Iniciativas
QUE REFORMA EL ARTICULO 213 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, EN MATERIA DE GUARDERIAS, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS JOSE MARIA RIVERA CABELLO Y MANUEL WISTANO OROZCO GARZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, Y PRESENTADA POR EL PRIMERO EN LA SESION DE LA COMISION PERMANENTE DEL MARTES 4 DE FEBRERO DE 2003
Los suscritos, diputados federales del Partido Acción Nacional de la LVIII Legislatura y en ejercicio de nuestro derecho de iniciar leyes o decretos, plasmado en el artículo 71 constitucional, presentamos esta iniciativa de decreto, que denominamos "Más guarderías para más niños atendidos" y que reforma el artículo 213 de la Ley del Seguro Social, bajo la siguiente
Exposición de Motivos
La Ley del Seguro Social vigente contiene la muy importante prestación de guarderías, en el seguro de guarderías y prestaciones sociales. Para su financiamiento, los generadores de empleos formales contribuyen con 1 por ciento de la masa salarial, de la cual 80 por ciento se destina al tema que nos ocupa y el resto a otras prestaciones sociales.
En el informe que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) entregó en junio de 2002 al Presidente de la República y al Congreso de la Unión se señala un importante racionamiento de la demanda, debido a que los lugares disponibles son mucho menores que la demanda potencial revelada por los certificados de maternidad expedidos.
En 1983 comenzó el esquema subrogado de guarderías, con la figura de guarderías participativas, en que el IMSS, con la participación de la comunidad mediante asociaciones civiles, posibilitó la cobertura de la seguridad social. Se instalaron guarderías en comunidades pequeñas, en algunos casos en inmuebles del propio Instituto y en otros mediante préstamos para su establecimiento.
En 1995 nació el esquema vecinal comunitario por medio de la inversión privada de sociedades civiles, instalándose esos centros de atención en inmuebles adaptados ex profeso, con capacidad instalada de 65 a 200 niños. En ese entonces se estableció la cuota de pago por niño atendido. Esos esquemas han permitido al IMSS atender actualmente y por conducto de 14 mil prestadores del servicio a un total de 109 mil niños.
Nos parece evidente que los mejores jueces del bienestar de un hijo son los propios padres. Los varios años de operación de los esquemas subrogados, en continuo crecimiento y sin que se reporte demérito en los servicios ofrecidos respecto a los estándares institucionales, soportan nuestra convicción de que ésta es una opción adecuada para el aumento de la cobertura de los derechohabientes del IMSS.
Asimismo, la bondad de esta prestación en el conjunto de la previsión social que reciben quienes laboran en el sector formal de la economía la presentan como un importante estímulo a la formalización del empleo. Por tanto, la mejor cobertura de guarderías para los derechohabientes del IMSS tiene un beneficio extra para la nación respecto al buen cuidado de la niñez: aumenta el interés por la formalización de las relaciones de trabajo.
El informe citado refleja que en los últimos años ha entrado en funcionamiento el concepto de guardería vecinal comunitaria y que ese tipo de servicio genera un costo promedio menor de atención de los niños derechohabientes y ha permitido la ampliación sustancial de lugares disponibles.
Las tendencias de mayor incorporación de las mujeres en edad fértil a la fuerza de trabajo formal y a su continuación en el empleo durante los primeros años de vida de los hijos determinan claramente un incremento de la demanda de las derechohabientes por espacios adecuados para el cuidado de los pequeños.
Por tal motivo, resulta claro que la asunción exclusiva de esa tarea por parte del Instituto es incompatible con el ritmo de crecimiento de la demanda, a la que deben añadirse las necesidades de las madres derechohabientes que en la actualidad no reciben esta prestación y que, por tanto, recurren a guarderías particulares o al apoyo familiar.
En este tenor, cobra más fuerza la importancia de aprovechar los buenos resultados de la guardería vecinal comunitaria para alcanzar el objetivo de este decreto: más guarderías para más niños atendidos.
Recientemente ha surgido un problema entre el Instituto y las guarderías con convenios de subrogación. Nuestra intervención al escuchar a las partes nos ha revelado un grave problema de comunicación como causa fundamental de las quejas. Sin embargo, hemos advertido un problema subyacente mucho más importante: la inseguridad jurídica que sufren las guarderías con este tipo de convenios y que no pertenecen a patrones registrados ante el Instituto.
Desde el momento en que esta prestación tan importante puede estar a expensas del capricho burocrático o de la amenaza unilateral de desaparición, estamos poniendo en riesgo un servicio fundamental.
La simple incomprensión registrada en los primeros días de 2003 entre el Instituto y los prestadores del servicio suscitó una reacción de gran molestia de los padres de familia, ante una simple sombra de amenaza.
Es obligación de los legisladores escuchar este clamor social y dar plena legalidad y garantías a las guarderías que hoy responden a los padres de familia; y todo indica que responden bien a sus necesidades, pues -repetimos- no puede haber jueces más severos del buen trato de los niños que los propios padres.
Los legisladores de Acción Nacional que suscribimos esta iniciativa de decreto nos basamos en ese juicio severo de los padres de familia que avala el éxito del esquema de guardería vecinal comunitaria para plantear al resto de nuestros compañeros una modificación del artículo 213 de la Ley del Seguro Social, que tiene por objeto proveer esta seguridad jurídica y un camino certero para ampliar el número de guarderías de la esfera de la seguridad social y, por ende, la capacidad de atención a la infancia. Nuestra propuesta considera ampliar los sujetos con que el Instituto puede celebrar convenios de subrogación del servicio.
Nuestra propuesta incluye, además de los patrones, a particulares y organizaciones sociales. Todos ellos deberán satisfacer los requisitos que el propio Instituto establezca para la operación de esos centros.
Buscamos que en el cuerpo de la ley se exija que en el reglamento correspondiente se haga explícito el conjunto de bienes y servicios que debe incluir la prestación de guarderías, tanto del Instituto como de terceros.
Asimismo, en caso de que se juzgue conveniente que haya diversas opciones de prestación de servicio, estas distinciones no deben dar lugar a diferencias en la calidad de atención recibida por el infante, sino que deben tener como fundamento responder a las distintas necesidades existentes entre los padres debido a sus actividades y lugares de residencia.
Con el fin de delimitar mejor la esfera del financiamiento público de esta prestación, también se prevé que si una guardería del Instituto o de terceros desea ofrecer a los infantes o a los padres de familia comodidades adicionales al conjunto de bienes y servicios requeridos por el reglamento, éstas puedan ser ofrecidas a los precios que el proveedor determine, siempre que aceptarlas sea totalmente voluntario y sin que la atención pueda condicionarse al consumo de esos elementos suplementarios.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a su consideración el siguiente
Decreto
Unico. Se reforma el artículo 213 de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue:
Artículo 213. El Instituto podrá celebrar convenios de reversión de cuotas o subrogación de servicios con los patrones, con particulares o con organizaciones sociales cuando reúnan los requisitos señalados en las disposiciones relativas. El reglamento de guarderías establecerá el conjunto de bienes y servicios que debe incluir la prestación y, en caso de que se juzgue conveniente que existan diversas opciones de prestación de servicio, estas distinciones no deben dar lugar a diferencias en la calidad de atención recibida por el menor.
Cuando una guardería del Instituto o de terceros desee ofrecer comodidades adicionales al conjunto de bienes y servicios requeridos por el reglamento, será necesaria la autorización previa de la Dirección de Prestaciones Sociales. El costo de tales comodidades deberá ser cubierto por el derechohabiente, pero su aceptación será totalmente voluntaria y opcional a lo estipulado por el reglamento.
Transitorio
Unico. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de febrero de 2003.
Diputados: José María Rivera Cabello, Manuel Wistano Orozco Garza (rúbricas).
(Turnada a las Comisiones de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social. Febrero 4 de 2003.)
DE LEY PARA LA INSCRIPCION Y REGULARIZACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES DE CARGA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, PRESENTADA POR EL DIPUTADO CESAR HORACIO DUARTE JAQUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA SESION DE LA COMISION PERMANENTE DEL MARTES 4 DE FEBRERO DE 2003
El suscrito, diputado federal miembro del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, me permito presentar la siguiente:
Iniciativa de Ley para la Inscripción y Regularización de Vehículos Automotores de Carga de Procedencia Extranjera.
Exposición de Motivos
Se calcula que en el país circulan cerca de 300, 000 camiones de carga y pasajeros; en las carreteras, en las ciudades , en los municipios y en las comunidades, generando condiciones de inseguridad para los ciudadanos que transitan en los mismos y riesgo permanente para quienes los poseen y conducen.
Desde hace mucho tiempo los sectores agropecuarios, de transporte de carga, materialistas, de pasajeros, y de carga en general, al carecer de apoyo y recursos necesarios como equipo para transportar sus productos, optaron por adquirir en el país automotores de procedencia extranjera por su bajo costo, permitiéndoles cubrir sus necesidades de transporte.
Algunos grupos urbanos de las zonas fronterizas de el país adquirieron también vehículos de transporte de pasajeros para las necesidades económicas, tales como: la transportación de personas a centros de trabajo, escuelas, y también en los campos donde laboran los jornaleros agrícolas, etc.
Que estos automotores constituyen una parte importante del patrimonio de estas personas y a la vez la principal herramienta para realizar su trabajo, con lo cual se beneficia directamente a la economía de nuestro país.
Que la falta ó el elevado costo de este tipo de automotores retrasa al sector agropecuario, por lo que este ha tenido que allegarse de ellos de otra manera y que el embargo de los mismos traería como consecuencia una descapitalización mayor de este sector.
Que el estado ilegal de los vehículos en su mayor parte va aparejada de prácticas de corrupción en la que participan desde autoridades municipales, estatales y federales, y a la vez generan inseguridad para todos los ciudadanos.Estas prácticas y sus modalidades podrían ser erradicadas, siempre y cuando se produzca un marco normativo que garantice la estancia regular de estos vehículos que se encuentran ilegalmente en el país, ello traería consigo la seguridad y estabilidad del patrimonio de las familias.
Que en la Ley de inscripción de vehículos de el 2001 se excluyó a todos los vehículos de carga y pasajeros que ya existían en el país.
Es necesario garantizar el desarrollo de las actividades agropecuarias y de transporte de carga en general, en un marco de seguridad y legalidad, así como el transporte de carga , de materiales y hasta de pasajeros.
Por todo lo anterior, en nombre de la Confederación Nacional Campesina y del Sindicato de Transportistas Materialistas del Estado de Chihuahua, propongo ante esta soberanía la siguiente:
Iniciativa de Ley para la Inscripción y Regularización de Vehículos Automotores de Carga de Procedencia Extranjera.
Artículo Primero.- Para efectos de esta Ley, serán considerados propietarios de vehículos automotores de carga de procedencia extranjera los que se inscriban bajo los siguientes términos:
a).- Las personas que acrediten con el título de propiedad ese derecho con los documentos idóneos que demuestren la titularidad de dicho vehículo de procedencia extranjera.
Artículo Segundo.- Serán objeto de inscripción, los vehículos automotores con las siguientes características:
a).- Los vehículos automotores, Pick ups, camiones, 5ª rueda, rabones, dompes, tractocamiones y otros automotores de carga destinados a la actividad de carga o transporte de pasajeros.
b).- Los vehículos incluidos en el anterior artículo, siempre y cuando hayan sido internados al país hasta el 31 de diciembre del 2002.
c).- Los destinados al servicio público de transporte y carga, con una capacidad mayor a los 3 500 kilogramos y de motores a gasolina, gas o diesel según corresponda.
d).- De todas las marcas y de modelos correspondientes hasta 1996, con excepción de los considerados de lujo.
Artículo Tercero.- Los interesados en inscribir los vehículos, deberán pagar el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos a partir del ejercicio fiscal del 2003 y los subsecuentes.
Se exime parcialmente del pago de los demás impuestos y derechos que deban pagarse con motivo de la importación, a efecto de que se pague la cantidad única que se determine conforme a la siguiente tabla:
AÑO CANTIDAD
Hasta 1986 $ 1,000. 00
1987 - 1990 $ 2,000. 00
1991 $ 3,000. 00
1992 $ 4,000. 00
1993 $ 5,000. 00
1994 $ 6,000. 00
1995 $ 7,000. 00
1996 $ 8,000. 00
Artículo Cuarto.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Economía se coordinarán con las autoridades fiscales de las Entidades Federativas, para llevar a cabo la inscripción de los vehículos a que se refiere esta Ley.
Los pagos a que se refiere el artículo tercero de esta ley se efectuarán ante las oficinas que designen las autoridades fiscales de las Entidades Federativas, mismas que informarán a las Secretaría de Hacienda y Crédito Público de la recaudación que por concepto se obtenga.
Artículo Quinto.- Los interesados deberán acudir a los lugares que señalen las autoridades fiscales, dentro de los 180 días naturales posteriores a la publicación de esta ley, a fin de presentar la solicitud de inscripción en los formatos aprobados por las autoridades fiscales de las Entidades Federativas, quienes le asignarán la fecha en que deberán presentar:
I.- El automotor y la acreditación de la propiedad del mismo, para que las autoridades fiscales de la entidad federativa correspondiente toman los datos de identificación del automotor y se le adhiera la calcomanía que lo identifique como inscrito.
II.- Licencia de conducir y una copia fotostática de la misma. En ningún caso se aceptarán permisos. Los pagos a que se refiere el articulo tercero de esta ley se efectuarán en la fecha en que el interesado presente el vehículo para que se coloque la calcomanía.
Artículo Sexto.- El pago de las contribuciones no obliga a las autoridades fiscales correspondientes a otorgar la inscripción en los siguientes casos:
a).- Si el vehículo no es presentado para la toma de datos dentro del plazo señalado en el artículo sexto; y
b).- Si no se cumple con alguno de los requisitos señalados en esta Ley.
Artículo Séptimo.- La inscripción de los vehículos conforme a la presente ley, no otorga reconocimiento de la propiedad de los mismos. En ningún caso, una misma persona podrá inscribir mas de un vehículo, en los términos de la presente ley.
Transitorios
Artículo Primero.- La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y su vigencia no excederá los 180 días naturales contados a partir de dicha fecha.
Artículo Segundo.- Los poseedores de vehículos que no pueden ser objeto de inscripción contarán con el plazo señalado en el artículo anterior para sacarlos del país o donarlos al fisco federal o a entidades federativas. En todos los casos, el interesado quedará liberado de la responsabilidad relacionada con el pago de las contribuciones y la ausencia del permiso de importación.
Artículo Tercero.- Procederá la inscripción de vehículos embargados, cuanto esta medida corresponda a créditos fiscales vinculados en función directa de su internación al país, en cuyo caso, se levantará el embargo respectivo para que el propietario pueda llevar a cabo el trámite de inscripción. Una vez hecha la inscripción, quedará cancelado el crédito fiscal de referencia y, por ende, levantado definitivamente el embargo, devolviéndose el automotor a su propietario
¡Impulsemos el desarrollo nacional, generemos los ordenamientos que reclaman los sectores productivos!
Palacio Legislativo de San Lázaro, febrero 4 del 2003.
Dip. César H. Duarte Jáquez (rúbrica), Dip. Enrique Herrera y Bruquetas (rúbrica), Dip. Jaime Vázquez Castillo (rúbrica), Dip. Felipe Solís Acero (rúbrica), Dip. Marcos López Mora (rúbrica), Sen. Esteban Angeles Cerón (rúbrica), Dip. Ramón León Morales (rúbrica), Dip. Manuel Medellín Milán (rúbrica), Dip. Jesús de la Rosa Godoy (rúbrica), Dip. Marco Antonio Dávila Montesinos (rúbrica), Dip. Carlos Aceves del Olmo (rúbrica), Dip. Alfredo Ochoa Toledo (rúbrica), Dip. Salvador Cosío Gaona (rúbrica), Sen. Adrián Alanís Quiñones (rúbrica), Sen. Fidel Herrera Beltrán (rúbrica), Sen. Ernesto Gil Elorduy (rúbrica), Dip. Josefina Hinojosa Herrera (rúbrica), Dip. Diego Cobo Terrazas (rúbrica), Sen. Raymundo Cárdenas Hernández (rúbrica), Dip. Oscar Alvarado Cook (rúbrica), Sen. Orlando Paredes Lara (rúbrica), Dip. Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), Dip. Roberto Preciado Cuevas (rúbrica), Dip. Víctor Infante González (rúbrica), Dip. Julián Luzanilla Contreras (rúbrica), Dip. Miguel Vega Pérez (rúbrica), Dip. Librado Treviño Gutiérrez (rúbrica), Dip. Eric Eber Villanueva Mukul (rúbrica).
(Turnada a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial. Febrero 4 de 2003.)
Proposiciones
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA IMPULSAR LA ACUACULTURA, PRESENTADA POR EL SENADOR HECTOR LARIOS CORDOVA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, EN LA SESION DE LA COMISION PERMANENTE DEL MARTES 4 DE FEBRERO DE 2003
El que suscribe, senador Héctor Larios Córdova, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento a esta soberanía, el siguiente punto de acuerdo, que exhorta al titular del Ejecutivo federal a que diseñe e implemente programas y apoyos financieros a proyectos nuevos de acuacultura que sean técnica y socialmente viables, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Que según el Informe sobre el Estado Mundial de la Pesca y Acuacultura, preparado en 1997 por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), durante 1995 se alcanzó una producción total del orden de 21.3 millones de toneladas de productos derivados de la acuacultura, cifra que refleja que la producción acuícola mundial ha venido en aumento.
Que la acuacultura ofrece muchas posibilidades para su diversificación y desarrollo prácticamente en todo el mundo. En la actualidad, los productos marinos contribuyen con el 3% del suministro mundial de alimentos, con el 6% de la producción total de proteínas y con el 18% del total de las proteínas de origen animal. Adicionalmente, entre las carnes, los pescados y mariscos son los más importantes, ya que participan con el 33% de la producción de carnes en el ámbito mundial. En 1999, la acuacultura en todas sus modalidades contribuyó con el 12.9% de la producción total y el valor de la producción se estimó en 11,166.7 millones de pesos.
Que la pesca y la acuacultura de las entidades del océano Pacífico contribuyen con 966 mil toneladas, equivalentes al 72% de la producción nacional; las del golfo de México y mar Caribe, con 337 mil toneladas (25.11%); y las de los estados sin litoral con 38 mil 100 toneladas (2.84%).
Que la acuacultura ha venido, año con año, experimentando un crecimiento sostenido, durante 1999 contribuyó con 166 mil 337 toneladas, es decir, el 13% de la producción nacional. En ese mismo año, la acuacultura en sistemas controlados, aportó el 3%. El cultivo de camarón siguió ocupando el primer sitio con un registro de cosecha del orden de las 29 mil 120 toneladas, que representaron aproximadamente el 75% de toda la producción acuícola de los sistemas controlados. Según el Anuario Estadístico de Pesca, en 1999, el país contó con 347 granjas para la producción comercial de camarón, consistentes en 26 mil 291 hectáreas de superficie cultivable. El 97% de ellas se encuentran ubicadas en los estados de Sinaloa, Sonora y Nayarit. En las entidades del golfo de México y mar Caribe, se encuentran distribuidas 510 de ellas, principalmente en los estados de Tamaulipas y Campeche.
Que durante la temporada 2001-2002 en el Pacífico mexicano, los acuicultores y pescadores del estado de Sonora produjeron un total de 32,288 toneladas de camarón.
Que mientras la acuicultura registró una cosecha récord de 22,162 toneladas, las capturadas de camarón silvestre fueron consideradas "regulares" con 8,277 toneladas extraídas en alta mar y 1,849 toneladas en esteros y bahías.
Que en relación con la acuicultura, las mayores cosechas se obtuvieron en el municipio de Cajeme con 15,534 toneladas, Bahía Kino y las granjas del norte del estado con 4,375 toneladas, y Huatabampo con 2,253 toneladas.
Que durante el año 2000, la acuacultura en el estado de Sonora empleó a 21,405 personas, que laboraron en 53 granjas, cuya superficie destinada a la actividad fue de 6,975 hectáreas, aportando el 39.23% de la producción pesquera anual del litoral Pacífico por un valor de 880,914 millones de pesos, ocupando el segundo lugar después de Sinaloa.
Que estas cifras, demuestran que la acuacultura es una alternativa a la pesca, tomando en cuenta la eventual sobreexplotación de algunas especies, ya que esta actividad podría restar presión sobre los recursos pesqueros y coadyuvaría al combate de la pobreza extrema, por lo que su fomento en áreas costeras y aguas territoriales debería ser prioritario para ciertas regiones del país.
Que el problema más importante para el sector es el escaso financiamiento y la falta de programas y apoyos sustantivos apropiados al sector.
Que la Ley de Desarrollo Rural Sustentable contempla la acuacultura como una actividad agropecuaria, a través del fomento de las actividades productivas, procurando el uso óptimo, la conservación y el mejoramiento de los recursos naturales y orientándose a la diversificación de la actividad productiva en el campo, incluida la no agrícola, a elevar la productividad, la rentabilidad, la competitividad, el ingreso y el empleo de la población rural.
Que actualmente no se han propuesto programas acordes con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en materia de acuacultura en la región.
En consecuencia, someto a esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal para que en el ámbito de sus atribuciones:
Primero.- Fomente e impulse proyectos de acuacultura en los estados de Sonora, Sinaloa y Nayarit, con fundamento en lo dispuesto en las leyes Orgánica de la Administración Pública Federal; Desarrollo Rural Sustentable; Aguas Nacionales, y Pesca.
Segundo.- La Sagarpa, a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, diseñe y ponga en operación programas piloto para el apoyo y financiamiento del proyecto del distrito de desarrollo acuícola del litoral de Caborca, estado de Sonora, como modelo industrial camaronícola sustentable que reconvierta una zona de 4 mil hectáreas que han dejado de ser productivas para la agricultura y se cree un parque camaronícola integral, con expectativas de generación de 1.5 jornales por hectárea con 7 mil 500 empleos directos y con un volumen de producción estimado de 8 mil toneladas.
Tercero.- Que la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable, establezca acciones y programas sectoriales de acuacultura y en especial para el proyecto planteado, a efecto de disponer y ejercer del presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2003 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, los recursos necesarios para este fin.
Salón de Sesiones de la H. Comisión Permanente, a los 4 días del mes de febrero de 2003.
Sen. Héctor Larios Córdova (rúbrica)
(Turnada a las Comisiones de Agricultura y Ganadería, y de Desarrollo Rural de la Cámara de Senadores, y a la Tercera Comisión de la Comisión Permanente. Febrero 4 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR AL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL A QUE PROCEDA A LA PUBLICACION INMEDIATA DEL TEXTO INTEGRO DEL DECRETO QUE CONTIENE DIVERSAS REFORMAS Y ADICIONES AL CODIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, PRESENTADA POR EL DIPUTADO CARLOS ACEVES DEL OLMO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA SESION DE LA COMISION PERMANENTE DEL MARTES 4 DE FEBRERO DE 2003
Antecedentes
1. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado C, base primera, fracción V, inciso e), y base segunda, fracción II, incisos c) y f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 7°, 8°, fracción II, 42, fracción IX, 46, fracción III, y 67, fracción I, del Estatuto del Gobierno del Distrito Federal, el jefe de Gobierno del Distrito Federal remitió a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal el día 30 de noviembre de 2002, para su discusión y aprobación, la iniciativa de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Financiero del Distrito Federal.
2. De conformidad con lo establecido por el artículo 19 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el C. Presidente de la Mesa Directiva de esta Asamblea, en sesión ordinaria celebrada el día 3 de diciembre de 2002, turnó la iniciativa del jefe de Gobierno, para su análisis y dictamen, a las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Hacienda.
3. En analogía al procedimiento dispuesto por el artículo 92 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el Presidente de la Comisión de Hacienda, fungiendo como Presidente de las Comisiones Unidas, en su sesión del día 9 de diciembre de 2002, declaró en sesión permanente la reunión de trabajo de las mismas, la cual duró hasta el agotamiento de los trabajos correspondientes.
4. En la sesión referida en el punto anterior, se realizaron comparecencias con los ciudadanos: secretario de Finanzas, procurador fiscal, tesorero y subsecretario de Egresos del Gobierno del Distrito Federal, conforme al calendario y las reglas del procedimiento previamente acordadas, con la finalidad de obtener una mayor claridad en cuanto a los conceptos, objetivos y procedimientos utilizados en el desarrollo del proyecto de referencia.
5. Para cumplir con lo dispuesto en el artículo 22 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, las Comisiones Unidas de Hacienda, y de Presupuesto y Cuenta Pública, se reunieron para dictaminar las iniciativas presentadas, con el fin de someterlas a la consideración del Pleno de la H. Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
6. En la sesión del Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, II Legislatura, celebrada el 26 de diciembre de 2002 se aprobó el Código Financiero del Distrito Federal.
7. El paquete financiero fue enviado al jefe de Gobierno el día 30 de diciembre pasado para que, de acuerdo a lo establecido por los artículos 122, base segunda, fracción II, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 48 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, y 86 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, lo publicara en la Gaceta Oficial y estuviera en posibilidades de aplicarlo desde el día primero de enero del presente año o que, en caso de que no estuviera de acuerdo con lo aprobado, hiciera sus observaciones y lo devolviera a la Asamblea Legislativa para su corrección o ratificación.
8. Con fecha 31 de diciembre, el jefe de Gobierno publicó parcialmente el Código Financiero en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, omitiendo publicar 30 artículos que forman parte del decreto aprobado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
9. El día 8 del presente mes, la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa envió un escrito al jefe de Gobierno solicitándole procediera a publicar de manera inmediata el articulado completo del Código Financiero.
Considerandos
Primero.- Que el Distrito Federal es sede de los Poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos Mexicanos, por tal motivo, es menester de esta Comisión Permanente prestar atención a lo que en éste suceda.
Segundo.- Que durante el pasado mes de diciembre los diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, II Legislatura, aprobaron en tiempo y forma el paquete financiero para que la capital del país cuente con los recursos económicos para su desarrollo.
Tercero.- Que los integrantes del órgano legislativo del DF realizaron un gran esfuerzo y, mediante un trabajo profesional y cuidadoso, sin la participación del Gobierno de la Ciudad que abandonó los trabajos en la última etapa, aprobaron los instrumentos financieros para la Ciudad que se caracterizaron por lo siguiente:
Garantizar recursos suficientes para que el Gobierno realice sus funciones a favor de la población.
No incrementar el impuesto predial y otorgar descuentos a los contribuyentes que paguen oportunamente este impuesto.
Fomentar el uso racional del agua, incrementando hasta en un diez por ciento el pago del servicio a quienes consuman más de 70 metros cúbicos.
Poner énfasis en temas relativos a seguridad pública, educación, servicios de salud, apoyo a adultos mayores, transporte público, obras de infraestructura y preservación y restauración ambiental.
Otorgar prioridad a los programas sociales, incrementando el presupuesto destinado a los mismos en un 13.3 por ciento.
Definir reglas para que el Gobierno administre con mayor eficiencia y transparencia los recursos públicos.
Cuarto.- Que el paquete financiero enviado al jefe de Gobierno el día 30 de diciembre pasado para que, conforme a los lineamientos contemplados en las disposiciones legales, lo publicara en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y estuviera en posibilidades de aplicarlo desde el día primero de enero del presente año o que, en caso de que no estuviera de acuerdo con lo aprobado, hiciera sus observaciones y lo devolviera a la Asamblea Legislativa para su corrección o ratificación.
Quinto.- Que la Jefatura de Gobierno de la Ciudad no se condujo conforme a lo dispuesto por la ley, y publicó parcialmente el Código Financiero omitiendo disposiciones en 30 artículos, acción que constituye una violación flagrante a la legalidad, invadiendo la competencia del órgano legislativo al tratar de anular sus decisiones y erigiéndose como legislador, violentando con esto el principio constitucional de división de poderes y atentando contra las instituciones democráticas establecidas.
Sexto.- Que al omitir las disposiciones del Código Financiero, el Gobierno del Distrito Federal anula de facto una serie de reglas que la Asamblea Legislativa diseñó para ordenar y transparentar la aplicación de los recursos públicos y mejorar la rendición de cuentas del Gobierno durante el ejercicio fiscal del año 2003.
Séptimo.- Que la manera de proceder del Gobierno de la Ciudad constituye una violación a los artículos 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 y 67, fracción II, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 86 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; y 14 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal.
Octavo.- Que a lo largo de su gestión, el jefe de Gobierno ha demostrado una falta de respeto total hacia el órgano legislativo de la Ciudad de México. Previo a la publicación incompleta del Código Financiero, cometió constantes violaciones al sistema de división de órganos de Gobierno del Distrito Federal, tratando de anular acciones de los órganos legislativo y judicial con las que no está de acuerdo, entre las que mencionamos las siguientes:
La emisión de bandos en los que estableció disposiciones que contravienen la legislación del Distrito Federal.
La no publicación o la publicación tardía de disposiciones legales emitidas por la Asamblea Legislativa.
La no aplicación manifiesta del artículo 65 de la Ley de Transporte, que se refiere a la obligación de los automovilistas para contratar el SUVA.
El no haber emitido el Reglamento de la Ley de Establecimientos Mercantiles, irregularidad que impide la aplicación plena de esa ley.
El haber obstaculizado las reformas al código electoral, situación que demostró fehacientemente una intromisión orientada a controlar el proceso electoral.
El desacato de diversas resoluciones del Poder Judicial como la del juicio de amparo número 986/2002-1-B.
Otorgar facultades de manera ilegal a la Secretaría del Medio Ambiente, adscribiendo a la misma al organismo de aguas, contraviniendo la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, que establece que es la Secretaría de Obras Públicas la responsable en esa materia.
Noveno.- Que los legisladores no podemos tolerar las tentaciones autoritarias de un jefe de Gobierno que desprecia el trabajo legislativo, el principio de división de poderes y a toda costa trata de imponer su voluntad violentando de manera constante el Estado de derecho.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, presentamos ante la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión el siguiente
Punto de Acuerdo
Unico.- Que esta Comisión Permanente envíe un exhorto al jefe de Gobierno del Distrito Federal, a fin de que cumpla con las obligaciones establecidas para él en los distintos ordenamientos jurídicos aplicables, y proceda a la inmediata publicación del texto íntegro del decreto que contiene diversas reformas y adiciones al Código Financiero del Distrito Federal, aprobado por el Pleno de la Asamblea Legislativa, el pasado mes de diciembre de 2002.
Dip. Carlos Aceves del Olmo (rúbrica), Dip. Julieta Prieto Fuhrken (rúbrica), Sen. Ernesto Gil Elorduy (rúbrica), Dip. Mónica Leticia Serrano Peña (rúbrica), Dip. Alejandro Zapata Perogordo (rúbrica), Dip. Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), Sen. Sara Castellanos Cortés (rúbrica), Dip. Jesús Burgos Pinto (rúbrica), Dip. José María Rivera Cabello (rúbrica).
(Turnada a la Primera Comisión. Febrero 4 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, RESPECTO A LA PUBLICACION DEL CODIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, PRESENTADA POR EL DIPUTADO RAMON LEON MORALES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DE LA COMISION PERMANENTE DEL MARTES 4 DE FEBRERO DE 2003
El suscrito diputado federal, integrante grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar ante esta soberanía el siguiente punto de acuerdo, con base en las siguientes
Consideraciones
El pasado 29 de enero, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó, por mayoría, una propuesta con punto de acuerdo para interponer una demanda de controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra del jefe de Gobierno del Distrito Federal por publicar parcialmente el Código Financiero del Distrito Federal 2003.
Por su parte, el jefe de Gobierno del Distrito Federal ha hecho pública su determinación de ejercer su derecho a realizar observaciones a 30 artículos que reforman y adicionan el Código Financiero del Distrito Federal 2003, mismas que, conforme a los tiempos que determinan las disposiciones aplicables, deberán ser comunicadas el primer día de sesiones del próximo periodo de reunión de la Asamblea Legislativa.
Asimismo, el jefe de Gobierno del Distrito Federal ha manifestado que los artículos reservados tratan sobre la pretensión de los legisladores de oposición para limitar los programas de apoyos y subsidios para el desarrollo y la protección social y de otros relacionados con el impuesto predial, donde se incrementan los valores unitarios del suelo y de las construcciones, así como para imponer un transitorio que prevé el aumento de 5.4 por ciento en el cobro del impuesto predial.
Otra grave inconsistencia se dirige a fijar los montos de los ingresos que aporta la Federación para entidades y municipios, como si esta atribución fuese competencia local pretendiendo rebasar el marco jurídico federal que les sirven de sustento y de facto favorecer con mayores recursos a las delegaciones gobernadas por la oposición, sin considerar los criterios propuestos por el jefe de Gobierno, que se orientan a beneficiar a los sectores sociales más desfavorecidos.
Frente a este escenario, consideramos que al promover una controversia constitucional, los legisladores del Distrito Federal utilizan un recurso que la Carta Magna otorga a un órgano legislativo que considera ha visto vulneradas sus atribuciones; dado que la Asamblea Legislativa tiene el derecho de acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y presentar este recurso, lo cual le da al Ejecutivo local el derecho de presentar los argumentos jurídicos a que haya lugar.
La última palabra sobre este litigio la tiene el máximo tribunal del país y a su resolutivo se ceñirá el jefe de Gobierno del Distrito Federal.
Cabe señalar, que los hechos comentados resultan inéditos en la relación de poderes locales, Legislativo y Ejecutivo, mismos que han rebasado el ámbito político y requieren de una determinación jurídica de la autoridad competente.
Ante tal eventualidad, el grupo parlamentario del PRD considera que no debe limitarse el derecho constitucional de la Asamblea Legislativa y del jefe de Gobierno del Distrito Federal para acudir y presentar los alegatos y pruebas procedentes ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de que conforme a derecho se determine la procedencia de vetar de manera parcial el proyecto de decreto de reformas y adiciones al Código Financiero del Distrito Federal.
Sin embargo, en el caso de que esta H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión pretenda emitir un exhorto o una opinión a cualquiera de las partes, consideramos que es indispensable contar con la más amplia y veraz información con el firme propósito de no violentar el marco jurídico que norma la relación entre dos poderes locales, en este caso la Asamblea Legislativa y el jefe de Gobierno del Distrito Federal, ni emitir un acuerdo precipitado.
Por lo antes expuesto, me permito someter a la consideración de esta H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente
Punto de Acuerdo
Unico: La H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión acuerda solicitar, en forma respetuosa, a la H. Asamblea Legislativa del Distrito Federal y al jefe de Gobierno del Distrito Federal, toda la información referente a la iniciativa, debate, aprobación y publicación del decreto que contiene diversas reformas y adiciones al Código Financiero del Distrito Federal 2003, con objeto de que este órgano legislativo federal tome las resoluciones pertinentes.
Asimismo, dicha información se hará del conocimiento de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados, para los efectos a que haya lugar.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de febrero de 2003.
Dip. Ramón León Morales (rúbrica)
(Turnada a la Primera Comisión. Febrero 4 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, SOBRE LA PUBLICACION INMEDIATA DEL TEXTO INTEGRO DEL CODIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JOSE TOMAS LOZANO PARDINAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, EN LA SESION DE LA COMISION PERMANENTE DEL MARTES 4 DE FEBRERO DE 2003
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados federales José Tomás Lozano Pardinas y José María Rivera Cabello, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional a la LVIII Legislatura, sometemos a consideración de esta H. asamblea el siguiente punto de acuerdo.
He querido subir a esta alta tribuna en este día, vísperas del 5 de febrero, día en que honramos la Constitución que actualmente nos rige, nuestra Constitución Política, para denunciar -y lo haré mientras tenga voz en la garganta- el rompimiento del orden constitucional y jurídico que dicha Constitución nos garantiza.
El rompimiento de dicho orden, como paradoja, corre a cargo de aquel cuyo primer deber es cumplirla y hacerla cumplir. Nos estamos refiriendo, compañeros legisladores, a la actitud vergonzante del jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, en una actitud caprichosa y desmedida que no acierto a calificar, como es la promulgación y publicación parcialmente de una ley, el Código Financiero, ya decretada por el marco jurídico competente del Gobierno de la Ciudad de México, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Quiero recalcar que una actitud así no tiene precedente, ni siquiera en los regímenes que algún día se apreciaron de ser monarquías o imperios. Situación como ésta no se ha presentado jamás, ni siquiera en los negros periodos de la historia política y legislativa de México.
La resolución tomada por el actual jefe de Gobierno de la Ciudad de México nos hace dudar no sólo de su capacidad de gobierno sino, aun, de la entereza misma de sus facultades.
La publicación y promulgación parciales del Código Financiero, aunadas al rompimiento del orden constitucional y jurídico del Gobierno de la Ciudad de México, carecen de valor y sustento.
De "La ciudad de la esperanza" se ha convertido en "la ciudad de la amenaza". Vemos que no importa la fuerza de la ley; lo que vale es la fuerza de la amenaza para rechazar lo que el cuerpo legislativo ha decidido.
Por ello pedimos respetuosamente la intervención de la Comisión Permanente; que tome cartas en el asunto, a efecto de buscar la restitución del orden constitucional y jurídico de la Ciudad de México, violado por la actitud no diría yo prepotente sino arbitraria y delictuosa del actual jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador.
El gobierno de esta ciudad rechazó que haya mecanismos para prever el caso de ingresos por encima de lo presupuestado. Ese tipo de reglas ya existe para el Gobierno Federal, sin que nadie los considere una ofensa. Al contrario, rechazar estas reglas es una ofensa a la democracia.
No es decir que él puede promulgar todo; puede promulgar una parte. Al rato, Andrés Manuel López Obrador publicará sólo el título de la ley.
La Asamblea Legislativa del Distrito Federal estableció con claridad el uso del dinero público, padrones de beneficiarios y criterios de selección. El Gobierno de la Ciudad de México no quiere esa claridad en la información. Tampoco quiere López Obrador que la Asamblea Legislativa determine los impuestos. Prefiere la justicia de califa, donde rige la amenaza del uso de la cimitarra para callar al que no está de acuerdo. Tal vez por eso sus consultas tienen resultados de opinión parecidos a los de las consultas que han hecho Sadam Hussein y el gobierno de Corea del Norte o a los de las votaciones soviéticas.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, los diputados federales José Tomás Lozano Pardinas y José María Rivera Cabello, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional a la LVIII Legislatura, a usted, señor Presidente, solicitamos:
Unico: Se turne a la Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión el presente punto de acuerdo, a efecto de solicitar su intervención, dentro de las facultades legales que le competen, en torno de la publicación y promulgación parcial del Código Financiero por el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los cuatro días de febrero de dos mil tres.
Diputados: José Tomás Lozano Pardinas, José María Rivera Cabello (rúbricas).
(Turnada a la Primera Comisión. Febrero 4 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, EN RELACION CON LA HUELGA DE CANANEA, EN EL ESTADO DE SONORA, PRESENTADA POR EL DIPUTADO RAMON LEON MORALES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DE LA COMISION PERMANENTE DEL MARTES 4 DE FEBRERO DE 2003
Los suscritos, diputados federales integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos ante esta honorable asamblea una proposición con punto de acuerdo sobre el movimiento huelguístico de los trabajadores mineros de Cananea, al tenor de las siguientes consideraciones:
1. Cananea es el cruce de caminos de nuestra historia, el momento fundacional del movimiento obrero y del México contemporáneo. La población sonorense representa, como pueblo de frontera, el punto de origen de las luchas de la etapa moderna y contemporánea del pueblo mexicano. Hoy, los herederos directos de las jornadas de junio de 1906, nuevamente se enfrentan a la voracidad del capital que, al paso de 97 años, no han podido terminar con la formidable veta de rebeldía del trabajador minero.
En la noche del último día de mayo de 1906, los 5,360 trabajadores mexicanos de la Cananea Consolidated Cooper Company declaran la huelga, acto casi inconcebible ante una dictadura que llevaba 26 años en el poder, por tres demandas fundamentales: salario mínimo de cinco pesos; jornada de ocho horas e igualdad de condiciones de los trabajadores mexicanos con los estadounidenses, mismas que fueron rechazadas por el coronel William C. Green, gerente de la mina, por considerarlas "absurdas". La respuesta de la dictadura fue una sangrienta represión los días 1 y 2 de junio en la que intervinieron los ejércitos mexicano y estadounidense. Se asesinó a 23 trabajadores, 22 fueron heridos y 60 detenidos, mismos que fueron enviados a la siniestra prisión de San Juan de Ulúa y a la leva, para combatir a los yaquis. Para el 6 de junio, se restablecen las labores bajo vigilancia militar.
Sin embargo, estos precursores de la Revolución Mexicana lograron plasmar en la Carta Magna sus principales demandas. Dirigentes de las jornadas de 1906, como Esteban Baca Calderón, Manuel M. Diéguez y Luis G. Monzón se incorporarían al movimiento revolucionario y serían a la postre miembros del Congreso Constituyente de Querétaro, en el que se plasmarían el derecho a una jornada de 8 horas, el salario mínimo y derechos colectivos como la sindicalización y la huelga.
No olvidemos que décadas después, el Ejército Mexicano volvió a presentarse en el municipio fronterizo. En agosto de 1989, el Ejército entró a la población a petición de la Compañía Minera de Cananea en momentos en que la representación sindical negociaba la revisión contractual. Luego de más de dos meses de lucha, bajo la ocupación de los cuerpos represivos que hostigaban a la población y realizaban detenciones selectivas, el movimiento finalizó con el reajuste de una cuarta parte del personal y la mutilación del contrato colectivo de trabajo. Un año después, la empresa minera fue privatizada a un precio irrisorio.
2. Hoy, aún con las ataduras del corporativismo que impera en organizaciones sindicales de importancia y tradición de lucha, los herederos del "Club Liberal de Cananea", y los sucesores del coronel Green vuelven a encontrarse a la vuelta de casi un siglo. Tradiciones de lucha tan arraigadas como las de los mineros del norte del país, renacen una y otra vez.
Desde que Grupo México, el principal productor minero del país, adquirió la explotación de Cananea en 1990, ha venido aplicando una política antisindical, cancelando una a una las conquistas históricas alcanzadas en décadas de lucha; redujo el contrato colectivo de trabajo en tres cuartas partes y fue recortando la plantilla laboral hasta lograr el despido masivo de 175 trabajadores a raíz de la huelga de 1998-1999.
En 2001, los trabajadores emplazaron a huelga por la revisión de su contrato colectivo. Sin embargo, el movimiento fue declarado inexistente por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y la revisión nunca se llevó a cabo. La revisión además se complicó por la sucesión en la secretaría general del Sindicato Minero Metalúrgico, con el deceso Napoleón Gómez Sada y un complicado proceso de toma de nota a Napoleón Gómez Urrutia.
Por dos años, los trabajadores tuvieron las mismas condiciones de trabajo, que fueron violadas por la patronal, por lo que el 3 de junio de 2002 los trabajadores impusieron las banderas rojinegras en el histórico fundo minero. Se demandó entonces un incremento salarial del 10.5 por ciento, el cumplimiento del contrato colectivo de trabajo y el pago de un bono de productividad que no se había entregado en los dos años anteriores, al argumentar la empresa una baja productividad. La huelga de junio pasado fue por esa revisión fallida.
Grupo México amagó con el cierre de la empresa pues sostuvo que de cumplirse las demandas obreras, su viabilidad sería nula. Debe recordarse que el año pasado dicho consorcio, que es el tercer productor de cobre del mundo, enfrentó movimientos huelguísticos en Nueva Rosita, Coahuila; Minera San Martín, en Zacatecas; la planta de zinc electrolítica en San Luis Potosí, la mina Pasta Conchos y La Caridad en Sonora.
El 9 de junio, los trabajadores firmaron con la empresa un convenio para levantar la huelga, restituyendo prestaciones no cumplidas y un incremento salarial de 5.25 por ciento al salario, así como una retabulación de 4.75 -correspondiente a 200l-. Dos días después, los empresarios decidieron romper el acuerdo tomado e insistieron en el cierre de la minera.
A fin de evitar el cierre definitivo de la planta, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el gobierno de Sonora plantearon a las partes que durante 12 meses se evaluaría la viabilidad del centro de trabajo.
3. El hecho constituyó la conculcación del derecho de huelga, lo cual fue reconocido por un Tribunal Colegiado que falló un amparo a favor del sindicato, por lo que los mil 260 trabajadores sindicalizados de la Compañía Minera de Cananea volvieron a estallar la huelga el lunes 20 de enero a las 3 de la tarde, en demanda de aumento salarial de 5.3 por ciento, el pago de bonos de productividad que no se han entregado en 4 años y por el cese a las violaciones al contrato colectivo de trabajo.
Al día siguiente la empresa amenaza de nuevo con cerrar. Debe señalarse que el costo laboral de la minera es sólo del 10 por ciento y que el hecho de que no se hayan alcanzado estándares de producción óptimos obedece a que la empresa no provee de materiales y equipos necesarios a los departamentos de mina y tajo, que concentran el mayor número de trabajadores.
Los efectos del cierre serían catastróficos para la región, pues el 90 por ciento de la actividad económica de los 35 mil habitantes de Cananea depende de la mina. Asimismo, 150 mil toneladas de cobre anuales dejarían de incorporarse a la producción nacional.
Hoy, la lucha sindical vuelve a enfrentar nuevos y viejos retos, a encarar a los enemigos de siempre en nuevas condiciones: la larga marcha de la resistencia, la inagotable historia del movimiento de los trabajadores vive un nuevo capítulo.
El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, respetuoso de la autonomía sindical y comprometido con las mejores causas del pueblo de México, se pronuncia contra cualquier medida que pretenda conculcar derechos, contra cualquier chantaje que ponga en la mira las conquistas y las luchas legítimas del pueblo trabajador y hace un llamado a las autoridades laborales a conducirse en un marco de absoluta legalidad, respeto y prudencia, cumpliendo su deber de conseguir el equilibrio y la justicia social en las relaciones laborales.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, los suscritos sometemos a consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Unico. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión hace un llamado a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje para que, en el ejercicio de sus atribuciones, intervengan en el conflicto de la Compañía Minera de Cananea para preservar los derechos individuales y colectivos de los trabajadores de dicha empresa, establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal del Trabajo, el contrato colectivo de trabajo y demás ordenamientos aplicables.
Sala de Sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, febrero 4 de 2003.
Diputados: Petra Santos Ortiz, Ramón León Morales (rúbrica).
(Turnada a la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Febrero 4 de 2003.)
Notas sobre la huelga de Cananea, en Sonora
La huelga que sostienen los trabajadores de la sección 65 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (STMMSRP), de la empresa minera de Cananea, en Sonora, comenzó el lunes 20 de enero de este año.
Las demandas laborales se centran en tres peticiones concretas: la exigencia de un incremento salarial de 5.25 por ciento, la entrega de un bono de productividad y la reinstalación de diez empleados.
El consorcio que controla la empresa minera de Cananea, Grupo México, lo dirige el empresario Germán Larrea Mota Velasco. Este consorcio se ubica entre las cinco transnacionales mexicanas más importantes; siendo además el poseedor del tercer mayor yacimiento de cobre en el mundo, el segundo lugar en América Latina y primero en México.
El conflicto laboral entre el sindicato y la empresa se agudizó por el anuncio del Grupo México de cerrar definitivamente las operaciones de la empresa minera mexicana de Cananea, argumentando la existencia de malas condiciones financieras y operativas que le impiden afrontar las peticiones de los huelguistas, señalando también que en los últimos dos años la empresa ha trabajado con números rojos y con fuertes endeudamientos. La patronal culpa de esta situación a los trabajadores y a la caída de los precios internacionales de los metales.
Actualmente la mina de Cananea cuenta con una base de trabajadores sindicalizados y de confianza, que suman en total mil 440 personas.
La presión por cerrar esta fuente de trabajo por la patronal es una medida intimidatoria con la finalidad de evadir el cumplimiento del contrato colectivo y los derechos ordenados en la Ley Federal del Trabajo.
Sabemos que no es fácil el cierre de una planta en los términos señalados por el consorcio Grupo México ya que se requiere de un procedimiento jurídico ante el sindicato y la Secretaría del Trabajo, que contenga una justificación de las presuntas causas económicas para su cierre, y que al mismo tiempo cumpla con lo ordenado en los artículos 434, 892 y 900 de la Ley Federal del Trabajo. La huelga en sí no genera la terminación de las relaciones laborales; eso lo califica la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA).
El problema laboral entre el sindicato y Germán Larrea tiene sus antecedentes cuando en el proceso de privatización en 1990, este consorcio adquirió a precio de remate los bienes de la minera en 475 millones de dólares y se comprometió, con el sindicato, a entregar 5 por ciento de los activos a los trabajadores.
La determinación de cerrar operaciones de la minera nos parece una actitud desleal, de cerrazón mostrada por el consocio y que en nada contribuye a la solución del problema.
El conflicto hasta el momento no tiene solución y parece que se extiende al anunciarse paros, por parte del sindicato, en 11 secciones relacionadas con el Grupo México, entre las que se encuentran, además de la planta en lucha, la Industria Minera México, Minerales Metálicos del Norte y Mexicana del Cobre.
Las autoridades municipales, estatales y federales han manifestado su preocupación por esta situación; así las voces por impedir el cierre de esta importante fuente de trabajo y principal productora de cobre en México, se multiplican.
Ya en la huelga iniciada el 3 de junio de 2002 y que duró siete días, las autoridades de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y el gobierno estatal intervinieron para evitar que la empresa cerrara por la aparente incosteabilidad de sus operaciones.
Conviene destacar que la economía del municipio de Cananea y sus alrededores depende en más de 90 por ciento de las actividades del consorcio minero; ello muestra el vital polo dinámico que tiene dicha minera en la economía de la región.
Los gobiernos federal y estatal han manifestado que en este problema la consigna es impedir el cierre de la minera de Cananea. Exhortando al presidente de la misma a que negocie con los trabajadores de la sección 65 del sindicato minero en huelga.
Recordemos que la Minera Cananea es un lugar de trascendencia histórica en las luchas por la justicia laboral en México; hagamos memoria: la noche del primero de junio de 1906, la población de Cananea, Sonora, se conmovió, porque cerca de dos mil trabajadores de la Green Consolidated Mining Company, inconformes porque sus salarios eran menores que los que devengaban sus compañeros norteamericanos, al recibir la negativa de la empresa de aumentárselos, decidieron ir a la huelga. La represión y brutalidad hicieron su aparición; hubo 23 muertos y 22 heridos de ambas partes, y fueron aprehendidos más de 50 individuos, a quienes se acusó de ser los agitadores del movimiento y fueron enviados inmediatamente a las mazmorras de San Juan de Ulúa.
Ahora observamos con preocupación que una empresa tan importante en el sector minero sea objeto de cierre definitivo, tal parece que la administración privada no ha sido eficiente en su accionar y escudándose en los conflictos labores, pretende remediar su falta de eficiencia con el cierre de la misma.
¿Dónde quedaron los beneficios que tanto se pregonaron al privatizar esa minera? ¿Dónde quedaron las promesas de que la iniciativa privada impulsaría mejor esta rama de la actividad económica?
Por lo anterior creemos que el Estado mexicano debe asumir su responsabilidad de garante de los derechos de los trabajadores y propiciar el dialogo entre las partes.
CON PUNTO DE ACUERDO, RESPECTO DEL USO DE LA PAPELERIA OFICIAL DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL, QUE NO CUMPLE LA LEY SOBRE EL ESCUDO, LA BANDERA Y EL HIMNO NACIONALES, PRESENTADA POR EL DIPUTADO SALVADOR COSIO GAONA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA SESION DE LA COMISION PERMANENTE DEL MARTES 4 DE FEBRERO DE 2003
Con fecha 2 de octubre de 2001, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con el voto en favor de los legisladores del PRI, del PRD y del PT, entre otros, frente a la oposición de los diputados del Partido Acción Nacional, el dictamen de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública que resolvió de manera favorable las propuestas del punto de acuerdo que sobre el uso de los símbolos patrios, específicamente del Escudo Nacional, presentaron el 14 de diciembre de 2002 y el 25 de septiembre de 2001 los diputados Alfredo Ochoa Toledo, del grupo parlamentario del PRI, y Enrique Herrera y Bruquetas, del grupo parlamentario del PRD, respectivamente.
En dicho dictamen, aprobado por el Pleno, se estableció que el logotipo que el Poder Ejecutivo federal diseñó y tiene en uso en papelería y otras expresiones de propaganda oficial es una impresión incompleta del Escudo Nacional, diseñado a partir de su expresión oficial, comprobado al cotejarse el escudo utilizado en banderas y documentos oficiales permitidos con la parte del mismo que se reproduce como un supuesto logotipo diferente del escudo oficial, como lo utiliza el Ejecutivo federal.
En el dictamen de referencia quedó claro que, con este hecho, el Presidente de la República, como titular del Poder Ejecutivo federal, viola absoluta y contundentemente lo establecido en los artículos 2, 5, 6 y 55 de la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, que señalan que toda reproducción del Escudo Nacional deberá corresponder de manera fiel a las características oficiales establecidas y que éste sólo deberá utilizarse en monedas, medallas oficiales, sellos, papel oficial y similares, conteniendo de modo invariable las palabras Estados Unidos Mexicanos, formando un semicírculo superior, cuestión que es omitida al utilizarse el escudo oficial por la Presidencia de la República y sus dependencias, que así -como todos sabemos- lo cercena y mutila, con una absoluta carencia de respeto del símbolo patrio, pues utiliza la parte superior del escudo incompleta, al que sobrepone dos trazos en colores verde y rojo, que parecerían la banda presidencial estilizada, pero también podrían apreciarse como las letras F y S, correspondientes a los apellidos del Presidente y de su cónyuge.
Lo cierto es que, desde cualquier óptica, ha quedado claro en la discusión que el Presidente Vicente Fox viola constante y sistemáticamente la ley citada y, más grave aún, viola en forma contumaz la Constitución General de la República, misma Carta Magna que protestó guardar y hacer guardar al asumir su alto encargo como Presidente de la nación.
El punto de acuerdo aprobado el 2 de octubre por la Cámara de Diputados a partir del dictamen de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública es contundente.
Acordó exhortar a la Secretaría de Gobernación, como dependencia responsable del Ejecutivo federal, a vigilar el uso, la reproducción y la difusión de los símbolos patrios por las dependencias de la Administración Pública Federal, así como por las entidades federativas y los municipios del país.
Y, por considerar de manera tajante como un hecho comprobado debidamente, sustentado en derecho, que el uso incompleto del Escudo Nacional en la imagen o el logotipo que identifican al Poder Ejecutivo federal es violatorio de la ley correspondiente, exhortó a retirar dicha imagen ilegal de toda papelería, propaganda e imágenes en que se utilizan.
En efecto, ocurrió la tozudez del Presidente de la República, quien -en respuesta del acuerdo de la Cámara de Diputados- se limitó a tratar de defender lo indefendible, negando estar violando la ley y la Constitución de la República, mediante argumentos muy ligeros carentes de sustento y fundamento.
Se limitó a intentar reivindicar el derecho de contar con un logotipo o imagen específicos que identifiquen a la actual Administración Pública Federal, que encabeza, negándose rotundamente, quizá por indicaciones o consejos de quienes lo asesoran e imprimen excesiva influencia cercana, a ceder y aceptar los argumentos contundentes del Poder Legislativo de la Unión, que a través de la Cámara de Diputados le demostró la ilegalidad que se comete, así como permaneciendo sordo a las voces del pueblo, que en muy amplio número y con una pluralidad casi absoluta expresó su rechazo a esta acción protagónica, pero irrespetuosa e ilegal de la Presidencia de la República.
El argumento de la Presidencia de la República, inatendible como fue, es suficiente para patentizar el desdén al pueblo y a la soberanía legislativa que, en su afán de salvaguardar los símbolos de la República, emitió un juicio de valor, con la autoridad moral y política correspondiente.
El Presidente, además de no atender el exhorto, permanecer impávido y no aceptar, con toda carencia de humildad, que el pueblo y el Poder Legislativo que los representan tienen razón, se empecinó e, imbuido de un falso orgullo, hizo lo que el lenguaje del pueblo señala: "se trepó en su macho". Se aferró tenazmente a su capricho o, quizá, para poder llamarlo mejor al posible capricho de quien diseñó la estrategia de comunicación social desde el inicio de la actual administración pública a su cargo y que, en los hechos, es visto, ejercen en el Presidente una influencia mucho muy superior a lo que significa la voz del pueblo y la atención y respeto a las consideraciones que emanan de los poderes que forman el poder público del Estado y que en conjunto son el gobierno.
No obstante lo anterior y en tanto aclaró que no por ello se sometía y aceptaba una actuación equívoca de su parte, el Ejecutivo federal ofreció, a manera de atenuar la ilegalidad en que incurre, que ordenaba en ese momento a todas las dependencias de la Administración Pública Federal utilizar en toda papelería, propaganda e imágenes oficiales la reproducción íntegra del Escudo Nacional como la ley lo establece, acompañando al citado irrespetuoso logotipo.
Dicha disposición, que fue muy difundida, no fue considerada por amabas partes como incumplimiento al punto de acuerdo de la Cámara de Diputados, mas, sin menoscabo de continuar buscando el absoluto respeto al escudo, se pudo considerar como una posibilidad real de emprender una acción correctiva. El anuncio oficial que emitió la Secretaría de Gobernación indicaba que sólo se usaría el logotipo conteniendo el escudo oficial mutilado en comunicaciones internas, es decir, se entiende en toda comunicación no oficial o que deba ser parte de difusión general, y que en toda papelería, propaganda o imágenes oficiales, se usaría invariablemente el escudo oficial completo acorde con el texto legal que lo norma.
En los hechos, el Presidente, aun sin afirmarlo, aceptó tímidamente el veredicto de culpabilidad a su acción ilegal y motu proprio que determina una sentencia y se autoimpone realizar una acción a manera de paliativo para atenuar su conducta inadecuada, misma que es contundente, no ha cumplido, pues en los hechos solamente la Presidencia de la República, y no siempre, cumple la instrucción e incorpora a la papelería y propaganda oficial, aunque en forma diminuta, la imagen legal íntegra del Escudo Nacional, que es, no obstante empañada por la presencia conjunta de la negativamente famosa imagen mercadotécnica que ridiculiza al Escudo Nacional.
Por su parte, es público y notorio que casi todas las dependencias del Ejecutivo hacen caso omiso a la instrucción de la Secretaría de Gobernación y evitan incluir en papelería y propaganda oficial al Escudo Nacional íntegro. La propia Secretaría de Gobernación incurre en omisión en todos los documentos oficiales que utiliza.
El asunto es que la Cámara de Diputados sigue siendo motivo de desdén como alta soberanía legislativa.
El asunto es que el Presidente sigue violando la ley y la Constitución por utilizar un escudo nacional deformado y grotesco, en el que imprime el culto a su personalidad por encima del interés nacional y del respeto de la República.
El asunto es que, aun sin ser una respuesta adecuada, al menos un ligero avance sería el cumplir para el Ejecutivo su propia sentencia y, al no hacerlo, se sigue burlando del pueblo.
Por otra parte, en un tema análogo, en diversos impresos y en la gran mayoría de las imágenes de propaganda que ofrece en medios impresos y electrónicos, el Presidente imprime en sus comunicados y comerciales las palabras Gobierno de la República.
Esto genera una reflexión o bien el Presidente desconoce la estructura del Estado y que, el gobierno de nuestra República como parte del Estado, es conformado por tres poderes: el Legislativo, el Judicial y el Ejecutivo, y no solamente este último; o acaso el Presidente está consciente de esto y, no obstante ordena esta expresión inadecuada con el posible avieso fin de expresar su pretensión de, cual monarca absoluto que anhela ser acompañado de su reina, humillar al resto de los poderes del Estado, que conformamos el gobierno, tratando de imponer en la ciudadanía el convencimiento de la necesaria subordinación de los poderes Legislativo y Judicial ante el Ejecutivo.
La pregunta es ¿con qué facultades se arroga el Presidente la personalidad total del Gobierno de la República? Queda pues la duda: hay total incultura política, desconocimiento de la Constitución y de la ley o, en su caso, imperan la prepotencia, el atropello legal, la manipulación y la falta de respeto hacia quienes junto con él formamos el Gobierno de la República federal.
En ambos casos, la respuesta será lamentable, por lo anterior, considero, compañeros legisladores, no se debe permitir más el abuso del poder y la violación persistente de la ley y de la Carta Magna, no podemos quedarnos conformes con una determinación del Presidente con la que supuestamente evita cumplir el exhorto de la Cámara de Diputados, porque además de insuficiente, ni siquiera la cumple, y eso, es una burla.
No se puede permitir tampoco que el Presidente se arrogue impunemente la representación total y absoluta del Gobierno de la República, pues no podemos ni debemos permitir seguir siendo minimizados.
Por tanto, someto a la consideración de ustedes a la espera de su aprobación, los puntos de acuerdo que propongo en esta iniciativa, que tiene por objeto efectuar un urgente y último exhorto, al Presidente de la República, para que cumpla con la ley, elimine de la papelería, imágenes y propaganda oficiales, el escudo cercenado y proceda, además se le exhorte a eliminar en los mismos instrumentos gráficos, así como en los mensajes radiofónicos la expresión Presidencia de la República con la que firma en forma inadecuada sus mensajes y comunicaciones oficiales.
Igualmente, el objetivo es iniciar de inmediato el proceso a fin, que la Cámara de Diputados se aboca al estudio de las acciones legales que correspondan al no existir respuesta adecuada del Ejecutivo a los exhortos antes señalados.
Con base en lo anterior, someto a la consideración de esta Comisión Permanente los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que, en los términos del artículo 55 de la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, atienda de inmediato, en sus términos, el exhorto contenido en el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados el día 2 de octubre de 2001, a fin de que vigile estrictamente el uso, la reproducción y la difusión de los símbolos patrios por las dependencias de los poderes federales y las entidades federativas, así como de los gobiernos municipales del país, como lo establece la ley correspondiente, y asimismo que la imagen que identifica al Poder Ejecutivo federal, y que contiene parte del Escudo Nacional, sea retirada de toda papelería, propaganda e imágenes del mismo.
Segundo. Toda vez que no está facultado legalmente a arrogarse la representación absoluta de los tres poderes que conforman el Gobierno Federal, se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que, de inmediato, sea retirada de toda papelería, propaganda e imágenes del mismo, la leyenda Gobierno de la República, con la que inadecuadamente los rubrica.
Tercero. Se solicita a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, que previa revisión, estudio y aprobación del Pleno, se inicie de inmediato el procedimiento legal correspondiente a efecto de lograr que en las acciones del Poder Ejecutivo federal en materia de difusión oficial y comunicación social, se respete la Constitución General de la República y la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales y se evite a toda costa la utilización inadecuada de los símbolos patrios, en especial el Escudo Nacional, en toda papelería, propaganda e imágenes oficiales.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 4 días del mes de febrero de 2003.
Dip. Salvador Cosío Gaona (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública y a la Primera Comisión de la Comisión Permanente. Febrero 4 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, EN RELACION CON LOS BUQUES PETROLEROS DE PEMEX, PRESENTADA POR EL DIPUTADO DIEGO COBO TERRAZAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM, EN LA SESION DE LA COMISION PERMANENTE DEL MARTES 4 DE FEBRERO DE 2003
Bernardo de la Garza Herrera, Francisco Agundis Arias, José Antonio Arévalo González, Esveida Bravo Martínez, María Teresa Campoy Ruy Sánchez, Olga Patricia Chozas y Chozas, Diego Cobo Terrazas, Arturo Escobar y Vega, José Rodolfo Escudero Barrera, Sara Guadalupe Figueroa Canedo, Nicasia García Domínguez, Alejandro Rafael García Sainz Arena, Mauro Huerta Díaz, Julieta Prieto Fuhrken, Concepción Salazar González, Erika Elizabeth Spezia Maldonado, diputados de la LVIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 70 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26, 116, 117 y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 172, 176 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos se turne a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Octava Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo, de conformidad con los siguientes
I. Antecedentes
1. El día 6 de diciembre del 2000, la Subcomisión para el Estudio del Estado que Guarda la Marina Mercante Nacional, de la Comisión de Marina de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados, acordó encontrar mecanismos para la renovación de la flota de Pemex.
2. El día 15 de mayo del 2002 la Comisión de Marina de la Cámara de Diputados tuvo una reunión de trabajo con el ingeniero Roberto Oceguera Villaseñor, director corporativo de Planeación Estratégica de Petróleos Mexicanos, quien presentó el estado que guardaba para ese momento la flota petrolera de la paraestatal; en dicha reunión ofreció proporcionar el programa para la reposición de barcos a más tardar el mes de junio del 2002, mismo que no ha sido presentado a esa Subcomisión.
3. El 13 de noviembre del 2002 el barco petrolero monocasco "Prestige", con 77 mil toneladas de hidrocarburos sufrió en su costado de estribor una grieta por un posible impacto; seis días más tarde, el 19 de noviembre del 2002, se partió en dos, hundiéndose a 3,500 metros de profundidad frente a las costas de Galicia, en España, liberando más de 11 mil toneladas de hidrocarburos, obligando al gobierno español a vedar una franja de 555 kilómetros de costas para la pesca, con una zona prohibida para el marisqueo de 307 kilómetros, y un total de 128 playas afectadas en las costas españolas teniéndose que recoger hasta la fecha 2,000 toneladas de hidrocarburos de las costas y entre 5,400 y 6,000 toneladas de residuos en el mar. Se han desplegado 11,750 metros de barreras de contención y existen en España más de 10,000 damnificados directos por pérdida de empleos secundaria a la contaminación de sus fuentes de trabajo, sin contar con los graves y en muchos casos irreparables daños ambientales principalmente por la muerte de mamíferos marinos, peces, crustáceos, quelonios y aves marinas y costeras.
4. El 14 de diciembre del 2002 la Comisión de Marina de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados presentó una proposición con punto de acuerdo para que se actualice la flota petrolera a fin de evitar accidentes con efectos ambientales, habiéndose turnando a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Marina para su dictamen.
Los integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, a partir de estos antecedentes, exponemos las siguientes
II. Consideraciones
1. Pemex cuenta con una flota de 23 barcos, 16 en el océano Pacífico y 7 en el golfo de México, de los cuales 4 son rentados, y ninguno de ellos cuenta con doble casco.
2. La edad promedio de la flota mayor de Pemex es de 24 años, muy por arriba de la vida útil de los tanqueros; estos buques tanque fueron armados en distintos países con tecnología heterogénea y por ello se ha dificultado su operación y mantenimiento además de encarecerlo.
3. Sabemos que para el año 2004 se darán de baja 7 de los 23 barcos de la flota mayor de Pemex.
4. Pemex busca incrementar la capacidad de los barcos de un promedio de 21 mil toneladas a uno de 44 mil toneladas, por lo que es indispensable que éstos reúnan condiciones de seguridad que reduzcan al mínimo los riesgos de sufrir un accidente, ya que al incrementarse la capacidad de carga también se incrementaría el daño potencial en caso de un accidente similar al que sufrió el buque "Prestige" frente a las costas españolas.
5. En México existen actualmente 26 áreas naturales protegidas dentro de la zona costera, insular, arrecifal y marina, donde se protegen miles de especies, entre las cuales se encuentran los mamíferos marinos y los quelonios, todos en diferentes estatus de conservación, que potencialmente se pueden ver afectados por el vertimiento de hidrocarburos como resultado de un mayor riesgo de sufrir un accidente por parte de los buques cisterna de Petróleos Mexicanos que no cuentan con un doble casco.
6. Los principales puntos de embarque de hidrocarburos en México se encuentran en zonas de alta vulnerabilidad ambiental, ya que forman parte de biorregiones marinas muy importantes por su diversidad biológica como lo son el golfo de California (La Paz, BCS) y el golfo de Tehuantepec (Salina Cruz, Oaxaca), en el océano Pacífico, y el golfo de México (Cd. Madero, Tamaulipas) y el Caribe (Cancún, Quintana Roo) en el Atlántico.
7. En virtud de que las autoridades de Pemex encargadas de elaborar y llevar a cabo el programa de reposición de embarcaciones mayores no ha presentado a la comisión correspondiente dichos avances, y de que dichas embarcaciones en la actualidad no cuentan con doble casco, lo que incrementa el riesgo de que sufran un accidente similar al del "Prestige" frente a las costas de España, es urgente se atienda con especial énfasis esta situación para evitar los posibles daños ambientales y sociales que pudiera ocasionar un siniestro de esa magnitud en México.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, los diputados del Partido Verde Ecologista de México proponemos el siguiente
Punto de Acuerdo
Unico. Se remita a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la honorable Cámara de Diputados la información correspondiente al programa para reposición de barcos, así como de los avances y resultados obtenidos a la fecha, y se solicite la comparecencia ante esta soberanía del C. Raúl Muñoz Leos, director general de Petróleos Mexicanos, a efecto de que presente un informe pormenorizado sobre la seguridad en la operación en lo referente a la protección ambiental de la flota de Petróleos Mexicanos.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 4 días del mes de febrero del 2003.
Diputados: Bernardo de la Garza Herrera, coordinador; Francisco Agundis Arias, vicecoordinador; José Antonio Arévalo González, Esveida Bravo Martínez, María Teresa Campoy Ruy Sánchez, Olga Patricia Chozas y Chozas, Diego Cobo Terrazas (rúbrica), Arturo Escobar y Vega, José Rodolfo Escudero Barrera, Sara Guadalupe Figueroa Canedo, Nicasia García Domínguez, Alejandro Rafael García Sainz Arena, Mauro Huerta Díaz, Concepción Salazar González, Julieta Prieto Fuhrken, Concepción Salazar González, Erika Elizabeth Spezia Maldonado.
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE LA CAMARA DE DIPUTADOS EXHORTE AL EJECUTIVO FEDERAL A ATENDER LA PETICION DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE URUAPAN, MICHOACAN, Y DE TODO EL PAIS RELATIVA AL GAS DE CONSUMO DOMESTICO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JESUS GARIBAY GARCIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DE LA COMISION PERMANENTE DEL MARTES 4 DE FEBRERO DE 2003
Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, someto a esta soberanía el siguiente punto de acuerdo, al tenor de lo siguiente:
El gas licuado de petróleo (LP) es uno de los principales bienes de consumo en los hogares de la República Mexicana y ocupa uno de los primeros lugares en la ponderación de bienes de la canasta básica. El gas LP es consumido principalmente por los hogares; 62% del total se destina a uso residencial, 12% a uso industrial y 26% a comercio, transporte y otros. Además, nuestro país ocupa el primer lugar en el mundo en el uso residencial de este combustible.
Lo anterior queda de manifiesto si tomamos en cuenta que el volumen de ventas internas de gas LP se ha incrementado más de 50% desde 1997, para alcanzar cerca de 300 mil barriles por día, lo que refleja el papel central de este producto en nuestro país. Lejos de que, al amparo del libre comercio, el incremento de la demanda se refleje en un precio menor, la tarifa por kilogramo observó aumentos constantes desde 1998, lo que demuestra la clara existencia de prácticas oligopólicas en la distribución y venta final.
Es del conocimiento público que la industria gasera se encuentra en manos de unos cuantos. Por ejemplo, Vela Gas es dueña de las empresas Daniel Vela, SA de CV, y las otras compañías que operan en el mercado son Bello Gas, SA de CV, Gas Bustamante, SA de CV, y Gas Presto, SA de CV.
El incremento del gas LP provoca terribles desequilibrios en las economías familiares. Si el salario mínimo diario de un jefe de familia es de 40.00 pesos, debe destinar casi cinco días de percepciones para comprar un tanque de 30 kilogramos, relegando a segundo término otras necesidades básicas, como electricidad, alimentación, salud, vestido y educación.
El argumento del Gobierno Federal en 1997 para desregular el precio del gas doméstico fue la necesidad de estandarizarlo con el de los mercados internacionales, lo que es incoherente con el hecho de que nuestro país es uno de los principales productores a escala mundial. Sin embargo, los gobiernos neoliberales no se han preocupado por destinar mayores recursos a la inversión productiva en Pemex y a la exploración de gas, por lo que estas deficiencias se han trasladado al bolsillo de los trabajadores.
La industria de distribución, almacenamiento y venta de gas LP adolece de una serie de rezagos derivados de su carácter monopólico, como lo ha reconocido la Comisión Federal de Competencia que, ante la presión popular, se vio en la necesidad de detener el incremento constante de los precios en 2001.
El freno impuesto al crecimiento de los precios del kilogramo de gas LP en las distintas regiones del país no es suficiente para aliviar el deterioro que ha sufrido el poder adquisitivo de las familias, pues el precio de este bien creció 85% desde 1998, mientras que los salarios mínimos reales apenas observaron un incremento de 0.18% en el mismo periodo.
Además, por si fuera poco, el servicio que presta el oligopolio dista mucho de ser oportuno, seguro y de buena calidad. Tan sólo el año pasado, la Procuraduría Federal del Consumidor realizó 8 mil operativos en materia de gas LP, verificando más de 171 mil cilindros y más de 2 mil 100 autotanques. Derivado de lo anterior, impuso sanciones por más de 24 millones de pesos e inmovilizó alrededor de 33 mil cilindros por no ofrecer las condiciones de seguridad pertinentes.
El Gobierno Federal de la administración pasada y el presente se han preocupado más por mantener finanzas públicas sanas, por encima de los intereses de millones de familias que dependen del gas LP para realizar actividades cotidianas tan importantes como la preparación de alimentos.
Es preciso contar con una política que incentive y fortalezca el consumo familiar, para generar beneficios tangibles en el nivel de vida de la población.
En su oportunidad, el 28 de mayo de 2002, en la Comisión de Energía de esta Cámara expuse las razones y los fundamentos por los cuales carecía de coherencia la política de precios del energético. Ante funcionarios de la Secretaría de Economía y de Petróleos Mexicanos hice la propuesta para que, de manera urgente, se abordara el tema de las concesiones, distribución y precio del gas LP de manera coordinada entre el Legislativo y el Ejecutivo. Nada pasó.
Y, como cada acción tiene consecuencias, en este caso la inmovilidad de los responsables de fijar precios y tarifas desde el Gobierno Federal, organizaciones sociales de Uruapan, Michoacán, han emprendido una serie de movilizaciones y demandas al Ejecutivo para que, con propuestas concretas, resuelva el problema de la distribución y el costo del gas destinado a los hogares. Sus argumentos son válidos y contundentes; sus propuestas, viables. A continuación las expongo:
1. Que el precio del gas doméstico no exceda de 13 pesos hasta en tanto no se otorgue un incremento al salario mínimo de los trabajadores que satisfaga sus necesidades primordiales.
2. Que las empresas distribuidoras de gas doméstico subsidien el costo de los tanques estacionarios, así como su instalación, a fin de reducir los costos del producto.
3. Que el incremento del costo del gas doméstico se dé en proporción con el incremento del salario mínimo que se otorga cada año, pues ambos son regulados y autorizados por el Gobierno Federal y, generalmente, el precio del energético se da en una magnitud superior al incremento salarial, lo cual ha impactado de manera negativa en el poder adquisitivo de la mayoría de los mexicanos.
4. Que la ciudadanía cuente con un espacio legalmente establecido, además de la Procuraduría Federal del Consumidor, donde pueda presentar sus quejas y demandas en forma directa y sin intermediarismo burocrático, para que obtenga una respuesta satisfactoria y ágil, en todo momento apegada a derecho.
5. Que el Gobierno Federal, a través de la iniciativa privada o de organizaciones sociales legalmente constituidas, promueva el uso de gas natural y se otorguen las facilidades necesarias para su utilización en el ámbito doméstico, con la finalidad de no dañar el poder adquisitivo de los trabajadores.
6. Que se establezca como normatividad para las empresas de distribución de gas la purga de los cilindros de manera permanente, a efecto de que siempre se entreguen la capacidad y el peso completo al usuario.
7. Que los repartidores de gas de las empresas estén capacitados para que en cada servicio que brinden verifiquen y sean los responsables de que las instalaciones sean seguras, a fin de evitar riesgos y que cumplan los lineamientos establecidos por las autoridades competentes. En caso contrario, que no presten el servicio.
8. Que la Procuraduría Federal del Consumidor, en coordinación con el ayuntamiento de Uruapan, Michoacán, y la ciudadanía, realice operaciones frecuentes y permanentes para verificar que las empresas otorguen el peso exacto del combustible.
9. Que el sello de garantía de los cilindros se imprima foliado y se entregue a cada consumidor, así como la nota de venta correspondiente con los requisitos fiscales.
Como podemos apreciar, son un conjunto de propuestas asequibles y que desde este Congreso podemos impulsar de manera inmediata.
Por lo anteriormente expuesto, someto a esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Unico. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Poder Ejecutivo para que expida el decreto respectivo que permita atender la petición de las organizaciones sociales de Uruapan, Michoacán, y de todo el país en materia de gas LP para consumo doméstico.
Dip. Jesús Garibay García (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Energía. Febrero 4 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, CONJUNTAMENTE CON LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS, REVISE LA SITUACION PRESUPUESTAL DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR SECTORIZADAS A LA SAGARPA, PRESENTADA POR EL DIPUTADO RAMON LEON MORALES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DE LA COMISION PERMANENTE DEL MARTES 4 DE FEBRERO DE 2003
Durante la pasada sesión de la Comisión Permanente del 22 de enero, desde esta tribuna propusimos que esta soberanía atendiera el problema de la diferencia entre los montos del Presupuesto de Egresos de la Federación que se señalan, por un lado, en la Gaceta Parlamentaria, por otro en el Diario Oficial de la Federación, y a su vez entre éstos y lo que desde la tribuna se nos decía que estábamos votando.
Nuevamente queremos llamar su atención, para plantear las consecuencias negativas de un proceso legislativo de aprobación presupuestal mal llevado. En este caso hablaremos del caso del Ramo 8, que es el de la Sagarpa. Este Ramo tenía un presupuesto programado por el Ejecutivo federal de 33,954,900,000 pesos el cual era 7% menor al del 2002. La Cámara de Diputados decidió incrementar sus recursos en 8,502,600,000 pesos, aunque al mismo tiempo le redujo el gasto en 774,820,328,000 pesos. En total, se le asignaron 41,682,679,000 pesos, según consta en el Anexo I de la Gaceta Parlamentaria del 15 de diciembre de 2002.
No obstante esa decisión de la Cámara de Diputados, el Diario Oficial del 30 de diciembre de 2002, consigna 100 millones de pesos más a lo acordado por el Legislativo para ese Ramo presupuestal.
La Cámara de Diputados no precisó en su momento ese monto, sino hasta el 8 de enero, cuando el Presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, diputado Luis Pazos, envió un oficio al titular de la Sagarpa, a fin de "prevenir que las partidas aprobadas" por la Cámara de Diputados "se transfirieran a rubros distintos a los autorizados". Es en ese oficio donde se señala un incremento de recursos a la Sagarpa no por 8,500 sino por 8,602 millones de pesos.
Dentro de ese desglose, se señala el incremento de las partidas presupuestales de la Universidad Autónoma de Chapingo y de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, por $50 millones a cada una, entre otros incrementos. Sin embargo y de manera inexplicable, tal y como lo sancionan los presupuestos definitivos por ramo presupuestal y unidad administrativa que la Secretaría de Hacienda envío a esta Cámara de Diputados el pasado viernes 31 de enero, el presupuesto que se reporta como definitivo para estas dos instituciones no contempla los incrementos señalados.
A pesar de que en los últimos 3 años la Universidad Autónoma de Chapingo ha tenido un crecimiento presupuestal promedio de 6.3% en términos reales, siendo el de 2003 de casi 942 millones de pesos, este presupuesto le resulta insuficiente para atender la demanda, investigación y educación comprometida con los hombres y mujeres del campo.
De este modo, esta incertidumbre presupuestal agrava las condiciones bajo las cuales se desarrollan dos de las instituciones de educación e investigación más importantes del país, como lo son Chapingo y la Antonio Narro.
Chapingo es una institución clave en el desarrollo de nuestro campo, que ha atendido de manera central las necesidades de educación agropecuaria de miles de jóvenes mexicanos. Como otras instituciones públicas de educación superior, desde hace varios años padece un estrangulamiento financiero que le hace destinar hoy en día el 80% de su presupuesto para servicios personales, cuando con la misma plantilla docente en los últimos ha incrementado su matrícula en postgrado en 250% y en el nivel medio superior y superior en 50%.
De casi 7,000 alumnos, 2,100 se encuentran internos y otro tanto son becarios externos. Cabe resaltar que prácticamente el 10% de la matrícula de Chapingo son jóvenes indígenas de muy diversas etnias del país.
Caso similar vive la Universidad Antonio Narro. El presupuesto que le programó la Secretaría de Hacienda, contempla el mismo monto para gasto de operación que en 2002, el cual agravará las presiones sobre las funciones sustantivas que actualmente no son financiables con el subsidio ordinario y que le hacen acarrear desde hace varios años un déficit cercano a los 30 millones de pesos. Es de destacar que con sólo 411 millones de pesos atiende a más de 3,500 estudiantes que provienen de todo el país.
No está de sobra decir que ambas instituciones, al igual que el conjunto de instituciones de educación superior que no están sectorizadas a la SEP, no reciben subsidios extraordinarios para apoyar proyectos de fortalecimiento institucional, mejoramiento del profesorado, etcétera, como sí lo reciben las universidades públicas estatales. De tal forma que año con año, estas instituciones sólo cuentan con los recursos que la federación les asigna mediante la Sagarpa.
En resumen, dado el abandono presupuestal que viven estas universidades, en las condiciones actuales y de no clarificarse la ampliación presupuestal señalada, Chapingo corre el riesgo de irse a la huelga el próximo lunes. Apoyar a estas universidades es apoyar a la educación superior pública y apostar por la recuperación del campo mexicano a partir de bases propias.
Es por ello que con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados unidos Mexicanos, me permito proponer a esta soberanía la suscripción del siguiente
Punto de Acuerdo
Unico.- Que la Secretaría de Hacienda y la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados se reúnan a la brevedad, a fin de que se aclare plenamente que los 100 millones de pesos programados al Ramo Presupuestal 8, sean transferidos por partes iguales a la Universidad Autónoma de Chapingo y a la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro.
Palacio de San Lázaro, a los 4 días del mes de febrero de 2003.
Dip. Ramón León Morales (rúbrica)
(Turnada a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Educación Pública y Servicios Educativos. Febrero 4 de 2003.)
