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Acuerdos

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DE LA JUNTA DE COORDINACION POLITICA

Palacio Legislativo, a 2 de octubre de 2003.

Dip. Juan de Dios Castro Lozano
Presidente de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados
Presente

Por acuerdo de los grupos parlamentarios que integran la Junta de Coordinación Política y con fundamento en el inciso c) del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, comunico a usted que, en sesión de trabajo de este órgano colegiado convocada el miércoles 1 de octubre de 2003, se realizaron los ajustes pertinentes y las enmiendas de erratas a la integración de las comisiones ordinarias y la conformación de sus Mesas Directivas, que conoció el Pleno de esta LIX Legislatura de la H. Cámara de Diputados y que aprobó por mayoría en la sesión ordinaria del martes 30 de septiembre del año en curso, con el propósito de que se respetaran estrictamente los extremos que marca la referida Ley Orgánica.

En consecuencia, le solicitamos que instruya a quien corresponda para que sea publicada la versión actualizada de integración de las comisiones ordinarias y la conformación de sus Mesas Directivas en la Gaceta Parlamentaria y se dé a conocer al Pleno en los términos reglamentarios.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
Dip. Profra. Elba Esther Gordillo Morales
(rúbrica, p.a.)
Presidenta

(Aprobado en votación económica. Octubre 2 de 2003.)
 
 

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Iniciativas

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CON PROYECTO DE LEY DE DEUDA PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, PRESENTADA POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, EN LA SESION DEL JUEVES 2 DE OCTUBRE DE 2003

Los suscritos, diputados federales de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, y a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, 72 y la fracción III del inciso A del artículo 122, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de la fracción II del artículo 55, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable Asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea Ley de Deuda Pública del Distrito Federal, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Mantener el equilibrio de las finanzas públicas constituye una prioridad fundamental para cualquier gobierno, sea éste federal o local. La experiencia histórica permite observar un hecho con más o menos constancia en el manejo de las finanzas públicas: la generación de un círculo vicioso al contratarse deuda pública, que conduce a la postrera contratación de créditos o empréstitos por montos superiores para poder cubrir los compromisos anteriormente adquiridos.

El abuso en la contratación de créditos ha causado que algunos países destinen un gran porcentaje de su Producto Interno Bruto al pago de los mismos, descuidando así la realización de sus principales funciones y responsabilidades. Los gobiernos deben procurar el desarrollo social a través de la generación de riqueza y no mediante la entrega de subvenciones, ya que ésta política constituye una infinita espiral que no soluciona el problema medular, consistente en la falta de instituciones y mecanismos que promuevan la creación de empleos productivos bien remunerados, siendo éstos la mejor forma de promover el desarrollo social.

Uno de los factores que más ha influido en la falta de condiciones para el desarrollo de nuestra nación ha sido el elevado monto que representa el pago del servicio de la deuda pública, que constantemente genera intereses, comisiones y gastos, al que se asigna un alto monto de recursos. De esta forma las deudas públicas se convierten en una enorme carga para gobierno y ciudadanía, un obstáculo para el desarrollo nacional y un factor de crisis política, económica y social.

Un gobierno responsable debe preferir, para sufragar obras o proyectos prioritarios, realizar las adecuaciones necesarias a la Ley de Ingresos y al Presupuesto de Egresos respectivo, aumentar la base gravable y combatir la evasión y elusión fiscal en lugar de contratar créditos o empréstitos, especialmente si éstos provienen de organismos financieros comerciales. Aumentar ilimitadamente el monto de créditos públicos, constituye sin eufemismos e hipérbole alguna, un verdadero acto de traición a la patria debido al sometimiento a que conducen al Estado.

La dependencia de los recursos de deuda para sufragar el presupuesto de egresos supone que para cubrir esos compromisos, se empeñe en buena medida el patrimonio de los gobernados y se someta al estado por esta razón, automáticamente a poderes metaconstitucionales y supranacionales que pueden influir en sus decisiones políticas, debido a la carga y presión que implica la deuda contraída.

Los legisladores debemos evitar que el Estado solicite créditos como sustitutos de ingresos que se pueden percibir a través de las adecuaciones pertinentes a sus leyes fiscales y a la Ley de Ingresos. El punto de partida debe ser que el gobierno gaste sólo lo necesario para el cumplimiento de sus funciones.

En la presente iniciativa se establecen los principios que deben regir en materia de deuda pública del Distrito Federal, con el objeto de evitar que su órgano ejecutivo local contrate sin motivo suficiente y en perjuicio del erario público, créditos y empréstitos.

Las claves del marco normativo que se establecen en la presente iniciativa de ley son los siguientes:

1) El Gobierno del Distrito Federal no podrá contratar créditos o empréstitos públicos si puede obtener los recursos correspondientes a través del aumento de la base gravable, el combate a la evasión fiscal y elusión, y las adecuaciones necesarias al Código Financiero del Distrito Federal y a la Ley de Ingresos correspondiente.

2) Los créditos públicos contraídos por el Gobierno del Distrito Federal deberán ser complementarios de las otras fuentes de ingresos a las que puede recurrir. Nunca deben utilizarse como recursos sustitutos de dichas fuentes.

3) La solución de los problemas sociales del país descansa en las políticas estatales orientadas a promover condiciones óptimas para impulsar el crecimiento económico y la generación permanente de empleos productivos bien remunerados. Lo cual se conseguirá si las variables macroeconómicas son estables, y esa estabilidad en buena medida depende de que el gobierno federal y los gobiernos locales no estén sobreendeudados.

4) La mejor manera de evitar el sobreendeudamiento es a través de limitaciones razonables a la contratación de crédito público, y a través del diseño de mecanismos de financiamiento que no impliquen la hipoteca de los bienes de la entidad y mayores cargas fiscales para el futuro, por ejemplo, a través de una reforma hacendaria para el Distrito Federal que respete el principio de equidad en las contribuciones y pueda generar mayores ingresos sin requerir de crédito público.

5) La autorización y aplicación de los recursos de deuda contratados para financiar el presupuesto de egresos del Gobierno del Distrito Federal, deberá orientarse exclusivamente a obras y proyectos productivos que además de apoyar el bienestar de los ciudadanos generen los recursos necesarios para hacerle frente a las obligaciones derivadas de su contratación.

6) La actual política de endeudamiento del Gobierno del Distrito Federal puede llevarlo a una seria crisis de pagos y provocar un fuerte desequilibrio en las finanzas públicas de la entidad, ya que de continuar de la misma forma modificará el destino de los recursos públicos y obstaculizará la realización de proyectos de infraestructura para el desarrollo económico, urbano y social de la capital, lo cual generará un círculo vicioso, ya que sin desarrollo de infraestructura será más difícil recaudar ingresos y financiar así el desarrollo integral de la Ciudad de México. Teniendo como consecuencia que la entidad afecte un mayor porcentaje de sus ingresos al pago de la deuda, lo que impedirá la eficiencia del gobierno y representará una utilización inapropiada del dinero de los contribuyentes.

7) Se establecerán las condiciones necesarias que garanticen un manejo responsable de la deuda pública de la Ciudad, a efecto de asegurar que se logre la disminución continua del saldo neto de la deuda como proporción de los ingresos netos totales, de tal manera que en el mediano plazo disminuya en cinco puntos porcentuales cada año hasta situarse en 25 por ciento del total de los ingresos esperados para el año correspondiente.

Además, el entorno económico internacional representa un alto riesgo para que se contrate deuda pública ilimitadamente; en efecto, la acumulación de pasivos combinada con la alta volatilidad de los flujos de capital internacional, -que ante mínimas señales de incapacidad de pago y de desequilibrios financieros de las autoridades mexicanas abandonan el territorio nacional-, hace necesario que se desaliente y desaconseje la contratación de créditos o empréstitos y se dé preferencia a la generación de ingresos propios, ya que así se evitará una crisis en la situación financiera de la ciudad.

Las necesidades sociales serán siempre superiores a los recursos disponibles, pero sólo se resolverán de manera permanente mediante la creación de un entorno favorable para la generación de empleos bien remunerados y para la inversión en proyectos productivos de desarrollo social y de infraestructura, que sean resultado de una eficiente gestión pública que generé ahorros para canalizarlos a la inversión productiva y el empleo, en lugar de destinarlos al pago de los créditos.

Por ello, con la presente iniciativa se pretende que se controle el destino de los recursos obtenidos a través de la contratación de créditos y empréstitos públicos para que no sean destinados a gastos que no generen recursos al Distrito Federal, ya que de esta forma nunca se alcanzará el desarrollo social y se agravará en forma alarmante la deuda pública del Distrito Federal.

Todo esto nos lleva a proponer la siguiente limitación a la contratación de deuda pública: los recursos obtenidos deben ser utilizados para proyectos y programas que generen ingresos para el Distrito Federal, conteniendo dichos proyectos y programas, los planes que se desarrollarán para su pronto pago y menor carga financiera. En la presente iniciativa introducimos como obligación, de las entidades que solicitan ser financiadas a través de créditos y empréstitos públicos, dar a conocer estos planes tanto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como a la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal para que se autoricen sus solicitudes de contratación de créditos y pueda el gobierno local fungir como su aval.

Al final, lo que se pretende con estas medidas es lograr que poco a poco el Distrito Federal vaya extinguiendo su deuda y logre un mejor equilibrio en sus finanzas públicas y una mejor orientación en el destino a los recursos que recauda.

Se observa con preocupación que el Gobierno del Distrito Federal prefiere endeudarse en vez de realizar una reforma financiera que aumente sustancialmente su recaudación y le permita poco a poco liberarse de la pesada carga de sus créditos, la cual cada año crece y se convierte en un serio peligro para la economía, no sólo de la entidad sino de todo el país.

A fin de contribuir a enriquecer esta discusión, en esta Iniciativa se presentan los resultados en materia de deuda pública en el periodo reciente, como marco para evaluar el estado actual del endeudamiento de la capital y valorar los resultados de los sucesivos "Programas de Reestructuración de la Deuda", instrumentados a partir de 1998 por las sucesivas administraciones en el gobierno de la ciudad.

1. Desde 1998 y especialmente en el bienio reciente, las erróneas políticas fiscal y de gasto han socavado las bases de la salud financiera de que gozaba la Ciudad hasta 1997, por lo que se ha puesto en riesgo la estabilidad financiera de la capital, hipotecando el futuro financiero de sus habitantes.

Actualmente, la deuda de la Ciudad es la más alta de la que tiene cualquiera de las entidades federativas del país y alcanza como nunca antes un monto sin precedentes: 38 mil 284.9 millones de pesos al cierre del 2002, medido por el saldo neto de la deuda, según la cifras reportadas en la Cuenta Pública de ese año.

2. La deuda de todas las entidades incluido el Distrito Federal, de acuerdo con la información del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de esta Cámara, alcanzó 113, 702.4 millones de pesos al término del 2002, de esa cifra el mayor monto, como señale le corresponde al Gobierno del Distrito Federal y representa la nada despreciable participación de 33.7% del endeudamiento total de las entidades del país.

3. En contraste con el tamaño y evolución de la deuda del Gobierno de la Ciudad, la mayor parte de las entidades federativas, excepción hecha tal vez del estado de México, han venido realizando un esfuerzo sistemático para evitar un crecimiento de sus respectivos niveles de endeudamiento o incluso reducirlo.

Por sólo citar algunos casos les comento que según esa misma fuente de información la deuda del estado de Tlaxcala es nula; la de Campeche asciende a sólo 21.7 millones de pesos; la del estado de Nayarit a 100.9 millones; la de Michoacán es de 152.8 millones de pesos y la de Zacatecas de poco más de 205 millones de pesos.

La suma de los saldos de la deuda pública de esos cinco estados, considerados en su conjunto, por un total de 480.4 millones de pesos, no representa ni siquiera el 1.5% del monto total del endeudamiento que tiene hoy, el Gobierno del Distrito Federal, con datos al término de 2002.

4. Durante el periodo 1997-2002, el saldo de la deuda pública total de las entidades federativas se multiplicó 1.9 veces, en cambio la del Distrito Federal lo hizo en 3.2 veces respecto al monto de ese año.

Como consecuencia de este comportamiento, se incrementó la participación del Distrito Federal en la utilización de los recursos de crédito a cargo de las entidades federativas, al pasar de 20.2% en 1997 a 33.6% en el 2002, lo que significa que en tan sólo 5 años, ha aumentado en más de 50% el peso de la deuda de la ciudad dentro de la estructura de endeudamiento de los estados.

5. La deuda pública del Gobierno del Distrito Federal también ha observado un aumento comparada con el tamaño del Producto Interno Bruto generado en la entidad, tiene hoy uno de los peores coeficientes. En el periodo 1995-1997, la proporción promedio de la deuda de la ciudad en relación con el tamaño de la economía era de 1.2% del PIB, mientras que en el último bienio para el cual ya existen cifras oficiales anualizadas, ese porcentaje se deterioro hasta alcanzar en promedio el 2.6% del PIB.

De hecho los datos del ejercicio fiscal próximo pasado (2002), indican que es el peor coeficiente de los últimos 10 años, en el cual la proporción de la deuda del Gobierno del Distrito Federal respecto del PIB local, se deterioro 10 veces, de 0.3 por ciento a 2.7 por ciento de su Producto Interno Bruto.

6. El problema de la deuda sólo expresa la debilidad en que se han colocado las finanzas del Distrito Federal, puesto que por cada peso ingresado a la hacienda local, el saldo de la deuda, se ha elevado hasta llegar a niveles insostenibles en el corto y mediano plazos. Hoy representa nada más el 50.5% de los ingresos anuales de la ciudad, mientras que en 1997, esa proporción era significativamente menor, de sólo 29.7%.

7. Tan sólo en el bienio 2001-2002, el saldo de la deuda se incrementó en casi 10 mil millones de pesos, al pasar de 28,649.8 millones de pesos a 38,284.9 millones de pesos, esto es, un monto similar por si mismo al que le heredaron a la Ciudad hasta 1997.

8. El deterioro de este coeficiente, no es sino consecuencia de la incapacidad del gobierno local para financiar de manera sana su gasto, así lo refleja el factor de deuda pública/ respecto a ingresos propios de las entidades federativas.

Esta relación era muy inferior en el periodo 1995-1997, último trienio de la administración priísta en la ciudad, pues la deuda representaba en promedio, 53.6% de los ingresos propios captados. No obstante esa relación empezó a desgastarse rápidamente a partir de 1998, y se incrementó significativamente respecto a la recaudación anual de recursos propios del gobierno. Para el periodo 2001-2002, el resultado es el siguiente: la deuda equivale bis a bis a los ingresos propios que el gobierno genera por cuenta propia.

9. A todo lo anterior, hay que añadir el hecho de que los habitantes de la ciudad, son los que tienen una mayor deuda per capita del país, pues con datos al cierre del 2002 cada residente del Distrito Federal tiene una deuda de 4,418.5 pesos, mientras que a nivel nacional el promedio del endeudamiento estatal por habitante, es de sólo una cuarta parte de ese importe: 1,135.4 pesos por persona.

Es importante mencionar que en 1997 la relación de la deuda per capita de los capitalinos era 2 a 1 respecto al total nacional; en la actualidad es cuatro a uno, la peor desde 1993.

10. En la práctica, se puede concluir que de poco o nada han servido las sucesivas reestructuraciones, que se han llevado a cabo desde 1998. Hoy la deuda del Gobierno de la Ciudad no sólo es la mayor del país, sino la más alta de su historia, y si acaso goza de una calificación triple "A", se debe a que el Gobierno Federal es garante de la misma.

El hecho es incontrovertible en términos del crecimiento de la carga financiera de la deuda para la Ciudad, que tiende a agudizarse con el tiempo y que puede afectar sin duda la capacidad gubernamental para hacer frente al crecimiento de la demanda de bienes y servicios.

Consideramos pues que este asunto de la deuda debe tratarse con toda la seriedad posible. Esta en juego la capacidad del gobierno para atender con eficacia y eficiencia las justas demandas ciudadanas en materia de infraestructura y servicios públicos básicos: como drenaje, agua potable, transporte masivo y seguridad pública, en una visión de largo plazo.

En este contexto, es indispensable que se considere la naturaleza jurídica del Distrito Federal como sede de los Poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos Mexicanos, de tal manera que se reserve, como hasta ahora, la facultad de la Cámara de Diputados para aprobar los techos de endeudamiento que en su caso permitirán cubrir el déficit entre el ingreso y el gasto público del Gobierno de la Ciudad.

Lo contrario y dadas las tendencias que se han documentado sobre el comportamiento de la deuda de la ciudad, sería tanto como poner en riesgo no sólo el adecuado funcionamiento de los Poderes de la Unión, sino incluso la viabilidad del Distrito Federal, como ocurrió en el caso de Washington, en donde fue necesario mantener el control de la Federación para evitar la inseguridad en que se pudieran ubicar los poderes de la Federación.

Por ello es necesario que se el Congreso autorice el techo del endeudamiento público de la capital y que determine su tratamiento y las condiciones en las cuales se apruebe, ejerza y fiscalice, con las precisiones y ventajas que se derivan del marco normativo que ahora se plantea.

En esta virtud, exhortamos a todas las fuerzas políticas representadas en esta Cámara a que apoyen esta iniciativa que suscribe el grupo parlamentario del PAN.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los suscritos diputados del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional presentamos la siguiente:

Artículo Primero.- Se expide la siguiente

Ley de Deuda Pública del Distrito Federal

Capítulo Primero
Disposiciones Generales

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés general y tiene por objeto el establecimiento de las bases, condiciones y requisitos para la contratación, registro, aplicación, manejo y control de las operaciones financieras que constituyan la deuda pública del Distrito Federal.

Artículo 2.- La deuda pública del Distrito Federal estará constituida por las obligaciones de pasivo directas o contingentes que deriven de créditos o empréstitos a cargo de los entes de la administración pública del Distrito Federal.

Artículo 3.- Para efectos de la presente ley se entiende por:

I. Deuda pública: Las obligaciones de pago que sean consecuencia de las operaciones que celebren los entes mencionados este artículo, con instituciones de crédito;

II. Dependencias: La Jefatura de Gobierno del Distrito Federal y las Secretarías, así como los demás organismos que integren la administración pública Centralizada del Distrito Federal;

III. Organos Políticos Administrativos: Las delegaciones del gobierno del Distrito Federal en las demarcaciones territoriales y los que con este carácter establezca la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal;

IV. Entidades: Los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos en los que la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal sea fideicomitente;.

V. Entes: Los enunciados en las fracciones II, III y IV del presente artículo;

VI. Secretaría: La Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

VII. Secretaría de Finanzas: La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal;

VIII. Cámara: La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión;

IX. Asamblea: La Asamblea Legislativa del Distrito Federal;

X. Auditoría Superior: La Auditoría Superior de la Federación.

Artículo 4.- La Secretaría de Finanzas es la dependencia del Gobierno del Distrito Federal encargada de aplicar la presente Ley, para lo cual observará las disposiciones que en la materia emita la Secretaría, quien será la autoridad responsable de interpretar administrativamente la presente ley, así como de expedir las disposiciones necesarias para su debido cumplimiento. Los titulares de las entidades, dependencias y órganos político administrativos del Distrito Federal serán responsables del estricto cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley.

Artículo 5.- El Gobierno del Distrito Federal únicamente podrá contraer pasivos para sufragar las obras, proyectos o programas públicos productivos que no puedan ser financiados con recursos fiscales. Por su carácter complementario, el endeudamiento neto que anualmente autorice el Congreso de la Unión no podrá ser mayor al equivalente del 7% de los ingresos propios que la Secretaría de Finanzas, estime generarán, en conjunto, la administración pública centralizada y descentralizada del Distrito Federal.

Artículo 6.- La autorización que realice el H. Congreso de la Unión a los niveles del endeudamiento neto del Distrito Federal estará condicionada a que el pago del servicio de la misma no rebase el 4.5% de la suma de los ingresos propios totales de la administración pública del Distrito Federal.

Artículo 7.- Constituirán operaciones de deuda pública, las siguientes:

I. La emisión de títulos de crédito o de documentos pagaderos a plazo, autorizados por la Secretaría;

II. La adquisición de bienes muebles o inmuebles destinados a obras públicas o la contratación de obras y servicios relacionados con las mismas, cuyo pago sea a plazos y estén contemplados en el presupuesto de egresos;

III. Los pasivos contingentes que sean consecuencia de los actos mencionados en las dos fracciones anteriores; y

IV. Las operaciones directas o contingentes que impliquen obligaciones a plazo.

Artículo 8.- Los entes capaces de contratar créditos no podrán adquirir obligaciones directas con la banca comercial a corto plazo para solventar necesidades temporales de flujos de caja, aun cuando sus vencimientos y liquidación se pretendan realizar en el mismo ejercicio fiscal.

Artículo 9.- Los créditos que adquieran los entes deberán cumplir los requisitos y condiciones establecidos en el artículo 117, fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para los estados y municipios.

Artículo 10.- Los créditos y empréstitos contraídos por los entes deberán pagarse en moneda y territorios nacionales, de acuerdo con la legislación aplicable.

Artículo 11.- Los créditos y empréstitos contraídos por los entes que integran la administración pública del Distrito Federal deberán destinarse a inversiones públicas productivas, entendiéndose por tales:

I. Las destinadas a obras públicas por medio del sistema de contribuciones de mejoras.

II. La adquisición de bienes inmuebles para la integración de las áreas de reserva urbana contempladas en la Ley de Desarrollo Urbano, el Programa General de Desarrollo Urbano y los Programas Parciales de Desarrollo Urbano Delegacionales,

III. Las que se destinen a la instalación, ampliación y mejoramiento de los servicios públicos que generen de manera directa ingresos al Gobierno del Distrito Federal.

IV. Las obras públicas contempladas en el artículo 3 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal.
 

Capítulo Segundo
De las Facultades y Obligaciones

Artículo 12.- Son órganos competentes en materia de deuda pública:

I. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión y,

II. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal.

Artículo 13.- A la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión corresponde:

I. Aprobar, en su caso, la propuesta del Jefe de Gobierno del Distrito Federal sobre los montos de endeudamiento que anualmente requieran los entes para financiar el presupuesto de egresos del respectivo ejercicio fiscal;

II. Verificar por conducto de la Auditoría Superior de la Federación que las operaciones de deuda del Gobierno del Distrito Federal se apeguen a las disposiciones de la Ley;

III. Supervisar el Registro de Deuda Pública del Distrito Federal que lleve la Secretaría como control de los créditos y empréstitos solicitados por el Gobierno del Distrito Federal;

IV. Verificar los resultados de las operaciones de deuda a cargo del Gobierno del Distrito Federal;

V. Solicitar tanto a la Secretaría, como a la Secretaría de Finanzas los informes y reportes sobre el comportamiento físico-financiero derivado de las operaciones de deuda del Gobierno del Distrito Federal; y

VI. Conocer los resultados de la evaluación trimestral que en materia de deuda pública formule la Secretaría, con base en la información que al respecto emita la Secretaría de Finanzas.

Artículo 14.- Corresponde al Jefe de Gobierno del Distrito Federal: I. Contratar créditos a cargo del Gobierno del Distrito Federal cumpliendo con los requisitos y condiciones establecidas en la presente ley;

II. Vigilar que los recursos financieros obtenidos a través de créditos o empréstitos se destinen a los objetivos para los cuales fueron contratados;

III. Vigilar que los entes de la administración pública del Distrito Federal que contraigan créditos o empréstitos generen suficientes ingresos para pagar, tanto el principal como los accesorios de los mismos, en los plazos y los montos convenidos. Asimismo, para otorgar su aval, deberá cuidar que se cumplan los siguientes requisitos:

A) Que el crédito que contraiga no exceda el límite de deuda pública impuesto en la Ley de Ingresos de la Federación, cuyo monto deberá reproducirse en la relativa al Distrito Federal para el ejercicio presupuestal correspondiente.

B) Que el plazo para su amortización, una vez que entre en operación el proyecto, no exceda al que se necesitó para la ejecución del mismo.

C) Que a través de un programa financiero el ente que contraiga obligaciones demuestre la previsión de suficientes recursos financieros para cumplir sus compromisos en los plazos y montos convenidos.

D) Que la entidad se encuentre al corriente en el cumplimiento de las obligaciones financieras previamente contraídas.

IV. Vigilar que los pagos de capital e intereses de los créditos a cargo del Gobierno del Distrito Federal se cumplan oportunamente; y

V. Tomar las medidas administrativas necesarias para el pago del principal, liquidación de intereses y comisiones.

Artículo 15.- El Jefe de Gobierno del Distrito Federal podrá negociar la substitución de acreedor o acreedores en los adeudos suscritos, siempre y cuando éstos acreedores sustitutos no constituyan una mayor carga para el erario del Gobierno Distrito Federal debido a los plazos y montos convenidos para su pago.

Artículo 16.- El titular de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal deberá informar a la Cámara de Diputados y a la Asamblea Legislativa Distrito Federal los saldos de crédito público al rendir la cuenta pública anual, y en los Informes de Avance Programático Presupuestal.

Artículo 17.- La Secretaría deberá evaluar trimestralmente el uso y destino de los recursos de la deuda pública e informar por escrito a la Cámara de Diputados y a la Asamblea los resultados de la misma. Dicha evaluación se basará en la información que le proporcione la Secretaría de Finanzas.

Artículo 18.- Si de la evaluación que realice la Secretaría aparecieran discrepancias entre las cantidades gastadas y los créditos autorizados, o no existiera exactitud o justificación en los gastos efectuados, ésta deberá notificar a la Cámara de Diputados y a la Asamblea las causas específicas que originaron las desviaciones, informando, en su caso, a la ASF, la determinación de responsabilidades.

Artículo 19.- La evaluación del uso y destino de los recursos de la deuda tendrá por objeto conocer los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados en el presupuesto, la presente Ley y las demás disposiciones aplicables en la materia, así como si ha cumplido los objetivos y metas aprobados por la Asamblea.

Capítulo Tercero
De la Contratación de Créditos y Empréstitos

Artículo 20.- Los entes deberán contratar créditos y empréstitos con instituciones nacionales de banca de desarrollo. Si solicitando a estas instituciones no encuentran el crédito suficiente para la realización de los proyectos, planes y programas previstos, podrán acudir a las instituciones nacionales de banca comercial, pero solamente para contratar un monto equivalente al 10% del total del endeudamiento neto autorizado por la Cámara de Diputados para cada ejercicio fiscal.

Artículo 21.- Los entes deberán preferir en todo momento para la contratación de crédito y empréstitos a las instituciones nacionales de banca de desarrollo y sólo cuando previa y expresamente éstas les manifiesten la falta de recursos financieros, podrán contratar con instituciones de banca comercial, pero sólo hasta por el monto señalado en el artículo 20 de esta ley.

Artículo 22.- El titular de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal deberá motivar su solicitud de endeudamiento ante la Cámara de Diputados, especificando con precisión los programas y proyectos que pretende financiar a través de créditos públicos y los ramos a los cuales pertenecen, así como los importes que se pretenden asignar en cada caso, cada vez que presente la iniciativa de Ley de Ingresos para el año fiscal correspondiente ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Artículo 23.- Los entes no podrán contraer crédito si la obra o proyecto objeto de financiamiento no cuenta con fuente propia de repago que garantice el pago del principal y de su servicio en un plazo no mayor al período de ejecución de la obra o proyecto financiado, contado a partir de su entrada en operación. La Secretaría de Finanzas del Distrito Federal integrará los estudios de factibilidad económica que demuestren la recuperación de la inversión a realizar que serán presentados ante la Secretaría de Hacienda. Dichos estudios se deberán presentar a la Cámara de Diputados para inscribir las anotaciones correspondientes al Registro de Deuda Pública del Distrito Federal y para sus consideraciones sobre posteriores autorizaciones de montos de endeudamiento.

Artículo 24.- La Secretaría de Finanzas del Distrito Federal deberá realizar un estudio completo y exhaustivo sobre la viabilidad financiera, económica y social de los proyectos y obras que los titulares de los entes soliciten financiar a través de créditos y empréstitos públicos. Dicho estudio deberá presentarlo a la Cámara de Diputados para que ésta pueda analizar que los proyectos y programas financiados cumplan con los requisitos y condiciones establecidos en la presente ley.

Artículo 25.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público por conducto de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal resolverá por escrito la autorización correspondiente al ente, que haya solicitado la contratación de créditos, verificando previamente que cumpla con los principios, requisitos y condiciones señaladas en la presente ley.

Capítulo Cuarto
Del Registro de Deuda Pública

Artículo 26.- La Cámara de Diputados llevará un registro de las obligaciones financieras de los entes que se constituirá por medio de la información veraz y oportuna que proporcione la Secretaría y que deberá contener los siguientes datos por lo menos: entidad deudora, entidad acreedora, monto del crédito, intereses, comisiones y gastos que genere la línea de crédito; los plazos para su pago y el destino de los recursos, que consistirá en la especificación del proyecto o programa financiado, precisando los avances físico-financieros acumulados al cierre del ejercicio anterior y los previstos para el año de autorización; y la fuente y monto de los recursos previstos para cubrir el servicio de la deuda, distinguiendo la amortización del principal de los diversos componentes del costo financiero de la deuda.

Artículo 27.- La Cámara de Diputados deberá analizar el Registro de Deuda Pública del Distrito Federal cuyo estudio le presente la Secretaría, con el objeto de verificar la capacidad de pago de cada uno de los entes de la administración pública del Distrito Federal que hayan solicitado la contratación de créditos públicos. Este análisis será obligatorio para la autorización de nuevos créditos públicos para próximos ejercicios presupuestales.

Artículo 28.- Los titulares de los entes respecto de los cuales el Gobierno del Distrito Federal haya otorgado su aval deberán informar a la Secretaría de Finanzas sobre los movimientos de sus créditos contraídos, para que a su vez éstos movimientos sean reportados al Registro de Deuda Pública que llevará la Cámara de Diputados, por conducto de la Secretaría.

Artículo 29.- Los entes a quienes el Gobierno del Distrito Federal haya otorgado su aval, llevarán los registros de los créditos a su cargo conforme las reglas señaladas por la Secretaría, y deberán proporcionar trimestralmente la información relativa a esa Secretaría para que vigile la aplicación de los recursos derivados de créditos públicos autorizados o avalados y remita la información tanto a la Cámara de Diputados para su inclusión en el Registro de Deuda Pública del Distrito Federal, el cual se pondrá a disposición de la Asamblea Legislativa.

Capítulo Quinto
De las Obligaciones Derivadas de las Operaciones de Crédito

Artículo 30.- Los entes rendirán su cuenta pública en forma anual ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en los términos del Código Financiero del Distrito Federal y demás leyes aplicables.

Artículo 31.- Los entes por conducto de la Secretaría de Finanzas deberán entregar trimestralmente a la Secretaría un Informe sobre sus ingresos, egresos, créditos adquiridos, pasivos pagados e inversiones efectuadas, con el propósito de que ésta pueda evaluar su gestión financiera y notifique los resultados a la Cámara y a la Asamblea.

Artículo 32.- Los entes tendrán la facultad de reestructurar total o parcialmente sus financiamientos siempre que se consigan mejores condiciones de plazo, tasas de interés, comisiones o para reducir las cargas por su servicio.

Artículo 33.- Anualmente, los entes a través de la Secretaría de Finanzas deberán presentar ante la Secretaría y está a su vez a la Cámara los respectivos estudios de factibilidad económica relativos a la recuperación de la inversión para que ésta pueda autorizarles la contratación de créditos. En caso de no presentarlos, la Cámara no podrá autorizar la contratación de los créditos públicos requeridos.

Artículo 34.- Los entes no podrán bajo ninguna circunstancia contratar créditos para sufragar su gasto corriente, tanto del ejercicio en que se hayan contratado los empréstitos como en los sucesivos.

Artículo 35.- Los entes no podrán disponer del endeudamiento autorizado por la Cámara de Diputados si no lo aplican en el ejercicio fiscal para el que fue autorizado. En caso de que las contrataciones de créditos públicos se realizaran al final del año fiscal correspondiente, y no fuera factible su aplicación administrativa y financiera dentro de las marcos legales aplicables durante ese mismo año, los titulares de las entidades correspondientes, serán sancionados de conformidad con el artículo 37 de esta Ley.

Artículo 36.- El Gobierno del Distrito Federal tiene de plazo para reportar a la Cámara de Diputados el remanente del ejercicio presupuestal anterior, hasta el 15 de Febrero del año posterior, y en caso de existir, estará obligado a utilizarlo, en el ejercicio presupuestal posterior, para el efecto de reducir el monto de endeudamiento proporcionalmente al remanente reportado. En caso de que la Secretaría de Finanzas no utilizara el remanente reportado para aplicarlo a las obras y proyectos que se solicitaron ser financiados a través de crédito público, y así reducir el monto de endeudamiento del Gobierno del Distrito Federal para el año fiscal correspondiente, su titular será sancionado conforme al artículo 37 de esta Ley.

Capítulo Sexto
De las Sanciones

Artículo 37.- La inobservancia de esta ley, arroja responsabilidad oficial para los servidores públicos, misma que será substanciada de conformidad con lo indicado en la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos, sin perjuicio de lo previsto en los ordenamientos penales, civiles y demás normas jurídicas.

Artículo 38.- En caso de contravención a lo dispuesto en los artículos 31, 33, 34 y 35 de la presente Ley, se considerara como falta grave en términos de lo dispuesto en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Artículo 39.- Contra las resoluciones emitidas que impongan una sanción o causen un perjuicio al interesado, procederá el recurso de inconformidad, de acuerdo a lo previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal.

Transitorios

Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

Artículo Tercero.- Se derogan todas las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas que se opongan al presente Decreto.

Artículo Cuarto.- El Gobierno del Distrito Federal se constituirá en garante de las obligaciones de pasivo directas o contingentes que deriven de créditos o empréstitos a cargo de los entes de la administración pública del Distrito Federal, a partir de la publicación del presente Decreto.

Artículo Quinto.- Los montos de la deuda que autorice la Cámara de Diputados deberán ser compatibles con la disminución continua del saldo de la deuda como proporción de los ingresos netos totales, de tal manera que disminuyan en cinco puntos porcentuales cada año hasta situarse en 25 por ciento del total de los ingresos esperados para el año correspondiente.

Artículo Sexto.- La Auditoría Superior de la Federación será responsable de la fiscalización y evaluación relacionada con el uso y destino de los recursos provenientes de deuda pública del Distrito Federal así como de darle seguimiento a las observaciones y recomendaciones a que hayan dado lugar los trabajos de auditoria de dicho órgano, como resultado de la revisión de las cuentas públicas de 1999 y años anteriores.

En la Ciudad de México, DF, a los dos días del mes de octubre del año dos mil tres.

Diputados: Federico Döring Casar, Patricia Garduño Morales, Ernesto Herrera Tovar, Miguel Angel Toscano Velasco (rúbricas).

(Turnada a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y del Distrito Federal. Octubre 2 de 2003.)
 
 

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Proposiciones

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CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO A CUMPLIR DE MANERA EXACTA EL DECRETO PRESIDENCIAL DE FECHA 2 DE ENERO DE 2003, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 3 DEL MISMO MES Y AÑO, EXPEDIDO PARA BENEFICIAR LA SITUACION FISCAL DEL SECTOR PRIMARIO Y APOYAR LOS SECTORES AGRICOLA, GANADERO, SILVICOLA Y PESQUERO Y A PERSONAS RELACIONADAS CON ESTOS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO GONZALO ALEMAN MIGLIOLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA SESION DEL JUEVES 2 DE OCTUBRE DE 2003

El de la voz, diputado por el séptimo distrito del estado de Tamaulipas, miembro del sector ganadero, en solidaridad con los productores de los sectores agrícola, pesquero y silvícola, en nombre y representación de mis compañeros legisladores de Tamaulipas, integrantes del grupo parlamentario del partido revolucionario institucional, y en relación con la situación fiscal que atraviesa el sector primario, por la actuación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Servicio de Administración Tributaria, ocurro a exponer:

En intervenciones anteriores se ha hecho patente la difícil situación que pasa el sector primario del país: problemas con los apoyos inmediatos para los productores; competencia desleal derivada de los diversos tratados de libre comercio y nulo apoyo crediticio de la banca privada y social, sin tomar en cuenta además, como hoy sucede, las difíciles condiciones climatológicas que resienten diversas regiones del país, afectando directamente a ganaderos, agricultores y pescadores.

El tema que hoy nos ocupa, es no menos importante y delicado, y se refiere al régimen fiscal y la actitud de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y sus oficinas regionales respecto al sector primario.

Desde 1990, cuando se eliminaron los regímenes especiales de tributación, el sector agropecuario tributó primero en el régimen de transición de entradas y salidas; y a partir del 2002, en un sistema de flujo de efectivo, como cualquier contribuyente.

A efecto de que los nuevos regímenes no fueran tan estrictos para el sector agropecuario, año tras año se publicaron reglas de simplificación administrativa, mediante las cuales se daba al sector facilidades para cumplir con los requisitos fiscales en la deducibilidad de sus erogaciones.

Sin embargo, la autoridad hacendaria, durante los últimos once años y aprovechando la complejidad del marco jurídico fiscal aplicable a los contribuyentes del campo, inició un sinnúmero de auditorías, determinó créditos fiscales impagables y llegó al extremo del remate y adjudicación de bienes muebles e inmuebles y hasta casas-habitación pasaron a ser propiedad del fisco, dejando en la ruina a dichos contribuyentes.

Para remediar tal situación, con fecha 2 de enero del presente año, el Presidente de la República expidió un decreto, cuyo objeto es el apoyo de la administración pública federal a los sectores agrícola, ganadero, silvícola y pesquero para fortalecer las cadenas productivas del sector y aliviar la difícil situación de los adeudos fiscales generados con anterioridad a la vigencia del decreto, pretendiendo una solución definitiva a su situación fiscal.

¡¡Ese fue el espíritu del mencionado decreto; así lo estableció el Presidente de la República en el considerando respectivo!!

El decreto se publicó en el Diario Oficial de la Federación de fecha 3 de enero del mismo año, por lo que, dada su publicidad, tiene naturaleza obligatoria, y las autoridades hacendarias, la obligación de aplicarlo en beneficio de quienes recibieron en el caso concreto, la expresión jurídica de la voluntad del Ejecutivo para beneficiar y remediar la situación fiscal del multicitado sector.

El decreto otorga beneficios tales como condonación de adeudos por impuestos federales generados con anterioridad al primero de enero del 2002; beneficiaría a ejidos, empresas sociales, personas dedicadas a actividades ganaderas, agrícolas, pesqueras o silvícolas, e inclusive tendría la bondad de que quienes estuvieran sujetos a un procedimiento administrativo de ejecución recibirían sus beneficios, con la obligación a futuro de los causantes de cumplir estrictamente con las reglas fiscales.

Sin duda, el sector lo consideró un apoyo del Gobierno Federal que permitiría seguridad jurídica, condonación de injustos adeudos y de créditos fiscales impagables, realizados muchas veces mediante procedimientos a espaldas de los contribuyentes.

"Sin embargo, la realidad es otra."

Hacienda y sus oficinas regionales, en su afán de recaudar mayores ingresos; repito, haciendo caso omiso a dicho decreto, a nueve meses de su vigencia, la situación fiscal de los contribuyentes del sector primario, la realidad es igual a la que pretendió resolver la acción administrativa del Presidente.

En auditorías en proceso, iniciadas antes de la vigencia del decreto, Hacienda ha continuado con los procedimientos, hasta emitir la resolución correspondiente, aún cuando el contribuyente ha presentado petición invocando el decreto.

Pero además, después de la publicación del mismo, ha iniciado nuevas facultades de comprobación por los ejercicios incluidos en el decreto.

En relación con los créditos controvertidos ante la administración local jurídica correspondiente al séptimo distrito de Tamaulipas, que me honro en representar, los contribuyentes han presentado escritos solicitando la cancelación de los mismos, sin respuesta alguna.

Hacienda y sus oficinas regionales, indebidamente han incumplido con el decreto por el cual el Ejecutivo expresó su voluntad en el asunto particular de la situación fiscal del sector primario, por lo que la Secretaría de Hacienda está obligada, aunque no lo soliciten los productores, a cumplir con el decreto, pues una vez publicado no pueden oponer desconocimiento del mismo.

Los productores no necesitamos probar la existencia del decreto, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto por jurisprudencia definida que los particulares no estamos obligados a demostrar la existencia de decretos administrativos que hayan sido publicados en el Diario Oficial de la Federación.

Por el contrario, la Secretaría de Hacienda, está obligada a cumplir con el mismo; y los servidores públicos que no lo hagan se deberán sujetar a responsabilidades administrativas, civiles o penales en que incurran por su inobservancia.

Por estas razones y por el clima de terrorismo fiscal que tristemente se ha orquestado en contra del sector ganadero, agrícola, pesquero y silvícola, me permito, a nombre de mis compañeros diputados de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional por el estado de Tamaulipas; y en el propio, someter a consideración de esta honorable asamblea, integrada por representantes de todas las zonas del país, además, integrantes del sector primario, y cumpliendo con nuestra función de vigilancia del marco jurídico fiscal de los gobernados; solicitamos su apoyo para la siguiente proposición con punto de acuerdo, la cual, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito se procese como de urgente y obvia resolución.

Primero: Se exhorte a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Servicio de Administración Tributaria a que cumplan en forma estricta los términos del decreto de fecha 2 de enero del 2003 publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 3 del mismo mes y año, que dispone la solución definitiva de la situación fiscal de los sectores agrícola, ganadero, silvícola y pesquero.

Segundo: En consecuencia, se suspendan las auditorías y los procedimientos de ejecución respectivos realizados a los miembros de dicho sector, para beneficio de estas actividades y defensa de su patrimonio beneficiarios del mismo, y

Tercero: Que a los servidores públicos que han incumplido con el decreto mencionado les sean aplicadas las sanciones administrativas en que hayan incurrido por esta causa.

Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 29 de septiembre de 2003.

Diputados: Homero Díaz Rodríguez, Gonzalo Alemán Migliolo, José Manuel Abdala de la Fuente, Jesús Humberto Martínez de la Cruz, Baltasar Manuel Hinojosa Ochoa, Humberto Francisco Filizola Haces, Oscar Martín Ramos Salinas, Cruz López Aguilar, Carlos Flores Rico, Sergio Arturo Posadas Lara, Luis Antonio Ramírez Pineda, Gonzalo Moreno Arévalo, Hugo Rodríguez Díaz, Mario Ernesto Dávila Aranda, Javier Castelo Parada, José I. Trejo Reyes, Diego Palmero Andrade, Ramón González González, José Julián Sacramento Garza (rúbricas).

(Aprobado; comuníquese. Octubre 2 de 2003.)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE EXHORTAR A LOS GOBIERNOS FEDERAL Y ESTATALES A QUE INSTAUREN UN PLAN DE DESARROLLO ESTRATEGICO DE LA EDUCACION NORMALISTA EN EL PAIS PARA QUE SE FORTALEZCAN LOS PROGRAMAS DE FORMACION DE DOCENTES, EN PARTICULAR EL DEL SUBSISTEMA DE NORMALES RURALES, PRESENTADA POR DEL DIPUTADO MIGUEL ALONSO RAYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DEL JUEVES 2 DE OCTUBRE DE 2003

Los suscritos diputados, integrantes de diversos grupos parlamentarios de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan ante esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

A lo largo de siglo XX, por mandato constitucional, el Estado mexicano realizó esfuerzos para mejorar la educación básica, mediante políticas como la ampliación de la oferta, la actualización y flexibilidad de los contenidos, el enriquecimiento de la práctica pedagógica y la mejora de la infraestructura escolar, entre otras.

Desgraciadamente, mucho de ese esfuerzo se quedó a la mitad porque no se ha contado con un sistema de gestión honesto y eficiente, lo cual -junto con una baja inversión en el rubro- impidió que se construyera una política de Estado en materia educativa.

Uno de los ejes estratégicos para el desarrollo educativo que ha sido profundamente descuidado es el de la educación de los futuros maestros.

Según la información oficial, durante la última década se reformaron los planes y programas para la formación de los nuevos maestros, orientándolos más a la práctica y a la aplicación de los avances didácticos, y fortaleciendo la organización e infraestructura educativa de las escuelas normales.

Como se ha visto, esas acciones no cumplieron su cometido pues, además de que privó un enorme desorden institucional, hubo poca inversión y se privilegió la educación privada orientada a la formación de los futuros docentes, en detrimento de la pública.

Los efectos de ese avance avasallador de la formación privada de los maestros son evidentes hoy. Como sucede en otros niveles educativos, en la última década el crecimiento indiscriminado de la educación normalista privada ha significado que hoy atienda a 40 por ciento de los estudiantes, contra 60 por ciento de los que estudian en la pública.

Eso no sería negativo por sí mismo si esa educación privada fuera complementaria y no sustitutiva de la que imparte el Estado, como se impulsó desde el antiguo régimen y como se impulsa más decididamente desde el gobierno actual.

Tampoco sería negativo si esa educación privada se dirigiera a la formación de los nuevos docentes en las regiones y los estados del país donde la educación básica es todavía una promesa para más de un millón y medio de niños, como reconoce el programa nacional en la materia.

Empero, eso no ha sido así, ni lo será, pues la inversión privada no va dirigida a los sectores en marginación social, que justamente presentan el mayor atraso educativo.

Si tomamos en cuenta que el subsistema de educación normal enfrenta rezagos y carencias históricos que le han impedido cumplir plenamente su cometido, a partir de la reforma constitucional que en materia de educación preescolar aprobó el Constituyente Permanente, la educación normalista enfrentará retos sin precedente.

La reforma constitucional, que torna obligatoria la educación preescolar para los menores de tres, cuatro y cinco años, implica que en los próximos años, en los plazos de aplicación de la obligatoriedad que señalan los transitorios de la reforma, se necesiten nuevas escuelas y nuevos maestros para más de 2 millones 400 mil niños; esto es, casi 80 por ciento de la matrícula actual.

¿Cómo vamos a enfrentar ese reto si se está dejando en el olvido el sistema de educación normal? El programa sexenal considera el fortalecimiento de las instituciones de formación inicial para maestros de educación básica, mediante la consolidación de la reforma de los planes y programas de estudio, el mejoramiento de la gestión institucional, la regulación del trabajo académico y la evaluación sistemática de las escuelas normales En realidad, poco se ha hecho al respecto.

Los mismos informes de gobierno omiten mencionar el cumplimiento del avance de las metas para 2002 y 2003 de ese objetivo, entre los que destacan crear mecanismos para la evaluación objetiva y sistemática, efectuar la evaluación institucional externa de las escuelas normales y actualizar en procesos para mejorar la organización académica y la gestión institucional.

Lo único cierto es que el sistema de educación normal sigue padeciendo una crisis estructural que, de manera recurrente, repercute en el subsistema de normales rurales e incluso en la propia Escuela Normal Superior.

Hoy, nuevamente, El Mexe es una de las aristas del problema del sistema de educación nacional, que también se expresa en Macturnactzá, Chiapas; Atequiza, Jalisco; y Ayotzinapa, Guerrero; o como sucedió el año pasado en Amilcingo, Morelos o en la Escuela Normal Femenil Ricardo Flores Magón, de Saucillo, Chihuahua.

Año tras año, los alumnos de las normales rurales elevan demandas que buscan preservar el modelo educativo que ha mostrado diversos resultados cuando hay apoyo real y no sólo respuestas policiacas.

En lugar de apostar a una salida de fondo que atienda las causas que tienen en una situación de zozobra ese modelo educativo, pieza clave del subsistema de educación normal, las autoridades locales y las federales sólo han atinado a dar respuestas parciales, que aplazan peligrosamente la solución de un problema que todavía se encuentra en los linderos de la educación y que amenaza desbordarse en la violencia social y política.

Los suscritos queremos que se fortalezca el perfil social y educativo de avanzada que significan las normales rurales para que sean maestros normalistas y no alumnos de bachillerato quienes cumplan la educación de calidad que todos los niños del país, no sólo los de las escuelas urbanas, merecen.

Creemos que, con ello, las escuelas rurales unitarias y bidocentes resultarán benéficamente transformadas. No estamos por cerrar escuelas, sino por fortalecerlas.

Por ello concordamos con el llamamiento que están realizando gobernadores de diverso signo político y de los distintos estados donde se asientan las normales rurales en el sentido de que se debe transformar integralmente el modelo de educación normalista, siempre que esto redunde en su fortalecimiento y en la creación de escuelas para hijos de campesinos con internado y con perspectiva de futuro.

Igualmente, coincidimos con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en la defensa del carácter público y nacional que debe tener este subsistema educativo de calidad, que forme auténticamente a los futuros docentes para enfrentar los retos educativos que nuestro país nos demanda.

Formulamos un llamado a la Cámara de Diputados para dar seguimiento a la actuación de las autoridades educativas que tienen la obligación de transformar este importante nivel educativo y, al mismo tiempo, proponemos acompañar este necesario proceso de transformación mediante el diálogo y aprobación de reformas de los ordenamientos que deriven de aquel proceso.

Con base en esas consideraciones, me permito proponer a esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión hace un exhorto respetuoso a las autoridades educativas federales y a las estatales para que instauren un plan de desarrollo estratégico de la educación normalista en el país, a fin de que se fortalezcan los programas de formación de docentes, en particular el del subsistema de normales rurales.

Segundo. De la misma manera, se convoca a dichas autoridades a que, junto con el Legislativo federal, se forme una comisión para que de inmediato coordine las acciones necesarias y, en el marco de sus atribuciones, atienda las causas de los conflictos que se suceden año tras año en las normales rurales del país.

Diputados: Miguel Alonso Raya (rúbrica), Guillermo Aréchiga Santamaría, Amadeo Espinoza Ramos, Luis Maldonado Venegas.

(Turnada a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos. Octubre 2 de 2003.)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR A LA SEMARNAT Y A LA PROFEPA A QUE REALICEN LAS INVESTIGACIONES CORRESPONDIENTES SOBRE LA MUERTE DE DELFINES EN LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, PRESENTADA POR LA DIPUTADA JACQUELINE ARGÜELLES GUZMAN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM, EN LA SESION DEL JUEVES 2 DE OCTUBRE DE 2003

Jorge Antonio Kahwagi Macari, Manuel Velasco Coello, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Alvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Avila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez y Raúl Piña Horta, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrimos a solicitar se turne a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados en la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión proposición con punto de acuerdo, sobre la muerte de delfines en las playas de La Paz, Baja California Sur, con base en los siguientes

Antecedentes

La conservación de la diversidad biológica no es tarea sencilla en un país como México, que se encuentra entre las cinco naciones con mayor variedad de ecosistemas.

De especial atención es el área de Baja California, ya que está considerada zona rica y única en fauna marina.

En el caso de los delfines, éstos pueden ser encontrados tanto en aguas templadas como en tropicales.

Los delfines machos alcanzan la madurez sexual entre los 10 y 12 años, mientras que las hembras lo hacen de los 6 a 8 años. La gestación dura 12 meses; usualmente, las madres tienen una cría y éstas, al nacer, pesan 20 kilogramos y miden alrededor de un metro.

Son animales particularmente costeros, lo cual los hace vulnerables a ser capturados y heridos de muerte durante las faenas de pesca y de tráfico de botes pesados.

En especial situación se encuentra el delfín nariz de botella (Tursiops truncatus), el más capturado y comercializado, ya que es una especie de las más afectadas por las industrias, que disminuyen de forma dramática la población; y las condiciones en que se capturan, transportan y confinan son precarias.

Un ejemplo se ha dado con la empresa Dolphin Learning Center, en La Paz, Baja California Sur, la cual incurrió en una serie de irregularidades al confinar en 2000 a ocho delfines nariz de botella.

El 3 de febrero de 2001 se informó de la muerte de uno de los ejemplares, Luna, el cual -de acuerdo con la necropsia- murió por choque neurogénico, ocasionado por obstrucción gástrica, donde se descartaron evidencias de daños o lesiones derivadas de su captura o manejo en cautiverio.

En respuesta, a partir de febrero de 2001, grupos ambientalistas han solicitado la clausura de ese delfinario, así como la liberación de los delfines restantes.

Adicionalmente a ese historial, el pasado fin de semana murieron dos ejemplares más. Los hallazgos preliminares de las necropsias llevadas a cabo durante el 27 y 28 de septiembre señalan que el ejemplar macho Quinta, de aproximadamente 20 años, murió por obstrucción del esófago tras ingerir accidentalmente un objeto extraño.

En el segundo animal hembra, también de aproximadamente 20 años y de nombre Concha, se encontraron signos asociados con cirrosis hepática.

De las irregularidades encontradas destacan la captura, el traslado y las instalaciones en que fueron confinados los delfines.

Respecto a la captura, originalmente se autorizó la colecta de ocho ejemplares, de edades de entre dos y tres años, a fin de que pudieran adaptarse con mayor facilidad al cautiverio. Sin embargo, se capturaron cuatro machos y cuatro hembras, dos de los cuales tenían más de 17 años al momento de la captura.

El confinamiento no cumple las medidas mínimas requeridas, donde los contenedores deben alcanzar un nivel mínimo de profundidad de 2.0 a 4.7 metros como máximo, y en el delfinario se presentan valores de entre 1.3 y 2.10 metros como máximo.

Cabe señalar que el delfinario ya se encuentra sujeto a un procedimiento administrativo por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), por el incumplimiento de la legislación ambiental aplicable al manejo de mamíferos marinos en condiciones de cautiverio.

También se ha dictado la implantación de un programa de vigilancia y monitoreo permanente sobre las diferentes especies que ahí se encuentran, a fin de ubicar cualquier situación que ponga en riesgo la salud de los demás animales del lugar.

Sin embargo, los especímenes sobrevivientes aún se encuentran bajo el resguardo del delfinario, ya que no se ha dictado todavía el aseguramiento precautorio.

La captura y la reproducción en cautiverio de estas especies están estrictamente reguladas en las leyes, las normas y los reglamentos nacionales e internacionales. Sin embargo, éstos no se respetan en lo más mínimo.

El delfín nariz de botella se encuentra listado en el apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES, por sus siglas en inglés), el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de marzo de 1992 y establece: "La exportación de cualquier espécimen de una especie incluida en el apéndice II requerirá la previa concesión y presentación de un permiso de exportación otorgado por la autoridad científica de la CITES... La autoridad administrativa del Estado de exportación deberá verificar que todo espécimen vivo sea acondicionado y transportado de manera que se reduzca al mínimo el riesgo de heridas, deterioro en su salud o maltrato".

Según la norma oficial mexicana 059-ECOL-2001, toda la familia Delphinidae está sujeta a protección especial, y especifica: "... aquellas especies o poblaciones que podrían llegar a encontrarse amenazadas por factores que inciden negativamente en su viabilidad, por lo que se determina la necesidad de propiciar su recuperación y conservación o la recuperación y conservación de poblaciones de especies asociadas".

Esas muertes no habrían ocurrido de haberse tomado las medidas precautorias requeridas para ese tipo de instalaciones, por lo cual es responsabilidad de la empresa Dolphin Learning Center no haber tomado todas las medidas necesarias para salvaguardar la integridad física de los ejemplares.

Por todo lo anterior, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México somete a consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Semarnat y a la Profepa a que pongan en aseguramiento precautorio los especímenes de delfines que aún sobreviven en el delfinario.

Segundo. Se exhorta a la Semarnat y Profepa a que se garanticen la supervivencia, rehabilitación y liberación de los cuatro delfines restantes.

Tercero. Se exhorta a la Semarnat y a la Profepa a que se realice la clausura temporal de dicho delfinario por no cumplir los requisitos establecidos en las legislaciones ambientales mexicanas que garantizan la continuidad y supervivencia de estas especies hasta no cumplir cabalmente las leyes para su operación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 2 de octubre de 2003.

Diputados: Jorge Antonio Kahwagi Macari, Manuel Velasco Coello (rúbrica), Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón (rúbrica), Leonardo Alvarez Romo (rúbrica), Jacqueline Argüelles Guzmán (rúbrica), María Avila Serna (rúbrica), Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Avila (rúbrica), Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Jorge Legorreta Ordorica (rúbrica), Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio (rúbrica), Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez (rúbrica), Raúl Piña Horta (rúbrica).

(Turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Octubre 2 de 2003.)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE SE CONSTITUYA EN LA CAMARA DE DIPUTADOS LA COMISION ESPECIAL DE LA AGROINDUSTRIA MEXICANA DE LA CAÑA DE AZUCAR, PRESENTADA POR EL DIPUTADO CARLOS BLACKALLER AYALA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA SESION DEL JUEVES 2 DE OCTUBRE DE 2003

Los suscritos diputadas y diputados federales de esta LIX Legislatura, representantes de las regiones cañeras de nuestro país, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 55, fracción II, 58 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 34, incisos a) y b), y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de este honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de acuerdo.

En México, la agroindustria de la caña de azúcar ha venido atravesando por un proceso de crisis, mismo que no le ha permitido su adecuado desarrollo.

La agroindustria mexicana de la caña de azúcar está considerada como una de las fuentes generadoras de ingreso más importantes en el Campo Mexicano y también como una importante fuente de empleos directos e indirectos.

En México operan actualmente 59 ingenios azucareros, que se encuentran distribuidos en 15 entidades federativas, con influencia en 222 municipios y una población cercana a los 11 millones de habitantes.

Esta industria, transforma la materia prima que 160 mil productores cultivan en un superficie de 745 mil hectáreas, equivalente a poco más del 4% de la superficie cultivable del país.

Cada año, en promedio, de la transformación de la materia prima se obtiene producción de 5 millones de toneladas de azúcar. Para su proceso se requiere de mano de obra; en el campo para la siembra, el cultivo y la cosecha; y en el proceso industrial los obreros, los empleados y todos aquellos que intervienen en el transporte, almacenamiento, comercialización y factores financieros, entre otros, no menos importantes.

El valor del azúcar, como producto terminado, es de 2,500 millones de dólares, lo que representa el 0.4% del PIB nacional y el 8.4% del sector alimentos, bebidas y tabaco.

La importancia de la agroindustria mexicana de la caña de azúcar no estriba solamente en lo económico; pues además de formar parte de nuestra cultura, es la principal fuente de calorías en la dieta de nosotros los mexicanos. Siendo nuestro país el séptimo consumidor de azúcar, esto la convierte un una actividad productiva de interés crucialmente estratégico para nuestra soberanía alimentaria.

A lo largo de los últimos quince años, los indicadores de producción y productividad han mostrado constantes incrementos. Nuestra producción pasó de 3.5 a más de 5 millones de toneladas de azúcar, un crecimiento del 43%. En este mismo periodo, igualmente, el indicador combinado de productividad campo-fábrica pasó de 6 a 8.5 toneladas de azúcar por hectárea de caña cultivada.

Lamentablemente, en contra de toda lógica, estos positivos resultados no han repercutido en todos los eslabones de la cadena. La mala planeación de importaciones, a principios de los años noventa, aunada, a un deficiente proceso de privatización y la mala administración por parte de algunos grupos industriales, nos llevaron a una crisis nacional de magnitudes insostenibles, que reventó en el año 2001, obligando al Gobierno Federal a intervenir urgentemente, decretándose así la expropiación, el 3 de septiembre de 2001, de 27 ingenios azucareros que eran propiedad de cuatro grupos industriales; como un acto de utilidad pública, para asegurar con ello, entre otros, el pago de preliquidaciones y liquidaciones a los cañeros, el reordenamiento del mercado azucarero, garantizar la buena operación de los ingenios y transitar hacia su reprivatización.

Asimismo, en el ámbito mundial, nuestro país es el séptimo productor de azúcar y nuestro potencial de crecimiento, además de satisfacer la demanda nacional y su incremento demográfico, puede también atender el mercado de norteamérica, en el marco del Tratado de Libre Comercio.

Es factible obtener altos niveles de competitividad y proyectar un escenario de futuro que permita a todos los involucrados en esta agroindustria superar los rezagos y sentar bases sólidas para detonar su propio desarrollo, de manera más equitativa y prometedora para el campo mexicano.

Por lo anteriormente expuesto y

Considerando

Que la Ley de Desarrollo Rural Sustentable contempla la caña de azúcar como un producto básico estratégico y de interés público.

Que en la LVIII Legislatura, la Junta de Coordinación Política de esta honorable Cámara de Diputados acordó que se creara una Comisión Especial sobre los problemas de la agroindustria azucarera.

Que en la misma LVIII Legislatura se presentaron dos iniciativas de ley que involucran al sector azucarero, existiendo inclusive un proyecto de dictamen.

Que, entre otros aspectos, ha sido negativo el impacto y las implicaciones que la relación comercial azúcar-maíz-fructosa y Tratado de Libre Comercio de América del Norte han tenido en el mercado y la economía del país, poniendo en grave riesgo a la más importante agroindustria de México, que en resumen genera más de 450 mil empleos directos y alrededor de 2.5 millones de indirectos.

Con base en lo expuesto anteriormente, me permito presentar a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Unico.- Conforme al artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se solicita a este honorable Pleno y a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, se constituya la comisión especial de la agroindustria mexicana de la caña de azúcar, encargada del estudio de la problemática del sistema producto caña-azúcar, que proponga alternativas y coadyuve a la conciliación, integración y propuesta de soluciones entre las instancias del Ejecutivo federal y los agentes productivos, en beneficio del desarrollo sustentable de las regiones y en aras de nuestra soberanía.

Diputados: Carlos Blackaller Ayala, José García Ortiz, Francisco Javier Guízar Macías, David Hernández Pérez, Sergio Armando Chávez Dávalos, Quintín Vázquez García, Mario Carlos Culebro Velasco, Juan Fernando Perdomo Bueno, Oscar Pimentel González, Rogelio Humberto Rueda Sánchez, Fernando de las Fuentes Hernández, Jorge Baldemar Utrilla Robles, Francisco Alberto Jiménez Merino, Marco Antonio Torres Hernández, Rafael Moreno Valle Rosas, Víctor Suárez Carrera, Manlio Fabio Beltrones Rivera, Sami David David, Florencio Collazo Gómez, Belizario Iram Herrera Solís, Rosalina Mazari Espín, Gerardo Montenegro Ibarra, Raúl José Mejía González, Luis Felipe Madrigal Hernández, Manuel Velasco Coello, J. Jesús Lomelí Rosas, Benjamín Sagahon Medina, Leticia Gutiérrez Corona, Francisco Javier Bravo Carbajal, Alejandro Saldaña Villaseñor, Evelia Sandoval Urbán, Miguel Amezcua Alejo, Teofilo Manuel García Corpus, Adrián Villagómez García, María Esther de Jesús Scherman Leaño, María del Carmen Izaguirre Francos, Homero Díaz Rodríguez, José Rubén Figueroa Smutny, Diego Palmero Andrade, Alberto Urcino Méndez Gálvez, Mario Ernesto Dávila Aranda, Javier Castelo Parada, Manuel Ignacio López Villarreal, Regina Vázquez Saut, José María de la Vega Lárraga, Edmundo Valencia Monterrubio, Rocío Guzmán de Paz, Isidro Camarillo Zavala, J. Irene Alvarez Ramos (rúbricas).

(Turnada a la Junta de Coordinación Política. Octubre 2 de 2003.)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE EXHORTAR AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A QUE SE ADOPTEN LAS MEDIDAS CONDUCENTES PARA OTORGAR UNA REDUCCION DE 50 POR CIENTO EN LAS TARIFAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE USO DOMESTICO A LOS ADULTOS MAYORES, APLICABLE EN TODA LA REPUBLICA MEXICANA, PRESENTADA POR EL DIPUTADO EMILIO SERRANO JIMENEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DEL JUEVES 2 DE OCTUBRE DE 2003

Los suscritos, Diputados Federales integrantes de la LIX Legislatura, abajo firmantes, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permiten presentar ante esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, para exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal a adoptar las medidas necesarias a efecto de otorgar una reducción de 50 por ciento en los recibos por consumo domestico de electricidad a las personas adultas mayores aplicable en todo el territorio nacional, conforme a los siguientes

Considerandos

Que somos el producto natural de generaciones pasadas, y que los que nos antecedieron construyeron las bases de este México moderno, del cual gozamos todos, menos ellos.

Que actualmente nos encontramos en un periodo de transición demográfica, en el cual las personas mayores están teniendo un aumento en la esperanza de vida, hecho con el que todos debemos sentirnos contentos, a no ser que quisiéramos renunciar a ser personas mayores: esto es: ¡pena de muerte a quien no llegue a viejo!

Que en el desempeño diario de sus actividades, las personas mayores hacen uso del servicio eléctrico para aspectos domésticos, laborales y recreativos.

Que el pago por dicho servicio se ha venido incrementando hasta alcanzar hoy 395 por ciento desde 1994, de acuerdo con las estadísticas del Tercer Informe del Presidente, en tanto el salario mínimo se incrementó sólo 197 por ciento.

Que ahora hay menos pobres, pues ya no son pobres sino miserables; el salario mínimo ha dejado de ser mínimo para convertirse en un salario de hambre; no alcanza para sufragar la canasta básica alimentaria.

Que a quienes no manejan directamente las compras familiares informamos que el precio de los alimentos indispensables es de este orden: kilogramo de tortilla, $5.50; bolillo, $0.80 centavos; litro de leche, $6.50; kilogramo de huevo, $12.00; kilogramo de frijol, $10.00; y kilogramo de arroz, $8.00.

Aclaramos que ésta es la comida del pueblo, a lo que hay que agregar el pago de renta o predial, pasajes, medicinas, vestido, etcétera.

Que las personas mayores constituyen el segmento más vulnerable de nuestra sociedad, debido a que medio comen y están propensas a las enfermedades crónicas degenerativas propias de la edad.

Que con una reducción de 50 por ciento en los cobros por servicio eléctrico doméstico, aunada a otros apoyos, se mejorarán su situación económica y su calidad de vida

Que cuando se nacionalizó la industria eléctrica, el presidente en turno mencionó: "Hemos de velar todos porque la industria eléctrica en México se maneje con la mayor limpieza, para que todos sus beneficios sean para el pueblo y sólo para el pueblo. Y todos estaremos atentos y vigilantes para señalar con índice de fuego y para castigar en forma adecuada a quienes falten a la lealtad que deben a la patria y al pueblo".

Que en este momento, y desde hace mucho tiempo, se ha estado faltando a la lealtad que se debe tener a la patria por la gran injusticia que se está cometiendo contra el pueblo de México pero, sobre todo, con uno de sus pilares, donde se encuentran los mexicanos forjadores de lo que hoy somos y que están en el desamparo, discriminados y olvidados: las personas mayores.

Que la Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro tienen limitaciones financieras y no deseamos afectarlas, las defendemos, pues son nuestro patrimonio.

Que la Secretaría de Desarrollo Social, sustentada en el Programa de Atención a los Adultos Mayores, subsidie a la Comisión Federal de Electricidad y a Luz y Fuerza del Centro en esta reducción para no debilitar su situación económica y el beneficio llegue a las personas mayores.

Que nuestra cultura ancestral nos inculcó el respeto, el cariño y la atención hacia los más viejos. Rescatemos esos valores, no permitamos que se pierdan

Por lo anteriormente expuesto y con la finalidad de aliviar en forma mínima la economía de las personas mayores y sus respectivas familias, pongo a consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Uno. Esta honorable Cámara de Diputados se pronuncie a favor de la reducción de 50 por ciento en el pago de las tarifas eléctricas para consumo doméstico, aplicable a todas las personas mayores en todo el territorio nacional.

Dos. Esta honorable Cámara de Diputados hace un exhorto al jefe del Poder Ejecutivo federal a que, en el ámbito de sus atribuciones, dicte de inmediato instrucciones a los secretarios de Energía, de Hacienda y Crédito Público, de Economía, y de Desarrollo Social a fin de que implanten una política de reducción de 50 por ciento en el pago de las tarifas eléctricas a toda persona que acredite tener 60 años o más y sea usuario titular.

Diputados: Carlos Jiménez Macías, Jesús Martínez Alvarez, Pablo Gómez Alvarez, Cristina Díaz Salazar, Mayela Quiroga Tamez, Jorge Legorreta Ordorica, Alfonso Ramírez Cuéllar, Angélica de la Peña Gómez, Horacio Martínez Meza, Manuel Velasco Coello, Marcela Guerra Castillo, Jacqueline Argüelles Guzmán, Humberto Cervantes Vega, Alfonso González Ruiz, Javier Orozco Gómez, Leonardo Alvarez Romo, María Avila Serna, Alejandro Agundis Arias, Manuel Camacho Solís, Pedro Vázquez González, Francisco Amadeo Espinosa, Joel Padilla Peña, Jesús González Schmal, Salvador Sánchez Vázquez, Carmen Guadalupe Fernández Sáenz, Juan Antonio Guajardo Anzaldúa, Jaime Moreno Garavilla, Oscar González Yáñez, Carlos Pano Becerra, Belisario Iram Herrera Solís, Marcelo Herrera Herbert, Humberto Francisco Filizola Haces, Jorge Ortiz Alvarado, Marco Antonio García Ayala, Alejandro Saldaña Villaseñor, Juan Antonio Gordillo Reyes, Luis Antonio González Roldán, Filemón P. Arcos Suárez, Gustavo Moreno Ramos, Armando Neyra Chávez, Carlos Mireles Morales, Adrián Villagómez García, Alejandro González Yáñez, Alfonso González Ruiz, Leonel Sandoval Figueroa, Gonzalo Moreno Arévalo, Evelia Sandoval Urbán, Alfredo Villegas Arreola, Francisco Frías Castro, Armando Leyson Castro, Abraham Velázquez Iribe, Esteban Valenzuela García, Bernardo Vega Carlos, Omar Ortega Alvarez, Margarito Fierros Tanos, Rafael García Tinajero, Inelvo Moreno Alvarez, Enrique Torres Cuadros, Emilio Zebadúa González, Juan Pérez Medina, Jazmín Elena Zepeda Burgos, Javier Salinas Narváez, Tomás Cruz Martínez, María Elba Garfias Maldonado, Abraham Bagdadi Estrella, Francisco Mora Ciprés, Cristina Portillo Ayala, Francisco Chavarría Valdeolivar, Juan García Costilla, Yadira Serrano Crespo, Santiago Cortés Sandoval, Pablo Franco Hernández, J. Miguel Luna Hernández, Francisco J. Saucedo Pérez, Rocío Sánchez Pérez, Gelacio Montiel Fuentes, Narciso Agúndez Montaño, Pascual Sigala Pérez, Israel Tentory García, Sergio Augusto Magaña Martínez, Rosa María Avilés Nájera, Eduardo Espinoza Pérez, Horacio Duarte Olivares, María Guadalupe Morales Rubio, Bernardino Ramos Iturbe, Marcela Lagarde y de los Ríos, Miguelángel García Domínguez, Diana Bernal Ladrón de Guevara, María de los Dolores Padierna Luna, René Arce Islas, Dolores Gutiérrez Zurita, Víctor Suárez Carrera, Gilberto Ensástiga Santiago, José Agustín Ortiz Pinchetti, Socorro Díaz Palacios, José Luis Cabrera Padilla, Carlos Hernán Silva Valdés, Irma Sinforina Figueroa Romero, Edgar Torres Baltazar, Agustín Rodríguez Fuentes, Jorge Martínez Ramos, Rafael Flores Mendoza, Martha Lucía Mícher Camarena, Daniel Ordóñez Hernández, Iván García Solís, Eliana García Laguna, Miguel Alonso Raya, Salvador Martínez Della Rocca, Inti Muñoz Santini, Susana Guillermina Manzanares Córdova, Lizbeth Eugenia Rosas Montero, Marcela González Salas, Gerardo Ulloa Pérez, César Antonio Chávez Castillo, Adrián Chávez Ruiz (rúbricas).

(Turnada a la Comisión de Economía. Octubre 2 de 2003.)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE EXHORTAR A LA SAGARPA Y A LA CNA A QUE SE LIBEREN CON LA MAYOR BREVEDAD LOS RECURSOS SOLICITADOS POR EL GOBIERNO DE SONORA PARA ABORDAR LA PROBLEMATICA DE LA SEQUIA QUE AQUEJA ESA ENTIDAD Y REQUIERE ATENCION INMEDIATA DEL GOBIERNO FEDERAL, PRESENTADA POR EL DIPUTADO LAMBERTO DIAZ NIEBLAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA SESION DEL JUEVES 2 DE OCTUBRE DE 2003

Los integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional del estado de Sonora de esta LIX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60, de La Ley Orgánica del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos; y considerando la importancia y urgencia de apoyar a los habitantes de los estados afectados por desastres naturales, y aunque parezca paradójico, en esta época de grandes inundaciones en prácticamente todo el país, la situación que prevalece en las cuencas de las presas de los valles del Yaqui y Mayo es de una sequía prolongada que pone en riesgo la economía de miles de familias sonorenses.

El noroeste del país ha padecido durante los últimos siete años consecutivos una sequía atípica cuyo efecto -por sus dimensiones- pudiera ser tan desastroso como el daño ocasionado por cualquier huracán. De esta región destaca la cuenca del río Yaqui, desde donde se generan los escurrimientos que capta su propio sistema de presas, y que en su conjunto tienen una capacidad para almacenar un volumen de 6,950.1 millones de metros cúbicos de agua, por lo que las 3 presas de esta región están en sus niveles históricos más bajos.

Las consecuencias inmediatas de la prolongada sequía se reflejan en la imposibilidad de sembrar 159,000 hectáreas del Valle del Yaqui y 25,000 hectáreas en el Valle del Mayo, lo cual traducido en pesos y centavos representa pérdidas económicas de la región de alrededor de 2000 millones de pesos.

Asimismo se recrudece la situación del empleo en la región en virtud de que se pierden aproximadamente 1 millón 500 mil jornales directos, sin los cuales el estado y la Federación tendrán que ofrecer alternativas de ocupación para los miles de jornaleros agrícolas que laboran en la región.

Como puede apreciarse el impacto social y económico es de dimensiones preocupantes, por lo que requerimos prontas soluciones a nuestros planteamientos.

En los últimos siete años, esta región se ha visto afectada por un descenso en las precipitaciones pluviales, lo que se manifiesta en los bajos escurrimientos superficiales y la poca disponibilidad de agua en las presas, impactando las diferentes actividades económicas y productivas de la zona. Actualmente los niveles de almacenamiento se encuentran en un 15% en el Valle del Yaqui y un 30% en el Valle de Mayo.

Para establecer si existen las condiciones de un estado de sequía que ponga en peligro el abasto para cubrir las necesidades productivas y de agua potable para la población, la Gerencia Regional Noroeste de la Comisión Nacional del Agua llevó a cabo el análisis de la información de precipitaciones, escurrimientos por el río Yaqui y de los almacenamientos en el sistema de presas.

Se analizaron las precipitaciones usando el índice adimensional denominado Indice Estandarizado de Precipitación (SPI), considerado como un criterio para definir cuando se debe considerar que una región representa sequía en un periodo de tiempo denominado. Se compararon los resultados con la desviación de la media de los escurrimientos y las precipitaciones históricas, los resultados obtenidos muestran que para un periodo de 24 meses, se tiene un índice de -2.24, lo que indica una fase de sequía severa.

Utilizando el Indice Estandarizado de Precipitación como una herramienta para el análisis de sequía, se tiene que la cuenca del río Yaqui presenta una sequía prolongada que se manifiesta en los bajos volúmenes de agua en las tres grandes presas de almacenamiento que constituyen el sistema, que ha provocado que en el presente año agrícola 2002-2003 el nivel del almacenamiento en el sistema de presas se encuentre por abajo del nivel mínimo de operación.

No se tiene disponibilidad de agua para establecer el 100% de la superficie agrícola con primeros cultivos, para el año agrícola 2003-2004; se corre el riesgo de tener problemas de tipo económico y social, ya que estas regiones dependen en gran medida del flujo económico que genera la actividad agrícola.

Por lo anterior, solicitamos al Gobierno Federal se tomen medidas inmediatas para asegurar la correcta distribución de los recursos que existen para desastres naturales para las entidades, de forma tal que éstos se apliquen en la acciones prioritarias para el desarrollo de esta entidad federativa y firmar un convenio con el Gobierno Federal y con el estatal para que sea más ágil la entrega de los recursos y en los casos como éste, de situaciones de emergencia, los apoyos se destinen primero al empleo temporal, a los productores, a los organismos del sector agropecuario que prestan servicio de apoyo, así como el mejoramiento y conservación de la infraestructura hidroagrícola para que no se vea afectada la economía familiar de la entidad, pero sin perder jamás de vista que todas estas acciones deben de estar dirigidas necesariamente al propósito fundamental de evitar un colapso social y económico, ya que las regiones dependen en gran medida del flujo económico que genera la actividad agrícola.

Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero.- Exhortar al titular del Ejecutivo federal a que autorice, a través de las dependencias responsables del sector agropecuario y de los programas que existen en lo social y lo económico, que este año asignen los recursos necesarios para beneficiar a los valles del Yaqui y Mayo que padecen una prolongada sequía de siete años consecutivos.

Segundo.- Se firme un convenio con el Gobierno Federal y el gobierno del estado para que se incluya esta zona del estado en la asignación de recursos del fondo revolvente del Fonden y verificar que su distribución se realice con la agilidad que la emergencia amerita.

Señor Presidente, con base en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior de Congreso General y dada la naturaleza misma del problema, he solicitado se otorgue el trámite de obvia resolución.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de octubre de 2003.

Diputados: Francisco Astiazarán Gutiérrez, Manlio Fabio Beltrones Rivera, Rafael Galindo Jaime, Fermín Trujillo Fuentes, Julio César Córdoba Martínez, José Lamberto Díaz Nieblas (rúbricas).

(Aprobado; comuníquese. Octubre 2 de 2003.)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL Y A LAS LEGISLATURAS LOCALES A QUE, EN EL MARCO DE LOS COMPROMISOS INTERNACIONALES QUE MEXICO HA SIGNADO, SE CONSIDERE LA POSIBILIDAD DE UNA REVISION INTEGRAL DE LOS ORDENAMIENTOS JURIDICOS RELACIONADOS CON EL DERECHO DE LAS MUJERES A DECIDIR SOBRE SU CUERPO, PRESENTADA POR LA DIPUTADA MARTHA LUCIA MICHER CAMARENA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DEL JUEVES 2 DE OCTUBRE DE 2003

Las suscritas diputadas, Martha Lucía Mícher Camarena y María Marcela Lagarde y de los Ríos, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

El domingo 28 de septiembre se conmemoró en todo el mundo el Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, con el lema "Por la vida de las mujeres, aborto legal y seguro". La decisión de efectuar tal conmemoración se originó en el V Encuentro Feminista y Latinoamericano, celebrado en 1990 en Argentina.

Cito textualmente las palabras que el pasado domingo 28 expresó en el Zócalo de esta ciudad la presidenta de la asociación Católicas por el Derecho a Decidir: "Queda claro que a ninguna mujer le gusta abortar, y que ello les genera un dilema ético en el que ponen en consideración todos los factores en favor y en contra de traer una criatura al mundo. El aborto no se puede considerar bueno en sí mismo. La realidad muestra que muchas mujeres abortan, entre ellas un alto porcentaje de mujeres pobres, católicas y madres de más de tres hijos, y lo seguirán haciendo, aun a riesgo de morir, mientras no sea posible realmente evitar embarazos no deseados".

En nuestra región latinoamericana y del Caribe existe altísima tasa de embarazos no deseados y, por consiguiente, de abortos clandestinos. Existe también alta tasa de embarazo y maternidad adolescente.

La mayoría numérica de esos abortos clandestinos se realiza en condiciones inseguras e insalubres.

Se calcula que, sobre los cerca de 4 millones de abortos anuales en la región, se registran 6,000 muertes. El aborto inducido figura como una de las principales causas de muerte materna: ocupa el primer lugar en Argentina, Paraguay y Chile, el segundo en Colombia y Perú, el tercero en Brasil, Panamá y México.

Durante los años noventa, el aborto inseguro fue objeto de grandes debates en Naciones Unidas. A pesar de las tensiones y de las presiones conservadoras, el resultado final fue positivo, con un creciente reconocimiento de la despenalización del aborto como una cuestión legítima de derechos humanos.

En 1994, en la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo realizada en El Cairo, por primera vez en un documento intergubernamental el aborto inseguro se reconoce como un problema de salud pública (párrafo 825), haciendo cuatro afirmaciones sobre el tema:

1. No debe promoverse el aborto como un método de planificación familiar.
2. Deberá reducirse la incidencia del aborto mediante el acceso a la planificación familiar.
3. Donde es legal, el aborto debería ser seguro.
4. Donde es ilegal, deberían tratarse las consecuencias de los abortos ilegales e inseguros. En 1995, el documento firmado en la Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing reafirmó el contenido del artículo 825 de El Cairo, agregando la recomendación de que los países revisasen las leyes que penalizan a las mujeres cuando se someten a abortos ilegales (párrafo 107-K).

En 1999, en la revisión de la Conferencia de El Cairo, el texto aprobado recomienda el entrenamiento de profesionales para atender a las mujeres en los casos en que el aborto sea legal, pese a que aún no se pudo incluir en el documento final la recomendación sobre la revisión de las leyes punitivas.

En 2000, el documento final de Beijing incorpora integralmente el texto del párrafo 107-K de la Plataforma de Acción de Beijing, mencionando la necesidad de revisar las leyes que penalizan la práctica del aborto inseguro y recomienda, también, que los gobiernos implanten la indicación, acordada en la conferencia de El Cairo, acerca de que los profesionales sean entrenados y los servicios equipados debidamente.

En noviembre de 2000, el Comité Internacional de Derechos Humanos, en oportunidad del análisis de los informes presentados por Argentina y Perú, recomienda a esos estados que se dicten leyes que permitan el aborto en casos de violación.

México, ha signado todos esos documentos.

El marco que los acuerdos internacionales nos brindan es favorable, pero insuficiente para cambiar la realidad de nuestra región.

La aplicación de las políticas de ajuste estructural, como condición necesaria para la adaptación de ese modelo económico neoliberal, implica una reducción de las condiciones y la calidad de vida de las grandes mayorías en la región y en el mundo. Las brechas entre los países desarrollados y los del tercer mundo aumentan progresiva y escandalosamente.

Mientras avanzamos en conquistar leyes en favor de las mujeres, se desmontan progresivamente los sistemas de protección, en especial los vinculados a los derechos económicos, sociales y culturales: la flexibilización laboral, la privatización de la sociedad y la deserción de los Estados en lo referente a garantizar justicia y bien común.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año ocurren en el mundo cerca de 75 millones de gestaciones indeseadas o inoportunas que se vinculan a diversos factores; por ejemplo: falta de poder social de las mujeres para rechazar las relaciones sexuales; demanda insatisfecha de métodos anticonceptivos; presión social y cultural sobre la maternidad para construir la identidad femenina; fallas de la anticoncepción; coerción o violencia sexual; dificultades económicas, emocionales, familiares o de otra índole que nos impiden hacer nuestro el proyecto de ser madres; entorno laboral o escolar hostil; y razones de salud, como enfermedad de la mujer o del feto.

También, la OMS estima que de las 600,000 muertes maternas que se registran cada año a escala global, al menos 13 por ciento resulta de abortos inseguros.

En América Latina y el Caribe, la proporción de mortalidad materna sube a 21 por ciento; es decir, todos los años mueren en nuestra región cerca de 6,000 mujeres por complicaciones relacionadas con abortos inseguros, un total equivalente a quienes murieron en las dos Torres Gemelas destruidas en Nueva York.

Según datos proporcionados por el Instituto Alan Guttmatcher, la OMS, el Fondo de Población de Naciones Unidas y el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), la cifra anual de abortos practicados en Brasil, Colombia, Perú, República Dominicana y México asciende a 2.8 millones; y en toda la región latinoamericana y caribeña, a más de 4 millones.

En nuestro país no es posible contar con cifras precisas y actualizadas, debido a que no hay un registro de los abortos practicados en la clandestinidad. El Consejo Nacional de Población estima que en 2000 se realizaron en México 200,000 abortos.

Datos del GIRE refieren que cada año tienen lugar en México entre 102 mil y 533 mil 100 abortos inducidos, muchos de los cuales presentan complicaciones posteriores que requieren hospitalización o llevan a la muerte a las mujeres.

El aborto es una realidad en México. Cifras oficiales indican que 17.8 por ciento de las mujeres en edad reproductiva ha vivido la experiencia del aborto. La ilegalidad que implica su ejecución no ha impedido que se sigan realizando abortos, pero sí ha conducido a poner en riesgo la salud y la vida de las mujeres.

Es imprescindible modificar las leyes para que las mujeres dispongan de servicios seguros de aborto y disminuya la intensidad del drama que implican los embarazos no deseados.

Donde el aborto es un procedimiento legal, las complicaciones son menos frecuentes y las tasas de aborto inducido también son menores, lo que demuestra la inutilidad de las leyes punitivas.

Ante ese panorama, es necesario trabajar incansablemente por una sociedad no represiva, con equidad y justicia para todas y todos e impulsar acciones urgentes en los ámbitos legislativos, ejecutivos y judiciales, así como en los medios de comunicación.

Asimismo, deben diseñarse estrategias que despierten la solidaridad de la sociedad con las mujeres y una visión humanitaria sobre la práctica del aborto en cada país; el derecho a decidir tiene que llegar a ser una demanda de las mayorías.

De igual forma, es preciso salvar todas las barreras culturales, políticas y religiosas que impiden el acceso a la información amplia, veraz y objetiva sobre el uso de todos los métodos anticonceptivos, así como a una educación sexual científica.

Debe garantizarse la separación Iglesia-Estado para erradicar la doble moral que existe en nuestras sociedades. El laicismo es una condición imprescindible para el ejercicio de los derechos en una sociedad diversa y plural. Las creencias religiosas no pueden influir en la labor pública, como ha venido sucediendo en Baja California y Guanajuato.

Debemos potenciar la reivindicación de las mujeres por la libertad reproductiva y por el control de nuestro cuerpo, como principio filosófico-político que respete todos nuestros derechos humanos.

Numerosas feministas y especialistas en bioética hemos analizado en profundidad la demanda de las mujeres en torno de la maternidad voluntaria, concluyendo que la penalización del aborto atenta contra el goce de una serie de derechos humanos y ciudadanos de las mujeres: entre otros:

El derecho a la vida.
El derecho a la libertad y seguridad personales.
El derecho a gozar del más alto nivel de salud.
El derecho a la igualdad y a la no discriminación.
El derecho a la autodeterminación.
El derecho a no ser sometido a torturas.
El derecho a no ser objeto de injerencias arbitrarias en la vida y en la familia.
El derecho a las libertades de pensamiento, conciencia y religión.
El derecho a controlar la fecundidad propia y a la privacidad.
El derecho a contar con servicios de salud reproductiva y el acceso al aborto seguro para responder a sus necesidades de salud.
El derecho a los beneficios del progreso científico.

Por lo anteriormente expuesto, se propone a esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal a que, en el marco de los compromisos internacionales que México ha signado y que forman parte ya de la Ley Suprema de la Unión, en materia de derechos humanos de las mujeres y en especial los derechos sexuales y reproductivos, considere la posibilidad de una revisión integral de los ordenamientos jurídicos correspondientes en relación con el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, en este caso a la interrupción del embarazo.

Segundo. Exhortar al Poder Legislativo federal y a las Legislaturas locales a revisar integralmente las leyes estatales para asegurar una vida digna a las mujeres y evitar con ello tantas muertes inútiles.

Tercero. Iniciar en el Congreso de la Unión un diálogo respetuoso, sereno y tolerante que permita escuchar los diversos puntos de vista de los Poderes Ejecutivo y Judicial de todo el país, así como de las organizaciones no gubernamentales en favor del derecho a decidir la interrupción del embarazo para lograr la despenalización del aborto en nuestro país.

Diputados: Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), María Marcela Lagarde y de los Ríos (rúbrica), Narciso Agúndez Montaño (rúbrica), Agustín Miguel Alonso Raya (rúbrica), René Arce Islas (rúbrica), Rosa María Avilés Nájera, Abraham Bagdadi Estrella, Héctor Miguel Bautista López (rúbrica), Diana R. Bernal Ladrón de Guevara (rúbrica), Julio Boltvinik Kalinka (rúbrica), Clara Marina Brugada Molina (rúbrica), José Luis Cabrera Padilla, Víctor Manuel Camacho Solís, Nancy Cárdenas Sánchez (rúbrica), Francisco Javier Carrillo Soberón, Marbella Casanova Calam, Santiago Cortés Sandoval (rúbrica), Tomás Cruz Martínez, Francisco Chavarría Valdeolívar (rúbrica), César Antonio Chávez Castillo, Adrián Chávez Ruiz (rúbrica), Angélica de la Peña Gómez, María Angélica Díaz del Campo (rúbrica), Socorro Díaz Palacios, Horacio Duarte Olivares (rúbrica), Gilberto Ensástiaga Santiago, Luis Eduardo Espinoza Pérez, David Ferreira Martínez, Margarito Fierro Tano, Irma Sinforina Figueroa Romero (rúbrica), Rafael Flores Mendoza (rúbrica), Rogelio Franco Castán, Pablo Franco Hernández (rúbrica), Juan García Costilla (rúbrica), Miguelángel García-Domínguez (rúbrica), Eliana García Laguna (rúbrica), Amalia García Medina (rúbrica), Juan José García Ochoa (rúbrica), Iván García Solís (rúbrica), Rafael García Tinajero Pérez (rúbrica), Elba Garfias Maldonado (rúbrica), Pablo Gómez Alvarez, Valentín González Bautista, María Marcela González Salas Petricioli, Ana Lilia Guillén Quiroz (rúbrica), Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita (rúbrica), Abdallán Guzmán Cruz, Minerva Hernández Ramos (rúbrica), María del Rosario Herrera Ascencio, Marcelo Herrera Herbert, Guillermo Huízar Carranza, Miguel Luna Hernández, Sergio Augusto Magaña Martínez (rúbrica), Susana G. Manzanares Corona, Javier Manzano Salazar, Salvador Martínez Della Rocca (rúbrica), Horacio Martínez Meza, Jorge Martínez Ramos, José Luis Medina Elizalde, Antonio Mejía Haro (rúbrica), Gelacio Montiel Fuentes (rúbrica), Francisco Mora Ciprés, María Guadalupe Morales Rubio (rúbrica), Marcos Morales Torres, Inelvo Moreno Alvarez (rúbrica), Inti Muñoz Santini (rúbrica), Arturo Nahle García (rúbrica), José Luis Naranjo y Quintana (rúbrica), Francisco Javier Obregón Espinoza, Daniel Ordóñez Hernández, Omar Ortega Alvarez, José Agustín Ortiz Pinchetti, María de los Dolores Padierna Luna (rúbrica), Juan Pérez Medina, Cristina Portillo Ayala, Alfonso Ramírez Cuéllar (rúbrica), Bernardino Ramos Iturbide (rúbrica), Agustín Rodríguez Fuentes (rúbrica), Lizbeth Eugenia Rosas Montero (rúbrica), Javier Salinas Narváez, Rocío Sánchez Pérez (rúbrica), Francisco Javier Saucedo Pérez (rúbrica), Yadira Serrano Crespo (rúbrica), Emilio Serrano Jiménez (rúbrica), Pascual Sigala Páez (rúbrica), Carlos Hernán Silva Valdés, Víctor Suárez Carrera (rúbrica), Israel Tentory García (rúbrica), Rafael Tinajero Pérez, Carlos Zeferino Torreblanca Galindo, Edgar Torres Baltazar, Enrique Torres Cuadros (rúbrica), Elpidio Tovar de la Cruz, Gerardo Ulloa Pérez (rúbrica), Emilio Zebadúa González (rúbrica), Jazmín Elena Zepeda Burgos (rúbrica).

(Turnada a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, y de Justicia y Derechos Humanos. Octubre 2 de 2003.)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR QUE SE INVESTIGUE LO RELATIVO A LA EMPRESA CARBONTEC, SA DE CV, DE LA ISLA DE CAYACAL, MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, MICHOACAN, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JUAN PEREZ MEDINA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DEL JUEVES 2 DE OCTUBRE DE 2003

El que suscribe, diputado Juan Pérez Medina, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado 23 de mayo un grupo de trabajadores representante de 100 trabajadores de la empresa Carbontec, SA de CV, dirigieron un escrito a diputados del Congreso del estado de Michoacán, donde denuncian los hechos que hasta la fecha han constituido diversas violaciones a sus condiciones de trabajo, incluyendo el despido injustificado de varios trabajadores por parte de la patronal y de su representante legal, el C. ingeniero Fernando Andrade Delgado, así como la aprehensión penal y sujeción a proceso de los trabajadores CC. Luis Alfredo Pineda Ceja, Nelson Crozby Padilla Alvarez y Juan Carlos Cisneros Hernández, por actos o hechos presuntamente delictivos derivados de la relación de trabajo.

Mediante el escrito de referencia y en forma directa, los trabajadores mencionados solicitan intervención inmediata para iniciar una investigación sobre hechos o actos presuntamente violatorios de sus prerrogativas, derechos y prestaciones laborales por parte de los representantes legales y la gerente de la negociación mercantil denominada Carbontec, SA de CV, los ciudadanos Fernando Andrade Delgado y Rebeca Fuentes Velázquez, quienes de forma recurrente han ejecutado sobre su persona malos tratos, insultos y desconocimiento de derechos que se establecen como garantías sociales en el Apartado A del artículo 123 de la Constitución General de la República y en la Ley Federal del Trabajo.

En uso de sus derechos legales, los trabajadores de referencia acudieron a denunciar formalmente estos hechos ante la Procuraduría del Trabajo del estado de Michoacán, en el que hacen del conocimiento de la autoridad, entre otras cosas:

a) La negativa del patrón para otorgarles el derecho a la permanencia en el trabajo mientras subsista la materia de la fuente de trabajo y de la relación laboral;

b) La arbitrariedad del patrón para obligarlos a firmar sus contratos individuales de trabajo y sus renuncias en blanco desde el momento mismo en que son contratados;

c) Las amenazas e intimidaciones que ejecuta el patrón sobre los trabajadores de forma indistinta sobre la posibilidad de perder su fuente de trabajo y no cubrirles sus prestaciones laborales de ley si recurren a su derecho de coalición o sindicalización como trabajadores dentro de la empresa o para exigir la firma de un contrato colectivo de trabajo que establezca condiciones generales de la relación laboral;

d) El abuso del patrón en el desconocimiento de las incapacidades médicas otorgadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social;

e) El descuento obligatorio de su salario por concepto de supuestas cuotas sindicales de un sindicato al que no se encuentran afiliados y el despido masivo de diversos trabajadores por causas de protesta laboral y la presentación de denuncias por delitos inexistentes, y

f) Sujeción a proceso de 3 trabajadores, con la finalidad de intimidar la fuerza de coalición que los trabajadores afectados han logrado.

En virtud de la denuncia de tales hechos, la Procuraduría de la Defensa del Trabajo del estado de Michoacán se abocó al conocimiento y tramitación de un procedimiento conciliatorio mediante el cual mandó citar personalmente a los representantes legales de la empresa Carbontec, SA de CV, para hacer de su conocimiento el contenido de la queja de referencia y exhortarlos a buscar un arreglo conciliatorio con los trabajadores sobre el establecimiento, entre otras, de las siguientes condiciones de trabajo:

La contratación inmediata por tiempo indefinido de todos y cada uno de los trabajadores que tengan como antigüedad más de tres meses de servicios prestados a la empresa.

Proporcionar a cada uno de los trabajadores copia del contrato de trabajo o del colectivo en su caso, sin que en lo futuro se les obligue a firmar contratos o renuncias en blanco.

Otorgar a cada trabajador lo relativo al goce y pago de sus prestaciones laborales en la forma, monto y tiempo que establece la Ley Federal del Trabajo.

Incrementar el salario diario de los trabajadores y las prestaciones a que tienen derecho de acuerdo con el resultado del estudio realizado por una comisión de trabajadores y representantes de la empresa, o en su defecto, que el salario sea igual o equitativo a los salarios y demás prestaciones que reciben los trabajadores de la empresa paraestatal denominada Comisión Federal de Electricidad, a la cual le prestan servicios indirectos.

Pagar a los trabajadores una compensación o bonificación por atraque y destraque y por descarga de buques que transportan carbón mineral.

Respetar y hacer valer los derechos escalafonarios, así como la categoría de cada trabajador.

Respetar las incapacidades de trabajo o enfermedad general por el límite de tiempo que otorga el IMSS, sin presión o amenaza de ser despedidos por el ejercicio de ese derecho laboral.

Proporcionar el debido respeto y consideración por parte de la empresa, absteniéndose de maltrato de palabra o de acción en contra de los trabajadores.

Evitar la elaboración de actas administrativas en perjuicio de los trabajadores cuando no se acredite plenamente la causa que la motive.

Abstenerse de tomar represalias contra los trabajadores que continúan bajo sus órdenes y supervisión, por participar en los movimientos de protesta y exigir modificaciones a las condiciones generales de trabajo.

Reinstalar inmediatamente a los trabajadores que fueron despedidos, presuntamente sin causa justificada, de su empleo por exigir mejoramiento de sus condiciones de trabajo, y

Otorgar el desistimiento de denuncias y el perdón legal más amplio que en derecho proceda por la supuesta comisión de delitos inexistentes contra trabajadores de la empresa.

Durante el desarrollo del procedimiento de conciliación laboral realizado por la Procuraduría de la Defensa del Trabajo del estado de Michoacán, los representantes legales de la empresa Carbontec, SA de CV, se negaron a otorgar cualquiera de las prestaciones laborales anteriormente descritas, así como a suscribir cualquier acuerdo conciliatorio para mejorar las condiciones generales de trabajo de sus empleados y solicitantes; viéndose a su vez imposibilitada para iniciar una investigación, inspección o supervisión de las condiciones en las que se presta el trabajo al interior de esa fuente de empleo, así como a la imposición de posibles sanciones o recomendaciones legales, por estimar que dada la naturaleza del objeto de la fuente de trabajo, no se encuentra dentro de los límites de su competencia.

El objeto y naturaleza del trabajo que ejecuta la empresa Carbontec, SA de CV, se consideran de las que establece el artículo 123 de la Constitución General de la República, en su apartado A, como competencia del Gobierno Federal, en virtud de que la misma se dedica a la descarga, manejo, almacenamiento y envío de carbón mineral hacia la central termoeléctrica de la CFE "Plutarco Elías Calles", ubicada en la población de Petacalco, Guerrero, y cuyas acciones se efectúan tanto en este lugar como en la Isla del Cayacal, del municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán, considerada como una zona de naturaleza federal, por tratarse de un recinto portuario.

Dada la naturaleza jurídica de la empresa Carbontec, resultan autoridades competentes para el conocimiento del presente asunto la delegación de la Secretaría del Trabajo y Provisión Social del Gobierno Federal en el estado de Michoacán y la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, para que realicen las inspecciones, investigaciones y supervisiones que estimen necesarias derivadas de la presente denuncia de hechos, a fin de que, de encontrar violaciones sustanciales a las condiciones de trabajo, derechos, prestaciones y prerrogativas de los más de 100 trabajadores que resultan afectados en sus derechos, proceda a la aplicación de las sanciones establecidas por ese motivo en los artículos 992, 994, 1001 a 1004, 1007 y relativos de la ley Federal del Trabajo.

Asimismo, la dimensión de este conflicto laboral ha comenzado a extender sus efectos al nivel de un conflicto de carácter social de mayor trascendencia, en donde no sólo se verá afectada esta fuente de trabajo por la movilización de los trabajadores, sino posiblemente algunos otros centros de producción cuya planta laboral se sume solidariamente al paro laboral, movilizaciones y protestas en contra de las acciones que se han cometido contra este grupo de trabajadores, ocasionándose con ello mayores perjuicios de naturaleza económica, social y de seguridad pública o personal de sus principales actores, que pueda desencadenar además otros riesgos al interés público estatal o nacional.

Por lo antes expuesto, someto a esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se solicita a la Comisión del Trabajo y la Previsión Social que nombre una subcomisión plural que coadyuve en las investigaciones y procedimientos de negociación con las autoridades federales del trabajo establecidas en el estado de Michoacán y con el único propósito de exhortar a las partes a buscar una salida conciliatoria al conflicto de referencia, que devuelva al estado y particularmente al municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán, el restablecimiento del orden y la garantía del respeto irrestricto a los derechos y prerrogativas de la clase laboral.

Segundo. Se exhorta a la Delegación Federal de la Secretaría del Trabajo y la Previsión Social y a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, ambas radicadas en el estado de Michoacán, para que, de estimarlo procedente, se aboquen al conocimiento del conflicto de mérito, realicen las investigaciones, inspecciones, supervisiones y procedimientos conciliatorios que estimen pertinentes para procurar la negociación de las condiciones de trabajo que motivaron el asunto de referencia o bien para que, en su caso, procedan a la aplicación de las sanciones que conforme a derecho procedan.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de octubre de 2003.

Diputados: Juan Pérez Medina, Gerardo Ulloa Pérez, Inelvo Moreno Alvarez, Margarito Fierro Tano, Israel Tentory García, Pascual Sigala Páez, Francisco Mora Ciprés, Ana Lilia Guillén Quiroz, Eliana García Laguna, Juan García Costilla, Salvador Martínez Della Rocca, Miguel Alonso Raya, Rafael García Tinajero, Abdallán Guzmán Cruz, Sergio Magaña Martínez, Enrique Torres Cuadros (rúbricas).

(Turnada a la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Octubre 2 de 2003.)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR AL EJECUTIVO FEDERAL QUE SE RESPETE LO DISPUESTO EN EL DECRETO DE EXTINCION DE FERROCARRILES NACIONALES DE MEXICO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO GELACIO MONTIEL FUENTES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DEL JUEVES 2 DE OCTUBRE DE 2003

Los que suscribimos, diputados federales, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 4 de junio de 2001, el Diario Oficial de la Federación publicó el decreto por el que se extingue el organismo público descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México y se abroga su Ley Orgánica.

El artículo segundo de tal decreto, que define las funciones del liquidador responsable -designado por Banobras- establece en su inciso cuarto:

IV. Llevará a cabo la regularización y tramitará la desincorporación de los activos remanentes, inclusive las casas habitación que han estado en posesión legítima de jubilados y pensionados de la empresa o sus sucesores para que, en su caso, realice la donación correspondiente a entidades federativas, municipios, pensionados y jubilados, instituciones públicas o privadas y asociaciones que no persigan fines de lucro, a fin de que sean utilizados para beneficio social, incluida la de asentamientos humanos con la intervención de las autoridades competentes, o bien se proceda a su reversión al Gobierno Federal, o a su enajenación, sujetándose a lo previsto por la Ley General de Bienes Nacionales y la Ley General de Asentamientos Humanos.

La donación de los inmuebles a jubilados, pensionados o sucesores, fue una reforma introducida por un grupo de senadores que resistieron las presiones del ex presidente Ernesto Zedillo para que se aprobara en sus términos la iniciativa de decreto que había remitido al Senado en diciembre de 1999.

El ex presidente únicamente proponía la donación de inmuebles a entidades federativas, municipios e instituciones públicas o privadas que no persiguieran fines de lucro, pero no contemplaba a las familias ferrocarrileras que, en algunos casos, han habitado dichas casas hasta por varias generaciones.

No obstante la contundencia del mandato transcrito en el sentido de donar a jubilados, pensionados o sus sucesores los bienes inmuebles que han venido utilizando como casa habitación, sólo ha sido letra muerta.

Banobras designó inicialmente como delegado fiduciario a los licenciados Karim de la Rosa Peláez (junio de 2002) y Jorge Alberto Forastieri Muñoz (junio de 2002). El 4 de junio del presente año fue nombrado el licenciado Mario Alberto Martínez Castillo.

Las primeras administraciones se negaron sistemáticamente a cumplir con lo ordenado, empeñándose tercamente en proponer a los beneficiarios del decreto la firma de contratos de compraventa, a pesar de lo raquítico de las pensiones jubilatorias de los ferrocarrileros, que promedian los 2 mil 500 pesos mensuales.

Todas las solicitudes de donación formuladas por los jubilados o sucesores, son contestadas con el mismo argumento:

"...la Ley General de Bienes Nacionales no permite la donación a favor de personas físicas, motivo por el cual, en opinión de este organismo, no es procedente donar a jubilados y pensionados los inmuebles que ocupan, ya que estas donaciones se realizarían en contravención de la ley." Es falso que la ley prohíba la donación de bienes inmuebles a personas físicas.

Por otro lado, el haber postergado negligentemente la regularización de los asentamientos humanos ha provocado invasiones al derecho de vía, despojos, corrupción y atropello a los derechos de legítimos de los posesionarios.

La no aplicación del decreto por parte del Gobierno Federal genera problemas como los que se observan en la parte sur de la ciudad de Torreón, Coahuila, donde la empresa Ferromex pretende instalar patios de maniobras, afectando un sinnúmero de casas habitación que se ubican cerca de las vías del ferrocarril y que se encuentran en peligro de derrumbe, dado lo precario de sus materiales, además de que ahí habitan cientos de familias. Los patios de maniobras aislarían a la parte sur de la ciudad y tendrían un impacto negativo sobre el medio ambiente. Es por ello que se hace urgente evitar que se den este tipo de situaciones en otras ciudades, como está sucediendo en el municipio de Apizaco, Tlaxcala, resulta importante entonces la irrestricta aplicación de ley.

Por otra parte, en diciembre de 2001, mediante una reforma al artículo vigésimo cuarto transitorio de la Ley de Seguro Social se estableció que a los ferrocarrileros jubilados antes de 1982 "deberá reconocerles su carácter de pensionados", concediéndoles un pago anual de 9 mil 500 pesos, cantidad equivalente a un 62% de la pensión mínima que estableció el mismo decreto en su artículo décimo cuarto transitorio, consistente en un salario mínimo vigente en el Distrito Federal.

El 10 de abril del presente año, se presentó en el Senado la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo vigésimo cuarto transitorio de la Ley del Seguro Social, con el fin de corregir esta deficiencia y hacer justicia a este núcleo de veteranos ferrocarrileros.

No obstante el tiempo transcurrido, dicha iniciativa no ha podido, ni siquiera en comisiones, ser dictaminada y su viabilidad depende de que sea aprobada por ambas Cámaras antes de diciembre próximo, es decir antes de que se discuta el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004.

La misma reforma a la Ley del Seguro Social de fecha 15 de diciembre de 2001, en su artículo décimo cuarto transitorio, determinó un aumento a las pensiones que otorga el IMSS, excepción hecha de las de invalidez. En diciembre de 2002, la Cámara de Diputados aprobó una iniciativa que subsana esta iniquidad, por lo que es importante que en el Senado pueda avanzarse hacia la dictaminación de la iniciativa.

Por lo antes expuesto, sometemos a este órgano colegiado el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero: La inmediata intervención de la Cámara de Diputados para solicitar al Ejecutivo federal respetar lo dispuesto por el decreto de extinción de Ferrocarriles Nacionales de México, en lo relativo a la donación de casas habitación en posesión de jubilados, pensionados o sus sucesores y se dé curso a la regularización de los asentamientos humanos.

Segundo: Se agilice el procedimiento parlamentario para la aprobación de la iniciativa presentada en el Senado el 10 de abril del 2003 acerca de los ferrocarrileros jubilados antes de 1982.

Tercero: Solicitamos al Senado de la República que apruebe la minuta de la Cámara de Diputados que incrementa las pensiones de invalidez que otorga el IMSS.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de octubre de 2003.

Diputados: Narciso Agúnez Montaño, Miguel Alonso Raya, René Arce Islas, Héctor Miguel Bautista López, Clara Marina Brugada Molina, Nancy Cárdenas Sánchez, Francisco Chavarría Valdeolivar, Adrián Chávez Ruiz, Santiago Cortés Sandoval, Angélica de la Peña Gómez, María Angélica Díaz del Campo, Irma Sinforina Figueroa Romero, Rafael Flores Mendoza, Pablo Franco Hernández, Eliana García Laguna, Iván García Solís, Juan García Costilla, Ana Lilia Guillén Quiroz, Minerva Hernández Ramos, Marcela Lagarde y de los Ríos, Miguel Luna Hernández, Javier Manzano Salazar, Bernardino Ramos Iturbide, Agustín Rodríguez Fuentes, Lizbeth Eugenia Rosas Montero, Rocío Sánchez Pérez, Francisco Javier Saucedo Pérez, Carlos Hernán Silva Valdés, Inti Muñoz Santini, Arturo Nahle García, María de los Dolores Padierna Luna, Alfonso Ramírez Cuéllar, Horacio Martínez Meza, José Luis Medina Lizalde, Antonio Mejía Haro, Gelacio Montiel Fuentes, María Guadalupe Morales Rubio, Inelvo Moreno Alvarez, Israel Tentory García, Zeferino Torreblanca Galindo, Gerardo Ulloa Pérez, Jazmín Zepeda Burgos (rúbrica).

(Turnada a la Comisión de Gobernación. Octubre 2 de 2003.)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS SE PRONUNCIE EN SOLIDARIDAD CON LA MARCHA POR LOS DERECHOS DE LOS MIGRANTES EN ESTADOS UNIDOS, PRESENTADA POR LOS COORDINADORES DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DE LOS PARTIDOS REPRESENTADOS EN LA CAMARA DE DIPUTADOS EN LA SESION DEL JUEVES 2 DE OCTUBRE DE 2003

Los diputados federales integrantes de la LIX Legislatura sometemos a la consideración del Pleno de la H. Cámara de Diputados, con fundamento en lo que disponen los artículos 58, 59 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el siguiente punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, bajo las siguientes

Consideraciones

Estados Unidos, históricamente, se ha beneficiado de la fuerza laboral migrante. La ha propiciado, regulado y administrado, según sus cambiantes necesidades y, muy lejos de ser un lastre o una carga, los trabajadores migrantes han sido y son piezas clave en la edificación de la fortaleza económica de ese país.

Viajar al norte, cruzar la línea, escapar de las autoridades migratorias, encontrar trabajo, mantenerlo, incorporarse a la sociedad estadounidense y preservar la unión con quienes se quedaron en su país, es una situación común para los indocumentados. Y en ello, el abuso contra la dignidad y derechos de los migrantes exige acciones y respuestas.

En ese sentido va nuestro respaldo y solidaridad a la marcha de la libertad para los trabajadores inmigrantes que busca la legalización y la ciudadanía de éstos, más visas que permitan la reunificación de las familias y una mayor protección para los derechos laborales, entres otras cosas, especialmente para los miles de mexicanos que participan en ella.

México es un país que registra altos índices de migración, específicamente hacia Estados Unidos; en ese sentido, como responsabilidad de nuestro país por el respeto a los derechos de nuestros connacionales es que consideramos necesario respaldar la movilización que llevan a cabo miles de migrantes en aquel país.

Sin duda, es preciso dejar en claro que quienes marchan en busca de oportunidades no son criminales, mucho menos, teniendo en cuenta que de esta manera contribuyen al desarrollo del vecino país del norte.

A todos nos lastima e indigna el abuso al que están expuestos nuestros connacionales, y nos indigna porque, insistimos, no son criminales.

De esta manera, esta Cámara de Diputados, en esta LIX Legislatura, alza la voz y se solidariza con el esfuerzo de los paisanos que participan en la marcha, muchos de ellos víctimas de la injusticia por el solo hecho de ser indocumentados.

Por ello hacemos un nuevo llamado por lograr un acuerdo migratorio que reconozca a este fenómeno, entre México y Estados Unidos, como una responsabilidad compartida, y que derive en el beneficio de ambos países, de ambas sociedades.

Estados Unidos ha advertido desde hace ya algún tiempo que la resolución exitosa de algunos de sus problemas internos más importantes vendrá necesariamente del involucramiento directo de su vecino del sur en esa tarea. Hoy México cuenta con los elementos necesarios para establecer un acuerdo migratorio. Cuestiones como inmigración indocumentada, narcotráfico, medio ambiente, seguridad fronteriza, salud pública, entre otros, han abandonado el ámbito de lo estrictamente doméstico para convertirse en temas clave de la política exterior estadounidense, donde necesariamente figura la participación de México.

En ese sentido, estamos convencidos de las posibilidades de lograr una acuerdo migratorio en beneficio de ambos países.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos de urgente y obvia resolución a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero.- Esta Cámara de Diputados se solidariza con el espíritu de la marcha de migrantes en Estados Unidos y apoya un acuerdo migratorio que recoja sus exigencias a favor del reconocimiento y respeto a sus derechos civiles y laborales.

Palacio Legislativo, a 2 de octubre de 2003.

Diputados: Elba Esther Gordillo Morales, Presidenta de la Junta de Coordinación Política y coordinadora del grupo parlamentario del PRI; Francisco Barrio Terrazas (rúbrica), coordinador del grupo parlamentario del PAN; Pablo Gómez Alvarez (rúbrica), coordinador del grupo parlamentario del PRD; Jorge Antonio Kahwagi Macari (rúbrica del diputado Raúl Piña Horta), coordinador del grupo parlamentario del PVEM; Alejandro González Yáñez (rúbrica p.p. diputado Oscar González Yáñez), coordinador del grupo parlamentario del PT; Jesús E. Martínez Alvarez (rúbrica), coordinador del grupo parlamentario de Convergencia.

(Aprobado. Octubre 2 de 2003.)
 
 

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Convocatorias

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DE LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA

A su reunión de instalación, el martes 7 de octubre, a las 9 horas, en el salón C del restaurante Los Cristales.

Orden del Día

1. Lista de asistencia y presentación de integrantes.
2. Declaración de quórum.
3. Lectura y aprobación del orden del día.
4. Declaración formal de instalación.
5. Asuntos generales.
6. Clasura de la reunión. Atentamente
Dip. Francisco José Rojas Gutiérrez
Presidente