Gaceta Parlamentaria, año VI, número 1374, viernes 14 de noviembre de 2003

Acuerdos

DE LA JUNTA DE COORDINACION POLITICA, RELATIVO A LA COMPARECENCIA DEL PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA ANTE COMISIONES DE LA CAMARA DE DIPUTADOS, PRESENTADO Y APROBADO EN LA SESION DEL JUEVES 13 DE NOVIEMBRE DE 2003

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política sobre la programación de la comparecencia del titular de la Procuraduría General de la República, en el marco de la glosa del III Informe de Gobierno

La Junta de Coordinación Política de la LIX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y para dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 7°, párrafos 4 y 5, del mismo ordenamiento, y

Considerando

1. Que, con objeto de completar y ahondar el análisis del III Informe de Gobierno del Ejecutivo federal, la Junta de Coordinación Política ha considerado necesario citar a comparecer a diversos funcionarios públicos ante las comisiones ordinarias correspondientes de la Cámara de Diputados.

2. Que, en términos del Acuerdo parlamentario por el que se establecen las bases para el desarrollo de las comparecencias de funcionarios del Ejecutivo federal ante la Cámara de Diputados, artículo quinto, las comparecencias en comisión se llevarán a cabo conforme a la programación que acuerde la Junta de Coordinación Política.

3. Que la Junta de Coordinación Política, dado que ya fueron constituidas formalmente las comisiones de este órgano legislativo, acordó la conveniencia de que el titular de la Procuraduría General de la República acuda a comparecer ante las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos, y de Seguridad Pública, acuerdo que fue aprobado por el Pleno el 14 de octubre del presente.

Con base en lo antes expuesto y con fundamento en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 7°, 22, 34 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados somete a consideración del Pleno el siguiente

Acuerdo

Primero. Con objeto de dar cumplimiento al artículo 7°, numeral 4, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en atención al acuerdo de la Junta de Coordinación Política, la comparecencia ante las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos, y de Seguridad Pública del titular de la Procuraduría General de la República se realizará el jueves 27 de noviembre de 2003, a las 17:00 horas.

Segundo. Hágase del conocimiento del Pleno de la Cámara de Diputados.

Tercero. En términos del artículo 93 constitucional y el artículo 22, numeral 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicítese a la Presidencia de la Mesa Directiva realice la comunicación correspondiente.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los trece días del mes de noviembre del año 2003.

Diputados: Elba Esther Gordillo Morales (rúbrica p.a.), Presidenta, coordinadora del grupo parlamentario del PRI; Francisco Barrio Terrazas (rúbrica p.a.), coordinador del grupo parlamentario del PAN; Pablo Gómez Alvarez (rúbrica p.a.), coordinador del grupo parlamentario del PRD; Jorge Antonio Kahwagi Macari (rúbrica p.a.), coordinador del grupo parlamentario del PVEM; Alejandro González Yáñez (rúbrica p.a.), coordinador del grupo parlamentario del PT; Jesús Martínez Alvarez (rúbrica), coordinador del grupo parlamentario de Convergencia.

(Aprobado en votación económica. Noviembre 13 de 2003.)

Iniciativas

QUE REFORMA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, PARA REDUCIR DE 15 A 10 POR CIENTO ESE TRIBUTO, PERO SIN GRAVAR ALIMENTOS NI MEDICINAS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO OSCAR GONZALEZ YAÑEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT, EN LA SESION DEL JUEVES 13 DE NOVIEMBRE DE 2003

Los suscritos, diputados federales a la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El Impuesto al Valor Agregado en la política tributaria mexicana ha sido objeto de múltiples polémicas desde que dicho impuesto se puso en vigor el primero de enero de 1980. El gravamen que le antecedió, el Impuesto sobre Ingresos Mercantiles no correspondía, en opinión de los expertos, a la realidad económica de nuestro país.

La implantación del Impuesto al Valor Agregado ofrecía ventajas técnicas como la simplificación en los trámites, mayor transparencia y eficiencia recaudatoria. Como lo señala el dictamen que le dio origen: "El impuesto al Valor agregado representa en nuestros días un sistema moderno de recaudación, sin efectos deformadores sobre la producción, con grandes potencialidades recaudatorias y que permite un mejor control del sistema tributario en su conjunto.

Los países que tenían un impuesto en todas las etapas y con efectos acumulativos, como era el Impuesto sobre Impuestos Mercantiles, lo sustituyeron por el IVA; Francia lo adoptó en 1954 y otros países posteriormente lo incluyeron en su legislación tributaria."

Los encargados de las finanzas públicas estaban convencidos de las bondades de la aplicación de este gravamen porque permitía que en el marco de nuestras relaciones comerciales se homologara nuestro sistema impositivo. Asimismo, consideró la situación económica de los sectores más desfavorecidos de nuestro país.

En ese sentido, el Impuesto al Valor Agregado en su propuesta original contempló el que no se aplicara al consumo de alimentos y medicinas por el impacto que tendría en los consumidores de más bajos ingresos. El dictamen en cuestión a la letra dice: "... en esta materia, es de resaltar el propósito de coadyuvar con el Sistema Alimentario Mexicano a fin de proteger y mejorar el nivel de vida de la población menos favorecida, al extender la tasa del cero por ciento a todos los alimentos permitiendo a los contribuyentes acreditar el impuesto que le sea trasladado en todos los insumos y servicios que formen parte de su elaboración y comercialización". Porque, no obstante que al inicio de la década de los ochentas México atravesaba por el auge petrolero, dado el carácter regresivo de la distribución del ingreso en nuestro país, amplias capas de la población sufrían la caída en sus ingresos.

A la fecha esta disposición se mantiene, aunque han sido varios los intentos que se han hecho para gravar estos renglones del consumo básico de los mexicanos.

A partir de su implantación en 1980 el IVA ha estado sujeto a tres reformas fundamentales. Partió inicialmente de una tasa del 10 por ciento que captó un 2.8 por ciento aproximadamente con respecto al PIB. Posteriormente, la reforma del 31 de diciembre de 1982 elevó el gravamen del 10 por ciento al 15 por ciento, el impacto de este cambio en la recaudación, obtuvo en promedio, un 3.2 por ciento con respecto al PIB, en un entorno de una severa crisis económica. Después en noviembre de 1991, bajó el impuesto del IVA al 10 por ciento, lo que trajo por consecuencia una baja en la recaudación del 2.8 por ciento con respecto al PIB, en promedio.

Finalmente, el 1 de abril de 1995, se incrementó el impuesto a 15 por ciento, impactando favorablemente la recaudación y elevándola ligeramente por arriba del 3 por ciento, con respecto al PIB. Para 2003, el estimado de recaudación es de 3.4 por ciento.

Como puede observarse los cambios habidos en el IVA fueron producto de la estrategia de los gobiernos neoliberales para enfrentar coyunturas específicas. En más de los casos, el incremento de este gravamen fue para compensar situaciones de crisis de las finanzas públicas ante emergencias nacionales. La debacle petrolera de 1982 y el colapso financiero de 1995 llevaron al gobierno a castigar de manera inclemente a las clases populares, lesionando de manera grave sus ingresos y, por tanto afectando su nivel de vida al incrementar el impuesto al consumo.

Con la reforma al IVA de 1992, se disminuyó el impuesto del 15 por ciento al 10 por ciento, y dicha modificación se hizo por motivos de claro tinte político y económico. Se requería implantar medidas que aliviaran el descontento social como lo fueron los programas sociales compensatorios y la baja del IVA. Pero, en el aspecto económico había que reactivar el mercado interno y el descenso de este gravamen, según los funcionarios del área económica de ese gobierno, permitía una mayor capacidad de consumo.

Lo cierto es que el IVA ha sido un impuesto que ha jugado un papel determinante para solventar las crisis económicas, pero afectando a las clases populares. Debemos tener claro, que el impacto de este gravamen lesiona a los más pobres. Por ejemplo, el decil I de la Encuesta de Ingresos y Gasto de los Hogares, por lo que respecta al consumo de bienes básicos, la población ocupada que pertenece a este decil, gasta más del 50 por ciento de sus ingresos en productos gravados por IVA, en los subsiguientes deciles, si bien es menor, su efecto no deja de ser demoledor.

La política neoliberal también se vale de los instrumentos fiscales para la consecución de sus fines. Su interés fundamental está en el control de las variables macroeconómicas, empezando por el control de la base monetaria, particularmente del crédito interno, con fines de control de la inflación; lo que los lleva por extensión al control del tipo de cambio, así como el control del déficit fiscal y un manejo adecuado de la balanza de pagos.

Este dogma neoliberal ha sido, en lo fundamental, lo que no ha permitido que el país crezca en los niveles deseados. Que el mercado interno se haya contraído hasta límites no vistos en nuestro país.

La propuesta del Gobierno Federal de bajar el IVA al 10 por ciento se inscribe en la orientación de impulsar el consumo y en consecuencia del mercado interno, con lo cual se evita gravar los salarios para no salirse del dogma neoliberal.

Al pretender aplicar el IVA a los alimentos, medicinas, educación, servicios médicos, transporte público de pasajeros, se pretende generalizar la aplicación del IVA, pero con un claro tinte político de desgastar al Congreso de la Unión, sabiendo que dicha medida no es bien vista por el pueblo, pero que sirve de señuelo para presentar a los legisladores como los responsables de obstaculizar las reformas foxistas, que a todas luces son contrarias al interés de la población.

La propuesta del Ejecutivo federal de gravar con el IVA a las medicinas y los alimentos no resuelve en nada los problemas estructurales de la economía mexicana. La aplicación de esta medida no incrementará de manera sustancial los ingresos públicos, pero si afectará de manera muy grave a amplios sectores de la población. Debemos recordar, que según cifras oficiales, más de la mitad de los mexicanos viven en extrema pobreza.

La propuesta del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, a diferencia de la del Ejecutivo federal, considera una opción distinta en la que verdaderamente se reactive el mercado interno bajando el IVA del 15 por ciento al 10 por ciento, pero sin gravar alimentos y medicinas.

El efecto recaudatorio sería menor en el corto plazo, pero beneficiaría en lo inmediato a los sectores de más bajos ingresos. Por otra parte, los efectos en el mercado interno serían favorables porque la baja del IVA permitiría su mayor crecimiento, pero sobre todo porque este es un mecanismo directo que permite compensar, en términos reales, los ingresos de la población menos favorecida sin que para ello medien organismos públicos, que las más de las veces, se manejan con criterios clientelares induciendo a que la gente vote u otorgue su preferencia electoral al partido u organización política del que recibe el beneficio.

Por eso, consideramos que la baja del IVA del 15 por ciento al 10 por ciento, es mejor que cualquier programa compensatorio a la pobreza, que no representa ningún costo de carácter administrativo y su impacto en el bolsillo del consumidor es inmediato.

Reiteramos: es necesario que protejamos el poder adquisitivo de las familias que menos tienen, pues son éstas las que dedican una mayor proporción de su ingreso en la adquisición de bienes de consumo básico, como es el caso de alimentos y medicinas.

La enfermedad para una familia de escasos recursos tiene un efecto altamente vulnerable para su economía familiar, ya que se ven obligados para hacer frente a los gastos médicos, hasta empeñar su patrimonio, pues la salud de sus miembros es lo primero.

Los efectos residuales que tendría la baja del IVA, a favor de los sectores de más altos ingresos debe resarcirse por la vía del Impuesto sobre la Renta, gravando de manera equitativa el ingreso. Que paguen más dicho impuesto, los que más tienen.

Debemos tener claro que la fortaleza de las finanzas públicas está en relación directa con el desarrollo económico y no de la confiscación de los ingresos de la población. De por sí, en México, una gran parte de los ingresos públicos provienen de los causantes cautivos que son en lo fundamental los asalariados y de la evasión de las empresas privadas que están sujetas a regímenes de excepción, sobre todo las que tienen los recursos suficientes para evadir y eludir al fisco. Este es un elemento fundamental a considerar cuando se pretenda una reforma fiscal equitativa y proporcional.

En síntesis, la reforma fiscal a la Ley del Impuesto al Valor Agregado que propone el grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, tiene como propósito fundamental sentar las bases para una mayor recaudación progresiva de ingresos tributarios, pero también de ampliar la capacidad de compra de la población, generar las condiciones para la expansión del mercado interno, pero sobre todo, proteger el bolsillo de los sectores mas vulnerables del país.

Por lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la presente

Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para quedar como sigue:

Artículo Primero. Se reforma el segundo párrafo del artículo primero, se reforman las fracciones IV, V y VI del artículo 1-C, se deroga el artículo 2°, y se deroga el párrafo noveno del artículo 4°, todos de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para quedar como sigue:

Artículo 1.

...

I. a IV. ...

El impuesto se calculará aplicando los valores que señala esta ley, a la tasa del 10%. El impuesto al valor agregado en ningún caso se considerará que forma parte de dichos valores.

...

Artículo 1-C.

...

I. a III. ...

IV. "..." Para tales efectos, el impuesto al valor agregado se calculará dividiendo la cantidad manifestada en el estado de cuenta como cobrado por el adquirente entre 1.10. El resultado obtenido se restará a la cantidad manifestada en el estado de cuenta como cobrada y la diferencia será el impuesto al valor agregado causado a cargo del contribuyente que cedió los documentos pendientes de cobro.

V. "..." entre el 1.10, según se trate de documentos que deriven de operaciones afectas a la tasa del 10%. "..."

...

VI. "..." El contribuyente calculará el impuesto al valor agregado a su cargo por el total de la cantidad cobrada por el adquiriente, dividiendo el valor del cobro efectuado entre el 1.10, según se trate de documentos que deriven de operaciones afectas del 10%. "..."

...

Artículo 2. Derogado.

Artículo 4.

...

I. a III. ...

IV. ...

...

Se deroga.

Transitorio

Unico. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los trece días del mes de noviembre del año dos mil tres.

Diputados: Alejandro González Yáñez (rúbrica), coordinador; Pedro Vázquez González (rúbrica), vicecoordinador; J. Antonio Guajardo Anzaldúa, Joel Padilla Peña (rúbrica), Oscar González Yáñez (rúbrica), Francisco Amadeo Espinosa Ramos (rúbrica).

(Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Noviembre 13 de 2003.)

Oficios

DE LA CAMARA DE SENADORES, CON EL QUE DEVUELVE LA MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, PARA LOS EFECTOS DEL INCISO D) DEL ARTICULO 72 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

México, DF, a 11 de noviembre de 2003.

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados
Presentes

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, se aprobó el dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera, por el que se acuerda devolver a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el expediente correspondiente a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, para los efectos de lo dispuesto por el inciso d) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Atentamente
Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica)

HONORABLE ASAMBLEA:

A las Comisiones que suscriben les fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente la minuta con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, proveniente de la Honorable Cámara de Diputados en términos de lo dispuesto por el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Los Senadores integrantes de estas Comisiones realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de la minuta, con el objeto expresar sus observaciones y comentarios a la misma e integrar el presente Dictamen.

Con base en las referidas actividades y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del propio Congreso, estas Comisiones someten a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

DICTAMEN

I. Análisis de la minuta.

La minuta en estudio tiene por objeto reformar la fracción XVIII del artículo 7º, y adicionar un artículo 20-B de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, y corresponde a la iniciativa presentada por el Dip. Jorge Chávez Presa.

Dichas modificaciones se proponen como un alcance a la minuta por la cual se realizan reformas a la propia Ley del Servicio de Administración Tributaria que corresponde al veto interpuesto por el Ejecutivo Federal en términos de la facultad que le confiere el artículo 72 constitucional y concretamente propone lo siguiente:

a) incluir como una facultad del Servicio de Administración Tributaria solicitar el auxilio de la fuerza pública federal cuando ello sea necesario para el cumplimiento de su objeto y atribuciones, y

b) establecer que cuando los contribuyentes sean atendidos por algunos servidores públicos del SAT, éstos tendrán la obligación de llevar un registro de público pormenorizado de tales audiencias.

II. Consideraciones de las Comisiones.

Las Comisiones estiman que las reformas y adiciones propuestas deben de ser desechadas, toda vez que en primera instancia, y dado que por lo general es implacable la función realizada por !a autoridad fiscal, sería conveniente ponderar con mayor detenimiento que pudiera solicitar el auxilio de la fuerza pública.

Lo anterior, debido a que pudiera prestarse a abusos por parte de la autoridad que, en última instancia, vulnerarían las garantías de los particulares, ello considerando que, en muchos de los casos éstos no cuentan con los medios suficientes para ejercer los medios de defensa que la Ley les otorga o bien, el daño causado por la autoridad implique un acto consumado que no pueda ser controvertido.

En cuanto al registro público que deben llevar los servidores públicos respecto de los contribuyentes que atiendan, cabe mencionar que tal medida también se considera improcedente, toda vez que, por un lado, ello implicará un desgaste de tiempo de los servidores públicos, aunado a que, por lo general, en las oficinas gubernamentales se suele registrar una agenda o bitácora sobre las audiencias que los particulares soliciten a las autoridades.

Asimismo, cabe mencionar que por virtud de las disposiciones contenidas de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, no sería necesario el establecimiento de un registro público en el sentido propuesto.

En ese tenor, las Comisiones estiman que por virtud del presente dictamen la minuta que se dictamina debe de ser desechada.

Por lo anterior, y con fundamento en los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del propio Congreso, las Comisiones se permiten someter a la consideración del Honorable Senado de la República, la aprobación del siguiente dictamen con proyecto de:

ACUERDO

UNICO.- Se desecha la minuta con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, turnada el día 2 de septiembre de 2003.

Dado en la Sala de Comisiones del Senado de la República a los seis días del mes de noviembre de dos mil tres.

Comisión de Hacienda y Crédito Público

Senadores: Fauzi Hamdan Amad (rúbrica), Presidente; Alejandro Gutiérrez Gutiérrez (rúbrica), secretario; Demetrio Sodi de la Tijera (rúbrica), secretario: Laura Alicia Garza Galindo, Fernando Gómez Esparza (rúbrica), Raymundo Gómez Flores, Víctor Manuel Méndez Lanz (rúbrica), Dulce María Sauri Riancho (rúbrica), David Jiménez González (rúbrica), Gerardo Buganza Salmerón (rúbrica), Héctor Larios Córdova (rúbrica), Alberto Miguel Martínez Mireles (rúbrica), Rodimino Amaya Téllez (rúbrica), Verónica Velasco Rodríguez (rúbrica).

Comisión de Estudios Legislativos, Primera

Senadores: Antonio García Torres (rúbrica), Presidente; Orlando Alberto Paredes Lara, secretario; José Alberto Castañeda Pérez (rúbrica), secretario; Miguel Sadot Sánchez Carreño, Rubén Zarazúa Rocha, Juan José Rodríguez Prats (rúbrica), Jorge Nordhausen González (rúbrica).

(Turnado a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Noviembre 13 de 2003.)

Proposiciones

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA CREAR LA COMISION ESPECIAL DE GANADERIA, PRESENTADA POR EL DIPUTADO MARIO ERNESTO DAVILA ARANDA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, EN LA SESION DEL JUEVES 13 DE NOVIEMBRE DE 2003

Con fundamento en los artículos 71, fracción II, de nuestra Constitución Política, 55, 58, 59, 71 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior, así como en el 34, incisos a) y b), y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de este Pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Empezaré mi intervención resaltando el hecho de que los recursos naturales son un asunto de seguridad nacional, donde los legisladores tenemos como compromiso apoyar los programas que permitan aumentar la productividad ganadera y avícola y vigilar que los recursos sean destinados a este fin.

Al mismo tiempo, resaltar que México es un país eminentemente ganadero.

Que se cuenta actualmente con un inventario ganadero de 30.2 millones de bovinos, 15.8 millones de porcinos, 5.9 millones de ovinos, 9.1 millones de caprinos, 370.9 millones de aves y 5.2 millones de equinos.

Que se producen 9,640.6 millones de litros de leche: 4,483.0 miles de toneladas de carne y 1,881.6 miles de toneladas de huevo.

Teniendo un consumo per cápita de carne de 14 kilogramos y de 39.5 kilogramos de leche.

Se exportan 1.2 millones de cabezas de ganado en pie, que representan 1,949.6 millones de pesos del PIB; 49,459.5 toneladas de carne y 1,197.4 toneladas de huevo.

Que se cuenta con 110 millones de hectáreas de tierras de pastoreo a lo largo de la República Mexicana, donde se puede realizar esta actividad.

Ahora bien:

En la LVIII legislatura, en el decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de este año se aprobó el Programa de Estímulos a la Producción Ganadera (Progan), que incluye un sistema nacional de identificación individual de ganado (Siniigan), que también pretende fomentar la productividad ganadera bovina extensiva, que con base en el incremento de la producción forrajera de las tierras de pastoreo, derivada del mejoramiento de la cobertura vegetal y de la incorporación de prácticas tecnológicas, así como establecer la identificación del ganado bovino de manera individual y permanente, para su control y rastreo.

Por tal motivo, es necesario conocer cómo han sido aplicados los recursos durante este año y si han sido suficientes o no.

Aunado al punto anterior, tenemos, por otra parte, la urgente necesidad de que una comisión especial que atienda los asuntos del sector lechero, donde la prioridad debería ser favorecer a los productores mexicanos, los cuales no se han visto realmente favorecidos por las limitantes con que cuenta Liconsa para la compra de leche, que aun cuando se le asignaron en el Presupuesto del Ejercicio Fiscal de 2002 150 millones de pesos, dichos recursos no pudieron ser empleados en su totalidad, teniendo que continuar con la mecánica de compra de cupos de importación.

A estos problemas planteados se les puede aunar la competencia desleal en la importación de cárnicos, que se ve más agravada por el uso del clembuterol, problema que va en aumento por la falta de eficacia en la Ley Federal de Sanidad Animal y en la verificación y vigilancia de los cárnicos que son introducidos al país.

Ya en la pasada Legislatura se pudo constatar que al contar con una comisión especial de ganadería es más factible tener avances en los asuntos relativos al sector ganadero y que es de vital importancia seguir el claro ejemplo de la Sagarpa, que cuenta con dos direcciones que son la General de Agricultura por una parte y, por la otra, la General de Ganadería.

Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido en el artículo 42 de la propia Ley Orgánica propongo a esta honorable soberanía, previa intervención de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, que emita el siguiente

Acuerdo

Primero.- Se crea la comisión especial de ganadería de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, de la LIX Legislatura, encargada de dar seguimiento a los trabajos que han quedado pendientes de resolver, así como de vigilar los recursos destinados para el Progan y que solucione los problemas del sector lechero; asimismo, que supervise y vigile lo relativo a la importación de cárnicos, combatiendo especialmente los contaminados con clembuterol, dándole una especial revisión a la Ley Federal de Sanidad Animal.

Segundo.- La comisión especial materia de este acuerdo se integrará con 30 diputadas y diputados pertenecientes a todos los grupos parlamentarios, de acuerdo con la propuesta que al efecto formule al Pleno de los diputados la Junta de Coordinación Política.

Tercero.- La comisión especial materia del presente acuerdo funcionará por el término de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión.

Dip. Mario Ernesto Dávila Aranda (rúbrica)

(Turnada a la Junta de Coordinación Política. Noviembre 13 de 2003.)

CON PUNTO DE ACUERDO, RESPECTO AL ARTICULO SEGUNDO TRANSITORIO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2004, PRESENTADA POR EL DIPUTADO PASCUAL SIGALA PAEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DEL JUEVES 13 DE NOVIEMBRE DE 2003

Pascual Sigala Páez, diputado federal integrante grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 34, inciso c), 42 y 43, numerales dos y tres, de la Ley Orgánica para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior, propone punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Antecedentes

Acudo a esta tribuna a plantear a ustedes un tema que me preocupa profundamente, que preocupa al grupo parlamentario del PRD y sé que también a muchos de ustedes.

Esto tiene que ver con el proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004.

El Ejecutivo federal plantea en el artículo segundo transitorio la desincorporación, en varias modalidades, de las entidades de apoyo de los sectores agropecuario y pesquero.

Hablamos del INIFAP, del Colegio de Posgraduados, del INCA Rural, del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) y CONAZA, así como de 11 entidades más.

Ante esa pretensión liquidadora, queremos manifestar que la desincorporación de tales instituciones obedece evidentemente a la exigencia de organismos como el Banco Mundial y el FMI.

Y pregunto: ¿Quién o quiénes serán los beneficiarios de la extinción de esas instituciones? México no, los mexicanos mucho menos.

La política privatizadora beneficia sólo las grandes transnacionales, que pretenden aniquilar nuestra producción primaria para avanzar hacia la total dependencia alimentaria.

Como parte de esa estrategia, el Ejecutivo plantea el desmantelamiento de la estructura de apoyo en ciencia y tecnología, que a lo largo de años se construyó con mucho esfuerzo.

Las instituciones que se pretende desincorporar concentran los recursos humanos mejor preparados en la investigación de temas relevantes para el desarrollo de los sectores agropecuario, forestal y pesquero de México.

Para ejemplificar, basta decir que, a más de cuatro décadas, el Colegio de Posgraduados ha alcanzado niveles de excelencia, que lo han consolidado como una de las instituciones más importantes de posgrado en México y Latinoamérica.

Por otra parte, el INIFAP, con personal sumamente calificado, define las prioridades en la investigación aplicada a la agricultura y al manejo y la conservación de los recursos naturales en el país.

El IMTA es ampliamente reconocido como el brazo científico y tecnológico del sector agua en México. Ha apoyado la Comisión Nacional del Agua y otros organismos operativos y ejecutores de servicios públicos.

Por otra parte, el INCA Rural es líder en procesos de educación no formal, capacitación masiva, evaluación y certificación para el desarrollo rural integral, alcanzando las regiones de mayor marginación.

Quien piense que con la eliminación de esas instituciones se ahorrarán algunos centavos se equivoca, pues sería mucho más costoso mutilar la investigación, la generación de tecnología propia, la capacitación, la educación y el apuntalamiento del sector rural del país.

¿A quién queda duda de la contribución que dichas instituciones realizan a la patria?

En estos momentos, de severa crisis, cuando hemos clamado por el rescate del campo, por el reconocimiento de su multifuncionalidad y por su importancia en la defensa y el aseguramiento de la soberanía nacional, no debemos aprobarlo.

Nos preocupa profundamente que el Ejecutivo proponga la desincorporación de entidades de tal relevancia para el país.

Con esa iniciativa, el Ejecutivo federal incumple una vez más el Acuerdo Nacional para el Campo.

Ahora bien, de mutilar esas instituciones, ¿quién realizará la investigación agrícola en México? ¿Se encomendará esa tarea a las grandes empresas transnacionales del sector? ¿Liquidaremos nuestros mejores centros de investigación y de enseñanza?

Por eso, un grupo de diputados de diversos grupos representados en esta Cámara no compartimos la idea de liquidar tales entidades de apoyo del sector rural, justificada en meros criterios de pesos y centavos, que minimizan su importancia social y el desarrollo sustentable del sector.

Por lo expuesto y fundado, someto a esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico. Que este honorable Pleno se pronuncie contra la aprobación del artículo segundo transitorio del proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004, propuesto por el Ejecutivo federal.

Diputados: Pascual Sigala Páez (rúbrica), Marcelo Herrera Herbert (rúbrica), Israel Tentory García (rúbrica), Lázaro Arias Martínez (rúbrica), Cruz López Aguilar (rúbrica), Iván García Solís (rúbrica), Miguel Luna Hernández, Salvador Martínez Della Rocca (rúbrica), Antonio Mejía Haro (rúbrica), Luis Medina Lizalde (rúbrica), Gonzalo Alemán Migliolo (rúbrica), Sergio Posadas Lara (rúbrica), Alberto Jiménez Merino (rúbrica), Javier Manzano Salazar (rúbrica), Adrián Chávez Ruiz (rúbrica), Francisco Javier Obregón Espinoza (rúbrica).

(Turnada a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Noviembre 13 de 2003.)

CON PUNTO DE ACUERDO, EN TORNO DE LAS DECLARACIONES DEL EX EMBAJADOR DE ESTADOS UNIDOS EN MEXICO JEFFREY DAVIDOW SOBRE LA AGENDA BINACIONAL MEXICO-ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT, EN LA SESION DEL JUEVES 13 DE NOVIEMBRE DE 2003

Pobre de México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos.

Nuestro vínculo con Estados Unidos ha sido de sombras y luces. Más sombras que luces.

A lo largo de nuestra historia hemos sufrido invasiones, mutilaciones de nuestro territorio, intrigas, traiciones de propios y extraños, y la voracidad insaciable de los imperios por apropiarse de nuestras riquezas.

Pocos países pueden sentirse orgullosos que desde su origen como nación han tenido que defender y pagar el alto costo que implica mantener su soberanía nacional, su independencia y su dominio territorial, como México.

En el panteón de la patria brillan con luz propia aquellos mexicanos que enfrentaron de manera valerosa al enemigo allende nuestras fronteras. Benito Juárez y Lázaro Cárdenas, por mencionar tan sólo dos de los más distinguidos, son ejemplos paradigmáticos de ello.

México se ha forjado y forja como nación enfrentando las asechanzas del exterior.

Hoy, México sigue en lo mismo, el neoliberalismo, ese enemigo silente, penetra todos los espacios de nuestro país. En lo público y en lo privado, su presencia es incuestionable.

Los gobiernos recientes le han dado carta de naturalización. Mientras la mayoría de los mexicanos decimos no al consenso de Washington, no al TLC en los términos en que se firmó, no al ALCA; ellos les abren las puertas de par en par.

Mientras los mexicanos nos avergonzamos por el trato humillante que se le dio a Fidel Castro en la cumbre de Monterrey porque simplemente mister Bush no deseaba rozarse con su enemigo histórico, el representante del pueblo cubano. El presidente Fox, literalmente tuvo que tragar camote, como dice el embajador de México en la ONU, al hacerse pública su conversación con Fidel.

Una anécdota más para las páginas de la tragicomedia mexicana, ya lo debe haber anotado José Agustín.

Y, ahora, El oso y el puercoespín, libro recientemente publicado del que fuera embajador de Estados Unidos en México, Jeffrey Davidow.

En este libro se presenta a México como el patio trasero de los Estados Unidos. Como país subordinado a los dictados de Washington. Con el símil de puercoespín con que se identifica a México, se ofende y agrede la conciencia de los mexicanos y a su historia.

El testimonio de una de las personalidades más influyentes en la vida nacional, como lo han sido todos los embajadores de Estados Unidos en México.

Sabemos que la lectura no es la actividad favorita del presidente Fox. A él y su gabinete económico la letra impresa sólo les produce, cuando más, una compulsión desenfrenada a cobrar IVA a periódicos, revistas y libros.

Tendrán nuevamente que comprarlo, sin pagar IVA todavía, y tragar camote y leerlo para explicar con toda la responsabilidad que merecen las acciones que se reseñan en la obra y que son imputables a su gestión gubernamental.

Por las consideraciones expuestas y con fundamento en lo que se dispone en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos ante esta honorable asamblea una proposición con punto de acuerdo para quedar como sigue:

Artículo Unico. Que esta soberanía demande al titular del Ejecutivo federal que se pronuncie en relación con las imputaciones que sobre México y su política exterior se hacen en el libro de Jeffrey Davidow El oso y el puercoespín, publicado recientemente por la editorial Grijalbo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de noviembre de 2003.

Diputados: Pedro Vázquez González, Joel Padilla Peña, Oscar González Yánez (rúbrica).

(Turnada a la Comisión de Relaciones Exteriores. Noviembre 13 de 2003.)

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION Y LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, POR EXHORTO DE ESTA SOBERANIA, INVESTIGUEN TANTO EL MONTO Y EL DESTINO DE LOS RECURSOS QUE SE RECUPERAN POR CONCEPTO DE SANCIONES ECONOMICAS COMO LAS PENAS IMPUESTAS MEDIANTE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JESUS EMILIO MARTINEZ ALVAREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA, EN LA SESION DEL JUEVES 13 DE NOVIEMBRE DE 2003

El grupo parlamentario de Convergencia recibió diversas listas, con cerca de 60 mil nombres de servidores públicos presuntamente sancionados por la secretaría encargada de la fiscalización de los recursos públicos federales de 1984 a 2003.

Esa información fue solicitada a la Secretaría de la Función Pública, por medio de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental, y complementada por diversas áreas del Gobierno Federal.

El contenido de esa información revela, entre otras cosas, lo siguiente: de 1984 a 2003 se han impuesto sanciones económicas a sólo 5 mil servidores públicos, con un monto de 13 mil 800 millones de pesos, de los 60 mil que aparecen en la lista correspondiente.

No se tiene conocimiento de si la cantidad anterior ya fue recuperada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y, si fue así, adónde se canalizaron esos recursos.

Independientemente de lo anterior, aparece una lista de servidores públicos que han sido sancionados, por la cantidad de 4 mil 500 millones de pesos, y que -al parecer- ni siquiera han sido notificados.

De las dos listas que se tienen al cruzar la información, nos encontramos con la impresión de que es factible la "desaparición" de servidores públicos sancionados porque, insisto, no hay claridad en la información sobre si los servidores públicos sancionados solventaron sus responsabilidades; o bien, cubrieron las multas o simplemente los desaparecieron, sin saber el motivo o la causa.

Es importante destacar que el presupuesto real de los años 2000 a 2003 por parte de la Secodam, hoy Secretaría de la Función Pública, ascendió a cerca de 20 mil millones de pesos, tomando en cuenta los más de 200 órganos internos de control dependientes de esa Secretaría, supuestamente para vigilar, supervisar y auditar secretarías y dependencias de los sectores central y paraestatal.

De los 20 mil millones de pesos que costó a la ciudadanía el aparato interno de control del Gobierno Federal, de 2000 a 2003 la secretaría encargada de la fiscalización generó por sanciones económicas sólo 6 mil millones de pesos.

En cambio, la Auditoría Superior de la Federación, en el mismo periodo y con sólo 2 mil millones de pesos de presupuesto, obtuvo ingresos por concepto de sanciones de 3 mil 600 millones de pesos.

Tenemos conocimiento de que esa información también se encuentra en la página web www.indicepolitico.com, del periodista Francisco Rodríguez, que incluye todas las listas con nombre y apellidos y estadísticas, que en este momento entrego al Presidente de la Mesa Directiva.

Por lo anterior, solicito a esta soberanía que, independientemente de que se analice en la Comisión de Vigilancia, se haga del conocimiento de la Auditoría Superior de la Federación, con objeto de que podamos efectuar un diagnóstico detallado de toda esa información, que pone de manifiesto los ineficaces controles que tenemos sobre el gasto público federal.

El resultado de ese trabajo puede poner en evidencia que, por una parte, no se castiga a los responsables ni se conocen las cantidades recuperadas; y, por otra parte, que la ley se aplica de manera discrecional a los funcionarios que incurren en delitos de daño patrimonial.

Por todo lo anterior, y para reivindicar la función de fiscalización con que el Poder Legislativo cuenta en su lucha contra la corrupción y la impunidad, nos permitimos proponer el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Que esta soberanía, mediante la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, analice los documentos mencionados y los turne a la Auditoría Superior de la Federación, a fin de que se auditen la legalidad de éstos y el desempeño de la Secretaría de la Función Pública para que, finalmente, se rinda un informe al Pleno.

Segundo. En caso de que procedan omisiones por parte de algunas dependencias y de servidores públicos, se dé cuenta a las áreas administrativas y judiciales correspondientes.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de noviembre de 2003.

Diputados: Jesús Emilio Martínez Alvarez (rúbrica), Luis Maldonado Venegas, Jaime Miguel Moreno Garavilla, Jesús Porfirio González Schmal, Juan Fernando Perdomo Bueno.

(Turnada a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. Noviembre 13 de 2003.)

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR A LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA A QUE SE RESPETE EL PRESUPUESTO ASIGNADO A LA COMISION NACIONAL DE ARBITRAJE MEDICO, DADA SU VALIOSA LABOR EN BENEFICIO DE PACIENTES Y FACULTATIVOS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JOSE LUIS TREVIÑO RODRIGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, EN LA SESION DEL JUEVES 13 DE NOVIEMBRE DE 2003

El que suscribe, diputado José Luis Treviño Rodríguez, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, conforme a los siguientes

Considerandos

Ante la inminencia de la aprobación del Presupuesto de Egresos del Gobierno Federal de 2004 en el caso de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, Conamed, que fue creada por decreto presidencial de fecha 3 de junio de 1996.

1. Con base en el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Nacional de Salud, la Conamed elaboró el Programa de Consolidación del Arbitraje Médico 2001-2006.

2. La institución se reorganizó a partir del año 2001 e implementó un Sistema de gestión de Calidad, que dio como resultado, entre otros:

Estructura y operación:

Estandarizó sus procesos consolidando un modelo único de atención de inconformidades, que culminó con la actualización de su reglamento correspondiente; se publicó en el Diario Oficial de la Federación en enero de 2003.

Obtuvo la certificación integral (más de 38 procesos) con la norma ISO 9001/2000 en enero de 2002, a través de la empresa British Standard Institution. Ha mantenido la certificación después de dos auditorías a sus procesos.

Se llevó a cabo una reestructuración funcional y operativa con atención modular y estructura matricial, obteniendo una reducción de su personal de 25% (de 210 plazas a 159), lo que representó un ahorro, en el capítulo 1000, de 16 millones de pesos.

Productividad y eficiencia:

Se atenderán este año cerca de 20 mil asuntos, 4,500 más que en el año 2000.
La capacidad conciliatoria es de 66.8% en promedio, mientras que en el año 2000 era de 52.6%
La eficacia del proceso arbitral para este año es de 68%, mientras que en el año 2000 era del 53.3%.
La eficiencia pericial para este año es del 89%, mientras que en el año 2000 era del 74%.
Este año se resolverán en menos de 48 horas cerca de 3,800 asuntos, cerca de 1,450 asuntos más que en el 2000.

Satisfacción de usuarios:

El 96% de los usuarios, tanto médicos como pacientes, califican los servicios recibidos (tiempos, trato e imparcialidad) como buenos y excelentes.
Creación de comisiones estatales análogas:
Conforme a sus atribuciones, se ha logrado instalar 22 comisiones en las entidades federativas.
La Conamed promovió la creación del Consejo Mexicano de Arbitraje Médico, con el conjunto de las comisiones estatales como instancia de coordinación, consenso y acuerdo de las políticas generales en la materia, para poder operar un modelo único a nivel nacional.

Reconocimientos:

En el año 2002 recibió el Premio Intragob a la Calidad, posterior a la evaluación realizada por los integrantes del Premio Nacional de Calidad.

Que constituye un organismo desconcentrado de la Secretaría de Salud y cuya función primordial es mediar como instancia de justicia frente a los usuarios de servicios médicos públicos y privados y es una institución que este año recibió el Premio Nacional de Calidad por su eficiencia en el servicio que presta a los pacientes que interponen una queja por el servicio médico recibido por instancias médicas y evita saturar las agencias del Ministerio Público del país, recibiendo, investigando y dictaminando cada caso en forma imparcial y objetiva apoyados por peritajes médicos en forma profesional.

Por lo antes expuesto, la estructura de la Conamed no debe ser desmantelada, pues esto sería un grave retroceso, por eso exhortamos a los ciudadanos diputados a valorar la importancia que tiene la Conamed, con el propósito de que en el Presupuesto General de la Federación para el Ejercicio 2004 se respete el presupuesto de 105 millones 394 mil 776 pesos.

Estamos de acuerdo en que es necesario hacer más eficiente el presupuesto destinado a salud y en la responsabilidad que tenemos para que los recursos públicos cumplan cabalmente con el mejoramiento de la calidad de servicios médicos a nivel nacional, y la única instancia que cumple con la necesidad de defensa de los pacientes ante un mal servicio médico es la Conamed, que con esto cumple ampliamente su cometido, pues cuenta con la infraestructura y el personal suficiente para cumplir con su cometido de servicio a la comunidad.

Por lo expuesto, solicito respetuosamente a esta honorable asamblea la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Unico.- Se inste a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que se respete el presupuesto asignado a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, debido a que la labor que cumple en la sociedad es valiosa para médicos y pacientes.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de noviembre de 2003.

Dip. José Luis Treviño Rodríguez (rúbrica.)

(Turnada a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Noviembre 13 de 2003.)

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION A INCLUIR EL MUNICIPIO DE ACAPETAHUA, CHIAPAS, EN EL PROGRAMA PARA COMBATIR LA MOSCA DE FRUTA, PRESENTADA POR LA DIPUTADA MARIA AVILA SERNA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM, EN LA SESION DEL JUEVES 13 DE NOVIEMBRE DE 2003

Jorge Antonio Kahwagi Macari, Manuel Velasco Coello, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Alvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Avila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez y Raúl Piña Horta, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurren a solicitar que se tenga a bien someter a la consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo.

A la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), como establece la fracción IV del artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, corresponde fomentar los programas de sanidad vegetal.

Aunado a lo anterior, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable1 prevé la constitución del Sistema Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agropecuaria y Alimentaria, así como del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agropecuaria y Alimentaria (Senasica), como instrumentos torales para el perfeccionamiento y aplicación de la política de sanidad vegetal y de las acciones que de ella se deriven.

El Sistema Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agropecuaria y Alimentaria será una figura administrativa de apoyo a la Comisión Intersecretarial, coordinado por la Sagarpa e integrado por las dependencias y las entidades competentes del sector público y de los sectores privado y social, donde cada una de ellas participa de acuerdo con sus atribuciones y competencias para lograr los propósitos del sistema.

Esos propósitos son básicamente apoyar la aplicación de la política de sanidad vegetal, salud animal y la relativa a los organismos genéticamente modificados, orientada a reducir los riesgos para la producción agropecuaria y la salud pública, fortalecer la productividad agropecuaria y facilitar y regular la comercialización nacional e internacional de los productos, así como proporcionar información a la Comisión Intersecretarial para que ésta fomente la normalización, organice y lleve a cabo las campañas de urgencia y las campañas fitosanitarias, e impulse programas para el fomento de la sanidad agropecuaria, mediante la concertación con los gobiernos de las entidades federativas y los productores.

Por otra parte, el Senasica se encuentra operando como órgano desconcentrado de Sagarpa.

Es el responsable de establecer políticas, lineamientos, criterios, sistemas, estrategias, programas, proyectos, procedimientos y servicios que coadyuven a mejorar la condición sanitaria de los vegetales, los animales y la fauna acuática, sus productos y subproductos, así como la inocuidad de los alimentos y sus procesos de producción, procesamiento, almacenamiento, empaque, transformación y distribución.

Asimismo, el Programa de la Alianza para el Campo, en la parte de sanidad vegetal, establece que debe brindar apoyos para el desarrollo de los programas de campañas nacionales, como los programas para erradicar la mosca nativa de la fruta, y operarlo en todos los estados mediante el Comité Estatal de Sanidad Vegetal.

Por una parte, existen en el municipio de Acapetahua, Chiapas, alrededor de 600 productores de mango de la variedad manililla con registro ante Sagarpa y otros 300 en proceso de inscripción. Cultivan en aproximadamente 2 mil 200 hectáreas, casi 700 mil toneladas, en el cual trabajan o dependen directa o indirectamente casi 3 mil familias.

Por otra parte, además de Acapetahua como municipio productor de mango manililla, están los de Acacoyagua, Escuintla, Mapastepec y Villa Comaltitlán, de los cuales sólo los dos últimos cuentan con Junta Local de Sanidad Vegetal.

Esa situación es la que menos beneficia a los primeros, en particular Acapetahua, dependiente de la Junta Local de Tapachula, la cual sólo certifica la "guía fitosanitaria", sin otorgar completamente los apoyos y beneficios que establece el programa de la Sagarpa para combatir la mosca de la fruta.

La aplicación de ese programa "permanente" tiene su momento principal cuando comienzan a florecer las plantaciones, durante octubre, noviembre y diciembre.

Por tanto, en esa época se requiere más la aplicación cabal del programa, particularmente en el municipio de Acapetahua, segundo productor de la zona del Soconusco de mango manililla.

Como no se cuenta con apoyos suficientes de la Junta Local, creemos necesario que la Sagarpa considere, en coordinación con las autoridades locales, la viabilidad de establecer una junta de sanidad en esa localidad para el cumplimiento efectivo de sus programas.

Por todo lo anterior, solicitamos al Pleno de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que se turne a la Comisión de Agricultura, para que se acuerde

Unico. Se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a que se aplique de manera regular en el municipio de Acapetahua, Chiapas, el programa que tiene a su cargo para erradicar la mosca de la fruta.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los trece días del mes de noviembre del año dos mil tres.

Diputados: Jorge Antonio Kahwagi Macari (rúbrica), coordinador; Manuel Velasco Coello (rúbrica), vicecoordinador; Alejandro Agundis Arias (rúbrica), Francisco Xavier Alvarado Villazón (rúbrica), Leonardo Alvarez Romo (rúbrica), Jacqueline Argüelles Guzmán (rúbrica), María Avila Serna (rúbrica), Fernando Espino Arévalo (rúbrica), Maximino Fernández Avila (rúbrica), Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Jorge Legorreta Ordorica (rúbrica), Julio Horacio Lujambio Moreno (rúbrica), Alejandra Méndez Salorio (rúbrica), Cuauhtémoc Ochoa Fernández (rúbrica), Javier Orozco Gómez (rúbrica), Raúl Piña Horta (rúbrica).

Nota:
1 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de diciembre de 2001, establece la creación de un conjunto de instrumentos para apoyar el desarrollo rural sustentable en el aspecto productivo.

(Turnada a la Comisión de Agricultura y Ganadería. Noviembre 13 de 2003.)

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE SE FORTALEZCA PRESUPUESTALMENTE LA AGENCIA MEXICANA DE NOTICIAS NOTIMEX, EN VEZ DE DESINCORPORARLA, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JAIME MIGUEL MORENO GARAVILLA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA, EN LA SESION DEL JUEVES 13 DE NOVIEMBRE DE 2003

El que suscribe, diputado federal del grupo parlamentario de Convergencia, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta H. asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, a fin de que se fortalezca presupuestalmente la Agencia Mexicana de Noticias Notimex, SA de CV, en vez de desincorporarla, con base en las siguientes

Antecedentes

1. Con el desarrollo del México moderno, se manifestó la voluntad política de que el país contara, en el marco de la economía mixta y de libertad de expresión que consagra la Constitución, con las normas, instituciones e infraestructura indispensables para asegurar que los flujos informativos entre el Estado mexicano y la sociedad se erigieran en el eje de nuestra evolución democrática.

El aumento y la diversificación de los medios de comunicación en el país, así como la creciente influencia de las agencias internacionales de noticias, provocaron la necesidad de crear una institución gubernamental para difundir los grandes objetivos del proyecto nacional e ilustrar cotidianamente a la opinión pública.

2. Fue así que, en agosto de 1968, surgió la Agencia Mexicana de Noticias Notimex, SA, con la responsabilidad de constituirse en una auténtica y eficiente fuente de información que captara y difundiera los acontecimientos relevantes del interior o del exterior del país.

3. El 6 de diciembre de 1986, la asamblea de accionistas aprobó el cambio de figura jurídica de Notimex, SA, a Notimex, SA de CV, medida que se protocolizó el día 8 de agosto de 1988.

En esta misma asamblea general se acordó aumentar el capital social de 16 millones 800 mil pesos a la cantidad de 762 millones de pesos, además de reformar y modificar la escritura constitutiva y los estatutos de la sociedad civil en relación con la organización, administración y vigilancia de la misma.

4. En el mes de marzo de 1988, el consejo de administración autorizó aumentar el capital social a 2,208.4 millones de pesos, mientras que a finales de 1989 se inició el proceso de expansión nacional e internacional para fortalecer la presencia de la agencia en el campo de la información.

Con estos antecedentes, la presente proposición se basa en las siguientes:

Consideraciones

1. Notimex tiene como misión obtener información oportuna, veraz, profesional y plural del acontecer nacional e internacional para difundirla entre la sociedad a través de los medios de comunicación, garantizando a los mexicanos el acceso a ésta y su derecho constitucional a la libertad de expresión, contribuyendo así a la gobernabilidad democrática.

2. Notimex es la agencia líder de noticias en México y América Latina. Cuenta con el respaldo de una red de profesionales de la comunicación, integrada por más de 300 redactores, editores, fotógrafos, reporteros y corresponsales, estratégicamente distribuidos en nuestro país y el resto del mundo.

3. Transmite un promedio de 500 informaciones cada 24 horas a través de sus servicios satelitales y vía Internet. Los suscriptores de la agencia son periódicos diarios, revistas, agencias de noticias mexicanas e internacionales, portales de Internet, universidades públicas y privadas, embajadas, instituciones de gobierno y empresas privadas, que suman 574 clientes.

4. A pesar de ello, los recursos asignados a Notimex se han ido reduciendo en los últimos años: de 160 millones de pesos en el año 2000, pasó a 105 millones en el 2003, y para el próximo año se tiene proyectado un presupuesto de apenas 99 millones de pesos.

5. Aunado a lo anterior, como se desprende del artículo segundo transitorio del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004, el Gobierno Federal pretende la desincorporación de Notimex, lo que no sólo interrumpiría el exitoso trabajo que ha venido realizando, sino que dejaría en manos de las agencias internacionales el manejo de la información nacional.

6. Contrasta con lo anterior, la propuesta de incremento en el número de plazas de alto nivel de la Presidencia de la República y, al mismo tiempo, se pretende aplicar un presupuesto de más de 154 millones de pesos exclusivamente a la Coordinación General de Opinión Pública e Imagen, dependencia que solamente sirve al titular del Poder Ejecutivo. Notimex, en cambio, sirve a todos los órganos de gobierno del Estado mexicano, al Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial en sus distintos niveles por igual.

7. La experiencia y logros de 35 años de servicio de Notimex se deben a su condición de entidad pública, por lo que habría que cuestionar si una empresa privada o grupo corporativo seguirá los principios sociales de esta agencia, o si se circunscribirían a atender sus propios intereses empresariales, considerando a la información como simple mercancía.

8. Por ello es que Notimex no debe ser desincorporada. Se trata de una empresa social y políticamente necesaria para el país. Es un bien público; un instrumento de difusión que requiere el Estado mexicano para hacerse presente en el contexto nacional e internacional, y un canal de expresión de la soberanía nacional.

9. En todo caso, para eficientar su financiamiento y funcionamiento, debe implementarse un estudio integral de su organización, como se hizo en 1993, para poner en marcha un proceso de modernización y reestructuración de la agencia, a partir de su fortalecimiento presupuestal.

Por lo anterior, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, en el marco de su competencia, para que en su oportunidad, en el dictamen relativo al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004, presentado por el Ejecutivo federal, lejos de desincorporar la Agencia Mexicana de Noticias Notimex, SA de CV, se le fortalezca presupuestalmente, a efecto de que cumpla con mayor eficiencia con su elevado contenido social de informar a la nación y al mundo sobre la realidad cotidiana de México.

Segundo. A efecto de poner en marcha un proceso de modernización y reestructuración de la Agencia Mexicana de Noticias Notimex, SA de CV, se exhorta al Ejecutivo federal a que instruya a las Secretarías de Gobernación, y de Hacienda y Crédito Público, para que realicen un estudio integral de organización y funcionamiento de la agencia, que le permita ampliar su cobertura y optimizar su operación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de noviembre de 2003.

Dip. Jaime Miguel Moreno Garavilla (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Noviembre 13 de 2003.)

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR A LOS INTEGRANTES DEL CONGRESO DE LA UNION Y DE LAS LEGISLATURAS ESTATALES, A LOS TITULARES DE LOS PODERES EJECUTIVOS DE LA FEDERACION Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y A LOS AYUNTAMIENTOS DEL PAIS A SUMARSE AL ESFUERZO POR ALCANZAR UN ACUERDO MIGRATORIO CON ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, A PARTIR DEL CUAL SE GARANTICE EL RESPETO DE LOS DERECHOS DE LOS MEXICANOS Y QUE DERIVE EN BENEFICIOS PARA AMBAS NACIONES, PRESENTADA POR EL DIPUTADO ALFONSO MORENO MORAN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, EN LA SESION DEL JUEVES 13 DE NOVIEMBRE DE 2003

Los abajo firmantes, diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LIX Legislatura, sometemos a la consideración del Pleno de la H. Cámara de Diputados, con fundamento en lo que dispone el artículo 58 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el siguiente punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

Estados Unidos históricamente se ha beneficiado de la fuerza laboral migrante. La ha propiciado, regulado y administrado según sus cambiantes necesidades y, muy lejos de ser un lastre o una carga, los trabajadores migrantes han sido y son piezas clave en la edificación de la fortaleza económica de ese país.

Viajar al norte, cruzar la línea, escapar de las autoridades migratorias, encontrar trabajo, mantenerlo, incorporarse a la sociedad estadounidense y preservar la unión con quienes se quedaron en México se lleva a cabo anualmente por cientos de indocumentados en condiciones alta vulnerabilidad.

Por ello, el abuso contra la dignidad y derechos de los migrantes exige acciones y respuestas.

La protección y promoción de los derechos humanos no es sólo un imperativo moral, es además el fundamento de la libertad, justicia y la paz. En ese sentido, resulta inadmisible la pérdida de vidas humanas de quienes marchan en la búsqueda de un mayor bienestar.

Luego entonces, resulta incomprensible que, siendo México el segundo socio comercial de Estados Unidos, con un Tratado de Libre Comercio, la situación migratoria se encuentre tan rezagada, que presente casos de muertes de mexicanos que buscan ingresar a Estados Unidos, que presente estos números y, peor aún, que registre un incremento año tras año.

Es debido a lo anterior que hacemos un llamado para sumarse al esfuerzo del Gobierno Federal en el marco de una política de Estado, en la búsqueda de programas y mecanismos que promuevan la seguridad jurídica de nuestros connacionales que laboran en Estados Unidos.

Pretendemos así, hacer eco de lo pronunciado por el Presidente Fox en su gira por tres estados de Estados Unidos, "para que quienes se encuentren allá, quienes trabajan con dignidad, quienes entregan su esfuerzo diario y lo hacen con honestidad, con diligencia y con productividad, sean reconocidos, sean documentados y puedan ir y venir a nuestro país, y puedan seguir trabajando."

Debemos pues impulsar desde el Congreso de la Unión, los Congresos locales y demás autoridades de los tres niveles de gobierno en México una política de Estado en materia migratoria frente a los distintos niveles de gobierno en Estados Unidos y la sociedad civil a favor de los migrantes, de tal manera que se logre sensibilizar a las sociedades de ambos países sobre el impacto que puede tener una migración regulada y controlada.

En este sentido, reconocemos la importancia de la gira que el Presidente Fox sostuvo por los estados de Texas, Arizona y Nuevo México, en la Unión Americana. Sin duda, llevar el clamor de millones de mexicanos, y dejar de manifiesto la necesidad de alcanzar los acuerdos que salvaguarden los derechos de los trabajadores mexicanos, y que genere no sólo seguridad, sino también beneficios en ambos lados de la frontera, contribuye a crear el ambiente y los mecanismos que así lo permitan.

Igualmente, nos congratulamos de lo expresado al señalar puntual y enérgicamente que el trabajo humano no es una mercancía, mucho menos un acto criminal o terrorista.

Es necesario que en México se fortalezca y dé seguimiento a la política de Estado en materia de migración, y que nos permita posicionar el tema en Estados Unidos para que sea consecuente con una negociación bilateral, lo que sin duda requiere de la participación de toda la esfera del Estado.

Para el Partido Acción Nacional, la persona humana tiene una eminente dignidad y un destino espiritual y material que cumplir, por lo que la colectividad y sus órganos deben asegurarle el conjunto de libertados y de medios necesarios para cumplir dignamente este destino.

Por lo anteriormente expuesto, los diputados federales miembros del grupo parlamentario del PAN sometemos a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico.- Esta H. Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Congreso de la Unión, a los Congresos estatales y distintas autoridades de la Federación, de los estados y de los municipios a sumarse, en el ámbito de sus facultades, al esfuerzo por alcanzar un acuerdo migratorio con Estados Unidos de América que garantice el respeto a los derechos de los mexicanos y derive en beneficios para ambas naciones.

Palacio Legislativo, a 13 de noviembre de 2003.

Dip. Alfonso Moreno Morán (rúbrica)

(Turnada a la Junta de Coordinación Política. Noviembre 13 de 2003.)

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR A LOS GOBIERNOS FEDERAL Y DE LOS ESTADOS DE QUERETARO Y DE TABASCO A TOMAR LAS MEDIDAS CONDUCENTES A LA LIBERACION DE LOS ZAPATISTAS PRESOS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO BERNARDINO RAMOS ITURBIDE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DEL JUEVES 13 DE NOVIEMBRE DE 2003

El suscrito diputado, en nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar ante esta honorable asamblea una proposición de punto de acuerdo para exhortar a los gobiernos federal y de los estados de Querétaro y de Tabasco a tomar las medidas conducentes a la liberación de los zapatistas presos, conforme a los siguientes

Considerandos

En enero de 1994 hizo su aparición el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), mostrando el verdadero rostro indígena del México del nuevo milenio. La nación entera, conmocionada, se pronunció de inmediato por la paz y por la solución del conflicto mediante el diálogo.

Con el propósito de sentar las bases jurídicas del diálogo y la conciliación para alcanzar una solución justa, digna y duradera al conflicto armado iniciado en Chiapas, el Congreso de la Unión aprobó -el 9 de marzo de 1995- la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas.

Derivado del artículo octavo de la Ley para el Diálogo, se instaló la Comisión de Concordia y Pacificación, que tuvo entre sus quehaceres la organización de las mesas de San Andrés Larráinzar.

De esa manera, durante el último tercio de 1995 y los primeros meses de 1996 se llevaron a cabo numerosas reuniones entre los representantes del Gobierno Federal y los del EZLN.

El 16 de febrero de 1996, ambas delegaciones firmaron los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, que versaban sobre el tema de derechos y cultura indígenas.

En noviembre de 1996, la Comisión de Concordia y Pacificación anunció la conclusión de la iniciativa de reforma en materia de derechos y cultura indígenas.

A principios de 1997, el EZLN rechazó las observaciones realizadas por el Gobierno Federal a la propuesta de la Comisión de Concordia y Pacificación. Por su parte, el Gobierno Federal refutó que sus observaciones violenten los acuerdos firmados en San Andrés.

En enero de 1998, el EZLN rechazó la renegociación de los acuerdos de San Andrés, ya que -postuló- ninguno de ellos atenta contra la integridad y soberanía nacionales.

A finales de 2000, los zapatistas demandaron el cumplimiento de tres señales que acreditaran la disposición real al diálogo y a la negociación, el compromiso de llegar a acuerdos y cumplirlos para construir una paz duradera.

La primera señal consistía inequívocamente en el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés; esto es, en materializar en ley la iniciativa elaborada por la Comisión de Concordia y Pacificación.

La segunda señal era la liberación de todos los zapatistas presos en cárceles de Chiapas y en otros estados.

Y la tercera, la desmilitarización en las zonas del conflicto.

Concretamente, la presentación de la iniciativa de la Comisión de Concordia y Pacificación por parte del Ejecutivo federal devino mero formalismo, al dejarla a la deriva.

La liberación de los presos zapatistas es una asignatura pendiente en Querétaro y Tabasco. Y la desmilitarización se concretó sólo en cuatro de las siete posiciones solicitadas.

No obstante las múltiples manifestaciones de la sociedad civil, las organizaciones indígenas, la participación del gobierno mismo y de este honorable cuerpo legislativo, la reforma constitucional -de abril de 2001- en materia de derechos y cultura indígenas no estuvo a la altura del conflicto que pretendía resolver. Se tornó así en una reforma cuestionada. Eso debemos reconocerlo.

La respuesta del EZLN en su comunicado del 29 de abril de 2001 no dejó lugar a dudas: desconoció y rechazó lo que denominaron una traición a los Acuerdos de San Andrés y a la iniciativa de la Cocopa en los temas centrales.

En suma, a la fecha ninguna de las tres señales ha sido satisfecha íntegramente.

De tal suerte que los CC. Jerónimo Sánchez Sáenz y Anselmo Robles Sánchez permanecen presos en Querétaro desde el 7 de febrero de 1998, cuando fueron detenidos.

Al respecto, el gobierno estatal ha rechazado la posibilidad de un indulto en tres ocasiones consecutivas (2001, 2002 y 2003).

Durante junio y julio de 2002, representantes de Gobernación y de la Cocopa entablaron pláticas con el gobierno de Querétaro en torno del asunto de los presos zapatistas en ese estado. El acuerdo básico fue encontrar las formas legales para liberarlos.

En cuanto a Tabasco, en mayo de 2001 los integrantes de la Comisión de Concordia y Pacificación lograron reunirse con los titulares del Poder Ejecutivo y del Tribunal Superior de Justicia locales para analizar los casos de los presos cuya liberación demanda el EZLN.

Allá permanecen presos los ciudadanos de origen chol Carrillo Vázquez López, Francisco Pérez Vázquez y Angel Concepción Pérez Gutiérrez.

A lo largo de 2001, los gobiernos de Querétaro y de Tabasco - encabezados entonces por Ignacio Loyola Vera y Enrique Priego, respectivamente- mantuvieron su postura de desvincular a los presos del movimiento zapatista. En el extremo, el primero de ellos llegó a afirmar que recobrarían su libertad una vez que el EZLN firmara la paz.

En el comunicado del 19 de julio de 2003, el Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional expuso que decidió suspender totalmente cualquier contacto con el Gobierno Federal mexicano y los partidos políticos; y los pueblos zapatistas ratificaron que harían de la resistencia su principal forma de lucha.

Por ello, el Congreso de la Unión y en particular la Cámara de Diputados, con sujeción al espíritu de la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, deben pugnar por allanar el camino que permita retomar el diálogo y proseguir desahogando la agenda pendiente.

Tanto el Gobierno Federal como los estatales -sin demérito de sus soberanías- deben, junto con el Congreso de la Unión, mandar señales claras de que el diálogo es la única vía de tránsito para arribar a la paz digna que todos deseamos. De ahí la idea de solicitar la liberación de los presos listados por el EZLN en 2000.

El artículo 89, fracción XIV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala como facultad del Presidente de la República conceder, conforme a las leyes, indultos a los reos sentenciados por delitos de competencia de los tribunales federales y a los sentenciados por delitos del orden común en el Distrito Federal.

Por otra parte, el artículo 57, fracción IX, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro de Arteaga señala como facultad del gobernador conceder indultos y conmutación de penas en los términos y condiciones que establezca la legislación penal de la entidad.

El artículo 51, fracción X, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco expresa que el gobernador del estado tiene la facultad de conceder indultos por los delitos de la competencia de los tribunales del estado, con los requisitos establecidos por las leyes.

Por lo anterior, en mérito de lo expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno de esta honorable Cámara el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico. Se exhorta a los titulares de los gobiernos federal y de los estados de Querétaro y de Tabasco a iniciar las acciones legales conducentes a la liberación de los CC. Francisco Pérez Vázquez, preso en Tabasco; Angel Concepción Pérez Gutiérrez, preso en Tabasco; Carrillo Vázquez López, preso en Tabasco; Jerónimo Sánchez, preso en Querétaro; y Anselmo Robles, preso en Querétaro.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de noviembre de 2003.

Diputados: Bernardino Ramos Iturbide, Javier Manzano Salazar, Yadira Serrano Crespo, Francisco Chavarría Valdeolivar, Gerardo Ulloa Pérez, Santiago Cortés Sandoval, Narciso Agúndez Montaño, Eliana García Laguna, Juan García Costilla, Javier Salinas Narváez, Adrián Chávez Ruiz, Miguel Alonso Raya, Socorro Díaz Palacios, Daniel Ordóñez Hernández, Gilberto Ensástiaga Santiago, Enrique Torres Cuadros, Elpidio Tovar de la Cruz, Juan José García Ochoa, Angélica Díaz del Campo, Margarito Fierros Tano, Rosa María Avilés Nájera, Susana Manzanares Córdova (rúbricas).

(Turnada a la Junta de Coordinación Política. Noviembre 13 de 2003.)

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE LA CAMARA DE DIPUTADOS SE PRONUNCIE EN FAVOR DE CONVOCAR CON LA MAYOR BREVEDAD A UN FORO NACIONAL PARA LA REFORMA DEL ESTADO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO MANUEL VELASCO COELLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM, EN LA SESION DEL JUEVES 13 DE NOVIEMBRE DE 2003

Jorge Antonio Kahwagi Macari, Manuel Velasco Coello, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Alvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Avila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 34, inciso A, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrirnos a solicitar se tenga a bien someter a la consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo.

El proceso de consolidación democrática ha sido interrumpido, han transcurrido tres años sin avances sustantivos en la reforma política del Estado, se han perdido los beneficios del "bono democrático" y la credibilidad en el "cambio" se ha transformado en desencanto.

Esto ha disminuido la capacidad del Ejecutivo federal de convocar a un pacto político nacional en el que se establezcan las reglas del juego entre los actores políticos, los espacios públicos y el tipo de reformas sobre las que enfocarán sus esfuerzos, por lo que el panorama de la reforma del Estado se ha complicado, aunque no es imposible.

Aunado a esto, la ausencia de una visión histórica de Estado en el gobierno, ha colocado a las reformas económicas como la más alta prioridad para la nación, como condiciones esenciales para el desarrollo sin las cuales el desastre es inminente, haciendo a un lado la reforma de las instituciones y los acuerdos para la gobernabilidad, condiciones verdaderas para la solución de los problemas económicos y sociales.

La democratización del Estado mexicano es un proceso histórico que exige la construcción de consensos sólidos, que a través de la continuidad en la reforma del Estado, permitan la gobernabilidad democrática, legitimen las acciones de la nueva clase política, y den a las instituciones del Estado la confianza de los ciudadanos y de los actores políticos, dándoles coherencia con las estructuras sociales, políticas y económicas. Estos consensos fundamentales deberán darse en el marco de un debate plural y programático que retome el rumbo de la transición y haga un replanteamiento de la agenda nacional en torno a la reforma del Estado.

Existe un panorama alarmante en la realidad política nacional frente a la falta de confianza y credibilidad entre los integrantes de la clase política y la sociedad civil, hecho que se manifiesta en la incapacidad de lograr pactos y acuerdos políticos, en la poca participación de la ciudadanía en los asuntos públicos, y en la falta de credibilidad y confianza en la política como la vía para solucionar los problemas sociales.

El abstencionismo registrado en las pasadas elecciones intermedias, el más alto desde hace más de treinta años, y que terminó por acentuar aún más la crisis de legitimidad en el sistema de partidos, es una muestra de ello; la dificultad para construir consensos, la parálisis de la consolidación democrática y de la reforma del Estado, y la desvinculación que existe entre la política y los intereses de la sociedad, son indicios de lo que puede ocurrir en un futuro no muy lejano: reproducir un estadio de ingobernabilidad y de conflictos sociales, como ocurre en Venezuela, Perú, Bolivia, Argentina y Colombia, un padecimiento crónico en América Latina.

En este sentido, es urgente evitar la polarización y definir la agenda de la reforma del Estado para avanzar en la consolidación democrática, por lo que el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México somete a consideración del Pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico.- Que la Cámara de Diputados convoque a un foro nacional de la reforma del Estado, en el que participen sociedad civil, organizaciones sociales, empresarios, intelectuales y académicos, instituciones educativas y de investigación, Poderes de la Unión, representantes de las entidades federativas, partidos políticos, órganos electorales, y todos los actores políticos, con la finalidad de intercambiar propuestas, construir consensos y definir la agenda de la reforma del Estado.

Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Cámara de Diputados, a 13 de noviembre de 2003.

Diputados: Jorge Antonio Kahwagi Macari (rúbrica), coordinador; Manuel Velasco Coello (rúbrica), vicecoordinador; Alejandro Agundis Arias (rúbrica), Francisco Xavier Alvarado Villazón (rúbrica), Leonardo Alvarez Romo (rúbrica), Jacqueline Argüelles Guzmán (rúbrica), María Avila Serna (rúbrica), Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno (rúbrica), Alejandra Méndez Salorio (rúbrica), Cuauhtémoc Ochoa Fernández (rúbrica), Javier Orozco Gómez (rúbrica), Raúl Piña Horta (rúbrica).

(Turnada a la Junta de Coordinación Política. Noviembre 13 de 2003.)

CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS LEGISLATURAS ESTATALES A QUE, EN EL MARCO DE SUS RESPECTIVAS LEYES ORGANICAS, INTEGREN COMISIONES PERMANENTES PARA ATENDER LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON MIGRANTES, PRESENTADA POR EL DIPUTADO MARCO ANTONIO GAMA BASARTE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, EN LA SESION DEL JUEVES 13 DE NOVIEMBRE DE 2003

El suscrito, diputado federal a la LIX Legislatura, somete a la consideración del Pleno de la H. Cámara de Diputados, con fundamento en lo que disponen los artículos 58 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, un punto de acuerdo, conforme a las siguientes

Consideraciones

El fenómeno migratorio hacia el vecino país del norte, proveniente de los diversos estados del país, incluso de otras naciones, merece el establecimiento de instituciones locales para la atención de los migrantes, quienes por lo general son víctimas de las condiciones de vida que no logran alcanzar en sus lugares de origen.

Los poderes públicos no pueden olvidarse de las múltiples y a menudo graves motivaciones que impulsan a tantos migrantes a abandonar sus lugares de procedencia.

Su decisión no nace sólo de la necesidad de mayores oportunidades: con frecuencia los impulsa la necesidad de escapar a conflictos culturales, sociales y religiosos, a tradiciones de explotación y a leyes injustas o discriminatorias, por citar algunos ejemplos.

Por ello, los gobiernos del país y, desde luego, los Poderes Legislativos -federal y locales- debemos llevar a cabo una acción común para identificar este problema y darle efectiva atención y, en su caso, sancionar o promover legislación que sancione a los responsables de ofensas contra la dignidad humana.

Para arribar a esa política de atención del migrante, se requieren la promoción, el enlace y la gestoría de los asuntos y las demandas de la comunidad migrante a lo largo y ancho del territorio nacional.

Sin embargo, para que dicha política humana y generosa se materialice, además del concurso de voluntades subsidiarias, es menester la existencia de marcos jurídicos locales que posibiliten y delimiten las instituciones y los procedimientos que darán vida a esas acciones.

El fenómeno migratorio constituye un riesgo y una preocupación constante para los mexicanos, pues los migrantes quedan muchas veces al arbitrio de las circunstancias imperantes en cada comunidad, que inciden en los problemas de seguridad pública, consumo y tráfico de drogas, prostitución y vagancia, entre otros delitos.

En múltiples ocasiones, el migrante no sabe a qué se enfrentará al pretender cruzar con destino a Estados Unidos y, por la frecuente frustración de sus propósitos, acude a los poderes públicos del Estado en busca de ayuda asistencial urgente para sobrevivir, así como para regresar a su lugar de origen en el mejor de los casos, de tal suerte que la necesidad de atención del migrante se vuelve parte de nuestra realidad diaria.

Hoy más que nunca debemos generar una política de solidaridad, atención y protección de las personas migrantes, pues detrás de éstas preceden necesidades, familias y condiciones sociales que motivan el fenómeno migratorio.

Los legisladores de los ámbitos locales, en distintas entidades del país, están genuinamente preocupados y ocupados por esas situaciones, de tal suerte que hoy los Poderes Legislativos de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Jalisco, Puebla, Quintana Roo, Zacatecas, Hidalgo, San Luis Potosí, Chiapas, Michoacán, Coahuila, Sonora y Oaxaca cuentan con comisiones que atienden el fenómeno migratorio o asuntos fronterizos.

Con esta propuesta presento una idea más para nuestro sistema federalista, que pretende ser generosa en cuanto al objeto de la intención legislativa que tanto en lo particular como en lo general se distingue por su espíritu humanista, solidario y subsidiario que permitirá en lo sucesivo generar un bienestar común para un sector importante de la población fluctuante de las entidades federativas, denominada migratoria, que enfrenta en su trayectoria los más graves riesgos a su integridad humana e induce en ocasiones a los conocidos conflictos de seguridad pública y justicia en nuestro país.

Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico. Que la Cámara de Diputados, en el marco del respeto republicano de la soberanía de los Poderes Legislativos de Aguascalientes, Campeche, Colima, Distrito Federal, Durango, estado de México, Guanajuato, Guerrero, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán, los exhorte a que, con base en sus respectivas leyes orgánicas y reglamentos, integren comisiones de asuntos de migrantes o, en su caso, sus comisiones conozcan de tales cuestiones.

Palacio Legislativo, a 13 noviembre de 2003.

Dip. Marco Antonio Gama Basarte (rúbrica)

(Turnada a la Junta de Coordinación Política. Noviembre 13 de 2003.)

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE DEL PROYECTO DE DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION DE 2004 SE ELIMINE LA PARTIDA DESTINADA A LOS EX PRESIDENTES DE LA REPUBLICA, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JAVIER SALINAS NARVAEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DEL JUEVES 13 DE NOVIEMBRE DE 2003

Compañeras y compañeros legisladores:

1. Una vez más podemos constatar que prevalece la falta de sensibilidad por parte del Ejecutivo, ya que de acuerdo con la propuesta presentada en el Proyecto de Presupuesto de Egresos del 2004, el artículo 40 dice: el Ramo Administrativo 02 Presidencia de la República, a que se refiere el Anexo 1.B. del Decreto, incluye los recursos para cubrir las percepciones de quienes han desempeñado el cargo de Titular del Ejecutivo Federal.

En el documento se menciona que, las percepciones no podrán exceder el monto que se cubre al primer nivel salarial del puesto de Secretario de Estado, así como aquellas correspondientes al personal de apoyo que tengan asignado.

Cabe recordar que, dichas percepciones tienen como antecedente lo dispuesto en el Acuerdo Presidencial de fecha 31 de marzo de 1987, expedido por el entonces Presidente de la República, Miguel de la Madrid Hurtado.

El acuerdo señala que, los ciudadanos que hayan desempeñado el cargo de Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, también tendrán a su disposición mientras vivan, a sus órdenes directas a un total de 25 empleados de la Federación. En dicho decreto también se establece que, tendrán derecho a percibir las prestaciones de seguridad Social que correspondan a los servidores públicos que ocupan el cargo de secretario de Estado, consistentes en seguro de vida y seguro de gastos médicos mayores con cargo al Erario Federal.

De esta forma para el 2004, se destinarían recursos por 149 mil 327 pesos mensuales para cada uno de los ex presidentes: Miguel de la Madrid, Luis Echeverría, José López Portillo, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo. Por lo que el monto asciende a un millón 791 mil 927 pesos en un año, por cada ex titular del Ejecutivo y suma ocho millones 959 mil 636 pesos para los cinco ex mandatarios.

Además, el sueldo de los 25 empleados, suman un total de siete millones 370 mil 228 pesos al año. Por lo que el monto por los cinco ex presidentes asciende a 45 millones 810 mil 778 pesos. Cantidades muy contrastantes con las percepciones de los jubilados y pensionados del ISSSTE y Seguro Social.

2. Las disposiciones vigentes que benefician a los ciudadanos que han desempeñado el cargo de Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, son acuerdos del Ejecutivo que no se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, además de que el poder legislativo, ha sido excluido en el establecimiento de los recursos que reciben los ex presidentes de la república, ya que la determinación de estas decisiones han sido dictadas por el titular del ejecutivo en turno.

Las pensiones que reciben los ex presidentes por seis años de servicio contrastan con los magros ingresos que perciben los servidores públicos jubilados y pensionados, luego de toda una vida de trabajo.

Los recursos que año con año, se han venido destinando a los ex presidentes, hoy resultan ofensivos, en un país con tasas crecientes de desempleo, con más de la mitad de la población que vive en condiciones de pobreza y pobreza extrema, con millones de mexicanos con ingresos inferiores a 2 salarios mínimos y particularmente con una importante sangría a las finanzas públicas.

3. Con el pago que el gobierno destina en un mes a los cinco ex presidentes, se podrían pagar por ejemplo: 17 mil 105 salarios mínimos en Baja California, unos 17 mil 840 en Sonora y 18 mil 526 salarios en Yucatán. Con las percepciones de los cinco en un año se podrían cubrir 205 mil 260 salarios mínimos de la zona geográfica A, unos 214 mil 89 de la Zona B y 222 mil 323 salarios en la Zona C, o bien para generar empleo temporal, de apoyo a proyectos productivos en esas zonas.

Con los recursos destinados a los ex presidentes se podrían pagar en un año, becas de Oportunidades de la siguiente forma: para tercero de primaria; 85 mil 329 becas, para cuarto; 74 mil 663 becas, para quinto; 57 mil 804 becas, y para sexto; 42 mil 664 becas. Estos recursos se podrían destinar para otorgar becas en primero de secundaria; a 57 mil 374, para segundo año 54 mil 744, y para tercero; 48 mil 211 becas para niñas y niños.

Es en este contexto que en congruencia con lo planteado en el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2004, en materia de ahorro y austeridad presupuestaria, consideramos que es urgente establecer el marco legal para que se supriman la discrecionalidad y privilegios de que han gozado los ex titulares del Ejecutivo federal ya que repercuten de manera significativa en el gasto público.

4. Las y los diputados del GPPRD coinciden en que, ante la escasez de recursos presupuestarios es necesario realizar acciones de austeridad que permitan incrementar las erogaciones del gasto social. Es en este orden de ideas que proponemos: que los recursos que se destinarían el próximo año, a los ex presidentes de la República se canalicen al Ramo 19 Seguridad Social, para cubrir el incremento de las pensiones por invalidez, a causa de enfermedad general de los pensionados del IMSS, en un acto de justicia social con 195 mil adultos mayores de 60 años.

De manera que por única vez, se destinen 45 millones 810 mil 778 pesos, del Ramo 02 Presidencia de la República al Ramo 19 Seguridad Social, del Presupuesto de Egresos de la Federación, para contribuir a un incremento a las pensiones de invalidez por enfermedad general de los derechohabientes del IMSS.

Por lo antes expuesto y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las y los diputados suscritos proponemos el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a que en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2004 y sucesivos, considere eliminar, de la partida correspondiente los recursos destinados a los ex presidentes de la República.

Palacio Legislativo, a 13 de noviembre de 2003.

Diputados: Javier Salinas Narváez, Jazmín Zepeda Burgos, Gerardo Ulloa Pérez, Cristina Portillo Ayala (rúbricas).

(Turnada a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Noviembre 13 de 2003.)

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE EXHORTAR A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO A QUE LIBERE LOS RECURSOS PRESUPUESTADOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ACUACULTURA Y PESCA, QUE FORMA PARTE DEL PROGRAMA ALIANZA CONTIGO, EN APOYO DE LA FLOTA CAMARONERA NACIONAL DE PESCA DE ALTURA, PRESENTADA POR EL DIPUTADO ALEJANDRO HIGUERA OSUNA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, EN LA SESION DEL JUEVES 13 DE NOVIEMBRE DE 2003

Con fundamento en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento el siguiente punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que libere los recursos presupuestados al Programa de Acuacultura y Pesca del Programa Alianza Contigo, a fin de apoyar la flota camaronera nacional de pesca de altura, bajo las siguientes

Consideraciones

La pesca es un sector productivo sumamente importante para nuestro país, ya que atiende no sólo la parte alimentaria y nutricional de las familias mexicanas, sino que además tiene la posibilidad de convertirse en una actividad determinante para impulsar el desarrollo nacional.

Nuestro país cuenta con más de 11 mil 500 kilómetros de litorales y una enorme diversidad de especies que le ofrecen amplias posibilidades de crecimiento en el mercado interno y en los mercados internacionales, razón por la cual el fomento de las actividades pesqueras contribuye al fortalecimiento de la economía nacional, a través de la captación de divisas procedentes de las exportaciones pesqueras que realiza nuestro país.

Asimismo, el desarrollo del sector pesquero permite el desenvolvimiento de otros sectores vinculados a éste, como la industria, el transporte, los servicios y el comercio, lo cual incrementa las oportunidades de desarrollo regional y comunitario de las familias que residen en las comunidades pesqueras a lo largo y ancho de nuestra geografía nacional.

Uno de los principales productos del sector pesquero lo constituye la pesca del camarón, el cual se distingue por su enorme y relevante impacto económico y social, debido a sus volúmenes de producción capturados y cultivados.

Este producto cuenta con un alto valor comercial, gran aceptación y demanda en el mercado nacional e internacional. Genera poco más de 120 mil empleos, y ha permitido una captación de divisas en forma promedio anual por un monto de 450 millones de dólares americanos durante los últimos años.

Para llevar a cabo esta actividad pesquera, nuestro país cuenta con una flota integrada por alrededor de 2,600 barcos, y se ubica en los siguientes estados de la República: Sinaloa, Sonora, Nayarit, Baja California Sur, Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas, Campeche y Veracruz.

Sin embargo, enfrenta una difícil situación derivada del alto costo del diesel marino especial, el cual representa el 60% del costo total de avituallamiento para la operación de la flota.

Lo anterior se agrava al apreciar la caída del precio del camarón como resultado de la sobreoferta que existe en los mercados internacionales, resulta preocupante el futuro de esta actividad pesquera, puesto que se pone en riesgo la viabilidad de operación de la flota, es decir, su rentabilidad.

Ello podría afectar a su vez al sector de plantas industriales, las cuales no contarían con la materia prima necesaria para llevar a cabo los procesos de empaque e industrialización de camarón para los mercados del exterior. Sin duda, ello provocaría un recorte de mano de obra, una reducción de divisas, lo cual traería como resultado graves problemas sociales creados por el desempleo.

En este sentido, resulta evidente que el sector pesquero, y en especial el camaronero requieren de apoyos adecuados que permitan a sus productores competir en condiciones aceptables en el mercado nacional e internacional. Estos apoyos deben permitir la adquisición de diesel marino especial, a fin de asegurar la permanencia y continuidad de la flota camaronera.

A este respecto, debe mencionarse que dentro de los recursos aprobados para el ejercicio fiscal 2003, 321.4 millones de pesos correspondían a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), en el rubro de subsidios.

Sin embargo, debido a que las Reglas de Operación de los Programas de Alianza Contigo no fueron publicadas hasta el 25 de julio de 2003, y en ellas se ubica el Programa de Acuacultura y Pesca, los recursos no fueron ejercidos en los primeros cinco meses del año, razón por la que la Secretaría de Hacienda procedió a reservar 107 millones de pesos hasta en tanto no se defina por el titular del Ejecutivo el manejo del presupuesto en lo que resta del año.

Dada la situación antes descrita por la que atraviesa el sector camaronero, consideramos necesario solicitar a la Secretaría de Hacienda la liberación y reasignación de los recursos retenidos a la Conapesca, ya que con esta medida se estaría brindando una respuesta inmediata a una de las actividades pesqueras más importantes del país.

Por lo anterior expuesto, el suscrito, diputado federal de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico.- Que esta honorable asamblea exhorte a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que a la mayor brevedad posible proceda a liberar los recursos del presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2003 para la Conapesca por un monto de 107 millones de pesos, mismos que se encuentran reservados y concentrados en el Ramo 23 mediante afectación presupuestaria, con el fin de aplicarlos como apoyos a la flota camaronera nacional de pesca de altura para la adquisición de diesel marino especial, como medida de rescate y de auxilio ante la gravedad de la crisis que enfrenta.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de noviembre de 2003.

Diputados: Alejandro Higuera Osuna, Narciso Agúndez Montaño, Francisco Javier Obregón Espinoza, Alfredo Villegas Arreola, Leonardo Alvarez Romo, Amadeo Espinoza Ramos, Pedro Vázquez González, Juan Fernando Perdomo Bueno (rúbricas).

(Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Noviembre 13 de 2003.)

Convocatorias

DE LA COMISION DE FOMENTO COOPERATIVO Y ECONOMIA SOCIAL

A la reunión de su Mesa Directiva con el Sr. Pablo Armbruster, secretario de Relaciones Internacionales de la Confederación Alemana de Cooperativas, que se llevará a cabo el lunes 17 de noviembre, a las 10 horas, en las oficinas de la Comisión.

Atentamente
Dip. Francisco Javier Saucedo Pérez
Presidente

DE LA COMISION DE FOMENTO COOPERATIVO Y ECONOMIA SOCIAL

A la presentación del libro Las cooperativas en México, del Dr. Juan José Rojas Herrera, que se llevará a cabo el lunes 17 de noviembre, a las 12 horas, en el auditorio norte, ubicado en el segundo nivel del edificio A.

Atentamente
Dip. Francisco Javier Saucedo Pérez
Presidente

DE LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA

A su tercera reunión extraordinaria, con la presencia de los ciudadanos Luis Ocampo Camberos y Héctor Sumano López, doctores en farmacología y catedráticos de la Universidad Nacional Autónoma de México, quienes presentarán el tema Betaanálogos, el martes 18 de noviembre, a las 9 horas, en las oficinas de la Comisión (edificio D, segundo nivel).

Atentamente
Dip. Cruz López Aguilar
Presidente

DE LA COMISION DE COMUNICACIONES

A su reunión de trabajo con integrantes del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones, AC, que se llevará a cabo el martes 18 de noviembre, a las 9 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.

Atentamente
Dip. Angel Aguirre Rivero
Presidente

DE LA COMISION DE DESARROLLO METROPOLITANO

A su primera reunión de trabajo, que se llevará a cabo el martes 18 de noviembre, a las 9 horas, en las oficinas de la Comisión (edificio F, tercer nivel).

Atentamente
Dip. Fernando Fernández García
Presidente

DE LA COMISION DE RADIO, TELEVISION Y CINEMATOGRAFIA

A su reunión de trabajo, que se llevará a cabo el martes 18 de noviembre, a las 9 horas, en la zona C del restaurante Los Cristales.

Orden del Día

1. Lista de asistencia.
2. Declaración de quórum.
3. Exposición de diversos representantes del sector social de la industria cinematográfica, con motivo de la propuesta de desincorporación del Instituto Mexicano de Cinematografía, los Estudios Churubusco Azteca y el Centro de Capacitación Cinematográfica.
4. Comentarios y opiniones de los diputados miembros de la Comisión.
5. Clausura. Atentamente
Dip. Javier Orozco Gómez
Presidente

DE LA COMISION DE TURISMO

A su reunión plenaria, que se efectuará el martes 18 de noviembre, a las 11 horas, en el salón Libertadores, edificio H, segundo nivel.

Orden del Día

1. Lista de asistencia.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Integración de subcomisiones.
4. Asuntos generales. Atentamente
Dip. Francisco López Mena
Presidente

DE LA COMISION DE SEGURIDAD SOCIAL

A la reunión de su Mesa Directiva, que se llevará a cabo el martes 18 de noviembre, a las 16 horas, en el salón F del restaurante Los Cristales.

Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión anterior, realizada el 28 de octubre.
4. Análisis y, en su caso, aprobación del programa anual de trabajo 2003-2004 de la Comisión de Seguridad Social.
5. Asuntos generales.
6. Clausura. Atentamente
Dip. Miguel Alonso Raya
Presidente

DE LA COMISION DE ASUNTOS INDIGENAS

A su reunión de trabajo con la Ing. Xóchitl Gálvez Ruiz, directora general de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que se llevará a cabo el martes 18 de noviembre, a las 17 horas, en la zona C del restaurante Los Cristales.

Atentamente
Dip. Javier Manzano Salazar
Presidente

DE LA COMISION DE TRANSPORTES

A su primera reunión ordinaria de trabajo, que se llevará a cabo el martes 18 de noviembre, a las 17 horas, en el salón Libertadores, ubicado en el edificio H, primer nivel.

Orden del Día

1. Registro de asistencia y verificación de quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Anteproyecto del programa de trabajo de la Comisión.
4. Integración de subcomisiones.
5. Informe de actividades.
6. Asuntos generales. Atentamente
Dip. Juan Avila Camberos
Presidente

DE LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA

A su cuarta reunión extraordinaria, que tendrá lugar el martes 18 de noviembre, a las 18 horas, en el salón C del restaurante Los Cristales, a la cual asistirá el doctor José Antonio Meade Kuribeña, director general de Financiera Rural.

Atentamente
Dip. Cruz López Aguilar
Presidente

DE LA COMISION DE SEGURIDAD SOCIAL

A su reunión extraordinaria de trabajo, que se llevará a cabo el martes 18 de noviembre, a las 18 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.

Atentamente
Dip. Miguel Alonso Raya
Presidente

DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO

A la reunión de trabajo de su Mesa Directiva, que se efectuará el martes 18 de noviembre, a las 19 horas, en las oficinas de la Comisión.

Atentamente
Dip. Diva Hadamira Gastélum Bajo
Presidenta

DE LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA

A su séptima reunión ordinaria, que se llevará a cabo el miércoles 19 de noviembre, a las 10 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.

Atentamente
Dip. Cruz López Aguilar
Presidente

DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA

A la comparecencia del C. secretario de la Reforma Agraria, licenciado Florencio Salazar Adame, que tendrá lugar el miércoles 19 de noviembre, a las 17 horas, en el salón Legisladores de la República (salón Verde).

Atentamente
Dip. Manuel García Corpus
Presidente

DE LA COMISION DE POBLACION, FRONTERAS Y ASUNTOS MIGRATORIOS

A su reunión de trabajo con la Comisión Intersecretarial del Programa Paisano, que se llevará a cabo el martes 25 de noviembre, a las 15 horas, en la zona C del restaurante Los Cristales.

Atentamente
Dip. Juan Antonio Guajardo Anzaldúa
Presidente

(Esta reunión estaba prevista para el martes 18 de noviembre, a las 15 horas, pero se realizará en la fecha señalada.)

DE LA COMISION DE SALUD

Al foro El dolor y su tratamiento, que se realizará el miércoles 3 de diciembre, de las 9 a las 15 horas, en el salón Legisladores de la República (salón Verde).

Atentamente
Dip. José Angel Córdova Villalobos
Presidente