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CC. Secretarios de la Mesa Directiva
Presentes
A la Junta de Coordinación Política fue turnada, para su estudio y resolución, una proposición con punto de acuerdo para la integración de una comisión especial para obtener información relacionada con la aplicación de programas y fondos federales durante los procesos electorales que están por desarrollarse en este año de 2003, presentada al Pleno de esta Cámara en la sesión del pasado 11 de septiembre del año en curso por la diputada Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita, en nombre de los grupos parlamentarios de los Partidos de la Revolución Democrática, Acción Nacional, del Trabajo y Convergencia.
La Junta de Coordinación Política abordó el tema en diversas sesiones y acordó integrar un grupo de trabajo que definiera los criterios sobre los cuales habría de crearse una comisión especial, sus objetivos específicos y su método de trabajo.
Esta Junta, con fundamento en las facultades que le otorga el artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente
Acuerdo
Primero. El Pleno de la Cámara de Diputados acuerda la integración de una Comisión Especial para obtener Información Relacionada con la Aplicación de Programas y Fondos Federales durante el Desarrollo de los Procesos Electorales de Tabasco y San Luis Potosí. La Comisión recabará dicha información de ciudadanos, partidos políticos, organizaciones civiles y grupos de observadores legalmente acreditados; establecerá interlocución con los órganos estatales electorales, sin menoscabo de las atribuciones de dichos órganos. La Comisión será integrada de manera plural, funcionará de forma colegiada y se dividirá en dos grupos de trabajo, que se trasladarán a dichas entidades federativas para cumplir las responsabilidades encomendadas.
Segundo. El presente acuerdo entrará en vigor al día natural siguiente a aquel en que resulte aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados.
Tercero. El programa de trabajo, que incluirá las reuniones y audiencias públicas, será acordado por el voto mayoritario de los grupos de trabajo de la Comisión. Dicho programa considerará sendas conferencias de prensa, una al inicio de sus trabajos y otra al término de su estancia en la propia entidad federativa. En ambos casos se celebrarán equiparables conferencias de prensa en la sede de la Cámara de Diputados.
Las actividades de la Comisión estarán invariablemente apegadas a los términos de la legislación electoral aplicable.
Cuarto. Tres días después de las sesiones de cómputo distritales y municipales de cada una de las elecciones, se reunirá la Comisión Especial referida para evaluar la información recabada y recibida, que servirá para redactar el informe final, el cual será presentado en la próxima sesión de Pleno de la Cámara. La Comisión finalizará sus funciones una vez presentado el informe final.
Quinto. La Comisión Especial objeto del presente acuerdo se integrará por veinte legisladores, divididos en dos grupos de diez, uno correspondiente al estado de Tabasco y otro al estado de San Luis Potosí. Cada grupo se integrará de la siguiente manera: tres diputados del grupo parlamentario del PRI, dos diputados del grupo parlamentario del PAN, dos diputados del grupo parlamentario del PRD, un diputado del grupo parlamentario del PVEM, un diputado del grupo parlamentario del PT y un diputado del grupo parlamentario del PC.
Sexto. La Comisión Especial estará integrada por los siguientes ciudadanos diputados:
Proceso electoral en el estado de Tabasco
Por el grupo parlamentario del PRI:
1. Dip. Gonzalo Guízar Valladares
2. Dip. Francisco Javier Guízar Macías
3. Dip. Héctor Gutiérrez de la Garza
Por el grupo parlamentario del PAN:
1. Dip. Carlos Noel Tiscareño Rodríguez
2. Dip. Sergio Vázquez García
Por el grupo parlamentario del PRD:
1. Dip. Tomás Cruz Martínez
2. Dip. Horacio Duarte Olivares
Por el grupo parlamentario del PVEM:
1. Dip. Francisco Xavier Alvarado Villazón
Por el grupo parlamentario del PT:
1. Dip. Francisco Amadeo Espinosa Ramos
Por el grupo parlamentario del PC:
1. Dip. Juan Fernando Perdomo Bueno
Proceso electoral en el estado de San Luis Potosí
Por el grupo parlamentario del PRI:
1. Dip. Jesús Morales Flores
2. Dip. Enrique Burgos García
3. Dip. Hilaria Domínguez Arvizu
Por el grupo parlamentario del PAN:
1. Dip. Baruch Alberto Barrera Zurita
2. Dip. Jorge Luis Preciado Rodríguez
Por el grupo parlamentario del PRD:
1. Dip. Pablo Franco Hernández
2. Dip. Rafael Flores Mendoza
Por el grupo parlamentario del PVEM:
1. Dip. Raúl Piña Horta
Por el grupo parlamentario del PT:
1. Dip. Joel Padilla Peña
Por el grupo parlamentario del PC:
1. Dip. Jesús Emilio Martínez Álvarez
Séptimo. Los recursos técnicos y financieros para el funcionamiento de la Comisión Especial serán aprobados por el Comité de Administración.
Octavo. La Cámara de Diputados, a través de su Presidente, notificará a los poderes de los estados libres y soberanos de Tabasco y de San Luis Potosí la integración de la Comisión Especial objeto del presente acuerdo, para los efectos a que haya lugar.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los siete días del mes de octubre de 2003.
Dip. Elba Esther Gordillo Morales (rúbrica)
Presidenta de la Junta de Coordinación Política y Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRI
Dip. Francisco Barrio Terrazas (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN
Dip. Pablo Gómez Alvarez (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del PRD
Dip. Jorge Antonio Kahwagi Macari (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del PVEM
Dip. Alejandro González Yáñez (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del PT
Dip. Jesús Martínez Alvarez (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del PC
(Aprobado en votación económica. Octubre 7 de 2003.)
Dip. Juan de Dios Castro Lozano
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
Presente
El suscrito, diputado federal adscrito a la Segunda Circunscripción, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 47 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito de la manera más respetuosa lo siguiente:
Primero.- Me sea concedida licencia para ausentarme en forma temporal de mi cargo como diputado federal por 45 días naturales a partir del 9 de octubre del presente año.
Segundo.- Se sirva realizar los trámites necesarios para la debida aprobación de lo solicitado.
Agradeciendo de antemano la atención a la presente, le envío un cordial saludo.
Atentamente
Dip. José Reyes Baeza Terrazas (rúbrica)
(Aprobado en votación económica. Octubre 7 de 2003.)
CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA CONVOCATORIA A ELECCIONES EXTRAORDINARIAS DE DIPUTADOS FEDERALES A LA LIX LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE LA UNION EN LOS DISTRITOS ELECTORALES FEDERALES 05, DEL ESTADO DE MICHOACAN, Y 06, DEL ESTADO DE COAHUILA, SUSCRITA POR LOS COORDINADORES DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS EN LA SESION DEL MARTES 7 DE OCTUBRE DE 2003
Los diputados federales Elba Esther Gordillo Morales, coordinadora del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Francisco Barrio Terrazas, coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; Pablo Gómez Alvarez, coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Jorge Kahwagi Macari, coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Alejandro González Yáñez, coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo; y Jesús Martínez Alvarez, coordinador del grupo parlamentario del Partido Convergencia, en ejercicio de la facultad que nos confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 77, fracción IV, de nuestra Carta Magna, así como al numeral 1 del artículo 20 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, sometemos a la consideración de esta soberanía, solicitando se le pueda dar el trámite de urgente resolución, de acuerdo con lo previsto en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, el siguiente proyecto de decreto por el que se expide la convocatoria a elecciones extraordinarias de diputados federales a la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión en el distrito electoral federal 05, del estado de Michoacán, y en el distrito electoral federal 06, del estado de Coahuila, tomando como base las siguientes
Consideraciones
Primero. Que, según lo establecen los artículos 51 y 52 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión se integra por 500 diputados, que son elegidos en su totalidad cada tres años. De ellos, 300 son electos por el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales; y 200 más, electos según el principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas regionales votadas en circunscripciones plurinominales.
Segundo. Que, de acuerdo con lo anterior y con base en lo previsto en la normatividad electoral aplicable, el 6 de julio de 2003 se llevaron a cabo elecciones federales ordinarias de diputados por el principio de mayoría relativa y por el de representación proporcional para integrar la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados.
Tercero. Que con fecha 19 de agosto de 2003, la Secretaría General de la Cámara de Diputados fue notificada mediante el oficio SGA-JA-1394/2003, al cual se anexó copia certificada de la sentencia por virtud de la que se anula la elección de diputados de mayoría relativa del distrito electoral federal 06, con sede en Torreón, Coahuila, y como consecuencia se revoca la constancia de mayoría y validez otorgada por el Consejo Distrital respectivo, dictada por la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación con relación a los recursos de reconsideración de expedientes SUP-REC-009/2003.
Cuarto. Que el mismo 19 de agosto, la Secretaría General de la Cámara de Diputados fue notificada mediante el oficio SGA-JA-1397/2003, al cual se anexó copia certificada de la sentencia mediante la que se anula la elección de diputados de mayoría relativa del distrito electoral federal 05, del estado de Michoacán, con sede en Zamora, y como consecuencia se revoca la constancia de mayoría y validez otorgada por el Consejo Distrital respectivo, dictada por la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación relativa al recurso de reconsideración de expedientes SUP-REC-034/2003.
Quinto. Que el Instituto Federal Electoral, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 263, párrafo primero, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, remitió a la Secretaría General de la Cámara de Diputados mediante el oficio PCG/341/03 copia certificada del "Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se efectúa el cómputo total, se declara la validez de la elección de diputados por el principio de representación proporcional y se asignan a los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, y Convergencia, los diputados que por este principio les corresponden", que en su punto sexto señala que la asignación de los diputados por el principio de representación proporcional del Partido Revolucionario Institucional, correspondientes a las fórmulas ubicadas en los lugares decimocuarto y décimo de las circunscripciones tercera y quinta, queda sujeta a la condición suspensiva del resultado definitivo, firme e inatacable, de las elecciones federales extraordinarias en los distritos 05 del estado de Michoacán y 06 del estado de Coahuila.
Sexto. Que la LIX Legislatura se integra actualmente por 496 diputados, haciéndole falta para su formación total dos diputados por el principio de mayoría relativa y dos más por el principio de representación proporcional, con sus respectivos suplentes.
Séptimo. Que la Cámara de Diputados está facultada para expedir convocatoria a elecciones extraordinarias con el fin de cubrir las vacantes de sus miembros, según lo previene la fracción IV del artículo 77 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Octavo. Que el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales establece en su artículo 20, numeral 1, que cuando se declare nula una elección, la convocatoria para la elección extraordinaria deberá emitirse dentro de los 45 días siguientes a la conclusión de la última etapa del proceso electoral.
Noveno. Que el 28 de agosto de 2003, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió los últimos recursos de reconsideración, del total de medios de impugnación interpuestos con motivo de la elección de diputados a la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión y, en tal virtud, para dar cumplimiento al artículo 174, numeral 1, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicó en el Diario Oficial de la Federación el miércoles 3 de septiembre de 2003 la certificación de la declaración formal de conclusión del proceso electoral federal ordinario 2002-2003.
Décimo. Que, como consecuencia del punto anterior, a partir del 29 de agosto de 2003, fecha en que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación concluyó la última etapa del proceso electoral, empieza el cómputo de los 45 días que tiene la Cámara de Diputados para emitir la convocatoria a elecciones extraordinarias.
Por lo anteriormente expuesto, en ejercicio de la facultad que nos confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 77, fracción IV, de nuestra Carta Magna, así como al numeral 1 del artículo 20 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, los diputados federales Elba Esther Gordillo Morales, coordinadora del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Francisco Barrio Terrazas, coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; Pablo Gómez Alvarez, coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Jorge Kahwagi Macari, coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Alejandro González Yáñez, coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo; y Jesús Martínez Alvarez, coordinador del grupo parlamentario del Partido Convergencia, sometemos a la consideración de esta soberanía el
Decreto por el que se convoca a elecciones extraordinarias de diputados federales a la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión en el distrito electoral federal 05, del estado de Michoacán, y en el distrito electoral federal 06, del estado de Coahuila
Artículo 1. Se convoca a elecciones extraordinarias de diputados federales propietario y suplente a la LIX Legislatura del Congreso de la Unión en el distrito electoral federal 05, del estado de Michoacán, con sede en la ciudad de Zamora, y en el distrito electoral federal 06, del estado de Coahuila, con sede en la ciudad de Torreón.
Artículo 2. Las elecciones extraordinarias se celebrarán el domingo 14 de diciembre de 2003, de acuerdo con lo dispuesto en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia Electoral, y conforme a las disposiciones de la presente convocatoria.
Artículo 3. Los candidatos a diputados propietario y suplente deberán cumplir los requisitos de elegibilidad previstos en el artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 7 y 8 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Artículo 4. El Instituto Federal Electoral, conforme a lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, ajustará los plazos fijados por la ley para las diferentes etapas del proceso electoral, tomando en cuenta la fecha fijada en este decreto para la verificación de la elección extraordinaria.
El propio Instituto publicará oportunamente en el Diario Oficial de la Federación los acuerdos que adopte conforme a lo previsto en este artículo.
Artículo 5. El periodo de ejercicio constitucional de los diputados federales que resulten electos en los comicios electorales extraordinarios concluirá el 31 de agosto del año 2006.
Transitorio
Unico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 7 días del mes de octubre de 2003.
Diputados: Elba Esther Gordillo Morales (rúbrica), coordinadora del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Francisco Barrio Terrazas (rúbrica p.a.), coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; Pablo Gómez Alvarez (rúbrica p.a.), coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Jorge Kahwagi Macari (rúbrica), coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Alejandro González Yáñez (rúbrica), coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo; Jesús Martínez Alvarez (rúbrica), coordinador del grupo parlamentario del Partido Convergencia.
(Aprobado en lo general y en lo particular por 436 votos y 4 abstenciones. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación. Octubre 7 de 2003.)
QUE ADICIONA EL NUMERAL 2 DEL ARTICULO 26 DE LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA QUE UN GRUPO PARLAMENTARIO SIGA SIENDO TAL AUNQUE SU NUMERO DE INTEGRANTES SE REDUZCA A MENOS DE CINCO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO LUIS MALDONADO VENEGAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA, EN LA SESION DEL MARTES 7 DE OCTUBRE DE 2003
Con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos presentar al Honorable Congreso de la Unión la presente iniciativa de decreto por el que se adiciona el artículo 26, párrafo 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los partidos políticos son entidades de interés público. Tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representaciónnacional y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público.
Los partidos políticos tienen un papel fundamental en el funcionamiento del sistema democrático, porque situados como están en la zona intermedia entre el operar concreto del gobierno y quehacer disperso de la sociedad, corresponde a ellos organizar a la sociedad, recoger sus aspiraciones, darles forma, canalizarlas, enriquecerlas y presentadas a consideración del poder político
Si bien los partidos se forman para el acceso al poder público, dejan de tener importantes funciones que desempeñar en el Estado democrático. Los partidos son también instrumentos de fiscalización y de control de la función gubernativa, llamados a mantener una permanente actitud crítica sobre los actos del gobierno.
Les corresponde, en este caso, no solamente vigilar el comportamiento de las autoridades públicas, sino también analizar en sus departamentos técnicos y especializados los problemas nacionales en todos los campos, a fin de plantear soluciones alternativas a las que aplica el gobierno
Los partidos tienen un papel fundamental como legitimadores del sistema político, es decir, los partidos deben promover el establecimiento de procedimientos y de instituciones para garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos y la división de poderes necesaria para lograr la conformación de un sistema democrático.
En congruencia con lo anterior, el artículo 70, párrafo tercero, de la Constitución establece que se determinará la forma y procedimiento para la agrupación de los diputados, según su afiliación de partido, a efecto de garantizar la libre expresión de las corrientes ideológicas representadas en la Cámara de Diputados.
Es importante destacar que en el contenido de la exposición de motivos de la iniciativa de reformas y adiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 4 de octubre de 1977, donde se incorpora al artículo 70 de nuestra Ley Fundamental la figura de los grupos parlamentarios, se establece que la finalidad de la reforma referida es promover una más amplia y diversificada concurrencia en la Cámara de Diputados, de las corrientes de opinión y de las corrientes ideológicas existentes en el país.
De esta manera, el vigente artículo 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos establece la figura de los grupos parlamentarios, determinando que para su integración requerirán por lo menos cinco diputados o senadores.
Esta cifra, ciertamente arbitraria, incorpora un límite mínimo a la pretendida garantía de libre expresión de las corrientes ideológicas representadas en las Cámaras, cantidad mínima de legisladores que sólo puede ser resultado de la votación obtenida por cada partido político nacional. En otras palabras, para que un partido político pueda conformar un grupo parlamentario deberá contar cuando menos con cinco diputados o senadores, lo que está en relación directa con el número de votos que haya obtenido el partido político de que se trate.
Ahora bien, en la práctica parlamentaria se presenta el problema, en especial para las fuerzas políticas emergentes o minoritarias, de que si, por cualquier razón, uno o varios diputados dejan de pertenecer al grupo parlamentario, reduciendo su número a menos del mínimo requerido para integrarlo, desaparecería como grupo.
Sin embargo, la disminución en el número de integrantes de un grupo parlamentario a menos del mínimo requerido para su conformación, no debe significar la desaparición de dicho grupo parlamentario, pues éste se integró gracias a haber logrado un determinado número de votos en las elecciones, lo que se traduce en la voluntad y respaldo de los de miles, incluso millones de ciudadanos, por lo que la libre expresión de la corriente ideológica que representan los diputados del partido político de que se trate, debe seguir siendo garantizada, tal y como lo dispone el artículo 70, párrafo tercero, de nuestra Constitución.
Por ello proponemos que se adicione el artículo 26, párrafo 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que expresamente se garantice la permanencia del grupo parlamentario que se hallare en el supuesto señalado.
Por todo lo anterior, sometemos a la consideración de esta honorable representación la presente
Iniciativa de decreto por el que se adiciona la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo Unico. Se adiciona el artículo 26, párrafo 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:
Artículo 26.
1. ...
2. El grupo parlamentario se integra por lo menos con cinco diputados y sólo podrá haber uno por cada partido político nacional que cuente con diputados en la Cámara. Una vez conformado un grupo parlamentario, conservará dicho estatus, durante el periodo de la Legislatura correspondiente, no obstante que se modifique el número de sus integrantes.
3. ...
Palacio Legislativo, a 2 de septiembre de 2003.
Dip. Luis Maldonado Venegas (rúbricas)
(Turnada a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. Octubre 7 de 2003.)
QUE REFORMA EL PARRAFO SEXTO DEL ARTICULO 27 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA ELECTRICA, PRESENTADA POR EL DIPUTADO ALEJANDRO GONZALEZ YAÑEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT, EN LA SESION DEL MARTES 7 DE OCTUBRE DE 2003
Los suscritos, diputados federales a la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo sexto del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo la siguiente
Exposición de Motivos
El artículo 27 constitucional, en virtud de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1960, establece en favor de la nación que corresponde a ella "generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines".
Esta disposición constitucional tuvo su origen en la nacionalización de la industria eléctrica que se dio el 27 de septiembre de 1960, con ello se dispuso la eliminación de la participación de las empresas privadas en la industria eléctrica, en virtud de que la actividad industrial la concebían con fines preponderantemente económicos y nunca en la visión de satisfacer una necesidad colectiva que era la electrificación del país.
Ya con la obligación a cargo del Estado de prestar el servicio público de energía eléctrica, éste tuvo que fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad como el organismo que debía prestar el servicio en todo el país, con excepción de la zona centro de la República Mexicana, donde la Compañía de Luz y Fuerza del Centro prestaba el servicio.
Esos dos organismos cumplieron con eficiencia su labor a lo largo de muchos años. Sin embargo, de manera paulatina se fue dejando de reinvertir en el sector y se asfixió financieramente a los organismos.
La Comisión Federal de Electricidad debe pagar anualmente por concepto de aprovechamientos una cantidad sobre el total de sus activos, lo cual representa una enorme sangría. En 2002 pagó por ese concepto 39 mil 982 millones de pesos, y en este año, de enero a junio, ha pagado 20 mil 583 millones de pesos.
Los regímenes neoliberales sostienen la idea de que el Estado no debe ser propietario de empresas públicas. Desde el gobierno de Miguel de la Madrid se han dado los procesos de extinción de las entidades paraestatales; quedan en la actualidad muy pocas. Baste señalar que en la relación de entidades paraestatales de la Administración Pública Federal publicada el 14 de agosto de 2003, a la Secretaría de Energía se encuentran sectorizados 10 organismos públicos descentralizados, 5 de los cuales son de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, otro el Instituto Mexicano del Petróleo y por lo que al sector eléctrico corresponde sólo la Comisión Federal de Electricidad, Luz y Fuerza del Centro y el Instituto de Investigaciones Eléctricas.
Estos gobiernos no han tenido la sensibilidad política suficiente para entender que los activos de las empresas paraestatales son parte de la riqueza y el patrimonio de todos los mexicanos.
En la gestión presidencial de Ernesto Zedillo y en la presente se han sometido a la consideración del Congreso iniciativas de reforma de los artículos 27 y 28 constitucionales. En ellas se tiene el propósito de permitir que los particulares intervengan en la generación de energía eléctrica y en su distribución, atentando contra la exclusividad del Estado en la prestación del servicio público.
Estos gobiernos se han empeñado en decir que buscan no la desincorporación o la venta de esos organismos públicos sino, simplemente, abrir al capital privado la construcción y operación de nuevas plantas generadoras de energía.
Eso es a todas luces una gran mentira, ya que no se han preocupado por otorgar a los organismos públicos recursos económicos suficientes que les permitan desarrollarse adecuadamente y construir nuevas plantas.
Ante el embate de las ideas neoliberales y el empecinamiento del gobierno de impulsar reformas estructurales que no son concebidas sino como la forma de malbaratar la riqueza del país, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo somete a su consideración la presente iniciativa de reformas a la parte final del sexto párrafo del artículo 27, que tiene el propósito de ser más categóricos en lo que de suyo la Constitución establece, ya que proponemos que jamás, bajo ninguna condición o modalidad, los particulares puedan obtener permisos para participar en las actividades propias de la industria eléctrica.
Los mexicanos debemos ser muy cuidadosos en la defensa del patrimonio de la nación. No debemos dejarnos embaucar por el canto de las sirenas que señalan que, con una participación de los particulares en el sector eléctrico, el servicio será prestado con mayor eficiencia y más barato.
Debemos tener presentes las experiencias internacionales. Incluso en California, en Estados Unidos de América, la empresa Enron no sólo quebró sino que defraudó a sus accionistas.
Por ello, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo sostiene que, antes que pretender abrir las puertas al capital privado en el sector eléctrico, es mejor inyectar recursos financieros frescos a los organismos públicos que prestan el servicio para que estén en posibilidades de invertir en el desarrollo de nuevas plantas que garanticen a los mexicanos la prestación del servicio público de energía eléctrica de manera eficiente y oportuna.
Compañeras y compañeros legisladores: hoy más que nunca la riqueza de la nación debe seguir siendo de todos.
No permitamos que, con el pretexto de la incapacidad financiera del gobierno, se pierdan la riqueza y el futuro de millones de mexicanos.
Defendamos hoy el patrimonio de todos los mexicanos.
Compañeras y compañeros diputados: por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo sexto del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo Primero. Se reforma el párrafo sexto del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 27.
...
...
...
...
"... Corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia, en ningún caso y bajo ninguna circunstancia se otorgarán concesiones ni permisos a los particulares, sean éstos personas físicas o morales, y la nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines".
...
Unico.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los siete días del mes de octubre del año dos mil tres.
Por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo:
Diputados: Alejandro González Yáñez (rúbrica), Pedro Vázquez González (rúbrica), Juan Antonio Guajardo Anzaldúa, Joel Padilla Peña (rúbrica), Oscar González Yáñez (rúbrica), Francisco A. Espinosa Ramos (rúbrica).
(Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. Octubre 7 de 2003.)
QUE DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SERVICIO PUBLICO DE ENERGIA ELECTRICA, DE LA LEY DE LA COMISION REGULADORA DE ENERGIA Y DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, PARA OTORGAR A LA CFE, Y LUZ Y FUERZA DEL CENTRO UN TRATO FISCAL QUE LES PERMITA REINVERTIR EN EL DESARROLLO DEL SECTOR, PRESENTADA POR EL DIPUTADO ALEJANDRO GONZALEZ YAÑEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT, EN LA SESION DEL MARTES 7 DE OCTUBRE DE 2003
Los suscritos, diputados federales a la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, bajo la siguiente
Exposición de Motivos
La iniciativa que hoy sometemos a su consideración tiene el propósito de salvaguardar los principios y disposiciones constitucionales previstas en los artículos 25, 27 y 28 de nuestra Norma Suprema.
En materia de desarrollo de la industria eléctrica nacional a través de la Comisión Federal de Electricidad y de Luz y Fuerza del Centro, el gobierno mexicano, particularmente en la pasada administración y en los tres años que van de la actual gestión presidencial, han estado sosteniendo el mito de que para que el sector energético nacional se desarrolle, los particulares deben participar en esta tarea, además manejan la ficción de que las empresas públicas son por naturaleza ineficientes y corruptas.
El paradigma neoliberal se concibe en la tesis de que el Estado no debe participar en la economía como propietario de empresas, ya que esto se convierte en una interferencia de los mercados. Sin embargo es menester recordar los graves conflictos que se han dado en países en donde los activos nacionales han sido prácticamente dilapidados, la República de Argentina es ejemplo reciente de esta situación.
A fin de cuentas lo que estas doctrinas económicas pregonan es la de privatizar la riqueza pública y socializar las pérdidas privadas. Los ejemplos de los rescates bancarios y carreteros son una muestra cercana y fehaciente de ello.
Por eso el grupo parlamentario del Partido del Trabajo está convencido de la necesidad de que se dé un cabal cumplimiento a nuestras normas constitucionales en materia de la prestación del servicio público de energía eléctrica, habida cuenta de que la propiedad de la nación sobre estas actividades no son sino la síntesis de la lucha del Estado por reafirmar su dominio sobre una serie de ramas económicas de interés público.
Aquí no se trata de más o de menos Estado. El asunto es respetar la Constitución y de eliminar los subterfugios legales que a través de leyes secundarias se han dado para burlar las disposiciones de la Norma Primaria.
El 27 de septiembre de 1960 se dio la nacionalización de la industria eléctrica con la compra de los títulos accionarios de las empresas que hasta ese momento eran privadas. Esta situación se dio porque las empresas privadas que operaban en el país no siempre realizaban su actividad para la satisfacción de las necesidades sociales, puesto que su móvil principal es la obtención de utilidades y no la de cubrir las necesidades colectivas, ejemplo de ello lo fue la Compañía de Luz de México, que en la década de los cincuenta estableció restricciones, al grado de que no permitía que se instalara un pequeño motor para la industria; tampoco permitía que el alumbrado público de la ciudad se estableciera durante todo el tiempo necesario sino que recurría al procedimiento de los apagones.
El martes 25 de octubre de 1960, el entonces Presidente de la República, Adolfo López Mateos, sometió a la consideración del Senado de la República una iniciativa que adicionaba el párrafo sexto del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La reforma planteada consistía en sustituir el régimen de concesiones a particulares, para generar, transformar, distribuir y abastecer de energía eléctrica al país, que tenga por objeto la prestación de servicios públicos, por otro en el que el Estado explotara y aprovechara los recursos naturales para la industria eléctrica con fines de beneficio colectivo.
Aprobada por el Constituyente Permanente, esta reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1960, entrando en vigor al día siguiente.
La adición en comento establecía: "corresponde exclusivamente a la nación, generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto, la prestación del servicio público. En esta materia no se otorgaran concesiones a los particulares y la nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines".
Como vemos, la disposición constitucional es perfectamente clara en cuanto a la exclusividad del Estado en la realización de las actividades que se señalan y en la imposibilidad de otorgar concesiones para que los particulares puedan intervenir en el desarrollo de la industria eléctrica.
En complemento a lo anterior, en el artículo 28 constitucional se establece en el párrafo cuarto "que no constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas, entre otras se hace referencia a la electricidad", actividad que quedó incluida en virtud de la reforma al artículo 28, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de febrero de 1983 y que entró en vigor al día siguiente.
Sobre este particular, es necesario destacar que la reforma constitucional a la que se alude estableció el concepto de áreas estratégicas de la economía, en las que lista toda una serie de actividades que por ser conceptualizadas como estratégicas; su desarrollo corresponde con carácter de exclusividad a la nación; además, en el párrafo sexto de dicho artículo 28 se estableció que "el Estado contará con los organismos y empresas que requiera para el manejo de las áreas estratégicas a su cargo y en las actividades de carácter prioritario donde, de acuerdo con las leyes, participe por sí o con los sectores social y privado".
Esto es, las áreas estratégicas de la economía, la de electricidad en particular, únicamente pueden ser desarrolladas o explotadas por el Estado a través de los organismos públicos descentralizados que, para ese fin, sean creados por ley del Congreso o por decreto del Ejecutivo federal, según establece la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en el artículo 3°, fracción I, en relación con el artículo 45 del mismo ordenamiento, a saber estos organismos públicos descentralizados son: Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro.
También la propia Constitución General de la República establece, en el artículo 73, fracción X, como facultad del Congreso de la Unión la de legislar, entre otras actividades, en materia de energía eléctrica y nuclear, y en la fracción XXIX, numeral 5, para crear impuestos especiales, entre otras materias, sobre energía eléctrica.
Compañeras y compañeros legisladores:
Como se ha podido apreciar, las disposiciones constitucionales citadas en los artículos 27 y 28 establecen a favor de la nación el desarrollo del sector eléctrico, a través de los organismos descentralizados que para ese fin han sido creados. Además, en el artículo 73 se reconoce la atribución del Congreso de la Unión para legislar en materia de energía eléctrica.
Por ello, los diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido del Trabajo consideramos que las reformas introducidas en 1992 a la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica y que se contienen en los artículos 3°, 36, 36 Bis, 37, 38, 40 y 46; así como los artículos 2° y 3° de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, y las fracciones V y VII del artículo 33 de Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, contravienen directamente lo preceptuado en los artículos 25, 27, y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que establecen la posibilidad de que los particulares, a través de la figura del permiso, participen en la generación y venta, en su caso, de energía eléctrica, con lo cual se atenta contra las disposiciones de la Norma Primaria.
El grupo parlamentario del Partido del Trabajo considera que el sector eléctrico del país tiene la capacidad operativa para seguir desarrollando el sector adecuadamente, los trabajadores de estos organismos día a día se comprometen en la tarea que tienen encomendada, sin embargo, el propio gobierno, y en esto la Cámara de Diputados es parte, se ha desatendido de la responsabilidad de fortalecer financieramente a las empresas del sector, en el caso de la Comisión Federal de Electricidad no sólo no se le otorgan los recursos presupuestales suficientes, sino que a través de lo que se establece en el artículo 46 de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica, la Comisión está obligada al pago de un aprovechamiento al Gobierno Federal por los activos que utiliza para prestar el servicio de energía eléctrica.
Esto significa que, en complemento a las obligaciones tributarias de la Comisión Federal de Electricidad, y de las otras fuentes de ingresos federales, la Comisión debe pagar un aprovechamiento por el valor de sus activos, situación que, si ocurriera con cualquier empresa privada, simplemente haría que la actividad que se desarrolle no sea rentable.
Por ello, proponemos que la Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro sean sujetos de un trato fiscal más justo que les permita reinvertir en el desarrollo del sector.
Se ha seguido la estrategia de debilitar a la Comisión Federal de Electricidad, mediante los esquemas de reducir la inversión pública en dicha empresa, e imponerle una onerosa carga fiscal anual bajo el rubro de "aprovechamientos" en la Ley de Ingresos de la Federación. Este proceso de debilitamiento se ha expresado de la siguiente manera:
b) Dentro del total de generación neta de energía eléctrica, el porcentaje de las empresas privadas pasó de 7.2 por ciento en 1990 a 21.3 por ciento a mayo del 2003. Entre las empresas privadas extranjeras que mayor participación tienen en la generación de energía eléctrica se encuentran las empresas españolas Iberdrola y Unión Fenosa, así como la japonesa Mitsubishi.
c) En contraste con lo anterior, el monto de recursos que la CFE aporta al erario público por concepto de aprovechamientos representa más de la tercera parte de sus ingresos por venta de energía. Por ejemplo, en 2000 el monto que aportó por aprovechamientos fue de 38 mil 820 millones de pesos, en tanto que sus ingresos por ventas de energía fueron de 101 mil 222.2 millones de pesos. En 2001, la aportación fue de 40 mil 712 millones de pesos, mientras que sus ingresos por ventas de energía sumaron 107 mil 88.2 millones de pesos. En 2002 representaron 39 mil 982 millones de pesos, en tanto que las ventas fueron de 118 mil 116.1 millones de pesos. En 2003, de enero a junio, ya se habían desembolsado 20 mil 583 millones de pesos, mientras que las ventas representaron 65 mil 904.4 millones de pesos, por lo que la tendencia superará lo equivalente a 2002.
d) Por lo que respecta a la transferencia de subsidios del Gobierno Federal a la CFE, éstos han decrecido abruptamente al representar en 1983 el 43.2 por ciento de las transferencias al subsector eléctrico, mientras que en 2002 sólo alcanzaron 13.4 por ciento. Incluso entre 1991 y 1994 no hubo transferencias para este subsector.
e) Los pasivos internos y externos de la CFE también se han convertido en un lastre para ampliar su infraestructura productiva. Al 30 de junio de 2003 su deuda interna era de 561.1 millones de dólares, mientras que su deuda externa fue de mil 722.1 millones de dólares. En lo que va del presente año ha colocado por la vía de la emisión de certificados bursátiles en el mercado de valores la cantidad de 663.3 millones de dólares.
Es falso que no haya otra vía para desarrollar la industria eléctrica más que la apertura a la inversión privada nacional y extranjera. Los propios datos oficiales muestran la viabilidad de financiar dicho desarrollo con recursos públicos, de tal manera que la electricidad siga siendo una parte fundamental del patrimonio estratégico de todos los mexicanos.
Con la derogación del esquema fiscal de aprovechamiento que se aplica a la CFE, que en los pasados tres años, de 2000 a 2003, ha representado en promedio 40 mil 121 millones de pesos anuales, se contaría con los recursos públicos para financiar la modernización y expansión de la industria eléctrica.
Esto se corresponde con la proyección gubernamental de que para los próximos 10 años se necesitará una inversión total de 560 mil millones de pesos, es decir, 56 mil millones de pesos anuales.
El diferencial de inversión así obtenido se cubriría con la obtención de recursos públicos mediante el combate a la evasión fiscal, con la aplicación de un gravamen al capital financiero especulativo, y con los recursos liberados mediante una renegociación de la deuda pública, tal y como ha planteado el Partido del Trabajo en su propuesta de "la vía social" para el desarrollo económico de México.
Se nos ha dicho que las empresas privadas son eficientes y que ahí no hay corrupción, basta tan sólo con ver el ejemplo de la Compañía Enron, en el estado de California, Estados Unidos de América para darnos cuenta de que esta tesis no es correcta, que en las empresas privadas no todo es eficiencia, no todo es honradez y que lo único que las mueve es la obtención de utilidades.
La Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro han demostrado históricamente su compromiso con México, por ello y porque nuestra Norma Fundamental establece con carácter de exclusividad que corresponde a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer de energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines.
Además, el artículo 28 establece en el cuarto párrafo que el sector eléctrico es un área estratégica de la economía y que su explotación corresponde al Estado, por medio de los organismos y empresas que se requieran.
Proponemos que, en virtud de que en nuestra iniciativa se plantea la derogación de las disposiciones legales que hasta el momento están vigentes y que permiten la participación de particulares en las modalidades que se prevén en el artículo 3° de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, una vez que sean aprobadas las disposiciones materia de la presente iniciativa, las instalaciones de las empresas privadas que hasta el momento cuentan con permiso para realizar esas actividades, sean expropiadas a favor de la nación y transferidas a la Comisión Federal de Electricidad y a Luz y Fuerza del Centro, según corresponda para que dichos bienes sean aprovechados en la prestación del Servicio Público de Energía Eléctrica, que con exclusividad corresponde a la nación.
Compañeras y compañeros diputados:
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como siguen:
Artículo Primero.- Se derogan las fracciones I a IV del artículo 3°; se deroga el artículo 36; se derogan las fracciones III y IV del artículo 36 Bis, se derogan los artículos 37 y 38; se derogan las fracciones V y VI del artículo 40, y se deroga el artículo 46 de Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, para quedar como siguen:
Artículo 3.
No se considera servicio público:
V. ...
Artículo 36 Bis.
...
I. y II. ...
IV. Derogada
V. ...
Artículo 38. Derogado
Artículo 40.
...
V. Derogada
VI. Derogada
VII. ...
Artículo Segundo.- Se derogan las fracciones II y III del artículo 2°; se deroga la fracción XII del artículo 3° de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, para quedar como siguen:
Artículo 2.
...
II. Derogada
III. Derogada
IV. a VII. ...
...
Artículo 3.
...
XII. Derogada
XIII. a XXII. ...
Artículo 33.
...
V. Derogada
VI. ...
VII. Derogada
VIII. a XII. ...
Unico.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los siete días del mes de octubre del año dos mil tres.
Por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo
Diputados: Alejandro González Yáñez (rúbrica), coordinador; Pedro Vázquez González (rúbrica), vicecoordinador; Juan Antonio Guajardo Anzaldúa, Joel Padilla Peña (rúbrica), Oscar González Yáñez (rúbrica), Francisco A. Espinosa Ramos (rúbrica).
(Turnada a las Comisiones Unidas de Energía, y de Gobernación. Octubre 7 de 2003.)
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, le fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la minuta con proyecto de decreto por el que se concede autorización al C. Vicente Fox Quesada, Presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional del 14 al 21 de octubre de 2003, a efecto de que realice una visita de Estado a Japón, así como para asistir a la XI Reunión de Líderes Económicos del Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), a celebrarse en Bangkok, Tailandia.
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 y 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 56, 57, 59, 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión que suscribe procedió al estudio y análisis de la minuta enviada por la Cámara de Senadores, basada en las consideraciones que a continuación se exponen:
En lo concerniente a la visita de Estado a Japón, del 14 al 18 de octubre, esta Comisión estima pertinente mencionar que las relaciones de nuestro país con Japón han tenido un amplio marco de entendimiento en diversos órdenes, que van desde el político, el económico y el de la cooperación científica, técnica, educativa y cultural, dado que a lo largo de nuestra historia se puede considerar que las relaciones bilaterales han sido fructíferas, en las que las visitas de Jefes de Estado y gobierno han hecho una muy importante contribución.
Para México, la cooperación técnica recibida del Japón no sólo constituye la más importante que proviene institucionalmente del exterior, sino que ha permitido desarrollar trascendentes proyectos para el desarrollo sustentable.
En este sentido, en la minuta enviada por la colegisladora se destaca el hecho de que Japón es la segunda economía del mundo y el segundo socio comercial de México, por lo que se considera relevante este viaje de Estado a Japón, por el papel que juega la diplomacia personal para consolidar las relaciones diplomáticas entre ambas naciones y las de los diferentes actores políticos y económicos que en ellas intervienen.
Del análisis de la minuta enviada por la colegisladora, los integrantes de esta Comisión deseamos reconocer la importancia que para el desarrollo industrial y la creación de fuentes de empleo en México tiene la inversión japonesa, tanto en el ámbito de las maquiladoras, las empresas exportadoras, como en las de la producción para el mercado interno. En la actualidad hay más de 400 empresas japonesas establecidas, cuya inversión asciende a más de 20 mil millones de dólares, ofrecen empleo a más de 135,000 mexicanos y, por lo tanto, alientan la transferencia de tecnología y contribuyen al crecimiento de la producción, el empleo y la competitividad en México.
En el mes de junio del 2002, el Presidente Fox realizó una visita oficial de trabajo a Tokio. La agenda de trabajo comprendió entrevistas con el Jefe de Gobierno y con liderazgos del sector empresarial. Uno de los resultados principales de esa visita fue impulsar el Acuerdo de Libre Comercio entre ambos países, así como extender una invitación a las empresas japonesas para incrementar sus inversiones en México.
El resultado más importante de aquella visita fue el acuerdo entre ambos mandatarios para establecer un grupo de estudio, integrado por representantes gubernamentales, empresarios y académicos de los dos países, encargado de analizar la manera de fortalecer la relación económica bilateral entre México y Japón, y examinar las posibilidades de un Tratado de Libre Comercio benéfico para nuestro país.
En el contexto de esta visita de Estado a Japón es importante señalar que el programa previsto a realizar por el jefe de Estado mexicano incluirá una entrevista con el emperador Akihito; una reunión con el primer ministro, Junichiro Koizumi; con legisladores japoneses en el marco de la Federación Parlamentaria México-Japón, así como con otras personalidades japonesas del ámbito político, económico y cultural. De igual manera, el Presidente de la República tendrá encuentros con empresarios e inversionistas, donde buscará ampliar los vínculos económicos con representantes de cámaras de industria y comercio e instituciones financieras, así como con el Comité de Hombres de Negocios México-Japón.
Por otra parte, en el marco de la visita a Tailandia para participar en la XI Reunión de Líderes Económicos del Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), del 18 al 21 de octubre, la cual tiene por lema "Un mundo de diferencias: Sociedad para el futuro", esta Comisión desea mencionar que se inscribe en los esfuerzos que México ha venido haciendo en este mecanismo de cooperación multilateral, que se ha distinguido por ser el instrumento de cooperación económica y comercial más importante de la región del Pacífico.
En la minuta enviada por la Cámara de Senadores se menciona la contribución de nuestro país a este foro, derivado de la X reunión, que se efectuó en Los Cabos, Baja California, en el mes de octubre del año pasado, y en la que los líderes de las economías de APEC asumieron compromisos específicos en materia de liberalización, facilitación de comercio y la inversión, así como a la extensión de los beneficios de la integración de mercados a todos los sectores de la población.
Resalta en la minuta la intención expresa del Presidente de la República de participar, en el sentido de subrayar que, no obstante las diferencias entre las economías integrantes de APEC, es posible seguir avanzando en la consecución de los objetivos del mecanismo, en un plano de igualdad y en beneficio de todos los sectores de nuestras sociedades, de conformidad con las líneas de acción acordadas en Los Cabos, en los ámbitos del apoyo a las microempresas, el acceso a la información, el financiamiento, la salud y el fortalecimiento de las capacidades humanas.
La presencia de nuestro país en APEC abre un espacio de diálogo político con los líderes de las economías más dinámicas de la región y del propio continente americano. Se prevé que el Presidente sostendrá un diálogo político al más alto nivel con los jefes de Estado o de gobierno de los países que se reúnen en este foro, así como con líderes empresariales que integran el llamado CEO Summit, foro al que ha sido invitado para participar como orador sobre el tema del fortalecimiento de los lazos entre Asia y las Américas.
Con base en las consideraciones anteriores y en el análisis de la minuta con proyecto de decreto enviada por la Cámara de Senadores, donde se establece la procedencia de la autorización para que el titular del Ejecutivo pueda ausentarse del territorio nacional del 14 al 21 de octubre de 2003, a efecto de que realice una visita de Estado a Japón, así como para asistir a la XI Reunión de Líderes Económicos del Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), a celebrarse en Bangkok, Tailandia. Los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados de la LIX Legislatura sometemos a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente:
Decreto
Artículo Unico.- Se concede autorización al ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional del 14 al 21 de octubre de 2003, a efecto de que realice una visita de Estado a Japón, así como para asistir a la XI Reunión de Líderes Económicos del Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), a celebrarse en Bangkok, Tailandia.
Transitorio
Unico.- El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 7 días del mes de octubre de 2003.
Diputados: Adriana González Carrillo (rúbrica), Presidenta; Gustavo Adolfo de Unanue Aguirre, secretario; Carlos Martín Jiménez Macías (rúbrica), secretario; Arturo Robles Aguilar (rúbrica), secretario; Jorge Martínez Ramos (rúbrica), secretario; José Alberto Aguilar Iñárritu (rúbrica), Angel Juan Alonso Díaz-Caneja (rúbrica), Humberto Cervantes Vega (rúbrica), Cortés Jiménez Rodrigo Iván (rúbrica), Sami David David, Homero Díaz Rodríguez, María Cristina Díaz Salazar (rúbrica), José Luis Flores Hernández (rúbrica), Rogelio Alejandro Flores Mejía (rúbrica), Carlos Flores Rico (rúbrica), Blanca Gámez Gutiérrez (rúbrica), Fernando Alberto García Cuevas (rúbrica), Juan José García Ochoa (rúbrica), María Marcela González Salas y Petriccioli (rúbrica), Alejandro González Yáñez, Francisco Javier Guízar Macías, Leticia Gutiérrez Corona (rúbrica), Francisco Xavier López Mena, Alejandra Méndez Salorio (rúbrica), María Guadalupe Morales Rubio (rúbrica), Sergio Penagos García (rúbrica), Cristina Portillo Ayala (rúbrica), Francisco Javier Saucedo Pérez, Carlos Noel Tiscareño Rodríguez, Marco Antonio Torres Hernández.
Consideraciones
l. El tema de la infancia a partir de la Convención sobre los Derechos de la Niñez (CDN, 1989), aprobada por el Senado de la República en 1990, nos plantea un nuevo paradigma con relación a niñas, niños y adolescentes con sus necesidades básicas satisfechas, frente a aquellos cuya necesidades básicas están total o parcialmente insatisfechas.
2. Este nuevo paradigma define el camino desde el cual el Estado y la sociedad deben crear los instrumentos y mecanismos indispensables para ser más eficaces en la defensa y promoción de los derechos humanos específicos de las personas que aún no cumplen 18 años de edad.
3. El origen de la CDN, como el de muchos tratados sobre derechos humanos, es la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948). La Declaración fue uno de los primeros instrumentos internacionales en reconocer el valor ético y jurídico de los derechos económicos, sociales y culturales y en afirmar su relación de igualdad e interdependencia con los derechos civiles y políticos.
La trascendencia universal de la Declaración se basa en el reconocimiento de que los derechos humanos se sustentan en la dignidad intrínseca de toda persona. Esa dignidad y los derechos a la libertad y a la igualdad que de ella se derivan son inalienables e imprescriptibles.
La dignidad de la persona humana existe y debe reconocerse sin distinción alguna. De ello se deduce que los derechos humanos son universales por naturaleza y que todos los miembros de la familia humana adquieren esos derechos al nacer.
4. La aprobación de la Convención sobre los Derechos de la Niñez constituyó el punto culminante de la preocupación de todas las naciones del mundo por lograr bienestar y protección de los derechos de la niñez y la adolescencia.
Derivada de la Convención, en 1990 se celebró la Cumbre Mundial a Favor de la Infancia e igual que en la Sesión Especial de las Naciones Unidas para la Infancia, realizada en mayo de 2002, todos los Estados y gobiernos del planeta se han comprometido a atribuir alta prioridad a los derechos del niño y la niña, a su supervivencia, su protección y su desarrollo. Se señala que de esa manera también se contribuirá al bienestar de toda la sociedad.
Es importante señalar que este tratado de derechos humanos para la infancia es el que más aprobación ha tenido en el mundo; hoy sólo Estados Unidos falta de ratificarlo.
5. Ahora bien, conforme a lo dispuesto en el artículo 133 de la Carta Magna, nuestro país se ha comprometido a adoptar todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la Convención.
6. En este sentido, nuestra nación ha dado un paso trascendental al reconocer los derechos de niñas y de niños en el artículo 4° constitucional y al promulgar su ley reglamentaria, la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en 2000.
7. Sin embargo, este avance ha sido insuficiente y las bondades de la ley han quedado sólo en buenas intenciones porque no hemos logrado homologar y armonizar la legislación federal y la local con un criterio holístico en los términos de los preceptos de la doctrina de la protección integral derivada de la Convención.
8. Muchas de las recomendaciones y observaciones del organismo encargado de vigilar el cumplimiento de la Convención en el mundo, el Comité de los Derechos de la Niñez, siguen sin ser acatadas por México.
9. De manera preponderante, el Comité reitera en sus observaciones que el Estado parte continúe el proceso de reforma legislativa para velar porque la legislación relacionada con los derechos de la niñez, tanto en el plano federal como en el estatal, corresponda plenamente a los principios y las disposiciones de la Convención y refleje su carácter holístico e integral. Se llama la atención para que se resuelva la situación de vulnerabilidad en que se encuentran muchos grupos de infantes y adolescentes y la necesidad de su atención especializada y específica a partir del interés superior de la infancia como principio rector y su conversión a los grupos regulares de atención pública.
10. Se menciona que la situación de pobreza causa gran sufrimiento a infantes y afecta irreversiblemente el desarrollo de sus potencialidades humanas.
11. Conviene recordar que las estadísticas sociodemográficas proporcionadas por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática derivadas del XII Censo General de Población y Vivienda de 2000 nos muestran que la población total del país era de 97 millones 483 mil 412 habitantes, de la cual la población de 0 a 18 años de edad fue de 40 millones 799 mil 2, de los cuales 20 millones 575 mil 718 son del sexo masculino y 20 millones 223 mil 284 del femenino. Por tanto, alrededor de 8 millones de infantes y adolescentes sobreviven en situación de extrema pobreza.
12. Cobra esencial importancia conocer los datos de la Encuesta Nacional de Nutrición de 1999 porque nos arroja información sobrecogedora. En primer lugar, en relación con la población de infantes menores de cinco años: de 10 millones 612 mil 400 niñas y niños, 17.8 por ciento tiene baja talla y 7.6 por ciento tiene bajo peso.
Ampliando esa encuesta, señalamos que en las localidades rurales la prevalencia de baja talla o desmedro fue de 32.2 por ciento, mientras que en las urbanas la prevalencia fue de alrededor de 11 por ciento.
Igualmente impresionante es la prevalencia de anemia en niños menores de cinco años: de 27.2 por ciento en el ámbito nacional, sin grandes variaciones entre las regiones y localidades urbanas y las rurales.
13. La encuesta mencionada señala que en niños y en niñas en edad escolar entre 5 y 11 años, que representan 15 millones 609 mil 500 en todo el país, la prevalencia de bajo peso fue de 4.5 por ciento en el ámbito nacional y la prevalencia de baja talla para la edad fue de 16.1 por ciento. Y la prevalencia de anemia en el ámbito nacional fue de 19.5 por ciento; es decir, 2 millones 251 mil 645 niños y niñas.
14. En niños y en niñas de entre 5 y 11 años se manifiestan como problemas principales de nutrición el sobrepeso, la anemia y la deficiencia de micronutrimentos. Uno de cada cinco niños y niñas presenta sobrepeso y obesidad, sobre todo en las zonas urbanas.
15. Otro contexto igualmente desgarrador es la afectación en la dignidad humana de niñas y de niños incorporados a la explotación sexual y pornografía infantil en Internet, por el daño físico y emocional que les ocasiona, ya que es irreparable.
No sólo presentan problemas físicos de desarrollo, emocionales y psicológicos sino, también, de índole social, debido a las hondas heridas por la violencia ejercida en su contra.
16. Sobre el trabajo infantil, la Organización Internacional del Trabajo ha realizado diversos estudios, donde estima que alrededor de 6.7 por ciento de niñas y de niños de entre 10 y 14 años de edad trabajan en condiciones lamentables, con el problema inherente de que dejan sus estudios.
En este aspecto, el UNICEF estima que hay 3.5 millones de niños trabajando; de esa cifra, 111 mil 306 niños y niñas de entre 6 y 18 años trabajan en el Distrito Federal y en otras grandes ciudades del país.
Se considera que hay cuatro grandes sectores del trabajo infantil, a pesar de que la ley lo prohíbe: la agricultura, las calles de las grandes y las medianas ciudades, el servicio doméstico y los talleres pequeños en la periferia de las ciudades.
17. Especial atención merecen las niñas, los niños y los adolescentes en situación de calle y de abandono, toda vez que en nuestro país quienes no encuentran satisfechas las necesidades básicas de amor, comprensión y apoyo encuentran fuera del hogar la empatía de los grupos callejeros, con la constante exposición a riesgos o uso de drogas, además de ser susceptibles de cooptación por la delincuencia organizada.
Empero, no sólo los infantes y los adolescentes que viven en situación de calle son susceptibles de acceder al uso de drogas, sino cualquiera que no reciba los cuidados y las atenciones necesarios en el ámbito familiar.
18. Sigue siendo una preocupación el abuso físico y sexual, a cuyo respecto debemos señalar que hemos sido insuficientemente rigurosos para preservar a niñas y a niños del abuso y el maltrato en la familia, en la escuela y en la sociedad en general. Por ello, es indispensable reforzar los procedimientos y mecanismos adecuados para tramitar las denuncias de abuso de niños y de niñas con objeto de que se dé a éstos un rápido acceso a la justicia y de que se prohíban explícitamente en la ley los castigos corporales en el hogar, en las escuelas y en otras instituciones.
19. Preocupan también los casos de VIH-sida en las niñas, los niños y los adolescentes menores de 15 años de edad, cuyas cifras oscilan de 1983 a 2002 en mil 670 casos. Alarma el hecho de que 745 de éstos fueron transmitidos vía perinatal, 268 por transmisión sanguínea, 31 por transmisión sexual y 626 por transmisión desconocida.
20. Preocupa el tráfico de infantes, ya que niñas y niños son literalmente vendidos a los narcotraficantes o a grupos del crimen organizado, que los ocupan para el tráfico o venta de droga, así como para la pornografía o prostitución.
21. Con especial hincapié hemos de seguir pugnando porque los usos y las costumbres no afecten en los derechos fundamentales a la niñez perteneciente a los grupos indígenas. Sigue siendo un pendiente garantizar la educación bilingüe en todas las regiones originales de México.
22. No podemos dejar de mencionar en esta exposición de motivos nuestra preocupación por el predominio de la doctrina tutelar en el tratamiento de adolescentes infractores.
La simulación y los eufemismos imperantes en la actual forma de readaptar a los adolescentes infractores, quienes son privados de la libertad sin gozar del derecho a un debido proceso, mantienen nuestro país en el rezago respecto del avance que está teniendo el resto de los países latinoamericanos en cumplimiento de la Convención y las normas jurídicas especializadas en la atención y administración de la justicia de adolescentes de Naciones Unidas.
Ya no podemos retrasar los cambios en la materia. Estamos obligados a tomar todas las medidas apropiadas desde el Legislativo para evitar que siga bajando la edad penal en las entidades federativas porque es una forma inútil, pues la delincuencia organizada aprovecha la irresponsabilidad e imputabilidad penal de quienes son menores de edad para utilizarlos para sus fines.
Por tanto, es indispensable promover el establecimiento de leyes, procedimientos, autoridades e instituciones específicos para el tratamiento de los adolescentes respecto a quienes se alegue han infringido la ley penal o a quienes se acuse o declare culpables de haber infringido esa ley y resarcir la edad penal a 18 años en el país.
Señoras diputadas, señores diputados: hemos hecho una somera revisión de la situación y las necesidades de niñas, de niños y de adolescentes y la importancia de que sean reconocidos y tratados como sujetos de derechos a partir de que la Convención sobre los Derechos de la Niñez se ha convertido en ley suprema en toda la nación.
Argumentamos que el interés superior de la infancia, la no discriminación, la igualdad sin distinción alguna, la vida en familia como espacio primordial de desarrollo, la vida libre de violencia, sin abuso, ni maltrato de ningún tipo, la corresponsabilidad de los miembros de la familia, el Estado y la sociedad y la tutela plena e igualitaria de los derechos humanos y las garantías constitucionales son los principios rectores de todos y cada uno de los derechos de niñas, de niños y de adolescentes.
Que los derechos a la identidad, salud, alimentación, educación, juego, descanso, recreación, libertad de pensamiento y opinión deben ser vistos en conjunto, de manera integral y necesaria para la supervivencia, desarrollo, protección y participación de quienes aún no cumplen la mayoría de edad, de ahí que resulte indispensable que los reivindiquemos como lo que son: sujetos de derechos.
Hoy estamos inaugurando la LIX Legislatura del Congreso de la Unión. Estamos ante la posibilidad de asumir consecuentemente nuestro compromiso con la niñez y la adolescencia mexicanas y la construcción de su ciudadanía para impulsar una nueva sociedad más justa, más igualitaria, más democrática y más libertaria.
Por ello, con fundamento en los artículos 34, inciso c), 42 y 43, numerales 2 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración y aprobación del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se crea la Comisión de la Niñez, Adolescencia y Familias, como comisión especial, cuyo objeto será garantizar la transversalidad de la legislación federal en función del reconocimiento de los derechos humanos de la niñez y la adolescencia y lograr la protección, prevención, promoción y participación de sus derechos.
Segundo. Dicha Comisión Especial se formará con 20 integrantes, que serán elegidos con los criterios de pluralidad y proporcionalidad.
Tercero. La Comisión Especial subsistirá durante la presente Legislatura, en tanto se reforma la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para constituirse en comisión ordinaria.
Cuarto. La Comisión Especial deberá rendir de manera periódica un informe ante el Pleno de la Cámara de Diputados o, en su caso, ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los siete días de mes de octubre del año dos mil tres.
Diputados: Enrique Burgos García, Sonia Rincón Chanona, Angélica de la Peña Gómez, Margarita Zavala Gómez del Campo, Alejandro González Yáñez, Jesús Martínez Alvarez, José Angel Ibáñez Montes, Jorge Kahwagi Macari, Germán Martínez Cázares, Manuel Velasco Coello, Alejandro Agundis Arias, Luis Antonio González Roldán, María Avila Serna, Miguelángel García Domínguez, Miguel Alonso Raya, Pablo Gómez Alvarez, Tatiana Clouthier Carrillo (rúbricas).
(Turnada a la Junta de Coordinación Política. Octubre 7 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR AL EJECUTIVO FEDERAL QUE TOME LAS MEDIDAS CONDUCENTES A FIN DE APOYAR A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LA HUASTECA POTOSINA, DEL SUR DE TAMAULIPAS Y DEL NORTE DE VERACRUZ EN EL COMBATE Y LA ERRADICACION DE PLAGAS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JOSE MARIA DE LA VEGA LARRAGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, EN LA SESION DEL MARTES 7 DE OCTUBRE DE 2003
Con fundamento en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento el siguiente punto de acuerdo, para solicitar al Ejecutivo federal que tome las acciones conducentes a fin de apoyar a los productores agropecuarios de la Huasteca potosina, del sur de Tamaulipas y del norte de Veracruz en el combate y la erradicación de la plaga de langosta y de chapulín, bajo las siguientes
Consideraciones
A partir de la década de los setenta se detectaron en el estado de San Luis Potosí formaciones de mangas de plaga de langosta y de chapulín que se incrementaron de manera constante y notoria a partir de 1988, como resultado de periodos prolongados de sequía y altas temperaturas, seguidos de precipitaciones pluviales moderadas que incrementan la temperatura y el grado de humedad del suelo, favoreciendo la incubación de los huevecillos depositados por estas plagas.
En 2002, el crecimiento de esas especies abarcó una superficie superior a 87 mil hectáreas de pastizales, de caña de azúcar, de granos básicos, de áreas frutícolas y de hortalizas. En ese año se informó, por primera vez, de la presencia de la plaga en los municipios de Axtla de Terrazas, Coxcatlan, Huehuetlan, San Martín Ch., Tanlajas, Tampamolon, Xilitla, Aquismón, El Naranjo, Tamasopo, Tanquian de Escobedo y Tampacan, en San Luis Potosí; y de Pánuco, El Higo y Tempoal, en Veracruz, así como en el sur del estado de Tamaulipas.
Si bien el Comité Estatal de Sanidad Vegetal ha enviado técnicos especialistas en el combate de plagas a la zona afectada, con el fin de evitar que se incremente su presencia y afecte otros cultivos y -por tanto- a un número significativo de productores, las acciones no han sido suficientes para lograr su erradicación total.
El Poder Legislativo, en ejercicio de sus funciones como órgano político representante del pueblo y depositario de la soberanía nacional, debe atender las demandas de sus representados.
Por ello, en octubre de 2002 el grupo parlamentario de Acción Nacional presentó un punto de acuerdo dirigido a apoyar a los productores de la Huasteca potosina en el combate de ese tipo de plaga, que afecta severamente sus cultivos y que ha pasado a los estados de Tamaulipas y Veracruz.
Sin embargo, hasta el momento la Sagarpa no ha recibido la notificación correspondiente. Por tal motivo, consideramos que la situación debe abordarse de manera pronta y expedita para dar solución a tan grave problema. De no tomarse las medidas pertinentes en el control de la langosta y el chapulín durante este año, en el siguiente se afectarán cultivos muy importantes para la región, como maíz, soya, caña de azúcar, cítricos, sorgo y pastos, principalmente.
Los legisladores federales tenemos la responsabilidad constitucional de encontrar opciones que permitan restablecer las condiciones de los productores de la zona afectada. De no hacerlo, pueden perderse más de 400 millones de pesos invertidos en cultivos y pastizales.
Hoy se nos presenta la urgencia de apoyar de manera subsidiaria y solidaria a los productores de esas regiones de México, pues nuestra convicción como representantes populares es velar por los intereses de todos los mexicanos.
Además, debemos dejar claro que Acción Nacional siempre se ha pronunciado por la transferencia de instrumentos de promoción hacia los gobiernos locales, que les permitan cumplir un papel activo en materia de desarrollo económico.
En este sentido, proponemos al Ejecutivo federal considerar ese tipo de plagas un desastre natural, a fin de que los productores afectados tengan la posibilidad de acceder a los apoyos provenientes del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), ya que hasta el momento el fenómeno que se comenta no es catalogado como desastre natural.
Asimismo, consideramos necesario que la Sagarpa incluya en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004 una partida presupuestaria para crear laboratorios de organismos benéficos en cada uno de los estados afectados como una opción para combatir ese tipo de plagas en todo el territorio nacional.
Por lo anteriormente expuesto, el suscrito, diputado federal de la LIX Legislatura en la Cámara de Diputados y en nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, somete a consideración de esta H. asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se solicita a la Sagarpa que informe a esta soberanía respecto al avance de las acciones realizadas para combatir y erradicar la plaga de langosta y de chapulín en la Huasteca potosina, en el sur de Tamaulipas y en el norte de Veracruz, así como a los obstáculos que impiden que aquéllas se lleven a cabo de manera efectiva.
Segundo. Se exhorta a la Sagarpa a coadyuvar en los trabajos de sanidad en la región afectada por plaga de chapulín y de langosta, enviando al efecto el equipo técnico pertinente.
Tercero. Se solicita al Ejecutivo federal considerar el problema de plaga de langosta y de chapulín en la Huasteca potosina, en el sur de Tamaulipas y en el norte de Veracruz un desastre natural, a fin de canalizar recursos del Fonden para su pronta atención.
Cuarto. Se solicita a la Sagarpa incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004 una partida presupuestaria para crear laboratorios de organismos benéficos como una opción para combatir ese tipo de plagas en la región afectada.
Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 7 de octubre de 2003.
Dip. José María de la Vega Larraga (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Agricultura y Ganadería. Octubre 7 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE LA CAMARA DE DIPUTADOS EXHORTE A LA DE SENADORES A QUE PROCEDA A ANALIZAR LAS INICIATIVAS ENVIADAS POR EL EJECUTIVO FEDERAL QUE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTICULOS DEL CODIGO PENAL FEDERAL, DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN MATERIA DE TERRORISMO Y DE LA LEY PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, DEL CODIGO PENAL FEDERAL, DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN MATERIA DE EXPLOTACION SEXUAL INFANTIL, PRESENTADA POR EL DIPUTADO HORACIO MARTINEZ MEZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DEL MARTES 7 DE OCTUBRE DE 2003
Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y con el carácter de diputado federal por el Partido de la Revolución Democrática, someto a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo bajo la siguiente
Exposición de Motivos
Que en relación con la entrada en vigor de la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional, el día 29 de septiembre del 2003, es pertinente recordar que el 15 de noviembre del año 2000 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la "Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional", así como dos de sus tres protocolos complementarios: el primero, para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres y niños; el segundo, contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire; y finalmente un tercero, que no ha sido ratificado por la Cámara de Senadores, contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas, componentes y municiones.
Durante la conferencia política de alto nivel efectuada en Palermo, Italia, del 12 al 15 de diciembre de 2000, tuvo lugar la firma de la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional y de los dos protocolos mencionados por parte de los países miembros de las Naciones Unidas.
No fue casual, de ninguna manera, que la firma de este trascendente instrumento jurídico de cooperación internacional para prevenir y combatir la delincuencia organizada transnacional se efectuara en Palermo, la capital siciliana. Por el contrario, fue un reconocimiento de la Organización de Naciones Unidas (ONU) a los notables esfuerzos que las autoridades y la sociedad palermitanas han desarrollado desde la segunda mitad de los años ochenta del siglo XX en contra de una de las organizaciones criminales más poderosas en el mundo.
La Cosa Nostra había dominado Sicilia ancestralmente. Sicilia era identificada con la mafia. Esta había infiltrado las instituciones no sólo de la región siciliana sino también de Italia misma. Y no existía institución alguna que estuviera exenta de tal influencia criminal: el gobierno, el Poder Judicial, el Legislativo, la Iglesia, la escuela, la familia, el comercio, en sí toda la sociedad; en esta época la ley de la "omertá" (el pacto del silencio y de aceptación implícita del poder de la mafia) era la única ley que regía la vida de la sociedad siciliana.
El asesinato con coches bomba, en 1992, de los magistrados Giovanne Falconi y Paolo Borsellino, quienes se habían atrevido a llevar a algunos capos de la mafia a los tribunales, marcó el punto de inflexión de esta lucha. De los tres personajes principales condenados a muerte por la Cosa Nostra, uno salvó la vida: el alcalde Orlando Leoluca; en torno a él se comenzó a agrupar la sociedad palermitana y, por primera vez, se atrevió a hablar de lo prohibido, y no sólo ello, sino también a denunciar los crímenes de la mafia. Por cierto, quienes iniciaron este proceso fueron los niños de las escuelas primarias de Palermo. La "omertá" fue rota y esto marcó, no sólo el inicio de la decadencia de la Cosa Nostra, sino también el surgimiento de un amplio movimiento social conocido como Operación Manos Limpias, que llevo incluso a la caída de un político tan poderoso como el seis veces Primer Ministro Giulio Andreotti.
Hoy es ya famoso el símil que Orlando Leoluca utiliza para explicar el éxito en la lucha contra la mafia: la carreta siciliana, esto es, una carreta con sólo dos ruedas; en el modelo de Palermo, una rueda es él respeto a la ley y la otra rueda es la cultura. Si solamente una rueda se mueve, la carreta no avanza, sólo da giros. Se requiere que ambas ruedas giren juntas para que la carreta avance. La cultura de la legalidad es la gran lección de Palermo en la lucha contra la delincuencia organizada. Por esta razón, la ONU decidió que la firma de la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional y de sus protocolos complementarios tuviera lugar en Palermo, Sicilia.
Así, la Convención de Palermo tiene este símbolo y mensaje de esperanza para el mundo: como dice Orlando Leoluca, si en Palermo se ha podido comenzar a derrotar a la mafia, ¿por qué no se va a poder lograr en cualquier otra parte del mundo? La Convención de Palermo es, además, un ejemplo del nuevo sistema normativo que se está desarrollando en la comunidad internacional, con base en una jurisdicción creciente que busca ser universal.
Durante los 2 años que duraron las negociaciones en el seno de las Naciones Unidas para acordar los términos de la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus protocolos complementarios, México fue un decisivo promotor de estos instrumentos jurídicos, de manera que el 13 de diciembre de 2000 fue de los países firmantes en Palermo. El Senado de la República los aprobó el 22 de octubre de 2002; el decreto de aprobación fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de diciembre de ese mismo año y ratificado por el Gobierno Federal el 4 de marzo de 2003, siendo publicada dicha ratificación en el Diario Oficial de la Federación el 11 de abril del mismo año.
La Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional entró en vigor el 29 de septiembre de 2003, luego de haberse reunido las 40 ratificaciones necesarias para ello. México es Estado parte de la Convención y sus disposiciones son, de acuerdo con el artículo 133 constitucional, Ley Suprema de la Unión.
Las modificaciones legislativas que permitirán armonizar el marco legal existente con las disposiciones de la Convención han sido remitidas a la Cámara de Senadores por parte del Ejecutivo federal para su revisión y eventual aprobación.
La Convención proporciona un marco jurídico para promover la cooperación internacional en la prevención, la investigación y el enjuiciamiento de delitos graves cometidos por grupos delictivos organizados y que actúan más allá de las fronteras nacionales. Los protocolos complementarios están dirigidos a combatir la trata de personas, el tráfico de migrantes y de armas de fuego, delitos que han venido creciendo de manera alarmante en todo el mundo.
Las aportaciones de la Convención de Palermo a la lucha contra la delincuencia organizada transnacional son de gran importancia y abarcan desde aspectos conceptuales, jurídicos y legislativos hasta mecanismos de intercambio y análisis de información, programas de capacitación, técnicas especiales de investigación, así como asistencia y protección a víctimas.
La Convención incluye disposiciones sobre extradición, cuya aplicación permitirá detener y sancionar a los miembros de la delincuencia organizada transnacional, dondequiera que se encuentren, siempre y cuando el delito por el que se pide la extradición sea punible con arreglo al derecho interno del Estado parte requeriente y del Estado parte requerido, esto para evitar la impunidad de delincuentes que se protegen con las fronteras.
La Convención también define compromisos para combatir el lavado de dinero, a través del establecimiento de un amplio régimen interno de reglamentación y supervisión de los bancos y las instituciones financieras no bancarias, a fin de prevenir y detectar todas las formas de blanqueo de dinero, haciendo hincapié en los requisitos relativos a la identificación del cliente, el establecimiento de registros y la denuncia de las transacciones sospechosas; la Convención recomienda la creación de una dependencia de inteligencia financiera que sirva de centro nacional de recopilación, análisis y difusión de información sobre posibles actividades de lavado de dinero.
Además, la Convención establece lineamientos para la penalización de la corrupción; para el decomiso de bienes producto de ilícitos; embargos preventivos; vigilancia electrónica; operaciones encubiertas; protección de testigos; entregas vigiladas; asistencia judicial recíproca, entre otros mecanismos e instrumentos de combate a la delincuencia organizada transnacional.
Es pertinente señalar que la Convención establece que los Estados parte cumplirán sus obligaciones en consonancia con los principios de igualdad soberana e integridad territorial de los Estados, no intervención en los asuntos internos y define que nada de lo dispuesto en la Convención facultará a un Estado para ejercer, en el territorio de otro Estado, jurisdicción o funciones que el derecho interno de ese Estado reserve exclusivamente a sus autoridades.
Con la entrada en vigor de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en 1997, México dio un paso importante para dotarse de un instrumento jurídico que le permitiera enfrentar con mayor eficacia al crimen organizado. Sin embargo, ahora es necesario actualizar y modernizar nuestros ordenamientos jurídicos para aprovechar la experiencia desarrollada en los últimos años tanto en el nivel nacional como en el internacional.
La Convención de Palermo, así como otros instrumentos internacionales, nos compromete a realizar modificaciones legales para lo que México no puede estar al margen de los esfuerzos que en este mundo de globalización se están llevando a cabo por los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en contra de la delincuencia organizada transnacional.
Por tanto, se propone a esta H. Legislatura el siguiente
Punto de Acuerdo
1.- Que esta Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorte a la Cámara de Senadores para que proceda a entrar al estudio y análisis de las iniciativas de decreto enviadas por el Ejecutivo federal que reforman y adicionan diversos artículos del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada en materia de terrorismo y de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada en materia de explotación sexual infantil.
2.- Que esta Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorte al Ejecutivo federal a que dé seguimiento al trámite constitucional que acuerden las Cámaras de Senadores y Diputados en respuesta a las iniciativas que envió para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos como Estado parte de la Convención de Palermo.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de octubre de 2003.
Dip. Horacio Martínez Meza (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Octubre 7 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE SE EXHORTE A LA SECRETARIA DE GOBERNACION A QUE DECLARE ZONA DE DESASTRE EL ESTADO DE CHIAPAS, DEBIDO A LAS FUERTES LLUVIAS, QUE HAN CREADO GRAVES INUNDACIONES, Y A LOS DAÑOS POR EL DESBORDAMIENTO DEL RIO SABINAL, PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM EN LA SESION DEL MARTES 7 DE OCTUBRE DE 2003
Jorge Antonio Kahwagi Macari, Manuel Velasco Coello, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Alvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Avila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrimos a solicitar que se tenga a bien someter a la consideración la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Desde hace años, fenómenos naturales reiterados, debidos principalmente a diversos fenómenos climáticos, han ocasionado devastación y miseria en el territorio nacional. En este periodo de lluvias que ha azotado nuestro país, hemos sido testigos de la inoperabilidad de los programas implementados por el Gobierno Federal para acabar con un problema que se ha venido repitiendo año con año: los desastres naturales provocados por la entrada de huracanes y tormentas tropicales de graves efectos entre la población.
Tal es el caso de la tormenta tropical Larry, que dejó a su paso por el sureste del país, numerosos damnificados y cuantiosos daños a la infraestructura de esa zona. En particular, el estado de Chiapas sufrió los mayores daños, aunque los estados de Veracruz, Campeche y Tabasco también sufrieron graves estragos.
En toda la zona de influencia, se estima, hay miles de damnificados por la tormenta tropical que requieren de nuestro apoyo, la mayor parte de ellos en Tuxtla Gutiérrez.
Las precipitaciones pluviales, que llegaron a 150 milímetros en las últimas horas, provocaron que los ríos Ortiz, Pontinapak, Huehuetán y, particularmente, el Sabinal, que tiene su paso por la ciudad, se salieran de su cauce y dejaran a varias familias sin techo ni pertenencias. Las intensas lluvias registradas en las últimas horas en la entidad dejaron 361 familias afectadas, más de mil hectáreas de cultivos siniestrados, 35 colonias afectadas y casi tres mil personas evacuadas.
Además de que existe alerta para los próximos días, ya que se esperan lluvias superiores a los 200 milímetros en los municipios de las regiones Norte, Centro, Costa y Soconusco.
Al momento, la Secretaría de la Defensa Nacional implementó en la zona el plan DN3, y se distribuye agua potable, alimentos, ropa y medicinas.
La Secretaría de Gobernación, a través de la Coordinación General de Protección Civil, ya emitió la declaratoria de emergencia con cargo al Fondo de Desastres Naturales (Fonden) para el estado de Chiapas, a fin de atender la emergencia originada por la tormenta tropical Larry, que afecta a 30 municipios de la entidad.
Asimismo, es necesario que las diversas áreas de la Administración Pública Federal y la estatal coordinen la ayuda necesaria para nuestros hermanos en desgracia, sobre todo porque esa ayuda puede satisfacer la necesidad de muchas comunidades y ser crucial para la supervivencia de los chiapanecos.
Los miembros del Partido Verde Ecologista de México estamos convencidos que la mejor prevención contra este tipo de desastres implica acciones de protección y restauración de nuestro patrimonio ecológico.
Por todo lo anterior, solicitamos al Pleno de esta Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 59 del Reglamento Interno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se someta y vote el presente documento, por tratarse de un asunto de obvia y urgente resolución, para que se acuerde:
Primero.- Solicitamos que a la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la declaratoria de emergencia para la zona afectada, los recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales se canalicen con premura, a fin de poder atender con mayor efectividad y prontitud la grave situación que enfrentan nuestros compatriotas.
Segundo.- Que el Poder Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación, aplique lo que establece la fracción XXIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para minimizar los efectos por la tormenta tropical Larry.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 7 días del mes de octubre del 2003.
Diputados: Jorge A. Kahwagi Macari, coordinador; Manuel Velasco Coello (rúbrica), vicecoordinador; Alejandro Agundis Arias (rúbrica), Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Alvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán (rúbrica), María Avila Serna, Fernando Espino Arévalo (rúbrica) Maximino Fernández Avila (rúbrica), Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Jorge Legorreta Ordorica (rúbrica), Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez, Sonia Rincón Chanona (rúbrica), Julián Nazar Morales (rúbrica), Roberto Aquiles Aguilar Hernández (rúbrica), Francisco Rojas Toledo (rúbrica).
(Aprobada en votación económica. Octubre 7 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE LA CAMARA DE DIPUTADOS INTEGRE COMISION ESPECIAL ENCARGADA DE VIGILAR EL PROCESO ELECTORAL EXTRAORDINARIO EN EL ESTADO DE MEXICO QUE SE REALIZARA EL DOMINGO 12 DE OCTUBRE, PRESENTADA POR EL DIPUTADO OSCAR GONZALEZ YAÑEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT, EN LA SESION DEL MARTES 7 DE OCTUBRE DE 2003
Con fundamento en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a su consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo para que esta soberanía apruebe la creación de una comisión especial para observar la jornada electoral extraordinaria que tendrá verificativo en diversos municipios del estado de México.
Habida cuenta de la necesidad de que esta jornada electoral se realice con pleno respeto a las normas electorales y de que no se presenten situaciones contrarias a la ley que inhiban la participación de los electores, sometemos a su consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo para que se considere de urgente resolución.
Artículo Unico. Que el Pleno de la Cámara de Diputados apruebe que la comisión especial encargada de asistir a los estados de Tabasco y San Luis Potosí quede facultada para estar presente en el estado de México el próximo domingo 12 de octubre y que al concluir sus tareas rinda un informe al Pleno de la honorable Cámara de Diputados.
Diputados: Javier Salinas Narváez, Gerardo Ulloa Pérez, Rubén Maximiliano Alexander Rábago, Luis Antonio González Roldán, Jesús Martínez Alvarez, Oscar González Yáñez (rúbricas).
(Turnada a la Junta de Coordinación Política. Octubre 7 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE SE EXHORTE AL EJECUTIVO FEDERAL Y A LA COMISION NACIONAL DEL AGUA A QUE CUMPLAN EN SUS TERMINOS EL TRATADO INTERNACIONAL DE LIMITES Y AGUAS DE 1944, Y QUE SE SOMETA A APROBACION DEL SENADO EL CONTENIDO DEL ACTA 309 DE LA COMISION INTERNACIONAL DE LIMITES Y AGUAS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO HOMERO DIAZ RODRIGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA SESION DEL MARTES 7 DE OCTUBRE DE 2003
Acudo ante esta soberanía a hacer de su conocimiento que la Comisión Internacional de Límites y Aguas, integrada por un representante de México y otro de Estados Unidos de América, en violación a los artículos 89, fracción X, y 76, fracción I, constitucionales, suscribió el 3 de julio de 2003 el acta 309, en la cual se prevé ahorrar y reservar volúmenes de agua mediante la modernización y mejora de la infraestructura de distritos de riego del río Conchos y se determinan medidas para su cesión o traspaso al río Bravo, también conocido como río Grande, a efecto de cubrir con ello faltantes de pago de agua a Estados Unidos de América, lo cual implica, además de una modificación en la práctica, una franca violación al Tratado Internacional de Límites y Aguas suscrito por ambas naciones en 1944, y privando de dicho líquido vital tanto a las ciudades fronterizas como al campo de Tamaulipas.
Como antecedente, en el acta 307 de la misma Comisión se refiere que en el encuentro de los Presidentes Fox y Bush, en San Cristóbal, Guanajuato, el 16 de febrero de 2001, éste último solicitó un volumen de 740 millones de metros cúbicos para abonar la deuda de agua con Estados Unidos.
En esa minuta se observa que, de finales de septiembre de 2000 al 3 de marzo de 2001 se entregaron 287 millones de metros cúbicos, por lo que a la fecha de la firma del acta 307 sólo restaba a México cubrir 453 millones de metros cúbicos.
Asimismo, en otro antecedente, el acta 308 de 2002, se establece el compromiso de la Comisión de proporcionar sus observaciones a los gobiernos de México y Estados Unidos y al Banco de Desarrollo de América del Norte, respecto de la estimación de volúmenes de agua reservada por proyectos a cargo de México para modernizar y mejorar la tecnología en distritos de riego y unidades en la cuenca del río Bravo o Grande, a fin de hacerlos sustentables, y sobre las medidas para asegurar la cesión o traspaso de reservas a este río.
Los trabajos permitirían el incremento de reservas de agua hasta 396 millones de metros cúbicos anuales, para lo cual se requeriría una inversión de mil 535 millones de pesos en diversas obras de mantenimiento e infraestructura hidráulica, y los volúmenes ahorrados o reservados serían transferidos a las presas durante diciembre y enero de cada año, y posteriormente al río Bravo a partir de enero de cada año.
Para darle transparencia a dicho procedimiento, el Gobierno de México, a través de la Comisión Nacional del Agua, proporcionaría información técnica y prepararía un reporte del volumen de agua liberado de las presas, del volumen de agua ahorrado o en reserva alcanzado, así como del progreso durante el año anterior respecto de las obras construidas y de las cantidades erogadas de los volúmenes ahorrados transferidos al río Bravo y del programa de actividades del año siguiente.
Incluso, se ha realizado un intercambio de cartas entre el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y la Secretaría de Hacienda de México, considerando el apoyo potencial financiero para los proyectos de conservación de aguas en México.
Por lo que se refiere al acta 309, entrará en vigor hasta que haya una notificación de la aprobación de los gobiernos de México y de Estados Unidos de América y México, a través de las respectivas secciones de la Comisión.
Llamo la atención sobre la suscripción de dicha acta o minuta 309 de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, porque en el pasado reciente, y como consecuencia del abono de agua a Estados Unidos, se privó del agua concesionada a los distritos de riego de Tamaulipas y se puso en riesgo el suministro de dicho líquido para uso humano de las ciudades de toda la frontera norte del Estado, al haber quedado las presas internacionales con volúmenes para cubrir la demanda de tan sólo cinco meses.
Al pueblo y al gobierno de Tamaulipas les preocupa que la única solución del Gobierno Federal y de la Comisión Nacional del Agua para enfrentar el pago de la deuda a Estados Unidos de América consista en los 396 millones de metros cúbicos que se rescaten mediante la rehabilitación y modernización de los distritos del río Conchos, afluente del Bravo, cuando existen en dicha cuenca, entre sobreconcesionamientos y extracciones irregulares, más de mil millones de metros cúbicos que, de acuerdo con el tratado de 1944, deberían ser transferidos a las presas internacionales y al río Bravo para aforar los pagos de agua a Estados Unidos.
Lo anterior, además de ser violatorio del Tratado de Límites y Aguas, por no cumplir el Gobierno de México con su obligación, derivada de su función y del propio Tratado de establecer y hacer cumplir la estructura legal y regulatoria de la operación del sistema hidráulico, es atentatorio en contra de los estados de la Federación y de sus propios ciudadanos, como el caso particular de Tamaulipas, ubicado en la parte baja de la cuenca del Bravo, a quienes no sólo se priva del agua concesionada necesaria para hacer producir sus campos, sino que pone en riesgo la subsistencia y salud de sus habitantes al privarlos del suministro indispensable para consumo humano.
Sólo ilustrativamente, menciono que el río Conchos presenta un escurrimiento medio anual de aproximadamente 2 mil millones de metros cúbicos y cuenta con una capacidad de almacenamiento de 4 mil millones de metros cúbicos, lo que, aunado al sobreconcesionamiento y a la explotación irregular, hará imposible que en años normales escurran los volúmenes comprometidos con Estados Unidos, y que significan más del 53% del volumen comprometido, por lo que es claro que, de continuarse violando el Tratado Internacional del Límites y Aguas en base a actas, cada vez se comprometerá más la disponibilidad que exige el desarrollo tan dinámico que presenta el norte del estado de Tamaulipas, y el problema de los agricultores en el corto plazo se puede presentar en el resto de los sectores usuarios, incluyendo el doméstico.
Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar a esta honorable representación popular, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorte al Ejecutivo federal y a la Comisión Nacional del Agua a que cumplan en sus términos el Tratado Internacional de Límites y Aguas de 1944.
Segundo. Se someta a aprobación del Senado de la República el contenido del acta 309 de la Comisión Internacional de Límites y Aguas y se obligue al cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 89, fracción X, y 76, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por implicar dicha acta una modificación al Tratado Internacional de Límites y Aguas de 1944, que debe de ser celebrada por el titular del Ejecutivo Federal con aprobación del Senado de la República.
Tercero. Se exhorte al Gobierno Federal para que, a través de la Comisión Nacional del Agua, cumpla con su obligación de hacer cumplir la estructura legal y regulatoria de la operación del sistema hidráulico, para poner orden al sobreconcesionamiento y tolerancia de explotación irregular, en las cuencas de los afluentes a que deben aflorar los volúmenes del río Bravo o Grande, que deben entregarse a Estados Unidos conforme al Tratado Internacional de Límites y Aguas de 1944.
Cuarto. Exhortar al Gobierno Federal, a través de la Comisión Nacional del Agua, para que los volúmenes de agua ahorrados o reservados, conforme a las obras de mantenimiento e infraestructura hidráulica realizados en el río Bravo y en sus afluentes, se utilicen para cubrir las necesidades de los usuarios de la cuenca baja del propio río Bravo y no se usen para cubrir pagos internacionales, por ser economías domésticas, que deben beneficiar al campo y a los habitantes de México.
Quinto. Exhortar al Gobierno Federal, a través de la Comisión Nacional del Agua, para que en la administración de los recursos hidráulicos no se perjudique a los distritos de riego ni a los habitantes de Tamaulipas y, eventualmente, las carencias sean soportadas proporcionalmente por todos los usuarios de la propia cuenca.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de octubre de 2003.
Diputados: Homero Díaz Rodríguez, José Manuel Abdala de la Fuente, Jesús Humberto Martínez de la Cruz, Baltasar Manuel Hinojosa Ochoa, Humberto Francisco Filizola Haces, Oscar Martín Ramos Salinas, Gonzalo Alemán Migliolo, Cruz López Aguilar, Carlos Flores Rico, Sergio Arturo Posadas Lara (rúbricas).
(Turnada a la Comisión de Relaciones Exteriores. Octubre 7 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR AL GOBERNADOR DE COAHUILA A QUE SE INSTAURE UN PROGRAMA URGENTE DE EMPLEO EN LOS MUNICIPIOS DE MONCLOVA Y DE SALTILLO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO MANUEL IGNACIO LOPEZ VILLARREAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, EN LA SESION DEL MARTES 7 DE OCTUBRE DE 2003
El suscrito diputado federal, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar ante esta soberanía este punto de acuerdo, por el que se solicita al titular del Poder Ejecutivo federal y gobernador de Coahuila de Zaragoza que implanten un programa urgente de empleo en los municipios de Saltillo y de Monclova, conforme a las siguientes
Consideraciones
Como el empleo es consecuencia de la inversión, supone una responsabilidad del honorable Congreso de la Unión trabajar a fin de propiciar las condiciones necesarias para mayor inversión productiva en el país, que se refleje en la creación de puestos de trabajo. De esa manera, es menester que la LIX Legislatura trabaje en el análisis, estudio y aprobación de las reformas fiscal, eléctrica y laboral, para que el país alcance crecimiento económico sostenido de largo plazo, basado en el fortalecimiento del mercado interno, la productividad y la competitividad, así como disminuir la dependencia económica del exterior.
Respecto a la reforma fiscal, ésta se hace imperativa por el bajo nivel de los ingresos tributarios del Gobierno Federal.
Por tal motivo, es necesario otorgar mayores recursos al Poder Ejecutivo para incrementar el gasto público social y de inversión, lo que incidirá de manera favorable en la economía de las empresas y de las familias.
La reforma eléctrica será un fuerte impulso de la competitividad del país, dado el fomento de la modernización del sector y el seguro abastecimiento de la energía eléctrica para la población y la industria a menores costos y con un mejor servicio.
Finalmente, la reforma laboral responde a que el mercado de trabajo en nuestro país es muy rígido. Así, esa reforma se convierte en un nicho de oportunidad para elevar la competitividad del país mediante la flexibilización de los regímenes laborales y la facilitación del funcionamiento de los mercados de trabajo.
Eso, sin duda, fomentará la generación de más y mejores empleos.
Por ello, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional impulsará responsablemente esas reformas estructurales para incrementar la inversión pública y privada, así como para atraer mayor inversión extranjera de largo plazo, lo cual redundará en más fuentes de empleo.
Hoy día, el estado de Coahuila resiente la falta de plazas de trabajo y, más específicamente, los municipios de Saltillo y de Monclova, que han sido golpeados severamente por la contracción del comercio exterior.
Ejemplo de ello es que, de enero a agosto del presente año, esos municipios presentaron tasas de desempleo promedio de 5.03 y 4.75 por ciento, respectivamente, más altas que la media nacional.
Es más, el municipio de Saltillo presentó en agosto una tasa de 7.5 por ciento, cifra muy preocupante.
Ello es consecuencia de la alta vinculación de esos municipios al mercado estadounidense y, principalmente, a la producción de la industria del automóvil, dado que en Saltillo y Monclova se asientan importantes compañías del ramo.
Actualmente, la cercanía de Coahuila con Estados Unidos no parece una ventaja comparativa y se ha convertido en dependencia económica, que perjudica a miles de personas.
Muestra de esa situación es que, en los últimos meses, las exportaciones del país se han reducido y, con ello, las ventas externas de la industria del automóvil, que en agosto tuvieron una caída de 15 por ciento, lo que afectó la actividad productiva de Saltillo y de Monclova.
Por lo anterior, es imperiosa la necesidad de impulsar acciones para emplear temporalmente a estos conciudadanos, mientras el mercado externo se recupera junto con la industria local.
En días pasados, la Secretaría de Economía anunció que se realizan acciones para mejorar la situación del empleo en el país, impulsando por -una parte- 12 sectores industriales que más contribuyen al PIB y -por otra- fomentando nuevas inversiones nacionales y extranjeras.
Por otra parte, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social lleva a cabo una transformación para modernizarse e impulsar la creación de más y mejores empleos.
Para ello creó la Subsecretaría de Empleo y Política Laboral, la cual estará a cargo de apoyar e impulsar una política laboral de largo plazo, promover la vinculación entre buscadores y generadores de empleo, apoyar a desempleados y el establecimiento de proyectos productivos y elaborar diagnósticos sobre los factores que promueven el empleo, entre otras tareas.
En la esfera de su competencia, la Secretaría de Desarrollo Social cuenta con gran variedad de programas, que inciden precisamente en el bienestar de la población menos favorecida en zonas marginadas.
Si bien los municipios de Saltillo y de Monclova pueden no ser susceptibles de esos apoyos, esa secretaría podría impulsar un programa de empleo temporal para otorgar un ingreso a las familias que estimule el consumo, lo cual -a su vez- incrementará la producción y, con ello, el empleo.
En consecuencia, es menester que la Cámara de Diputados, como poder soberano, solicite al Poder Ejecutivo federal y al gobierno de Coahuila que emprendan las acciones necesarias a fin de implantar un programa urgente de empleo para brindar pronta solución a miles de personas que han perdido su empleo y otras que están por empezar su vida laboral, de tal forma que podamos mitigar tan severo problema de los municipios de Saltillo y de Monclova, mientras creamos las condiciones para una estrategia de crecimiento que permita la creación de empleos productivos a un ritmo más acelerado.
Por lo anterior, someto a esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal que instruya a las secretarías de Economía, de Desarrollo Social y del Trabajo y Previsión Social para que implanten un programa urgente de empleo en los municipios de Saltillo y de Monclova, de Coahuila de Zaragoza, en coordinación y con el apoyo del gobierno del estado.
Segundo. Comuníquese a las dependencias correspondientes y al gobierno estatal de Coahuila de Zaragoza.
Dip. Manuel López Villarreal (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Octubre 7 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR AL EJECUTIVO FEDERAL A SIMPLIFICAR LAS REGLAS DE OPERACION DEL FONDO DE DESASTRES NATURALES, ASI COMO A LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS A QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2004 SE DUPLIQUE EL MONTO DE RECURSOS DESTINADOS A ESE FONDO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO MARCOS MORALES TORRES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DEL MARTES 7 DE OCTUBRE DE 2003
El que suscribe, diputado Marcos Morales Torres, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, bajo los siguientes
Considerandos
México es una de las naciones del mundo más expuestas a los desastres naturales, pues se encuentra ubicado en la zona conocida como el Cinturón de Fuego, en donde ocurre el 80% de la actividad sísmica y volcánica a escala mundial, y dentro de cuatro de las seis regiones generadoras de huracanes en el mundo. Además, esta vulnerabilidad se ve incrementada dados los resultados de estudios sobre el cambio climático que advierten de una mayor incidencia de fenómenos naturales extremos.
El Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) ha reportado que debido a los desastres naturales ocurridos en México entre 1980 y el año 2000, se perdieron 10,000 vidas humanas y se sufrieron daños directos a los acervos de capital y al patrimonio de las personas, empresas o instituciones por un monto aproximado de 14,000 millones de dólares.
Por lo anterior, resulta de vital importancia que nuestro país cuente con un mecanismo eficaz de auxilio económico por parte del gobierno federal, que pueda apoyar de manera expedita a las entidades federativas en las cuales se presentan desastres naturales que ponen en peligro el patrimonio de los ciudadanos, y más aún, su propia vida.
De acuerdo con lo establecido en el Acuerdo que establece las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2003, este Fondo tiene como objetivo atender los efectos de desastres naturales imprevisibles, cuya magnitud supere la capacidad financiera de las entidades federativas. Es un instrumento complementario respecto de las acciones que deben implementar y llevar a cabo las entidades federativas para la atención de desastres naturales.
Desde el inicio de las sesiones ordinarias de la LIX Legislatura de la H. Cámara de Diputados, a propuesta de varios legisladores integrantes de diversos grupos parlamentarios, este pleno ha aprobado una serie de puntos de acuerdo de urgente resolución para solicitar la pronta acción del Fonden, dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob), ante la gran magnitud de los desastres ocurridos entre la población por las torrenciales lluvias y huracanes que han azotado desde hace varios meses a diversos estados de la Republica Mexicana:
- El 11 de septiembre el Dip. Raúl Rogelio Chavarría Sales del Partido de la Revolución Democrática, a nombre del PRI, PAN y PRD, presentó una proposición con punto de acuerdo en relación con las personas que resultaron afectadas por las inundaciones en el Estado de Querétaro, Guanajuato, Jalisco y Zacatecas, solicitando la acción del Fonden. Se consideró de urgente y obvia resolución, y se aprobó en el pleno.
- El 18 de septiembre el Dip. J. Miguel Luna Hernández del Partido de la Revolución Democrática, presentó una proposición con punto de acuerdo suscrito por diputados federales del Estado de Guanajuato, PRD, PRI y PAN, para solicitar al Ejecutivo la declaratoria de desastre natural en diversos municipios del Estado de Guanajuato. Se consideró de urgente y obvia resolución, y se aprobó en el pleno.
- El 23 de septiembre de 2003 el Dip. Joel Padilla Peña del Partido del Trabajo, presentó una proposición con punto de acuerdo suscrita por diputados federales del PRI, PRD, PVEM, PT y Convergencia, para solicitar que el Fonden libere y entregue de manera inmediata los recursos para las regiones declaradas como zona de desastre, y puedan resolver urgentemente las contingencias presentadas. Se consideró de urgente y obvia resolución, y se aprobó en el pleno.
- El 25 de septiembre de 2003, el Dip. Quintín Vázquez García del Partido Revolucionario Institucional, presentó una proposición con punto de acuerdo para crear una comisión especial encargada de coadyuvar con las instancias correspondientes y verificar la pronta aplicación de los recursos del fondo revolvente del Fonden, así como su eficiente y eficaz ejercicio. Se turnó a la Comisión de Gobernación.
- El 25 de septiembre de 2003, la Dip. Maria Hilaria Domínguez Arvizu del Partido Revolucionario Institucional, presentó una proposición con punto de acuerdo para que se exhorte al titular del Poder Ejecutivo y al secretario de Gobernación a que con la mayor brevedad se liberen los recursos del fondo revolvente del Fonden y del Fondo de Apoyo para Contingencias a los municipios de Santiago Ixcuintla, San Blas, Tuxpan, Tecuala, Rosamorada, Ruiz, La Yesca, Acaponeta y el Nayar, del estado de Nayarit; y que se integre una comisión especial de diputados que se traslade a las zonas de desastre para su evaluación. Se consideró de urgente y obvia resolución, y se aprobó en el pleno.
De tal suerte, los recursos tardan incluso meses en fluir a la zona de desastre, lo cual complica más la situación de las familias que se han visto afectadas y quienes por lo tanto sufren las consecuencias, al no recibir a tiempo el apoyo.
Asimismo, es claro que una parte fundamental del problema se encuentra en la propia redacción de las Reglas de Operación del Fondo, y en los plazos y procedimientos que en ellas se establecen para que las entidades federativas puedan tener acceso a los recursos del mismo. Con base en el propio Acuerdo, el procedimiento para que las entidades federativas puedan acceder a los recursos del Fondo comprende varias etapas:
De tal manera los recursos del fondo revolvente, cuyo fin es proveer rápidamente a la población afectada por un desastre natural de recursos para despensas alimenticias, láminas, artículos de abrigo, herramientas y servicios sanitarios, entre otros, no han sido canalizados con la rapidez necesaria entre otros motivos porque las Reglas de Operación no establecen un plazo límite para que la autoridad autorice su canalización.
1. Por petición escrita del C. Gobernador del estado o del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a la Segob, a través de la Dirección general del Fonden. La solicitud deberá recibirse en un plazo no mayor de 5 días hábiles, contados a partir de la ocurrencia del desastre.
2. Para emitir la declaratoria, la Segob deberá solicitar en un plazo no mayor de dos días hábiles posteriores a la petición de la declaratoria, opinión previa a la Comisión Nacional Forestal, para el caso de incendios forestales; a la Comisión Nacional del Agua, para el caso de fenómenos hidrometeorológicos, y al Cenapred para el caso de fenómenos geológicos, a fin de que se corrobore bajo su responsabilidad la ocurrencia del desastre natural.
3. Una vez que reciba la solicitud respectiva, la dependencia correspondiente deberá corroborar la ocurrencia del desastre, para lo cual dispone de un máximo de 4 días hábiles posteriores a la solicitud de opinión por parte de la Segob.
4. Cuando esta opinión haya sido recibida, entonces la Segob podrá emitir la declaratoria de desastre respectiva, la cual deberá ser publicada en un plazo no mayor de 4 días hábiles posteriores a la recepción de la opinión que confirme la ocurrencia del desastre natural.
Posteriormente, y una vez que la Declaratoria de Desastre Natural ha sido efectuada por la Segob, se procede como sigue:
En cualquier caso, las solicitudes de fondos por parte de las entidades federativas deberán justificar que el daño supera la capacidad financiera de éstas, por lo que deberán presentar la documentación presupuestaria de la cual se desprenda la insuficiencia de recursos, suscrita por el secretario de Finanzas de la entidad.
1. La entidad federativa podrá solicitar a la dependencia correspondiente según la causa del desastre, que realice las gestiones necesarias para que se otorguen anticipos con cargo al Fonden, con objeto de iniciar a la brevedad acciones de apoyo.
En caso de considerarlo procedente, esta solicitud será enviada por la dependencia correspondiente a la Secretaría de Hacienda para su trámite. Sin embargo, aquí tampoco se establece ningún plazo máximo para que se lleven a cabo los trámites correspondientes, por lo que se da pie a la discrecionalidad y por lo tanto, a la tardanza en el flujo de los recursos.
2. La dependencia correspondiente según el tipo de desastre, enviará a la Dirección General del Fonden su solicitud de recursos y al mismo solicitará a la SHCP su opinión presupuestaria. Las solicitudes de recursos deberán presentarse a la Dirección General del Fonden en un término improrrogable de 15 días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente al que se haya celebrado la sesión de entrega de resultados por parte del Comité de Evaluación de Daños.
- La SHCP deberá emitir su opinión presupuestaria a las dependencias federales y entidades paraestatales solicitantes en un plazo que no deberá exceder de 5 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de su recepción en la SHCP. En caso contrario, se entenderá que no existe objeción por parte de esta Secretaría.
- La Dirección General del Fonden tendrá un plazo máximo de 4 días hábiles contados a partir de la recepción de la opinión presupuestaria de la SHCP, para analizar la solicitud de la dependencia federal que la haya elaborado. La Dirección General del Fonden podrá solicitar información adicional a las dependencias en un plazo no mayor de 2 días hábiles, y deberá recibir esta información en un máximo de 3 días hábiles.
- Una vez que la Segob cuente con la solicitud de recursos y el dictamen de evaluación y cuantificación de daños definitivo de la dependencia federal de que se trate, lo someterá a la Comisión Intersecretarial de Gasto-Financiamiento, la cual emitirá sus recomendaciones sobre las solicitudes de recursos con cargo al Fonden. La Segob, con el objeto de que la Comisión pueda valorar la procedencia o viabilidad financiera de solicitudes con cargo al Fonden, enviará una serie de datos al secretario técnico de la misma.
- El secretario técnico de la Comisión, en un máximo de 4 días hábiles a partir de la sesión en que así se determine, deberá hacer del conocimiento de la SHCP el acuerdo de la Comisión por el que se recomienda a esta Secretaría la autorización de recursos del Fonden, y al mismo tiempo hacer saber este acuerdo a la dependencia federal que solicitó los recursos.
Al momento en que esto ocurre, como puede verse por lo anteriormente expuesto, han transcurrido ya un máximo de 28 días hábiles a partir de la Declaratoria Oficial de Desastre Natural, así como una cantidad impresionante de trámites ante diversas instancias. Es decir, poco menos de tres meses desde que ocurrió el desastre, lo cual evidentemente es un lapso de tiempo excesivamente largo para poder dar atención oportuna, eficaz y eficiente a la población afectada.
Por otra parte, anualmente la SHCP incorpora en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, recursos para el Fonden, los cuales se presupuestan en el programa correspondiente del Ramo 23, Previsiones Salariales y Económicas. El monto de estos recursos se establece con base en la recomendación de la Comisión Nacional del Agua y la Segob, a través del Cenapred.
De tal forma y con base en la información anterior, resulta necesario que en la elaboración del Proyecto de Presupuesto de Egresos para el año 2004, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados, realice un exhaustivo análisis que le permita asignar un monto presupuestal que por lo menos duplique lo asignado al Fonden respecto al año 2003, de manera que pueda atender los eventos de esta naturaleza que pudieran presentarse a lo largo del año 2004, de manera que no exista insuficiencia de recursos, situación que sí ocurrió en este año.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este Pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal a que, con la mayor brevedad, lleve a cabo en la medida de lo posible la simplificación de las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales, que permita reducir trámites y número de días hábiles que actualmente se requieren para que los recursos económicos procedentes del Fondo lleguen de manera expedita, eficaz y oportuna a la población afectada por un desastre natural.
Segundo. Se hace un atento exhorto a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta H. Cámara de Diputados para que lleve a cabo un exhaustivo análisis que le permita por lo menos duplicar dentro del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2004, los recursos destinados para que el Fonden pueda atender satisfactoriamente los desastres naturales que puedan ocurrir durante el próximo año, y que con ello se promueva que la población afectada por eventos de esta especie reciba el apoyo necesario con oportunidad y eficacia.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de octubre de 2003.
Diputados: Eduardo Espinoza Pérez, Marcela González Salas, Inti Muñoz Santini, María de los Dolores Padierna Luna, Miguel Alonso Raya, Alfonso Ramírez Cuéllar, Minerva Hernández Ramos, Angélica Díaz del Campo, Diana Bernal Ladrón de Guevara, Francisco J. Saucedo Pérez, Guillermo Huízar Carranza, Adrián Chávez Ruiz, Salvador Martínez Della Rocca, Lizbeth E. Moreno Rosas, Edgar Torres Baltazar, Guadalupe Morales Rubio, Miguel Luna Hernández, Susana Manzanares Córdova, Emilio Serrano Jiménez (rúbricas).
(Turnada a las Comisiones de Gobernación, y de Presupuesto y Cuenta Pública. Octubre 7 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE PLANTEA LA CREACION DE LA COMISION ESPECIAL DEL IMPULSO AL EMPLEO, PARA REVISAR EL MARCO JURIDICO DE CREACION DE EMPLEOS Y QUE PROPONGA INICIATIVAS DE LEY O DE REFORMA A LAS LEYES POR LAS QUE SE CREEN LAS CONDICIONES PARA QUE SE GENEREN NUEVAS FUENTES DE EMPLEO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JESUS MARIA RAMON VALDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA SESION DEL MARTES 7 DE OCTUBRE DE 2003
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 42 de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos y 70 y 71 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, que faculta a cada Cámara para aumentar o disminuir el número de comisiones y para nombrar las comisiones especiales que crean convenientes, cuando así lo exija la urgencia y calidad de los negocios, comparezco ante ustedes para plantear la necesidad apremiante de crear una comisión especial de impulso al empleo.
La generación de empleos se desplomó y pasó del 1.9 en diciembre del 2000 al 3.1 por ciento en septiembre del año pasado, después de los atentados terroristas en los Estados Unidos.
El número de trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social bajó casi en 260 mil.
El desempleo ha alcanzado en México dimensiones preocupantes.
La pérdida de empleos es el problema que más agudamente sufrimos los mexicanos. El gobierno ha buscado aumentar el gasto en inversión pública de alta rentabilidad, así como proteger a los sectores productivos más vulnerables al ciclo económico, sin embargo, el desempleo se ha generalizado.
En los últimos meses cientos de miles de mexicanos han perdido su empleo.
No podemos permanecer indiferentes, no podemos ser espectadores mudos de esta grave crisis nacional.
¿De verdad creemos que, cuando la economía de Estados Unidos recobre su dinamismo, después de esta crisis generada por los atentados terroristas y la guerra de Irak, también nos recuperaremos de manera automática, sin que nada hagamos nada?
¿Nos debemos quedar con los brazos cruzados mientras nuestra competitividad en el mercado internacional está siendo seriamente amenazada por economías como la china, la coreana, la malaya y la india?
No es casual que los distintos partidos políticos coincidamos en un punto fundamental: el desempleo, que es prioridad esencial del país.
Estamos sin duda en el umbral de una crisis social si no actuamos con prontitud y con coordinación para orientar y conducir el tema principal del país que es el desempleo.
El Consejo Político del PRI del agosto pasado concluyó que debe crearse un pacto entre los interlocutores sociales, a fin de realizar y aportar opciones para abatir los altos índices de desempleo y subempleo en dos niveles: un programa público de acción inmediata para la recuperación y acciones de mediano y largo plazo.
El Partido Acción Nacional, en su proyección de principios de doctrina, destaca el de la dignidad de la persona, que se manifiesta y proyecta en sus obras, primordialmente, en el trabajo.
El Partido de la Revolución Democrática ha señalado en su plataforma política que la economía de México está estancada y eso lo sufren principalmente las clases populares, quienes no tienen empleo.
El Partido Verde Ecologista ha propuesto una iniciativa de Ley de Capacitación y Programas Emergentes de Empleo y considera elementos concatenados la educación, la capacitación, el empleo y la productividad.
El Partido del Trabajo, en su plataforma electoral, enarbola los objetivos de pleno empleo, desarrollo regional, efectos multiplicadores internos que favorecen el ingreso y el ahorro.
Convergencia ha sostenido en su plataforma que el éxito de las políticas de empleo será si las mismas disponen de un marco con un acuerdo.
Así es, la negociación colectiva es el eje del cambio y del porvenir.
Compañeras y compañeros Legisladores:
No hay partido político que no defienda la creación de empleos, no hay organización política que no considere prioritario el generar fuentes de trabajo para el bienestar de la nación.
Vamos a superar diferencias de matiz, de emblemas y colores para unirnos en lo esencial, para luchar por el presente y el futuro de México.
Propongo por ello, compañeras y compañeros, que instituyamos en esta Cámara una comisión especial de impulso al empleo, compuesta por todos los partidos políticos, para enfrentar el problema fundamental de este país.
En México la mayoría de los establecimientos son micro, pequeñas, medianas empresas, Pymes, que presentan una gran capacidad de adaptación y crecimiento y constituyen un factor crítico de estabilidad económica y social.
Ante la globalización estas empresas enfrentan numerosos obstáculos y rezagos que limitan su capacidad productiva y que sólo podrán superarse mediante una agresiva campaña de promoción que facilite su reconversión competitiva.
Hay que consolidar un sinnúmero de acciones de promoción de empresas de todos los tamaños, que van desde la modificación del entorno regulatorio en que éstas se desenvuelven, hasta el desarrollo de acciones ejecutivas concretas de impulso en este sector.
Hay que desregular con firmeza y precisión para que las empresas nuevas se puedan instalar con facilidad y para quitar las trabas a las operaciones de las que ya están establecidas.
No se trata solamente de organizar foros y recopilar conclusiones, se trata de inducir el cambio, de crear condiciones para que éste se dé, y de contribuir a resolver los problemas que genera el desempleo en nuestro país.
La regulación excesiva y los complejos trámites administrativos aumentan el costo de hacer negocios en México y erosionan la competitividad del país.
Se trata de destrabar en el área operativa los trámites y abatir el burocratismo de abejas del que hablaba Reyes Heroles, que todo lo complican y todo lo dilatan y de eliminar engorrosos trámites no indispensables para que las empresas puedan establecerse, desarrollarse y operar.
Se trata de unirnos para identificar fórmulas, para crear empleos que alienten la competitividad de nuestra planta productiva.
Vamos a crear juntos la vía rápida del desarrollo nacional.
No permanezcamos pasivos ante otras naciones que se jactan de su dinamismo económico, tenemos que crear las condiciones para impulsar el nuestro.
En nuestro caso, ¿qué hemos venido haciendo?
No sólo hemos pospuesto las decisiones que resultan necesarias sino que nos hemos resistido a aceptar los diagnósticos.
Queremos un gobierno más fuerte, pero no impulsamos las acciones que lo provean de los fondos necesarios para que se pueda actuar.
Queremos atraer mayores y mejores inversiones, pero no hemos generado desde aquí las condiciones que hagan atractivo a México como país.
Queremos el desarrollo integral del país, pero no lo promovemos con el argumento de que no se impulsa porque hay una parálisis.
No caigamos en la parálisis por el análisis.
Vamos juntos a abrir nuevos caminos y a eliminar trabas al desarrollo.
Vamos a determinar unidos cuáles son los incentivos necesarios para que florezca la inversión.
Vamos a desechar trámites obsoletos, a ser facilitadores y no cortapisa para el porvenir de México.
Vamos a devolver el impulso perdido a nuestra planta productiva.
Vamos a empujar como un solo hombre el conocimiento, sin poner en riesgo la estabilidad. Este es el desafío de la política económica del futuro del país.
Bien lo dijo la maestra Elba Esther Gordillo: "desde el Congreso, la parálisis del gobierno; desde el Gobierno, la parálisis del Congreso".
Hay que reconocer, de una vez por todas, que la responsabilidad es de todos, a todos nos compromete, a todos alcanza y a todos debe beneficiar.
Las nuevas generaciones de mexicanos no nos perdonarán si fuésemos recordados como una Cámara que no supo encontrar caminos para dinamizar la economía nacional, como una Cámara que no halló cómo impulsar el empleo ni tuvo la grandeza de saber instituir las condiciones para propiciar el desarrollo y la inversión.
Hoy es nuestra responsabilidad histórica, demos vida a una comisión especial de impulso al empleo, como otras que se han creado en esta Cámara, reguladas por el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso y 72 del Reglamento Interior a fin de que propongan nuevas formas y fórmulas para impulsar el empleo en México y resolver sus problemas desde la raíz.
Por lo anteriormente expuesto y fundado ante esta honorable representación popular, someto a su consideración la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Unico. Se crea la comisión especial de impulso al empleo, constituida por un presidente, dos secretarios e integrantes, hasta constituirse por 10 miembros para el análisis de las negociaciones del Area de Libre Comercio de las Américas, teniendo como plazo para su actividad los trabajos de esta LIX Legislatura.
En manos de ustedes, de esta honorable Cámara está, en buena medida, la luz o la sombra; el triunfo o el fracaso; lo que viva o lo que muera en el futuro de México.
Dip. Jesús María Ramón Valdez (rúbrica)
(Turnada a la Junta de Coordinación Política. Octubre 7 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE LA CAMARA DE DIPUTADOS EXHORTE AL CIUDADANO VICENTE FOX QUESADA, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS CON OBJETO DE CUMPLIR EL ACUERDO NACIONAL PARA EL CAMPO Y EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD RURAL, SUSCRITO ENTRE SU GOBIERNO Y DIVERSAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES DEL SECTOR EL 28 DE ABRIL ULTIMO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO RAFAEL GALINDO JAIME, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA SESION DEL MARTES 7 DE OCTUBRE DE 2003
Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, Rafael Galindo Jaime, diputado federal a la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y en nombre también de los diputados federales Cruz López Aguilar (PRI), Luis Antonio Ramírez Pineda (PRI), Julián Nazar Morales (PRI), Víctor Suárez Carrera, Alfonso Ramírez Cuéllar y Miguel Luna Hernández, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, se permite presentar ante esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, con base en los siguientes
Considerandos
Los problemas económicos del campo mexicano abarcan todas las esferas de la vida comunitaria. Son la causa principal de la pobreza que se cierne sobre más de 70 por ciento de la población rural y de una continua migración que desintegra a la familia campesina y deja sin la fuerza de trabajo necesaria para garantizar en el futuro la seguridad alimentaria del país.
Los precios no competitivos de los productos del campo, la escasez de inversión y de crédito para las actividades del sector y la mínima tecnificación, por el elevado costo de insumos y equipo agrícola, determinan bajos niveles de productividad y rentabilidad que, a su vez, causan insuficiente producción de alimentos y de materias primas.
La distorsión de las cadenas de comercialización y una gran brecha entre los bajos precios al productor primario y los precios finales al consumidor de los productos agropecuarios convierten a los grandes distribuidores en los únicos ganadores del sector agropecuario; y a los productores, en los permanentes perdedores.
Los conflictos intracomunitarios y entre comunidades, generados por diferencias étnicas, políticas, religiosas y agrarias, han ido ganando terreno y, sumados a la pobreza y la desesperanza que priva en el sector, ponen en riesgo su estabilidad social.
Por todo ello y en virtud de que a partir de este año, con excepción del maíz, el frijol y la leche en polvo, el libre comercio abarcará todos los productos agropecuarios, aumentando con ello la vulnerabilidad de los productores mexicanos, en franca desventaja frente a los de nuestros socios comerciales por los subsidios que reciben de sus gobiernos y por las restricciones a que se ven sujetos los productos mexicanos para su incursión en mercados internacionales, después de una intensa movilización de las organizaciones campesinas de todos los signos políticos del país, el Gobierno Federal suscribió -el 28 de abril de este año- el Acuerdo Nacional para el Campo y el Desarrollo de la Sociedad Rural.
El acuerdo, suscrito entre el Gobierno Federal, los gobiernos estatales y las organizaciones de productores del campo, fue concebido como un instrumento de trabajo para solucionar los graves problemas que aquejan el campo de México y construir las bases para que se reincorpore al progreso y al crecimiento, en beneficio de las familias campesinas.
En los 282 puntos que contiene, gobierno y organizaciones de productores rurales nos propusimos el reto de mejorar los niveles de productividad, rentabilidad y nivel competitivo en el sector agropecuario y alcanzar una mejoría en las condiciones de vida de las personas que habitan el campo mexicano, asumiendo el compromiso de establecer e instaurar políticas públicas orientadas a consolidar una reforma estructural del sector, para garantizar la soberanía y seguridad alimentarias del país.
Asimismo, en los acuerdos básicos se establecen acciones inmediatas para contribuir a elevar el nivel y la calidad de vida en el medio rural, especialmente en las comunidades de alta y muy alta marginalidad; recuperar la rentabilidad de las actividades agropecuarias, forestales y pesqueras; y aumentar la inversión en infraestructura.
Una de esas acciones considera de manera específica la reasignación de recursos al presupuesto de varios programas que inciden en el desarrollo del sector rural del país por un total de 2 mil 800 millones de pesos.
De ese importe, 400 millones de pesos se destinaron para ampliar la oferta de servicios de salud en el medio rural, incluidos los servicios de atención de primer nivel, medicina interna, pediatría, ginecoobstetricia y cirugía general; 260 millones, para apoyar la construcción, ampliación y mejoramiento de la vivienda en el medio rural; 650 millones, para la incorporación de nuevas hectáreas al padrón del Procampo; 150 millones, para ampliar los recursos del Programa de Empleo Temporal de la Sagarpa; 140 millones, para apoyo a la organización comercial; 300 millones, para conciliación agraria; 300 millones adicionales, para el Fonaes; 100 millones más, para el Programa de la Mujer Campesina; y 500 millones, para impulsar el Programa de Apoyo a Adultos Mayores.
Esos recursos adicionales se lograron por la presión que las organizaciones campesinas hicimos al Gobierno Federal, que se comprometió a generar ahorros presupuestarios para su cumplimiento, comprometiéndose además a canalizar al campo 5 mil 20 millones de pesos adicionales, a través de la reducción de precios y tarifas, cancelación de adeudos, crédito y garantías.
Cabe destacar que la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, desde la Legislatura anterior, ha sido sensible ante los graves problemas del campo mexicano, al asignar un incremento sustancial a los programas agropecuarios y de atención al sector rural, autorizando para este año un presupuesto global de 117 mil millones de pesos.
Sin embargo, el atraso de la elaboración de las modificaciones de las Reglas de Operación y la radicación a destiempo de los recursos a las entidades federativas pone en riesgo el cumplimiento de varios puntos del Acuerdo Nacional para el Campo y el Desarrollo de la Sociedad Rural, así como el ejercicio del total de los recursos de los programas del sector, especialmente el de los que tienen como objetivo el apoyo de la inversión productiva, agrupados en los programas de Alianza para el Campo.
El Presidente Fox dijo en su Tercer Informe ante esta soberanía:
"Comprometo mi esfuerzo personal para que la administración pública cumpla a cabalidad los programas del pacto, a fin de que los proyectos acordados se transformen en realidades y los presupuestos asignados se ejerzan puntualmente y con la más escrupulosa honradez."
No sería justo que los ahorros presupuestales, que significan el sacrificio de otros programas de gobierno, quedaran sin aplicarse en un sector rural con tantas carencias y marginación. Tampoco lo sería que los excedentes en los ingresos petroleros, que fueron la base para canalizar mayores recursos al campo en el Presupuesto de 2003, no se aprovecharan para darle un pequeño impulso.
No sabemos cómo se han distribuido los ingresos excedentes ni cuándo fueron o serán recibidos por las entidades federativas.
Sería lamentable que, por la falta de disposición, termináramos con subejercicio en las partidas de los programas rurales y -peor aún- que, por la misma razón, el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2003 tuviera recortes en esos programas.
El Acuerdo Nacional para el Campo y el Desarrollo de la Sociedad Rural está atado con la nobleza, con la paciencia y la esperanza de los hombres y las mujeres del campo, pero todos estamos conscientes de que este pacto es de las últimas oportunidades que nos hemos dado.
Nos alentó el compromiso personal del Presidente de la República para hacerlo cumplir. Sin embargo, a más de 20 días de empeñada su palabra, no conocemos de acciones específicas para cumplirla.
Por lo anteriormente expuesto, los diputados federales firmantes proponemos el siguiente
Punto de Acuerdo
Unico. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal de los Estados Unidos Mexicanos a que tome las medidas necesarias a efecto de dar total y absoluto cumplimiento al Acuerdo Nacional para el Campo y el Desarrollo de la Sociedad Rural, a todos los programas del sector agropecuario y a la aplicación del Presupuesto correspondiente a este ejercicio fiscal.
Diputados: Rafael Galindo Jaime (rúbrica), Cruz López Aguilar (rúbrica), Víctor Suárez Carrera (rúbrica), Alfonso Ramírez Cuéllar (rúbrica), Lamberto Díaz Nieblas (rúbrica), Julio César Córdova Martínez (rúbrica), Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez (rúbrica), Fermín Trujillo Fuentes (rúbrica), Luis Antonio Ramírez Pineda (rúbrica), Pascual Sigala Páez (rúbrica), Jesús Morales Flores (rúbrica), Alberto Jiménez Merino (rúbrica), Manuel Velasco Coello (rúbrica), Eugenio Mier y Concha Campos (rúbrica), Carlos Rovirosa Ramírez (rúbrica), Javier Castelo Parada (rúbrica), Mario Ernesto Dávila Aranda (rúbrica), Diego Palmero Andrade, Miguel Luna Hernández (rúbrica).
(Turnada a la Comisión de Agricultura y Ganadería. Octubre 7 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR AL GOBIERNO MEXICANO A QUE RATIFIQUE EL CONVENIO 138 DE LA OIT, SOBRE LA EDAD MINIMA DE ADMISION EN EL EMPLEO, PRESENTADA POR LA DIPUTADA ANGELICA DE LA PEÑA GOMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DEL MARTES 7 DE OCTUBRE DE 2003
Antecedentes
1. El trabajo infantil es un fenómeno mundial cuya erradicación representa un imperativo de las sociedades democráticas respetuosas de los derechos humanos.
En la actualidad, millones de niñas y de niños trabajan en condiciones que son un obstáculo para su formación, educación, desarrollo y porvenir. Por trabajar, las niñas y los niños son privados de sus derechos al descanso, al esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad y se les excluye del sistema educativo.
Muchos de ellos están ocupados en las peores formas de trabajo infantil, que les causan daños físicos y psicológicos irreversibles e incluso ponen en peligro sus vidas.
Esa situación, violatoria de los derechos humanos, perpetúa el círculo vicioso de la pobreza como la principal causa del trabajo infantil y compromete el crecimiento económico y el desarrollo equitativo de las naciones.
2. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) -informe Un futuro sin trabajo infantil-, en 2000 había en el mundo 211 millones de niñas y de niños de entre 5 y 14 años que realizaban algún tipo de actividad económica. Asimismo, de una cifra estimada de 141 millones de niñas y de niños de 15 a 17 años que desarrollaban actividades económicas, 59 millones realizaban trabajo infantil. La magnitud de las cifras refleja apenas el tamaño del problema.
3. La OIT fue fundada en 1919, para promover la justicia social y la paz. En el transcurso de los años, el organismo ha elaborado un código internacional del trabajo, con convenios y recomendaciones que se someten a la aprobación de los Estados miembros.
En diversos instrumentos, la OIT ha manifestado su preocupación histórica respecto a la abolición del trabajo infantil. En su primera reunión, en 1919, la Conferencia Internacional del Trabajo adoptó el Convenio sobre la Edad Mínima en la Industria.
En los años siguientes, el concepto de la edad mínima de admisión en el empleo fue aplicado a diferentes sectores económicos, lo cual culminó con la adopción -en 1937- de un instrumento general: el Convenio sobre la Edad Mínima para la Admisión en el Trabajo, conocido como Convenio 138.
4. A la fecha, 130 países han ratificado el Convenio 138 de la OIT. En Latinoamérica lo han hecho naciones de similar desarrollo económico que México, como Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Costa Rica. Fruto de esa ratificación, la edad mínima para el trabajo en Brasil es de 16 años y en Costa Rica de 15. Inexplicablemente, nuestro país no ha aprobado el Convenio 138, a pesar de que hace más de año y medio el gobierno manifestó ante la OIT su intención de ratificarlo.
Consideraciones
1. De conformidad con los datos proporcionados por el UNICEF, se estima que existen 3.5 millones de niñas y de niños trabajadores en México.
En ese sentido, el Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil, a cargo de la OIT, señala que son causas de éste la pobreza, como el factor más importante, la falta de oportunidades y de infraestructura, los costos indirectos de la educación, la permisividad social, los patrones culturales, la violencia intrafamiliar, la demanda de trabajo infantil y la falta de cobertura, calidad y cumplimiento de la obligatoriedad de la educación.
En México, algunos estudios estiman que en cuatro grandes sectores el trabajo infantil tiene presencia importante: la agricultura, las calles de las grandes y las medianas ciudades, el servicio doméstico y los pequeños talleres en la periferia.
Ese lacerante fenómeno conculca a millones de niñas y de niños del campo y la ciudad los más elementales derechos.
2. El trabajo infantil ha aumentado en nuestro país, en virtud de los crecientes niveles de pobreza que abaten a millones de familias mexicanas, lo cual obliga a las niñas y los niños a contribuir al ingreso familiar en edades cada vez más tempranas.
Ello se conjuga con alta tolerancia de las autoridades laborales, que han sido incapaces de hacer respetar la legislación que prohíbe la utilización del trabajo de las personas menores de 14 años y condiciona el trabajo de quienes comprenden las edades de entre 14 y 16 años.
Esa circunstancia se complementa con la visión equivocada e insultante de que el trabajo infantil beneficia la socialización y formación laboral de la niñez.
3. El trabajo infantil viola flagrantemente los derechos fundamentales de las niñas y los niños, los priva de su infancia y de su dignidad, y es perjudicial para su desarrollo físico y mental.
Debemos recordar que niñas, niños y adolescentes tienen derecho a ser protegidos contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social.
Además, debemos atender las observaciones del Comité de los Derechos de la Niñez en que señala que la explotación económica continúa siendo uno de los principales problemas de la infancia en México.
También alarma el hecho de clasificar a niñas y a niños en situación de calle como "niños que trabajan", toda vez que esa concepción errónea influye en la percepción de este fenómeno social.
El Comité recomienda reexaminar la situación de nuestro país respecto al trabajo infantil, mereciendo especial atención la situación de niñas y de niños que realizan trabajos peligrosos en el sector no estructurado.
Por tal motivo, tanto el Poder Legislativo como el Ejecutivo estamos obligados a tomar todas las medidas necesarias a fin de adoptar la edad mínima para trabajar, hasta alcanzar el objetivo de erradicar por completo el trabajo infantil en nuestro país. Esas medidas legales deben ser acompañadas de políticas públicas para atender el universo de necesidades de niñas, de niños y de adolescentes que sustenten su desarrollo pleno.
Por lo antes expuesto, y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del Pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Unico. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a que, en el ámbito de sus atribuciones, inicie cuanto antes el proceso de ratificación ante el Senado de la República del Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre la edad mínima de admisión en el empleo, en los términos de los artículos 76, fracción I, y 133 de la Constitución federal.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de octubre de 2003.
Diputados: Angélica de la Peña Gómez (rúbrica), Martha Lucía Mícher Camarena, José A. Ortiz Pinchetti (rúbrica), Dolores Gutiérrez Zurita, Diana Bernal de Ladrón de Guevara, Clara Marina Brugada Molina, Nancy Cárdenas Sánchez, Francisco Javier Carrillo Soberón (rúbrica), Angélica Díaz del Campo (rúbrica), René Arce Islas (rúbrica), Minerva Hernández Ramos (rúbrica), Miguel Alonso Raya (rúbrica).
(Turnada a la Comisión de Relaciones Exteriores. Octubre 7 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION A EMITIR SU FALLO SOBRE EL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTO EN RELACION CON LA REFORMA POLITICA DEL DISTRITO FEDERAL, PRESENTADA POR LA DIPUTADA SUSANA MANZANARES CORDOVA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DEL MARTES 7 DE OCTUBRE DE 2003
Los diputados que suscriben, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, 72, 73, 77, 102, 103, 104 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, proponemos al Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente punto de acuerdo, el cual se sustenta en los antecedentes y consideraciones que enseguida se expresan.
Antecedentes
1. El 13 de noviembre de 2001 la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con el voto unánime de todos los grupos parlamentarios, presentó ante la Cámara de Diputados una iniciativa de reformas y adiciones a los artículos 73, 76, 89, 108. 109, 110, 111 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
2. El 14 de diciembre del 2001 la Cámara de Diputados aprobó con el voto mayoritario del 93 por ciento, el dictamen de las Comisiones Unidas del Distrito Federal, y de Puntos Constitucionales sobre dichas reformas y adiciones a la Constitución federal, y en la misma fecha envió la minuta con proyecto de decreto a la colegisladora Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión.
3. En la Cámara de Senadores se turnó la minuta a las Comisiones Unidas del Distrito Federal, y de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado para que elaboraran el dictamen correspondiente.
4. El 1° de octubre de 2002, las Comisiones Unidas del Distrito Federal, y de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado de la República sometieron a discusión del Pleno el dictamen elaborado, el cual fue aprobado en sus términos en la misma sesión por 53 votos en favor y 46 en contra, ordenándose la devolución del expediente completo a la Cámara de Diputados.
5. El dictamen aprobado por la Cámara de Senadores determina que no es de aprobarse la minuta de la Cámara de Diputados, que contiene la iniciativa presentada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, debido a que, a juicio del dictamen aprobado, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal no tiene competencia para presentar iniciativas de reforma constitucionales ante el H. Congreso de la Unión.
6. El 7 de noviembre del 2002 la Asamblea Legislativa del Distrito Federal presentó una demanda de controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra de la Cámara de Senadores, y cuyo acto reclamado es la aprobación del citado dictamen de las Comisiones Unidas del Distrito Federal, y de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado de la República, ya que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal consideró que con la aprobación del dictamen en cuestión se invadió su esfera de competencia constitucional.
7. En la controversia constitucional 64/2002 interpuesta por la Asamblea Legislativa ante la Suprema Corte de Justicia, la Cámara de Diputados aparece como tercero interesado. Posteriormente se verificaron diversos actos con los que se dio por admitida la demanda de controversia constitucional y se ratificó a la Cámara de Senadores como único demandado.
Considerando
I. Que con el acto de admisión a la Cámara de Diputados de la iniciativa de reformas y adiciones a los artículos 73, 76, 89, 108, 109, 110, 111 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, turnada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a esta H. representación, así como con la favorable dictaminación y aprobación del dictamen por el 93 por ciento de los diputados y, finalmente, con el acto de turnar dicha iniciativa al Senado de la República en su carácter de colegislador, esta Cámara de Diputados reconoció la facultad de iniciativa de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal con relación a las reformas constitucionales en materia del Distrito Federal.
II. Que durante el proceso de dictaminación de la referida iniciativa por parte de las Comisiones Unidas del Distrito Federal, y de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado, fue notoria la táctica dilatoria impulsada por el senador David Jiménez González, Presidente de la Comisión del Distrito Federal del Senado de la República, lo que provocó un debate en el seno de la Cámara de Senadores así como que diversos senadores demandaran formalmente agilizar el proceso de dictaminación por las Comisiones Unidas.
III. Que entre los argumentos expresados en el dictamen presentado por el senador David Jiménez González, que rechaza la iniciativa de reforma y adiciones referida, se plantea la negación de la facultad de la Asamblea Legislativa para iniciar reformas y adiciones al texto constitucional en materia del Distrito Federal, lo que, como se afirma en la controversia constitucional impulsada por la Asamblea Legislativa, tal negación sólo es posible en la medida que el Senado interpretó directamente la Constitución General de la República invadiendo la esfera de competencia constitucional de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
IV. Que el dictamen impulsado por el senador David Jiménez González y aprobado por un pequeño margen de votación en el Senado, evidencia la voluntad de quienes en la Cámara alta tratan de impedir el avance de los derechos plenos para los habitantes del Distrito Federal, imponiendo una concepción conservadora sobre la naturaleza jurídico-política de la capital de la República y perjudicando la consolidación del régimen político democrático del Distrito Federal.
Por lo anterior, consideramos necesario y procedente que esta Cámara de Diputados del Congreso de la Unión contribuya a superar una situación que lesiona los derechos políticos de los habitantes del Distrito Federal y de sus órganos de gobierno y representación legítimamente electos, por lo que se presenta la siguiente propuesta de
Punto de Acuerdo
Unico.- La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión acuerda dirigir una atento y respetuoso exhorto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de que ésta emita a la brevedad posible su resolución respecto a la controversia constitucional 64/2002, interpuesta por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, relativa al dictamen emitido por Cámara de Senadores con relación a la iniciativa de reformas y adiciones a los artículos 73, 76, 89, 108, 109, 110, 111 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Diputados: Abdallán Guzmán Cruz (rúbrica), Abraham Bagdadi Estrella, Adrián Chávez Ruiz, Agustín Rodríguez Fuentes (rúbrica), Agustín Miguel Alonso Raya, Alfonso Ramírez Cuéllar, Amalia Dolores García Medina, Ana Lilia Guillén Quiroz (rúbrica), Angélica de la Peña Gómez (rúbrica), Antonio Mejía Haro, Arturo Nahle García, Bernardino Ramos Iturbide, Carlos Hernán Silva Valdés, Carlos Zeferino Torreblanca Galindo, César Antonio Chávez Castillo, Clara Marina Brugada Molina, Cristina Portillo Ayala, Daniel Ordóñez Hernández, René Arce Islas, Rocío Sánchez Pérez, Rogelio Franco Castán (rúbrica), Rosa María Avilés Nájera, Salvador Pablo Martínez Della Rocca (rúbrica), Santiago Cortés Sandoval (rúbrica), Sergio Augusto Magaña Martínez, Socorro Díaz Palacios, Susana Guillermina Manzanares Córdova, Tomás Cruz Martínez, Valentín González Bautista, Víctor Manuel Camacho Solís, Víctor Suárez Carrera, Yadira Serrano Crespo (rúbrica), David Ferreira Martínez, Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara, Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita, Edgar Torres Baltazar, Eliana García Laguna, Elpidio Tovar de la Cruz, Emilio Serrano Jiménez, Emilio Zebadúa González, Enrique Torres Cuadros, Francisco Chavarría Valdeolivar, Francisco Javier Carrillo Soberón (rúbrica), Francisco Javier Obregón Espinoza, Francisco Javier Saucedo Pérez, Francisco Mora Ciprés, Gelacio Montiel Fuentes (rúbrica), Gerardo Ulloa Pérez, Gilberto Ensástiga Santiago, Guillermo Huízar Carranza, Héctor Miguel Bautista López, Horacio Duarte Olivares, Horacio Martínez Meza (rúbrica), Inelvo Moreno Alvarez, Inti Muñoz Santini (rúbrica), Irma Sinforina Figueroa Romero (rúbrica), Israel Tentory García, Iván García Solís, J. Miguel Luna Hernández, Javier Manzano Salazar, Javier Salinas Narváez, Jazmín Elena Zepeda Burgos, Jorge Martínez Ramos, José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti, José Luis Cabrera Padilla (rúbrica), José Luis Medina Lizalde, José Luis Naranjo y Quintana (rúbrica), Juan García Costilla, Juan José García Ochoa, Juan Pérez Medina, Julio Boltvinik Kalinka, Lizbeth Eugenia Rosas Montero (rúbrica), Luis Eduardo Espinoza Pérez, Marbella Casanova Calam, Marcelo Herrera Herbert, Marcos Morales Torres, Margarito Fierros Tano, María Angélica Díaz del Campo (rúbrica), María de los Dolores Padierna Luna, María del Rosario Herrera Ascencio, María Elba Garfias Maldonado, María Guadalupe Morales Rubio, María Marcela González Salas y Petricoli, María Marcela Lagarde y de los Ríos, Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), Miguelángel García Domínguez (rúbrica), Minerva Hernández Ramos (rúbrica), Nancy Cárdenas Sánchez, Narciso Agúndez Montaño, Omar Ortega Alvarez, Pablo Franco Hernández, Pablo Gómez Alvarez, Pascual Sigala Páez, Rafael Flores Mendoza, Rafael García Tinajero Pérez.
(Turnada a la Junta de Coordinación Política. Octubre 7 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVA A LOS SEÑALAMIENTOS DEL AUDITOR SUPERIOR DE LA FEDERACION PARA RECUPERAR RECURSOS INDEBIDAMENTE CANALIZADOS AL FOBAPROA, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JORGE KAHWAGI MACARI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM, EN LA SESION DEL MARTES 7 DE OCTUBRE DE 2003
Jorge Antonio Kahwagi Macari, Manuel Velasco Coello, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Alvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Avila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrimos a solicitar se turne a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados en la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
En la reciente contienda electoral, los partidos presentamos propuestas para elevar el gasto social. Nuestro partido hizo compromisos específicos con el pueblo en programas de educación, salud y vivienda. Nos proponemos cumplir esos compromisos.
Ahora, para cumplir con el mandato de legislar que nos dieron los electores en las urnas, nos encontramos con información que nos coloca en una nueva situación.
De la revisión cuidadosa de la información que tienen las Comisiones de Hacienda y Presupuesto, nos encontramos que, contra lo que se nos había dicho, las finanzas públicas no están en equilibrio. Y no lo estuvieron desde el arranque de este gobierno. Es decir, el gobierno anterior le heredó al actual una situación financiera de quiebra, no de salud. Fuimos engañados.
Desde el año dos mil, cada año el déficit ha sido del 4% del Producto Interno Bruto, ése es el verdadero tamaño de la quiebra fiscal; no nos engañemos, no dejemos que nos engañen, trabajemos por no engañar a nuestros electores.
En la contabilidad amañada que muestra un supuesto equilibrio fiscal no se incluyen los pagos que cada año tenemos que hacer por el rescate bancario, los llamados Pidiregas. Todo esto es gasto público, es parte del déficit público, forma parte de la deuda nacional y se paga con los impuestos de los contribuyentes. El fraude más grande de la historia de México se ha financiado con recursos que se le quitan a los pequeños y medianos inversionistas mexicanos.
Sobre el agravio, el insulto, resulta que el monstruoso déficit se acumula año con año, y que ahora hay que sumar la quiebra del sistema de pensiones que amenaza al país. Esto es una catástrofe, es espantosa la deuda que nos han dejado los neoliberales que ahora cobran en las empresas extranjeras que ellos privatizaron.
Las autoridades financieras han dicho en público y en privado que si no hay reforma fiscal para mediados del próximo año, el gobierno estará en bancarrota.
Las distintas fuerzas políticas estamos de acuerdo en que se necesita una reforma fiscal estructural en todo el país. Estamos de acuerdo en apoyar un esfuerzo mayor en recaudación y en dotar al sector público de más recursos, pero no podemos estar de acuerdo en crear impuestos adicionales para pagar la deuda del rescate bancario.
Ni apoyaremos los intereses por carteras ilegales e inmorales, ni obras públicas disfrazadas de privadas. Queremos transparencia, queremos decirle a quienes nos eligieron que no los estamos engañando, que si hay que pagar más impuestos es para que sus hijos tengan más escuelas, para que los hospitales tengan medicinas y para que las carreteras no hagan hoyos; es decir, para que México progrese y no para que unos cuantos se hinchen de dinero a costa del pueblo.
El déficit fiscal incluye sobre todo los pagos al IPAB-Fobaproa.1 Y es ahí donde tenemos que poner la mira. La Auditoría Superior de la Federación ha señalado que hay pagos indebidos en el Fobaproa; es ahí donde están los autopréstamos que se dieron los banqueros anteriores y que ahora tenemos que pagar. Entendemos que quienes compraron los bancos lo hicieron de buena fe, pero quienes se los vendieron, funcionarios públicos y empresarios, nos dejaron encajadas deudas que no son nuestras, sino de ellos.
Reclamamos que las paguen con las comisiones millonarias que les dieron como servidores públicos, y con los miles de millones que recibieron como banqueros privados. Esto no lo puede pagar el pueblo mexicano, sería otro atraco por encima del robo cometido con el Fobaproa.
Ya desde septiembre de 1988 se expidió el dictamen del Congreso de la Unión sobre el Fobaproa, éste fue realizado por la entonces Contaduría Mayor de la Cámara de Diputados, la cual presentó su dictamen cuando la Cámara ya era pluripartidista y sin mayoría de ningún partido, sus conclusiones reprobaron el proceso de salvamento bancario y la Contaduría demandó acciones correctivas y exigió sanciones; pero como en esa época la autoridad que juzgaba y rescataba era la misma, el Poder Ejecutivo se hizo de la vista gorda; sin embargo, tiene que atenderse este señalamiento de la entonces Auditoría.
Tenemos que recordar y enfatizar que en el informe de la Contaduría Mayor de 1998 se señaló que el gobierno recurrió a un subterfugio legal y avaló los pasivos mediante "deuda pública contingente". ¿Cuál era la peculiaridad de la deuda ??contingente"?, la Contaduría Mayor explicó que la Ley General de Deuda Pública "exime al Ejecutivo federal de informar o solicitar autorización al Congreso sobre la deuda pública contingente".
Sin embargo, de acuerdo con el criterio de la Contaduría Mayor, el gobierno debió haber solicitado permiso al Congreso para asumir esa deuda, pues era deuda pública. La contaduría afirmó: su funcionamiento conlleva eventualmente un impacto fiscal, en razón de haber sido garantizados por el Gobierno Federal los financiamientos obtenidos por el fondo, lo que implicaría una carga para el presupuesto de la Federación."
Además de contratar deuda sin autorización del Congreso, el método de la deuda "contingente" tenía una característica adicional que subrayó la Contaduría Mayor del Congreso:
¿Qué sucedió ante la falta de reglas?, la discrecionalidad imperó como criterio en el mayor rescate financiero en la historia del país.
Así lo señaló la Contaduría Mayor:
El Comité tiene la facultad de establecer los términos y condiciones de los apoyos que se otorguen con cargo al fondo. Los aspectos específicos de la actuación del Fobaproa para decidir el monto de los apoyos a otorgar y a cuáles instituciones se beneficiaría fue una decisión que quedó exclusivamente a discreción de los miembros del Comité Técnico.
Recuérdese que entre los programas que instrumentó el fondo estaban la compra de cartera y la venta de activos adjudicados; es decir, además de utilizar un fondo discrecional para decidir qué banqueros se salvaban, cuáles fracasaban, qué créditos se rescataban y cuáles quebraban, también fue discrecional la forma y monto en la venta de los edificios, terrenos, autos, casas, fábricas, empresas, hoteles y todos los bienes que fueron adjudicados.
De acuerdo con el reporte del Congreso, todo fue decidido sin reglas, al arbitrio de los miembros del Comité Técnico.
Para cubrir y proteger sus decisiones discrecionales, los miembros del Comité aprovecharon que la ley no establecía disposiciones para supervisar ni regular el Fobaproa. La Contaduría Mayor reportó que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores no auditó el Fobaproa.
¿La razón? La Comisión Nacional Bancaria y de Valores respondió que: "ni su ley, ni la Ley de Instituciones de Crédito le otorgan facultades" para supervisarlos.
Tampoco lo auditó la Secretaría de Hacienda, al no haber disposición expresa en la ley que lo exigiera.
A este respecto, la Contaduría lo confirmó diciendo:
Hay que recordar que los señalamientos de la Contaduría Mayor fueron en el sentido de que la impunidad no prevalezca y los esfuerzos para recaudar más recursos puedan dirigirse a las obras sociales que tanto le urgen a nuestro país.
También se ha confirmado el atraco cometido en relación con la venta de cartera vencida. Ahora se sabe que los activos de los bancos que absorbió Fobaproa, es decir, las carteras vencidas, se vendieron por debajo de su valor real; y se ha confirmado que "se vendieron en un descuido total"; a la fecha conocemos ejemplos donde los funcionarios de bancos extranjeros percibieron la urgencia de los funcionarios financieros mexicanos para deshacerse de las carteras, por eso, y ante la ausencia de una subasta pública donde tuvieran que pujar por las carteras lo que hicieron fue ofrecer un precio muy reducido y esperar la respuesta de las autoridades. En realidad, los avalúos estaban hechos por auditores externos, quienes eran pagados por los banqueros.
Se ha comentado que se castigó entonces el valor real para favorecer a quienes los habían contratado, y que eran los banqueros los que iban a adquirir las carteras; ejemplos de ello fueron los Bancos extranjeros que ofrecieron sólo 10 % por la cartera, aunque tenía problemas, su valor superaba en varias veces esa oferta.
Ya se sabe que la respuesta de las autoridades consistió en entregarles la cartera de inmediato.
Hoy tenemos que ser claros para no repetir el error que tanto nos ha lastimado a todos los mexicanos, por eso también denunciamos más irregularidades. Resulta que el funcionario que encabezó el Comité de Privatización de los bancos, al inicio de los noventa, fue el mismo que encabezo el Comité de Fobaproa, es decir, la misma persona decidió a quién privatizar los bancos y después a qué banqueros rescatar y a cuáles enjuiciar. Es el mismo funcionario que publicó un libro presumiendo la privatización, y que después pronunció un discurso memorable en la Convención Bancaria, a finales de 1994, donde alabó la supervisión bancaria, y a los pocos meses, en 1995, repudió su propia privatización.
Y lo peor de todo es que fue dicho funcionario el que le entregó la banca mexicana a los extranjeros. Hoy, ese personaje ocupa el puesto más alto en el organismo que controla a la banca en México:
Es el gobernador del Banco Central y su nombre es Guillermo Ortiz Martínez.
Resumiendo, ante la urgencia de cumplir los compromisos sociales que adoptamos en la contienda electoral, es necesario actuar para reducir el desastroso déficit fiscal, que ya asciende al 4% del PIB. Esta crisis fiscal y la inminente quiebra del sistema de pensiones requieren de una reforma fiscal que aumente los recursos del erario para utilizarlos en programas sociales; sobre todo en educación, salud y vivienda. Para el Partido Verde Ecologista de México el interés fundamental es respaldar proyectos que realmente tengan un beneficio para la sociedad y el país.
Es por lo anteriormente expuesto que el grupo parlamentado del Partido Verde Ecologista de México somete a consideración la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero.- Verifíquese el cumplimiento de los señalamientos del auditor superior de la Federación para recuperar recursos indebidamente canalizados al Fobaproa, sobre todo los autopréstamos que se dieron los banqueros durante el rescate bancario y que se revisen los abusos cometidos en la venta de cartera.
Segundo.- Que esta Cámara, respetuosamente, pida a su colegisladora que, cuando ejerza sus facultades para designar al nuevo gobernador del Banco de México, tome en cuenta que el actual gobernador fue el arquitecto de la privatización bancaria, del rescate bancario con el Fobaproa, del remate de las carteras y de la entrega de los bancos en manos extranjeras. Creemos que ningún funcionario es indispensable, pero sobre todo creemos que tampoco debe haber impunes en libertad. Guillermo Ortiz Martínez no es el pilar de la estabilidad del peso, pero sí es el freno a la recuperación económica, por sus compromisos con los banqueros, a los que el salvo y entregó la banca mexicana. No se le pueden dar otros ocho años de impunidad, ni el país merece un funcionario tan inepto y posiblemente corrupto.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el día 7 de octubre de 2003.
Diputados: Jorge A. Kahwagi Macari, coordinador; Manuel Velasco Coello (rúbrica), vicecoordinador; Alejandro Agundis Arias (rúbrica), Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Alvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán (rúbrica), María Avila Serna (rúbrica), Fernando Espino Arévalo (rúbrica), Maximino Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos (rúbrica), Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández (rúbrica), Javier Orozco Gómez (rúbrica), Raúl Piña Horta (rúbrica).
Nota:
1 Fondo Bancario de Protección al Ahorro, hasta que es sustituido por el IPAB, por la Ley de Protección al Ahorro Bancario, publicada en el Diario Oficial el 19 de enero de 1999.
(Turnada a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. Octubre 7 de 2003.)
A su reunión de instalación, que se efectuará el miércoles 8 de octubre, a las 9 horas, en la zona B, planta baja, del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Guillermo Martínez Nolasco
Presidente
DE LA COMISION DE ECONOMIA
A su reunión de instalación, que se llevará a cabo el miércoles 8 de octubre, a las 9 horas, en el salón C del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
DE LA COMISION DE GOBERNACION
A su reunión de instalación, que tendrá lugar el miércoles 8 de octubre, a las 9 horas, en el salón D del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
DE LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE
A su reunión de instalación, que se realizará el miércoles 8 de octubre, a las 9 horas, en la zona C del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
DE LA COMISION DE MARINA
A su reunión de instalación, que se llevará a cabo el miércoles 8 de octubre, a las 10 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
DE LA COMISION DE PUNTOS CONSTITUCIONALES
A su reunión de instalación, que se llevará a cabo el miércoles 8 de octubre, a las 11 horas, en el Salón Verde.
Orden del Día
DE LA COMISION DE RECURSOS HIDRAULICOS
A su reunión de instalación, que se realizará el miércoles 8 de octubre, a las 11:45 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Jesús Vizcarra Calderón
Presidente
DE LA COMISION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
A su reunión de instalación, que se efectuará el miércoles 8 de octubre, a las 12 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
DE LA COMISION DE COMUNICACIONES
A su reunión de instalación, que tendrá lugar el miércoles 8 de octubre, a las 12 horas, en los salones C y D del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
DE LA COMISION DE CULTURA
A su reunión de instalación, que tendrá lugar el miércoles 8 de octubre, a las 14:30 horas, en la zona C del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Filemón Arcos Suárez
Presidente
DE LA COMISION DE SALUD
A su reunión de instalación, que se realizará el miércoles 8 de octubre, a las 15:30 horas, en el salón C del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
DE LA COMISION DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
A su reunión de instalación, que se llevará a cabo el miércoles 8 de octubre, a las 17 horas, en el salón D del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
DE LA COMISION DE DESARROLLO SOCIAL
A su reunión de instalación, que se realizará el miércoles 8 de octubre, a las 18 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
DE LA COMISION DE DESARROLLO RURAL
A su reunión de instalación, que se llevará a cabo el miércoles 8 de octubre, a las 19 horas, en la zona C del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
Dip. Ramón González González
Dip. Jorge Jesús Cabrera Castillo
Dip. Lázaro Arias Martínez
Dip. Pascual Sigala Páez
4. Mensaje del diputado J. Miguel Luna Hernández, Presidente de la Comisión.
5. Declaratoria formal de instalación de la Comisión.
6. Clausura.
DE LA COMISION DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
A su reunión de instalación, que se llevará a cabo el jueves 9 de octubre, a las 8:30 horas, en la sala de juntas de la Comisión, ubicadas en el edificio F, cuarto nivel.
Orden del Día
1. Registro de asistencia.Atentamente
2. Instalación de la Comisión.
3. Intervención de los CC diputados secretarios de la Comisión.
4. Asuntos generales.
5. Clausura de la sesión.
DE LA COMISION DE ASUNTOS INDIGENAS
A su reunión de instalación, que se realizará el jueves 9 de octubre, a las 9 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
DE LA COMISION DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES
A su reunión de instalación, que se llevará a cabo el jueves 9 de octubre, a las 9 horas, en el salón de usos múltiples del edificio D, planta baja.
Orden del Día
DE LA COMISION DE PESCA
A su reunión de instalación, que se llevará a cabo el jueves 9 de octubre, a las 9 horas, en el salón C del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
DE LA COMISION DE REGLAMENTOS Y PRACTICAS PARLAMENTARIAS
A la reunión desayuno de su Mesa Directiva, que se llevará a cabo el jueves 9 de octubre, a las 9 horas, en las instalaciones de la Comisión, ubicadas en primer piso del edificio F.
Atentamente
Dip. Iván García Solís
Presidente
DE LA COMISION DE ENERGIA
A su reunión de instalación, que se llevará a cabo el jueves 9 de octubre, a las 10:30 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
DE LA COMISION DE FOMENTO COOPERATIVO Y ECONOMIA SOCIAL
A su reunión de instalación, que se llevará a cabo el jueves 9 de octubre, a las 14:30 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO
A su reuinión de instalación, que se llevará a cabo el jueves 9 de octubre, a las 15 horas, en la zona C del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
Diputada Martha Mícher Camarena, por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática
Diputada Blanca Eppen Canales, por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional
Diputada Margarita Martínez López, por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional
4. Intervención de la diputada María Avila Serna, por el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
5. Mensaje de la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, Presidenta de la Comisión.
6. Declaratoria formal de instalación de la Comisión.
7. Asuntos generales.
8. Clausura.
DE LA COMISION JURISDICCIONAL
A su reunión de instalación, que tendrá lugar el jueves 9 de octubre, a las 15 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
DE LA COMISION DE EDUCACION PUBLICA Y SERVICIOS EDUCATIVOS
A su reunión de instalación, que se llevará a cabo el jueves 9 de octubre, a las 17 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
DE LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA
A su primera reunión de trabajo, que se llevará a cabo el jueves 9 de octubre, a las 17:30 horas, en el salón de usos múltiples del edificio D, planta baja.
Orden del Día
DE LA COMISION DE RADIO, TELEVISION Y CINEMATOGRAFIA
A su reunión de instalación, que se llevará a cabo el martes 14 de octubre, a las 9 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
Dip. Marcela Guerra Castillo (PRI)
Dip. Manuel Gómez Morín Martínez del Río (PAN)
Dip. Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita (PRD)
Dip. Lorenzo Miguel Lucero Palma (PRI)
5. Palabras a cargo del diputado Javier Orozco Gómez, Presidente de la Comisión.
6. Declaración formal de instalación de la Comisión.
7. Asuntos generales.
8. Clausura de la reunión.
DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA
A su reunión de instalación, que se llevará a cabo el martes 14 de octubre, a las 9 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
DE LA COMISION DE TRANSPORTES
A su reunión de instalación, que se llevará a cabo el martes 14 de octubre, a las 9:30 horas, en el salón C del restaurante Los Crisltales.
Orden del Día
Diputado José Carmen Arturo Alcántara Rojas
Diputado José Rubén Figueroa Smutny
Diputado Gelacio Montiel Fuentes
Diputado Renato Sandoval Franco
5. Palabras del diputado Francisco Juan Avila Camberos, Presidente de la Comisión.
6. Declaración de instalación de la Comisión.
7. Asuntos generales.
8. Clausura de la reunión.
