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Comunicaciones

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DEL CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA

C. Dip. Beatriz Elena Paredes Rangel
Presidenta de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión

El H. Congreso del estado de Coahuila de Zaragoza, en la decimotercera sesión de su Diputación Permanente, correspondiente al segundo periodo de receso del tercer año de ejercicio constitucional de esta LV Legislatura, celebrada el día 18 de septiembre del año 2002, aprobó por votación mayoritaria de sus integrantes el siguiente

Acuerdo

Primero.- Se solicite la intervención del Congreso de la Unión para que, por medio de su Comisión de Energía, se investigue esta denuncia pública con el afán de esclarecer a la ciudadanía la debida aplicación de las tarifas eléctricas autorizadas recientemente por decreto presidencial.

Segundo.- Se solicite a la Procuraduría General de la República su intervención de oficio, por tratarse de un asunto de interés general y que pudiera constituir un delito federal que debe ser sancionado de inmediato.

Tercero.- Que este Congreso del estado extienda una invitación respetuosa a los encargados regionales de la Comisión Federal de Electricidad para que, de manera directa, podamos conocer la posibilidad de que una atrocidad de esta naturaleza se pudiera cometer.

Cuarto.- Se solicite a Felipe Bravo Mena, Presidente del Partido Acción Nacional, aporte las pruebas contundentes de su dicho y revele sus fuentes de información para que, de esta forma, se siga una investigación pública abierta y transparente de cara a la ciudadanía.

Le comunico lo anterior para la consideración y trámite que estime oportunos, anexando copia fotostática simple del documento origen del presente acuerdo.

Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Saltillo, Coahuila, a 18 de septiembre del año 2002.

El Oficial Mayor del Congreso
Prof. y Lic. Alfonso Martínez Pimentel (rúbrica)
 

Punto de acuerdo que presenta el Dip. Fernando de las Fuentes Hernández, en representación del grupo parlamentario "Luis Donaldo Colosio Murrieta", del Partido Revolucionario Institucional, con relación al sabotaje que con fines políticos se realiza en los recibos del consumo de energía eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad.

El pasado 12 de septiembre del presente año, el Presidente del Partido Acción Nacional, Felipe Bravo Mena, acusó públicamente que en Coahuila se están realizado alteraciones en los recibos de la luz como una forma de sabotaje con fines políticos. Esto, bajo el marco de una visita que realizara en apoyo a sus candidatos en aquella población.

Mencionó que, "desde la propia Comisión Federal de Electricidad, se estaría gestando en Coahuila y en otros estados un sabotaje para alterar los recibos del cobro de la luz con fines electorales".

Menciona también que se investigue, por las autoridades competentes, a las personas que perversamente están cometiendo estos hechos.

Continúa diciendo que el propósito de este sabotaje electorero es el desprestigio del Gobierno Federal.

Declaró que el sabotaje es para causar el enojo de la población, en los usuarios, y esto derivarlo de inmediato a través de una campaña de desprestigio, como se ha visto que es. Ahí está la parte probada absolutamente de un ataque al Presidente de la República y un ataque al Partido Acción Nacional.

Debido a estas declaraciones, que confunden más aún a la población, el Presidente nacional del Partido Acción Nacional genera, por lógica, una acusación de corrupción y de fraude a los consumidores en general, no sólo de Coahuila sino de todo el país.

En vista de ello, se deberán involucrar las instancias legales para que se investigue el caso de esta denuncia pública y que, por la forma en que supuestamente afecta a la población, debemos considerarla de interés público para que se pueda deslindar realmente, ante los ojos de la población, la realidad de los aumentos de la luz en nuestro país, para que se diga con claridad si son producto de una política económica del Presidente Vicente Fox y su gabinete económico, que en forma de decreto canceló un beneficio social al desaparecer el subsidio que la energía eléctrica tenía en beneficio de los hogares de millones de mexicanos o, como dice en su dicho Felipe Bravo Mena, "producto de personas perversas".

También es importante resaltar que el Presidente del PAN en este país deberá probar su dicho ante la jurisdicción correspondiente, aportando las pruebas necesarias para constituir en una realidad su acusación, para que pueda demostrar también que el PAN no continúa con sus viciadas prácticas de denuncia y ataque, que de manera irresponsable y protagónica realizan, como su único recurso electoral para llamar la atención de los ciudadanos, señalando, quienes se dicen defensores de las instituciones, falsamente a instituciones, como es en este caso, a la Comisión Federal de Electricidad y en demérito de ésta.

Debido a lo anterior, el grupo parlamentario "Luis Donaldo Colosio", del PRI, solicita se apruebe el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero.- Se solicite la intervención del Congreso de la Unión para que, por medio de su Comisión de Energía, se investigue esta denuncia pública con el afán de esclarecer a la ciudadanía la debida aplicación de las tarifas eléctricas autorizadas recientemente por decreto presidencial.

Segundo.- Se solicite a la Procuraduría General de la República su intervención de oficio, por tratarse de un asunto de interés general y que pudiera constituir un delito federal que debe ser sancionado de inmediato.

Tercero.- Que este Congreso del estado extienda una invitación respetuosa a los encargados regionales de la Comisión Federal de Electricidad para que, de manera directa, podamos conocer la posibilidad de que una atrocidad de esta naturaleza se pudiera cometer.

Cuarto.- Se solicite a Felipe Bravo Mena, Presidente del Partido Acción Nacional, aporte las pruebas contundentes de su dicho y revele sus fuentes de información para que, de esta forma, se siga una investigación pública abierta y transparente de cara a la ciudadanía.

Por el grupo parlamentario
"Luis Donaldo Colosio Murrieta"
Del Partido Revolucionario Institucional

Dip. Fernando de Fuentes Hernández (rúbrica)
 
 
 

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

Honorable Congreso de la Unión:

La Quincuagésima Sexta Legislatura del honorable Congreso del estado de Jalisco, en sesión de fecha 26 de septiembre del presente año, aprobó el acuerdo económico número 737/02 del que le anexo copia para los efectos legales procedentes, mediante el cual se acordó girar a esa alta representación popular, atento oficio para que de considerarlo procedente se sumen al contenido del acuerdo que para tal efecto se acompaña.

Por instrucciones de la Directiva de esta honorable soberanía jalisciense, hago de su conocimiento lo anterior en vía de notificación personal y para los efectos legales subsecuentes, agradeciéndole que las acciones que se sirva tomar al respecto las haga del conocimiento de esta representación, a la brevedad posible, a fin de darles el curso correspondiente.

Atentamente
Sufragio Efectivo. No reelección.
Guadalajara, Jalisco, a 30 de septiembre de 2002.

LCTC Leonardo García Camarena (rúbrica)
Oficial Mayor
 

El que suscribe, diputado José Trinidad Muñoz Pérez, haciendo uso de la facultad que me otorga el artículo 28, fracción I, de la Constitución Política del estado, y de conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica del Poder Legislativo en sus artículos 85, 88 y 90, tercer párrafo, somete a la consideración de este H. Congreso, iniciativa de acuerdo económico, la cual sustento en las siguientes

Consideraciones

I. Mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro de febrero de 2002, el Ejecutivo de la nación, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, emitió el decreto por el que se otorgan facilidades administrativas para la regularización de usuarios de aguas nacionales que realicen actividades de carácter agrícola. Este decreto tiene como propósito que todas aquellas personas, físicas o morales, que sin contar con título de concesión expedido por el Gobierno Federal, hayan venido explotando, usando o aprovechando aguas nacionales para actividades agrícolas con anterioridad al 12 de octubre de 1995, puedan acogerse a una serie de facilidades y beneficios para regularizar su situación, a fin de otorgar certidumbre jurídica a sus actividades mediante la concesión respectiva y ejercer una regulación más adecuada del uso y aprovechamiento de dichas aguas, que permita el desarrollo de las actividades agrícolas o pecuarias, y a la vez, la explotación racional del vital líquido. De esta manera, el decreto en comento otorga hasta el 30 de septiembre del año en curso, para que los interesados que encuadren en el supuesto señalado, presenten la documentación que avale el consumo de aguas nacionales, a efecto de que esta actividad la realicen apegados a los lineamientos legales que establecen la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento.

II. La expedición de este decreto se enmarca dentro de los principios que establece el Programa Nacional Hidráulico para el presente sexenio, que persigue fundamentalmente el uso eficiente del agua en la producción agrícola para elevar la competitividad del país, mejorando las condiciones socioeconómicas de la población rural. Uno de los factores para que este propósito se lleve a cabo es el otorgamiento de los títulos de concesión, pues sin este instrumento jurídico, se carece de las bases legales que coadyuven al fin mencionado.

A la fecha, un gran número de personas dedicadas a las actividades agrícolas y pecuarias se han acercado a la autoridad para hacer valer los beneficios y facilidades que les confiere el decreto; sin embargo, a la fecha permanecen sin regularizar su situación una cantidad importante de usuarios, que debido a una difusión limitada y al poco tiempo otorgado, no han realizado el trámite respectivo.

Considerando la importancia que tiene el contenido del decreto, es necesario que la autoridad prorrogue hasta el 31 de diciembre de 2002, el plazo para que las personas físicas y morales que cumplan con los requisitos del mismo, puedan acogerse a sus facilidades y beneficios para poner en regla la explotación de aguas nacionales con fines agrícolas.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este H. Congreso, los siguientes puntos de

Acuerdo Económico

Primero. Gírese atento oficio al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, mediante el cual se le manifieste la solicitud de este H. Congreso, a efecto de que se prorrogue hasta el 31 de diciembre de 2002, la vigencia del decreto por el que se otorgan facilidades administrativas para la regularización de usuarios de aguas nacionales que realicen actividades de carácter agrícola, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de febrero de 2002.

Segundo. Gírense atentos oficios al H. Congreso de la Unión y a las Legislaturas estatales, anexando copia del presente acuerdo, a efecto de que si lo consideran procedente, se sumen al contenido del mismo.

Atentamente
Guadalajara, Jalisco, a 26 de septiembre de 2002.

Dip. José Trinidad Muñoz Pérez (rúbrica)
 

H. Congreso de la Unión:

La Quincuagésima Sexta Legislatura del honorable Congreso del estado de Jalisco, en sesión de fecha 3 de octubre del presente año, aprobó el acuerdo económico número 750/02 del que le anexo copia para los efectos legales procedentes, mediante el cual se acordó enviar a esa alta soberanía atento y respetuoso oficio para externarles el apoyo y solidaridad de esta Legislatura jalisciense, para que la iniciativa de Ley de Energía para el Campo, sea analizada por las distintas comisiones a que fue canalizada y se incorporen las modificaciones necesarias, para que haya un ahorro de energía y de agua, por las condiciones que prevalecen en estos sectores. Agilizando los trabajos tendientes a su aprobación.

Por instrucciones de la Directiva de esta honorable soberanía jalisciense, hago de su conocimiento lo anterior en vía de notificación personal y para los efectos legales subsecuentes, agradeciéndole que las acciones que se sirva tomar al respecto las haga del conocimiento de esta representación, a la brevedad posible, a fin de darles el curso correspondiente.

Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Guadalajara, Jalisco, a 3 de octubre de 2002.

LCTC Leonardo García Camarena (rúbrica)
Oficial Mayor
 

H. Congreso del estado de Jalisco
Presente

El suscrito diputado Ricardo Pedro Chávez Pérez, en uso de las atribución que me concede la fracción I del artículo 28 de la Constitución Política del estado de Jalisco, así como los numerales 85 y 90 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado de Jalisco, someto a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa de acuerdo económico que propone se envíe atento y respetuoso oficio al honorable Congreso de la Unión en el sentido de externar el apoyo y solidaridad del honorable Congreso de Jalisco hacia la iniciativa de Ley de Energía para el Campo, así como de manera respetuosa solicitar se agilicen los trabajos tendientes a su aprobación, lo anterior con base en las siguientes

Consideraciones

a) A la nación corresponde originalmente la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional; la cual puede imponerle las modalidades que dicte el interés público. Por su parte, al Estado corresponde el dominio directo de los recursos naturales; y obligado está a garantizar el desarrollo de las actividades agropecuarias en general; según lo indican los artículos 4º, 25, 26 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y particularmente la fracción XX del artículo 27 obliga al Estado a promover y proteger la producción agropecuaria, la comercialización de los productos del campo y la transformación agroindustrial; consideradas éstas de interés público.

b) Por otra parte no podemos olvidar que estamos inmersos en la globalización de los mercados y dentro del Tratado de Libre Comercio con América del Norte: en donde nuestros socios comerciales sí aplican a la agricultura una política especial de precios preferenciales en los energéticos con los que apoyan, financian y subsidian los costos reales de su propia actividad agropecuaria, y que con esta política de subsidios de precios preferenciales en los energéticos logran y obtienen grandes cosechas superavitarias de leche, de carne, de granos, de frutas y hortalizas, estos productos agrícolas se presentan en nuestros mercados muy baratos donde nuestros propios productos agropecuarios no pueden competir. Estas razones nos obligan a considerar que es urgente e indispensable la aprobación de la Ley de Energía para el Campo.

c) En este sentido no se puede soslayar que la política fiscal de nuestro país ha provocado una baja considerable en la producción agropecuaria, ocasionada por los aumentos constantes en los energéticos afectando seriamente el desarrollo del campo, poniéndonos en desventaja y contra la pared, y generando una competencia por demás desleal. La ley que está en discusión en las diversas comisiones del Congreso de la Unión propone que el sector agropecuario se reactive, se mantenga vigente, se desarrolle, y sea más competitivo dentro del Tratado de Libre Comercio.

d) Entre todas y cada una de las virtudes de la iniciativa de Ley de Energía para el Campo encontramos que considera y decreta de "uso estratégico" para el desarrollo nacional todos los energéticos que se usan en el sector agropecuario. Así como también propone se realice el Programa de Inducción de Energía para el Campo, que tiene como fin el uso de los energéticos e hidrocarburos, a "precio preferencial" para inducir la energía barata y en forma estratégica a cada una de las cadenas productivas; con el propósito de reactivar y desarrollar el sector agropecuario.

e) La importancia de esta iniciativa es que reconoce también como energéticos de "precio estratégico" aquellos hidrocarburos que surta el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Energía para la generación y transformación de energía eléctrica exclusivamente para uso agropecuario y los que surta para la fabricación de fertilizantes. Así como también reconoce como energéticos de "precio preferencial" aquellos hidrocarburos cuyo destino sea satisfacer la demanda del gasto de maquinaria agrícola, maquinaria pesada, bombeo agrícola, bombeo y rebombeo para uso pecuario. Y todos los que demanden y gasten las agroindustrias, en la transformación de sus productos para el desarrollo del campo. La aprobación de esta iniciativa de ley permitiría al Gobierno Federal la fabricación de fertilizantes y la realización de convenios, con fabricantes nacionales de fertilizantes, para que se les otorgue energéticos con "precio estratégico", y éstos a su vez vendan fertilizantes con precios muy por debajo de los actuales para la agricultura nacional. De allí que esta ley permitirá una gran transferencia de energía, contenida en el petróleo, a través del Estado para el desarrollo del campo, con el único propósito de que con la movilidad de los productores agropecuarios estos energéticos se conviertan en grandes productores de granos, leche, carne, huevos, hortalizas, etcétera para satisfacer la demanda de alimentos en el país, a precios competitivos en el mercado nacional y extranjero.

f) Jalisco, como uno de los principales productores agropecuarios del país sería de los principales beneficiados al entrar en vigencia esta ley. Dentro del contexto en el cual nos encontramos es de vital importancia que tomemos las medidas oportunas y necesarias para poder reactivar la actividad agropecuaria, permitiendo de esta manera que Jalisco, por su vocación agropecuaria, siga produciendo los alimentos que se sirven a la mesa de los mexicanos.

En mérito de lo anteriormente expuesto elevo ante esta honorable asamblea la siguiente iniciativa de

Acuerdo Económico

Unico: Que propone se envíe atento y respetuoso oficio al honorable Congreso de la Unión externando el apoyo y solidaridad del honorable Congreso del estado de Jalisco para que la iniciativa de Ley de Energía para el Campo sea analizada por las distintas comisiones a que fue canalizada y se incorporen las modificaciones necesarias para que haya una ahorro de energía y de agua por las condiciones que prevalecen en estos sectores, agilizando los trabajos tendientes a su aprobación.

Salón de Sesiones del Congreso del estado de Jalisco.

Atentamente
Guadalajara, Jalisco, a 1 de octubre de 2002.

Dip. Ricardo Chávez Pérez (rúbrica)
 

Honorable Congreso de la Unión:

La Quincuagésima Sexta Legislatura del honorable Congreso del estado de Jalisco, en sesión de fecha 26 de septiembre del presente año, aprobó el acuerdo económico número 732/02 del que le anexo copia para los efectos legales procedentes, mediante el cual se acordó solicitar a esa alta representación popular para que entere a esta Legislatura jalisciense, sobre el contenido del decreto que faculta la incorporación al buró de crédito de todos los deudores, tanto de instituciones bancarias como de empresas comerciales, asimismo pedirles que promuevan una modificación a dicho decreto, a efecto de que la desincorporación de quien haya cubierto el adeudo sea de manera expedita y automática y con ello los libere de la limitante de no ser sujetos de crédito y de igual forma solicitarle que promueva ante la Comisión Nacional Bancaria los mecanismos que permitan que el presunto deudor pueda consultar a través de los medios electrónicos fácil y rápidamente si se encuentra registrado en el buró de crédito.

Por instrucciones de la Directiva de esta honorable soberanía jalisciense, hago de su conocimiento lo anterior en vía de notificación personal y para los efectos legales subsecuentes, agradeciéndole que las acciones que se sirva tomar al respecto las haga del conocimiento de esta representación, a la brevedad posible, a fin de darles el curso correspondiente.

Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Guadalajara, Jalisco, a 30 de septiembre de 2002.

LCTC Leonardo García Camarena (rúbrica)
Oficial Mayor
 

Ciudadanas y ciudadanos diputados:

José Guadalupe Madera Godoy, diputado de esta honorable Quincuagésima Sexta Legislatura del Congreso del estado de Jalisco, de conformidad con lo establecido en el artículo 28, fracción I, de la Constitución Política del estado de Jalisco, así como en los artículos 85, 88, 94 y 96 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, presento ante ustedes iniciativa de acuerdo económico, para lo cual me permito hacer la siguiente

Exposición de Motivos

I.- La necesidad de promover la justicia social y de fortalecer la economía del país quedó plasmada desde la reforma constitucional de 1917, cuando el Constituyente, preocupado por la importancia de generar empleo y productividad en el campo mexicano, estableció en el artículo 27 constitucional las disposiciones para normar las actividades y las relaciones de propiedad en el campo.

II.- Sobreprotegido y subsidiado por años, el campo mexicano ha padecido una descapitalización, lo que motivó que el gabinete económico del Gobierno Federal en 1991 incluyera dentro del Tratado de Libre Comercio, la comercialización de los productos agropecuarios, condicionando dicho acuerdo al sector agropecuario a que se designaran recursos suficientes, bien orientados y permanentes a efecto de poder insertar sus productos en la economía internacional a cambio de tener una verdadera recapitalización y un efectivo despegue económico, tanto el propio sector como el país en su conjunto.

III.- Con tal motivo se creó un programa de apoyos económicos a productores del campo al que se denominó Procampo, con la finalidad de dar respuesta al requerimiento de financiamiento y de que los pequeños y medianos productores básicamente estuvieran en condiciones de competir en calidad y cantidad principalmente con los países que firmaron dicho tratado; de tal manera que el sector pudiera responder a los intereses de la nación con una oferta de competitividad y de ventajas frente al exterior.

IV.- Actualmente, el estado de Jalisco ocupa uno de los primeros lugares a nivel nacional en superficie agrícola con 1?721,153 hectáreas, destinadas en su mayoría a la producción de cultivos básicos. Lo anterior significa que aproximadamente el 21% de la superficie total presenta vocación para las prácticas agrícolas. De este total, el 83% (1?428,557 hectáreas) se aprovechan bajo condiciones de temporal y el 17% restante (292,596 hectáreas) bajo condiciones de riego. Dichos datos explican el hecho de que nuestra entidad sea el segundo estado de la República en la generación de recursos económicos por producción agropecuaria, aportando el 20% de la producción nacional tan sólo en maíz y el 12% de caña.

V.- A pesar de lo antes mencionado, el sector agropecuario en la actualidad continúa teniendo una infraestructura limitada para su desarrollo, lo cual impide su integración en el contexto mundial y su expansión económica. En unos casos se carece de una suficiente infraestructura de riego, agua, energía eléctrica, carreteras, vías ferroviarias y telecomunicaciones, y en otros el costo de acceso a tales facilidades resulta en extremo oneroso e inhibe las actividades productivas y de comercialización. De los datos referidos en el punto anterior se concluye que hay efectos negativos en el rendimiento de las tierras, como lo revela la proporción entre el número de hectáreas sembradas y las desperdiciadas. Se estima que en el año de 1997 se perdió el 16% del total de la superficie sembrada (15.5% de temporal y 0.5% de riego).

VI.- Las excesivas regulaciones y la falta de un eficaz control de precios, así como el burocratismo y el intermediarismo generan obstáculos y rigideces que afectan la acción de los productores agropecuarios, provocando con ello incertidumbre, incrementos en costos de producción y disminución de excedentes. Esta situación merma sus ventajas comparativas y sus oportunidades para competir con éxito.

VII.- Las limitantes que generan las empresas comerciales y/o las instituciones bancarias para que sean sujetos de crédito los productores, al manejarse estratégicamente de manera discrecional y sin conocimiento del presunto deudor por el solo hecho de que se encuentre en la lista de adeudos de crédito es una situación que afecta a todos pero sobremanera a los pequeños y medianos productores.

VIII.- Muchos de los incorporados al buró de crédito no son solamente por adeudos a instituciones bancarias sino incluso por adeudos a empresas comerciales, que en no pocas ocasiones, aun teniendo un insignificante adeudo que no llega al millar, se ven restringidos, por este solo hecho, a la posibilidad de que se les pueda otorgar un crédito agropecuario capaz de coadyuvar a su actividad productiva.

IX.- La ley contempla mecanismos precisos para gravar de manera rápida en el Registro Público de la Propiedad a quien no haya cubierto sus adeudos pero desafortunadamente, en la mayoría de los casos, aun cuando hayan cubierto o pagado el adeudo correspondiente, la desgravación o el proceso de desincorporación tarda mínimamente sesenta días, tiempo suficiente para limitar a muchos pequeños y medianos productores a planear y organizar sus procesos de siembra y cultivo al no tener posibilidades de refinanciamiento cuando la respuesta es negativa, situación que agrava todavía más a este sector productivo y a sus trabajadores que son millones, quienes al no resolverse su situación se convierten en candidatos para incorporarse al grueso número de desempleados y cuyas familias, en un alto porcentaje, por lo general, se ven en la necesidad de emigrar principalmente a Estados Unidos de Norteamérica y Canadá o a ciudades industrializadas del propio país donde puedan desempeñarse como obreros o subempleados.

X.- La complicada situación agropecuaria de Jalisco, ha dejado en enorme desventaja a las zonas rurales frente a las ciudades como receptoras de inversión pública y privada, generando con ello el riesgo de una mayor descapitalización en el campo mexicano que profundice aún más su marginación económica. Si las tendencias de abandono económico del agro se intensifican se generarán severos problemas de concentración demográfica en las ciudades, desempleo masivo, pobreza extrema y un deterioro grave en la calidad de vida de las comunidades.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 94 y 96 del ordenamiento legal que nos rige, someto a la elevada consideración de ustedes ciudadanos diputados, el siguiente proyecto de

Acuerdo Económico

Primero.- Solicítese al H. Congreso de la Unión entere a esta Legislatura local sobre el contenido del decreto que faculta la incorporación al buró de crédito a todos los deudores, tanto de instituciones bancarias como de empresas comerciales.

Segundo.- Solicítese al H. Congreso de la Unión promueva una modificación al mencionado decreto a efecto de que la desincorporación y/o desgravación de quien haya cubierto el adeudo sea de manera expedita y automática y con ello los libere de la limitante de no ser sujetos de crédito.

Tercero.- Solicítese al propio Congreso de la Unión intervenga a efecto de que promueva ante la Comisión Nacional Bancaria mecanismos que permitan que el presunto deudor pueda consultar a través de los medios electrónicos, fácil y rápidamente, si se encuentra registrado en el buró de crédito.

Atentamente
Guadalajara, Jalisco, a 26 de septiembre de 2002.

Dip. José Guadalupe Madera Godoy (rúbrica)
 
 

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Iniciativas

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QUE REFORMA LOS ARTICULOS 94, 105 Y 107 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A CARGO DEL DIPUTADO AMADOR RODRIGUEZ LOZANO

El que suscribe, Amador Rodríguez Lozano, diputado federal de la LVIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa que reforma los párrafos primero y quinto del artículo 94; fracción III, párrafo primero, del artículo 105; fracción VIII, párrafo primero, y fracciones XI y XII, en sus párrafos primero y segundo, del artículo 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con arreglo a la siguiente

Exposición de Motivos

La justicia deja de ser un propósito etéreo cuando las instituciones encargadas de aplicarla son eficientes. Cuando todo individuo tiene la certeza de que, independientemente de su condición económica y social, la justicia se aplicará oportunamente.

Porque la justicia o es pronta y expedita o simplemente deja de serlo. En este sentido lograr que nuestras instituciones tengan la capacidad de actuar de manera oportuna y eficaz, es una tarea permanente y a la cual debe de aplicarse el mayor de los esfuerzos.

Sobre todo en una sociedad como la mexicana que reclama y exige instituciones de justicia sólidas y eficientes, que den certidumbre y confianza a todos los individuos.

Ciertamente la problemática que aqueja a la impartición de la justicia no resulta tarea sencilla de resolver, dada la complejidad que ello reviste, en donde no bastan las solas declaraciones formales contenidas en los ordenamientos legales, sino la conjunción de elementos económicos, políticos, sociales y culturales, que las hagan viables.

En este propósito de lograr una mejor impartición de justicia en México, se ha reformado el ordenamiento penal para castigar con mayor severidad y perseguir con mayor eficacia el crimen organizado; reorganizado el Poder Judicial Federal, en especial la Suprema Corte de Justicia, para que de manera especial asuma la delicada tarea de dirimir las controversias constitucionales; creado un Consejo de la Judicatura que permite hacer una realidad la carrera judicial; consagrado nuevas acciones, reglas y principios para la observancia y defensa de la Ley Fundamental, en la que destaca la acción de inconstitucionalidad; expedido una nueva Ley de Defensoría Pública, que brinde a las personas más desprotegidas el respeto a sus garantías consagradas en el ordenamiento constitucional, por señalar sólo algunos ejemplos.

Sin embargo, en esta materia quedan aún tareas que reclaman pronta solución, entre las que destaca la lentitud y el rezago en la impartición de la justicia, cuestión que hoy ocupa nuestra atención y que propongo subsanar mediante la iniciativa que hoy presento a la consideración de esta honorable asamblea. El propósito fundamental de la misma estriba en reformar la integración de los actuales tribunales unitarios de circuito para convertirlos en tribunales colegiados, con las responsabilidades y competencias que ahora tienen, pero con el enriquecimiento y apoyo que traería aparejada la presencia de un mayor número de magistrados. Fundan la presente iniciativa las siguientes consideraciones jurídicas que se presentan a continuación.

De la evolución en la organización del Poder Judicial Federal y la creación de los Tribunales Colegiados de Circuito.

Entre los mecanismos para lograr una más oportuna y dinámica impartición de justicia en México, destacan las diversas reformas al Poder Judicial a lo largo del presente siglo, tratando de alcanzar tal idea, en el que sobresale la modificación a la organización, integración y competencia de los tribunales federales que lo conforman, para así evitar el rezago que siempre ha existido en esta materia y que tanto preocupa y sufre la sociedad; sin embargo, cuáles han sido las particularidades que se han presentado en esta evolución en la impartición de la justicia y del porqué de la iniciativa que hoy presentamos.

La creación de los Tribunales Colegiados de Circuito en México se inspiró, como han señalado importantes tratadistas, aun cuando no se dijera de manera expresa en la correspondiente exposición de motivos, en la reforma de la organización judicial de los Estados Unidos de 1891, a través de la cual se introdujeron tribunales de circuito de apelación, precisamente para auxiliar a la Corte Suprema Federal del gran número de asuntos que impedían su debida atención y su debido funcionamiento.

Fue durante el gobierno del presidente Miguel Alemán, con la reforma constitucional y legal que entró en vigor en el mes de mayo de 1951, cuando se establecieron nuevos órganos de la justicia federal, al lado de los tradicionales Tribunales Unitarios de Circuito. Los nuevos órganos creados fueron los Tribunales Colegiados de Circuito, integrados por tres magistrados, con la función específica de auxiliar a la Suprema Corte de Justicia, desahogando todos aquellos expedientes que contuvieran recursos de apelación, aunque no quedaban exentos del conocimiento de los juicios de amparo, tanto de una sola instancia como de doble grado, en aquellos aspectos que se consideraran de menor importancia; desde luego este hecho, además de contribuir a aligerar la pesada carga de trabajo que abrumaba a nuestro máximo tribunal de justicia, comenzó el proceso irreversible para que la Suprema Corte de Justicia se abocara a resolver de manera particular las controversias constitucionales, claro está que tuvieron que pasar aún varias décadas para que este fenómeno se consolidara.

También en ese año (1951) se aumentó el número de los ministros de la Suprema Corte con cinco supernumerarios, con doble función de sustituir a los numerarios e integrar una sala auxiliar con la competencia que le encomendara el Tribunal en pleno.

Desde entonces, a nuestro juicio, la evolución y desarrollo que se observa entre la Suprema Corte de Justicia y los Tribunales Colegiados y los Juzgados de Distrito en relación a los Tribunales Unitarios no ha sido equilibrado, pues como veremos a continuación, mientras las reformas realizadas al Poder Judicial de la Federación se han ocupado en consolidar a nuestro máximo tribunal, como verdadero tribunal constitucional, fortalecer su integración y competencia así como incrementar el número de Tribunales Colegiados y Juzgados de Distrito, se ha desdeñado la composición de los Tribunales Unitarios, lo cual resulta incongruente con la reforma integral de justicia que queremos para el país.

En efecto, no puede comprenderse el cabal desarrollo de la impartición de la justicia en México, si omitimos atender la condición que guardan los Tribunales Unitarios de Circuito del país y su necesidad de transformarlos en Tribunales Colegiados, conservando las atribuciones y responsabilidades que hasta ahora tienen encomendadas, pero dando el primer paso con el enriquecimiento que significaría su actuación como cuerpo colegiado.

Los Tribunales Colegiados como medio para agilizar la impartición de justicia.

Como es sabido, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su integración y competencia original, se le confirió al Pleno de la misma, con sus once ministros que entonces la integraban, la única instancia para resolver los juicios de amparo promovidos contra sentencias definitivas en materia civil y penal, pero en segunda instancia, a través del llamado recurso de revisión, de los juicios de amparo iniciados ante los jueces de distrito contra actos de autoridad distinta de la judicial o de actos de ésta efectuados fuera de juicio, después de concluidos o de actos en juicio cuya ejecución fuera de imposible reparación o afectara a personas extrañas al juicio.

Los primeros diez años de funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia, como era de esperarse, culminó con la reforma constitucional de 1928, que dividió al más alto tribunal en tres salas especializadas para el conocimiento del juicio de amparo, con lo cual se reconoció el predominio de la función de casación que tenía encomendada. Sin embargo, es de destacar que un gran porcentaje de los procesos de amparo planteados ante la propia Suprema Corte se refería a la impugnación de las resoluciones judiciales, por aplicación de preceptos legislativos de carácter ordinario.

Esta tendencia hacia la especialización de la Suprema Corte en salas, iniciada en 1928, se continuó en la reforma del propio artículo 94 de la carta federal promulgada el 15 de diciembre de 1934, a través de la cual se elevó el número de ministros a veintiuno, funcionando en Pleno o en cuatro salas de cinco magistrados cada una. El objeto de esta reforma fue el establecimiento de una sala para conocer de los juicios de amparo en materia laboral, que anteriormente correspondían a la Segunda Sala, administrativa, del propio alto tribunal, por considerarse que las resoluciones de las Juntas de Conciliación y Arbitraje eran actos administrativos en sentido formal.

Las subsecuentes reformas, muy numerosas, a la legislación de amparo, tanto constitucional como reglamentaria, tuvieron como propósito esencial combatir el rezago de la Suprema Corte de Justicia en el conocimiento del juicio de amparo, si se toma en cuenta que las citadas modificaciones de 1928 y 1934 no fueron suficientes para aliviar la elevada carga de trabajo que afectaba gravemente el funcionamiento de los tribunales federales, pero en forma especial a la propia Suprema Corte, entre esas reformas destacan la previsión de los llamados ministros supernumerarios a los cuales hemos aludido anteriormente.

Se advierte, en cada reforma una natural tendencia de "constitucionalización" de la Suprema Corte de Justicia, consistente en que el control relativo a las cuestiones de legalidad se confirieran en su totalidad a los Tribunales Colegiados de Circuito, cuya presencia como también hemos acotado se remonta al gobierno alemanista.

La reforma constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre de 1994, concluye de manera importante la organización del Poder Judicial de la Federación. Dicha reorganización se traduce fundamentalmente en una nueva composición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyas facultades como tribunal constitucional se amplían y refuerzan, lo que no es sino un paso más en la evolución iniciada y llevada adelante por reformas anteriores, especialmente la de 1987, y en la creación del Consejo de la Judicatura Federal como órgano especializado de gobierno, administración y disciplina del Poder Judicial de la Federación.

De acuerdo con el nuevo párrafo segundo del artículo 94, la Suprema Corte vuelve a su composición original de once ministros y desaparece la figura de los ministros supernumerarios.

Esta nueva integración parece necesaria y congruente desde el punto de vista de las funciones de la Corte como tribunal constitucional. Las reformas que habían ampliado sucesivamente el número de integrantes de la Suprema Corte y que, posteriormente, habían creado los Tribunales Colegiados tuvieron como propósito fundamental aliviar la carga de trabajo de la Corte y auxiliarla en la muy difícil tarea de ser la última instancia de revisión de todos los asuntos judiciales del país.

De la necesidad de transformar los Tribunales Unitarios en Colegiados de Circuito.

Resulta incuestionable el hecho de que la creación de los Tribunales Colegiados contribuyó a lograr una mejor impartición de justicia en México, al revisarse con mayor detenimiento cada uno de los asuntos planteados, lo que contribuyó de manera significativa a abatir el rezago de los asuntos encomendados a la Suprema Corte de Justicia; por lo anterior, creemos que es tiempo de reformar la integración de los Tribunales Unitarios de Circuito para transformarlos en cuerpos colegiados y así se pueda lograr una justicia más oportuna y eficaz.

Con la presente iniciativa, se pretende impulsar y fortalecer la impartición de justicia del país, apoyados en la experiencia positiva que resultó la creación de los Tribunales Colegiados de Circuito, por lo que es tiempo de que los Tribunales Unitarios se vean beneficiados con la presencia de mayor número de magistrados, profesionales y honorables, que con mayor cuidado y detenimiento puedan analizar y resolver cada uno de los expedientes asignados, y con ello también aminorar el lamentable rezago que estos Tribunales padecen.

De transformarse los Tribunales Unitarios en Colegiados, se daría un paso importante y definitivo en hacer la justicia mexicana más ágil y expedita.

En efecto, un primer aspecto en el que se avanzaría fundamentalmente, sería en abatir el rezago judicial, ya que en los hechos se triplicaría el número de magistrados que conocerían de asuntos sin necesidad de aumentar sensiblemente ni la infraestructura administrativa ni la creación de nuevos tribunales.

Otro aspecto no menos trascendente, es el de la imparcialidad del juzgador. En efecto, al colegiarse la decisión de las resoluciones de los tribunales, se quitaría mucha de la presión que actualmente se ejerce en asuntos de gran importancia nacional, penal y administrativa, en contra de una sola persona. Al establecerse ahora, Tribunales Colegiados para todas las resoluciones, esta circunstancia se reduciría notablemente y se ganaría mucho en cuanto a la imparcialidad e independencia del Poder Judicial, dos temas profundamente vinculados con una mejor justicia en México.

Desde luego, esta reforma constitucional en caso de ser aprobada, requerirá en su momento adecuaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Amparo respectivamente.

Por lo anteriormente expuesto, por el digno conducto de ustedes ciudadanos secretarios, me permito someter a la consideración del poder revisor de la Constitución, la presente iniciativa de reforma constitucional para quedar como sigue:

Art. 94.- Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, en un Tribunal Electoral, en Tribunales Colegiados y Juzgados de Distrito.

...

El Consejo de la Judicatura Federal determinará el número, división de circuitos, competencia territorial y, en su caso, especialización por materia, de los Tribunales Colegiados y Juzgados de Distrito.

...

Art. 105.- .............

III. De oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal Colegiado de Circuito o del Procurador General de la República, podrá conocer de los recursos de apelación en contra de sentencias de jueces de Distrito dictadas en aquellos procesos en que la Federación sea parte y que por su interés y trascendencia así lo ameriten. ...

Art. 107.- ...

VIII. Contra las sentencias que pronuncien en amparo los jueces de Distrito o los Tribunales Colegiados de Circuito procede revisión. De ella conocerá la Suprema Corte de Justicia. ... XI. La suspensión se pedirá ante la autoridad responsable cuando se trate de amparos directos promovidos ante los Tribunales Colegiados de Circuito y la propia autoridad responsable decidirá al respecto. En todo caso, el agraviado deberá presentar la demanda de amparo ante la propia autoridad responsable, acompañando copias de la demanda para las demás partes en el juicio, incluyendo al Ministerio Público y una para el expediente. En los demás casos, conocerán y resolverán sobre la suspensión los Juzgados de Distrito o los Tribunales Colegiados de Distrito.

XII...

Si el juez de Distrito o el Tribunal Colegiado de Circuito no residieren en el mismo lugar en que reside la autoridad responsable, la ley determinará el juez o tribunal ante el que se ha de presentar el escrito de amparo, el que podrá suspender provisionalmente el acto reclamado, en los casos y términos que la misma ley establezca.

XIII...

Palacio Legislativo, a 16 de octubre de 2002.

Dip. Amador Rodríguez Lozano
 
 
 

CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTICULO 198 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, PRESENTADA POR LA SENADORA GLORIA LAVARA MEJIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM

Me permito informar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Gloria Lavara Mejía, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 198 de la Ley Federal de Derechos.

La Presidencia dispuso que dicha iniciativa se remitiera a la Cámara de Diputados, misma que se anexa.

Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

México, DF, a 15 de octubre de 2002.

Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica)
Vicepresidente en Funciones
 

Iniciativa de reformas a la Ley Federal de Derechos para el ajuste de cobro de derechos en áreas naturales protegidas, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Gloria Lavara Mejía, Jorge Emilio González Martínez, Sara Isabel Castellanos Cortés, Emilia Patricia Gómez Bravo y Verónica Velasco Rodríguez, senadores de la LVIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72 y 73, fracción XXIX ,de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos se turne a la Cámara de Diputados, para su dictamen y posterior discusión en la LVIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa de ley:

Exposición de Motivos

México es un país que por su ubicación geográfica, su orografía y su clima, es hogar de un importante número de especies de flora y fauna. Estas especies representan aproximadamente el 10% del total mundial, por ello es que nuestro país es denominado como "megadiverso".

México "ocupa el primer lugar en riqueza de reptiles, el segundo en mamíferos, el cuarto en anfibios y plantas vasculares, y el décimo en aves". Más aún, contamos con un alto porcentaje de especies endémicas. Se calcula que el 30% de las especies de vertebrados y el 63% de las especies de flora también son endémicos.

La diversidad biológica del país, conforma nuestro capital ecológico. Éste, nos proporciona toda una gama de bienes y servicios ambientales entre los que se incluyen: "el resguardo del patrimonio genético, la absorción de gases de efecto invernadero, la regulación climática, el mantenimiento de recursos hídricos, la conservación de suelos, la preservación del valor paisajístico, la producción de recursos forestales maderables y no maderables, el avance del conocimiento científico y la estructuración de hábitats para miles de especies que representan millones de años de evolución".

No obstante lo anterior, actividades humanas como "la ganadería extensiva, la intensificación agrícola, la agricultura itinerante de subsistencia, el crecimiento urbano desorganizado, y en general, la aplicación de modelos tecnológicos inadecuados para la diversidad natural del país", continúan ocasionando el deterioro e incluso la pérdida de áreas significativas de los ecosistemas del país, poniendo en serio peligro la rica diversidad biológica que poseemos.

Sin lugar a duda, la protección y conservación de áreas representativas de todos los ecosistemas que existen en nuestro país debe ser uno de los pilares de la política ambiental de la presente administración. Sin embargo, este tipo de áreas se encuentran amenazadas por la carencia de recursos financieros que puedan ser destinados para su manejo y operación. Por ello, los legisladores del Partido Verde Ecologista de México consideramos necesario que se ajusten las cuotas que se cobran como pago de derechos para el ingreso a estas áreas de acuerdo a las características particulares de cada una de ellas, con el fin de que los fondos que se recauden sean utilizados para su preservación.

Esta necesidad de ajustar la cuotas que se cobran como derecho al ingreso a la áreas naturales protegidas, atiende a diversas razones, tanto históricas como actuales, mismas que a continuación se precisarán.

Los primeros esfuerzos de conservación en México datan del siglo XIX, pero se debe mencionar que éstos fueron aislados y poco efectivos puesto que en muy contadas ocasiones pudieron llevarse a cabo con éxito.

Conforme fue avanzando el conocimiento del papel que desempeña la diversidad biológica en la ecósfera y se hizo patente que de su conservación depende la disponibilidad de los bienes y servicios ambientales a los que ya me he referido, así como también la subsistencia de los mexicanos. Surgió la necesidad de aplicar políticas eficaces y eficientes de conservación que eviten y reviertan el deterioro de nuestros valiosos recursos naturales.

En este sentido, fue creado un instrumento de política ambiental que por una parte, permite una mayor definición jurídica para proteger y conservar nuestra diversidad biológica, y por la otra, especifica los criterios para su categorización. Me refiero compañeros, a la figura de las Areas Naturales Protegidas.

Las Areas Naturales Protegidas son definidas como aquellas zonas del territorio nacional y aquellas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, en donde los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano o que requieren ser preservadas y restauradas.

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, clasifica a las áreas naturales en 6 categorías, mismas que están sujetas a regímenes especiales de protección, conservación, restauración y desarrollo. A este respecto, cabe señalar que actualmente existen en México 31 reservas de la biosfera, 4 monumentos naturales, 66 parques nacionales, 1 área de protección de los recursos naturales, 23 áreas de protección de flora y fauna y otras 4 áreas de protección, sumando un total de 129 áreas naturales protegidas.

Para el establecimiento, instalación y operación de estas áreas se deben tomar en consideración los costos de oportunidad de usos alternativos del territorio y sus recursos; los costos de resarcimiento o compensación a limitaciones o cambios en los derechos de propiedad, control, uso y acceso; los costos de transacción y negociación en el establecimiento de áreas naturales protegidas y en su desarrollo institucional; los costos de manejo, la administración y vigilancia; y los costos derivados del largo periodo de maduración de los proyectos de utilización sostenible de los recursos de las áreas naturales protegidas.

Los costos de instalación y operación dependen del área natural de que se trate, pero por lo general, suelen ser muy elevados y desafortunadamente la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas (CONANP), no cuenta con los recursos financieros suficientes para sufragarlos. En su informe II Aniversario, Perspectivas y Logros, indica que para el ejercicio presupuestal de 2002, se asignaron 220 millones de pesos, mismos que son insuficientes, por lo que a través del apoyo de Semarnat y otros grupos intentarán alcanzar la suma de 400 millones de pesos.

En el pasado, se exploraron y concretaron formas de financiamiento alterno. En este sentido, se consiguió el apoyo de organismos y organizaciones no gubernamentales internacionales y nacionales, entre los que destacan: el Fondo para el Medio Ambiente Mundial del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (GEF), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Nature Conservancy y el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza. Más aún, recientemente el GEF y el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza firmaron un convenio mediante el cual ambas organizaciones asignaron un total de 31.1 millones de dólares para fondos patrimoniales de 12 reservas y actividades de fortalecimiento y sinergia institucional.

Su apoyo ha sido tan valioso que en un estudio realizado por Semarnat se encontró que las áreas respaldadas por el GEF, obtienen mejores resultados, puesto que con este sustento, pueden acceder a personal, equipo, sistemas de gestión más estructurados e infraestructura por arriba del mínimo requerido para el manejo de dicha área.

Como se puede apreciar, estos recursos sirven de complemento a los ya aportados por el Gobierno Federal. Además, no son aplicados a todas las áreas naturales protegidas que posee nuestro país, por lo que la realidad nos sigue demostrado que la carencia, o bien, la ausencia de recursos financieros, es hoy por hoy, uno de los principales problemas para poder manejarlas adecuada y eficientemente.

En la búsqueda de una solución, se han explorado diferentes alternativas. Como resultado, se hicieron modificaciones legales que permiten descentralizar el manejo de ciertas áreas naturales como los Parques Nacionales y su administración a los gobiernos de los estados y municipios, así como a aquellas organizaciones que se comprometen a proteger, conservar y difundir el importante papel que éstas desempeñan.

Otro importante logro en la búsqueda de financiamiento fue la reforma legal que permitió modificar el artículo 189 de la Ley Federal de Derechos, a fin de poder realizar el cobro de derechos por el uso, goce o aprovechamiento de los elementos naturales marinos de dominio público existentes dentro de las áreas naturales protegidas, cabe mencionar que su aplicación se hizo efectiva a partir de este año.

El artículo 198 de la Ley Federal de Derechos también aplica a las actividades recreativas o turísticas, de buceo libre o autónomo, esquí acuático y recorridos en embarcaciones motorizadas y no motorizadas. El cobro es de $20.00 pesos por persona.

Tanto los titulares de registros, autorizaciones, permisos o concesiones para la prestación de servicios náutico recreativos o acuático recreativos, o bien la persona interesada, según sea el caso, están obligados a realizar dicho pago.

Los ingresos por concepto del cobro de derechos a los que se refiere el artículo antes mencionado, serán destinados a la vigilancia, conservación y aprovechamiento de las áreas naturales protegidas. Para ello, la Tesorería de la Federación deberá reintegrar los montos obtenidos a sus respectivas áreas en el lapso de un mes.

De acuerdo a estimaciones de CONANP, toda vez que se alcancen altos niveles de eficiencia en la reintegración del cobro a las áreas naturales, éste podrá aportar hasta 30 millones de pesos anuales, que podrá duplicarse si se incluyen las áreas terrestres, que hasta ahora se encuentran fuera del esquema de aplicación del cobro de derechos.

A pesar de estos logros, compañeros, quiero llamar a su atención algunos problemas que se han detectado en la asignación del monto del pago de derechos, ya que éste es uniforme, es decir, lo mismo aplica para la región del Caribe mexicano, que para la región del Mar de Cortés.

El problema radica en que no se tomó en cuenta que cada zona tiene sus particularidades y su tipo específico de visitantes; tampoco se pensó en que la demanda de unas es mayor a la de otras. Por ejemplo, de acuerdo con datos de la Secretaría de Turismo, el Caribe Mexicano cuenta con la mayor demanda turística nacional e internacional. Lo que hace más factible que sus áreas naturales reciban un mayor número de visitantes, contribuyendo significativamente a su eficiente manejo y operación, sin embargo, ¿qué hay de aquellas áreas que no tienen tanta demanda, como por ejemplo las Bahías de Huatulco?

Por otra parte, parece que tampoco se tomó en cuenta que, la afluencia turística se da sólo en ciertas temporadas del año, lo que hace que la tarifa quede lejos de ser la óptima.

En algunos países de Europa, la visita a áreas naturales se cobra dependiendo de la temporada, lo que hace que el pago por visita durante la temporada alta compense la "pérdida" de entradas en la temporada baja.

El establecimiento de una cuota uniforme no corresponde con la realidad nacional, pues no hay que olvidar que el salario mínimo vigente no es el mismo para todo el país, por lo que el poder adquisitivo de una persona en la región norte difiere del de una que vive en el Golfo o bien en el Pacífico Sur.

Esto es así, en virtud de que sin importar la cercanía al área natural, el hecho, es que visitarlas es más costoso para unos que para otros, situación que en la mayoría de los casos atiende al nivel económico de la zona.

También debemos mencionar que esta cuota no es democrática. Es decir, no resulta atractiva para los que invierten más tiempo en el viaje que para aquellos que se encuentran relativamente cerca. Esto es, porque después de haber incurrido en un gasto mayor al realizar un viaje más largo, el pago por el derecho de goce o aprovechamiento parece menor (al menos sicológicamente). Mientras que para el turista local puede resultar poco atractivo e incluso caro.

Sobre este último punto, valdría la pena analizar ejemplos de otros países en los que las personas de la tercera edad, con discapacidad o nacidas en el lugar reciben un descuento o un obsequio simbólico por su visita. Ello representa un incentivo para futuras visitas e incluso una buena técnica de mercadotecnia para atraer más turistas.

En atención a los razonamientos que han sido precisados consideramos pertinente analizar la conveniencia del pago de derechos por la cantidad de 20.00 pesos, que de manera homogénea se cobra en todas las áreas naturales protegidas que contempla el artículo 198 de la Ley Federal de Derechos. Es por ello que proponemos que sean los propios administradores de dichas áreas quienes con base en estudios de valuación económica y social, determinen el monto a cobrar por el derecho de goce o aprovechamiento, dentro de un rango preestablecido en la propia Ley Federal de Derechos.

Si la población y las autoridades competentes adquieren conciencia de la gran responsabilidad que tenemos los mexicanos de cuidar y conservar la riqueza biológica privilegiada con que contamos, y si reflexionamos sobre la importancia que ésta tiene en términos de capital natural, es muy probable que asuman la responsabilidad de financiar su conservación y manejo. Sólo así se podría abatir los costos que su establecimiento y conservación implica.

Por todo lo anterior, sometemos a esta Cámara de Senadores de la LVIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa de:

Decreto mediante el cual se reforma el artículo 198 de la Ley Federal de Derechos.

Artículo Unico.- Se reforma el artículo 198 de la Ley Federal de Derechos, para quedar como sigue:

Ley Federal de Derechos

Título Octavo
De las Infracciones y Sanciones

Capítulo Unico

198.- Por el uso, goce o aprovechamiento de los elementos naturales marinos de dominio público existentes dentro de las áreas naturales protegidas competencia de la Federación, en actividades recreativas o turísticas de buceo autónomo, buceo libre, esquí acuático, recorridos en embarcaciones motorizadas o no motorizadas, se pagaran derechos por persona, por día conforme a una cuota de 20 a 120 pesos dependiendo del área natural que se visite.

Transitorios

Unico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la sede de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 15 días del mes de Octubre de 2002.

Senadoras: Sara Isabel Castellanos Cortés, Emilia Patricia Gómez Bravo, Gloria Lavara Mejía (rúbricas).
 
 
 

CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, PRESENTADA POR EL SENADOR FERNANDO GOMEZ ESPARZA

Me permito informar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Fernando Gómez Esparza, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

La Presidencia dispuso que dicha iniciativa se remitiera a la Cámara de Diputados, misma que se anexa.

Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

México, DF, a 15 de octubre de 2002.

Sen. Carlos Chaurand Arzate
Vicepresidente en Funciones (rúbrica)
 

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley del Impuesto sobre la Renta

El que suscribe, Sen. Fernando Gómez Esparza, en ejercicio de las facultades que me confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de la H. Cámara de Senadores, por el digno conducto de ustedes, la siguiente iniciativa de reforma a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Con el fin de clarificar la aplicación de las leyes fiscales y evitar las controversias sobre la determinación del subsidio acreditable para efectos de su deducción en el Impuesto sobre la Renta en los trabajadores al servicio de las Entidades Federativas y sus Municipios, se propone reformar el cuarto párrafo del artículo 114 de la Ley del Impuesto sobre la Renta con el fin de establecer con precisión que los trabajadores de los Estados y sus Municipios tendrán el mismo tratamiento fiscal para efectos del cálculo del porcentaje del subsidio acreditable del Impuesto sobre la Renta causado en donde se exime de considerarse en dicho cálculo las cuotas o aportaciones realizadas al Instituto Mexicano del Seguro Social, las aportaciones efectuadas por el patrón al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado y al Sistema de Ahorro para el Retiro, dejando excluidos de este beneficio las cuotas o aportaciones efectuadas a los Institutos u Organismos de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de las Entidades Federativas y sus Municipios, con lo que conforme el texto actual de la Ley existe controversia sobre la limitación de la aplicación de ese beneficio al no considerar como parte de la porción del subsidio acreditable las cuotas o aportaciones de seguridad social, pues parecería que el beneficio es solamente para los trabajadores al servicio de la Federación y de los trabajadores en general y no así para los trabajadores al servicio de las Entidades Federativas y sus Municipios.

La anterior propuesta se realiza con el fin de resarcir una omisión realizada en el párrafo cuarto del Artículo 114, en donde no se especificó que las aportaciones patronales de seguridad social, las aportaciones a las cuentas de ahorro individual de cada trabajador que cubren los tres niveles Estatales de Gobierno en cuanto a sus Gobiernos Estatales, sus Administraciones Municipales y los Poderes Legislativo y Judicial a cada uno de los servidores públicos, como se encuentra el texto actual de la Ley, no gozan del mismo tratamiento fiscal para efectos del cálculo del subsidio acreditable, que los trabajadores de la iniciativa privada ni de los trabajadores de la Federación.

Para dar un ejemplo, en el Gobierno del Estado de Aguascalientes, sin poder considerar el monto de las aportaciones de Seguridad Social realizadas al ISSSSPEA (Instituto de Seguridad y Servicio Social para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes) el subsidio acreditable contra el Impuesto sobre la Renta causado sería de 53.03%, mientras que al considerar el beneficio de separar estar aportaciones, el porcentaje del subsidio acreditable contra el ISR sería del 88.06%, lo que significaría un considerable ahorro en el ISR para todos los trabajadores de cualquier nivel salarial.

Para lograr tales propósitos se somete a la elevada consideración del Poder Legislativo de la Unión la siguiente

Iniciativa

Dice:

Artículo 114. Los contribuyentes a que se refiere este Capítulo gozarán de un subsidio contra el impuesto que resulte a su cargo en los términos del artículo anterior.

...

Para determinar el monto del subsidio acreditable contra el impuesto que se deriva de los ingresos por los conceptos a que se refiere este Capítulo, se tomará el subsidio que resulte conforme a la tabla, disminuido con el monto que se obtenga de multiplicar dicho subsidio por el doble de la diferencia que exista entre la unidad y la proporción que determinen las personas que hagan los pagos por dichos conceptos. La proporción mencionada se calculará para todos los trabajadores del empleador, dividiendo el monto total de los pagos efectuados en el ejercicio inmediato anterior que sirva de base para determinar el impuesto en los términos de este Capítulo, entre el monto que se obtenga de restar al total de las erogaciones efectuadas en el mismo por cualquier concepto relacionado con la prestación de servicios personales subordinados, incluyendo, entre otras, a las inversiones y gastos efectuados en relación con previsión social, servicios de comedor, comida y transporte proporcionados a los trabajadores, aun cuando no sean deducibles para el empleador, ni el trabajador esté sujeto al pago del impuesto por el ingreso derivado de las mismas, sin incluir los útiles, instrumentos y materiales necesarios para la ejecución del trabajo a que se refiere la Ley Federal del Trabajo, las cuotas patronales pagadas al Instituto Mexicano del Seguro Social y las aportaciones efectuadas por el patrón al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado y al Sistema de Ahorro para el Retiro. Cuando la proporción determinada sea inferior al 50% no se tendrá derecho al subsidio.

Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 114 de la Ley del Impuesto sobre la Renta

Artículo Unico. Se reforma el cuarto párrafo del artículo 114 de la Ley del Impuesto sobre la Renta para quedar como sigue:

Artículo 114. Los contribuyentes a que se refiere este Capítulo gozarán de un subsidio contra el impuesto que resulte a su cargo en los términos del artículo anterior.

...

Para determinar el monto del subsidio acreditable contra el impuesto que se deriva de los ingresos por los conceptos a que se refiere este Capítulo, se tomará el subsidio que resulte conforme a la tabla, disminuido con el monto que se obtenga de multiplicar dicho subsidio por el doble de la diferencia que exista entre la unidad y la proporción que determinen las personas que hagan los pagos por dichos conceptos. La proporción mencionada se calculará para todos los trabajadores del empleador, dividiendo el monto total de los pagos efectuados en el ejercicio inmediato anterior que sirva de base para determinar el impuesto en los términos de este Capítulo, entre el monto que se obtenga de restar al total de las erogaciones efectuadas en el mismo por cualquier concepto relacionado con la prestación de servicios personales subordinados, incluyendo, entre otras, a las inversiones y gastos efectuados en relación con previsión social, servicios de comedor, comida y transporte proporcionados a los trabajadores, aun cuando no sean deducibles para el empleador, ni el trabajador esté sujeto al pago del impuesto por el ingreso derivado de las mismas, sin incluir los útiles, instrumentos y materiales necesarios para la ejecución del trabajo a que se refiere la Ley Federal del Trabajo, las cuotas patronales pagadas al Instituto Mexicano del Seguro Social y las aportaciones efectuadas por el patrón al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado o a los Institutos u Organismos responsables de los Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de las Entidades Federativas y sus Municipios y al Sistema de Ahorro para el Retiro. Cuando la proporción determinada sea inferior al 50% no se tendrá derecho al subsidio.

Senadores: Mariano González Zarur, Joaquín Cisneros Fernández, José Carlos Cota Osuna, Roberto Pérez de Alva Blanco, José Ernesto Gil Elorduy, Lauro Díaz Castro, Adrián Alanís Quiñones, Héctor Michel Camarena, Francisco Bojórquez Mungaray, Yolanda Eugenia González Hernández, Martha Sofía Tamayo Morales, Addy Cecilia Joaquín Coldwell, María Lucero Saldaña Pérez, Oscar Luebbert Gutiérrez, Noemí Zoila Guzmán Lagunes, Emilio Gamboa Patrón (rúbricas).
 
 

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Dictámenes

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DE LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA, DE LA PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO A FIN DE QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS SE DESTINE UNA PARTIDA PRESUPUESTAL AL INEGI PARA REALIZAR EL CENSO AGROPECUARIO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO HERIBERTO HUICOCHEA VAZQUEZ, EN NOMBRE DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DEL PRI, PRD Y PT

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Agricultura y Ganadería, le fue turnada para su estudio y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo presentada por el Diputado Heriberto Huicochea Vázquez a nombre de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional, Revolución Democrática y del Trabajo, el 15 de diciembre de 2001, proposición que pretende que en el Presupuesto de Egresos se destine una partida presupuestal al Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, para que realice el censo agropecuario mismo que debió haberse realizado el año próximo pasado.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numeral 6 inciso f de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 65, 66, 85, 87, y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a esta Comisión de Agricultura y Ganadería, corresponde dictaminar la proposición en comento, por lo que se somete a la consideración de esta H. Asamblea el presente dictamen, a partir de los siguientes:

Antecedentes

El 15 de diciembre de 2001, el Diputado anteriormente referido, presenta la Proposición con Punto de Acuerdo para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación se asigne una partida presupuestal especial al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática para que se efectúe el censo agropecuario en el año 2002.

En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turna dicha proposición para su estudio y dictamen a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

Con base en los antecedentes mencionados, los integrantes de esta Comisión, formulamos las siguientes:

Consideraciones

Que el censo agropecuario se ha realizado cada diez años desde 1930 con la única excepción de 1980, en la que el proceso fue fallido y no cubrió los requisitos técnicos. La ausencia de éste generó un período de veinte años sin información agropecuaria, con un déficit de graves consecuencias, ya que el último que se realizó fue en 1991.

Que después de este último censo, han ocurrido importantes transformaciones de carácter económico y social que requieren de mediciones estadísticas, entre ellas destacan: la firma de los compromisos comerciales del Tratado de Libre Comercio de América del Norte; modificaciones en el mercado y el uso del suelo; y un rápido incremento de la pobreza rural.

La inminente entrada en vigor de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable implicará, entre otros aspectos sobresalientes, la especialización en la planeación del sector y del uso y difusión de la información estadística agropecuaria, por lo que el censo constituye una necesidad ineludible y un punto de partida seguro para el arranque de la nueva etapa del desarrollo social y productivo del medio rural.

Que el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2002, no consideró recursos para que el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática realice este censo, pese a que se solicitaron por esta Comisión de Agricultura y Ganadería, y tomando en cuenta que sus techos financieros tienen escasos márgenes de holgura, se plantea que deberá ser una prioridad que para el 2003 se destinen los recursos necesarios al Instituto antes citado para que realice durante el próximo año el censo agropecuario que se requiere en forma urgente.

Que el dictamen del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2003, será elaborado por la Comisión de Presupuesto y Crédito Público de esta H. Cámara de Diputados, en tal virtud es indispensable que esa instancia legislativa tome en consideración el resolutivo del presente dictamen.

Por las consideraciones anteriormente los integrantes de la Comisión de Agricultura y Ganadería sometemos a la consideración del Pleno el siguiente:

Dictamen

Unico: Que en el Proyecto de Dictamen de Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2003, que se apruebe por esta H. Cámara de Diputados se dote de recursos suficientes para que el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, realice el censo agropecuario durante el transcurso de dicho año, con el objeto de contar con la información básica que sirva para la toma de decisiones en beneficio del desarrollo del campo de México.

Diputados: Jaime Rodríguez López (rúbrica), Presidente; Miguel Ortiz Jonguitud (rúbrica), J. Jesús Dueñas Llerenas, Mario Cruz Andrade (rúbrica), secretario; Ramón Ponce Contreras, secretario; Oscar Alvarado Cook (rúbrica), José María Anaya Ochoa, Francisco Arano Montero, Feliciano Calzada Padrón (rúbrica), Francisco Castro González (rúbrica), Miguel Castro Sánchez, Arturo B. de la Garza Tijerina (rúbrica), José Rodolfo Escudero Barrera (rúbrica), Francisco Esparza Hernández, Francisco Javier Flores Chávez, José Luis González Aguilera, Santiago Guerrero Gutiérrez (rúbrica), Arturo Herviz Reyes (rúbrica), José de Jesús Hurtado Torres, José Jaimes García (rúbrica), Silverio López Magallanes (rúbrica), Mandujano Ramírez, Martha Ofelia Meza Escalante (rúbrica), Martín Gerardo Morales Barragán, María del Rosario Oroz Ibarra (rúbrica), Francisco Javier Ortiz Esquivel, Juan Carlos Regis Adame (rúbrica), Jaime Tomás Ríos Bernal, José Roque Rodríguez López, Petra Santos Ortiz (rúbrica).
 
 

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Oficios

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DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION

México, DF, a 15 de octubre de 2002.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión
Presentes

Se recibió en esta Secretaría el oficio No. STPCE/761/2002, de fecha 11 del presente mes, signado por el Lic. Gerónimo Gutiérrez Femández, secretario técnico de Planeación, Comunicación y Enlace de la Secretaría de Economía, en el que solicita que por este conducto se le hagan llegar los resultados de los programas de esa Secretaría a que se refiere el artículo 63 del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2002.

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción XIV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con el presente les acompaño copia del oficio de referencia, así como los documentos que en el mismo se citan, para los fines procedentes.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente
El Subsecretario
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
 
 

México, DF, a 14 de octubre de 2002.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión
Presentes

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción XIV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo vigesimoquinto transitorio del decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre del año próximo pasado, con el presente acompaño copia simple del oficio No. 09 52 19 0500/1834, signado por el Dr. Santiago Levy Algazi, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el que solicita sea remitido a ese órgano legislativo el estudio sobre la suficiencia financiera de los seguros y coberturas que conforme a la Ley del Seguro Social administra el IMSS.

Por lo anterior, remito a ustedes los citados documentos para los fines legales procedentes.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente
El Subsecretario
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
 
 

México, DF, a 15 de octubre de 2002.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión
Presentes

Con fundamento en lo dispuesto por la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con el presente les acompaño copia del similar número DGEP/331/2002, de fecha 8 del actual, signado por la Lic. Ana Silvia Arrocha, directora general de Enlace Parlamentario de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; así como los anexos que en el mismo se citan, relativos al Informe Trimestral del Avance Físico-Financiero del Programa de Desarrollo Institucional Ambiental (PDIA), en cumplimiento de lo establecido por el artículo 63, fracción V, inciso a), del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2002.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente
El Subsecretario
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
 
 

México, DF, a 15 de octubre de 2002.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión
Presentes

Con fundamento en lo dispuesto por la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y en cumplimiento al artículo 79 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2002, con el presente les acompaño copia del similar número STPCE/801/2002, fechado el día de hoy, suscrito por el Lic. Gerónimo Gutiérrez Fernández, secretario técnico de Planeación, Comunicación y Enlace de la Secretaría de Economía; así como el Informe de Evaluación del Desempeño del Sector Economía correspondiente al periodo enero-septiembre de 2002.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente
El Subsecretario
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
 
 
 

DEL SENADO DE LA REPUBLICA

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados
Presentes

Me permito hacer de su conocimiento que, en sesión ordinaria celebrada en esta fecha, se aprobó dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, del cual se anexa copia, cuyo punto de acuerdo se transcribe a continuación:

"Unico.- Que, en virtud de los motivos y fundamentos expresados en el presente dictamen, se exhorte a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que, conforme a sus facultades constitucionales, considere dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación un aumento a la partida presupuestal asignada a la Embajada y consulados mexicanos en los Estados Unidos de América, considerando para tales efectos lo dispuesto por los artículos 2º, fracción XI, de la Ley del Servicio Exterior Mexicano y 20, 22 y 23 de la Ley Federal de Derechos." Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

México, DF, a 15 de octubre de 2002.

Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica)
Vicepresidente en Funciones
 
 
 

DEL C. RICARDO FRANCO GUZMAN

H. Congreso de la Unión

Ricardo Franco Guzmán, mexicano, licenciado en derecho, con domicilio para oír notificaciones y recibir toda clase de documentos en Paseo de las Palmas 1505, colonia Lomas de Chapultepec, delegación Miguel Hidalgo, código postal 11010, de esta ciudad, con todo respeto digo:

1. Soy mexicano por nacimiento, como lo acredito con la copia certificada que acompaño como anexo número 1.

2. En oficio de 2 de octubre de 2002, el señor Iván Christov, embajador de Bulgaria en México, tuvo a bien designarme asesor jurídico (abogado de confianza) de dicha representación diplomática, con carácter honorario y, por tanto, sin retribución económica, como lo acredito con la copia del oficio que acompaño como anexo número 2.

3. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 37-C), fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicito permiso de ese Congreso de la Unión para prestar voluntariamente mis servicios a la Embajada de Bulgaria en México como asesor jurídico (abogado de confianza).

México, DF, a 10 de octubre de 2002.

Protesto mi respeto
(Rúbrica.)
 
 
 

DEL C. ADRIAN FRANCO ZEVADA

H. Congreso de la Unión

Adrián Franco Zevada, mexicano, licenciado en derecho, con domicilio para oír notificaciones y recibir toda clase de documentos en Paseo de las Palmas 1505, colonia Lomas de Chapultepec, delegación Miguel Hidalgo, código postal 11010, de esta ciudad, con todo respeto digo:

1. Soy mexicano por nacimiento, como lo acredito con la copia certificada que acompaño como anexo número 1.

2. En oficio de 2 de octubre de 2002, el señor Iván Christov, embajador de Bulgaria en México, tuvo a bien designarme asesor jurídico (abogado de confianza) de dicha representación diplomática, con carácter honorario y, por tanto, sin retribución económica, como lo acredito con la copia del oficio que acompaño como anexo número 2.

3. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 37-C), fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicito permiso de ese Congreso de la Unión para prestar voluntariamente mis servicios a la Embajada de Bulgaria en México como asesor jurídico (abogado de confianza).

México, DF, a 10 de octubre de 2002.

Protesto mi respeto
(Rúbrica.)
 
 

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Actas

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DE LA COMISION DE SEGURIDAD SOCIAL, DE SU REUNION ORDINARIA REALIZADA EL MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2002

Acta de la sesión ordinaria de la Comisión de Seguridad Social, realizada el miércoles 11 de septiembre del año 2002 en el Salón E del restaurante Los Cristales, Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF

Cuando son las nueve horas con veinticinco minutos, el diputado Presidente, Cuauhtémoc Montero (PRD), anuncia que, de acuerdo con el registro de firmas, se encuentran presentes en esta sesión los diputados Montero Esquivel, Cuauhtémoc; Aguilar Solís, Samuel; López González, Francisco Javier; Rivera Cabello, José María; Arredondo García, Arcelia; Baduy Isaac, Rosa Elena; Chozas y Chozas, Olga Patricia; Esquivel Martínez, Hilario; García Farías, Rubén; García Fernández, María de las Nieves; González Guzmán, Rodolfo Gerardo; Infante González, Víctor Roberto; Mendieta Cuapio, Albino; Olvera Nieto, Felipe; Orozco Garza, Manuel Wistano; Orozco Martínez, Rafael; Paniagua Jiménez, Ramón; Quintanilla Rentería, José Manuel; Rosaldo Salazar, Pedro Miguel; Sada Pérez, Verónica; Sheffield Padilla, Francisco Ricardo; Soberanis González, José del Carmen; y Vital Ramírez, Benito.

Asimismo, informa de la incorporación del diputado Rafael Servín Maldonado -presente en este acto-, del grupo parlamentado del Partido de la Revolución Democrática, para cubrir la vacante que dejara el diputado Alejandro Gómez Olvera, lo que hace un total de veinticuatro diputados presentes de veintinueve posibles, por lo que hay quórum.

Acto seguido, solicita a la Secretaría se dé lectura al orden del día propuesto para esta sesión.

El diputado secretario José María Rivera Cabello (PAN) anuncia a la asamblea que para esta sesión se han propuesto:

Uno, registro de asistencia y declaración de quórum.

Dos, lectura y aprobación del orden del día.

Tres, lectura y aprobación -en su caso- del acta de la sesión anterior, correspondiente al veintisiete de junio del año en curso.

Cuatro, lectura y aprobación -en su caso- del informe de actividades de la Comisión de Seguridad Social correspondiente al periodo del primero de marzo al treinta y uno de agosto del presente año.

Cinco, informe sobre la celebración de la mesa redonda Sistemas de Pensiones en México: Situación Actual en las Universidades Públicas e Instituciones de Educación Superior.

Seis, anteproyecto de dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo ciento sesenta y cinco de la Ley del Seguro Social.

Siete, anteproyecto de opinión a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo ciento veintitrés constitucional en materia de licencia parental para los trabajadores varones con motivo del parto de su esposa.

Ocho, ratificación del proyecto de dictamen en sentido negativo a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.

Nueve, convocatoria al doctor Santiago Levy Algazi, director del Instituto Mexicano del Seguro Social, para presentarse en la reunión extraordinaria de la Comisión de Seguridad Social en la segunda quincena de septiembre, para profundizar en el análisis de la situación financiera y los retos del Instituto.

Diez, convocatoria al licenciado Benjamín González Roaro para presentarse en reunión ordinaria de la Comisión de Seguridad Social correspondiente al mes de octubre, el día dos del mismo.

Once, asuntos generales; y

Doce, clausura de la reunión.

El diputado Presidente, Cuauhtémoc Montero (PRD), somete a consideración el orden del día propuesto. Aprobado.

En el siguiente punto del orden aprobado, el diputado Presidente, Cuauhtémoc Montero (PRD), somete a consideración de los presentes si se aprueba o no el acta de la sesión anterior, correspondiente al veintisiete de junio del año en curso, toda vez que ya fue remitida a los diputados integrantes de la Comisión con anterioridad. Aprobado.

Continuando con el orden, el diputado Presidente, Cuauhtémoc Montero (PRD), informa que se envió para su análisis y consideración el informe de actividades de la Comisión de Seguridad Social correspondiente al periodo del primero de marzo al treinta y uno de agosto, por lo que solicita que en este acto se hagan las observaciones respectivas o, en su defecto, se proceda a votarlo, por lo que -al no haber comentario alguno-, procede a solicitar el voto de los presentes. Aprobado.

Por cuanto al siguiente punto de asuntos por tratar, el diputado Presidente, Cuauhtémoc Montero (PRD), informa someramente sobre la celebración de la mesa redonda Sistemas de Pensiones en México: Situación Actual en las Universidades Públicas e Instituciones de Educación Superior, celebrada en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el 6 de septiembre pasado, en que participaron los directores generales de los institutos Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el vicepresidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, rectores de tres universidades, secretarios de finanzas de las universidades de todo el país y un número superior a veinte de secretarios generales de sindicatos de estas instituciones.

El diputado secretario José María Rivera (PAN) comenta que la razón que originó esta mesa redonda es la disparidad de formas en que se financian los diversos sistemas de pensiones en las universidades e instituciones de educación superior, ya que algunas tienen un esquema propio, otras acuden a instituciones como el IMSS o el ISSSTE, pero todas enfrentan el problema de tener a un grupo cada vez más numeroso de pensionados y jubilados con derecho a prestaciones importantes, sin que hayan resuelto el problema de la obtención de los fondos.

Agrega que la intervención de la Comisión se da en el marco del auspicio de eventos para la discusión, el análisis y la propuesta, sin perder de vista la partida presupuestal aprobada por esta Cámara en el Presupuesto de Egresos de la Federación para atender los problemas de desequilibrio de las universidades e instituciones de educación superior.

El diputado Presidente, Cuauhtémoc Montero (PRD), expresa que el diputado Ramón Paniagua también participó en este evento, conduciendo una de las mesas, por lo que lo invita a compartir la experiencia con el resto de los diputados.

El diputado Ramón Paniagua (PAN) asegura que el problema es complejo y difícil. Y, como muestra de ello, participa de las cifras laborales de la Universidad de Guadalajara -anfitriona del evento-, que incluso a él le impactaron: veinte mil trabajadores en total en la institución, con doce mil trabajadores académicos, más ocho mil administrativos que se irán incorporando a los demandantes de pensión de todo el país.

El diputado Víctor Infante (PRI) lamenta no haber podido asistir al evento en razón de la apretada agenda que maneja e incluso las sesiones de la Cámara que se celebraron ese día.

Comenta que él proviene de Zacatecas, cuya universidad enfrenta una situación severa, a la que ha estado atento. Y pregunta si en esa reunión hubo algún documento de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) o de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y solicita que, en caso de haberlo, se le faciliten copias.

Recuerda la partida específica del PEF para este año, de mil millones de pesos, aprobada por los diputados como fondo para las universidades públicas. Comenta las dificultades enfrentadas por los legisladores al inicio del año para que se emitieran las Reglas de Operación, el debate sobre su publicación en el Diario Oficial de la Federación, el contenido de las Reglas de Operación finalmente emitidas, y los candados ahí impuestos. En este último punto destaca que se estableció como un candado para las universidades que quisieran participar de los mil millones de pesos, la obligación de modificar sus contratos colectivos, de manera que esta disposición se está convirtiendo en una suerte de forma en la negociación contractual, pues orilla a los rectores a tratar de modificar las prestaciones contenidas en los contratos colectivos en aras de obtener esos recursos.

Agrega que conforme al procedimiento las instituciones educativas presentan en el mes de septiembre sus proyectos integrales y la autoridad decide sobre los montos que les corresponden a cada una.

En esas condiciones no más de diez universidades son las que pudieron cubrir tal circunstancia y son las que están concurriendo por los recursos. Agrega que siendo dinero establecido en un presupuesto anual de egresos deberá aplicarse en este ejercicio fiscal, lo cual resultará difícil toda vez que los dineros se liberarán en octubre o noviembre de este año. Se pronuncia porque esta Comisión revise el procedimiento e interceda ante la Secretaría de Educación Pública (SEP) para flexibilizar el método para el próximo ejercicio fiscal, la eliminación del candado que impone la modificación de condiciones de trabajo, el problema de los adeudos como el que aqueja a la Universidad Autónoma de Zacatecas y el establecimiento de plazo límite para que la SEP emita las Reglas de Operación.

El diputado Presidente, Cuauhtémoc Montero (PRD), agradece las participaciones y coincide con lo aseverado por el diputado Víctor Roberto Infante González; se adhiere a la preocupación de que los recursos aprobados por el Poder Legislativo lleguen efectivamente a quienes están destinados y no que, por disposiciones reglamentadas, se queden sin utilizar; agrega que el compromiso adquirido en esta mesa redonda es dar seguimiento a esta tarea así iniciada y comenta incluso el ofrecimiento que hiciera el rector de la Universidad de Sinaloa para realizar la segunda versión de este evento, enseguida ofrece el uso de la palabra para algún otro comentario sin obtener respuesta, en virtud de lo cual procede a abordar el siguiente punto, que es el anteproyecto de dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo ciento sesenta y cinco de la Ley del Seguro Social.

Comenta que este anteproyecto ya es conocido por los presentes en virtud de haberse enviado con anterioridad y explica que se trata de una modificación que pretende hacer explícito que el derecho de ayuda para gastos de matrimonio es para ambos géneros y no para uno solo como se desprende de la actual redacción; añade que de acuerdo a las investigaciones realizadas en la Delegación cuatro de IMSS, esta prestación actualmente sí se otorga a las mujeres que lo solicitan a pesar de la redacción vigente, pese a lo cual el criterio es de aprobar la modificación propuesta en las fracciones II y III, para no dejar lugar a dudas.

El diputado secretario José María Rivera Cabello (PAN), refuerza lo expresado por quien le antecedió y coincide que el sentido de la reforma es asentar de manera indubitable el derecho que de facto se está cumpliendo en la institución.

Procede el diputado Presidente, Cuauhtémoc Montero (PRD), a someter el proyecto a consideración. No habiendo quien solicite el uso de la palabra, se somete a votación.

Aprobado.

El diputado Presidente, Cuauhtémoc Montero (PRD), aclara que no se trata de un dictamen aún, sino de un anteproyecto, toda vez que fue remitido también a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, por lo que se trata únicamente de un proyecto aprobado que precisa del parecer de aquella Comisión para reputarse como dictamen.

Siguiendo con los temas apuntados, somete a consideración de los presentes el anteproyecto de opinión a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo ciento veintitrés constitucional en materia de licencia parental para los trabajadores varones con motivo del parto de su esposa, agrega que en este caso sí se trata de una resolución de la Comisión pero con valor de opinión y no de dictamen, por lo que está a discusión el punto. Toda vez que no hay quien solicite el uso de la palabra, somete a votación el citado documento, dado que fue enviado a todos los integrantes con antelación.

Aprobado.

En el octavo punto del orden, el diputado Presidente, Cuauhtémoc Montero (PRD), recuerda a los presentes que se trata de la emisión de un dictamen a una iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas de México, mismo que en calidad de proyecto fue remitido por la Comisión de Defensa Nacional, y analizado por esta Comisión se resolvió sugerir a la codictaminadora la modificación del artículo único, aun cuando se estuvo de acuerdo en que de fondo esta iniciativa tendría que rechazarse, por lo que la Comisión de Defensa remite el nuevo texto del documento que rescata el parecer de esta Comisión, para que -en caso de ratificarlo-, se firme y se envíe al Pleno para su aprobación. Lo somete a la discusión. Nadie hace uso de la palabra y por tanto lo sujeta a votación.

Aprobado.

En el siguiente tema, el diputado Presidente, Cuauhtémoc Montero (PRD), informa que se ha invitado a los directores de IMSS y del ISSSTE para explicar con amplitud a los diputados sus metas y retos y vislumbrar las necesidades que podrían ir perfilando los requerimientos económicos de ambas instituciones. Añade que aún se aguarda la respuesta de ambas instituciones pero adelanta que podrían ser para finales de este mes de septiembre o a principios del mes de octubre.

Añade que para efectos de la presencia del titular del Seguro Social, se solicitó a la institución con mucha antelación los cuatro documentos que sirvieron de fuente para el Informe al Ejecutivo federal y al Congreso de la Unión sobre la Situación Financiera y los Riesgos del Instituto Mexicano del Seguro Social, de los cuales aún no se ha recibido ninguno, pero que aportarían mucha información para el análisis de este punto.

El diputado Víctor Infante (PRI) solicita que para efectos del orden del día de la sesión en que comparezca el titular del IMSS, se establezca la posibilidad de hacer comentarios respecto al tema de servicios de personal, dado que el recorte de diez mil plazas del Instituto que se han anunciado como un programa de retiro voluntario, en verdad han sido decisiones forzadas citando ejemplos de personas cercanas a él que testifican este hecho. Añade que los trabajadores de confianza son los más expuestos, al carecer de representación sindical que les defienda y reitera la petición de que ello se plasme en el temario de asuntos a tratar con el doctor Levy.

En el mismo tenor, solicita se pregunte al funcionario la respuesta que ha debido dar ante los sucesivos recortes a su presupuesto federal de siete mil millones de pesos el primero, y de dos mil quinientos millones el segundo; añade que el documento presentado por el funcionario es catastrofista y remata destacando la importancia que tiene el señalar de antemano estos y otros puntos como temas de la conversación.

El diputado Presidente, Cuauhtémoc Montero (PRD), agradece los comentarios vertidos y señala la libertad que los diputados tendrán dentro del formato protocolario para cuestionar al director del Seguro Social los aspectos que consideren.

Pasando al siguiente punto, señala que el licenciado Benjamín González Roaro también ha sido invitado a participar y que la fecha probable de este evento sujeta a confirmación será el dos de octubre, de lo cual habrá la formal invitación para todos los diputados una vez confirmada la fecha. Acto seguido anuncia que es el momento de abordar los asuntos generales por lo que ofrece el uso de la palabra a quien tenga algún punto en este tema. No habiendo quien comente nada, y toda vez que se han cubierto los puntos acordados, da por clausurados los trabajos de esta sesión, cuando son las diez horas con tres minutos.

En cumplimiento de lo que dispone el artículo octavo del Acuerdo Parlamentario Relativo a la Organización y Reuniones de las Comisiones y Comités de la Cámara de Diputados, firman al calce los integrantes de la Junta Directiva.

Diputados: Cuauhtémoc Montero Esquivel, Presidente; Samuel Aguilar Solís, secretario; Francisco J. López González, secretario; José M. Rivera Cabello, secretario (rúbricas).
 
 

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Convocatorias

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DE LA COMISION DE MARINA

A la reunión de trabajo de la Subcomisión de Dictamen de la Minuta de Ley de Disciplina para el Personal de la Armada de México, el jueves 17 de octubre, a las 9 horas, en las oficinas de la Comisión.

Atentamente
Dip. César Patricio Reyes Roel
Presidente
 
 
 

DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA

A su vigésima novena reunión plenaria, que se llevará a cabo el jueves 17 de octubre, a las 10 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.

Orden del Día

1. Pase de lista.

2. Verificación de quórum.

3. Exposición por parte del diputado Augusto Gómez Villanueva sobre su iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 93, 94 y 95 de la Ley Agraria.

4. Asuntos generales.

Atentamente
Dip. Félix Castellanos Hernández
Presidente

DE LA COMISION DE PUNTOS CONSTITUCIONALES

A su reunión de trabajo, el jueves 17 de octubre, a las 11:30 horas, en la zona C del restaurante Los Cristales.

Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaración de quórum.

2. Lectura y aprobación del orden del día.

3. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen con proyecto de decreto que adciona una fracción XXIX-K al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

4. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen con proyecto de decreto que reforma el párrafo primero y el inciso b) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

5. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen con proyecto de decreto que reforma el párrafo primero del artículo 63 y la fracción IV del artículo 77 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

6. Asuntos generales.

Atentamente
Dip. Salvador Rocha Díaz
Presidente

DE LA COMISION DE TRANSPORTES

A la reunión de avances del proyecto de predictamen de la Ley de Transporte Federal, el jueves 17 de octubre, a las 12 horas, en el salón D del restaurante Los Cristales.

Atentamente
Dip. Juan Manuel Duarte Dávila
Presidente
 
 
 

DE LA COMISION DE FOMENTO COOPERATIVO Y ECONOMIA SOCIAL

A los Foros de Consulta Cooperativa, como parte del desarrollo del proceso de formulación de políticas públicas para el fortalecimiento cooperativo que han construido y proyectado en conjunto la Comisión de Fomento Económico del Senado de la República, la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social de la Cámara de Diputados, el Fondo Nacional de Apoyo a Empresas Sociales (Fonaes) y Conrad-Adenauer-Stiftung.

Lugar y Fecha

Quinto foro. Acapulco, Guerrero: Centro Cultural y de Convenciones de Acapulco, avenida Costera Miguel Alemán 4455, colonia Costa Azul, CP 39850. 18 de octubre.
 
 
 

DE LA COMISION BICAMARAL DEL SISTEMA DE BIBLIOTECAS

A su reunión plenaria, que se realizará el martes 22 de octubre, a las 16:30 horas, en el salón del mezanine sur del edificio Xicoténcatl, sito en Xicoténcatl número 9, colonia Centro Histórico.

Atentamente
Dip. Juan Alcocer Flores
Presidente
 
 
 

DE LA COMISION DE RADIO, TELEVISION Y CINEMATOGRAFIA

A la reunión de trabajo de su Mesa Directiva, el martes 22 de octubre, de las 17 a las 19 horas, en la sala de juntas de la Comisión.

Orden del Día

1. Lista de asistencia.

2. Declaración de quórum.

3. Puntos pendientes a tratar de la Comisión.

4. Asuntos generales.

Atentamente
Dip. Lionel Funes Díaz
Presidente

DE LA COMISION DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

A su sesión ordinaria de trabajo, que se efectuará el jueves 24 de octubre, a las 9 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.

Atentamente
Dip. José Ramírez Gamero
Presidente
 
 
 

DE LA COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

A su reunión plenaria, que se llevará a cabo el jueves 24 de octubre, a las 15 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.

Atentamente
Dip. Diego Cobo Terrazas
Presidente
 
 
 

DE LA COMISION BICAMARAL DEL SISTEMA DE BIBLIOTECAS

A la reunión de trabajo con su Consejo Consultivo, la cual se llevará a cabo el martes 29 de octubre, a las 10:15 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.

Atentamente
Dip. Juan Alcocer Flores
Presidente