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SECRETARIA GENERAL
ASISTENCIA DE LA SESION ORDINARIA DEL 21 DE OCTUBRE DE 2003
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PARLAMENTARIO |
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POR CEDULA |
POR COMISION OFICIAL |
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JUSTIFICADA |
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Listado de Asistencia día 21 de octubre de 2003 doc
Listado de Inasistencias día 21 de octubre de 2003 doc
Nota: Las diferencias que existen entre las listas de asistencia y el número de votos pueden variar conforme a los diputados presentes al momento de la votación.
Dentro de 6 días se publicarán las inasistencias justificadas respecto a la presente lista.
* El diputado Mario Alberto Rafael Zepahua Valencia (PRI), no ha rendido protesta.
México, DF, a 21 de octubre de 2003.
Dip. Juan de Dios Castro Lozano
Presidente de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
Presente
Hago de su conocimiento que el próximo jueves 23 de octubre, a las 11:00 horas, se llevará a cabo en esta Cámara la sesión solemne en la que se impondrá la "Medalla de Honor Belisario Domínguez del Senado de la República" para el año 2003.
Me permito comunicar a usted lo anterior, a efecto de que tenga a bien aceptar la invitación que por este medio le formulamos y, asimismo, se dé cuenta a esa asamblea, a fin de que designe una comisión de ciudadanos diputados.
Atentamente
Sen. Raymundo Cárdenas Hernández (rúbrica)
Vicepresidente en Funciones de Presidente
(Para asistir en representación de la Cámara de Diputados, se designó a los siguientes legisladores: Elba Esther Gordillo Morales, Francisco Agustín Arroyo Vieyra. Octubre 21 de 2003.)
Luis Antonio Ramírez Pineda, diputado federal ante la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me concede la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vengo a promover la presente iniciativa para adicionar al artículo 4º de la Constitución un párrafo cuarto que eleve a la categoría de garantía constitucional el derecho que tienen los mexicanos a alcanzar una alimentación sana, adecuada y suficiente, con fundamento en la siguiente
Exposición de Motivos
Nuestra Constitución, producto de la más importante y trascendente eclosión social de nuestra historia, fue la primera que en el mundo reconoció la prevalencia del interés público sobre el privado, y también la primera que, en función de ese interés, estableció claras y firmes regulaciones a la economía nacional, y dispuso medidas especiales de protección y defensa de las clases y sectores sociales mayoritarios más débiles y desprotegidos.
La iniciativa que aquí presento se inserta en esa misma línea ideológica del Constituyente de 1917, y se ciñe al carácter dinámico y de permanente actualización que su artículo 135 le confiere a la Constitución para que, preservando siempre sus principios torales, se ajuste constantemente a la evolución y a los necesarios cambios y nuevos escenarios de la vida nacional.
Me motiva en esta iniciativa, mi compromiso con ese objetivo fundamental de nuestra historia que es la justicia social, en su vertiente más comprometida, que es la lucha contra la pobreza y el hambre de nuestro pueblo. Me mueven también profundas convicciones nacionalistas que aspiran a una patria próspera, fuerte, independiente y soberana.
Estas son las razones que, en esta hora decisiva de la vida nacional e internacional, me llevan a proponer una adición al texto constitucional, que busca enriquecer los contenidos sociales de su artículo 4º vigente.
Me refiero al derecho de nuestro pueblo, lo mismo que el de todos los pueblos del mundo, a que, al organizarse y subordinarse en repúblicas independientes y justas, tengan asegurado el acceso a una alimentación decorosa, sana y suficiente para cubrir sus necesidades alimentarias básicas, garantizar su salud y permitir el pleno desarrollo de sus potencialidades físicas y mentales.
En su permanente esfuerzo por construir una nación cada día más justa y más próspera, nuestro pueblo ha logrado crear las bases materiales, tecnológicas e institucionales que le permiten hoy garantizar la alimentación de todos los mexicanos.
Como lo constatan los organismos internacionales especializados, México se encuentra hoy entre los países que producen suficientes alimentos o tienen la capacidad económica para importar lo que no puede producir. Pese a ello, las estadísticas oficiales nos indican que el 24.2% de los mexicanos; es decir, algo más de 25 millones de personas, sufren "pobreza alimentaria", un eufemismo burocrático que maquilla pero no oculta el hambre que hoy padece cada día uno de cada cuatro mexicanos.
Esta situación es una intolerable anomalía del sistema que actualmente rige la distribución de la riqueza nacional.
Sin embargo, en lugar de aliviar o corregir esta anomalía, los responsables del gobierno la agravan cada día con actitudes y omisiones que abandonan el campo y ponen nuestro mercado interior al servicio de voraces apetitos transnacionales, que de manera desleal e impune arruinan y frustran el esfuerzo productivo de los campesinos y demás productores mexicanos de alimentos.
La presente iniciativa se inserta por tanto en la lucha de los campesinos y del pueblo mexicano por retomar el dinamismo y la vitalidad de nuestro sistema productivo y de distribución de alimentos, y recordar a los gobernantes, por la vía del mandato constitucional, sus obligaciones fundamentales pertinentes.
Vivimos hoy en el mundo un intenso e inédito proceso de integración de las naciones, sus economías y, sobre todo, sus mercados. Este proceso, facilitado por el sorprendente desarrollo de las tecnologías de la comunicación y la informática, es en esencia el fenómeno que llamamos "globalización"; un fenómeno del cual ciertamente no podemos ni queremos aislarnos ni quedarnos a un lado. Al contrario, creo que México debe y necesita participar en esa integración, pero no de manera subordinada o a costa de nuestros intereses y derechos fundamentales, menos al precio de nuestra dignidad de país independiente y soberano. Debemos ir a la globalización, pero con nuestra propia propuesta y con nuestra propia estrategia.
Creemos que el camino adecuado es el de la multilateralidad y el del fortalecimiento de las instituciones y la normatividad internacional que respondan de verdad a los intereses de la gran mayoría de naciones, especialmente de los países pobres y en vías de desarrollo, y no sólo a los de los países poderosos y hegemónicos.
La lucha contra el hambre que encabezan las Naciones Unidas y la FAO es un campo propicio para hacer sentir la presencia y el liderazgo solidarios de México.
Hay sobre la materia una abundante y consistente base jurídica que tiene su origen señero en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En su artículo 25.1, esta declaración dice: "Toda persona tiene derecho a un nivel de vida que le asegure, tanto a él como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios..."
El 23 de marzo de 1981, el Senado de la República ratificó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales adoptado por las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966. El artículo 11.1 de ese pacto señala que "los Estados parte en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda; y a una mejora continua de las condiciones de existencia..."
Particularmente importante para comprender los alcances de la iniciativa que presento es el artículo 11.2 de este pacto, el cual señala claramente que "los Estados parte en el presente pacto, reconociendo el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre, adoptarán individualmente y mediante la cooperación internacional, las medidas, incluidos programas concretos, que se necesiten para: a) mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de alimentos mediante la plena utilización de conocimientos técnicos y científicos, la divulgación de principios sobre nutrición y el perfeccionamiento o la reforma de los regímenes agrarios de modo que se logren la explotación y la utilización más eficaces de las riquezas naturales; b) asegurar una distribución equitativa de los alimentos mundiales en relación con las necesidades, teniendo en cuenta los problemas que plantean tanto a los países que importan productos alimenticios como a los que los exportan".
Nuestro país ha ratificado también y, por lo tanto, ha conferido rango constitucional a la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, adoptada el 2 de mayo de 1948, y a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada el 22 de noviembre de 1969. Ambos instrumentos internacionales se refieren de manera muy destacada al derecho a la alimentación. En el artículo 12, sobre Derecho a la Alimentación, del protocolo adicional a la Convención Americana en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que se adoptó el 17 de noviembre de 1988, denominado "Protocolo de San Salvador", se señala lo siguiente: "Toda persona tiene derecho a una nutrición adecuada que le asegure la posibilidad de gozar del más alto nivel de desarrollo físico, emocional e intelectual..."
Entre las normas y compromisos internacionales relativos a la alimentación, debo mencionar de manera muy especial la Declaración Universal sobre la Erradicación del Hambre y la Malnutrición, adoptada por el pleno de las Naciones Unidas el 16 de noviembre de 1974, a la que México se adhirió poco después. En materia de alimentación éste es el instrumento jurídico internacional más relevante, pues expresa la preocupación mundial sobre los cada vez más graves problemas del hambre y la malnutrición. La declaración entera es una grave acusación contra los países que no cooperan lo suficiente para erradicar este flagelo que castiga a la humanidad. Sólo quiero mencionar el artículo 1º, que dice: "Todos los hombres, mujeres y niños tienen el derecho inalienable a no padecer hambre y malnutrición, a fin de poder desarrollarse plenamente y conservar sus facultades físicas y mentales. La sociedad posee en la actualidad recursos, capacidad organizadora y tecnología suficientes y, por tanto, la capacidad de alcanzar esta finalidad. En consecuencia, la erradicación del hambre es objetivo común a todos los países que integran la comunidad internacional, en especial de los países desarrollados y otros que se encuentran en condiciones de prestar ayuda..."
Todas las naciones del mundo, incluido nuestro país, convocadas por las Naciones Unidas, se reunieron en Roma en 1996, en la Primera Cumbre Mundial sobre el Hambre. Al término de sus deliberaciones, la cumbre se fijó como meta reducir, para el año 2015, a 400 millones los 815 millones que al momento de la cumbre padecían hambre. Sin embargo, en la siguiente cumbre del 2002 se constató que esa meta estaba muy lejos de lograrse y que seis años después de haberla asumido, la comunidad internacional se informaba el pasado 16 de octubre, en palabras del señor Jean Ziegler, relator especial de las Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación, que el número de personas con problemas de malnutrición aumentó el año pasado a 840 millones en el mundo, pese al incremento de la producción agrícola y el compromiso mundial de reducir a la mitad el número de hambrientos para el año 2015.
Ante este sombrío panorama, la FAO ha creado el Grupo de Trabajo Intergubernamental para la elaboración de un conjunto de directrices voluntarias con el fin de respaldar la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional. El Gtig constituye un órgano auxiliar del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) y habrá de terminar su labor dentro de un periodo de dos años.
La iniciativa que aquí presento responde a esta iniciativa de la FAO y busca poner a México a la vanguardia de los países que luchan solidariamente por erradicar de la faz de la tierra el flagelo del hambre y la malnutrición.
No es la primera vez que se formula una iniciativa como la presente. Se ha hecho en el pasado en reiteradas ocasiones, en ambas soberanías, sin que se encontrara el justo eco y seguimiento que merecían. Las iniciativas de los senadores Heladio Ramírez López, Yolanda González Hernández y Arely Madrid Tovilla, entre otros, son un claro ejemplo de estas desafortunadas omisiones.
La débil conciencia de este drama social ha impedido a México incorporar de manera directa en su Constitución el derecho de los mexicanos a la alimentación, más allá de los diversos compromisos y tratados internacionales suscritos y que hacen reconocimiento de ese derecho.
De acuerdo con los principios elementales del derecho constitucional, en general, las Constituciones tienen dos apartados fundamentales en su estructura: la parte dogmática que precisa las garantías que el Estado reconoce a los gobernados como individuos, así como aquellas que benefician a grupos o sectores, y la parte denominada orgánica que establece las instituciones del Estado y la distribución de sus funciones.
Bajo esta perspectiva, es sobremanera conveniente que en la Constitución aparezcan la totalidad de las garantías individuales y sociales que protege nuestro sistema jurídico, mismas que se identifican, en este aspecto, con los derechos humanos. Por tanto, no solamente resulta útil, sino necesario, incluir con precisión este derecho para que exista congruencia con los pactos internacionales suscritos o aceptados por México.
De acuerdo con las anteriores consideraciones, resulta jurídicamente procedente y socialmente necesaria la inclusión del derecho a la alimentación como garantía individual en el cuerpo de nuestra Constitución, y según mi criterio personal, debe ser en el artículo 4º, paralelamente al derecho a la salud, ya que existe una estrecha y complementaria correlación entre estas dos garantías de la persona humana.
Por lo expuesto y fundado, me permito poner a la elevada consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de
Decreto
Artículo Unico: Se adiciona al artículo 4º constitucional un párrafo cuarto, recorriéndose los actuales párrafos 4, 5, 6, 7 y 8, que pasan a ser, en consecuencia, 5, 6, 7, 8 y 9, respectivamente, para quedar como sigue:
Artículo 4º. El varón y la mujer...
Toda persona tiene derecho...
Todos los mexicanos tienen derecho a una alimentación sana y suficiente para garantizar su existencia y su pleno desarrollo físico y mental. El Estado proveerá lo necesario y tomará las providencias pertinentes, estableciendo políticas públicas que atiendan esta garantía con prioridad sobre otras necesidades colectivas.
Toda persona tiene derecho...
Toda familia tiene derecho...
Los niños y las niñas...
Los ascendientes, tutores y custodios...
El Estado otorgará...
Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Este Congreso deberá abocarse de manera inmediata a la elaboración de la legislación secundaria que permita hacer efectiva la garantía que establece esta ley.
Palacio de San Lázaro, a 21 de octubre de 2003.
Dip. Luis Antonio Ramírez Pineda (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. Octubre 21 de 2003.)
Dip. Juan de Dios Castro Lozano
Presidente de la Mesa Directiva
Presente
Los suscritos, coordinadores de los grupos parlamentarios representados en esta H. Cámara de Diputados y a su vez integrantes de la Junta de Coordinación Política, presentamos proposición con punto de acuerdo a fin de que, con fundamento en los artículos 34 y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se constituya una comisión especial cuyo objeto sea "conocer y dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con los feminicidios en la República Mexicana".
Por lo anteriormente expuesto y fundado, le solicitamos a esta Presidencia se turne el presente punto de acuerdo a la Junta de Coordinación Política, a fin de establecer el número de los integrantes que la conformarán y el plazo para efectuar las tareas que se le hayan encomendado.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro,
a los 21 días del mes de octubre de 2003.
Diputados: Elba Esther Gordillo Morales (rúbrica p.a.), Presidenta y coordinadora del grupo parlamentario del PRI; Francisco Javier Barrio Terrazas (rúbrica p.a.), coordinador del grupo parlamentario del PAN; Pablo Gómez Alvarez (rúbrica), coordinador del grupo parlamentario del PRD; Jorge Antonio Kahwagi Macari, coordinador del grupo parlamentario del PVEM; Alejandro González Yáñez (rúbrica), coordinador del grupo parlamentario del PT; Jesús Emilio Martínez Alvarez (rúbrica), coordinador del grupo parlamentario de Convergencia.
(Turnada a la Junta de Coordinación Política, para que en su oportunidad proponga los integrantes de la comisión. Octubre 21 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, SOBRE LA SUSCRIPCION DE LA CONVOCATORIA PARA LA PRIMERA CONVENCION NACIONAL HACENDARIA POR EL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA Y LOS COORDINADORES DE LAS FRACCIONES PARLAMENTARIAS DE LA CAMARA DE DIPUTADOS, PRESENTADA POR LA CONFERENCIA PARA LA DIRECCION DE LOS TRABAJOS LEGISLATIVOS EN LA SESION DEL MARTES 21 DE OCTUBRE DE 2003
Considerando que:
1. El diálogo federalista entre los Poderes Ejecutivos federal y local y los ayuntamientos ha dado como resultado un proyecto de convocatoria para realizar una Convención Nacional Hacendaria, cuyo propósito central es la revisión integral de las finanzas públicas de los tres órdenes de gobierno, así como la distribución de las responsabilidades de gasto y de las potestades tributarias.
Resulta importante la voluntad de diálogo mostrada por el Poder Ejecutivo en sus ámbitos central y local para juntos encontrar soluciones a los asuntos relacionados con los ingresos y el gasto públicos, así como proponer el reparto de facultades y responsabilidades en materia hacendaria entre los tres ámbitos de gobierno.
2. Ante este diálogo entre los Ejecutivos, es conveniente enfatizar que el principio de división de poderes constituye uno de los fundamentos y características de todo régimen democrático y federal. En México, el artículo 39 de la Constitución General de la República consagra el principio de soberanía del pueblo y el 41 señala que ésta se ejerce a través de los Poderes de la Unión, cada uno con facultades y responsabilidades precisamente definidas.
Así, corresponde al Poder Legislativo, en sus ámbitos federal y local, la facultad de dictar leyes con la participación de los legisladores electos por la voluntad popular. En particular en el ámbito federal, la responsabilidad en los temas hacendarios es exclusiva de la Cámara de Diputados por lo que toca a la aprobación del Presupuesto de Egresos y como Cámara de origen por lo que toca a iniciativas sobre contribuciones o impuestos.
La Conferencia para la Dirección de los Trabajos Legislativos de la H. Cámara de Diputados propone el siguiente
Punto de Acuerdo
La Cámara de Diputados ve con simpatía el diálogo nacional en materia del federalismo hacendario, orientado a la búsqueda de soluciones al estancamiento de las finanzas públicas, que nos muestran como uno de los países con menor carga tributaria del mundo y, consecuentemente, con niveles de gasto, como proporción del Producto Interno Bruto, más rezagados en relación con las urgentes necesidades sociales y a la creación y mantenimiento de la infraestructura del país. Debemos dar suficiencia presupuestal al gasto público de los tres órdenes de gobierno, así como calidad y eficiencia a nuestras leyes tributarias, por lo que es bienvenido el intercambio de ideas, propuestas y búsqueda de consensos entre los tres órdenes de gobierno y la sociedad, a través de las organizaciones sociales, laborales, empresariales, académicas y gremiales.
Esta Cámara manifiesta su apoyo a la Primera Convención Nacional Hacendaria que encabezarán los representantes del Ejecutivo, en sus ámbitos federal y estatal, y los ayuntamientos. Seguramente, sus conclusiones y acuerdos se traducirán en propuestas que el Poder Legislativo analizará y revisará con esmero para decidir, con base en la soberanía que la Constitución y la voluntad popular le han dado, cuáles de esas propuestas deberán aprobarse y convertirse en leyes de la República.
Por ello se propone que el Presidente de la Mesa Directiva, así como los coordinadores de las distintas fracciones parlamentarias de esta Cámara de Diputados, suscriba la convocatoria a la Primera Convención Nacional Hacendaria.
De esa manera se reconoce la iniciativa de los gobernadores y el Presidente de la República y ofrecemos la colaboración entre poderes, con pleno respeto de las atribuciones que a cada uno asigna nuestra Carta Magna.
Por la importancia y oportunidad de esta cuestión, se solicita que se considere este punto de acuerdo como de urgente y obvia resolución.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 21 días del mes de octubre de 2003.
Diputados: Juan de Dios Castro Lozano (rúbrica), Presidente de la Masa Directiva de la H. Cámara de Diputados; Elba Esther Gordillo Morales (rúbrica p.a.), coordinadora del grupo parlamentario del PRI; Francisco Javier Barrio Terrazas (rúbrica p.a.), coordinador del grupo parlamentario del PAN; Pablo Gómez Alvarez (rúbrica), coordinador del grupo parlamentario del PRD; Jorge Antonio Kahwagi Macari, coordinador del grupo parlamentario del PVEM; Alejandro González Yánez (rúbrica), coordinador del grupo parlamentario del PT; Jesús Emilio Martínez Alvarez (rúbrica), coordinador del grupo parlamentario de Convergencia.
(Aprobada en votación económica. Octubre 21 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR AL EJECUTIVO FEDERAL Y A LA COMISION NACIONAL DEL AGUA A QUE CUMPLAN EN SUS TERMINOS EL TRASVASE CORRESPONDIENTE, SEGUN ACUERDO PACTADO EN LA REUNION DEL CONSEJO TECNICO DE LA CUENCA LERMA-CHAPALA EN NOVIEMBRE DE 2002, POR LA CANTIDAD DE 280 MILLONES DE METROS CUBICOS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO ROBERTO ANTONIO MARRUFO TORRES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA SESION DEL MARTES 21 DE OCTUBRE DE 2003
Los suscritos diputados federales jaliscienses, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional correspondiente a la LIX Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurren a solicitar que se turne a la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo.
Existen varios documentos firmados por el Ejecutivo federal y los gobiernos de las entidades que forman la cuenca Lerma, Chapala, Santiago, Pacífico, entre los que destacan los siguientes:
Acuerdo de coordinación que celebran el Ejecutivo federal, los Ejecutivos de los estados de México, Querétaro, Guanajuato, Michoacán y Jalisco, diversas secretarías de Estado y entidades paraestatales para llevar a cabo un programa de ordenamiento de los aprovechamientos hidráulicos y el saneamiento de la cuenca Lerma-Chapala (13 de abril de 1989).
Acuerdo de coordinación por el que se constituye el Consejo Consultivo de Evaluación y Seguimiento de los Compromisos contraídos en el acuerdo de coordinación mencionado en el punto que antecede para llevar a cabo un programa de ordenamiento de los aprovechamientos hidráulicos y el saneamiento de la cuenca Lerma-Chapala (1 de septiembre de 1989).
Acuerdo de coordinación que celebran el Ejecutivo federal, los Ejecutivos de los estados de México, Querétaro, Guanajuato, Michoacán y Jalisco y diversas secretarías de Estado y entidades paraestatales para llevar a cabo un programa de coordinación especial sobre la disponibilidad, distribución y uso de las aguas superficiales de propiedad nacional comprendidas en la cuenca Lerma-Chapala (agosto de 1991).
Consideraciones
El lago de Chapala es el mayor embalse natural de la República Mexicana; forma además uno de los ecosistemas más importantes de México. En su entorno regional se desarrolla una relevante actividad económica y social.
Su principal alimentador de agua es el río Lerma, que ha dejado de aportar importantes caudales debido principalmente a la sobreexplotación del recurso hídrico.
Dada la importancia de la cuenca y del propio lago de Chapala, anteriores gobiernos de Jalisco vislumbraron la trascendencia de su conservación definitiva; gestionaron ante el Ejecutivo federal la firma de acuerdos que preservarán el lago de Chapala.
En los acuerdos de referencia se establecieron las bases que lograrían una distribución justa y equitativa de los aprovechamientos hidráulicos, así como el saneamiento de la cuenca Lerma-Chapala; preservarían la calidad de agua y su saneamiento; y eficientarían el uso del agua y, por supuesto, el manejo y la conservación de cuencas y corrientes.
El trasvase acordado respecto al lago de Chapala por la Comisión de la Cuenca Lerma-Chapa en noviembre de 2002 fue del orden de 280 millones de metros cúbicos, mismos que empezarían a ser trasvasados en el primer trimestre de 2003.
Compañeros diputados: a la fecha se han liberado sólo 133 millones de metros cúbicos, por lo que restan 147 millones, considerándose en éstos los 17 millones de metros cúbicos que fueron desviados por agricultores del distrito de riego número 11 en el punto denominado Lomo de Toro, Guanajuato.
Compañeros diputados: en el presente año se tuvieron abundantes lluvias en la cuenca del río Lerma, que mucho beneficiaron la agricultura, pero también vimos la desgracia en varios compañeros agricultores que perdieron sus cosechas, así como varias poblaciones devastadas, sobre todo en Guanajuato, Michoacán y Jalisco, muy probablemente por la negligencia de la Comisión Nacional del Agua, que hizo caso omiso a los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional respecto a lluvias abundantes, al permitir que las 11 presas más importantes de la cuenca estuvieran a 100 por ciento de su capacidad.
No omito mencionar, compañeros, que los acuerdos de coordinación señalan que el almacenamiento en esos embalses no debería rebasar 60 por ciento de su capacidad, considerando los escurrimientos esperados por el magnífico temporal de lluvias de este año.
Quiero señalar además que vemos con preocupación la pasividad del ex gobernador de Jalisco Alberto Cárdenas Jiménez, hoy secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales y convertido recientemente en vocero de la Comisión Nacional del Agua: sugirió a los jaliscienses que olvidemos el trasvase a Chapala y busquemos la recuperación de la cuenca Lerma-Chapala con planes de largo plazo que resuelvan la problemática general del agua.
Nos congratula sobre manera saber que el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alberto Cárdenas Jiménez, tiene un programa ambicioso, pero ante todo un interés por la recuperación de la cuenca Lerma-Chapala, pues cuando fue gobernador de Jalisco poco le importaron la cuenca y el lago de Chapala.
Por lo anterior, los legisladores jaliscienses del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional sometemos a la consideración de esta honorable representación popular la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorte al Ejecutivo federal y a la Comisión Nacional del Agua a que cumplan en todos sus términos el acuerdo pactado en la reunión del Consejo Técnico de la Cuenca Lerma-Chapala en noviembre de 2002, donde se especifica que el trasvase al lago de Chapala será por la cantidad de 280 millones de metros cúbicos.
Segundo. Se continúe el trasvase al lago de Chapa cuanto antes por los volúmenes faltantes, que ascienden a 147 millones de metros cúbicos, pues a la fecha se han trasvasado sólo 133 millones de metros cúbicos, más 17 millones de metros cúbicos que fueron desviados en el punto Lomo de Toro, Guanajuato.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 21 de octubre de 2003.
Diputados: Roberto Antonio Marrufo Torres, Javier Guízar Macías, Quintín Vázquez García, María Esther Sherman Leaño, Lázaro Arias Martínez, Carlos Blackaller Ayala, Francisco Javier Bravo Carbajal, José Manuel Carrillo Rubio, Sergio Armando Chávez Dávalos, Enrique Guerrero Santana, José García Ortiz, Leticia Gutiérrez Corona, J. Jesús Lomelí Rosas, Gonzalo Moreno Arévalo, Hugo Rodríguez Díaz, J. Leonel Sandoval Figueroa, Evelia Sandoval Urbán, David Hernández Pérez (rúbricas).
(Turnada a la Comisión de Recursos Hidráulicos. Octubre 21 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE EXHORTAR A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y, EN LO CONDUCENTE, A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE, EN EL AMBITO DE SU COMPETENCIA, AGILICEN LAS ACCIONES PARA OTORGAR LA LIBERTAD A LAS PERSONAS BENEFICIADAS POR LA REFORMA DEL ARTICULO 85 DEL CODIGO PENAL FEDERAL, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JOSE JAVIER OSORIO SALCIDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, EN LA SESION DEL MARTES 21 DE OCTUBRE DE 2003
El que suscribe, diputado federal José Javier Osorio Salcido, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta H. Asamblea, como de urgente y obvia resolución, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública y, en lo conducente, a la Procuraduría General de la República a que, en el ámbito de sus respectivas competencias, se sirvan agilizar las acciones y diligencias necesarias para el otorgamiento de la libertad preparatoria en los casos en que, por virtud de las reformas del artículo 85 del Código Penal Federal, sea procedente otorgarse a las personas sentenciadas por delitos contra la salud en su modalidad de transportación que sean primodelincuentes y cumplan los requisitos establecidos en los artículos 84 y 90, fracción I, inciso c), del Código Penal Federal, conforme a las siguientes
Consideraciones
Hoy día, una verdadera política criminal en materia de ejecución de sentencias debe encontrar justificación plena bajo la premisa de la enmienda o corrección del sentenciado, a quien con el otorgamiento de determinados beneficios preliberacionales se estimula, dejando de aplicarse por considerarse innecesaria una sanción cuya finalidad primordial es la readaptación social, la cual deberá estimarse satisfecha, dada la demostración objetiva de la buena conducta del sentenciado, que supone el dominio por el mismo de la causa que lo obligó a delinquir, así como con la existencia de hechos positivos que demuestren su propósito de enmienda; es decir, que el sujeto es apto para vivir en sociedad sin entrar en conflicto con ella.
Sin embargo, el aumento de las penas por delitos contra la salud, resultado de las adecuaciones a la ley, especialmente en la modalidad de transporte, limitó en gran medida la posibilidad de considerar situaciones en que fuera procedente otorgar algún tipo de beneficio preliberacional a los sentenciados por ese tipo y modalidad de delitos que hubieren presentado una efectiva readaptación social.
En tal sentido, señalemos que resulta innegable que hoy día un número considerable de sentenciados por delitos contra la salud en su modalidad de transportación se encuentra compurgando su pena en las diversas cárceles del país y no poseía antecedentes penales; es decir, era primodelincuente, existiendo otro grupo considerable que, sin saber las consecuencias y la trascendencia de su actuar o por causas de necesidad extrema, decidió transportar esa clase de sustancias ilícitas.
Esa situación provocó gran preocupación por parte de diversos sectores de la sociedad, principalmente de los familiares de las personas sentenciadas, que solicitaban una solución para el problema.
Ante esos hechos, el Congreso de la Unión, consciente de esa problemática social que, además de afectar a los sentenciados por ese tipo de conductas delictivas que han mostrado una verdadera readaptación social, afecta directamente a sus familiares, aprobó, con el consenso de los partidos políticos, una iniciativa de reformas del artículo 85 del Código Penal Federal a efecto de establecer una excepción específica en los casos en que no procede el otorgamiento de la libertad preparatoria del sentenciado, concretamente en lo relativo a los delitos contra la salud en su modalidad de transportación, con la finalidad de que la autoridad administrativa competente pueda conceder dicho beneficio preliberacional a los que hubieren sido sentenciados por transportar sustancias ilícitas, siempre que hayan cumplido una serie de requisitos y condiciones legales que la propia reforma considera, como los siguientes:
2. Cumplir los requisitos legales previstos en el artículo 84 del Código Penal Federal, que consisten en haber cumplido tres quintas partes de la condena, haber observado buena conducta durante la ejecución de la sentencia, que del examen de su personalidad se presuma que está socialmente readaptado y en condiciones de no volver a delinquir, que haya reparado o se comprometa a reparar el daño causado; y
3. Cumplir los requisitos previstos en el artículo 90, fracción I, inciso c), del Código Penal Federal, relativo a que de sus antecedentes personales, modo honesto de vivir, la naturaleza, modalidades y móviles del delito se presuma que no volverá a delinquir.
Esa reforma legal abrió la posibilidad de poder otorgar el beneficio preliberacional de la libertad preparatoria a las personas sentenciadas por delitos contra la salud en su modalidad de transportación que cumplan todos los requisitos legales establecidos al efecto.
Como es por todos sabido, en virtud de las reformas realizadas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en noviembre de 2000, los asuntos relacionados con el otorgamiento de beneficios preliberacionales, como la libertad preparatoria, competen a la Secretaría de Seguridad Pública Federal, que realiza dicha función mediante el órgano administrativo desconcentrado Prevención y Readaptación Social, autoridad que a partir de la entrada en vigor de la reforma en comento ha estado llevado a cabo brigadas de trabajo en las entidades federativas, con motivo de la reforma del artículo 85 del Código Penal Federal.
Sin embargo, hasta el momento y hasta donde se tiene conocimiento, el número de personas sentenciadas por delitos contra la salud en su modalidad de transportación que ha sido beneficiado por la reforma del artículo 85 del Código Penal publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de junio de 2003 y que entró en vigor el día siguiente ha sido muy reducido.
Ello ha causado de nueva cuenta la preocupación de los familiares y diversos sectores sociales, motivo por el cual se considera necesario invitar a la Secretaría de Seguridad Pública a que refuerce las acciones necesarias para el otorgamiento de este beneficio preliberacional en los casos legalmente procedentes.
Asimismo, sabemos que, de conformidad con el artículo 541 del Código Federal de Procedimientos Penales, tratándose de delitos contra la salud en materia de estupefacientes y psicotrópicos, la Secretaría de Seguridad Pública deberá pedir una serie de informes a la Procuraduría General de la República para que, en vista de dicha información y con los demás datos que hubiere recabado la propia secretaría, ésta resuelva en definitiva sobre la procedencia de las solicitudes de libertad preparatoria.
Esa situación, aplicada al caso concreto de los sentenciados por delitos contra la salud en su modalidad de transportación, que en virtud de las reformas legales mencionadas aspiran a que se le conceda el beneficio de la libertad preparatoria, ha venido retrasado la posibilidad legal de que la autoridad se encuentre en condiciones de resolver la procedencia o improcedencia de las solicitudes planteadas al efecto, toda vez que, hasta donde se tiene conocimiento, en algunos casos falta que la procuraduría proporcione los informes de referencia.
En tal sentido, se considera necesario invitar a la Procuraduría a que refuerce las acciones necesarias a efecto de remitir con la mayor brevedad los informes solicitados por las autoridades correspondientes que hagan posible resolver en consecuencia sobre las solicitudes de libertad preparatoria formuladas.
Finalmente, dada la importancia que reviste la situación expuesta, por la que atraviesa un número considerable de sentenciados por delitos contra la salud en su modalidad de transportación, que consideran que cumplen todos los requisitos legales previstos en el Código Penal Federal, para la procedencia del otorgamiento del beneficio preliberacional de la libertad preparatoria y con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, someto a consideración de esta honorable asamblea, como de urgente y obvia resolución, el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública a que, en el ámbito de su competencia, se sirva agilizar todas las acciones y diligencias necesarias para el otorgamiento del beneficio preliberacional de la libertad preparatoria en los casos en que, por virtud de las reformas legales del artículo 85 del Código Penal Federal, sea procedente conceder dicho beneficio a las personas sentenciadas por delitos contra la salud en su modalidad de transportación que, además de ser primodelincuentes, hayan cumplido los requisitos legales establecidos en los artículos 84 y 90, fracción I, inciso c), del Código Penal Federal.
Segundo. Se solicita a la Secretaría de Seguridad Pública que, en su momento, informe a esta soberanía sobre las acciones y los avances que realice dicha dependencia para el otorgamiento del beneficio preliberacional de la libertad preparatoria en los casos en que, por virtud de las reformas legales del artículo 85 del Código Penal Federal, sea procedente conceder dicho beneficio a las personas sentenciadas por delitos contra la salud en su modalidad de transportación que, además de ser primodelincuentes, hayan cumplido los requisitos legales establecidos en los artículos 84 y 90, fracción I, inciso c), del Código Penal Federal.
Tercero. Se exhorta a la Procuraduría General de la República a que, en el ámbito de su competencia, coadyuve con la Secretaría de Seguridad Pública, reforzando las acciones que sean necesarias a efecto de proporcionar oportunamente la información que en su momento le sea solicitada por dicha secretaría relativa a los informes a que hace referencia el artículo 541 del Código Federal de Procedimientos Penales para que, de ese modo, la Secretaría de Seguridad Pública se encuentre en posibilidad legal de determinar la procedencia de las solicitudes de libertad preparatoria formuladas por las personas sentenciadas por delitos contra la salud en su modalidad de transportación que, de conformidad con las reformas legales del artículo 85 del Código Penal Federal, se encuentren en posibilidad legal de obtener ese beneficio preliberacional por cumplir los requisitos legales establecidos en los artículos 84 y 90, fracción I, inciso c), del Código Penal, así como tener el carácter de primodelincuentes.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 21 días del mes de octubre de 2003.
Dip. José Javier Osorio Salcido (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Seguridad Pública. Octubre 21 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA CONVOCAR A UNA REUNION ENTRE LAS AUTORIDADES HACENDARIAS, LA CAMARA DE DIPUTADOS Y LOS GOBERNADORES SOBRE LA DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FEDERALES EXCEDENTES DESTINADOS A LOS ESTADOS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO MIGUEL ALONSO RAYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DEL MARTES 21 DE OCTUBRE DE 2003
El suscrito, diputado federal integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de este honorable Pleno proposición con punto de acuerdo para convocar a una reunión entre las autoridades hacendarias, la Cámara de Diputados y los gobiernos de las entidades federativas sobre la distribución de los recursos federales excedentes destinados a los estados, al tenor de las siguientes
Consideraciones
1. El artículo 21, fracción I, inciso j), del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2003 establece que la suma que resulte de los excedentes de ingresos federales como impuestos, contribuciones de mejoras y derechos normales, extraordinarios y adicionales sobre la extracción de petróleo y sobre hidrocarburos se aplicarán en 25 por ciento al Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros, en 25 por ciento para mejorar el balance económico del sector público y en 50 por ciento para gasto de inversión en infraestructura en las entidades federativas conforme a la estructura porcentual que se derive de la distribución del Fondo General de Participaciones reportado en la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal de 2001.
2. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público reconoce en el Informe sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública del segundo trimestre de 2003 la captación de ingresos mayores que los presupuestados, que incluso reportan un superávit de 62 mil 200 millones de pesos, por efecto de dos factores favorables, aunque coyunturales: el repunte del precio de exportación del petróleo y los mayores ingresos no recurrentes.
3. A mayor abundancia, Hacienda informa que los ingresos presupuestarios del sector público a junio se ubicaron en 805 mil 624 millones de pesos; superiores en 50 mil 45 millones al monto previsto. Respecto al primer semestre de 2002, los ingresos presupuestarios aumentaron 14.3 por ciento, en términos reales, impulsados principalmente por el crecimiento real de 28.8 por ciento de los ingresos petroleros, que importaron la cantidad de 251 mil 843 millones de pesos.
4. Durante el primer semestre de 2003, el precio de la mezcla mexicana de petróleo resultó superior en 7.1 dólares al del mismo periodo del año anterior y el volumen de exportación de petróleo fue superior en 95 mil barriles diarios promedio.
5. Esa situación es corroborada en el comunicado Las finanzas públicas y la deuda pública a agosto de 2003, emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el 30 de septiembre. Según el documento, los ingresos presupuestarios mostraron un incremento real de 9.9 por ciento "debido al favorable comportamiento de los ingresos petroleros y de las entidades paraestatales distintas de Pemex y por el buen desempeño de la recaudación del Impuesto al Valor Agregado".1 La recaudación acumulada a agosto es superior en 13.1 por ciento, en términos reales, a la registrada en el mismo periodo en el año anterior. Debe recordarse que el Presupuesto del Gobierno Federal consideró un escenario en que el precio del petróleo crudo de exportación sería de 18.35 dólares por barril promedio, cuando en realidad el promedio acumulado en el año (al 14 de octubre) es de 24.71 dólares por barril.
6. No obstante, en el informe citado en la segunda consideración, se afirma que ese desempeño positivo de las finanzas públicas se debilitará en el segundo semestre de 2003, debido al carácter transitorio de los factores que permitieron una mejor evolución de los ingresos y al reciente fallo que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación relativo a declarar inconstitucional el Impuesto Sustitutivo del Crédito al Salario, así como el impacto negativo en la recaudación de algunas modificaciones de las leyes fiscales aprobadas en el H. Congreso de la Unión.
7. Como resultado de lo anterior, los recursos excedentes entregados a las entidades federativas ascienden a 7 mil millones de pesos. Sin embargo, según datos revelados por la Subsecretaría de Egresos, al cierre del año se tendrá una reducción en los ingresos fiscales, que podría llegar a 14.4 por ciento. Esto significaría sacrificar recursos que se ejercen en el mediano plazo por estar etiquetados para gastos de inversión en infraestructura.
8. No obstante los avances alcanzados en materia de federalización del Presupuesto, las haciendas públicas locales enfrentan diversos problemas. Las autoridades estatales han contrastado los informes de la autoridad federal, y encuentran serias discrepancias. Los gobiernos estatales y municipales sólo pueden cobrar impuestos de baja potencialidad, como el predial y la tenencia o uso vehicular, que, de cobrarse a 100 por ciento, no aportarían más de una décima parte de los presupuestos estatales. En contraparte, tributos clave cuya recaudación es exclusiva de la Federación, como IVA, ISR y IEPS, constituyen 96 por ciento del ingreso tributario nacional. Por esa dependencia, las modificaciones que se hagan a la recaudación federal afectan sensiblemente las haciendas locales.
9. Por todo lo anterior, es fundamental tener información certera de los recursos que tendrán a su disposición los estados y los municipios y que éstos no sean reducidos en forma imprevista. Resulta inaplazable transparentarlos porque de ellos depende, en gran medida, el cumplimiento de las facultades y la prestación de servicios a que están obligadas las autoridades locales.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, el suscrito somete a consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión acuerda que un grupo plural de trabajo integrado por diputados federales de la Comisión de Hacienda y Crédito Público se reúna con los subsecretarios de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, doctor Carlos Hurtado López; y de Ingresos, licenciado Rubén Aguirre Pangburn, a fin de recabar información sobre la evolución de los ingresos federales incluidos en el artículo 21, fracción I, inciso j), del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2003 y su distribución para gasto de inversión en infraestructura en las entidades federativas.
Segundo. Asimismo, acuerda invitar a dicha reunión de trabajo a los gobernadores de las entidades federativas que decidan participar en ella o la representación que ellos determinen.
Nota:
1 Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Comunicado 103/2003.
Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, DF, a 21 de octubre de 2003.
Diputados: Agustín Miguel Alonso Raya, Narciso Agúndez Montaño, Gelacio Montiel Fuentes, Minerva Hernández Ramos, Arturo Nahle García, José Luis Medina Lizalde, Emilio Zebadúa González, César Antonio Chávez Castillo, Francisco Amadeo Espinosa Ramos, Eliana García Laguna, Carlos Zeferino Torreblanca Galindo, Javier Salinas Narváez, José Agustín Ortiz Pinchetti, Roberto Campa Cifrián, Jesús Emilio Martínez Alvarez (rúbricas).
(Turnada a la Junta de Coordinación Política. Octubre 21 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE LA CAMARA DE DIPUTADOS SE PRONUNCIE EN FAVOR DE EXHORTAR AL PRESIDENTE VICENTE FOX QUESADA A QUE ACLARE DE MANERA DETALLADA EL FINANCIAMIENTO DE SU CAMPAÑA ELECTORAL DE 2000 Y QUE EXPLIQUE EL MANEJO DE RECURSOS EN EL LLAMADO "CASO AMIGOS DE FOX", PRESENTADA POR EL DIPUTADO JORGE ANTONIO KAHWAGI MACARI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM, EN LA SESION DEL MARTES 21 DE OCTUBRE DE 2003
Jorge Antonio Kahwagi Macari, Manuel Velasco Coello, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Alvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Avila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez y Raúl Piña Horta, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrimos a solicitar se tenga a bien someter a la consideración del Pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución.
Punto de Acuerdo
En las pasadas elecciones federales para elegir Presidente de la República en el año 2000, se realizaron diversas operaciones financieras dirigidas a apoyar en forma paralela al candidato presidencial de la Alianza por el Cambio, Vicente Fox Quesada, operaciones ahora consideradas por la autoridad electoral como presuntamente ilegales.
El Consejo General del Instituto Federal Electoral, en atención a una denuncia, determinó sancionar a los partidos que conformaron dicha alianza, sin realizar una investigación exhaustiva y violentando principios fundamentales del derecho mexicano.
Ante tales sanciones -originadas en acusaciones falsas e imputaciones, arbitrariamente hechas extensivas a quienes, totalmente ajenos a aquellas operaciones, nos coligamos en la Alianza para el Cambio-, el Partido Verde Ecologista ha manifestado a la sociedad su enérgica condena a la ligereza jurídica con que se analizaron las más de ciento veinte mil fojas que integran el desaseado expediente, en el cual no existe la mínima vinculación de mi partido, de sus militantes, de la Alianza por el Cambio como tal o de los propios candidatos que postulamos, en el financiamiento paralelo e ilegal que se nos imputa.
Este financiamiento ilegal, realizado de manera paralela a la campaña electoral del actual Presidente de la República, pone en entredicho la legitimidad del gobierno de Vicente Fox y demuestra que, si el principal beneficiario de los recursos ilegales no expresa su opinión y se deslinda de esos manejos, no podemos confiar en el Poder Ejecutivo y sus acciones de gobierno.
Hasta la fecha, Vicente Fox no ha dado la cara y se ha escondido detrás de la silla presidencial y de su partido. Su silencio y la falta de transparencia afectan seriamente la credibilidad en su gobierno y defraudan las esperanzas de quienes se sumaron a su campaña para hacer posible el cambio.
Como resultado de esto, la autoridad del Ejecutivo federal se ha debilitado y han disminuido las posibilidades de concretar las reformas estructurales, principalmente la reforma del Estado. Esta actitud lastima seriamente la confianza en las instituciones y en los procesos electorales; el abstencionismo registrado en las pasadas elecciones es una muestra de ello, por lo que todos los actores políticos, incluyendo el partido del Presidente, le debemos hacer a éste un enérgico llamado para que no ponga en riesgo la gobernabilidad democrática, y para que, bajo ningún interés particular, partidista o de origen extranjero comprometa su consolidación.
Vicente Fox ha perdido la calidad moral para denunciar los métodos del antiguo régimen. El cambio es una ilusión. Los acuerdos que buscamos todas las fuerzas políticas se darán cuando los tres poderes demostremos transparencia y legitimidad.
Señor Presidente de la República: demuéstrenos a los mexicanos que no tiene por qué ocultarse; demuéstrenos que la transparencia y la rendición de cuentas son prioridades de su gobierno y que usted cumple con la confianza que los mexicanos le depositamos hace tres años.
Hoy en día nuestro sistema de partidos sufre una crisis de legitimidad que está estrechamente vinculada con el financiamiento de los partidos. Actúe en consecuencia contribuyendo al esclarecimiento del manejo financiero de su campaña; no deje dudas de su legalidad y transparencia en su financiamiento. Esta sería una aportación invaluable al fortalecimiento del sistema de partidos, a las autoridades electorales y a los procesos democráticos.
El pueblo de México exige una respuesta categórica e inequívoca, que en el futuro no pueda ser desmentida.
Estamos convencidos de que la mejor acción que se pudiera suscitar en esta Presidencia de la República, en el actual momento, es decir la verdad sobre las operaciones financieras que coadyuvaron al triunfo presidencial, lo que dejará en claro que la Alianza por el Cambio como tal y el Partido Verde Ecologista de México nunca establecieron ni consintieron un sistema financiero paralelo.
La sociedad demanda saber la verdad. De nada sirven la Constitución y las leyes que de ella emanan si el poder presidencial se refugia en la oscuridad, elude su responsabilidad y no muestra el valor y el carácter que se requieren para presentarse ante el pueblo que le otorgó su confianza.
El pueblo lo pide, la justicia lo necesita y esta soberanía lo demanda.
Por todo lo anterior, solicitamos al Pleno de esta Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que se someta y vote el presente documento por tratarse de un asunto de obvia resolución, para que se acuerde:
Unico. Se exhorta al Presidente Vicente Fox Quesada para que aclare detalladamente el financiamiento de su campaña electoral del 2000 y que explique el manejo de recursos en el llamado "caso Amigos de Fox".
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 21 días del mes de octubre de 2003.
Diputados: Jorge A. Kahwagi Macari (rúbrica), coordinador; Manuel Velasco Coello, vicecoordinador, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón (rúbrica), Leonardo Alvarez Romo (rúbrica), Jacqueline Argüelles Guzmán (rúbrica), María Avila Serna (rúbrica), Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán, Jorge Legorreta Ordorica (rúbrica), Julio Horacio Lujambio Moreno (rúbrica), Alejandra Méndez Salorio (rúbrica), Cuauhtémoc Ochoa Fernández (rúbrica), Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta.
(Turnada a la Junta de Coordinación Política. Octubre 21 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA INTEGRAR UN GRUPO DE TRABAJO, CON LA PARTICIPACION DE SEIS COMISIONES LEGISLATIVAS, A FIN DE PRACTICAR UN ANALISIS INTEGRAL DE LA PROBLEMATICA ACTUAL DEL CAMPO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JESUS EMILIO MARTINEZ ALVAREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA, EN LA SESION DEL MARTES 21 DE OCTUBRE DE 2003
El 16 de octubre, prácticamente todos los medios de comunicación dieron a conocer la siguiente noticia: "Exigen senadores de EU abrir mercado mexicano: Senadores de Estados Unidos exigieron al gobierno mexicano eliminar las barreras comerciales que han afectado a productores agrícolas de su país. De lo contrario, advirtieron que se comenzaría a aplicar medidas contra los exportadores mexicanos y que las inversiones de Estados Unidos a México se podrían congelar".
Nuestra inserción en la globalización se ha dado acompañada de un sistemático desmantelamiento de las instituciones, programas y recursos que estuvieron destinados al campo, y hoy nos encontramos ante una situación en la que debemos competir sin tener condiciones para ello, pues no existen las nuevas instituciones que nos hubieran permitido una estrategia de desarrollo económico y social del campo sustentada en la productividad, la inversión continua y el crecimiento distributivo.
Debemos estar conscientes de que la entrada del Capítulo Agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) tiene que colocar en los primeros lugares de la agenda nacional el problema del abandono deliberado del campo mexicano. Se trata de un problema de carácter estructural y no de una coyuntura pasajera.
Hay dos grandes modelos de integración al nuevo orden económico internacional, dos caminos de asociación que se han recorrido con resultados bien diferentes:
Por una parte, el modelo socialdemócrata europeo que, en la integración de países como España y Grecia a la Comunidad Europea, se propuso -y logró- que los socios menos desarrollados contaran con recursos, instrumentos y plazos que garantizaran el despegue de las regiones más empobrecidas, en busca de acabar las desigualdades estructurales y asumiendo los problemas del atraso como un compromiso de corresponsabilidad sostenida.
Por otra, el modelo de asociación que ha utilizado Estados Unidos, que asume como naturales y eternas las desigualdades, que no se propone liquidarlas y que busca la rentabilidad por encima del desarrollo social.
En el continente americano, la integración económica ha sido un proceso atropellado, autoritario, secreto, lleno de mezquindad y carente de una visión política de largo plazo.
Los defensores del modelo estadounidense han insistido en que su camino es el único posible. Lograron venderlo, por un periodo, como inevitable y fatal. Hoy sabemos que no es el único rumbo posible ni el mejor.
Por ello no podemos aceptar como una desgracia inevitable la crisis que ha generado la entrada en vigencia del Capítulo Agropecuario del TLCAN.
No basta revisar el capítulo del tratado. Es necesario cambiar de modelo económico por uno nuevo que privilegie lo social. La iniquidad presente en el México de hoy corresponde a un modelo que ha demostrado históricamente su ineficacia.
Estamos ante el resultado de una estrategia que dejó la regulación de los procesos integradores a las libres fuerzas del mercado, que buscó disminuir el papel y la responsabilidad del Estado, que desmontó deliberada y sistemáticamente la red de instituciones que estaban destinadas al campo.
En Convergencia estamos convencidos de que el problema del campo sí tiene solución y de que ésta pasa por romper primero con el dogma de que el mercado arregla por sí mismo sus contradicciones.
Se necesita un papel activo y sostenido del Estado mexicano para reintegrar a los campesinos y su economía a la vida nacional. Se requiere reconstruir, sobre nuevas bases, el tejido institucional que garantice los recursos para que producir, almacenar y comercializar sea nuevamente un trabajo digno, rentable y que lleve prosperidad a los hogares de la sociedad rural.
Por ello, nuestro partido abandera como prioridad nacional la necesidad de un nuevo modelo de integración y desarrollo económico. Se requiere la articulación de un gran consenso que rompa con la dinámica de abandono de la sociedad agraria y recupere el mercado interno como eje insustituible de nuestro proyecto de nación.
Una nueva estrategia de desarrollo rural requiere también la participación activa de los campesinos en un nuevo pacto para el desarrollo y la productividad en el campo.
Por lo expuesto, el grupo parlamentario de Convergencia propone el siguiente
Punto de Acuerdo
Unico. Proponemos a esta soberanía la integración de un grupo de trabajo que tenga por objeto presentar una propuesta al Pleno de la Cámara de Diputados para que, de manera integral, se realice un replanteamiento que permita reestablecer las nuevas instituciones que tengan como finalidad el otorgamiento del crédito; apoyo en asistencia técnica y capacitación; almacenamiento; transporte y comercialización; y todas las medidas que propicien que el campo mexicano cuente con los apoyos indispensables que le permitan ser competitivo.
Dicho grupo de trabajo estaría integrado por miembros de las Comisiones de Agricultura y Ganadería; de Economía; de Hacienda y Crédito Público; de Presupuesto y Cuenta Pública; de Desarrollo Rural; y de Desarrollo Social.
Suplico a usted, ciudadano Presidente, turnar la presente propuesta a la Junta de Coordinación Política.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, DF, a 21 de octubre de 2003.
Diputados: Jesús Emilio Martínez Alvarez (rúbrica), Luis Maldonado Venegas, Jaime Miguel Moreno Garavilla, Jesús Porfirio González Schmal, Juan Fernando Perdomo Bueno.
(Turnada a la Junta de Coordinación Política. Octubre 21 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA CREAR LA COMISION ESPECIAL DE LA REGION CUENCA DE BURGOS, SUSCRITA POR DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI DE COAHUILA, NUEVO LEON Y TAMAULIPAS, Y PRESENTADA POR EL DIPUTADO HOMERO DIAZ RODRIGUEZ EN LA SESION DEL MARTES 21 DE OCTUBRE DE 2003
Los suscritos, diputados federales por los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proponemos a esta soberanía la creación de la comisión especial de la región Cuenca de Burgos, de conformidad con los motivos, fundamentos y puntos que a continuación relatamos.
Exposición de Motivos
I.- La región conocida como Cuenca de Burgos abarca una superficie de 28,960 kilómetros cuadrados, que comprende 17,160 kilómetros cuadrados en 11 municipios del estado de Tamaulipas, 10,600 kilómetros cuadrados en 10 municipios del estado de Nuevo León y 1,200 kilómetros cuadrados en 7 municipios del estado de Coahuila, y en ella ha sido descubierto y se encuentra en su primera fase de explotación el yacimiento de gas natural no asociado más importante de México, que actualmente aporta 1,003 miles de millones de metros cúbicos diarios de gas, que representa el 78% de la producción nacional de este tipo de energético, y el 22% de la producción total nacional de gas.
Se asienta en las regiones hidrológicas 24 y 25, establecidas por la Comisión Nacional del Agua y comprende siete cuencas hidrológicas.
II.- La Cuenca de Burgos tiene una superficie con posibilidades prospectivas de explotación de 110,000 kilómetros cuadrados y sumaría a la Cuenca de Burgos las de Sabinas y Piedras Negras.
III.- El antecedente más remoto se ubica en 1945, cuando Petróleos Mexicanos inició la producción en Campo Misión. A mediados de los años ochenta se descubrió su potencial, cuando esta fuente de energía tomó relevancia por su alto valor energético y económico y por la limpieza en el resultado de su combustión, de forma tal que fue calificado como el energético del futuro.
IV.- La demanda actual de este energético se encuentra 15% sobre el nivel de la oferta y las proyecciones indican que, de continuar así, para el año 2006, la demanda podría ser 26% mayor que la oferta.
Es tan importante el proyecto que se desarrolla en la región, que dará a México la posibilidad de satisfacer los requerimientos de la demanda actual, los que exija su crecimiento industrial y le permitirá exportar.
V.- En virtud de la magnitud del yacimiento y de la importancia del hidrocarburo como fuente de energía, Petróleos Mexicanos inició en 1997 los trabajos exploratorios y de desarrollo de campos en la Cuenca de Burgos, que forman parte del "Proyecto Integral Cuenca de Burgos 2000-2012", que contempla 5 proyectos de exploración y 16 proyectos de desarrollo, cuyo objetivo es explotar los yacimientos de gas no asociado hasta un volumen aproximado de 1,400 miles de millones de pies cúbicos por día, en un periodo de 12 años, por parte de Pemex Exploración y Producción.
VI.- Las posibilidades de explotación de la Cuenca se extienden al aceite ligero y al gas condensado, así como al aprovechamiento del agua subterránea.
VII.- El desarrollo del proyecto implicará una inversión del orden de los 52.8 miles de millones de dólares, y en él se utilizarán los esquemas que permita la ley o que en el futuro decida esta soberanía.
VIII.- Sin embargo, un proyecto de tan elevado impacto en la región noreste del país debe considerar un crecimiento y desarrollo sustentable de la economía de la zona, así como el beneficio directo de sus habitantes, por lo que es conveniente impulsar la creación de fondos con recursos de Pemex, de los gobiernos de los estados y municipales para el desarrollo de infraestructura básica que permita mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la comunidades de la Cuenca de Burgos; elaborar programas para el aprovechamiento del agua subterránea que en el proceso de exploración detecte Pemex, en beneficio de los municipios de la zona, que son semiáridos; impulsar la creación de fondos con recursos de Pemex y de los gobiernos de los estados para apoyar proyectos productivos dirigidos a micro y pequeñas empresas de la región; vigilar el cumplimiento estricto en las condicionantes de los estudios de impacto ambiental, y promover la preferencia de los empresarios de la región para proveer los bienes y servicios que requiera el desarrollo del proyecto.
IX.- Por ser del interés general de la nación y comprender ámbitos que involucran no sólo a los tres órdenes de gobierno en las entidades federativas en que se ubica la Cuenca de Burgos, sino que implicará la explotación de recursos propiedad de la nación y la transformación económica de una zona extensa que abarca tres estados de la Federación, en los cuales la sociedad requiere que se vigile por los gobiernos y por esta soberanía el cumplimiento del Proyecto Integral de la Cuenca de Burgos para que se alcancen las metas previstas y se beneficie a los habitantes de la región, preservando la sustentabilidad de su economía, proponemos la creación de una comisión especial para la región Cuenca de Burgos.
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 42 y 43 de la Ley Orgánica y 58, 71 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ante esta honorable soberanía, elevamos la siguiente
Proposición con Punto de Acuerdo
Primero. Se crea la comisión especial de la región Cuenca de Burgos, cuyo objeto será dar seguimiento al Proyecto Integral de la Cuenca de Burgos que desarrolla Petróleos Mexicanos, a través de su subsidiaria Pemex Exploración y Producción, para la explotación de los yacimientos de energéticos de la región denominada Cuenca de Burgos, y a la problemática que dicha explotación genere en los municipios y estados en que se encuentra localizada, y su impacto ambiental, así como realizar las acciones legislativas que aseguren un desarrollo sustentable y equilibrado de la zona, que beneficie directamente a sus habitantes.
Segundo. La comisión cumplirá en su integración los requisitos señalados en los artículos 42 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Tercero. La comisión especial de la región Cuenca de Burgos funcionará por la duración de la LIX Legislatura, o hasta en tanto quede agotado su objeto, si esto sucediere antes.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de octubre de 2003.
Diputados: Homero Díaz Rodríguez (rúbrica), Héctor Gutiérrez de la Garza (rúbrica), Oscar Pimentel González (rúbrica), Juan Carlos Pérez Góngora (rúbrica), José Manuel Abdala de la Fuente (rúbrica), Humberto Jesús Martínez de la Cruz (rúbrica), Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa (rúbrica), Humberto Francisco Filizola Haces (rúbrica), Gonzalo Alemán Migliolo (rúbrica), Oscar Martín Ramos Salinas (rúbrica), Sergio Arturo Posadas Lara (rúbrica), Carlos Flores Rico (rúbrica), Cruz López Aguilar (rúbrica), Humberto Cervantes Vega, Eduardo Alonso Bailey Elizondo (rúbrica), Marcela Guerra Castillo (rúbrica), Mayela de María de Lourdes Quiroga Tamez (rúbrica), Alfonso González Ruiz (rúbrica), Adrián Villagómez García, Margarita Martínez López (rúbrica), Alfonso Rodríguez Ochoa (rúbrica), Carlos Mireles Morales, Cristina Díaz Salazar (rúbrica), Jesús María Ramón Valdés (rúbrica), Jesús Zúñiga Romero (rúbrica), Ricardo Rodríguez Rocha (rúbrica), Eduardo Olmos Castro (rúbrica), Fernando Donato de las Fuentes Hernández (rúbrica), Laura Martínez Rivera (rúbrica).
(Turnada a la Junta de Coordinación Política. Octubre 21 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL PODER EJECUTIVO, MEDIANTE LA SECRETARIA DE GOBERNACION, Y AL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION A QUE SE REVISEN LOS DERECHOS DE LOS MIGRANTES CENTROAMERICANOS, PRESENTADA POR LA DIPUTADA MARIA AVILA SERNA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM, EN LA SESION DEL MARTES 21 DE OCTUBRE DE 2003
Jorge Antonio Kahwagi Macari, Manuel Velasco Coello, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Alvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Avila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrimos a solicitar se turne a la Comisión de Gobernación y a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados en la LIX legislatura del H. Congreso de la Unión, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
La situación de los migrantes centroamericanos en México es indigna, las autoridades mexicanas, son incapaces de brindar atenciones humanitarias, los retienen en malas condiciones, en lugar de enviarlos a su país de origen. Aquellos que logran evadir la autoridad permanecen en hacinamientos deplorables donde habitan, esperando una oportunidad para transitar hacia Estados Unidos de América. En este sentido, México debe actuar con coherencia, si demandamos un trato justo para nuestros migrantes en Estados Unidos, estamos obligados a dar el mismo trato a los migrantes centroamericanos.
En la historia de nuestro país reconocemos jurídicamente sus derechos. Como describimos a continuación.
El primer antecedente que encontramos es el decreto sobre colonización del 18 de agosto de 1824, el cual ofreció a los extranjeros que se establecieran en el territorio nacional seguridad a sus personas y a sus propiedades, siempre y cuando se sujetaran a las leyes del país.
Posteriormente, el 30 de enero de 1854 fue publicado el decreto sobre extranjería y nacionalidad de los habitantes de la República. Este decreto obligó a los extranjeros a solicitar al Ministerio de Relaciones la carta de seguridad, documento indispensable para gozar de los derechos civiles de la República. Los extranjeros no gozaban de derechos políticos, no podían obtener beneficios eclesiásticos, ni ejercer la pesca en las costas, tampoco hacer comercio con sus buques; y no podían obtener empleos o cargos municipales, ni otros de las carreras del Estado.
El 16 de marzo de 1861 se instauró en la Secretaría de Estado y del Despacho de Relaciones Exteriores un registro para matricular a los extranjeros, a efecto de que hicieran constar su nacionalidad y gozaran de los derechos que les concedieran las leyes y los tratados con las respectivas naciones.
La Ley de Extranjería y Naturalización, del 20 de mayo de 1886, definió quiénes eran mexicanos y extranjeros e incorporó el derecho de estos últimos a radicar en el país. Dispuso que los extranjeros gozarían en la República de los derechos civiles y garantías otorgados por la Constitución a los mexicanos, salvo la facultad del gobierno para expeler al extranjero pernicioso.
El 22 de diciembre de 1908 es publicada la primera Ley de Inmigración, correspondiendo su aplicación a la Secretaría de Estado y del Despacho de Gobernación, a través de inspectores, agentes auxiliares y Consejos de Inmigración. Dicha ley otorgó al gobierno atribuciones para restringir la admisión de extranjeros.
Plutarco Elías Calles, en marzo de 1926, promulgó una nueva Ley de Migración, que derogó la Ley de Inmigración antes mencionada. Dicha norma adoptó una política tendiente a proteger los intereses nacionales y de su economía y estableció la obligación de los extranjeros a someterse a la inspección de las autoridades migratorias, comprobar buena conducta y forma honesta de vivir.
Esta ley enumeró los casos en que no se permitía o se restringía la inmigración de extranjeros, entre ellos la mano de obra extranjera, además de vedar la inmigración de extranjeros narcotraficantes y toxicómanos, y de tipificar por vez primera como delito el tráfico de indocumentados.
Estableció el Registro de Extranjeros y Nacionales, que documentaba las entradas y salidas del país; creó una tarjeta para identificar a los migrantes, registrar los movimientos migratorios y controlar el cumplimiento de las normas, y reguló la salida de trabajadores mexicanos al extranjero.
Esta ley de 1926 se considera, en varios aspectos, precursora de nuestra actual regulación migratoria.
El 30 de agosto de 1930 es promulgada una nueva Ley de Migración, que recogió buena parte del espíritu de la anterior y simplificó muchos de sus procedimientos.
Dicha ley incorporó la calidad de "inmigrante" para quienes tenían el propósito de radicar en el país o por motivos de trabajo, así como la de "transeúnte" para los turistas y visitantes locales. Dividió el servicio de migración en central, a cargo del Departamento de Migración de la Secretaría de Gobernación, de puertos y fronteras, e interior y exterior. Por virtud de la misma es creado el Consejo Consultivo de Migración. El Registro de Extranjeros quedó a cargo de los ayuntamientos y delegaciones del Distrito y territorios federales, quienes expedirían la tarjeta de registro para que comprobaran su legal estancia.
En agosto de 1936, durante la presidencia de Lázaro Cárdenas, se promulgó la Ley General de Población para regular los asuntos migratorios y los relativos al turismo, la demografía y la identificación y registro de personas. Se creó entonces la Dirección General de Población dentro de la Secretaría de Gobernación. Dicha ley impulsó el incremento de la población, la distribución racional de la misma en el territorio y, de manera especial, la protección a los nacionales.
Igualmente, determinó las calidades migratorias de turistas, transmigrantes, visitante local, visitante, inmigrante e inmigrado, en este último caso después de residir cinco años o por contraer matrimonio con mexicana y tener medios de sustento.
Ratificó el funcionamiento del Registro Nacional de Extranjeros y estableció el servicio de identificación correspondiente, ambos con el auxilio de Hacienda, ayuntamientos y gobiernos de estados. Dispuso que los extranjeros constituyeran depósitos o fianzas para garantizar, en su caso, el pago de repatriación.
Con el fin de ampliar algunos aspectos contemplados en la ley anterior, en diciembre de 1947 se promulgó una nueva Ley General de Población, que permaneció hasta 1974.
Esta ley facilitó la inmigración colectiva de extranjeros sanos, de buen comportamiento y fácilmente asimilables. Suprimió el otorgamiento de fianzas o garantías personales de repatriación. Estableció las tres calidades migratorias hasta ahora vigentes: no inmigrante, inmigrante e inmigrado y circunscribió el Registro Nacional de Extranjeros a las dos últimas calidades. Simplificó los requisitos de internación para inversionistas, técnicos, peritos o personal especializado. Por último, dispuso el establecimiento de estaciones migratorias.
El 7 de enero de 1974 es publicada una nueva Ley General de Población, misma que en lo general preservó las disposiciones de la ley que abrogó.
Dicha norma suprimió la inmigración colectiva y amplió el beneficio de asilo territorial a extranjeros de cualquier nacionalidad. Definió los criterios para negar la entrada al país o el cambio de calidad o característica del extranjero. Determinó la necesidad de permiso previo de la Secretaría de Gobernación para que los extranjeros adquirieran bienes inmuebles, derechos sobre éstos o acciones de empresas. Instituyó el delito por el que se sanciona a quienes lucran con migrantes.
En julio de 1977 la Dirección General de Población se transformó en Dirección General de Servicios Migratorios.
El 19 de octubre de 1993, fue creado el Instituto Nacional de Migración, como órgano técnico desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, el cual tenía por objeto la planeación, ejecución, control, supervisión y evaluación de los servicios migratorios, al igual que las relaciones de coordinación con las diferentes dependencias de la Administración Pública Federal que concurrieran en la atención y solución de los asuntos relacionados con la materia.
Finalmente el 13 de agosto de 1999, al ratificar la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos reafirma su voluntad política de lograr la protección internacional de los derechos de todos los trabajadores migratorios, de acuerdo con lo dispuesto por este instrumento internacional. Todas las disposiciones de esta Convención se aplicarán de conformidad con la legislación nacional, y la siguiente reserva:
El gobierno de los Estados Unidos Mexicanos hace reserva expresa respecto del párrafo 4 del artículo 22 de esta Convención, exclusivamente por lo que se refiere a la aplicación del artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 125 de la Ley General de Población.
No obstante de que jurídicamente México ha realizado grandes avances a nivel nacional e internacional, la realidad en la que se encuentran los migrantes centroamericanos en nuestro país es inhumana, el trabajo que debe ser ejercido por el Estado ha sido retomado por las poblaciones mexicanas en el sur del país, a donde estas personas arriban, o por organizaciones no gubernamentales, pero, peor aún, el poco trabajo realizado por el Instituto Nacional de Migración y los organismos de seguridad pública estatales es altamente deficiente e indignante.
El Presidente Vicente Fox, el 15 de Junio de 2001, en su visita oficial a El Salvador, aseveró lo siguiente: "sabemos que hay un tránsito de personas que pasan por el territorio mexicano en camino hacia Estados Unidos y que, en frecuentes ocasiones, sufren maltratos por parte de funcionarios mexicanos; se aplicará ?mano dura? contra los funcionarios que violen los derechos humanos de los migrantes centroamericanos".
A pesar de esto, a la fecha no hemos realizado un trabajo sustantivo en relación con esta problemática, los migrantes centroamericanos sufren una situación grave envuelta en violación a los derechos humanos, hambre, hacinamientos deplorables, que pueden traer graves consecuencias; las autoridades mexicanas se justifican argumentando que Estados Unidos suspendió la ayuda económica al Plan Sur, y esta justificación da pie a abusos y actos ilícitos.
Nosotros hemos solicitado a Estados Unidos que se respeten los derechos humanos de los migrantes, y no lo hemos logrado, debido a la relación asimétrica que mantenemos con nuestro vecino del norte, pero irónicamente mantenemos el mismo tipo de relación con nuestros vecinos del sur.
Para el Partido Verde Ecologista de México, las alianzas entre las distintas fuerzas políticas en México han sido fundamentales en distintos momentos históricos, y por ello hay que seguirlas impulsando para crear los consensos que tanto requiere el país, como en este caso, donde la defensa verídica de los derechos humanos, la coherencia de nuestros actos y la legitimidad que mostremos a nivel internacional nos podrán ayudar a fortalecer nuestra presencia para lograr un acuerdo que proteja los derechos de nuestros connacionales y del resto de migrantes de diversas nacionalidades.
Para la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México el interés fundamental es respaldar proyectos que realmente tengan un beneficio para la sociedad y el país.
Asimismo, es necesario que las diversas áreas de la Administración Pública Federal y la estatal coordinen la ayuda necesaria para nuestros hermanos migrantes centroamericanos, sobre todo porque esa ayuda puede satisfacer la necesidad de muchas comunidades de mexicanos en el extranjero, ser crucial para dar vigencia a los principios de política exterior de México y a los derechos humanos.
Por todo lo anterior, solicitamos al Pleno de esta Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que se someta a consideración la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero.- Que el Poder Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría Gobernación y del Instituto Nacional de Migración, aplique lo que establece el decreto promulgatorio de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familias, ratificado el 15 de marzo de 1999.
Segundo.- Que el Poder Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación y del Instituto Nacional de Migración, diseñe de inmediato instrumentos de política social que consoliden una nueva cultura migratoria con rostro humano para poder brindar un trato digno a nuestros hermanos centroamericanos.
Tercero.- Que el Poder Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Seguridad Pública y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, revise de inmediato y dictamine el estado de sus oficinas representativas, así como el trato que se brinda a los migrantes centroamericanos en los estados de Veracruz y Chiapas.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 16 de octubre de 2003.
Diputados: Jorge A. Kahwagi Macari (rúbrica), coordinador; Manuel Velasco Coello (rúbrica), vicecoordinador; Alejandro Agundis Arias (rúbrica), Francisco Xavier Alvarado Villazón (rúbrica), Leonardo Alvarez Romo (rúbrica), Jacqueline Argüelles Guzmán (rúbrica), María Avila Serna (rúbrica), Fernando Espino Arévalo (rúbrica), Maximino Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán, Jorge Legorreta Ordorica (rúbrica), Julio Horacio Lujambio Moreno (rúbrica), Dip Alejandra Méndez Salorio (rúbrica), Cuauhtémoc Ochoa Fernández (rúbrica), Javier Orozco Gómez (rúbrica), Raúl Piña Horta (rúbrica).
(Turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios. Octubre 21 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA CREAR LA COMISION ESPECIAL DE ZONAS DE DESASTRES, PRESENTADA POR LA DIPUTADA MARIA SARA ROCHA MEDINA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA SESION DEL MARTES 21 DE OCTUBRE DE 2003
La suscrita, diputada Sara Rocha Medina, integrante de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, y de conformidad con lo que se dispone en los artículos 58, 59 y 60, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar ante esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo para que sea creada al interior de esta Cámara de Diputados, la comisión especial de zonas de desastre, al tenor de las siguientes
Consideraciones
He decidido hacer uso de esta tribuna para elevar ante ustedes, señoras y señores legisladores, mi personal preocupación por la mayor atención que como integrantes de uno de los poderes públicos de este país debemos prestar a las situaciones de emergencia, sufridas por muchos conciudadanos a lo largo y ancho del país, derivadas de los desastres naturales experimentados en los últimos meses.
Celebro que algunos de nuestros compañeros legisladores hayan actuado con toda puntualidad para llamar la atención, no sólo de nosotros los integrantes del Poder Legislativo, sino de las autoridades del Ejecutivo y de la ciudadanía en general, para prestar una mayor atención a las situaciones de desastre que han venido sufriendo poblaciones enteras de nuestro país por los dramáticos cambios climatológicos que están sucediendo en la naturaleza, y que nos han hecho reflexionar sobre la necesidad de que, a través de la acción legislativa, contribuyamos a la profundización de una auténtica cultura de la protección civil en nuestro país.
Así como en la pasada sesión vino a esta tribuna mi compañero diputado Luis Antonio Ramírez Pineda para proponer una reforma constitucional y promover acciones de protección civil en el campo, pues efectivamente ha sido en las áreas rurales en donde con mayor severidad se han dejado sentir los efectos de los desastres naturales que han ocurrido últimamente; así, hoy vengo ante ustedes para proponerles que apoyemos decididamente la creación de una comisión de zonas de desastres como una comisión especial dentro del catálogo de las que ya existen actualmente en el seno de esta Cámara.
Ha sido verdaderamente lamentable que durante las últimas semanas en que hemos visto cómo algunos de los desastres naturales que han padecido muchos de nuestros compatriotas en algunas regiones del país, como ha sido el caso de Baja California Sur, Sinaloa, y Sonora, por el huracán Marty, o las severas precipitaciones pluviales que han ocurrido en casi toda la región del Bajío, esas poblaciones no han contado con la respuesta oportuna ni con recursos suficientes que les permitan enfrentar en mejores condiciones tales desastres.
Ha habido, como consecuencia de ello, pérdidas en infraestructura, que a esas poblaciones les tomó muchas décadas construir, y hemos tenido que lamentar pérdidas de vidas humanas, como ha sido por ejemplo el caso de las diez personas muertas atribuidas solamente al huracán Marty, y todo esto nos debe llamar a la reflexión y a hacernos un replanteamiento serio sobre qué tanto estamos contribuyendo las autoridades para otorgar una respuesta pronta y efectiva a nuestros paisanos.
Lamentablemente no contamos hasta este momento con una verdadera infraestructura que, de forma integral, atienda la prevención de todos los problemas que padecemos. Es innegable que necesitamos prepararnos adecuadamente para atender todas y cada una de las fases que deben atenderse cuando ocurre un desastre natural.
La solución está en crear acciones de políticas públicas en materia no sólo de prevención sino también de planeación y de atención focalizada a zonas de alto riesgo de desastres que abarque toda la geografía nacional. Necesitamos actuar con sentido de previsión cuando diseñamos y aprobamos las partidas presupuestales para todos y cada uno de los rubros de la administración pública, sin descuidar los recursos que hay que destinar en cuantía suficiente para atender los efectos de cualquier desastre natural. Pero esta responsabilidad no es exclusiva de la autoridad Ejecutiva, es también responsabilidad del Poder Legislativo.
Por ello la pertinencia de que contemos con una comisión especial al seno de esta soberanía que, de manera específica, se aboque a la atención de estos asuntos. Creemos que con su creación vamos a lograr que los recursos públicos que destinan las autoridades a situaciones de desastre, como es el caso de los recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales, Fonden, y del Fondo de Apoyo a Productores Afectados por Contingencias Climatológicas, Fapracc, serán canalizados con oportunidad a las poblaciones afectadas en tales situaciones de emergencia.
La comisión especial de zonas de desastres coadyuvará a que, frente a tales situaciones de emergencia que se presentan, se pueda contar con los instrumentos adecuados para evaluar y cuantificar la magnitud de los daños causados por los fenómenos naturales, y sobre todo para insistir en la simplificación de las reglas de operación y hacer posible que las partidas presupuestales destinadas a atender tales daños sean canalizadas sin intermediarismos ni burocratismos innecesarios, que sólo complican las posibilidades de una respuesta eficaz por parte de la autoridad. Asimismo, deberá abocarse también a brindar una atención pormenorizada y seguimiento adecuados a todas las fases de recuperación por los daños causados y brindar parámetros claros para que en su momento las autoridades correspondientes procedan a la declaración de "zona de desastre".
No es posible que actualmente, una vez que ha ocurrido un fenómeno natural que haya causado daños severos a poblaciones y sus infraestructuras, casi desde el momento mismo en que éste se desata las autoridades competentes en muchas de situaciones requieran de estudios de evaluación de tales impactos que pueden dilatar hasta un mes para poder proceder a llevar a cabo dicha declaratoria. Necesitamos acabar con tales trabas burocráticas y asegurarnos que los recursos públicos se canalicen en los montos adecuados con la rapidez que la situación de emergencia amerita.
Por todo lo anterior, someto a la consideración de ustedes señores legisladores, el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sea creada la comisión especial de zonas de desastre, que tendrá por objeto llevar a cabo un seguimiento puntual a las acciones de atención y respuesta de las autoridades competentes a situaciones de desastre ocurridas por fenómenos naturales y en que se vean afectadas poblaciones de todo el territorio nacional. Asimismo, la comisión especial coadyuvará con las autoridades competentes y con las organizaciones de la sociedad civil a hacer efectiva la participación comunitaria en el desarrollo de una auténtica cultura de la protección civil y de prevención de desastres naturales.
Segundo: La comisión tendrá además por objeto vigilar que los recursos públicos que las autoridades destinen para la atención de los daños causados, como es el caso del Fondo Nacional de Desastres Naturales, Fonden, y del Fondo de Apoyo a Productores Afectados por Contingencias Climatológicas, Fapracc, entre otros destinados a tales fines por las autoridades de protección civil competentes, se canalicen con prontitud a las poblaciones afectadas.
Tercero: La comisión se coordinará estrechamente con las autoridades competentes en materia de protección civil y de prevención de desastres para asegurarse de que, frente a situaciones de emergencia derivadas de fenómenos naturales como ciclones, huracanes, terremotos, inundaciones, fallas geológicas, agrietamientos, sin ser limitativa esta descripción, las poblaciones afectadas puedan tener acceso con oportunidad al mayor número de acciones de atención y de regeneración de infraestructura que se destinen para tales fines, y que no se les restrinjan los apoyos solicitados bajo el argumento de que se necesita primero evaluar la magnitud de los daños causados.
Cuarto: La comisión vigilará por que las declaratorias de "zona de desastre" que deban ser otorgadas en situaciones de emergencia por las autoridades competentes sean otorgadas con la oportunidad que dichas situaciones de emergencia reclaman.
Quinto: Que sea turnado a la Junta de Coordinación Política para que ésta se sirva preparar el acuerdo especial que crea esta comisión, señalando su objeto, duración, integración y órganos de gobierno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 42 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de septiembre de 2003.
Diputados: Sara Rocha Medina, Luis Antonio Ramírez Pineda, Julián Nazar Morales, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Laura Martínez Rivera, Carlos Jiménez Macías, Fernando Ulises Adame, Claudia Ruiz Massieu Salinas, César Amín González, Alejandro Saldaña Villaseñor, Carlos Pano Becerra, Pablo Anaya Rivera, Oscar Félix Ochoa, Armando Leyson Castro, Francisco Frías Castro, Alfredo Villegas Arreola, Raúl Pompa Victoria, Ricardo Rodríguez Rocha, Fernando de las Fuentes Hernández, Gerardo Montenegro Ibarra, Consuelo Rodríguez de Alba, Rosario Sáenz López, Jaime Fernández Saracho, Francisco Xavier Salazar, Pedro Avila Nevárez, Rosalina Mazari Espín, Arturo Robles Aguilar, Elizabeth Sotelo Ochoa, Rafael Galindo Jaime, Socorro Díaz Palacios, Emilio Zebadúa González, Agustín Rodríguez Fuentes, Martha L. Mícher Camarena, Rafael Flores Mendoza, Elpidio Tovar de la Cruz, Marcela Lagarde y de los Ríos, Daniel Ordóñez Hernández, Emilio Serrano Jiménez, Eliana García Laguna, Susana Manzanares Córdova, Lizbeth Rosas Montero, María Avila Serna, Alejandra Méndez Salorio, Jorge Kahwagi Macari, Raúl Piña Horta, Javier Orozco Gómez, Jesús González Schmal, Juan Fernando Perdomo Bueno, Esthela Ponce Beltrán, Francisco L. Monárrez Rincón, Juan Carlos Pérez Góngora, José Luis Briones Briseño, Consuelo Muro Urista, José Alberto Aguilar Iñárritu, Heliodoro Díaz Escárraga, Miguel Angel Osorio Chong, Cruz López Aguilar, Luis Antonio Ramírez Pineda, Cristina Díaz Salazar, Hilaria Domínguez Arvizu, María Elena Orantes López, Julián Nazar Morales, Guillermo del Valle Reyes, Alfonso Nava Díaz, Benjamín Sagahón Medina, Gonzalo Alemán Migliolo, Sergio Posadas Lara, José Alarcón Hernández, Juan M. Vega Rayet, José Luis Flores Hernández, José Manuel Abdala, Jesús Morales Flores, Omar Bazán, Concepción Castañeda Ortiz, Ubaldo Aguilar Flores, Filemón P. Arcos Suárez y Marco A. Torres Hernández.
(Turnada a la Junta de Coordinación Política. Octubre 21 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR AL PODER EJECUTIVO A QUE INTERVENGA EN EL JUICIO QUE SE SIGUE CONTRA EL C. ARMANDO VILLARREAL MARTA, PRESO EN EL PENAL DE CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA, PRESENTADA POR LA DIPUTADA ELIANA GARCIA LAGUNA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DEL MARTES 21 DE OCTUBRE DE 2003
Las y los suscritos, diputadas y diputados federales de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten ante este Pleno proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El 1 de septiembre, en esta máxima tribuna de la nación, el Presidente Vicente Fox Quesada negó que en su gobierno hubiera presos políticos.
La detención y sentencia de un dirigente campesino que cumple una condena de cinco años por los delitos de motín, robo calificado, amenazas cumplidas y lesiones desmienten las palabras del jefe del Poder Ejecutivo federal. Armando Villarreal Marta es, entre otros, un preso de conciencia de este gobierno.
Dos hechos objetivos nos dan la razón:
Por un lado, el delito de motín es aplicable sólo a las personas que atentan contra la seguridad del Estado, por lo que este delito reviste carácter político.
Por otro, tenemos conocimiento de reuniones del Grupo de Coordinación Interinstitucional Guardián realizadas en Chihuahua, en las que en asuntos generales se reporta que en el Cereso al ingeniero Villarreal Marta ya lo sentenciaron a cinco años de prisión, pero que como tiene acumulados varios delitos (lo cual es completamente falso, pues no existen otros delitos que se le estén imputando), aun cuando cumpliera su sentencia principal, seguiría en prisión hasta los cinco años o más.
¿Es acaso práctica de inteligencia militar hacer reportes de cada uno de los presos que se encuentran en los penales o sólo de quienes son presos por motivos políticos?
En junio de 2002, 500 campesinos tomaron la garita aduanal del municipio de Janos, Chihuahua, a 100 kilómetros de Ciudad Juárez, para exigir al Gobierno Federal que se homologaran los precios de gasolina, diesel, energía eléctrica y fertilizantes para que el sector agrícola pudiera competir con sus similares estadounidenses.
No recibieron respuesta sino la amenaza de represión. Entonces, quemaron la garita. Si el Gobierno Federal tuviera el talento y la sabiduría del gran dramaturgo español maestro Lope de Vega, habría sabido que la respuesta ante un acto de justicia colectiva es siempre: ¡Fuente ovejuna, señor! Sin embargo, la insensibilidad social del Ejecutivo federal sólo le permitía considerar que el único responsable era el dirigente principal del Comité Pro Mejoramiento del Agro Nacional, Armando Villarreal Marta.
La acción emprendida por los campesinos de Chihuahua no fue un caso aislado: a ella se sumaron actividades que campesinos de otros estados han realizado después de la entrada en vigor del Capítulo Agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
No es de extrañar entonces que, ante la apertura comercial, las desventajas que ha representado para los productores agrícolas y, sobre todo, ante la falta de respuesta del Gobierno Federal a los reclamos de renegociar el TLCAN en la búsqueda de mecanismos para enfrentar la desigualdad y la iniquidad en que los productores agrícolas mexicanos compiten con sus similares de los vecinos países del norte, principalmente con Estados Unidos, éstos realicen acciones de abierta confrontación con el sistema.
La justicia para el moribundo campo mexicano no llega, como tampoco la justicia para quienes desde diferentes trincheras luchan por mejorar las condiciones de producción agrícola. Armando Villarreal Marta es sin duda un luchador social con propuestas, incluso se le reconoce la elaboración de la iniciativa de Ley de Energía para el Campo. Ley vigente presentada en noviembre de 2001 ante la Cámara de Diputados y aprobada en diciembre de 2002 en la LVIII Legislatura, lo que demuestra que los líderes campesinos tienen ideas e iniciativas que confrontar ante las propuestas del Gobierno Federal.
En demanda de un verdadero sistema de procuración de justicia, queremos señalar que el grupo parlamentario del PRD ha cuestionado la perversión de que el Ministerio Público, dependiente del Poder Ejecutivo, tenga facultades jurisdiccionales porque esto frecuentemente significa la subordinación del sistema judicial a intereses políticos del Ejecutivo en turno.
Hasta ahora, a ese líder agrario, sentenciado a cinco años de prisión, no se ha podido demostrar la autoría material o intelectual del acto. Las irregularidades del proceso dan cuenta de la parcialidad con que se realizó todo el procedimiento en primera instancia.
Por lo antes fundado, sometemos a esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Unico. Se exhorta al Poder Judicial federal a que, en el caso del juicio en etapa de apelación contra Armando Villarreal Marta, actúe con plena independencia del Poder Ejecutivo federal y, de esa manera, se evite la contaminación de factores de carácter político en la sentencia definitiva que emita el juez respectivo.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de octubre de 2003.
Diputados: Eliana García Laguna (rúbrica), Narciso Agúndez Montaño (rúbrica), Agustín Miguel Alonso Raya (rúbrica), René Arce Islas (rúbrica), Rosa María Avilés Nájera (rúbrica), Abraham Bagdadi Estrella, Héctor Miguel Bautista López (rúbrica), Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara, Julio Boltvinik Kalinka, Clara Marina Brugada Molina (rúbrica), José Luis Cabrera Padilla (rúbrica), Víctor Manuel Camacho Solís, Nancy Cárdenas Sánchez, Francisco Javier Carrillo Soberón, Marbella Casanova Calam (rúbrica), Francisco Chavarría Valdeolivar (rúbrica), Adrián Chávez Ruiz (rúbrica), César Antonio Chávez Castillo (rúbrica), Santiago Cortés Sandoval (rúbrica), Tomás Cruz Martínez (rúbrica), Angélica de la Peña Gómez (rúbrica), Socorro Díaz Palacios (rúbrica), María Angélica Díaz del Campo (rúbrica), Horacio Duarte Olivares, Gilberto Ensástiaga Santiago (rúbrica), Luis Eduardo Espinoza Pérez (rúbrica), David Ferreira Martínez, Margarito Fierros Tano (rúbrica), Irma Sinforina Figueroa Romero (rúbrica), Rafael Flores Mendoza, Pablo Franco Hernández, Rogelio Franco Castán (rúbrica), Juan José García Ochoa, Miguelángel García-Domínguez, Iván García Solís (rúbrica), Juan García Costilla (rúbrica), Amalia Dolores García Medina, Rafael García Tinajero Pérez (rúbrica), María Elba Garfias Maldonado, Pablo Gómez Alvarez, Valentín González Bautista, María Marcela González Salas y Petriccioli (rúbrica), Ana Lilia Guillén Quiroz, Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita, Abdallán Guzmán Cruz (rúbrica), Minerva Hernández Ramos (rúbrica), María del Rosario Herrera Ascencio (rúbrica), Marcelo Herrera Herbert, Guillermo Huízar Carranza (rúbrica), María Marcela Lagarde y de los Ríos (rúbrica), J. Miguel Luna Hernández, Sergio Augusto Magaña Martínez, Susana Guillermina Manzanares Córdova (rúbrica), Javier Manzano Salazar, Jorge Martínez Ramos, Horacio Martínez Meza, Salvador Pablo Martínez Della Rocca (rúbrica), José Luis Medina Lizalde (rúbrica), Antonio Mejía Haro (rúbrica), Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), Gelacio Montiel Fuentes (rúbrica), Francisco Mora Ciprés, Marcos Morales Torres (rúbrica), María Guadalupe Morales Rubio (rúbrica), Inelvo Moreno Alvarez (rúbrica), Inti Muñoz Santini (rúbrica), Arturo Nahle García (rúbrica), José Luis Naranjo Quintana (rúbrica), Francisco Javier Obregón Espinoza (rúbrica), Daniel Ordóñez Hernández, Omar Ortega Alvarez (rúbrica), José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti, María de los Dolores Padierna Luna (rúbrica), Juan Pérez Medina (rúbrica), Cristina Portillo Ayala, Alfonso Ramírez Cuéllar (rúbrica), Bernardino Ramos Iturbide (rúbrica), Agustín Rodríguez Fuentes (rúbrica), Lizbeth Eugenia Rosas Montero (rúbrica), Javier Salinas Narváez, Rocío Sánchez Pérez (rúbrica), Francisco Javier Saucedo Pérez, Emilio Serrano Jiménez, Yadira Serrano Crespo (rúbrica), Pascual Sigala Páez, Carlos Hernán Silva Valdés, Víctor Suárez Carrera (rúbrica), Israel Tentory García, Carlos Zeferino Torreblanca Galindo (rúbrica), Edgar Torres Baltazar, Enrique Torres Cuadros (rúbrica), Elpidio Tovar de la Cruz (rúbrica), Gerardo Ulloa Pérez (rúbrica), Emilio Zebadúa González, Jazmín Elena Zepeda Burgos (rúbrica), José Mario Wong Pérez (rúbrica), Miguel Lucero Palma (rúbrica), Jorge de Jesús Castillo Cabrera (rúbrica), Jesús Aguilar Bueno (rúbrica), Alejandro González Yánez (rúbrica), Francisco Amadeo Espinosa Ramos (rúbrica), Joel Padilla Peña (rúbrica), Oscar González Yánez (rúbrica), Jesús González Schmal (rúbrica), Juan Fernando Perdomo (rúbrica), Jesús Martínez Alvarez (rúbrica).
(Turnada a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Octubre 21 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE SE DECRETE PARQUE NACIONAL LA ISLA LOBOS, SITUADA EN TUXPAN, VERACRUZ, PRESENTADA POR LA DIPUTADA JACQUELINE ARGÜELLES GUZMAN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM, EN LA SESION DEL MARTES 21 DE OCTUBRE DE 2003
Jorge Antonio Kahwagi Macari, Manuel Velasco Coello, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Alvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Avila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrimos a solicitar se turne a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados en la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Para que se decrete parque nacional la isla Lobos, que se encuentra en Tuxpan, Veracruz, con base en los siguientes
Antecedentes
La conservación de los recursos naturales en México es una de las grandes preocupaciones de todos los sectores. Para lograr los objetivos de conservación y aprovechamiento sustentable propuestos en el Plan Nacional de Desarrollo, se han instrumentado diversos programas y estrategias a nivel nacional encaminadas a salvaguardar y utilizar en forma racional los recursos naturales de nuestro país.
Uno de los ecosistemas marinos más frágiles son los arrecifes coralinos, los cuales son los sistemas más complejos y diversos del medio marino y por lo tanto requieren de grandes programas de protección para lograr su supervivencia y continuidad. Biológicamente, un arrecife coralino es una comunidad biológica que nace en el piso marino y que consta de una estructura sólida de piedra caliza lo bastante fuerte como para soportar la fuerza de las olas. Los organismos que tienen un exoesqueleto calcificado y las algas son los que dominan en la creación de los corales. La formación de un arrecife coralino depende de la asociación equilibrada de los organismos vegetales y animales, vivos y muertos.
Los arrecifes son sistemas altamente importantes cuyo valor biológico y económico es significativo. En estos ecosistemas coexisten miles de especies que representan, prácticamente, todos los grupos de organismos marinos existentes. Su diversidad es comparable a la de las selvas altas perenifolias y son, probablemente, el sistema más productivo del mundo en términos de biomasa. Incluyen, entre otros, a organismos como: esponjas, corales, poliquetos, moluscos, crustáceos, equinodermos y peces.
Como datos importantes, cabe mencionar que actualmente los arrecifes coralinos cubren un área de 2 millones de kilómetros cuadrados de mares tropicales en donde se hospeda a una de cada cuatro especies conocidas del océano. Los peces de arrecifes constituyen cerca del 10% de la pesca global, junto con los moluscos, erizos y otras especies, que sostienen de 30 a 40 millones de personas, además amortiguan las marejadas y evitan la erosión.
La importancia económica de un sitio rico en biodiversidad se manifiesta principalmente por el turismo ecológico que atrae. Esta es una buena opción económica, ya que los turistas deportivos pagan más a los pescadores por un viaje que los intermediarios por un cierto volumen de pescado. De igual forma, estas zonas son áreas de interés científico, educativo, arqueológico, histórico, cultural, escénico y de recreo. Sin embargo, su estructura y dinámica ecológica se han visto deterioradas, al punto de convertirlas en zonas de devastación, motivadas tanto por los efectos naturales como por los provocados por el hombre.
Entre los factores naturales que afectan al sistema se pueden señalar la presencia de fuertes vientos, así como de huracanes, tormentas y deslaves costeros. Los factores causados por los seres humanos son muy variados, saqueo de colonias enteras para distintas actividades como la construcción; los distintos tipos de pesca, las actividades subacuáticas, además de la explotación irracional y la falta de políticas de desarrollo turístico para evitar el rompimiento del equilibrio ecológico. Así, el manejo turístico de la zona requiere de gran vigilancia y reglas para evitar la captura de "recuerdos" y de la excesiva visita de turistas a los arrecifes, ya que estas actividades son perjudiciales para estos ecosistemas.
En aguas territoriales mexicanas, los arrecifes que se extienden desde el sur del Caribe Mexicano, llegan de manera discontinua a Yucatán, Campeche y Veracruz, se unen al Sistema Arrecifal de Belice y a su vez forman parte del Sistema Arrecifal del Caribe Occidental. En el estado de Veracruz, frente a los municipios de Veracruz, Boca del Río y Alvarado, se encuentra el Parque Nacional denominado Sistema Arrecifal Veracruzano, con una extensión total aproximada de 52,238 hectáreas y cuenta con 1.5 millas en su parte más ancha. El sistema presenta 20 arrecifes divididos en dos secciones, la del puerto y la de Antón Lizardo, que se delimitan claramente por la desembocadura del tío Jamapa en Boca del Río. Muestran marcadas diferencias entre las zonas expuestas al movimiento del oleaje (barlovento) y las zonas protegidas (sotavento), así como una diversidad intermedia.
Aunadas a este Sistema Arrecifal Veracruzano, existen una serie de islas ricas en diversidad marina y que no están consideradas dentro de un programa de manejo de explotación y conservación marino. Un claro ejemplo es la isla de Lobos, en Tuxpan, Veracruz, la cual es una de las más grandes y bellas del estado, con un territorio de 300 hectáreas y poseedora de variada fauna, donde se pueden apreciar cebras, venados y avestruces.
La sobreexplotación pesquera ha ocasionado que diversas especies como la langosta, el pulpo, el caracol y varias especies de peces se encuentren amenazadas. De igual forma, varios afluentes descargan sus aguas en la región y arrastran al mar gran cantidad de sólidos en suspensión durante época de lluvias; además, todo el año los arrecifes corren el riesgo de ser alcanzados por aguas residuales de diferentes industrias, de ingenios azucareros y de la producción petrolera.
Una de las herramientas de conservación con que cuenta nuestro país es la conformación de áreas naturales protegidas. Entre ellas, una categoría es el parque nacional, la cual es definida como el área con uno o más ecosistemas que signifiquen interés general, ya sea por su belleza escénica, su valor científico, educativo, de recreo, su valor histórico, por la existencia de flora y fauna, por su aptitud para el desarrollo del turismo o por otras razones análogas.
Las atribuciones de los parques nacionales están expuestas dentro de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), en sus artículos 50 y 51, los cuales establecen que:
Punto de Acuerdo
Unico.- Exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que realice los estudios y trámites necesarios para decretar la isla Lobos como parque nacional.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 21 de octubre de 2003.
Diputados: Jorge A. Kahwagi Macari (rúbrica), coordinador; Manuel Velasco Coello (rúbrica), vicecoordinador; Alejandro Agundis Arias (rúbrica), Francisco Xavier Alvarado Villazón (rúbrica), Leonardo Alvarez Romo (rúbrica), Jacqueline Argüelles Guzmán (rúbrica), María Avila Serna (rúbrica), Fernando Espino Arévalo (rúbrica), Maximino Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán, Jorge Legorreta Ordorica (rúbrica), Julio Horacio Lujambio Moreno (rúbrica), Alejandra Méndez Salorio (rúbrica), Cuauhtémoc Ochoa Fernández (rúbrica), Javier Orozco Gómez (rúbrica), Raúl Piña Horta (rúbrica).
(Turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Octubre 21 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE SOLICITAR A LOS RESPONSABLES EN EL GOBIERNO FEDERAL QUE REVISEN CON LA MAYOR BREVEDAD Y EFECTUEN UN REPLANTEAMIENTO URGENTE DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA AGILIZAR LA FLUIDEZ DE RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DE DESASTRES NATURALES, PRESENTADA POR LA DIPUTADA MARIA CRISTINA DIAZ SALAZAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA SESION DEL MARTES 21 DE OCTUBRE DE 2003
Con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presento ante esta honorable asamblea una proposición con punto de acuerdo.
Alzo la voz por aquellos millones de mexicanos que se han visto afectados en su vida por los fenómenos meteorológicos, que han incidido en nuestro país con graves consecuencias, afectando a más de 14 estados y más de 200 municipios de nuestra República, dejando a su paso daños aún no cuantificados en viviendas, tierras de cultivo e infraestructura y, en consecuencia, miles de ciudadanos damnificados.
Considerando
Que mi partido, el Revolucionario Institucional, presentó una iniciativa en el Senado de la República para crear el Fondo de Prevención de Desastres Naturales, el cual fue aprobado en ésta H. Cámara el 22 de abril pasado, habiéndose publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de junio del presente. Desde esta tribuna hago un exigente llamado a las autoridades para que diseñen una estrategia que verdaderamente responda y combata los problemas que a últimas fechas se han presentando por las contingencias meteorológicas, y que la creación y la instalación del Fondo de Prevención de Desastres Naturales sea oportunamente aplicado sin dejar a una lado que los trámites administrativos sean sencillos y ágiles para lograr que este apoyo se refleje inmediatamente en entidades federales, estados, municipios y comunidades de este país. Manifestamos enérgicamente que se vigile que no se convierta éste en un laberinto lleno de enredos burocráticos como lo ha sido hasta el día de hoy el tan socorrido Fonden, que ante situaciones de catástrofe actúa con lentitud, retrasando la fluidez de recursos, agravando más el problema, de por sí serio y de fatales consecuencias.
No perdamos de vista que la prevención nos ayudará a la reducción del impacto de los efectos causados por desastres naturales, en términos de costo beneficio a mediano y largo plazos, representando un menor costo, en comparación con los elevados gastos que implica la atención de los desastres.
Por lo antes mencionado, exijo que se revisen con detenimiento los trámites publicados para acceder al Fopreden, pues no obstante que se trata de un asunto de extrema urgencia, se convierte en un listado de requisitos casi imposibles de cubrir en el corto tiempo que marca el procedimiento para la solicitud de apoyo de dicho fondo, señalado de enero a marzo, y de no cumplir con lo requerido se da por no presentada la mencionada solicitud, y cabe la pregunta:
¿De ser aceptada la petición dentro del plazo que resta, o sea, abril y mayo, habrá la capacidad para efectuar obras o acciones de protección para las zonas de alto riesgo, donde se asienta la población más desprotegida, antes que vuelva a llegar la temporada en que nuestro territorio se ve afectado por un mayor número de fenómenos meteorológicos?
Punto de Acuerdo
Unico.- Por lo anterior solicito a las autoridades correspondientes no actuar con negligencia para evitar agravar más la deteriorada calidad de vida de los afectados, eficientando ambos programas: el Fonden y el Fopreden, y que revisen con la mayor brevedad y efectúen un replanteamiento para agilizar la fluidez de los recursos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de octubre de 2003.
Dip. Cristina Díaz Salazar (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Gobernación. Octubre 21 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA BENEFICIAR A LOS DERECHOHABIENTES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL EN LA DELEGACION GUSTAVO A. MADERO, DISTRITO FEDERAL, CON LA CONSTRUCCION DE UNA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR EN LA AVENIDA CHALMA-LA VILLA, PRESENTADA POR EL DIPUTADO MARCOS MORALES TORRES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DEL MARTES 21 DE OCTUBRE DE 2003
El que suscribe, diputado Marcos Morales Torres, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, conforme a los siguientes
Considerandos
A escala internacional, el derecho a la salud se encuentra establecido en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, suscrito y ratificado por nuestro país el 23 de marzo de 1981. El punto 12 de la Observación General número 14, que interpreta el contenido del artículo citado y que fue presentado en la sesión ordinaria del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de Naciones Unidas el 11 de agosto de 2000, indica que el derecho a la salud debe tener las siguientes características: disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad.
Esto es, debe contarse con un número suficiente de establecimientos, bienes y servicios públicos de salud y éstos deben encontrarse geográficamente cercanos a la población, prestarse sin discriminación y presentar calidad en el servicio.
Aún más, el punto 52 del instrumento citado considera violaciones del derecho a la salud los gastos insuficientes o la asignación inadecuada de recursos públicos para tal fin.
Por otra parte, el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el derecho a la protección de la salud y la Ley General de Salud, reglamentaria del citado artículo, señala en su artículo 2°, fracción V, que entre las finalidades de la protección de ese derecho fundamental está el disfrute de los servicios de salud y asistencia social que satisfagan de manera eficaz y oportuna las necesidades de la población.
Por todo lo anterior, resulta evidente que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), como organismo público y parte integrante del sistema nacional de salud, tiene la obligación de cumplir las disposiciones mencionadas.
Como labor fundamental hacia el cumplimiento de esa responsabilidad, el artículo 251, fracción VI de la Ley del Seguro Social dispone que el IMSS tiene entre sus facultades y atribuciones la de establecer unidades médicas para el cumplimiento de los fines que le son propios.
En ese tenor, la falta de infraestructura médica es un problema que afecta todo el país, incluida la Ciudad de México. De acuerdo con el Censo General de Población y Vivienda de 2000, la delegación Gustavo A. Madero cuenta con poco más de 1,259,000 habitantes, lo que la convierte en la segunda demarcación más poblada del Distrito Federal, pues concentra 14.36 por ciento de la población total de la entidad.
En ella se advierte una evidente fragmentación territorial en tres zonas: Cuautepec, que tiene una población de alrededor de 300,000 habitantes, Bosques de Aragón y La Villa. De las tres, Cuautepec presenta las mayores necesidades de atención médica, debido a que en ella habita gran núcleo de población derechohabiente: obreros, empleados, profesionistas, etcétera.
De ahí que las carencias de infraestructura médica hayan obligado al IMSS a que, para dar atención a los habitantes de la zona, los envíe a unidades muy alejadas. Debido a ello, gran número de derechohabientes es obligado a acudir a clínicas situadas fuera de su entorno habitacional.
En la avenida Chalma-La Villa, situada en esa demarcación, hay un predio del IMSS donde desde 1975 éste afirmó que construirá la Unidad de Medicina Familiar (UMF) e incluso colocó el letrero indicativo de ello (Anexo 1).
El terreno de referencia tiene una superficie aproximada de 3,000 metros cuadrados, abundando en que por esa razón desde aquel entonces derechohabientes de Cuautepec se han dirigido reiteradamente a las autoridades para solicitar que el servicio de consulta familiar se les proporcione en su localidad.
De acuerdo con estudios técnicos del propio instituto en función de la demanda, con la construcción de esa UMF se daría servicio a más de 100,000 habitantes de la zona que son derechohabientes del IMSS y que actualmente se ven obligados a acudir a unidades situadas en puntos lejanos y de difícil acceso para ellos, como se observa en el mapa señalado en el Anexo 2.
Por ejemplo, la UMF número 20, situada en la calzada Vallejo 675, Col. Nueva Vallejo; la UMF 44, de avenida Plan de San Luis 20 esquina La Salle, barrio La Purísima Ticomán; la UMF 41, de avenida Colector 15 s/n, esquina Río Bamba, Col. Calputitlán; e incluso a la UMF 64, de Tlalnepantla, México, pero las tres se encuentran saturadas y además implican enormes tiempos de traslado en transporte público de hasta una hora y media de recorrido en promedio para quienes se ven obligados a recurrir al servicio de consulta externa, entre ellos adultos mayores y mujeres que llevan varios hijos.
Además del tiempo, debe considerarse el costo que tienen que pagar las familias de bajos ingresos para trasladarse, lo que merma aún más su ya de por sí exigua economía.
Por ejemplo, en la UMF 20 se atiende a casi 63,000 derechohabientes de la zona, adscritos a 10 consultorios en turnos matutino y vespertino. La población adscrita por médico familiar rebasa 3,000 derechohabientes en el turno matutino y 2,800 en el vespertino, enfatizando que el promedio de traslado en transporte público desde la comunidad de Cuautepec a la UMF 20 es de 90 minutos.
Lo mismo ocurre con la UMF número 44, a la que están adscritos 28,000 derechohabientes de la zona, lo que representa 40 por ciento del total de la población de esa unidad. La población por médico familiar rebasa el indicador óptimo y se ubica en 2,800 derechohabientes.
De tal forma y de acuerdo con lo señalado, queda claro que la construcción de esa obra es prioritaria por razones de salud -ya desde hace más de 27 años- para un enorme número de habitantes de la zona norte de la Ciudad de México, pero no ha podido concretarse debido a que hasta ahora la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la ha excluido sistemáticamente del proyecto de Presupuesto de Egresos que presenta cada año a la H. Cámara de Diputados.
Por tanto, es necesario que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados realice los ajustes pertinentes para posibilitar que esa obra inicie su construcción cuanto antes, en beneficio de un núcleo de más de 100 mil derechohabientes del IMSS de la delegación Gustavo A. Madero residente en Cuautepec y que requieren con urgencia servicios médicos de calidad, de fácil accesibilidad.
Desde 1975, el IMSS determinó que esa UMF es necesaria para atender a los derechohabientes de Cuautepec y desde ese año tiene proyectada la construcción de la obra que, por circunstancias ajenas al propio instituto, no se ha realizado, habida cuenta de que, como se mencionó, ya tiene el terreno para su instalación.
Asimismo, es importante mencionar que, de acuerdo con los datos disponibles en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del año 2002, el IMSS llevó a cabo durante ese año la construcción de nuevas UMF de 10 consultorios en diversas regiones del país, como la que se planea construir en Cuautepec, con un costo aproximado de 60 millones de pesos (Anexo 3).
Por lo expuesto, someto a consideración de este Pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Unico. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados que, en su dictamen con proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004, incluya una partida de 60 millones de pesos cuyo uso específico sea para construir la UMF del IMSS en Cuautepec, en el terreno que desde 1975 se tiene destinado para ello, en la avenida Chalma-La Villa, delegación Gustavo A. Madero, Distrito Federal.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 21 días del mes de octubre de 2003.
Dip. Marcos Morales Torres (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Seguridad Social. Octubre 21 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE EXHORTAR AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A QUE ADOPTE LAS MEDIDAS NECESARIAS A EFECTO DE OTORGAR TARIFAS ELECTRICAS PREFERENCIALES SIN FACTOR DE INDEXACION PARA CONSUMOS DOMESTICO, COMERCIAL, INDUSTRIAL Y DEL CAMPO EN CAMPECHE, TABASCO, YUCATAN, QUINTANA ROO Y CHIAPAS, QUE FORMAN LA FRONTERA SUR, PRESENTADA POR EL DIPUTADO CARLOS OSVALDO PANO BECERRA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA SESION DEL MARTES 21 DE OCTUBRE DE 2003
Los suscritos, diputados federales integrantes de la LIX Legislatura, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan ante esta honorable asamblea una proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal a adoptar las medidas necesarias a efecto de otorgar tarifas eléctricas preferenciales sin factor de indexación para el consumo doméstico, comercial, industrial y del campo, para los estados de Campeche, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo y Chiapas, que conforman la frontera sur, más los estados de Veracruz y Oaxaca, bajo los antecedentes y consideraciones siguientes.
Antecedentes
Los estados de Campeche, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo y Chiapas, de la frontera sur, más los estados de Veracruz y Oaxaca cuentan con 16 centrales y 56 unidades hidroeléctricas, 6 centrales y 19 unidades de vapor, 7 centrales y 14 unidades de turbogás, 1 central y 3 unidades de combustión interna, 2 centrales y 9 unidades de ciclo combinado, 1 central y 7 unidades eoloelécticas, 1 central y 2 unidades nucleoléctricas; generadoras de energía eléctrica con una capacidad efectiva de 9,361 megawatts.
El 53% de producción de energía eléctrica a nivel nacional, bajo el sistema hidroeléctrico, es producido en estos estados de la frontera sur, precisamente en Chiapas, con un total de producción de 17,342 gigawatts. Esta aportación energética al país le permite a la Comisión Federal de Electricidad contar con la capacidad necesaria, junto con la demás producción aportada por el resto de sus plantas generadoras, para cumplir los requerimientos de los usuarios del territorio nacional y de la planta productiva que mueve la economía, situación que le otorga a la empresa paraestatal certidumbre real de abastecimiento para sus consumidores.
Consideraciones
Las entidades que conforman la frontera sur, Campeche, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo y Chiapas, más los estados de Veracruz y Oaxaca, le han entregado a México miles de hectáreas de sus mejores tierras, sus aguas y hasta su certidumbre y estabilidad agraria, para la construcción de las presas hidroeléctricas (las más importantes del país), plantas de vapor, turbogás, combustión interna, ciclo combinado, por lo que sus habitantes esperan del Gobierno Federal recursos, señales de apoyo y responsabilidad de los diputados para que aprueben medidas que les permitan transitar hacia un desarrollo sustentable, sostenido y progresivo.
Aprobar las tarifas eléctricas preferenciales sin factor de indexación para la frontera sur, más los estados de Veracruz y Oaxaca, es reconsiderar la aportación que nuestros estados le han entregado a la Federación en cuanto a sus recursos naturales, transformada en energía eléctrica, esto le ha permitido a la Comisión Federal de Electricidad la oportunidad de contar con un alto ingreso producto de la generación de energía eléctrica, derivado de ese potencial natural de los estados del sur.
Esto emana de la obligación del Estado mexicano, como firmante del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículos 2° y 3°) y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (artículo 15), de no sólo generar condiciones de desarrollo en la utilización de los recursos naturales que se extraigan de la región, sino también tiene la obligación de generar mecanismos de compensación por la utilización y aprovechamientos de dichos recursos.
Esta aportación energética debe traer beneficios considerables a la población de nuestros estados, teniendo tarifas eléctricas adecuadas a la realidad social, política y económica de la población. Por el contrario, los altos cobros en el consumo de energía han obligado a que miles de familias de esa zona del sur, sobre todo chiapanecas, de por lo menos 70 municipios de los 118 existentes de mi estado, hayan entablado demanda judicial masiva en contra de la Comisión Federal de Electricidad, utilizando la instancia de la Procuraduría Federal del Consumidor, donde el organismo público ha ocupado el primer lugar en demandas en su contra en el ámbito estatal de los últimos años, por lo que la Comisión Federal de Electricidad y el Gobierno Federal no han sido congruentes en sus políticas públicas al no dar apoyos reales a la población de nuestros estados, con grandes rezagos y carentes de alternativas pertinentes para alcanzar el nivel de vida adecuado y el desarrollo progresivo, obligaciones del Estado mexicano, en virtud de los tratados internacionales en materia de derechos humanos.
Dado que el 92% de los usuarios de energía eléctrica se ubican dentro del sector doméstico, consumiendo el 51% del total de la energía eléctrica, es necesario implementar mecanismos que sustituyan el rango actual tarifario de los diversos sectores y así poder hacerle frente con equidad y justicia a las condiciones que prevalecen en estas entidades.
Por lo anterior, a estas entidades debe otorgárseles las mismas condiciones, mecanismos y compensaciones similares a las que tienen los estados del norte; dando cabida a iniciativas que fortalezcan los programas orientados al rescate de la justicia social y a su economía, evitando con ello el proceso de discriminación que se ha venido padeciendo; como los aplicados por la Comisión Federal de Electricidad en tarifas que en nada contribuyen al fortalecimiento del desarrollo, sino a hundir a nuestros estados en la miseria.
La Comisión Federal de Electricidad, por su parte, debe considerar estos estados como una región productora, para que con ello se obtengan tarifas equitativas y justas, tomando en consideración su aportación a la Federación en generación de energía eléctrica y su situación económica, social y cultural.
A estas zonas hay que considerarlas como entidades con problemas de seguridad nacional, por el alto índice de marginación, migración, diferencias étnicas, políticas y por la crisis económica que generan descontento social. En consecuencia es necesario que se destinen mayores recursos federales como parte de un rescate integral, antes de que las condiciones sean más difíciles para la Federación.
Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de alcanzar el beneficio para con nuestros hermanos y sus familias en los estados de Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Chiapas, más los estados de Veracruz y Oaxaca, pongo a consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero.- Esta honorable Cámara de Diputados se pronuncie a favor de tarifas eléctricas preferenciales sin factor de indexación para el consumo doméstico, comercial, industrial y del campo, en los estados de Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Chiapas, más los estados de Veracruz y Oaxaca.
Segundo.- Esta honorable Cámara de Diputados hace un exhorto al jefe del Poder Ejecutivo federal a que, en el ámbito de sus atribuciones, dicte de inmediato instrucciones a los secretarios de Energía, de Hacienda y Crédito Público, de Economía, y de Desarrollo Social a fin de que en el marco de su competencia, contribuyan a implantar medidas necesarias para que en los estados de Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Chiapas, más los estados de Veracruz y Oaxaca, se les considere con tarifas eléctricas preferenciales sin factor de indexación para el consumo doméstico, comercial, industrial y del campo.
Palacio Legislativo, a 21 de octubre de 2003.
Diputados: Sofía Castro Ríos (rúbrica), Lino Celaya Luria (rúbrica), Elpidio Concha Arellano, Eliodoro Díaz Escárraga (rúbrica), Jesús Díaz Ortega (rúbrica), Jorge Franco Vargas (rúbrica), Teófilo García Corpus (rúbrica), José Guzmán Santos (rúbrica), Eviel Pérez Magaña (rúbrica), Luis Ramírez Pineda, Héctor Ramírez Puga Leyva, Gonzalo Ruiz Cerón (rúbrica), Jacobo Sánchez López (rúbrica), Paulo Tapia Palacios (rúbrica), Enrique Ariel Escalante Arceo (rúbrica), Carmen Guadalupe Fonz Sáenz (rúbrica), Rafael Alejandro Moreno Cárdenas (rúbrica), Oscar Rodríguez Cabrera (rúbrica), Félix Arturo González Canto, Víctor Manuel Alcérreca Sánchez (rúbrica), Angel Augusto Buendía Tirado (rúbrica), Francisco Herrera León (rúbrica), César Amín González Orantes (rúbrica), Belisario Iram Herrera Solís (rúbrica), Sonia Rincón Chanona (rúbrica), Sami David David, Carlos O. Pano Becerra (rúbrica), Jorge Baldemar Utrilla Robles (rúbrica), María Elena Orantes López (rúbrica), Juan Antonio Gordillo Reyes (rúbrica), Julián Nazar Morales, Florencio Collazo Gómez, Roberto Aquiles Aguilar Hernández (rúbrica), Francisco Grajales Palacios (rúbrica), Mario Carlos Culebro Velasco, Luis Felipe Madrigal Hernández (rúbrica), Ady García López, Rogelio Rodríguez Javier (rúbrica), Carlos Manuel Rovirosa Ramírez (rúbrica), Amalín Yabur Elías, Eugenio Mier y Concha Campos (rúbrica), Ivonne Aracelly Ortega Pacheco (rúbrica), Angel Paulino Canul Pacab (rúbrica), Roger David Alcocer García (rúbrica), Yolanda Guadalupe Valladares Valle, Sebastián Calderón Centeno, Janette Ovando Reazola, Francisco Antonio Rojas Toledo, Irene Herminia Blanco Becerra, Francisco Xavier López Mena, Lucio Galileo Lastra Marín, José Antonio Pablo de la Vega Asmitia, María Beatriz Zavala Peniche, Alfredo Rodríguez y Pacheco, Virginia Yleana Baeza Estrella, José Orlando Pérez Moguel, Abraham Bagdadi Estrella, Emilio Zebadúa González, César Antonio Chávez Castillo, Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita, Marbella Casanova Calam, Francisco Amadeo Espinosa Ramos, Manuel Velasco Coello (rúbrica).
(Turnada a la Comisión de Comercio. Octubre 21 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE LA CAMARA DE DIPUTADOS EXHORTE AL GOBERNADOR Y AL CONGRESO DE JALISCO A TRAMITAR Y CUMPLIR SUS OBLIGACIONES A FIN DE CUBRIR EL ADEUDO PRODUCTO DEL FRAUDE REALIZADO CONTRA LOS AHORRADORES DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA, CON LA FIRMA DEL CONVENIO ANTE EL FIDEICOMISO PARA LA LIQUIDACION DE LOS AHORRADORES DE LAS CAJAS DE AHORRO, ENCAMINADO AL PAGO POR LOS GOBIERNOS FEDERAL Y ESTATAL, PRESENTADA POR EL DIPUTADO HUGO RODRIGUEZ DIAZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA SESION DEL MARTES 21 DE OCTUBRE DE 2003
El suscrito, diputado Hugo Rodríguez Díaz, miembro de la actual LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en uso de las facultades y atribuciones señaladas en los artículos 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás relativos y aplicables, acudo ante ésta, la más alta tribuna política de la nación, a presentar esta propuesta de punto de acuerdo para lo cual hago de su conocimiento las siguientes
Consideraciones
1. La Ley que Crea el Fideicomiso que Administra el Fondo Para e1 Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2000, se aprobó tras analizar la problemática que a nivel nacional se creó con el fraude cometido a las cajas de ahorro instaladas en el país.
2. Actualmente, en el estado de Jalisco quedan aproximadamente 30 mil ahorradores defraudados de distintas sociedades de ahorro y préstamo que no han visto el beneficio de la ley antes mencionada.
3. Durante los meses que han transcurrido del año en curso, estos ahorradores han solicitado frecuentemente su derecho en un sinnúmero de veces y los funcionarios del gobierno del estado, incluido el titular del Ejecutivo jaliscience, de quien sólo se ha obtenido como respuesta la negativa al cumplimiento de la ley en mención.
4. Al existir la total negativa por parte del gobierno de Jalisco, la mayoría de los ahorradores defraudados se encuentran actualmente afectados de su salud, incluso en fase terminal y todos desesperados, molestos, sin saber qué hacer para poder recuperar lo que tanto esta H. Cámara de Diputados como el Senado de la República aprobaron y el Ejecutivo federal ordenó cumplir. Cabe señalar que muchos de los ahorradores son personas de la tercera edad y que como jefes de familia, con gran interés esperan que se les cumpla con la recuperación de su patrimonio defraudado.
5. Como hemos visto con otros grupos de personas que han acudido a este Palacio Legislativo, sería muy penoso que tengamos aquí grupos de ahorradores de la tercera edad solicitando, exigiendo el apoyo de nosotros a fin de ser atendidos, dado que ya no tienen a quién acudir y mucho menos en quién confiar, puesto que consideran que el trabajo legislativo de esta Cámara y del Senado, así como lo ordenado por el Ejecutivo federal ni tiene valor alguno ni es respetado por las entidades federativas, por lo que los ahorradores defraudados ignoran qué hacer para que el decreto promulgado por el Poder Legislativo y cuya publicación y orden de cumplimiento fue realizada por el Ejecutivo federal se cumpla tal y como se ordena en esa ley a fin de que se les cubra su patrimonio defraudado.
6. Así las cosas, los ahorradores defraudados se sienten engañados y agraviados simple y sencillamente porque, para el caso que hoy pongo a consideración de esta asamblea, el Gobierno de Jalisco, si bien es cierto que realizó los trámites ante el fideicomiso autorizado para el pago con la aprobación desde el 20 de mayo del año en curso por parte del Comité Técnico para liquidar a los primeros 5,200 ahorradores que pertenecen a 7 distintas sociedades de ahorro y préstamo; sin embargo, en forma irresponsable el gobierno de Jalisco, hasta la fecha, ni ha firmado el convenio, ni mucho menos ha cumplido con la aportación económica que por orden de la ley federal de la materia le corresponde.
7. En esas condiciones, los 5,200 ahorradores defraudados antes mencionados tienen ya 3 años con 10 meses que perdieron su patrimonio y que se encuentran al borde de ocasionar problemas fuera de control de los poderes de gobierno, lo que hace urgente su atención basada en la ley y la justicia.
8. Como ejemplo de cumplimiento de la Ley Federal de Protección a los Ahorradores, encontramos a gobiernos estatales como son los de Aguascalientes, Tlaxcala, Sonora y Zacatecas, que han firmado el convenio de pago y fideicomiso y, sobre todo, pagado a los ahorradores defraudados, además de otros más que se encuentran en trámites ya muy adelantados para cumplir con una obligación moral, legal y justa.
En atención a las consideraciones antes mencionadas en esta tribuna, pongo a su consideración, para ser aprobado el siguiente
Punto de Acuerdo
Unico. Esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al ciudadano gobernador del estado de Jalisco, así como a la honorable Cámara de Diputados del estado de Jalisco, a llevar a cabo la tramitación y cumplimiento de sus obligaciones encaminadas a cubrir los adeudos producto del fraude realizado a los ahorradores de Jalisco con la firma del convenio ante el fideicomiso para la liquidación de los ahorradores defraudados de las caja de ahorro encaminados al pago por parte de los gobiernos Federal y del estado de Jalisco.
Dip. Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Octubre 21 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR A LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES QUE CONCLUYA LOS TRAMOS CARRETEROS SILTEPEC-ANGEL ALBINO CORZO (54 KILOMETROS) Y MOTOZINTLA-NIQUIVIL-PAVENCUL (48 KILOMETROS), EN CHIAPAS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO BELIZARIO IRAM HERRERA SOLIS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA SESION DEL MARTES 21 DE OCTUBRE DE 2003
El que suscribe, diputado federal Belizario Iram Herrera Solís, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LIX Legislatura, con fundamento en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 58 y 59 del Reglamento Interior, somete a la consideración de esta honorable asamblea punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que concluya los tramos carreteros Siltepec-Angel Albino Corzo (54 kilómetros) y Motozintla-Niquivil-Pavencul (48 kilómetros), en Chiapas, conforme a las siguientes
Consideraciones
La construcción y el mantenimiento de la infraestructura carretera constituyen un pilar fundamental en el desarrollo de toda actividad económica. Sin embargo, hemos sido testigos de las limitaciones de recursos públicos para satisfacer oportunamente las necesidades de inversión en el ramo.
Por ello, resulta obligado que las diversas dependencias encargadas de realizar las obras de infraestructura carretera obtengan y manejen los recursos de manera eficiente y suficiente, cumpliendo así sus programas.
Chiapas tiene necesidad de consolidar su infraestructura carretera, pues no hay que olvidar que la falta de este rubro ha contribuido a muchos de los problemas sociales y económicos que hoy se viven en el estado, debido al aislamiento de muchas comunidades y poblaciones. Subrayemos que esa región serrana es la más pobre de las pobres de Chiapas y puede ser el mejor caldo de cultivo de levantamientos sociales.
Por lo anterior es menester concluir las obras de los tramos carreteros Siltepec-Angel Albino Corzo y Motozintla-Niquivil-Pavencul, que contribuirán a la promoción de inversiones productivas y turísticas y, principalmente, la comercialización de productos agrícolas y manufacturados, como el café, el frijol, el maíz y demás productos del campo de las diversas comunidades y regiones del estado.
Por ser ésta una región eminentemente cafetalera, enclavada en la Sierra Madre del Sur, esta vía de comunicación permitiría mayor y pronto acceso a las ciudades, donde sus productos podrían ser considerados a mejores precios y así obtener la oportunidad de mayores beneficios en el mercado.
Todos los chiapanecos trabajamos para crear carreteras en Chiapas, ya que esos caminos nos servirán para abrir horizontes de justicia, de combate de la pobreza y de oportunidades productivas para todos.
Al referirnos a esas carreteras, cabe mencionar que gran parte del avance que tuvieron en su construcción se ha deteriorado con el tiempo, una por no haberse concluido y otra porque nunca ha existido mantenimiento de lo ya avanzado. Su deterioro es más costoso a la Federación y, por ende, al pueblo mediante los impuestos.
Esa vía de comunicación nos permitiría abatir un rezago social que padece esa zona del estado, al comunicar los ejidos Honduras, Pablo Galeana, Santa Isabel Sija, Capitán Luis Vidal, Cruz de Piedra, Angel Díaz y Las Delicias, los cuales estarían conectados a la infraestructura carretera nacional, siendo beneficiadas 140 comunidades y 45,000 habitantes de la región.
Quiero subrayar que en esa zona serrana de Chiapas se cuenta con un nicho ecológico de excelencia, el cual permite que haya cafetales que producen uno de los granos más calificados en el mundo por estar enclavados en la biosfera de El Triunfo, con producción de 400,000 quintales por cosecha, los cuales serían transportados con mayor agilidad y oportunidad a los mercados de este grano.
Con eso se lograría el abatimiento de costos y, en consecuencia, se tendría un mejor costo-beneficio para los productores directos del aromático.
Quiero aclarar que esos tramos carreteros ya se encontraban programados dentro de los proyectos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes desde 1997, pero a la fecha no se ha visto un avance que lleve a la conclusión de las obras.
Por ello y por las consideraciones anteriores, el suscrito, diputado federal en la LIX Legislatura, somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que concluya la construcción de los tramos Carreteros Siltepec-Angel Albino Corzo (54 kilómetros) y Motozintla-Niquivil-Pavencul (48 kilómetros).
Segundo. En caso de no existir presupuesto para terminar esas obras, solicitamos que se incluya en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004.
Diputados: Jorge Baldemar Utrilla Robles, María Elena Orantes López, Juan Antonio Gordillo Reyes, Julián Nazar Morales, Florencio Collazo Gómez, Roberto A. Aguilar Hernández, Francisco Grajales Palacios, Mario Carlos Culebro Velasco, César Amín González Orantes, Carlos Osvaldo Pano Becerra, Sonia Rincón Chanona, Sami David David, Belizario Iram Herrera Solís, Rubén Mendoza Ayala, Janette Ovando Reazola, Manuel Velasco Coello, Luis Antonio González Roldán, Raúl Piña Horta, Francisco Amadeo Espinosa Ramos, Alejandro González Yánez, Pedro Vázquez González, Joel Padilla Peña, Emilio Zebadúa González, Rogelio Franco Castán, Marcelo Herrera Herbert, Marbella Casanova Calam (rúbricas).
(Turnada a las Comisiones de Comunicaciones, y de Transportes. Octubre 21 de 2003.)
DE LA COMISION DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, CON DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO SEGUNDO TRANSITORIO A LOS ARTICULOS 30, 32 Y 37 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL VEINTE DE MARZO DE 1997
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, le fueron turnadas para su estudio y dictamen las Iniciativas y Minuta siguientes:
II. La Minuta Proyecto de Decreto por el que se Reforma el artículo Segundo Transitorio a los Artículos 30, 32 y 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de marzo de 1997, que remite la H. Cámara de Senadores y;
III. Iniciativa del Honorable Congreso del Estado de Michoacán, por la que se reforma el artículo segundo transitorio del diverso que reforma los artículos 30, 32 y 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 20 de marzo de 1997.
DICTAMEN
I. Proceso Legislativo.
A) En sesión celebrada el 18 de febrero del presente año, el pleno de la Quincuagésima Sexta Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, mediante acuerdo económico 874/03 aprobó remitir al Honorable Congreso de la Unión la Iniciativa de Ley que deroga el artículo segundo transitorio de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que modificó los artículos 30, 32 y 37, publicado en el Diario Oficial de la Federacón de fecha 20 de marzo de 1997.
En sesión de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión celebrada el 5 de marzo del año en curso, se dio cuenta del oficio DPL 1692-LVI de fecha 18 de febrero del año 2003 por el que el Honorable Congreso del Estado de Jalisco remitió a esa Alta Tribuna la iniciativa mencionada, habiéndo determinado, la Comisión Permanente, que la referida Iniciativa fuera turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.
En la Comisión de Puntos Constitucionales, se recibió el oficio D.G.P.L. 58-II-4-1489 de fecha 5 de marzo del presente año por el que comunicaron la determinación del Pleno de la Comisión Permanente y anexaron la iniciativa que se describe, de la que se dio cuenta a la Comisión de Puntos Constitucionales en su sesión de fecha 20 de octubre de este año, en la que existió el quórum requerido para sesionar, determinándose fuera sometida a consideración de esta Soberanía mediante el dictamen que se presenta.
B) En sesión celebrada en fecha 25 de marzo de 2003 por la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Población y Desarrollo, presentaron el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo Segundo Transitorio de los artículos 30, 32 y 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de marzo de 1997. En la precitada sesión, el Pleno de la H. Cámara de Senadores discutió y aprobó el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo Segundo Transitorio a los artículos 30, 32 y 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de marzo de 1997.
Con fecha 25 de marzo de 2003, la H. Cámara de Senadores envió a la H. Cámara de Diputados la Minuta que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo Segundo Transitorio a los artículos 30, 32 y 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de marzo de 1997.
En sesión celebrada el 27 de marzo de 2003, la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, turnó esta Minuta a la Comisión de Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen.
En sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales, celebrada el 24 de abril de 2003, se dio trámite de recibo correspondiente a la minuta materia de este apartado y existiendo el quórum reglamentario, fue aprobado el presente dictamen, por lo que se ordenó ponerlo a consideración de esta Soberanía para su discusión y resolución constitucional, determinación que, en la sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales de la LIX Legislatura, realizada el 20 de octubre el año en curso y existiendo el quórum requerido para sesionar válidamente se indicó que, en calidad de dictamen, se elevara a consideración de este Pleno.
C) El Honorable Congreso del Estado de Michoacán, en su sesión celebrada el 12 de marzo del año en curso, aprobó el acuerdo por el que se determinó presentar ante la Honorable Cámara de Diputados la iniciativa de decreto, mediante el cual se reforma el artículo segundo transitorio del decreto número 82 aprobado el 5 de marzo de 1997 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de marzo de 1997, mediante el cual se reformó, entre otros, el apartado A), el apartado B) se recorre y pasa a ser el C), se agrega un nuevo apartado B), se reforma la fracción I y se agrega un último párrafo al nuevo apartado C) del artículo 37 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos.
Dicho acuerdo fue comunicado a esta Honorable Cámara de Diputados durante su LVIII Legislatura mediante oficio 515-A de fecha 12 de marzo del mismo año, del que se dio cuenta al Pleno en su sesión del día 1° de abril del año en curso, determinándose que se turnara a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Recibido el turno en la Comisión de Puntos Constitucionales en su sesión celebrada el 20 de octubre de 2003, existiendo quórum, se sometió a consideración de los integrantes de la misma este proyecto de dictamen, y habiéndose autorizado se ordenó se elevara a la consideración de esta Soberanía.
II. Materia de la Minuta.
Las Iniciativas descritas y la Minuta motivo del presente dictamen proponen la derogación o reformas al "Decreto por el que se reforma el Artículo Segundo transitorio a los artículos 30, 32 y 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de marzo de 1997.
El texto vigente del Artículo Segundo Transitorio mencionado dispone: "Quienes hayan perdido su nacionalidad mexicana por nacimiento, por haber adquirido voluntariamente una nacionalidad extranjera y si se encuentran en pleno goce de sus derechos, podrán beneficiarse de lo dispuesto en el artículo 37, apartado A Constitucional, reformado por virtud del presente decreto, previa solicitud que hagan a la Secretaría de Relaciones Exteriores, dentro de los cinco años siguientes a la citada fecha de entrada en vigor del presente".
En esencia, las iniciativas referidas y la Minuta proponen la correspondiente reforma con objeto de que el beneficio que contempla la disposición citada sea permanente y no quedara limitado a los cinco años que se determinaron al momento de la emisión del decreto, cuya reforma se pretende.
Se argumenta que hace algunos años el Ejecutivo Federal inició Programas de Naturalización y de trámite de la nacionalidad de los mexicanos que viven en el extranjero, predominantemente en los Estados Unidos de América, haciendo una campaña a fin de que los probables interesados pudieran conocer a detalle los requisitos a través de los cuales se pueden recuperar sus derechos como mexicanos, preservando la otra nacionalidad a la que también tienen derecho; no obstante y a pesar de los esfuerzos, la campaña no logró la respuesta esperada, ya que el número de connacionales que efectuaron el trámite apenas excede los 50 000 y los beneficios de la doble nacionalidad no han podido llegar a millones de posibles receptores. Por tanto, al existir una situación desigual entre los que han tramitado y los que no han tramitado la recuperación de su nacionalidad, se propone:
III. Valoración de las Iniciativas y la Minuta.
La Comisión de Puntos Constitucionales tomó en consideración las razones expuestas tanto en las Iniciativas como en la Minuta.
Tradicionalmente el derecho constitucional mexicano había venido considerando la pérdida de nacionalidad mexicana por varias razones. La situación cambió radicalmente por la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 20 de marzo de 1997, misma que entró en vigor el 20 de marzo de 1998.
Se asentó en el Artículo 37:
El problema se da principalmente en los Estados Unidos de América. Ya la anterior Ley de Nacionalidad de 1993 había considerado el problema al establecer una importante excepción a la pérdida de la nacionalidad por los adquirentes voluntarios de una nacionalidad extranjera: "No se considerará adquisición voluntaria la naturalización que hubiere operado por virtud de la ley, simple residencia o ser condición indispensable, para adquirir trabajo o conservar el adquirido (Art. 22 fracc. I).
Respecto a la ley vigente, dice la iniciativa en comento, presentada por el Ejecutivo a la Cámara de Senadores el 20 de noviembre de 1996:
"Resulta importante acotar que la migración mexicana tiene una serie de características peculiares por las cuales, el sitio de destino, suele ser temporal comparado con los patrones de conducta de otras naciones. Es recurrente que después de cumplir un ciclo productivo en otro país, los mexicanos busquen ingresar a México, reintegrándose a sus comunidades de origen. Sin embargo, durante ese período en el exterior, suelen enfrentar condiciones adversas y en ocasiones discriminatorias por no adoptar la nacionalidad del país receptor. De aprobarse esta reforma constitucional, se subsanarían las preocupaciones de esos mexicanos que, por temor a perder su nacionalidad, no dan el paso para integrarse con plenos derechos a las sociedades donde viven, sea permanente o transitoriamente".
Hasta aquí las consideraciones que se hicieron en las Iniciativas y la Minuta, que explican suficientemente la razón de las reformas hechas a la Constitución y la validez permanente de las mismas. Por tanto, limitar el tiempo para reclamar el beneficio de readquirir la nacionalidad mexicana no tiene sentido.
Esta Comisión considera que por el gran número y dispersión de los emigrantes mexicanos, que alcanza varios millones en los Estados Unidos de América, es de suyo difícil y problemático alcanzar la difusión de las reformas que les conceden el beneficio de la nacionalidad.
Por ello, es de destacarse la preocupación y constante esfuerzo por parte de varios diputados, de los señores senadores y de los diputados integrantes de los Congresos de los Estados, quienes con el permanente interés de velar por nuestros connacionales que, por causas diversas, tienen su residencia en el extranjero, han sido motor y parte fundamental de la reforma constitucional en comento.
No han sido pocas las ocasiones en que los representantes populares han hecho sentir su presencia en diversas acciones, medidas e iniciativas que han tenido y tienen un solo denominador común: La protección y salvaguarda de los derechos de los mexicanos radicados en el extranjero. Por ello, este Cuerpo Legislativo, suma sus esfuerzos a los del Senado de la República y de los Congresos de los Estados a efecto de que con una sola voz los Legisladores respondamos a las legítimas demandas de nuestros connacionales.
Por otra parte el tema migratorio, especialmente con el gobierno de los Estados Unidos de América continua siendo uno de los renglones prioritarios de la agenda nacional y, por tanto, de nuestra agenda legislativa, debe insistirse en su avance; los países receptores de migrantes mexicanos deben tomar conciencia de la importancia que para sus economías representan y por ende, deben otorgárseles las facilidades necesarias para su permanencia y reingreso a su país de origen.
El tema de la migración debe seguir siendo prioritario para los países participantes en el fenómeno migratorio.
La posibilidad de que en cualquier momento, los connacionales que lo deseen y satisfagan los requisitos que la propia Ley señala, puedan recuperar su nacionalidad mexicana, es una cuestión digna de tomarse en cuenta porque despierta indudablemente inquietudes en quienes han adquirido la nacionalidad norteamericana, independientemente de que tengan o no, de manera suficiente, la información necesaria sobre las reformas constitucionales.
Este clima, favorable a incrementar las inquietudes de nuestros connacionales, se ve aumentado con las restricciones de política migratoria que por recientes acontecimientos está tomando el gobierno norteamericano.
No tiene sentido limitar un derecho para que se ejercite en un determinado plazo cuando la intención constitucional, según quedó claro, era favorecer a nuestros conciudadanos en el exterior sin que la misma Constitución, en su texto básico, impusiera limitación alguna. Dicho lo anterior y por coincidir la esencia de las Iniciativas y la Minuta descritas, nos permitimos someter a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión el siguiente:
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO A LOS ARTÍCULOS 30, 32 Y 37 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL VEINTE DE MARZO DE 1997.
ÚNICO.- SE REFORMA EL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DEL DECRETO DE REFORMAS A LOS ARTÍCULOS 30, 32 Y 37 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL VEINTE DE MARZO DE 1997, PARA QUEDAR COMO SIGUE:
TRANSITORIOS
PRIMERO........
SEGUNDO. Quienes hayan perdido su nacionalidad mexicana por nacimiento, por haber adquirido voluntariamente una nacionalidad extranjera y si se encuentran en pleno goce de sus derechos, podrán beneficiarse de lo dispuesto en el artículo 37, apartado A), Constitucional previa solicitud que hagan a la Secretaría de Relaciones Exteriores, en cualquier tiempo.
TERCERO........
CUARTO........
QUINTO.......
TRANSITORIO
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los veinte días del mes de octubre del año 2003.
Diputados: Miguel Angel Yunes Linares (rúbrica), Presidente; Rubén Alexander Rábago (rúbrica), Francisco Antonio Astiazarán Gutiérrez, Alvaro Elías Loredo (rúbrica), Luis Antonio González Roldán, J. Jesús Lomelí Rosas (rúbrica), Luis Maldonado Venegas (rúbrica), Arturo Nahle García (rúbrica), Pedro Vázquez González (rúbrica), secretarios; Gonzalo Alemán Migliolo, Sergio Alvarez Mata (rúbrica), René Arce Islas (rúbrica), Federico Barbosa Gutiérrez (rúbrica), Francisco Barrio Terrazas, Angel Augusto Buendía Tirado (rúbrica), Enrique Burgos García (rúbrica), Víctor Manuel Camacho Solís (rúbrica), Emilio Chuayffet Chemor (rúbrica), Horacio Duarte Olivares, Enrique Ariel Escalante Arceo (rúbrica), Francisco Cuauhtémoc Frías Castro, Germán Martínez Cázares (rúbrica), Janette Ovando Reazola, Jorge Luis Preciado Rodríguez (rúbrica), Rogelio Humberto Rueda Sánchez, Claudia Ruiz Massieu Salinas, Jorge Leonel Sandoval Figueroa, Socorro Userralde Gordillo (rúbrica), Marisol Vargas Bárcena, Emilio Zebadúa González (rúbrica).
1. En su diagnóstico general del ISSSTE se nos presenta al Instituto sumamente enfermo, casi al borde de la muerte, que aunque parezca paradójico requiere de una cirugía mayor, mientras a sus derechohabientes que se encuentran en estado de gravedad se le dan aspirinas para tratarlos. Por ello preguntamos, ¿cómo piensa usted enfrentar los distintos problemas que aquejan actualmente a esta institución?, ¿se tiene contemplado en un primer momento permitir la inversión privada en el Instituto y después privatizarlo por completo?
2. Sabemos que cada vez más se hace necesaria una reforma integral a la Ley del ISSSTE, situación que ha reconocido el propio Ejecutivo Federal, particularmente en lo que se refiere al sistema de pensiones. Este es uno de sus problemas más graves. ¿qué elementos se están considerando en dicha reforma y deseamos saber si han explorado otras alternativas para enfrentar este problema?, ¿les parece a ustedes que elevando la edad para jubilación se resuelve el problema de los recursos necesarios para el pago de las pensiones? ¿Con esta medida creen que se resuelve el déficit que enfrenta actualmente la Institución?
3. Los servicios que presta el ISSSTE desde hace más de 15 años dejan mucho que desear. Hay desabasto de medicinas, casi ya no se invierte en la compra de indumentaria médica, vestuarios para el personal auxiliar médico, batas, sábanas entre otros. Ahora cobra más vigencia el dicho popular de que si quieres morir al ISSSTE debes ir. Esto se comprueba con lo prolongado que resulta el tiempo de atención de un enfermo con padecimientos de mediana gravedad o muy alta gravedad. ¿qué acciones concreta está tomando el Instituto para resolver estos gravísimos problemas?, ¿qué medidas se están implementando para resolver los problemas estructurales de la falta de equipo médico complejo para atender los cada vez mayores casos de incidencia de enfermedades cardiovasculares, la diabetes, tumores malignos, problemas hepáticos y accidentes de trabajo?, ¿tendrán los derechohabientes que tomar el camino alternativo de acudir a los centros de atención creados por la vía de los Teletones y olvidarse del ISSSTE?
4. Otra de las graves carencias que enfrenta la institución es lo relativo a su función de dotar de vivienda a sus derechohabientes. Por este concepto se le hacen descuentos al trabajador al servicio del Estado y sin embargo son muy escasos los que han recibido un beneficio en este sentido, aunque ustedes presenten cifras que inflan esta prestación. ¿Qué está haciendo actualmente la institución para cumplir con una responsabilidad que por ley se le asigna?, ¿por qué es tan difícil para los derechohabientes obtener un crédito para vivienda?, ¿qué tienen que hacer más allá de los trámites formales para que les toque uno de esos créditos?
5. En esa misma línea se encuentra el problema de los préstamos personales a los derechohabientes. ¿Qué tienen qué hacer más allá de los trámites formales para que puedan recibir los beneficios de un préstamo?
Palacio Legislativo, a 21 de octubre de 2003.
Dip. Juan de Dios Castro Lozano
Presidente de la H. Cámara de Diputados
Presente
Con fundamento en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el Acuerdo Parlamentado por el que se establecen las bases para el desarrollo de las comparecencias de funcionarios del Ejecutivo Federal ante la Cámara de Diputados, aprobado por el Pleno el día 18 de septiembre de 2003, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México le remite a usted la "Fe de Erratas" a los cuestionamientos del C. Director del Instituto de Seguridad Social y Servicios para los Trabajadores del Estado, conforme lo establece el artículo Segundo del citado Acuerdo.
FE DE ERRATAS
En referencia al cuestionamiento de la comparecencia del C. Director del Instituto de Seguridad Social y Servicios para los Trabajadores del Estado, que presentó el día de ayer el Partido Verde Ecologista de México, deseamos hacer las siguientes aclaraciones:
En La página No. 1, Tema 1 Transparencia y Rendición de Cuentas, párrafo segundo Dice:
* Acorde a los datos del INEGI y de la Secretaría de Salud, la influenza y la neumonía, son enfermedades que representan la octava causa de muerte hospitalaria en el Distrito Federal, y la novena a nivel nacional. Estas enfermedades pueden prevenirse con una vacuna, que sólo puede conseguirse a través de médicos privados. En el caso del neumococo, que es una bacteria frecuente, el cuadro básico de medicamentos, no la contempla por su alto costo -que es de alrededor de mil pesos por dosis individua-. El precio de distribución de la vacuna es de 600 pesos, costo ofrecido por el hospital infantil "Federico Gómez" estamos conscientes que la Secretaría de Salud, no puede absorber los costos la vacuna como sucede en países como la República Francesa, los Estados Unidos de América del Norte y otros países desarrollados en donde los sistemas de salud, aplican esta vacuna de forma gratuita. En México, alrededor de 40 mil niños padecen neumonía al año y el 70 por ciento de los casos es por la acción del neumococo. Nos puede usted informar: ¿Qué medidas se están tomando para combatir la influenza y la neumonía?
Debe decir:
* Acorde a los datos del INEGI la primer causa de muerte a nivel nacional, son: Las Infecciones Respiratorias Agudas. En relación a las causas de Morbilidad Hospitalaria, como lo representa el indicador: Factores que Influyen en la Salud y en Contacto con los Servicios de Salud: como ejemplo citamos: el contagio de la bacteria Pseudomona Aeruginosa. Este ocupa en el Distrito Federal el quinto lugar como causa de morbilidad hospitalaria y el décimo a nivel Nacional. Finalmente acorde a la Secretaría de Salud este indicador ocupa la sexta y octava causa de morbilidad a nivel Nacional. Estas enfermedades conocidas coloquialmente como neumonía e influenza, pueden prevenirse con una vacuna, que sólo puede conseguirse a través de médicos privados. En el caso del neumococo, que es una bacteria frecuente, el cuadro básico de medicamentos, no la contempla por su alto costo -que es de alrededor de mil pesos por dosis individual-. El precio de distribución de la vacuna es de 600 pesos, costo ofrecido por el hospital infantil "Federico Gómez" estamos conscientes que la Secretaría de Salud, no puede absorber los costos la vacuna como sucede en países como la República Francesa, los Estados Unidos de América del Norte y otros países desarrollados en donde los sistemas de salud, aplican esta vacuna de forma gratuita. En México, alrededor de 40 mil niños padecen neumonía al año y el 70 por ciento de los casos es por la acción del neumococo. Nos puede usted informar: ¿Qué medidas se están tomando para combatir la influenza y la neumonía?
Sin más por el momento, le solicitamos de la manera más atenta, a través de la Mesa Directiva sean enviados nuestra "Fe de Erratas" a los cuestionamientos del Director del Instituto de Seguridad Social y Servicios para los Trabajadores del Estado.
Atentamente
Dip. Raúl Piña Horta (rúbrica)
Acta de instalación de la Comisión de Marina
En la Ciudad de México, Distrito Federal, de conformidad con lo establecido en el artículo 43, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en cumplimiento de lo dispuesto en el acuerdo parlamentario de fecha 30 de septiembre de 2003, así como con la convocatoria publicada en la Gaceta Parlamentaria el día 6 de octubre de 2003, siendo las 10:20 horas del día 8 del mes de octubre del año dos mil tres, en el salón E del restaurante Los Cristales del Palacio Legislativo de San Lázaro, se reunieron los siguientes ciudadanos diputados designados como integrantes de la Comisión de Marina.
Asistencia:
Diputados: Sebastián Calderón Centeno (Presidente), Angel Pasta Muñuzuri (secretario), Martín Remigio Vidaña Pérez (secretario), José Alberto Aguilar Iñárritu, Francisco Juan Avila Camberos, Carlos Blackaller Ayala, Sofía Castro Ríos, José Antonio de la Vega Asmitia, Irma Sinforina Figueroa Romero, Rogelio Alejandro Flores Mejía, Juan García Costilla, Rafael García Tinajero Pérez, Alejandro Higuera Osuna, Sergio Magaña Martínez, Raúl Piña Horta, Sergio Arturo Posadas Lara, Homero Ríos Murrieta, Gonzalo Ruiz Cerón, Rómulo Isael Salazar Macías, Alfonso Sánchez Hernández, Emilio Serrano Jiménez, Israel Tentory García, Salvador Vega Casillas.
Contándose con el quórum reglamentario, el diputado Sebastián Calderón Centeno, designado Presidente de la Comisión de Marina, procedió a declarar formalmente instalado este órgano legislativo.
Siendo las 11:50 horas, se declaró concluida la reunión de instalación de la Comisión de Marina.
Diputados: Sebastián Calderón Centeno (rúbrica), Presidente; Angel Pasta Muñuzuri (rúbrica), secretario; Francisco Herrera León, secretario; Martín Remigio Vidaña Pérez (rúbrica), secretario.
A su primera reunión de trabajo, que se llevará a cabo el miércoles 22 de octubre, a las 9 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
DE LA COMISION DE SEGURIDAD PUBLICA
A su reunión plenaria, que se llevará a cabo el miércoles 22 de octubre, a las 9:30 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Jorge Uscanga Escobar
Presidente
DE LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA
A su reunión ordinaria, que se llevará a cabo el miércoles 22 de octubre, a las 10 horas, en el salón F del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
DE LA COMISION DE SALUD
A la comparecencia del C. secretario de Salud, Dr. Julio Frenk Mora, que se llevará a cabo el miércoles 22 de octubre, a las 10 horas, en el salón Legisladores de la República.
Atentamente
Dip. José Angel Córdova Villalobos
Presidente
DE LA COMISION DE TURISMO
A la segunda reunión de su Mesa Directiva, que tendrá verificativo el miércoles 22 de octubre, a las 11 horas, en las oficinas de la Comisión (edificio F, tercer nivel).
Atentamente
Dip. Francisco López Mena
Presidente
DE LA COMISION DE VIVIENDA
A su reunión de trabajo, que se llevará a cabo el miércoles 22 de octubre, a las 11 horas, en la zona C del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
Dictamen de la Ley General de Vivienda (de la LVIII Legislatura)
Minuta del proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Vivienda (Mesa Directiva del Senado)
6. De la integración de las propuestas del programa de trabajo de la Comisión.
7. Integración de las propuestas para la formación de subcomisiones de trabajo:
a) Infonavit
b) Fovissste
c) Fonhapo
d) Conafovi
e) Sedesol (Hábitat/Vivah)
f) Programa Fovi-Prosavi
g) Cámaras de la construcción
i) Vinculación con organismos estatales y municipales de vivienda
j) Programa Hábitat ONU
k) OSC?s en materia de vivienda y desarrollo urbano
8. Agenda de trabajo con los titulares de los organismos de vivienda.
9. Asuntos generales:
Informe de comunicados turnados a la Comisión
Invitación del Colegio de Valuadores de México a la XXXIX Convención Nacional de Valuación, Veracruz, Ver., el 24 de octubre de 2003
10. Clausura.
DE LA COMISION DE VIGILANCIA DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION
A su reunión extraordinaria, que se efectuará el miércoles 22 de octubre, a las 18 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
DE LA COMISION DE SALUD
A su primera reunión plenaria, que se llevará a cabo el jueves 23 de octubre, a las 8:30 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA
A su primera reunión ordinaria, que tendrá lugar el jueves 23 de octubre, a las 9:30 horas, en el salón C del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
DE LA COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
A su reunión de trabajo, que se llevará a cabo el jueves 23 de octubre, a las 17 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán
Presidenta
DE LAS COMISIONES DE SALUD, Y DE SEGURIDAD SOCIAL
A la comparecencia del director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Lic. Benjamín González Roaro, que se efectuará el jueves 23 de octubre, a las 17 horas, en el salón Legisladores de la República (Salón Verde) del Palacio Legislativo.
Atentamente
Dip. José Angel Córdova Villalobos
Presidente de la Comisión de Salud
Dip. Miguel Alonso Raya
Presidente de la Comisión de Seguridad Social
DE LA COMISION DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
A su reunión de trabajo con motivo de la conferencia que dictará la licenciada Patricia Olamendi Torres, subsecretaria para Temas Globales de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el martes 4 de noviembre, a las 9 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Rebeca Godínez y Bravo
Presidenta
DEL CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES Y DE OPINION PUBLICA
A la mesa redonda que se llevará a cabo el miércoles 5 de noviembre, de las 9 a las 19 horas, en el auditorio norte del Palacio Legislativo.
Atentamente
Mtro. Alberto Cinta Martínez
Director General
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE SALUD, Y DE SEGURIDAD SOCIAL
A la comparecencia del Lic. Santiago Levy Algazi, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, que se realizará el miércoles 5 de noviembre, a las 10 horas, en el salón Legisladores de la República del Palacio Legislativo.
Atentamente
Dip. José Angel Córdova Villalobos
Presidente de la Comisión de Salud
