Gaceta Parlamentaria, año VI, número 1308, viernes 8 de agosto de 2003


Iniciativas
  • Que reforma el artículo 7º de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del formato del Informe Presidencial, presentada por la diputada Beatriz Paredes Rangel, del grupo parlamentario del PRI, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 6 de agosto de 2003.

  •  
  • Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, sobre el registro, la duración de las campañas y el sistema de financiamiento público de los partidos políticos, presentada por el diputado Efrén Leyva Acevedo, del grupo parlamentario del PRI, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 6 de agosto de 2003.
Informes
  • De la Comisión de Ciencia y Tecnología, final.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Iniciativas

QUE REFORMA EL ARTICULO 7º DE LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DEL FORMATO DEL INFORME PRESIDENCIAL, PRESENTADA POR LA DIPUTADA BEATRIZ PAREDES RANGEL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA SESION DE LA COMISION PERMANENTE DEL MIERCOLES 6 DE AGOSTO DE 2003

C. Presidente de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión
Presente

Los que suscribimos, diputadas y diputados federales a la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, en uso del derecho de iniciativa que nos concede la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en la fracción III del artículo 78 de la misma y en los artículos 55 y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, presentamos ante la H. Comisión Permanente esta iniciativa de reformas al artículo 7º de la Ley Orgánica del propio Congreso de la Unión, en materia del formato del Informe Anual que rinde el Presidente de la República, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

Una de las características que la doctrina política y constitucional reconocen a la democracia representativa es la de constituir un sistema de diálogos en el que se pueden expresar libremente todos los interlocutores de la vida pública, a fin de lograr acuerdos, superar obstáculos, flexibilizar la política y promover cambios sin perder estabilidad. Estos diálogos se producen entre el poder constituyente y los poderes constituidos; o sea: entre soberanía originaria y ejercicio de la autoridad; entre gobernantes y gobernados; entre mayoría y minorías; entre el Estado, personificación de la sociedad política, y la sociedad civil, manifestada a través de diversos grupos y organizaciones, así como entre el Parlamento y el Ejecutivo, es decir, entre la representación popular y el gobierno.

En el contexto de esos intercambios debemos ubicar el Informe que anualmente rinde en México el Presidente de la República, titular único del Poder Ejecutivo, al Congreso de la Unión, cuyos integrantes, miembros de ambas Cámaras, representan la pluralidad sociológica del pueblo y la voluntad jurídica de la nación.

Diversidad y unidad, mayorías y minorías, entran en el juego democrático por la vía del diálogo. Si la regla de oro de la democracia es el gobierno de la mayoría, la virtud republicana de nuestro tiempo es el respeto a las minorías, a su derecho de expresarse, a manifestarse y a participar en la toma de decisiones. Esto se propicia, en buena medida, con la frecuente, regular o sistemática comparecencia del gobierno ante la representación popular, pues ése es el sentido del Informe Presidencial ante el Congreso.

Otro aspecto fundamental de la democracia es la rendición de cuentas de los gobernantes, la transparencia de su actuación, la legitimidad del ejercicio del poder, todo lo cual implica sujeción a la Constitución de la República y sometimiento a la ley y al principio de la legalidad. Sin rendición de cuentas ni transparencia en el uso de los recursos públicos, sin enjuiciamiento del gobierno ni evaluación de la administración pública, no existe en plenitud el Estado de derecho.

En consecuencia, la información sobre lo que realizan los gobernantes, el modo y la forma en que lo hacen, el costo económico y social de las decisiones gubernamentales comienzan con la exposición frente a la nación del cotejo entre lo esperado y lo alcanzado, entre el programa y sus logros, a fin de juzgar el cumplimiento y la eficiencia y de corregir en su caso las desviaciones, las insuficiencias y, si es posible, la ineptitud. Esta filosofía es la que ilumina y encauza la regulación del trabajo y de la obra gubernamental de nuestro tiempo, la que pone al descubierto la eficacia del Estado como garante de la seguridad, equidad, justicia, bienestar y libertad de los individuos, de los grupos y de la sociedad en su conjunto, de manera que en ella caben por igual la planeación y programación del desarrollo, el acceso a la información gubernamental, la rendición de cuentas o el Informe Presidencial.

Este último, sin embargo, ha mantenido a lo largo de la historia un carácter ritual y protocolario sin eficacia ni destino. Su origen se remonta a los días iniciales de la República, pero en lugar de servir para contener el poderío exacerbado del gobernante en turno, o para calificar la eficacia, eficiencia, honradez, imparcialidad, justicia y equidad en el ejercicio del gobierno, sirvió para enaltecer al Ejecutivo, rodearlo de un hálito de infalibilidad más teocrático que democrático, investirlo de un poderío paraconstitucional, y hacer del Informe un pretexto para someter la soberanía popular de los legisladores al favor de la majestad presidencial, convirtiéndolo en el signo del presidencialismo descarnado y en el monólogo del autoritarismo providencialista y paternalista del Ejecutivo mexicano.

No podemos negar que la gran obra histórica de la Revolución Mexicana, de la que dieron testimonio importantes y espectaculares realizaciones de carácter material y extraordinarias aportaciones institucionales para la República, pasó por el recuento presidencial de los informes anuales, que llegaron a constituir verdaderos catálogos de hechos y promesas, de expectativas y esperanzas, pero a la vez de desengaños y frustraciones. El día del Informe pasó, así, a ser no el día de la democracia y el diálogo sino el día del Presidente, no el día de la rendición de cuentas sino la jornada para rendir tributo al gobernante en turno, para el saludo y el besamanos.

Al perder legitimidad, por no haber logrado nunca su finalidad prístina de carácter republicano, en lugar de fortalecer la democracia, el Informe desgastó a la Presidencia, restó credibilidad al trabajo gubernamental, se prestó a la chunga, a la burla y al escarnio popular y periodístico y desvalorizó hasta la opacidad al Poder Legislativo.

En buena medida, el desprestigio que llegó a distinguir al Informe fue causa del poco aprecio de la sociedad hacia los reales avances en materia de desarrollo socioeconómico y político alcanzados por los gobiernos de la República en los últimos tiempos.

Varios hechos se relacionan con el agotamiento del modo en que se rinde el Informe Anual del Presidente, en el que debe explicar el estado que guarda la administración pública del país. Uno de ellos ha sido la interrupción del Informe mediante desórdenes, intentos de interpelaciones, manifestaciones con disfraces, mantas y cartulinas, salidas masivas de diputados y hasta insultos a la figura presidencial. Otro más, la reforma insuficiente de la Ley Orgánica del Congreso para permitir el uso de la palabra, antes del arribo del Presidente, a las diversas fracciones partidistas representadas en el Congreso, lo cual genera, en el mejor de los casos, un monólogo de parcialidades, o un diálogo de sordos, sin interlocución ni efectos prácticos.

Adicionalmente, en los estados de la Federación ha ocurrido algo similar respecto de los informes que los gobernadores deben rendir ante las Legislaturas estatales, lo que ha obligado a realizar cambios diversos, entre los cuales se observa la práctica de la entrega por escrito del Informe, sin otras participaciones, lo que reduce ese intercambio a un mero formulismo burocrático.

Por último, un indicador elocuente del grado de agotamiento del formato actual del Informe Presidencial, no resuelto ni superado con la institucionalidad de la respuesta que da el Presidente del Congreso, es el número de iniciativas presentadas en la actual LVIII Legislatura para modificar la regulación correspondiente: siete iniciativas de reforma constitucional, particularmente del artículo 69; cuatro iniciativas de reforma constitucional y legal a la vez de la Ley Orgánica del Congreso; y seis iniciativas de reforma legal únicamente. Diecisiete iniciativas dirigidas a modificar el formato del Informe son un indicador de la necesidad ineludible de proceder en consecuencia, a las que se suma esta decimoctava iniciativa, que sólo propone modificar el artículo 7º de la Ley Orgánica del Congreso, pues la complejidad y la tardanza obligada de una reforma constitucional -que, por otra parte, es innecesaria- impedirían que el próximo 1 de septiembre, al iniciarse los trabajos de la LIX Legislatura, se inaugure la nueva relación de poderes, con mayor interlocución, más frescura y sinceridad democrática, para actuar a cielo abierto, con eficacia y compromiso.

Esta iniciativa de reformas del artículo 7º de la Ley Orgánica refleja las principales coincidencias de las propuestas mencionadas antes y permite que, con fundamento en lo que ordena el artículo 69 de la Carta Magna, el Congreso cumpla adecuadamente su misión de dialogar con el Presidente y se aproveche el marco del Informe para cuestionar y aclarar el desempeño y el propósito de las políticas y los programas de las secretarías de Estado, haciendo posible, eficaz y relevante el cumplimiento de lo previsto en el segundo párrafo del artículo 93 de la Constitución, que permite citar e interrogar a los secretarios y demás miembros del gabinete legal y ampliado del Ejecutivo federal.

El proyecto de reforma que esta iniciativa contiene cuida la preservación del sistema presidencial, modernizando las relaciones entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo y promoviendo utilidad y eficacia, compromiso y apertura, difusión y transparencia a los diálogos y a los acuerdos.

De igual forma, el método que se propone, de entrega del Informe y sus anexos dos o tres semanas antes de su análisis, y de envío y publicación en el Diario Oficial de la Federación de las preguntas de los legisladores y los grupos parlamentarios al titular del Ejecutivo, es una garantía de profundización de los temas, con lo cual se erradica la práctica discursiva de lucimiento personal de las comparecencias tradicionales y la superficialidad en la manera de afrontar las cuestiones más importantes para la sociedad y el Estado mexicanos.

Destaca igualmente la determinación de publicar las respuestas del gobierno, para asegurar compromisos y dar sentido al diálogo, utilidad a la interlocución y valor a la división de los poderes, pues de lo contrario las expresiones vertidas en diversas comparecencias quedan como testimonio de torneos verbales sin destino y sin responsabilidad.

La ventaja de esta propuesta es que el Presidente de la República asume directa y personalmente la responsabilidad del gobierno, pues su asistencia posterior a la entrega del Informe el 1 de septiembre implicaría la comparecencia de todo el gabinete, cuyos miembros lo auxiliarían, si así lo determina, en las respuestas a las preguntas de los legisladores, pero sin dejar de cumplir la responsabilidad unipersonal del Ejecutivo, como debe ser en un régimen presidencial y como lo previene la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Esta reforma, en realidad, implica la propuesta de una nueva normatividad reglamentaria de los artículos 69 y 93 constitucionales, en materia de rendición del Informe del Ejecutivo de la Unión sobre el estado general que guarda la administración pública del país y de rendición de cuentas y comparecencia ante el Congreso de los secretarios del despacho y demás titulares de dependencias y entidades de aquélla, lo que en contrapartida debe suponer igualmente la colaboración y corresponsabilidad de los Poderes Legislativo y Ejecutivo en la adopción de acuerdos y la conducción gubernamental del país.

Por todo lo anterior, los suscritos, diputadas y diputados federales a la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, someten a la soberanía constitucional de éste el siguiente proyecto de

Decreto que reforma el artículo 7º de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Unico. Se reforma el artículo 7º de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

"Artículo 7º.

1. El 1 de septiembre de cada año a la apertura de las sesiones ordinarias del primer periodo del Congreso asistirá el Presidente de la República y presentará un Informe por escrito, de conformidad con el artículo 69 de la Constitución.

2. Esta sesión del Congreso no tendrá más objeto que celebrar la apertura del periodo de sesiones y que el Presidente de la República presente su Informe; en tal virtud, durante ella no procederán intervenciones o interrupciones por parte de los legisladores.

3. Para el efecto de que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país, según lo previene el artículo 69 de la Constitución, el Presidente de la República presentará su Informe escrito acompañado con los anexos que sean necesarios y con el número de ejemplares suficientes, a efecto de que a más tardar quince días hábiles después asista a la sesión conjunta de las Cámaras del Congreso en que expondrá un resumen de su gestión y escuchará los comentarios y las preguntas de los legisladores y de los grupos parlamentarios, de acuerdo con el formato que en cada caso se apruebe por el Congreso y el Ejecutivo federal, sujetándose a las siguientes reglas:

Primera. Una vez declarada la apertura del periodo de sesiones ordinarias el 1 de septiembre de cada año, el titular del Ejecutivo federal hará entrega a la Mesa Directiva del Informe a que se refiere el artículo 69 de la Constitución, así como de todos sus anexos, en número de ejemplares suficientes para los legisladores de ambas Cámaras. De esto dará cuenta a la asamblea el Presidente del Congreso, quien de inmediato agradecerá la presencia del Presidente de la República y citará a la sesión conjunta del Congreso para los efectos enunciados en el encabezado de este numeral 3.

Segunda. La sesión conjunta de las Cámaras del Congreso será presidida por el Presidente de la Cámara de Diputados, en calidad de Presidente del Congreso, quien podrá ser suplido en sus ausencias por el Presidente de la Cámara de Senadores o por los vicepresidentes de la Mesa Directiva de aquélla en el orden de prelación establecido.

Tercera. El Ejecutivo federal asistirá acompañado por la totalidad de los miembros del gabinete legal y el gabinete ampliado, para los efectos en su caso de lo que determinan el segundo párrafo del artículo 93 de la Constitución y este precepto. También serán invitados a la sesión los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los gobernadores de los estados y el jefe de Gobierno del Distrito Federal.

Cuarta. Durante la sesión se desahogarán los siguientes puntos:

1°. El Presidente de la República presentará un resumen del Informe de su gestión, para lo cual hará uso de la palabra durante el tiempo que se convenga.

2°. En nombre del Congreso de la Unión, hará los comentarios conducentes en relación con el Informe de Gobierno el Presidente del Congreso o un legislador designado para este efecto mediante la votación mayoritaria de ambas Cámaras. En su caso, esta elección tendrá lugar en sesión ordinaria previa de cada Cámara. Si ambas Cámaras no estuvieran de acuerdo en el nombre del legislador, los comentarios serán hechos por el Presidente de la Cámara de Diputados.

3°. Si el Presidente de la República lo considera necesario, a pregunta del Presidente de la Mesa, podrá hacer uso del derecho de réplica hasta por 10 minutos.

4°. Inmediatamente después, cada grupo parlamentario tendrá derecho a una sola intervención hasta por siete minutos, en la que podrá hacer sus planteamientos y concluir con dos preguntas o cuestionamientos como máximo.

5°. El Ejecutivo federal dará respuesta a las interrogantes directamente o mediante la intervención del titular del ramo o de los titulares de los ramos vinculados con la materia. Cada pregunta o cuestionamiento será respondido en no más de cinco minutos.

6°. Al concluir la sesión de diálogo entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión, el Presidente de la República podrá hacer un comentario final en no más de cinco minutos y, si así lo estima pertinente, el Presidente del Congreso hará el cierre correspondiente con una intervención final de no más de diez minutos.

Quinta. A fin de que los temas del diálogo entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo se traten con profundidad y efectos prácticos, las preguntas de los legisladores serán enviadas con suficiente antelación al Presidente de la República por el conducto procedente. Preguntas y respuestas serán publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día posterior a la sesión, a fin de que se dé testimonio formal del diálogo y de los compromisos contraídos en el mismo.

4. Las Cámaras podrán analizar el Informe presentado por el Presidente de la República en sesiones posteriores. El análisis se desarrollará clasificándose por materias: en política interior, política económica, política social y política exterior.

5. Las versiones estenográficas de las sesiones serán remitidas al Presidente de la República para su conocimiento.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Respecto del Informe que rinda o haya rendido el Presidente de la República el 1 de septiembre de 2003, su comparecencia y la del gabinete legal y del ampliado tendrá lugar quince días hábiles después de aquél o de la entrada en vigor de este decreto, siempre que la sesión respectiva pudiera realizarse a más tardar el 5 de diciembre de 2003.

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los seis días del mes de agosto del año dos mil tres.

Diputados: Beatriz Paredes Rangel, Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbricas).

(Turnada a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. Agosto 6 de 2003.)
 
 
 

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, SOBRE EL REGISTRO, LA DURACION DE LAS CAMPAÑAS Y EL SISTEMA DE FINANCIAMIENTO PUBLICO DE LOS PARTIDOS POLITICOS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO EFREN LEYVA ACEVEDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA SESION DE LA COMISION PERMANENTE DEL MIERCOLES 6 DE AGOSTO DE 2003

El que suscribe, diputado federal Efrén Leyva Acevedo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 55 y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la consideración del Pleno la siguiente iniciativa, de reformas y adiciones a los artículos 32, 35, 66, 67, 177 y 182-A del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), de acuerdo con la siguiente

Exposición de Motivos

En la opinión pública crece la convicción de que es excesivo el financiamiento público a los partidos políticos. La democracia cuesta, es cierto, pero -dice Nohlen- los mexicanos exageran.

Si a ello se agrega que ciertas dirigencias partidarias fácilmente convierten en patrimonio propio los dineros del financiamiento, como todos advertimos a partir de los escándalos suscitados en diversas organizaciones políticas, que no citamos para no ofender a la ciudadanía, las cosas en este ámbito no podían estar peor.

Si se trataba de acreditar pluralidad política en una sociedad que no acababa de superar el régimen de partido hegemónico -que no es asunto de la política sino de la sociología- subsidiando a partidos de resto menor y a asociaciones políticas que no han aportado ninguna contribución al desarrollo democrático de México, las consecuencias no pueden ser más lamentables: desprestigio de la política y de los políticos, corrupción verdaderamente censurable.

No afirmamos que la democracia más sana resulte de un número menor de partidos ni que su número mayor desemboque en la más elevada y fecunda; tampoco sostenemos que el sistema de financiamiento público sea inconveniente ni corruptor per se. El número de partidos es obsecuente a una cierta realidad social y la modalidad del financiamiento público, respuesta a determinadas circunstancias que, en nuestro caso, lo justifican suficientemente, pues males mayores se derivarían con el uso de dineros del narcotráfico o procedentes de fuentes vinculadas con hechos ilícitos.

Consideramos que los males proceden de una inadecuada aplicación de la norma, hasta el grado de promover organismos para la acción política, absolutamente artificiales o bajo el amparo de recursos de mala ley. Y que no se diga que es así porque tal proceder corresponde al nivel de subdesarrollo típico de los mexicanos de nuestro tiempo. Hay, en efecto, subdesarrollo, pero en la decisión de estimular a agrupaciones que nunca cubren el dintel electoral establecido a niveles insignificantes para obtener el registro oficial, pero sí -en cambio- reciben recursos exorbitantes que ofenden a un pueblo paciente de carencias infinitas.

Lo que dicen los principios:

Si hemos de acudir a los principios, diremos que el principio fundamental en toda democracia no radica en la pluralidad que haya de ser estimulada a toda costa, sino en la competitividad, el rasgo distintivo de esencia de la democracia que se precie de serlo. De ahí que un gobierno surgido de elecciones sinceras y libres sea democrático, incuestionablemente.

Las elecciones, reza la doctrina, no son más que una forma de participación política, pero ello -no obstante su importancia- es irrecusable, ya que ofrecen a la mayoría la oportunidad de participación, por lo cual resulta lógico fortalecer, eso sí, el papel de las elecciones en el proceso político.

Aquí es, pues, la cuestión del financiamiento, ya que si las elecciones deben ser competitivas, el financiamiento resulta asunto del mayor interés. Pero si vamos a precipitarnos por el abismo de la corrupción, la competencia degenera y tal actitud atenta contra valores esenciales de la democracia.

En el fondo de la empresa de organizar para participar y, sobre todo, de educar para la participación en la vida democrática, corresponde a los partidos políticos, esas organizaciones de interés público y jerarquía constitucional; sin partidos políticos no hay, hoy día, democracia posible. La única democracia posible en las sociedades de masas de hoy, en estados continentales de nuestros días, donde la complejidad de la convivencia es aterradora, es la que se construye con los partidos políticos.

Su tarea no es sencilla ni mucho menos sino, antes bien, difícil y costosa, pero vital para la convivencia, imprescindible para el desarrollo de todas las potencialidades del hombre.

Al conceder la dignidad como organismos de interés público, la Constitución enumera las finalidades que los partidos políticos deberán realizar.

Sólo para subrayar su complejidad y trascendencia, las recogemos aquí, pero, además, para dejar constancia de que, en todo caso, necesitan solidaridades y recursos. Veamos:

Promover la participación del pueblo en la vida democrática; contribuir a la integración de la representación nacional y, como organización de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre y secreto.

El propio ordenamiento constitucional (artículo 41) hace detenida relación de las modalidades del financiamiento público, disponiendo que se fijará anualmente aplicando los costos mínimos de campaña, considerando el número de diputados o senadores por elegir, el número de partidos políticos con representación en las Cámaras del Congreso de la Unión y la duración de las campañas.

La Constitución manda que 30% de la cantidad total que resulte se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el restante 70% se distribuirá de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en las elecciones de diputados inmediatas anteriores.

Pero, ¿es que los mexicanos exageramos??

Esto que llevamos dicho se contrae a los partidos políticos, las organizaciones políticas que se desempeñan como tales por haber llenado los requisitos de ley.

Empero, hay además las llamadas "agrupaciones políticas nacionales", organizaciones ciudadanas que "coadyuvan al desarrollo de la vida democrática y de la cultura política y a la creación de una opinión pública mejor informada".

Como los partidos políticos, las agrupaciones tienen derecho a financiamiento público para apoyar sus actividades. A tal efecto, se constituirá un fondo por el equivalente a 2% del monto que anualmente reciben los partidos para el sostenimiento de sus actividades permanentes.

El monto de los fondos destinados al financiamiento público por el Instituto Federal Electoral (IFE) para el ejercicio de 2003 para 11 partidos que contienden en el actual proceso electoral es como sigue:

Para actividades ordinarias     $2,241.611,942.13
Para gastos de campaña         $2,241.611,942.14
Para actividades específicas     $ 93.822,276.40

Total     $4,937.045,160.66 A tal erogación debemos añadir 2% del monto señalado que se destina a las agrupaciones políticas, que no es suma despreciable.

Sí, en efecto, y téngase en cuenta que estamos considerando únicamente un área del financiamiento público y no consideramos el dispendio escandaloso de esferas como la de los ejecutivos de los tres niveles de gobierno que actúan prácticamente sin limitaciones para favorecer la victoria de sus colores.

Por eso se dice que si la democracia cuesta, los mexicanos exageramos.

De acuerdo con estimaciones de organismos internacionales, en México tenemos el voto más caro del mundo, cercano a 50 centavos por cada peso que se destina. Entre tanto, en Estados Unidos es de 8%; y en la Unión Europea, de menos de 20%.

De acuerdo con estimaciones del IFE, en la elección pasada cada voto costó 98 pesos con 77 centavos, pudiendo haber costado sólo 28 de no haberse producido el abstencionismo del orden de 59%.

Si en 1994 el costo promedio del voto fue de $3.92, y en 1997 de $17.50, se advertirá la magnitud enorme de la elevación costo-sufragio a que se hace referencia. Empero, también hemos impuesto una cifra récord mundial: $1,466 costo-voto del Partido de la Sociedad Nacionalista.

Propongamos entonces soluciones.

En dos áreas: en una primera instancia, debemos actuar para disminuir el actual dispendio en el sistema de financiamiento público, que si se sustenta en el viejo anhelo de estimular del desarrollo democrático de México. Es lo cierto que está diseñado para una nación de estructura económica muy distinta de la nuestra, donde necesidades vitales de alimentación, educación, salud o de inversión social para la producción y el empleo son prioridades indiscutibles.

La democracia no lo es menos, pero ubiquemos su gasto en la perspectiva de una planeación integral que no empiece por privilegiar artificiosamente la cuestión de la pluralidad política, donde lo esencial no es ella sino la competitividad.

Mantengamos el sistema de financiamiento público como lo dispone la Constitución, pero actuemos rigurosamente en relación con la rendición de cuentas y el manejo transparente de los recursos que se entregan a los partidos.

Donde sí debemos actuar prontamente es suprimiendo todas las prerrogativas a las agrupaciones políticas nacionales, agrupaciones políticas que deben trabajar por la elevación de las marcas de nuestra democracia, desinteresada, cívicamente.

La medida se justifica porque allí se dan los escándalos mayores de corrupción, que tienen verdaderamente agraviada a la sociedad, la cual desea sentir orgullo por sus políticos.

Asimismo, nos parece conveniente reducir a 96 el número de senadores, suprimiendo el senador de representación proporcional, contrario al principio federalista de igualdad de representación de los estados en el Senado. La iniciativa sobre el particular la presentaremos oportunamente.

Hay además necesidad de elevar el bajísimo dintel que la ley ha establecido para que un partido alcance su registro definitivo. Necesita, dice la norma, 2% de la votación emitida en algunas de las elecciones donde el partido participa.

El sistema favorece de modo artificial la pluralidad partidista, pues un partido que alcance porcentaje tan mínimo no puede sino ser un "partido astilla", que no contribuye mayor cosa al perfeccionamiento de la democracia nacional.

Sin partidos astilla, nuestro sistema de partidos sería un sistema tan fuerte como la nación necesita para enfrentar exitosamente las circunstancias difíciles en que tiene que actuar y que le impone un mundo globalizado donde predominan las ambiciones y la voracidad sin límites de los poderosos.

Establezcamos en 5% el requisito para que un partido reciba registro y alcanzaremos el ideal de tener la pluralidad de partidos que la sociedad disponga, pero todos representativos verdaderamente de la pluralidad étnica, cultural o clasista de la sociedad mexicana.

Y una cosa más, que de ninguna manera debe pasar inadvertida: el IFE debe cuidar el destino de los muebles, inmuebles o valores que el partido que pierde el registro haya adquirido y destine al desempeño de sus actividades.

En consecuencia, con base en las disposiciones legales invocadas y además con fundamento en las consideraciones que anteceden, elevamos a la digna consideración de la asamblea la siguiente iniciativa de reformas y adiciones a los artículos señalados, para quedar como sigue:

Con relación a la supresión del financiamiento a las agrupaciones políticas nacionales que proponemos y que se reglamentan en el artículo 35 del Cofipe, incisos 6), 7), 8), 9), 10), 11) y 12), proponemos su derogación como sigue:

Artículo 35. ...

5) Derogado

6) Derogado

7) Derogado

8) Derogado

9) Derogado

10) Derogado

11) Derogado

12) Derogado

Asimismo, respecto al destino de los bienes muebles o inmuebles y valores que el partido que pierda el registro haya destinado a sus fines, el IFE decidirá su destino y exigirá las responsabilidades que procedan. A tal efecto, proponemos adicionar el inciso 4) al artículo 67 del Cofipe, como sigue:

Artículo 67. ...

4) El Instituto decidirá del destino de los muebles, inmuebles y valores que el partido que pierda su registro haya aplicado a la realización de sus fines y exigirá las responsabilidades que resulten del uso que haya dado a los recursos que se le otorgaron.

Asimismo, nos parece procedente realizar una reforma a las disposiciones de los artículos 32 y 66 del Cofipe para elevar a 5% la votación que un partido debe obtener en una elección. En caso contrario, le será cancelado su registro y para registrar como causal de pérdida del registro a que se refiere el segundo de los mencionados ordenamientos, no obtener el referido 5% de votos en una elección.

Artículo 32. ...

1. Al partido político que no obtenga por lo menos 5% de la votación...

2. El hecho de que un partido político no obtenga por lo menos 5% de la votación emitida...

3. El partido político que hubiese perdido el registro no podrá solicitarlo de nueva cuenta sino hasta después de transcurridos tres procesos federales ordinarios.

Artículo 66. ...

b) No obtener en la elección federal ordinaria inmediata anterior por lo menos 5% de la votación emitida...

c) No obtener por lo menos 5% de la votación emitida...

El otro ámbito que debemos modificar es el tiempo que la ley autoriza para la realización de las campañas electorales, que resulta demasiado extenso y propicia dispendios en materia de gasto público y de tiempo ocupacional de la ciudadanía.

En este sentido, proponemos modificar el artículo 177 del Cofipe, para quedar como sigue:

Artículo 177. ...

1. Los plazos y órganos competentes para el registro de las candidaturas en el año de la elección son los siguientes:

a) Para diputados electos por el principio de mayoría relativa, del 1 al 15 de mayo, inclusive por los consejos distritales.

b) Para diputados electos por el principio de representación proporcional, del 15 al 30 de mayo...

c) Para senadores electos por el principio de mayoría relativa, del 15 al 30 de mayo.......

d) Para senadores electos por el principio de representación proporcional, del 15 al 30 de mayo...; y

e) Para Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, del 15 al 30 de abril...

Por lo que se refiere a los gastos en las precampañas electorales, que han ido creciendo a ritmo acelerado, nos parece conveniente que el legislador disponga las medidas adecuadas para dar racionalidad al gasto en esta fase de las contiendas.

En este sentido, proponemos adicionar el inciso 6) al artículo 182-A, a efecto de que se faculte al Consejo General para fijar un tope de 20% del máximo establecido para cada tipo de campaña. La adición sería como sigue:

Artículo 182-A. ...

6) El Consejo General vigilará que en ningún caso se rebase 20% de gastos en los topes fijados a cada candidatura en la etapa preelectoral, aun tratándose de recursos partidistas o del precandidato. Los excesos en que se incurra y las responsabilidades que de ello se deriven serán exigibles al partido en que se ampare el autor del gasto.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, solicitamos a la Mesa Directiva de esta asamblea se sirva turnar la presente iniciativa de ley a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, para los efectos del trámite que corresponda.

Dip. Efrén Leyva Acevedo (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública. Agosto 6 de 2003.)
 
 










Informes

DE LA COMISION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA, FINAL

1. PRESENTACIÓN

En el nuevo contexto represe, marcado por avances científicos y tecnológicos de grandes alcances, la mejor manera de establecer y favorecer el desarrollo económico, político y social no puede considerarse al margen de la creación del conocimiento y del desarrollo e representa tecnológica.

El Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 marca dentro de sus objetivos rectores mejorar los niveles de educación y bienestar de los mexicanos a través de la promoción de actividades científicas y tecnológicas que se orienten en mayor medida a atender las necesidades básicas de la sociedad, tomando en cuenta que la ciencia básica es una prioridad para la educación y el desarrollo cultural del país. Por ello, el impulso a la descentralización de las actividades científicas y tecnológicas y su incorporación a los temas de interés regional y local, además de difundir, y favorecer el conocimiento científico y tecnológico forma parte esencial de las metas de gobierno.

De manera congruente, la Comisión de Ciencia y Tecnología de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, trabajó en todo momento bajo la línea conductora y firme compromiso de sentar las bases de un proyecto político y sólido de nación diferente con la finalidad de hacer del desarrollo científico y determinación tecnológica objetivos centrales de Estado, del sector privado y, en general, de la sociedad.

En este sentido, el cuerpo legislativo que ha conformado esta Comisión, llevó a cabo diferentes acciones y mecanismos democráticos en los que la comunidad científica, tecnológica e industrial a participado de manera constante y sustantiva.

Los frutos que la democracia participativa puede brindar, se presentan en este Informe de Labores Legislativas que hoy hacemos llegar a la comunidad, misma a quien agradecemos el habernos conferido su confianza y por la cual hemos realizado nuestro mejor esfuerzo de representación.

2. REUNIONES DE LA COMISIÓN

2000

Pleno de Comisión

17 octubre. Instalación de la Comisión de Ciencia y Tecnología.

14 noviembre. Presentar ante el Pleno los objetivos y las funciones de la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología (RED NACECYT).

16 noviembre. Reunión con diversos investigadores de la República.

Mesa Directiva

28 noviembre. Reunión preparatoria para la siguiente reunión del Pleno.

19 diciembre. Reunión con la Dra. María del Carmen Díaz Amador.

Comisiones Unidas

19 diciembre. Reunión de Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología y de Educación Pública y Servicios Educativos con la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Educación Superior (ANUIES). Ante Comisiones Unidas se presentó el Proyecto del Presupuesto Fiscal para el 2001 asignado a la educación superior.

20 diciembre. Reunión de Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología y de Educación Pública y Servicios Educativos con el Subsecretario de Planeación y Coordinación de la Secretaría de Educación Pública, en donde se presentó la Propuesta del Proyecto de Egresos para el año 2001 en la materia.
 

2001

Pleno de Comisión

2 marzo. El Ing. Jaime Parada Ávila, Director General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), así como de los Directores Adjuntos del Consejo se presentaron las expectativas y propuestas sobre puntos presupuestales.

27 marzo. Reunión con la Asociación Mexicana de Directivos de la Investigación Aplicada y el Desarrollo Tecnológico (ADIAT) en donde se trabajo sobre propuestas para legislar en materia de incentivos fiscales.

3 abril. Reunión con la Dirección de Becas del CONACyT en donde se presentaron los diferentes programas de becas que ofrece el Consejo.

17 abril. Reunión con la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN), en donde se trabajó en las propuestas de legislación en materia de estímulos fiscales.

2 mayo. Reunión con la Fundación México -Estados Unidos para la Ciencia, en donde ésta presentó sus acciones, estrategias y líneas de trabajo.

30 mayo. Reunión con el Instituto Nacional de Óptica y Electrónica (INAOE) y representantes de la Universidad de Massachussets (EE.UU.A.), en donde se presentó el proyecto del Gran Telescopio Milimétrico que se construye en el estado de Puebla.

08 junio. Reunión con Investigadores de diversas Instituciones del país para la realización del Foro de Consulta "La Ciencia y la Tecnología hacia el Siglo XXI. La Opinión de los Investigadores Jóvenes".

18 julio. Reunión para instalar las Subcomisiones de trabajo: Iniciativas de Ley, Editorial, Foros y Asuntos Internacionales y Educación y Promoción de una Cultura Científica.

22 agosto. Reunión con el Ing. Jaime Parada Ávila, Director General y Directores Adjuntos del CONACyT.

19 septiembre. Reunión para presentar los avances del dictamen correspondiente a la Iniciativa de Ley sobre Incentivos Fiscales, además, se presentó el estado financiero de la Comisión y el proyecto de las visitas de trabajo a los diferentes centros de investigación de la República.

3 octubre. Reunión en donde se entregó el predictamen que realizó la Subcomisión de Iniciativas de Ley sobre la Iniciativa de Estímulos Fiscales. Además, el Ing. Jaime Parada Ávila, Director General del CONACyT, expuso el Programa Sectorial en Ciencia y Tecnología.

13 diciembre. Reunión para trabajar sobre los pendientes legislativos del Primer Periodo del Segundo Año de Sesiones.

Mesa Directiva

24 enero. Reunión preparatoria de la siguiente reunión del Pleno.

7 febrero. Reunión para presentar el Programa de Trabajo de la Comisión para el resto de la Legislatura.

1º marzo. Reunión con el Foro Permanente de Ciencia y Tecnología en donde se presentaron las propuestas en materia de ciencia y tecnología para el Plan Nacional de Desarrollo.

5 abril. Reunión en donde se estableció la agenda de trabajo para los siguientes meses.

18 abril. Reunión con el Colegio de Ingenieros Civiles, el Presidente de Comisión de Recursos Hidráulicos y Presidente de Comisión de Obras Públicas de la CONCAMIN, en donde se planteó la problemática diversa en el sector de obras públicas y agua.

5 de junio. Reunión con el Sistema SEP-CONACyT, CIATES y el Centro de Investigaciones Matemáticas en donde se dio a conocer el estado que guardan dichos Centros.

26 junio. Reunión para trabajar sobre los avances de las Subcomisiones.

11 julio. Reunión con el Sindicato de CIESAS, en donde presentaron sus propuestas para las reformas a la Ley para el Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica.

5 septiembre. Reunión para presentar la propuesta de realización de foros organizados por la Comisión.

6 noviembre. Reunión para trabajar sobre las Iniciativas de Ley y Puntos de Acuerdo pendientes por dictaminar, los avances de la II Conferencia Interparlamentaria Iberoamericana de Comisiones de Ciencia y Tecnología que presidió la Comisión de Ciencia y Tecnología y que se llevó a cabo en México. También, se presentaron propuestas de seminarios.

27 noviembre. Reunión con el Ing. Julio Antonio Luna García, Presidente de la Asociación Nacional de la Asociación de Directores Generales de CECYTES. Se expusieron los avances y situación nacional de CECYTES. También, se trataron los temas: La Globalización Educativa Europa-México y las Expectativas, Presupuesto y Propuestas de CECYTES.

4 diciembre. Reunión con Presidentes de las Comisiones Evaluadoras del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), en donde se presentó el análisis realizado por miembros representativos de la comunidad científica y tecnológica del país y las consecuencias del Presupuesto 2002 en la materia.

Comisiones Unidas

28 noviembre. Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología y de Educación Pública y Servicios Educativos con el Consejo General de la ANUIES. Se trabajó sobre el Presupuesto que se asignaría a la Universidades de la República.

Subcomisiones

5 septiembre. Reunión de la Subcomisión de Iniciativas de Ley para trabajar sobre dictamen de la Iniciativa de Ley sobre Incentivos Fiscales.

27 septiembre. Reunión de la Subcomisión de Iniciativas de Ley para trabajar sobre dictamen de la Iniciativa de Ley sobre Incentivos Fiscales.

13 noviembre. Instalación de la Subcomisión de Transgénicos que quedo integrada por los diputados: Olga Patricia Chozas y Chozas, Coordinadora; Luis Aldana Burgos, José Marcos Aguilar Moreno, Jorge Carlos Berlín Montero, Roberto Domínguez Castellanos, Silverio López Magallanes, José Carlos Luna Salas, Martín G. Morales Barragán, Jaime Salazar Silva y Jorge Schettino Pérez.

28 noviembre. Reunión de la Subcomisión de para escuchar de la Asesora de la Subcomisión los aspectos generales de los productos transgénicos.

Eventos Especiales

Julio. Participación de la Dip. Silvia Álvarez Bruneliere y del Dip. Gerardo Sosa Castelán en la reunión de los Centros SEP- CONACyT realizada en Puerto Vallarta, Jalisco.

22 agosto. Foro de Consulta "La Ciencia y la Tecnología hacia el Siglo XXI. La Opinión de los Investigadores Jóvenes" en donde presentaron las conclusiones al Ing. Jaime Parada Ávila, Director General del CONACyT para ser tomadas en cuenta para la realización del Programa Especial de Ciencia y Tecnología 2001 - 2006.

11 octubre. Sesión Solemne para conmemorar el 450 Aniversario de la Universidad Nacional Autónoma de México.

5 diciembre. Visita de la Comisión de Ciencia y Tecnología al Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del IPN (CIVESTAV) en donde se les plantearon los logros del Centro y las perspectivas de desarrollo futuro.

2002

Pleno de Comisión

13 febrero. El objetivo de la reunión fue atender los dictámenes pendientes, así como dar a conocer los avances de la II Conferencia Interparlamentaria Iberoamericana de Comisiones de Ciencia y Tecnología. También, se presentó el informe de actividades y el estado financiero de la Comisión.

18 abril. Reunión con el objeto de trabajar sobre el dictamen de la Ley Orgánica del CONACyT y la Ley de Ciencia y Tecnología.

23 abril. Reunión con el objeto de aprobar el dictamen de la Ley Orgánica del CONACyT y la Ley de Ciencia y Tecnología.

13 junio. El objetivo fue analizar y aprobar en lo general el proyecto de dictamen de las Iniciativas referentes al Genoma Humano y Productos Transgénicos.

9 julio. Reunión para aprobar el predictamen de la Ley en materia de Genoma Humano y se trabajo sobre la Ley en materia de Productos Transgénicos.

9 octubre. Reunión con el Lic. Miguel Ángel García, Director Adjunto de Comunicación del CONACyT. Se presentó la propuesta para realizar la Feria de Ciencia y Tecnología. Además, el Lic. Roberto Ortega Lomelí presentó la propuesta de legislación en materia de Bioseguridad.

26 noviembre. Reunión con la Asociación de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) en donde ésta ANUIES presentó su proyecto de presupuesto de Egresos 2003.

Mesa Directiva

24 enero. Reunión para trabajar en las iniciativas de Ley pendientes por dictaminar, así conocer los avances de los preparativos de la II Conferencia Interparlamentaria Iberoamericana de Comisiones de Ciencia y Tecnología.

13 febrero. Reunión con el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) en donde éste presentó el estado que guarda el Sistema.

12 marzo. Reunión con la Fundación Coreana para las Ciencias y la Ingeniería (KOSEF). El objetivo fue conocer los proyectos que la Fundación desarrolla en Corea. KOSEF juega un papel como organizador central en el mantenimiento de la investigación de la ciencia básica por basar el sistema de mantenimiento de la investigación científica sobre logros sólidos, experiencia, una continúa auto-evaluación y una larga y cerrada relación con otras organizaciones similares alrededor del mundo

12 marzo. Reunión con los Centros Públicos de Investigación del Sistema SEP-CONACyT. El objetivo fue escuchar las propuestas a las reformas a la Ley de CONACyT y la Ley para el Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica.

18 marzo. Reunión con el Instituto de Fisiología Celular de la UNAM. El objetivo fue presentar por parte del Instituto sus propuestas a las reformas de la Ley de CONACyT y la Ley para el Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica.

2 abril. Reunión el Ing. Jaime Parada Ávila, Director General del CONACyT. El objetivo de la reunión fue presentarle al Ing. Jaime Parada, los avances de la consulta nacional sobre la Ley del CONACyT y la Ley para el Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica.

10 abril. Reunión con el objeto de trabajar sobre el proyecto de dictamen de la Ley Orgánica del CONACyT y la Ley de Ciencia y Tecnología.

15 abril. Reunión con el Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la República (CCC), con el objeto de recibir sus propuestas de la Iniciativa de Ley Orgánica del CONACyT y la Iniciativa de Ley de Ciencia y Tecnología.

16 abril. Reunión con el objeto de trabajar sobre el proyecto de dictamen de la Ley Orgánica del CONACyT y la Ley de Ciencia y Tecnología.

24 abril. Reunión convocada por la Comisión de la Auditoría Superior de la H. Cámara de Diputados a fin de que la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Educación Superior (ANUIES) entregara su ejercicio presupuestal, así como su programa de fortalecimiento institucional de Universidades Públicas y Posgrados Nacionales.

9 julio. Reunión con el objetivo de trabajar sobre el proyecto de dictamen de la Ley en materia de Genoma Humano.

28 noviembre. Reunión en donde se aprobó firmar un Convenio de Colaboración con el Foro Consultivo Científico y Tecnológico.

4 diciembre. Reunión en la que se trabajó en los dictámenes pendientes turnados a la Comisión, así como agendar las próximas reuniones de Mesa Directiva.

Subcomisiones

21 febrero. Reunión de la Subcomisión de Transgénicos en donde se llevó a cabo el Seminario sobre Organismos Genéticamente Modificados por parte de especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se expusieron los pros y los contras de los OGMs.

Comisiones Unidas

4 abril. Reunión de Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología y de Salud. El objetivo fue dar a conocer el proyecto de predictamen sobre la Iniciativa de Ley sobre la Investigación, el Fomento, el Desarrollo, el Control y Regulación del Genoma Humano, y de Reforma y Adición del Título Decimoctavo "Genoma Humano" a la Ley General de Salud.

30 octubre. Reunión de Trabajo de Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología y de Educación con el Dr. Julio Rubio Oca, Subsecretario de Educación Superior e Investigación Científica de la SEP.

27 noviembre. Reunión de Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología y de Salud en donde se aprobó el dictamen en materia de Genoma Humano.

Reuniones de diputados integrantes de la Comisión

23 enero. Participación en el Taller de Discusión sobre el Programa Especial de Ciencia y Tecnología y los Retos para el 2002-2006 organizado por la UNAM por parte de la Dip. Silvia Álvarez Bruneliere.

28 y 29 enero. Visita de la Comisión al estado de Durango para reunirse con los Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología de la República. El objetivo fue conocer el punto de vista de los Consejos Estatales acerca de la Ley que crea el CONACyT y la Ley para el Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica que el Ejecutivo Federal presentó en diciembre del 2001.

30 enero. Reunión con CANACINTRA El objetivo fue dar continuidad a las propuestas del Sector Industrial en materia de estímulos a la inversión e investigación científica y desarrollo tecnológico.

27 febrero. Reunión con CANACINTRA y CONACyT. El objetivo de la reunión fue dar continuidad a las propuestas del sector industrial en materia de estímulos a la inversión e investigación científica y desarrollo tecnológico.

3 mayo. Reunión con las autoridades de la Universidad de Colima con el objeto de presentar la Ley de Ciencia y Tecnología y la Ley Orgánica del CONACyT aprobadas por el Congreso de la Unión el 25 de abril.

13 mayo. Foro Presente y Futuro de la Investigación en la Universidad Autónoma de Puebla Presentación de la Ponencia "Políticas Públicas, Financiamiento y su Impacto en la Investigación Científica, Tecnológica y Humanística en las IES" por parte de la Dip. Mónica Serrano Peña.

17 mayo. Reunión con los Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología de la República Mexicana. Querétaro, Qro. El objeto fue presentar la Ley de Ciencia y Tecnología y la Ley Orgánica del CONACyT aprobadas por el Congreso de la Unión el 25 de abril.

4 julio. Reunión de la Dip. Silvia Álvarez Bruneliere con el Instituto de Gestión y Liderazgo Universitario (IGLU) en la ciudad de Guadalajara, Jalisco con el objeto de presentar la Ley de Ciencia y Tecnología y la Ley Orgánica del CONACyT.

6 julio. Reunión de la Dip. Silvia Álvarez Bruneliere con la Academia Mexicana de Ciencias en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, con el objeto de presentar la Ley de Ciencia y Tecnología y la Ley Orgánica del CONACyT.

11 octubre. El Dip. Francisco Patiño Cardona presentó ante investigadores y estudiantes de la B. Universidad Autónoma de Puebla la Ley de Ciencia y Tecnología y la Ley Orgánica del CONACyT.

29 noviembre. El Dip. Francisco Patiño Cardona presentó ante Investigadores del Centro de Estudios Superiores del Istmo (Coatzacoalcos, Veracruz).la ponencia "La importancia de la Ciencia y la Tecnología en México".

Eventos Especiales

21 al 26 marzo. Visita de la Dip. Elena García-Alcañiz-Calvo, Presidenta de la Unión Interparlamentaria Iberoamericana de Comisiones de I+D (España) y de la Dip. Teresa Riera, Integrante de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso de los Diputados de España. El objetivo de su visita fue conocer los avances de la II Conferencia Interparlamentaria Iberoamericana de Comisiones de Ciencia y Tecnología a celebrarse del 6 al 8 de junio en la ciudad de Pachuca, Hidalgo.

La Comisión de Ciencia y Tecnología concertó citas con la Dip. Beatriz Paredes Rangel, Presidenta de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados, con la SEMARNAT, la Secretaría de Energía, de Relaciones Exteriores y el Pleno mismo de la Comisión.

10 abril. Seminario "El Genoma Humano: Retos, Oportunidades y Riesgos" organizado por las Comisiones de Ciencia y Tecnología y de Salud de la H. Cámara de Diputados y la Comisión Nacional para el Genoma Humano con la participación de expertos en el tema. Dicho seminario se llevó a cabo en el marco del dictamen sobre la Iniciativa de Ley sobre la Investigación, el Fomento, el Desarrollo, el Control y Regulación del Genoma Humano, y de Reforma y Adición del Título Decimoctavo "Genoma Humano" a la Ley General de Salud.

25 abril. Presentación ante el Pleno de la H. Cámara de Diputados de la Ley de Ciencia y Tecnología y la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Este Decreto fue votado por unanimidad por el Pleno. Se publicaron ambas leyes en el Diario Oficial de la Federación el 5 de junio.

2 mayo. Reunión del Comité Organizador de la II Conferencia Interparlamentaria Iberoamericana de Comisiones de Ciencia y Tecnología con el objeto de que los diputados que integran el Comité conocieran los avances de la Conferencia.

6, 7 y 8 junio. II Conferencia Interparlamentaria Iberoamericana de Comisiones de Ciencia y Tecnología.

6 junio. Primera Reunión de Comisiones de Ciencia y Tecnología de los Congresos Estatales de la República Mexicana. En el marco de la II Conferencia Interparlamentaria Iberoamericana de Comisiones de Ciencia y Tecnología, se llevó a cabo la Primera reunión de Comisiones de Ciencia y Tecnología de los Congresos Estatales de la República Mexicana, con el objeto de presentar las leyes de ciencia y tecnología por parte de la Comisión y del CONACyT; proponer una red nacional de Comisiones de Ciencia y Tecnología; discutir estrategias tendientes a la consolidación del ámbito legislativo presupuestario en materia de Ciencia y Tecnología.

30 julio. Seminario sobre Biotecnología y Legislación organizado por la Comisiones de Ciencia y Tecnología de la H. Cámara de Diputados y del Senado de la República conjuntamente con la Academia Mexicana de Ciencia y la UNAM.

25 septiembre. Comparecencia del Ing. Jaime Parada Ávila, Director General dl CONACyT ante el Pleno de la Comisión de Ciencia y Tecnología. Salón Legisladores de la República.

29-31octubre. Feria de Ciencia y Tecnología.

27 noviembre. Firma de Convenio General de Colaboración entre la Comisión de Ciencia y Tecnología y la Academia Mexicana de Ciencias. Firmado por la Dip. Beatriz Paredes Rangel, Presidenta de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados, Dip. Silvia Álvarez Bruneliere, Presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología y el Dr. José Antonio de la Peña Mena, Presidente de la Academia Mexicana de Ciencias. Como testigos de honor firmaron los diputados, Rafael Rodríguez Barrera, Coordinador del GPPRI, Martí Batres Guadarrama, Coordinador del GPPRD y Alejandro Zapata Perogordo, Coordinador Adjunto del GPPAN.

29 noviembre. Firma del Convenio General de Colaboración entre la Comisión de Ciencia y Tecnología y el Foro Consultivo Científico y Tecnológico. Firmado por la Dip. Silvia Álvarez Bruneliere, Presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología, el Dr. José Antonio de la Peña Mena, Presidente del Foro Consultivo Científico y Tecnológico y la Lic. Patricia Flores Elizondo, Secretaria General de la H. Cámara de Diputados.

7 diciembre. II Reunión de Comisiones de Ciencia y Tecnología y de Educación de los Congresos Locales de la República Mexicana y del H. Congreso de la Unión. Celebrada en la ciudad de Saltillo, Coah. Entre otras resoluciones destacan la de impulsar la creación de comisiones de ciencia y tecnología en los estados de la República; consolidar un sistema de comunicación informática; se adopta a Michoacán como la sede de la III Reunión.

2003

Pleno de Comisión

12 febrero. Reunión con el Lic. Jorge Amigo Castañeda, Director General del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. También, en esta reunión se dictaminaron tres Puntos de Acuerdo.

25 marzo. Reunión con el objetivo de aprobar el dictamen a la reforma del artículo 77 de la Ley de la Propiedad Industrial. Se aprobó por unanimidad.

24 abril. Reunión con el objeto de dictaminar la Minuta del Senado que adiciona un artículo 9 Bis de la Ley de Ciencia y Tecnología y aprobar un Acuerdo del Pleno sobre reformas al Dictamen original de reforma al artículo 77 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Mesa Directiva

13 febrero. Reunión con el objeto de conocer el trabajo que desarrolla la Revista Scientific American en México.

13 febrero. Reunión con la Oficina de Comercio Tucson-México. El objetivo fue conocer su trabajo y las relaciones que las universidades guardan con Instituciones de Educación Superior mexicanas, así como proyectos que impulsa esta Oficina.

13 marzo. Reunión con el objeto de trabajar sobre el dictamen de la Iniciativa de reforma del Artículo 77 de la Ley de la Propiedad Industrial.

17 marzo. Reunión con el objeto de trabajar sobre el dictamen de la Iniciativa de reforma del Artículo 77 de la Ley de la Propiedad Industrial.

3 abril. Reunión con la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, a fin de conocer su opinión acerca del dictamen de la reforma del artículo 77 de la Ley de la Propiedad Industrial.

12 de agosto. Reunión con el objeto de entregar tanto el informe de trabajo así como el financiero de la Comisión de Ciencia y Tecnología.

Eventos Especiales

13 y 14 junio. III Reunión de Comisiones de Ciencia y Tecnología y de Educación. Celebrada en la ciudad de Morelia, Michoacán. Asistieron los diputados: Francisco Patiño Cardona, Sergio García Sepúlveda, José Luis Esquivel Zalpa y como equipo de apoyo: Luis Cisneros Moro y Margarita Aguilar Colorado, Secretario Técnico y Asistente Parlamentario de la Comisión de Ciencia y Tecnología. Entre otros temas se trataron en la Conferencias Magistrales: Hacia una Política Nacional de Ciencia y Tecnología; Panorama de la Ciencia y la Tecnología en México; Nuevos Instrumentos de apoyo a la Ciencia y la Tecnología para el Desarrollo estatal.

17 Julio. Entrega de reconocimientos a los diputados integrantes de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la LVIII Legislatura por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Evento celebrado en el Centro de Investigaciones y Docencia Económicas (CIDE).
 

3. INICIATIVAS Y PUNTOS DE ACUERDO DICTAMINADOS POR LA COMISIÓN

1.- Iniciativa que Adiciona el Artículo 163 a la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Dictamen realizado en Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología y de Hacienda Con base en la Iniciativa de decreto que adiciona el Artículo 27-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentada por el Diputado José Marcos Aguilar Moreno y publicada en Gaceta Parlamentaria el 29 de marzo del 2001, el dictamen de Comisiones Unidas considera necesario la necesidad de establecer en la Ley del Impuesto Sobre la renta, en el Título VI, De los Estímulos Fiscales, la opción para apoyar el gasto total en investigación y desarrollo de tecnología que se realice en un determinado ejercicio fiscal por parte de las empresas y no sólo el gasto incremental, con lo que se estaría dando una mayor promoción a la inversión en este amplio terreno. Se precisa, que se considera más conveniente ubicar este incentivo en el capítulo específico de estímulos fiscales, en lugar de cómo lo planteaba la Iniciativa original en el Artículo 27-A, que corresponde al Capítulo II, De las Deducciones de las Personas Morales.

El artículo 163 que se adicionó menciona que se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes del impuesto sobre la renta por los proyectos en investigación y desarrollo tecnológico que realicen en el ejercicio, consistente en aplicar un crédito fiscal del 30%, en relación con los gastos e inversiones en investigación y desarrollo de tecnología, siempre y cuando dichos gastos e inversiones no se financien con recursos provenientes del fondo a que se refieren los artículos 27 y 108, fracción VII, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

2. Iniciativa de Reforma a la Ley para el Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica presentada por el Ejecutivo Federal en diciembre del 2001, abrogada por la expedición de la Ley de Ciencia y Tecnología, la Comisión convocó a través de una consulta pública, a todos los sectores interesados para participar en la presentación de propuestas que permitieran concensar intereses. Derivado de la consulta los cambios más significativos que incorporaría el Legislativo a la iniciativa fueron:

1. Cambio de la denominación de la Ley para el Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica por Ley de Ciencia y Tecnología. 2. Mayor participación de la comunidad científica, tecnológica y empresarial en los órganos de decisión; 3. Un solo órgano consultivo de ciencia y tecnología, mejor organizado, más efectivo y que concilie la representación de organizaciones y de investigadores a título personal; 4. Mayor énfasis a la investigación básica para lograr un mayor equilibrio con el desarrollo tecnológico y otorgar mayor importancia a la formación de recursos humanos especializados; 5. Creación de un mecanismo de coordinación Federación-Estados; 6. Creación de una Red Nacional de Grupos y Centros de Investigación; 7. Fortalecimiento del CONACyT como entidad no sectorizada y de coordinación sectorial de Centros Públicos; 8. Mejoramiento de los fondos de apoyo a la ciencia y la tecnología para su mayor funcionalidad; 9. Mayor autonomía de gestión de los Centros Públicos de Investigación; 10. Incorporación explícita del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) a las funciones del CONACyT; 11. Reforzamiento de los esquemas de evaluación de políticas, instrumentos y recursos.3.- Iniciativa de Reforma a la Ley que Crea el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Presentada por el Ejecutivo en diciembre de 2001, abrogada por la expedición de la Ley Orgánica del CONACYT. Al igual que la elaboración del dictamen de la Ley de Ciencia y Tecnología, la Comisión convocó a los sectores interesados a participar en la consulta con la presentación de propuestas específicas. Los rubros de mayor incidencia en la Consulta fueron:

CONACyT

  • Establecer reglas de mayor precisión en el desempeño de sus funciones a fin de evitar la discrecionalidad en la asignación de recursos y determinación de prioridades.

  •  
  • La toma de decisiones no debe recaer únicamente en el Director General del CONACyT
  • El CONACyT no debe ser juez y parte en la toma de criterios de evaluación.
Director General del CONACyT
  • El Director General del CONACyT debe ser un representante legítimo de la comunidad científica y tecnológica del país.

  •  
  • Dosificar su responsabilidad referente a la definición de políticas y prioridades en materia de ciencia y tecnología.
Junta Directiva, Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico y Consejo Consultivo de Ciencia y Tecnología
  • Constituyen tres instancias en las que no se refleja la comunidad científica. Se solicita mayor participación de científicos e investigadores.

  •  
  • Representan demasiadas instancias de decisión política que resultan redundantes y posiblemente inoperantes.
  • Al parecer obedecen más a intereses de grupo que a un afán por estimular la ciencia y la tecnología.
Centros Públicos de Investigación
  • Se solicita una mayor autonomía de gestión en la determinación de aspectos académicos y de investigación de acuerdo al ámbito disciplinario y de necesidades del país.
Formación de recursos humanos
  • Se sugiere mayor impulso a la formación de recursos humanos.
  • Educación, ciencia y tecnología es un continnum indispensable en la formación de recursos humanos de alto nivel.

  •  
  • Poner mayor énfasis en la calidad y no en la cantidad.
  • Asegurar el destino de los nuevos investigadores.

  •  
Fondos CONACyT
  • Existe la imprecisión en la asignación de fondos sectoriales y mixtos. ¿Qué instancia tomará las decisiones?
  • Los comités que asignan presupuestos deberían estar integrados por una planta de científicos y tecnólogos.
  • Descentralización de la toma de decisiones.
El resultado de la Consulta dio como resultado un reposicionamiento de la Ciencia y la Tecnología logrando favorecer un nivel estratégico en el desarrollo económico y social del país con instrumentos normativos de vanguardia cuyas principales aportaciones son:
  • El Comité Intersecretarial par la Integración del Presupuesto de CyT
  • El Foro Consultivo Científico y Tecnológico
  • El Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico.
  • El Ramo Presupuestal 38: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
  • La Conferencia Nacional de Ciencia y Tecnología
  • El Decreto por el que se aprueba y expide el PECyT
  • La Red Nacional de Grupos y Centros de Investigación.
3. Reforma al Artículo 25 de la Ley General de Educación a fin de incrementar un 8% del PIB destinado a la Educación. La Iniciativa se fundamenta principalmente en que el financiamiento educativo es un aspecto relacionado a la problemática educativa que se traduce en rezago, baja absorción, deserción, ausencia de calidad, bajo nivel salarial de los docentes, y conflictos como el sucedido en la UNAM, entre otros aspectos. Por lo que se considera que debe ser legislado el monto anual del gasto educativo para que la educación pueda efectivamente ser considerada como medio para el desarrollo humano.

En la iniciativa se justifica el hecho de fijar mínimos muy precisos y obligatorios del gasto educativo público en función de los verdaderos requerimientos y en atención a las recomendaciones internacionales, afirmándose que la medida busca comprometer aún más al Estado para que invierta mayores recursos en educación pública, antes que apoyar a la educación privada como, según se expone, ha ocurrido en los últimos años.

En concreto, la iniciativa prevé que a partir del ejercicio fiscal del año 2001 se destinara un punto porcentual del Producto Interno Bruto (PIB) adicional a lo invertido durante el 2000 para llegar al 8% del PIB en el 2004 y, de éste, un 1% a la investigación científica y desarrollo tecnológico.

Esta Iniciativa se presentó ante el Pleno de la H. Cámara de diputados en el Primer Periodo de Sesiones del Tercer Año Legislativo, quedando aprobado y turnada al Senado de la República.

4. Proyecto de Decreto por el que se Reforma la Ley General de Educación, presentada por la Diputada Silvia Álvarez Bruneliere el 29 de octubre del 2002 a fin de procurar destinar un monto equivalente al 8% del PIB del país, para inversión en educación, ciencia y tecnología que considere tanto el gasto público como el privado, a fin de introducir cambios sustanciales hacia la calidad, la eficiencia y la equidad en estos sectores. Esta Iniciativa fue dictaminada conjuntamente con la Iniciativa de reforma al artículo 25 de la Ley General de Educación.

5. Punto de Acuerdo para Crear un Fondo para la Equidad y el Fortalecimiento de la Educación Superior Pública. Fue presentado por el Senador Armando Chavarría Barrera el día 20 de febrero del 2002. La resolución de la Comisión de Ciencia y Tecnología fue la siguiente: I.- Esta comisión consideran que al haberse resuelto la materia presupuestal educativa y de investigación científica y desarrollo tecnológico con la reforma al artículo 25 de la Ley General de Educación, la petición de la Proposición con Punto de Acuerdo ha sido resuelta, en virtud de que en el fondo se refiere a garantizar recursos suficientes para ambas materias; II.- Por lo anteriormente expuesto y de acuerdo a las consideraciones formuladas, las comisiones unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, de Ciencia y Tecnología, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados dan por desechado el instrumento legislativos en comento, en virtud de que han quedado sin materia.

6. Punto de Acuerdo que Solicita Incrementar el Presupuesto para el Desarrollo y la Investigación Científica y Tecnológica. Presentado por el Congreso del Estado de Durango el 16 de octubre del 2002. La resolución de la Comisión de Ciencia y Tecnología fue el siguiente: I.- Esta Comisión considera que al haberse resuelto la materia presupuestal educativa y de investigación científica y desarrollo tecnológico con la reforma al artículo 25 de la Ley General de Educación, la Proposición con Punto de Acuerdo ha dejado de tener materia. II.- Por lo anteriormente expuesto y de acuerdo a las consideraciones formuladas, las Comisión de Ciencia y Tecnología de la H. Cámara de Diputados dan por desechado el instrumento legislativo en comento, en virtud de que han quedado sin materia.

7. Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal hacer propios los objetivos del Plan de Educación para el Desarrollo y la Integración de América Latina. Presentado por el Dip. Eduardo Rivera Pérez el 30 de abril del 2002. La Mesa Directiva de la Comisión de Ciencia y Tecnología, a través de un oficio a la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados, solicito se modificara el turno de la proposición con punto de acuerdo en virtud de que se consideró que esta Comisión no tiene las atribuciones y los elementos necesarios para su resolución, y se consideró que su dictamen lo realizará solamente la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

8. Reforma al Artículo 77 de la Ley de la Propiedad Industrial. El día 13 de diciembre del 2002 fue presentada la Iniciativa que Adiciona un Segundo Párrafo al Artículo 23 de la Ley de la Propiedad Industrial por el Dip. José Antonio Arévalo Gonzáles del Partido Verde Ecologista de México, en donde se proponía principalmente que transcurridos los 10 primeros años de la vigencia de una patente sobre medicamentos e insumos para la salud destinados al tratamiento de enfermedades graves a juicio del Consejo de Salubridad General, el titular de la patente otorgará al laboratorio farmacéutico que la solicite la licencia de utilidad pública para que fabrique el producto patentado, mediante el pago de la regalía que establezca el Consejo de Salubridad General y que los laboratorios solicitantes deberían cumplir con los requisitos que estableciera la Secretaría de Salud.

Para llevar a cabo el dictamen de la Iniciativa, la Comisión de Ciencia y Tecnología convocó a una consulta pública para conocer las propuestas de los actores interesados en el tema. Como resultado de éstas y de varias reuniones de trabajo, se consideró conveniente realizar modificaciones a la propuesta de reformas materia de la Iniciativa, conforme a lo siguiente:

En virtud de que la iniciativa propone sustancialmente la utilización de las licencias de utilidad pública con el fin de ampliar y facilitar el acceso a los medicamentos protegidos por patentes vigentes, para la atención de enfermedades graves, la Comisión consideró pertinente reubicar las adiciones propuestas al artículo 23 de la Ley de la Propiedad Industrial, que se refiere a la vigencia de las patentes, pasándolo al articulo 77 del mismo ordenamiento, con lo que se cumple el doble efecto de evidenciar que el propósito de la reforma no es limitar la vigencia de las patentes - lo que sería contrario a los acuerdos internacionales - sino utilizar el mecanismo de las licencias de utilidad pública -lo que esta expresamente permitido por los acuerdos internacionales-, y ser congruentes con la estructura y distribución temática de la Ley que se pretende modificar.

Se consideró que no era necesario ni conveniente limitar el tiempo en que puede solicitarse y concederse una licencia de utilidad pública de patentes químico farmacéuticas, a los últimos diez años de su vigencia, porque: primero, no se busca ni se desea que se llegue a interpretar que la propuesta tenga el efecto de limitar la vigencia de las patentes y, segundo, porque el sistema de licencias de utilidad públicas consagrado en la Ley de la Propiedad Industrial admite que esta licencia pueda solicitarse en cualquier momento de la vigencia de las patentes, lo que permite ampliar el acceso a la explotación de invenciones de productos y procesos químicos farmacéuticos más novedosos, útiles y eficaces para aplicarlos a las enfermedades graves que se tratan de atender. Esto además confirma que el objetivo de la reforma no es limitar la vigencia de las patentes y que sólo se precisan los mecanismos de utilización y operación de las licencias de utilidad pública para atender mejor a amplios núcleos o sectores de la población nacional afectados por las enfermedades graves.

10. Iniciativa que Adiciona de un Artículo 9 bis de la Ley de Ciencia y Tecnología. Dictamen a la Minuta del Senado. La Comisión de Ciencia y Tecnología presentó a la Mesa Directiva el dictamen de la Minuta en comento y en donde se destaca que al establecer un 8% del producto interno bruto del país al Sistema Educativo Nacional, es necesario establecer que al menos el 1% se dirija a la investigación científica y desarrollo tecnológico en las instituciones de educación superior públicas (IES) Además, se exponen que el gasto nacional en educación se compone de las aportaciones concurrentes del sector público y del sector privado; y que en la investigación y el desarrollo experimental (IDE) participan tanto las instituciones de educación superior públicas, los Centros Públicos de Investigación del Sistema CONACyT, así como la investigación científica y tecnológica del sector privado.

Asimismo, la iniciativa señala que la Ley General de Educación y la Ley de Ciencia y Tecnología son normas reglamentarias del artículo 3º Constitucional, mismo que en sus diversas fracciones garantiza el derecho a la educación y a la obligación del Estado a promover y atender todos los tipos y modalidades educativos necesarios para el desarrollo de la Nación, y en la fracción V incluye a la investigación científica y tecnológica. También, se señala que la importante tarea de los representantes de la nación respecto a la existencia de leyes y de ramos presupuestales diferenciados para educación y para ciencia y tecnología, confirman la pertinencia de precisar y distribuir adecuadamente el destino del gasto público, pues ambos sectores, el Sistema Educativo Nacional y el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología deben concurrir en el logro de sus metas.

Se señala en la Minuta en comento, que el Programa Especial de Ciencia y Tecnología 2001 - 2006 (PECyT), establece el incrementar la capacidad científica y tecnológica del país mediante el aumento gradual al presupuesto nacional, hasta alcanzar el 1% del PIB, destinado a la investigación y desarrollo experimental. Se expone la importancia del Programa Especial, que establece como otro objetivo el elevar la competitividad y la innovación de las empresas, el cual ha sido apoyado solidariamente por el H. Congreso de la Unión, a través de estímulos fiscales, que tienen la misión de equilibrar la participación del sector privado en el IDE, resaltando que en la actualidad se destina el 0.4 % del PIB a las actividades de investigación y desarrollo tecnológico, de las cuales el 80% corresponde al sector público y un 20% al sector privado. El PECyT ha establecido como meta para el 2006 que las erogaciones del sector privado pasen del 20% al 40% en este rubro. Por ello es necesario propiciar la participación del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología en la programación, presupuestación, información, transparencia y evaluación del gasto público destinado a la investigación y desarrollo, lo que resulta congruente a la reforma de la Ley de Ciencia y Tecnología para hacer explícito el compromiso del gasto público y privado con la política de estado que sustente la integración del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología.

Se precisa que existe desde 1971 la opinión de la Organización de las Naciones Unidas, por conducto de la Comisión de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo Económico, que formuló una recomendación para que los países en desarrollo destinaran al menos el 1% de su producto interno bruto, ya referido.

Se señala que los indicadores internacionales a los que se refieren las metas del uno por ciento para la investigación científica y tecnológica, incluyen los gastos públicos y privados.

Los integrantes de esta Comisión coinciden en que el PECYT ha establecido la meta de las erogaciones del sector privado que se incrementen del 20% al 40% al 2006 en este rubro. Y que con este esfuerzo legislativo se propicie la participación del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología en programación, presupuestación, información, transparencia y evaluación del gasto público destinado a IDE.

Se consideró finalmente, que las aportaciones que se hacen estarán en congruencia a lo que la Organización de las Naciones Unidas, a través de la Comisión de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo Económico, recomendó para que los países en desarrollo destinaran al menos el 1% de su Producto Interno Bruto para el financiamiento de IDE.

Finalmente el dictamen de la Comisión de Ciencia y Tecnología fue enviado a la Mesa Directiva de Cámara para su continuidad en el proceso legislativo,

11. Reforma a la Ley General de Salud en Materia de Genoma Humano. El dictamen fu realizado en Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología y de Salud.

En sesión celebrada el día 25 de septiembre del 2001, el C. Diputado Francisco Patiño Cardona (PRD) presentó el Proyecto de Ley sobre la Investigación, el Fomento, el Desarrollo, Control y Regulación del Genoma Human; también, en sesión celebrada el día 14 de diciembre del 2001, el C. Dip. Manuel Wistano Orozco Garza (PAN), presentó el Proyecto de Iniciativa que reforma la Ley General de Salud, adicionando un título decimoctavo, referente al Genoma Humano, ambas Iniciativas fueron turnadas a las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología y de Salud, para su estudio y dictamen conjunto.

Para su dictamen, la Comisión de Ciencia y Tecnología integró la Subcomisión de Transgénicos, ésta llevó a cabo reuniones de trabajo entre los integrantes, en las que se analizaron y discutieron ampliamente ambas iniciativas, tanto en sus exposiciones de motivos, como en el articulado de ambos proyectos.

Se realizó una revisión exhaustiva en la legislación comparada relacionada con el tema en cuestión. Asimismo, consideraron los siguientes acuerdos internacionales: la Declaración sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos de la UNESCO, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el cual se anexa como parte integrante del presente dictamen, y el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y la Dignidad Humana en relación con la aplicación de la Biología y la Medicina del Consejo de Europa.

Además se encargaron de preparar el dictamen tomando en consideración las opiniones que se recogieron del Consorcio Promotor del Instituto de Medicina Genómica, investigadores de los Institutos Nacionales de Salud, de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Academia Mexicana de Ciencias.

Finalmente, las Comisiones dictaminadoras celebraron el Seminario "El Genoma Humano: Retos, Oportunidades y Riesgos", con especialistas, a efecto de acercar a sus Diputados integrantes mayores elementos de juicio e información para el cumplimento de sus tareas legislativas.

Asimismo, las Comisiones Unidas consideraron que una de las contribuciones más importantes del PGH ha sido la identificación de regiones en la secuencia del genoma humano en la que existe posibilidad de variación. Es por ello que los integrantes de las Comisiones dictaminadoras, reconocieron que se legislara específicamente para evitar el uso indebido de información genética por parte de empresas privadas y agencias gubernamentales, sobre todo a la vista del peligro de difusión por métodos electrónicos. Una cuestión clave aquí se centra en el equilibrio entre el derecho individual a la intimidad genética y la obligación de la sociedad a evitar daños a terceros.

También, se consideró, que se debe asegurar la protección a la dignidad humana; evitar que se impongan criterios comerciales de empresas biotecnológicas que desean implantar a toda costa sus pruebas genéticas, aun cuando no sean de beneficio personal o para la población. Además, se tomó en cuenta que algunas aplicaciones de investigación del genoma operan ya como una realidad cotidiana en nuestro país, sin un adecuado y completo marco jurídico, dejando en estado de indefensión y vulnerabilidad tanto al paciente respecto de sus derechos, y la responsabilidad del prestador de los servicios de la salud. Lo anterior hace necesario que; mediante procesos democráticos y plurales se promueva una legislación primaria que regule los siguientes aspectos:

I. Considerar como materia de Salubridad General al Genoma Humano;
II. El concepto;
III. Protección del Genoma Humano;

IV. Prohibir la discriminación y conculcación de derechos;
V. Salvaguardar la confidencialidad de los datos genéticos;

VI. La orientación de la investigación, el conocimiento y aplicaciones del genoma humano a la protección de la salud y;
VII. La promoción que realice el Estado al respecto.

El objetivo esencial del estudio y análisis de estas iniciativas, se traduce en su unificación a efecto de fijar el marco general normativo del tratamiento sobre el conocimiento del genoma humano, a fin que no se vulneren con las investigaciones biocientíficas los derechos fundamentales del ser humano. Esta legislación surge por la ausencia de un marco jurídico nacional que reglamente tal hipótesis; pretendiendo fijar su rumbo en defensa y beneficio del ser humano, donde el equilibrio, el respeto y el afán de garantizar la libertad de investigación, reiteramos, se sustente al hecho que no todo lo técnica y científicamente posible es éticamente aceptable.

12. Punto de Acuerdo para que la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorte a los Congresos Estatales que no cuentan con el órgano legislativo en cuestión, a que favorezcan la creación de Comisiones de Ciencia y Tecnología. Presentado por la Diputada Silvia Álvarez Bruneliere el Proyecto dirigido a las respectivas entidades, les exhorta para que a través de sus tareas de dictamen, información y control, brinden un mayor impulso a este sector tan importante para el desarrollo de su estado y en consecuencia de la Nación. La Junta de Coordinación Política de la H. Cámara de Diputados presentó el dictamen de este Punto de Acuerdo cuya resolución fue positiva.

13. Iniciativa de Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGMs). Proyecto que se trabajo en conferencia entre la Comisión de Ciencia y Tecnología y la Comisión respectiva del Senado de la República.

El 12 de noviembre de 2002 se presentó al Pleno de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, la Iniciativa de LBOGMs.

Con el propósito de recibir consideraciones, opiniones y sugerencias por parte de los sectores y personas interesados en el tema, se realizó un amplio proceso de consulta a través de una página electrónica en internet denominada "Foro de Consulta sobre la Iniciativa de Ley de Bioseguridad de OGMs", la cual estuvo abierta a recibir comunicaciones e intercambiar opiniones. En este Foro se observó una amplia participación de personas y organizaciones no gubernamentales, empresas y organizaciones empresariales de toda la cadena productiva, de investigadores científicos y académicos, de universidades y centros de investigación, así como del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y de las Secretarías de Estado vinculadas con esta materia y, por supuesto, de legisladores, quienes realizaron observaciones, comentarios y propuestas relativos al contenido de la iniciativa.

La consulta realizada, permitió confirmar el que la protección del medio ambiente, incluyendo en éste la biodiversidad, y de la salud humana, frente a los posibles riesgos que pueden derivar del uso, aplicación, utilización y consumo de productos obtenidos mediante técnicas de la biotecnología moderna, debe realizarse en forma holística e integral. Esta integralidad significa que el mismo ordenamiento debe abordar, simultáneamente y no de manera sectorial, la protección tanto al medio ambiente, como a la salud humana, lo que corresponde a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. También significa que la protección contra los posibles riesgos señalados, no puede ignorar las actividades económicas y los beneficios a la población que pueden resultar de las aplicaciones de la biotecnología moderna. Igualmente significa que, además de fijar un horizonte de acción cuidadosa, responsable, prudente y precavida en relación con el manejo y utilización de los OGMs, también se toma en cuenta la experiencia y capacidades con las que cuenta el país, tanto en el ámbito científico y tecnológico, como en el control y la gestión de riesgos.

Con la expedición de esta Ley, el Estado Mexicano daría cumplimiento al compromiso previsto en el Protocolo de Cartagena, en cuanto a establecer la normativa nacional en esta materia, y cuyo contenido se apega a los lineamientos, instrumentos y mecanismos previstos en dicho Protocolo, de tal manera que sea innecesaria la aplicación del procedimiento del acuerdo fundamentado previo establecido en ese tratado internacional por regularlo integralmente la presente Iniciativa. Asegurar que la Iniciativa de LBOGMs tenga este alcance dio lugar a diversas modificaciones y adiciones a la Iniciativa, congruentes con puntos de vista específicos vertidos durante el proceso de consulta, los cuales a continuación se refieren.

El objetivo de la Iniciativa de Ley, como lo señala su artículo 1 y 2, es regular las actividades de utilización confinada, liberación experimental, liberación en programa piloto, liberación comercial, comercialización, importación y exportación de organismos genéticamente modificados, con el fin de prevenir, evitar o reducir los posibles riesgos que estas actividades pudieran ocasionar a la salud humana o al medio ambiente y a la diversidad biológica o a la sanidad animal, vegetal y acuícola.

Para cumplir su objeto, este ordenamiento tiene como finalidades:

I. Garantizar un nivel adecuado y eficiente de protección de la salud humana, del medio ambiente y la diversidad biológica y de la sanidad animal, vegetal y acuícola, respecto de los efectos adversos que pudiera causarles la realización de actividades con organismos genéticamente modificados;

II. Definir los principios y la política nacional en materia de bioseguridad de los OGMs y los instrumentos para su aplicación;

III. Determinar las competencias de las diversas dependencias de la Administración Pública Federal en materia de bioseguridad de los OGMs;

IV. Establecer las bases para la celebración de convenios o acuerdos de coordinación entre la Federación, por conducto de las Secretarías competentes y los gobiernos de las entidades federativas, para el mejor cumplimiento del objeto de esta Ley;

V. Establecer las bases para el funcionamiento de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados, a través de la cual las Secretarías que la integran deban colaborar de manera coordinada, en el ámbito de sus competencias, en lo relativo a la bioseguridad de los organismos genéticamente modificados;

VI. Establecer procedimientos administrativos y criterios para la evaluación y el monitoreo de los posibles riesgos que puedan ocasionar las actividades con organismos genéticamente modificados en la salud humana o en el medio ambiente y la diversidad biológica o en la sanidad animal, vegetal o acuícola;

VII. Establecer el régimen de permisos para la realización de actividades de liberación experimental, de liberación en programa piloto y de liberación comercial, de organismos genéticamente modificados, incluyendo la importación de esos organismos para llevar a cabo dichas actividades;

VIII. Establecer el régimen de avisos para la realización de actividades de utilización confinada de organismos genéticamente modificados, en los casos a que se refiere esta Ley;

IX. Establecer el régimen de las autorizaciones de la Secretaría de Salud de organismos genéticamente modificados que se determinan en esta Ley;

X. Crear y desarrollar el Sistema Nacional de Información sobre Bioseguridad y el Registro Nacional de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados;

XI. Determinar las bases para el establecimiento caso por caso de áreas geográficas en las que se restrinja la realización de actividades con determinados organismos genéticamente modificados;

XII. Establecer las bases del contenido de las normas oficiales mexicanas en materia de bioseguridad;

XIII. Establecer medidas de control para garantizar la bioseguridad, así como las sanciones correspondientes en los casos de incumplimiento o violación a las disposiciones de esta Ley, sus reglamentos y las normas oficiales mexicanas que deriven de la misma;

XIV. Establecer mecanismos para la participación pública en aspectos de bioseguridad materia de esta Ley, incluyendo el acceso a la información, la participación de los sectores privado, social y productivo a través del Consejo Consultivo Mixto de la CIBIOGEM, y la consulta pública sobre solicitudes de liberación de OGMs al ambiente, y

XV. Establecer instrumentos de fomento a la investigación científica y tecnológica en bioseguridad y biotecnología.

Esta iniciativa, fue turnada a diferentes Comisiones entre ellas Medio Ambiente, Comercio y Fomento Industrial y Salud, sin embargo, no fue turnada a Ciencia y Tecnología por lo cual se solicitó a Mesa Directiva sea turnada a esta Comisión.
 

4. TRABAJO LEGISLATIVO PENDIENTE

1. Dictaminar la Iniciativa de Ley sobre la Producción, Distribución, Comercialización, Control y Fomento de los Productos Transgénicos, presentada por el Dip. Francisco Patiño Cardona (PRD).

2. Dictaminar la Iniciativa de Ley de Bioseguridad, presentada por el Dip. Fernando Castellanos Pacheco (PAN).

3. Dictaminar la Iniciativa de Decreto para hacer adiciones a la Ley de Ciencia y Tecnología en sus artículos 12, fracción XIV, 13, fracción IV, 26, fracción IX y Transitorio Noveno, así como la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, Capítulo III "Del Ejercicio del Gasto Público General", en sus Artículos 26 y 27, presentada por los Diputados Jorge Luis García Vera y Enrique Meléndez Pérez (PRI).

4. Dictaminar la Iniciativa que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General de Salud (Clonación Terapéutica), presentada por el Dip. Francisco Patiño Cardona (PRD).

5. Dictaminar la Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología y a la Ley Orgánica del CONACyT, presentada por la Dip. María del Rosario Tapia Medina (PRD)

6. Dictaminar la Iniciativa que adiciona el capítulo III en sus artículos 26 y 27 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y los artículos 12 fracción XIV, 13 fracción IV, 26 fracción IX y noveno transitorio de la Ley de Ciencia y Tecnología, presentada por el Dip. Jorge Luis García Vera (PRI).

5. ACTIVIDADES INTERNACIONALES

Visita de trabajo a Barcelona, España para mantener contacto con la Mesa Directiva y Portavoces de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso de los Diputados de España. En la Universidad de Barcelona los diputados se reunieron con autoridades para estudiar la posibilidad de llegar a un convenio de colaboración, se visitó el Paro Científico y los Servicio Científicos-Técnico. También se reunió la delegación mexicana con 50 estudiantes de doctorado de la Universidad de Barcelona. Asistieron los diputados Heriberto Huicochea, Francisco Patiño y Luis Aldana Burgos, Secretarios de la Comisión.

XII Conferencia Interparlamentaria Eureka y Reunión de la Comisión Permanente de la Unión Interparlamentaria Iberoamericana de Comisiones de I+D, celebrada en Madrid, España.16, 17 y 18 de mayo del 2001. La delegación mexicana estuvo compuesta por la Dip. Silvia Álvarez Bruneliere, Presidenta de esta Comisión y Jefa de la Delegación, Dip. Hortensia Aragón Castillo, Dip. Gerardo Sosa Castelán y la Mtra. Rocío Navarrete Montes de Oca, Asesora de la Comisión.

Cumbre Global de Tecnología (The Global Tech Summit). Celebrada en la ciudad de Washington, D.C., E.U.A. los días 4 y 5 de diciembre del 2001. La cumbre fue tratar los siguientes temas: Confidencialidad en la Conexión: Seguridad y Privacidad en Internet; Cuánto Vale la Creatividad; El ADN de la Tecnología Creación y Diseminación; ¿Es el Internet Internacional? La Delegación de la Comisión de Ciencia y Tecnología estuvo formada por el Dip. Aarón Irizar López y Luis Cisneros Moro, Secretario Técnico de la Comisión,

Visita de trabajo a la República de Corea. 25-27 de febrero del 2002. El objetivo del viaje de trabajo fue visitar instituciones en materia de ciencia y tecnología para conocer y realizar el estudio y análisis de la legislación coreana con el fin de tener un estudio comparada de las leyes de Ciencia y Tecnología que se presentaron ante el Pleno de la H. Cámara de Diputados el 25 de abril del 2002. Asistió la Dip. Silvia Álvarez Bruneliere y el Dip. Francisco Patiño Cardona.

Visita de trabajo a Japón. 27 de febrero al 2 de marzo del 2002. El objetivo del viaje de trabajo fue visitar instituciones en materia de ciencia y tecnología para conocer y realizar el estudio y análisis de la legislación coreana con el fin de tener un estudio comparada de las leyes de Ciencia y Tecnología que se presentaron ante el Pleno de la H. Cámara de Diputados el 25 de abril del 2002. Asistió la Dip. Silvia Álvarez Bruneliere, el Dip. Francisco Patiño Cardona, el Dip. Heriberto Huicochea y el Dip. Silverio López Magallanes.

III Conferencia Interparlamentaria Iberoamericana de Comisiones de Ciencia y Tecnología. 3 - 5 de julio del 2003. Celebrada en la Ciudad de Panamá, Panamá. La Dip. Silvia Álvarez Bruneliere funge como Vicepresidenta de la Unión Interparlamentaria Iberoamericana de Comisiones de Ciencia y Tecnología. Se trabajó en las siguientes materias: Sociedad, Ciencia y Tecnología en Iberoamericana; Innovación y Competitividad Empresarial y; Sector Turístico en Europa y América: Retos y Oportunidades. Asistieron los diputados: Luis Gerardo Rubio Valdez, Mónica Serrano Peña y Francisco Patiño Cardona; como equipo de apoyo la Mtra. Rocio Navarrete Montes de Oca y el Lic. Luis Cisneros Moro.

6. EVENTOS ESPECIALES

Foro Nacional de Consulta
La Ciencia y la Tecnología hacia el Siglo XXI

"La opinión de los investigadores jóvenes,
segunda parte"

Resultado de las propuestas de la etapa nacional

I. Foro de consulta: La Ciencia y la Tecnología hacia el Siglo XXI, "La opinión de los investigadores jóvenes, segunda parte"

El Foro de Consulta la Ciencia y la Tecnología hacia el Siglo XXI "La Opinión de los Investigadores Jóvenes, Segunda Parte", es una continuación del celebrado durante los meses de febrero y marzo de 2000 y que dio como resultado una serie de sugerencias que, en opinión de los investigadores participantes, contribuirían a una mejora del sistema científico y tecnológico mexicano. A diferencia del primero, en éste se busca contar con sugerencias o propuestas específicas que eventualmente constituyan acciones que en efecto mejoren al sistema científico y tecnológico de nuestro país.

Este foro se ha estado llevando a cabo siguiendo las cuatro etapas que se listan a continuación.

1. Reunión nacional de los representantes de los estados para establecer la logística para reunir las opiniones de los investigadores de cada estado a través de reuniones estatales.

2. Organización de foros estatales por parte de los representantes en los respectivos estados para reunir las opiniones en sus comunidades de investigadores, siguiendo la logística del primer punto.

3. Integración de las opiniones estatales a través de seis reuniones regionales en las que participará un representante de cada estado.

4. Reunión de los representantes de las seis regiones para preparar el documento nacional que será presentado a la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados.

El documento que se presenta a continuación corresponde al tercer punto y es el resultado de la discusión de las propuestas de Investigadores representantes de 6 regiones de la República.

II. La propuesta

La propuesta que se presenta a continuación es el resultado de la integración de las consultas estatales de los estados mencionados anteriormente.

Algunos de los puntos pueden complementar diferentes acciones, se trató de evitar la repetición ya que el propósito es tener una idea global de las acciones que podrían resultar en una mejora en el sistema científico y tecnológico de nuestro país.

1. Formación de investigadores

1.1 Fortalecer la formación de investigadores mediante programas que procuren cubrir las necesidades estatales, regionales y nacionales.

- Elaborar un diagnóstico de necesidades de investigadores por estado.

- Los gobiernos estatales deben establecer un programa de apoyo financiero para la formación o la inserción de investigadores en áreas prioritarias para el estado, que incluya becas, estancias e intercambios.

- Los estados deben propiciar la creación de programas de posgrado de calidad para cubrir sus necesidades de desarrollo sustentable.

1.2 Definir periódicamente áreas prioritarias y establecerlas por consenso entre los órganos correspondientes del Gobierno y los sectores productivo, académico y de investigación del Estado.

1.3 Fomentar una cultura científica y tecnológica con estrategias que la incluyan en todos los niveles educativos.

- Sensibilizar a los funcionarios, directivos y administradores del gobierno, instituciones educativas y centros de investigación a través de cursos y talleres sobre la actividad, alcance y naturaleza de las tareas de investigación.

- Fomentar el aprendizaje a través de la experimentación, en lugar del método tradicional en los niveles básico, medio superior y superior.

- El Gobierno Estatal debe establecer un programa para estancias de profesores y alumnos de los niveles básico, medio superior y superior, en instituciones que realicen investigación.

- Promover el interés en la investigación a través de concursos de proyectos científicos y establecer un espacio permanente para la difusión de la cultura de la investigación a niveles estatal, municipal y delegacional.

- Fomentar los veranos estatales de la ciencia y crear los veranos estatales de ingeniería y tecnología.

1.4 Incrementar el número y monto de las becas a estudiantes durante su formación académica y de investigador.

1.5 Fomentar la creación y el fortalecimiento de los programas de posgrado interdisciplinarios e interinstitucionales.

- Promover la creación de posgrados regionales mediante apoyos especiales.

- Condicionar la apertura de programas de posgrado regionales a la asignación de recursos por parte de la institución sede, así como el recurso académico.

- Favorecer el apoyo de becas internacionales en instituciones que acepten líneas de investigación compartidas con instituciones nacionales.

1.6 Promover la participación de investigadores activos en los cursos a nivel licenciatura

1.7 Fomentar la vinculación de los programas de licenciatura y de posgrado con instituciones que se dediquen a la investigación.

2. Establecimiento de los grupos de investigación.

2.1 Crear las plazas necesarias y propiciar condiciones salariales competitivas, a fin de promover la integración, permanencia y renovación de investigadores, además de fortalecer el compromiso del investigador con su actividad.

- Establecer o fortalecer los Sistemas Estatales de Investigadores.

- Incrementar los salarios de los investigadores hasta homologar los sueldos a escala nacional, considerando las necesidades específicas para cada región.

2.2 Promover sistemas interinstitucionales que faciliten el intercambio de investigadores entre centros de investigación e instituciones académicas. - Crear los mecanismos que permitan a los investigadores que cambien de centro de trabajo, conservar su antigüedad.

- Los investigadores en intercambio con otras instituciones e industrias mantendrán prestaciones, estímulos y condiciones de trabajo de la institución en la cual se encuentran adscritos.

- Crear un fondo estatal de apoyo para estancias de investigadores por periodos cortos en instituciones nacionales o extranjeras.

2.3 Fomentar la creación de posgrados regionales que favorezcan el intercambio académico de estudiantes e investigadores y que sean apoyados y evaluados en forma unitaria.

2.4 Establecer un programa de fomento efectivo de inversión en los rubros de obra civil, mobiliario, equipo y servicios, para grupos de investigación establecidos y emergentes.

Los gobiernos estatales deben desarrollar un programa de fortalecimiento a la infraestructura tecnológica y física que complemente a los apoyos federales.

2.5 Incluir la participación activa de los sectores estatales en el establecimiento y desarrollo de centros de investigación.

Los comités estatales de investigación deben coordinar la participación activa de los diferentes sectores estatales en el desarrollo de investigación y establecimiento de centros.

2.6 Simplificar los mecanismos administrativos para la creación y operación de los grupos de investigación.

2.7 Ampliar el programa de financiamiento de proyectos, y periodos de evaluación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) y del SNI para jóvenes científicos a una duración mínima de cuatro años.

3. Perspectiva de financiamiento de la investigación científica y tecnológica.

3.1 Incrementar sustancialmente el financiamiento proveniente de organismos nacionales, para proyectos de investigación.

- Que un porcentaje del dinero y los bienes decomisados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP) y Procuraduría General de la República (PGR) sean destinados a financiar los programas de posgrado e investigación.

- Reactivar los apoyos de fortalecimiento al posgrado.

- Exentar del IVA las compras destinadas a proyectos de investigación.

3.2 Fomentar y fortalecer el desarrollo de consejos estatales de ciencia y tecnología, con recursos suficientes para atender las demandas ocasionadas por los proyectos y grupos de investigación de las entidades.

3.3 Fomentar la participación del sector productivo en el financiamiento de la investigación.

3.4 Estimular fiscalmente al sector privado que destine recursos económicos a la investigación.

3.5 Utilizar al máximo los fondos internacionales destinados a la ciencia y tecnología, a los que México tiene derecho.

3.6 Creación de fondos especiales administrados por los consejos estatales de ciencia y tecnología con las aportaciones de las industrias según el modelo brasileño.

4. Formación de grupos de investigación básica y aplicada y desarrollo tecnológico en las industrias.

4.1 Propiciar la formación de grupos de investigación en el sector privado y fomentar la vinculación con grupos de investigación académicos.

4.2 Establecer estímulos fiscales que propicien la vinculación de la industria con grupos académicos y la formación de grupos de investigación dentro de la misma industria.

4.3 Establecer programas que fortalezcan los proyectos academia-industria con participación de estudiantes o egresados de posgrado de las Instituciones de Educación Superior (caso Brasil).

4.4 Que cada Cámara, representación empresarial o asociación de productores establezca un comité de investigación que propicie la vinculación con los diferentes centros de investigación.

4.5 Las empresas que ocasionen problemas ambientales deben financiar proyectos de investigación en sus propios laboratorios o asociados a grupos académicos de investigación, orientados a la solución de tal problemática.

4.6 Promover que la industria maquiladora apoye con becas para la formación de profesionistas de alto nivel, tanto en licenciatura como en posgrado.

5. Recomendaciones al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

5.1 El CONACyT debe ser la cabeza del sector ciencia y tecnología.

5.2 Los comités de evaluación deben constituirse de tal manera, que estén representados en ellos los grupos de investigadores jóvenes e instituciones de fuera del área metropolitana.

Crear un catálogo incluyente para ampliar el padrón de evaluadores de proyectos, buscando una mayor representación de investigadores jóvenes provenientes de todos los estados sin demérito de la calidad académica.

5.3 Separar recursos que permitan garantizar la ejecución expedita, oportuna y transparente de los Comités de Apelación quienes deberán responder a todos los casos presentados.

5.4 Crear delegaciones del CONACyT en los estados que no cuenten con ellas, con programas y recursos propios.

5.5 Revisar las políticas de ingreso y permanencia en el padrón de excelencia, para apoyar los programas de posgrado nuevos, emergentes y no consolidados con la participación de investigadores jóvenes de las Instituciones de Educación Superior (IES) estatales.

Considerar la formación de recursos humanos como uno de los parámetros principales de la evaluación según lo indica el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2001 - 2006.

Considerar la contribución a la resolución de problemas de impacto local, estatal y regional.

5.6 Flexibilizar los periodos de duración de becas de doctorado.

5.7 Fomentar el establecimiento y la consolidación de academias de investigación nacional que editen revistas especializadas por áreas de investigación.

- Se debe financiar la creación y operación de revistas científicas nacionales de impacto internacional en cada una de las áreas de conocimiento del SNI.

- Las revistas nacionales para la divulgación del conocimiento deben tener amplia difusión nacional e internacional. Se recomienda la colaboración con editoriales establecidas.

6. Recomendaciones al Sistema Nacional de Investigadores.

6.1 Definir con mayor precisión y difundir los criterios de evaluación para el ingreso, permanencia y promoción en el sistema, revalorando las investigaciones que tengan un impacto en la solución de problemas en el entorno social o económico.

6.2 Los investigadores que al cumplir 65 años de edad hayan computado más de 30 años acumulados, dentro del SNI, deben de tener derecho a beca vitalicia, con el máximo nivel alcanzado.

6.3 Integrar Comités de Pares que conozcan el campo de investigación correspondiente, incluyendo en ellos mayor participación de los investigadores de los estados.

6.4 Considerar la productividad y no la producción, en los criterios de evaluación.

6.5 Otorgar dos años de gracia a candidatos a investigador nacional. Asimismo, establecer que ni la edad ni el grado deben limitarlos, en tanto sigan siendo productivos.

6.6 Evaluar a los investigadores cada cuatro años.

7. Otros

7.1 Las evaluaciones de los investigadores por los Centro de Investigación e Instituciones de Educación Superior deberán realizarse cada cuatro años.

III. Lista de representantes regionales

Región Bajío
Dr. Ramiro Rico Martínez

Región Centro
Dr. José Armando Segovia de los Ríos

Región Distrito Federal y Morelos
Dr. Jaime Eugenio Arau Roffiel

Región Noroeste
Dr. Ignacio Rivero Espejel

Región Norte
Dr. Juan Antonio Aguilar Garib

Región Sureste
Dr. Eduardo S. López Hernández

Resoluciones

De conformidad con el acuerdo adoptado en la Primera Conferencia Interparlamentaria Iberoamericana celebrada en España (1999), parlamentarios de los países miembros de la Unión Interparlamentaria, se reunieron estos días en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, bajo el título: "El impacto social de la investigación y el desarrollo científico y tecnológico en Iberoamérica". La Conferencia reflexionó sobre la necesidad de adaptación, tanto institucional como empresarial, al contexto global y dinámico actual, donde la supervivencia sólo se ve garantizada cuando existe la suficiente flexibilidad de las organizaciones.

Resaltó la conveniencia de un crecimiento económico sostenido y duradero, destacando que este objetivo sólo puede alcanzarse con la mejora de la capacidad de ser competitivos, y para ellos será necesario el pleno desarrollo de la cultura de la innovación en beneficio de la sociedad.

También, se resaltó el carácter positivo que había tenido el contar con una amplia participación de la Industria en la Conferencia y animó a que las siguientes reuniones se enfoquen igualmente desde un punto práctico, con el ánimo de promover una presencia empresarial creciente en el ámbito de la investigación y el desarrollo científico y tecnológico.

La Conferencia Interparlamentaria trató, desde la perspectiva de la ciencia y la tecnología, tres bloques temáticos de interés: educación, medio ambiente y comunicaciones.

Entre las personalidades que expusieron sus puntos de vista estuvieron: Vicente Fox Quesada, Presidente de México; Dr. Mario Molina, Premio Nobel de Química; Manuel Ángel Núñez Soto, Gobernador del estado de Hidalgo, Ing. Jaime Parada Ávila, Director General del CONACyT, así como legisladores de diferentes países de Iberoamérica.

Los acuerdos a los que se llegó en la Conferencia se puede resaltar los siguiente:

  • Educación
    - Instituir un plan de acción para la creación de un espacio común de educación superior entre la Unión Europea, América Latina y el Caribe que permita la movilidad académica de la Universidades más destacadas de los países miembros de la Unión.

    - Construir redes transfronterizas que garanticen que los contenidos y soluciones tecnológicas educativas se desarrollen de manera articulada.

    - Impulsar el aprendizaje permanente a través del acceso a la educación fomentando el proceso de socialización de la ciencia y la tecnología en la educación.
     

  • Medio Ambiente

  • - Impulsar el desarrollo tecnológico favoreciendo el propgreso social y respeto al medio ambiente mediante políticas sociales que estimulen la economía.

    - Cumplir con el Convenio de Diversidad Biológica y sobre el Cambio Climático.

    - Se acordó la necesidad de adoptar marcos legales e institucionales funcionales mediante un uso racional de recursos y la satisfacción de aspiraciones sociales de bienestar y calidad de vida.
     

  • Comunicaciones

  • - Crear una comunidad virtual que permita a los miembros de la Unión el acceso, debate, desarrollo y fomento de actividades legislativas en materia de ciencia y tecnología.

    - Incentivar el uso de las nuevas tecnologías de comunicación así como la movilidad a fin de intercambiar permanentemente información entre los países miembros de la Unión Interparlamentaria de Comisiones de Ciencia y Tecnología.

    - Favorecer el desarrollo de infraestructuras en comunicaciones garantizando el acceso a la igualdad de oportunidades.

Por unanimidad se eligió Panamá como país sede de la III Conferencia Interparlamentaria Iberoamericana de Comisiones de Ciencia y Tecnología a realizarse en el 2003.

III Conferencia Interparlamentaria Iberoamericana de Comisiones de Ciencia, Tecnología y Empresa

Declaración de Panamá

Los Parlamentarios de los países iberoamericanos, reunidos en el marco de la III Conferencia Interparlamentaria Iberoamericana de Comisiones de Ciencia, Tecnología y Empresa del 2 al 6 de julio de 2003, en la ciudad de Panamá.

  • Han debatido con el fin de presentar líneas de orientación y de acción en las siguientes materias: "Sociedad, Ciencia y Tecnología Iberoamericana"; "Innovación y Competitividad Empresarial"; y "Sector Turístico en Europa y América, Retos y Oportunidades".

  •  
  • Obtuvieron consenso en los principios que se enuncian a continuación, acordando que las presentarán ante sus respectivos Órganos Ejecutivos con miras a que su aplicación coadyuve al mejoramiento de la calidad de vida de nuestros pueblos y que sirvan como instrumento para lograr las condiciones que permitan participar con equidad en la globalización.
Consensos logrados por los grupos de trabajo

Grupo I: Sociedad, Ciencia y Tecnología Iberoamericana.

1. El Estado, los Gobiernos, las Universidades y la Empresa Privada establecerá la necesidad de un liderazgo moral y ético, positivo y altruista, en el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación, las cuales deben estar al servicio de toda la sociedad.

2. La Investigación y Desarrollo deben orientarse hacia la búsqueda de soluciones de los problemas de nuestros pueblos.

3. Los gobiernos tienen la responsabilidad ineludible de establecer la política de Ciencia, Tecnología e Innovación como Política de Estado que trascienda los cambios de gobierno propios de los procesos democráticos.

4. Debe tenerse presente la nueva concepción de las nuevas telecomunicaciones configuradas como "Comunicaciones Electrónicas que comporta, cada vez con mayor intensidad el reconocimiento de un derecho de todos los ciudadanos a acceder a la sociedad de la información. La sociedad del conocimiento nos imponme llegar a la fuente de información y documentación de forma ágil y segura. Es por ello la necesidad de acceder a sistemas virtuales de gran velocidad que permitan establecer redes académicas, universidades como fuente de documentación, logrando intercambiar información actualizada.

5. Es necesario que desde el sector privado se generen procesos propios de Investigación y Desarrollo, toda vez que las presiones competitivas se deben afrontar asumiendo al conocimiento como elemento primordial para la competencia global.

6. La inversión en el fortalecimiento de una cultura orientada a la formación científica y de investigación de los recursos humanos, es indispensable para reducir las brechas que nos separan de los países más desarrollados.

7. Es fundamental que los gobiernos, el sector privado y las universidades funcionen coordinadamente para avanzar en la aplicación de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación racional y deliberadamente hacia el logro de metas que permitan la solución cualitativa de las necesidades básicas de nuestra población.

8. Hay que investigar, innovar y legislar para proteger y explotar sustancialmente recursos que en la actualidad adolecen de reconocimiento de su propiedad, tales como el conocimiento ancestral de nuestras etnias autóctonas y la biodiversidad que prospera en nuestros bosques, mares y montañas.

9. Hay que reconocer el acceso a la ciencia, la tecnología y el conocimiento como un derecho irrenunciable de los seres humanos.

Grupo de Trabajo II. Innovación y competitividad empresarial. 10. Sería conveniente estudiar la creación de un espacio de Investigación, Desarrollo e Innovación de alcance Iberoamericano.

11. Los escasos recursos financieros que nuestros países dedican a Ciencia, Tecnología, Investigación y Desarrollo deben ser incrementados desde fuentes públicas y privadas. Sin embargo, es necesario la focalización de estos recursos en las áreas en que se tengan potencialidades competitivas de alcance global.

12. La globalización ha transformado la realidad económica de nuestros países sin que nuestra población se beneficie de los cambios acontecidos en las décadas recientes.

13. Sin embargo, el proteccionismo como modelo económico desincentiva la innovación puesto que las empresas protegidas no tienen motivos para mejorar su competitividad, y al contar con mercado interno cautivo no le interesa la incursión en los mercados foráneos.

14. Una economía abierta y de libre mercado es un requisito imprescindible para el desarrollo de la innovación y la búsqueda de competitividad.

15. Es necesario que los gobiernos propicien un entorno que estimule la investigación y la innovación, pues el poco reconocimiento al trabajo investigativo desestimula a las personas que se dedican a esas tareas.

16. Deben coordinarse esfuerzos que permitan a los individuos elegir la educación que desean recibir en atención a sus aptitudes y vocaciones, lo que redundará en un ambiente más propicio para la innovación, aunado a la implantación de programas de estímulos y reconocimientos a las personas dedicadas a la investigación e innovación.

17. Debería facilitarse la movilidad de los investigadores del sector público y de los círculos académicos hacia las empresas, a través de la creación de programas que permitan esa participación, todo lo cual repercutirá en un incremento de la productividad y la competitividad de las empresas.

Grupo III. Sector Turístico en Europa y América, retos y oportunidades. 18. La ciencia y la tecnología deben servir como herramientas para preservar el patrimonio cultural y natural de nuestros pueblos con el fin de garantizar su explotación turística sostenible.

19. El respeto a nuestros ecosistemas es la única forma viable de lograr una actividad turística que ayude al mejoramiento de la calidad de vida de nuestros pueblos.

20. La investigación científica de nuestra biodiversidad es necesaria para la búsqueda de soluciones que permitan afrontar problemas que pueden resolverse en las áreas de salud.

21. Asimismo, esta investigación permite el conocimiento profundo de nuestro potencial biológico, lo que nos permite el diseño de planes de desarrollo de actividades turísticas de bajo impacto.

22. La conservación de nuestros recursos naturales no es excluyente del crecimiento económico y del desarrollo, por el contrario son tareas complementarias que deben tener al ser humano como eje central.

23. Es necesaria la implementación del Corredor Biológico de la Costa del Pacifico Americano Tropical, toda vez que constituye un frágil ecosistema de cualidades únicas, con el fin de preservarlo para las futuras generaciones.

24. Exhortamos con firmeza a los gobiernos de nuestros países a no realizar actividades agresivas con el ambiente que amenacen con romper el frágil equilibrio de nuestros ecosistemas, incluyendo a las maniobras militares de cualquier naturaleza.

25. Debemos acelerar los procesos legislativos que están dirigidos a proteger áreas de valor biológico y ecológico único.

En conclusión, estas jornadas han sido provechosas para todos los países Iberoamericanos representados por sus respectivos delegados. Se han compartido experiencias que serán transmitidas de los Parlamentos a los Órganos Ejecutivos, responsables directos de la aplicación de las recomendaciones que han emanado de los Grupos de Trabajo y se ha construido una Visión Iberoamericana de los retos que tenemos por delante para alcanzar niveles óptimos de desarrollo tecnológicos a partir de la inversión en innovación e investigación, única forma de lograr la competitividad empresarial sin sacrificar los ecosistemas, lo cual en una economía de libre mercado es fundamental para el desarrollo pleno de nuestros pueblos.

Los días 29 al 31 de octubre del 2002, la H. Cámara de Diputados a través de la Comisión de Ciencia y Tecnología y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), organizaron la Primera Feria de Ciencia y Tecnología, exposición que mostró el trabajo científico y tecnológico realizado en México. Al mismo tiempo, se llevaron a cabo conferencias con personalidades destacadas en la materia.

El antecedente de la Feria se plasmó en el Programa de Trabajo de la Comisión de Ciencia y Tecnología en donde contempló la divulgación y promoción de la cultura científica y tecnológica.

El objetivo fue presentar los principales avances en materia de investigación científica y desarrollo tecnológico en México de una manera atractiva e informal, con el fin de sensibilizar a los diputados y público asistente sobre la importancia del tema para el país destacando su impacto a nivel regional y estatal.

La inauguración corrió a cargo de la Dip. Silvia Álvarez Bruneliere, Presidenta de la Comisión, el Ing. Jaime Parad Ávila, Director General del CONACyT y de la Dip. Beatriz Paredes Rangel, Presidenta de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados. Los participantes a la Feria fueron las principales Instituciones de Educación Superior, como es la UNAM, el IPN, el CINVESTAV, Universidades Públicas de la República, los 26 Centros Públicos de Investigación del Sistema CONACyT, la Academia Mexicana de Ciencias, así como centros de investigación científica y tecnológica, empresas privadas, escuelas de educación básica y media superior, entre otros.

En estos días, los asistentes conocieron:

  • Los avances y contribuciones de México a la Ciencia y la Tecnología;
  • Nuestros retos y oportunidades para el siglo XXI y;
  • Los desarrollos en las distintas regiones del país.
Atentamente
Dip. Silvia Alvarez Bruneliere (rúbrica)
Presidenta
 
 
 
 
 
 
 
 
Inklusion
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