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Dictámenes
- De la Comisión de Desarrollo Social, con proyecto de Ley General de Desarrollo Social.
- Del grupo parlamentario del PRI, a la Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, licenciada Patricia Espinosa Torres, con motivo de su comparecencia ante la Comisión de Equidad y Género.
- Del grupo parlamentario del PAN, a la Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, licenciada Patricia Espinosa Torres, con motivo de su comparecencia ante la Comisión de Equidad y Género.
- Del grupo parlamentario del PRD, a la Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, licenciada Patricia Espinosa Torres, con motivo de su comparecencia ante la Comisión de Equidad y Género.
- Del grupo parlamentario del PRI, al ingeniero Alberto Cárdenas Jiménez, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con motivo de su comparecencia ante la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
- Del grupo parlamentario del PAN, al ingeniero Alberto Cárdenas Jiménez, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con motivo de su comparecencia ante la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
- Del grupo parlamentario del PRD, al ingeniero Alberto Cárdenas Jiménez, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con motivo de su comparecencia ante la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
- Del grupo parlamentario del PVEM, al ingeniero Alberto Cárdenas Jiménez, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con motivo de su comparecencia ante la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
- Del grupo parlamentario del PRI, al procurador general de la República, General Rafael Macedo de la Concha, con motivo de su comparecencia ante las Comisiones de Justicia y Derechos Humanos, y de Seguridad Pública.
- Del grupo parlamentario del PAN, al procurador general de la República, General Rafael Macedo de la Concha, con motivo de su comparecencia ante las Comisiones de Justicia y Derechos Humanos, y de Seguridad Pública.
- Del grupo parlamentario del PRD, al procurador general de la República, General Rafael Macedo de la Concha, con motivo de su comparecencia ante las Comisiones de Justicia y Derechos Humanos, y de Seguridad Pública.
- Del grupo parlamentario del PVEM, al procurador general de la República, General Rafael Macedo de la Concha, con motivo de su comparecencia ante las Comisiones de Justicia y Derechos Humanos, y de Seguridad Pública.
- Del grupo parlamentario del PT, al procurador general de la República, General Rafael Macedo de la Concha, con motivo de su comparecencia ante las Comisiones de Justicia y Derechos Humanos, y de Seguridad Pública.
- Del grupo parlamentario de Convergencia, al procurador general de la República, General Rafael Macedo de la Concha, con motivo de su comparecencia ante las Comisiones de Justicia y Derechos Humanos, y de Seguridad Pública.
- Del grupo parlamentario del PRD, adicionales, al secretario de Economía, licenciado Fernando Canales Clariond, con motivo de su comparecencia ante la Comisión de Economía.
Dictámenes
HONORABLE ASAMBLEA:
Con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el 30 de abril pasado le fue turnada a esta Comisión, para su análisis y dictamen, la Minuta Proyecto de Decreto que crea la Ley General de Desarrollo Social.
En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 56, 60, 65, 87, 88, 89 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del mismo, la Comisión de Desarrollo Social somete a la consideración de esta honorable asamblea el dictamen correspondiente a la mencionada minuta, para cuyo efecto se tomaron en consideración los siguientes:
ANTECEDENTES
Primero.- En sesión celebrada el 30 de abril de 2003, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó a esta Comisión la Minuta Proyecto de Decreto que crea la Ley General de Desarrollo Social.
Segundo.- En la LVII Legislatura del Congreso de la Unión la Diputada Clara Marina Brugada Molina, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática presentó una Iniciativa con Proyecto de Ley General de Desarrollo Social.
Tercero.- A esta Comisión le fueron turnados, en la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión, para su análisis y dictamen las siguientes iniciativas:
b). Iniciativa con Proyecto de Ley de Desarrollo Social presentada el 26 de marzo de 2002 por el Diputado Francisco J. Cantú Torres, del Partido Acción Nacional.
c). Iniciativa con Proyecto de Ley General de Desarrollo Social, presentada por el Diputado Narciso Alberto Amador Leal, del Partido Revolucionario Institucional, el 16 de abril de 2002.
El Proyecto de Ley, objeto del presente dictamen, sintetiza la voluntad de los legisladores de los diversos grupos parlamentarios con la finalidad que nuestro país cuente con un marco jurídico que reconozca y atienda, de manera integral, el desarrollo social.
Los partidos políticos y sus grupos parlamentarios han dimensionado la relevancia que significa contar con políticas públicas que, con eficiencia y eficacia, ayuden a subsanar y superar las desigualdades sociales que padecen muchos mexicanos. Evidencia de ello son las diferentes iniciativas que sobre la materia se presentaron tanto en esta Cámara como en la Colegisladora.
Es coincidencia de los integrantes de la Comisión que este Proyecto de Ley constituye un avance significativo para cumplir con la necesidad de instituir, desde un marco jurídico, las medidas que permitan fincar bases sólidas que aseguren el acceso de las mexicanas y los mexicanos al desarrollo sin que medie motivo alguno para cualquier tipo de discriminación.
Asimismo coinciden en la necesidad de establecer una ley marco del desarrollo social que articule, en forma coherente, las políticas públicas y que, a su vez, permita la concurrencia de los tres niveles de gobierno en la planeación, diseño y ejecución de las acciones así como la participación de los sectores público, social y privado.
Igualmente comparten la visión de que la ley que se fundamenta refleja los avances democráticos de la sociedad mexicana.
Como toda ley, la que se somete a consideración de esta Asamblea, tiene sus bases en nuestra Carta Magna, tanto por lo que corresponde a las disposiciones establecidas en los artículos 25 y 26, relativos a la garantía que el desarrollo nacional sea integral y que, a través del fomento al crecimiento económico, al empleo, al equitativo reparto del ingreso y la riqueza, se permita el ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos y grupos sociales para estar en concordancia con el sistema de planeación democrática del desarrollo nacional organizado por el Estado, que contempla la participación de los diversos sectores sociales, recogiendo e incorporando sus aspiraciones y demandas. También lo es en cuanto retoma las diversas iniciativas presentadas por legisladores de las distintas fracciones parlamentarias en las legislaturas anteriores tal como se señala en los Antecedentes del presente dictamen.
El Proyecto de Ley objeto del presente dictamen consta de 85 artículos distribuidos en cinco títulos, además de seis transitorios.
La Comisión que dictamina considera relevante señalar que, si bien en nuestro país la referencia a los derechos sociales ha sido reiterada, es la primera ocasión que, en un ordenamiento jurídico, se enuncian de manera explícita.
Destaca que los principios a los que se sujetarán los derechos sociales son: la libertad, la justicia distributiva, la solidaridad, la integralidad, la participación social, la sustentabilidad, el respeto a la diversidad, la libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas y sus comunidades, y el de transparencia.
Dispone que en la planeación del desarrollo se deberá incorporar la Política Nacional de Desarrollo Social y determina que la planeación deberá concretarse a través de los programas municipales; los planes y programas estatales; el Programa Nacional de Desarrollo Social y los programas institucionales y regionales de organizaciones que se realicen con participación de recursos públicos, así como de los programas especiales. Determina que serán los municipios los principales ejecutores de los programas, recursos y acciones federales para el desarrollo social.
Se puntualizan los lineamientos y criterios del financiamiento de la política social. De tal manera que los programas, fondos y recursos destinados al desarrollo social se consideran prioritarios y de interés público; no podrán ser inferiores, en términos reales, a los destinados en el año fiscal anterior e incrementarse, por lo menos, en la misma proporción del Producto Interno Bruto. En este mismo aspecto faculta al Gobierno Federal para establecer y administrar un fondo de contingencia social ante fenómenos económicos y presupuestales imprevistos, cuyo monto y reglas mínimas estarán contempladas en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
La existencia de grupos sociales y regiones en donde las desigualdades son más profundas y las condiciones de pobreza y marginación son amplias y complejas, hacen indispensable concentrar las energías y los recursos de las instituciones públicas y de la sociedad para que esos mexicanos alcancen, en el menor tiempo posible, por lo menos, los promedios nacionales de bienestar, motiva la inclusión de un capítulo relativo a las zonas de atención prioritaria. En la Ley se establece que, anualmente, el Ejecutivo Federal revisará dichas zonas teniendo como base los estudios de medición de la pobreza que formule el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
Un aspecto fundamental del progreso social del país lo constituye el desarrollo productivo del sector social ante lo cual se añaden normas jurídicas sobre el particular.
Con la finalidad de transparentar aspectos medulares como la definición y la medición de la pobreza, se constituye el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social que dictará los lineamientos y criterios para ello y realizará los estudios correspondientes, con una periodicidad mínima de dos años en cada entidad federativa y con información desagregada a nivel municipal cada cinco años, con el apoyo del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, para lo cual se harán las previsiones presupuestales necesarias.
Se crea el Sistema Nacional para el Desarrollo Social que será una garantía para la concurrencia, colaboración, coordinación y concertación entre los niveles de gobierno y los sectores social y privado. Dicho sistema tiene por objeto integrar la participación de los sectores público, social y privado en el cumplimiento de los objetivos, estrategias y prioridades de la Política Nacional de Desarrollo Social; establecer la colaboración entre las dependencias y entidades federales; promover la concurrencia, vinculación y congruencia de los programas, acciones e inversiones de los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, con los objetivos, estrategias y prioridades de dicha política, así como fomentar la participación de las organizaciones y, en general, de los sectores social y privado en el desarrollo social; coordinar las acciones orientadas a la consecución de los objetivos, estrategias y prioridades de la política nacional de desarrollo social e, impulsar la desconcentración y descentralización de los recursos y acciones para el desarrollo social.
En cuanto a las competencias se señala que el Sistema es coordinado por la Secretaría de Desarrollo Social. Dentro del Sistema, la Secretaría coordinará la correspondencia entre el Programa Nacional de Desarrollo Social, los programas sectoriales y aquellos que formulen las entidades federativas.
Con el fin de consolidar la integralidad y el federalismo sobre bases de coordinación, colaboración y concertación de estrategias y programas en la materia objeto de la ley que se dictamina, se constituye la Comisión Nacional de Desarrollo Social, en cuya integración se contemplan los tres niveles de gobierno.
Igualmente se crea la Comisión Intersecretarial como el instrumento de coordinación de las acciones del Ejecutivo Federal para garantizar la integralidad en el diseño y ejecución de la Política Nacional de Desarrollo Social. Estará integrada por los titulares de las secretarías de Desarrollo Social, quien la presidirá; Gobernación; Hacienda y Crédito Público; Educación Pública; Salud; Medio Ambiente y Recursos Naturales; Energía; Economía; Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Comunicaciones y Transportes; la Función Pública; Trabajo y Previsión Social; Reforma Agraria y la de Turismo.
El Proyecto de Ley que se propone aprobar contempla la formación de un Consejo Consultivo de la Secretaría en el que se refleje la participación ciudadana y la pluralidad de la sociedad. Algunas de las atribuciones de este Consejo son emitir opiniones y formular propuestas sobre la aplicación y orientación de la Política Nacional de Desarrollo Social e impulsar la participación ciudadana y de las organizaciones en el seguimiento, operación y evaluación de la política sectorial.
Reconoce la importancia de involucrar a la sociedad más allá de su incorporación en un órgano consultivo como el anteriormente señalado, al contemplar capítulos dedicados a la participación ciudadana, la denuncia popular y la contraloría social. En cuanto a la participación ciudadana se responsabiliza al Gobierno Federal, a los gobiernos de las entidades federativas y a los municipios el garantizar a la sociedad su participación de manera activa y corresponsable en la planeación, ejecución, evaluación y supervisión de la política social; la denuncia popular faculta a presentar en forma individual o colectiva la denuncia respectiva ante cualquier hecho, acto u omisión lesiva en el ejercicio de los derechos establecidos en la presente Ley y, en cuanto a la contraloría social, se faculta a los beneficiarios, de manera organizada, a ser ellos quienes verifiquen el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos asignados a los distintos programas.
La evaluación de la política social tiene gran relevancia para el cumplimiento efectivo de sus objetivos, por ello, la Ley que proponemos se apruebe establece la creación del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social como un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión de conformidad con la Ley Federal de Entidades Paraestatales, integrado por el titular de la Secretaría de Desarrollo Social, seis académicos que hayan sido o sean miembros del Sistema Nacional de Investigadores y un director general nombrado por el Ejecutivo Federal, cuyo objetivo es normar y coordinar la evaluación de las políticas y programas de desarrollo social, que ejecuten las dependencias públicas así como establecer los lineamientos y criterios para la definición, identificación y medición de la pobreza, garantizando la transparencia, objetividad y rigor técnico en dicha actividad.
Dicha evaluación la podrá realizar el Consejo antes mencionado por sí mismo o a través de uno o varios organismos independientes del ejecutor del programa y sus objetivos serán revisar el cumplimiento del objetivo social de los programas, metas y acciones de la política de desarrollo social.
En las disposiciones transitorias se establece que el titular del Poder Ejecutivo Federal expedirá el reglamento respectivo en un plazo no mayor de 90 días naturales; que los órganos emanados de la Ley, como son el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, la Comisión Nacional, la Comisión Intersecretarial y el Consejo Consultivo deberán quedar instalados en un plazo de 180 días naturales y mandata a esta Comisión y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público a revisar la distribución de los fondos relativos al desarrollo social contenidos en el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal, en un plazo no mayor a 90 días y, en su caso, recomendar las modificaciones que se consideren pertinentes.
Cabe señalar que esta Comisión introdujo varias modificaciones a la Minuta enviada por el Senado, mismas que, a continuación, se describen.
En el artículo 49, fracción I, en la que se precisó en su redacción los titulares de que secretarías formarían parte de la Comisión Nacional de Desarrollo Social así como en su fracción II facultando la participación de otros titulares de dependencias de los gobiernos, federal y estatales, en reuniones específicas del Consejo.
En el artículo 51 se definió que el titular de la Secretaría tiene, entre sus facultades, la designación del subsecretario que fungirá como Secretario Técnico de la Comisión Intersecretarial de Desarrollo Social.
El artículo 78, relativo a las evaluaciones, comprendía dos etapas para realizar las mismas, siendo modificado para que ésta sea anual y multianual solo en los casos que así se determine.
La fracción II del artículo 82, se introdujo una precisión con la finalidad que los investigadores que conformen el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social sean o hayan sido miembros del Sistema Nacional de Investigadores.
En el artículo 83 se introdujeron las siguientes precisiones tanto en su redacción como en su contenido. En primer lugar, se contempla que pueden ser reelectos tres de los investigadores académicos que formen parte de este Consejo y, en segundo lugar, que serán designados por la Comisión Nacional de Desarrollo Social a través de una convocatoria pública cuya responsabilidad será del Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación.
La Ley que dictaminamos de forma aprobatoria y sometemos a su consideración, establece las bases para la construcción de una política social de Estado necesaria para el desarrollo de las potencialidades de los individuos y las comunidades así como para superar las desigualdades.
Por las razones anteriormente expuestas, la Comisión de Desarrollo Social, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO UNICO. Se crea la Ley General de Desarrollo Social.
LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
TÍTULO PRIMERO
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES
Capítulo I
Del Objeto
Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social y de observancia general en todo el territorio nacional, y tiene por objeto:
II. Señalar las obligaciones del Gobierno, establecer las instituciones responsables del desarrollo social y definir los principios y lineamientos generales a los que debe sujetarse la Política Nacional de Desarrollo Social;
III. Establecer un Sistema Nacional de Desarrollo Social en el que participen los gobiernos municipales, de las entidades federativas y el federal;
IV. Determinar la competencia de los gobiernos municipales, de las entidades federativas y del Gobierno Federal en materia de desarrollo social, así como las bases para la concertación de acciones con los sectores social y privado;
V. Fomentar el sector social de la economía;
VI. Regular y garantizar la prestación de los bienes y servicios contenidos en los programas sociales;
VII. Determinar las bases y fomentar la participación social y privada en la materia;
VIII. Establecer mecanismos de evaluación y seguimiento de los programas y acciones de la Política Nacional de Desarrollo Social, y
IX. Promover el establecimiento de instrumentos de acceso a la justicia, a través de la denuncia popular, en materia de desarrollo social.
Artículo 3. La Política de Desarrollo Social se sujetará a los siguientes principios:
II. Justicia distributiva: Garantiza que toda persona reciba de manera equitativa los beneficios del desarrollo conforme a sus méritos, sus necesidades, sus posibilidades y las de las demás personas;
III. Solidaridad: Colaboración entre personas, grupos sociales y órdenes de gobierno, de manera corresponsable para el mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad;
IV. Integralidad: Articulación y complementariedad de programas y acciones que conjunten los diferentes beneficios sociales, en el marco de la Política Nacional de Desarrollo Social;
V. Participación social: Derecho de las personas y organizaciones a intervenir e integrarse, individual o colectivamente en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas, programas y acciones del desarrollo social;
VI. Sustentabilidad: Preservación del equilibrio ecológico, protección del ambiente y aprovechamiento de recursos naturales, para mejorar la calidad de vida y la productividad de las personas, sin comprometer la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras;
VII. Respeto a la diversidad: Reconocimiento en términos de origen étnico, género, edad, capacidades diferentes, condición social, condiciones de salud, religión, las opiniones, preferencias, estado civil o cualquier otra, para superar toda condición de discriminación y promover un desarrollo con equidad y respeto a las diferencias;
VIII. Libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas y sus comunidades: Reconocimiento en el marco constitucional a las formas internas de convivencia y de organización; ámbito de aplicación de sus propios sistemas normativos; elección de sus autoridades o representantes; medios para preservar y enriquecer sus lenguas y cultura; medios para conservar y mejorar su hábitat; acceso preferente a sus recursos naturales; elección de representantes ante los ayuntamientos y acceso pleno a la jurisdicción del Estado, y
IX. Transparencia: La información relativa al desarrollo social es pública en los términos de las leyes en la materia. Las autoridades del país garantizarán que la información gubernamental sea objetiva, oportuna, sistemática y veraz.
Artículo 5. Para los efectos de esta Ley se entiende por:
II. Consejo Consultivo: Consejo Consultivo de Desarrollo Social;
III. Consejo Nacional de Evaluación: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social;
IV. Comisión Intersecretarial: Comisión Intersecretarial de Desarrollo Social;
V. Comisión Nacional: Comisión Nacional de Desarrollo Social;
VI. Grupos sociales en situación de vulnerabilidad: Aquellos núcleos de población y personas que por diferentes factores o la combinación de ellos, enfrentan situaciones de riesgo o discriminación que les impiden alcanzar mejores niveles de vida y, por lo tanto, requieren de la atención e inversión del Gobierno para lograr su bienestar;
VII. Secretaría: Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal;
VIII. Sistema Nacional: Sistema Nacional de Desarrollo Social;
IX. Organizaciones: Agrupaciones civiles y sociales, legalmente constituidas, en las que participan personas o grupos sociales con el propósito de realizar actividades relacionadas con el desarrollo social, y
X. Padrón: Relación oficial de beneficiarios que incluye a las personas atendidas por los programas federales de Desarrollo Social cuyo perfil socioeconómico se establece en la normatividad correspondiente.
DE LOS DERECHOS Y LAS OBLIGACIONES DE LOS SUJETOS DEL DESARROLLO SOCIAL
Capítulo Único
Artículo 6. Son derechos para el desarrollo social la educación, la salud, la alimentación, la vivienda, el disfrute de un medio ambiente sano, el trabajo y la seguridad social y los relativos a la no discriminación en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 7. Toda persona tiene derecho a participar y a beneficiarse de los programas de desarrollo social, de acuerdo con los principios rectores de la Política de Desarrollo Social, en los términos que establezca la normatividad de cada programa.
Artículo 8. Toda persona o grupo social en situación de vulnerabilidad tiene derecho a recibir acciones y apoyos tendientes a disminuir su desventaja.
Artículo 9. Los municipios, los gobiernos de las entidades federativas y el poder Ejecutivo Federal, en sus respectivos ámbitos, formularán y aplicarán políticas compensatorias y asistenciales, así como oportunidades de desarrollo productivo e ingreso en beneficio de las personas, familias y grupos sociales en situación de vulnerabilidad, destinando los recursos presupuestales necesarios y estableciendo metas cuantificables.
Artículo 10. Los beneficiarios de los programas de desarrollo social tienen los siguientes derechos y obligaciones:
II. Acceder a la información necesaria de dichos programas, sus reglas de operación, recursos y cobertura;
III. Tener la reserva y privacidad de la información personal;
IV. Presentar denuncias y quejas ante las instancias correspondientes por el incumplimiento de esta Ley;
V. Recibir los servicios y prestaciones de los programas conforme a sus reglas de operación, salvo que les sean suspendidos por resolución administrativa o judicial debidamente fundada y motivada;
VI. Presentar su solicitud de inclusión en el padrón;
VII. Participar de manera corresponsable en los programas de desarrollo social;
VIII. Proporcionar la información socioeconómica que les sea requerida por las autoridades, en los términos que establezca la normatividad correspondiente, y
IX. Cumplir la normatividad de los programas de desarrollo social.
DE LA POLÍTICA NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
Capítulo I
De los Objetivos
Artículo 11. La Política Nacional de Desarrollo Social tiene los siguientes objetivos:
II. Promover un desarrollo económico con sentido social que propicie y conserve el empleo, eleve el nivel de ingreso y mejore su distribución;
III. Fortalecer el desarrollo regional equilibrado, y
IV. Garantizar formas de participación social en la formulación, ejecución, instrumentación, evaluación y control de los programas de desarrollo social.
De la Planeación y la Programación
Artículo 12. En la planeación del desarrollo se deberá incorporar la Política Nacional de Desarrollo Social de conformidad con esta Ley y las demás disposiciones en la materia.
Artículo 13. La planeación del desarrollo social incluirá los programas municipales; planes y programas estatales; programas institucionales, regionales y especiales; el Programa Nacional de Desarrollo Social; y el Plan Nacional de Desarrollo.
Artículo 14. La Política Nacional de Desarrollo Social debe incluir, cuando menos, las siguientes vertientes:
II. Seguridad social y programas asistenciales;
III. Desarrollo Regional;
IV. Infraestructura social básica, y
V. Fomento del sector social de la economía.
Artículo 16. Los municipios, los gobiernos de las entidades federativas y el Gobierno Federal harán del conocimiento público cada año sus programas operativos de desarrollo social, a través de los medios más accesibles a la población, en un plazo máximo de 90 días a partir de la aprobación de sus presupuestos de egresos anuales respectivos.
Artículo 17. Los municipios serán los principales ejecutores de los programas, recursos y acciones federales de desarrollo social, de acuerdo a las reglas de operación que para el efecto emita el Ejecutivo Federal, excepto en los casos expresamente asignados, legal o administrativamente, a una dependencia, entidad u organismo federal, estatal o del Distrito Federal.
Capítulo III
Del Financiamiento y el Gasto
Artículo 18. Los programas, fondos y recursos destinados al desarrollo social son prioritarios y de interés público, por lo cual serán objeto de seguimiento y evaluación de acuerdo con esta Ley; y no podrán sufrir disminuciones en sus montos presupuestales, excepto en los casos y términos que establezca la Cámara de Diputados al aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Artículo 19. Son prioritarios y de interés público:
II. Las campañas de prevención y control de enfermedades transmisibles y los programas de atención médica;
III. Los programas dirigidos a las personas en condiciones de pobreza, marginación o en situación de vulnerabilidad;
IV. Los programas dirigidos a zonas de atención prioritaria;
V. Los programas y acciones públicas para asegurar la alimentación y nutrición materno-infantil;
VI. Los programas de abasto social de productos básicos;
VII. Los programas de vivienda;
VIII. Los programas y fondos públicos destinados a la generación y conservación del empleo, a las actividades productivas sociales y a las empresas del sector social de la economía, y
IX. Los programas y obras de infraestructura para agua potable, drenaje, electrificación, caminos y otras vías de comunicación, saneamiento ambiental y equipamiento urbano.
Artículo 21. La distribución de los fondos de aportaciones federales y de los ramos generales relativos a los programas sociales de educación, salud, alimentación, infraestructura social y generación de empleos productivos y mejoramiento del ingreso se hará con criterios de equidad y transparencia, conforme a la normatividad aplicable.
Artículo 22. En el Presupuesto Anual de Egresos de la Federación, se establecerán las partidas presupuestales específicas para los programas de desarrollo social y no podrán destinarse a fines distintos.
Artículo 23. La distribución del gasto social con el que se financiará el desarrollo social, se sujetará a los siguientes criterios:
II. Estará orientado a la promoción de un desarrollo regional equilibrado;
III. Se basará en indicadores y lineamientos generales de eficacia y de cantidad y calidad en la prestación de los servicios sociales, y
IV. En el caso de los presupuestos federales descentralizados, las entidades federativas y municipios acordarán con la Administración Pública Federal el destino y los criterios del gasto, a través de los convenios de coordinación.
Artículo 25. El Ejecutivo Federal podrá establecer y administrar un Fondo de Contingencia Social como respuesta a fenómenos económicos y presupuestales imprevistos. En el Presupuesto de Egresos de la Federación se determinará el monto y las reglas mínimas a las que quedará sujeta su distribución y aplicación, incluyendo las previsiones correspondientes para garantizar que los recursos del fondo sean utilizados en el ejercicio fiscal.
Artículo 26. El Gobierno Federal deberá elaborar y publicar en el Diario Oficial de la Federación las reglas de operación de los programas de desarrollo social incluidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como la metodología, normatividad, calendarización y las asignaciones correspondientes a las entidades federativas. Por su parte, los gobiernos de las entidades federativas publicarán en sus respectivos periódicos oficiales, la distribución a los municipios de los recursos federales.
Artículo 27. Con el propósito de asegurar la equidad y eficacia de los programas de desarrollo social, el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría y los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, integrarán el Padrón.
Artículo 28. La publicidad y la información relativa a los programas de desarrollo social deberán identificarse con el Escudo Nacional en los términos que establece la ley correspondiente e incluir la siguiente leyenda: "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social".
Capítulo IV
De las Zonas de Atención Prioritaria
Artículo 29. Se consideran zonas de atención prioritaria las áreas o regiones, sean de carácter predominantemente rural o urbano, cuya población registra índices de pobreza, marginación indicativos de la existencia de marcadas insuficiencias y rezagos en el ejercicio de los derechos para el desarrollo social establecidos en esta Ley. Su determinación se orientará por los criterios de resultados que para el efecto defina el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social que esta Ley señala y deberá, en todo tiempo, promover la eficacia cuantitativa y cualitativa de los ejecutores de la Política Social.
Artículo 30. El Ejecutivo Federal revisará anualmente las zonas de atención prioritaria, teniendo como referente las evaluaciones de resultados de los estudios de medición de la pobreza, que emita el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social e informará a la Cámara de Diputados sobre su modificación para los efectos de asignaciones del Presupuesto de Egresos de la Federación. La Cámara de Diputados, al aprobar el Presupuesto, hará la Declaratoria de Zonas de Atención Prioritaria, la cual deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación, junto con el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación.
Artículo 31. La Declaratoria tendrá los efectos siguientes:
II. Establecer estímulos fiscales para promover actividades productivas generadoras de empleo;
III. Generar programas de apoyo, financiamiento y diversificación a las actividades productivas regionales, y
IV. Desarrollar obras de infraestructura social necesarias para asegurar el disfrute y ejercicio de los derechos para el desarrollo social.
Capítulo V
Del Fomento del Sector Social de la Economía
Artículo 33. Los municipios, los gobiernos de las entidades federativas y el Gobierno Federal fomentarán las actividades productivas para promover la generación de empleos e ingresos de personas, familias, grupos y organizaciones productivas.
Artículo 34. Los municipios, los gobiernos de las entidades federativas y el Gobierno Federal estimularán la organización de personas, familias y grupos sociales, destinando recursos públicos para promover proyectos productivos; identificar oportunidades de inversión, y brindar capacitación, asistencia técnica y asesoría para la organización y el diseño de proyectos y apoyo legal para la realización de estas actividades.
Artículo 35. El Gobierno Federal y los gobiernos de las entidades federativas podrán aportar recursos como capital de riesgo para dar viabilidad a las empresas sociales y destinar recursos para apoyar a personas, familias y organizaciones sociales cuyo objeto sea el financiamiento de proyectos de desarrollo social.
Capítulo VI
De la Definición y Medición de la Pobreza
Artículo 36. Los lineamientos y criterios que establezca el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social para la definición, identificación y medición de la pobreza son de aplicación obligatoria para las entidades y dependencias públicas que participen en la ejecución de los programas de desarrollo social, y deberá utilizar la información que genere el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, independientemente de otros datos que se estime conveniente, al menos sobre los siguientes indicadores:
II. Rezago educativo promedio en el hogar;
III. Acceso a los servicios de salud;
IV. Acceso a la seguridad social;
V. Calidad y espacios de la vivienda;
VI. Acceso a los servicios básicos en la vivienda;
VII. Acceso a la alimentación, y
VIII. Grado de cohesión social.
TÍTULO CUARTO
DEL SISTEMA NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
Capítulo I
Del Objeto e Integración
Artículo 38. El Sistema Nacional es un mecanismo permanente de concurrencia, colaboración, coordinación y concertación de los gobiernos; federal, los de las entidades federativas y los municipales, así como los sectores social y privado, que tiene por objeto:
II. Establecer la colaboración entre las dependencias y entidades federales en la formulación, ejecución e instrumentación de programas, acciones e inversiones en materia de desarrollo social;
III. Promover la concurrencia, vinculación y congruencia de los programas, acciones e inversiones de los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, con los objetivos, estrategias y prioridades de la Política Nacional de Desarrollo Social;
IV. Fomentar la participación de las personas, familias y organizaciones y, en general, de los sectores social y privado en el desarrollo social;
V. Coordinar las acciones orientadas a la consecución de los objetivos, estrategias y prioridades de la Política Nacional de Desarrollo Social, e
VI. Impulsar la desconcentración y descentralización de los recursos y acciones para el desarrollo social, la rendición de cuentas y el fortalecimiento del pacto federal.
De las Competencias
Artículo 39. La coordinación del Sistema Nacional compete a la Secretaría, con la concurrencia de las dependencias, entidades y organismos federales, de los gobiernos municipales y de las entidades federativas, así como de las organizaciones. La Secretaría diseñará y ejecutará las políticas generales de desarrollo social. Al efecto, coordinará y promoverá la celebración de convenios y acuerdos de desarrollo social.
La Secretaría coordinará la correspondencia entre el Programa Nacional de Desarrollo Social, los programas sectoriales y los de las entidades federativas, promoviendo que la planeación sea congruente, objetiva y participativa.
Artículo 40. En el ámbito de sus atribuciones y en congruencia con las disposiciones de esta Ley las legislaturas de los estados, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y los municipios emitirán normas en materia de desarrollo social, tomando en cuenta sus particularidades.
Artículo 41. Los gobiernos de las entidades federativas instituirán un sistema de planeación del desarrollo social; formularán, aprobarán y aplicarán los programas de desarrollo social respectivos, en los términos de la Ley de Planeación y de esta Ley, y, de manera coordinada con el Gobierno Federal, vigilarán que los recursos públicos aprobados se ejerzan con honradez, oportunidad, transparencia y equidad.
Artículo 42. Los municipios formularán, aprobarán y aplicarán sus propios programas de desarrollo social, los cuales deberán estar en concordancia con los de las entidades federativas y el del Gobierno Federal.
Artículo 43. Corresponde al Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría, las siguientes atribuciones:
II. Formular el Programa Nacional de Desarrollo Social y los otros programas en la materia que le señale el Ejecutivo Federal, en coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal relacionadas con la materia, de conformidad con lo establecido en la Ley de Planeación;
III. Determinar anualmente las zonas de atención prioritaria y proponer a la Cámara de Diputados la declaratoria correspondiente;
IV. Diseñar y coordinar los programas y apoyos federales en las Zonas de Atención Prioritaria;
V. Promover la celebración de convenios con dependencias del Ejecutivo Federal, entidades federativas, municipios y organizaciones civiles y privadas, para la instrumentación de los programas relacionados con el desarrollo social;
VI. Diseñar los criterios de ejecución anual del Programa en el ámbito de su competencia;
VII. Promover y fomentar la participación de la sociedad, en la elaboración, ejecución y evaluación de las Políticas Públicas de Desarrollo Social;
X. Promover, con la intervención de los gobiernos de los estados respectivos, la participación de los municipios en el diseño y ejecución de los programas de desarrollo social, y
XI. Las demás que le señale esta Ley, su reglamento y otras disposiciones aplicables.
II. Convenir acciones y programas sociales con el Gobierno Federal;
III. Convenir acciones y programas sociales con los gobiernos de sus municipios;
IV. Concertar acciones con organizaciones en materia de desarrollo social;
V. Fomentar la organización y participación ciudadana en los programas de desarrollo social;
VI. Ejercer los fondos y recursos federales descentralizados o convenidos en materia social, en los términos de las leyes respectivas; así como informar a la Secretaría sobre el avance y resultados generados con los mismos;
VII. Informar a la sociedad sobre las acciones en torno al desarrollo social, y
VIII. Las demás que le señala la Ley, su reglamento y demás disposiciones aplicables.
II. Coordinar, con el gobierno de su entidad, la ejecución de los programas de desarrollo social;
III. Coordinar acciones con municipios de su propia entidad, en materia de desarrollo social;
IV. Coordinar acciones de desarrollo social con municipios de otras entidades federativas, con la aprobación de las legislaturas correspondientes;
V. Ejercer los fondos y recursos federales descentralizados o convenidos en materia social en los términos de las leyes respectivas; así como informar a la Secretaría, a través de los gobiernos estatales, sobre el avance y resultados de esas acciones;
VI. Concertar acciones con los sectores social y privado en materia de desarrollo social;
VII. Establecer mecanismos para incluir la participación social organizada en los programas y acciones de desarrollo social;
VIII. Informar a la sociedad sobre las acciones en torno al desarrollo social, y
IX. Las demás que le señala la Ley, su reglamento y demás disposiciones aplicables.
Capítulo III
De la Comisión Nacional de Desarrollo Social
Artículo 47. La Comisión Nacional es un instrumento de coordinación de los programas, acciones e inversiones que para el cumplimiento de los objetivos, estrategias y prioridades de la Política Nacional de Desarrollo Social lleven a cabo, en el ámbito de sus competencias, las dependencias y entidades federales, ya sea de manera directa o en concurrencia con gobiernos de las entidades federativas y de los municipios o en concertación con los sectores social y privado.
Artículo 48. La Comisión Nacional tiene por objeto consolidar la integralidad y el federalismo sobre bases de coordinación, colaboración y concertación de estrategias y programas de desarrollo social.
Artículo 49. La Comisión Nacional será presidida por el titular de la Secretaría y además estará integrada por:
II. El titular de la dependencia responsable del desarrollo social en cada gobierno de las entidades federativas. Podrán ser invitados a participar en reuniones específicas, los titulares de otras dependencias de dichos gobiernos;
III. Un representante de cada una de las asociaciones nacionales de autoridades municipales, legalmente reconocidas, y
IV. Los presidentes de las comisiones de desarrollo social de las cámaras de diputados y senadores.
II. Proponer criterios para la planeación y ejecución de las políticas y programas de desarrollo social en los ámbitos regional, estatal y municipal;
III. Proponer programas estatales y regionales, así como acciones e inversiones en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Nacional de Desarrollo Social y las políticas públicas a que se refiere la fracción anterior;
IV. Proponer mecanismos de financiamiento y distribución de recursos federales para el desarrollo social de las entidades federativas;
V. Opinar sobre los presupuestos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal involucradas en los programas de desarrollo social;
VI. Analizar y proponer esquemas alternativos de financiamiento para los programas de desarrollo social y de superación de la pobreza;
VII. Promover el intercambio de experiencias en materia de desarrollo social y de superación de la pobreza;
VIII. Revisar el marco normativo del desarrollo social y, en su caso, proponer y promover modificaciones ante las instancias competentes;
IX. Aprobar la propuesta de reglas que deban regir la participación social que haga la Secretaría;
X. Proponer acciones de capacitación para servidores públicos de los tres órdenes de gobierno en aspectos relacionados con el desarrollo social;
XI. Proponer la creación de grupos de trabajo temáticos y regionales para la atención de asuntos específicos;
XII. Sugerir las actividades que estime necesarias y convenientes para el funcionamiento adecuado del Sistema Nacional, y
XIII. Las demás que le señale esta Ley.
De la Comisión Intersecretarial de Desarrollo Social
Artículo 51. La Comisión Intersecretarial será el instrumento de coordinación de las acciones del Ejecutivo Federal para garantizar la integralidad en el diseño y ejecución de la Política Nacional de Desarrollo Social. Estará integrada por los titulares de las secretarías de Desarrollo Social, quien lo presidirá; Gobernación; Hacienda y Crédito Público; Educación Pública; Salud; Medio Ambiente y Recursos Naturales; Energía; Economía; Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Comunicaciones y Transportes; la Función Pública; Trabajo y Previsión Social; Reforma Agraria y Turismo. Podrán ser invitados a participar, con derecho a voz, los titulares de otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. El Subsecretario que designe el Titular de la Secretaría será el Secretario Técnico. La Comisión Intersecretarial sesionará cuando menos una vez por bimestre.
Artículo 52. La Comisión Intersecretarial tendrá las siguientes funciones:
II. Proponer las partidas y montos del gasto social que se deban integrar en el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación;
III. Acordar y dar seguimiento a la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, de los Programas Nacional de Desarrollo Social, sectoriales, regionales, institucionales y especiales;
IV. Recomendar mecanismos para garantizar la correspondencia entre la Política Nacional de Desarrollo Social, con la de los estados y municipios, y
V. Revisar los términos de los convenios de coordinación entre el Gobierno Federal y las entidades federativas en materia de desarrollo social y proponer, en su caso, modificaciones.
Artículo 54. Los acuerdos de la Comisión Intersecretarial serán publicados en el Diario Oficial de la Federación.
Capítulo V
Consejo Consultivo de Desarrollo Social
Artículo 55. El Consejo es el órgano consultivo de la Secretaría, de participación ciudadana y conformación plural, que tendrá por objeto analizar y proponer programas y acciones que inciden en el cumplimiento de la Política Nacional de Desarrollo Social.
Artículo 56. El Consejo tendrá las funciones siguientes:
II. Impulsar la participación ciudadana y de las organizaciones en el seguimiento, operación y evaluación de la Política Nacional de Desarrollo Social;
III. Apoyar a la Secretaría en la promoción ante los gobiernos estatales y municipales y para el cumplimiento de la Política Nacional de Desarrollo Social;
IV. Proponer a la Secretaría los temas que por su importancia ameriten ser sometidos a consulta pública;
V. Proponer y propiciar la colaboración de organismos públicos y privados, nacionales y extranjeros, en el desarrollo social;
VI. Proponer la realización de estudios e investigaciones en la materia;
VII. Solicitar a las dependencias responsables de la Política de Desarrollo Social información sobre los programas y acciones que éstas realizan;
VIII. Recomendar la realización de auditorías a programas prioritarios cuando existan causas que lo ameriten;
IX. Promover la celebración de convenios con dependencias del Ejecutivo Federal, entidades federativas, municipios y organizaciones, para la instrumentación de los programas relacionados con el desarrollo social;
X. Informar a la opinión pública sobre los aspectos de interés general relativos a la Política Nacional de Desarrollo Social;
XI. Integrar las comisiones y grupos de trabajo que sean necesarios para el ejercicio de sus funciones;
XII. Expedir su reglamento interno, y
XIII. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de su objeto.
Articulo 58. Los consejeros deberán ser ciudadanos mexicanos de reconocido prestigio en los sectores privado y social, así como de los ámbitos académico, profesional, científico y cultural vinculados con el desarrollo social.
Artículo 59. La Secretaría prestará al Consejo la colaboración necesaria para el ejercicio de sus funciones.
Artículo 60. El Consejo podrá recibir la colaboración de otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de los gobiernos estatales y municipales, de organizaciones civiles y de particulares.
Capítulo VI
Participación Social
Artículo 61. El Gobierno Federal, los de las entidades federativas y los municipios garantizarán el derecho de los beneficiarios y de la sociedad a participar de manera activa y corresponsable en la planeación, ejecución, evaluación y supervisión de la política social.
Artículo 62. Las organizaciones que tengan como objetivo impulsar el desarrollo social de los mexicanos podrán participar en las acciones relacionadas con el diseño, ejecución y evaluación de las políticas, programas y acciones públicas en esta materia.
Artículo 63. El Gobierno Federal deberá invitar a las organizaciones, mediante convocatorias públicas que deberán contener los requisitos, objetivos y modalidades de participación.
Artículo 64. Las organizaciones podrán recibir fondos públicos para operar programas sociales propios, a excepción de aquéllas en las que formen parte de sus órganos directivos servidores públicos, sus cónyuges o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles.
Artículo 65. Para efectos del artículo anterior, las organizaciones deberán estar formalmente constituidas ante autoridad competente o fedatario público, además de cumplir con lo que establezca el reglamento respectivo.
Artículo 66. Las organizaciones estarán sometidas al escrutinio de la Secretaría, sin perjuicio de lo que establezcan las leyes respectivas para el uso de fondos públicos.
Capítulo VII
De la Denuncia Popular
Artículo 67. Toda persona u organización podrá presentar denuncia ante la autoridad competente sobre cualquier hecho, acto u omisión, que produzca o pueda producir daños al ejercicio de los derechos establecidos en esta Ley o contravengan sus disposiciones y de los demás ordenamientos que regulen materias relacionadas con el desarrollo social.
Artículo 68. La denuncia popular podrá ejercitarse por cualquier persona, bastando que se presente por escrito y contenga:
II. Los actos, hechos u omisiones denunciados;
III. Los datos que permitan identificar a la presunta autoridad infractora, y
IV. Las pruebas que en su caso ofrezca el denunciante.
De la Contraloría Social
Artículo 69. Se reconoce a la Contraloría Social como el mecanismo de los beneficiarios, de manera organizada, para verificar el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos públicos asignados a los programas de desarrollo social.
Artículo 70. El Gobierno Federal impulsará la Contraloría Social y le facilitará el acceso a la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones.
Artículo 71. Son funciones de la Contraloría Social:
II. Vigilar el ejercicio de los recursos públicos y la aplicación de los programas de desarrollo social conforme a la Ley y a las reglas de operación;
III. Emitir informes sobre el desempeño de los programas y ejecución de los recursos públicos;
IV. Atender e investigar las quejas y denuncias presentadas sobre la aplicación y ejecución de los programas, y
V. Presentar ante la autoridad competente las quejas y denuncias que puedan dar lugar al fincamiento de responsabilidades administrativas, civiles o penales relacionadas con los programas sociales.
DE LA EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL
Capítulo I
De la Evaluación
Artículo 72. La evaluación de la Política de Desarrollo Social estará a cargo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que podrá realizarla por sí mismo o a través de uno o varios organismos independientes del ejecutor del programa, y tiene por objeto, revisar periódicamente el cumplimiento del objetivo social de los programas, metas y acciones de la Política de Desarrollo Social, para corregirlos, modificarlos, adicionarlos, reorientarlos o suspenderlos total o parcialmente.
Artículo 73. Los organismos evaluadores independientes que podrán participar serán instituciones de educación superior, de investigación científica u organizaciones no lucrativas. Cuando las evaluaciones se lleven a cabo por un organismo distinto del Consejo, éste emitirá la convocatoria correspondiente y designará al adjudicado.
Artículo 74. Para la evaluación de resultados, los programas sociales de manera invariable deberán incluir los indicadores de resultados, gestión y servicios para medir su cobertura, calidad e impacto. Las dependencias del Ejecutivo Federal, estatales o municipales, ejecutoras de los programas a evaluar, proporcionarán toda la información y las facilidades necesarias para la realización de la evaluación.
Artículo 75. Los indicadores de resultados que se establezcan deberán reflejar el cumplimiento de los objetivos sociales de los programas, metas y acciones de la Política Nacional de Desarrollo Social.
Artículo 76. Los indicadores de gestión y servicios que se establezcan deberán reflejar los procedimientos y la calidad de los servicios de los programas, metas y acciones de la Política Nacional de Desarrollo Social.
Artículo 77. El Consejo Nacional de Evaluación, antes de aprobar los indicadores a que se refiere este artículo, los someterá a la consideración de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Cámara de Diputados por conducto de la Auditoría Superior de la Federación, para que emitan las recomendaciones que en su caso estime pertinentes.
Artículo 78. La evaluación será anual, definiendo como período del primero de mayo al treinta de abril y podrá también ser multianual en los casos que así se determine.
Artículo 79. Los resultados de las evaluaciones serán publicados en el Diario Oficial de la Federación y deberán ser entregados a las Comisiones de Desarrollo Social de las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, y a la Secretaría.
Artículo 80. De acuerdo con los resultados de las evaluaciones, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social podrá emitir las sugerencias y recomendaciones que considere pertinentes al Ejecutivo Federal y hacerlas del conocimiento público.
Capítulo II
De Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
Artículo 81. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social es un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión de conformidad con la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Tiene por objeto normar y coordinar la evaluación de las Políticas y Programas de Desarrollo Social, que ejecuten las dependencias públicas, y establecer los lineamientos y criterios para la definición, identificación y medición de la pobreza, garantizando la transparencia, objetividad y rigor técnico en dicha actividad.
Articulo 82. El Consejo estará integrado de la siguiente forma:
II. Seis investigadores académicos, que sean o hayan sido miembros del Sistema Nacional de Investigadores, con amplia experiencia en la materia y que colaboren en instituciones de educación superior y de investigación inscritas en el Padrón de Excelencia del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y
III. Un Secretario Ejecutivo designado por el Ejecutivo Federal.
Artículo 84. El Consejo tendrá su sede en la ciudad de México y su patrimonio se integrará con los recursos que le sean asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, a través de la Secretaría, y con los bienes muebles e inmuebles que adquiera por cualquier título.
Artículo 85. La administración del Consejo estará a cargo de un Comité Directivo, que presidirá el titular de la Secretaría, o la persona que este designe; además estará integrado por las personas a que se refiere la fracción II, del artículo 82 de esta Ley. Sus decisiones se tomarán por mayoría.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- Esta Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO.- El Titular del Poder Ejecutivo Federal expedirá el reglamento de esta Ley en un plazo no mayor de 90 días naturales a partir de su entrada en vigor.
TERCERO.- En un plazo de 180 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, deberán quedar constituidos e instalados el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, la Comisión Nacional, la Comisión Intersecretarial y el Consejo Consultivo.
CUARTO.- Para el cumplimiento de su objeto, el Consejo Nacional de Evaluación deberá sujetarse a criterios de austeridad y eficiencia.
QUINTO.- Las comisiones de Desarrollo Social, y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados deberán revisar la distribución de los fondos relativos al desarrollo social contenidos en el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal, en un plazo no mayor a 90 días y, en su caso, recomendar las modificaciones que se consideren pertinentes.
SEXTO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los diecinueve días del mes de noviembre de 2003.
Diputados: Beatriz Zavala Peniche, Presidenta (rúbrica); Carlos Flores Rico, secretario (rúbrica); Sonia Rincón Chanona, secretaria (rúbrica); Armando Rangel Hernández, secretario (rúbrica); Julio Boltvinik y Kalinka, secretario (rúbrica); Ubaldo Aguilar Flores (rúbrica); Francisco Xavier Alvarado Villazón (rúbrica); Myriam de Lourdes Arabian Couttolenc (rúbrica); Clara Marina Brugada Molina (rúbrica); Elpidio Desiderio Concha Arellano (rúbrica); Francisco Amadeo Espinosa Ramos (rúbrica); Rafael Flores Mendoza (rúbrica); Armando Leyson Castro (rúbrica); Felipe Medina Santos (rúbrica); María del Carmen Mendoza Flores (rúbrica); Eugenio Mier y Concha Campos (rúbrica); Gerardo Montenegro Ibarra (rúbrica); Gelacio Montiel Fuentes (rúbrica); Mario Moreno Arcos (rúbrica); Juan Carlos Núñez Armas (rúbrica); Maki Esther Ortiz Domínguez; Miguel Angel Osorio Chong (rúbrica); Martha Palafox Gutiérrez (rúbrica); Juan Fernando Perdomo Bueno (rúbrica); Renato Sandoval Franco (rúbrica); María Guadalupe Suárez Ponce (rúbrica); José Luis Treviño Rodríguez (rúbrica); Gerardo Ulloa Pérez (rúbrica); Quintín Vázquez García (rúbrica); Wintilo Vega Murillo (rúbrica).
Cuestionamientos
1. ¿Cuál es la razón de que en el ejercicio presupuestal se observen transferencias al PNUD del recurso asignado al INMUJERES?
2. ¿A qué se debe que existe una gran cantidad de personal del INMUJERES removido, algunas personas incluso se nos ha informado de querellas en contra del Instituto, en la Junta de Conciliación y Arbitraje? ¿Qué cantidad le ha representado al INMUJERES el pago de indemnizaciones y renuncias? ¿Ha representado para la institución intranquilidad laboral e ingobernabilidad?
3. ¿Cómo se han solventado los asuntos derivados de las auditorías practicadas al INMUJERES por el Organo Superior de Fiscalización?
4. ¿Cuáles son las metas a alcanzar por el INMUJERES en los diferentes programas de acuerdo al presupuesto programado para el 2004?
5. Como es del conocimiento del INMUJERES, el PEF 2004 enviado por el Ejecutivo, ha omitido información sobre la estructura programática de las diferentes dependencias de la administración pública para el ejercicio presupuestal del próximo año; incluso el Ejecutivo ha ignorado los exhortos que se hicieron desde la tribuna de la Cámara de Diputados para que el Presupuesto de Egresos de la Federación incorporara la perspectiva de Género en el ejercicio 2004 ¿Qué está haciendo el INMUJERES para lograr que no se retroceda en el avance que se había logrado en etiquetar recursos dirigidos a resolver la problemática de las mujeres en diferentes ámbitos?
6. Usted aceptó públicamente la contratación de una empresa en donde trabajaba su hija, cuyos contratos ascendieron a 17 millones de pesos ¿existió licitación para ello? ¿Desde cuándo tiene el INMUJERES un Comité de Adquisiciones? y ¿cuáles son los criterios de asignación de contratos por asesoría que tiene el INMUJERES?
7. ¿Qué importancia le merecen los Consejos Consultivo y Social en el desarrollo del INMUJERES, sobre todo cuando se observa falta de información hacia ellos de las actividades que realiza la Institución y que son materia de atención de los mismos?
8. ¿Cómo ha participado el INMUJERES en impulsar la perspectiva de género sobre todo de aportar indicadores de género para el desarrollo de acciones y en las reglas de operación de los diferentes programas de la Administración Pública Federal?
9. ¿Cuáles esquemas de vinculación ha establecido el INMUJERES con las instancias estatales y los Institutos de las Mujeres en las entidades de la República?
10. ¿Cuáles fueron los criterios para financiar proyectos de ONG?S, el impacto que tuvo dicho apoyo, los montos y los resultados obtenidos?
11. Sobre el Objetivol del INMUJERES de institucionalizar la Perspectiva de género ¿Cómo se explica el hecho de que las Unidades de género que existen en la administración pública no cuenten con los recursos para dar seguimiento a su trabajo? ¿Es ésta la causa por lo que a tres años, de la existencia del Instituto no ha podido generar la transversalidad de la perspectiva de género en las políticas públicas. ¿Porqué no asisten los titulares a las reuniones de la Junta de Gobierno?
 
 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, A LA PRESIDENTA DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES, LICENCIADA PATRICIA ESPINOSA TORRES, CON MOTIVO DE SU COMPARECENCIA ANTE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO
¿Cuáles son los avances y logros más relevantes del INMUJERES desde su creación y qué falta por hacer?
¿Cuál es el avance de PROEQUIDAD desde su creación?
¿Cuáles son las Secretarías del Ejecutivo Federal que han aplicado mayormente políticas públicas con enfoque de género?
¿Qué es lo que el Instituto Nacional de las Mujeres ha previsto para capacitar a la ciudadanía respecto a las acciones y políticas que lleva a cabo? Y por otro lado, respecto a la capacitación misma en términos de género?
¿Qué propuestas tiene el Instituto Nacional de las Mujeres para 2004?
¿Cuál es el trabajo del Instituto con las instancias estatales y municipales que trabajan en favor de la mujer?
¿Cuál ha sido el trabajo del Instituto con las dependencias y las instancias de la administración pública federal?
¿Cuál ha sido el trabajo del Instituto con los Poderes Judicial federal como estatales?
 
 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, A LA PRESIDENTA DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES, LICENCIADA PATRICIA ESPINOSA TORRES, CON MOTIVO DE SU COMPARECENCIA ANTE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO
1. ¿Por qué no se ha presentado a la Junta de Gobierno el Reglamento del Inmujeres, a partir del cual se desarrolla el trabajo del mismo? ¿A quién se le debe de fincar responsabilidades por esta grave omisión?
2. ¿Por qué no se le ha presentado al Consejo Consultivo un mecanismo de vinculación con la institución? ¿A quién se le debe fincar responsabilidad por esta omisión?
3. El Inmujeres está sujeta a varias observaciones emitidas por las diversas instancias fiscalizadoras, tres de las cuales son "importantes", Le solicitamos que nos informe sobre el contenido y avances en la solventación de cada uno de ellas.
4. De acuerdo a las auditorías internas del Inmujeres, ha habido irregularidades y desorden en la presentación de los programas de actividades ya que no coinciden los presentados a la SHCP con los que se presentan a la Junta de Gobierno y con los avances de ejecución que se entregan a la misma Junta de Gobierno ¿Porqué sucede esta situación?
5. ¿Por qué se persiste con el subejercicio cuando existen tantas carencias en el país a ser atendidas?
6. ¿Por que se envían estos recursos a PNUD? ¿Por qué los y las contribuyentes tienen que pagarle a este organismo internacional por la administración de los recursos que tanto trabajo cuesta ganar?
7. ¿Por qué en el año 2002 se instaló el comité de adquisiciones arrendamientos y servicios hasta el mes de agosto con lo que se afectó gravemente el funcionamiento de la institución?
8. ¿Cuándo, cuántos, con quién y quiénes han tomado cursos de capacitación en el Inmujeres para poder elaborar los Programas Operativos anuales del instituto y que estos sean con perspectiva de género para que sirvan de ejemplo al resto de la administración pública? Por favor proporciónenos el material documental de respaldo.
9 ¿Por qué contrató a una empresa en la que su hija trabajaba para organizar las dos reuniones de APEC en el 2002 con contratos que ascendieron a 17 millones de pesos? ¿Porqué dijo usted que no estaba enterada de este asunto y sustituyó las facturas firmadas por usted por otras firmadas por la directora de finanzas? ¿Violó con ello la Ley de Adquisiciones de la Administración Pública General? ¿Conoce usted las leyes que regulan esto procedimientos?
10. ¿En la contratación de todo tipo de servicios del Inmujeres cuántos y cuáles han sido sujetos de licitación, cuántos y cuáles de invitación restringida y cuántos y cuáles por adjudicación directa? ¿Cuál es el monto de cada uno de ellos?
11. ¿Por qué adquirió una flotilla de coches con el proveedor más caro y luego olvidó que le entregaran 2 unidades, sin un proceso de licitación sino mediante un proceso de adjudicación directa, tal como señalan las auditorías internas?
12. Le solicitamos que nos informe de manera puntual a cuánto personal se ha despedido del Inmujeres, así como también, cuánto personal ha presentado su renuncia a lo largo de su gestión. Le solicitamos, también información, fidedigna, sobre el ambiente laboral en la institución.
13. ¿Por qué se han contratado servicios jurídicos externos, si existe un departamento jurídico en la institución?
14. ¿Por qué se realizaron préstamos personales al interior de la institución sin apegarse a ningún tipo de reglamentación interna, la cual no existe?
15. ¿Por qué se entregaron bienes muebles a la Presidencia de la República por un valor de $400,883.00 sin tener la autorización de las estancias facultadas para ello?
16. ¿Cuáles fueron las pruebas para despedir acusando de traición y de filtrar información (comunicado oficial no. 15) a la Lic. Margarita Ortega? ¿Qué significa para usted la palabra traición? ¿Porqué se le negó esa información al Consejo Consultivo, ante petición expresa de aclaración? ¿Porqué no inició la Presidenta, una acción jurídica ante el órgano interno de control, dada la gravedad de las acusaciones y ante la posible comisión del delito de difamación?
17. ¿Porqué se intentó sustraer la computadora de la Lic. Margarita Ortega de su oficina? ¿Ante la pregunta expresa de las Consejeras Consultivas sobre el asunto al titular del órgano de Control Interno del Inmujeres éste respondió que dicho retiro era un procedimiento de rutina para recibir servicio ¿Si era procedimiento de rutina, porque revisan las computadoras los abogados? ¿Si era procedimiento de rutina, porque hacerlo fuera de horario laboral?
18. ¿Por qué ha habido deficiencias en la integración de la información que se presentó a la junta de gobierno, durante el 2001 y parte del 2002, omitiendo el informe del ejercicio del gasto de las partidas sujetas a racionalidad y disciplina presupuestal y en el caso de la entrega que se hizo sobre los programas a autorizar se omitió informar sobre el presupuesto asignado, así como los resultados de los mismos?
19. ¿Por qué se ha invitado a los Consejeros sociales y consultivos a diversos eventos organizados por la institución con uno o dos días de anticipación sabiendo la dificultad para programar y viajar desde los Estados con tantas dificultades
Tenemos conocimiento de un financiamiento por parte del Banco Mundial a favor del INMUJERES que es adicional al presupuesto asignado por el Gobierno Federal.
¿qué es lo que ha pasado con dicho financiamiento? De qué manera se está aplicando en el programa GENEROSIDAD?
¿se tiene proyectada alguna cantidad para ser transferida al PNUD como ha sido el caso en años anteriores?
El gasto corriente del Instituto corresponde al 97% del presupuesto total asignado, lo cual parecería lógico de un organismo cuyas funciones no incluyen la aplicación de programas directos a población pero ¿podría explicarnos porque sistemáticamente se detectan subejercicios presumiblemente por responsabilidad del INMUJERES en el ejercicio? ¿por qué no se reportó el presupuesto realmente ejercido por el INMUJERES en el Informe de Avance de Gestión Financiera? ¿A que se debe que se detecten diferencias entre las cifras reflejadas en los auxiliares presupuestales y las registradas contablemente?
¿Cuáles han sido las acciones del INMUJERES para estrechar la coordinación y vinculación con las instancias estatales de la mujer?
¿Cuál es el grado de participación de los Consejos Consultivo y Social, en la toma de decisiones que atañen al Instituto?
¿a qué le atribuye que en la encuesta de clima laboral el INMUJERES ocupó el penúltimo lugar?
Por lo tanto ¿cuáles son los principales obstáculos en la estructuración y desarrollo de los trabajos del INMUJERES que han impedido el cumplimiento cabal de sus objetivos?
¿Cuáles han sido los instrumentos creados al seno del Instituto para impulsar la incorporación de la perspectiva de género en el Presupuesto de Egresos de la Federación, más allá de libros, folletos y cursos? Por qué no lo vemos en el actual Presupuesto de Egresos. ¿Cuántos y cuáles han sido los casos específicos en los que el INMUJERES ha logrado presupuestos dirigidos objetivamente en favor de las mujeres y en contra de la inequidad?
¿Dónde está la institucionalización de la perspectiva de género, es decir, con cuántas y cuáles dependencias de gobierno se ha logrado una estrecha vinculación y/o coordinación y cuales son los logros obtenidos en este renglón, obviando las actividades realizadas por iniciativa propia de las dependencias?
¿Cómo ha incidido en el desarrollo de las actividades del Instituto la problemática laboral y financiera de subejercicio, que año con año, ha venido arrastrando desde su creación? ¿Cuál es el estado jurídico que guardan las diversas demandas laborales instauradas en contra del Instituto? ¿cuáles han sido las medidas adoptadas para evitar nuevas controversias? ¿se han instrumentado ya los perfiles laborales que deben aplicarse al momento de la selección del personal? De ser así ¿cuáles son estos perfiles? ¿en que situación se encuentra el reglamento interno del Instituto?
¿Han sido solventadas todas las observaciones incluso las restrictivas de la Auditoría Superior de la Federación? Y en qué sentido se han hecho?
Dado que, de conformidad al tercer informe de gobierno, el acopio de información desagregada por sexo, dentro de una visión general se encuentra en fase de estructuración de los mecanismos e instrumentos apropiados para su consecución: ¿Para cuando se tiene proyectado contar con dichos mecanismos e instrumentos? ¿cuáles son los rubros que serán cuantificados mediante dichos instrumentos?
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, AL INGENIERO ALBERTO CARDENAS JIMENEZ, SECRETARIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, CON MOTIVO DE SU COMPARECENCIA ANTE LA COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
México, DF, 19 de noviembre de 2003
DIP. JACQUELINE ARGÜELLES GUZMÁN
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS
LIX LEGISLATURA
PRESENTE
Por este medio, me permito hacerle llegar conforme a lo acordado, la batería de preguntas para el C. Secretario del Medio Ambiente Ing. Alberto Cárdenas quien comparecerá ante esta soberanía el próximo 26 de noviembre. No obvio solicitar respetuosamente que en reunión previa de la Mesa Directiva se nos presente el documento final que le será enviado.
1.- De acuerdo con la Ley General de Equilibrio Ecológico todo proyecto de desarrollo que pueda alterar el medio ambiente, requerirán de una evaluación de impacto ambiental, en concreto el Artículo 28 Fracción II del mencionado ordenamiento hace referencia a la industria del petróleo. Hemos visto en recientes fechas que PEMEX ha incumplido diversos convenios con la Secretaría que usted preside, tal es el caso de la Cuenca de Burgos en Tamaulipas, el accidentado plantel de Pajaritos Veracruz, Ciudad Pemex Tabasco (muy en especial en esta zona con tradición petrolera y donde se ha terminado en gran parte la agricultura y psicultura debido a las oleosidades del agua y las tierras sulfurosas), las plantas petroquímicas de Tula, Morelos y por supuesto en Ixhuatlán del Sureste Veracruz donde se suscitó hace un par de semanas un derrame de hidrocarburos en el ejido de Felipe Berriozábal.
¿Qué medidas en materia ambiental está tomando la SEMARNAT para que PEMEX cumpla con los convenios firmados en la materia, así como con la publicación de los diagnósticos de impactos ambientales? ¿En materia de resarcimiento de daños cuáles han sido los resultados? PEMEX ¿también pagará impuestos ambientales o estará fuera de ésta Ley por ser paraestatal?
2.- El pasado 4 de noviembre se presentó el informe de evaluación del desempeño ambiental de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y entre sus recomendaciones para México señala la necesidad de incrementar el gasto público en la materia. ¿Cómo piensa usted resarcir las graves necesidades de personal para las áreas de protección con un recorte presupuestal del 13 %? ¿Cómo explica que más de la mitad del presupuesto se designe para gasto corriente, sobretodo en el sector central para la asignación de recursos a las delegaciones estatales? ¿Puede usted explicarnos el criterio de asignación a las delegaciones? Es importante porque en múltiples puntos de acuerdo se ha solicitado incidir más en el cuidado de especies en vías de extinción y el argumento de la secretaría es que no hay personal suficiente.
3.- En el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004, se contempla en el tema de medio ambiente la capacitación de más de 2 millones de personas y la generación de 962 mil jornales. Una de las mayores inquietudes de nosotros como legisladores es la incidencia que debemos tener en el tema de la educación ambiental como tema obligatorio dentro de la formación escolar de los individuos en incluso como valor cívico de los ciudad. ¿Qué proyecto tiene en este sentido con el Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable?
4.- Recientemente la SEMARNAT junto con la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal firmaron un convenio para crear unos muros de protección de las reservas ecológicas en las zonas urbanas, ¿En una relación Costo - Beneficio, que tan eficiente será este programa para protección de las áreas de reserva?
5.- La Comisión Nacional de Agua realiza evaluaciones por separado para los distritos de riego y deja al margen de cualquier evaluación para los esquemas individuales. ¿como piensa resarcir esto? Además tenemos entendido que los cargos por servicios de agua y de agua residual son menores a los costos de recuperación? ¿Cuentan con el inventario de empresas que vierten aguas residuales?
6.- Recientemente recibimos en una Iniciativa de Ley de Impuestos Ambientales que pretende eliminar el uso de materiales tóxicos y su deshecho sin control por parte de algunas empresas, así como cobrar impuestos por el aprovechamiento de recursos forestales y de la biodiversidad. ¿Podría detallarnos cuánto piensan recaudar por este concepto, así como su uso? ¿En el caso de entregar los recursos a las delegaciones, se propondría apoyar a las organizaciones no gubernamentales que trabajen en la materia? Un ejemplo podría ser a los pobladores que habitan en la zona de Guerrero y Oaxaca y que podrían proteger a las tortugas "Golfina".
7.- Diversas organizaciones se han manifestado por revisar la Minuta que crearía la Primera Ley en materia de Biotecnología y Bioseguridad, argumentando que se promueve el uso de organismos genéticamente modificados y que no existe un capitulado sobre resarcimiento de daños y protección de las materias orgánicas. ¿Cuál es la postura de la SEMARNAT al respecto?
8.- Recientemente se detuvo el proceso de instalación del Gas Natural en la Ciudad de México debido a que la empresa no presentó un diagnóstico de seguridad al respecto ¿Cómo es que la SEMARNAT aprobó iniciar un proyecto de ésta naturaleza sin contar previamente con dicho análisis?
9.- Existe un proyecto turístico que entrará en funciones para el 2004, denominado "Escalera Náutica" y FONATUR no ha presentado un esquema de medidas de conservación de especies ¿Qué ha hecho la SEMARNAT al respecto?
10.- La disponibilidad y calidad del agua es uno de los problemas más graves del medio ambiente en México. La contaminación de ríos principalmente por residuos tóxicos de las industrias, así como de componentes agroquímicos han causado graves daños a la salud, especialmente de niños que padecen cambios genéticos y diferentes formas de cáncer como leucemia. De acuerdo con datos de SEDESOL los efluentes anuales del proceso de industrialización de PEMEX, alcanzan los 2 millones de toneladas, mientras que por cada millón de barriles de hidrocarburos, se derraman alrededor de 31. Además existen cerca de mil 300 pozos petroleros y, cada uno de ellos presenta el riesgo de algún derrame accidental por la acción misma del proceso. Esto aunado a las aguas residuales tóxicas de la industria textil. ¿Cuál es el proceso de resarcimiento de daños que ha empezado a impulsar SEMARNAT y la PROFEPA en estas comunidades?, puesto que existen municipios que están desolados por la contaminación del agua y su único beneficio ha sido recibir dinero en efectivo sin un programa de sustentabilidad y desarrollo económico alterno de la zona.
ATENTAMENTE
Dip. Carlos Manuel Rovirosa Ramírez (rúbrica)
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, AL INGENIERO ALBERTO CARDENAS JIMENEZ, SECRETARIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, CON MOTIVO DE SU COMPARECENCIA ANTE LA COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Agua
En los últimos tres años estamos escuchando reiteradamente el argumento de que el agua es un asunto de seguridad nacional.
En los últimos meses el país sufrió las consecuencias de fenómenos meteorológicos extremos, particularmente huracanes e inundaciones que generaron pérdidas de vidas y daños materiales cuantiosos.
Los reclamos de autoridades del vecino país del norte por el pago de las cuotas de agua comprometidas se han planteado al Presidente Fox.
¿Cuáles han sido los logros concretos para ampliar la cobertura del servicio, hacer un uso eficiente del mismo y dar un valor económico a los servicios que proporciona el recurso hídrico?
¿Cómo ven los avances en la evaluación del desempeño ambiental de la OCDE cuyos resultados se dieron a conocer recientemente?
¿México cumplirá sus compromisos con Estados Unidos en materia de agua sin demérito de los intereses de los agricultores mexicanos?
Bosques
Los bosques representan un componente principal de la riqueza natural de los mexicanos, sin embargo continúan vigentes las amenazas al recurso forestal como consecuencia de la deforestación y la tala ilegal. Más aún, México es uno de los países que registran altas tasas de deforestación a nivel mundial.
¿Qué acciones se han emprendido para reducir la pérdida de 600 mil hectáreas anuales?
¿Cómo se está combatiendo la tala ilegal y se complementan las acciones de inspección y vigilancia?
¿Cuáles han sido los logros en materia de pago de los servicios ambientales que proporcionan los bosques y selvas?
¿Han sido exitosas las convocatorias del Gobierno Federal para involucrar a los sectores sociales en la protección de los bosques, vía el programa de servicios ambientales?
Transversalidad
El Plan Nacional de Desarrollo reconoce que la sustentabilidad es una labor compartida del Gobierno Federal. Sabemos que el desarrollo sustentable va más allá de la protección al medio ambiente, por lo que se requiere que todas la actividades del sector público se coordinen a fin de incorporar a aquellos sectores que son los principales usuarios del medio ambiente.
La integralidad de la política ambiental, como se expresa en el Programa 2001-2006 de la SEMARNAT implica una gestión integral de los recursos naturales y la utilización de mecanismos de gestión ambiental de vanguardia que disminuyan los conflictos y promuevan la conciliación de intereses de protección y uso sustentable de los recursos naturales por parte de los diversos sectores de la sociedad.
¿En qué consiste la estrategia del Gobierno Federal para lograr la incorporación de la sustentabilidad en los programas sectoriales relevantes?
¿Qué logros se pueden reportar hasta ahora en materia de transversalidad como se dio a conocer recientemente a la opinión pública?
¿Cómo se concilian los objetivos de protección al medio ambiente y el aprovechamiento de los recursos naturales, con el fomento a las inversiones y a la creación de empleos en el caso de aprovechamiento de gas y desarrollos turísticos?
Justicia Ambiental
El cumplimiento de la legislación ambiental es un elemento indispensable para la preservación y aprovechamiento sustentable del medio ambiente y de los recursos naturales, ya que es a través de la observancia de las leyes, reglamentos y normas que podemos avanzar hacia el desarrollo sustentable.
¿Por qué se está impulsando un Programa de Auditoría Ambiental y no solamente la aplicación estricta de la Ley?
¿Cuántas empresas están incorporadas en el Programa de Auditoría Ambiental y de qué tipo?
¿Qué beneficios ambientales ha representado el Programa Nacional de Auditoría Ambiental?
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, AL INGENIERO ALBERTO CARDENAS JIMENEZ, SECRETARIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, CON MOTIVO DE SU COMPARECENCIA ANTE LA COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
En estos últimos días el Medio Ambiente ha sido noticia, desafortunadamente para mal, pues la omisión de acciones que tiene esta dependencia del poder federal han afectado en gran medida a la población en diferentes puntos del país.
Quiero referirme en primer lugar a las graves consecuencias que ha tenido la falta de lugares de confinamiento de materiales y residuos peligrosos en el Municipio de Tultitlán, Estado de México, de la empresa CROMATOS DE MÉXICO, estas consecuencias nos llevan desde las afectaciones leves, hasta la muerte prematura de pobladores del municipio, no sin tener en cuenta las posibles repercusiones en la salud de los más pequeños, de los más débiles, de las madres embarazadas y de las generaciones futuras.
Llama la atención que en las declaraciones públicas de la SEMARNAT se acepte que no hay un registro de este tipo de lugares, que se desconozca su cantidad y ubicación, y que no se puedan prevenir los alcances de las consecuencias en la salud de los habitantes.
Mi primera pregunta es ¿Cómo se piensa remediar el caso específico del Municipio de Tultitlán?, ¿Cuáles son las obligaciones legales que tiene la empresa por estos casos de contaminación?, ¿Qué acciones está instrumentando la SEMARNAT para la localización y confinamiento seguro de ese tipo de residuos?
Pero, este problema puede ser sólo la punta de un iceberg, ya que dentro del III Informe de Gobierno, el titular del ejecutivo ha informado que se otorgaron 79 autorizaciones de importación por un total de 309,439 toneladas de residuos peligrosos, y 49 autorizaciones de exportación que representan 405,354.7 toneladas de residuos peligrosos. Lo que representa un incremento de un 46% del volumen autorizado para su importación respecto del período anterior y una reducción en un 60% del correspondiente a la exportación. Esto nos plantea las siguientes interrogantes:
¿Cuál es la razón por la que importamos residuos peligrosos?, ¿Cuál es el destino final de éstos y si contamos con lugares de confinamiento?, ¿Cuáles son las medidas de seguridad implementadas para los casos de contaminación, como las presentadas en el Municipio de Tultitlán? ¿Por qué se tiene un incremento de esas importaciones y una reducción de las exportaciones?
Suponemos que la SEMARNAT tiene un inventario de los destinos finales de esos residuos. Es por demás importante este aumento de las importaciones, que en la Evaluación del Desempeño Ambiental de México, realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), se destaca como uno de los puntos deficientes en el período que se evalúa.
México, se ubica entre las primeras diez naciones en el mundo con mayor biodiversidad de recursos naturales, lo que nos da la denominación de País Megadiverso. Somos también el país de origen de varias especies vegetales, entre las que destaca el maíz, del cual conservamos razas y variedades únicas sobre el planeta, conformando junto con otras especies, recursos genéticos de valor incalculable.
A la naturaleza la actividad de acumular, trasformar y perfeccionar ese material genético, le ha llevado millones de años, y ahora su trabajo se ve amenazado, por la introducción al país de manera furtiva e ilegal de organismos transgénicos o también llamados organismos genéticamente modificados (OGM); no se conoce, con certeza científica los efectos que estos seres provocan en la salud humana, animal, vegetal, en el medio ambiente y en la riqueza genética.
El Protocolo de Cartagena, el cual se encuentra ratificado por el Senado de la República, es el instrumento legal, por medio del cual, se regula el uso adecuado de OGM?s a nivel mundial, a través de sus principios, de éstos el de mayor importancia es el Principio Precautorio, que señala que los países miembros, podrán impedir el moviendo trasnfronterizo de OGM?s y su introducción al territorio nacional como medida de protección, ante la incertidumbre del efecto y consecuencias de su liberación al ambiente.
Nos hemos enterado de la introducción al país de cargamentos con maíz transgénico, que ante la incapacidad y apatía de las autoridades, ha provocado la contaminación de maíz en más de diez estados de la República, caso especial es el Estado de Oaxaca, y el problema continua creciendo.
En virtud de lo planteado, le solicito, me dé respuesta a las preguntas siguientes:
¿Cuáles son las medidas que la SEMARNAT, ha tomado, para impedir la introducción de transgénicos al país?, pues derivado de la gira de trabajo, que varios legisladores hicimos al puerto de Veracruz, pudimos constatar, la ignorancia y el desconocimiento de las autoridades portuarias, estatales y federales, de la entrada al país de transgénicos, y peor aún de la entrada en vigor del Protocolo de Cartagena.
¿Por qué la SEMARNAT, con fundamento en el Principio Precautorio, estipulado en el Protocolo de Cartagena, no ha impedido el movimiento transfronterizo de organismos transgénicos y su introducción al territorio nacional?
¿Ante la introducción ilegal de maíz transgénico, que pone en peligro la biodiversidad y los recursos genéticos, cuales son las acciones implementadas por la SEMARNAT?
¿Con base en le LGEEPA, qué acciones y medidas, ha implementado SEMARNAT, para detener la contaminación genética del maíz, en los estados perjudicados y para impedir su propagación a otros estados?
¿Cuáles son las acciones y medidas que se han implementado para la biorremediación de los recursos naturales y genéticos afectados?
ATENTAMENTE
DIP. JOSÉ LUIS CABRERA PADILLA
La biodiversidad existente, es patrimonio de los mexicanos, pero también de la humanidad y nos compromete a tomar todas las medidas necesarias, para salvaguardar esa riqueza biológica y genética, procurando su conservación y uso sustentable, para que las futuras generaciones, puedan disfrutar en plenitud todo el esplendor de la naturaleza, aprovechar sus bondades y trasmitirlas a las siguientes generaciones.
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM, AL INGENIERO ALBERTO CARDENAS JIMENEZ, SECRETARIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, CON MOTIVO DE SU COMPARECENCIA ANTE LA COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Palacio Legislativo, a 19 de noviembre de 2003.
DIP. JUAN DE DIOS CASTRO LOZANO
PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS
PRESENTE
Con fundamento en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el Acuerdo Parlamentario, por el que se establecen las bases para el desarrollo de las comparecencias de funcionarios del Ejecutivo Federal ante la Cámara de Diputados, aprobado por el Pleno el día 18 de septiembre de 2003, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México remite a Usted, los cuestionamientos para la próxima comparecencia del Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), a realizarse el próximo día 26 de noviembre, en la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Sr. Secretario Alberto Cárdenas Jiménez:
Analizando el trabajo realizado y manifestado en el III informe de Gobierno, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México le solicitamos nos dé respuesta a las siguientes preguntas:
Primera Pregunta: Sobre el proyecto "Escalera Náutica"
¿Con la entrada en vigor del proyecto, cómo será efectuada la inspección y vigilancia de las ANP involucradas?
¿Actualmente cuenta la PROFEPA con el personal y equipo suficiente para poder realizar el monitoreo de las ANP inmersas dentro de este proyecto?
¿Cuáles son los incentivos económicos y sociales que tienen las comunidades por preservar los bosques?
¿Qué programas e incentivos promueven con las empresas fabricantes para reutilizar, reciclar y neutralizar los equipos desechados?
¿Cuáles serán las prioridades a satisfacer en los años que le queden a cargo de esta administración?
Dip. Maximino A. Fernández Avila (rúbrica)
Integrante de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, AL PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA, GENERAL RAFAEL MACEDO DE LA CONCHA, CON MOTIVO DE SU COMPARECENCIA ANTE LAS COMISIONES DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, Y DE SEGURIDAD PUBLICA
Dip. Mario Carlos Culebro Velasco.
Dip. Consuelo Muro Urista.
Dip. Heliodoro Carlos Díaz Escárraga.
PREGUNTAS
Derechos Humanos
1. ¿Qué acciones ha implementado la Procuraduría General de la República para evitar que los elementos de la Institución torturen a los detenidos?
2. En la capacitación y profesionalización de los cuerpos policíacos se destinan recursos diversos, sin embargo, ¿Qué resultados fácticos existen?, ¿Por qué la ciudadanía percibe a los policías y agentes como personas prepotentes, corruptas y abusivas?
3. ¿Considera usted suficiente con que se divulgue el contenido de una ley -en este caso sobre la tortura- para que los cuerpos policíacos y funcionarios que tienen bajo su vigilancia a personas privadas de su libertad respeten sus Derechos Humanos?
4. ¿Por qué a pesar de lo que se invierte en la capacitación y selección del personal que ha ingresado a la Institución se continúan observando conductas corruptas en algunos elementos?
5. ¿Cuál es el estado que guarda actualmente la recomendación 12/2002, pues la Comisión Nacional de Derechos Humanos en su Informe la considera parcialmente cumplida?
6. ¿Por qué afirma que la Procuraduría General de la República está combatiendo la corrupción de sus elementos si las recomendaciones las cumple parcialmente, de acuerdo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos?
7. ¿Cuáles son los avances concretos que tiene la Comisión Intersecretarial que trabaja en el Plan Nacional de Derechos Humanos?
8. ¿Cuáles son los apoyos que la Procuraduría General de la República proporcionó a las madres de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, a los cuales usted se comprometió en el mes de agosto en Chihuahua?
9. ¿Qué ha hecho la Procuraduría para que se respete el secreto profesional de los periodistas, considerando que fue una recomendación de la Organización de Estados Americanos (OEA)?
10. Dígame, ¿Cuál es el estado que guarda la Recomendación 45/2002, respecto a la violación de los Derechos Humanos cometida por uno de los Agentes del Ministerio Público en Celaya, Guanajuato, ya que en el Informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no existe información al respecto?
11. ¿Qué ha impedido a la Procuraduría General de la República combatir hasta disminuir contundentemente los delitos de pornografía y prostitución infantil?
12. ¿Cuáles son los compromisos asumidos por la Procuraduría General de la República y por el Gobierno del Estado de Chihuahua en el Convenio de Colaboración firmado entre ambas instancias para el esclarecimiento de las muertes de mujeres en esa entidad?, ¿Qué resultados concretos se han obtenido?
13. ¿Qué acciones está llevando a cabo la Procuraduría General de la República en las Entidades Federativas para frenar el feminicidio? ¿Qué resultados concretos han obtenido?
14. Le pedimos nos informe en qué estado se encuentra el acta circunstanciada A.C. PGR/UEDO/240/20011, interpuesta por la Comisión Nacional de Derechos Humanos por el probable delito de tráfico y explotación sexual de menores. ¿Por qué no se le ha dado el seguimiento debido?
15. ¿Cuáles son las medidas implementadas por la Procuraduría General de la República para la prevención del delito y cuál el impacto social en concreto?
16. ¿Cuáles han sido las acciones emprendidas por la Procuraduría General de la República en contra de los asesinatos cometidos en contra de indocumentados mexicanos en territorio estadounidense?
17. ¿Cuáles son los resultados obtenidos en los 85 expedientes enviados a la Procuraduría General de la República por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por presuntos desaparecidos, y cuyos resultados no se mencionan en el Tercer Informe de Gobierno?
18. ¿Cuáles son las actividades y los logros concretos del Centro Nacional de Atención a Víctimas del Delito?
19. ¿Qué ha hecho la Procuraduría General de la República para dar cumplimiento a la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y su Protocolo Facultativo?
20. ¿Por qué México continúa recibiendo Recomendaciones Internacionales por violaciones a los Derechos Humanos, entre otros, por tortura y violaciones a migrantes, indígenas y niños?
Procuración de Justicia
1. ¿Qué acciones está llevando a cabo la Procuraduría General de la República para evitar la recomposición de los grupos de narcotraficantes después de haberse detenido a Osiel Cárdenas y a Armando Valencia?
2. ¿Cuántas órdenes de aprehensión y reaprehensión se han cumplido, de las giradas en los últimos tres años?
3. ¿Qué acciones está implementando la Procuraduría General de la República para proteger a los ciudadanos que acuden a testificar y se acogen al programa de testigo protegido?
4. ¿Bajo qué criterios actúa la INTERPOL en nuestro país?
5. En el combate a la impunidad, ¿Qué hace la Procuraduría General de la República para abatir el rezago en las investigaciones y el cumplimiento a mandatos ministeriales y judiciales?
6. ¿Qué tipo de reformas legislativas ha sugerido la Procuraduría General de la República a los Gobiernos de los Estados de Coahuila, Nuevo León, Chihuahua y Tamaulipas para combatir el narcomenudeo?
7. Después de desmembrados los dos grupos más importantes de narcotráfico, ¿Cuántas células tienen detectadas en el país?
8. ¿Qué está haciendo la Procuraduría General de la República en coordinación con el Ejército Mexicano para evitar el contrabando de armas a nuestro país?
9. ¿Qué ha impedido a la Procuraduría General de la República combatir hasta disminuir contundentemente el narcotráfico en todo el territorio mexicano?
10. ¿Se han obtenido logros medibles y concretos sobre los convenios celebrados entre la Procuraduría General de la República y las Organizaciones Civiles, Instituciones Gubernamentales e Internacionales? ¿Cuáles han sido?
11. Del presupuesto destinado para la actualización y capacitación de los agentes, personal operativo y funcionarios de la Procuraduría General de la República. ¿Realmente se obtuvieron resultados o fueron aplicados vanamente?
12. ¿Qué está haciendo la Procuraduría General de la República para combatir la entrada de mercancía ilegal a territorio mexicano, misma que se encuentra por cualquier calle de la Ciudad de México y de otras de nuestro país?
13. De acuerdo a información difundida en distintos medios de comunicación, México se encuentra entre los cinco primeros lugares de piratería, con el respectivo perjuicio a las organizaciones legalmente establecidas y, sobre todo, llegando a afectar el Producto Interno Bruto -eso demuestra que el problema requiere respuestas efectivas-. ¿Qué medidas ha tomado la Procuraduría General de la República en el combate a la piratería?
14. ¿Cuáles han sido las acciones encaminadas a la investigación de la denuncia por lavado de dinero en la que se involucra al Cardenal Juan Sandoval Iñiguez?
15. ¿Cuáles son las medidas tomadas por la Procuraduría General de la República para combatir la corrupción que hay dentro de la misma Institución?
16. ¿Qué acciones está tomando la Procuraduría General de la República para evitar la fuga de información que obstruye los operativos dirigidos a los narcotraficantes?
17. ¿Qué acciones ha implementado la Procuraduría General de la República para evitar la mala integración de las averiguaciones previas que han permitido la libertad de los delincuentes?
18. ¿Qué medidas ha implementado la Procuraduría General de la República para detectar las células delictivas de narcomenudeo, y qué resultados concretos se han obtenido?
19. ¿Qué obstáculos jurídicos impiden a la Procuraduría General de la República llevar a cabo eficientemente sus acciones?
20. ¿Cuáles son las acciones de la Procuraduría General de la República encaminadas a combatir los delitos cometidos a través de Internet como fraudes o venta de material de pornografía infantil?
Seguridad Pública
1.- ¿Los señores Lino Korrodi y Juan Sandoval Iñiguez serán exonerados de las acusaciones que se han presentado en su contra, por su cercanía con el presidente de la república, quine los recibe pese a estar sujetos a investigaciones de tipo penal?
2.- ¿Cuándo conocerá el pueblo de México el resultado de las indagatorias contra estas dos personas?
3.- ¿Hasta cuándo la Agencia Federal de Investigaciones se ocupará de localizar y aprehender a los capos y lugartenientes del narcotráfico, en vez de dejar esa función en los órganos de inteligencia y operación del ejército?
4.- ¿Cree usted que las fuerzas armadas deberían orientar su desempeño en términos estrictos a lo dispuesto por el artículo 129 constitucional?
5.- ¿La institución a su cargo combatirá la impunidad con la actúan miles de pequeños distribuidores de narcóticos, para superar las magras cifras hasta hoy alcanzadas en materia de aprehensiones de narcomenudistas?
6.- ¿Para la P. G. R. cuántos de los procesados por delitos federales son condenados en la justa medida de sus actos?
7.- ¿Qué porcentaje de evasión de la condena existe, entre quienes son puestos a disposición de los tribunales por delitos del fuero federal?
8.- ¿Quienes han sido consignados y luego absueltos, fueron injusta e indebidamente sometidos a proceso por la institución a su cargo?
9.- ¿Cree usted que sea factible mejorar la comunicación entre las instancias correspondientes, entre otras, las secretarías de economía y de hacienda y crédito público y la procuraduría general de la república para incentivar una cultura de la denuncia en materia de delitos contra la propiedad intelectual y para perseguir el contrabando, y abatirlos?
10.- ¿el número de empleos que se pierden por la comisión de los delitos contra la propiedad intelectual y el contrabando, los daños que causan a la economía general del país y los pobres resultados obtenidos hasta ahora para prevenirlos y sancionarlos no ameritarán acciones más radicales por la dependencia a su cargo?
11.- ¿En cierto que la PGR promueve sancionar a los reporteros que revelen fuentes sin el aval de estas?
12.- ¿En su caso, que se busca una propuesta de esta índole?
13.- ¿Como integrante del Consejo Nacional de Seguridad Pública cuales serían a su juicio las disfunciones de éste y las de las conferencias u órganos equivalentes que se han promovido?
14.- ¿No le parece que tantos órganos que operan en forma aislada y por su cuenta en vez de posibilitar la coordinación, la obstruyen?
15.- ¿Qué mecanismos propondría para lograr una verdadera coordinación entre federación, estados y municipios en materia de seguridad pública?
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, AL PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA, GENERAL RAFAEL MACEDO DE LA CONCHA, CON MOTIVO DE SU COMPARECENCIA ANTE LAS COMISIONES DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, Y DE SEGURIDAD PUBLICA
Dip. Francisco J. Valdéz de Anda
1. ¿Cuáles han sido los avances en el control de narcóticos asegurados y la forma de destrucción y condiciones del procedimiento de destrucción de plantíos, y cuáles han sido los avances para transparentar tales procedimientos?
2. ¿Cuáles considera que son las acciones más urgentes e inmediatas a realizar en coadyuvancia a su responsabilidad por parte de esta Soberanía para darle las herramientas en su delicada función en materia de organizaciones delictivas dedicadas al narcotráfico?
3. ¿Cuáles son las acciones que tiene contempladas en esta materia y cuáles serían las acciones que como poder Legislativo Federal, podemos coadyuvar para no sólo buscar la erradicación sino también la prevención en materia de comercialización de material apócrifo?
4. ¿Cuáles han sido los efectos y acciones concretas en materia de procuración de justicia a raíz de la entrada en vigor de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información?
* Dip. Fernando A. Guzmán Pérez Peláez.
¿Por qué el Ministerio Público no ha declarado a los señores RODOLFO LEÓN ARAGÓN Y JOSÉ MARÍA CÓRDOBA MONTOYA, siendo que las declaraciones están ordenadas desde hace más de un año?
2. ¿Cómo ha buscado agotar la línea de investigación señalada por IGNACIO FLORES RUIZ, MIGUEL PÉREZ VELAZCO, EMETERIO ROMO PÉREZ Y RAFAEL MELITÓN URIBE PÉREZ, en el sentido de que el Señor Cardenal JUAN JESÚS POSADAS OCAMPO tuvo fricciones en los Pinos?
3. ¿Cómo investiga la firma que se desprende del escrito ratificado ante Notario Público por FULVIO JIMÉNEZ TUREGANO y corroborado por varios de sus agentes que lo acompañaron el día de los hechos al aeropuerto de la Ciudad de México, donde de acuerdo a lo manifestado en la Averiguación Previa, le había instruido el Doctor JORGE CARPIZO telefónicamente que llegaría un avión militar de Guadalajara y que en el mismo venía el "Chapo Guzmán" y el "Güero Palma" y que la instrucción era que detuvieran a todos los que venían en el avión?
4. Las diligencias realizadas para corroborar o desvirtuar los vuelos efectuados en aviones de la Procuraduría General de la República de la Ciudad de México a la Ciudad de Guadalajara el día de los hechos, resultan con muchas contradicciones e interrogantes que el Agente del Ministerio Público no ha querido terminar de investigar.
5. ¿Qué diligencias ha realizado para corroborar o desmentir que los teléfonos de la casa y oficinas del Cardenal POSADAS OCAMPO estaban intervenidos?
6. ¿Qué diligencias ha realizado para saber si "alguien" convocó a las bandas de los Arellano y el Chapo Guzmán el día de los hechos?
7. ¿Qué por gestiones legales ha hecho que el primer detenido en el caso, JESUS ALBERTO BAYARDO ROBLES alias "el Gori", regrese a México para ser juzgado por los tribunales mexicanos?
CUESTIONAMIENTOS DE LA SEGUNDA RONDA DEL GPPAN DENTRO DEL PROCESO DE GLOSA 2003
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
1. Estamos conscientes que con la aprobación de la iniciativa del Ejecutivo Federal de nueva Ley Orgánica de la PGR, se establecieron las bases necesarias para que por primera vez en la historia de la Procuraduría, esta pueda contar con un modelo de servicio de carrera eficaz y acorde a las necesidades institucionales y de su personal sustantivo, situación que sin duda alguna se ha reflejado en más y mejores esquemas de desempeño laboral de su personal sustantivo, lo cual ha dado como resultado el abatimiento en casi un 90% del rezago histórico que desde hace varios años venía presentando la Procuraduría en la integración de averiguaciones previas, mismas que ascendían a más de 50 mil. En tal sentido Señor Procurador, nos interesa saber las siguientes cuestiones ¿se tiene contemplado por parte de la Procuraduría, incrementar su personal sustantivo a efecto de optimizar aún más el desahogo de las averiguaciones previas? ¿qué medidas esta tomando la Procuraduría para evitar en un futuro caer en una situación de rezago histórico en la integración de las averiguaciones previas, tal y como a la que se tuvo que enfrentar usted al iniciar su gestión al frente de esta dependencia?, en el rubro de la profesionalización y capacitación de elementos sustantivos y operativos en la institución ¿qué medidas y programas está realizando la Procuraduría para alcanzar esta meta?
2. Con el proceso de reestructuración de la Procuraduría, implementado por la presente administración, se han logrado reforzar diversas áreas estratégicas de la misma, con la finalidad de optimizar su funcionamiento y poder brindar mejores resultados en la lucha contra la delincuencia, un claro ejemplo lo es la Agencia Federal de Investigación, el elemento operativo de la dependencia, la cual, sin duda alguna, ha sufrido un proceso de transformación y saneamiento positivo durante el actual gobierno, contando con elementos más profesionales y comprometidos con la ciudadanía, en tal sentido ¿qué otras acciones emprenderá o esta emprendiendo la Procuraduría para consolidar a esta Agencia?. Por otra parte, tenemos conocimiento de que durante el proceso de reestructuración de la Agencia Federal de Investigación, se han sustituido alrededor de 2400 elementos de un total aproximado de 3000 elementos que integran dicha Agencia Federal, no obstante los 600 elementos restantes que no han sido sustituidos, permanecen principalmente en las delegaciones estatales de la Procuraduría, es por ello que quisiéramos saber ¿se tiene proyectado sustituir a estos 600 elementos de las delegaciones estatales de la PGR, a efecto de que el proceso de reestructuración de la Procuraduría, permee a nivel estatal?. Por otra parte, el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el año 2004, enviado por el Ejecutivo Federal, contempla un incremento real del 77.7 lo que representa un incremento de 1,150 millones de pesos, en tal virtud, deseamos saber, ¿a qué rubros se pretendería destinar este incremento en los recursos para la agencia federal de investigación?
3. Somos testigos del fortalecimiento de las atribuciones que son competencia de las distintas instancias involucradas en la atención al narcotráfico, particularmente la Procuraduría General de la República, que con el fin de ampliar los márgenes de acción en sus diversas vertientes de actuación logren inhibir y evitar el ingreso de drogas al mercado nacional y suprimir su oferta, en este sentido ¿cuál ha sido el impacto de la lucha contra el narcotráfico respecto al consumo nacional?
4. En el rubro del combate al llamado narcomenudeo, cabe destacar los importantes esfuerzos realizados por la Procuraduría para contrarrestar este tipo de conductas delictivas, no obstante ello, dada la complejidad que en la actualidad presenta este fenómeno criminal, es necesario potencializar los recursos con que cuentan los distintos órganos de procuración de justicia existentes en el país, garantizando una efectiva corresponsabilidad entre los distintos ámbitos de gobierno, en tal sentido, ¿qué medidas inmediatas esta tomando la Procuraduría a su cargo para evitar la proliferación de centros de venta al menudeo de estupefacientes? ¿se trabaja en una estadística con respecto a los principales puntos de operación del narcomenudeo? ¿considera usted que es necesario implementar reformas legislativas tendientes a lograr una concurrencia competencial entre la Federación y las Entidades Federativas para que ambas instancias de manera organizada, puedan conocer de este tipo de conductas delictivas, conjuntando para tal efecto, sus recursos materiales y el personal? y ¿hasta donde consideraría cual debiera ser la competencia de cada uno de los órganos de gobierno?
5. Dada la estrecha cooperación que entre Ejecutivo y Legislativo logramos concretar en la pasada legislatura la nueva Ley Orgánica de la PGR de reciente entrada en vigor, la cual sentó las bases para que esta dependencia estableciera un nuevo modelo organizacional transparente y eficaz, que permita fortalecer la capacidad estratégica y profesional del Ministerio Público, potencialice la capacidad táctica de la Agencia Federal de Investigación (AFI) y consolide una acción integral de inteligencia en la lucha contra la delincuencia, también se separaron las funciones administrativas, de las judiciales entendiendo el termino judicial lato y no específicamente jurisdiccional; así como se avanzó en la tecnificación y profesionalización de la institución. En este sentido, de consolidación del marco normativo penal, ¿existe algún proyecto de código penal o procesal único o de unificación, en su caso de criterios procedimentales en materia penal? en caso de ser afirmativa su respuesta ¿existe consenso en esta materia con las entidades federativas?
6. Los Derechos Humanos y la seguridad del gobernado son un termómetro que nos permite medir el grado de desarrollo de una sociedad, estamos conscientes de que en este contexto la Procuraduría ha realizado grandes esfuerzos, en esa virtud ¿ cuál es el saldo en materia de respeto y protección de los derechos humanos que la Subprocuraduría de Derechos Humanos, atención a víctimas del delito y servicios a la Comunidad arroja en el periodo materia de esta glosa?
7. Por otra parte, sabemos que en fechas recientes, con el objetivo de lograr consolidar acciones encaminadas a proteger la integridad psicofísica de las personas, la PGR en cumplimiento al "Protocolo de Estambul", determinó implantar la utilización obligatoria de un dictamen médico - psicológico, para casos de posible tortura y maltrato, que deberán observar los Agentes del Ministerio Público de la Federación, los peritos, médicos legistas y demás personal de la PGR. En tal sentido, nos interesa saber ¿Qué acciones concretas ha tomado la Procuraduría a su cargo para llevar a cabo la implementación de esta importante medida protectora de los derechos humanos? ¿Qué resultados espera que arroje la implementación del dictamen? ¿Qué medidas tomará la Procuraduría respecto del personal que deje de observar la implementación de esta medida?
8. Toda vez que el actuar de la institución ministerial al nivel federal como parte acusadora en el proceso penal, se incorpora como sujeto procesal colaborador del juez a la actividad judicial, ¿qué opinión le merece señor Procurador, la posibilidad de plantearnos al mediano plazo la autonomía constitucional del Ministerio Público? ¿considera que estamos caminando hacia un Procedimiento Penal de corte acusatorio?
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, AL PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA, GENERAL RAFAEL MACEDO DE LA CONCHA, CON MOTIVO DE SU COMPARECENCIA ANTE LAS COMISIONES DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, Y DE SEGURIDAD PUBLICA
A cargo del diputado Miguelángel García-Domínguez
PREGUNTAS
1. ¿Cuál es el proyecto del Gobierno Federal para realizar el cambio estructural, operativo y programático de la procuración de justicia federal a fin de hacerla eficiente, evitar la impunidad y disminuir la inseguridad?
2. ¿Cuál es el proyecto del Gobierno Federal para darle a la Procuraduría General a su cargo, autonomía respecto del Presidente de la República y del Secretario de la Defensa?
3. La Comisión de Derechos Humanos de la O.N.U. recomendó la urgente reforma del sistema de procuración de justicia para convertirlo de un sistema inquisitorio en un sistema penal acusatorio, dado que el próximo reporte que se entregará el 10 de diciembre insiste en la recomendación suponemos que no se ha avanzado en este sentido, sin embargo, quisiéramos conocer qué acciones concretas han realizado desde la P.G.R. en este sentido, sobre todo en lo que se refiere al cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de libertad personal, presunción de inocencia, flagrancia y arraigo.
4. También nos interesa conocer cuáles han sido las acciones para ajustar el sistema de procuración de justicia a lo señalado en los artículos 37 y 40 de la Convención Internacional sobre los Derechos de la Niñez, en particular con la creación de un ministerio Público especializado, cuerpos policíacos especializados en derechos humanos de la niñez y la adolescencia. Con relación al Sistema de Responsabilidad Penal de Adolescentes, cuya iniciativa de reforma constitucional a los artículos 18 y 73 ha sido presentada por todos los grupos parlamentarios del Senado de la República y por diputadas y diputados diversos para trabajar en conferencia, nos interesa conocer la opinión de la procuraduría a su cargo sobre el particular y qué proyección presupuestaria y operativa está haciendo el gobierno federal para la instrumentación del sistema.
5. Por último, en relación con las agresiones a los comunicadores, ¿qué medidas ha adoptado la Procuraduría a su cargo para sancionar a los responsables de delitos cometidos contra personas de los medios de comunicación que ejercen el derecho a la libertad de expresión?, e informarnos ¿a qué funcionarios públicos se ha sancionado por incurrir en este tipo de delitos?, ¿qué sanciones se han aplicado?
A cargo de la diputada Eliana García Laguna
PREGUNTAS
1. El Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas solicitó a la instancia a su cargo, la información sobre las cifras de averiguaciones previas instruidas para investigar denuncias de tortura, los casos en que se ha ejercido la acción penal y los procesos en que se ha dictado sentencia firme, ya sean absolutorias o condenatorias y la extensión de las penas impuestas. Solicitaríamos durante esta comparecencia la entrega a este cuerpo legislativo del informe completo con las cifras solicitadas.
2. Existe interés del Estado, representado por usted en lo que a procuración de justicia se refiere, para investigar exhaustivamente y determinar la responsabilidad penal de todos los autories de las violaciones a mujeres indígenas o, por el contrario, prevalecerá la percepción de que las mujeres violadas por agentes del Estado (ejército nacional en particular) en ningún caso alcanzarán justicia? ¿Tendremos esperanza de que lo expresado por el señor presidente en agosto de 2002 en el sentido de que los derechos humanos son en este gobierno una política de Estado?
3. La creación de la Fiscalía Especial para movimientos sociales y políticos del pasado tiene como objetivo investigar y, supondríamos, castigar a servidores públicos civiles y/o militares responsables de delitos de lesa humanidad. En muchos casos, hubo intervención directa de algunos elementos del ejército mexicano en la comisión de dichos delitos, ¿podría explicar a esta Cámara el conflicto de intereses por el hecho objetivo de que la Fiscalía Especial, subordinada a la Procuraduría a su cargo, tenga que investigar al ejército en los mismos años en que usted era militar en activo de la institución castrense que está bajo investigación?, ¿Cómo va la procuraduría a resolver el problema de la jurisdicción militar para castigar a los responsables?, ¿Cómo va la Fiscalía Especial de la Procuraduría a su cargo a castigar a los responsables de torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales durante los años 70 y 80?
4. Con respecto a la desaparición forzada de personas y a raíz de la decisión de la Suprema Corte de Justicia sobre que el plazo de prescripción del delito de desaparición forzada se contabiliza a partir de que la víctima es liberada y que los más de 560 desaparecidos por motivos políticos desde 1965 hasta la fecha no han sido liberados, cuándo va la Fiscalía Especial a girar las órdenes de aprehensión contra los comandantes supremos de las fuerzas armadas desde Luis Echeverría hasta Ernesto Zedillo y sus subordinados en la defensa y la armada que permitieron y ordenaron estos crímenes y usaron prisiones militares y navales como cárceles clandestinas?, ¿Qué opinión le merece la Reserva que existe en el artículo IX de la Convención Interamericana de Personas?
5. Existen en nuestro país numerosos casos de procesados por motivos políticos y sociales, nuestro partido ha planteado la declaración de una amnistía general y su inmediata libertad. ¿Qué compromisos puntuales podemos esperar en relación con la revisión de todos los expedientes conforme a derecho, con la aceptación de las recomendaciones emitidas por las organizaciones internacionales de derechos humanos y la liberación de todos los prisioneros de conciencia?
La metáfora de la violencia contra las mujeres se define por el feminicidio que vive en particular el estado de Chihuahua y que se ha extendido como plaga letal a otros estados. Hemos definido al feminicidio como un crimen de Estado pues las autoridades federal, estatal y municipal son responsables de la reproducción de las condiciones sociales y judiciales de la impunidad ya sea por comisión o por omisión. Después de más de diez años de negligencia, desatención y olvido como la misma Comisionada recién nombrada, Guadalupe Morfín Otero ha calificado la omisión de las autoridades, inclusive pidiendo perdón ante tal impunidad.
6. ¿Qué acciones reales de procuración de justicia, no las 40 acciones paliativas y compensatorias del Programa Integral de Seguridad Pública pomposamente presentado por el gobierno federal, va a realizar la Procuraduría General de la República quien ha sido denunciada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos de pretender aminorar la gravedad de los asesinatos de mujeres al no atraer los casos de las más de 370 jóvenes asesinadas? Ante el Informe de Amnistía Internacional y los señalamientos específicos sobre la no participación de la Procuraduría General de la República para corregir los errores en las investigaciones llevadas a cabo por las autoridades locales, ¿qué ha hecho la PGR en para atender la exigencia de su intervención, cuántos asesinatos más pagan la cuota de impunidad para que la PGR atraiga todos los casos? ¿De los 14 casos que se atrajeron, cuál es el avance, cuántos detenidos existen, quiénes son responsables?
7. Según denuncia la CNDH en su Informe Especial, las investigaciones del feminicidio en Chihuahua están paralizadas, hay incongruencia entre los informes oficiales de las autoridades de los tres niveles de gobierno encargadas de investigar, no hay sistematización en los datos por lo que la disparidad en el número de homicidios y desapariciones se convierte en una guerra de cifras que permite a las autoridades desentenderse de sus obligaciones con las familias de las victimas, se agrede física y psicológicamente a los presuntos responsables a través de la tortura, se falsea la información sobre que están concluidas las investigaciones y resueltos los casos, hay una deficiente tarea forense y de investigación de evidencias.
La sociedad mexicana, los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, los legisladores y legisladoras mexicanas e internacionales, pero sobre todo, las madres y familias de las víctimas han exigido el esclarecimiento de estos crímenes y el castigo a los responsables y a quienes desde el Estado han actuado con negligencia y complicidad criminal. Mientras tanto la Procuraduría a su cargo se contradice con la Secretaría de Gobernación pues en voz del señor Subprocurador Higueras se nos dice que como la Comisionada no tiene facultades no podrá acceder a los expedientes y en voz del secretario Creel se nos dice que tendrá todas las facilidades; ¿a quién le creemos?
Lo cierto es que la Procuraduría no ha desmentido las aseveraciones del secretario de gobernación mas tampoco las del subprocurador, por tal razón, y en tanto usted tiene el nivel jerárquico del secretario de gobernación ¿qué papel va a cumplir la procuraduría para que la comisionada cumpla con las expectativas generadas por el mismo gobierno federal con su nombramiento? ¿Cuál es su decisión para darle acceso a los expedientes de las investigaciones policíacas y forenses? ¿Cuál es el procedimiento establecido en la PGR para que ella pueda demandar la actuación de los esfuerzos concurrentes del sistema de procuración de justicia en el esclarecimiento del feminicidio en el estado de Chihuahua?
Por sus respuestas, muchas gracias.
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM, AL PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA, GENERAL RAFAEL MACEDO DE LA CONCHA, CON MOTIVO DE SU COMPARECENCIA ANTE LAS COMISIONES DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, Y DE SEGURIDAD PUBLICA
Palacio Legislativo, a 24 de noviembre de 2003.
DIP. JUAN DE DIOS CASTRO LOZANO
PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS
PRESENTE
Con fundamento en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el Acuerdo Parlamentario por el que se establecen las bases para el desarrollo de las comparecencias de funcionados del Ejecutivo Federal ante la Cámara de Diputados, aprobado por el Pleno el día 18 de septiembre de 2003, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México remite a Usted, los cuestionamientos de la comparecencia del C. Procurador General de la República, conforme lo establece el artículo Segundo del citado Acuerdo.
1.- Díganos Señor Procurador qué criterios se toman en cuenta para la designación de Delegados estatales de la Procuraduría que Usted dirige?
2.- Díganos General, Macedo de la Concha ¿cuáles son los lineamientos para designar a los Agentes de la Agencia Federal de Investigaciones, y Peritos de la PGR?
3.- Señor Procurador ¿Cómo se han aplicado los recursos financieros en la Procuraduría General de la República?
4.- Licenciado Macedo nos puede decir ¿Cuáles son las principales acciones que se han implementado en la Procuraduría para combatir la corrupción?
5.- Señor General ¿Cuáles son las principales acciones que se han instrumentado en su dependencia para combatir la piratería y el contrabando?
6.- Díganos cuáles son las principales acciones y logros que se han implementado en la Procuraduría, para combatir la pornografía infantil?
Sin más por el momento, le solicitamos de la manera más atenta se envíe por el conducto de la Mesa Directiva la información acordada al C. Procurador General de la República. Así mismo suplicamos se deje sin efectos el cuestionario que se envió con anterioridad al presente.
ATENTAMENTE
Dip. Cuauhtémoc Ochoa Fernández (rúbrica)
Del Partido Verde Ecologista de México
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT, AL PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA, GENERAL RAFAEL MACEDO DE LA CONCHA, CON MOTIVO DE SU COMPARECENCIA ANTE LAS COMISIONES DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, Y DE SEGURIDAD PUBLICA
1. México inició una fuerte campaña contra el narcotráfico desde hace varias décadas. Sin embargo, los resultados parecen ser sumamente parciales. Se habla de muchas detenciones de narcotraficantes, pero el problema continúa subsistiendo. Incluso, se ha agravado. Ahora ya no sólo se producen y exportan drogas, también nos hemos vuelto consumidores en gran escala. ¿Acaso se ha equivocado la estrategia de combate al narcotráfico, señor Procurador?
2. En conexión con la pregunta anterior, quisiéramos escuchar su opinión respecto a la propuesta de legalizar el tráfico de drogas y con ello formalizar la compra-venta de estupefacientes para someterlo a un mercado regulado. ¿Qué opinión le merece esta propuesta? ¿Acaso no sería menos costoso y más eficaz el combate al narcotráfico mediante la legalización de las drogas?
3. Algunos organismos internacionales han destacado el problema de la corrupción en la impartición de justicia en nuestra nación. Incluso se ha llegado a señalar que los ministerios públicos federales, que son instancias legales de la competencia de la PGR, están permeados por personal corrupto, en algunos casos se documenta su conexión con el hampa organizada. ¿Qué está haciendo la PGR para limpiar de los malos elementos a esta institución?
4. Con respecto al incremento de la delincuencia organizada, sobre todo lo relacionado con grandes bandas organizadas, la piratería, el contrabando, entre otros, ¿qué está haciendo la dependencia a su cargo para frenar a la delincuencia de Estado asociada a estos actos delictivos? Decimos de Estado porque se documentado de manera profusa la intervención de personal de la PGR y de altos funcionarios públicos en estos actos.
¿No le parece que los cateos que se han hecho en el barrio de Tepito no han producido los resultados deseados? No obstante que hay un esfuerzo sistemático en ese sentido, la información disponible no indica que se haya abatido el narcotráfico, el tráfico de armas y la piratería.
5. Consideramos que dentro del aparato gubernamental existe una corrupción generalizada, y que es la que permite la impunidad con la que se dan los delitos en México. ¿No le parece que este es un aspecto que debe dársele la importancia que merece? Porque consideramos que ésta es la vía para erradicar los ilicitos.
6. Señor Procurador, el combate al narcotráfico ha estado vinculado a la colaboración de México con la DEA. Sabemos que esta colaboración no ha sido del todo amistosa, toda vez que han surgido problemas que evidencian cuestiones conflictivas entre ambas agencias de combate al narcotráfico. Recordemos el caso Casablanca, que aunque no fue en su administración es un ejemplo de cómo la DEA se extralimita en su accionar. ¿Puede usted detallarnos los mecanismos más importantes de cooperación entre la PGR y la DEA?, ¿Hasta qué punto esta cooperación ha dado resultados concretos en abatir el tráfico de drogas entre ambos países? ¿podemos hablar de que exista subordinación de la PGR ante la DEA en la implementación de acciones conjuntas contra el narcotráfico?
7. Una de las situaciones mas vergonzosas que daña la imagen internacional de México es el relativo a los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, que hasta ahora no han sido esclarecidos y lo que es más grave continúan ocurriendo. La PGR actuó de manera tardía para atender este asunto. En este sentido deseamos saber, ¿qué estrategia está siguiendo la PGR para esclarecer estos crímenes?, ¿la Fiscalía Especial para estos asesinatos cuenta con los suficientes apoyos humanos, logísticos y económicos para llevar a cabo su función?, ¿se permite la participación de los familiares de las víctimas para apoyar el trabajo de la PGR?
8. En los últimos años se ha intensificado el tráfico de indocumentados centroamericanos hacia México en su afán de llegar a los Estados Unidos. Múltiples han sido los problemas que esto ha generado para el gobierno mexicano. Incluso se ha comparado el trato que da nuestro gobierno a esos indocumentados con el que otorga el gobierno norteamericano a nuestros compatriotas que cruzan la frontera norte. Deseamos saber lo siguiente: ¿Qué está haciendo la PGR para reducir de forma significativa ese tráfico de personas y qué está haciendo para combatir a las bandas organizadas que trafican con los indocumentados de Centroamérica que cruzan nuestra frontera? ¿Existe alguna colaboración entre la PGR y los organismos de protección de los derechos humanos para garantizar que las acciones de la PGR no atenten contra los derechos fundamentales de estos migrantes?
Esperamos una respuesta puntual a estos cuestionamientos.
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL CONVERGENCIA, AL PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA, GENERAL RAFAEL MACEDO DE LA CONCHA, CON MOTIVO DE SU COMPARECENCIA ANTE LAS COMISIONES DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, Y DE SEGURIDAD PUBLICA
Dip. Jaime Miguel Moreno Garavilla
1 . Mujeres asesinadas en Ciudad Juárez: ¿A ese respecto, qué estrategias y que acciones ha seguido la Procuraduría a su cargo?, ¿Qué avances se han logrado?, ¿Cuáles son las expectativas para resolver dicha situación?
2. Tráfico de indocumentados: ¿Cuáles son los esfuerzos que la Procuraduría ha realizado para combatir y acabar con este problema que afecta a tantos connacionales?
3. Secuestro: ¿Cómo se ha enfrentado el secuestro en el último año?, ¿Qué resultados han arrojado la estrategia implementada?, ¿Cómo y con qué medios se ha combatido a este tipo de delincuentes que en su actuación no tienen ninguna consideración para sus víctimas?
4. El narcotráfico: ¿Cuáles son los resultados que hasta ahora se han alcanzado con la implementación del Programa Nacional para el Control de Drogas 2001-2006?, ¿Qué acciones se han realizado para fomentar la participación social en el combate al narcotráfico?
5. El combate a la corrupción: ¿Qué avances ha logrado la Procuraduría en el combate a la corrupción con la aplicación del programa operativo para la transparencia y el combate a la corrupción?, ¿Cuáles son las metas y proyecciones en este tema para el próximo año?
6. Fomento de la legalidad y participación ciudadana en las tareas de Procuración de Justicia: ¿Se ha recuperado la confianza ciudadana?, ¿Qué resultados ha arrojado la participación ciudadana en la prevención y persecución del delito?, ¿Cuál es la estrategia de organización y participación ciudadana en la vigilancia y ejecución de las tareas de procuración de justicia?
7. Actualizar y eficientar la Institución del Ministerio Público Federal: ¿Se ha logrado reducir el rezago en la integración de averiguaciones previas?, de no ser así ¿Cómo se pretende lograrlo?, ¿Qué acciones se están llevando a cabo para capacitar a los servidores públicos de la Procuraduría a su cargo?
8. Programa Nacional de Procuración de Justicia 2001-2006: ¿Qué porcentaje de avance se ha logrado en el cumplimiento de las políticas, estrategias, objetivos y metas trazadas en dicho programa?, ¿En general, cómo calificaría la actuación y resultados de la Procuraduría en los últimos tres años?
 
 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, ADICIONALES, AL SECRETARIO DE ECONOMIA, LICENCIADO FERNANDO CANALES CLARIOND, CON MOTIVO DE SU COMPARECENCIA ANTE LA COMISION DE ECONOMIA
19 de noviembre de 2003.
C. FERNANDO CANALES CLARIOND
SECRETARIO DE ECONOMÍA
PRESENTE
Por medio de la presente, me permito remitirle respetuosamente el alcance de las dos preguntas que nuestro Grupo Parlamentario ha considerado formularle durante su próxima comparecencia ante esta Soberanía.
El día de hoy fue aprobado por todas las fracciones parlamentarias representadas en esta Cámara de Diputados un Punto de Acuerdo sobre la Octava Reunión de Ministros de Comercio del Hemisferio para las Negociaciones del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas, que se celebrará los próximos 19 al 21 de noviembre del presente en la ciudad de Miami.
Así, queremos preguntarle: ¿cuáles fueron los resultados obtenidos por el Gobierno Federal respecto al compromiso establecido por éste con las organizaciones campesinas y de productores agropecuarios, de mantener en las negociaciones comerciales el reconocimiento de nuestro país como una nación en vías de desarrollo y la búsqueda de la supresión inmediata de los subsidios a la exportación así como los subsidios internos de los productos que ingresan a nuestro país que distorsionan el comercio internacional, además del derecho soberano de México de reintroducir restricciones cuantitativas o arancelarias por causas de daño a la producción nacional, de acuerdo con los procedimientos legales aplicables?
Igualmente, ¿cuáles fueron los resultados obtenidos por el Gobierno Federal en las negociaciones con relación a alcanzar un acuerdo comercial que se subordine a las exigencias del desarrollo económico y social sustentable; a impedir que en las negociaciones sobre el rubro de servicios se abra el acceso a los servicios públicos; a garantizar el acceso a los medicamentos y a la salud, así como el derecho que cada país tiene de producir o de importar medicamentos genéricos; a prohibir que sean patentadas todas las formas de vida con el fin de preservar la biodiversidad, la seguridad alimentaria, y los derechos de los pueblos indígenas; a mejorar los derechos de los trabajadores y trabajadoras; y, a que se apliquen los principios de precaución y de sustentabilidad, considerando que no se puede exigir la misma reglamentación a partes desiguales?
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
Atentamente
Dip. Juan José García Ochoa (rúbrica)
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