Iniciativas
QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PREMIOS, ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CIVILES, PARA ESTABLECER EL PREMIO NACIONAL POR LA EQUIDAD Y LA IGUALDAD DE LAS MUJERES, PRESENTADA LA DIPUTADA PATRICIA LUGO BARRIGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, EN LA SESION DEL JUEVES 4 DE DICIEMBRE DE 2003
Patricia Lugo Barriga, diputada federal integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y las diputadas y diputados que firman al calce, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Don Abel Vicencio Tovar afirmó en 1980 que "ningún partido político moderno puede permitirse discriminaciones por el sexo de sus militantes. Quienes sostengan que la mujer sólo puede desempeñar cierto tipo de tareas y estar confinada a ciertas áreas, está mutilando la pluralidad de la sociedad y privando a su organización de la riqueza que aporta su eficiente actividad y el punto de vista femenino que la enriquece y complementa".
La lucha social por el progreso y la igualdad ha sido el motor de las grandes transformaciones que nuestro país ha vivido durante el siglo que acaba de transcurrir. En estas luchas se destacan mujeres de la talla de Josefa Ortiz de Domínguez, Antonia Nava de Catalán, Margarita Maza de Juárez, Carmen Serdán y muchas otras, que desde el anonimato simbolizan profundas convicciones de justicia, igualdad y desarrollo para la mujer mexicana.
Los fundadores de mi partido mostraron una evidente preocupación por incorporar a la mujer en sus principios de doctrina, al considerar que el concepto de persona humana comprendía ambos sexos y que observarlo en la práctica significaría la inclusión de la mujer en la vida del partido. Esto no ha cambiado, recientemente nuestros dirigentes han remarcado que el PAN "es un partido de mujeres y de hombres, no de hombres acompañados por mujeres, no de grandes mujeres que van atrás de los hombres..."
De igual manera, en la búsqueda por ir a la par con los cambios de la sociedad, manifestada en el nivel nacional a través de diversos foros y congresos, así como en el plano internacional por convenios y conferencias en torno a la mujer, Acción Nacional ha manifestado y buscado que la mujer mexicana no quede rezagada ni ocupe un lugar secundario en cada uno de los espacios en que se desenvuelve.
Quiero dejar claro, como ya lo hemos mencionado en distintas ocasiones, que los asuntos de mujeres no son cuestiones intrascendentes y de poca importancia, y que tampoco son asuntos exclusivos que sólo competan a nosotras.
Hoy se sabe que las desigualdades de género tienen estrecha relación con el nivel de desarrollo de los países, no es casual que las economías más desarrolladas como Canadá y los Estados Unidos tengan los mejores índices de desarrollo relativo al género, en tanto que países menos adelantados, como Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador, tienen un índice considerablemente menor.
Al fragor del reconocimiento de los derechos de las mujeres y de esta lucha constante, es el momento para que mujeres y hombres en el mundo celebren el papel de la mujer en todas las tareas humanas que producen cambios positivos, armonía social y posibilidad de mejoramiento de las condiciones de vida de nuestra generación y de generaciones futuras.
Debemos hacer visibles y enmarcar en la historia. los éxitos alcanzados por numerosas mujeres cuyo coraje y compromiso han despertado la conciencia colectiva frente a la inmutabilidad de la justicia social. Cada vez más mujeres ocupan posiciones de liderazgo en el escenario nacional e internacional.
Debemos adquirir mayor conciencia y apreciación por las contribuciones de heroínas anónimas cuyos nombres tal vez nunca llegaremos a conocer -trabajadoras de salud, profesoras, líderes de la comunidad, madres, hijas, hermanas- quienes lenta y humildemente contribuyen con sus granos de arena diarios a una causa más grande, motivadas por la convicción de que lo que hacen será en beneficio de todos.
En los últimos años, nuestro país ha avanzado significativamente en el reconocimiento de los derechos de igualdad y equidad entre mujeres y hombres, se han emprendido acciones muy importantes entre las cuales destacan, de manera particular, la creación del Instituto Nacional de las Mujeres y los esfuerzos por incorporar la perspectiva de género en las políticas públicas.
En el ámbito internacional nuestro país firmó y ratificó los documentos emanados de diversas convenciones que buscan garantizar los derechos de la mujer, con lo cual se comprometió a impulsar la creación de leyes y reformas legislativas y al establecimiento de mecanismos administrativos, educativos y sociales, entre otros, con el fin de reconocer que la igualdad y equidad entre mujeres y hombres debe ser incluida como objetivo de desarrollo y de sus políticas económicas y sociales.
Es por ello, que hoy propongo dar un paso más al respecto, con la creación de un premio nacional que busca reconocer la labor que a favor de las mujeres realizan diversas personas, organizaciones e instituciones. El premio busca reconocer la aportación de dichos actores sociales, que realicen acciones que impulsen y apoyen el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres y que contribuyan a promover una cultura de equidad y de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. En correspondencia con las demandas y necesidades de las mujeres y a las condiciones necesarias para la superación de cualquier desigualdad que pueda cerrar la brecha entre hombres y mujeres, contribuyendo con ello al bienestar y al desarrollo de la sociedad.
También busca permear en toda la sociedad las bases para la construcción de una cultura de equidad e igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, que contribuya a modificar las creencias y los sistemas de valores de los individuos para generar un sociedad más justa e igualitaria.
Se premiarán las acciones en favor de las mujeres en los campos de la salud, el trabajo, la pobreza, la educación, la violencia, desarrollo sustentable, participación en la toma de decisiones, entre muchas otras, que contribuyan a reforzar las acciones para responder a las necesidades de las mujeres.
El Premio Nacional por la Equidad y la Igualdad de las Mujeres compromete al gobierno mexicano a apoyar decididamente las acciones en favor de las mujeres. Con este premio apoyará de manera indirecta a las mujeres que viven en situación de desventaja social y económica respecto a los hombres, lo que se expresa en su limitado acceso a oportunidades, bienes y recursos, hecho que les impide desarrollar al máximo su potencial productivo y social, al reconocer las acciones en su favor.
Actualmente, algunas organizaciones públicas, como el Instituto Nacional de las Mujeres, llevan a cabo acciones de reconocimiento a la labor de las mujeres, sin embargo, falta que estas distinciones tengan una mayor difusión, un mayor alcance y sean permanentes, que queden plasmadas en la legislación respectiva.
Es por ello que proponemos establecer la entrega del Premio Nacional por la Equidad y la Igualdad de las Mujeres el 8 de marzo de cada año, el mismo día en que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, en honor a los esfuerzos de las trabajadoras.
Como consecuencia de estos argumentos, en uso de las atribuciones a que he hecho referencia y en aras del desarrollo democrático de nuestro país y por el avance de las mujeres, me permito presentar y someter a esta honorable asamblea el siguiente
Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles.
Artículo Unico.- Se reforma el artículo 6; se adiciona un capítulo XVIII que comprende de los artículos 106 a 110; y se recorre el capítulo XVIII vigente para quedar como XIX, comprendiendo los artículos 111 a 114, para quedar como sigue:
Artículo 6
Se establecen los siguientes premios, que se denominarán y tendrán carácter de nacionales:
I. a XII. ...
XIII. Por la Equidad y la Igualdad de las Mujeres.
Capítulo XVIII
Premio Nacional por la Equidad y la Igualdad de las Mujeres
Artículo 106
El Premio Nacional por la Equidad y la Igualdad de las Mujeres, se otorgará como reconocimiento a quienes realicen acciones que impulsen y apoyen el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres y que contribuyan a promover una cultura de equidad y de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
Artículo 107
El premio se entregará anualmente el día 8 de marzo y se tramitará ante la Secretaría de Gobernación, por conducto del correspondiente Consejo de Premiación, que estará integrado por el titular de la citada Secretaría, como Presidente, y por los representantes de las Secretarías de Desarrollo Social, de Educación Pública, de Salud, del Trabajo y Previsión Social, del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y, el (la) titular de la Presidencia del Instituto Nacional de las Mujeres.
Artículo 108
El premio consistirá en una de las preseas a que hace mención el artículo 7º de esta Ley, más el numerario o especie que para el caso determine el Consejo de Premiación.
Artículo 109
Este premio será entregado en ceremonia pública y solemne por el Presidente de la República o por la persona que él designe.
Artículo 110
Un representante del Instituto Nacional de las Mujeres, en todo caso, formará parte del jurado.
Capítulo XIX
Disposiciones Generales
Artículo 111
Las erogaciones que deban hacerse con motivo de esta Ley, serán con cargo a la partida correspondiente de la Secretaría donde se tramite cada premio, y en caso de falta o insuficiencia de partida, con cargo al presupuesto del ramo de la Presidencia. Las recompensas de que trata el Capítulo XV únicamente podrán recaer sobre el presupuesto de la dependencia u organismo a que pertenezca el beneficiario.
Artículo 112
Los premios y las entregas adicionales en numerario o en especie, así como las recompensas, estarán exentos de cualquier impuesto o deducción.
Artículo 113
Salvo que esta Ley contenga disposición expresa al respecto, los jurados están facultados para proponer que dos o más personas con iguales merecimientos participen entre sí el mismo premio, o que éste se otorgue a cada una de ellas.
Artículo 114
Las recompensas señaladas en efectivo por la presente Ley, se ajustarán en la proporción en que se modifique el salario mínimo general en el Distrito Federal.
Transitorios
Primero.- Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo.- El Premio Nacional por la Equidad y la Igualdad de las Mujeres se entregará por primera vez el 8 de marzo del año siguiente a aquel en que se publique en el Diario Oficial de la Federación el presente decreto.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de diciembre de 2003.
Diputados: Patricia Lugo Barriga, Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez (rúbrica), Gisela Juliana Lara Saldaña (rúbrica).
(Turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Equidad y Género. Diciembre 4 de 2003.)
QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES, PARA GARANTIZAR LA INCORPORACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN LAS POLITICAS PUBLICAS NACIONALES, PRESENTADA POR LA DIPUTADA BLANCA EPPEN CANALES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, EN LA SESION DEL JUEVES 4 DE DICIEMBRE DE 2003
Las suscritas diputadas federales, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, integrantes de la Comisión de Equidad de Género, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El consenso de la comunidad internacional generado por la Organización de las Naciones Unidas y sus Conferencias sobre la Mujer, a partir de las luchas de reivindicación impulsadas por Congresos y movimientos de mujeres, ha llevado al establecimiento de instituciones gubernamentales, con diferentes denominaciones y características específicas, apropiadas a cada país para mejorar la situación de las mujeres y el goce efectivo de sus derechos.
Legislativamente, el principio fundamental de igualdad jurídica, entre el hombre y la mujer se integró a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 1974, mediante la reforma al artículo cuarto. Surgiendo así una multiplicidad de reformas legislativas que buscan en las leyes secundarias dar cumplimiento a esta igualdad jurídica.
Mientras que en el ámbito de las políticas públicas, en los últimos treinta años, se han instrumentado diversos programas y acciones gubernamentales para coadyuvar al mejoramiento de la condición de las mujeres. En el año 1980 se crea el Programa Nacional de Integración de la Mujer al Desarrollo y en 1985, se instaló una Comisión para coordinar las actividades y los proyectos sectoriales en la materia y preparar la participación de México en la Tercera Conferencia Mundial sobre la Mujer (Nairobi, 1985).
Hacia la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, en 1993 se instaló un Comité Coordinador que elaboró un informe pormenorizado sobre la situación de las mujeres en México, así como un conjunto de diagnósticos temáticos. Posteriormente, y en respuesta a los compromisos adquiridos en dicha Conferencia, el gobierno se abocó a la tarea de formular el Programa Nacional de la Mujer 1995-2000, Alianza para la Igualdad, cuyo objetivo principal fue impulsar la formulación, el ordenamiento, la coordinación y el cumplimiento de las acciones encaminadas a ampliar y profundizar la participación de la mujer en el proceso de desarrollo, en igualdad de oportunidades con el hombre.
Resultado de este panorama de cambios caracterizado por la presencia de las mujeres cada vez más activa en la transición de México, las mujeres parlamentarias representadas en el Congreso a través de los Grupos Parlamentarios de Acción Nacional y el Revolucionario Institucional, presentaron en el marco de la LVIII Legislatura sendas iniciativas que culminan con la publicación en el Diario Oficial de la Federación el 12 de enero de 2001, de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, mediante el cual se crea esta nueva instancia, como un órgano público descentralizado, de la administración pública federal, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, objetivos y fines.
A partir de la creación del Instituto, se han emprendido acciones de suma importancia y trascendencia. Buena parte de los esfuerzos se ha traducido en la implantación del Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2001-2006, que se constituye en eje rector de la política nacional en materia de equidad de género, logrando gradualmente avances en la incorporación de la perspectiva de género en la acción gubernamental y en el presupuesto público.
Sin duda, la incorporación de la equidad de género a la agenda pública es un ejemplo paradigmático de un proceso complejo: es producto fundamentalmente del esfuerzo, la visibilidad y legitimidad que el movimiento de mujeres ha logrado en los últimos años; del tipo y calidad del conocimiento que se ha producido sobre las relaciones de género; de contar con un marco normativo acorde a su tiempo; y de crecientes consensos en torno al conjunto de procesos, mediante los cuales las demandas sociales se transforman en temas de decisión de autoridades públicas y opciones políticas.
Por otro lado, nadie duda que en estos tiempos de enormes desafíos, de un entorno global cambiante y complejo, de escasez de recursos, y donde existe una exigencia cada vez mayor de los ciudadanos para que los gobiernos tengan resultados, se requieren de instituciones, organizaciones y políticas públicas que respondan a los cambios señalados.
Es apremiante que las instituciones sean diseñadas con una estructura organizativa que opere, que permita la toma de decisiones de forma ágil y expedita, donde las autoridades tengan funciones, atribuciones y responsabilidades bien definidas y delimitadas y un adecuado esquema de incentivos para la mejora del desempeño y que a su vez permita la rendición de cuentas.
Esto implica un trabajo conjunto que requiere unir voluntades, activar mecanismos, ampliar conciencias y establecer nuevos compromisos entre instituciones y sociedad, por encima de antagonismos o lealtades partidistas para que con actitud política logremos impulsar los acuerdos necesarios para reformar esta ley.
Por otra parte, la experiencia de los mas de dos años y medio de gestión y operación del Instituto Nacional de las Mujeres, como instancia rectora en materia de políticas públicas en materia de no discriminación contra las mujeres, igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y equidad de género han hecho visibles ciertos y determinados aspectos de la Ley que deben ser modificados para que el organismo pueda efectivamente asumir este mandato y con la capacidad elegida por el poder legislativo, que plasmó en la exposición de motivos de su aprobación lo siguiente:
Esta (entidad pública) debe crearse con personalidad jurídica y patrimonio propio, capaz de promover y apoyar el pleno desarrollo de las potencialidades humanas, políticas, económicas, sociales y culturales de las mujeres en todo el territorio nacional, impulsando una nueva cultura de la equidad de género en todo el quehacer de la sociedad.
En tal virtud, y no obstante los avances y logros del Instituto Nacional de las Mujeres desde su creación, las y los Parlamentarios de la LIX Legislatura de la H. Cámara de Diputados nos vemos obligados a revisar y replantear su marco normativo e identificar los obstáculos para coadyuvar en la mejora del diseño de sus políticas públicas, toma de decisiones, procedimientos y mecanismos. Y con ello, contribuir en su interior a mejorar sus propios canales de interlocución en términos de inclusión y participación democrática.
Por ello destacamos las modificaciones más importantes:
1. Se clarifican los derechos de las mujeres, mediante la adición de un nuevo artículo en el cual se establece que, al referirse a los derechos de las mujeres se considerarán las garantías individuales y sociales enunciadas en la Constitución Política, leyes secundarias y reglamentos; los contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos; los contenidos en la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, y los convenios internacionales. Asimismo, que estos derechos serán observados a lo largo de su ciclo de vida, por lo cual se suprime la mención de los continentes de los derechos de las mujeres y niñas.
2. Se reordenan, precisan, amplían y hacen congruentes los objetivos y las atribuciones del Instituto para que, de manera efectiva, pueda asumir su posición como instancia de aplicación de la Ley definida como de orden público, es decir, responsable de impedir que actos particulares afecten los intereses fundamentales de la sociedad.
El propósito es reformar la actual ley, con base en la experiencia adquirida en mas de dos años de operación, para que el Inmujeres pueda asumir, efectivamente la intención de legislador, referida a una institución
"... con atribuciones claramente definidas, con disponibilidad de recursos suficientes y con la capacidad y competencia para influir en la incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas nacionales, así como en la formulación y examen de la legislación... con plena autonomía institucional, que pueda desarrollar sus funciones en planos de igualdad jurídica con el gobierno federal, los gobiernos estatales, municipales y, en otros ámbitos de la vida nacional."
En este punto, los cambios más importantes son:
a) Se establece en todo el proceso administrativo de planeación nacional del desarrollo, plan nacional y programas sectoriales, institucionales y especiales, la incorporación de la perspectiva de género, así como la vinculación, coordinación y colaboración con este fin, del Instituto con las dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal y municipal, las autoridades y los órganos públicos federales, y los sectores social y privado.
b) Se responsabiliza al Instituto de rendir informes externos respecto del cumplimiento de instrumentos internacionales y se refuerza su papel en el ámbito internacional, como representante del gobierno mexicano en este tema.
c) Se adiciona una fracción al artículo 7 con el propósito de fortalecer la coordinación en materia de discriminación contra las mujeres entre el Instituto Nacional de las Mujeres y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, sin que se invadan las competencias legales, ni se excluya o sustituya la intervención de alguno de esos organismos. Lo anterior, por el reconocimiento que existe una ley reglamentaria del artículo primero de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de discriminación y que el organismo especializado y competente sobre discriminación es el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, en cuya ley se establece que el Consejo no estará subordinado a autoridad alguna y adoptará sus decisiones con plena independencia y que como parte de su objeto están el llevar a cabo, las acciones conducentes para prevenir y eliminar la discriminación y coordinar las acciones de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo Federal en materia de prevención y eliminación de la discriminación.
3. Se remarcan las particularidades del Instituto como organismo público descentralizado atípico, en el cual se distribuye la responsabilidad de cada instancia, de la siguiente forma:
- Gobierno: Junta de Gobierno
- Administración: Presidencia
- Vigilancia o fiscalización: Organo Interno de Control
- Organismo auxiliar: Consejo Consultivo
4. Se simplifica la representación de los Consejos Social y Consultivo a uno sólo sin que ello signifique frenar la participación de los distintos sectores sociales, toda vez que a través de un solo Consejo se garantiza la pluralidad, y la asesoría en las políticas y acciones públicas en beneficio de las mujeres.
Más allá de las denominaciones, debe considerarse la pertinencia de fortalecer la capacidad de propuesta y asesoría de quienes representan a distintos sectores de la sociedad, dentro de un consejo consultivo que no pierde su calidad de órgano de participación social. Además, debe preservarse a toda costa su independencia respecto a los órganos de dirección y gobierno de la institución.
La existencia de dos consejos representativos de la sociedad, aún distinguiendo diferentes facultades, parece contradecir la intención original para la cual fueron instituidos. Asegurar la pertinencia y la capacidad de propuesta de los distintos sectores de la sociedad se consigue a través de un solo órgano colegiado que desde una perspectiva integral (y no separada como actualmente sucede) pueda ejercer esta representatividad social desde el interior de la institución.
5. Se establece que los integrantes del Consejo Consultivo duren en funciones un año y su posible ratificación por otro año más. Dado el amplio número de organizaciones sociales, la reducción del término de gestión del consejo por un año con la posibilidad de extenderse a uno más, permitiría la participación de un mayor número de representantes de organizaciones de la sociedad civil. A la fecha existe gran número de organizaciones con interés de aportar a los fines del Instituto. De otra forma, la renovación sería sino hasta un periodo de seis años.
6. Se reduce la integración de la Junta de Gobierno para agilizar, eficientar y cumplir eficazmente los objetivos del Instituto. Para ello se propone:
a) Reducir la integración de las consejeras en la Junta de Gobierno a que asista sólo una representa de ellas, para preservar el carácter del Consejo como consultivo y no de interviniente del gobierno de la institución. Actualmente la composición resulta excesiva para definir una postura común que en cualquier espacio colegiado de representación social puede ser expresada exteriormente, a través de quien preside dicha instancia.
b) Reducir el número de integrantes del Poder Judicial de la Federación en la Junta de Gobierno, con el único objetivo de flexibilizar y agilizar la toma de decisiones.
c) Reducir la participación de los representantes de las diversas fracciones parlamentarias del Congreso de la Unión, para que sólo asista un representante de cada Cámara del Congreso General, a fin de evitar la partidización del quehacer del Instituto.
7. La Presidenta del Instituto será también la titular de la Junta de Gobierno.
Del contexto general de la Ley y particularmente del artículo 12 fracción primera, se busca exclusivamente rectificar y dar claridad a la calidad de la Titular del Instituto, a quien se concede un rango ministerial que se vería minimizado, si se subordinase al carácter de simple integrante de la Junta de Gobierno.
La calidad de la Presidenta como titular de la Junta de Gobierno, es similar a la establecida en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación cuyo presidente lo es también de la Junta de Gobierno. En ambos casos, la denominación obedece al carácter sui géneris de la institución.
Esta calidad de presidenta de la Junta de Gobierno, también se entiende a partir del otorgamiento del voto de calidad en caso de empate (artículo 14, cuarto párrafo).
En la exposición de motivos original de la ley puede leerse:
"El Instituto Nacional de las Mujeres contará con un órgano de gobierno denominado Junta de Gobierno, que estará presidida por la titular del Instituto Nacional de las Mujeres, en la que participarán los y las titulares de las dependencias de la Administración Pública Federal que pueden cumplir un rol trascendente en la modificación de las políticas públicas federales, para incorporar el enfoque de género."
8. Se establece la facultad de la Presidencia del Instituto de nombrar a la titular de la Secretaría Técnica, cuyo nombramiento deberá ser ratificado por la Junta de Gobierno y, se determinan sus atribuciones.
9. Se cambia la solicitud de información en materia de equidad de género y de las mujeres. En el caso del Congreso de la Unión no será a través de los titulares de la Junta de Coordinación Política, sino mediante los Presidentes de ambas Cámaras, toda vez que ellos conducen las relaciones institucionales con los otros Poderes de la Unión, los poderes de los estados y las autoridades locales del Distrito Federal. Asimismo, tienen la representación protocolaria en el ámbito de la diplomacia parlamentaria.
Durante la pasada LVIII Legislatura, las y los legisladores impulsaron la creación del Instituto Nacional de las Mujeres, ubicándolo "en las instancias más altas del gobierno", con atribuciones definidas, disponibilidad de recursos suficientes, capacidad y competencia para influir en la incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas nacionales.
Con ello se dio vigencia al compromiso nacional e internacional de fortalecer los mecanismos existentes en nuestro país para el adelanto de las mujeres, lo que significa un importante avance para lograr la participación equitativa de las mujeres en la toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar.
Toda vez que fue esta Cámara de Diputados el cuerpo colegiado que le dio origen, los diputados integrantes de esta LIX Legislatura, tenemos el compromiso de fortalecer a esta Institución, mediante reformas legislativas, y en general cualquier otra acción viable que pudiese emprender en el marco de sus facultades constitucionales.
Por lo expuesto y fundado anteriormente, presentamos a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente
Iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres
Artículo Unico. Se reforman los artículos 1, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 18, 21, 22, 23, 28, último párrafo del artículo 5, primer párrafo y fracción V del artículo 10, fracción VII del artículo 13, párrafos cuarto, quinto y sexto del artículo 14, primer párrafo del artículo 15, fracciones I, VIII y X del artículo 16, primer párrafo del artículo 19 y la fracción III del artículo 31; se adiciona el artículo 14 bis; y se derogan los artículos 17, 24, 25, 26, 27, fracciones VIII y IX del artículo 13, tercer párrafo del artículo 14, párrafo VII del artículo 5, fracción VI del artículo 10 y el antepenúltimo párrafo del artículo 12, todos de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, para quedar como sigue:
Capítulo I
Disposiciones Generales
Artículo 1
La presente ley tiene por objeto establecer la integración, atribuciones, organización y competencia del Instituto Nacional de las Mujeres de la Administración Pública Federal.
Las disposiciones de esta ley son de orden público y de observancia general en toda la República, en materia de equidad de género e igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, en los términos del artículo cuarto, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 3
Para los efectos de la presente ley, al referirse a los derechos de las mujeres se considerarán:
I. Las garantías individuales y sociales enunciadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de las leyes secundarias y reglamentos que de ellas emanen.
II. Los contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en los documentos que deriven de ella.
III. Los contenidos en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y demás tratados, convenios y acuerdos internacionales de los que México forme parte y hayan sido ratificados por el Senado del H. Congreso de la Unión.
Son sujetos de los derechos anteriores todas las mujeres mexicanas y extranjeras que se encuentren en el territorio nacional, y las mexicanas en el extranjero, sin importar origen étnico, edad, estado civil, idioma, cultura, condición social, discapacidad, religión o dogma; quienes podrán participar en los programas, servicios y acciones que se deriven del presente y otros ordenamientos.
Corresponde al Estado promover y adoptar las medidas adecuadas, a fin de generar las condiciones para que la igualdad y equidad entre mujeres y hombres sean reales y efectivas.
Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, las autoridades de los demás poderes y los órganos públicos federales adoptarán las medidas necesarias para erradicar aquellos obstáculos que limiten el ejercicio de derechos, el pleno desarrollo de las mujeres, así como su efectiva participación en la vida política, económica, cultural y social del país.
Artículo 4
El objeto general del Instituto es promover y fomentar las condiciones que posibiliten la igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros y el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres y su participación equitativa en la vida política, cultural, económica y social del país, así como coordinarse en materia de no discriminación contra las mujeres en los términos que establece la presente ley. Lo anterior, bajo los criterios de:
Transversalidad, referida a la participación coordinada y conjunta en el diseño, implementación, ejecución y evaluación de las políticas públicas, planes, programas y acciones con perspectiva de género con las distintas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, incluidas las iniciativas de ley emanadas del Ejecutivo federal.
Federalismo, en lo que hace al desarrollo de programas y actividades para el fortalecimiento institucional de las dependencias responsables de la equidad de género e igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en los estados y municipios.
Fortalecimiento de vínculos con los Poderes Legislativo y Judicial tanto federal como estatal y del Distrito Federal.
Artículo 5
Para los efectos de esta ley se entenderá por:
...
...
...
...
...
Derogado
...
...
Perspectiva de género: concepto que se refiere a la metodología y los mecanismos que permiten, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, en todos sus ciclos de vida, en sus diferentes situaciones y vulnerabilidad por su condición social, que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la equidad de género.
Artículo 6
El Instituto tendrá como objetivos específicos, los siguientes:
I. La promoción, protección y difusión de los derechos de las mujeres a lo largo de su ciclo vital.
II. Impulsar la incorporación de la perspectiva de género en la planeación nacional del desarrollo.
III. La formulación e impulso de políticas públicas nacionales destinadas a asegurar la igualdad de oportunidades, la equidad de género y la no discriminación hacia las mujeres.
IV. Diseñar y establecer mecanismos de coordinación permanente con la Administración Pública Federal y con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, de vinculación con los demás poderes federales y de concertación con los sectores social y privado.
V. Coordinar, vigilar, dar seguimiento y evaluar que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal establezcan y ejecuten las políticas nacionales y sectoriales en materia de igualdad y equidad de género, así como en favor de la no discriminación en contra de las mujeres.
VI. Diseñar y ejecutar programas y acciones en la materia, cuando no correspondan a las atribuciones de otras dependencias o entidades de la Administración Pública Federal.
VII. Promover entre los Poderes Legislativo y Judicial, federales y estatales, la ejecución de acciones dirigidas a mejorar la condición social de la población femenina y la erradicación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, en los ámbitos de la vida social, económica, política y cultural.
VIII. Monitorear y proponer en su caso, la adopción de medidas para el cumplimiento de los tratados internacionales celebrados en términos de lo dispuesto por el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en los temas de equidad de género, no discriminación contra las mujeres e igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
IX. Promover la cultura de la no violencia, la no discriminación contra las mujeres y de la equidad de género e igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres para el fortalecimiento de la democracia.
X. Propiciar e impulsar la participación social, política, cultural y económica de la mujeres y el pleno goce de sus derechos humanos, en condiciones de igualdad y equidad con los hombres.
Artículo 7
El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:
I. Elaborar, promover y coordinar la ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas en materia de igualdad de oportunidades, equidad de género y la no discriminación en contra de las mujeres.
II. Vigilar que el conjunto de las políticas públicas nacionales de desarrollo, los programas sectoriales o institucionales específicos, así como las acciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal centralizada y paraestatal, incorporen la perspectiva de género.
III. Coordinar y vigilar la incorporación de la perspectiva de género en la planeación nacional del desarrollo, programación y presupuesto de egresos de la federación, y en los programas anuales de cada Dependencia y Entidad de la Administración Pública Federal, centralizada y paraestatal.
IV. Coadyuvar con los gobiernos estatales y municipales, poderes legislativo y judicial de la federación y de las entidades federativas para que en sus respectivos ámbitos de competencia, sus mecanismos de planeación y ejecución de acciones contemplen la perspectiva de género.
V. Vigilar las disposiciones y mecanismos administrativos no sean discriminatorios en contra de la mujer, ni favorezcan la inequidad o desigualdad por razón de género.
VI. Proponer, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres y, evaluar periódica y sistemáticamente la ejecución del mismo;
VII. Establecer y concertar acuerdos y convenios con los poderes legislativo y judicial federales y estatales, autoridades de los diferentes ámbitos de gobierno, para promover las políticas, acciones y programas que se establezcan en el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres;
VIII. Establecer vínculos de colaboración con las Cámaras de Diputados y de Senadores del H. Congreso de la Unión, con los Congresos de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para impulsar acciones legislativas que garanticen el acceso equitativo de género, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y la tutela de sus derechos humanos;
IX. Establecer relaciones permanentes con las autoridades responsables de la procuración de justicia y de la seguridad pública de la Federación y Entidades Federativas, para proponer medidas de prevención contra cualquier forma de discriminación femenina;
X. Establecer vínculos de colaboración con las instancias administrativas que se ocupen de los asuntos de las mujeres en las entidades federativas para promover y apoyar, en su caso, las políticas, programas y acciones en materia de equidad de género, igualdad de oportunidades y no discriminación contra las mujeres;
XI. Impulsar y fortalecer vínculos de colaboración con organismos de la sociedad civil y privados, nacionales e internacionales y con la banca multilateral, para el desarrollo de proyectos que beneficien a las mujeres, así como concertar y suscribir convenios para este efecto.
XII. Mantener y fortalecer relaciones de intercambio y cooperación con los organismos internacionales que se ocupan de la igualdad de oportunidades, equidad de género y no discriminación contra las mujeres, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a la Secretaría de Relaciones Exteriores.
XIII. Impulsar y propiciar y en su caso, la coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores para la firma y cumplimiento de los instrumentos acordados en el ámbito internacional y regional, relacionados con la igualdad de oportunidades, equidad de género y no discriminación contra las mujeres.
XIV. Impulsar y dar seguimiento del cumplimiento de las obligaciones contraídas con gobiernos o entidades de otros países o con organismos internacionales relacionados con la equidad de género y las mujeres.
XV. Actuar como órgano de consulta, capacitación y asesoría a todas las instituciones del Estado en materia de equidad de género, de igualdad de oportunidades y no discriminación contra las mujeres, cuando así lo requieran;
XVI. Promover la ejecución de acciones para el reconocimiento y la visibilidad pública de las mujeres, así como para la difusión a nivel nacional e internacional de las actividades que las benefician;
XVII. Promover estudios e investigaciones para instrumentar un sistema de información, registro, seguimiento y evaluación de las condiciones sociales, políticas, económicas y culturales de las mujeres en los distintos ámbitos de la sociedad;
XVIII. Participar y organizar reuniones y eventos para el intercambio de experiencias e información tanto de carácter nacional como internacional sobre los temas de las mujeres;
XIX. Promover y realizar investigaciones que permitan conocer la condición y situación de las mujeres, la equidad de género, la igualdad de oportunidades y no discriminación en contra de las mujeres, así como difundir y publicar los resultados de las mismas.
XX. Promover las aportaciones de recursos provenientes de dependencias e instituciones públicas; organizaciones privadas y sociales; organismos internacionales y regionales; gobiernos de otros países y particulares interesados en apoyar el logro de la equidad de género y la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres;
XXI. Impulsar la cooperación nacional e internacional, para el apoyo financiero y técnico en la materia de equidad de género e igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, de conformidad con las disposiciones aplicables;
XXII. Emitir informes de evaluación periódica para dar cuenta de resultados en el cumplimiento de los objetivos, estrategias y políticas del Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres;
XXIII. Actualizar periódicamente el diagnóstico sobre la situación de las mujeres, en relación con los avances del Programa y la operatividad del mismo;
XXIV. Acordar mecanismos de coordinación con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación en materia de no discriminación contra las mujeres, para el cumplimiento del objeto y atribuciones del Instituto; y
XXV. Las demás que le señale el Estatuto Orgánico del Instituto.
Artículo 9
El Instituto Nacional de las Mujeres se integrará con una Junta de Gobierno, una Presidencia, una Secretaría Ejecutiva y las estructuras administrativas que establezca su Estatuto Orgánico. Asimismo, contará con un órgano auxiliar de carácter honorífico que será el Consejo Consultivo.
Capítulo II
De la Estructura Orgánica y Funcional del Instituto Nacional de las Mujeres
Artículo 10
El Instituto contará con la siguiente estructura organizativa:
I. a IV. ...
V. El Organo Interno de Control.
...
Artículo 12
La Junta de Gobierno será la máxima autoridad del Instituto y estará integrada por:
I. El o la titular de la Presidencia del Instituto Nacional de las Mujeres, quien lo será también de la Junta de Gobierno;
II. Las y los vocales propietarios, quienes tendrán derecho a voz y voto, que se mencionan a continuación:
a) Las y los titulares de las siguientes dependencias y entidades de la Administración Pública Federal:
Gobernación;
Relaciones Exteriores;
Seguridad Pública;
Hacienda y Crédito Público;
Desarrollo Social;
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
Medio Ambiente y Recursos Naturales;
Economía;
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación;
Educación Pública;
Salud;
Trabajo y Previsión Social;
Procuraduría General de la República.
b) Una consejera representante del Consejo Consultivo.
III. Las y los invitados permanentes, quienes tendrán derecho a voz pero sin voto, que se mencionan a continuación:
a) Un(a) representante del Poder Judicial de la Federación.
b) Una representante de cada una de las Cámaras del H. Congreso de la Unión.
...
Se deroga
...
La Junta de Gobierno del Instituto deberá quedar constituida en un plazo no mayor de 20 días hábiles contados a partir de que el Presidente de la República tome posesión de su cargo. La Presidencia del Instituto designará a la Secretaría Técnica, cuyo nombramiento deberá ser ratificado por la Junta de Gobierno.
Artículo 13
Para el cumplimiento de las atribuciones del Instituto, la Junta de Gobierno tendrá las siguientes facultades:
I. a VI. ...
VII. Ratificar los nombramientos de la Secretaria Ejecutiva y de la Secretaría Técnica.
VIII. Derogado.
IX. Derogado.
X. a XVII. ...
Artículo 14
...
...
Se deroga
La Junta de Gobierno sesionará válidamente con la asistencia de por lo menos la mitad más uno de sus integrantes. Las resoluciones se tomarán por mayoría de votos de los presentes y la Presidencia tendrá voto de calidad en caso de empate.
Asistirán a las sesiones de la Junta de Gobierno, con voz pero sin voto, la secretaria ejecutiva del Instituto; la secretaria técnica y la prosecretaria de la Junta de Gobierno, así como la o el comisario público del Instituto Nacional de las Mujeres. También podrán asistir con voz pero sin voto, cualquier funcionario del Instituto cuando así lo requiera la Presidencia.
Los acuerdos de la Junta de Gobierno versarán exclusivamente sobre los asuntos incluidos en el orden del día.
Artículo 14 Bis
La Secretaría Técnica estará a cargo de un(a) servidor(a) público(a) encargado(a) de auxiliar a las y los integrantes de la Junta de Gobierno y a la Presidencia en el desempeño de sus funciones.
Tendrá las siguientes atribuciones:
I. Proponer el calendario de sesiones de la Junta de Gobierno.
II. Apoyar la organización de las sesiones de la Junta de Gobierno y su desarrollo, así como coordinar el cumplimiento de los acuerdos tomados por la Junta y preparar los informes periódicos sobre dicho cumplimiento.
III. Facilitar las condiciones a la Junta de Gobierno para que cumpla con las facultades que le confiere la presente ley.
IV. Asesorar, coordinar y supervisar la planeación, desarrollo y seguimiento de los temas a tratar con el Consejo Consultivo, y demás órganos colegiados que sean creados por la Junta de Gobierno.
V. Las demás que le sean asignadas por la Presidencia del Instituto y las que se deriven del Estatuto Orgánico.
Artículo 15
El Presidente de la República designará a la o el titular de la Presidencia del Instituto, a partir de una terna que la Junta de Gobierno someta a su consideración, a los diez días posteriores a su integración. El nombramiento en cuestión deberá recaer en persona que reúna los siguientes requisitos:
I. a V. ...
Artículo 16
La Presidencia del Instituto tendrá las siguientes facultades:
I. Presidir la Junta de Gobierno, con derecho a voz y voto;
II. a VII. ...
VIII. Ejercer el presupuesto del Instituto con sujeción a las disposiciones la Junta de Gobierno para su aprobación, los proyectos de programas, informes y estados financieros del Instituto y los que específicamente le legales, reglamentarias y administrativas aplicables;
IX. ...
X. Nombrar y remover a la secretaria ejecutiva y a la secretaria técnica; la fijación de sueldos y demás prestaciones, conforme a las asignaciones globales del presupuesto de gasto corriente aprobado por el propio órgano y nombrar al resto del personal administrativo del Instituto;
XI. a XVII. ...
Artículo 17
Se deroga.
Artículo 18
La Presidencia durará en su cargo el periodo correspondiente al ejercicio constitucional del Presidente de la República que otorgó el nombramiento. Lo anterior, sin perjuicio de que pueda ser propuesta en la terna que se presente en el siguiente periodo constitucional del titular del Ejecutivo federal.
Capítulo IV
Del Nombramiento y Facultades de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres
Artículo 19
La Presidencia del Instituto nombrará y removerá a la Secretaria Ejecutiva, la cual debe reunir para su designación, los siguientes requisitos:
I. a IV. ...
Capítulo V
Del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de las Mujeres
Artículo 21
El Instituto contará con un Consejo Consultivo, como órgano auxiliar de carácter honorífico y representativo de la sociedad civil.
Artículo 22
El Consejo Consultivo será un órgano de asesoría y consulta del Instituto en los asuntos que sean sometidos a su consideración, relativos a políticas y acciones públicas para el desarrollo de las mujeres en el marco de esta ley.
Estará integrado por un número no mayor de diecinueve mujeres representativas de la sociedad dedicadas a la defensa de los derechos de las mujeres.
El Consejo Consultivo como órgano colegiado designará a una integrante para que lo represente en cada Junta de Gobierno.
La Junta de Gobierno determinará en el Estatuto Orgánico del Instituto la estructura y la forma de integración del Consejo Consultivo, cuyos miembros, durarán en su encargo un año con posibilidad de ser designados por un periodo más.
Artículo 23
Las integrantes del Consejo serán designadas por la Junta de Gobierno, previa convocatoria que para tal efecto emita la Presidencia del Instituto. Al término de su encargo, el Consejo Consultivo presentará un informe a la Junta de Gobierno.
Los cargos de los integrantes del Consejo serán honoríficos y por lo tanto no percibirán retribución, emolumento o compensación alguna.
Al término de su encargo, el Consejo Consultivo presentará un informe anual a la Junta de Gobierno.
Artículo 24
Se deroga.
Artículo 25
Se deroga.
Artículo 26
Se deroga.
Artículo 27
Se deroga.
Capítulo VI
De la Colaboración de los Tres Poderes de la Unión
Artículo 28
El Instituto solicitará a las y los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, las y los titulares de los órganos de impartición de justicia federal, así como las y los Presidentes de ambas Cámaras del Congreso de la Unión la información pertinente en materia de equidad de género y de las mujeres, así como su colaboración dentro del área de su competencia, en la elaboración, ejecución y seguimiento del Programa para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres.
Capítulo VIII
Del Patrimonio, Presupuesto y Control de los Recursos del Instituto Nacional de las Mujeres
Artículo 31
El Instituto Nacional de las Mujeres contará con patrimonio propio y se integrará:
I. a II. ...
III. Recursos que obtenga de las actividades a que se refiere el artículo 7, fracciones VII, XIX y XX; y
IV. ...
Transitorios
Artículo Primero
La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo Segundo
El Consejo Consultivo a que se refiere el artículo 22 quedará integrado a más tardar a los 60 días siguientes de la entrada en vigor del presente decreto.
Artículo Tercero
La Junta de Gobierno deberá adecuar su Estatuto Orgánico y Reglamento Interior, conforme a lo dispuesto en este decreto, a más tardar en un término de 120 días a partir de su entrada en vigor.
Artículo Cuarto
El Presidente de la República podrá ratificar a la titular del Instituto para los efectos a que se refiere el artículo 18 del presente decreto.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de diciembre de 2003.
Diputadas: Blanca Eppen Canales, Angélica Ramírez Luna, Beatriz Zavala Peniche, Concepción Cruz García, Evangelina Pérez Zaragoza, Gisela Juliana Lara Saldaña, Marisol Vargas Bárcena, Martha Leticia Rivera Cisneros, Patricia Flores Fuentes (rúbricas).
(Turnada a la Comisión de Equidad y Género. Diciembre 4 de 2003.)
Proposiciones
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR AL EJECUTIVO FEDERAL QUE INFORME POR QUE CONSIDERA PERTINENTE LA DISOLUCION DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRICOLAS Y PECUARIAS, PRESENTADA POR LA DIPUTADA PATRICIA DURAN REVELES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, EN LA SESION DEL JUEVES 4 DE DICIEMBRE DE 2003
Con fundamento en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior, presento el siguiente punto de acuerdo con el objeto de que esta Honorable Asamblea solicite al Ejecutivo Federal que le informe los motivos por los que se considera necesaria la disolución del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias que se encuentra prevista en el artículo segundo transitorio del proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2004, bajo las siguientes
Consideraciones
En el campo mexicano viven millones de ejidatarios y pequeños propietarios que requieren de apoyos importantes y eficientes, tales como capacitación, acceso a tecnología, variedades mejoradas de cultivos básicos, entre otros; que les permitan enfrentar, en condiciones adecuadas, los retos de la productividad que caracterizan a la globalización y con ello, obtener niveles de ingreso suficientes para brindar a sus familias los bienes y servicios necesarios para vivir de manera decorosa.
México tiene un compromiso con ellos y nosotros, los legisladores como representantes populares, hoy más que nunca debemos dirigir nuestros esfuerzos para alcanzar un campo vigoroso y digno.
En Acción Nacional estamos convencidos de que los nuevos tiempos requieren revalorar el papel de los hombres y mujeres del campo, así como de las instituciones vinculadas este sector y que tienen como objetivo primordial proporcionar a nuestros productores el acceso tecnológico que se requiere para fomentar la productividad y rentabilidad de estas actividades productivas.
En este sentido, el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), realiza una labor muy importante al generar tecnologías de bajo costo dirigidas al incremento de la producción de alimentos con mayor calidad y bajo un manejo sustentable de los recursos naturales.
Es así que el INIFAP es reconocido como la principal institución de investigación agropecuaria y forestal de México; tiene presencia en todas las condiciones agroecológicas y en los principales sistemas de producción del país, a través de 81 campos experimentales y seis centros nacionales de investigación disciplinaria, en donde laboran 1,096 investigadores, de los cuales 82% cuentan con maestría y doctorado.
En los últimos 60 años, el INIFAP ha contribuido con numerosas aportaciones científicas y tecnológicas al desarrollo del sector agropecuario y forestal de México, entre las que se encuentran las siguientes:
1) Control y erradicación de la fiebre aftosa en nuestro país, cuya última epidemia en el Reino Unido en los años pasados, provocó la exterminación de más de seis millones de cabezas de ganado entre ovinos y bovinos.
2) Desarrollo y liberación de más de 1,050 variedades mejoradas de 35 cultivos básicos, para todas las áreas agroecológicas del país, que presentan alto rendimiento, tolerancia a sequía y con resistencia a plagas y enfermedades.
3) Liberación de 24 híbridos y 6 variedades de maíz de alta calidad proteínica, que permitirán mejorar la calidad de la nutrición de la población marginal urbana y rural.
4) Obtención de variedades mejoradas que representan una proporción importante del maíz y del frijol producido en México. ,
5) Desarrollo de la mayoría de las variedades de trigo, arroz, avena y cebada que se siembran actualmente en nuestro país, entre otras.
Las aportaciones anteriores demuestran con claridad que este instituto desempeña un papel fundamental en el desarrollo de las innovaciones tecnológicas requeridas por los productores nacionales.
Sin embargo, vemos con preocupación que dentro del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2004, se propone un artículo segundo transitorio en el que se plantea la desincorporación del INIFAP y de otras instituciones de investigación y docencia del sector agropecuario, lo cual consideramos poco oportuno, dada la importancia que éstas representan para el sector. Asimismo, dicha medida no presenta argumentación que exponga las causas que la motivan.
En el grupo parlamentario de Acción Nacional requerimos mayor información, porque consideramos que la aprobación de la propuesta del Ejecutivo podría afectar de manera importante el desarrollo del sector agropecuario, ya que se impediría la aportación de soluciones a problemas que limitan la producción de alimentos, el desarrollo de tecnologías para la prevención de enfermedades en plantas y animales, la generación de alternativas para el manejo sustentable de los recursos forestales, las opciones para el control sanitario, alimenticio, reproductivo, y de mejoramiento genético de las especies de mayor importancia para el país, y se pondría en riesgo la conservación de recursos genéticos animales y vegetales del país al perderse inventarios y colecciones en resguardo del Instituto.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, pongo a consideración de esta lonorable soberanía el siguiente:
Punto de Acuerdo
Unico.- Que esta H. Cámara de Diputados solicite al Ejecutivo Federal, le informe a la brevedad, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los motivos por los que se considera necesaria la disolución del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP).
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de diciembre de 2003.
Dip. Patricia Durán Reveles (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Diciembre 4 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE LA CAMARA DE DIPUTADOS SE PRONUNCIA EN FAVOR DE CONVOCAR A UN PACTO POLITICO NACIONAL, QUE SERVIRA COMO ESPACIO DE NEUTRALIDAD PARA LOGRAR ACUERDOS FUNDAMENTALES QUE PERMITAN EL AVANCE DE LAS REFORMAS ESTRUCTURALES QUE REQUIERE EL PAIS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO LUIS ANTONIO GONZALEZ ROLDAN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM, EN LA SESION DEL JUEVES 4 DE DICIEMBRE DE 2003
Jorge Antonio Kahwagi Macari, Manuel Velasco Coello, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Alvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Avila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrimos a solicitar se tenga a bien turnar a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
La democratización del Estado Mexicano es un proceso histórico que exige la construcción de consensos sólidos, que permitan la gobernabilidad democrática, legitimen las acciones de la nueva clase política, y que den a las instituciones del Estado la confianza de los ciudadanos y de los actores políticos, dándoles coherencia con las estructuras sociales, políticas y económicas.
Frente a esto, el Ejecutivo Federal ha renunciado a su papel histórico de convocar a un pacto político nacional en el que se establezcan las reglas del juego entre los actores políticos, los espacios públicos y el tipo de reformas sobre las que enfocarán sus esfuerzos, a través de la creación de los consensos fundamentales.
Desde el 1 de diciembre de 2000, hasta la fecha, la polarización ha prevalecido, ha imperado un clima de enfrentamiento entre las fuerzas políticas, y ante la marcada tendencia a la configuración de gobiernos divididos, esto se traduce en inmovilidad política e ingobernabilidad.
La polarización entre los actores políticos y la inexistencia de soluciones reales a la problemática nacional, por parte del ejecutivo, han conducido a la decepción de la sociedad, a la degradación de la política y a la perdida de confianza y credibilidad en el plano internacional.
Por otra parte, el panorama de las reformas estructurales se ha complicado, al punto en que a la mitad de este gobierno parece imposible que los acuerdos se puedan concretar de forma perdurable. A pesar de esto, en el Partido Verde Ecologista de México, nos hemos negado a perder la esperanza de que el consenso impere por el bien de México.
Estamos convencidos de que nuestro sistema político exige de espacios de neutralidad que permitan concretar acuerdos perdurables sobre temas fundamentales para la consolidación de nuestra democracia y para garantizar la gobernabilidad, y que será solo a través de estos espacios de neutralidad, que se alcanzarán los acuerdos y los pactos políticos necesarios para solucionar la compleja problemática nacional.
La polarización existente dentro de nuestro sistema político se presenta como un panorama alarmante frente a la falta de confianza y credibilidad entre los integrantes de la clase política y la sociedad civil, hecho que se manifiesta en la incapacidad de lograr pactos y acuerdos políticos, en la poca participación de la ciudadanía en los asuntos públicos, y en la falta de credibilidad y confianza en la política como la vía para solucionar los problemas sociales.
El abstencionismo registrado en las pasadas elecciones intermedias, el más alto desde hace más de treinta años, y que terminó por acentuar aún más la crisis de legitimidad en el sistema de partidos, es una muestra de ello y una llamada de alerta que debemos escuchar; la dificultad para construir consensos, la parálisis de la consolidación democrática y de la Reforma del Estado, y la desvinculación que existe entre la política y los intereses de la sociedad, son indicios de lo que puede ocurrir en un futuro no muy lejano: reproducir un estadio de ingobernabilidad y de conflictos sociales, como ocurre en Venezuela, Perú, Bolivia, Argentina y Colombia, un padecimiento crónico en América Latina.
Estamos a tiempo de evitar la reproducción de estos escenarios, si los actores políticos nos reunimos en torno a un pacto político nacional que sirva como un espacio de neutralidad en el que confluyan nuestras coincidencias fundamentales sobre lo que la historia y el futuro de México nos demandan: alcanzar consensos fundamentales para la consolidación de nuestra democracia y para las reformas estructurales que requiere el país.
Por lo anteriormente expuesto, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México somete a consideración de esta soberanía, el siguiente punto de acuerdo
Unico: Punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados se pronuncia a favor de exhortar al Ejecutivo a convocar a un pacto político nacional que servirá como espacio de neutralidad para el logro de acuerdos fundamentales que permitan la consolidación democrática y el avance de las reformas estructurales que requiere el país.
Diputados: Jorge A. Kahwagi Macari, coordinador; Manuel Velasco Coello, vicecoordinador (rúbrica); Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Alvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Avila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta.
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR A LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL A GARANTIZAR LA INCORPORACION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD A LOS PROGRAMAS SOCIALES, ESTABLECIENDO CAMBIOS A LAS REGLAS DE OPERACION PROGRAMATICAS QUE SEAN PERTINENTES, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JUAN FERNANDO PERDOMO BUENO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA, EN LA SESION DEL JUEVES 4 DE DICIEMBRE DE 2003
Según datos calculados por la Organización Mundial de la Salud, actualmente en México existe una población de 14 millones de mexicanos con capacidades diferentes. De ellas, 43.74 por ciento vive en las zonas rurales del país, las más pobres.
Por su parte, la Oficina de Representación para la Promoción e Integración Social para Personas con Discapacidad de la Presidencia de la República señala que cada año se suman a éstas alrededor de 142 mil personas, entre las que sufren malformaciones genéticas, enfermedades vascular-cerebrales, trauma craneoencefálico y parálisis cerebral infantil.
Por otro lado, la Confederación Mexicana de Asociaciones a favor de la Persona con Deficiencia Mental, AC, señala que existen en nuestro país 5 millones de personas con deficiencia mental y de 6 a 7 millones con otras discapacidades.
Es necesario resaltar que en nuestro país los estados con mayor riqueza territorial y recursos naturales, como Puebla, Veracruz, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, se sitúan en los últimos cinco lugares de la clasificación del índice de desarrollo humano a escala nacional.
México ha suscrito en diversas convenciones instrumentos internacionales en materia de no discriminación tanto en el marco de la ONU como en la OEA, entre las que destacan, por su carácter vinculante, la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad.
Reconocemos el avance del Gobierno Federal al propiciar en el Plan Nacional de Desarrollo "la igualdad de condiciones que aseguren a la población el goce y disfrute de sus derechos individuales y sociales consagrados en la Constitución, elevando los niveles de bienestar y calidad de vida de los mexicanos y, de manera prioritaria, a disminuir la pobreza y la exclusión social".
Sin embargo, las medidas y los programas aplicados para las personas con capacidades diferentes siguen siendo nulos.
Actualmente, la Secretaría de Desarrollo Social aplica el Fondo para el Desarrollo Productivo, constituido por los programas de Empleo Temporal, Empresas Sociales, Crédito a la Palabra, Desarrollo Productivo de la Mujer, Zonas Aridas y Atención a Comunidades Indígenas; y el Fondo para Atender a Grupos Prioritarios, el cual considera asignaciones para atender a grupos en condición de iniquidad, marginación o vulnerables, como jornaleros, agrícolas, desarrollo de las comunidades rurales, marginadas de las áreas ixtleras, comunidades indígenas del estado de Puebla y comunidades mayas de la península de Yucatán y maestros jubilados.
De lo anterior se desprende que en ninguno de esos dos fondos la Secretaría de Desarrollo Social considera programas específicos que beneficien a ese tipo de personas, lo cual conlleva a un estado de indefensión que vulnera las garantías consagradas en la Constitución.
Por ello, Convergencia considera que debemos encontrar mecanismos legales, políticos, sociales y culturales para incluir en especial a las personas con capacidades diferentes que, por cualquier razón, viven diariamente una situación en grado extremo de desigualdad y trabajo arduo, el cual no es con justicia reconocido.
Generando, por derecho y por obligación, en las instituciones públicas y en las privadas y en la sociedad, en sus diversas formas de organización, programas de capacitación, apoyo económico, laboral y asistencial que otorguen respaldo a esas valiosas personas que padecen alguna discapacidad, de manera prioritaria, para construirse una vida digna.
Por todo lo expuesto, y con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, Convergencia presenta el siguiente
Punto de Acuerdo
Unico. Exhortar a la Secretaría de Desarrollo Social a garantizar la incorporación prioritaria de las personas con capacidades diferentes a los programas sociales, estableciendo cambios a las reglas de operación programáticas que sean pertinentes, particularmente en los programas Oportunidades y Hábitat.
Diputados: Juan Fernando Perdomo Bueno, María Beatriz Zavala Peniche, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Wintilo Vega Murillo, Alfredo Villegas Arreola, Armando Leyson Castro, Esteban Valenzuela García, Julio Boltvinik Kalinka, Francisco Amadeo Espinosa Ramos (rúbricas).
(Turnada a la Comisión de Desarrollo Social. Diciembre 4 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE INCORPORAR EN LA LEY DE INGRESOS Y EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA 2004 LA EVALUACION CUATRIMESTRAL CONJUNTA DE ESTA CAMARA Y EL PODER EJECUTIVO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JESUS EMILIO MARTINEZ ALVAREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA, EN LA SESION DEL JUEVES 4 DE DICIEMBRE DE 2003
Los que suscriben, diputados federales del grupo parlamentario de Convergencia, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, a fin de que la Cámara de Diputados y el Poder Ejecutivo realicen conjuntamente evaluaciones cuatrimestrales de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos de 2004.
Antecedentes y Consideraciones
1. Este año, como es su obligación, el Ejecutivo Federal ha enviado, de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el proyecto de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004.
2. Como ha sucedido en los últimos tres años, en éste, de nueva cuenta, la Cámara está entrampada en el análisis de la iniciativa del Ejecutivo en materia de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos.
3. Nuevamente estamos discutiendo sobre la base de que a esa iniciativa hagamos sólo algunos ajustes, que modifiquemos algunos números y realicemos algunas transferencias, en una materia que merece mayor responsabilidad y visión de nuestra parte.
Hasta el momento, debemos aceptarlo, tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo sólo hemos logrado transmitir un mensaje que genera incertidumbre y desconfianza y refleja falta de capacidad para lograr consensos.
4. Seguimos trabajando en la política de la improvisación. Se pretende convencer a la opinión pública de que el Poder Legislativo no cumple su responsabilidad cuando los mecanismos establecidos para analizar y aprobar la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos sólo conducen a la toma de decisiones parciales, precipitadas y, en muchos casos, con propuestas que resultan peores que las que presenta el Poder Ejecutivo.
5. Tenemos que encontrar con la mayor brevedad, y actuando con toda responsabilidad, una propuesta en materia de política de ingresos y de Presupuesto de Egresos que cuente con la aprobación de la mayoría de los legisladores, y dejar el camino abierto para que sin improvisaciones sentemos las bases en materia de política económica de largo plazo.
6. Es evidente que no realizaremos una verdadera reforma fiscal en el tiempo que nos falta, por lo cual tendremos que hacer un trabajo permanente entre la Secretaría de Hacienda y el Poder Legislativo durante todo el próximo año, dentro del marco fiscal aprobado, sin que implique modificar alguno de los impuestos vigentes en el año fiscal de 2004, con el único objetivo de sentar las bases de una verdadera reforma hacendaria que nos permita, en los años subsecuentes, realizar presupuestos no solamente anuales sino bianuales o multianuales, con las evaluaciones y correcciones correspondientes, según vayamos obteniendo resultados. Eso traerá como consecuencia certeza jurídica, simplificación, equidad tributaria, estabilidad financiera y visión de largo plazo.
Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario de Convergencia propone el siguiente
Punto de Acuerdo
Unico. El artículo primero transitorio del decreto de Presupuesto de Egresos para 2004 quedaría de la siguiente manera: "El presente decreto entrará en vigor el 1 de enero del año 2004 para que, por este único ejercicio, se hagan revisiones cuatrimestrales, de tal manera que tanto el Ejecutivo como el Legislativo evaluemos las medidas necesarias para que, dentro del marco jurídico vigente, revisemos los avances en materia de una efectiva recaudación de impuestos y la necesaria y eficiente fiscalización del Presupuesto de Egresos a fin de lograr metas mesurables en función de resultados tangibles".
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de diciembre de 2003.
Diputados: Jesús Emilio Martínez Alvarez, Luis Maldonado Venegas, Jaime Miguel Moreno Garavilla, Jesús Porfirio González Schmal, Juan Fernando Perdomo Bueno.
(Turnada a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública. Diciembre 4 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE SOLICITAR A LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA QUE EXCLUYA EL FIDEICOMISO DE FORMACION Y CAPACITACION PARA EL PERSONAL DE LA MARINA MERCANTE NACIONAL DE LA EXTINCION PROPUESTA EN EL ARTICULO SEGUNDO TRANSITORIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2004, PRESENTADA EN NOMBRE DE DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISION DE MARINA POR EL DIPUTADO SEBASTIAN CALDERON CENTENO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, EN LA SESION DEL JUEVES 4 DE DICIEMBRE DE 2003
Los que suscriben Diputados integrantes de la Comisión de Marina abajo firmantes, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 70 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos ante el Pleno de este Poder de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo, a fin de que se solicite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta soberanía que excluya el Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional de la extinción que propone el titular del Poder Ejecutivo Federal en el artículo segundo transitorio del proyecto Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004 que presentó ante esta Soberanía.
Antecedentes
El Plan Nacional de Desarrollo 2000-2006 presentado por el Presidente de la República reconoce la educación como un factor de progreso y fuente de oportunidades para el bienestar individual y colectivo que repercute en la calidad de vida, en la equidad social, en las normas y prácticas de la convivencia humana, en la vitalidad de los sistemas democráticos y en los estándares del bienestar material de las naciones; establece que ésta afecta la capacidad y la potencialidad de las personas y las sociedades, determina su preparación y es el fundamento de su confianza para enfrentar el futuro. Pugna por la creación de un gran proyecto nacional a favor de la educación, en el cual participen y se articulen los esfuerzos de sociedad y gobierno en el logro de sus objetivos, mediante el cual se resuelvan los inaceptables rezagos educativos y se creen las condiciones que propicien el futuro bienestar colectivo y la inserción plena de México en el ámbito internacional.
En dicho proyecto se establece que se deberá contar con una educación acorde con las nuevas condiciones y aspiraciones nacionales privilegiando el aprendizaje y el conocimiento; en síntesis, se busca hacer de México un país volcado a la educación para lograr que la esta sea valorada como un bien público.
Consideraciones
Nuestro país se encuentra localizado entre los dos océanos más importantes del mundo, contamos con tres millones ciento cuarenta nueve mil novecientos veinte kilómetros cuadrados de zona económica exclusiva y más de once mil quinientos kilómetros de litorales, en los cuales se encuentran distribuidos noventa y tres puertos y catorce terminales especializadas, y en éstos se desarrollan actividades económicas, industriales y turísticas que significan un importante derrama económica.
La adecuada operación de los puertos y las terminales radica en la calidad de la formación y constante capacitación que brinda la educación náutica al personal especializado que en ellos labora.
A nivel mundial, el transporte marítimo es considerado como el medios más eficientes, seguros y económicos, ocupa el primer lugar en el movimiento de mercancías, por lo que es considerado por los países marítimos como una factor de desarrollo y crecimiento económico fundamental.
El sector marítimo nacional se encuentra en una etapa de crecimiento y desarrollo y, por ende, requiere de un verdadero impuso que detone su fortalecimiento, y un factor importante lo constituye la educación náutica, la cual tiene gran arraigo y tradición en nuestro país.
Por decreto presidencial de fecha 8 de marzo de 1880 se crearon las escuelas náuticas de Campeche y Mazatlán, cuyo objetivo era satisfacer las necesidades de la marina de comercio, y para 1919 y 1945 se fundaron la Escuela de Comercio y Náutica en Veracruz y la Escuela Náutica de Tampico, respectivamente. El 17 de agosto de 1972 se creó el Fideicomiso para la Reestructuración y Funcionamiento de las Escuelas Náuticas de Veracruz, Mazatlán y Tampico, y para 1983 cambió la denominación de ese fideicomiso, por el de Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional.
Entre los objetivos y fines del Fidena destaca la impartición de maestrías, licenciaturas y cursos para la enseñanza y formación de marinos mercantes en sus tres escuelas náuticas mercantes que hay en el país y de cursos de capacitación y adiestramiento para personal subalterno, prestadores de servicios, pescadores y trabajadores portuarios nacionales, asimismo lleva la administración y operación de los buques-escuela destinados a la formación, capacitación y adiestramiento; en general, la formación teórico-práctica de los profesionales del mar, buscando siempre su óptima calificación.
El Fidena, sus tres escuelas náuticas y el buque escuela Náuticas México cuentan con la certificación ISO 9000:2000 para el sistema de gestión de la calidad (SGC), y los sesenta y un diversos estudios que imparte van desde posgrado y licenciatura hasta cursos de capacitación e iniciación; ha suscrito diversos memorandos de entendimiento en cooperación técnica, científica y educativa con autoridades marítimas de España, Estados Unidos de América, Japón y organismos nacionales. Resulta importante destacar que la Escuela Náutica de Tampico cuenta con el reconocimiento de la Universidad Marítima Mundial, hecho por el cual fue designada como sede para impartir cursos y capacitación para América Latina.
Desde la fundación de las tres escuelas náuticas han egresado un total de cinco mil quinientos cincuenta y cinco ingenieros mecánicos navales e ingenieros geógrafos e hidrógrafos, se ha actualizado a nivel de posgrado a cincuenta y cinco mil trescientos once oficiales, y respecto del personal subalterno se ha capacitado a setenta y nueve mil seiscientos sesenta y un personas y a doscientos veintinueve mil treinta y nueve pescadores, situación que ha favorecido en prevención de la vida humana en el mar y de la contaminación marina.
El buque escuela Náuticas México, además de contribuir a la formación teórico-práctica de los marinos mercantes mexicanos trabaja en operaciones de buque de carga general, y por estas actividades ingresa anualmente $ 1,062,000.00 dólares americanos, lo cual contribuye a aminorar los gastos de educación.
Otro aspecto que hay que resaltar es el ingreso directo que obtiene el Estado por concepto de recaudación fiscal a través del profesional de la mar egresado de las escuelas náuticas, toda vez que un oficial de la marina mercante percibe un salario promedio de doscientos cuarenta mil pesos anuales, consecuentemente paga en impuestos un estimado de setenta y dos mil pesos por año; por lo se retribuye ampliamente al Estado la inversión que se hizo en ellos para su formación.
El Fidena es parte medular en la Marina Mercante Nacional, toda vez que las tripulaciones de las embarcaciones abanderadas mexicanas se integran con egresados de nuestras escuelas náuticas en sus diversos niveles educativos y, más aún, personal de las empresas navieras y que operan los puertos también fueron formados y capacitados en esos centros educativos.
Para la optimización de funciones y recursos, el Fidena considera tres importantes áreas: a) la de formación, a nivel de licenciatura y maestría, b) la de capacitación, dirigida a pescadores y prestadores de servicios, y c) de actualización y posgrado para oficiales de la marina mercante; dichos estudios son necesarios para que el personal pueda continuar desarrollando sus actividades.
En el año 2002 los recursos asignados por el Gobierno Federal al Fidena fueron del orden de sesenta y seis millones quinientos cuarenta y tres mil quinientos sesenta y seis pesos, los cuales fueron distribuidos en la capacitación de veintiún mil novecientos cuarenta y siete personas en las diferente áreas, en la administración y operación de los tres planteles, del buque escuela, de las oficinas centrales y el centro de capacitación para el personal de la marina mercante y trabajadores portuarios, lo que arroja una suma mensual de doscientos cincuenta y dos pesos y sesenta y seis centavos por persona capacitada.
Los riesgos inmediatos que ocurrirían en el caso de que se extinga el Fidena son los siguientes:
a) Se perdería el reconocimiento de la Organización Marítima Internacional (OMI) a los estudios que en educación náutica se imparten en nuestro país.
b) Estaríamos imposibilitados para dar cumplimiento a los convenios internacionales que hemos suscrito en materia de seguridad de la vida humana en el mar y sobre normas de formación, titulación y guardia para la gente de mar (STCW 95), consecuentemente los marinos mexicanos no podría navegar en embarcaciones nacionales o extranjeras por no contar con la capacitación y actualización requerida.
c) Se truncarían los estudios profesiones y de posgrado que actualmente cursan ochocientos ochenta y nueve alumnos en las escuelas náuticas, los cuales difícilmente alguna institución privada podría impartir con el mismo nivel y reconocimiento que se ha obtenido a lo largo de ciento veintitrés años.
d) Se afectaría a los más de seis mil elementos subalternos y a los diez mil pescadores y prestadores de servicios en diversas áreas que anualmente se capacitan.
e) Se pondrían en riesgo buques, instalaciones portuarias y el medio ambiente marino, al no contarse con personal debidamente capacitado y calificado para llevar a cabo las actividades de la marina mercante.
f) Se estaría en imposibilidad de satisfacer la demanda nacional de profesionales del mar que realicen las actividades a bordo de buques y de instalaciones portuarias. Asimismo, se afectarían otras áreas económicas en las que se laboran los egresados de las escuelas náuticas, desempeñándose como aseguradores y ajustadores de buques, inspectores navales, superintendentes de mantenimiento de flota, pilotos de puerto, capitanes, jefes de máquinas, oficiales de diversos tipos de buques especializados de apoyo a las plataformas marítimas de Pemex, remolcadores, abastecedores, y otros artefactos navales a nivel nacional e internacional y cuya demanda de ese tipo de profesionales es cada vez mayor.
g) Se afectaría los puertos en cuanto al proyecto de instalación de los centros de control de trafico marítimo, ya que se dejaría de impartir la capacitación que se está dando a los oficiales de control de tráfico marítimo, repercutiendo no sólo económica y socialmente en éstos, sino que también se pondría en riesgo la seguridad de esas instalaciones.
h) Se dejará un vacío jurídico que impedirá que otra institución imparta la educación náutica a nivel profesional en nuestro país.
j) Se terminaría con una institución con legendaria tradición en nuestro país.
k) Se causaría grave afectación al sector naviero nacional que cuenta con buques de bandera nacional al no contar con tripulación actualizada y capacitada, existiendo la imposibilidad de contratar tripulación extranjera por mandato constitucional.
Por lo anterior, sometemos a consideración del Pleno de este Poder de la Unión como de urgente resolución el siguiente
Punto de Acuerdo
Unico.- Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta soberanía que excluya el Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional de la extinción que propone el titular del Poder Ejecutivo Federal en el artículo segundo transitorio del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004.
Diputados: Sebastián Calderón Centeno (rúbrica), Angel Pasta Muñuzuri (rúbrica), Martín Remigio Vidaña Pérez (rúbrica), Rogelio Rodríguez Javier, Francisco Juan Avila Camberos, José Antonio de la Vega Asmitia (rúbrica), Rogelio Alejandro Flores Mejía (rúbrica), Alejandro Higuera Osuna, Homero Ríos Murrieta (rúbrica), Eloísa Talavera Hernández (rúbrica), Salvador Vega Casillas (rúbrica), José Alberto Aguilar Iñárritu (rúbrica), Rafael Alejandro Moreno Cárdenas (rúbrica), Carlos Blackaller Ayala (rúbrica), Guillermo Martínez Nolasco (rúbrica), Salvador Sánchez Vázquez (rúbrica), Gonzalo Ruiz Cerón (rúbrica), Héctor Pablo Ramírez Puga, Sofía Castro Ríos (rúbrica), Sergio Arturo Posadas Lara (rúbrica), Rómulo Israel Salazar Macías (rúbrica), Alfonso Sánchez Hernández (rúbrica), Félix Arturo González Canto (rúbrica), Irma Figueroa Romero, Juan García Costilla (rúbrica), Israel Tentory García (rúbrica), Sergio Magaña Martínez (rúbrica), Emilio Serrano Jiménez, Raúl Piña Horta (rúbrica), Rafael García Tinajero (rúbrica).
(Turnada a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Diciembre 4 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE EXHORTAR A LOS GOBIERNOS Y A LAS LEGISLATURAS ESTATALES A PROTEGER Y APOYAR A LOS MENORES DE DIECIOCHO AÑOS DE EDAD CUANDO SEAN VICTIMAS DE DELITOS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO HOMERO RIOS MURRIETA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, EN LA SESION DEL JUEVES 4 DE DICIEMBRE DE 2003
Una de las principales responsabilidades del Estado y de hecho una de sus razones de existir es velar por la integridad física y moral de todos sus habitantes, sobre todo de aquellos que por condiciones naturales se encuentran en condiciones de vulnerabilidad como ocurre con las niñas, los niños y los adolescentes.
Para lograr lo anterior y en el marco de las áreas de competencia gubernamental podemos asumir como una obligación del Poder Legislativo generar un marco jurídico que proteja a la infancia y adolescencia mexicanas. Ello implica, entre otras muchas cosas, abrir al juzgador la posibilidad de establecer penas extraordinarias para quienes cometen ilícitos que dañen física o emocionalmente a los menores de edad.
Los ataques a la integridad física y emocional de nuestros hijos tienen que ser abatidos.
Para Acción Nacional el cuidado de la familia no es sólo una obligación moral; es una necesidad política para consolidar el desarrollo democrático de México; es imperativo social para que la solidaridad entre generaciones triunfe sobre el individualismo ciego, y es un compromiso social de quien cree en los lazos de convivencia que unen a una sociedad vigorosa. Por ello hoy estamos aquí.
Son muchos los estudios serios y profesionales que han demostrado clara y rotundamente que los seres humanos menores de 18 años se encuentran en etapa de formación y que, por lo mismo, las acciones o conductas que atentan contra su integridad repercuten de una manera especialmente virulenta tanto en el momento de la agresión como en la vida posterior de la víctima. Por ello es importante revisar nuestra legislación para establecer como menor de edad al que tenga menos de dieciocho años.
Lo anterior ha llevado a los legisladores que nos han precedido a generar una serie de disposiciones muy importantes y muy completas, que indudablemente representan un gran avance. Sin embargo, es necesario continuar avanzando en nuestra legislación, por lo que hoy encontramos que es necesario fortalecer nuestros Códigos Penales para que además se encuentren acordes con los convenios internacionales que nuestro país ha firmado tal como ocurre con
La Convención sobre los Derechos del Niño (celebrada el 20 de noviembre de 1989 en Nueva York, EEUU y promulgado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de Enero de 1991 y) que en su artículo primero establece:
Artículo 1.- Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad?
Convenio sobre la Prohibición de las Peores Formas de Trabajo Infantil y la Acción Inmediata para su Eliminación. Convenio 182 de la Conferencia Internacional del Trabajo (celebrada el 17 de Junio de 1999, en Ginebra, Suiza, y promulgado el 7 de marzo del 2001) en cuyo artículo segundo se establece:
Artículo 2.- A los efectos del presente convenio, el término "niño" designa a toda persona menor de 18 años.
O bien, lo que se establece en el artículo segundo de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, promulgada el 29 de mayo del 2000 y que a la letra dice:
Artículo 2.- Para los efectos de esta ley, son niñas y niños las personas de hasta 12 años incompletos, y adolescentes los que tienen entre 12 años cumplidos y 18 incumplidos.
Cierto y muy lamentable es el alto porcentaje de delitos que quedan impunes en nuestro país, por ello propongo que iniciemos todos juntos una gran cruzada contra la impunidad y como un primer paso propongo que nos aboquemos a abatir dicho mal en los casos en que las víctimas sean menores de edad.
Por lo aquí expuesto y con el único objetivo de proteger a las niñas, niños y adolescentes mexicanos, me permito someter a la consideración de esta representación popular la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
l.- Se exhorta a los Poderes Legislativos de las entidades federativas a que, en el marco de su competencia:
a) Establezcan penas más severas cuando las víctimas de los delitos sean menores de dieciocho años de edad.
b) Legislen en materia de prevención de la violencia intrafamiliar.
c) Favorezcan desde la perspectiva económica y desde la aprobación del presupuesto de su entidad los programas y acciones que impulsen la armonía y seguridad familiar.
2.- Se exhorta a los ejecutivos estatales a:
a) Dar prioridad a la resolución de los asuntos delictivos en los cuales las víctimas sean menores de edad.
b) Impulsar los programas y acciones que permitan el desarrollo integral de los menores de dieciocho años de edad.
Finalmente, me permito reiterar que, tal y como se expresa en el artículo 4º constitucional, la tutela de la familia, espacio primario de la responsabilidad social, ha de ser una actividad esencial del Estado, y que Acción Nacional como parte integrante está aquí para cumplir con ese deber.
(Turnada a la Junta de Coordinación Política. Diciembre 4 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, SOBRE EL PRESUPUESTO DE LA COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA 2004, PRESENTADA POR EL DIPUTADO LUIS MALDONADO VENEGAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA, EN LA SESION DEL JUEVES 4 DE DICIEMBRE DE 2003
El que suscribe, diputado Luis Maldonado Venegas, integrante del grupo parlamentario de Convergencia, Partido Político Nacional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo.
Con su permiso, señor Presidente
Señoras y señores legisladores:
Para el grupo parlamentario de Convergencia, nada es más sensible que todo lo que se refiere a la política de derechos humanos, justo dentro del escudo socialdemócrata de llegar, en México, al pleno ejercicio de un Estado de derecho.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha sido, ante el avance democrático experimentado en los últimos años, una instancia de defensa ciudadana contra la impunidad y el abuso de poder, objetivo crucial de todo Estado de derecho que debe ser reflejado y reconocido, con este orden de prioridad, en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.
Es ampliamente justificado y justificable el incremento previsto en el proyecto de Presupuesto para 2004 que, en términos nominales, representa 13.5 por ciento más que lo asignado y lo aprobado por esta soberanía para el ejercicio de 2003.
Siendo tan magro el presupuesto de la CNDH, dicho incremento para el ejercicio de 2004 equivale, en cuanto a la participación del Presupuesto de Egresos de la Federación, a dos milésimas porcentuales, toda vez que la participación en el PEF del presupuesto de la CNDH pasaría de 0.038 a 0.040 por ciento para 2004.
Respecto a dichas proyecciones, es oportuno destacar que en la misión institucional de la CNDH sobresalen nuevas funciones que, por las circunstancias sociales y políticas que estamos viviendo, exigen toda su atención institucional. Esas nuevas áreas de competencia son las siguientes:
1. El fortalecimiento de las oficinas en las fronteras norte y sur, cuya justificación es insoslayable, frente a las reiteradas conductas que afectan los derechos humanos de los migrantes en la frontera norte, contra nuestros propios compatriotas, y en la frontera sur, en agravio de nuestros hermanos centroamericanos;
2. La creación de una Dirección General de Asuntos Jurídicos para la defensa de los grupos vulnerables referidos; y
3. El rubro que la CNDH llama "Ayudas y otras erogaciones".
Esas ayudas constituyen "una inversión social", pues son "una solicitud para abrir el concepto correspondiente a erogaciones para apoyar a los sectores social y de ayudas extraordinarias sin fines de lucro, con énfasis en la atención a migrantes y víctimas del delito" en ambas fronteras.
Pero todavía más: "esa inversión social", como explica la CNDH, se refiere asimismo a "donativos internacionales también sin fines de lucro, con el objetivo de dar transparencia a una de las funciones ?cimeras? de la institución: promover y fortalecer el desarrollo de las comunidades, organizaciones y luchadores sociales que impulsen el ?desarrollo de la cultura y la protección de los derechos humanos?".
La semana pasada, la sociedad mexicana fue testigo de la importante labor de la CNDH al dar a conocer el Informe especial sobre los casos de homicidios y desapariciones de mujeres en el municipio de Juárez, Chihuahua, documento que, si bien no tuvo para el Poder Ejecutivo la relevancia que merecía, para los diputados de Convergencia es un asunto prioritario.
Por ello insistimos ante esta soberanía en que los recursos económicos que les autoricemos nos permitirán no sólo cumplir el mandato del apartado B del artículo 102 constitucional sino, también, contribuir a que la CNDH pueda prevenir cualquier síntoma de deterioro en el respeto de los derechos humanos y lograr así la acción oportuna de las autoridades correspondientes.
Por lo expuesto, solicito a esta H. asamblea la aprobación del siguiente
Punto de Acuerdo
Unico. Se inste a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que se revise y fortalezca el presupuesto de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para el ejercicio fiscal de 2004, a fin de que pueda cumplir la responsabilidad social que le ha sido conferida por mandato constitucional.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de diciembre de 2003.
Dip. Luis Maldonado Venegas (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Diciembre 4 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE EXHORTAR AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A INSTRUIR AL SECRETARIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL PARA QUE REALICE UNA INVESTIGACION SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS DE ELECCION PARA RENOVAR LAS DIRIGENCIAS DE LAS SECCIONES 1, 22, 24, 26, 29, 34, 36, 38, 44, 47, 48, 49 Y 51 DEL SINDICATO DE TRABAJADORES PETROLEROS DE LA REPUBLICA MEXICANA, SITUADAS EN LOS ESTADOS DE TABASCO Y DE VERACRUZ, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JOSE ANTONIO DE LA VEGA ASMITIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, EN LA SESION DEL JUEVES 4 DE DICIEMBRE DE 2003
El suscrito diputado federal, José Antonio de la Vega Asmitia, y otras legisladoras y legisladores integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, así como diputadas y diputados del Partido de la Revolución Democrática abajo firmantes, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración del Pleno de la H. Cámara de Diputados proposición con puntos de acuerdo, conforme a las siguientes
Consideraciones
Desde la formación del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) y, con ello, la instauración del corporativismo mexicano, el tema de la democracia sindical ha sido letra muerta.
Los mexicanos hemos conocido en las últimas décadas cómo se han pisoteado los derechos de los trabajadores petroleros y sus familias para beneficiar a unos cuantos seudolíderes que han utilizado los recursos del pueblo mexicano para enriquecerse y para practicar manipulación electoral, como ha quedado de manifiesto.
En octubre último se llevaron a cabo elecciones para renovar las dirigencias en las secciones 1, 22, 24, 26, 29, 34, 36, 38, 44, 47, 48, 49 y 50 del STPRM, situadas en Campeche, Distrito Federal, Guanajuato, Nuevo León, Oaxaca, Tamaulipas, Tabasco y Veracruz.
En ese contexto electoral, los secretarios generales de varias de las secciones mencionadas se valieron de todo tipo de recursos económicos y humanos, así como de violencia física, para reprimir e impedir la libre emisión del voto, utilizando todo tipo de presiones, en el único objetivo de reelegirse y, en otros casos, de imponer a sus incondicionales para perpetuarse en el poder y seguir usufructuando para sí los recursos y las prerrogativas de los trabajadores petroleros.
Desde la emisión de la convocatoria a elecciones pudo observarse la intención de violentar la normatividad interna, determinándose que la elección del secretario general debía ser a mano alzada, con objeto de intimidar a los votantes bajo amenazas y represalias.
Se violentó el artículo 99 de los Estatutos Generales del STPRM, el cual establece que en la emisión del voto debe garantizarse que sea libre y secreto.
Asimismo, se violentó flagrantemente el artículo 281 de los estatutos porque no se emitió la convocatoria a elecciones al menos 20 días antes de su realización.
Debe señalarse también la violación de los artículos 49, 50, 243 y 246 de los estatutos, pues en lugar de socios activos de la sección, se permitió la participación de personas ajenas al gremio y la de grupos de choque contratados específicamente para golpear e intimidar a los candidatos y trabajadores opositores.
Los inspectores federales del trabajo no pudieron comprobar y justificar la personalidad de los presuntos asambleístas, en virtud de que, dos días antes de las elecciones, el recinto destinado para ello fue llenado con gente ajena y preparado para el fraude electoral.
Además, no se comprobó el quórum de 51 por ciento de trabajadores, en los términos del propio artículo 246, porque el aforo de los recintos donde se desarrollaron las citadas elecciones fue siempre menor que el número de trabajadores requeridos para la integración del quórum.
Ello demuestra que, en este punto particular, la simulación se llevó a cabo con la participación y complicidad de los inspectores de la Secretaría del Trabajo, por lo cual deben deslindarse responsabilidades.
De todo lo anterior hay numerosas pruebas, fotografías de los hechos violentos y actas notariales que dan fe de las irregularidades, así como cientos de testimonios de trabajadores y sus familias que fueron golpeados y ultrajados en los recintos electorales e intimidados en sus centros de trabajo y en sus domicilios.
Compañeras y compañeros diputados:
En virtud de los lamentables acontecimientos a que hemos hecho referencia, a todas luces contrarios a los principios elementales del Estado de derecho y violatorios de la libertad y autonomía sindicales, las diputadas y los diputados que firmamos la presente proposición con puntos de acuerdo
Proponemos
a) Que se deslinden las responsabilidades de quienes incurrieron en delitos y atentaron violentamente contra la autonomía sindical.
b) Que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, mediante la Dirección General del Registro de Asociaciones, no otorgue la toma de nota a las dirigencias de las secciones mencionadas hasta que no se lleve a efecto una investigación a fondo que permita tener mayores elementos de información para actuar en consecuencia conforme a derecho.
c) Que la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo aplique las sanciones correspondientes a los inspectores que actuaron como observadores en las citadas elecciones, a fin de deslindar su presunta complicidad por avalar las irregularidades denunciadas. Asimismo, que se proporcionen a los promoventes copias de las actas que dichos inspectores instruyeron en cada una de las elecciones de las secciones del STPRM en cuestión.
d) Que la dirigencia nacional del STPRM, a cargo de Carlos Romero Deschamps, ordene una investigación sobre los hechos denunciados, con la intención de aclararlos y, en su caso, aplicar las sanciones procedentes.
Por todo lo anterior, sometemos a la consideración del Pleno de la H. Cámara de Diputados la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorte al titular del Poder Ejecutivo federal a instruir al secretario del Trabajo y Previsión Social para no otorgar la toma de nota, sin llevar a cabo antes una investigación exhaustiva sobre las elecciones realizadas en las secciones 1, 22, 24, 26, 29, 34, 36, 38, 44, 47, 48, 49 y 51 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, en las cuales se cometieron graves irregularidades.
Segundo. Que la H. Cámara de Diputados exhorte al dirigente nacional del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana a realizar una investigación amplia sobre los hechos aquí referidos, a fin de tomar las acciones que conduzcan a la reposición del procedimiento para convocar a nuevas elecciones en las secciones señaladas.
Solicito a la Presidencia que el presente punto de acuerdo se publique íntegramente en la Gaceta Parlamentaria.
Palacio Legislativo, a 4 de diciembre de 2003.
Diputados: José Antonio de la Vega Asmitia, María del Carmen Mendoza Flores, Marko Antonio Cortés Mendoza, Alvaro Elías Loredo, Blanca Eppen Canales, Salvador Márquez Lozornio, Angel Pasta Muñuzuri, Virginia Yleana Baeza Estrella, José Felipe Puelles Espina, Tatiana Clouthier Carrillo, Jesús Antonio Nader Nasrallah, Lucio Galileo Lastra Marín, Tomás Antonio Trueba Gracian, Baruch Alberto Barrera Zurita, Huberto Aldaz Hernández, Ricardo Alegre Bojórquez, Sebastián Calderón Centeno, María del Carmen Escudero Fabre, Patricia Garduño Morales, José Javier Osorio Salcido, Carla Rochín Nieto, Carlos Noel Tiscareño Rodríguez, José Isabel Trejo Reyes, Salvador Vega Casillas, Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita, Francisco Javier Carrillo Soberón (rúbricas).
(Turnada a la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Diciembre 4 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, EN RELACION CON EL ARTICULO 31 DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2004, EN MATERIA DE PUBLICIDAD OFICIAL, PRESENTADA EN NOMBRE DE DIPUTADOS DEL PRI, PVEM Y PRD POR LA DIPUTADA MARCELA GUERRA CASTILLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA SESION DEL JUEVES 4 DE DICIEMBRE DE 2003
Los suscritos, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrimos a solicitar que se turne a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública la siguiente proposición con punto de acuerdo, de conformidad con los antecedentes, consideraciones y fundamentos que a continuación se detallan.
Antecedentes
1. De conformidad con el artículo 59 de la Ley Federal de Radio y Televisión, y el decreto por el que se autoriza a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a recibir de los concesionarios de estaciones de radio y televisión el pago del impuesto que se indica, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de octubre de 2002; el Estado tiene derecho a la utilización de tiempos oficiales en los medios electrónicos de comunicación, entre sus usuarios está el Ejecutivo federal.
2. El 22 de diciembre de 1992 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los "Lineamientos para la aplicación de los recursos federales destinados a la publicidad y difusión, y en general a las actividades de comunicación social", mediante los cuales se establecieron, por primera vez, mecanismos de control y verificación en el ejercicio de los recursos públicos destinados a publicidad, propaganda, publicaciones oficiales y, en general, a los rubros relacionados con las actividades de comunicación social de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; en dichos lineamientos se estableció la obligación de que los pagos realizados por las dependencias y entidades deberían efectuarse, invariablemente, a través de cheque nominativo, con el propósito de transparentar el destino de tales erogaciones.
3. En el artículo 39, fracción II, del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2000 se incluyó, por vez primera la disposición relativa a los criterios de racionalidad, austeridad y selectividad a que debían sujetarse los gastos de publicidad y actividades relacionadas con la comunicación social de las dependencias y entidades, a través de la radio y la televisión, precisándose que sólo podrían destinarse recursos presupuestarios para ese efecto, una vez que se hubieran agotado los tiempos oficiales asignados en los medios electrónicos de comunicación.
En dicha norma también se estableció la obligación de que el Ejecutivo federal informara a esta Cámara de Diputados sobre las erogaciones efectuadas por concepto de gastos de publicidad y actividades de comunicación social, así como sobre el uso de los tiempos oficiales.
4. En concordancia con la disposición anterior, el 31 de enero de 2000 la Secretaría de Gobernación publicó en el Diario Oficial de la Federación el "Acuerdo por el que se establecen las normas y lineamientos generales para la erogación de recursos presupuestales en materia de comunicación social para el Ejercicio Fiscal del año 2000".
5. Posteriormente, en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2001, su artículo 35 nuevamente contempló la disposición relativa a los criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria, en tratándose de los gastos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, destinados a la comunicación social.
6. En este orden de ideas, en enero de 2001 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los nuevos "Lineamientos para la aplicación de los recursos federales destinados a la publicidad, difusión y, en general, a las actividades de comunicación social", en los que se incorporaron ideas sobre la forma y términos en que debían ejercerse los recursos públicos.
7. Finalmente, durante los ejercicios fiscales de 2002 y 2003, se ha mantenido la disposición relativa a los criterios de racionalidad y austeridad presupuestaria que las dependencias y entidades deben observar, al destinar recursos presupuestarios para actividades relacionadas con la comunicación social.
Consideraciones
I. De conformidad con el artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es facultad exclusiva de esta Cámara de Diputados revisar la cuenta pública, con el objeto de conocer los resultados de la gestión financiera del Ejecutivo federal en el ejercicio inmediato anterior, comprobando si ésta se ajustó a los criterios señalados por el presupuesto y dio cumplimiento a los objetivos contenidos en los programas.
II. Esta facultad de vigilancia y control -referida específicamente al ejercicio de recursos públicos que lleva a cabo el Ejecutivo federal por concepto de gastos de publicidad y comunicación social- encuentra su justificación, entre otros aspectos, en la necesidad de garantizar que tales gastos atiendan única y exclusivamente a los objetivos proyectados en materia de difusión de las campañas gubernamentales, evitando erogaciones innecesarias, o bien, con propósitos distintos a los establecidos en los programas institucionales respectivos.
III. De este modo, el establecimiento de los criterios de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestaria en materia de gastos de comunicación social del Gobierno Federal, que reiteradamente ha venido consignándose en el Presupuesto de Egresos de la Federación, desde el ejercicio fiscal de 2000, tiene el objetivo fundamental de evitar excesos en el ejercicio de los recursos públicos y garantizar que éstos se destinen a los fines para los que fueron autorizados, partiendo del postulado fundamental en materia presupuestaria, por virtud del cual debe justificarse, en todo momento, el uso correcto de los recursos públicos.
IV. Por lo tanto, es importante adoptar los principios de racionalidad y austeridad en el ejercicio de los recursos públicos, en el ámbito específico de los gastos de publicidad y comunicación social, por lo que es necesario establecer mecanismos eficientes de control y vigilancia que permitan comprobar a este órgano legislativo que, en la contratación de espacios publicitarios, el Ejecutivo federal se ha apegado a los criterios de ahorro y transparencia.
V. Ahora bien, la función de control y vigilancia que esta Cámara de Diputados debe ejercer respecto de los recursos públicos destinados a gastos de comunicación social y publicidad de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, se encuentra estrechamente relacionada con la vigilancia en el uso y distribución correcta de los tiempos oficiales a que tiene derecho el Estado, en términos de la normatividad vigente. Ello es así en virtud de que los tiempos oficiales deben ser utilizados en su totalidad, de acuerdo con las disposiciones aplicables, y sólo cuando éstos se hubiesen agotado, el Gobierno Federal estará en posibilidad de realizar erogaciones en materia de comunicación social, con cargo al presupuesto.
VI. Sin embargo, del análisis al artículo 31 del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004, se advierte que en éste se han omitido directrices y normas tendientes a garantizar la transparencia y el ahorro en el uso de recursos públicos para fines de comunicación social del Gobierno Federal.
Al efecto, es de destacarse que en un ejercicio comparativo del proyecto en comento con su similar en el Presupuesto de Egresos de la Federación vigente, se avisa la eliminación de la restricción para utilizar recursos presupuestarios con fines de promoción institucional de las dependencias o entidades, que se encuentra actualmente establecida en el artículo 30, primer párrafo, in fine.
Asimismo, se exime al Ejecutivo federal de la obligación de informar a esta soberanía sobre la utilización de los tiempos oficiales, aspecto que resulta de suma importancia si se considera que los gastos de publicidad y comunicación social con cargo al presupuesto, únicamente podrán efectuarse cuando se haya agotado el uso de los mencionados tiempos oficiales.
Por otra parte, el precepto que nos ocupa suprime el deber que actualmente tiene el Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación, de publicar las cuotas y pagos que realice por concepto de publicidad y comunicación social, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Además, se han eliminado las precisiones respecto de las características que deben tener las campañas publicitarias, y las condiciones de ahorro y austeridad en que se deben emitir las publicaciones respectivas.
Por las razones antes expuestas, los suscritos diputados proponemos que el artículo 31 del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004 se apruebe en los términos que a continuación se indican, y con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita al Pleno de esta Cámara de Diputados, que se someta a consideración la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Que el artículo 31 del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004 atienda a las modificaciones que presentan los suscritos diputados.
Segundo. Que se considere como texto de dicho precepto, el siguiente:
Artículo 31. Las dependencias y entidades únicamente podrán destinar recursos presupuestarios para actividades relacionadas con la comunicación social a través de la radio y la televisión, una vez que hayan agotado los tiempos de transmisión asignados, tanto en los medios de difusión del sector público como en aquellos que por ley otorgan al Estado las empresas de comunicación que operan mediante concesión federal. Serán exceptuadas de esta disposición las dependencias y entidades que por la naturaleza de sus programas requieran de tiempos y audiencias específicos. En ningún caso podrán utilizarse recursos presupuestarios con fines de promoción de la imagen institucional de las dependencias o entidades.
Las erogaciones a que se refiere este artículo deberán ser autorizadas por la Secretaría de Gobernación, en el ámbito de su competencia, en los términos de las disposiciones generales que para tal efecto publique en el Diario Oficial de la Federación. Los gastos que en los mismos rubros efectúen las entidades, se autorizarán además por el órgano de gobierno respectivo. Durante el ejercicio fiscal no se otorgarán a las dependencias y entidades ampliaciones a las erogaciones autorizadas por la Secretaría de Gobernación, salvo en el caso previsto en el siguiente párrafo.
No podrán realizarse traspasos de recursos de otros capítulos de gasto al concepto de gasto correspondiente a comunicación social de los presupuestos de las dependencias y entidades, ni podrán incrementarse dichos conceptos de gasto, salvo en el caso de mensajes para atender situaciones de carácter contingente que se determinen en las disposiciones que emita la Secretaría de Gobernación.
El Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación, deberá reportar en los informes trimestrales sobre las erogaciones destinadas a servicios de comunicación social y publicidad, las cuales deberán limitarse exclusivamente al desarrollo de las actividades de difusión, información o promoción de los programas de las dependencias o entidades; asimismo, deberá informar sobre la utilización de los tiempos oficiales.
La Secretaría de Gobernación tendrá la obligación de publicar las cuotas y pagos a que se refiere el párrafo anterior, en los términos del artículo 65 de este Presupuesto.
Para la difusión de sus actividades, tanto en medios públicos como privados, la Administración Pública Federal sólo podrá contratar publicidad a tarifas comerciales debidamente acreditadas y bajo órdenes de compra en donde se especifique el concepto, destinatarios del mensaje y pautas de difusión en medios electrónicos. En el caso de los medios impresos, deberá tomarse en cuenta, adicionalmente, la cobertura y circulación certificada del medio en cuestión, con base en la metodología que para el efecto emita la Secretaría de Gobernación.
En ningún caso y bajo ninguna circunstancia podrán utilizarse recursos presupuestarios con fines de promoción de imagen de funcionarios o titulares de las dependencias o entidades. Asimismo, no se podrán destinar recursos de comunicación social a programas que no estén considerados expresamente en este Presupuesto.
Las campañas de publicidad que en los distintos programas se realicen, deberán contener única y exclusivamente el objeto mismo del programa.
Las publicaciones a las que se refiere este artículo, deberán ser impresas en papel reciclable; además, queda prohibido a las dependencias y entidades realizar publicaciones costosas y de lujo y sólo deberán realizarse para las actividades señaladas en el párrafo anterior, dentro de los programas de ahorro.
La Secretaría y, en su caso, las dependencias y entidades, no podrán convenir el pago de créditos fiscales, ni de cualquier otra obligación de pago en favor de la dependencia o entidad, a través de la prestación de servicios de publicidad, impresiones, inserciones y demás relativos con las actividades de comunicación social. Los medios de difusión del sector público podrán convenir con los del sector privado, la prestación recíproca de servicios de publicidad.
Las dependencias y entidades proporcionarán a la Función Pública, dentro de los diez días naturales siguientes a la terminación de cada mes, la información desglosada y por partida de gasto sobre las erogaciones a que se refiere este artículo, la cual deberá incluir el seguimiento del tiempo de transmisión, distribución y uso que se dé a los tiempos oficiales. A su vez, dicha dependencia proporcionará a la Secretaría de Gobernación la información consolidada correspondiente, en un plazo no mayor a los cinco días naturales subsecuentes, para la presentación de los informes y evaluaciones correspondientes.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 4 de diciembre de 2003.
Diputados: Dolores Gutiérrez Zurita, Francisco Javier Bravo Carbajal, Marcela Guerra Castillo, Fernando Alberto García Cuevas, Ady García López, Javier Orozco Gómez, Eduardo Espinoza Pérez, María Elena Orantes López, Carlos Jiménez Macías, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Alejandro Agundis Arias, Julio Horacio Lujambio Moreno, Fernando Espino Arévalo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Avila Serna, Maximino Fernández Avila, Luis Antonio González Roldán, Eugenio Mier y Concha Campos, Francisco Herrera León, Luis Felipe Madrigal Hernández, María Sara Rocha Medina, Roberto Campa Cifrián, María Esther Scherman Leaño, Leticia Gutiérrez Corona, Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Mayela Quiroga Tamez, Carlos Mireles Morales, Enrique Burgos García, José Alberto Aguilar Iñárritu, Juan Manuel Dávalos Padilla, Humberto Cervantes Vega, Alfonso González Ruiz, Juan Fernando Perdomo Bueno, Jesús Emilio Martínez Alvarez, Carmen Guadalupe Fonz Sáenz, Jorge Legorreta Ordorica, Raúl Piña Horta, Pedro Vázquez González, Joel Padilla Peña, Inti Muñoz Santini, Laura Martínez Rivera, Fernando de las Fuentes Hernández, Ricardo Rodríguez Rocha, Eduardo Olmos Castro, María del Carmen Izaguirre Francos, Francisco Luis Monárrez Rincón, Armando Leyson Castro, Angel Buendía Tirado, Adrián Víctor Hugo Islas Hernández, Guillermo Zorrilla Fernández, Pablo Anaya Rivera, Juan Manuel Vega Rayet, Ernesto Alarcón Trujillo, Ulises Adame de León (rúbricas).
(Turnada a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Diciembre 4 de 2003.)
