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Iniciativas
- Que reforma y adiciona los artículos 46, 105 y 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de convenios entre las entidades federativas, presentada por el diputado Enrique Ariel Escalante Arceo, del grupo parlamentario del PRI, en la sesión del martes 30 de septiembre de 2003.
- Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, sobre la creación de partidos, presentada por el diputado Luis Antonio González Roldán, del grupo parlamentario del PVEM, en la sesión del martes 30 de septiembre de 2003.
- Con punto de acuerdo, mediante el cual la Cámara de Diputados exhorta al Senado de la República a restituir en su recinto de Xicoténcatl la exposición "Violencia desde el noviazgo. Una mirada desde el Faro", presentada por el diputado Inti Muñoz Santini, del grupo parlamentario del PRD, en la sesión del martes 30 de septiembre de 2003.
- Con punto de acuerdo, sobre la realización de la sesión solemne para que se inscriba con letras de oro en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados el nombre "Universidad Nacional Autónoma de México", presentada por el diputado Maximino Alejandro Fernández Avila, del grupo parlamentario del PVEM, en la sesión del martes 30 de septiembre de 2003.
- Con punto de acuerdo, para crear una comisión especial encargada de coadyuvar con las instancias correspondientes y verificar la pronta aplicación de los recursos del fondo revolvente del Fonden, así como su eficiente y eficaz ejercicio, presentada por el diputado Quintín Vázquez García, del grupo parlamentario del PRI, en la sesión del martes 30 de septiembre de 2003.
- Con punto de acuerdo, a fin de que la Comisión Nacional del Deporte tenga para 2004 mayor presupuesto por ser éste año olímpico, presentada por el diputado Jorge Legorreta Ordorica, del grupo parlamentario del PVEM, en la sesión del martes 30 de septiembre de 2003.
- Con punto de acuerdo, a fin de que el Pleno de la Cámara de Diputados concierte criterios generales acerca de la selección de candidatos, de la discusión correspondiente y de la elección de consejeros electorales del IFE para el periodo 2003-2010, presentada por el diputado Jesús E. Martínez Alvarez, del grupo parlamentario de Convergencia, en la sesión del martes 30 de septiembre de 2003.
- Con punto de acuerdo, a fin de que la Cámara de Diputados exhorte al titular del Poder Ejecutivo a que instruya al secretario de Hacienda, ante el escenario que la misma dependencia proyecta de una reducción del presupuesto, para que el gasto del sector salud se atienda con responsabilidad social, sin menoscabo alguno, presentada por la diputada María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del PRI, en la sesión del martes 30 de septiembre de 2003.
- Con punto de acuerdo, a fin de solicitar la excarcelación del líder del Frente Estatal Pesquero de Sinaloa, Jesús Leyva, y exhortar a la Conapesca a reforzar las actividades de ordenamiento pesquero en el país, presentada por el diputado Adrián Chávez Ruiz, del grupo parlamentario del PRD, en la sesión del martes 30 de septiembre de 2003.
- Con punto de acuerdo, para que la Cámara de Diputados exhorte al Ejecutivo federal a que, a partir del inicio de la segunda mitad de su administración, revise su política de generación de empleos y haga hincapié en la recuperación de éstos, presentada por la diputada María del Carmen Izaguirre Francos, del grupo parlamentario del PRI, en la sesión del martes 30 de septiembre de 2003.
- Con punto de acuerdo, para solicitar a la PGR, a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico y a la Contraloría Interna del ISSSTE que envíen a la Comisión de Salud de esta soberanía un informe periódico y detallado sobre los resultados de las investigaciones realizadas en torno de los fallecimientos de recién nacidos en el hospital 1º de Octubre de dicho instituto, presentada por la diputada María Guadalupe Morales Rubio, del grupo parlamentario del PRD, en la sesión del martes 30 de septiembre de 2003.
- Con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial de Asuntos de la Frontera Sur de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, encargada de coadyuvar y dar seguimiento a los proyectos y programas de desarrollo regional relacionados con la frontera sur, presentada por el diputado Carlos Oswaldo Pano Becerra, del grupo parlamentario del PRI, en la sesión del martes 30 de septiembre de 2003.
- Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al secretario de Gobernación a que convoque, mediante la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos, a un debate amplio y abierto con la participación ciudadana, asociaciones religiosas e instituciones académicas para emitir el proyecto de Reglamento de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, presentada por el diputado Daniel Ordóñez Hernández, del grupo parlamentario del PRD, en la sesión del martes 30 de septiembre de 2003.
- Con punto de acuerdo, a fin de que se exhorte al titular del Poder Ejecutivo federal y al secretario de Gobernación a que con la mayor brevedad se liberen los recursos del fondo revolvente del Fonden y del Fondo de Apoyo para Contingencias a los municipios de Santiago Ixcuintla, San Blas, Tuxpan, Tecuala, Rosamorada, Ruiz, La Yesca, Acaponeta y el Nayar, del estado de Nayarit; y de que se integre una comisión especial de diputados que se traslade a las zonas de desastre para su evaluación, presentada por la diputada María Hilaria Domínguez Arvizu, del grupo parlamentario del PRI, en la sesión del martes 30 de septiembre de 2003.
- Con punto de acuerdo, para que la Cámara de Diputados se pronuncie y exprese su firme y enérgico rechazo al trato que se da a nuestros connacionales, que son deportados en condiciones inhumanas, violentando toda norma de ley, incluidos varios tratados internacionales, presentada por la diputada Laura Martínez Rivera, del grupo parlamentario del PRI, en la sesión del martes 30 de septiembre de 2003.
Iniciativas
En ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración del Pleno de la H. Cámara de Diputados del Poder Legislativo de la Federación la modificación mediante reforma y adición de los artículos 46, 105 y 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a la siguiente
Exposición de Motivos
En el escenario internacional son innumerables los ejemplos que podríamos esgrimir para valorar positivamente las asociaciones o vínculos diversos entre distintos países. Incluso podríamos decir que este tipo de políticas son las que han marcado el plano de la política internacional.
Por otra parte, en el ámbito nacional podemos ver que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115, fracción III, tercer párrafo del inciso i), valora positivamente que dos o más municipios de un mismo estado, previo acuerdo de sus ayuntamientos, puedan coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de bienes y servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan. Incluso este mismo numeral constitucional prevé la posibilidad de que los municipios asociados pertenezcan a entidades federativas diferentes, con la aprobación de sus respectivas Legislaturas.
Con este antecedente vemos que nuestra Carta Magna pretende impulsar el desarrollo de jurisdicciones autónomas (municipios), incluso cuando éstas no pertenecen a un mismo estado. Es decir, las asociaciones para la provisión de bienes y servicios públicos o para ejercer políticas comunes que redunden en una mejor atención ciudadana son consideradas positivas desde la perspectiva municipal.
Pero, ¿qué sucede con la posibilidad de desarrollar convenios, acuerdos, alianzas o coaliciones entre dos o más entidades federativas? La Constitución, en su artículo 117, es clara y taxativa al señalar que "los estados no pueden, en ningún caso: I.- Celebrar alianza, tratado o coalición con otro estado..."
El texto de la fracción de referencia continúa diciendo: "ni con las potencias extranjeras". Cabe señalar que esta parte del artículo no se considera dentro del análisis de esta propuesta y su exposición de motivos porque, obviamente, esta última parte de la fracción se refiere a relaciones exteriores, las cuales pertenecen a la administración central, desde el punto de vista de la teoría de asignación de funciones; en nuestro caso nacional, al Gobierno Federal.
En retrospectiva, tomando en cuenta nuestros antecedentes constitucionales, podemos señalar que la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824, en el Título IV, Sección III, "De las restricciones de los poderes de los estados", en el artículo 162, prohibía expresamente, en su fracción IV, que los estados entraran en transacción con alguna potencia extranjera; sin embargo, ese mismo artículo, en su fracción V, permitía a los estados de la Federación, previo consentimiento del Congreso General, entrar en transacción o contrato entre ellos; asimismo, esta fracción, en tratándose de acciones sobre arreglo de límites, requería el consentimiento del Congreso General en forma posterior.
La situación varió con el advenimiento de la Constitución Política de la República Mexicana de 1857, que en su artículo 111, fracción I, prohibía taxativamente que los estados celebraran alianzas, tratados o coaliciones con otros estados o con potencias extranjeras; no obstante, esta misma fracción ponderaba una excepción: la coalición entre estados fronterizos para la guerra ofensiva o defensiva contra los bárbaros (sic).
La Constitución de 1857, en su artículo 110, continuó permitiendo los convenios amistosos entre los estados para el arreglo de sus respectivos límites, estableciendo la aprobación posterior del Congreso de la Unión. Esta misma redacción es heredada por la Constitución vigente en su artículo 46.
La Constitución actual siguió considerando la prohibición de celebrar cualquier tipo de relación contractual entre los estados, en clara tendencia centralista, por el temor al separatismo, que había sido circunstancia histórica propia de la primera mitad del siglo XIX.
En la actualidad, la posibilidad de la separación de un estado integrante de la Federación es remota e improbable, debido a la fortaleza y solidez de las instituciones mexicanas, al ambiente de paz que priva en la nación y a la seriedad con la que se conducen gran parte de los gobernantes y representantes populares.
En el texto vigente de nuestra Constitución sólo existen dos excepciones para celebrar convenios entre entidades federativas; la primera está prevista en el artículo 46 constitucional, y son los convenios relacionados con problemas limítrofes. En estos casos, con la aprobación del Congreso de la Unión, pueden suscribirse "convenios amistosos".
La otra consta en el artículo 119, segundo párrafo, en cuya parte conducente señala: "Estas diligencias se practicarán, con intervención de las respectivas procuradurías generales de justicia, en los términos de los convenios de colaboración que al efecto celebren las entidades federativas". Los convenios a los que se refiere este numeral constitucional son de índole judicial, mediante los cuales se agilizan las acciones conjuntas de estos órganos persecutores; a diferencia de los anteriores, no necesitan ser sancionados por el Congreso de la Unión.
En el transcurso de la historia, la Federación ha impulsado diversos tipos de sistemas y mecanismos encaminados a la coordinación y la planeación del desarrollo regional. Dentro del marco del federalismo cooperativo, mediante decreto presidencial se instituyeron, en 1942, los Consejos Mixtos de Economía Regional. Con estos mecanismos bipartitas, Federación-estados, se firmaron convenios de cooperación y de ejecución de trabajos, señalándose las aportaciones de ambas partes, donde incluso podían participar particulares.
En un principio, este tipo de mecanismos bipartitas estaba pensado para las entidades menos desarrolladas conforme a la media nacional, sin embargo, todavía eran organismos eminentemente federales. Durante los setenta se inicia la consolidación de los vínculos Federación-estados-municipios en el desarrollo regional, constituyéndose los Comités Promotores de Desarrollo Económico de los Estados (Coprodes) y por primera ocasión se diseñan e instrumentan los Convenios Unicos de Coordinación (CUC), en 1976, como vía de coordinación de acciones en materias de competencia concurrente y de interés común.
Los Coprodes nacen como organismos federales que agrupaban a dependencias y entidades públicas para la realización de acciones en los estados.
A través de los CUC se impulsaron programas que iban desde servicios públicos municipales hasta la ejecución de acciones de vivienda, aplicación de políticas a favor del deporte y la cultura, así como en materia de infraestructura para la educación y la salud. Estos convenios incluían compromisos para la transferencia de recursos financieros y técnicos, así como asesoría desde la Federación hacia los estados, a efecto de apoyarlos y orientarlos en la ejecución de los programas específicos de desarrollo.
Con el ánimo de perfeccionar la estructura de la planeación regional, en 1981 se modificaron sus funciones y se reforzó el marco jurídico, convirtiendo a los Coprodes en Comités de Planeación para el Desarrollo de los Estados (Coplades).
Al surgir estos organismos, se depositó la responsabilidad de su funcionamiento en los gobiernos estatales.
Se realizaron reformas constitucionales diversas y se desarrolló la legislación secundaria que posibilitó el nacimiento, en 1983, del Sistema Nacional de Planeación Democrática (SNPD), el cual tenía como objetivo la colaboración de los gobiernos estatales y municipales para reorientar el gasto social como punto de partida para el desarrollo regional. Para ello se modifica la denominación de los CUC en Convenio Unico de Desarrollo (CUD), consolidándose como el principal instrumento jurídico-administrativo que enmarcaba el sistema programático y financiero de la coordinación intergubernamental Federación-estado-municipio.
Una década después, en 1992, se sustituye la denominación del CUD por la de Convenio de Desarrollo Social (CDS), conservando las características de su antecesor, pero dándole un nuevo dinamismo a los Coplades, convirtiéndose en instancias fundamentales de negociaciones y gestión intergubernamental en México.
El objetivo de este análisis no es juzgar si esta clase de mecanismos han sido eficaces o no. Lo que pretendemos resaltar es que la figura de los convenios o acuerdos entre distintos órdenes de responsabilidad gubernativa siempre ha funcionado en forma vertical, coordinando esfuerzos en pro del desarrollo regional, sin contemplar la alternativa de vincular horizontalmente a los gobiernos estatales para amalgamar el desarrollo individual de las entidades federativas al desarrollo colectivo y cooperativo de la región a la que pertenecen.
Consideramos que es el momento propicio para proyectar una iniciativa responsable que permita a los estados integrantes de la Federación impulsar políticas comunes, desarrollar proyectos conjuntos de carácter regional e incluso resolver conflictos que antes se consideraban insalvables.
Es menester dejar atrás el prejuicio decimonónico del conato separatista para impulsar las entidades federativas a nuevos espacios donde se pueda crear una alternativa más de desarrollo a través de acuerdos o convenios, que estén investidos de todos los efectos jurídicos para su debido y puntual cumplimiento.
Las alternativas que proporciona la Constitución federal para la suscripción de convenios entre las entidades se circunscriben a dos: una establecida en el artículo 119 basada en la colaboración en acciones de carácter judicial. La otra, contenida en el artículo 46 constitucional, remite a los estados a la firma de convenios amistosos y únicamente sobre casos específicos de delimitación territorial. Este numeral constitucional, al que proponemos adicionar un nuevo párrafo, proporcionaría a las entidades federativas una gama más amplia de asuntos relativos a sus competencias, para contraer diversas clases de compromisos a través de convenios o acuerdos con sus homólogos.
Por otra parte, la redacción actual del artículo 117, fracción I, coarta toda posibilidad a los estados integrantes de la Federación de optar por mecanismos innovadores que homogeneicen las políticas públicas de su competencia, que pudieran alcanzar su mejor eficiencia a nivel regional y no a nivel estatal. Para destrabar esta prohibición, esta iniciativa propone reformar las fracciones I y II de dicho artículo constitucional, posibilitando a las entidades federativas contraer convenios o acuerdos entre sí, pero conservando la facultad del Congreso de la Unión para autorizarlos.
Esta medida debe adoptarse no como medio precautorio para impedir una posibilidad remota de escisión del territorio federal, sino como una medida clarificadora de las atribuciones y facultades de las entidades federativas, que se desprenden por exclusión de las atribuciones y facultades concedidas por la Constitución vigente a la Federación y los municipios, evitando así cualquier tipo de confusión, controversia o duplicidad de funciones.
El Gobierno Federal debe ver en esta propuesta una ventana de amplios márgenes, que permita a los estados participar activamente, y en forma conjunta, en la descentralización de funciones que resulten más eficientes a nivel regional, y no así desde el plano federal o estatal. Esta puede ser una de las variantes más positivas del nuevo federalismo mexicano, y quizá la que supere, de una vez por todas, el prejuicio constitucional del separatismo y opte por nuevos canales de desarrollo regional.
En las últimas dos décadas, nuestros gobiernos nacionales han desencadenado una agresiva e intensa labor en favor de las relaciones comerciales, de cooperación económica y de ayuda a terceros países, a través de mecanismos de colaboración tales como tratados, convenios o acuerdos, cuyos fines han sido crear regiones de bienestar y de desarrollo mutuo.
Con ese mismo interés, el gobierno de México y las Cámaras federales deberán actuar al interior y estimular a las entidades federativas para que, bajo ese tipo de esquemas y en pleno ejercicio de sus facultades, lleven a cabo sus funciones en la provisión de bienes y servicios públicos.
En el acuerdo por el cual se crea la Coordinación General del Plan Puebla-Panamá se establece, dentro de sus diversas atribuciones: identificar fuentes de financiamiento y promover ante las instancias competentes la canalización de recursos para la realización de obras, acciones e inversiones que impulsen el desarrollo económico sustentable de la región sur-sureste del país comprendida en los programas y proyectos aprobados; proponer acciones e inversiones prioritarias para impulsar el desarrollo económico sustentable que contribuyan al mejoramiento del nivel de vida de los habitantes de la región sur-sureste, así como formular propuestas para la celebración de reuniones, acuerdos o convenios sobre el diseño, ejecución y evaluación de los programas y proyectos que realice (fracciones III, IV y IX del artículo segundo del decreto en mención).
Estas atribuciones podrían adquirir toda su dimensión y certeza en su cumplimiento si existieran mecanismos formales que vincularan y comprometieran a los estados entre sí al desarrollo de proyectos comunes y al logro de objetivos y metas de beneficio mutuo.
En ese mismo tenor podríamos argumentar que el texto del Plan Puebla-Panamá, en su punto III, sobre orientaciones iniciales para un programa de desarrollo integral y sustentable de la región sur-sureste, establece que "la relación bilateral entre los gobiernos estatales y el Gobierno Federal será complementada cada vez más por una relación regional, en la que los gobiernos de los estados acuerdan entre sí acciones interestatales y forman una base común de acuerdos con el Gobierno Federal".
Asimismo, en el rubro que se refiere al modelo de planeación regional, dicho plan continúa diciendo que el principio básico de este modelo es el "impulso de la asociación voluntaria entre los gobiernos de los estados para definir y llevar a la práctica una estrategia integral de desarrollo sustentable y proyectos estratégicos regionales".
Esta visión regional del desarrollo sustentable carecería de vigencia y seriedad si no estuviera sujeta a esquemas y mecanismos de carácter jurídico que permitan la asociación de estados entre sí, con la certidumbre de que serán respetados y cumplidos en todos sus puntos.
El éxito de los convenios y acuerdos biestatales o pluriestatales sobre proyectos de visión regional no puede garantizarse a través de la simple asociación voluntaria, como lo propone el Plan Puebla-Panamá. En esta clase de mecanismos, donde pudieran estar en juego altos intereses de cada estado participante, además de grandes cantidades de aportaciones provenientes de recursos propios, es necesaria la existencia de instrumentos de cooperación.
En ese mismo plano, es imprescindible que también existan mecanismos jurídicos de conciliación, que tengan como fin resolver posibles incumplimientos, modificaciones o rescisiones de dichos convenios o acuerdos por parte de los estados contratantes. Para ello será necesaria la intervención del más alto tribunal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos fallos serían definitivos, obligatorios e inatacables.
En tal virtud, se impone adicionar y modificar la estructura del artículo 105 constitucional, con la finalidad de establecer reglas claras para las partes contratantes, que otorguen la posibilidad de la conciliación sin caer en controversia o en procedimientos contenciosos, que podrían ocasionar ambientes ríspidos trascendentes y que impedirían la celebración de acuerdos o convenios futuros.
Se propone un proceso de conciliación con miras a privilegiar el consenso y el diálogo entre las partes contratantes. Los nuevos esquemas de participación política previenen que exista la posibilidad de que se celebren convenios o acuerdos entre estados cuyos gobiernos provengan de una extracción partidista diferente.
Ante tal supuesto se impone que, de surgir alguna insatisfacción entre las partes, se desarrollen procesos de carácter jurídico avalados por el máximo órgano jurisdiccional del país, bajo un tenor conciliador que no permita la creación de escenarios de revancha política.
Aunque el propio artículo 105, fracción I, inciso d), previene la intervención de la Suprema Corte en controversias constitucionales que surjan entre un estado y otro, la figura jurídica supone un proceso contencioso bajo el cual se resuelven desavenencias. Esta figura jurídica imposibilitaría el diálogo entre las partes y marginaría la opción de proponer soluciones consensuadas.
Por otra parte, las posibles violaciones o incumplimiento de los convenios o acuerdos firmados entre los gobiernos de las entidades federativas no suponen una transgresión del orden constitucional que amerite la interposición de una controversia constitucional.
Lo que podría devenir de este tipo de contratos es simplemente su incumplimiento, modificación o rescisión. La única razón para proponer la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es porque las partes contratantes no otorgarían como obligatorio un fallo que proviniera de otro tribunal o instancia que no fuera del máximo tribunal del país.
La aprobación de esa reforma constitucional requeriría, adicionalmente, otra iniciativa para adicionar y modificar la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con miras a instrumentar un procedimiento mediante el cual se ventilen estos casos.
En mérito de lo anterior y en ejercicio de la facultad que me otorga el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de esta Cámara la presente iniciativa de reforma y adiciones a los artículos 46, 105 y 117 del máximo ordenamiento jurídico del país, por lo que solicito a la Presidencia que turne el caso a las comisiones competentes y, en su oportunidad, se turne a nuestra Colegisladora para que proceda en términos de ley, conforme a lo previsto en el artículo 135 constitucional. Por lo anteriormente expuesto se propone el siguiente proyecto de
Decreto por el que se adiciona un nuevo párrafo al artículo 46, la adición de una fracción al artículo 105, así como la reforma a las fracciones I y II del artículo 117, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo Primero.- Se adiciona un nuevo párrafo al artículo 46 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 46.- Los estados pueden arreglar entre sí, por convenios amistosos, sus respectivos límites; pero no se llevarán a efecto esos arreglos sin la aprobación del Congreso de la Unión.
Asimismo, previa autorización del Congreso de la Unión, los estados podrán celebrar convenios o acuerdos para emprender políticas comunes que promuevan el desarrollo de proyectos regionales y la resolución de asuntos de su competencia. Dichos instrumentos de colaboración deberán precisar en su contenido los objetivos, compromisos, periodo de vigencia y los mecanismos de ejecución.
Artículo Segundo.- Se adiciona una nueva fracción III al artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la actual fracción III de dicho numeral pasa intacta a ser IV, para quedar como sigue:
Artículo 105.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señala la Ley Reglamentaria, de los asuntos siguientes:
II.- De las acciones de inconstitucionalidad...
II.- De las solicitudes de conciliación interpuestas por uno o más estados para dirimir las controversias que surjan de los convenios o acuerdos a los que se refiere el artículo 46, en los siguientes supuestos:
a).- Por incumplimiento de los términos del convenio o acuerdo de alguna de las partes;
b).- Por modificaciones de los términos del convenio o acuerdo propuestas por alguna de las partes; y
c).- Por rescisión del convenio o acuerdo.
IV.- De oficio o a petición fundada del correspondiente...
Artículo 117.- Los estados no pueden, en ningún caso:
II.- Celebrar alianzas, tratados, o coaliciones con las potencias extranjeras.
III.- al IX.- ...
Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo.- Se derogan todas las disposiciones legal en lo que se opongan al contenido del presente decreto.
Dip. Enrique Ariel Escalante Arceo (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales; en tanto se designa ésta, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo. Septiembre 30 de 2003.)
QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, SOBRE LA CREACION DE PARTIDOS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO LUIS ANTONIO GONZALEZ ROLDAN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM, EN LA SESION DEL MARTES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2003
Jorge Antonio Kahwagi Macari, Manuel Velasco Coello, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Alvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Avila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez y Raúl Piña Horta, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos se turne a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Novena Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa.
Exposición de Motivos
En México, luego que concluyera el periodo revolucionario de principios del siglo pasado, se intentó establecer un sistema democrático que procurara al mismo tiempo la representación de los más diversos grupos sociales que surgieron del movimiento armado y establecer la cohesión en los órganos de representación política.
Así, paulatinamente se gestaron diversas corrientes que, en su momento, reflejaron la preferencia de los electores, con un incipiente sistema de partido de Estado.
El devenir histórico y político nacional ha logrado que la dinámica de nuestras instituciones, que siempre están perfeccionándose, haya adoptado mecanismos tendentes a lograr una representación cada vez más eficaz.
Algunos titulares del Poder Ejecutivo federal, en cuya determinación se basaba en buena medida el futuro político del país, propiciaron la adopción de instituciones, fórmulas y organismos que, congruentes con la cada vez más evidente apertura democrática, fueron consolidando un sistema democrático aún por fortalecer.
Ante el avance democrático cada vez más consolidado, que poco a poco ha impulsado la sociedad civil a través de los partidos políticos, las opciones que fueron adoptadas por los teóricos que influyeron en el diseño de nuestras instituciones deben necesariamente ser evaluadas y valoradas en su exacta dimensión.
Los logros que el pluralismo político brindó para la organización de nuestra sociedad han permitido que los órganos de representación nacional y las decisiones de gobierno sean revisados cuidadosamente, y no dirigidos de manera unilateral, como se acostumbraba.
Ahora, con el pluralismo que se ha logrado construir y que todavía falta consolidar, deben buscarse espacios en la legislación electoral para que así se maduren las opciones democráticas en formación y que signifiquen auténticamente la representación de grupos sociales congruentes con la ideología que sustenten.
La revisión de que venimos tratando conduce necesariamente a adoptar reformas que procuren dar estabilidad política a nuestro país, a la par que conduzca a las figuras que la actual ley electoral considera. Por ello, la construcción de un partido, para que sea eficaz en la representación política, deberá cumplir una serie de condiciones que la ley imponga.
Ante la alternativa que tenemos los legisladores de procurar el pluripartidismo y la efectiva gobernabilidad, como producto de la cada vez más participativa sociedad mexicana, debemos basarnos para contestarla en los principios democráticos en que se respalda nuestro sistema político: la prevalencia del orden social en la actualización permanente de sus instituciones.
Así las cosas, el pluralismo extremo, en lugar de producir un efecto de cohesión, disuelve, en un mar infinito de opciones políticas, la verdadera representación de posturas ideológicas que prefiera la población y que realmente pretendan y merezcan ser representadas.
Para ello, consideramos, se hace necesario para el fortalecimiento del régimen de partidos en nuestro país, establecer mecanismos que garanticen la existencia del pluripartidismo, entendido éste como una consecuencia lógica de una sociedad en transformación que requiere nuevos canales de expresión y otras formas de organización.
Estamos ciertos de que la formación de partidos políticos es la consecuencia de nuevas fuerzas que no tienen cabida en el marco ideológico y político de los partidos existentes.
Empero, también estamos ciertos de que el registro de un nuevo partido político debe ser el reconocimiento legal de una corriente política connotada y con base social significativa.
Para la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México, el interés fundamental es presentar proyectos que tengan un beneficio para la sociedad y el país.
Por ello, nos permitimos someter a la consideración de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión el presente
Decreto por el que se reforman el inciso b) del numeral 1 del artículo 24, el inciso a) del numeral 1 del artículo 28 y su fracción I, el inciso d) del artículo 38, el inciso a) del numeral 8 del artículo 49; y se adiciona con un párrafo segundo el artículo 30 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
Artículo Unico. Se reforman el inciso b) del numeral 1 del artículo 24, el inciso a) del numeral 1 del artículo 28 y su fracción 1, el inciso d) del artículo 38, el inciso a) del numeral 8 del artículo 49; y se adiciona con un párrafo segundo el artículo 30 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:
Artículo 24.
1. ...
b) Contar con 3,000 afiliados en por lo menos 15 entidades federativas, o bien tener 300 afiliados, en por lo menos 150 distritos electorales uninominales, los cuales deberán contar con credencial para votar con fotografía correspondiente a dicha entidad; en ningún caso, el número total de sus afiliados en el país podrá ser inferior a 0.13 por ciento del Padrón Electoral Federal que haya sido utilizado en la elección federal ordinaria inmediata anterior a la presentación de la solicitud de que se trate.
Artículo 28.
1. ...
I. El número de afiliados que concurrieron y participaron en la asamblea estatal o distrital, que en ningún caso podrá ser menor de 3,000 o 300, respectivamente, de conformidad con lo dispuesto en el inciso b) del párrafo 1 del artículo 24; que conocieron y aprobaron la declaración de principios, el programa de acción y los estatutos; y que suscribieron el documento de manifestación formal de afiliación; y
Artículo 30.
El Consejo General del Instituto Federal Electoral, por conducto de la comisión a que se refiere el párrafo anterior, deberá verificar la autenticidad de las afiliaciones al nuevo partido, ya sea en su totalidad o a través del establecimiento de un método aleatorio, conforme al cual se verifiquen no menos de una cantidad equivalente a 0.13 por ciento del padrón electoral que haya sido utilizado en la elección federal ordinaria inmediata anterior a la solicitud de que se trate, cerciorándose de que dichas afiliaciones cuenten con un año de antigüedad como máximo dentro del partido político de nueva creación.
...
Artículo 38. ...
Artículo 49.
1. a 7. ...
8. ...
Transitorio
Unico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 30 de septiembre de 2003.
Diputados: Jorge A. Kahwagi Macari (rúbrica), Manuel Velasco Coello (rúbrica), Alejandro Agundis Arias (rúbrica), Francisco Xavier Alvarado Villazón (rúbrica), Leonardo Alvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán (rúbrica), María Avila Serna (rúbrica), Fernando Espino Arévalo (rúbrica), Maximino Fernández Avila (rúbrica), Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Jorge Legorreta Ordorica (rúbrica), Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio (rúbrica), Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez (rúbrica), Raúl Piña Horta (rúbrica).
(Turnada a la Comisión de Gobernación; en tanto ésta se constituye, queda bajo el resguardo de la Dirección General de Proceso Legislativo. Septiembre 30 de 2003.)
Proposiciones
CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL LA CAMARA DE DIPUTADOS EXHORTA AL SENADO DE LA REPUBLICA A RESTITUIR EN SU RECINTO DE XICOTENCATL LA EXPOSICION "VIOLENCIA DESDE EL NOVIAZGO. UNA MIRADA DESDE EL FARO", PRESENTADA POR EL DIPUTADO INTI MUÑOZ SANTINI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DEL MARTES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2003
Queremos hacer uso de la palabra en la tribuna para proponer a esta soberanía un punto de acuerdo, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y recordar que uno de los derechos fundamentales de la población mexicana, cuyo ejercicio pleno ha estado íntimamente ligado al desarrollo democrático del país es sin duda la libertad de expresión, conforme a los siguientes
Considerandos
A lo largo de la historia del país, la censura ha sido una de las más agresivas formas en que el Estado ha manifestado su desfase con la sociedad, ya sea porque la ejerce en el plano político para intentar bloquear la difusión de ideas que considera "peligrosas", o bien porque, aplicada en terrenos como el artístico, deja caer todo el peso de los prejuicios ante expresiones plásticas o literarias que escapan a su comprensión.
En las épocas más oscuras del autoritarismo, como bajo el porfiriato, prácticamente ningún terreno de la creación intelectual y artística escapaba al rígido escrutinio oficial. Quienes osaban entonar una nota discordante en el pretendido concierto de la unanimidad porfirista pagaban con creces su osadía. Nunca estará de más recordar desde esta tribuna, entre otros, a quienes elaboraban el periódico Regeneración, con los hermanos Flores Magón a la cabeza.
Tras la Revolución Mexicana, se abrió un horizonte propicio para el florecimiento de las ideas en el mundo de las artes, la ciencia y la literatura. La formación de la nueva sociedad mexicana va aparejada con la construcción de referentes socioculturales, los cuales, infortunadamente, pronto fueron objeto de la recelosa mirada del Estado posrevolucionario. De nueva cuenta, la heterodoxia fue castigada y el derecho a su manifestación plena requerirá una prolongada lucha social.
En la actualidad, y desde hace algunos años, el discurso oficial habla del respeto pleno de la libre expresión en todos los ámbitos. Sin embargo, por lo que toca a las manifestaciones artísticas, aún se manifiestan de vez en vez los afanes censores ante lo distinto, lo singular, lo diverso. Traigamos a la memoria sólo algunos recientes botones de muestra:
Durante 10 años y hasta que la Universidad Nacional Autónoma de México la programó en el ciclo "El cine que debimos ver", en 1995, la película La última tentación de Cristo no fue exhibida en forma comercial en México. Y todavía el año pasado hubo grupos que pretendieron que el gobierno impidiera la exhibición de El crimen del padre Amaro". En el terreno del arte, en agosto de 2000, con la complacencia de las autoridades panistas de Guadalajara y el abierto apoyo del cardenal Juan Sandoval Iñiguez, dos jóvenes destruyeron la obra La patrona, del destacado artista plástico Ahumada. Imposible olvidar algunos célebres bandos municipales que lo mismo prohibían las minifaldas que las palabras "altisonantes".
Pues bien, diputadas y diputados, he tomado la palabra para no dejar en la impunidad un acto más de intolerancia, que reseño a continuación:
En julio del presente año, la directiva de Fábrica de Artes y Oficios de Oriente (Faro) fue invitada por la asociación civil Ambar (Profesionistas por una Vida Digna) para montar una exposición en el recinto del Senado de la República, en el marco del foro "Noviazgo sin violencia", organizado por las Comisiones de Equidad y Género, y de Juventud y Deporte del Senado de la República, con la colaboración de la Embajada de Nueva Zelanda en México y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
Faro surgió hace más de tres años, cuando se rehabilitó un predio abandonado en la zona de Iztapalapa, y con ello inició un proyecto de recomposición urbana, creando una nueva centralidad pública, que tiene como estrategia principal la oferta cultural y educativa a través de una escuela de artes y oficios.
Como respuesta a esta atenta invitación, se convocó a las personas que participan en los talleres de Faro de Oriente a presentar trabajos en torno de la promoción de la no violencia en las relaciones de parejas jóvenes.
A la convocatoria respondieron más de 100 artistas plásticos, conceptuales y visuales, todos ellos alumnos de Faro y en su mayoría proveniente de las zonas aledañas a él, en la delegación Iztapalapa. De las obras presentadas, se escogieron 60, las cuales abordaban integralmente el tema de la exposición.
El secretario técnico de la Comisión de Equidad y Género del Senado, Gonzalo Leboreiro, hizo la petición a la directiva de presentar los guiones de la exposición, por lo cual se le presentaron el programa de actividades y la ficha técnica de las obras.
Al terminar la inauguración, el secretario técnico informó a los directivos de Faro que cuatro obras plásticas debían retirarse, con el argumento de que no eran dignas del recinto legislativo, pues ofendían a las senadoras del Partido Acción Nacional.
Distintos medios de comunicación impresa y electrónica han registrado la crónica de esos sucesos. Es importante destacar frente a esta soberanía lo expresado por la senadora del Partido Acción Nacional Cecilia Romero, a quien cito: "Es respetable la exposición, su autoría, pero definitivamente creo que no es digna de presentarse en el patio del Senado. El tema de la violencia es delicado y la exposición barata, así que creo que la van a mover ya, porque ahí está sin pena ni gloria".
Su correligionaria, Susana Stephenson, Presidenta de la Comisión de Equidad y Género, mencionó que fue un "error de omisión" que la instancia legislativa a que hemos hecho referencia no se preocupara por averiguar con precisión el contenido de la obra.
Cito a la senadora Stephenson: "Debo decir que, ciertamente, cometimos una irresponsabilidad o, más bien, un acto de omisión porque no nos interesamos por conocer el contenido de la muestra físicamente y calibrar de qué se trataba, si merecía o no exhibirse".
Decenas de artistas de Faro retiraron 60 obras del recinto de Xicoténcatl el 13 de septiembre, debido a presiones de senadoras del PAN y para no entablar un conflicto con el Senado de la República.
Estas fueron las palabras de los jóvenes artistas: "La exposición no se hizo con la intención de generar ningún escándalo sino de mostrar, en el contexto de un foro que se organiza en el Senado, el problema de la violencia que está escondida en las casas, y de la cual nadie habla".
La exposición debió haber durado hasta el 17 de septiembre, pero fue interrumpida por la intolerancia de senadoras panistas. No sólo la violencia de la pareja salió a la luz pública sino, también, la intolerancia de las buenas conciencias, que pretenden liquidar siglos de lucha en favor de las garantías individuales de nuestro país.
Ante este atropello de la libre manifestación artística, vengo a esta tribuna a cumplir la obligación ética y política de someter a consideración del Pleno los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al Senado de la República a restituir la exposición "Violencia desde el noviazgo. Una mirada desde el Faro", al menos hasta cubrir el lapso pactado originalmente con los artistas.
Segundo. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados a poner los espacios del Palacio Legislativo de San Lázaro a disposición de todos los artistas plásticos, y en particular los de Faro, con objeto de que puedan exhibir sus creaciones.
Tercero. Esta soberanía exhorta a todas las autoridades federales, estatales y municipales y al resto de los poderes públicos a velar permanentemente por el respeto cabal del derecho constitucional de libre expresión.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre de 2003.
Dip. Inti Muñoz Santini (rúbrica)
(Turnada a la Junta de Coordinación Política. Septiembre 30 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, SOBRE LA REALIZACION DE LA SESION SOLEMNE PARA QUE SE INSCRIBA CON LETRAS DE ORO EN EL MURO DE HONOR DE LA CAMARA DE DIPUTADOS EL NOMBRE "UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO", PRESENTADA POR EL DIPUTADO MAXIMINO ALEJANDRO FERNANDEZ AVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM, EN LA SESION DEL MARTES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2003
Jorge Antonio Kahwagi Macari, Manuel Velasco Coello, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Alvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Avila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrimos a solicitar que se turne a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Por resolución aprobada en el Pleno de esta honorable Cámara de Diputados, el día 30 de abril del año en curso, los diversos grupos parlamentarios de la Quincuagésima Octava Legislatura acordaron y resolvieron inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre "Universidad Nacional Autónoma de México", instruyéndose a la Mesa Directiva de esta Cámara para que organice la ceremonia correspondiente; asimismo, dicho decreto se publicó en el Diario Oficial de la Federación el día doce de mayo.
Los grupos parlamentarios consideraron de gran importancia a la Universidad Nacional Autónoma de México, ya que representa el proyecto más ambicioso y logrado en la historia de nuestro país para formar a sus profesionistas, académicos e intelectuales; para promover y realizar la investigación científica y para extender la cultura hacia los sectores más amplios de la sociedad.
Es invaluable la presencia de la UNAM para conservar, generar y aplicar el conocimiento con objeto de resolver las necesidades de los sectores mayoritarios de la población, y su aportación ha dado lugar de encuentro para el debate libre y respetuoso de las ideas y de toda expresión de pensamiento, que ha contribuido y contribuye a fortalecer los procesos de participación democrática consciente y comprometida de todos los mexicanos.
Por todo lo anterior, los integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México proponemos ante esta H. soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Unico. Se exhorta a la Mesa Directiva de esta Cámara para que, en coordinación con la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, organice la ceremonia en la que se dé cumplimiento al decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 12 de mayo del año en curso, el cual establece que debe inscribirse con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre "Universidad Nacional Autónoma de México".
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre de 2003.
Diputados: Jorge A. Kahwagi Macari (rúbrica), coordinador; Manuel Velasco Coello (rúbrica), vicecoordinador; Alejandro Agundis Arias (rúbrica), Francisco Xavier Alvarado Villazón (rúbrica), Leonardo Alvarez Romo (rúbrica), Jacqueline Argüelles Guzmán (rúbrica), María Avila Serna (rúbrica), Fernando Espino Arévalo (rúbrica), Maximino Fernández Avila (rúbrica), Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Jorge Legorreta Ordorica (rúbrica), Julio Horacio Lujambio Moreno (rúbrica), Alejandra Méndez Salorio (rúbrica), Cuauhtémoc Ochoa Fernández (rúbrica), Javier Orozco Gómez (rúbrica), Raúl Piña Horta (rúbrica).
(Turnada a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; en tanto se designa ésta, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo. Septiembre 30 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA CREAR UNA COMISION ESPECIAL ENCARGADA DE COADYUVAR CON LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES Y VERIFICAR LA PRONTA APLICACION DE LOS RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE DEL FONDEN, ASI COMO SU EFICIENTE Y EFICAZ EJERCICIO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO QUINTIN VAZQUEZ GARCIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA SESION DEL MARTES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2003
Con fundamento en los artículos 71, 73 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, comparezco ante esta honorable Cámara de Diputados
A exponer:
Ante los graves problemas que vienen padeciendo los habitantes de los estados de la República afectados por las fuertes depresiones tropicales que han dejado a su paso torrenciales lluvias y un sinnúmero de afectaciones provocadas por las fuertes corrientes pluviales, la saturación de los embalses y el consecuente desbordamiento de ríos y arroyos, provocando pérdidas de vidas, miles de viviendas destruidas, más de 15 mil productores agropecuarios con pérdidas millonarias, caminos y autopistas destruidas, en fin una estela de gran desolación que afecta a cientos de miles de mexicanos.
Las entidades federativas afectadas mayormente son: Baja California Sur, Durango, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, San Luis Potosí, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Puebla, Veracruz, Chiapas, Guerrero, Aguascalientes, Oaxaca, Tabasco, México, Colima y Coahuila.
Los legisladores de todas las fracciones parlamentarias han manifestado en diferentes momentos su preocupación por estos hechos lamentables, atendiendo los reclamos y las solicitudes de la población afectada; sin embargo, no tenemos la certeza de la oportuna aplicación de los recursos autorizados por el Fonden en cada una de las entidades afectadas, ni qué tipo de atención se otorga y por cuáles instancias administrativas se aplican.
Si bien es cierto que el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) vigila estrechamente las condiciones que prevalecen en las zonas declaradas en emergencia, también es cierto que esta asamblea desconoce con precisión el informe que se deriva de dicha vigilancia y, por lo tanto, prevalece la incertidumbre y el desconcierto por la presión legítima que ejercen nuestros representados para articular acciones de fondo que atiendan su problemática y permitan garantizar la recuperación del patrimonio familiar perdido y que signifique una muestra real de apoyo y solidaridad.
Como antecedentes de esta preocupación, en la sesión del 11 de septiembre el grupo parlamentario del PRD solicitó y se aprobó por este Pleno un punto de acuerdo para la formación de un grupo de trabajo, integrado por diputados de los distintos grupos parlamentarios, a fin de que acuda a las regiones afectadas e informe de la magnitud de los daños y constate la aplicación de recursos públicos para atender el desastre. Sin embargo, a la fecha no se conoce de manera precisa ningún avance al respecto.
En la misma sesión el grupo parlamentario del PAN solicitó y se aprobó que la Secretaría de Gobernación informe a esta soberanía sobre la situación que prevalece en los estados afectados por las intensas lluvias torrenciales ocurridas en las últimas fechas y sobre las medidas de protección civil que se aplicaron antes y después en las zonas de desastre.
En virtud de lo anterior, y por considerarse un asunto que implica una altísima importancia para la población afectada en los estados, municipios y localidades de las zonas declaradas en emergencia nos permitimos presentar ante este Pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero.- Se crea la Comisión Especial de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la LIX Legislatura, encargada de coadyuvar en la verificación de la pronta aplicación de los recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden), de manera conjunta con las instancias gubernamentales correspondientes, así como en su eficiente y eficaz ejercicio.
El objeto de la Comisión Especial será el que se deriva de su denominación.
La Comisión Especial atenderá las proposiciones que en materia de la aplicación de recursos del Fonden se realicen por esta soberanía en aquellas zonas de desastre declaradas previamente por la Secretaría de Gobernación.
Esta Comisión Especial funcionará de conformidad con los ordenamientos que en materia de comisiones establecen la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones relativas.
Contará con los recursos necesarios para el adecuado desempeño de sus funciones.
Segundo.- La Comisión Especial estará integrada por 30 legisladores, pertenecientes a todos los grupos parlamentarios, de acuerdo con la propuesta que al efecto formule la Junta de Coordinación Política al Pleno de los diputados.
En su integración se tomará en cuenta preferentemente que los legisladores provengan de las entidades federativas afectadas.
Tercera.- La Comisión Especial, materia del presente acuerdo, funcionará por el término de la emergencia específica provocada por las lluvias torrenciales y hasta en tanto rehabiliten adecuadamente las zonas afectadas, no rebasando el término de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión.
Cuarta.- El presente acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre de 2003.
Diputados: Quintín Vázquez García (rúbrica), Homero Díaz Rodríguez, Francisco J. Guízar Macías (rúbrica), José M. Carrillo Rubio (rúbrica), Sergio A. Chávez Dávalos (rúbrica), Leticia Gutiérrez Corona (rúbrica), David Hernández Pérez (rúbrica), Jesús Lomelí Rosas (rúbrica), Roberto A. Marrufo Torres (rúbrica), Gonzalo Moreno Arévalo (rúbrica), Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), Evelia Sandoval Urbán (rúbrica), Jorge L. Sandoval Figueroa (rúbrica), María Esther Sherman Leaño, Lázaro Arias Martínez (rúbrica), José García Ortiz, Francisco Javier Bravo (rúbrica), Carlos Blackaller Ayala (rúbrica).
(Turnada a la Junta de Coordinación Política. Septiembre 30 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE LA COMISION NACIONAL DEL DEPORTE TENGA PARA 2004 MAYOR PRESUPUESTO POR SER ESTE AÑO OLIMPICO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JORGE LEGORRETA ORDORICA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM, EN LA SESION DEL MARTES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2003
Jorge Antonio Kahwagi Macari, Manuel Velasco Coello, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Alvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Avila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrimos a solicitar que se turne a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados en la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Anualmente, durante los meses de noviembre y diciembre, el Congreso de la Unión se da a la tarea de revisar, modificar y aprobar el paquete de iniciativas fiscales y presupuestales que el Poder Ejecutivo federal somete para su discusión y aplicación para el siguiente ejercicio fiscal.
Dentro de estas iniciativas toma especial relevancia la aprobación, por parte de la Cámara de Diputados, del Presupuesto de Egresos de la Federación, toda vez que el decreto que ésta apruebe será el autorizado para expensar por parte del Poder Ejecutivo en las actividades, obras y servicios públicos previstos en los programas a cargo de las entidades que el propio Presupuesto señale durante el periodo de un año contado a partir del 1 de enero.
El Presupuesto de Egresos contiene los lineamientos por los cuales esta soberanía determina cómo y a qué se destinarán los recursos recabados durante el ejercicio fiscal. De ahí el interés de nuestro partido porque sean asignados mayores recursos para el próximo año a la Comisión Nacional del Deporte, pues tenemos la preocupación que el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2004 nuevamente confine al deporte como una actividad poco importante, carente de verdaderos estímulos para nuestros atletas.
Los 810 millones de pesos asignados en el 2003 a la Conade representan 6.7% menos que el año anterior. No podemos entender cómo es que sólo el 0.053% del gasto neto total previsto en el Presupuesto sea dedicado al deporte, cuando se le han presupuestado mayores montos a cuestiones poco importantes para el desarrollo del país.
Nuestro país debe actualizarse y mantenerse a la vanguardia en el ámbito deportivo. El deporte en el ámbito mundial se ha desarrollado en todos los sentidos para estar a la altura del desarrollo deportivo y así poder enfrentar los retos cada vez más exigentes del México de hoy, para que la enseñanza y práctica del deporte abarquen a todos los mexicanos.
Para el Partido Verde Ecologista de México es de la mayor relevancia apoyar a cientos de deportistas y fomentar que nuestros niños y jóvenes se unan a este tipo de actividades. Es fundamental que la Comisión Nacional del Deporte tenga acceso a mayores recursos si queremos que el nivel de nuestros competidores aumente, si queremos tener acceso a mejores instalaciones, si queremos disminuir la delincuencia, si queremos un México más sano y con mejores niveles de vida.
Por ello, es necesario que el Congreso de la Unión dé certidumbre y seguridad al desarrollo del deporte en nuestro país, para que los atletas cuenten con un ingreso seguro y no se trunque su futuro y, junto con ello, la esperanza de millones de mexicanos.
Consideramos fundamental otorgar mayor apoyo al deporte mexicano a través de la reasignación de recursos para que sean utilizados en otras áreas y permitan el desarrollo de nuestro país en este sector. Sobre todo porque el año 2004 es un año olímpico, y es en este tipo de competencias donde se pueden observar los avances en los programas para los deportistas de alto rendimiento, que sirven de ejemplo para las generaciones más jóvenes.
El grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México busca el progreso económico del país basado en el desarrollo sustentable, la atención a todos los grupos sociales y el equilibrio financiero, por ello sometemos a su consideración la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Unico. Se otorguen mayores recursos a la Comisión Nacional del Deporte en el Presupuesto de Egresos de la Federación del 2004.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre de 2003.
Diputados: Jorge A. Kahwagi Macari, coordinador; Manuel Velasco Coello, vicecoordinador; Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Alvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Avila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta (rúbricas).
(Turnada a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública; en tanto se designa ésta, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo. Septiembre 30 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EL PLENO DE LA CAMARA DE DIPUTADOS CONCIERTE CRITERIOS GENERALES ACERCA DE LA SELECCION DE CANDIDATOS, DE LA DISCUSION CORRESPONDIENTE Y DE LA ELECCION DE CONSEJEROS ELECTORALES DEL IFE PARA EL PERIODO 2003-2010, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JESUS E. MARTINEZ ALVAREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA, EN LA SESION DEL MARTES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2003
Los que suscriben, diputados federales del grupo parlamentario de Convergencia, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, a fin de que el Pleno concierte criterios generales para la selección y elección de consejeros electorales del Instituto Federal Electoral (IFE) para el ejercicio 2003-2010, con base en los siguientes
Antecedentes y Consideraciones
El IFE es una institución producto de nuestra transición a la democracia y para la consolidación de los valores de una nueva cultura cívica. Es una de las instituciones democráticas más importantes del país, un órgano de Estado autónomo y fundamental para el país. Se ha desarrollado vertiginosa y favorablemente en favor del cambio democrático.
Es una organización moderna, de vanguardia, profesional, imparcial y que brinda a los procesos lectorales y a sus resultados altos grados de transparencia y confiabilidad.
Se trata de una institución con gran prestigio nacional e internacional. La sociedad mexicana le reconoce gran autoridad ética; acuden a ella organismos de otras naciones para abrevar de su experiencia en materias tan diversas como credencialización, operación de comicios y administración pública electoral.
Hacia finales de octubre próximo, la Cámara deberá renovar al IFE el Consejo General, su máximo órgano de dirección. Elegir nueve consejeros electorales es un asunto de importancia crucial, cuyo proceso requiere de nuestra parte madurez y visión política, con base en los principios rectores que marca la Constitución Política de la República: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.
Para abordar tan importante tarea, son menester una profunda reflexión y responsabilidad política. En todos los medios de comunicación se vienen manejando nombres de distinguidísimos mexicanos y mexicanas como posibles candidatos a ocupar los espacios de dirección del Consejo General del IFE.
Tradicionalmente, la regla ha sido que, junto al nombre de cada aspirante, se adosen las siglas de este o aquel partido político nacional. No debería ser así. Se daña la credibilidad de la institución electoral, se compromete el prestigio del interesado y se vulnera la negociación entre partidos.
El sistema de cuota no debe prevalecer en dicha negociación. Si bien la Constitución y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) disponen que los grupos parlamentarios de la Cámara formulen sus propuestas, debemos acordar criterios generales y particulares que eviten que la selección y la elección de los consejeros electorales sean con base en intereses dirigidos a partidizar el IFE.
Partidizar el Consejo General es una tentación que beneficiaría sólo al pasado de las viejas formas de hacer política y sería enorme irresponsabilidad de la Cámara. Podrían presentarse graves crisis de legitimidad de la autoridad electoral, como las que viven Venezuela, Argentina, Namibia y Bulgaria.
El caso venezolano es paradigmático. En su Constitución vigente existe, junto a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, el llamado Poder Electoral, cuyo supremo órgano de decisión, el Consejo Nacional Electoral, está integrado por cinco "rectores electorales", designados -por cierto- por el Tribunal Superior de Justicia, debido a la falta de acuerdos en la Asamblea Nacional, provocado a su vez por la discusión entre partidos por el sistema de cuotas.
En noviembre de 2002, la Coordinadora Democrática, que agrupa a la oposición, entregó a la autoridad electoral venezolana más de 2 millones de firmas de solicitantes de la convocatoria a un referéndum consultivo para cuestionar la permanencia de Hugo Chávez en el encargo.
Luego de un intenso y prolongado debate entre el Ejecutivo y la oposición, el Consejo Nacional Electoral (CNE) convocó a un referéndum consultivo, decisión aprobada por tres de sus cinco miembros.
Ese día, el Tribunal Superior de Justicia decretó la nulidad del citado referéndum, en virtud de que el CNE decidió, sin aprobación de la mayoría calificada del organismo; es decir, cuatro de los cinco miembros (dos de ellos, abiertos simpatizantes del gobierno).
Finalmente, el 4 de diciembre, y luego de volver a someter la decisión al pleno del CNE, éste lo ratificó con los cuatro votos legalmente necesarios, pero de nuevo los miembros del CNE aliados del gobierno en turno han retrasado la decisión.
Como es sabido, en éste y en todos los casos de organismos electorales partidizados la autoridad electoral nacional se ha visto seriamente comprometida y, con ello, sus facultades para una adecuada instrumentación operativa de las elecciones, pues los integrantes de los órganos máximos de decisión, actuando según las líneas marcadas por los partidos proponentes, han detenido decisiones necesarias, han favorecido a cierto partido o han interrumpido la profesionalización de la autoridad electoral.
De ese modo, Convergencia demuestra las desventajas del sistema de cuotas para renovar el Consejo General del IFE y formula desde esta tribuna un exhorto a todos los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados al tenor del siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Además de lo dispuesto en el artículo 76 del Cofipe, que establece los requisitos de ley para ser consejero electoral, la Cámara de Diputados determinará, cuando menos, los siguientes cuatro criterios generales para seleccionar candidatos a consejeros electorales del IFE:
b) Por la importancia de preservar la vigencia de los principios constitucionales de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad en la organización de las elecciones federales, los candidatos a consejeros deberán asumir un compromiso público y ético respecto a la lealtad institucional con el IFE;
c) Por la necesidad de contar con consejeros electorales conocedores del amplio entramado institucional del sistema de partidos, del sistema electoral y del sistema político mexicano en general, los candidatos deberán demostrar conocimiento adecuado del estado teórico de la cuestión y de analizar y proponer cauces de modernización democrática; y
d) Por la dimensión de la administración y gestión públicas de las elecciones federales modernas, deberán demostrar experiencia en funciones públicas afines y de preferencia en responsabilidades de mando medio, superior o ambos.
Tercero. Logrados los consensos necesarios, el procedimiento para elegir a los consejeros electorales del Consejo General del IFE para el periodo 2003-2010, además de ceñirse estrictamente a nuestra normatividad interna, deberán observar cuando menos las siguientes bases:
b) Se elegirá en segundo término a los ocho consejeros electorales propietarios restantes, mediante cédula respecto a la propuesta de la Junta de Coordinación Política; y
c) Se elegirá, por último, a los siete consejeros electorales suplentes, mediante cédula respecto a la propuesta de la Junta de Coordinación Política.
Diputados: Jesús E. Martínez Alvarez (rúbrica), Luis Maldonado Venegas, Jaime Miguel Moreno Garavilla, Jesús P. González Schmal, Juan Fernando Perdomo Bueno.
(Turnada a la Junta de Coordinación Política. Septiembre 30 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE LA CAMARA DE DIPUTADOS EXHORTE AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO A QUE INSTRUYA AL SECRETARIO DE HACIENDA, ANTE EL ESCENARIO QUE LA MISMA DEPENDENCIA PROYECTA DE UNA REDUCCION DEL PRESUPUESTO, PARA QUE EL GASTO DEL SECTOR SALUD SE ATIENDA CON RESPONSABILIDAD SOCIAL, SIN MENOSCABO ALGUNO, PRESENTADA POR LA DIPUTADA MARIA CRISTINA DIAZ SALAZAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA SESION DEL MARTES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2003
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presento ante esta honorable asamblea una proposición con punto de acuerdo.
Es del saber de todos que el Estado es responsable de la prestación social establecida en el artículo 4º, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cito: "...toda persona tiene derecho a la protección de la salud...", también es cierto que falta mucho por hacer en el sistema de salud para que tengamos lo que México requiere.
Promover un presupuesto en el cual se precisen los términos y características conforme a los cuales deben canalizarse los recursos aprobados para el sector salud; para este propósito tenemos que partir de la base de una política que no se limite al sentido asistencialista, sino que se creen derechos sociales exigibles para la sociedad mexicana, que está obligada a potencializar las capacidades productivas de grupos, así como de regiones; que induzca condiciones de igualdad efectiva y que atienda las profundas diferencias que prevalecen entre las regiones, entre géneros y personas.
A los legisladores nos corresponde la tarea de vigilar que las fórmulas de distribución de los recursos obedezcan a los criterios de índices de pobreza y no al volumen de la población; buscar las sumas y coordinación de todos los programas federales, evaluando y reasignando éstos para asegurar una mayor efectividad. El propio secretario de Salud "ha manifestado en múltiples foros que la salud y la educación son las bases para el desarrollo económico, para el bienestar social, la estabilidad política y la seguridad nacional de nuestro país."
En la protección de la salud estamos todos inmersos, es un valor que debe ser compartido por todas las sociedades, por todas las ideologías y por todas las organizaciones políticas.
La salud pública en México ha tenido importantes avances, lo que ha llevado a enfrentar nuevos retos. La población sigue aumentando, recordemos que cada año tenemos alrededor de 2 millones de nacimientos; de igual manera, anualmente tenemos alrededor de 450 mil defunciones; esto nos señala qué promedio de años vida está en aumento. El perfil epidemiológico ha cambiado, los padecimientos que ahora ocupan los primeros lugares y que llevan a la muerte son de mayor costo: enfermedades cardiovasculares, cáncer, sida, diabetes, entre otras, que de inicio se presentaron en las zonas urbanas, pero que día a día son más frecuentes en las zonas rurales y en las poblaciones más marginadas.
En la salud no podemos vivir al día buscando recursos, y mucho menos cuando son fondos que deben ir destinados a contingencias y catástrofes naturales; y más grave y preocupante es que, cuando éstos se presentan, se diga, sin más ni más, que no hay efectivo. Pregunto: ¿es ésta una respuesta a aquellos ciudadanos mexicanos, que están en condiciones desesperadas y vulnerables por la desgracia en la que viven? ¿Merecen una respuesta como ésta? Es vergonzoso que nuestro país sea el que menos invierte en salud de toda América Latina.
Es importante mencionar que de 1995 a 1999 hubo un aumento real acumulado superior al 71.2%; cabe señalar que el presupuesto destinado a la salud para el año actual no presenta ningún crecimiento en términos reales respecto al año anterior; es más, para la función concreta de salud los recursos decrecieron en 1.5%.
Es insuficiente el poco presupuesto con que se cuenta en el sector salud, y más aún lo que le queda a la Secretaría de Salud, que ésta es la responsable de atender a todos aquellos que son desempleados, marginados, pobres del campo; en pocas palabras, los que carecen de oportunidades. Además no olvidemos que ellos son lo que no pueden acceder a pertenecer a una institución de seguridad social, concretamente es la población no asegurada, que hoy es un número considerable de la población y, siendo realistas, cada día crece más.
La salud no tiene precio, no puede estar sometida a números fríos, los resultados se miden por la calidad de vida y no por el número de muertes de los mexicanos, y más lamentable es cuando éstos son los niños de nuestro México.
Es por esta razón que hacemos un enérgico llamado al Gobierno Federal a que reconozca que a la salud es un derecho, que debe reconocerse la responsabilidad de impulsarla y mejorarla, que ésta es una causa que debe ser decisiva en la reducción de desigualdades, que a pesar de que la Secretaría de Hacienda proyecta recortar el gasto para el ejercicio del año 2004 en un inferior de 700 millones de pesos al del 2003.
Reducir éste en el sector salud sería un alejamiento al reclamo social y reflejaría indudablemente que el Estado no es capaz ni justo, nosotros los legisladores no lo podemos permitir; este escenario sólo exige que en salud exista para el 2004 la garantía de que no será más afectado de lo que hoy es. Ante este problema, al que nos podemos anticipar, se exhorta al Ejecutivo a actuar con prudencia y sentido de equidad, pero fundamentalmente le recordamos que es también el responsable de elevar el bienestar de vida de los mexicanos, que esto debe ser una de sus prioridades fundamentales.
Punto de Acuerdo
Unico.- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo a que instruya al secretario de Hacienda para que, ante el escenario que la misma Secretaría de Hacienda proyecta de una reducción el presupuesto. El gasto del sector salud se atienda con responsabilidad social sin reducción alguna y sin recortes posteriores a lo aprobado.
Dip. Cristina Díaz Salazar (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público; en tanto se designa ésta, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo. Septiembre 30 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE SOLICITAR LA EXCARCELACION DEL LIDER DEL FRENTE ESTATAL PESQUERO DE SINALOA, JESUS LEYVA, Y EXHORTAR A LA CONAPESCA A REFORZAR LAS ACTIVIDADES DE ORDENAMIENTO PESQUERO EN EL PAIS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO ADRIAN CHAVEZ RUIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DEL MARTES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2003
¡En Sinaloa se castiga el hambre de los trabajadores del mar!
Con este grito se manifestaron las mujeres y hombres del mar en Sinaloa, el pasado 30 de julio. Ante la demanda de atención a sus solicitudes, el régimen respondió con represión.
Son de todos conocidas las condiciones que enfrentan actualmente los trabajadores del país. Especialmente los de la pesca, quienes atraviesan por una de las mayores crisis de los últimos 20 años, resultado de la aplicación del modelo neoliberal, que ha dejado a millones de mexicanos en la miseria. En razón de la puntual aplicación de las recetas de los organismos financieros internacionales, que no son capaces de ponerlas en práctica, ni siquiera en sus propios países. Un modelo que privilegia a los grandes capitales por encima de las necesidades de los productores del mar, quienes son parte de la cadena productiva que genera divisas para el país y alimento para los mexicanos.
Dentro de la diversidad de conflictos en el sector pesquero, uno de los más agudos es el que año con año transita la pesquería de camarón en el golfo de California. Problemática que las autoridades han permitido llegar a niveles prácticamente inmanejables por falta de visión, talento o quizá voluntad del Gobierno Federal.
Compañeros, es nuestro deber reconocer que hasta la fecha ha correspondido, en estricto apego a sus atribuciones, atender y resolver la problemática pesquera al Gobierno Federal, pues así lo señalan nuestra Constitución y la Ley Federal de Pesca. Sin embargo, no ha cumplido con su cometido y, como lo señaló alguna vez el Secretario Usabiaga, la pesca es el último de los temas que atiende el funcionario, porque los revisa por la noche.
Tres sexenios de desmantelamiento del sector pesquero, a veces abierto, en otras ocasiones silencioso, han sido suficientes para borrar, prácticamente, del espectro económico y social la pesca. Particularmente a los pescadores ribereños tradicionales, que utilizan artes de pesca menos impactantes para el medio ambiente; quienes además de tener que enfrentarse a los permisionarios "factureros", demandan mejores precios de sus productos, sin recibir apoyo de las autoridades y, al contrario, son reprimidos.
Por otra parte están las autoridades estatales, quienes carecen de facultades regulatorias y administrativas sobre los recursos pesqueros que se encuentran en sus litorales. Limitados en su actuar, los funcionarios locales buscan salidas fáciles para "resolver" las solicitudes de los pescadores, amén de enfrentar la carencia de apoyo del Gobierno Federal.
Compañeros, México carece de una política pesquera nacional. Una política integral que involucre a los productores y favorezca la organización social del sector. Incorporarlos en la toma de decisiones y en el diseño de las políticas públicas que impactan en el desempeño de sus actividades cotidianas, es una tarea urgente.
La poca atención a los problemas genera conflictos sociales que el régimen ha atendido con acciones de fuerza y que se pretende reducir a luchas de contrarios, cuando lo que debe prevalecer es el oficio político y la sensibilidad social. Es así que en el caso de los pescadores de Sinaloa se prefirió el enfrentamiento con los trabajadores y capturar a los líderes del movimiento que dar respuesta a las demandas de comunidades que han caído en la desesperación por la espantosa miseria y abandono de que han sido objeto. Pescadores cuya principal demanda era que se les permitiera salir a pescar antes que las embarcaciones de mediana y gran altura. Demanda que, por cierto, está justificada técnicamente, de acuerdo con los resultados de un análisis del Instituto Nacional de la Pesca.
Sin embargo, hoy se encuentra preso Jesús María Leal Leyva, presidente de la Federación Estatal de Pescadores.
A Jesús Leal Leyva se le dictó el auto de formal prisión en un proceso por demás apresurado, sin los elementos probatorios suficientes y sin derecho a libertad bajo caución. Un proceso judicial radicado en Sinaloa, que se ha caracterizado por la falsificación de delitos, la incongruencia y exageración de la parte acusadora, que no ha mantenido sus señalamientos durante el careo. Basta señalar que nuestros flamantes agentes de la AFI, que ya quieren equipararse al FBI, acusan a Leyva y un grupo de mujeres de haber intentado secuestrarlos.
Intentar dar respuesta a un conflicto social con medidas represivas y policiacas, cuando lo necesario son cambios estructurales. Los pescadores han presentado propuestas que deberían revisarse con equipos de trabajo multidisciplinarios. Se requiere oficio político, pero también sustento técnico en las decisiones que se tomen. Especialmente en el golfo de California, donde las alternativas que parece plantear el actual grupo gobernante reducen a los pescadores y sus familias a empleados en desarrollos turísticos o en la pesca deportiva.
El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática hace un llamado a las autoridades correspondientes a privilegiar el diálogo y reencauzar un conflicto cuyo origen es el uso de los recursos naturales. Una de las demandas a la Conapesca por parte del Frente Estatal de Pescadores y de las cooperativas asentadas en la región ha sido la revisión de las fechas de levantamiento de la veda, y ellos dicen que están dispuestos a discutir con los elementos técnicos necesarios para que los pescadores tradicionales puedan extraer sus capturas en mejores condiciones. El uso responsable de los recursos naturales no podrá alcanzarse en tanto no se incorpore la opinión de las comunidades asentadas en las regiones.
Este conflicto es sólo una muestra de las condiciones que prevalecen en los litorales del país, donde se propicia el enfrentamiento entre distintos intereses, se pone en riesgo la seguridad nacional y se dilapidan los recursos naturales por una política de aprovechamiento inadecuada.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de este Pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Demandamos a la Procuraduría General de la República la revisión de los procesos judiciales en contra de Jesús María Leal Leyva y su inmediata excarcelación, además de la cancelación de los procesos judiciales iniciados en su contra.
Segundo. Exhortamos a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca a implementar una política pesquera nacional integral que involucre a los pescadores y sus demandas, así como a la revisión de los procedimientos llevados a cabo para el ordenamiento pesquero en el estado de Sinaloa y en el golfo de California.
Tercero. Se exhorta a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca a que autorice a la brevedad la recepción de avisos de arribo que permita a los productores de camarón en Sinaloa comercializar sus productos, actualmente en bodegas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre de 2003.
Dip. Adrián Chávez Ruiz (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, en cuanto a la excarcelación del señor Jesús Leyva; y a la Comisión de Pesca, en lo relacionado con el exhorto a Conapesca. En tanto se designan las Comisiones, consérvese en la Dirección General de Procesos Legislativos. Septiembre 30 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE LA CAMARA DE DIPUTADOS EXHORTE AL EJECUTIVO FEDERAL A QUE, A PARTIR DEL INICIO DE LA SEGUNDA MITAD DE SU ADMINISTRACION, REVISE SU POLITICA DE GENERACION DE EMPLEOS Y HAGA HINCAPIE EN LA RECUPERACION DE ESTOS, PRESENTADA POR LA DIPUTADA MARIA DEL CARMEN IZAGUIRRE FRANCOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA SESION DEL MARTES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2003
La que suscribe, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en fracción II de los artículos 55 y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo, en torno del "desempleo y la situación que presentan las mujeres en este rubro".
El desempleo crece a niveles alarmantes. De acuerdo con los datos más recientes proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), la tasa de desempleo abierto durante agosto fue de 4 por ciento.
Esa cifra es la más alta en lo que va del año y de los últimos 18 meses, lo cual significa que alrededor de 20 mil personas perdieron su trabajo. Según el organismo, el resultado fue superior al de 3 por ciento estimado por los analistas.
Además, agreguemos que esa tasa de desempleo se encuentra en su nivel más alto de los últimos cuatro años, consecuencia de que a la fecha más de 900 mil personas en edad productiva no cuentan con trabajo formal.
La realidad de toda crisis económica seria es una crisis de falta de empleo; y estamos, claramente, ante una situación así. Hay que recordar al Gobierno Federal que no hay recetas milagrosas, que ningún programa urgente para atender el desempleo funcionará si la economía mexicana no se encamina hacia la reactivación. La tasa de desempleo abierto de 4 por ciento confirma que la economía del país no marcha.
El Instituto Mexicano del Seguro Social reportó que durante este año se han perdido más de 100 mil empleos. Las empresas confirman que hay en el país alto índice de desempleo. Aunque el Gobierno Federal asegure que la tasa de desempleo no ha tenido variaciones, para miles de mexicanos la realidad es otra.
La Población Económicamente Activa (PEA) sigue creciendo a un ritmo de 800 mil personas al año. Y los empleos formales no crecen en absoluto. Así que a quienes se suman a la población con capacidad de trabajar, el Gobierno Federal ofrece las opciones siguientes:
2. Sumarse a la economía informal y poner un changarro o dedicarse a vender chácharas en las esquinas, opción expuesta en propias palabras del secretario de Economía.
3. Integrarse a la economía negra, que nutre a rateros, narcotraficantes, piratas, contrabandistas, etcétera.
4. Emplearse a sí mismos.
Para que una economía crezca, el único mecanismo conocido es propiciar mayor inversión. Hasta ahora, no se ha inventando otra fórmula. Los países que alcanzan tasas altas de crecimiento son los que también tienen tasas elevadas de inversión.
Para que exista inversión, se requiere un conjunto de estímulos que permitan que mexicanos y extranjeros encuentren atractiva la economía para comprometer sus recursos. Se necesita que, nuevamente, la productividad y competitividad de la economía mexicana vayan en ascenso.
La ola de desempleo en el país golpea también el sector de los jóvenes egresados de las universidades, quienes -paradójicamente- tienen el doble de dificultad para encontrar trabajo que los que cursaron estudios básicos.
Según la encuesta de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, sólo una tercera parte de los jóvenes con licenciatura confía en que en 10 años obtendrá un empleo acorde con su profesión y nivel educativo.
Los egresados de la enseñanza media superior y superior no sólo tienen que competir con 400 mil nuevos desempleados que se acumularon este año sino que, además, hay restringida oferta, en la que se observa una oportunidad laboral por casi cuatro egresados.
Para Carlos Muñoz Izquierdo, especialista en seguimiento de egresados y académico de la Universidad Iberoamericana, "el problema que afecta con mayor gravedad a los jóvenes que se incorporan a la PEA es el subempleo, que significa un aprovechamiento mínimo de la escolaridad alcanzada".
Así, el INEGI señala que, mientras la tasa de desempleo abierto entre las personas sin instrucción o con primaria completa fue de 1.8 por ciento, en las de escolaridad media superior y universitaria se duplicó a 3.5 por ciento.
Es momento de recordar las palabras de la alumna María Isabel Wong, de la Escuela de Ciencias Biológicas del Politécnico, quien expresó al Presidente Fox que, ante las dificultades para encontrar trabajo, la juventud mexicana siente que el sistema educativo del país ha fracasado. En su intervención mencionó: "Sería muy triste desperdiciar todo lo desarrollado en infraestructura educativa sólo para producir desempleados con diploma".
Regresando al tema de las no muy agradables cifras del desempleo, el sector femenil ha sufrido discriminación. Según el INEGI mismos, el desempleo abierto en el rubro de las mujeres es de 4.48 por ciento frente a 3.66 por ciento de los hombres.
En la Encuesta Nacional de Empleo se observa que la población ocupada de hombres es de 74.4 por ciento, mientras que la de las mujeres es de 39 por ciento.
En el ámbito de la población económicamente inactiva, arroja los resultados siguientes: los hombres inactivos a la fecha son 9,294,759, en contraste con las cifras publicadas para las mujeres, quienes ascienden a 26,052,889.
Salta a la vista que las mujeres se han integrado a la dinámica del mercado laboral con los salarios más bajos, redoblando y hasta triplicando esfuerzos (doble y triple jornada de trabajo). Se integran principalmente al comercio, a la economía y a los servicios; y, aun cuando participan en puestos de mayor responsabilidad o jerarquía, siguen siendo discriminadas por los hombres.
Basta observar a nuestro alrededor para encontrar a miles de mujeres que, ante situaciones verdaderamente precarias, ingresan en empleos que les ofrecen ninguna o mínima seguridad, afectando de manera negativa todo esto su autovaloración y autoestima.
A eso agreguemos que las empresas prefieren despedir a las mujeres que a los hombres, como se refleja en los estudios efectuados.
Resulta necesario hablar de las violaciones de los derechos laborales que se han venido dando por parte de los encargados de las áreas de recursos humanos de las empresas hacia las mujeres, obligándolas a negociar su liquidación que, conforme a la ley, les corresponde. Han llegado al grado de requerirles que firmen su renuncia, en la cual deslindan a la empresa de la obligación de pagar la liquidación.
Es necesario hacer un recordatorio al Gobierno Federal: en la mayoría de los hogares mexicanos, la contribución de las mujeres al ingreso se ha vuelto imprescindible, pues uno de cada tres hogares es mantenido por una mujer y en uno de cada cinco el ingreso proviene exclusivamente de una mujer.
Las mujeres han sido el eje del desarrollo de sus familias y comunidades. En nuestro país, en más de 12 millones de mujeres se concentran los más altos índices de precariedad y cuentan con los más bajos niveles de instrucción y de ingresos.
La PEA femenil es hoy día de más de 13 millones. De éstas, 72 por ciento se ocupa en el sector servicios y en el comercio. Se estima que las trabajadoras dedican a las labores que realizan fuera del hogar alrededor de 40 horas a la semana, además de sus actividades domésticas y el cuidado de los hijos, que implica 30 horas adicionales.
Las mujeres son, entonces, mal pagadas porque resulta más fácil que acepten trabajos que impliquen ingresos precarios, por los estereotipos y las imágenes fijados en el imaginario social, como que las mujeres son "luchonas", "aguantadoras" o "más responsables". Pocas tienen la oportunidad de elegir si desean trabajar o no o en qué condiciones.
Un ejemplo de los que llevan varios años sin trabajo es el de Nicolasa Guerrero, enfermera desempleada, quien tiene que arreglárselas para sobrevivir. "Toma la presión, inyecta, canaliza suero, pone insulinas a las personas que se lo solicitan, ya sea en su colonia o en Polanco, Anzures, Las Lomas... Y con eso sobrevive".
México es un país de poco más de 100 millones de habitantes. Más de 50 millones somos mujeres, que día con día contribuimos a la generación de la riqueza material, social y cultural.
Si el crecimiento de la economía mexicana durante la segunda parte del sexenio se mantiene en los mismos niveles de hoy, entonces podrá haber cuanto programa urgente se les ocurra, pero no habrá solución al problema del desempleo.
Al ritmo que vamos, el Gobierno Federal dirige su política de empleo a que el sector femenino esté buscando emplearse en trabajos domésticos o toquen de puerta en puerta para ofrecer sus servicios de limpieza o lavado de ropa, se dediquen al comercio ambulante y, si cuentan con una mejor suerte, tal vez puedan acceder a ser empleadas de mostrador o de intendencia en comercios mejor establecidos.
Con los hechos que hemos observado los mexicanos en estos tres años de gobierno, y las expectativas que se habían generado, solamente se ha visto un fracaso en la política de empleos por parte de la administración foxista.
En consideración de lo anterior, se propone al Pleno de la Cámara el siguiente
Punto de Acuerdo
Unico. Que la honorable Cámara de Diputados, respetando en todo momento el principio de división de poderes, realice un exhorto al Ejecutivo federal a fin de que, a partir del inicio de la segunda mitad de su administración, revise su política de generación de empleos y, asimismo, haga hincapié en la recuperación de éstos.
Asimismo, a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a que, en términos de sus facultades, realice una inspección e investigación a las empresas con el fin de encontrar el porqué se está dando el fenómeno del incremento de despidos en el sector femenil y se están generando contrataciones del masculino. De igual manera, implante un programa de vigilancia de los derechos laborales de la clase trabajadora.
Palacio Legislativo, a 30 de septiembre de 2003.
Dip. María del Carmen Izaguirre Francos (rúbrica)
(Aprobada en votación económica. Septiembre 30 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR A LA PGR, A LA COMISION NACIONAL DE ARBITRAJE MEDICO Y A LA CONTRALORIA INTERNA DEL ISSSTE QUE ENVIEN A LA COMISION DE SALUD DE ESTA SOBERANIA UN INFORME PERIODICO Y DETALLADO SOBRE LOS RESULTADOS DE LAS INVESTIGACIONES REALIZADAS EN TORNO DE LOS FALLECIMIENTOS DE RECIEN NACIDOS EN EL HOSPITAL 1º DE OCTUBRE DE DICHO INSTITUTO, PRESENTADA POR LA DIPUTADA MARIA GUADALUPE MORALES RUBIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DEL MARTES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2003
Ma. Guadalupe Morales Rubio, diputada a la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de este órgano colegiado la proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para solicitar a la Procuraduría General de la República, a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico y la Contraloría Interna del ISSSTE que envíen a la Comisión de Salud de esta soberanía un informe periódico y detallado de los resultados de las investigaciones realizadas en torno a los fallecimientos de recién nacidos en el hospital 1º de Octubre del ISSSTE, y la realización de un diagnóstico sobre las condiciones en que se encuentran funcionado los hospitales y clínicas del ISSSTE, IMSS y de la Secretaría de Salud, bajo las siguientes
Consideraciones
1.-. Que el Programa Nacional de Salud 2001-2006 establece el compromiso de conformar un sistema de salud universal, equitativo, solidario, plural, descentralizado, participativo, vinculado al desarrollo, pero sobre todo eficiente, de alta calidad y anticipatorio; y que la nueva estructura del sector salud debería responder a las necesidades de coordinación y supervisión del IMSS y del ISSSTE, principalmente.
2.- Que pese a lo anterior, el pasado 8 de septiembre se registró la primera de las muertes infantiles originadas por la bacteria llamada Pseudomona aeroginosa, en el hospital 1° de Octubre de este Distrito Federal, donde la información se ocultó por casi 15 días, propiciando que el séptimo bebé falleciera el pasado fin de semana y que actualmente una menor permanezca grave desde entonces.
3.- Estos lamentables casos, aunados a las 25 muertes que tuvieron lugar en diciembre del año pasado, en un hospital del municipio de Comitán, Chiapas, demuestran la vulnerabilidad de nuestro sistema de salud y de la deplorable e insalubre condición en que se encuentran funcionado los hospitales y clínicas de las que dependen millones de mexicanas y mexicanos.
4.- Es necesario que la Procuraduría General de la República, la Comisión de Arbitraje Médico y la Contraloría Interna del ISSSTE cumplan con su deber de investigar exhaustivamente los hechos y se finquen las responsabilidades en quien o quienes dieron origen a esta tragedia.
Como representantes populares tenemos el derecho y la obligación de mantenernos atentos a las investigaciones que realicen las dependencias involucradas, para corroborar que las mismas estén apegadas a la legalidad.
5.- Es necesario también que esta honorable Cámara de Diputados sea sensible a los reclamos del personal que labora en todos los servicios de salud, respecto al desabasto de insumos básicos, material de trabajo y medicamentos, que por años hemos vivido como usuarios de estos hospitales, donde se ha llegado al grado de que los médicos solicitan a los familiares de los enfermos la compra de medicamentos o material necesario para su tratamiento y curación.
Hago un llamado para que, ante el desabasto de medicamentos y la falta de inversión en la infraestructura hospitalaria, pugnemos por un incremento sustancial para este rubro y buscar que dichos recursos estén etiquetados, con el fin de evitar su transferencia o utilización en otros fines distintos de los señalados.
6.- Finalmente, desde esta tribuna nos tornamos sensibles y solidarios con los padres que perdieron a sus bebés, pues no habrá dinero o indemnización suficiente que pueda resarcir la pérdida de un hijo, como sí lo es la justicia.
A los padres de Alín, la pequeña que aún se encuentra con vida en la unidad de cuidados intensivos neonatal del 1° de Octubre, nuestros más sinceros y profundos deseos de pronta recuperación.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este Pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero.- Solicitar a la Procuraduría General de la República, a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico y a la Contraloría Interna del ISSSTE que envíen a la Comisión de Salud de esta soberanía un informe periódico y detallado de los resultados de las investigaciones realizadas en torno a los fallecimientos de recién nacidos en el hospital 1º de Octubre del ISSSTE.
Segundo.- Que esta soberanía realice un exhorto a las autoridades del sector salud para que a la brevedad se realice un diagnóstico sobre las condiciones en que se encuentran funcionando los hospitales y clínicas, no sólo del ISSSTE y de la Secretaría de Salud, sino también del IMSS, que permita anticipar y corregir a tiempo las fallas que existen, evitando que hechos tan lamentables como los fallecimientos de niños en Chiapas y en la Ciudad de México se vuelvan a repetir en cualquier otra parte de la República, remitiendo dicho informe a la Comisión de Salud de esta honorable Cámara.
Solicito a la Presidencia de la Mesa Directiva que dé trámite a la presente proposición con punto de acuerdo como de urgente y obvia resolución, de conformidad con lo establecido por el artículo 59 de nuestro Reglamento Interior.
Recinto Legislativo San Lázaro, a 30 de septiembre del 2003.
Diputados: Ma. Guadalupe Morales Rubio, Lizbeth E. Rosas Montero, Rosa Ma. Avilés Nájera, Irma Figueroa Romo, Jesús Martínez Alvarez, Jesús González Schmal, Alejandro González Yánez, Francisco Amadeo Espinosa, Joel Padilla Peña, Juan Antonio Guajardo, Alejandro Agundis Arias, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Fernando Espino Arévalo, Jacqueline Argüelles Guzmán, Leonardo Alvarez Romo, Maki Ortiz Domínguez, José Angel Córdova Villalobos, Salvador Martínez Della Rocca, Guillermo Huízar Carranza, Luis Medina Lizalde, Rafael Flores Mendoza, Israel Tentory García, José Luis Naranjo y Quintana, Rafael García Tinajero, Susana Manzanares Córdova, Emilio Serrano Jiménez, Marbella Casanova Calam, Dolores Gutiérrez Zurita, Francisco J. Saucedo Pérez, Juan José García Ochoa, Jazmín Elena Zepeda Burgos, Víctor Suárez Carrera, David Ferreira Martínez, Abraham Bagdadi Estrella, Rogelio Franco Castán, Jorge Martínez Ramos, Iván García Solís, Pascual Sigala Páez, Luis Medina Lizalde, Cristina Portillo Ayala, Miguel Angel García Domínguez, Yadira Serrano Crespo, Manuel Camacho Solís, Horacio Duarte Olivares, Eduardo Espinosa Pérez, Alfonso Ramírez Cuéllar, Marcela González Salas, María Avila Serna (rúbrica).
(Aprobado, comuníquese. Septiembre 30 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE CREA LA COMISION ESPECIAL DE ASUNTOS DE LA FRONTERA SUR DE LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNION, ENCARGADA DE COADYUVAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO REGIONAL RELACIONADOS CON LA FRONTERA SUR, PRESENTADA POR EL DIPUTADO CARLOS OSWALDO PANO BECERRA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA SESION DEL MARTES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2003
El suscrito diputado federal, Carlos Oswaldo Pano Becerra, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LIX Legislatura, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo, según los sucesivos
Antecedentes
Con fecha 30 de septiembre de 1997, los integrantes de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política presentaron ante la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LVII Legislatura la propuesta de proyecto de acuerdo para la integración de las comisiones ordinarias, especiales y comités, la cual se presentó al Pleno y fue aprobada por mayoría, dando origen a la Comisión Especial de Asuntos de la Frontera Sur; y
Considerando
Que los momentos actuales que vivimos en el contexto nacional nos impulsan a observar formas y prácticas del quehacer político con mayor entereza para coadyuvar en el cumplimiento de las acciones de gobierno que tanto reclama nuestra sociedad.
Que, dado que las características geográficas de la frontera sur de la nación involucran y comprenden la influencia de cinco estados de la Federación, a lo largo de 1,139 kilómetros, de los cuales 962 colindan con nuestra hermana República de Guatemala y 176 con la de Belice.
Que estas cinco entidades comparten una historia y tradición comunes, basadas en las costumbres, y el pasado de una de las culturas más desarrolladas del mundo prehispánico, denominada mundo maya.
Que ante la oportunidad histórica de representar al pueblo chiapaneco me obliga a elevar la voz para reconocer la extrema marginación y exclusión en que se encuentra la mayoría de los habitantes, sobre todo los que viven en las zonas rurales.
Que esa marginación se refleja en cualquiera de los rubros que se desee analizar, como educación, vivienda, salud, trabajo y, en general, el desarrollo social del campo y de las zonas urbanas.
Que, en contrapartida de esas enormes carencias, los estados del sureste y, principalmente, Chiapas gozan de gran potencial de materias primas, que los hace sumamente atractivos para llevar a cabo una explotación racional basada en la inversión de capital para crear las condiciones infraestructurales necesarias que posibiliten alcanzar mayores índices de desarrollo económico que redunden en mejor bienestar de todos los habitantes de dicha región.
Que la diversidad cultural de México no debe implicar la diferencia social de las regiones geográficas sino que, más bien, debe servirnos como punto de partida para la búsqueda de mayores equilibrios en la dirección y aplicación de las políticas públicas y de los programas de gobierno a escalas federal y estatal, como condición principal del ejercicio armónico de toda administración pública.
Que el progreso del sureste mexicano se extienda más allá de nuestras fronteras e incluye los países de Centroamérica para la integración de las regiones productivas, que hacen necesario un intercambio comercial más remarcado a través del incremento de la comunicación y reciprocidad de experiencias y conocimientos, generados a partir de las necesidades y exigencias de cada sociedad.
Que en la conciencia y el entendimiento de que uno de los mayores desafíos para el crecimiento igualitario del país es el abatimiento de los rezagos sociales en la vasta región de la frontera sur y como representante social del XII distrito en el estado de Chiapas, es mi deber impulsar desde el Poder Legislativo la expansión, el crecimiento y el auge económico de la región, por medio de mayor asignación de recursos presupuestales que vayan destinados a alentar la diversificación productiva y la vinculación estrecha entre los ámbitos rural y urbano, fortaleciendo la capacidad económica y de gestión de todos los municipios, intensificando la participación de la población en las acciones y los proyectos gubernamentales que se vean reflejados directamente en mejor calidad de vida de los ciudadanos mexicanos del sureste.
Que ante la necesidad de conjuntar trabajos y esfuerzos entre todos los órganos y las instituciones del gobierno mexicano, en mi calidad de representante social y diputado federal por el XII distrito electoral del estado de Chiapas de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, solicito se instituya nuevamente la Comisión Especial de Asuntos de la Frontera Sur, con la finalidad principal de contribuir y dar seguimiento a la creación y aplicación de los diversos programas específicos de abatimiento de la desigualdad social en la franja fronteriza del sureste mexicano.
Que por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo establecido en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, propongo el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se crea la Comisión Especial de Asuntos de la Frontera Sur de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en la LIX Legislatura, encargada de coadyuvar y dar seguimiento, en el ámbito de las competencias del Poder Legislativo federal, a los proyectos y programas de desarrollo regional relacionados con la frontera sur.
Esa Comisión Especial atenderá las proposiciones que, en materia de desarrollo regional para la frontera sur del país, presenten los legisladores y demás sujetos con derecho a ello, así como en los planteamientos que en dicha área establecen el Plan Nacional de Desarrollo 2000-2006 y los demás de carácter regional.
Segundo. La Comisión Especial impulsará y propondrá a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Hacienda y al Pleno de la Cámara de Diputados los programas y proyectos prioritarios de desarrollo, así como iniciativas que permitan el fortalecimiento y los avances de la frontera sur.
Tercero. La Comisión Especial de Asuntos de la Frontera Sur estará integrada por 30 diputados y diputadas, pertenecientes a todos los grupos parlamentarios, preferentemente de los estados que forman la región del sureste mexicano, y funcionará por el término de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre de 2003.
Diputados federales por el estado de Campeche que apoyan la propuesta de Asuntos de la Frontera Sur
Diputados: Carmen Guadalupe Fonz Sáenz (rúbrica), Enrique Ariel Escalante Arceo, Rafael Alejandro Moreno Cárdenas (rúbrica), Oscar Rodríguez Cabrera (rúbrica).
Diputados federales por el estado de Chiapas que apoyan la propuesta de Asuntos de la Frontera Sur
Diputados: Carlos Oswaldo Pano Becerra (rúbrica), Jorge Baldemar Utrilla Robles (rúbrica), María Elena Orantes López (rúbrica), Juan Antonio Gordillo Reyes (rúbrica), Julián Nazar Morales, Florencio Collazo Gómez (rúbrica), Mario Carlos Culebro Velasco (rúbrica), Francisco Grajales Palacios, Belisario Iram Herrera Solís (rúbrica), César Amín González Orantes, Sonia Rincón Chanona (rúbrica), Sami David David (rúbrica).
Diputados federales por el estado de Tabasco que apoyan la propuesta de Asuntos de la Frontera Sur
Diputados: Francisco Herrera León, Luis Felipe Madrigal Hernández, Rogelio Rodríguez Javier, Eugenio Mier Concha, Carlos Rovirosa Ramírez, Amalín Yabur Elías, Addy García López, Angel Augusto Buendía Tirado (rúbricas).
Diputados federales por el estado de Quintana Roo que apoyan la propuesta de Asuntos de la Frontera Sur
Diputados: Víctor Manuel Alcerreca Sánchez (rúbricas), Félix Arturo González Canto.
Diputados federales del grupo parlamentario del PRD de los estados de la frontera sur que apoyan la propuesta de crear la Comisión Especial de Asuntos de la Frontera Sur
Diputados: Emilio Zebadúa González, Abraham Bagdadi Estrella, Rogelio Franco Castán, Dolores Gutiérrez Zurita, César Antonio Chávez Castillo (rúbricas).
(Turnada a la Junta de Coordinación Política. Septiembre 30 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE EXHORTAR AL SECRETARIO DE GOBERNACION A QUE CONVOQUE, MEDIANTE LA SUBSECRETARIA DE POBLACION, MIGRACION Y ASUNTOS RELIGIOSOS, A UN DEBATE AMPLIO Y ABIERTO CON LA PARTICIPACION CIUDADANA, ASOCIACIONES RELIGIOSAS E INSTITUCIONES ACADEMICAS PARA EMITIR EL PROYECTO DE REGLAMENTO DE LA LEY DE ASOCIACIONES RELIGIOSAS Y CULTO PUBLICO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO DANIEL ORDOÑEZ HERNANDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DEL MARTES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2003
El suscrito, diputado federal de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Mediante el cual se exhorta al Poder Ejecutivo de la nación a que, por conducto de la Secretaría de Gobernación, convoque a las asociaciones religiosas, instituciones académicas, así como a la ciudadanía en general a la discusión amplia y abierta para la emisión del Reglamento de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.
Al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El 15 de julio de 1992 se publicó la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Su fundamento básico, establecido en el artículo 1º, enuncia el principio histórico de la separación del Estado y las Iglesias, así como la libertad de creencias religiosas.
Han transcurrido más de 11 años desde la publicación de este ordenamiento jurídico, y desde entonces carece de un reglamento que norme su aplicación y actualice sanciones por incumplimientos o violaciones a la misma.
Con indignación, fuimos testigos de la postración del titular del Poder Ejecutivo ante la presencia del jefe del Estado Vaticano, cuya visita a nuestro país se llevó a cabo con carácter de "visita pastoral", siendo representante de una de las opciones religiosas existentes.
Pero eso no es todo.
En el proceso electoral que concluyó el 6 de julio, en actos a todas luces violatorios de la ley, observamos cómo diversos ministros religiosos se manifestaron, abierta y directamente, en favor o en contra de determinado partido político o candidato, influyendo así en el ánimo de sus fieles.
Dan testimonio de tales hechos las más de 150 declaraciones en la prensa, los documentos emitidos por sus instancias oficiales y los diversos actos religiosos de clérigos a lo largo y ancho de nuestro país.
Otro hecho que constituye una clara violación a la ley es el caso del contrato de exclusividad de licencia de uso de derechos de propiedad intelectual celebrado el pasado 31 de marzo de 2002 por el actual rector de la basílica, Diego Monroy, a la empresa estadounidense Viotran, propiedad de la C. Teresa Herrera por la cantidad de 12.5 millones de dólares, mediante el cual se autorizó utilizar la imagen oficial de la virgen de Guadalupe para efectos de comercializar dicha imagen tal y como se desprende de la cláusula sexta del referido contrato.
Ello representa un acto violatorio clarísimo al artículo 8º de la Ley de Asociaciones Religiosas, al haber obtenido lucro en el ejercicio de sus atribuciones como Iglesia.
Por otro lado, la transmisión de las homilías en el canal 4 de Televisa y en el sistema privado de cable por Claravisión constituyen una flagrante violación a lo dispuesto por el artículo 21, párrafo segundo, de la Ley de Asociaciones Religiosas, toda vez que dichas transmisiones no se realizan de manera extraordinaria, como lo indica el precepto jurídico, ya que desde hace bastante tiempo se transmiten de manera periódica cada domingo en el mismo horario.
Actos de intolerancia religiosa quedaron manifiestos en los exhortos para la cancelación del programa sobre uso del condón para prevenir el VIH que hizo el arzobispo de Acapulco, Felipe Aguirre Franco; y una semana después, la Secretaría de Salud del estado decidió suspender dicho programa, dando pie nuevamente a la impunidad, pues el artículo 29, párrafo IV, de la citada ley señala que las asociaciones religiosas cometen infracción al promover conductas contrarias a la salud.
Esta serie de sucesos ha generado el quebranto silencioso al Estado laico.
Y por el otro, la carencia de un reglamento de la ley en la materia, que ha generado impunidad sobre los actos de violación al Estado laico.
No se trata de inhibir la libertad religiosa que existe para todos los individuos, pero siendo la obligación de las autoridades garantizar imparcialmente a la ciudadanía el ejercicio de tal libertad, se requiere que durante el tiempo de su encargo reserven para el ámbito personal el ejercicio de sus convicciones religiosas.
El proyecto de reglamento de la Secretaría de Gobernación establece que las instituciones responsables de brindar asistencia en materia de salud, readaptación social y migración, tengan la obligación de permitir a las asociaciones religiosas brindar asistencia espiritual a internos y usuarios. La intervención de la autoridad encargada de dichos centros vulneraría los principios de equidad, imparcialidad y neutralidad, lo que, lejos de garantizar la libertad religiosa, daría pauta a un ejercicio de discriminación, al separar a la población usuaria según su credo religioso.
Por todo esto es impostergable recordarle al Ejecutivo que el Estado mexicano es laico y que el laicismo es la mejor herramienta para el respeto y equidad entre las religiones; necesitamos darle vigencia a la libertad de culto y evitar que cualquier régimen se sirva de una religión para su beneficio.
Es impostergable la emisión del reglamento; empero, la Secretaría de Gobernación debe ser sensible a la necesidad y urgencia de emitirlo. A partir del consenso ciudadano, convocando a los académicos, intelectuales, estudiosos del tema y a las asociaciones religiosas. Todo en congruencia con nuestra Constitución y la ley en la materia.
Honorable asamblea
Un Estado laico es aquel en el que las autoridades garantizan a la población el ejercicio de sus derechos. Para el espíritu y sus misterios se reservan los templos, la sociedad mexicana basa en esa separación su libertad política y religiosa.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de este Pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero: Se exhorte al Poder Ejecutivo de la nación a que, por conducto de la Secretaría de Gobernación, convoque a las asociaciones religiosas, instituciones académicas, así como a la ciudadanía en general, a la discusión amplia y abierta para la emisión del Reglamento de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.
Segundo: Que la Secretaría de Gobernación informe a esta soberanía mediante la Comisión de Gobernación sobre los avances de dicho asunto.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre de 2003.
Diputados: Daniel Ordóñez Hernández, Abraham Bagdadi Estrella, Gelacio Montiel Fuentes, Minerva Hernández Ramos, Horacio Martínez Meza, Diana Bernal Ladrón de Guevara, José Luis Cabrera Padilla, Elba Garfias Maldonado, Rocío Sánchez Pérez, Angélica de la Peña Gómez, Francisco Javier Carrillo Soberón, Omar Ortega Alvarez, Tomás Cruz Martínez, Miguel Alonso Raya, Miguel Luna Hernández, Cristina Portillo Ayala, Ana Lilia Guillén Quiroz, Miguel Angel García Domínguez, Emilio Zebadúa González, Marcela Lagarde y de los Ríos, Jorge Martínez Ramos, Lizbeth Rosas Montero, Agustín Rodríguez Fuentes, Inti Muñoz Santini, Edgar Torres Baltasar, Martha L. Mícher Camarena, Salvador Martínez Della Rocca, Iván García Solís (rúbricas).
(Turnada a la Comisión de Gobernación; en tanto se designa ésta, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo. Septiembre 30 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE SE EXHORTE AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL Y AL SECRETARIO DE GOBERNACION A QUE CON LA MAYOR BREVEDAD SE LIBEREN LOS RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE DEL FONDEN Y DEL FONDO DE APOYO PARA CONTINGENCIAS A LOS MUNICIPIOS DE SANTIAGO IXCUINTLA, SAN BLAS, TUXPAN, TECUALA, ROSAMORADA, RUIZ, LA YESCA, ACAPONETA Y EL NAYAR, DEL ESTADO DE NAYARIT; Y DE QUE SE INTEGRE UNA COMISION ESPECIAL DE DIPUTADOS QUE SE TRASLADE A LAS ZONAS DE DESASTRE PARA SU EVALUACION, PRESENTADA POR LA DIPUTADA MARIA HILARIA DOMINGUEZ ARVIZU, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA SESION DEL MARTES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2003
Los suscritos diputados federales, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional por el estado de Nayarit, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permiten presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal a que, por razones humanitarias, mediante decreto administrativo, agilice o, en su caso, simplifique la liberación de recursos emergentes del fondo revolvente del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y del Fondo de Apoyo para Contingencias para su ejercicio en los municipios de Santiago Ixcuintla, San Blas, Tuxpan, Tecuala, Rosamorada, Ruiz, La Yesca, El Nayarit y Acaponeta, del estado de Nayarit, a efecto de que se apliquen con la mayor brevedad en programas de apoyo para vivienda, empleo emergente y de ayuda a la agricultura, la ganadería y la pesca, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Con fecha 26 de septiembre del presente año, el Diario Oficial de la Federación publicó la declaratoria de desastre natural emitida por la Secretaría de Gobernación para los municipios de La Yesca, San Blas, Santiago Ixcuintla, Tuxpan, Ruiz, Tecuala y Acaponeta, del estado de Nayarit, los cuales resultaron afectados por lluvias torrenciales e inundaciones, con lo cual podrá accederse a los recursos del Fonden.
No obstante lo anterior y que dicho fondo tiene como objeto atender los efectos de desastres naturales imprevisibles cuya magnitud supere la capacidad financiera de respuesta de las dependencias y las entidades paraestatales, así como de los estados, y que es un instrumento complementario respecto a las acciones que deben implantarse y llevarse a cabo para la atención de este tipo de desastres, a la fecha, lamentablemente, han sido mínimos los apoyos y recursos recibidos por los más de 47 mil damnificados de los municipios nayaritas mencionados.
En su momento, el gobierno del estado manifestó y reconoció que la atención de los daños ocasionados por los fenómenos naturales presentados durante este mes rebasa su capacidad operativa y financiera para brindar inmediata atención a los miles de damnificados y, de antemano, expresa su aceptación y acuerdo con las condiciones y fórmulas de coparticipación de pago que establecen las Reglas de Operación del Fonden vigentes, así como el compromiso de asegurar la infraestructura pública que sea objeto de apoyo.
En recorrido efectuado por las zonas siniestradas durante el pasado fin de semana, por parte de mis compañeros legisladores y su servidora, constatamos que los daños ocasionados por los fenómenos metereológicos recientes han repercutido directamente en el patrimonio familiar de miles de nayaritas, ocasionando la destrucción de sus viviendas y enseres domésticos, sobre todo en zonas marginadas.
Empero, no menos grave y perjudicial ha sido para los campesinos la afectación de sus tierras y cultivos, en miles y miles de hectáreas.
De igual manera, las consecuencias las han venido sufriendo los ganaderos y los pescadores de la región, por lo cual solicito que se considere prioritaria la aplicación de los recursos emergentes para ser ejercidos preferentemente en programas de vivienda y apoyo de la agricultura, la ganadería y la pesca.
Por lo anterior, solicitamos al Pleno su solidaridad para brindar apoyo rápido y expedito a los municipios del estado de Nayarit. De igual forma, solicitamos a la Presidencia turne a la Junta de Coordinación Política el siguiente
Punto de Acuerdo
Y, asimismo, sea publicado el texto íntegro en la Gaceta Parlamentaria.
Primero. Se exhorte al titular del Poder Ejecutivo federal a que, por razones humanitarias, mediante decreto administrativo agilice y simplifique la liberación de recursos emergentes del fondo revolvente del Fondo de Desastres Naturales y del Fondo de Apoyo para Contingencias con miras a su ejercicio en los municipios de Santiago Ixcuintla, San Blas, Tuxpan, Tecuala, Rosamorada, Ruiz, La Yesca, el Nayar y Acaponeta, del estado de Nayarit, a efecto de que se apliquen con la mayor brevedad en programas de apoyo para vivienda, empleo emergente y de ayuda para la agricultura, la ganadería y la pesca.
Por lo expuesto, solicitamos al diputado Presidente que ponga a la consideración del honorable Pleno la urgente y obvia resolución del presente proyecto con punto de acuerdo, en términos del artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre de 2003.
Diputados: María Hilaria Domínguez Arvizu, Gerardo Montenegro Ibarra (rúbricas).
(Aprobado; comuníquese. Septiembre 30 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE LA CAMARA DE DIPUTADOS SE PRONUNCIE Y EXPRESE SU FIRME Y ENERGICO RECHAZO AL TRATO QUE SE DA A NUESTROS CONNACIONALES, QUE SON DEPORTADOS EN CONDICIONES INHUMANAS, VIOLENTANDO TODA NORMA DE LEY, INCLUIDOS VARIOS TRATADOS INTERNACIONALES, PRESENTADA POR LA DIPUTADA LAURA MARTINEZ RIVERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA SESION DEL MARTES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2003
Los diputados federales del estado de Coahuila de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados miembros del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo por las siguientes consideraciones.
Es de conocimiento general que a partir de los atentados del 11 de septiembre de 2001 Estados Unidos de América endureció las medidas de seguridad nacional, adoptando posiciones extremas para evitar según ellos ataques similares.
La posición de México en el tema de Irak fue un factor más de confrontación entre ambas naciones y se constituyó en una seria traba para la agenda bilateral de México y Estados Unidos.
Las negociaciones para lograr un acuerdo migratorio han sido afectadas de forma negativa; sin duda el asunto es de gran importancia para un gran número de mexicanos, pero también para nuestro vecino del norte, que es el principal centro de recepción de la mano de obra mexicana que busca oportunidades para satisfacer sus necesidades, que para vergüenza y oprobio de nuestro país no han encontrado aquí.
El tránsito hacia la búsqueda de mejores oportunidades es, sin duda, de difícil acceso, enfrentando enormes riesgos, incluido el de perder la vida y la de sus familias para llegar al vecino país del norte.
La frontera norte de nuestro país es la más transitada del mundo, y a través de ella se da un enorme intercambio de mercancías y se comparte además un desarrollo industrial y cultural, por lo que para que se siga realizando este benéfico intercambio es necesaria una sana y más justa relación.
A través de diversos estudios bilaterales se ha demostrado el importante papel que para la economía del vecino del norte representa la mano de obra mexicana. Sin embargo, la mayoría de esta mano de obra no tiene acceso a los mínimos de seguridad social.
Es evidente que, frente a la importancia que nuestros connacionales representan para la economía norteamericana, esto no se refleja en sus políticas migratorias.
Implementaron el Programa Guardián, que ha servido para cerrar con bardas, con bloqueos la entrada de mexicanos a ese país.
En los últimos años, en el tramo de Baja California y el estado norteamericano de California la vigilancia ha sido con patrulleros, alumbrado, sensores, telescopios de visión nocturna; la estrategia de "Guardián" es imposibilitar el cruce, empujando a los migrantes hacia las montañas y los desiertos, donde predominan las condiciones extremas, hasta lograr su muerte en muchas ocasiones.
A esta grave situación hay que agregar que los consulados mexicanos no brindan la atención adecuada a nuestros trabajadores por falta de recursos presupuestales, con lo que sólo brindan atenciones mínimas, y a veces ni eso.
Un informe del Banco de México señala que las remesas de dinero de migrantes equivalen al 83% de la inversión de Estados Unidos en México. Sin embargo, este sector de mexicanos ha sido olvidado y marginado de la política mexicana y ya es tiempo de que el país les devuelva algo: a cambio de ese gran aporte a la economía nacional.
Por otra parte, el Presidente Fox ha destacado la importancia que las remesas de los trabajadores migrantes tienen en la economía nacional, remesas que han llegado a equipararse con la inversión extranjera directa, declarando el propio Presidente que éstas han permitido a millones de mexicanos salir de la pobreza extrema.
No es desconocido que México y Estados Unidos de América comparten muchos proyectos de inversión y de desarrollo comercial, pero también problemas que sólo con la acción bilateral se pueden resolver. De alguna manera, el tránsito de mercancías ha sido normado gracias al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, sin embargo el tránsito de personas presenta grandes dificultades que no han sido superadas.
El flujo migratorio ilegal, que constituye una fuente de riqueza para la agricultura y la industria del vecino del norte es, sin duda, el sector más vulnerable y sensible ante abusos de este tipo.
En fechas recientes, los medios de comunicación han difundido reiteradas notas sobre la deportación en condiciones inhumanas y humillantes de nuestros connacionales sin ningún fundamento, violentando toda norma de ley incluyendo varios tratados internacionales de los cuales ambos países son signatarios.
Particularmente nos referimos al Programa Piloto de Repatriación Lateral, que consiste en deportar por el estado de Texas a los inmigrantes indocumentados capturados en Arizona, con el pretexto, según las autoridades norteamericanas, de prevenir las muertes de los connacionales.
El programa inició el ocho de septiembre y ha concluido el pasado 28 de este mes; diariamente se deportaron cerca de 300 indocumentados, por lo que al final del programa serán de aproximadamente 6 mil personas.
Lo anterior es totalmente condenable, ya que se han violado sus derechos humanos cuando retornaban a sus lugares de origen.
La defensa de los derechos de nuestros trabajadores migratorios, que son fuente de riqueza y divisas, es uno de los grandes pendientes de la agenda nacional, que aunque últimamente ha confirmado su interés en este sector, aún no ha tomado medidas que detengan el trato humillante e indigno en los procesos de deportación.
El pasado 22 de septiembre, tardíamente, la Secretaría de Relaciones Exteriores emitió un comunicado de prensa respecto a este programa de repatriación lateral de nuestros connacionales que ingresen a territorio estadounidense, mediante el cual el gobierno, a través de las Secretarías de Gobernación, y de Relaciones Exteriores manifiesta a las autoridades migratorias estadounidenses su desacuerdo con dicho programa.
Simultáneamente, se instruyó al Instituto Nacional de Migración y a los consulados a efecto de que se tomen las acciones necesarias a fin de asegurar la observancia de los derechos de los migrantes.
Hasta ahora la influencia del gobierno mexicano para la reducción y eliminación de estas arbitrariedades ha sido nula y la citada carta emitida por el gobierno a través de las Secretarías de Gobernación, y de Relaciones Exteriores no manifiesta el rechazo enérgico ante esta situación.
Por otra parte, pocos son los logros de los esfuerzos de las organizaciones no gubernamentales (ONG) de nuestro país defensoras de los derechos humanos en sus propuestas y solicitudes para la eliminación de este Programa de Repatriación Lateral, que viola y pone en riesgo la seguridad de hombres, mujeres y niños migrantes, al deportarlos encadenados y esposados por lugares desconocidos.
Finalmente, no debemos olvidar que el Estado debe cumplir su responsabilidad de preservar y garantizar valores tan preciados como la vida, la libertad y la dignidad de las personas y no simular asumirla como se hace en el discurso ante el problema migratorio, cuyas dimensiones precisan de la impostergable intervención del Ejecutivo federal, quien está obligado a atenderlo, dado su carácter de asunto de Estado que es.
En este sentido, no debe ser ilusorio aspirar a una relación basada en el respeto, en normas compartidas, que permitan una relación armónica y productiva.
Estamos convencidos de que aún es tiempo de elevar una enérgica protesta ante este programa, que aun siendo piloto, puede sentar un precedente para un programa permanente de estas características, ante lo cual no debemos permanecer mudos y mucho menos pasivos. Por todo lo anterior, y con respeto irrestricto a la soberanía de Estados Unidos, los suscritos presentamos a esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Que la Cámara de Diputados de la LIX Legislatura se pronuncie y exprese su firme y enérgico rechazo al trato que se da a nuestros connacionales que son deportados en condiciones inhumanas, violentando toda norma de ley, incluyendo varios tratados internacionales de los cuales ambos países son signatarios.
Segundo. Exhortar al Ejecutivo para que, a través de las instancias correspondientes, eleve una enérgica protesta ante el trato que las autoridades migratorias de Estados Unidos dan a nuestros connacionales en el proceso de deportación a nuestro país e inicie trabajos para la elaboración de un acuerdo migratorio con Estados Unidos de América, que garantice la dignidad y las seguridad de los inmigrantes mexicanos.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 30 días de septiembre de 2003.
Dip. Laura Elena Martínez Rivera (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Relaciones Exteriores; en tanto se designa ésta, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo. Septiembre 30 de 2003.)
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