacho Solís, Nancy Cárdenas Sánchez, Francisco Javier Carrillo Soberón, Marbella Casanova Calam, Santiago Cortés Sandoval, Tomás Cruz Martínez, Francisco Chavarría Valdeolivar, Adrián Chávez Ruiz, César Antonio Chávez Castillo, Angélica de la Peña Gómez, Socorro Díaz Palacios, María Angélica Díaz del Campo, Horacio Duarte Olivares, Gilberto Ensástiga Santiago, Luis Eduardo Espinoza Pérez, David Ferreira Martínez, Margarito Fierros Tano, Irma Sinforina Figueroa Romero, Rafael Flores Mendoza, Rogelio Franco Castán, Pablo Franco Hernández, Juan García Costilla, Miguelángel García-Domínguez, Eliana García Laguna, Amalia Dolores García Medina, Juan José García Ochoa, Iván García Solís, Rafael García Tinajero Pérez, María Elba Garfias Maldonado, Pablo Gómez Alvarez, Valentín González Bautista, María Marcela González Salas y Petriccioli, Ana Lilia Guillén Quiroz, Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita, Abdallán Guzmán Cruz, Minerva Hernández Ramos, María del Rosario Herrera Ascencio, Marcelo Herrera Herbert, Guillermo Huízar Carranza, María Marcela Lagarde y de los Ríos, Miguel Luna Hernández, Sergio Augusto Magaña Martínez, Susana Guillermina Manzanares Córdova, Javier Manzano Salazar, Jorge Martínez Ramos, Horacio Martínez Meza, Salvador Pablo Martínez Della Rocca, José Luis Medina Lizalde, Antonio Mejía Haro, Martha Lucía Mícher Camarena, Gelacio Montiel Fuentes, Francisco Mora Ciprés, María Guadalupe Morales Rubio, Marcos Morales Torres, Inelvo Moreno Alvarez, Inti Muñoz Santini, Arturo Nahle García, José Luis Naranjo Quintana, Francisco Javier Obregón Espinoza, Daniel Ordóñez Hernández, Omar Ortega Alvarez, José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti, María de los Dolores Padierna Luna, Juan Pérez Medina, Cristina Portillo Ayala, Alfonso Ramírez Cuéllar, Bernardino Ramos Iturbide, Agustín Rodríguez Fuentes, Lizbeth Eugenia Rosas Montero, Javier Salinas Narváez, Rocío Sánchez Pérez, Francisco Javier Saucedo Pérez, Yadira Serrano Crespo, Emilio Serrano Jiménez, Pascual Sigala Páez, Carlos Hernán Silva Valdés, Víctor Suárez Carrera, Israel Tentory García, Carlos Zeferino Torreblanca Galindo, Edgar Torres Baltazar, Enrique Torres Cuadros, Elpidio Tovar de la Cruz, Gerardo Ulloa Pérez, Emilio Zebadúa González, Jazmín Elena Zepeda Burgos, Oscar González Yánez, Francisco Amadeo Espinosa Ramos, Alejandro González Yánez, Cruz López Aguilar, Jesús Morales Flores, Humberto Filizola Haces, Humberto Martínez de la Cruz, José Manuel Abdala, Alejandro Saldaña Villaseñor, Alfredo Villegas Arreola, Marco Antonio García Ayala, César Amín González, Belizario Herrera Solís, Juan Antonio Gordillo Reyes, Alberto Jiménez Merino, Juan Manuel Vega Rayet, Gustavo Moreno Ramos, Ubaldo Aguilar Flores, Concepción Castañeda Ortiz, Carlos Jiménez Macías, Benjamín Sagahón Medina, Alfonso Nava Díaz, Sara Rocha Medina, Alvaro Burgos Barrera, Marcelo Tecolapa Tixteco, Carlos M. Rovirosa Ramírez, Mario Moreno Arcos, Pedro Avila Nevárez, Joel Padilla Peña, Jesús González Schmal, Juan Fernando Perdomo Bueno, Carlos Silva Valdés (rúbricas).

(Turnada a la Junta de Coordinación Política. Octubre 28 de 2003.)
 

 

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA DESTACAR EL DEPLORABLE ESTADO QUE GUARDAN LOS AEROPUERTOS MEXICANOS Y -EN PARTICULAR- LAS CONSECUENCIAS EN DEMERITO DEL SERVICIO, IMAGEN Y SEGURIDAD DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MIGUEL HIDALGO, DE GUADALAJARA, JALISCO, LA SEGUNDA CENTRAL AEREA EN IMPORTANCIA DEL PAIS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JESUS GONZALEZ SCHMAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA, EN LA SESION DEL MARTES 28 DE OCTUBRE DE 2003

El que suscribe, diputado Jesús González Schmal, integrante del grupo parlamentario de Convergencia, Partido Político, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, conforme a los siguientes

Considerandos

No obstante que, desde el 25 de septiembre de 2001, el H. Congreso del estado de Jalisco, por conducto de su Comisión de Comunicaciones y mediante un acuerdo económico, hizo saber a la LVIII Legislatura del Congreso federal las lamentables condiciones que guardaba el aeropuerto internacional Miguel Hidalgo, de Guadalajara, Jalisco, a la fecha la situación se ha agravado, sin que haya autoridad en la República que honre el cumplimiento de sus responsabilidades, revocando la concesión otorgada a la empresa Grupo Aeroportuario del Pacífico, por el evidente desprecio a los usuarios y la flagrante inobservancia de las obligaciones contraídas en el título de concesión y de la propia Ley de Aeropuertos del 22 de diciembre de 1995.

Con el consabido argumento de que se requerían inversiones en el servicio aeroportuario mexicano que el Estado no puede realizar, se abrió la participación de la inversión privada en el sistema aeroportuario nacional y, el 9 de febrero de 1998, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes publicó en el Diario Oficial de la Federación los lineamientos respectivos. Así, entre muchas otras concesiones que se han dado en aeropuertos de la República, con resultados negativos, se concedió a Grupo Aeroportuario del Pacífico la autorización para explotar diversas centrales aéreas del centro-Pacífico y Pacífico-norte, siendo la más importante la de Guadalajara, Jalisco.

Ese grupo aeroportuario tiene como socios una empresa con las siglas AENA, otra denominada Fenosa Dragados, el propio Grupo Aeroportuario del Pacífico y nada menos que ASA (Aeropuertos y Servicios Auxiliares), que heredó el paquete.

Es evidente la absoluta falta de inversión de los concesionarios, pese a los exorbitantes ingresos que reciben, entre otros conceptos, por el arrendamiento de los reducidos espacios de tránsito peatonal y espera de pasajeros, del pago mensual por otorgamiento de gafetes, de los espacios de publicidad y del servicio de taxis y autobuses.

El aeropuerto internacional Miguel Hidalgo tiene un aforo en promedio de 20,000 pasajeros diarios que, sin excepción, pagan el Impuesto sobre Derecho de Uso de Aeropuertos y sufren las penalidades de falta de sanitarios, asientos, ventilación y acceso directo al avión, además de esperas infernales cuando existe algún atraso, malos olores, hacinamiento, etcétera.

Se anexa a esta propuesta con punto de acuerdo una lista de las molestias, malos tratos y toda clase de inconvenientes que tiene que pasar un viajero y mucho peor si a sus familiares se les ocurre ir a esperarlo, siendo inconcebible lo que sufre un anciano, un enfermo o un discapacitado y desde luego los turistas nacionales e internacionales.

Para nuestra desgracia, lo que ocurre en Guadalajara es sintomático de lo que sucede en otros aeropuertos concesionados y aun los que están a cargo de ASA, como el de la Ciudad de México, cada día más incómodo y desarticulado en información y atención a los pasajeros.

La situación es grave, delicada y costosa para el país. Si no se procede con energía y, de acuerdo con la ley, se revocan las concesiones que no han cumplido las condiciones legales a que se obligaron, ese daño persistirá en las comunicaciones aéreas y, como ya es sabido, se resienten dramáticamente en el sector turismo, a menos que se quieran condiciones para que arribe al país sólo el subturismo de viciosos y apostadores que aguantan todo con tal de llegar a un lujoso casino y desprenderse de inhibiciones.

Las privatizaciones de por sí no garantizan avance; al contrario, son evidentes los retrocesos. Hace falta el más patriótico compromiso de la autoridad para hacer que se cumpla la ley. La Dirección General de Aeronáutica Civil, adscrita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, no puede seguir evadiendo su responsabilidad.

En todo caso, se tendrá que revisar la procedencia de una amplia inversión pública en aeropuertos que ya propala dicha Secretaría, y que puede tener por objeto ocultar la responsabilidad de los concesionarios, trasladando al pueblo las cargas y dejando a los dueños particulares los beneficios.

Por lo expuesto, solicito a esta H. asamblea la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Unico. Se solicite a la Comisión de Comunicaciones de la LIX Legislatura que requiera la información necesaria y realice las visitas de comprobación in situ para acreditar la existencia de las irregularidades señaladas; y, por consiguiente, sustente las causas de revocación de las concesiones, procediendo, en caso de negativa de la autoridad administrativa, a incoar juicio político al secretario de Comunicaciones y Transportes, ya que es manifiesto que su comportamiento omiso redunda en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de octubre de 2003.

Dip. Jesús González Schmal (rúbrica)

(Turnada a las Comisiones de Comunicaciones, y de Transportes. Octubre 28 de 2003.)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR AL EJECUTIVO FEDERAL A INCORPORAR LA PERSPECTIVA DE GENERO EN LAS DEPENDENCIAS Y ORGANOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL CON TRANSVERSALIDAD, ASI COMO CREAR MECANISMOS DE ASIGNACION PRESUPUESTAL, DISTRIBUCION Y EJECUCION EN LOS PROGRAMAS DE GOBIERNO, PRESENTADA POR LA DIPUTADA BLANCA EPPEN CANALES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA SESION DEL MARTES 28 DE OCTUBRE DE 2003

Las diputadas y diputados abajo firmantes, integrantes de la Comisión de Equidad y Género de esta Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, a efecto de exhortar al Poder Ejecutivo federal a incorporar con transversalidad la perspectiva de género en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004, así como en las acciones, programas y políticas, y para que se creen unidades de equidad y género en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Nuestra Constitución Política consagra dos de los más importantes valores universales: el de la prohibición de la discriminación, motivada, entre otras causas, por razón del género, y el principio de la igualdad entre varón y mujer.

Sobre esta base legal, las mujeres, en nuestros diversos quehaceres, hemos respaldado la lucha por el respeto a nuestros derechos y a la igualdad de oportunidades, manteniendo la exigencia de que "los asuntos de las mujeres" deben ser una prioridad nacional.

Este Congreso, como representante social, y particularmente la Comisión de Equidad y Género, ha tenido un papel fundamental para que en las organizaciones públicas se incorpore de forma transversal la perspectiva de género, así como en el seguimiento, evaluación e implementación de los programas y recursos.

Así, en la pasada Legislatura igualmente se exhortó al Poder Ejecutivo federal a incorporar la perspectiva de género en el Presupuesto y los programas, preocupación que retomamos en esta LIX Legislatura.

Un análisis de las acciones de gobierno sugiere avances en la transparencia presupuestaria durante los últimos años. A partir de esta administración federal, algunas secretarías han venido incluyendo montos y programas destinados a las mujeres, tal es el caso de las Secretarías de Desarrollo Social, de Salud, de Medio Ambiente, de Economía, y de Trabajo. Algunas más han venido constituyendo un área administrativa de equidad y género.

Sin embargo, aún falta por hacer más transparente la asignación y el uso de los recursos destinados a las mujeres. En algunas ocasiones, este presupuesto se encuentra en la misma partida de otros grupos específicos, como indígenas y jóvenes, y en otras no se desglosan los recursos de algunos programas exclusivos para mujeres.

Por ello, es necesario transparentar y desagregar más el Presupuesto, para conocer el monto de los recursos y el impacto de los programas. Es también imperante una mayor profesionalización en esta materia, para que las unidades de la administración pública sean sensibles a las diferencias de género.

La forma de hacer partícipes a las mujeres en el desarrollo nacional es poniendo en sus manos los beneficios de los programas, materializados en más y mejores servicios, becas para educarse, capacitación para el trabajo, financiamiento para hacer producir sus tierras, otorgarles los títulos de propiedad, dotarles de guarderías para sus hijos y ofrecerles servicios médicos especializados. Sólo así podremos hablar de un desarrollo social incluyente, justo y democrático.

Las mujeres necesitamos que los beneficios nos lleguen, que entren en la casa y se expandan a nuestras familias, sólo así puede dársele sentido al discurso del cambio.

Por todo lo anteriormente expuesto y porque es responsabilidad compartida de los Poderes Legislativo y Ejecutivo proveer de las condiciones necesarias para garantizar un nivel de vida digno para todas las mujeres, el pleno ejercicio de sus derechos y el acceso a la igualdad de oportunidades, se propone el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero.- Que la Cámara de Diputados solicite al Poder Ejecutivo federal que el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004 contenga información desagregada por sexo, y que en los tomos anexos se contemple una clave presupuestaria adicional para identificar los programas y los recursos destinados para mujeres y con enfoque de género.

Segundo.- Que la Cámara de Diputados solicite al Poder Ejecutivo federal que, a partir del siguiente ejercicio fiscal, todos los programas sociales cuenten con reglas de operación con la transversalidad del enfoque de género, y que los informes relacionados con la ejecución de las acciones y de los recursos sean presentados en forma desagregada por sexo, dando cuenta del impacto sobre el bienestar de las mujeres.

Tercero.- Que la Cámara de Diputados solicite al Poder Ejecutivo federal que las dependencias y entidades cuenten en su organigrama con un área administrativa de equidad y género encargada del diseño de políticas y programas transversales con enfoque de género.

Diputadas y diputados: Evangelina Pérez Zaragoza, Angélica Ramírez Luna, Patricia Flores Fuentes, Concepción Cruz García, Marisol Vargas Bárcena, Blanca Eppen Canales, Gisela Lara Saldaña, Diva H. Gastélum Bajo, Elizabeth Sotelo Ochoa, Sara Rocha Medina, Esthela Ponce Beltrán, Marcela González Salas y Petriccioli, Eugenio Mier y Concha Campos, Carlos Rovirosa Ramírez, Leonardo Alvarez Romo, Rocío Guzmán de Paz, Martha Mícher Camarena, Socorro Díaz Palacios (rúbricas).

(Turnada a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Equidad y Género. Octubre 28 de 2003.)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, SOBRE EL PROCESO SEGUIDO POR EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA, GEOGRAFIA E INFORMATICA EN EL DESPIDO Y LA LIQUIDACION DE SU PLANTA LABORAL, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JUAN PEREZ MEDINA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DEL MARTES 28 DE OCTUBRE DE 2003

Los firmantes del escrito, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a esta soberanía proposición con punto de acuerdo, con base en los siguientes

Considerandos

1. Que el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que se rige por la Ley de Administración Pública Federal; y las relaciones laborales, por la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado "B" del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2.Que desde su creación (1983), existen dos tipos de trabajadores: eventuales y tradicionales, con funciones iguales, pero con derechos distintos, reconociendo para los primeros en cita sólo algunos. Por ello, demandaron a la patronal más de 3 mil, encontrándose pendientes del laudo los más de 100 expedientes acumulados desde 1997.

3. Que, de conformidad con los informes proporcionados, en los últimos tres años los salarios del personal de mando se han incrementado en un alto porcentaje, como es el caso del titular, quien recibe 180 mil pesos mensuales, más 100 mil que le entrega Nafin como jubilado; a los puestos de dirección se asignan sueldos que fluctúan entre 120 mil y 140 mil mensuales, mientras que los trabajadores sólo ganan entre 3 mil 200 y 5 mil pesos.

4. Que, de acuerdo con los datos proporcionados por los trabajadores que luchan por la conservación de su empleo, de noviembre de 2000 a la fecha el INEGI ha destinado más de 310 millones de pesos para el programa de liquidación, utilizando 266 millones 200 mil pesos en el pago de 4 mil 793 trabajadores adscritos al Procede.

5. La Coalición Nacional de Trabajadores del INEGI informa que, por diversos medios, ha buscado hacer saber al secretario de Hacienda y Crédito Público la situación descrita, sin haberlo conseguido, por lo cual tomó como medida alternativa a los trámites oficiosos plantarse desde julio último frente al edificio situado en el número 795 de Insurgentes Sur, colonia Nápoles, delegación Benito Juárez.

Por expuesto, se presenta a su soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Que se turne el presente punto de acuerdo a la Comisión de Trabajo y Previsión Social para que se cite al titular del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática con objeto de que informe sobre el proceso de despido y liquidación de los más de 3 mil trabajadores que han demandado a la institución y los más de 5 mil que han sido liquidados.

Segundo. Que se cite al CP Arturo González de Aragón, auditor superior de la Federación, para que comparezca ante los integrantes de las Comisiones de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, y de Trabajo y Previsión Social a fin de que proporcione informe detallado sobre la carencia de respuesta al oficio de fecha 27 de marzo de 2003 que la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de LVIII Legislatura, atendiendo la solicitud del C. Francisco Javier Farina Tames, representante de la Coalición Nacional de Trabajadores del INEGI, le hizo llegar.

Tercero. Se exhorte al C. secretario de Hacienda y Crédito Público a que reciba una comisión integrada por demandantes e instruya al titular del INEGI para que preserve los derechos laborales de los trabajadores eventuales e incorpore a las condiciones generales de trabajo todos los que la Ley de Trabajadores al Servicio del Estado les reconoce.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de octubre de 2003.

Diputados: Margarito Fierros Tano, Antonio Mejía Haro, José Luis Naranjo Quintana, Enrique Torres Cuadros, Elba Garfias Maldonado, Sergio A. Magaña Martínez, Rafael García Tinajero Pérez, Valentín González Bautista, César Chávez Castillo, Rogelio Franco Castán, Horacio Martínez Meza, Abraham Bagdadi Estrella, Lizbeth Eugenia Rosas Montero, María Angélica Díaz del Campo, María del Rosario Herrera Ascencio, Gerardo Ulloa Pérez, Jazmín Elena Zepeda Burgos, Adrián Chávez Ruiz, Francisco Mora Ciprés, José Luis Cabrera Padilla, José Luis Medina Lizalde, Emilio Serrano Jiménez, Juan Pérez Medina, Irma Sinforina Figueroa Romero, Inelvo Moreno Alvarez, Carlos Hernán Silva Valdés, Israel Tentory García, Abdallán Guzmán Cruz, Ana Lilia Guillén Quiroz, Agustín Rodríguez Fuentes, Francisco Javier Saucedo Pérez, Eliana García Laguna, Miguel Alonso Raya, Salvador Pablo Martínez Della Rocca, Juan García Costilla, Enrique Torres Cuadros (rúbricas).

(Turnada a la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Octubre 28 de 2003.)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A INCORPORAR EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION DE 2004 EL MONTO NECESARIO PARA QUE EL INEGI LLEVE A CABO EL VIII CENSO AGROPECUARIO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO VICTOR SUAREZ CARRERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DEL MARTES 28 DE OCTUBRE DE 2003

El suscrito diputado federal, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la H. Cámara de Diputados, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, hace del conocimiento del Pleno proposición con punto de acuerdo, con fundamento en las siguientes

Consideraciones

La planeación agropecuaria ha sido proscrita en México desde hace dos décadas por instrucciones de los intereses externos. Se ha entronizado la llamada mano invisible del mercado como rectora de la política de desarrollo agroalimentario de largo plazo.

Así, han desaparecido, entre otras medidas en favor de la ideología del llamado libre mercado, el Centro de Economía Agrícola y la Subsecretaría de Planeación de la Sagarpa.

De igual manera, no se ha levantado el Censo Nacional Agropecuario correspondiente a 2001, con lo cual se interrumpió el ciclo iniciado en 1930.

Todo país que se respete, que tenga autonomía y un claro proyecto de nación, cuanta con información y estadísticas agropecuarias estructurales y, con esa base, formula planes y programas de desarrollo de mediano y largo plazos.

Tal es el caso, por ejemplo, de las leyes agrícolas multianuales (las llamadas Farm Bill) en Estados Unidos, de la Política Agrícola Común en la Unión Europea y de los planes quinquenales que desde 1949 rigen la política de desarrollo en China.

A escala internacional, la FAO promueve la realización de censos agropecuarios nacionales en el marco del programa del Censo Agropecuario Mundial 2000 que cada país debe ejecutar en el decenio 1996-2005.

La Ley de Información, Estadística y Geográfica emitida en 1980 y modificada en 1983, en su artículo 30, inciso III, confiere a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la atribución de planear, desarrollar, vigilar y realizar el levantamiento de censos, así como encuestas económicas y sociodemográficas.

En su artículo 90 indica que los censos nacionales se practicarán de conformidad con las disposiciones que en cada caso fije el Ejecutivo federal, con atención a las bases siguientes:

Se buscará que la información sea comparable en el tiempo y en el espacio;

Se procurará la adecuación conceptual de acuerdo con las necesidades de información que el desarrollo económico y social impongan; y

Se garantizará la comparabilidad internacional de la información que resulte de los censos mexicanos, atendiendo fundamentalmente a su periodicidad, con relación a la de otros países.

Mediante decreto publicado el 17 de junio de 2003, se confiere al INEGI la atribución de generar estadísticas de interés nacional con base en el levantamiento de censos y encuestas y la explotación de recursos administrativos.

No obstante que el Censo Nacional Agropecuario se ha realizado cada 10 años, el correspondiente a 2001 no se llevó a cabo por la falta de recursos presupuestales, cuyo monto es del orden de mil 200 millones de pesos.

A tres años de la actual administración federal, parecería que no es importante realizar el Censo Nacional Agropecuario, como no es importante contar con una política de Estado para la planeación del desarrollo rural sustentable, aun cuando en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable se establece un título completo relativo a la planeación y coordinación de la política para el desarrollo rural sustentable.

Es conveniente hacer notar que, durante el segundo semestre de 2001 y todo el año de 2002, en el Comité Técnico de Estadística y de Información Geográfica para el Desarrollo Rural Sustentable, integrado por la Oficina de la Presidencia para las Políticas Públicas y el INEGI, así como por las siguientes dependencias: Sagarpa, Sedesol, Semarnat, Ssa, SEP, SCT, SRA y SE, además del Banco de México, se efectuaron preparativos de carácter técnico-metodológico para la realización del censo, como mecanismos de coordinación interinstitucional entre las diversas dependencias, a fin de abatir sus costos; justificaciones técnicas ante la SHCP para la asignación de recursos; identificación sectorial de recursos presupuestales para su ejecución, esfuerzos interinstitucionales importantes que a la fecha han resultado infructuosos.

Ante la imposibilidad de obtener la asignación presupuestal para su ejecución en este año, en el comité referido se acordó promover otros esquemas que permitieran obtener la información parcial del sector agropecuario, como la elaboración de padrones de productores agropecuarios de las entidades federativas.

Lo anterior no resuelve desde luego el problema de fondo, ya que el Censo Nacional Agropecuario, junto con las encuestas por muestreo dirigidas a las unidades de producción rural, es la única herramienta estadística que permite conocer cómo funcionan, estructuralmente, dichas unidades, consideradas el conjunto formado por tierras, animales, bienes, insumos y personas y con una administración única, lo que implica la información de un contexto más amplio que la obtenida por predio o por cultivo y a su vez estatalmente.

Por otra parte, el Censo Nacional Agropecuario, con los materiales y las técnicas de que se dispone, está diseñado para proporcionar información a niveles de áreas geográficas menores que un municipio, lo que apoyaría una correcta planeación del uso de los recursos de que actualmente disponen dichas divisiones político-administrativas.

Finalmente, es importante resaltar que sin la información del VIII Censo Nacional Agropecuario, no podría cumplirse el numeral 229 del Acuerdo Nacional para el Campo, relativo a la necesidad de contar con una ley multianual de planeación agropecuaria y soberanía alimentaria, compromiso fundamental a fin de sentar las bases para una nueva política hacia el campo.

Por lo expuesto, me permito presentar ante el Pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Exhortar al Ejecutivo federal a que incorpore en la iniciativa de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el Ejercicio Fiscal de 2004 el monto necesario a fin de que el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática lleve a cabo el VIII Censo Nacional Agropecuario.

Segundo. Exhortar a las Comisiones de Agricultura y Ganadería, y de Presupuesto y Cuenta Pública, a que en uso de sus atribuciones, en su caso, incorporen en su dictamen de decreto del PEF de 2004 el monto requerido por el INEGI para realizar el VIII Censo Nacional Agropecuario.

Dip. Víctor Suárez Carrera (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Octubre 28 de 2003.)
 

 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITAN INFORMES A LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS ACERCA DE LA SITUACION DE DESPLAZADOS INTERNOS EN LA DENOMINADA ZONA DE CONFLICTO EN EL ESTADO DE CHIAPAS; Y A LA COMISION DE CONCORDIA Y PACIFICACION, DE LAS ACCIONES REALIZADAS PARA RESTABLECER EL DIALOGO ENTRE EL EZLN Y EL GOBIERNO FEDERAL, PRESENTADA POR EL DIPUTADO EMILIO ZEBADUA GONZALEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DEL MARTES 28 DE OCTUBRE DE 2003

Hago uso de esta tribuna para hacer un proposición con punto de acuerdo por el cual se solicitan informes a la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas sobre la situación de desplazados internos, principalmente en Chiapas y en otros estados de la República; y a la Comisión de Concordia y Pacificación, acerca de las acciones realizadas para restablecer el diálogo entre el EZLN y el Gobierno Federal, a partir de los siguientes

Considerandos

I. Que a raíz del conflicto armado de 1994 en el estado de Chiapas se presentó una gran cantidad de desplazamientos internos de personas en situación de riesgo en diversos municipios (Yajalón, Chilón, Las Margaritas, Ocosingo, Marqués de Comillas, Tila, Sabanilla y Salto de Agua, entre otros). Dichos desplazamientos implican una gran complejidad, por la naturaleza de los conflictos intercomunitarios;

II. Que en nuestro país no existe una legislación particular aplicable a la atención y tratamiento de los desplazados internos, su cobertura y protección por parte del Estado, y que la falta de la misma propicia severos riesgos a la integridad de las personas en situación de desplazamiento interno;

III. Que existen instrumentos internacionales abocados a la definición y reglamentación del desplazamiento interno, los cuales encuentran sus antecedentes en los Convenios de Ginebra y sus Protocolos Facultativos, y la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados de 1984, entre otros; que dichos instrumentos, tales como la Declaración de San José sobre Refugiados y Personas Desplazadas del 7 de diciembre de 1994, y los Principios Rectores de los Desplazados Internos del representante del secretario general de la ONU para Desplazados Internos deben ser atendidos y aplicados por el Estado mexicano;

IV. Que a falta de instituciones expresamente vinculadas con el tratamiento de dicho fenómeno, y en virtud de que el 21 de mayo de 2003 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual se expide la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Que esta Comisión tiene por objeto orientar, promover, apoyar, fomentar, dar seguimiento y evaluar los programas, proyectos, estrategias y acciones públicas para el desarrollo integral y sustentable de los pueblos y comunidades indígenas de conformidad con el artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

V. Que de conformidad con lo establecido en la citada ley en su artículo 2°, le corresponde a la Comisión instrumentar y operar programas y acciones para el desarrollo de los pueblos indígenas;

VI. Que debe ser obligación del Estado mexicano defender los derechos y las garantías de las personas en situación de desplazamiento interno y su protección y asistencia para garantizar su integridad física y sus derechos elementales;

VII. Que por la misma naturaleza del conflicto zapatista y de la propia dinámica del proceso de diálogo y negociación, se expidió el 9 de marzo de 1995 la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, en la que se establece la creación de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), integrada por los miembros del Congreso; y que esta Comisión tiene como encargo principal facilitar el diálogo y la negociación entre los representantes del Gobierno Federal y del Ejército Zapatista de Liberación Nacional;

VIII. Que a la fecha, por diversos motivos, el diálogo entre el Gobierno Federal y el EZLN se encuentra suspendido. Asimismo, el Gobierno Federal no ha establecido una estrategia que le permita restablecer condiciones que sean aceptadas por el EZLN para reanudar el diálogo para el proceso de reconciliación y pacificación en el estado de Chiapas.

Visto lo anterior, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se propone el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se solicita a la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas que presente un informe a la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión con información que incluya:

I. Comunidades indígenas con desplazados internos.

II. Medidas de protección adoptadas por el Gobierno Federal contra los desplazamientos de las comunidades o personas indígenas en la denominada zona de conflicto.

III. Programas y acciones de gobierno que se han aplicado para la atención de las comunidades y personas desplazadas.

Segundo. Se solicita a la Comisión de Concordia y Pacificación un informe detallado de las acciones que ha impulsado para facilitar el diálogo y la negociación entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el Gobierno Federal. En este informe se pide a dicha Comisión que incluya un balance objetivo de la dinámica y desarrollo que ha seguido el conflicto zapatista, en particular en la zona de influencia del EZLN en el estado de Chiapas. Y, finalmente, que haga del conocimiento de esta soberanía los lineamientos y propuestas que seguirán su curso de acción y trabajo para el próximo periodo.

Dip. Emilio Zebadúa González (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Asuntos Indígenas. Octubre 28 de 2003.)
 
 

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Actas

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DE LA COMISION DE FOMENTO COOPERATIVO Y ECONOMIA SOCIAL, DE SU PRIMERA REUNION PLENARIA, DE INSTALACION, REALIZADA EL JUEVES 9 DE OCTUBRE DE 2003

Acta de la primera reunión plenaria
9 de octubre del año 2003

Declaración de instalación formal de la Comisión

Salón D del restaurante Los Cristales
Palacio Legislativo

Antes de iniciar la reunión, el Presidente de la Comisión, aclara a los asistentes que la hora original para realizar esta reunión fue a las nueve horas del día de hoy, de acuerdo a la solicitud de la Junta Directiva, lo cual consta en la Gaceta Parlamentaria número 1346 de fecha siete de octubre del año en curso, sin embargo debido a un problema no imputable a la Junta Directiva de esta Comisión, más bien a la organización propia de las instalaciones y a la logística de la Cámara, el horario se cambió a las catorce treinta horas del mismo día, así se señala en la Gaceta Parlamentaria número 1347 de fecha ocho de octubre del año en curso, en virtud de lo anterior es posible que se haya creado una confusión y que algún diputado integrante no haya podido asistir.

En la Ciudad de México, Distrito Federal, en el Palacio Legislativo, siendo las catorce treinta horas del día nueve de octubre del año dos mil tres, en el salón D planta baja del restaurante Los Cristales de esta H. Cámara de Diputados, previo citatorio que fue hecho llegar a sus integrantes y de conformidad con la convocatoria publicada en la Gaceta Parlamentaria de fecha ocho de octubre del año que transcurre, se realizó la Primera Reunión Plenaria para la Instalación Formal de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, bajo el siguiente orden del día:

1.- Lista de asistencia y presentación de integrantes.

Una vez pasada la lista de asistencia, se contó con la presencia de los CC. diputados: Francisco Javier Saucedo Pérez, Presidente; Francisco Luis Monárrez Rincón, secretario; Alfonso Juventino Nava Díaz, secretario; José Juan Barcenas González secretario; Daniel Ordóñez Hernández, Luis Felipe Madrigal Hernández, Israel Tentory García, Sonia Rincón Chanona, José Alfonso Muñoz Muñoz, Alfonso González Ruiz, Gaspar Avila Rodríguez, Alfredo Rodríguez y Pacheco, Irene Herminia Blanco Becerra, Humberto Aldaz Hernández, Gerardo Ulloa Pérez, Valentín González Bautista, Felipe de Jesús Díaz González, Luis Andrés Esteva Melchor, Arturo Robles Aguilar.

Acto seguido y a petición del Presidente de la Comisión, los diputados integrantes de esta, se presentaron individualmente al pleno de la reunión, manifestando cada uno de ellos sus deseos e inquietudes para el buen desarrollo de los trabajos inherentes a esta Comisión entre los que se enunciaron los siguientes:

Los trabajos de esta Comisión tienen que ser siempre y en todo momento en beneficio de la sociedad mexicana.

Las tareas de esta comisión deben de realizarse en conjunto y con consensos de las diferentes fracciones parlamentarias.

La importancia que tiene esta comisión sobre la base de las leyes que habrá que impulsar como una alternativa de solución a los problemas económicos que vive nuestro país.

Posteriormente el presidente de esta comisión pidió a la Junta Directiva que se presente: en uso de la voz el diputado Francisco Luis Monárrez, secretario de esta Comisión manifestó: En cuanto al Cooperativismo Mexicano la necesidad de perfeccionar los instrumentos jurídicos sobre todo de sociedades de producción rurales, mercantiles y civiles.

Dejar patente el compromiso de está Comisión para superar los trabajos de la Comisión que nos antecedió.

En uso de la voz el diputado Alfonso Nava, secretario de esta comisión, argumentó:

La importancia que tiene para el país el desarrollo cooperativo ya que su fuerza esta centrada en la pequeña y mediana empresa.

Asimismo en cuanto a la figura cooperativa demanda un fortalecimiento y leyes más adecuadas a la realidad, tanto en las costas de nuestro país como al interior del campo, poniendo como ejemplo el de San Luis Potosí donde se produce lo que es el Ixtle, la Fibra de Lechuguilla. En esta región se dio una federación de cooperativas que auspició el desarrollo de la fibra de lechuguilla y que tuvo un gran significado y sentido social; al desaparecer la figura, se quedaron más de cinco mil familias a la deriva de ahí la imperiosa necesidad de fomentar el ahorro ya que es un pilar importante del desarrollo económico de las naciones.

Por último hace patente su apoyo al presidente de esta Comisión, seguro de que el trabajo, la visión y la entrega que sabrá infundirle a esta Comisión traerá buenas cuentas al termino de los tres años de gestión.

En uso de la palabra el diputado Juan Bárcenas González, secretario de esta comisión en su intervención manifestó:

El honor de pertenecer a la Junta Directiva de esta Comisión y recordó que la anterior Comisión resolvió el problema de los fraudes y de las bancarrotas de un gran número de cajas que desgraciadamente no estaban normadas de ahí la importancia que tiene esta Comisión inclusive a través del trabajo legislativo se promueva el empleo y el bienestar de la sociedad mexicana.

La necesidad de esta Comisión de retomar y dar seguimiento a Ley de Sociedades Cooperativas que actualmente se encuentra en el Senado de la República y conjuntamente con este sacarla adelante.

La necesidad de trabajar en conjunto de no fallarles a los que votaron por nosotros, seguro estoy de que las ideologías y las diferentes formas de pensar no van a ser barrera para lograr acuerdos, sino por lo contrario serán un bagaje de riqueza que nos permitan encontrar más altos y grandes derroteros.

En uso de la voz el Presidente de esta Comisión diputado Francisco Javier Saucedo Pérez, agradece la presentación y los comentarios y puntos sustantivos vertidos por cada uno de los integrantes de esta Comisión recalcando: La importancia de retomar el tema de la Ley de Sociedades Cooperativas, para iniciar un proceso de relación y reuniones con las comisiones correspondientes en el Senado.

Dar seguimiento a la Ley de Crédito y Ahorro Popular, asimismo se encuentra un fideicomiso de fondo para el apoyo a las cooperativas el cual habrá que revitalizarlo y cuidar ahora en el presupuesto.

De igual manera en mi calidad de Presidente de esta Comisión, que es un honor presidir y una alta responsabilidad, hago de su conocimiento que la Comisión de Fomento Corporativo y Economía Social, tiene 30 integrantes, una Junta Directiva que se compone de un Presidente y tres Secretarios, (nueve diputados del Partido Acción Nacional, catorce del Revolucionario Institucional, seis del Partido de la Revolución Democrática y uno del Partido Verde Ecologista de México). En esta Comisión participan tres compañeras diputadas, que en este caso no se cumple con la equidad de género, sin embargo tendremos que poner énfasis en este sentido.

Retomando la palabra el Presidente de esta Comisión diputado Francisco Javier Saucedo Pérez, reitera la importancia que como Legisladores se tiene: La capacidad de representación. (Como estrategia de trabajo de esta Comisión nos llevará a estrechar vínculos y relaciones con sectores de la sociedad involucrados en el tema, trabajo de consulta, análisis, información, debate este no solamente al interior sino involucrando a la sociedad interesada).

La elaboración y aprobación de leyes. ( Destacando nuestra calidad de electores, que nuestro voto sea importante en todas y cada una de las iniciativas y aprobación de leyes que finalmente es nuestra principal responsabilidad).

La función de control sobre el Poder Ejecutivo federal (establecer relaciones de respeto con la Secretaría de Economía, Desarrollo Social, etcétera).

El compromiso que como legisladores debemos de tener ante la sociedad, es la transparencia en la elaboración de todas nuestras iniciativas y leyes. Es ésta una responsabilidad fundamental de cara a la nación y el compromiso que tenemos todos y cada uno de los integrantes de esta Comisión de dejar un precedente de trabajo y honradez.

2.- Declaración del quórum.

Una vez pasada la lista de asistencia y escuchado la presentación individual de los asistentes y sus comentarios e ideas para el buen desarrollo de los trabajos inherentes a la Comisión que el día de hoy inicia formalmente sus trabajos, en uso de la voz el Presidente de la Comisión menciona que se cuenta con el quórum legal, dando formalmente por iniciada la reunión.

3.- Lectura y aprobación del orden del día.

El presidente de esta Comisión pone a consideración de los presentes la aprobación del orden del día, no habiendo comentario en contrario ni a favor, se aprueba la lectura y el orden del día de la presente reunión.

4.- Declaración de instalación formal de la Comisión.

Siendo las quince con veintiocho minutos del día nueve de octubre del año dos mil tres, el Presidente de la Comisión, diputado Francisco Javier Saucedo Pérez, en uso de la voz declara formalmente instalada la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social de la Quincuagésima Novena Legislatura de la Cámara de Diputados.

5.- Asuntos generales.

El presidente de esta Comisión en uso de la voz informa a los asistentes que la oficina de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social se encuentra ubicada en el edificio "F" primer piso, Palacio Legislativo con número telefónico 54 20 18 03, con la finalidad de recibir visitas, propuestas, sugerencias, comentarios para subsecuentes reuniones. Retomando la palabra el Presidente de la Comisión informa a los asistentes, que se recibió una invitación a la Junta Directiva, para asistir a la XII Conferencia Regional de la Alianza Corporativa Internacional, que se llevará a cabo de los días veinte al veinticuatro del mes y año en curso, en la ciudad de San Juan de Puerto Rico, dicha invitación es con los gastos pagados por la Alianza Cooperativa Internacional. En virtud del acuerdo consensado por la Junta Directiva, representando a esta Comisión asistirán, el Presidente de esta Comisión y dos de los tres secretarios que la conforman, los CC. Francisco Javier Saucedo Pérez (PRD), Juan Bárcenas González (PAN) y Francisco Luis Monárrez Rincón (PRI) respectivamente, en consecuencia se solicitará permiso a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y a la Junta de Coordinación Política a efecto de acudir a dicha invitación-actividad. Se manifestó que en próximas invitaciones de este tipo, se distribuya de manera aleatoria la participación de los demás integrantes de la comisión en invitaciones posteriores y dentro de la normatividad de la propia Cámara.

6.- Clausura de la reunión.

No habiendo más asuntos en cartera, siendo las quince horas con treinta y siete minutos de la fecha y año en que se actúa, se declaro finalizada la reunión.

Palacio Legislativo, a 16 de octubre del año 2003.

Diputados: Francisco Javier Saucedo Pérez (rúbrica), Presidente; Francisco Luis Monárrez Rincón (rúbrica), secretario; Alfonso Juventino Nava Díaz (rúbrica), secretario; José Juan Bárcenas González (rúbrica), secretario.
 
 
 

DE LA COMISION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA, DE SU PRIMERA SESION PLENARIA, EFECTUADA EL MIERCOLES 15 DE OCTUBRE DE 2003

En la ciudad de México, Distrito Federal, de acuerdo con lo establecido por el artículo 43, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y conforme a la convocatoria publicada en la Gaceta Parlamentaria el día 13 de octubre, siendo las 12 horas del día 15 del mes de octubre del año dos mil tres, en el salón B del restaurante Los Cristales del Palacio Legislativo de San Lázaro, se reunieron los siguientes ciudadanos diputados integrantes de la Comisión de Ciencia y Tecnología

Asistencia: Víctor Manuel Alcerreca Sánchez, Roger David Alcocer García, Rosa María Avilés Nájera, Julio César Córdova Martínez, Consuelo Camarena Gómez, José Angel Córdova Villalobos, Patricia Durán Reveles, Humberto Filizola Haces, Francisco Cuauhtémoc Frías Castro, Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita, Abdallán Guzmán Cruz, Francisco Alberto Jiménez Merino, Lucio Galileo Lastra Marín, Salvador Pablo Martínez Della Roca, José Luis Medina Lizalde, Omar Ortega Alvarez, Hugo Rodríguez Díaz, Eloísa Talavera Hernández, Jorge Baldemar Utrilla Robles, Martín Remigio Vidaña Pérez.

Contándose con el quórum reglamentario, el diputado Julio César Córdova Martínez, Presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, procedió a iniciar los trabajos de la sesión.

Intervención del diputado Presidente de la Comisión

El diputado Julio César Córdova Martínez, en su carácter de Presidente de la Comisión, cedió el uso de la palabra a los invitados:

El doctor José Carlos Gómez Larrañaga, director general del Centro de Investigación en Matemáticas, AC, señaló que este centro tiene tres áreas importantes: probabilidad y estadística, computación e investigación en matemáticas.

El C. Rafael Loyola Díaz, director del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), señaló que esta institución tiene 30 años de trabajo y una trayectoria en temas de desigualdad social, marginalidad, antropología política, antropología cultural, lingüística, etnolingüística y poblaciones indígenas, y colaboró para la creación del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Señaló que como titulares de los Centros Públicos Conacyt les interesa establecer un vínculo directo con esta Comisión.

El C. Mario Martínez García, director general del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, señaló que la ciencia y tecnología es una de las únicas oportunidades que tiene el país para salir adelante.

El diputado Julio César Córdova Martínez, Presidente de la Comisión, señaló que la Comisión estará en comunicación constante con toda la comunidad científica y con las Comisiones de Educación, y de Salud.

Acto seguido, la secretaria de la Comisión, diputada María Eloísa Talavera Hernández, dio lectura al orden del día:

1. Lista de asistencia.
2. Declaración de quórum.
3. Aprobación del orden del día.
4. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior (solicita dispensa, ya que fue publicada en la Gaceta Parlamentaria).
5. Correspondencia recibida.
6. Correspondencia despachada.

7. Asuntos generales:
Propuesta de la Mesa Directiva para integrar las subcomisiones.
Comparecencia en Comisiones Unidas (Ciencia y Tecnología; Cultura, y Educación Pública y Servicios Educativos) del secretario de Educación.
Reunión con Francisco Bolívar Zapata y Roberto Ortega Lomelí (Foro de Biotecnología).

Aprobado el orden del día se procedió a su desahogo, solicitándose en primer término la dispensa de la lectura del acta de la instalación del 8 de octubre, debido a que fue publicada en la Gaceta Parlamentaria, la cual fue aprobada unánimemente.

Acto seguido, la diputada secretaria dio lectura a la correspondencia recibida y despachada de la Comisión.

Posteriormente, el Presidente presentó la propuesta de subcomisiones y sus respectivas funciones, así como el cuestionario para conocer cuál de las subcomisiones son de interés de los integrantes de la Comisión de Ciencia y Tecnología, sometiendo a la consideración del pleno de la Comisión las siguientes: Subcomisión de Legislación, Subcomisión de Fiscalización, Subcomisión de Promoción, Subcomisión de Comunicación, Subcomisiones Temáticas.

Acto seguido, los diputados integrantes de la Comisión hicieron uso de la palabra:

El diputado Humberto Filizola Haces propuso que la Subcomisión de Fiscalización se llamara Subcomisión de Presupuesto y Fiscalización.

El diputado José Angel Córdova Villalobos señaló que le interesa participar en la Subcomisión de Bioseguridad, resaltando la importancia de este tema.

El diputado José Luis Medina Lizalde señaló que, adicionalmente a los tiempos oficiales y fiscales en radio y televisión se gestione ante la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, que los medios privados participen en la difusión de la ciencia y la tecnología.

El diputado Salvador Martínez Della Roca pidió que el director general del Conacyt compareciera ante esta Comisión, sustentándolo en datos y cifras sobre la educación, y solicitó también una reunión de la Comisión con los Centros SEP Conacyt.

El diputado Presidente, en respuesta a dicha propuesta, señaló que está contemplada una reunión de acercamiento el próximo 22 de octubre para calendarizar posteriormente la comparecencia del director general del Conacyt.

La diputada Consuelo Camarena Gómez propuso que en la Subcomisión de Promoción se traten de vincular los planes y programas de estudio para que se estimule la vocación científica desde la niñez.

La diputada Eloísa Talavera Hernández propuso que en las subcomisiones temáticas se incluyera una temática de educación y formación de recursos humanos, científicos y tecnológicos.

El diputado Francisco Alberto Jiménez Merino propuso que la Subcomisión de Biotecnología se llamara Subcomisión de Biotecnología, Bioseguridad y Biodiversidad.

El diputado Omar Ortega Alvarez, expuso los motivos para crear la Subcomisión de Bioseguridad, y aceptó la propuesta del diputado Alberto Jiménez Merino.

La diputada Eloísa Talavera Hernández propuso la creación de la Subcomisión Temática de Ciencias Sociales y del Desarrollo, argumentando que es importante vincular la investigación social y económica en la resolución de problemas del país.

El diputado Presidente señaló que la integración de las subcomisiones no es una agenda acabada y que la idea es irla perfeccionando con el apoyo de todos los integrantes de esta Comisión, señalando que, una vez que queden definidas las personas que van a dirigir las subcomisiones, se trabajara en una agenda y se presentara al pleno.

El diputado Martín Remigio Vidaña Pérez señaló la importancia de obtener más recursos presupuestales para la ciencia y la tecnología, lo cual se necesita lograr con un marco jurídico en donde se demuestren los alcances y beneficios del desarrollo de la ciencia y la tecnología.

Pero tenemos que hacerlo ya para la reunión con el director y para discutir lo del presupuesto y para ver lo que podamos lograr en el consenso con el resto de los compañeros diputados, porque si no tenemos mayores presupuestos, seguramente el trabajo de vinculación, de gestión se va a realizar, no me cabe ninguna duda. Pero si no hay mayores recursos, seguramente la ciencia y la tecnología en este país estarán condenadas durante todo ese tiempo a que sea uno más de lo mismo.

El diputado Presidente resaltó la urgencia de integrar las subcomisiones, y señaló que se iba a consultar a las fracciones parlamentarias y a esa directiva para su integración.

El diputado Salvador Martínez Della Roca invitó a un congreso nacional los días 26 y 27 de octubre, organizado por la doctora Rosaura Ruiz, directora general del posgrado de la UNAM.

El diputado Presidente señaló que ya estableció contacto con la Rectoría de la UNAM, a efecto de invitar a la Comisión al rector de la UNAM.

La diputada secretaria Eloísa Talavera Hernández exhortó a los integrantes de la Comisión a poner el mejor de los esfuerzos para que esta sea la mejor Comisión.

El diputado Presidente coincidió con el comentario de la diputada secretaria y con el del diputado Martín Remigio Vidaña Pérez respecto al incremento de los recursos presupuestales a la ciencia y a la tecnología, convocando a todos los integrantes de la Comisión a presionar dentro de sus respectivas fracciones parlamentarias para que dicho incremento sea una realidad. Señaló también que hay que hacer una propuesta muy concreta ante el Pleno, muy bien sustentada, para lograrlo, con el apoyo de todos.

El diputado Martín Remigio Vidaña Pérez señaló que se hiciera un esfuerzo para que las subcomisiones quedaran integradas en este momento y convocó a acelerar el trabajo de la Comisión.

La diputada secretaria Eloísa Talavera Hernández resaltó la importancia del cuestionario para integrar las subcomisiones.

El diputado Presidente comentó que era necesario también considerar a los diputados que no asistieron a esta reunión de la Comisión.

El diputado Humberto Filizola Haces señaló que ya cada quien puede ir trabajando en los temas de su interés y entregarlos a la subcomisión correspondiente una vez que queden debidamente integradas.

Agotado el tema de las subcomisiones, el diputado Presidente comentó los otros dos puntos del orden del día, detallando algunos aspectos del foro de biotecnología y bioseguridad que se había planeado organizar en coordinación con el doctor Francisco Bolívar Zapata.

Posteriormente, en atención al orden del día convocó a los integrantes de la Comisión a la comparecencia del secretario de Educación, el próximo martes 21 de octubre a las 17:00 horas en el Salón Verde, comparecencia organizada en Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología, de Cultura, y de Educación Pública y Servicios Educativos.

Acto seguido, el diputado Presidente cedió la palabra a los invitados: doctor José Carlos Gómez Larrañaga, director general del Centro de Investigación en Matemáticas, AC, Rafael Loyola Díaz, director del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) y Mario Martínez García, director general del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, quienes expusieron la problemática de sus respectivos centros, así como las alternativas de solución.

El diputado Presidente expresó su compromiso con los Centros de Investigación, así como para reunirse y tocar más a profundidad los diferentes temas.

El diputado Alberto Jiménez Merino propuso que se le dedicara tiempo a los centros para que expusieran su problemática e ir conociendo de todos los temas.

El diputado presidente expresó su acuerdo con este planteamiento.

La diputada secretaria Eloísa Talavera Hernández también se sumó a esta propuesta y pidió que la intervención de los investigadores se hiciera constar en el acta, señalando posteriormente el Presidente de la Comisión que así sería.

El diputado Salvador Martínez Della Roca propuso que se elaborara una metodología para tener un diagnóstico integral con la participación de la comunidad científica del país y no estar pepenando problemas de centros.

El diputado presidente señaló que se está preparando un documento en este sentido, que incluye obviamente la agenda legislativa y que la Comisión está abierta para cualquier idea, cualquier propuesta de cualquier tema que enriquezca dicho documento, así como también llevar a cabo un taller de planeación estratégica para aportar con todo el método necesario, las características que requiera este documento.

Una vez agotado el orden del día, el Presidente de la Comisión convocó a sesión ordinaria para el 22 de octubre de los corrientes y dio por clausurada la sesión siendo las 13:50 horas del 15 de octubre de 2003.

Diputados: Julio César Córdova Martínez (rúbrica), Presidente; Eloísa Talavera Hernández (rúbrica), secretaria; Omar Ortega Alvarez (rúbrica), secretario; Víctor Manuel Alcerreca Sánchez (rúbrica), secretario.
 
 

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Convocatorias

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DE LA COMISION DE FORTALECIMIENTO AL FEDERALISMO

A su reunión ordinaria, que se llevará a cabo el miércoles 29 de octubre, a las 9 horas, en el salón D del restaurante Los Cristales.

Orden del Día

1. Verificación de asistencia.
2. Declaración de quórum.
3. Lectura y aprobación del orden del día.
4. Aprobación del acta de la sesión de instalación.
5. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del programa anual de trabajo.
6. Presentación a cargo del doctor Carlos Gedsden Carrasco, director general del Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, sobre actividades que realiza dicho instituto.
7. Asuntos generales. Atentamente
Dip. Ramón Galindo Noriega
Presidente

DE LA COMISION DE GOBERNACION

A su segunda reunión de trabajo, que se llevará a cabo el miércoles 29 de octubre, a las 9 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.

Orden del Día

I. Lista de asistencia y declaratoria de quórum.
II. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día.
III. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior.
IV. Proyecto del pliego de conclusiones que presenta la Mesa Directiva de la Comisión de Gobernación, respecto del informe que rinde la Secretaría de Gobernación, en términos de lo dispuesto en el artículo 93, párrafo primero, de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos.

V. Lineamientos para la elaboración del plan de trabajo y agenda legislativa.
VI. Relación de los asuntos en trámite en la Comisión.
VII. Asuntos competencia de la Comisión de Seguridad Pública.
VIII. Propuesta de integración de la subcomisión de análisis, clasificación y calendarización.
IX. Asuntos varios.
X. Clausura.

Atentamente
Dip. Julián Angulo Góngora
Presidente

 

DE LA COMISION DE EDUCACION PUBLICA Y SERVICIOS EDUCATIVOS

A su reunión de trabajo, que se realizará el miércoles 29 de octubre, a las 10 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.

Orden del Día

1. Lista de asistencia.
2. Declaración de quórum.
3. Lectura y aprobación del orden del día.
4. Presentación del programa de trabajo de la Comisión.
5. Conformación de los grupos de trabajo.
6. Calendarización de las reuniones.
7. Asuntos generales. Atentamente
Dip. Salvador Martínez Della Rocca
Presidente

DE LA COMISION DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

A su reunión plenaria, que se llevará a cabo el miércoles 29 de octubre, a las 11 horas, en el salón de usos múltiples situado en el segundo nivel del edificio D.

Orden del Día

1. Lista de asistencia.
2. Verificación de quórum.
3. Asuntos generales.
4. Clausura de la sesión. Atentamente
Dip. Gustavo Enrique Madero Muñoz
Presidente

DE LA COMISION DE MARINA

A su reunión de trabajo, que se realizará el miércoles 29 de octubre, a las 11 horas, en el salón Libertadores, ubicado en el edificio H, primer piso.

Orden del Día

1. Lista de asistencia y verificación del quórum.
2. Declaración del quórum.
3. Lectura y aprobación del orden del día.
4. Lectura y aprobación del acta de la reunión de fecha 8 de octubre de 2003.
5. Lectura y aprobación del programa anual de trabajo 2004.
6. Comentarios a la iniciativa de la Ley de Ascensos de la Armada de México.
7. Comentarios a la iniciativa de la Ley para la Comprobación, Ajuste y Cómputo de Servicios de la Armada de México.
8. Integración de la subcomisión de dictamen de la iniciativa de la Ley de Ascensos de la Armada de México.
9. Integración de la subcomisión de dictamen de la iniciativa de la Ley para la Comprobación, Ajuste y Cómputo de Servicios de la Armada de México.
10. Asuntos generales.
11. Clausura de la reunión. Atentamente
Dip. Sebastián Calderón Centeno
Presidente

DE LA COMISION DE TURISMO

A la tercera reunión de su Mesa Directiva, que se llevará a cabo el miércoles 29 de octubre, a las 11 horas, en las oficinas de la Comisión.

Atentamente
Dip. Francisco López Mena
Presidente
 

 

DE LA COMISION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

A su segunda reunión ordinaria, que se efectuará el miércoles 29 de octubre, a las 12 horas, en el salón D del restaurante Los Cristales.

Orden del Día

1. Lista de asistencia.
2. Declaración de quórum.
3. Aprobación del orden del día.
4. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
5. Asuntos generales.
6. Clausura Atentamente
Dip. Julio César Córdova Martínez
Presidente

DE LA COMISION DE DESARROLLO SOCIAL

A su reunión de trabajo, que tendrá lugar el miércoles 29 de octubre, a las 12 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.

Orden del Día

1. Lista de asistencia y verificación del quórum.
2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.
3. Agenda de la Comisión para el presente periodo ordinario de sesiones.
4. Presentación de la minuta de Ley General de Desarrollo Social por parte de CC. senadores de la República.
5. Asuntos generales. Atentamente
Dip. Beatriz Zavala Peniche
Presidenta

DE LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE

A su reunión plenaria con el licenciado Cristian Castaño Contreras, director del Instituto Mexicano de la Juventud, que se efectuará el miércoles 29 de octubre, a las 12 horas, en el salón Legisladores de la República (Salón Verde) del Palacio Legislativo.

Atentamente
Dip. José Manuel Carrillo Rubio
Presidente
 

 

DE LA COMISION DE RELACIONES EXTERIORES

A su reunión ordinaria de trabajo, que se realizará el miércoles 29 de octubre, a las 13:30 horas, en el salón C del restaurante Los Cristales.

Orden del Día

1. Lista de asistencia.
2. Declaración de quórum.
3. Lectura y aprobación del orden del día.
4. Aprobación del proyecto de decreto por el que se autoriza al C. Vicente Fox Quesada, Presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional del 4 al 6 de noviembre de 2003, con motivo de una visita de trabajo que realizará a Estados Unidos de América.
5. Clausura de la sesión. Atentamente
Dip. Adriana González Carrillo
Presidenta

DE LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA

A su reunión ordinaria con la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario, AC, que se llevará a cabo el miércoles 29 de octubre, a las 17 horas, en los salones C y D del restaurante Los Cristales.

Atentamente
Dip. Cruz López Aguilar
Presidente
 

 

DE LA COMISION DE RECURSOS HIDRAULICOS

A su tercera reunión ordinaria, que se efectuará el miércoles 29 de octubre, a las 17 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales, a la cual asistirá como invitado especial el ingeniero Cristóbal Jaime Jáquez, director general de la Comisión Nacional del Agua.

Orden del Día

1. Registro de asistencia.
2. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior.
3. Participación del ingeniero Cristóbal Jaime Jáquez, director general de la Comisión Nacional del Agua.
4. Asuntos generales. Atentamente
Dip. Jesús Vizcarra Calderón
Presidente

 

DE LA COMISION DE ASUNTOS INDIGENAS

A su primera reunión plenaria, que se llevará a cabo el jueves 30 de octubre, a las 8:30 horas, en el salón D del restaurante Los Cristales.

Orden del Día

1. Verificación de asistencia.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Lectura del acta de la reunión de instalación.
4. Informe del Presidente para integrar el programa de trabajo.
5. Propuesta del Presidente para formar las subcomisiones de trabajo.
6. Programación de actividades noviembre-diciembre de 2003.
7. Asuntos generales. Atentamente
Dip. Javier Manzano Salazar
Presidente

 

DE LA COMISION DE TURISMO

A su primera reunión plenaria, que se llevará a cabo el jueves 30 de octubre, a las 8:30 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.

Atentamente
Dip. Francisco López Mena
Presidente
 

 

DE LA COMISION DE RADIO, TELEVISION Y CINEMATOGRAFIA

A su primera reunión ordinaria de trabajo, que se llevará a cabo el jueves 30 de octubre, a las 9 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.

Orden del Día

1. Lista de asistencia y verificación de quórum.
2. Declaración de quórum.
3. Lectura y aprobación del orden del día.
4. Aprobación del acta de la sesión de instalación.
5. Entrega del informe de actividades legislativas de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de la LVIII Legislatura.
6. Análisis del Tercer Informe de Gobierno del titular del Poder Ejecutivo federal.
7. Propuestas para la integración del programa de trabajo de la Comisión.
8. Asuntos generales.
9. Clausura. Atentamente
Dip. Javier Orozco Gómez
Presidente

 
 

DE LA COMISION DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES

A su reunión de trabajo, que se realizará el jueves 30 de octubre, a las 17 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.

Orden del Día

1. Lista de asistencia.
2. Declaración de quórum.
3. Lectura y aprobación del orden del día.
4. Se someterá a consideración del pleno la aprobación del acta de instalación de fecha 9 de octubre del presente año.

5. Presentación a cargo de la diputada Magdalena Adriana González Furlong, Presidenta de la Comisión, de las consideraciones referentes al programa y dinámicas de trabajo.
6. Convocatoria para la celebración del 20 aniversario del Día Internacional de la Discapacidad, que se efectuará en la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión el día 3 de diciembre de 2003.

7. Asuntos generales.
8. Clausura de la sesión.

Atentamente
Dip. Magdalena Adriana González Furlong
Presidenta

DE LA COMISION DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

A su reunión de trabajo con motivo de la conferencia que dictará la licenciada Patricia Olamendi Torres, subsecretaria para Temas Globales de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el martes 4 de noviembre, a las 9 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.

Atentamente
Dip. Rebeca Godínez y Bravo
Presidenta