Gaceta Parlamentaria, año VII, número 1385, martes 2 de diciembre de 2003

Gaceta Parlamentaria, año VII, número 1385, martes 2 de diciembre de 2003
Orden del Día de la sesión del martes 2 de diciembre de 2003

Proyecto de Acta

De la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión que se someterá a consideración de la Asamblea el martes 2 de diciembre de 2003.

Comunicaciones

De los Congresos de Guanajuato, Michoacán, Morelos y Nuevo León.
De la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, III Legislatura.

Oficios

De la Secretaría de Gobernación, con el que remite las Reglas de Operación y material promocional del "Programa Marcha hacia el Sur" de la Secretaría de Economía.
De la Secretaría de Gobernación, con el que remite contestación del director general de Servicios de Salud del estado de Chihuahua al punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, sobre los brotes de conjuntivitis en el país.

De la Secretaría de Gobernación, dos con los que remite contestaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a los puntos de acuerdo, aprobados por la Cámara de Diputados, acerca de la ampliación de la partida destinada a fortalecer el Programa de Empleo Temporal y del incremento de las asignaciones presupuestales para las funciones de desarrollo social y a fortalecer los programas productivos y alimentarios para superar la pobreza, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004.
De la Secretaría de Gobernación, con el que remite contestaciones de la Secretaría de Salud a puntos de acuerdo, aprobados por la Cámara de Diputados, sobre los desastres naturales de origen hidrometeorológico ocurridos en distintos estados de la República Mexicana.

De la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, con el que remite Informe estadístico sobre el comportamiento de la inversión extranjera directa en México (enero-septiembre de 2003), de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 27 de la Ley de Inversión Extranjera.

Iniciativas

Que expide la Ley Federal de Equidad y Transparencia para la Publicidad Institucional, a cargo de la diputada Cristina Portillo Ayala, del grupo parlamentario del PRD.
Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y establece un subsidio para el empleo, a cargo del diputado Gustavo Enrique Madero Muñoz, Presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Que reforma y adiciona la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo del diputado Gustavo Enrique Madero Muñoz, Presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Proposiciones

Con punto de acuerdo, para que se declare 2004 "Año Nacional del Migrante Mexicano", a cargo del diputado Alfonso Nava Díaz, del grupo parlamentario del PRI.
Con punto de acuerdo, para que la Cámara de Diputados se pronuncie contra la desaparición de los organismos y las entidades públicos vinculados al fortalecimiento del enfoque sistémico que dé viabilidad a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo del diputado Lázaro Arias Martínez, del grupo parlamentario del PRI.

Con punto de acuerdo, para que el programa Diputada Amiga, Diputado Amigo inicie el 12 de diciembre y se mantenga como permanente de la Cámara durante la LIX Legislatura, a cargo del diputado Emilio Badillo Ramírez, del grupo parlamentario del PRI.
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Coordinación Nacional del programa Oportunidades a que planee, programe, supervise y evalúe, conforme al presupuesto aprobado, la cobertura total de municipios del país que faltan de incorporarse a dicho programa, a cargo del diputado Fermín Trujillo Fuentes, del grupo parlamentario del PRI.

Con punto de acuerdo, a fin de establecer en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004 una partida destinada a incrementar el patrimonio del fideicomiso que administra el Fondo de Jubilaciones de los Trabajadores de Ferrocarriles Nacionales de México, a cargo del diputado Francisco Grajales Palacios, del grupo parlamentario del PRI.
Con punto de acuerdo, por el que la Cámara de Diputados se pronuncia en favor de la regionalización de las reglas de operación de los programas de vivienda vigentes, a cargo del diputado Jesús Angel Díaz Ortega, del grupo parlamentario del PRI.

Con punto de acuerdo, a fin de requerir al titular del Poder Ejecutivo federal que informe a esta soberanía acerca del destino y la aplicación de los recursos que ha solicitado por concepto de endeudamiento neto para el ejercicio fiscal de 2004, a cargo del diputado René Arce Islas, del grupo parlamentario del PRD.
Con punto de acuerdo, relativo a las investigaciones que realiza la Fiscalía Especial para Movimientos Políticos y Sociales del Pasado en el estado de Guerrero, a cargo del diputado Abdallán Guzmán Cruz, del grupo parlamentario del PRD.
Con punto de acuerdo, para que se destine mayor presupuesto a ciencia y tecnología, a cargo del diputado Omar Ortega Alvarez, del grupo parlamentario del PRD.

Actas

De la Comisión de Salud, de la primera reunión de la Subcomisión de Salud "Medicina Preventiva y Bioética", realizada el miércoles 5 de noviembre de 2003.
De la Comisión de Salud, de su tercera reunión, realizada el miércoles 19 de noviembre de 2003.

Indicadores básicos

De la economía mexicana y las finanzas públicas. Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados.

Convocatorias

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a su reunión de trabajo, que tendrá lugar el martes 2 de diciembre, a las 8:30 horas.
De la Comisión de Pesca, a su reunión de trabajo con el secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, que se efectuará el martes 2 de diciembre, a las 15 horas.
De la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, a la reunión de trabajo de su Mesa Directiva, que se llevará a cabo el martes 2 de diciembre, a las 15 horas.

De la Comisión de Seguridad Social, a la reunión de su Mesa Directiva, que tendrá lugar el martes 2 de diciembre, a las 16 horas.
De la Comisión de Agricultura y Ganadería, a la reunión de trabajo de los presidentes y secretarios técnicos de las Comisiones de Agricultura y Ganadería, de Asuntos Indígenas, de Desarrollo Rural, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Pesca, de Recursos Hidráulicos, y de Reforma Agraria, que se efectuará el martes 2 de diciembre, a las 17 horas.

De la Comisión de Asuntos Indígenas, a su segunda reunión plenaria, que tendrá lugar el martes 2 de diciembre, a las 17 horas.
De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, a su reunión de trabajo, que se realizará el martes 2 de diciembre, a las 17 horas.
De la Comisión de Equidad y Género, a su reunión plenaria, que se realizará el martes 2 de diciembre, a las 17 horas.

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, a su reunión de trabajo, que se realizará el martes 2 de diciembre, a las 17:30 horas.
De las Comisiones Unidas de Transportes, de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Comunicaciones, a su reunión de trabajo, con la asistencia del secretario de Comunicaciones y Transportes, arquitecto Pedro Cerisola y Weber, y de funcionarios invitados, que se llevará a cabo el martes 2 de diciembre, a las 17:30 horas.

De la Comisión de Equidad y Género, a la reunión de trabajo de su Mesa Directiva, que se efectuará el martes 2 de diciembre, a las 19 horas.
De la Comisión de Salud, al foro El dolor y su tratamiento, que se realizará el miércoles 3 de diciembre, de las 9 a las 15 horas.
De la Comisión de Reforma Agraria, a su reunión ordinaria, que se llevará a cabo el miércoles 3 de diciembre, a las 9:30 horas.

De la Comisión de Agricultura y Ganadería, a su octava reunión ordinaria, que se llevará a cabo el miércoles 3 de diciembre, a las 10 horas.
De la Comisión de Desarrollo Social, a su primera reunión ordinaria, que se efectuará el miércoles 3 de diciembre, a las 11 horas.
De la Comisión de Equidad y Género, a la reunión de trabajo donde comparecerá el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que se llevará a cabo el miércoles 3 de diciembre, a las 11 horas.

De la Comisión de Puntos Constitucionales, a su reunión de trabajo, que se llevará a cabo el miércoles 3 de diciembre, a las 11 horas.
De la Comisión de Agricultura y Ganadería, a su quinta reunión extraordinaria, que se efectuará el miércoles 3 de diciembre, a las 17 horas.
De la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, a la premiación del Tercer Certamen Nacional de Ensayo sobre Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas, que se efectuará el miércoles 3 de diciembre, a las 17 horas.

De la Comisión de Ciencia y Tecnología, a su sesión de trabajo, que tendrá lugar el jueves 4 de diciembre, a las 8 horas.
De la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, a su reunión ordinaria, que se efectuará el jueves 4 de diciembre, a las 8 horas.
De la Comisión de Gobernación, a su reunión de trabajo, que se realizará el jueves 4 de diciembre, a las 9 horas.

De la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, a su reunión ordinaria, que tendrá lugar el jueves 4 de diciembre, a las 9 horas.
De la Comisión de Participación Ciudadana, a su sesión plenaria, que se realizará el jueves 4 de diciembre, a las 15:30 horas.
De la Comisión de Agricultura y Ganadería, a la reunión de trabajo de los secretarios técnicos y asesores de las Comisiones de Agricultura y Ganadería, de Asuntos Indígenas, de Desarrollo Rural, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Pesca, de Recursos Hidráulicos, y de Reforma Agraria, que se realizará el viernes 5 de diciembre, a las 10 horas.

De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, a la reunión de trabajo que sostendrán con servidores públicos adscritos a la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el área especial para América del Norte, el martes 9 de diciembre, a las 8 horas. Cambió de fecha.
De la Comisión de Equidad y Género, a la reunión de trabajo de su Mesa Directiva, que se efectuará el martes 9 de diciembre, a las 17 horas.
De la Comisión de Equidad y Género, a la reunión que sostendrá con la secretaria de Desarrollo Social, licenciada Josefina Vázquez Mota, el martes 9 de diciembre, a las 19 horas.

Orden del Día

SESION DEL MARTES 2 DE DICIEMBRE DE 2003

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

De los Congresos de Guanajuato, de Michoacán, de Morelos y de Nuevo León.

De la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, III Legislatura.

Oficios de la Secretaría de Gobernación

Con el que remite las Reglas de Operación y material promocional del "Programa Marcha hacia el Sur" de la Secretaría de Economía. (Turno a Comisión)

Con el que remite contestación del director general de Servicios de Salud del estado de Chihuahua al punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, sobre los brotes de conjuntivitis en el país. (Turno a Comisión)

Dos, con los que remite contestaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a los puntos de acuerdo, aprobados por la Cámara de Diputados, acerca de la ampliación de la partida destinada a fortalecer el Programa de Empleo Temporal y del incremento de las asignaciones presupuestales para las funciones de desarrollo social y a fortalecer los programas productivos y alimentarios para superar la pobreza, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004. (Turno a Comisión)

Con el que remite contestaciones de la Secretaría de Salud a puntos de acuerdo, aprobados por la Cámara de Diputados, sobre los desastres naturales de origen hidrometeorológico ocurridos en distintos estados de la República Mexicana. (Turno a Comisión)

Oficio de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras

Con el que remite Informe estadístico sobre el comportamiento de la inversión extranjera directa en México (enero-septiembre de 2003), de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 27 de la Ley de Inversión Extranjera. (Turno a Comisión)

Iniciativas de ciudadanos diputados

Que adiciona un inciso n) a la fracción XXIX del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que adiciona el artículo 424 Quarter al Código Penal Federal, a cargo del diputado Ernesto Herrera Tovar, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley Federal de Equidad y Transparencia para la Publicidad Institucional, a cargo de la diputada Cristina Portillo Ayala, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Federal de Procedimientos Penales, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

De Ley del Instituto Federal de Ciencias Forenses, a cargo del diputado Fernando Antonio Guzmán Pérez Peláez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y establece un subsidio para el empleo, a cargo del diputado Gustavo Enrique Madero Muñoz, Presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo del diputado Gustavo Enrique Madero Muñoz, Presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. (Turno a Comisión)

Dictámenes de primera lectura

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Angel Luis Ortiz Monasterio Castellanos, embajador de México en Colombia, para aceptar y usar las condecoraciones de la Orden de San Carlos, en grado de Gran Cruz; y de la Orden de la Democracia Simón Bolívar, en grado de Gran Cruz Extraordinaria con Placa de Oro, que le confiere el gobierno de dicho país.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Gerardo Javier Hinojosa Fajardo para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República del Paraguay en la ciudad de Monterrey, con circunscripción consular en el estado de Nuevo León.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 115 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 333 de la Ley General de Salud.

Dictámenes a discusión

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que adiciona una fracción V bis al artículo 5º y un artículo 7 Bis al Capítulo I del Título Segundo de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud.

De las Comisiones Unidas de Salud, y de Ciencia y Tecnología, con proyecto de decreto que adiciona la fracción IX bis al artículo 3º, adiciona un Título Quinto Bis y su Capítulo Unico, denominado "El Genoma Humano", y el artículo 421 Bis a la Ley General de Salud.

De la Comisión de Economía, con punto de acuerdo a fin de exhortar a la Secretaría de Economía, en su carácter de administradora del TLCAN, su urgente intervención para diferir la entrada en vigor de las disposiciones con 22 reglas que el gobierno de Estados Unidos de América obliga a cumplir desde su entrada a los transportistas mexicanos a las ciudades fronterizas.

De la Comisión de Salud, con punto resolutivo por el que se desecha la iniciativa que adiciona un Capítulo III, con los artículos 22-A, 22-B, 22-C y 22-D al Título Segundo de la Ley General de Salud, presentada el 30 de septiembre de 2003. (Dictamen negativo)

Proposiciones

Con punto de acuerdo, para solicitar la derogación del decreto del 7 de febrero de 2002 sobre tarifas eléctricas de consumo doméstico, a cargo de la diputada Amalín Yabur Elías, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para solicitar al Ejecutivo federal que informe sobre los motivos por los que considera pertinente la disolución del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, a cargo de la diputada Patricia Durán Reveles, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que la Cámara de Diputados se pronuncie porque el jefe del Poder Ejecutivo federal instituya el Día Nacional de las Personas Zurdas, a cargo del diputado Emilio Serrano Jiménez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que la Cámara de Diputados se pronuncia en favor de convocar a un pacto político nacional que servirá como espacio de neutralidad para el logro de acuerdos fundamentales que permitan el avance de las reformas estructurales que requiere el país, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de incorporar en la Ley de Ingresos y en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2004 la evaluación cuatrimestral conjunta de esta Cámara y el Poder Ejecutivo, a cargo del diputado Jesús Martínez Alvarez, del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de solicitar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que excluya el Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional de la extinción que propone el jefe del Poder Ejecutivo federal en el artículo segundo transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004, suscrito por diputados integrantes de la Comisión de Marina. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que la Comisión de Gobernación analice y estudie la iniciativa que reforma la Ley General de Juegos y Sorteos, enviada a esta Cámara por el Congreso de Nuevo León durante la LVIII Legislatura, a cargo de la diputada Margarita Martínez López, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar a los gobiernos y las Legislaturas estatales a proteger y apoyar a los menores de 18 años de edad cuando sean víctimas de delitos, estableciendo dicha edad como la minoría de edad en sus respectivas legislaciones, así como prever sanciones más severas para los delincuentes cuando la víctima sea menor de edad y desahogar los asuntos en los cuales menores de 18 años ya hayan sido víctimas de algún hecho ilícito, a cargo del diputado Homero Ríos Murrieta, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, al dictaminar el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004, elimine la primera fracción del artículo tercero transitorio del proyecto presentado por el Ejecutivo federal, a cargo del diputado Adrián Chávez Ruiz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a lograr niveles suficientes de bienestar con equidad en los estados de Chiapas, de Guerrero y de Oaxaca, utilizando políticas y acciones de ordenación territorial y de desarrollo urbano y vivienda, para mejorar las condiciones sociales, económicas y políticas, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Sedesol a garantizar la incorporación de las personas con discapacidad a los programas sociales, estableciendo cambios a las reglas de operación programática que sean pertinentes, a cargo del diputado Juan Fernando Perdomo Bueno, del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que se declare 2004 "Año Nacional del Migrante Mexicano", a cargo del diputado Alfonso Nava Díaz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al jefe del Poder Ejecutivo federal a instruir al encargado del despacho de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que realice una investigación sobre los procedimientos de elección para renovar las dirigencias sindicales de las secciones 14, 22, 26, 29, 44 y 48 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, situadas en los estados de Tabasco y de Veracruz, a cargo del diputado José Antonio de la Vega Asmitia, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, en relación con la no desincorporación de Notimex, a cargo del diputado José Luis Medina Lizalde, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, en relación con el artículo 31 del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004, suscrita por integrantes de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de los grupos parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, en relación con el presupuesto de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para 2004, a cargo del diputado Luis Maldonado Venegas, del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a las remesas que envían a México los trabajadores que se encuentran en Estados Unidos de América, a cargo del diputado Pedro Avila Nevárez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, mediante el cual se solicita a la Junta de Coordinación Política que instruya a quien corresponda para cumplir las normas y recomendaciones de accesibilidad en las instalaciones de este recinto legislativo, con el fin de satisfacer las necesidades prioritarias de las personas con capacidades diferentes, a cargo de la diputada Adriana González Furlong, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat a crear un fondo de protección del sistema de barrancas, a cargo del diputado Víctor Suárez Carrera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a cumplir la Ley Federal de Sanidad Animal y la norma oficial mexicana relativa al sacrificio humanitario de animales domésticos, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación practique una revisión exhaustiva de la transferencia presupuestal asignada a Provida en el Presupuesto de 2003, a cargo del diputado Jesús González Schmal, del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, sobre diversas recomendaciones respecto a la situación política y económica del país, a cargo del diputado Miguel Angel Yunes Linares, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que la Cámara de Diputados solicite a la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación que integre una comisión que investigue las desapariciones y muertes de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, desde 1993, por constituir una grave violación de garantías individuales, a cargo de la diputada Rocío Sánchez Pérez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a aplicar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la norma oficial mexicana correspondiente a la construcción de un sitio destinado a la disposición final de residuos sólidos en el municipio de Centro, Tabasco, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que la Cámara de Diputados se pronuncie contra la desaparición de los organismos y las entidades públicos vinculados al fortalecimiento del enfoque sistémico que dé viabilidad a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo del diputado Lázaro Arias Martínez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar al jefe del Poder Ejecutivo federal y a las secretarías de Estado responsables de la Cibiogem a no levantar la moratoria sobre la siembra experimental de maíz transgénico, a cargo de la diputada Rosario Herrera Ascencio, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que el programa Diputada Amiga, Diputado Amigo inicie el 12 de diciembre y se mantenga como permanente de la Cámara durante la LIX Legislatura, a cargo del diputado Emilio Badillo Ramírez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para solicitar la devolución de impuestos retenidos a trabajadores de Petróleos Mexicanos, a cargo del diputado Marcelo Herrera Herbert, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Coordinación Nacional del programa Oportunidades para que planee, programe, supervise y evalúe, conforme al presupuesto aprobado, la cobertura total de municipios del país que faltan de incorporarse a dicho programa, a cargo del diputado Fermín Trujillo Fuentes, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, en relación con la entrada en vigor del Protocolo de Cartagena y la prohibición del ingreso de maíz transgénico en el país, a cargo del diputado José Luis Cabrera Padilla, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de establecer en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004 una partida destinada a incrementar el patrimonio del fideicomiso que administra el Fondo de Jubilaciones de los Trabajadores de Ferrocarriles Nacionales de México, a cargo del diputado Francisco Grajales Palacios, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, en torno de la nueva Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional, a cargo del diputado Edgar Torres Baltazar, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que la Cámara de Diputados se pronuncia en favor de la regionalización de las reglas de operación de los programas de vivienda vigentes, a cargo del diputado Jesús Angel Díaz Ortega, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que se exhorte a la Semarnat a reevaluar con la mayor rigurosidad técnica y científica el proyecto Puerto Mío, localizado en la playa El Almacén, en la bahía de Zihuatanejo, a cargo del diputado Francisco Chavarría Valdeolivar, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relacionado con la empresa Publi XIII, a cargo del diputado Pablo Franco Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de requerir al jefe del Poder Ejecutivo federal que informe a esta soberanía acerca del destino y la aplicación de los recursos que ha solicitado por concepto de endeudamiento neto para el ejercicio fiscal de 2004, a cargo del diputado René Arce Islas, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo a las investigaciones que realiza la Fiscalía Especial para Movimientos Políticos y Sociales del Pasado en el estado de Guerrero, a cargo del diputado Abdallán Guzmán Cruz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que se destine mayor presupuesto a ciencia y tecnología, a cargo del diputado Omar Ortega Alvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004 se elimine el artículo segundo transitorio y se incrementen los recursos para el campo, a cargo del diputado Antonio Mejía Haro, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Solicitud de excitativa

A la Comisión de Gobernación, a solicitud de diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Agenda política

Comentarios sobre los trabajos de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Consideraciones en torno de la perspectiva del gobierno en los próximos tres años, a cargo del grupo parlamentario de Convergencia.

Comentarios sobre la desincorporación de los organismos culturales enunciados en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Efeméride

Sobre el Día Internacional de la Lucha contra el Sida.

Proyecto de Acta

DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNION QUE SE SOMETERA A CONSIDERACION DE LA ASAMBLEA EL MARTES 2 DE DICIEMBRE DE 2003

ACTA DE LA SESION DE LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNION, CELEBRADA EL JUEVES VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL TRES, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO DE LA QUINCUAGESIMA NOVENA LEGISLATURA

Presidencia del diputado Juan de Dios Castro Lozano

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la asistencia de doscientos sesenta y seis diputadas y diputados, a las diez horas con veintiún minutos del jueves veintisiete de noviembre de dos mil tres, el Presidente declara abierta la sesión.

La Secretaría da lectura al orden del día.

La Asamblea dispensa la lectura del acta de la sesión anterior en votación económica y de la misma manera la aprueba.

Comunicación del Congreso del estado de Michoacán con acuerdo por el que se pronuncia en contra de la extensión del impuesto al valor agregado a alimentos y medicinas. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Comunicaciones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal con acuerdos:

En relación con la desincorporación de diversas instituciones de investigación científica y tecnológica propuesta por el gobierno federal. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

En relación con la propuesta del gobierno federal de aplicar el impuesto al valor agregado a medicinas, alimentos y bienes culturales. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

En relación con las reformas a los artículos ochenta y tres y ochenta y tres ter de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, para su conocimiento.

En relación con el predio denominado Paraje San Juan. De enterado.

Dos oficios de la Cámara de Senadores por los que remite:

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo dieciocho - A de la Ley Federal de Derechos, presentada por el senador Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, del Partido Acción Nacional, a nombre de la Comisión de Turismo. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Punto de acuerdo por el que solicita mayores recursos a diversas instituciones en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil cuatro. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Oficio del Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por el que remite el Informe Especial sobre los casos de Homicidios y Desapariciones de Mujeres en el Municipio de Juárez, Chihuahua. Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Oficio del gobierno del Distrito Federal por el que remite copia de la contestación del Secretario de Gobierno del Distrito Federal en relación con un punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la empresa comercializadora Metrogas, Sociedad Anónima de Capital Variable. Se turna a las comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Energía, así como al promovente, para su conocimiento.

Oficio del gobierno del estado de Puebla por el que remite copia de la contestación del Procurador General de Justicia de esa entidad federativa, en relación con un punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, sobre el asesinato de Griselda Tirado Evangelio. Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos y al promovente, para su conocimiento.

Dos oficios de la Secretaría de Gobernación por los que:

Remite copia de la contestación del Director General de Programación y Presupuesto B, de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en relación con un punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a una partida especial en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil cuatro, a efecto de facilitar el traslado de grupos de productores que deseen conocer otras experiencias en diferentes países. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y al promovente, para su conocimiento.

Solicita el permiso necesario para que el ciudadano Gerardo Javier Hinojosa Fajardo, pueda desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República del Paraguay en la ciudad de Monterrey, con circunscripción consular en el estado de Nuevo León. Se turna a la Comisión de Gobernación.

Presentan iniciativas con proyectos de decreto los diputados: Juan Carlos Pérez Góngora, del Partido Revolucionario Institucional, que expide la Ley que crea el Instituto de Protección del Contribuyente y que reforma y deroga diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria y de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Gobernación.

José Javier Osorio Salcido, del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona el artículo doscientos veintitrés del Código Penal Federal y adiciona el artículo ciento noventa y cuatro del Código Federal de Procedimientos Penales. Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Víctor Suárez Carrera, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el numeral tres del artículo cuarenta y nueve de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para crear el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria.

Presidencia del diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra

Se turna a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Ernesto Alarcón Trujillo, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma la fracción tercera del artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Miguel Ángel Toscano Velasco, del Partido Acción Nacional, que reforma y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley General de Deuda Pública y del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público.

María de los Dolores Padierna Luna, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma diversos artículos de la Ley General de Educación. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

Nora Elena Yu Hernández, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta y de la Ley Aduanera. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

A las once horas con cincuenta y cuatro minutos la Secretaría informa del registro de cuatrocientos treinta y cinco diputadas y diputados y ordena el cierre del sistema electrónico de asistencia. María de los Dolores Padierna Luna, del Partido de la Revolución Democrática, que deroga el numeral dos del artículo doscientos treinta y nueve del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Se turna a la Comisión de Gobernación. La Cámara de Senadores remite dos minutas proyectos de decreto por los que: Se reforman los artículos treinta y uno y sexto transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. Se turna a la Comisión de Seguridad Social, con opinión de las comisiones de Defensa Nacional y de Marina.

Se concede permiso al ciudadano Ángel Luis Ortiz Monasterio Castellanos, para aceptar y usar las condecoraciones que le confiere el gobierno de la República de Colombia. Se turna a la Comisión de Gobernación.

Dictamen de la Comisión de Salud con proyecto de decreto que adiciona una fracción quinta bis al artículo quinto y un artículo siete bis a la Ley de los Institutos Nacionales de Salud. Es de primera lectura.

Dos dictámenes de la Comisión de Gobernación con proyectos de decreto por los que se concede permiso:

Al ciudadano Jaime Parada Ávila para aceptar y usar la condecoración conferida por el gobierno de la República Federal de Alemania.

A cuatro ciudadanos para prestar servicios en la Embajada de la República Federal de Alemania en México.

Son de primera lectura.

La Presidencia informa de la recepción del dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Ciencia y Tecnología con proyecto de decreto que adiciona la fracción novena bis al artículo tercero; adiciona un título quinto bis y su capítulo único denominado El Genoma Humano, y el artículo cuatrocientos veintiuno bis de la Ley General de Salud. Es de primera lectura.

La Asamblea, en votación económica, dispensa la lectura del dictamen de la Comisión de Desarrollo Social con proyecto de Ley General de Desarrollo Social. Es de segunda lectura.

Fundamenta el dictamen a nombre de la Comisión la diputada María Beatriz Zavala Peniche, del Partido Acción Nacional.

Fijan la posición de su respectivo grupo parlamentario los diputados: Juan Fernando Perdomo Bueno, de Convergencia;

Presidencia del diputado Juan de Dios Castro Lozano

Francisco Amadeo Espinosa Ramos, del Partido del Trabajo; Javier Orozco Gómez, del Partido Verde Ecologista de México;

Presidencia de la diputada Amalia Dolores García Medina

Clara Marina Brugada Molina y

Presidencia del diputado Juan de Dios Castro Lozano

Julio Boltvinik Kalinka, ambos del Partido de la Revolución Democrática; Armando Rangel Hernández y María Guadalupe Suárez Ponce, del Partido Acción Nacional; y Sonia Rincón Chanona, del Partido Revolucionario Institucional.

La Asamblea considera suficientemente discutido el dictamen en lo general en votación económica.

El Presidente informa que se reserva para su discusión en lo particular la fracción primera del artículo cuarenta y nueve del proyecto de Ley.

La Secretaría recoge la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados, misma que resulta aprobatoria por cuatrocientos treinta y cuatro votos en pro y una abstención.

Se refiere a la fracción primera del artículo cuarenta y nueve, reservado, la diputada María Beatriz Zavala Peniche, del Partido Acción Nacional, quien a nombre de la Comisión propone una modificación que la Asamblea admite en votación económica.

Sin nadie que solicite el uso de la palabra, se recoge la votación de la fracción primera del artículo cuarenta y nueve reservado, misma que resulta aprobatoria con la modificación admitida por cuatrocientos diecinueve votos en pro y diez abstenciones.

La Presidencia declara aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Ley General de Desarrollo Social. Se devuelve al Senado para los efectos del inciso e) del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Presentan proposiciones con punto de acuerdo los diputados:

Eduardo Alonso Bailey Elizondo, del Partido Revolucionario Institucional, en relación con el Teletón dos mil tres y solicita trámite de urgente resolución. Presidencia del diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra

La Asamblea considera el asunto de urgente resolución en votación económica. En pro habla la diputada Virginia Yleana Baeza Estrella, del Partido Acción Nacional. Sin nadie más que solicite el uso de la palabra, la Asamblea aprueba el punto de acuerdo en votación económica. Comuníquese.

Concepción Cruz García, del Partido Acción Nacional, en relación con la violencia en contra de las mujeres. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

Omar Ortega Álvarez, del Partido de la Revolución Democrática, en relación con el artículo segundo transitorio del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil cuatro. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Cuauhtémoc Ochoa Fernández, del Partido Verde Ecologista de México, para exhortar a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro a que en el Convenio de Reconocimiento de Adeudo y Obligación de Pago para Municipios y Organismos Operadores de Agua, del estado de Hidalgo, se conceda un término de cuarenta y ocho meses para cumplir los adeudos y solicita trámite de urgente resolución. La Asamblea considera de esa manera el asunto en votación económica. Habla en pro el diputado Francisco Javier Carrillo Soberón, del Partido de la Revolución Democrática. La Asamblea considera suficientemente discutido el asunto en votación económica y de la misma manera aprueba el punto de acuerdo. Comuníquese.

Jesús Porfirio González Schmal, de Convergencia, en relación con la nueva sede de la Cámara de Senadores. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

Omar Bazán Flores, del Partido Revolucionario Institucional, para incrementar los presupuestos asignados al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y a los programas de atención a la población con discapacidad.

Presidencia del diputado Juan de Dios Castro Lozano

Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Federico Döring Casar, del Partido Acción Nacional, para exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a que informe acerca de los recursos públicos que por concepto de endeudamiento ha solicitado se autoricen para el ejercicio fiscal de dos mil cuatro y solicita trámite de urgente resolución. La Asamblea considera de esa forma el asunto en votación económica. Hablan en pro los diputados: José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti y René Arce Islas, ambos del Partido de la Revolución Democrática. El diputado proponente solicita la palabra para hablar en pro y el Presidente informa que se consultará a la Asamblea si autoriza se le conceda. Desde su curul el diputado Gilberto Ensástiga Santiago, del Partido de la Revolución Democrática, solicita una moción de procedimiento que la Presidencia considera parcialmente procedente. Con autorización de la Asamblea, se concede la palabra al diputado Federico Döring Casar, del Partido Acción Nacional, y acepta interpelación de la diputada María de los Dolores Padierna Luna, del Partido de la Revolución Democrática. La Asamblea considera suficientemente discutido el asunto en votación económica y de la misma manera aprueba el punto de acuerdo. Comuníquese. Desde su curul el diputado Pablo Gómez Álvarez, del Partido de la Revolución Democrática, reitera la solicitud que hiciera por escrito a la Presidencia, para que diputadas y diputados de su grupo parlamentario puedan retirarse del recinto a efecto de participar en un evento. El Presidente considera atendible la solicitud. Martha Lucía Mícher Camarena, del Partido de la Revolución Democrática, en relación con la violencia y discriminación en contra de las mujeres. Se turna a la Junta de Coordinación Política. Desde su curul el diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, del Partido Revolucionario Institucional, solicita se consulte al Pleno si admite que se prorrogue la sesión. El Presidente hace aclaraciones y la Asamblea, en votación económica, no admite la solicitud.

Transcurrido el tiempo acordado para la duración de las sesiones, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión e informa del registro final de trescientos sesenta y un diputadas y diputados, más los que con autorización se retiraron previamente del salón. El Presidente clausura la sesión a las quince horas con veintiséis minutos, citando para la que tendrá lugar el martes dos de diciembre de dos mil tres, a las once horas.

Comunicaciones

DEL CONGRESO DE GUANAJUATO

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión

Presentes

Para los efectos conducentes, y con fundamento en el artículo 54, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, anexas nos permitimos remitir a ustedes las consideraciones del dictamen y el acuerdo aprobados en sesión ordinaria celebrada en esta fecha, mediante el cual se remite un atento exhorto al honorable Congreso de la Unión relativo al uso de Internet para la práctica de actividades de pornografía y comercio sexual infantil.

Aprovechamos la ocasión para reiterarles las seguridades de nuestra consideración distinguida.

Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Guanajuato, Gto., a 7 de noviembre de 2003.

Dip. Carlos Ruiz Velatti (rúbrica)
Secretario

Dip. Baldomero Ramírez Escamilla (rúbrica)
Secretario

Acuerdo

La Quincuagésima Novena Legislatura constitucional del Estado Libre y Soberano de Guanajuato acuerda:

Unico. El Congreso del estado de Guanajuato se suma a la preocupación expresada por la Quincuagésima Sexta Legislatura del Congreso del estado de Coahuila y acuerda remitir atento exhorto al honorable Congreso de la Unión a efecto de que, en el ámbito de su competencia, atienda la problemática relativa al uso de Internet para la práctica de actividades de pornografía y de comercio sexual infantil.

Comuníquese el presente acuerdo junto con sus consideraciones a la Quincuagésima Sexta Legislatura del estado de Coahuila para su conocimiento, así como al honorable Congreso de la Unión, para los efectos conducentes.

Guanajuato, Gto., a 7 de noviembre de 2003.

Dip. Xavier Jacobo Alvarado López Güitrón (rúbrica)
Presidente

Dip. Carlos Ruiz Velatti (rúbrica)
Secretario

Dip. Baldomero Ramírez Escamilla (rúbrica)
Secretario

C. Presidente del Congreso del Estado
Presente

A la Comisión de Derechos Humanos fue turnado un punto de acuerdo, suscrito por la Quincuagésima Sexta Legislatura del estado de Coahuila, relativo al uso de Internet para la práctica de actividades de pornografía y comercio sexual infantil.

Analizado el punto de acuerdo referido, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 137 y 138 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, quienes integramos la Comisión de Derechos Humanos de la Quincuagésima Novena Legislatura nos permitimos presentar el siguiente

Dictamen

La Convención sobre los Derechos del Niño declara que todos los niños tienen derecho a recibir protección contra todas las formas de violencia, explotación sexual y trabajo peligroso, así como derecho a la educación y acceso a la atención de la salud. El abuso sexual atenta directamente contra todos estos derechos.

Atentos a esa problemática, y con la finalidad de facilitar el logro de los objetivos de la Convención sobre los Derechos del Niño, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía.

El Protocolo refiere como una preocupación la disponibilidad creciente de pornografía infantil en Internet y, para poner freno a las violaciones reiteradas de los derechos fundamentales de los niños y las niñas víctimas de abuso sexual, conviene en prohibir la venta de menores, el comercio sexual infantil y la utilización de niños y de niñas en la pornografía.

Por otra parte, la Conferencia Internacional de Lucha contra la Pornografía Infantil en Internet, celebrada en Viena en 1999, concluyó en la necesidad de solicitar la tipificación en todo el mundo de la producción, distribución, exportación, transmisión, importación, posesión intencional y propaganda de ese tipo de pornografía.

El abuso sexual es una actividad que, de manera silenciosa, daña permanentemente a la humanidad. En la actualidad existe un sinnúmero de sitios en la red en que se promueve sin reserva la venta de menores para actividades sexuales y, de igual forma, circulan por Internet millones de fotografías con escenas pornográficas de niñas y de niños de diferentes partes del mundo.

Estamos conscientes de que son múltiples los intereses que se expresan o relacionan y que se ponen en juego, pero también tenemos la obligación de promover las acciones que resulten indispensables para evitar esas prácticas delictivas, que atentan contra la población infantil.

Convencidos de que cada niño y niña tienen derecho a vivir en condiciones de salud, paz y dignidad, quienes integramos la Comisión de Derechos Humanos nos sumamos al acuerdo aprobado por el Congreso del estado de Coahuila por lo concerniente a hacer un llamado al Congreso de la Unión con el propósito de que, en el marco de su competencia, atienda la problemática relativa al uso de Internet para la práctica de actividades de pornografía y de comercio sexual infantil.

Por las anteriores consideraciones, nos permitimos someter a la asamblea la aprobación del siguiente

Acuerdo

Comuníquese el presente acuerdo, junto con sus consideraciones, a la Quincuagésima Sexta Legislatura del estado de Coahuila, para su conocimiento, así como al honorable Congreso de la Unión, para los efectos conducentes.

Atentamente
Guanajuato, Gto., a 28 de octubre de 2003.

La Comisión de Derechos Humanos

Diputados: Carolina Contreras Pérez (rúbrica), Arcelia Arredondo García (rúbrica), Xavier Jacobo Alvarado López Güitrón, Alberto Cano Estrada (rúbrica), María Eugenia Rojas Navarrete.

DEL CONGRESO DE MICHOACAN

Morelia, Michoacán, a 13 de noviembre de 2003.

Diputados Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión
Presentes

En cumplimiento a lo instruido en sesión celebrada hoy, nos permitimos enviar a ustedes el acuerdo parlamentario mediante el cual la Sexagésima Novena Legislatura constitucional del estado de Michoacán de Ocampo, se pronuncia en contra de la privatización del sector eléctrico y de que sean reformados los artículos 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Reiteramos a ustedes la seguridad de nuestro respeto.

Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.

Presidente
Dip. Raúl Morón Orozco (rúbrica)

Primer Secretario
Dip. Eustolio Nava Ortiz (rúbrica)

Segundo Secretario
Dip. Marco Antonio Lagunas (rúbrica)

Tercera Secretaria
Dip. Juana Torres Ochoa (rúbrica)

El H. Congreso del estado, en sesión celebrada hoy, tuvo a bien aprobar el siguiente

Acuerdo

Unico.- La Sexagésima Novena Legislatura constitucional del estado de Michoacán de Ocampo se pronuncia en contra de la privatización de la energía eléctrica y de que sean reformados los artículos 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que ello implicaría una rotunda violación a nuestra soberanía, debido a que extranjeros podrían ser quienes se apropiarán del sector eléctrico.

Palacio del Poder Legislativo.- Morelia, Michoacán de Ocampo, a los 13 días del mes de noviembre de 2003.

Presidente
Dip. Raúl Morón Orozco (rúbrica)

Primer Secretario
Dip. Eustolio Nava Ortiz (rúbrica)

Segundo Secretario
Dip. Marco Antonio Lagunas (rúbrica)

Tercera Secretaria
Dip. Juana Torres Ochoa (rúbrica)

DEL CONGRESO DE MORELOS

Cuernavaca, Mor., a 18 de noviembre de 2003.

CC. Diputados Secretarios de la H. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión
Presentes

Por acuerdo de sesión ordinaria celebrada hoy y en cumplimiento de todos sus artículos, les remitimos el siguiente punto de acuerdo, mediante el cual este Congreso solicita la intervención del H. Congreso de la Unión para que en uso de sus atribuciones apoye y gestione ante el Poder Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y de la Secretaría de Hacienda, que no desaparezca, se extinga o liquide al Instituto de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP).

Sin otro particular, le reiteramos nuestra consideración.

Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.

Los Secretarios de la Mesa Directiva

Dip. Kenia Lugo Delgado (rúbrica)
Dip. Francisco Rodríguez Montero (rúbrica)

Cuernavaca Morelos a 18 de noviembre del 2003.

A la Comisión de Desarrollo Agropecuario de esta XLIX Legislatura del H. Congreso del estado ha sido presentada la solicitud que hacen los trabajadores de base, administrativos e investigadores (la Comisión de Acción Política) del Instituto de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP-Zacatepec) mediante escrito de fecha 12 de noviembre del presente año, por el cual solicitan el apoyo de esta honorable Legislatura, con el fin de que no se liquide, desaparezca o se extinga este Instituto y le turne esta solicitud al H. Congreso de la Unión, a efecto de que las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y Desarrollo Rural, den una solución de no permitir la desaparición de ese organismo que tantos servicios ha dado al productor agropecuario y forestal del país.

Honorable Asamblea:

En mérito de lo anterior y

Considerando

Que el devenir histórico determina las acciones de la humanidad y su proceso, trátese de los ámbitos social, político o científico, que engloba los sucesos sobresalientes en el desarrollo de los pueblos, en particular, del ser humano en general.

La historia de la ciencia en México es muy antigua, las culturas precolombinas realizaban estudios y aplicaciones en disciplinas como matemáticas, medicina, botánica (herbolaria), astrología y arquitectura, entre otras. También se les atribuyen las primeras domesticaciones, selecciones y mejoramiento de las plantas cultivadas, antes de la llegada de los españoles (maíz, frijol, calabaza, jitomate, tomate, Chile...) razón por la cual se ha heredado ese cúmulo de conocimiento empírico de generación en generación hasta nuestros días, bajo la categoría de tecnología agrícola tradicional.

El conocimiento metodológico científico, en el campo de las ciencias agronómicas, se comenzó a aplicar a fines del siglo XIX; sin embargo tuvo auge en la década de los cuarenta del siglo pasado, cuando se establecieron vados campos experimentales.

En 1961 se fusionaron los institutos de investigaciones forestales, agrícolas y pecuarias, fundando el INIFAP. Todos sus beneficios han repercutido en mayor productividad por hectárea, mejor economía del agua, eficiencia en las labores de cultivo y otras mejoras agrotécnicas, que han favorecido la economía de los productores ejidales, comuneros y pequeños propietarios del país.

Que en base a la reiterada preocupación y compromiso de esta XLIX Legislatura, de escuchar, atender y canalizar las demandas que han realizado los trabajadores de base, administrativos e investigadores en la que manifiestan su preocupación por la desaparición del INIFAP.

Por estas consideraciones, y atendiendo a la solicitud hecha a la Comisión de Desarrollo Agropecuario, los suscritos miembros de la Comisión arriba mencionada sometemos a la aprobación de la asamblea legislativa el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero.- El honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos solicita la intervención del H. Congreso de la Unión para que, en uso de sus atribuciones, apoye y gestione ante el poder Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y de la Secretaría de Hacienda, que no desaparezca, se extinga o liquide el Instituto de Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP).

Segundo.- En atención a la petición presentada mediante escrito de fecha 12 de noviembre del año en curso por los trabajadores de base, administrativos e investigadores, se remita el presente punto acuerdo al H. Congreso de la Unión.

Atentamente
Comisión de Desarrollo Agropecuario del H. Congreso del Estado de Morelos

Dip. Maricela Sánchez Cortés (rúbrica)
Dip. Eleuterio Santibáñez Rivera (rúbrica)
Dip. Juan Nolasco Vázquez (rúbrica)
Dip. Guillermo López Ruvalcaba (rúbrica)
Dip. Ignacio Sandoval Alarcón (rúbrica)
Dip. Miguel Angel Pineda Barrera (rúbrica)

DEL CONGRESO DE NUEVO LEON

C. Dip. Juan de Dios Castro Lozano
Presidente de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión
Presente

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por este conducto le informamos que la LXX Legislatura del H. Congreso del estado de Nuevo León presenta para su aprobación el siguiente punto de

Acuerdo

Unico. Solicitamos respetuosamente a la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos que, atendiendo los procedimientos de ley, asigne al menos 10 por ciento del monto total de la deuda publica de Nuevo León para el Ramo 39 para el ejercicio de 2004. Y que, de existir adicionales, se autorice 20 por ciento para los mismos efectos.

En virtud de lo anterior, acompañamos al presente copia del escrito que dio origen a la presente iniciativa.

Atentamente
Monterrey, NL, a 24 de noviembre de 2003.
Sufragio Efectivo. No Reelección.

Dip. Ernesto Alfonso Robledo Leal (rúbrica)
Presidente

Dip. Raúl Alejandro Moncada Leal (rúbrica)
Secretario

Dip. Julio Reyes Ramírez (rúbrica)
Secretario

Honorable Asamblea:

Con fundamento en los artículos 68 y 69 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León y en los artículos 102 y 103 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, los que suscribimos, diputados de la LXX Legislatura al Congreso del estado de Nuevo León, proponemos a esta soberanía punto de acuerdo, con carácter de urgente y obvia resolución, conforme lo dispone el artículo 106 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, a fin de solicitar a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión apoyo presupuestal para la deuda pública del estado.

Exposición de Motivos

Compañeros diputados: ante la actual coyuntura económica y social por la que atraviesa el estado, este Congreso, donde se encuentran legal y legítimamente representados todos los nuevoleoneses, sin importar su filiación y preferencias políticas, no puede ser indiferente.

Este Congreso tiene la obligación política, que está debidamente sustentada en la Constitución, de coadyuvar y desplegar todos los recursos legales e institucionales a su alcance en la mejora de las condiciones de vida de los habitantes del estado. Ese es el objeto y fin de nuestro quehacer legislativo, y de la representación de que gozamos, en el marco de nuestras competencias.

Compañeros diputados: el estado de Nuevo León, atraviesa por circunstancias en las que requiere el concurso de sus poderes constituidos para remontar una situación que hay que corregir. Se trata de evitar una situación que podría llegar a convertirse en un trato desigual por parte de la Federación respecto a la deuda pública del estado.

En el proyecto de Presupuesto de Egresos de 2004, enviado a la Cámara de Diputados, en el cual el Ejecutivo federal propuso en el Ramo 39, "Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de Entidades Federativas", el cual tiene por objeto fortalecer los presupuestos de las entidades federativas, una asignación para el estado de Nuevo León de 458 millones de pesos.

Los recursos de dicho ramo, conforme al artículo 13 del decreto de Presupuesto, se otorgan a las entidades federativas con carácter de subsidios (apoyos económicos no recuperables) y su destino está comprometido en acciones de saneamiento financiero, inversión en infraestructura, apoyo a los sistemas de pensiones, modernización de los catastros y mejoramiento de los sistemas de recaudación locales.

La disparidad frente a otros estados en la asignación referida podría ser revisada para aumentar el monto o, en su caso, ser compensada en otros ramos generales del gasto del Gobierno federal para entidades federativas. Para ilustrar lo anterior, haremos un análisis comparativo con otro estado semejante en el nivel económico: Jalisco.

Para tales efectos, aplica también el principio general de legalidad en materia tributaria. Dicho principio dicta que la ley establece, pero debe definir cuáles son los elementos y supuestos de la obligación tributaria. No obstante, no se trata de una tributación, como se verá más adelante. Los indicadores muestran una inicua relación con la Federación, en la que Nuevo León está transfiriendo la riqueza que genera, en detrimento de ventajas, oportunidades y obra pública que pudiera impulsar.

Adicionalmente, hay que tomar en cuenta que, de acuerdo con la ley vigente en materia fiscal, en las tres principales ciudades del país, incluida Monterrey, no pueden deducirse las inversiones y el reparto de utilidades, en detrimento de la capitalización de las empresas.

Para establecer una comparación frente a Jalisco, que es -como hemos dicho- comparativamente semejante en lo económico a Nuevo León, me permitiré ofrecer algunas cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) en 2002, que incluyen datos definitivos del Censo de 2000 y datos de 2001. Esa situación prevalece en proporción y disimetría en los ejercicios posteriores, y ofrezco los datos de esos años por ser cifras oficiales que ya no tendrán ajuste alguno.

Población (INEGI, 2000)

Nuevo León: 3,834,141
Jalisco: 6,332,002 Recaudación Federal Bruta por ingresos federales tributarios y no tributarios (miles de pesos; INEGI, 2000) Nuevo León: 57,814,500
Jalisco: 29,569,474 Gasto Federal Programable (millones de pesos; INEGI, 2000) Nuevo León: 28,364.1
Jalisco: 29,604.8 Participaciones federales a entidades federativas y municipios (millones de pesos; INEGI, 2000) Nuevo León: 8,127.7
Jalisco: 10,935.3 Aportaciones federales a entidades federativas y municipios (millones de pesos; INEGI, 2001) Nuevo León: 6,664.6
Jalisco: 11,092.4 Recursos "Programa para el Fortalecimiento de Entidades Federativas" (millones de pesos; INEGI, 2001) Nuevo León: 586.1
Jalisco: 900.6 Saldos de deuda de estados y municipios (millones de pesos; INEGI, 2000) Nuevo León: 8,795.9
Jalisco: 5,161.5 Finanzas públicas estatales (millones de pesos; INEGI, 2000)

Participaciones federales pagadas

Nuevo León: 8,128
Jalisco: 10,935 Ingresos brutos estatales Nuevo León: 21,315
Jalisco: 25,587 De las cifras anteriores se infiere claramente un trato disímil de la Federación para ambos estados. No obstante que Jalisco rebasa por 2.5 millones la cantidad de habitantes Nuevo León, no guarda proporcionalidad lo que cada uno aporta y recibe en los distintos rubros antes enunciados.

Por otra parte, respecto a la contribución de ambos estados al Producto Interno Bruto (PIB), Nuevo León aportó en 2000 -proporción que no ha variado- 7.1 por ciento, mientras que Jalisco contribuyó con 6.4 por ciento; y hay que considerar la diferencia de población.

En relación con el PIB nominal en ese año, el de Nuevo León fue mayor en un 9 por ciento que el de Jalisco (hay que considerar también el número de habitantes).

Pese al estancamiento económico, la proporción de las cifras continúa, en cuanto a lo que ingresa y lo que egresa de Nuevo León.

En 2002, el crecimiento del PIB nacional tuvo una tasa de 0.9 por ciento. Nuevo León mostró en ese año un crecimiento de 2.1 por ciento y las proyecciones de Sistema de Información Regional de México para 2003 son de 3 por ciento.

A pesar de un entorno económico adverso, la economía en Nuevo León no ha perdido dinamismo. Sin embargo, la eventual apertura derivada del TLC en un corto plazo deja en posición muy vulnerable la entidad y la región, por lo que sería importante fortalecer el presupuesto estatal y los fondos federales a que se tiene derecho para hacer frente a los retos de competitividad.

Una vía para ello sería la gestión, en esta coyuntura, de mayores recursos en el Ramo 39 o el incremento de los fondos federales para apoyar obras de infraestructura, educación, capacitación, fomento de la producción, modernización de la planta productiva, etcétera.

Resulta por demás inicuo que, mientras Jalisco tiene una deuda de 5,000 millones aproximadamente y Nuevo León de 9,200 millones a la fecha, en el ramo referido del Presupuesto de Egresos para 2004, se le otorguen 458 millones, mientras que a Jalisco se subsidia con 703 millones.

Para el ejercicio de 2003 se autorizaron 700 millones para Nuevo León.

Compañeros diputados: de acuerdo con el artículo 71 de la Constitución Política del país, las Legislaturas de los estados se constituyen como un legislador más. En esta coyuntura, en la que se negocian la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para el siguiente año, apoyemos a Nuevo León, apoyemos al Poder Ejecutivo del estado con un pronunciamiento de esta Legislatura para revertir un hecho plasmado ya en el proyecto de Presupuesto de Egresos, que puede resultar perjudicial en el evento de aprobarse por el órgano competente.

Por todo lo interior y con fundamento en las disposiciones que al principio de mi intervención mencioné, propongo el siguiente punto de

Acuerdo

Unico. Solicitamos respetuosamente a la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos que, atendiendo los procedimientos de ley, asigne al menos 10 por ciento del monto total de la deuda pública de Nuevo León para el Ramo 39 para el ejercicio de 2004. Y que, de existir recursos adicionales, se autorice 20 por ciento para los mismos efectos.

Monterrey, NL, a 24 de noviembre de 2003.

Los CC. diputados integrantes de la LXX Legislatura al Congreso del estado de Nuevo León

Diputados: Angel Alberto Alameda Pedraza, Ivonne Liliana Alvarez García, Jesús Ancer Mahuad, Alicia Margarita Ayala Medina, Alfonso Ayala Villarreal, Juan Enrique Barrios Rodríguez, Arturo Becerra Valadez, Pedro Bernal Rodríguez, Ricardo Cortés Camarillo, Margarita Dávalos Elizondo, Gilberto de la Peña Salazar, Hiram Luis de León Rodríguez, José Juan Elizondo Esparza, María de la Luz Estrada García, Liliana Flores Benavides, Eliezer Garza Cantú, Francisco A. González González, Plácido González Salinas, Rosaura Gutiérrez Duarte, Carla Paola Llarena Menard, Martha Silvia López Limas, Hugo René Martínez Cantú, Yolanda Martínez Mendoza, Marcos Mendoza Vázquez, José Isabel Meza Elizondo, Raúl Mario Mireles Garza, Raúl Alejandro Moncada Leal, Rodolfo Moreno Rodríguez, José Luis Murillo Torres, José Angel Niño Pérez, Jorge Humberto Padilla Olvera, Juan Manuel Parás González, Serafín Parra Casanova, Rogelio Alejandro Pérez Arrambide, Ana María Ramírez Cerda, Julio Reyes Ramírez, Ernesto Alfonso Robledo Leal, María Guadalupe Rodríguez Martínez, Zeferino Salgado Almaguer, César Santos Cantú, César Serna Escalera, Daniel Torres Cantú (rúbricas).

DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, III LEGISLATURA

Recinto Legislativo, a 25 de noviembre de 2003.

Dip. Juan de Dios Castro Lozano
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión
Presente

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 10, fracción XXI, y 36, fracción V, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, me dirijo a usted con el propósito de comunicarte que en la sesión del pleno de este órgano legislativo, celebrada en esta fecha, se aprobó el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico.- Esta Asamblea Legislativa solicita respetuosamente a los integrantes de la Quincuagésima Novena Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión un aumento a la asignación de recursos federales a la educación superior y en especial incrementar en términos reales y monto suficiente el subsidio ordinario federal a la Universidad Nacional Autónoma de México en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2004.

Anexo al presente me permito remitirle copia de la propuesta con punto de acuerdo en comento para los efectos legales conducentes.

Sin otro particular, reitero a usted mi consideración distinguida.

Atentamente
Dip. Obdulio Avila Mayo (rúbrica)

Asamblea Legislativa del Distrito Federal, III Legislatura

Grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática

Los suscritos, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado C, base primera, fracción V, incisos i) y o) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42, fracciones XVI y XXX, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 17, fracción VI, de la Ley Orgánica; 90 y 130 del Reglamento para el Gobierno Interior, ambos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, sometemos a consideración del pleno de esta soberanía la presente propuesta con punto de acuerdo, considerado de urgente y obvia resolución en virtud de lo cual solicitamos a los integrantes de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión un aumento a la asignación de recursos federales a la educación superior y en especial incrementar en términos reales y en monto suficiente el subsidio ordinario federal a la Universidad Nacional Autónoma de México en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2004.

Considerando que:

El artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra la obligación ineludible del Estado de financiar la educación pública. En este sentido, es responsabilidad del Gobierno de la República asegurar los recursos suficientes para que las universidades públicas puedan cumplir con las funciones sustantivas que la propia ley establece.

La educación superior pública representa la vía más adecuada para avanzar de manera sólida hacia mayores niveles de desarrollo con justicia y equidad. Es sin duda el instrumento de movilidad social más logrado que se ha podido construir en el país. A pesar de ello, los recursos que el Ejecutivo Federal propone asignar en el Presupuesto de Egresos de la Federación en 2004 a este rubro muestra un aumento insignificante para dar continuidad al desarrollo de las instituciones de educación superior públicas.

La universidad es esencialmente el espacio más representativo en cuanto a formación intelectual se refiere. La trascendencia histórica que la envuelve implica tomar en cuenta que el próximo año se cumplirán 50 desde que inició formalmente su actividad en el campus que hoy todos conocemos como central.

Sin embargo, y a pesar de su vocación académica, la universidad enseña también fuera de sus aulas, en sus pasillos, en sus teatros, en sus conciertos, en sus mesas redondas o conferencias, en sus propios conflictos.

Según los datos más recientes con que contamos, al menos la mitad de los diputados ha pasado por un aula de la UNAM. Servidores públicos de alto nivel y funcionarios de empresas públicas y privadas se han formado en sus aulas.

Para una gran parte de la población la universidad es y seguirá siendo la luz al final del túnel, para todo el país es y queremos que siga siendo nuestra alma mater.

Tal vez, poco hemos devuelto a la UNAM; tal vez hemos olvidado demasiado, necesitamos volver a ella, mirarnos como país y como historia en sus pasillos, en sus explanadas, sus museos y bibliotecas, en sus cafeterías, en el maravilloso estadio de fútbol y en el esplendoroso centro cultural universitario. Es la hora de hacer válido todo lo que somos y que gracias a ella podemos seguir siendo.

Por esta razón, no está de más, convocar a quienes hemos egresado de la UNAM para que, desde nuestra posibilidad e iniciativa, aportemos a la misma cualquier cantidad de recursos, que ante la falta de apoyo federal siempre serán importantes. Habemos quienes podemos hacerlo, hagámoslo.

Convocar también a quienes desde su actual posición estudiantil puedan aportar para que lo hagan. Sé que este es un asunto delicado, que mientras lo menciono cruzan por mi mente, y quizá por la de quienes me escuchan, los principios de gratuidad y responsabilidad institucional que el Estado ha de garantizar según lo dispuesto en la Carta Magna en su artículo tercero.

Pero no nos engañemos, no estamos cambiando la desatención gubernamental por lo poco que podamos aportar nosotros como sociedad, no.

Lo que estamos proponiendo es que tengamos la satisfacción de suponer que ante la historia hagamos lo que nos enseñó en muchos momentos esta noble institución, es decir, requerimos ser solidarios, apoyar a los estudiantes que se afanan por cumplir una meta, por cumplir un sueño hermoso; ayudemos a que su carrera sea vínculo con la cultura, las artes, la ciencia y la sociedad. Apoyemos a los investigadores que tantas satisfacciones han dado a nuestro pueblo; a sus profesores, que son quienes han formado a la generación que hoy gobierna este país, la mayoría de los estados, las cortes de los mismos y, por supuesto, las Legislaturas, que son un crisol político, en buena medida, gracias a las universidades del país.

La obligación del Estado es ineludible, exijamos que sea cumplida; no olvidemos que somos responsables del futuro de nuestra sociedad.

En este sentido, hay que mencionar que los recursos asignados a la educación superior, aun cuando registran un crecimiento global de 7% en términos reales respecto al año anterior, en relación con el PIB representan un incremento de apenas una centésima, pasando de 0.63 a 0.64%. Ello impide avanzar hacia la meta comprometida por el Gobierno Federal en el Programa Nacional de Educación 2001-2006 de destinar 1% del Producto Interno Bruto para educación superior en 2006. Tal situación se agrava si se considera que el gasto federal en ciencia y tecnología que propone el Ejecutivo federal para 2004 implica una reducción real de 12.6%.

La falta de recursos suficientes destinados al financiamiento de la educación superior, la ciencia y la tecnología, además de hacer cada día más grande la brecha de la desigualdad social, también propicia rezagos en la investigación de punta y en la generación y difusión de la cultura que permitirían consolidar a México como una nación libre y soberana.

En diversas ocasiones, el Ejecutivo federal ha reiterado su compromiso con la educación como una de las más altas prioridades de su gobierno. Este compromiso se encuentra plasmado en el Plan Nacional de Desarrollo, en el Programa Nacional de Educación, y se ha convertido en punto nodal de la agenda nacional.

El pasado 14 de diciembre se publicaron en el Diario Oficial modificaciones al artículo 25 de la Ley General de Educación, que a la letra señala: "el Ejecutivo federal y el gobierno de cada entidad federativa, con sujeción a las disposiciones de ingresos y gasto público correspondientes que resulten aplicables, concurrirán al financiamiento de la educación pública y de los servicios educativos. El monto anual que el Estado -Federación, entidades federativas y municipios- destine al gasto en la educación pública y en los servicios educativos, no podrá ser menor a 8% del Producto Interno Bruto del país, destinando de este monto, al menos 1% del Producto Interno Bruto a la investigación científica y al desarrollo tecnológico en las instituciones de educación superior públicas". Lo anterior obliga al Gobierno Federal a asignar mayores recursos para cumplir efectivamente con el mandato del Poder Legislativo en el año 2006.

La Universidad Nacional Autónoma de México ha sido reconocida por el Poder Legislativo como el proyecto educativo más grande y sólido de la nación, y recientemente colocó su nombre en letras de oro en el muro de honor del Palacio Legislativo de San Lázaro.

La UNAM atiende a 260 mil alumnos, la matrícula de educación media superior y superior más grande del país; egresan de sus aulas 52 mil universitarios al año y se titulan 18 mil. De cada 10 egresados, 8 encuentran trabajo y el 90% lo hace en el área de su especialidad; 70% trabaja de tiempo completo; 65 mil alumnos de la UNAM provienen de familias con ingresos mensuales inferiores a $5,200 pesos.

La UNAM imparte 73 carreras de licenciatura, ofrece 37 programas de posgrado y 133 especializaciones. En sus instalaciones se realiza el 50% de la investigación científica del país. Además de la tarea docente y de la investigación, la Universidad administra 13 museos y 18 recintos históricos con 152 murales, 50 vitrales, 800 esculturas y 86 mil obras gráficas. Es pionera en campos científicos como la neurobiología, biotecnología, ecología, instrumentación espacial y de micro ondas, computación adaptativa, sistemas inteligentes, nanotecnología, nanoestrucuras, bioética, filosofía de la ciencia, demografía y estudios regionales.

En el ámbito cultural son innegables las aportaciones de la Universidad Nacional, su centro cultural atiende a más de 400 mil visitantes al año, ofrece más de 11 mil actividades diferentes, de música, teatro, danza y cine, además de exposiciones, conferencias, presentaciones de libros y coloquios, que benefician a más de un millón y medio de personas.

La Universidad Nacional administra 8 servicios nacionales, entre ellos el Servicio Sismológico Nacional, la Red Mareográfica Nacional, el Observatorio Astronómico Nacional, el Herbario Nacional, el Jardín Botánico Nacional, la Biblioteca Nacional, la Hemeroteca Nacional y monitores en el volcán Popocatépetl.

Ha presentado durante tres años consecutivos su cuenta anual a la Cámara de Diputados y fue ejemplo de compromiso con la transparencia al ser la primera universidad pública en reglamentar el acceso público a su información.

En el reciente proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2004, enviado a la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados, se asigna a la educación superior un monto de 41,601.1 mdp, es decir, 2,183.9 mdp menos que el año anterior. En el mismo documento se define la asignación para la UNAM por un monto de 14 millones 504 mil pesos, presupuesto que en términos reales significa un retroceso de 2.4%, respecto al ejercicio previsto en 2003.

Nuestra máxima casa de estudios se verá impedida de dar continuidad a proyectos de investigación y difusión de la cultura que diariamente se desarrollan en sus aulas y laboratorios. Sin ingresos suficientes para gasto en inversión permanecerá rezagada en la investigación tecnológica de vanguardia y sus proyectos de investigación no tendrán resultados concretos. Habrá de suspender obras en proceso para la investigación científica y dejará de equiparlas; incluso dejará de suscribirse a revistas especializadas y de adquirir libros y material docente para sus labores cotidianas.

La Universidad Nacional ha dado muestra palpable del ejercicio responsable de los recursos que la sociedad le asigna para el desarrollo de sus funciones sustantivas. Asimismo, ha realizado esfuerzos para complementar su financiamiento, y rendir cuentas públicas, no sólo de cómo utiliza sus recursos sino también de cómo está cumpliendo su función social.

Por lo anteriormente expuesto y por considerado de obvia y urgente resolución, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 90 y 130 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, sometemos a consideración del pleno de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo:

Punto de Acuerdo

Dado en el Recinto Legislativo de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, III Legislatura, a los 25 días del mes de noviembre de 2003.

Diputados: María Guadalupe Chavira de la Rosa, Alfredo Carrasco Baza, Francisco Chiguil Figueroa, Julio César Moreno Rivera, Alfredo Hernández Raigosa, Silvia Lorena Villavicencio Ayala, María Araceli Vázquez Camacho, Silvia Oliva Fragoso, Aleida Alavez Ruiz, Juventino Rodríguez Ramos, Gerardo Villanueva Albarrán, María Alejandra Barrales Magdaleno, Emilio Fernández Allende, Maricela Contreras Julián, Héctor Mauricio López Velázquez, José Medel Ibarra, Norma Gutiérrez de la Torre, Jorge García Rodríguez, Jaime Aguilar Alvarez y Mazarrasa, René Juvenal Bejarano Martínez, María Claudia Esqueda Llanes, Héctor Guijosa Mora, Higinio Chávez García, Andrés Lozano Lozano, Juan Manuel González Maltos, María Elena Torres Baltazar, Valentín Eduardo Malpica Rodríguez, Roberto Carlos Reyes Gámiz, Rodrigo Chávez Contreras, Elio Ramón Bejarano Martínez, Miguel Angel Solares Chávez, Julio Escamilla Salinas, Rigoberto Fidencio Nieto López, Alberto Trejo Villafuerte, Sara Guadalupe Figueroa Canedo, Arturo Escobar y Vega, Francisco de Paula Agundis Arias, Bernardo de la Garza Herrera, José Espina von Roehrich, Carlos Alberto Flores Gutiérrez, Jorge Alberto Lara Rivera, José de Jesús López Sandoval, María Gabriela González Martínez, Christian Martín Lujano Nicolás, Juan Antonio Arévalo López, Mónica Leticia Serrano Peña, Mariana Gómez del Campo Gurza, Irma Islas León, María Teresita de Jesús Aguilar Marmolejo, Obdulio Avila Mayo, José María Rivera Cabello, Efraín Morales Sánchez, Rodolfo Covarrubias Gutiérrez, Sofía Figueroa Torres, Pablo Trejo Pérez, José Antonio Arévalo González (rúbricas).

Oficios

DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION, CON EL QUE REMITE LAS REGLAS DE OPERACION Y MATERIAL PROMOCIONAL DEL "PROGRAMA MARCHA HACIA EL SUR" DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA

México, DF, a 13 de noviembre de 2003.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión
Presentes

El C. Adalberto Núñez Ramos, secretario técnico de Planeación, Comunicación y Enlace de la Secretaría de Economía, se ha dirigido al que suscribe mediante el oficio número STPCE/1265/2003, de fecha 10 del mes en curso, por el que solicita que se hagan llegar a ese órgano legislativo las Reglas de Operación y material promocional del Programa Marcha hacia el Sur.

Por lo anterior y con fundamento en la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con el presente les acompaño copia del oficio de referencia, así como los anexos que en él se mencionan.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo

México DF, a 10 de noviembre de 2003.

Lic. M. Humberto Aguilar Coronado
Subsecretario de Enlace Legislativo
Secretaría de Gobernación
Presente

Mediante el oficio número PMSST/2003/299, de fecha 13 de octubre de 2003, la licenciada María del Pilar Hiroishi Suzuki, secretaria técnica del fideicomiso público Programa Marcha hacia el Sur, de la Secretaría de Economía, solicitó a este Secretariado Técnico remitir a ambas Cámaras del H. Congreso de la Unión las Reglas de Operación y material promocional de dicho programa, el cual tiene como objetivo primordial identificar y promover proyectos de inversión que generen empleo en el sur-sureste de México, así como en las regiones más rezagadas económicamente del país, ofreciendo apoyos económicos a las pequeñas, medianas y grandes empresas que tengan un proyecto de inversión en la zona de cobertura, que se da a conocer en las Reglas de Operación.

Con fundamento en el artículo 8, fracción X, del Reglamento Interior de esta dependencia, solicito a usted que remita a ambas Cámaras del H. Congreso de la Unión, en los términos que estime convenientes, las Reglas de Operación y el material promocional (contenido en medio óptico), enviados en anexo.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
Adalberto Núñez Ramos (rúbrica)
Secretario Técnico

DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION, CON EL QUE REMITE CONTESTACION DEL DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE CHIHUAHUA AL PUNTO DE ACUERDO, APROBADO POR LA CAMARA DE DIPUTADOS, SOBRE LOS BROTES DE CONJUNTIVITIS EN EL PAIS

México, DF, a 25 de noviembre de 2003.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión
Presentes

En atención al oficio número D.G.P.L. 59-II-0-20, signado el 25 de septiembre último por los CC. secretarios de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, con el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, copia del similar número DPC/SE/DVE 030345, suscrito el 18 del mes en curso por el doctor Federico Saracho Weber, director general de Servicios de Salud del estado de Chihuahua, por el que da respuesta a los puntos de acuerdo relativos a los brotes de conjuntivitis en el país, presentado por la Junta de Coordinación Política.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo

Chihuahua, Chih., a 18 de noviembre de 2003.

Lic. M. Humberto Aguilar Coronado
Director de Apoyo a Instituciones y Organizaciones Políticas, Sociales y Civiles
Subsecretaría de Enlace
Bucareli 99, Col. Juárez
México, DF, CP 06699

En respuesta a su petición de informar respecto a las acciones realizadas en forma coordinada entre la Secretaría de Salud y los Servicios Estatales de Salud para la vigilancia y el control de la conjuntivitis, me permito informarle lo siguiente:

A principios de octubre, el epidemiólogo estatal de estos servicios acudió al Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica en México, DF, para recibir capacitación y material informativo respecto a los casos de conjuntivitis en el país.

El 14 de octubre se convocó a los representantes de las instituciones del sector salud en el estado, así como a los epidemiólogos jurisdiccionales, a sesión extraordinaria del Comité Estatal para la Vigilancia Epidemiológica, en la cual se les proporcionó adiestramiento relacionado con la vigilancia de la conjuntivitis, así como la revisión de aspectos clínicos por parte del oftalmólogo del Hospital General de Chihuahua y medidas de prevención y control para el padecimiento.

En dicha sesión, en la que se contó con la asistencia de los representantes del IMSS régimen ordinario e IMSS Oportunidades, ISSSTE, Pensiones Civiles del estado, Instituto Chihuahuense de la Salud, Sedena, Coordinadora de la Tarahumara y representantes de las jurisdicciones sanitarias de los Servicios de Salud de Chihuahua, se estableció el compromiso por los asistentes de establecer la red semanal de vigilancia de la conjuntivitis, que incluye la notificación, los miércoles, de todos los casos registrados, así como las acciones de difusión, capacitación, prevención y control en el ámbito de sus respectivas áreas de responsabilidad.

Como parte de lo anterior, el laboratorio regional de salud pública proporcionó equipo para la toma de muestras en pacientes afectados por el padecimiento. Señaló que, de requerirse mayor cantidad de éstos, el laboratorio estaría en capacidad de producirlos.

Por otra parte, personal del Departamento de Promoción para la Salud elaboró un disco con información relacionada con las medidas básicas de prevención para el padecimiento, de que se dotó a cada representante para su replicación y difusión entre el personal de salud de su responsabilidad.

Adicionalmente, en las publicaciones del comunicado semanal, Epi-Fax (órgano de notificación entre las instituciones de salud en el estado), correspondientes al 30 de septiembre y 15 de octubre, se incluyó información específica del padecimiento relacionada con la notificación de casos, brotes o ambos, así como la definición operacional respectiva. las disposiciones para el manejo de la información ante los medios de comunicación e información relacionada con el número de casos y los estados del país más afectados por la enfermedad.

Actualmente, se continúa llevando a cabo la red semanal de vigilancia de la conjuntivitis por parte del total de las instituciones de salud en el estado, cuyos informes se envían a la Dirección General de Epidemiología.

El número de casos de conjuntivitis en el estado de Chihuahua hasta el 8 de noviembre del presente año es de 408 que, comparados con los 6 mil 792 registrados a la misma fecha del año pasado, no denotan la presencia de brote en esta entidad federativa.

Se reitera el compromiso de seguir vigilando y continuar las medidas de prevención e información del padecimiento.

Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.

Dr. Federico Saracho Weber (rúbrica p.a.)
Director General de Servicios de Salud de Chihuahua

DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION, DOS CON LOS QUE REMITE CONTESTACIONES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO A LOS PUNTOS DE ACUERDO, APROBADOS POR LA CAMARA DE DIPUTADOS, ACERCA DE LA AMPLIACION DE LA PARTIDA DESTINADA A FORTALECER EL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL Y DEL INCREMENTO DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTALES PARA LAS FUNCIONES DE DESARROLLO SOCIAL Y A FORTALECER LOS PROGRAMAS PRODUCTIVOS Y ALIMENTARIOS PARA SUPERAR LA POBREZA, DENTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2004

México, DF, a 25 de noviembre de 2003.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión
Presentes

En atención al oficio número D.G.P.L. 59-II-0-69, suscrito el 4 del actual, me permito comunicar a ustedes que, mediante los similares números 312.-A.-002193 y 312.A.-002206, signados el 11 y 13 de los corrientes, respectivamente, por el C. Pablo S. Reyes Pruneda, director general de Programación y Presupuesto "B" de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, da respuesta a los puntos de acuerdo en que se solicita una ampliación a la partida destinada a fortalecer el Programa de Empleo Temporal dentro del proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2004, presentado por el diputado Oscar Bitar Haddad.

Por lo anterior, con el presente anexo copia de los oficios a que me he referido, para los fines que estimen procedentes.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo

Ciudad de México, DF, a 11 de noviembre de 2003.

Lic. M. Humberto Aguilar Coronado
Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación
Presente

Me refiero a atento oficio número SEL/300/2909/03, mediante el cual remite acuerdo aprobado en sesión celebrada el 4 de noviembre de 2003 por la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, considerando en el acuerdo segundo que se considere en el proyecto de PEF-2004 la ampliación de la partida presupuestal para el fortalecimiento del Programa de Empleo Temporal.

Sobre el particular, me permito informar a usted que dicho programa se considera prioritario por el Gobierno Federal, por lo que está reflejado en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2004. No obstante, la asignación definitiva será la que autorice la H. Cámara de Diputados.

Sin otro particular, reitero a usted las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Pablo S. Reyes Pruneda (rúbrica)
Director General

México, DF, a 13 de noviembre de 2003.

Lic. M. Humberto Aguilar Coronado
Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación
Presente

Me refiero al oficio número SEL/300/2909/03, de fecha 4 de noviembre del año en curso, recibido en esta área el 7 de noviembre del mismo mes y año, mediante el que comunica al titular de esta Secretaría los puntos de acuerdo aprobados por los CC. secretarios de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados, mediante los cuales se exhorta al Ejecutivo federal a instruir a las Secretarías de Desarrollo Social, y de Hacienda y Crédito Público para que consideren en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004 (PPEF 2004) la ampliación de la partida presupuestal para el fortalecimiento del Programa de Empleo Temporal (PET).

Al respecto, me permito informarle que, el pasado 6 de noviembre, el Ejecutivo federal presentó a la H. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión el PPEF 2004, por lo que el Poder Legislativo, en el ámbito de sus atribuciones, reasignará o incrementará, en su caso, los recursos para fortalecer el programa mencionado.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Pablo S. Reyes Pruneda (rúbrica)
Director General

México, DF, a 25 de noviembre de 2003.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión
Presentes

En atención al oficio número D.G.P.L. 59-II-0-66, suscrito el 30 de octubre último, me permito comunicar a ustedes que, mediante el similar número 312.-A.-002194, signado el 11 de los corrientes por el C. Pablo S. Reyes Pruneda, director general de Programación y Presupuesto "B" de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, da respuesta a los puntos de acuerdo en que se exhorta a incrementar las asignaciones presupuestales para las funciones de desarrollo social y fortalecer los programas productivos y alimentarios para superar la pobreza, dentro del Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2004, presentado por la C. diputada Clara Marina Brugada Molina.

Por lo anterior, con el presente anexo copia del oficio a que me he referido, para los fines que estimen procedentes.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo

Ciudad de México, DF, a 11 de noviembre de 2003.

Lic. M. Humberto Aguilar Coronado
Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación
Presente

Me refiero a su atento oficio número SEL/300/2876/03, mediante el cual remite acuerdos aprobados en sesión celebrada el 30 de octubre de 2003 por la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, considerando en el acuerdo primero incrementar las asignaciones presupuestales para las funciones de desarrollo social en el PEF-2004; y segundo, fortalecer los programas productivos y alimentarios para superar la pobreza en el PEF-2004.

Sobre el particular, me permito informar a usted que dichas acciones son prioridad del Gobierno Federal, por lo que están reflejadas en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2004, conforme a la asignación propuesta por la Secretaría de Desarrollo Social. No obstante, las asignaciones definitivas serán las que autorice la H. Cámara de Diputados.

Sin otro particular, reitero a usted las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Pablo S. Reyes Pruneda (rúbrica)
Director General

DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION, CON EL QUE REMITE CONTESTACIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD A PUNTOS DE ACUERDO, APROBADOS POR LA CAMARA DE DIPUTADOS, SOBRE LOS DESASTRES NATURALES DE ORIGEN HIDROMETEOROLOGICO OCURRIDOS EN DISTINTOS ESTADOS DE LA REPUBLICA MEXICANA

México, DF, a 24 de noviembre de 2003.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión
Presentes

En atención a los oficios números D.G.P.L. 59-II-0-1, D.G.P.L. 59-II-0-13, D.G.P.L. 59-II-0-17 y D.G.P.L. 59-II-0-18, signados el 11 y 23 de septiembre último, respectivamente, por los CC. secretarios de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, con el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, copia del similar número 100/UCVPS/492/2003, suscrito el 14 del mes en curso por el doctor Gabriel García Pérez, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud, por el que da respuesta a los puntos de acuerdo relativos a las consecuencias de los desastres naturales de origen hidrometeorológico ocurridos en distintos estados de la República Mexicana, así como a diversas acciones por realizarse en torno de éstos, presentados por los diputados Pedro Avila Nevárez, Ernesto Herrera Tovar y Raúl Rogelio Chavarría Salas.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo

México, DF, a 14 de noviembre de 2003.

Lic. Humberto Aguilar Coronado
Subsecretario de Enlace Legislativo
Secretaría de Gobernación
Presente

Me refiero a sus oficios números SEL/300/2200/03, SEL/300/2295/03 y SEL/300/2320/03, relacionados con diversos puntos de acuerdo presentados en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República sobre las acciones realizadas por esta Secretaría a consecuencia de los desastres naturales ocurridos en diferentes estados del país en últimas fechas.

Con base en lo anterior, y en cumplimiento de dichos acuerdos legislativos, me permito acompañar los informes correspondientes, solicitando su amable intermediación ante ambas Cámaras legislativas a efecto de desahogar los puntos de acuerdo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
Dr. Gabriel García Pérez (rúbrica)
Titular de la Unidad

DE LA COMISION NACIONAL DE INVERSIONES EXTRANJERAS, CON EL QUE REMITE INFORME ESTADISTICO SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE LA INVERSION EXTRANJERA DIRECTA EN MEXICO (ENERO-SEPTIEMBRE DE 2003), DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA FRACCION IV DEL ARTICULO 27 DE LA LEY DE INVERSION EXTRANJERA

México, DF, a 24 de noviembre de 2003.

C. Dip. Juan de Dios Castro Lozano
Presidente de la Mesa Directiva del Primer Año de Ejercicio de la LIX Legislatura
Presente

En uso de las atribuciones conferidas a la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 27 de la Ley de Inversión Extranjera, me permito enviarle el documento Informe estadístico sobre el comportamiento de la inversión extranjera directa en México (enero-septiembre de 2003).

Sin otro particular, me pongo a sus órdenes para cualquier aclaración sobre este asunto.

Atentamente
Lic. Juan Antonio García Villa (rúbrica)
Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras

Iniciativas

QUE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE EQUIDAD Y TRANSPARENCIA PARA LA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, A CARGO DE LA DIPUTADA CRISTINA PORTILLO AYALA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

La que suscribe, Cristina Portillo Ayala, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LIX Legislatura, en ejercicio de la facultad que me otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos, presento ante la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, iniciativa de decreto que expide la Ley Federal de Equidad y Transparencia para la Publicidad Institucional, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Nadie puede poner en duda la trascendencia de los medios de difusión en el cambio democrático que experimenta el país. Pero tampoco pueden ser ignorados los frecuentes excesos de algunos de estos medios que todavía no se sacuden la manipulación y tutela del Estado.

Durante las siete décadas de partido político hegemónico, la libertad de prensa estuvo condicionada al compromiso y colusión de una parte de los medios de comunicación con el sistema antidemocrático. El gobierno destinaba una partida importante de recursos del presupuesto a la compra de publicidad en prensa, radio y televisión, constituía el principal soporte económico de aquellos, y utilizaba esta circunstancia para marcarles la línea editorial que debían seguir.

Ante el vacío jurídico, la relación medios-gobierno creó códigos no escritos de complicidad, un sistema complejo de ingeniería política destinado a maximizar los aciertos del régimen y minimizar sus debilidades estructurales. Formalmente, el discurso proclamaba un Estado respetuoso y una prensa autónoma y crítica, pero en la práctica, a través de un entramado de subsidios, la clase política ejercía un control casi absoluto.

Bajo este mecanismo de privilegios que condicionaba y manipulaba, el Estado constriñó las relaciones y el comportamiento de los medios y controló los temas y la opinión pública preponderante sobre ellos. Parte de la prensa mexicana estaba al servicio de grupos políticos, su objetivo primordial no era informar sobre las demandas de la población, sino elogiar las decisiones del Ejecutivo y expresar los planteamientos de camarillas políticas. Los temas que se gestionaban en el espacio público o ante las agencias gubernamentales, se establecían previamente en las oficinas del Presidente de la República o del Secretario de Gobernación. Sólo gestionaron con éxito sus intereses, aquellos grupos sociales que previamente se les había admitido en el mercado monopolizado de las mediaciones del régimen.

De esta manera, los temas e intercambios políticos y simbólicos desplegados en el espacio público eran predecibles en su discusión y desenlace. El régimen administró la opinión pública y colonizó de opiniones oficiales el espacio público. El debate en términos democráticos no ocurrió. Las arenas públicas del orden político se poblaron de discursos oficiales que justificaban sin fatiga la persistencia de una opinión pública agregada y rígida que periódicamente se traducía en el triunfo electoral del partido dominante a partir del control de los discursos políticos, las campañas no competitivas, la cobertura mediática y los resultados electorales manipulados.

El autoritarismo mexicano desarrolló una extraordinaria capacidad para administrar las vertientes de la opinión pública agregada y para fijar la agenda política del país que fue réplica de la agenda del Presidente de la República. La absoluta discrecionalidad en el uso de los recursos destinados a gastos de difusión y comunicación social, fue utilizada sin ningún recato para financiar carreras políticas, promover imágenes personales de presidentes y funcionarios y para la existencia de un conjunto de medios de comunicación que carentes de toda base social, debían su existencia y subsistencia a la publicidad institucional. Dando por resultado una trama de intercambios desiguales, discrecionales e ilegales, entre el Estado y un segmento de empresas de la comunicación y periodistas, que también ha provocado el ejercicio diferenciado y sesgado de las libertades públicas de expresión, prensa e información.

Muchos medios, por tanto, presentaron un crecimiento anárquico, interesado; no surgieron como un reclamo ciudadano ni por la necesidad de contar con instrumentos e interlocutores capaces, responsables, éticos. Si de por sí la publicidad institucional puede suponer una fuente de poder que eventualmente es susceptible de utilizarse para satisfacer intereses ajenos al bien común, aquella circunstancia hizo más efectivo que la misma censura, el uso del presupuesto público como vehículo para que un régimen autocrático manipulara la opinión pública.

La alternancia en el poder ha impactado la lógica de funcionamiento de la relación medios-estado. Empresas de comunicación antes subordinados a las pautas e incentivos del régimen han entrado en una fase de incertidumbre y revisión de sus antiguas posiciones públicas. Los medios de comunicación auténticos exigen reglas justas y claras. La ciudadanía certidumbre. Y los poderes públicos enfrentan el reto de hacer del derecho a la información una política de Estado. Si aspiramos a ser un Estado moderno, desarrollar legislativamente el derecho a la información debe ser una de las primeras cuestiones que aborde la Reforma del Estado.

Nadie duda ya sobre la necesidad de transparentar los recursos oficiales destinados a la comunicación social. Las relaciones entre los poderes públicos y los medios que se establecen con motivo de la publicidad institucional deben regirse por los principios de objetividad, equidad, la transparencia e igualdad de oportunidades. Los poderes públicos deben actuar con absoluta transparencia para que los recursos sean asignados con criterios de difusión eficiente y no sean usados para manipular a la prensa y sostener artificialmente a un periodismo incondicional. Sin embargo, en un sistema todavía con un enorme déficit democrático, como el nuestro, esto no puede dejarse a la buena voluntad de los actores. Legislar sobre la materia es tarea ineludible para evitar que la publicidad del Estado siga siendo una herramienta de presión y manipulación, a fin de compensar o castigar a las expresiones de los medios en función de su contenido.

Bajo bases de equidad y transparencia, las campañas de publicidad institucional se revelarán como un útil instrumento de sensibilización y de fomento de los valores democráticos entre las ciudadanas y los ciudadanos, teniendo igualmente una específica utilidad para la comunidad cuando se trata de proteger o prevenir riesgos para su salud o su seguridad. Se manifestarán, asimismo, como un valioso medio de difusión de las actividades que realizan los órganos, entidades o instituciones públicas, potenciando de este modo la información y la participación democrática de los ciudadanos.

Este es el espíritu que inspira la iniciativa de Ley Federal de Equidad y Transparencia para la Publicidad Institucional que pongo a la consideración de la asamblea. Estructurado en ocho capítulos, el proyecto gira alrededor de los siguientes ejes fundamentales:

1. Son sujetos obligados todos los órganos o instituciones del Estado mexicano. Estableciéndose que el proyecto tiene como finalidad regular toda la actividad publicitaria que desarrollen los Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía legal, y cualquier otra entidad federal.

2. Como objetivos específicos de la ley, se establecen las bases para la actividad publicitaria de carácter institucional que se desarrolle mediante contratos de publicidad, difusión publicitaria, creación publicitaria o patrocinio; también lineamientos generales para la orientación, planeación, autorización, coordinación y supervisión de las estrategias, los programas y las campañas de comunicación social, así como normas y lineamientos generales para el adecuado ejercicio de los recursos presupuestales destinados a servicios de difusión e información institucional.

3. Se prohíbe cualquier forma de publicidad institucional para fines de propaganda política o que implique de manera explícita o implícita la promoción personal de los servidores públicos, así como el uso o inserción de publicidad redaccional o gacetillas como medio de publicidad institucional. Esto último porque violenta el derecho a la información al ofrecer al público propaganda disfrazada de información.

4. Se reconoce a Internet como medio o canal para la publicidad institucional, como una forma de apoyar el desarrollo y buscar igualdad de oportunidades entre los medios de comunicación tradicionales y aquellos derivados de la evolución de la sociedad de la información.

5. La publicidad institucional estará siempre al servicio de la sociedad y deberá cumplir, entre otros objetivos, con la promoción y defensa de los valores que consoliden la democracia, la libertad, la convivencia y la solidaridad; con informar sobre la existencia de los órganos, entidades e instituciones públicas, composición y funcionamiento de las actividades que llevan a cabo, de los servicios que presten o de los productos que promocionan; con sensibilizar a ciudadanas y ciudadanos, fomentando conductas o hábitos para la convivencia y el bienestar social, el compromiso con una sociedad igualitaria y los valores de la democracia; divulgar mensajes que contribuyan a implicar a los ciudadanos y ciudadanas en el proceso de construcción de una sociedad avanzada desde el punto de vista de la justicia social, de su progreso económico y social y de su conciencia cívica.

6. La publicidad institucional no podrá tener en sus contenidos carácter engañoso, desleal, subliminal o encubierto, y deberá respetar los derechos al honor, la intimidad y la propia imagen, fomentar el respeto al medio ambiente y velar por el respeto a la diversidad, particularmente la que tiene su origen en razones económicas, culturales, étnicas, de género, religiosas o de orientación sexual.

7. La publicidad institucional destinada a niños y adolescentes debe ser extremadamente cuidadosa. No puede explotarse la inseguridad o inmadurez de las personas ni la credulidad natural de los niños, ni tampoco puede abusarse de su sentido de lealtad.

8. La publicidad institucional debe respetar, difundir y promover los derechos fundamentales de las personas. No puede ser discriminatoria, sino que, por el contrario, debe promover el respeto por las diversidades. No debe sugerir circunstancias de discriminación por razones de raza, nacionalidad, religión, sexo u orientación sexual ni atentar contra la dignidad de la persona.

9. De acuerdo a su normativa y funcionamiento propios, a la estructura orgánica de cada uno de los sujetos obligados se integrará una Dirección General de Publicidad Institucional con las atribuciones de formular y coordinar la aplicación de la política de comunicación social y publicidad institucional de la institución; establecer relaciones de coordinación con los medios de comunicación oficiales y privados; fijar las bases para la orientación, planeación, autorización, coordinación y supervisión de los programas, estrategias y campañas de comunicación social y publicidad institucional de los órganos, dependencias o entidades de la institución; asegurar, mediante la participación conjunta de los órganos, dependencias o entidades que las campañas de publicidad institucional informen oportuna y verazmente a la sociedad sobre los planes, programas y actividades gubernamentales, así como sobre el cumplimiento de los mismos, y evaluar las campañas publicitarias de la institución.

10. Como medida para transparentar la gestión, las Direcciones Generales de Comunicación Social publicarán y rendirán informe trimestral detallado a la entidad de fiscalización superior de la Federación de la Cámara de Diputados, sobre el desarrollo y cumplimiento de los objetivos de programas y campañas de publicidad institucional y su evaluación, así como sobre el manejo y aplicación de recursos destinado a los mismos.

11. Los órganos, dependencias o entidades deberán planear oportuna y adecuadamente sus campañas de publicidad institucional. La planeación deberá aplicarse mediante una estrategia de comunicación y un programa anual. Y con el objeto de garantizar su vinculación con las políticas y los planes generales y sectoriales de los sujetos obligados, los órganos, dependencias o entidades deberán desahogar las solicitudes de autorización de estrategias, programas y campañas de publicidad institucional ante las respectivas Direcciones Generales de Publicidad Institucional. Las solicitudes de autorización de las estrategias y programas se formularán dentro de los primeros 30 días naturales de cada año; las de campañas ordinarias o extraordinarias con 15 días de anticipación a su difusión.

12. Las estrategias de comunicación deberán contener los siguientes elementos: objetivo que persiguen los órganos, dependencias o entidades, tomando en cuenta la problemática que enfrenta; descripción del escenario deseable del país en el ámbito de acción que se inserta el órgano, dependencia o entidad correspondiente; objetivos estratégicos vinculados con la planeación sectorial y programas prioritarios del respectivo sujeto obligado, así como los objetivos de comunicación, posicionamiento y conceptos prioritarios a comunicar.

13. Los programas deberán contener los siguientes datos: relación de campañas programadas especificando su prioridad, concepto rector, objetivos y metas, precisión de la población-objetivo, cobertura geográfica, calendarización, tipo de medio de difusión a utilizar y el uso, en su caso, de tiempos fiscales y de Estado; mención del tipo de eventos que podrían llevar a modificar el programa anual; explicitar, en su caso, la vinculación intrasectorial o mencionar a los órganos, dependencias o entidades de la misma institución con los cuales se elaborarán campañas conjuntas; estudio o investigación que se realizará durante el año para medir la pertinencia y efectividad de las campañas; planeación de erogaciones, distribución trimestral de los recursos presupuestarios de acuerdo con los medios de difusión y servicios programados; justificación y descripción preliminar de las campañas de publicidad institucional que se pretende llevar a cabo, clasificando las mismas en ordinarias, extraordinarias y emergentes; propuesta y justificación de la selección de medios de difusión de acuerdo con el público objetivo definido, cobertura, equilibrio informativo e impacto de los mismos; estrategia de comunicación social acorde con los objetivos y prioridades establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo vigente, así como en los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales emanados del mismo, que resulten aplicables, y el proyecto de presupuesto para llevar a cabo las acciones comprendidas en el programa.

14. Las solicitudes de autorización de campañas ordinarias y extraordinarias contendrán los siguientes elementos: datos sobre la identificación de la campaña y su vigencia; concepto rector de la campaña, vinculado con el objetivo anual de comunicación; objetivo comunicacional específico y meta a alcanzar de la campaña; características de la población-objetivo que se pretende alcanzar, con su precisa ubicación geográfica; coemisores de la campaña, si los hay; muestra preliminar de los materiales a difundir (guiones radiofónicos o visuales, boceto de los materiales que se imprimirán, bosquejos gráficos y cualquier otro tipo de presentación previa a la producción definitiva de una campaña); plan de medios y propuesta de transmisión especificando las razones de la elección de cada medio, así como los espacios dentro de éstos; recursos presupuestarios disponibles para la producción y difusión de la campaña, acordes con el programa aprobado.

15. Se exceptuarán de autorización, las campañas de publicidad institucional emergentes que se difundan cuando peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o región del país como consecuencia de desastres producidos por fenómenos naturales; existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes debidamente justificados, o se realicen con fines exclusivamente militares o para la Armada, o sean necesarios para garantizar la seguridad interior de la Nación.

16. Los recursos presupuestarios destinados a sufragar los gastos de la publicidad institucional, deberán estar previamente autorizados y asignados a las partidas de gasto del concepto servicios de comunicación social y publicidad.

17. La erogación de recursos presupuestarios por concepto de publicidad institucional deberá sujetarse a las disposiciones que, en materia de austeridad y racionalidad del gasto, emitan al efecto las autoridades competentes, así como a las establecidas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento.

18. Los órganos, dependencias o entidades únicamente podrán destinar recursos presupuestarios para la difusión de campañas a través de radio y televisión, una vez que se hayan agotado los tiempos fiscales y los tiempos legales. Quedarán exceptuadas de esta disposición los órganos, dependencias o entidades que por la naturaleza de sus programas, requieran de tiempos y audiencias específicos.

19. A las erogaciones en materia de publicidad institucional se aplicarán las siguientes restricciones: en ningún caso y bajo ninguna circunstancia podrán usarse recursos presupuestarios con fines distintos a los de la estrategia de comunicación y el programa anual. Tampoco podrán utilizarse recursos presupuestarios con fines de promoción de imagen de funcionarios o titulares de los órganos, dependencias o entidades; los órganos, dependencias o entidades, no podrán convenir el pago de créditos fiscales, ni de cualquier otra obligación de pago a favor de los órganos, dependencias o entidades, a través de la prestación de servicios de publicidad, impresiones, inserciones y demás relativos a las actividades de comunicación social. Los medios de difusión del sector público podrán convenir con los del sector privado, la prestación recíproca de servicios de publicidad; no podrán realizarse traspasos de recursos de otros capítulos de gasto al concepto de servicios de comunicación social y publicidad de los presupuestos de los órganos, dependencias o entidades. Asimismo, no podrán incrementarse dichos conceptos de gasto, salvo en el caso de mensajes para atender situaciones de carácter contingente.

20. Para garantizar la libre concurrencia e igualdad en su adjudicación, la contratación de la publicidad institucional se ajustará a los principios de objetividad, publicidad, proporcionalidad y no-discriminación. Los contratos se firmarán por campaña publicitaria individual y nunca con un carácter global.

21. La realización de campañas de publicidad institucional sólo podrá contratarse mediante licitación pública. Y para la adjudicación de los contratos se proponen como criterios objetivos, en particular, las características de los destinatarios de la publicidad, el ámbito e implantación territorial y social y el nivel de difusión y audiencia de los diversos medios.

22. Los contratos de difusión publicitaria institucional que suscriban los sujetos obligados, no podrán excluir a ningún medio de comunicación que llegue a los destinatarios de la publicidad de que se trate, modulándose la cuota de participación en el contrato utilizando criterios objetivos, tales como la presencia territorial, la difusión y audiencia del medio y su capacidad para distribuirse entre sectores concretos de población.

23. Los órganos, dependencias o entidades deberán utilizar preferentemente los medios oficiales respecto de la contratación de medios de comunicación privados, cuando se encuentren en posibilidad de prestar servicios de información y difusión en condiciones similares de calidad y a tarifas competitivas.

24. Con el objeto de salvaguardar los principios de proporcionalidad y no discriminación en la contratación de la publicidad institucional y establecer expresamente en el texto legal bases de proporcionalidad, los órganos, dependencias o entidades estarán obligados a destinar: a la publicidad en diarios y revistas una cuota no inferior a 40% de los recursos presupuestados; a la publicidad a través de Internet una cuota no inferior al 5% de los recursos presupuestados, y una cuota no inferior al 10% de los recursos presupuestados para compensar a publicaciones que no hayan sido beneficiadas de cuotas equitativas de publicidad por cualquier causa diversa.

25. Los tiempos fiscales y los tiempos de Estado se repartirán de manera igualitaria entre los sujetos obligados, es decir, entre los Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía legal, y cualquier otra entidad federal. El país tiene la posibilidad enorme de generar un gran instrumento de radiodifusión pública en el uso equitativo, adecuado, transparente, democrático de los denominados tiempos fiscales y tiempos de Estado. Democratizar el uso de esos tiempos, dividirlo por poderes, por niveles de gobierno, por entidades del Estado, sería tener una palanca fundamental de un sistema de comunicación al servicio de la sociedad no sólo en la difusión de la educación y la cultura sino de verdadera orientación social y de debate nacional.

26. Los órganos, dependencias o entidades que requieran difundir materiales a través de tiempos fiscales o tiempos de Estado, tramitarán su solicitud a través de las respectivas Direcciones Generales de Publicidad Institucional. Y la solicitud para el uso de tiempos fiscales o tiempos de Estado deberá contener la siguiente información: estación o canal, con indicación de siglas y plaza; espacio programático en el que se desea insertar el mensaje gubernamental; duración del mensaje (20 o 30 segundos); número de impactos diarios; fecha tentativa de inicio de difusión de la campaña y vigencia de esta última.

27. Con el objetivo de no influir en la intención de voto de las ciudadanas y ciudadanos durante el proceso electoral, la publicidad institucional quedará suspendida 120 días antes de la realización de la jornada electoral. Lo anterior no es aplicable a las actividades publicitarias relacionadas con la organización y desarrollo de los correspondientes procesos electorales ni a las actividades publicitarias imprescindibles para la salvaguarda del interés general o para el desarrollo correcto de los servicios públicos. En las campañas institucionales para promover la participación en las elecciones, no pueden utilizarse eslóganes, simbología o elementos publicitarios claramente identificables con un partido político. Asimismo, los partidos políticos tampoco pueden utilizar durante el proceso electoral eslóganes, simbología o elementos publicitarios identificables con las campañas institucionales.

28. El control parlamentario en materia de publicidad institucional estará a cargo de una Comisión Bicamaral. La Comisión estará integrada por tres diputados y tres senadores electos por el pleno de cada Cámara y tendrá como atribución la evaluación y seguimiento del gasto ejercido por los sujetos obligados en materia de publicidad institucional, así como la publicación trimestral de los montos erogados.

En vista de las anteriores consideraciones, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente:

Iniciativa de decreto que expide la Ley Federal de Equidad y Transparencia para la Publicidad Institucional.

Unico: Se expide la Ley Federal de Equidad y Transparencia para la Publicidad Institucional, para quedar como sigue:

Ley Federal de Equidad y Transparencia para la Publicidad Institucional

Capítulo Primero
Disposiciones Generales

Artículo 1°.- La presente Ley es de orden público e interés social. Tiene como finalidad regular toda la actividad publicitaria que desarrollen los Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía legal, y cualquier otra entidad federal.

Artículo 2°.- En relación con los sujetos obligados, son objetivos de esta Ley:

I. Establecer las bases para la actividad publicitaria de carácter institucional que desarrollen mediante contratos de publicidad, difusión publicitaria, creación publicitaria o patrocinio;

II. Establecer lineamientos generales para la orientación, planeación, autorización, coordinación y supervisión de las estrategias, los programas y las campañas de comunicación social;

III. Establecer normas y lineamientos generales para el adecuado ejercicio de los recursos presupuestales destinados a servicios de difusión e información institucional.

Artículo 3°.- Para los fines de esta Ley se entenderá por: I. Sujetos obligados:

a) El Poder Ejecutivo Federal, la Administración Pública Federal y la Procuraduría General de la República;

b) El Poder Legislativo Federal, integrado por la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, la Comisión Permanente y cualquiera de sus órganos;

c) El Poder Judicial de la Federación y el Consejo de la Judicatura Federal;
d) Los órganos constitucionales autónomos;
e) Los tribunales administrativos federales, y
f) Cualquier otro órgano federal.

II. Campaña: Conjunto de mensajes elaborados por los órganos, dependencias o entidades para difundir temas específicos contenidos en el programa anual y derivados de la estrategia de comunicación;

III. Campaña emergente: Conjunto de mensajes elaborados por los órganos, dependencias o entidades para difundir información relativa a contingencias no previstas en el programa anual de comunicación social;

IV. Circulación pagada: Cifra total de ejemplares vendidos. Comprende las suscripciones, las ventas directas, las ventas a través de canales de distribución, los ejemplares vendidos a personas físicas, empresas o entidades que redistribuyen mediante un procedimiento definido, estable, verificable y que garantice la entrega a los destinatarios finales;

V. Cobertura geográfica: Región específica en donde se distribuye y vende el tiraje de un periódico o revista y se difunde la programación de un canal de televisión o estación de radio;

VI. Coemisor: Organos, dependencias o entidades que se unen a un esfuerzo de comunicación, compartiendo la misma visión sobre un tema específico para ser transmitido a través de un mensaje;

VII. Concepto rector: Eje conductor del mensaje o campaña, congruente con la estrategia y objetivos de comunicación;

VIII. Organos, dependencias o entidades: Los que de acuerdo a su normativa y funcionamiento componen la estructura orgánica de los sujetos obligados;

IX. DGPI: Dirección General de Publicidad Institucional;

X. Erogación: Todo recurso presupuestario ejercido, incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA), en bienes y servicios que sean susceptibles de ser registrados en las partidas de gasto por servicios de comunicación social y publicidad;

XI. Estrategia de comunicación: La estrategia es la planeación que involucra acciones de comunicación, cada una de las cuales responde a los objetivos centrales de los órganos, dependencias o entidades e implica la selección idónea de los instrumentos mediáticos y de lenguaje afines a la población-objetivo;

XII. Plan de medios: Medios seleccionados con su justificación respectiva, recursos asignados a cada uno de ellos, cobertura geográfica, programas o ubicación gráfica y/o programática, conceptualización del mensaje, producción, gastos de envío de materiales y evaluación del mensaje a difundir;

XIII. Población-objetivo: Conjunto de individuos con características similares a quienes se dirige un mensaje;

XIV. Programas de comunicación: Acciones derivadas de la estrategia de comunicación, encaminadas hacia el objetivo que persigue la dependencia o entidad, determinando la secuencia óptima de eventos en el tiempo con relación a los recursos disponibles;

XV. Propuesta de transmisión: Planteamiento de la dependencia o entidad que contiene los horarios, el número de impactos y las audiencias específicas para la difusión de campañas;

XVI. Recursos presupuestarios: Los que tienen asignados y aprobados los órganos, dependencias o entidades en el concepto servicios de comunicación social y publicidad;

XVII. Tiempos de Estado: Los referidos en el artículo 59 de la Ley Federal de Radio y Televisión y en el artículo 15 de su Reglamento;

XVIII. Tiempos fiscales: Los referidos en el decreto por el que se autoriza a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a recibir de los concesionarios de estaciones de radio y televisión el pago del impuesto que se indica, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 10 de octubre de 2002.

Artículo 4°.- La publicidad institucional debe servir con objetividad los intereses generales, promoverá la cohesión e integración de la sociedad, sometiéndose siempre a las reglas de eficiencia, eficacia y veracidad.

Artículo 5°.- La inserción de la publicidad institucional debe realizarse de acuerdo con criterios de implantación social y difusión del correspondiente medio informativo. Cuando la tipología del anuncio a difundir implique como destinatario a un sector de la población específico, es preciso aplicar los criterios de difusión más adecuados a su distribución, con su correspondiente justificación.

Artículo 6°.- Se prohíbe cualquier forma de publicidad institucional para fines de propaganda política o que implique de manera explícita o implícita la promoción personal de los servidores públicos. Los mensajes informativos a efectos de promoción de derechos económicos, sociales y culturales deben de limitarse a lo estrictamente necesario para la finalidad señalada, sin contener juicio de valor alguno sobre la actividad de los sujetos obligados, ni podrán directa o indirectamente por falta a la verdad, omisión, exageración o ambigüedad, inducir a error en cuanto al contenido de la medida anunciada, quedando sujetos a las disposiciones de esta ley en cuanto a los principios de licitud, identificabilidad, veracidad y publicidad encubierta.

Artículo 7°.- La publicidad institucional podrá realizarse en cualquier tipo de formato, soporte o medio de difusión. Se reconoce a Internet como medio o canal para dirigir publicidad institucional.

Artículo 8°.- Se prohíbe el uso o inserción de publicidad redaccional o gacetillas como medio de publicidad institucional.

Artículo 9°.- Los sujetos obligados promoverán la participación de la iniciativa privada en las campañas de publicidad institucional, en aquellos casos que por su naturaleza sea pertinente.

Capítulo Segundo
De los Objetivos y Principios de la Publicidad Institucional

Artículo 10°.- La publicidad institucional está al servicio de la sociedad y debe cumplir con alguno de los siguientes objetivos:

I. Promover y defender los valores que consoliden la democracia, la libertad, la convivencia y la solidaridad;

II. Informar sobre los derechos y obligaciones;

III. Informar sobre la existencia de los órganos, entidades e instituciones públicas, composición y funcionamiento de las actividades que llevan a cabo, de los servicios que presten o de los productos que promocionan;

IV. Informar de las actividades que realicen los sujetos obligados en el ámbito de sus atribuciones o competencia;

V. Promover y difundir la imagen del país o de alguna entidad federativa;

VI. Constituir un instrumento útil para el desarrollo global o del sector a que va dirigida, y velar por los derechos de las personas destinatarias y por el respeto de la ética publicitaria;

VII. Promover la prevención y protección de la integridad física y el patrimonio de los habitantes;

VIII. Sensibilizar a ciudadanas y ciudadanos, fomentando conductas o hábitos para la convivencia y el bienestar social, el compromiso con una sociedad igualitaria y los valores de la democracia;

IX. Difundir los procesos electorales y el fomento del ejercicio del derecho al voto;

X. Divulgar mensajes que contribuyan a implicar a los ciudadanos y ciudadanas en el proceso de construcción de una sociedad avanzada desde el punto de vista de la justicia social, de su progreso económico y social y de su conciencia cívica.

Artículo 11°.- En todo caso la publicidad institucional no podrá tener en sus contenidos carácter engañoso, desleal, subliminal o encubierto, y deberá arreglarse a los siguientes principios: I. La utilización no partidista de la publicidad institucional: ninguna comunicación publicitaria institucional debe ser partidista, ni tener puntos de similitud con la publicidad que lleve a cabo ningún partido político para su propia imagen o la captación de afiliados. Siempre es preciso desmarcar claramente la publicidad institucional de la propaganda política. En este sentido, debe evitarse la confusión y coincidencia de las campañas institucionales con las campañas electorales, con excepción de las campañas institucionales referidas al propio proceso electoral;

II. La publicidad institucional debe ser claramente identificable: la publicidad institucional no debe confundir a los ciudadanos y ciudadanas. Debe tener elementos de identificación suficientemente claros para no inducir a confusión alguna;

III. El respeto a la legalidad y al ordenamiento constitucional: la publicidad institucional debe respetar la legislación vigente y, de forma especial, los valores, derechos y principios que inspiran el ordenamiento constitucional;

IV. La veracidad: los anuncios institucionales deben ser claros y completos. La publicidad institucional no debe conducir a conclusiones erróneas, ni por ambigüedad, por inexactitud de datos o por omisión u otras circunstancias;

V. El tono y el nivel del mensaje: los mensajes que se utilicen en publicidad deben ser fácilmente comprensibles para el nivel medio del público al que van dirigidos. Sólo en el caso de actuaciones dirigidas a segmentos de población especializados pueden utilizarse expresiones y conceptos técnicos de comprensión dificultosa para los ciudadanos y ciudadanas de nivel cultural medio. El mensaje debe evitar las actitudes paternalistas, de forma que las personas no se sientan infravaloradas. Nunca se explotará la ingenuidad, inmadurez, inexperiencia o credulidad natural. Al contrario, debe promover el espíritu crítico;

VI. La no incitación a la violencia o a las actitudes incívicas ni la explotación del miedo: la publicidad institucional no debe incitar, directa o indirectamente, a la violencia ni a comportamientos antisociales, ni debe sugerir ventajas en las actitudes de violencia. Tampoco puede ofrecer argumentos que se aprovechen del miedo, el temor o las supersticiones de las personas destinatarias, ni promover prácticas peligrosas;

VII. Los derechos de la personalidad: la publicidad institucional debe respetar los derechos al honor, la intimidad y la propia imagen;

VIII. El respeto al medio ambiente: la publicidad institucional debe fomentar el respeto al medio ambiente. Los medios y soportes que utilicen las comunicaciones institucionales deben corresponderse con dicho criterio y deben servir de ejemplo para el conjunto de la población;

IX. Respeto a la diversidad: la publicidad institucional debe velar especialmente por el respeto a la diversidad, particularmente la que tiene su origen en razones económicas, culturales, étnicas, de género, religiosas o de orientación sexual;

X. Los datos técnicos: todos los datos difundidos en la publicidad institucional deben ser relevantes y comprobables, y no puedan dar lugar a error. Todas las comparaciones deben ser objetivas y verificables. No puede crearse confusión ni mezcla de mensajes;

XI. Los testimonios: si la publicidad institucional incluye personas que realizan recomendaciones o dan testimonios, éstos deben responder a la verdad, tanto en lo que se refiere a la persona que recomienda o que testimonia como en lo que se refiere al contenido de la recomendación o testimonio. Por lo tanto, o plantea casos reales o informa de que se trata de una dramatización;

XII. La denigración: en la publicidad institucional no debe denigrar, implícita o explícitamente, a otras instituciones, empresas o personas;

XIII. La protección de los niños y adolescentes: La publicidad institucional destinada a estos segmentos de población debe ser extremadamente cuidadosa. No puede explotarse la inseguridad o inmadurez de las personas ni la credulidad natural de los niños, ni tampoco puede abusarse de su sentido de lealtad. Por otro lado, la publicidad institucional sí que debe prever cuanto ayude a la protección de la infancia y adolescencia, con campañas extremadamente cuidadosas y formativas;

XIV. La no discriminación: La publicidad institucional debe respetar, difundir y promover los derechos fundamentales de las personas. No puede ser discriminatoria, sino que, por el contrario, debe promover el respeto por las diversidades. No debe sugerir circunstancias de discriminación por razones de raza, nacionalidad, religión, sexo u orientación sexual ni atentar contra la dignidad de la persona;

XV. La no competencia desleal con la publicidad privada: las campañas de publicidad institucional deben evitar siempre el incurrir en la competencia desleal respecto a las iniciativas privadas.

Artículo 12°.- Se prohíben los mensajes publicitarios que por su contenido, forma de presentación o difusión: I. Vulneren los valores democráticos o los derechos reconocidos en la Constitución y las leyes;

II. Atenten contra la dignidad y derechos de la persona, especialmente en lo que se refiere a la infancia, la juventud y la mujer;

III. Provoquen el descrédito, denigración o menosprecio directo o indirecto de una persona física o jurídica, privada o pública;

IV. Tengan carácter sexista, discriminatorio o racista o atenten a los derechos de la infancia;

V. Mediante técnicas de producción de estímulos de intensidades fronterizas con los umbrales de los sentidos o análogas, pueda actuar sobre le público destinatario sin ser conscientemente percibida.

Capítulo Tercero
De las Direcciones Generales de Publicidad Institucional

Artículo 13°.- De acuerdo con su normativa y funcionamiento propios, a la estructura orgánica de cada uno de los sujetos obligados se integrará una Dirección General de Publicidad Institucional con las siguientes atribuciones:

I. Formular y coordinar la aplicación de la política de comunicación social y publicidad institucional de la institución;

II. Establecer relaciones de coordinación con los medios de comunicación oficiales y privados;

III. Fijar las bases para la orientación, planeación, autorización, coordinación y supervisión de los programas, estrategias y campañas de comunicación social y publicidad institucional de los órganos, dependencias o entidades de la institución;

IV. Asegurar, mediante la participación conjunta de los órganos, dependencias o entidades que las campañas de publicidad institucional informen oportuna y verazmente a la sociedad sobre los planes, programas y actividades gubernamentales, así como sobre el cumplimiento de los mismos;

V. Evaluar las campañas publicitarias de la institución.

Artículo 14°.- Las Direcciones Generales de Comunicación Social publicarán y rendirán informe trimestral detallado a la entidad de fiscalización superior de la Federación de la Cámara de Diputados y a la Comisión Bicamaral, sobre el desarrollo y cumplimiento de los objetivos de programas y campañas de publicidad institucional y su evaluación, así como sobre el manejo y aplicación de recursos destinado a los mismos.

Capítulo Cuarto
De los Programas, Estrategias y Campañas de Publicidad Institucional

Artículo 15°.- Los órganos, dependencias o entidades deberán planear oportuna y adecuadamente sus campañas de publicidad institucional. La planeación deberá aplicarse mediante una estrategia de comunicación y un programa anual.

Artículo 16°.- Con el objeto de garantizar su vinculación con las políticas y los planes generales y sectoriales de los sujetos obligados, los órganos, dependencias o entidades deberán desahogar las solicitudes de autorización de estrategias, programas y campañas de publicidad institucional ante las respectivas Direcciones Generales de Publicidad Institucional. Las solicitudes de autorización de las estrategias y programas se formularán dentro de los primeros 30 días naturales de cada año; las de campañas ordinarias o extraordinarias con 15 días de anticipación a su difusión.

Artículo 17°.- Las estrategias de comunicación deberán contener los siguientes elementos:

I. Misión: objetivo que persiguen los órganos, dependencias o entidades, tomando en cuenta la problemática que enfrenta;

II. Visión: descripción del escenario deseable del país en el ámbito de acción que se inserta el órgano, dependencia o entidad correspondiente;

III. Objetivos estratégicos vinculados con la planeación sectorial y programas prioritarios del respectivo sujeto obligado;

IV. Objetivos de comunicación, posicionamiento y conceptos prioritarios a comunicar.

Artículo 18°.- Los programas deberán contener los siguientes elementos: I. Relación de campañas programadas especificando su prioridad, concepto rector, objetivos y metas, explicitación de la población-objetivo, cobertura geográfica, calendarización, tipo de medio de difusión a utilizar y el uso, en su caso, de tiempos fiscales y de Estado;

II. Mención del tipo de eventos que podrían llevar a modificar el programa anual;

III. Explicitar, en su caso, la vinculación intrasectorial o mencionar a los órganos, dependencias o entidades de la misma institución con los cuales se elaborarán campañas conjuntas;

IV. Explicitar, en su caso, la vinculación o mencionar a los órganos, dependencias o entidades con los cuales se elaborarán campañas conjuntas;

V. Estudio o investigación que se realizará durante el año para medir la pertinencia y efectividad de las campañas;

VI. Planeación de erogaciones, distribución trimestral de los recursos presupuestarios de acuerdo con los medios de difusión y servicios programados;

VII. Justificación y descripción preliminar de las campañas de publicidad institucional que se pretende llevar a cabo, clasificando las mismas en ordinarias, extraordinarias y emergentes;

VIII. Propuesta y justificación de la selección de medios de difusión de acuerdo con el público objetivo definido, cobertura, equilibrio informativo e impacto de los mismos;

IX. Estrategia de comunicación social acorde con los objetivos y prioridades establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo vigente, así como en los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales emanados del mismo, que resulten aplicables;

X. Proyecto de presupuesto para llevar a cabo las acciones comprendidas en el programa.

Artículo 19°.- Las solicitudes de autorización de campañas ordinarias y extraordinarias contendrán los siguientes elementos: I. Datos sobre la identificación de la campaña y su vigencia;

II. Concepto rector de la campaña, vinculado con el objetivo anual de comunicación;

III. Objetivo comunicacional específico y meta a alcanzar de la campaña;

IV. Características de la población-objetivo que se pretende alcanzar, con su precisa ubicación geográfica;

V. Coemisores de la campaña, si los hay;

VI. Muestra preliminar de los materiales a difundir (guiones radiofónicos o visuales, boceto de los materiales que se imprimirán, bosquejos gráficos y cualquier otro tipo de presentación previa a la producción definitiva de una campaña);

VII. Plan de medios y propuesta de transmisión especificando las razones de la elección de cada medio, así como los espacios dentro de éstos;

VIII. Recursos presupuestarios disponibles para la producción y difusión de la campaña, acordes con el programa aprobado.

Artículo 20°.- Se exceptuarán de autorización, las campañas de publicidad institucional emergentes que se difundan cuando: I. Peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o región del país como consecuencia de desastres producidos por fenómenos naturales;

II. Existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes debidamente justificados;

III. Se realicen con fines exclusivamente militares o para la Armada, o sean necesarios para garantizar la seguridad interior de la Nación.

Artículo 21°.- No se podrán realizar modificaciones a las estrategias y programas de publicidad institucional aprobados, salvo en los casos en que circunstancias extraordinarias o no contempladas al principio del ejercicio representen problemas en la ejecución de las campañas.

Capítulo Quinto
De los Recursos Presupuestarios para la Publicidad Institucional

Artículo 22°.- Los recursos presupuestarios destinados a sufragar los gastos de la publicidad institucional, deberán estar previamente autorizados y asignados a las partidas de gasto del concepto servicios de comunicación social y publicidad.

Artículo 23°.- La erogación de recursos presupuestarios por concepto de publicidad institucional deberá sujetarse a las disposiciones que, en materia de austeridad y racionalidad del gasto, emitan al efecto las autoridades competentes, así como a las establecidas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento.

Artículo 24°.- En el caso de recursos provenientes de créditos externos, donaciones o patrocinios, cuya aplicación se destine a sufragar los gastos en materia de publicidad institucional, deberán observarse las normas presupuestarias vigentes. Estos recursos, no se consideran como parte de la planeación de erogaciones del programa.

Artículo 25°.- A las erogaciones en materia de publicidad institucional se aplicarán las siguientes restricciones:

I. En ningún caso y bajo ninguna circunstancia podrán usarse recursos presupuestarios con fines distintos a los de la estrategia de comunicación y el programa anual. Tampoco podrán utilizarse recursos presupuestarios con fines de promoción de imagen de funcionarios o titulares de los órganos, dependencias o entidades;

II. Los órganos, dependencias o entidades, no podrán convenir el pago de créditos fiscales, ni de cualquier otra obligación de pago a favor de los órganos, dependencias o entidades, a través de la prestación de servicios de publicidad, impresiones, inserciones y demás relativos a las actividades de comunicación social. Los medios de difusión del sector público podrán convenir con los del sector privado, la prestación recíproca de servicios de publicidad;

III. No podrán realizarse traspasos de recursos de otros capítulos de gasto al concepto de servicios de comunicación social y publicidad de los presupuestos de los órganos, dependencias o entidades. Asimismo, no podrán incrementarse dichos conceptos de gasto, salvo en el caso de mensajes para atender situaciones de carácter contingente.

Artículo 26°.- Las erogaciones de recursos presupuestarios que los órganos, dependencias o entidades realicen en el concepto servicios de comunicación social y publicidad, deberán ser reportadas mensualmente a la correspondiente Dirección General de Publicidad Institucional en los 15 días naturales siguientes al término del mes en cuestión, mediante informe que contendrá: I. Partida de gasto afectada en la erogación;
II. Fecha de la erogación;
III. Póliza o número consecutivo y referencia de la operación;
IV. Descripción del servicio contratado;
V. Unidad de medida;

VI. Cantidad (número de unidades de medida contratadas);
VII. Costo, tarifa o cuota unitaria contratada;
VIII. Monto total erogado (incluido el IVA);
IX. Nombre de la persona física o moral y su RFC;
X. Demás observaciones que se estimen convenientes.

Artículo 27°.- Los órganos, dependencias o entidades únicamente podrán destinar recursos presupuestarios para la difusión de campañas a través de radio y televisión, una vez que se hayan agotado los tiempos fiscales y los tiempos legales. Quedan exceptuadas de esta disposición los órganos, dependencias o entidades que por la naturaleza de sus programas, requieran de tiempos y audiencias específicos.

Capítulo Sexto
De los Criterios de Contratación para la Publicidad Institucional

Artículo 28°.- Para garantizar la libre concurrencia e igualdad en su adjudicación, la contratación de la publicidad institucional se ajustará a los principios de objetividad, publicidad, proporcionalidad y no discriminación. Los contratos se firmarán por campaña publicitaria individual y nunca con un carácter global.

Artículo 29°.- La realización de campañas de publicidad institucional sólo podrá contratarse mediante licitación pública. Para la adjudicación de los contratos se tendrán e cuenta, en particular, las características de los destinatarios de la publicidad, el ámbito e implantación territorial y social y el nivel de difusión y audiencia de los diversos medios.

Artículo 30°.- Con el objeto de salvaguardar los principios de proporcionalidad y no discriminación en la contratación de la publicidad institucional, los órganos, dependencias o entidades están obligados a destinar:

I. A la publicidad en diarios y revistas una cuota no inferior a 40% de los recursos presupuestados;

II. A la publicidad a través de Internet una cuota no inferior al 5% de los recursos presupuestados;

III. Una cuota no inferior al 10% de los recursos presupuestados para compensar a publicaciones que no hayan sido beneficiadas de cuotas equitativas de publicidad por cualquier causa diversa.

Artículo 31°.- Los órganos, dependencias o entidades deberán utilizar preferentemente los medios oficiales respecto de la contratación de medios de comunicación privados, cuando se encuentren en posibilidad de prestar servicios de información y difusión en condiciones similares de calidad y a tarifas competitivas.

Artículo 32°.- Los contratos de difusión publicitaria institucional que suscriban los sujetos obligados, no podrán excluir a ningún medio de comunicación que llegue a los destinatarios de la publicidad de que se trate, modulándose la cuota de participación en el contrato utilizando criterios objetivos, tales como la presencia territorial, la difusión y audiencia del medio y su capacidad para distribuirse entre sectores concretos de población.

Capítulo Séptimo
De los Tiempos Fiscales y los Tiempos de Estado

Artículo 33°.- Los tiempos fiscales y los tiempos de Estado se repartirán de manera igualitaria entre los sujetos obligados.

Artículo 34°.- Los órganos, dependencias o entidades que requieran difundir materiales a través de tiempos fiscales o tiempos de Estado, tramitarán su solicitud a través de las respectivas Direcciones Generales de Publicidad Institucional.

Artículo 35°.- La solicitud para el uso de tiempos fiscales o tiempos de Estado deberá contener la siguiente información: estación o canal, con indicación de siglas y plaza; espacio programático en el que se desea insertar el mensaje gubernamental; duración del mensaje (20 o 30 segundos); número de impactos diarios; fecha tentativa de inicio de difusión de la campaña y vigencia de esta última.

Artículo 36°.- No se transmitirán a través de tiempos fiscales o tiempos de Estado las campañas que impliquen competencia a las actividades inherentes a la radiodifusión comercial.

Capítulo Octavo
De la Publicidad Institucional Durante el Proceso Electoral

Artículo 37°.- Con el objetivo de no influir en la intención de voto de las ciudadanas y ciudadanos:

I. Durante el proceso electoral, la publicidad institucional quedará suspendida 120 días antes de la realización de la jornada electoral;

II. Lo dispuesto en la fracción anterior no es aplicable a las actividades publicitarias relacionadas con la organización y desarrollo de los correspondientes procesos electorales ni a las actividades publicitarias imprescindibles para la salvaguarda del interés general o para el desarrollo correcto de los servicios públicos;

III. En las campañas institucionales para promover la participación en las elecciones, no pueden utilizarse eslóganes, simbología o elementos publicitarios claramente identificables con un partido político. Asimismo, los partidos políticos tampoco pueden utilizar durante el proceso electoral eslóganes, simbología o elementos publicitarios identificables con las campañas institucionales;

IV. En los contratos suscritos o adjudicados para realizar publicidad institucional, se incluirán cláusulas con el contenido normativo necesario para que lo previsto en este artículo sea efectivo y exigible.

Capítulo Noveno
Del Control Parlamentario en Materia de Publicidad Institucional

Artículo 38. El control parlamentario en materia de publicidad institucional estará a cargo de una Comisión Bicamaral:

I. La Comisión estará integrada por tres diputados y tres senadores electos por el pleno de cada Cámara.

II. La comisión tendrá como atribución la evaluación y seguimiento del gasto ejercido por los sujetos obligados en materia de publicidad institucional, así como la publicación trimestral de los montos erogados.

Transitorios

Primero. La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan al presente ordenamiento.

Palacio Legislativo de San Lázaro a los veinticinco días del mes de noviembre de dos mil tres.

Dip. Cristina Portillo Ayala (rúbrica)

QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y ESTABLECE UN SUBSIDIO PARA EL EMPLEO, A CARGO DEL DIPUTADO GUSTAVO ENRIQUE MADERO MUÑOZ, PRESIDENTE DE LA COMISION DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

El suscrito Gustavo Enrique Madero Muñoz, diputado de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta H. Cámara de Diputados la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se Reforman, Adicionan y Derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta y se Establece un Subsidio para el Empleo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Ley del Impuesto Sobre la Renta

El 1 de enero de 2002, entró en vigor una nueva Ley del Impuesto sobre la Renta que esta Soberanía aprobó, lo que representó un importante avance en materia de simplificación del gravamen, con el fin de mejorar la actitud hacia el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes, al tiempo de otorgarles mayor seguridad jurídica y reducir sus costos administrativos.

En este sentido, en el impuesto sobre la renta empresarial se incorporaron modificaciones que lo simplificaron, tales como sustituir el cálculo mensual del componente inflacionario, por un ajuste por inflación que sólo se debe realizar una vez al año y la eliminación de la obligación de realizar el ajuste semestral a los pagos provisionales.

Asimismo, en el caso de personas físicas y de los contribuyentes de los sectores de autotransporte y sector primario, se estableció la causación del impuesto sobre la renta sobre la base de flujo de efectivo.

Adicionalmente, se incorporaron esquemas de fomento a la inversión productiva, como la deducción inmediata de las inversiones, que tiene por objeto una mejor redistribución de la inversión y el empleo, y con ello, mayores oportunidades de crecimiento.

También esta Soberanía aprobó la eliminación de regímenes preferenciales que propiciaban tratamientos inequitativos para algunos sectores de la población, como el caso del viejo régimen de los sectores primario y de autotransporte el cual se sustituyó por un nuevo régimen que, sin afectar las formas organizativas de los contribuyentes, otorgó mayor equidad al eliminarse tratamientos de excepción que la Ley otorgaba.

Aunado a lo anterior, una de las medidas importantes que se aprobaron en la nueva Ley del Impuesto sobre la Renta, fue la de globalización de los ingresos de las personas físicas, generando con ello información sobre la totalidad de los ingresos obtenidos por los contribuyentes lo que facilitará la vigilancia del cumplimiento de las obligaciones fiscales.

Estas medidas legislativas mejoraron el diseño del impuesto sobre la renta, permitiendo el crecimiento de la recaudación durante los años de 2002 y 2003, al hacer más eficiente el impuesto e inducir a quienes estaban incumpliendo o cumpliendo mal con el pago, a cumplir y hacerlo correctamente.

Por tanto, dicho proceso legislativo generó un importante avance en el esquema tributario; sin embargo, la actual ley aún contempla un sistema complejo para el cálculo del impuesto sobre la renta de las personas físicas, al tener que aplicar hasta 50 tarifas para determinar el pago del impuesto, lo que desalienta el cumplimiento de las disposiciones fiscales.

Es importante señalar que la evasión fiscal se origina con base en tres principales causas: la cultura fiscal de los contribuyentes; la administración de los impuestos por parte de las autoridades fiscales, y por último, el diseño de los impuestos.

Por ello, se estima necesario establecer una simplificación en el esquema tributario basado en la aplicación de una sola tarifa del impuesto sobre la renta, que genere un incentivo al cumplimiento espontáneo y que permita a cualquier persona calcular el impuesto de manera simple y certera.

Como se puede observar, la aprobación de la Ley del Impuesto sobre la Renta y las modificaciones que ahora se proponen a esta Soberanía, pretenden mejorar substancialmente el diseño del impuesto, con lo cual se busca evitar maniobras de evasión y elusión fiscales.

Bajo este orden de ideas, se considera que las modificaciones que se proponen pueden mejorar cualitativamente la estructura del marco legal tributario, con el objeto de alcanzar mayor simplicidad y seguridad jurídica, que redunde en un mejor cumplimiento y administración de los impuestos.

Reducción de la tasa del impuesto sobre la renta empresarial

Con la entrada en vigor de la nueva Ley del Impuesto sobre la Renta en el año de 2002, se estableció una reducción gradual de la tasa para pasar del 35% en dicho año hasta llegar al 32%, en el ejercicio fiscal de 2005.

Bajo esta premisa, se propone a esta Soberanía disminuir la tasa del impuesto sobre la renta, aplicable a las personas morales, a una tasa del 30%. Sin embargo, dado el impacto recaudatorio que implica la medida propuesta, se estima conveniente que la desgravación sea paulatina, de tal forma que a partir del ejercicio de 2004 la tasa aplicable sea del 33%, en el ejercicio de 2005 sea de 31.5%, y a partir del 2006 la tasa quede en 30%.

La reducción de la tasa del impuesto empresarial es necesaria para mejorar la competitividad de nuestras empresas. Esta competitividad tiene varias vertientes, es importante para atraer inversión extranjera y reducir los precios de las mercancías exportadas, pero también para que las mercancías nacionales puedan competir en el país frente a las mercancías extranjeras.

La reforma que se propone da la señal a los inversionistas mexicanos y extranjeros, para que al planear sus inversiones en México tomen en consideración la reducción futura del impuesto sobre la renta y se pueda construir un círculo virtuoso de mayor ahorro e inversión, y con ello, generar más empleos y mejor remunerados, con los beneficios que implica, pues su efecto multiplicador permitirá aumentar la recaudación, compensando el efecto de la disminución del gravamen.

Debe tomarse en consideración que las inversiones que se realicen en 2004 empezarán a producir utilidades dos o más años después de efectuada la inversión, por lo que la señal que se da a los inversionistas consiste en invertir lo más pronto posible y gozar la reducción de la tarifa.

No obstante lo anterior, cabe señalar a esta soberanía, que se ha buscado un equilibrio con las tasas de los países exportadores de capital, normalmente más altas, para evitar que una reducción excesiva del impuesto se traduzca en una transferencia de impuestos al país exportador de capital, al gravarse en el país de origen las utilidades retornadas.

Asimismo, derivado de la modificación a la tasa del impuesto sobre la renta, resulta necesario ajustar los factores que se utilizan en el caso de la distribución de dividendos o utilidades, a fin de que éstos guarden relación con la aplicación de las nuevas tasas impositivas. Es importante destacar que la aplicación de los factores deberá realizarse en el año en que se distribuyan dichas utilidades o dividendos, aplicando el que corresponda en el ejercicio de acuerdo a la tasa del impuesto sobre la renta que se encuentre vigente en dicho año.

Simplificación de la tarifa de las personas físicas

En el caso de las personas físicas se plantea un sistema más sencillo para calcular el impuesto, con base en el establecimiento de una sola tarifa en lugar del sistema actual de 50.

Se propone a esta Soberanía una nueva tarifa aplicable a las personas físicas, estructurada de manera sencilla en dos tramos, lo que permite una mayor simplificación en el cálculo del impuesto, manteniendo libres de carga fiscal a los contribuyentes de menor capacidad contributiva.

Por ello, aunado a la nueva tarifa, se establece una desgravación general en el gravamen para aquellos contribuyentes que obtengan ingresos hasta de $76,000.00 anuales, con lo cual el 80% de los trabajadores asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social quedarán dentro de la exención mencionada, evitando así afectar el ingreso disponible de este sector de contribuyentes.

La deducción de $76,000.00 anuales mantiene la progresividad del gravamen para los que obtienen ingresos superiores a esa cantidad, ya que el excedente gravable será mayor en tanto perciban mayores ingresos y por lo tanto, aún cuando les sea aplicable la tasa del 25%, pagarán una tasa efectiva de impuestos mayor, medida respecto de la totalidad de sus ingresos.

En este orden de ideas, la nueva estructura de la tarifa y el establecimiento de la deducción de $76,000.00 que se propone, permite eliminar el subsidio y el crédito al salario, sin que se vean afectados los contribuyentes de menores ingresos, logrando con ello simplificar en gran medida el cálculo del impuesto, de manera tal que cualquier asalariado, profesionista o empresario, pueda calcular el impuesto sobre la renta que le corresponde de manera simple y certera.

Con esta tarifa se favorece en forma importante a aquellos patrones con poca capacidad administrativa, ya que no requerirán de los servicios de un experto para efectuar el cálculo de las retenciones correspondientes a sus trabajadores, dado que lo podrá hacer el mismo patrón.

Por otra parte, los mismos trabajadores podrán verificar si el impuesto sobre la renta que se les retiene es el correcto, cosa que hoy, aún acudiendo a expertos, no pueden hacerlo pues no cuentan con la información del patrón para cuantificar el monto del subsidio acreditable.

Además, el reducir el número de tramos que integran la tarifa, extendiendo el monto de ingresos en cada uno de sus escalones, evita desalentar el esfuerzo de los contribuyentes por incrementar sus ingresos a través de trabajo adicional, ya que la carga fiscal por el aumento de sus percepciones se mantiene prácticamente constante.

Es importante destacar que la tasa marginal máxima de la tarifa, se propone sea igual a la tasa del impuesto sobre la renta de las sociedades mercantiles, con lo cual se evita generar arbitrajes entre la sociedad y sus principales accionistas.

Asimismo, de aprobarse la nueva estructura de la tarifa de personas físicas, se simplificará en gran medida el cálculo de los pagos provisionales de aquellos contribuyentes que obtengan ingresos por fuentes distintas a la de salarios, pues el monto de sus ingresos que exceda de $76,000.00 anuales y hasta $5?000,000.00 se encontrará gravado con una tasa del 25%, la parte que rebase esta última cantidad se gravará a la misma tasa de sociedades mercantiles.

Otro aspecto importante a destacar es que los trabajadores que se encuentren exentos del impuesto sobre la renta, gozarán de un subsidio para el empleo, lo que permitirá que los de menor capacidad contributiva mantengan el mismo ingreso disponible y no se vean afectados por la eliminación del crédito al salario del que actualmente gozan.

Acorde con la propuesta de establecer una tarifa más sencilla y una disminución en el pago del gravamen, es indispensable ampliar la base gravable del impuesto.

En congruencia con lo antes expresado, se considera necesario eliminar todas aquellas exenciones que representan ingresos recurrentes o monetizables para los contribuyentes y que dado el objeto del impuesto sobre la renta, constituyen ingresos que deben formar parte de la base gravable.

Es importante destacar que la ampliación de la base no pretende incrementar la contribución de las personas de menores ingresos, al permitir que aquellos contribuyentes con ingresos hasta de $76,000.00 en el año, conserven la desgravación total del impuesto y a partir de esta cantidad cubran su impuesto fundamentalmente con la tasa del 25%, pero desgravando en todos los casos los primeros $76,000.00. Debe señalarse que esta deducción permite liberar de la carga fiscal a todos aquellos contribuyentes que actualmente se encuentran hasta el tramo de la tarifa en la que se aplica una tasa marginal máxima del 25%, con lo cual se evita afectar el ingreso disponible de este sector de contribuyentes.

Por lo que hace a la exención de jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, pensiones vitalicias u otras formas de retiro, que se establece en la fracción III del artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se propone disminuir el monto de la exención a 5.2 veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente, con el fin de ajustarla a la nueva tarifa del impuesto sobre la renta, la cual contempla una deducción de $76,000.00 anuales que equivalen a 4.8 salarios mínimos anuales, que sumados al monto de la exención referida, liberaría del gravamen hasta $158,847.70 anuales por este concepto de ingreso, manteniéndoles de esta forma libres de gravamen más de los nueve salarios mínimos generales elevados al año que hoy están exentos.

Por lo que hace a las prestaciones de seguridad social que otorgan las instituciones públicas a que se refiere la fracción V del artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se propone aclarar que estas prestaciones se encuentran exentas del gravamen cuando las mismas se otorguen de conformidad con las leyes de seguridad social.

En cuanto a las prestaciones de previsión social, se propone precisar los conceptos incluidos en la exención. Así, en el caso de ingresos percibidos por actividades culturales y deportivas, se considera conveniente establecer que la exención aplicará únicamente cuando dichas prestaciones se otorguen en servicio o en especie y además, se concedan de manera general de acuerdo con las leyes o contratos colectivos de trabajo.

Cabe señalar que de conformidad con lo establecido en el artículo 123, Apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los trabajadores del Estado también pueden gozar de prestaciones de previsión social otorgadas por las dependencias o entidades de la administración pública federal; sin embargo, dichos trabajadores no se encuentran sujetos a contratos colectivos de trabajo, por lo que con el objeto de que el beneficio de la exención sea aplicable también a este tipo de trabajadores, se considera necesario establecer como condicionante de la exención el que dichas prestaciones de previsión social se otorguen de conformidad con las Condiciones Generales de Trabajo que se expidan en los términos del artículo 87 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional.

Lo anterior, permitirá dar el mismo tratamiento fiscal a los ingresos percibidos por actividades culturales y deportivas a todos los trabajadores del país, sin importar si estos prestan sus servicios en la iniciativa privada o en el sector público.

Actualmente, la fracción XVII del artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, exenta del pago de impuesto a las cantidades que entreguen las instituciones de seguros a sus asegurados o beneficiarios cuando ocurra el riesgo amparado, señalándose en el cuarto párrafo de dicha fracción que el riesgo amparado se calculará tomando en cuenta todas las pólizas de seguros que cubran el riesgo de muerte, invalidez, pérdidas orgánicas o incapacidad.

Sin embargo, es importante destacar que la exención no se encuentra condicionada a que el riesgo amparado se cubra hasta un monto predeterminado, por lo que se estima que no es necesario establecer que para determinar el riesgo amparado se considere el monto que cubran todas las pólizas que tenga el contribuyente. Por lo anterior, se propone a esta Soberanía eliminar el cuarto párrafo de la fracción XVII del artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Las anteriores medidas permitirán simplificar el cálculo del impuesto sobre la renta, eliminando las tablas de cálculo del subsidio de las personas físicas, combinado con una tarifa sencilla, que otorga una mejor equidad horizontal y vertical para los contribuyentes.

Sector primario

Actualmente los contribuyentes dedicados exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas, gozan de una reducción del pago del impuesto sobre la renta del 50%, beneficio que se otorga únicamente a este sector de contribuyentes.

Estos contribuyentes normalmente realizan operaciones con otros con los que están relacionados, al tener intereses en común. En casos similares las disposiciones fiscales obligan a que estas empresas que la Ley designa como "partes relacionadas" pacten sus precios conforme a lo que la propia ley denomina "precios de transferencia".

Las reglas sobre precios de transferencia son aceptadas por la comunidad internacional, y obligan a que las sociedades pacten sus operaciones a precios de mercado, para evitar que ubiquen artificiosamente sus utilidades en empresas de menor carga fiscal.

Se propone a esta Soberanía que en el caso de contribuyentes del sector primario, se apliquen las reglas sobre precios de transferencia para evitar que las utilidades de otros sectores, mediante artificios, gocen de la reducción del 50% destinada al sector primario.

En este sentido, los precios de transferencia tratan de impedir que las utilidades o pérdidas generadas en una empresa, sean trasladadas a otra empresa del grupo que goza de mayores beneficios fiscales por sus características particulares, por medio de operaciones artificiales tales como el incremento por encima de los precios del mercado de los productos agrícolas, o la adquisición de bienes y servicios a precios superiores a los de mercado.

Por ello, los precios de transferencia evitan la configuración de actos cuya pretensión no vaya acorde con el comportamiento tributario del contribuyente y trata de cerrar las brechas que permiten la manipulación en las operaciones, logrando que se observen los principios tributarios que enmarcan dichas operaciones de negocios.

En este orden de ideas, a veces dichas operaciones son utilizadas como instrumentos para obtener beneficios fiscales indebidos, ya que permiten dirigir las utilidades o pérdidas generadas de una empresa a otra, dependiendo de la conveniencia de las partes involucradas para trasladar la carga fiscal, como en el caso de este sector de contribuyentes, donde la disminución de la tasa del impuesto al 50% puede generar trasladar utilidades de empresas que no tienen de manera directa dicho beneficio a las empresas que sí gozan del mismo.

En este sentido, se considera conveniente establecer de manera clara que en las operaciones mediante las cuales las empresas relacionadas del sector primario se transfieren bienes y servicios, deben pactarse a precios de mercado con el objeto de evitar la manipulación de la carga impositiva y la reducción indebida del pago del impuesto correspondiente.

Asimismo, la Ley del Impuesto sobre la Renta permite la exención de los ingresos derivados por la enajenación de derechos parcelarios, la cual puede ser utilizada para artificialmente aumentar el costo fiscal del adquirente y así ahorrarse impuesto al revender el terreno, normalmente en forma fraccionada. En este sentido, con el objeto de evitar dichas manipulaciones y a fin de lograr que la escrituración de los terrenos se realice a los precios en que realmente se venden, se propone a esa Soberanía limitar la exención para que los ingresos obtenidos por la enajenación de terrenos parcelarios no exceda de diez pesos por metro cuadrado de terreno enajenado, que se estima que es muy superior al precio promedio en el que se enajenan este tipo de terrenos.

Subsidio para el empleo

Actualmente la Ley del Impuesto sobre la Renta prevé un crédito al salario con la finalidad de que los trabajadores de menores ingresos, por esta vía obtuvieran un mayor ingreso con cargo al fisco federal. Este crédito se calcula en forma mensual mediante la aplicación de una tabla inversa al monto de los ingresos por salarios obtenidos por los contribuyentes, el cual se acredita contra el impuesto sobre la renta del trabajador. En los casos en que el crédito es mayor al impuesto de dicho trabajador, los retenedores se encuentran obligados a entregar en efectivo la diferencia entre el impuesto y el crédito al salario, pudiendo dicho retenedor acreditar las cantidades entregadas en efectivo contra el impuesto sobre la renta propio o del retenido a terceros.

Sin embargo, con el objeto de simplificar en su aplicación el beneficio fiscal citado, se propone su substitución por la de un subsidio mensual que se calcula con base en el salario mensual del trabajador y se desliga del impuesto a cargo de éste.

Dicho mecanismo consistirá en que el empleador entregará al trabajador, el monto del subsidio que mensualmente le corresponda, determinado conforme al monto del salario mensual. Como se señaló con antelación, esta medida permitirá que los trabajadores con menores salarios mantengan el mismo ingreso disponible que actualmente tienen, y no se vean afectados por la eliminación en la Ley del Impuesto sobre la Renta, del crédito al salario.

Con el propósito de simplificar la aplicación del beneficio fiscal que se propone, el subsidio se entregará mensualmente en efectivo a través de los empleadores y éstos podrán acreditar contra el impuesto sobre la renta a su cargo o del retenido a terceros, las cantidades que entreguen a sus trabajadores. Con dicho mecanismo, los empleadores no se verán afectados con una carga adicional, pues el monto del subsidio que mes a mes entreguen a sus trabajadores lo compensarán contra su propio impuesto o del retenido que deban enterar, además de no tener que efectuar cálculos al final del año para determinar el monto del subsidio que corresponda a cada trabajador.

Es importante señalar que los ingresos que perciban los trabajadores derivados del subsidio que se propone, no serán acumulables para los efectos del impuesto sobre la renta ni formarán parte del cálculo de la base gravable de cualquier otra contribución, ya que el objeto del subsidio es mantener el ingreso disponible de los trabajadores de menores ingresos, sin que esto implique una carga económica adicional para ellos ni para los empleadores.

Asimismo, se establece que en los casos en los que un trabajador preste servicios a dos o más empleadores, dicho trabajador deberá elegir antes de que le efectúen el primer pago de salarios, al empleador que deberá efectuarle mensualmente la entrega del subsidio, ello con el fin de que los demás empleadores no le hagan la entrega del mismo, evitando así un beneficio indebido. Aunado a lo anterior, el trabajador que se encuentre en dicha situación, deberá informar al empleador que le hará las entregas del subsidio, sobre el monto de las percepciones por salarios que percibe de cada uno de sus empleadores, a fin de que el subsidio se calcule considerando la totalidad de los ingresos percibidos en el mes.

Por otra parte, con el objeto de no afectar la forma en la que los empleadores efectúan los pagos de los salarios a sus trabajadores, se establece que el monto del subsidio se entregará a los trabajadores con la misma periodicidad, calculándolo en la proporción al número de días comprendidos en el período por el que se efectúa el pago de los salarios.

Por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en lo que dispone el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, así como los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto al Pleno de la Honorable Cámara de Diputados, la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforman, Adicionan y Derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta y se Establece un Subsidio para el Empleo.

Decreto por el que se Reforman, Adicionan y Derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta y se Establece un Subsidio para el Empleo

ARTÍCULO PRIMERO. Se REFORMAN los artículos 10, primer párrafo; 31, fracciones V, último párrafo y XX; 32, fracción I, segundo párrafo; 81, fracción III y último párrafo del artículo; 109, fracciones III, primer párrafo, V, VI, VIII y XXV; 113, primer y segundo párrafos; 116, segundo párrafo y último párrafo en su inciso a); 117, fracción IV; 118, fracciones I, IV, último párrafo, V, primer párrafo y último párrafo del artículo; 127, primer párrafo; 143, segundo párrafo; 169, primer párrafo; 170, segundo y actual séptimo párrafos; 172, fracciones VII, último párrafo y XVI; 173, fracción I, segundo párrafo; 177, primer y penúltimo párrafos, y el factor de 1.4706 a que se refieren los artículos 11, primer párrafo; 71, segundo, tercero, séptimo y octavo párrafos; 73; 75, penúltimo párrafo; 88, penúltimo párrafo; 89, fracciones I, cuarto párrafo y II, tercer párrafo; 165, primer párrafo; 170, penúltimo párrafo; 193, fracción I, primer párrafo, será de 1.4286 y los factores de 1.1905 y 0.4706 a que se refiere el artículo 11, segundo párrafo y la fracción II, serán de 1.1765 y 0.4286, respectivamente; se ADICIONAN los artículos 127, con un cuarto párrafo, pasando los actuales cuarto y quinto párrafos a ser quinto y sexto párrafos; 143, con un tercer párrafo, pasando los actuales tercero a sexto párrafos a ser cuarto a séptimo párrafos; 169, con un último párrafo; 170, con un tercer párrafo, pasando los actuales tercero a décimo primer párrafos a ser cuarto a décimo segundo párrafos, y se DEROGAN los artículos 32, fracción I, último párrafo; 109, fracciones I, IX, XI, XVII, tercer y cuarto párrafos y XXVII; 113, tercer párrafo, pasando los actuales cuarto a octavo párrafos a ser tercero a séptimo párrafos; 114; 115; 116, tercer párrafo, pasando los actuales cuarto a séptimo párrafos a ser tercero a sexto párrafos; 119; 173, fracción I, último párrafo; 178 y 216-Bis, fracción II, inciso b), numeral 6, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue:

"Artículo 10. Las personas morales deberán calcular el impuesto sobre la renta, aplicando al resultado fiscal obtenido en el ejercicio la tasa del 30%.

Artículo 31. ..........

Los pagos que a la vez sean ingresos en los términos del Capítulo I del Título IV, de esta Ley, se podrán deducir siempre que se cumpla con las obligaciones a que se refiere el artículo 118, fracciones I, II, V y VI de la citada Ley y las disposiciones que regulan el subsidio para el empleo, en su caso.

............

XX. Que tratándose de pagos efectuados por concepto de salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado a trabajadores que tengan derecho al subsidio para el empleo efectivamente sea entregado y se dé cumplimiento a los requisitos que se establecen en las disposiciones legales que lo regulan, salvo cuando no se esté obligado a ello en los términos de las citadas disposiciones legales.

............

Artículo 32. .........

I............

Tampoco serán deducibles el subsidio para el empleo ni los accesorios de las contribuciones, a excepción de los recargos que hubiere pagado efectivamente o compensado.

Ultimo párrafo (Se deroga).

............

Artículo 81. ........

III. Las sociedades cooperativas a que se refiere este Capítulo, considerarán los rendimientos y los anticipos que otorguen a sus miembros, como ingresos asimilados a los ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado y aplicarán lo dispuesto en los artículos 110 y 113, tercer párrafo, de esta Ley. ..............

Las personas morales que se dediquen exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, que celebren operaciones con partes relacionadas, están obligadas, para los efectos de esta Ley, a determinar sus ingresos acumulables y sus deducciones autorizadas, considerando, para esas operaciones, las contraprestaciones que hubieran utilizado con partes independientes en operaciones comparables. Las autoridades fiscales podrán determinar los ingresos acumulables y las deducciones autorizadas de los contribuyentes, en los términos del segundo párrafo del artículo 215 de esta Ley, aplicando los métodos previstos en el artículo 216 de la citada Ley.

Artículo 109. .........

I. (Se deroga).

........

III. Las jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, así como las pensiones vitalicias u otras formas de retiro, provenientes de la subcuenta del seguro de retiro o de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, previstas en la Ley del Seguro Social y las provenientes de la cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro prevista en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en los casos de invalidez, incapacidad, cesantía, vejez, retiro y muerte, cuyo monto diario no exceda de 5.2 veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente. Por el excedente se pagará el impuesto en los términos de este Título.

...........

V. Las prestaciones de seguridad social que otorguen las instituciones públicas de conformidad con las leyes de seguridad social.

VI. Los percibidos con motivo de subsidios por incapacidad, becas educacionales para los trabajadores o sus hijos, guarderías infantiles, que se concedan de manera general, de acuerdo con las leyes o por contratos de trabajo.

Tampoco se pagará el impuesto sobre la renta, por los ingresos percibidos por actividades culturales y deportivas, siempre que se otorguen en servicio o en especie, y se concedan de manera general, de acuerdo con las leyes, por contratos colectivos de trabajo o por Condiciones Generales de Trabajo acordadas con los sindicatos.

.........

VIII. Los rendimientos provenientes de cajas de ahorro de trabajadores, siempre que el patrón no aporte cantidad alguna a dichas cajas por sí o por interpósita persona. No se considerará como aportación del patrón, los préstamos que éste efectúe a las cajas de ahorro, siempre que el monto del préstamo no exceda del 20% del promedio del activo del ejercicio inmediato anterior de la caja de que se trate. Cuando se inicie la caja de ahorro, el patrón podrá prestar hasta el 5% del promedio de la nómina del año inmediato anterior.

IX. (Se deroga).

...........

XI. (Se deroga).

...........

XVII. ............

Tercer y cuarto párrafos (Se derogan).

.........

XXV. Los que se obtengan de la enajenación de derechos parcelarios, de las parcelas sobre las que hubiera adoptado el dominio pleno o de los derechos comuneros, siempre y cuando sea la primera trasmisión que se efectúe por los ejidatarios o comuneros y la misma se realice en los términos de la legislación de la materia, hasta por un monto que no exceda del equivalente a diez pesos por metro cuadrado de terreno enajenado. Por el excedente se pagará el impuesto en los términos de este Título.

..........

XXVII. (Se deroga).

............

Artículo 113. Quienes hagan pagos por los conceptos a que se refiere este Capítulo están obligados a efectuar retenciones y enteros mensuales que tendrán el carácter de pagos provisionales a cuenta del impuesto anual.

La retención se calculará disminuyendo de la totalidad de los ingresos obtenidos en un mes de calendario, $6,333.00. Al resultado obtenido se le aplicará la siguiente:

Tercer párrafo (Se deroga).

..........

Artículo 114. (Se deroga).

Artículo 115. (Se deroga).

Artículo 116. .........

El impuesto anual se determinará disminuyendo de la totalidad de los ingresos obtenidos en un año de calendario, por los conceptos a que se refiere este Capítulo, $76,000.00, al resultado obtenido se le aplicará la tarifa del artículo 177 de esta Ley. Contra el impuesto que resulte a cargo del contribuyente se acreditará el importe de los pagos provisionales efectuados.

Tercer párrafo (Se deroga).

...........

a) Hayan iniciado la prestación de servicios con posterioridad al 1 de enero del año de que se trate o hayan dejado de prestar servicios al retenedor antes del 1 de diciembre del año por el que se efectúe el cálculo. ...........

Artículo 117. ..........

IV. Comunicar por escrito al empleador antes de que éste les efectúe el primer pago que les corresponda por la prestación de servicios personales subordinados en el año de calendario de que se trate, si prestan servicios a otro empleador y éste les efectúa la disminución de $6,333.00 a que se refiere el segundo párrafo del artículo 113 de esta Ley, a fin de que ya no se aplique nuevamente dicha disminución. Artículo 118. ............ I. Efectuar las retenciones señaladas en el artículo 113 de esta Ley y entregar en efectivo el subsidio para el empleo, salvo cuando no se esté obligado a ello en los términos de las disposiciones legales que lo regulan.

.........

IV............

Asimismo, deberán solicitar a los trabajadores que les comuniquen por escrito antes de que se efectúe el primer pago que les corresponda por la prestación de servicios personales subordinados en el año de calendario de que se trate, si prestan servicios a otro empleador y éste les efectúa la disminución de $6,333.00 a que se refiere el segundo párrafo del artículo 113 de esta Ley, a fin de que ya no se aplique nuevamente dicha disminución.

V. Presentar, ante las oficinas autorizadas a más tardar el 15 de febrero de cada año, declaración proporcionando información sobre las personas a las que les hayan entregado el subsidio para el empleo en el año de calendario anterior, conforme a las reglas generales que al efecto expida el Servicio de Administración Tributaria.

...........

Quedan exceptuados de las obligaciones señaladas en este artículo, los organismos internacionales cuando así lo establezcan los tratados o convenios respectivos, y los estados extranjeros.

Artículo 119. (Se deroga).

Artículo 127. Los contribuyentes a que se refiere esta Sección, efectuarán pagos provisionales mensuales a cuenta del impuesto del ejercicio, a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquél al que corresponda el pago, mediante declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas. El pago provisional se determinará restando de la totalidad de los ingresos a que se refiere esta Sección obtenidos en el período comprendido desde el inicio del ejercicio y hasta el último día del mes al que corresponde el pago, las deducciones autorizadas en esta Sección correspondientes al mismo período, así como $6,333.00 por cada uno de los meses a los que corresponda dicho período y, en su caso, las pérdidas fiscales ocurridas en ejercicios anteriores que no se hubieran disminuido.

............

Los contribuyentes que además perciban ingresos a los que se refiere el Capítulo I de este Título, determinarán el pago provisional, sin efectuar la disminución de los $6,333.00 por cada uno de los meses a los que corresponda el período del pago.

...........

Artículo 143. ........

El pago provisional se determinará aplicando la tarifa que corresponda conforme a lo previsto en el tercer párrafo del artículo 127 de esta Ley, a la diferencia que resulte de disminuir a los ingresos del mes o del trimestre por el que se efectúa el pago, $6,333.00, mensuales, y el monto de las deducciones a que se refiere el artículo 142 de la misma, correspondientes al mismo período.

Los contribuyentes que además perciban ingresos a los que se refieren los Capítulos I o II de este Título, determinarán el pago provisional, sin efectuar la disminución de los $6,333.00 por el mes o el trimestre por el que se efectúe el pago.

..........

Artículo 169. Los contribuyentes que obtengan ingresos de los señalados en el artículo 168 de esta Ley, por los mismos efectuarán dos pagos provisionales semestrales a cuenta del impuesto anual excepto por los comprendidos en la fracción IV del citado artículo. Dichos pagos se enterarán en los meses de julio del mismo ejercicio y enero del año siguiente, aplicando a los ingresos acumulables obtenidos en el semestre, disminuidos con $6,333.00, mensuales, la tarifa que se determine tomando como base la tarifa del artículo 113 de la Ley citada, sumando las cantidades correspondientes a las columnas relativas al límite inferior, límite superior y cuota fija, que en los términos de dicho artículo resulten para cada uno de los meses comprendidos en el semestre por el que se efectúa el pago, pudiendo acreditar en su caso, contra el impuesto a cargo, las retenciones que les hubieran efectuado en el período de que se trate. Las autoridades fiscales realizarán las operaciones aritméticas previstas en este párrafo y publicarán la tarifa correspondiente en el Diario Oficial de la Federación.

.........

Los contribuyentes que además obtengan ingresos a los que se refieren los Capítulos I, II o III de este Título, determinarán el pago provisional, sin efectuar la disminución de los $6,333.00 mensuales.

Artículo 170. ..........

Los contribuyentes que obtengan periódicamente ingresos de los señalados en este Capítulo, salvo aquéllos a que se refieren los artículos 168 y 213 de esta Ley, efectuarán pagos provisionales mensuales a cuenta del impuesto anual, a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquél al que corresponda el pago, mediante declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas. El pago provisional se determinará aplicando la tarifa del artículo 113 de esta Ley a la diferencia que resulte de disminuir a los ingresos obtenidos en el mes, $6,333.00 mensuales; contra dicho pago podrán acreditarse las cantidades retenidas en los términos del cuarto párrafo de este artículo.

Los contribuyentes que además obtengan ingresos a los que se refieren los Capítulos I, II o III de este Título o a los que se refiere el primer párrafo del artículo 169 de esta Ley, determinarán el pago provisional, sin efectuar la disminución de los $6,333.00 mensuales.

..........

Las personas que efectúen las retenciones a que se refieren los párrafos cuarto, quinto y sexto de este artículo, así como las instituciones de crédito ante las cuales se constituyan las cuentas personales para el ahorro a que se refiere el artículo 218 de esta Ley, deberán presentar declaración ante las oficinas autorizadas, a más tardar el día 15 de febrero de cada año, proporcionando la información correspondiente de las personas a las que les hubieran efectuado retenciones en el año de calendario anterior, debiendo aclarar en el caso de las instituciones de crédito, el monto que corresponda al retiro que se efectúe de las citadas cuentas.

............

Artículo 172. ...........

VII..........

Los pagos que a la vez sean ingresos en los términos del Capítulo I del Título IV de esta Ley, se podrán deducir siempre que se cumpla con las obligaciones a que se refiere el artículo 118, fracciones I, II, V y VI de la citada Ley y las disposiciones que regulan el subsidio para el empleo, en su caso.

............

XVI. Que tratándose de pagos efectuados por concepto de salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado a trabajadores que tengan derecho al subsidio para el empleo, efectivamente sea entregado y se dé cumplimiento a los requisitos que se establecen en las disposiciones legales que lo regulan, salvo cuando no se esté obligado a ello en los términos de las citadas disposiciones legales.

Artículo 173. ........ I. .......

Tampoco serán deducibles el subsidio para el empleo ni los accesorios de las contribuciones, a excepción de los recargos que hubiere pagado efectivamente o compensado.

Ultimo párrafo (Se deroga).

................

Artículo 177. Las personas físicas calcularán el impuesto del ejercicio sumando, a los ingresos obtenidos conforme a los Capítulos I, III, IV, V, VI, VIII y IX de este Título, después de efectuar las deducciones autorizadas en dichos Capítulos, la utilidad gravable determinada conforme a las Secciones I o II del Capítulo II de este Título, al resultado obtenido se le disminuirá, en su caso, las deducciones a que se refiere el artículo 176 de esta Ley. A la cantidad que se obtenga se le disminuirán $76,000.00. Al resultado obtenido se le aplicará la siguiente:

............

En los casos en los que el impuesto a cargo del contribuyente sea menor que la cantidad que se acredite en los términos de este artículo, únicamente se podrá solicitar la devolución o efectuar la compensación del impuesto efectivamente pagado o que le hubiera sido retenido. Para los efectos de la compensación a que se refiere este párrafo, el saldo a favor se actualizará por el período comprendido desde el mes inmediato anterior en el que se presentó la declaración que contenga el saldo a favor y hasta el mes inmediato anterior al mes en el que se compense.

...........

Artículo 178. (Se deroga).

Artículo 216-Bis. ...........

II. ..........

b)..........

6. (Se deroga).

........

Disposiciones de Vigencia Temporal de la
Ley del Impuesto sobre la Renta

ARTÍCULO SEGUNDO. Para los efectos de lo dispuesto en la Ley del Impuesto sobre la Renta, se aplicarán las siguientes disposiciones:

I. Para el ejercicio fiscal de 2004, se estará a lo siguiente:

a) Para los efectos del primer párrafo del artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se aplicará la tasa del 33%.

b) Cuando conforme a la Ley del Impuesto sobre la Renta se deba aplicar el factor de 1.4286, se aplicará el factor de 1.4925.

c) Cuando conforme a la Ley del Impuesto sobre la Renta se deban aplicar los factores de 0.4286 o 1.1765, se aplicarán los factores de 0.4925 y 1.1976, respectivamente.

d) Para los efectos del artículo 113 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en lugar de aplicar la tarifa contenida en dicho precepto, se aplicará la siguiente:

e) Para los efectos del artículo 177 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en lugar de aplicar la tarifa contenida en dicho precepto, se aplicará la siguiente:

II. Para el ejercicio fiscal de 2005, se estará a lo siguiente:

a) Para los efectos del primer párrafo del artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se aplicará la tasa del 31.5%.

b) Cuando conforme a la Ley del Impuesto sobre la Renta se deba aplicar el factor de 1.4286, se aplicará el factor de 1.4599.

c) Cuando conforme a la Ley del Impuesto sobre la Renta se deban aplicar los factores de 0.4286 o 1.1765, se aplicarán los factores de 0.4599 y 1.1869, respectivamente.

d) Para los efectos del artículo 113 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en lugar de aplicar la tarifa contenida en dicho precepto, se aplicará la siguiente:

e) Para los efectos del artículo 177 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en lugar de aplicar la tarifa contenida en dicho precepto, se aplicará la siguiente:

Disposiciones Transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta

ARTÍCULO TERCERO. En relación con las modificaciones a que se refiere el Artículo Primero de este Decreto, se estará a lo siguiente:

I. Las fracciones LXXXII, LXXXVII y LXXXVIII del Artículo Segundo de las Disposiciones Transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 1 de enero de 2002 y la fracción XXI del Artículo Segundo de las Disposiciones Transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2002, que establecen la aplicación de las tasas, tarifas y factores, no serán aplicables a partir del ejercicio fiscal de 2004.

II. Los contribuyentes obligados a presentar la declaración informativa sobre las personas a las que les hayan entregado cantidades en efectivo por concepto de crédito al salario en el año de calendario anterior, en los términos del artículo 118 fracción V, primer párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente hasta el 31 de diciembre de 2003, deberán presentar las declaraciones correspondientes al ejercicio fiscal de 2003, a más tardar el 15 de febrero de 2004.

III. Los retenedores que a la entrada en vigor de este Decreto tengan cantidades por concepto de crédito al salario pendientes de acreditar en los términos del artículo 115 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente hasta el 31 de diciembre de 2003, podrán acreditarlas en los términos de dicho precepto legal hasta agotarlas.

Del Subsidio para el Empleo

ARTÍCULO CUARTO. Los contribuyentes que perciban ingresos por salarios, gozarán de un subsidio para el empleo, aplicando a la totalidad de los ingresos gravables conforme al Capítulo I del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, obtenidos en el mes de que se trate la siguiente:

El empleador deberá entregar al contribuyente el subsidio que mensualmente le corresponda determinado conforme a la tabla anterior, pudiendo acreditar las cantidades que entregue a los contribuyentes en los términos de este párrafo, contra el impuesto sobre la renta a su cargo o del retenido a terceros, inclusive cuando el impuesto deba enterarse a las entidades federativas conforme a las disposiciones legales. Los ingresos que perciban los contribuyentes derivados del subsidio a que se refiere este artículo no serán acumulables para los efectos del impuesto sobre la renta ni formarán parte del cálculo de la base gravable de cualquier otra contribución.

En los casos en los que los empleadores realicen pagos por salarios, que comprendan períodos menores a un mes, para calcular el subsidio correspondiente a cada pago, dividirán las cantidades correspondientes a las columnas relativas al límite inferior, límite superior y cantidad del subsidio, de la tabla a que se refiere este artículo, entre 30.4. El resultado así obtenido se multiplicará por el número de días al que corresponda el período de pago para determinar el monto del subsidio que le corresponde al trabajador por dichos pagos.

Cuando los pagos por salarios, sean por períodos menores a un mes, la cantidad del subsidio que se deba entregar al trabajador por todos los pagos que se hagan en el mes, no podrá exceder de la que corresponda conforme a la tabla prevista en este artículo para el monto total percibido en el mes de que se trate.

Cuando los contribuyentes presten servicios a dos o más empleadores, deberán elegir, antes de que alguno les efectúe el primer pago que les corresponda por la prestación de servicios personales subordinados en el año de calendario de que se trate, al empleador que les efectuará las entregas del subsidio a que se refiere este artículo, en cuyo caso, deberán comunicar esta situación por escrito a los demás empleadores, a fin de que ellos ya no les den el subsidio correspondiente.

Asimismo, el trabajador deberá comunicar por escrito al empleador que les haga entrega del subsidio, el monto de los ingresos mensuales a que se refiere el primer párrafo de este artículo, a fin de que dicho empleador calcule el monto del subsidio considerando la totalidad de los ingresos obtenidos en el mes de todos sus empleadores en el mes.

Quienes hagan los pagos a los contribuyentes que tengan derecho al subsidio a que se refiere este artículo, sólo podrán acreditar contra el impuesto sobre la renta a su cargo o del retenido a terceros, las cantidades que entreguen a los contribuyentes por dicho concepto, cuando cumplan con los siguientes requisitos:

I. Presentar, ante las oficinas autorizadas, a más tardar el 15 de febrero de cada año, declaración proporcionando información de las cantidades que paguen por concepto del subsidio a que se refiere este artículo en el ejercicio inmediato anterior, identificando por cada trabajador los ingresos que sirven de base para determinar el subsidio, así como el monto de este último.

II. Pagar las aportaciones de seguridad social a su cargo por los trabajadores que gocen del subsidio a que se refiere este artículo.

III. Conservar los escritos que les presenten los contribuyentes en los términos del tercero y cuarto párrafos de este artículo, en su caso.

No se considerarán para los efectos del cálculo del monto del subsidio mensual a que se refiere este artículo, los ingresos percibidos por los trabajadores como consecuencia de la terminación de la relación laboral ni los que la Ley del Impuesto sobre la Renta asimila a salarios.

Transitorio

Unico. El presente Decreto entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2004.

Palacio Legislativo, a 1º de diciembre de 2003.

Dip. Gustavo Enrique Madero Muñoz (rúbrica)

QUE REFORMA Y ADICIONA LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, A CARGO DEL DIPUTADO GUSTAVO ENRIQUE MADERO MUÑOZ, PRESIDENTE DE LA COMISION DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

El suscrito, Gustavo Enrique Madero Muñoz, diputado a la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta H. Cámara de Diputados, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforma y Adiciona la Ley del Impuesto al Valor Agregado, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El suscrito, consciente de fortalecer la eficiencia recaudatoria del impuesto al valor agregado, someto a la consideración de esta Soberanía, un esquema en el que, sin eliminar el tratamiento de la tasa del 0% en el impuesto al valor agregado, se establezca un impuesto de control que permita resolver los graves problemas que provocan las devoluciones por la aplicación de dicha tasa. Lo anterior dotará al conjunto de ambos impuestos de una cobertura más amplia que fortalezca el autocontrol y en consecuencia, genere una mejor recaudación, fundamentalmente, por mayor eficiencia.

En efecto, la combinación de ambos instrumentos reduce la tasa promedio del gravamen, ya que el impuesto de control representa una carga inferior a la tasa general del impuesto al valor agregado que se propone. A pesar de ello, dicho impuesto mejora la eficiencia de aquél y permite una recaudación de aproximadamente 35,000 millones de pesos, provenientes de quienes actualmente no pagan, debiendo hacerlo. Adicionalmente, lograr una mejora en el cumplimiento del impuesto al valor agregado, se traducirá también en una mejora significativa en el impuesto sobre la renta.

Así, a través de la presente Iniciativa propongo establecer un impuesto que grave la enajenación y la importación de los bienes sujetos a la tasa del 0% en el impuesto al valor agregado, pero que deje fuera del gravamen la venta de los bienes mencionados que se realice con los consumidores finales. De esta forma el impuesto no se aplicará cuando las familias adquieran los productos mencionados.

Un impuesto con las características referidas permitirá, además, evitar los abusos que hoy día se cometen por diversos contribuyentes del impuesto al valor agregado mediante la aplicación de la tasa del 0%, que incide desfavorablemente en las finanzas públicas mediante la solicitud de devoluciones que se originan con motivo de la aplicación fraudulenta de la tasa mencionada.

Se propone un impuesto con una mecánica de aplicación semejante a la del impuesto al valor agregado para aprovechar el conocimiento que del mismo tienen los contribuyentes y las autoridades fiscales, lo que facilitará su aplicación.

De esta forma, se propone como objeto del impuesto la enajenación o importación de los bienes sujetos a la tasa del 0% en el impuesto al valor agregado. Quedan también gravados los servicios de comisión, mediación, agencia, representación, correduría, consignación y distribución que se proporcionen con motivo de la enajenación o adquisición de dichos bienes. Ello es así, a efecto de evitar manipulaciones en la base del impuesto, lo que hace necesario gravar estos servicios.

En efecto, en el caso de dejar fuera los servicios mencionados pueden presentarse una tendencia a crear intermediarios entre el productor y el distribuidor, para cargar en el precio de servicio de intermediación una parte del precio de enajenación, con el único fin de abatir la base del impuesto. Además se hace necesario establecer que cuando se cause este impuesto por los servicios mencionados, dichos servicios deben estar afectos a la tasa del 0% en el impuesto al valor agregado, para evitar el doble efecto que se produciría por la aplicación de ambos impuestos de no incluir la regla mencionada. Por ello, se propone adicionar un segundo párrafo a la fracción I del artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

Por otra parte, se propone una tasa del 10% para que sea la misma que se aplicará en el impuesto al valor agregado, lo cual es necesario para que el impuesto cumpla su cometido de control.

El impuesto que se propone estará a cargo de los fabricantes y comerciantes. No los afectará puesto que está fuera de sus costos al cargarlo a la siguiente etapa. Cuando se trate de ventas que se realicen con el público en general, no se deberá pagar el impuesto mencionado. También quedan afectos al impuesto los importadores para tratarlos igual que a los fabricantes.

Por otra parte, tomando en cuenta que puede haber empresas que adquieran los bienes por los que hayan pagado el impuesto en la importación o se les haya trasladado, y que los utilicen para producir bienes que no están afectos a la tasa del 0% en el impuesto al valor agregado, o bien para proporcionar servicios, se hace necesario evitar que el impuesto propuesto forme parte de su costo, por lo cual se propone que este impuesto sea acreditable contra el impuesto al valor agregado a cargo del contribuyente.

Adicionalmente, es necesario permitir que cuando los contribuyentes del impuesto propuesto tengan saldo a favor, puedan acreditarlo contra el impuesto al valor agregado en el mismo mes o en los siguientes hasta agotarlo. De igual forma, se propone que el saldo a favor del impuesto al valor agregado que obtenga el contribuyente se pueda acreditar contra el impuesto que se propone, que el contribuyente tenga a cargo, lo cual permitirá a los contribuyentes recuperar el impuesto al valor agregado que se les haya trasladado en los insumos e inversiones necesarios para elaborar los bienes mencionados.

Respecto de los productores personas físicas que enajenen animales, vegetales o productos derivados de los mismos, no industrializados, y siempre que se dediquen únicamente a dichas actividades, se propone que dichos productores puedan optar por estar exentos y en este caso el adquirente será el sujeto obligado al pago del impuesto. Debe destacarse que este tratamiento no constituye propiamente una exención, ya que sólo tiene como propósito relevar al productor de escasa capacidad administrativa y económica del cumplimiento de obligaciones formales, situando el impuesto en el adquirente, quien tendrá un efecto económico similar al que tendría en el caso de que se le trasladara el impuesto, ya que se propone considerar como impuesto a su cargo el que le hubiera trasladado el productor de no haber optado por estar exento. Además el adquirente, al igual que los sujetos a quienes se traslada el impuesto, podrá acreditarlo en el mismo mes en el que lo cause, salvo que lleve a cabo la enajenación de los bienes con el público en general. Como puede desprenderse de la mecánica propuesta, no se trata propiamente de una exención, sino de una inversión de cargas administrativas del productor que opta por este mecanismo, con el adquirente.

Cabe mencionar que este mecanismo es optativo para el productor, ya que éste puede tener interés en recuperar los saldos a favor que deriven del impuesto al valor agregado y acreditarlos contra el impuesto a la enajenación e importación.

Por otra parte, se hace necesario precisar que cuando los productores enajenen los bienes directamente al público en general, se causará el impuesto que se propone. Ello es necesario puesto que de otra forma se perderá el control que se busca obtener con esta medida.

Adicionalmente, se hace necesario permitir en el impuesto al valor agregado el acreditamiento de este nuevo impuesto para las personas que no sean contribuyentes del mismo. Lo anterior tiene como propósito evitar que dichos contribuyentes absorban la carga latente que se les traslade o paguen en la importación, evitando así un efecto acumulativo del gravamen. Este acreditamiento no lo podrán efectuar las personas que enajenen los bienes a que se refiere el impuesto a la enajenación e importación cuando estén exentos de dicho impuesto. Por ello se propone la adición del artículo 4o.-A a la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

En congruencia con lo anterior, se considera necesario permitir que quienes obtengan saldos a favor del impuesto al valor agregado puedan acreditar dicho saldo contra el impuesto a cargo que obtengan en el impuesto a la enajenación e importación, con el propósito de evitar cargas financieras a los contribuyentes. En este sentido se hace necesario reformar el primer párrafo del artículo 6o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

Por último, al tratarse de un impuesto que apoya la eficiencia del impuesto al valor agregado, se estima necesario que tenga una estructura análoga a dicho impuesto por lo que hace a diversos elementos tales como período de cálculo, valor de las actividades, momento de causación, conceptos de enajenación y de servicios, tratamiento a las devoluciones y bonificaciones, entre otros. Por ello, considero que este impuesto debe integrarse en la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para facilitar la remisión que debe hacerse, de ahí que la Ley mencionada debe ser modificada en su denominación para adoptar la de Ley de los Impuestos al Valor Agregado y a la Enajenación e Importación. Además, propongo que el nuevo impuesto se establezca en un Título II de dicho ordenamiento y el contenido de la actual Ley, integre el Título I. Esta propuesta es sin menoscabo de la que presentó el Ejecutivo Federal en su Iniciativa, y únicamente se modifica en lo necesario, siempre que no se acepte la eliminación de la tasa del 0% en el impuesto al valor agregado.

Con base en lo expuesto, por su digno conducto y con fundamento en los artículos 71, fracción II y 72, inciso h) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito somete a la consideración de esta Soberanía, la siguiente Iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se Reforma y Adiciona la Ley del Impuesto al Valor Agregado

Artículo Unico. Se modifica la denominación de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; se reforma el artículo 6o., primer párrafo; y se le adiciona un Título I para denominarse "Del Impuesto al Valor Agregado", comprendiendo los Capítulos I a IX actuales; así como los artículos 2o.-A, fracción I, con un segundo párrafo, pasando el actual segundo a ser tercer párrafo de dicha fracción y 4o.-A; y un Título II denominado "Del Impuesto a la Enajenación e Importación", comprendiendo los Capítulos I a VIII con los artículos del 44 al 55, para quedar como sigue:

"Ley de los Impuestos al Valor Agregado y a la Enajenación e Importación"

Título I
Del Impuesto al Valor Agregado

. . .

Artículo 2o.-A. . . .

I. . . .

Tratándose de los servicios de comisión, mediación, agencia, representación, correduría, consignación y distribución, que se proporcionen con motivo de la enajenación o adquisición de los bienes a los que se les aplicará la tasa del 0%, también les será aplicable la tasa mencionada.

. . .

Artículo 4o.-A. Los contribuyentes del impuesto al valor agregado, que no sean contribuyentes del impuesto a la enajenación e importación, podrán acreditar en adición al acreditamiento previsto en el artículo 4o. de la presente Ley, el impuesto a la enajenación e importación que les haya sido trasladado en forma expresa y por separado en la adquisición de los bienes, el pagado en la importación de los mismos, o el causado en los términos del artículo 49 de esta Ley, cuando dichos bienes sean estrictamente indispensables para realizar las actividades por las que tengan que pagar el impuesto al valor agregado. En ningún caso procederá el acreditamiento del impuesto a la enajenación e importación, cuando se trate de las actividades a las que se les aplique la tasa del 0% prevista en la fracción I del artículo 2o.-A de esta Ley.

Artículo 6o. Cuando en la declaración de pago resulte saldo a favor, el contribuyente podrá acreditarlo contra el impuesto a su cargo que le corresponda en los meses siguientes hasta agotarlo o solicitar su devolución, siempre que en este último caso sea sobre el total del saldo a favor. También podrá acreditarlo contra el impuesto a cargo que tenga en el impuesto a la enajenación e importación en el mismo mes o en los meses siguientes hasta agotarlo.

. . .

Título II
Del Impuesto a la Enajenación e Importación

Capítulo I
Disposiciones generales

Artículo 44. Se establece un impuesto a cargo de las personas físicas y las morales que en el territorio nacional realicen las actividades siguientes:

I. Enajenen o importen los bienes a los que se les aplique la tasa del 0% prevista en la fracción I del artículo 2o.-A de la presente Ley.

II. Adquieran los bienes mencionados en la fracción anterior en el supuesto previsto en el artículo 49 de esta Ley.

III. La prestación de los servicios de comisión, mediación, agencia, representación, correduría, consignación y distribución, con motivo de la enajenación o adquisición de los bienes señalados en la fracción anterior.

El impuesto se calculará aplicando a los valores que señala esta Ley, la tasa del 10%. El impuesto a que se refiere este Título en ningún caso se considerará que forma parte de dichos valores.

El contribuyente trasladará el impuesto, en forma expresa y por separado, a las personas que adquieran los bienes o reciban los servicios. Se entenderá por traslado del impuesto el cobro o cargo que el contribuyente debe hacer a dichas personas de un monto equivalente al impuesto establecido en el Título II de esta Ley.

Son aplicables a este Capítulo en lo conducente, lo dispuesto en los artículos 1o., párrafos cuarto y quinto, 1o.-B, 1o.-C, 3o., 5o., 7o. y 34 del Título I de la presente Ley.

Artículo 45. Cuando en la declaración de pago resulte saldo a favor, el contribuyente podrá acreditarlo contra el impuesto a su cargo que le corresponda en los meses siguientes hasta agotarlo, o contra el impuesto a cargo que tenga en el impuesto al valor agregado en el mismo mes o en los meses siguientes hasta agotarlo o solicitar su devolución, siempre que en este último caso sea sobre el total del saldo a favor.

Los saldos cuya devolución se solicite no podrán acreditarse en declaraciones posteriores.

Capítulo II
Del acreditamiento

Artículo 46. El acreditamiento consiste en restar el impuesto acreditable, de la cantidad que resulte de aplicar a los valores que correspondan en los términos del Título II de la presente Ley, la tasa prevista en dicho Título. Se entiende por impuesto acreditable un monto equivalente al del impuesto que establece el Título II de esta Ley, que haya sido trasladado al contribuyente en la adquisición de los bienes o al recibir los servicios que señala la misma y el propio impuesto que él haya pagado en la importación de dichos bienes, así como el impuesto a su cargo por la adquisición de dichos bienes previsto en el artículo 49 de esta Ley, en el mes en el que ello ocurra.

Para que sea acreditable el impuesto deberán reunirse los siguientes requisitos:

I. Que se trate de contribuyentes que estén obligados al pago del impuesto que establece el Título II de esta Ley o que exporten los bienes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 del mismo.

II. Que el impuesto haya sido trasladado expresamente al contribuyente y conste por separado en los comprobantes respectivos.

III. Que el impuesto que le haya sido trasladado al contribuyente y que éste pretenda acreditar, haya sido efectivamente pagado a quien efectuó dicho traslado.

IV. Que los bienes o servicios por los cuales hayan recibido el traslado del impuesto cuyo acreditamiento se pretenda, sean deducibles para los efectos del impuesto sobre la renta.

Cuando los contribuyentes lleven a cabo las actividades por las que se deba pagar el impuesto que el Título II de esta Ley establece o exporten los bienes en los términos establecidos en el artículo 53 de esta Ley, así como actividades por las que no se tenga dicha obligación, el impuesto que hayan pagado en la importación de los bienes y el que les hayan trasladado en su adquisición, cuando los mismos no puedan identificarse con las actividades gravadas y las exportaciones, el acreditamiento procederá únicamente en la proporción que el valor de las actividades citadas, represente en el valor total de las actividades gravadas y exentas, realizadas en el mes.

No procederá el acreditamiento del impuesto pagado en la importación o el que se haya trasladado a los contribuyentes en su adquisición, cuando se trate de bienes que estén identificados con las enajenaciones por las que no se esté obligado al pago de este impuesto, inclusive cuando quien lo pretenda efectuar preste los servicios a que se refiere la fracción II del artículo 44 de la misma.

El derecho al acreditamiento es personal para los contribuyentes de este impuesto y no podrá ser transmitido por acto entre vivos, excepto tratándose de fusión. En el caso de escisión de sociedades el acreditamiento del impuesto pendiente de acreditar a la fecha de escisión sólo lo podrá efectuar la sociedad escindente. Cuando esta última desaparezca, se estará a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 14-A del Código Fiscal de la Federación.

Capítulo III
De la enajenación y de la adquisición de bienes

Artículo 47. Son aplicables al presente Capítulo, lo dispuesto en los artículos 8, 10, 11 y 12 del Título I de la presente Ley. Tratándose de la adquisición a que se refiere el artículo 49 de esta Ley, le serán aplicables las disposiciones mencionadas en lo conducente.

Artículo 48. No se pagará el impuesto establecido en el Título II de esta Ley por las enajenaciones que se efectúen con el público en general. No se aplicará la exención de referencia cuando la enajenación se realice al público en general por el productor de los bienes que señala dicho Título, en cuyo caso el impuesto deberá incluirse en el precio en el que dichos bienes se enajenen. Tampoco procederá la exención de referencia en las enajenaciones de mercancías de origen extranjero que se realicen con el público en general cuando el enajenante no pueda acreditar la legal importación de dichos bienes.

Para los efectos mencionados en el párrafo anterior, se considera que la enajenación se efectúa con el público en general cuando por la misma, se deban expedir comprobantes que no reúnan los requisitos a que se refiere el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación.

Artículo 49. Los productores personas físicas que enajenen animales, vegetales o productos derivados de los mismos, no industrializados, siempre que se dediquen únicamente a dichas actividades, podrán optar por estar exentos del pago del impuesto que establece el Título II de esta Ley, en cuyo caso el adquirente causará dicho impuesto, para lo cual deberá considerar como impuesto a su cargo el que le hubiera trasladado el productor de no haber optado por estar exento.

El adquirente podrá acreditar este impuesto en el mismo mes en el que lo cause, salvo que lleve a cabo la enajenación de los bienes con el público en general.

Capítulo IV
De la prestación de servicios

Artículo 50. Son aplicables al presente Capítulo en lo conducente, lo dispuesto en los artículos 14, 16, 17 y 18 del Título I de la presente Ley.

Capítulo V
De la importación

Artículo 51. Son aplicables al presente Capítulo en lo conducente, los artículos 24, 26 fracciones I y II, 27 y 28 del Título I de la presente Ley.

El impuesto que establece el Título II de esta Ley que se hubiera pagado al importar los bienes, dará lugar al acreditamiento en los términos y con los requisitos del artículo 46 de esta Ley, salvo cuando el importador enajene los bienes al público en general y dicha enajenación esté afecta a la tasa del 0% en el impuesto al valor agregado.

Artículo 52. No se pagará el impuesto establecido en el Título II de esta Ley, en las importaciones siguientes:

I. Las que, en los términos de la legislación aduanera, no lleguen a consumarse, sean temporales, tengan el carácter de retorno de bienes exportados temporalmente o sean objeto de tránsito o transbordo.

II. Tratándose de los bienes que señala el Título II de esta Ley incluidos en los equipajes de los pasajeros a que se refiere la legislación aduanera. El Servicio de Administración Tributaria podrá ampliar los límites de la franquicia para permitir la importación de alimentos y medicinas para consumo de la persona que los importe, mediante reglas de carácter general.

III. Tratándose de los bienes que señala el Título II de esta Ley donados por residentes en el extranjero a la Federación, entidades federativas, municipios o a cualquier otra persona que mediante reglas de carácter general autorice el Servicio de Administración Tributaria.

Capítulo VI
De la exportación

Artículo 53. Las empresas residentes en el país o los establecimientos permanentes de residentes en el extranjero, calcularán el impuesto aplicando la tasa del 0% al valor de la enajenación de los bienes señalados en el Título II de esta Ley, cuando se exporten.

Para los efectos de esta Ley, se considera exportación de bienes la que tenga el carácter de definitiva en los términos de la Ley Aduanera.

También procederá el acreditamiento cuando las empresas residentes en el país exporten bienes para enajenarlos en el extranjero.

La devolución procederá hasta que la exportación se consume en los términos de la legislación aduanera.

Capítulo VII
De las obligaciones de los contribuyentes

Artículo 54. Las personas obligadas al pago del impuesto que establece el Título II de esta Ley y las que exporten bienes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 de la misma, además de cumplir con las obligaciones señaladas en otros artículos, deberán de cumplir respecto del impuesto que establece el Título II de esta Ley, en lo conducente, con las obligaciones previstas en el artículo 32 de esta Ley.

Capítulo VIII
De las facultades de las autoridades

Artículo 55. Al importe de la determinación presuntiva del valor de las actividades por las que se deba pagar el impuesto en los términos del Título II de esta Ley, se aplicará la tasa del impuesto que corresponda, y el resultado se reducirá con las cantidades acreditables que se comprueben.

Transitorios

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. En relación con el Título II de la Ley de los Impuestos al Valor Agregado y a la Enajenación e Importación, se estará a lo siguiente:

I. Los contribuyentes deberán efectuar el pago que corresponda al período comprendido entre la fecha de la entrada en vigor del presente Decreto y el 31 de diciembre de 2003, a más tardar el 17 de enero de 2004.

II. Tratándose de la enajenación de bienes o de la prestación de servicios gravados por el impuesto a la enajenación e importación, que se hayan celebrado con anterioridad a la fecha de la entrada en vigor del presente Decreto, las contraprestaciones correspondientes que se cobren con posterioridad a la fecha mencionada, no estarán afectas al pago del impuesto mencionado, siempre que los bienes o los servicios se hayan entregado o proporcionado antes de la fecha mencionada y el pago de las contraprestaciones respectivas se realice dentro de los diez días naturales inmediatos posteriores a dicha fecha.

Artículo Tercero. Cuando en las disposiciones que integran el Título I de la Ley de los Impuestos al Valor Agregado y a la Enajenación e Importación, que se adiciona en los términos del Artículo Único de este Decreto, se aluda al "impuesto establecido en esta Ley", se entenderá que se trata del impuesto al valor agregado.

Palacio Legislativo, a 1º de diciembre del 2003.

Atentamente
Diputado Gustavo Enrique Madero Muñoz (rúbrica)

Proposiciones

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE SE DECLARE 2004 "AÑO NACIONAL DEL MIGRANTE MEXICANO", A CARGO DEL DIPUTADO ALFONSO NAVA DIAZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

Los que suscribimos, diputados federales de la LIX Legislatura, comparecemos ante esta soberanía en uso de las facultades que nos conceden los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con objeto de proponer un punto de acuerdo en el que se declara el dos mil cuatro como "Año Nacional del Migrante Mexicano", en razón de los siguientes:

Considerandos

1. Que, de acuerdo con declaraciones del C. Presidente Vicente Fox, "las remesas de nuestros migrantes para el año 2003 rebasarán los 14 mil millones de dólares, lo que convertirá este concepto en la fuente "numero uno" de ingresos del país, por encima del petróleo y del turismo". Dicha cantidad supera la inversión extranjera directa. Este flujo de divisas coloca a México como el cuarto país receptor neto a nivel mundial.

Asimismo, reconoce que si la pobreza se ha reducido en un 16% -como lo estima la Comisión Económica para América Latina (Cepal)-, es en mucho gracias a las remesas enviadas por los migrantes en los últimos dos años.

2. El Presidente Fox también refirió que "esta cifra supera a las inversiones oficiales del campo, de educación y desarrollo social; las cuales sumadas ascienden a 11 mil millones de dólares.

Que traducido -estas remesas- en salarios mínimos, sería equivalente a que el 70% de las familias de México reciban un salario mínimo diario, durante todo el año.

Más de un 1.2 millones de hogares en nuestro país reciben remesas de familiares en el extranjero y entre 1992 y 2000 el número de hogares receptores aumentó un 90%.

De cada 10 personas que se benefician, 7 son mujeres, y el 43% de quienes reciben remesas del exterior no tienen otra fuente de ingresos.

3. El flujo migratorio a Estados Unidos sigue creciendo con una fuerza que no se puede detener; cada año cruza la frontera un millón de mexicanos -especialmente gente joven- y se estima que de ellos 400 mil se quedan en Estados Unidos.

4. Las cifras disponibles indican que viven en Estados Unidos 10 millones de personas que nacieron en México, 7 millones nacidos en Estados Unidos, pero de padres mexicanos, y 8 millones que se reconocen de origen mexicano, sin que ellos o sus padres hayan nacido en México; en total la población de origen mexicano asciende a poco más de 25 millones de personas; somos el grupo más numeroso de la población hispana.

5. En 1994 el Tratado de Libre Comercio excluyó el tema migratorio y, aun cuando el tema es parte de la agenda bilateral, no se contempla ninguna perspectiva de acuerdo, sólo se nos ve como "grandes amigos".

6. Los beneficios económicos no compensan los costos sociales de desintegración familiar, de pérdida de vidas, pérdida de cultura, discriminación y racismo, marginación, alcoholismo, drogadicción, enfermedades infecciosas, etcétera. Esto principalmente por la ausencia de un marco jurídico, de programas de apoyo a migrantes, de falta de oportunidades en nuestro país, y de ignorancia de las dimensiones reales del gravísimo problema que significa emigrar indocumentado.

Considerando todo lo anterior, aunado a que tenemos que pensar y hacer pensar a nuestros migrantes que México sigue siendo su país y que los necesitamos dentro y fuera de nuestras fronteras, someto a la consideración de esta H. Asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Artículo Primero.- Se declara el dos mil cuatro "Año Nacional del Migrante Mexicano".

Artículo Segundo.- El presente punto de acuerdo se sustenta en la consecución de los siguientes

Objetivos

Lograr un marco jurídico que garantice el respeto a los derechos humanos, sociales, políticos y laborales de los migrantes dentro y fuera de la República, hacerlo más accesible para que los migrantes realmente tengan el apoyo y reconocimiento de todos los mexicanos.

Artículo Tercero.- Para la consecución de los objetivos anteriormente planteados se desarrollará un programa general que pueda contener -dentro de otros- los siguientes

Puntos a desarrollar

1. Despertar conciencia en la población, en las instituciones públicas y privadas, en organismos y sociedades intermedias de la importancia que tienen los migrantes en nuestro país.

2. Construir una red nacional entre los gobiernos: federal, estatales, municipales y sociedad civil, encaminada a abordar y resolver la problemática que enfrentan los migrantes mexicanos.

3. Debatir sobre el derecho político de los migrantes.

4. Establecer un acercamiento entre los poderes legislativos de ambos países para lograr verdaderos acuerdos donde se reconozca los derechos plenos de los migrantes y se les trate con dignidad y respeto.

5. Encauzar un compromiso mayor a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que las embajadas y consulados brinden una atención de calidad en todos sus servicios.

6. Facilitar y humanizar el regreso de los migrantes, logrando las reformas para dar igualdad en las franquicias aduanales, ya sea que se internen por aire o por tierra; facilitar los requisitos para tener derecho al menaje de casa y de automóvil; reforzar el Programa Paisano para que los trámites con las autoridades locales sean mas rápidos. Comprometer especialmente a la Procuraduría General de la República, a la Policía Federal Preventiva, a las policías estatales, a la SHCP, para que la Dirección General de Aduanas, el Sistema de Administración Tributaria y todas las autoridades que tengan que tratar con nuestros migrantes, les brinden todo el apoyo necesario para su feliz estancia y paso por su país; que no haya retenes ni se les impongan trabas en los trámites necesarios, y que no se les despoje de sus pertenencias de manera arbitraria, como se ha venido sucediendo en múltiples ocasiones.

7. Instalar en temporadas de mayor flujo de migrantes un Ministerio Público especializado que agilice los mecanismos para fincar responsabilidades a funcionarios.

8. Solicitar a las autoridades federales reforzar el combate a las redes de tráfico de personas.

9. Impedir los abusos al envío de remesas y reglamentar estas operaciones.

10. Establecer módulos permanentes de atención a migrantes, sobre todo en las ciudades fronterizas, y que funcionen como oficinas gestoras ante las autoridades.

11. Desarrollar programas de atención médica para los migrantes que regresan a sus lugares de origen, así como impulsar programas educativos para los migrantes y sus hijos en Estados Unidos, como sería la creación de un fondo de becas escolares.

12. Crear programas de asesoría de inversión para todos aquellos migrantes que regresan al país con capital y con la intención de poner algún negocio.

13. Premiar a los migrantes que aporten mas apoyo para el desarrollo de su comunidad considerándolos "Migrantes Distinguidos".

14. Se convocará a la Comisión de Educación y de Cultura de esta H. Cámara de Diputados a que, en conjunto con la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, participe en la propuesta de inclusión de un capítulo especial y permanente en los libros de texto dirigidos a los niños, en los que se instruya al menor en la cultura migratoria con sus riesgos y posibilidades.

15. Que en cada municipio se cree una dirección de apoyo al migrante o, en su caso, se designe a un regidor responsable del programa.

16. Enfatizar el día 8 de diciembre, que es el Día Internacional del Migrante, con programas culturales, económicos, sociales, etcétera, que sirvan para que los migrantes realmente se sientan valorados y cobijados por nuestro país.

17. Promover la "Ley Federal de Protección al Migrante", logrando el marco jurídico garante de los derechos de los migrantes de toda la República.

18. Así como considerar y evaluar las propuestas que resulten de la convocatoria, premio y agenda nacional.

Bases de la convocatoria nacional

1ª. Se convocará al Ejecutivo federal, a instituciones de educación superior, a los académicos y estudiosos de la problemática migratoria, a los integrantes de las organizaciones no gubernamentales que apoyan a los migrantes, a los poderes públicos de las entidades federativas, a los municipios y ayuntamientos, y a la población en general, a participar en la consecución de los objetivos y puntos señalados en el acuerdo mediante la aportación de proyectos, opiniones, ponencias y sugerencias que tengan relación con la problemática actual de la migración y sus posibles soluciones para crear políticas públicas efectivas en materia de protección y desarrollo.

De la difusión de la declaratoria

2ª. La difusión del presente punto de acuerdo será obligatoria en todas las dependencias e instancias administrativas de la H. Cámara de Diputados y se invitará a la Cámara de Senadores, a los poderes federales, a estados y municipios, a hacer lo propio, mediante los convenios de colaboración que la propia Cámara de Diputados y las dependencias referidas celebren. Para el efecto, toda comunicación oficial de naturaleza no contenciosa que se realice por escrito llevará al margen superior derecho o a continuación de la fecha la siguiente leyenda

"Año Nacional del Migrante Mexicano"

Del premio nacional sobre estudios y proyectos a favor de los migrantes mexicanos

3ª. Se establecerá un premio nacional sobre estudios y proyectos a favor de los migrantes.

Del recurso presupuestal

4ª. Del presupuesto de egresos de 2004, del sector de desarrollo social, del de relaciones exteriores y del sector educativo se destinará una partida especial a la difusión de la declaratoria. Se destinarán espacios dentro de los tiempos oficiales en radio y televisión, a la convocatoria, al premio al fomento a proyectos académicos y de investigación, a la realización de talleres, a foros de consulta, seminarios y, en suma, al establecimiento de una macro campaña de estímulo a la cultura de apoyo al migrante.

De la agenda nacional, de las entidades federativas y de los municipios

5ª. Para lograr federalizar eficientemente los trabajos relativos a la materia migratoria del país, la Secretaría de Relaciones Exteriores y los grupos parlamentarios de esta H. Cámara de Diputados mantendrán comunicación y contacto permanente con el Senado de la República, el Ejecutivo federal, las diversas Legislaturas locales y los titulares de los Poderes Ejecutivos de los estados, con objeto de presentar un proyecto de agenda nacional para la federalización de las políticas de apoyo a los migrantes, antes de terminar el 2004. Los municipios tendrán sus propias agendas locales de consulta y opinión, cuyos miembros y en su conjunto podrán enviar sus propuestas a cualquiera de las instituciones de federación involucradas.

De la iniciativa privada y los medios de comunicación

6ª. Se invitará a la iniciativa privada y se solicitará el apoyo de los medios de comunicación para fortalecer y profundizar en la campaña de concientización de la población sobre la problemática migratoria del país.

De la operación del programa

7ª. Se integrará un Comité Coordinador encargado del programa, compuesto por integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo federal.

Considerando la necesidad de planear presupuestalmente el seguimiento del presente acuerdo, desde el punto de vista económico, antes de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2004, y considerando que en el fin de año es cuando se tiene el mayor flujo de migrantes, y con objeto de establecer los mecanismos conforme a los cuales se integrarán a los trabajos los Poderes Ejecutivo y Legislativo federal, así como las diversas entidades federativas del país y de conformidad con lo dispuesto por el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito que la Comisión a la que sea turnado el presente punto de acuerdo emita su dictamen a la brevedad posible o se ponga a consideración del pleno su urgente y obvia resolución.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de noviembre de 2003.

Diputados: Carlos Jiménez Macías, José Alarcón Hernández; Sara Rocha Medina, Laura Martínez Rivera, Arturo Robles Aguilar, Consuelo Rodríguez de Alba, Guillermo del Valle Reyes, José Mario Wong Pérez, Jaime Fernández Saracho, Pedro Avila Nevárez, Amalia Dolores García Medina, Angélica de la Peña Gómez, Socorro Díaz Palacios, Fermín Trujillo Fuentes, Lamberto Díaz Nieblas, Rafael Galindo Jaime, Jesús Humberto Martínez de la Cruz, Pablo Gómez Alvarez, Guillermo Huízar Carranza, Luis Medina Lizalde, Benjamín Sagahón Medina, José Luis Briones Briseño, Alejandro Saldaña Villaseñor, Roberto Vega Galina, Carlos Pano Becerra, Raúl Mejía González, Miguel Amezcua Alejo, Luis Antonio Ramírez Pineda, Cruz López Aguilar, Humberto Filizola Haces, Gonzalo Alemán Migliolo Sergio Posadas Lara, Carlos Flores Rico, César Amín González, Guillermo Aréchiga Santamaría, María Esther Scherman Leaño, María del Carmen Izaguirre Francos, Francisco Alberto Jiménez Merino, Jesús Morales Flores, Juan Manuel Vega Rayet, José Angel Ibáñez Montes, Alfonso González Ruiz, Héctor Gutiérrez de la Garza, Humberto Cervantes Vega, Manlio Fabio Beltrones Rivera, Mayela Quiroga Tamez, Carlos Mireles Morales, margarita Martínez López, Pablo Pavón Vinales, Alfonso Rodríguez Ochoa, Alfredo Villegas Arreola, Armando Leyson Castro, Abraham Velázquez Iribe, Jesús Martínez Alvarez, Salvador Martínez Della Rocca, Narciso Agúndez Montaño, Gelacio Montiel Fuentes, Héctor M. Bautista López, Edgar Torres Baltazar, Francisco Chavarría Valdeolivar, Juan García Costilla, Jazmín Zepeda Burgos, Gerardo Ulloa Pérez, Javier Salinas Narváez, César A. Chavez Castillo, Marcelo Herrera Herbert, Enrique Torres Cuadros, Francisco Mora Ciprés, Inelvo Moreno Alvarez, Yadira Serrano Crespo, Margarito Fierros Tano, Israel Tentory García, Carlos Silva Valdés, Armando Neyra Chávez, Enrique Burgos García, Oscar Pimentel González, Marco Antonio Gama Basarte, María Hilaria Domínguez Arvizu, Francisco Monárrez Rincón, Rosario Saénz López, Martín Vidaña Pérez, Patricia Durán Reveles, Sheyla Fabiola Aragón Cortés, José Julián Sacramento Garza, Concepción Cruz García, Rodolfo Esquivel Landa, Armando Rangel Hernández, Gonzalo Guizar Valladares, Francisco Saucedo Pérez, Juan Bárcenas González, José Rangel Espinosa, Francisco Grajales Palacios, José Alfonso Muñoz Muñoz, Adrián Villagómez García, Gerardo Montenegro Ibarra, Eduardo Bailey Elizondo, Martín Carrillo Guzmán, Fernándo Ulises Adame, Jorge Leonel Sandoval Figueroa, Quintín Vázquez García, Julián Nazar Morales, Manuel Velasco Coello, María Avila Serna, María Elena Orantes López, Dolores Padierna Luna, Marcela Lagarde y de los Ríos, Joel Padilla Peña (rúbrica).

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE LA CAMARA DE DIPUTADOS SE PRONUNCIE CONTRA LA DESAPARICION DE LOS ORGANISMOS Y LAS ENTIDADES PUBLICOS VINCULADOS AL FORTALECIMIENTO DEL ENFOQUE SISTEMICO QUE DE VIABILIDAD A LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE, A CARGO DEL DIPUTADO LAZARO ARIAS MARTINEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

La Ley de Desarrollo Rural Sustentable es resultado de un proceso legislativo muy largo y sinuoso, iniciado por la LVII Legislatura, durante la cual fue elaborada su versión original, que se convirtió en la primera ley vetada por el Ejecutivo federal en la historia de México.

Rehecha por la Legislatura pasada en coordinación con la Sagarpa, la ley fue finalmente aprobada por unanimidad y publicada en diciembre de 2001.

La Ley de Desarrollo Rural Sustentable, que es de planeación y fomento, establece y ordena las políticas públicas para el campo con un horizonte de largo plazo, para cuyo apoyo se creó una red de sistemas, servicios, fondos y programas.

Contradictoriamente, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004, en su segundo artículo transitorio, la Secretaría de Hacienda pretende eliminar varios organismos públicos que resultan indispensables para el funcionamiento del sistema integral que la ley establece.

No podemos permitir que los programas sectoriales y especiales, así como la promoción, la coordinación, la concertación y la asignación de responsabilidades a las dependencias y las entidades federales, sean vulnerados por un proyecto de Presupuesto.

Es inaceptable que a las entidades públicas que trabajan para el desarrollo rural se reduzcan las capacidades institucionales. Mucho menos cuando hemos vivido una dura ruta crítica de discusión y movilización social, que dio como resultado la firma del Acuerdo Nacional para el Campo, finalmente aceptado por un número importante de organizaciones campesinas.

La propia Ley de Desarrollo Rural Sustentable obliga al Ejecutivo federal a integrar 15 sistemas y servicios especializados que, con esta decisión gubernamental, son tirados por la borda, ya que se perjudica y resta capacidad para su ejecución y coordinación.

¿Con qué herramientas gubernamentales se operará el sistema nacional de investigación y transferencia de tecnología para el desarrollo rural sustentable si se pretende desincorporar el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias y el Instituto de Tecnología del Agua y el Colegio de Posgraduados son las instituciones que tienen capital humano y tecnológico, reconocidas como los organismos más especializados en el terreno de la ciencia y la tecnología agropecuaria, forestal, pesquera y del agua de México y Latinoamérica?

¿Con qué dependencia el Ejecutivo federal se apoyará para instaurar el programa de capacitación y asistencia técnico-rural integral si está pretendiéndose eliminar el Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades en el Sector Rural, AC (Inca Rural), institución líder en procesos de capacitación, asistencia técnica, intercambio de experiencias y de evaluación y certificación para el desarrollo rural integral?

Además, se pretende desincorporar el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, el único organismo que promueve la comercialización de los productos de los artesanos mexicanos, la mayoría de ellos indígenas, lo cual incide tanto en el sistema nacional de bienestar rural como en el sistema nacional de fomento de las empresas social-rurales.

Por otro lado, al desaparecer la Comisión Nacional de Zonas Aridas, ¿qué dependencia del Ejecutivo federal atenderá el sistema nacional contra la desertificación y la degradación de los recursos naturales?

Los cinco organismos a que me he referido ejercieron en 2003, para mantener sus estructuras y gasto corriente, un total de 1,986 millones de pesos, por lo que el ahorro que al erario público traería su desaparición es insignificante con relación al daño que se haría al campo al perder la experiencia institucional y el capital humano que durante décadas éstos han desarrollado.

¿Por qué no entender, de una vez por todas, que la planeación rural y el programa especial concurrente de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable se vinculan a un presupuesto integral para el campo?

La eliminación o privatización de entidades públicas que han demostrado pertinencia y eficiencia de sus programas merman y reducen la sustentabilidad del desarrollo rural, sobre todo en perjuicio de campesinos, pueblos indígenas, productores y pobladores rurales.

Por ello, en defensa del campo mexicano y de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, propongo el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico. Que la honorable Cámara de Diputados se pronuncie contra la desaparición de los organismos y las entidades públicos vinculados a fortalecer el enfoque sistémico que dé viabilidad a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, como son el Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, AC, el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, el Instituto de Tecnología del Agua, el Colegio de Posgraduados, la Comisión Nacional de Zonas Aridas y el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías; y, a su vez, se exhorte a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública de esta honorable Legislatura a que así lo consideren en la elaboración de sus dictámenes de la Ley de ingresos y del Presupuesto de Egresos.

Dip. Lázaro Arias Martínez (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE EL PROGRAMA DIPUTADA AMIGA, DIPUTADO AMIGO INICIE EL 12 DE DICIEMBRE Y SE MANTENGA COMO PERMANENTE DE LA CAMARA DURANTE LA LIX LEGISLATURA, A CARGO DEL DIPUTADO EMILIO BADILLO RAMIREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

Las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados tenemos el firme compromiso e interés de trabajar en favor de los derechos de los millones de mexicanos que se han visto obligados a dejar el país y a sus familias para encontrar un trabajo digno en el extranjero que les permita satisfacer sus más elementales necesidades para sobrevivir.

Los grandes flujos migratorios forman parte de la dinámica del mundo contemporáneo; y México, como país receptor de tránsito y de origen de migrantes, reconoce la realidad de esta situación, que nos obliga a establecer mecanismos de atención y respeto de los derechos humanos que les asisten, independientemente de su condición migratoria.

Entre esos derechos fundamentales está el de regresar a su patria y transitar con plena libertad en todo el territorio nacional para visitar a los familiares que tradicionalmente les esperan para disfrutar de las fiestas de fin de año.

Lamentablemente, esas visitas de nuestros connacionales en su gran mayoría implican para ellos pasar por una serie de abusos y arbitrariedades que cometen malos servidores públicos a la hora de realizar las gestiones de ingreso y de tránsito a sus lugares de origen.

Esa situación persiste hasta nuestros días, debido fundamentalmente al desconocimiento de nuestros paisanos sobre la existencia de las instancias y autoridades a que pueden acudir para denunciar maltratos y abusos, sobre todo los derechos que pueden ejercer sin tener que recurrir a una dádiva obligatoria.

De acuerdo con lo anterior, integrantes de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos migratorios, con fundamento en los artículos 58, 59, 60 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta asamblea el presente punto de acuerdo.

Antecedentes

1. El 15 de octubre del año en curso, en la sesión plenaria de instalación de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, acordamos en el pleno de ésta establecer mecanismos de atención y protección a los migrantes, el cual surge del interés y la preocupación de apoyarlos en su regreso, tránsito o ambos por nuestro país con destino a sus lugares de origen a celebrar con sus familias la época decembrina.

2. La Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios acordó en sesión ordinaria presentar ante el Pleno de la H. Cámara de Diputados un de punto de acuerdo en el que se propone la implantación del programa Diputada Amiga, Diputado Amigo.

A partir de estos antecedentes, integrantes de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios expone las siguientes

Consideraciones

I. Que en las celebraciones de fin de año (diciembre-enero) ingresan en el país más de un millón de connacionales que radican en Estados Unidos de América y en Canadá.

II. Que son múltiples las denuncias y reclamos por los abusos que se cometen contra nuestros paisanos en su viaje de retorno o su visita a sus lugares de origen por parte de servidores públicos que atropellan sus derechos y recurren a prácticas de corrupción para permitirles realizar sus trámites de ingreso en el país.

III. Que es compromiso de los legisladores velar por el respeto de las garantías individuales de todos los mexicanos, sin olvidar a los que por necesidad se encuentran fuera del país.

Por tal motivo, resulta necesario y urgente que la Cámara de Diputados apoye y evalúe las acciones del Programa Paisano y los similares que se implanten en los estados.

Por las razones expuestas, la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Que el programa Diputada Amiga, Diputado Amigo se inicie el 12 de diciembre y se mantenga como permanente durante la LIX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, reforzando su operación en diciembre y enero.

Segundo. Que la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios sea la coordinadora general de la operación del mencionado programa.

Tercero. Que se procure por todos los medios oficiales y de comunicación dar a conocer a los paisanos migrantes que la Cámara de Diputados, mediante el programa Diputada Amiga, Diputado Amigo, garantizará el ejercicio de sus derechos y garantías

Cuarto. Que se establezca una continua y fluida coordinación con las Comisiones de Asuntos Fronterizos y Migratorios de los Congresos locales, con la Comisiones Nacional y estatales de los Derechos Humanos y con todas las oficinas gubernamentales de atención a migrantes de los Poderes Ejecutivos federal y estatales, a fin de garantizar la atención a la referida problemática de los migrantes en su regreso del extranjero.

Por lo aquí expuesto, atentamente solicito, señor Presidente, que se considere el punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por la cercanía de la temporada de llegada de nuestros connacionales que visitan sus lugares de origen.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los dos días de diciembre de 2003.

Diputados: Juan Antonio Guajardo Anzaldúa (rúbrica), Presidente; Ruth Trinidad Hernández Martínez, Emilio Badillo Ramírez (rúbrica), Lino Celaya Luría, Rosa María Avilés Nájera (rúbrica), secretarios; Fernando Alvarez Monje, Blanca Judith Díaz Delgado, Marco Antonio Gama Basarte, Alfonso Moreno Morán (rúbrica), Juan Manuel Vega Rayet, Julio César Córdova Martínez, Francisco Herrera León (rúbrica), Francisco Mora Ciprés (rúbrica), Elpidio Tovar de la Cruz (rúbrica), Enrique Torres Cuadros (rúbrica), Eliana García Laguna (rúbrica), Ana Lilia Guillén Quiroz (rúbrica), María Avila Serna (rúbrica), Homero Ríos Murrieta, J. Roberto Ruiz Esparza Oruña, María Guadalupe Suárez Ponce, José Isabel Trejo Reyes, Carlos Osvaldo Pano Becerra (rúbrica), Nora Elena Yu Hernández (rúbrica), Jesús Zúñiga Romero (rúbrica), Laura Elena Martínez Rivera (rúbrica), Gonzalo Moreno Arévalo (rúbrica), Roberto Pedraza Martínez (rúbrica), Alfonso González Ruiz (rúbrica), Heliodoro Díaz Escárraga (rúbrica), Jorge Romero Romero (rúbrica), Gonzalo Rodríguez Anaya (rúbrica), Oscar Bitar Haddad (rúbrica), Miguel Angel Osorio Chong (rúbrica), Moisés Jiménez Sánchez (rúbrica), José Porfirio Alarcón Hernández (rúbrica), Filemón Arcos Suárez (rúbrica), Jorge Ortiz Alvarado (rúbrica), Francisco Alberto Jiménez Merino (rúbrica), Marco A. Torres Hernández (rúbrica), Benjamín Sagahón Medina (rúbrica), José Luis Briones Briceño (rúbrica), Rosalina Mazari Espín (rúbrica), Jesús Humberto Martínez de la Cruz (rúbrica), Jesús Morales Flores (rúbrica), Mario Zepahua Valencia (rúbrica), Margarita Martínez López (rúbrica), Quintín Vázquez García (rúbrica), Roberto Vega y Galina (rúbrica), Mayela Quiroga Tamez (rúbrica), Roger Alcocer García (rúbrica), Félix Arturo González Canto (rúbrica), Víctor Alcerreca Sánchez (rúbrica), Gonzalo Alemán Migliolo (rúbrica), Francisco Grajales Palacios (rúbrica), Belisario Iram Herrera Solís (rúbrica), Florencio Collazo Gómez (rúbrica), Adrián Víctor Hugo Islas Hernández (rúbrica), María del Carmen Izaguirre Francos (rúbrica), José Luis Flores Hernández (rúbrica), Marcela Guerra Castillo (rúbrica), María Cristina Díaz Salazar (rúbrica), Alfonso Rodríguez Ochoa (rúbrica), Cuauhtémoc Ochoa Fernández (rúbrica), Fernando Espino Arévalo (rúbrica), Jorge Legorreta Ordorica (rúbrica), Alejandro Agundis Arias (rúbrica), Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Julio Horacio Lujambio Moreno (rúbrica), Carlos Manuel Rovirosa Ramírez (rúbrica), Omar Bazán Flores(rúbrica), Arturo Robles Aguilar (rúbrica), Martha Palafox Gutiérrez (rúbrica), Florentino Domínguez Ordóñez (rúbrica), Federico Barbosa Gutiérrez (rúbrica), Mario Moreno Arcos (rúbrica), Abel Echeverría Pineda (rúbrica), Rubén Figueroa Smutny (rúbrica), Alvaro Burgos Barrera (rúbrica), Marcelo Tecolapa Tixteco (rúbrica), Gema Isabel Martínez López (rúbrica), Rebeca Godínez y Bravo (rúbrica), José Manuel Carrillo Rubio (rúbrica), Jesús Zúñiga Romero (rúbrica), José Angel Ibáñez Montes (rúbrica), Humberto Filizola Haces (rúbrica), Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica), Alejandro Moreno Cárdenas (rúbrica), Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), José Manuel Abdala de la Fuente (rúbrica), Oscar Martín Ramos Salinas (rúbrica).

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA COORDINACION NACIONAL DEL PROGRAMA OPORTUNIDADES A QUE PLANEE, PROGRAME, SUPERVISE Y EVALUE, CONFORME AL PRESUPUESTO APROBADO, LA COBERTURA TOTAL DE MUNICIPIOS DEL PAIS QUE FALTAN DE INCORPORARSE A DICHO PROGRAMA, A CARGO DEL DIPUTADO FERMIN TRUJILLO FUENTES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y considerando la importancia y urgencia de que esta LIX Legislatura se mantenga atenta a las necesidades de la gente y al fortalecimiento de los tres niveles de gobierno, mediante el impulso y aprobación de partidas presupuestales que fortalezcan sus ingresos, su patrimonio, sus capacidades y su participación, por mi conducto exhortamos a la Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, órgano desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Social con autonomía técnica, para que en el uso de sus atribuciones planee, programe, supervise y evalúe, la cobertura total de los municipios del país que falten de incorporarse a dicho programa, mediante el crecimiento de localidades pendientes, antes de atender la demanda de comunidades y municipios ya beneficiados, en el marco de las siguientes:

Consideraciones

Que mediante Decreto Publicado en el Diario Oficial de la Federación del 6 de Marzo de 2002, se reforma el Decreto por el que se crea la Coordinación Nacional del Programa de Educación, Salud y Alimentación como órgano desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de Agosto de 1997 para quedar como la Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, quien a partir de entonces tiene por objeto formular, coordinar, dar seguimiento, supervisar y evaluar la ejecución del mismo.

Que desde la publicación en el Diario Oficial de la Federación en el texto de las consideraciones y el articulado del Decreto el Ejecutivo Federal marco como su máxima prioridad al desarrollo social, por lo que sito textualmente :

Que la política social integral del Gobierno Federal identifica cinco vertientes fundamentales para las bases de un auténtico desarrollo humano, económico y social sostenidos y que consisten en oportunidad, capacidad, seguridad, patrimonio y equidad, que resumen los enfoques más importantes para la superación de la pobreza, aunado a un amplio conjunto de políticas públicas que involucren la participación de los tres órdenes de gobierno, de la comunidad, las familias, las organizaciones sociales, el sector privado y la comunidad académica, en un esfuerzo compartido para generar igualdad de oportunidades para los grupos más pobres y vulnerables, apoyar el desarrollo de las capacidades de las personas en condición de pobreza así como fortalecer el tejido social, fomentando la participación y el desarrollo comunitario.

Que entre las premisas básicas de la política educativa de este Gobierno, se encuentra la de garantizar el derecho a la educación, mediante la promoción de la igualdad de oportunidades para el acceso, la permanencia y el logro en la educación básica de todos los niños y jóvenes del país, de manera que permita, a la vez, ampliar la cobertura de la educación media superior a jóvenes y adultos que hayan completado su educación básica y avanzar en la atención del rezago educativo de aquellos que no tuvieron o no culminaron su educación, mediante una oferta de calidad orientada a su desarrollo integral para el mejoramiento de su vida personal, familiar y social, así como para su realización productiva.

Que los objetivos y aspectos más relevantes que conforman la política de salud para la presente administración, consiste en mejorar las condiciones de salud de los mexicanos, abatir las desigualdades así como reducir los rezagos en la materia que afecta a los más pobres.

Que en razón de lo anterior, resulta pertinente reforzar las acciones de coordinación de servicios educativos, de salud y de entrega de apoyos alimentarios, complementándolas con programas de empleo temporal, de apoyo a proyectos productivos, de fomento del ahorro y el crédito popular, para que bajo un enfoque de administración pública ágil, transparente y oportuno, se siga apoyando de manera efectiva y eficaz las familias que presenten los mayores índices de marginación y carencia de oportunidades".

El presupuesto aprobado por la LVIII Legislatura en los ejercicios fiscales en los años 2001, 2002 y 2003 para la Secretaría de Desarrollo Social específicamente para el Programa DesarrolloHumano Oportunidades fue de 13,003; 18,608 y de 22,650 millones de pesos, respectivamente; lo que permitió, con una correcta focalización del programa ampliar la cobertura a un mayor número de localidades para beneficiar a un mayor número de familias, logrando en estos años pasar de 2,276,000 a 4,240,000 hogares.

En lo referente a la cobertura en localidades hasta el año 2002 se atendieron en la zona rural 67,941; en la zona semiurbana 1,934 y en la zona urbana 575, logrando un total de 70,450 localidades en 2,346 municipios de las 32 entidades federativas.

Entendemos que la pobreza este más acentuada en los Estados del Sur, Sureste y Centro de la República y que por tanto los recursos del Programa Desarrollo Humano Oportunidades y el número de familias beneficiadas sea mayor en estos lugares, pero entre un pobre de Chiapas y uno de Sonora, y entre uno de Navojoa, Sonora y otro de Tepache, Sonora, las limitaciones para brindar oportunidades de educación, salud y alimentación son las mismas; por lo que en el conocimiento de que en el año 2003 no hubo presupuesto para incrementar la cobertura del programa y que la estrategia de la Coordinación Nacional es atender a localidades pendientes y la demanda de nuevas familias en localidades atendidas, solicito la solidaridad de las Diputadas y Diputados de la LIX Legislatura para que 85 municipios de los Estados de Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Jalisco, México, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Sonora que no han recibido un solo peso del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades y en el marco de la aprobación del próximo Presupuesto de Egresos de la Federación se aprueba el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.- Se exhorta al titular de la Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, órgano desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Social, para que en el uso de sus atribuciones planee, programe, supervise y evalúe la cobertura total de los municipios del país que faltan de incorporarse a dicho programa, mediante el crecimiento de localidades pendientes, antes de atender la demanda de localidades y municipios ya beneficiados.

Señor Presidente en base al Artículo 59 del Reglamento Interior del Congreso y dada la naturaleza misma del problema he solicitado se otorgue el trámite de urgente y obvia resolución.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de diciembre del 2003

Dip. Fermín Trujillo Fuentes (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE ESTABLECER EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2004 UNA PARTIDA DESTINADA A INCREMENTAR EL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO QUE ADMINISTRA EL FONDO DE JUBILACIONES DE LOS TRABAJADORES DE FERROCARRILES NACIONALES DE MEXICO, A CARGO DEL DIPUTADO FRANCISCO GRAJALES PALACIOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El suscrito Francisco Grajales Palacios, diputado del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de la Honorable Cámara de Diputados de la LIX Legislatura Federal de esta soberanía, la propuesta que contiene el siguiente:

Punto de acuerdo para que se contemple dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del 2004, una partida presupuestal con recursos suficientes para que el Ejecutivo Federal los destine a incrementar el patrimonio del Fideicomiso que administra el Fondo de Jubilaciones de los trabajadores ferrocarrileros jubilados del Organismo Público Descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México, en Liquidación, para incrementar el aguinaldo y las pensiones de este grupo de pensionados.

Antecedentes

1. Como resultado del Proceso de Privatización del Sistema Ferroviario Mexicano, 56,372 (cincuenta y seis mil trescientos setenta y dos) trabajadores de Ferrocarriles Nacionales de México, obtuvieron el beneficio de su jubilación al cumplir con los requisitos establecidos en el Contrato Colectivo de Trabajo, los convenios laborales y/o Reglamentos correspondientes.

2. Para garantizar el pago vitalicio de las pensiones y prestaciones de los trabajadores ferrocarrileros jubilados, el Gobierno Federal atendiendo la gestión de la Dirigencia del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana, aportó por conducto de Ferrocarriles Nacionales de México, los recursos económicos necesarios, conforme a cálculos actuariales, para tal objetivo. Tales recursos económicos fueron aportados mediante contrato de fideicomiso a Nacional Financiera, S.N.C. dentro del Fideicomiso FERRONALESJUB número 5012-6.

3. El desfasamiento entre el inicio de operaciones del Fondo de Jubilaciones, 26 de septiembre de 2000, el ultimo proceso de revisión del contrato colectivo de trabajo, 1º. De junio de 1999, y el ejercicio fiscal tomado en cuenta por el Banco de México para determinar el Índice Nacional de Precios al Consumidor, originó que las pensiones y prestaciones en el primer año de operaciones del Fondo de Jubilaciones se incrementaran en un porcentaje inferior a la inflación del año inmediato anterior, por lo que resulta además de justo, conveniente que este grupo de jubilados reciban un ajuste en sus pensiones y prestaciones para resarcirlos del perjuicio que este procedimiento les ocasionó.

4. En otro orden de ideas, durante la vigencia de las relaciones laborales en Ferrocarriles Nacionales de México, dentro de los procesos de revisión contractual, la dirigencia del Sindicato Ferrocarrilero solicitó del patrón, el incremento en el número de días (15) que la empresa pagaba a los jubilados por concepto de aguinaldo anual, para igualarlos con el número de días (40) que por igual concepto se pagaba anualmente a los trabajadores en servicio activo. Sin embargo, no se llegó a concluir dicha negociación ante la conclusión del proceso de privatización. De esta forma el Fondo de Jubilaciones únicamente cubre a los ferrocarrileros jubilados una cantidad por concepto de aguinaldo anual equivalente a quince días sobre el importe de la pensión mensual jubilatoria, lo cual resulta injusto y discriminatorio si atendemos que la mayoría de los pensionados y jubilados dentro de los sistemas oficiales de seguridad social (IMSS, ISSSTE, etc,) reciben el equivalente a un mes de sus pensiones, de ahí que se estime necesario que se aporten al Fideicomiso que administra el Fondo de Jubilaciones los recursos necesarios para que esta prestación anual se ajuste en su monto a lo que reciben por idéntico concepto la mayoría de los pensionados y jubilados de este país.

5. Este tema ha sido recurrentemente planteado por la Dirigencia del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana, ante integrantes de las Cámaras del Honorable Congreso de la Unión, y Senadores y Diputados de las distintas fracciones parlamentarias han abordado la tribuna de ambas Cámaras y de la Comisión Permanente para apoyar este justo reclamo de los ferrocarrileros jubilados y su dirigencia sindical, tal es el caso, el punto de acuerdo aprobado por el Pleno del Senado de la República, con el consenso de todos los partidos en él representados, en sesión de fecha 10 de diciembre de 2002, y que la dirigencia sindical, el 11 de diciembre de 2002, hiciera del conocimiento y solicitara el apoyo de los Grupos Parlamentarios de la Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura Federal, sin que se hubiere atendido este reclamo en esa ocasión.

6. Por ello, la Fracción Parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional convoca al resto de las fracciones parlamentarias representadas ante esta Honorable Soberanía para que se adopte el acuerdo de que las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados al elaborar el dictamen de la Iniciativa del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004, incluya una partida presupuestal con los recursos necesarios para que el Gobierno Federal los destine a incrementar el patrimonio del Fideicomiso FERRONALESJUB 5012-6 de Nacional Financiera, S.N.C. que administra el Fondo de Jubilaciones de los trabajadores ferrocarrileros jubilados de Ferrocarriles Nacionales de México, en liquidación, y de esta forma se incrementen las pensiones jubilatorias en un porcentaje superior a la Inflación determinada por el Banco de México con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor y el aguinaldo anual que recibe este grupo de pensionados y jubilados y se incremente permanentemente a 30 (treinta) días para hacerlo coincidir con el que recibe el resto de los pensionados y jubilados en este país.

7. Lo anterior para hacer efectiva la obligación que impone al Gobierno Federal el artículo 4º. del Decreto por virtud del cual se extingue el Organismo Público Descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México y se abroga su Ley Orgánica, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 4 de junio del 2001, de constituirse en garante permanente de los derechos de los extrabajadores del Organismo Público Descentralizado y de que el Fondo de Jubilaciones establecido para garantizar el pago vitalicio de las pensiones de los ferrocarrileros jubilados cuente con los recursos necesarios para el cumplimiento de sus objetivos.

Por lo expuesto a usted C. Presidente de la Mesa Directiva solicito con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se someta a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Unico.- Que las fracciones parlamentarias representadas en esta Honorable Cámara de Diputados acuerden que las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, consideren esta propuesta y al elaborar el dictamen de la Iniciativa de Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del 2004, incluyan una partida con los recursos económicos necesarios para que el Poder Ejecutivo Federal los destine a incrementar el patrimonio del Fideicomiso FERRONALESJUB NÚMERO 5012-6 de Nacional Financiera, S.N.C. relativo al Fondo de Jubilaciones de los trabajadores jubilados de Ferrocarriles Nacionales de México, y hacer posible que las pensiones, las prestaciones y el aguinaldo anual que reciben los fideicomisarios sean incrementados en los términos señalados en la presente propuesta.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de noviembre de 2003.

Diputados: Francisco Grajales Palacios, Manuel Velasco Coello, Francisco Amadeo Espinosa Ramos, Emilio Zebadúa González, César Amín González, Carlos Blackaller Ayala, Sami David David, Carlos Pano Becerra, Roberto Aquiles Aguilar, Jorge Utrillo Robles, Arturo Osornio Sánchez, Carlos Mireles Morales, Mario Carlos Culebro Velasco, José Alarcón Hernández, Emelia Sandoval Urbán, Arturo Robles Aguilar, Guillermo del Valle Reyes, César Chávez Castillo (rúbricas).

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE LA CAMARA DE DIPUTADOS SE PRONUNCIA EN FAVOR DE LA REGIONALIZACION DE LAS REGLAS DE OPERACION DE LOS PROGRAMAS DE VIVIENDA VIGENTES, A CARGO DEL DIPUTADO JESUS ANGEL DIAZ ORTEGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

Con fundamento en lo dispuesto por la Ley Orgánica del Congreso General y por el artículo 58 del Reglamento, los suscritos diputados federales presentan ante esta soberanía el siguiente punto de acuerdo con las siguientes:

Consideraciones

La vivienda es un beneficio al que el ser humano tiene derecho y que no ha funcionado por complejidad de respuesta del gobierno Federal frente a una demanda en constante crecimiento. Sin embargo, deben buscarse los mecanismos idóneos que permitan que esta Garantía Constitucional se convierta en una realidad de voluntades. Coincidimos en la importancia que tiene para el desarrollo económico, social y urbano de la población, pero a la par, observamos las necesidades nacionales que son tan apremiantes, y que concretamente se acentúan en las diversas regiones donde se presentan características y problemáticas diferenciadas que son bien conocidas por las entidades estatales de vivienda. De esto la razón del presente punto de acuerdo, para expresar las necesidades habitacionales y la petición de apoyar propuestas que brinden la oportunidad de dar consecución al ideal constitucional en materia habitacional.

La normatividad de todo programa gubernamental debe ser un punto nodal para el buen desarrollo de los mismos. Por lo que no se puede permitir que un satisfactor esencial como la vivienda degenere en un derecho privativo de un grupo de la población por criterios funcionales de programas que contemplan valoraciones cuantitativas que no representan las condiciones e idiosincrasias genuinas de las diversas regiones de nuestro país.

En aras de la justicia distributiva los desiguales no deben ser tratados con criterios estandarizados. Esto implica en el presente punto de acuerdo concluir sobre la necesidad de revisar las reglas de Operación de los programas de vivienda para ser ajustadas a las necesidades regionales del país. Son necesarias propuestas concretas y concisas que requieren un apoyo sustancial en pro del desarrollo nacional.

EL Consejo de Vivienda y Suelo establece la obligatoriedad de concluir los programas de vivienda progresiva ejecutados en ejercicios anteriores. Sin embargo, no es posible condicionar la conclusión de los programas del pasado remoto al aprovechamiento de recursos frescos.

En cuanto al subsidio del Programa "Tu Casa", se propone, en caso de pobreza extrema, que los recursos destinados a la construcción de vivienda progresiva sean canalizados a la vivienda rural, permitiendo su aplicación conforme a la demanda regional de los estados. Por lo que es necesario otorgar el monto del subsidio que requiere el beneficiario para complementar el precio de una vivienda de verdadero interés social.

Es una prioridad considerar como aportación Estatal los recursos que el Gobierno invierte directamente con los municipios en obras de infraestructura social.

En el Programa de Ahorro, Subsidio y Crédito para la Vivienda Progresiva, los estados del Sureste han tenido experiencias negativas de forma tal que para concluir los ejercicios anteriores se requieren en la actualidad de recursos muy superiores a los aportados originalmente por la federación.

La mayor parte de la población económicamente activa está conformada por familias cuyo promedio de ingresos les imposibilita contar con los recursos suficientes para aportar un ahorro previo en el programa. Por ello deben considerarse los índices de marginación de las micro regiones para determinar el monto de la aportación del beneficiario o incluso su anulación.

En cuanto al programa "Hábitat" es una necesidad ineludible incrementar el techo presupuestal para la adquisición de reservas territoriales a los programas existentes. Por ello se propone que se equilibren las aportaciones: 50% federación - 50% estado, cuando menos.

En la operación del programa, el estado a través de su instancia normativa será la encargada de la ejecución y buen término de las acciones, tomando en cuenta sus características, infraestructura y condiciones económicas. Para lo que es importante que las reglas de operación sean revisadas por ambas partes.

Uno de los problemas que limitan la adquisición de reservas territoriales para el desarrollo de vivienda es la escasez de predios privados y con certeza jurídica. Por lo que urge simplificar los trámites para la desincorporación de tierra social a propiedad privada.

Por lo expuesto se propone el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero.- Turne la presidencia la presente proposición a la Comisión de Vivienda para que, previo su estudio y dictamen sea aprobado por el pleno en los siguientes términos.

Segundo.- La H. Cámara de Diputados reconoce que las políticas de vivienda por su magnitud e ingerencia en el desarrollo económico y social dela población, son políticas de Estado en las que deben participar los diferentes niveles de gobierno en circunstancias de respeto y coordinación.

Tercero.- Nuestro país consta de una amplia gama de condiciones sociales, culturales, económicas y geográficas que permiten diferenciarlas de manera regional. Por lo que cada región posee características y problemáticas a las que se debe afrontar con políticas claras de compromiso social.

Cuarto.- Por lo que, teniendo como premisa el desarrollo equitativo del país se pide a la H. Cámara de Diputados, se pronuncie a favor de la regionalización de las reglas de operación de los Programas de Vivienda, con la finalidad de que las entidades federales de la materia cumplan eficientemente con las necesidades nacionales.

Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México a veintiuno de noviembre de 2003.

Dip. Jesús Angel Díaz Ortega (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE REQUERIR AL JEFE DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL QUE INFORME A ESTA SOBERANIA ACERCA DEL DESTINO Y LA APLICACION DE LOS RECURSOS QUE HA SOLICITADO POR CONCEPTO DE ENDEUDAMIENTO NETO PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2004, A CARGO DEL DIPUTADO RENE ARCE ISLAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

Con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, René Arce Islas, diputado federal en la LIX Legislatura, en nombre de los diputados del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, me permito presentar con carácter de urgente y obvia resolución la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, a fin de requerir al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos que informe y justifique ante esta Soberanía los montos, destino y aplicación de los recursos que por concepto de endeudamiento público solicitó para el ejercicio fiscal 2004, a partir de la siguiente

Exposición de Motivos

1. De conformidad con la fracción VIII del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es facultad del Congreso de la Unión dar las bases sobre las cuales el ejecutivo pueda celebrar empréstitos sobre el crédito de la Nación para aprobar esos mismos empréstitos y para reconocer y mandar pagar la deuda nacional.

2. La información que deberá ser proporcionada por el Titular del Ejecutivo Federal, deberá ser exhaustiva, lo cual implica señalar todos los rubros que se refieran a endeudamiento y del destino, uso y aplicación de los propios, aún el respectivo a la deuda adquirida por el Distrito Federal, lo anterior según lo establecido por el precepto que ha sido señalado, el que obliga al Ejecutivo Federal a presentar un informe sobre el ejercicio de la deuda pública nacional.

3. Esta Soberanía es competente para conocer y ser informada acerca del destino que tendrán los recursos que por concepto de endeudamiento haga el Titular del Ejecutivo Federal, de conformidad con la ley en la materia.

4. Con base en lo anterior es necesaria la justificación por parte del titular del Ejecutivo Federal respecto al rubro señalado, toda vez que, del ejercicio de los recursos provenientes de endeudamiento público durante su mandato no se a traducido en mejorías para la vida de los ciudadanos, asimismo, existe la falta de claridad en la forma de adquirir la deuda nacional y se observa una violación al marco legal que regula la forma de contraer deuda, basta tomar en cuenta los siguientes rubros de deuda:

Actualmente existe una cifra alarmante que se presenta en la deuda pública interna la cual pasó de $821,272.2 millones de pesos en diciembre de 2002 a $851,215 millones de pesos en septiembre de 2003, esto es, casi 30 mil millones de pesos más en tan sólo nueve meses.

El gobierno federal debe explicarnos de qué manera los denominados Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo van a beneficiar al país, cuando sabemos que los pasivos asumidos por los Pidiregas, ya suman 953,399.3 millones de pesos, a octubre de 2003.

Entre los puntos relevantes en cuanto a deuda se refiere el Gobierno Federal debe aclarar cómo pretende, de acuerdo al Programa Económico para 2004, que los recursos necesarios para financiar tanto su déficit como la reducción de la deuda externa, sean cubiertos en su totalidad mediante fuentes internas, pero sobre todo debe de aclarar por que los pagos de los Pidiregas se realizarán en dólares.

De igual manera, el gobierno federal debe explicar por qué se permite que Pemex enfrente un pasivo directo de 37,170.2 millones para los años 2003 y 2004, derivado del pago de obligaciones por amortización de inversión física correspondientes a 31 Pidiregas, registrándose para los mismos años, intereses por 32,997.8 millones de pesos.

Ahora bien, la deuda externa en la actualidad asciende a un total de 850 mil 539 millones, mientras que la deuda publica interna es de 851 mil 215 millones, dando un total de 1 billón 701 mil 754 millones de pesos, con el pago de los Pidiregas, el Ejecutivo Federal deberá de informar a cuanto ascenderá la deuda, si éstos se pagaran en dólares y cuál será el impacto en la economía nacional.

La deuda del sector público considerando la deuda externa neta, deuda interna neta, IPAB, Pidiregas, Fondos y Fideicomisos, así como el programa de apoyo a deudores, al 31 de Diciembre de 2000 sumaba 2,081,241.8 millones de pesos, aumentando para Diciembre de 2001 a 2,180,691.1 millones de pesos, transformándose en una deuda para Diciembre de 2002 de 2,896,159.8 millones de pesos, dando un total en Diciembre de 2003 de 3,080,913.4 millones de pesos, lo que se resume en un aumento desmedido de la deuda pública.

En el año 2001 la deuda total del sector publico representaba un 36.59 % el PIB y para 2002 representaba un 40.21% del mismo lo que significa un 3.62% de aumento en puntos porcentuales.

La posición de la fracción parlamentaría del PRD es y ha sido la de la transparencia en el manejo de los recursos públicos, al igual que las demás fracciones parlamentarias aquí presentes, esta transparencia es exigible tanto a las autoridades locales o federales, por tanto es necesario que el Ejecutivo Federal informe y justifique ante esta Soberanía los montos, destino y aplicación de los recursos que por concepto de endeudamiento publico solicitó para el ejercicio fiscal 2004. Esto, toda vez que por mandato constitucional el congreso no puede aprobar un endeudamiento cuya causa no sea la producción de un incremento en los ingresos públicos.

Finalmente, esta Cámara debe reconocer la debilidad en que se han colocado las finanzas nacionales.

En tal virtud y considerando que la solicitud de endeudamiento presentada por el Ejecutivo Federal no cuenta con los elementos mínimos necesarios para su valoración y en su caso aprobación, se requiere que previo a la votación de este aspecto dentro de la Ley de Ingresos de la Federación, se requiera al titular del Ejecutivo federal un informe por escrito que contenga los siguientes elementos:

1.- El listado de los proyectos y obras con recursos de crédito, en cada unidad de la Administración Pública Federal, que identifique: Programa, Programa Especial, Actividad Institucional, Unidad Ejecutora, monto de los recursos a aplicar en cada caso y justificación de los proyectos a realizar.

2.- El monto de los recursos que generará cada proyecto, a fin de dar cumplimiento al mandato constitucional en el sentido de generar ingresos suficientes para el pago de los créditos contratados.

3.- La vinculación de estos proyectos con lo establecido en el Programa General de Desarrollo Nacional;

4.- Los estudios de la demanda social; el grado de cobertura o avance de las acciones institucionales respecto del total de las necesidades sociales correspondientes; diagnóstico sobre los beneficios que se esperan obtener con la ejecución del programa de inversión física y la generación de empleos directos e indirectos;

5.- El periodo total de ejecución del proyecto, los responsables del mismo, fecha de inicio y conclusión, monto total de dicho proyecto, y lo previsto para el ejercicio presupuestal correspondiente, precisando las fuentes, tipo de financiamiento, así como los importes considerados para la operación y mantenimiento de dicho proyecto, a realizar en años posteriores;

6.- Para el caso de proyectos en proceso, el total de la inversión realizada y las metas obtenidas al término del ejercicio inmediato anterior, y

7.- Los demás elementos que determinen los órganos locales de planeación correspondientes.

8.- Informe sobre la disponibilidad de recurso por fuente de financiamiento desde la primera etapa, hasta la terminación de los Proyectos; así como para su puesta en operación y mantenimiento.

Por lo antes expuesto y fundado, se propone a esta H. Legislatura el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico.- Esta H. Cámara de Diputados requiere al ciudadano Presidente de la República Mexicana informe a esta soberanía, acerca del destino y aplicación de los recursos que ha solicitado por concepto de endeudamiento neto para el ejercicio fiscal de 2004.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de diciembre de 2003.

Atentamente
Dip. René Arce Islas (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO A LAS INVESTIGACIONES QUE REALIZA LA FISCALIA ESPECIAL PARA MOVIMIENTOS POLITICOS Y SOCIALES DEL PASADO EN EL ESTADO DE GUERRERO, A CARGO DEL DIPUTADO ABDALLAN GUZMAN CRUZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

Las y los suscritos, diputados federales de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos ante este pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida el pasado 5 de noviembre, en el sentido de que el delito de desaparición forzada de personas no prescribe hasta el momento en que sea hallada la víctima, es apenas el comienzo de un proceso que debe desembocar en la justicia para centenares de mexicanos y mexicanas que padecieron los crímenes de las instituciones del Estado.

La guerra sucia de los años setenta en nuestro país ha guardado en sus sótanos muchas historias que apenas hoy salen a la luz. En días recientes, una juez penal del puerto de Acapulco giró una orden de aprehensión en contra del ex comandante de la Policía Judicial de Guerrero Isidro Galeana Abarca, por su responsabilidad en la desaparición del profesor normalista Jacob Nájera Hernández, ocurrida en septiembre de 1974.

En menos de veinticuatro horas, apareció asesinado uno de los principales testigos de la Procuraduría General de la República, Zacarías Barrientos Peralta, según versiones oficiales, fue informante de la Dirección Federal de Seguridad y del Ejército y delató a muchos integrantes de la guerrilla de Lucio Cabañas, le constaba la información que dio e iba a dar a la Fiscalía. Pese a lo anterior ni la Fiscalía Especial ni la PGR ordenaron protección especial para uno de sus principales testigos, lo dejaron desprotegido para que los más oscuros intereses de los responsables de los crímenes de Estado lo aniquilaran.

En octubre de 2002, el Fiscal Militar, Jaime Antonio López Portillo, envió a la Procuraduría General de la República información sobre 37 soldados muertos y otros 29 lesionados entre 1975 y 1979 durante enfrentamientos entre el Ejército y los grupos subversivos en el estado de Guerrero. Los generales Arturo Acosta Chaparro y Francisco Quirós fueron detenidos y son procesados por narcotráfico. Además la Procuraduría Militar los investiga por su responsabilidad en la desaparición de 143 personas en esos años, casos a los que habría que sumar la investigación del reciente asesinato de Zacarías Barrientos Peralta.

El fiscal militar afirmó en su momento: "Ante la evidencia de que los cuerpos fueron tirados al mar, contamos con las evidencias de que la última vez que las víctimas fueron vistas con vida estaban detenidas por militares; además, tenemos testimonios, pruebas documentales y periciales, así como peritajes de los lugares en que ocurrieron los hechos".

El domingo 30 de noviembre pasado, Eduardo López Betancourt, ex procurador de justicia y ex secretario general de Gobierno durante la administración de Rubén Figueroa Figueroa, declaró: "? hay muchos casos de personas que fueron asesinadas, cruelmente tiradas al mar".

Estos actos son apenas el hilo de una madeja que debe desentrañarse con acciones efectivas por parte de la Procuraduría General de la República. Al formular cargos contra oficiales, el ejército mexicano ha dado un paso importante hacia el reconocimiento de su papel en los crímenes del pasado.

El sistema de administración de justicia mexicano deja actualmente en manos de las autoridades militares la investigación y el procesamiento de los abusos cometidos por el ejército. Por ello graves violaciones a los derechos humanos queden impunes.

La Procuraduría General de la República debe avanzar en la investigación y persecución de delitos cometidos por miembros de las fuerzas armadas, incluyendo a sus jefes supremos en los años de la llamada "guerra sucia".

Sometemos a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta al Fiscal Especial para Movimientos Políticos y Sociales del Pasado para que cite a comparecer al fiscal militar a efecto de que rinda declaración ante dicha institución sobre toda la información relativa a la participación de miembros de las fuerzas armadas en crímenes sucedidos en la época denominada de la "guerra sucia".

Segundo. Se exhorta a la Fiscalía Especial para Movimientos Políticos y Sociales del Pasado para que cite a declarar a Eduardo López Betancourt y amplíe sus declaraciones en torno a este periodo en el estado de Guerrero.

Tercero. Que la Fiscalía Especial para Movimientos Políticos y Sociales del Pasado otorgue protección especial a denunciantes y víctimas de los actos cometidos por fuerzas policiacas y militares durante la guerra sucia.

Dip. Abdallán Guzmán Cruz (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE SE DESTINE MAYOR PRESUPUESTO A CIENCIA Y TECNOLOGIA, A CARGO DEL DIPUTADO OMAR ORTEGA ALVAREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El que suscribe, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

En nuestro país, el conocimiento científico y el desarrollo tecnológico ha venido adquiriendo un papel fundamental al lograr establecer y ampliar su capacidad de investigación científica y tecnológica por medio de la formación de hombres y mujeres especializados en diferentes ramas del área docente y de investigación. Asimismo, se ha desarrollado todo un sistema institucional integrado por los diferentes centros de investigación que operan en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en las Universidades Públicas e Instituciones de Educación Superior, así como en los Centros Públicos de Investigación que funcionan en distintas empresas y Universidades Públicas.

No obstante del desarrollo de estas instituciones, y derivado de la rapidez con que están ocurriendo los avances científicos y tecnológicos mundiales, se genera la necesidad de establecer en nuestro país bases más claras y modernas no solo para sostener lo que se ha conseguido, sino fomentar eficazmente el desarrollo de la investigación científica y tecnológica, así como canalizar mayores recursos a estas actividades.

El Gobierno Federal dentro del marco del Programa Nacional de Desarrollo 2001-2006, pretende impulsar, promover, y fomentar la Ciencia y Tecnología, que es considerada como un área estratégica, la cual deberá desarrollar y modernizar a nuestra nación. En los últimos dos años, la Ciencia y la Tecnología han tenido un importante impulso orientado a sentar las bases de una Política de Estado acorde a las necesidades y requerimientos del país. Al respecto, se dio como resultado la creación del Programa Especial de Ciencia y Tecnología 2001-2006, el cual tiene como objetivos fundamentales incrementar la capacidad científica y tecnológica del país, así como elevar la competitividad y la innovación de las empresas.

Sin embargo, a pesar de las acciones emprendidas recientemente y los esfuerzos que tanto el Ejecutivo federal como las instancias encargadas de fomentar y promover el desarrollo científico y tecnológico, se encuentran ante un panorama sombrío para el 2004.

Hoy, la presente Administración Federal da un paso atrás en sus compromisos institucionales asumidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, al asignar un presupuesto para Ciencia y Tecnología de $26 mil 498 millones de pesos, lo que representa una disminución de 950 millones de pesos en comparación con el ejercicio 2003.

Además, como ya es por todos conocido, incluye en los artículos segundo y tercero transitorios del Presupuesto de Egresos 2004 la desincorporación y extinción de organismos desconcentrados de importancia estratégica en materia de ciencia y tecnología.

Cabe mencionar, que la pasada Legislatura incorporó en la Ley General de Educación en su Artículo 25, que el monto anual que el Estado (Federación, Entidades Federativas y Municipios), destine al gasto en la educación pública y en los servicios educativos, no podrá ser menor a ocho por ciento del Producto Interno Bruto del país, destinando de este monto, al menos el 1% del Producto Interno Bruto a la investigación científica y al desarrollo tecnológico en las Instituciones de Educación Superior Públicas.

Asimismo, en los transitorios de esta Reforma emitida con fecha 30 de diciembre de 2002, el Artículo Segundo señala: "Para dar cabal cumplimiento a esta disposición, los presupuestos del Estado, contemplarán un incremento gradual anual, a fin de alcanzar en el año 2006, recursos equivalentes al 8% del Producto Interno Bruto que mandata la presente reforma".

Con ello, y para cumplir la propuesta hecha por el titular del Ejecutivo, se tendría que incrementar el presupuesto con 10 mil millones de pesos adicionales para el 2004; 15 mil millones adicionales en el 2005, y 18 mil millones más en el 2006.

Con el presupuesto que se asigna en el Proyecto del año 2004 a la Ciencia y Tecnología, las metas establecidas en el Programa Especial de Ciencia y Tecnología 2001-2006, simplemente están en riesgo de no cumplirse y con ello los avances y los esfuerzos de diversas instituciones educativas, científicas y tecnológicas del país.

Fiel a su lógica política de prometer mucho pero cumplir poco, muy poco, la propuesta hecha por el Titular del Ejecutivo Federal del Presupuesto de Egresos de la Federación 2004, prácticamente cancela toda posibilidad de que para el año 2006 se logre destinar el 1% del PIB, en investigación y desarrollo experimental y que el aumento del personal científico y tecnológico con postgrado se posponga y debilite; ni se amplié la infraestructura científica y tecnológica del país, ya que el disminuir drásticamente el gasto federal en Ciencia y Tecnología se pretende cancelar el esfuerzo más valioso y útil para el futuro de los mexicanos: ver hacia el futuro, para proporcionarnos una mayor certidumbre de libertad, autonomía y progreso.

Quizás el Ejecutivo Federal nuevamente alce la voz para justificar que este presupuesto menor que hoy se asigna a la Ciencia y Tecnología, es consecuencia lógica del comportamiento débil de la economía de México y de que sus iniciativas de Reforma Hacendaria y Estratégica no se han llevado a cabo.

Lamentablemente, una vez más los compromisos asumidos por la Administración Foxista, quedan nuevamente en buenos deseos, como ya ha sido costumbre y nos condena a una situación lamentable para el desarrollo de las actividades en Ciencia y Tecnología.

Compañeras y Compañeros estoy cierto que coincidiremos en afirmar y seguir considerando que la Ciencia y Tecnología debe ser un área estratégica y prioritaria para el país y que el presupuesto para el desarrollo científico, que se ha dado a conocer es insuficiente y raquítico y no cumple con los objetivos básicos del PECYT.

La mejor inversión que podemos hacer hoy en día para fortalecer el desarrollo científico tecnológico de nuestra nación, es ampliar el monto de recursos que se canalice al Presupuesto de Ciencia y Tecnología, que los tecnócratas de Hacienda dicen apoyar y que a la hora de las asignaciones canalizan a los banqueros, ajustándose a la rigidez macroeconómica, aunque ello signifique un desajuste amenazante para el país.

Con una visión estratégica de mediano y largo plazo, debemos fortalecer financieramente a esta institución, a fin de que cuente con los elementos necesarios para que se vuelva el artífice de la política científica Nacional y al mismo tiempo impulse, fomente y promueva el desarrollo científico y tecnológico que nos permita pensar dentro de cinco años en un Organismo del Estado que cumpla con esas tareas.

Bajo este tenor, es necesario que se haga cumplir al Gobierno Federal con su compromiso adquirido en el Programa Nacional de Desarrollo 2001-2006 de aportar y destinar mayores recursos al sustantivo rubro de Ciencia y Tecnología y a los Programas Sectoriales de Desarrollo Científico y Tecnológico del país.

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del pleno el siguiente:

Punto de Acuerdo

Unico. Que esta Honorable Asamblea exhorte a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que en su Dictamen del Proyecto de Presupuesto de Egresos del año 2004, se asigne un incremento de por lo menos un quince por ciento adicional al otorgado en el Presupuesto de Egresos del año 2003, a fin de que se mantenga el nivel mínimo de inversión y gasto, para coadyuvar a alcanzar los objetivos básicos establecidos en el Programa Especial de Ciencia y Tecnología para el 2006.

Atentamente
Dip. Omar Ortega Alvarez (rúbrica)
Secretario de la Comisión de Ciencia y Tecnología

Actas

DE LA COMISION DE SALUD, DE LA PRIMERA REUNION DE LA SUBCOMISION DE SALUD "MEDICINA PREVENTIVA Y BIOETICA", REALIZADA EL MIERCOLES 5 DE NOVIEMBRE DE 2003

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 13:15 horas del día 5 de noviembre del año dos mil tres, inició la primera reunión de la Subcomisión de trabajo, estando presentes el coordinador, diputado Raúl Rogelio Chavarría Salas; diputado José Luis Naranjo Quintana, diputada Gisela Juliana Lara Saldaña, diputada Martha Palafox Gutiérrez y el diputado Francisco Rojas Toledo.

Contándose con el quórum reglamentario, el diputado Raúl Rogelio Chavarría, coordinador de la Primera Subcomisión, procedió a dar lectura al siguiente

Orden del Día

1. Verificación de asistencia.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Revisión de los asuntos turnados a esta Comisión.
4. Programación de actividades.
5. Asuntos generales. Aprobado por unanimidad.

En lo correspondiente al punto número 3, el coordinador de la Subcomisión dio lectura a las dos propuestas de dictamen que fueron remitidas a dicha Subcomisión, las cuales son en relación a la donación de órganos, en el que se propone reformar el artículo 333 de la Ley General de Salud, contemplando para ello que la fracción VI de dicho artículo se reforme con la intención de que la donación de órganos para trasplante se realice entre individuos aun cundo no exista vínculo familiar.

Igualmente se realizó el anteproyecto de dictamen que regula y fomenta la investigación del genoma humano, del que los diputados asistentes a dicha reunión propusieron revisar el texto del anteproyecto para enviar sus observaciones al respecto.

En relación con la metodología para realizar los dictámenes, el secretario técnico de la Comisión de Salud dio lectura a los puntos principales que abarca dicho documento legislativo, en el que se incluyen tres aspectos importantes:

I.- En el capítulo "antecedentes" se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el dictamen de la referida iniciativa y de los trabajos previos de la comisión.

II.- en el capítulo correspondiente a "contenido de la iniciativa" se exponen los motivos y alcance de la propuesta de reformas y adiciones en estudio, asimismo se hace una breve referencia de los temas que la componen.

III.- En el capítulo de "consideraciones", la Comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan el resolutivo del dictamen a la iniciativa en análisis, por lo que se dio lectura al resolutivo de los anteproyectos de dictamen presentados.

En el siguiente punto se acordó dar continuidad a los trabajos llevando a cabo la siguiente reunión programada para el 12 de noviembre; en asuntos generales se dio el uso de la palabra al ex diputado de la LVIII Legislatura doctor Manuel Wistano Orozco, quien externó sus puntos de vista en relación con el dictamen sobre trasplantes en el cual se propone que se incluya la aceptación o negación de donación en el CURP.

El coordinador de la Subcomisión propone incluir a más diputados a dicha Subcomisión. Se termina la reunión siendo las 14:30 horas.

Dip. Raúl Rogelio Chavarría Salas (rúbrica)
Coordinador de la Segunda Subcomisión
"Medicina Preventiva y Bioética"

DE LA COMISION DE SALUD, DE SU TERCERA REUNION, REALIZADA EL MIERCOLES 19 DE NOVIEMBRE DE 2003

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 08:30 horas del día 19 de noviembre del año dos mil tres, dio inicio la tercera reunión plenaria de trabajo de los integrantes que conforman la Comisión de Salud en las instalaciones que ocupa la zona C del restaurante Los Cristales de este recinto legislativo, iniciando la reunión con la asistencia de los diputados: Córdova Villalobos, José Angel, Presidente; Osorio Salcido, José Javier, secretario; Anaya Rivera, Pablo, secretario; Chavarría Salas, Raúl Rogelio; Lastra Marín, Lucio Galileo; Treviño Rodríguez, José Luis; Alarcón Hernández, José Porfirio; García Ayala, Marco Antonio; Fernández Saracho, Jaime; Rodríguez Díaz, Hugo; Palafox Gutiérrez, Martha; Díaz del Campo, María Angélica; Boltvinik Kalinka, Julio; Figueroa Romero, Irma; Lara Saldaña, Gisela Juliana; Jaspeado Villanueva, María del Rocío; Ortega Pacheco, Ivonne Aracelly; Ramírez Luna, María Angélica.

Contándose con el quórum reglamentario, el diputado José Angel Córdova Villalobos, Presidente de la Comisión de Salud, procedió a dar lectura al siguiente

Orden del Día

1. Registro de asistencia y verificación de quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior de la Comisión de Salud.
4. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de los anteproyectos de dictamen de la Comisión de Salud.
5. Asuntos generales. Aprobado por unanimidad.

En lo correspondiente al punto número 3 de dicho orden del día, en virtud de que el acta correspondiente a la segunda sesión plenaria de fecha 23 de octubre de 2003 fue enviada el pasado 17 de noviembre a cada uno de sus integrantes para su conocimiento, revisión y, en su caso, aprobación, se solicitó la dispensa de la lectura la cual se aprobó por todos los asistentes el acta en mención.

En relación con el punto número 4 se presentó el dictamen que reforma el artículo 333 de la Ley General de Salud, en materia de trasplantes, dándose lectura a los principales considerandos del dictamen así como a los resolutivos en el que los diputados integrantes hicieron observaciones al texto del dictamen, mismo que se corrigió para su votación, aprobándose por unanimidad.

Posteriormente se presentó el dictamen que reforma y modifica la fracción II del artículo 115 de la Ley General de Salud, para la prevención, tratamiento y control de la desnutrición y obesidad, presentada por la diputada Ma. Cristina Díaz Salazar, del grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el día 30 del mes de octubre del 2003; al respecto, el Presidente de la Comisión dio lectura a las consideraciones del dictamen haciendo énfasis en la importancia de prevenir las tasas de morbilidad y mortalidad que anualmente se incrementan por patologías derivadas de la desnutrición, diabetes y obesidad; al respecto los diputados asistentes manifestaron lo trascendental de las acciones de prevención para evitar los daños a la salud a consecuencia de malos hábitos dietéticos. Dicho dictamen se propuso a votación aprobándose por unanimidad.

El diputado Presidente de la Comisión de Salud presentó el dictamen con punto de acuerdo para restablecer la campaña de prevención del Programa VIH/sida, iniciada el 12 de agosto del 2003 y suspendida una semana después, en el estado de Guerrero; al respecto los diputados asistentes propusieron solicitar mayor información al respecto al gobierno del estado de Guerrero, con la intención de corroborar la información que presentó el diputado Inti Muñoz Santini el 11 de septiembre del 2003 en el Pleno de la Cámara de Diputados.

El diputado Presidente de la Comisión de Salud dio lectura a los considerandos referente al dictamen de la iniciativa que adiciona el capítulo III con los artículos 22-A, 22-B y 22-D, en el Título Segundo de la Ley General de Salud, el cual propone la creación de un Consejo Nacional de Precios a Medicamentos y Material de Curación, por considerar que la atribución en relación a la vigilancia de los precios a los medicamentos es competencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como la Secretaría de Economía, se desechó el proyecto que conjuntaba dos iniciativas una de ellas, presentadas el 3 de diciembre del 2002, por el Congreso local del estado de Jalisco, y la iniciativa turnada el 30 de septiembre del 2003, ambas a esta Comisión de Salud, se propuso su votación al respecto, aprobándose el dictamen por unanimidad.

Posteriormente se dio lectura al dictamen de la Comisión de Salud, en sentido negativo, sobre la iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General de Salud y la Ley de Desarrollo Rural Sustentable; dicha iniciativa fue propuesta por la diputada Adela del Carmen Graniel Campos en la LVIII Legislatura, y pretende que la Secretaría de Salud sancione obras que puedan dañar la salud de los individuos.

Con fecha 15 de octubre fue turnada por la Dirección General de Proceso Legislativo para su revisión y análisis a esta Comisión de Salud, conjuntamente con los dictámenes de las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Desarrollo Rural, a efecto de integrar el dictamen de esta Comisión, el cual por considerar que dichas atribuciones ya están consideradas en otras Secretarías del Ejecutivo no compete a la Secretaría de Salud dichas facultades.

Referente al punto número 5, en asuntos generales se informó a los diputados la realización del foro El dolor y su tratamiento, que se efectuará el próximo 3 de diciembre, de las 9:00 a las 15:00, horas en el Salón Verde de este recinto legislativo. Concluyendo la reunión a las 10:50 horas del día 19 de noviembre del año 2003.

Dip. José Angel Córdova Villalobos (rúbrica)
Presidente

Dip. José Javier Osorio Salcido (rúbrica)
Secretario

Dip. Pablo Anaya Rivera (rúbrica)
Secretario

Dip. María Cristina Díaz Salazar (rúbrica)
Secretaria

Dip. Rafael García Tinajero
Secretario

Indicadores básicos

DE LA ECONOMIA MEXICANA Y LAS FINANZAS PUBLICAS. UNIDAD DE ESTUDIOS DE LAS FINANZAS PUBLICAS DE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS.

MÉXICO: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS MENSUALES
					2003
	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov
Producción
(variación porcentual anual)
IGAE¹	1.4	2.5	1.0	2.7	2.0	2.0	2.9	-1.0	0.0	1.5	0.9	-0.7	1.2	-	-
Producción manufacturera²	-0.9	1.2	-1.1	1.4	-0.5	0.4	2.6	-6.9*	-3.5	-3.1	-3.5	-4.7	-	-	-
Empleo, Salarios y Productividad
Tasa General de Desempleo Abierto (%) ³	3.1	2.7	2.6	2.1	2.7	2.7	2.8	3.0	2.7	3.3	3.5	4.0	3.9	3.6	-
Trabajadores asegurados en IMSS (miles) ⁴	12,473	12,583	12,612	12,425	12,360	12,398	12,440	12,404	12,363	12,322	12,315	12,310	12,352	12,447	-
Personal ocupado sec. Manuf.(var.% anual)	-4.0	-3.7	-4.0	-3.6	-2.7	-3.3	-3.4	-3.9	-3.8	-4.0	-4.2	-4.3	-4.3	-	-
Productividad en la ind. Manuf.(var.% anual)⁵	5.6	5.1	4.1	4.5	4.3	3.9	2.0	3.3	4.6	1.5	1.4	2.4	1.2	-	-
Salario base de cotización al IMSS ⁶	156.7	155.2	155.4	155.4	159.8	160.6	159.2	159.4	161.8	162.2	163.1	162.8	160.7	-	-
Remuneraciones medias ind. Manufac.⁷	1.2	2.8	-2.2	-0.4	1.3	0.7	1.2	0.4	0.3	2.0	3.4	0.9	2.4	-	-
Inflación ⁸
(variación porcentual)
Mensual	0.6	0.4	0.8	0.4	0.4	0.3	0.6	0.2	-0.3	0.1	0.1	0.3	0.6	0.4	-
Acumulada	3.9	4.4	5.2	5.7	0.4	0.7	1.3	1.5	1.2	1.2	1.4	1.7	2.3	2.7	-
Anual	4.9	4.9	5.4	5.7	5.2	5.5	5.6	5.2	4.7	4.3	4.1	4.0	4.0	4.0	-
Sector Monetario y Financiero
Tipo de cambio (pesos por dólar,promedio) ⁹	10.0	10.1	10.2	10.2	10.6	10.9	10.9	10.6	10.3	10.5	10.5	10.8	10.9	11.1	11.2
Cetes 28 días (%)	7.3	7.7	7.3	6.9	8.3	9.0	9.2	7.9	5.3	5.2	4.6	4.5	4.7	5.1	5.0
Reservas Internacionales (mdd)	45,108	45,234	45,239	47,984	49,440	50,315	51,988	53,732	53,571	53,397	51,756	51,487	52,118	53,646	-
Sector Externo
(millones de dólares)
Balanza comercial ¹⁰	-426	-1,005	-1,208	-1,224	-209	12	-188	-715	-295	-192	-626	-434	-371	-642	-
Exportaciones	13,637	14,671	13,190	13,356	12,503	12,884	13,798	13,654	13,385	13,678	13,799	13,383	14,360	15,092	-
Importaciones	14,064	15,677	14,398	14,580	12,713	12,872	13,986	14,369	13,681	13,870	14,425	13,817	14,731	15,734	-
Petróleo
Precio mezcla mexicana (USD por barril)	25.1	22.5	20.9	24.7	27.9	27.8	23.9	21.2	23.0	24.7	25.6	24.8	23.5	24.5	-
Volumen de exportaciones (mbd)	1,690	1,691	1,691	1,690	1,792	1,879	1,878	1,882	1,860	1,865	1,863	1,860	1,863	1,862	-
Finanzas Públicas
(millones de pesos)
Balance Público¹¹	9,371	-1,705	-1,244	-85,958	9,699	3,551	13,997	33,210	1,490	253	-27,157	10,834	-1,250	-	-
Balance Presupuestario	9,917	-3,146	3,757	-84,591	14,497	3,671	13,417	31,075	2,771	-2,749	-24,552	7,836	-3,863	-	-
Ingresos Presupuestarios	120,246	114,041	110,430	145,251	146,354	122,840	135,145	144,219	124,986	132,215	131,250	126,874	129,786	-	-
Gasto neto presupuestario	110,330	117,187	106,674	229,842	131,857	119,169	121,728	113,144	122,216	134,964	155,802	119,038	133,649	-	-
Balance No Presupuestario	-546	1,441	-5,001	-1,367	-4,799	-120	581	2,135	-1,280	3,002	-2,605	2,998	2,613	-	-
Balance Público Primario	25,743	6,843	11,375	-78,502	37,566	19,408	32,208	45,957	14,372	14,626	-2,477	27,274	15,964	-	-
Deuda pública externa bruta (mdd)	78,891	77,738	78,019	78,818	81,313	80,859	81,825	83,560	80,570	80,084	78,460	78,250	78,477	-	-
Deuda interna bruta del Gobierno Federal	862,505	874,546	882,299	907,408	874,870	853,962	871,843	887,500	909,573	922,556	947,780	961,289	986,927	-	-
Economía Internacional
Estados Unidos
Índice de producción industrial ¹²	1.1	1.0	1.6	1.4	1.3	1.5	0.4	-0.6	-0.8	-1.5	-0.6	-0.4	0.2	0.6	-
Inflación mensual (%)	0.2	0.3	0.1	0.1	0.3	0.6	0.3	-0.3	0.0	0.2	0.2	0.3	0.3	0.0	-
Inflación acumulada (%)	2.0	2.2	2.3	2.4	0.3	0.9	1.3	1.0	1.0	1.2	1.3	1.6	1.9	1.9	-
Balanza comercial (mdd) ¹³	-36,663	-35,155	-38,628	-42,331	-40,034	-38,616	-42,979	-41,867	-41,614	-40,035	-40,031	-39,517	-41,272	-	-
Exportaciones (mdd)	82,294	82,159	82,917	81,075	82,055	82,688	82,634	81,280	82,466	84,459	86,012	83,794	86,160	-	-
Importaciones (mdd)	118,957	117,314	121,545	123,406	122,089	121,304	125,613	123,147	124,080	124,494	126,043	123,311	127,432	-	-
Tasa Prime Rate (promedio % anual)	4.8	4.8	4.4	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.2	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
Tasa Libor un mes (promedio % anual)	1.8	1.8	1.5	1.4	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
Euro (pesos por divisa)	9.8	9.9	10.2	10.4	11.2	11.8	11.8	11.6	11.9	12.3	11.9	12.1	12.4	13.0	13.1
Yen (divisa por peso)	12.1	12.3	11.9	12.0	11.2	10.9	10.8	11.3	11.4	11.3	11.4	11.0	10.5	9.8	9.8

Indicadores Oportunos 2002 - 2003
	Fecha	2002	2003
Inflación
Acumulada (var.%)	1a. quincena de noviembre	5.09	3.38
Quincenal¹⁴ (var.%)	"	0.61	0.69
Tipo de cambio (pesos por dólar)	28 de Noviembre	10.12	11.40
Cetes 28 días (%)	27 de Noviembre	7.24	5.78
Reservas internacionales netas (mdd)	21 de Noviembre	44,948.1	54,303.7
Precio de la mezcla mexicana de petróleo crudo	14 de Noviembre	19.15	25.95
Tasas de interés (promedio % anual)
Prime Rate	27 de Noviembre	4.25	4.00
Libor 1 mes	25 de Noviembre	1.38	1.12
Tipos de cambio (divisa por peso)
Euro	28 de Noviembre	0.10	0.07
Yen	28 de Noviembre	12.08	9.61

*Futuros*
			2004
	Fecha de reporte	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul
Tipo de cambio (pesos por dólar)	28/11/03	11.41	11.50	11.53	11.56	11.61	11.67	11.72	11.77
Brent crudo (precio en USD por barril)	28/11/03	-	28.45	28.20	27.93	27.63	27.33	27.03	26.74

Indicadores Trimestrales
	2001				2002				2003
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III
Oferta y Demanda Agregadas	(Variación % anual)
Oferta agregada	3.1	0.5	-3.1	-2.8	-2.8	2.4	2.6	2.1	1.9	-1.3	-
Producto Interno Bruto	1.8	0.0	-1.5	-1.5	-2.2	2.0	1.8	1.9	2.3	0.2	0.4
Importaciones	6.9	1.8	-7.1	-6.1	-4.5	3.5	4.8	2.5	0.8	-5.2	-
Demanda agregada	3.1	0.5	-3.1	-2.8	-2.8	2.4	2.6	2.1	1.9	-1.3	-
Consumo privado	6.0	3.2	1.0	1.0	-1.6	3.1	2.0	1.2	3.6	0.9	-
Consumo del gobierno	-4.7	-2.6	-2.7	4.0	-1.1	-1.7	-0.8	-1.3	1.1	2.8	-
Formación bruta de capital fijo	0.3	-5.4	-8.7	-9.1	-6.9	2.8	-0.8	0.0	0.6	-3.6	-
Exportaciones	4.5	-0.3	-8.2	-9.2	-6.7	3.1	6.0	3.4	3.9	-3.5	-
Variación de Existencias	-17.9	-2.1	3.3	13.6	26.8	-13.1	11.1	70.7	-27.7	-40.6	-

Balanza de Pagos	(Millones de dólares)
Cuenta Corriente	-4,813	-3,603	-3,482	-6,205	-3,375	-2,769	-3,138	-4,764	-2,186	-1,402	-2,141
Balanza Comercial	-2,221	-1,747	-1,787	-4,199	-1,626	-1,426	-1,491	-3,373	-385	-1,202	-1,431
Balanza de Servicios	-4,715	-4,251	-4,161	-4,360	-4,039	-4,034	-4,310	-4,015	-4,663	-3,777	-4,562
Transferencias netas	2,124	2,395	2,466	2,354	2,290	2,691	2,664	2,624	2,862	3,576	3,852
Cuenta de Capital	8,368	4,887	4,306	8,048	6,195	3,125	5,725	7,014	5,769	3,331	-121
Pasivos	7,238	3,519	13,133	5,553	3,355	-565	1,276	6,188	3,688	1,633	-706
Por préstamos y depósitos	869	-2,486	-1,641	2,282	-1,850	-1,276	-624	200	-2,053	-1,166	-935
Inversión Extranjera	6,369	6,005	14,774	3,271	5,204	711	1,900	5,988	5,741	2,799	229
Activos	1,130	1,368	-8,827	2,494	2,840	3,689	4,449	826	2,081	1,697	585
Reservas Internacionales Netas	38,036	38,730	39,415	40,880	42,229	42,723	45,108	47,984	51,988	53,397	52,118
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con base en información de INEGI y BANXICO.

Convocatorias

DE LA COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

A su reunión de trabajo, que tendrá lugar el martes 2 de diciembre, a las 8:30 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.

Atentamente
Dip. Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán
Presidenta

DE LA COMISION DE PESCA

A su reunión de trabajo con el secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, que se efectuará el martes 2 de diciembre, a las 15 horas, en la zona C del restaurante Los Cristales.

Atentamente
Dip. Francisco Javier Obregón Espinoza
Presidente

DE LA COMISION DE POBLACION, FRONTERAS Y ASUNTOS MIGRATORIOS

A la reunión de trabajo de su Mesa Directiva, que se llevará a cabo el martes 2 de diciembre, a las 15 horas, en el salón del Módulo de Información, Gestoría y Quejas.

Atentamente
Dip. Juan Antonio Guajardo Anzaldúa
Presidente

DE LA COMISION DE SEGURIDAD SOCIAL

A la reunión de su Mesa Directiva, que tendrá lugar el martes 2 de diciembre, a las 16 horas, en el salón A del restaurante Los Cristales.

Atentamente
Dip. Miguel Alonso Raya
Presidente

DE LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA

A la reunión de trabajo de los presidentes y secretarios técnicos de las Comisiones de Agricultura y Ganadería, de Asuntos Indígenas, de Desarrollo Rural, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Pesca, de Recursos Hidráulicos, y de Reforma Agraria, que se efectuará el martes 2 de diciembre, a las 17 horas, en las oficinas de la Comisión, segundo piso del edificio D.

Atentamente
Dip. Cruz López Aguilar
Presidente

DE LA COMISION DE ASUNTOS INDIGENAS

A su segunda reunión plenaria, que tendrá lugar el martes 2 de diciembre, a las 17 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.

Orden del Día

1. Lista de asistencia.
2. Verificación de quórum.
3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior.
4. Análisis y aprobación del programa de trabajo 2003-2006.
5. Asuntos generales. Atentamente
Dip. Javier Manzano Salazar
Presidente

DE LA COMISION DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES

A su reunión de trabajo, que se realizará el martes 2 de diciembre, a las 17 horas, en el salón Libertadores (edificio H, primer nivel) del Palacio Legislativo.

Orden del Día

1. Lista de asistencia.
2. Declaración de quórum.
3. Lectura y aprobación del orden del día.

4. Se someterá a consideración del pleno la aprobación del acta de instalación, de fecha 9 de octubre de 2003, publicada en la Gaceta Parlamentaria el 30 de octubre del mismo año.
5. Se someterá a consideración del pleno el programa anual de trabajo realizado por la Mesa Directiva de la Comisión.
6. Se someterán a consideración del pleno los criterios para la regionalización de los foros y las actividades que la Comisión realizará en 2004.
7. Se someterá a consideración del pleno la creación de un grupo de trabajo encargado únicamente de coordinar, junto con el Senado de la República y las comisiones respectivas de la Cámara de Diputados, la realización del Segundo Parlamento de las Niñas y los Niños de México, 2004.

8. Asuntos generales.
9. Clausura de la sesión.

Atentamente
Dip. Magdalena Adriana González Furlong
Presidenta

DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO

A su reunión plenaria, que se realizará el martes 2 de diciembre, a las 17 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.

Atentamente
Dip. Diva Hadamira Gastélum Bajo
Presidenta

DE LA COMISION DE EDUCACION PUBLICA Y SERVICIOS EDUCATIVOS

A su reunión de trabajo, que se realizará el martes 2 de diciembre, a las 17:30 horas, en la sala de juntas de la Comisión.

Orden del Día

1. Lista de asistencia.
2. Declaración de quórum.
3. Lectura y aprobación del orden del día.
4. Aprobación del acta de la sesión anterior.
5. Preparación de la reunión con los secretarios de Educación de las diferentes entidades federativas.
6. Revisión de los dictámenes de la Legislatura pasada y de los puntos de acuerdo e iniciativas presentes.
7. Asuntos generales. Atentamente
Dip. Salvador Martínez Della Rocca
Presidente

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE TRANSPORTES, DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA, Y DE COMUNICACIONES

A su reunión de trabajo, con la asistencia del secretario de Comunicaciones y Transportes, arquitecto Pedro Cerisola y Weber, y de funcionarios invitados, que se llevará a cabo el martes 2 de diciembre, a las 17:30 horas, en los salones C y D del restaurante Los Cristales.

Orden del Día

1. Verificación de quórum.
2. Planteamiento de aspectos presupuestarios en materia de comunicaciones y transportes.
3. Asuntos generales. Atentamente

Dip. Francisco Juan Avila Camberos
Presidente de la Comisión de Transportes

Dip. Francisco José Rojas Gutiérrez
Presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública

Dip. Angel Heladio Aguirre Rivero
Presidente de la Comisión de Comunicaciones

DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO

A la reunión de trabajo de su Mesa Directiva, que se efectuará el martes 2 de diciembre, a las 19 horas, en las oficinas de la Comisión.

Atentamente
Dip. Diva Hadamira Gastélum Bajo
Presidenta

DE LA COMISION DE SALUD

Al foro El dolor y su tratamiento, que se realizará el miércoles 3 de diciembre, de las 9 a las 15 horas, en el salón Legisladores de la República (Salón Verde).

Atentamente
Dip. José Angel Córdova Villalobos
Presidente

DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA

A su reunión ordinaria, que se llevará a cabo el miércoles 3 de diciembre, a las 9:30 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.

Orden del Día

1. Lista de asistencia.
2. Declaración de quórum.
3. Lectura y aprobación del orden del día.
4. Integración de subcomisiones y reuniones de trabajo con funcionarios del sector.
5. Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004 (sector agrario).
6. Programa anual de trabajo.
7. Minuta del Senado sobre el Tribunal Superior Agrario.
8. Asuntos generales. Atentamente
Dip. Manuel García Corpus
Presidente

DE LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA

A su octava reunión ordinaria, que se llevará a cabo el miércoles 3 de diciembre, a las 10 horas.

Atentamente
Dip. Cruz López Aguilar
Presidente

DE LA COMISION DE DESARROLLO SOCIAL

A su primera reunión ordinaria, que se efectuará el miércoles 3 de diciembre, a las 11 horas, en el salón Libertadores.

Orden del Día

1. Lista de asistencia.
2. Lectura y aprobación de las actas de las sesiones del 4 y 19 de noviembre del presente año.
3. Análisis y aprobación del proyecto de programa de trabajo anual.
4. Asuntos generales. Atentamente
Dip. Beatriz Zavala Peniche
Presidenta

DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO

A la reunión de trabajo donde comparecerá el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que se llevará a cabo el miércoles 3 de diciembre, a las 11 horas, en la zona C del restaurante Los Cristales.

Atentamente
Dip. Diva Hadamira Gastélum Bajo
Presidenta

DE LA COMISION DE PUNTOS CONSTITUCIONALES

A su reunión de trabajo, que se llevará a cabo el miércoles 3 de diciembre, a las 11 horas, en la sala de juntas de la Comisión.

Atentamente
Dip. Miguel Angel Yunes Linares
Presidente

DE LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA

A su quinta reunión extraordinaria, que se efectuará el miércoles 3 de diciembre, a las 17 horas.

Atentamente
Dip. Cruz López Aguilar
Presidente

DE LA COMISION DE VIGILANCIA DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION

A la premiación del Tercer Certamen Nacional de Ensayo sobre Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas, que se efectuará el miércoles 3 de diciembre, a las 17 horas, en el salón Legisladores de la República del Palacio Legislativo.

Atentamente
Dip. José Angel Ibáñez Montes
Presidente

DE LA COMISION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

A su sesión de trabajo, que tendrá lugar el jueves 4 de diciembre, a las 8 horas, en la zona C del restaurante Los Cristales.

Orden del Día

1. Lista de asistencia y verificación de quórum.
2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.
3. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
4. Análisis y discusión de la iniciativa de Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados.
5. Asuntos generales.
6. Clausura. Atentamente
Dip. Julio César Córdova Martínez
Presidente

DE LA COMISION DE VIGILANCIA DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION

A su reunión ordinaria, que se efectuará el jueves 4 de diciembre, a las 8 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.

Orden del Día

1. Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior.
2. Informe del Presidente de la Comisión sobre las actividades de la Mesa Directiva.
3. Revisión y análisis de solicitudes de auditoría y, en su caso, aprobación.
4. Asuntos generales. Atentamente
Dip. José Angel Ibáñez Montes
Presidente

DE LA COMISION DE GOBERNACION

A su reunión de trabajo, que se realizará el jueves 4 de diciembre, a las 9 horas, en el salón Legisladores de la República (Salón Verde), con la comparecencia de la coordinadora general de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, licenciada María del Carmen Segura Rangel.

Atentamente
Dip. Julián Angulo Góngora
Presidente

DE LA COMISION DE REGLAMENTOS Y PRACTICAS PARLAMENTARIAS

A su reunión ordinaria, que tendrá lugar el jueves 4 de diciembre, a las 9 horas, en la zona C del restaurante Los Cristales.

Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día.
3. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior.
4. Cuenta de asuntos recibidos.
5. Discusión y aprobación, en su caso, del acuerdo para la creación de subcomisiones.
6. Integración de subcomisiones de trabajo.
7. Discusión y aprobación, en su caso, del programa de trabajo de la Comisión.
8. Asuntos generales.
9. Clausura. Atentamente
Dip. Iván García Solís
Presidente

DE LA COMISION DE PARTICIPACION CIUDADANA

A su sesión plenaria, que se realizará el jueves 4 de diciembre, a las 15:30 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.

Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior.

4. Discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen relacionado con la minuta proyecto de Ley de Fomento a las Actividades de Desarrollo Social Realizadas por Organizaciones Civiles.
5. Alusión y, en su caso, aprobación del proyecto de programa de trabajo de la Comisión para el periodo 2003-2006.
6. Consideraciones en torno del Parlamento de las Niñas y de los Niños.

7. Asuntos generales.
8. Clausura de la sesión.

Atentamente
Dip. Jaime Miguel Moreno Garavilla
Presidente

DE LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA

A la reunión de trabajo de los secretarios técnicos y asesores de las Comisiones de Agricultura y Ganadería, de Asuntos Indígenas, de Desarrollo Rural, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Pesca, de Recursos Hidráulicos, y de Reforma Agraria, que se realizará el viernes 5 de diciembre, a las 10 horas, en las oficinas de la Comisión, segundo piso del edificio D.

Atentamente
Dip. Cruz López Aguilar
Presidente

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES; Y DE POBLACION, FRONTERAS Y ASUNTOS MIGRATORIOS

A la reunión de trabajo que sostendrán con servidores públicos adscritos a la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el área especial para América del Norte, el martes 9 de diciembre, a las 8 horas, en el patio sur del Palacio Legislativo.

Atentamente

Dip. Adriana González Carrillo
Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores

Dip. Juan Antonio Guajardo Anzaldúa
Presidente de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios

DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO

A la reunión de trabajo de su Mesa Directiva, que se efectuará el martes 9 de diciembre, a las 17 horas, en las oficinas de la Comisión.

Atentamente
Diva Hadamira Gastélum Bajo
Presidenta

DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO

A la reunión que sostendrá con la secretaria de Desarrollo Social, licenciada Josefina Vázquez Mota, el martes 9 de diciembre, a las 19 horas, en la zona B del restaurante Los Cristales.

Atentamente
Dip. Diva Hadamira Gastélum Bajo
Presidenta