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Comunicaciones

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DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS

Relación de informes de gestiones con relación a proposiciones con punto de acuerdo, mismos que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria del día 7 de octubre y que remiten las siguientes comisiones de trabajo:

Comisión: Agricultura y Ganadería.

Proposición: Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realice las transferencias necesarias a la Secretaría de Agricultura, para que ésta dé cumplimiento a los compromisos con los productores agrícolas de los estados de Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Chihuahua, pagándoles los apoyos a la comercialización correspondientes a los ciclos otoño-invierno 2000-2001 y primavera-verano 2001. Comisión: Agricultura y Ganadería. Proposición: Para que la Comisión de Agricultura y Ganadería solicite a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, información sobre la Entidad Mexicana de Acreditación, AC. Comisión: Agricultura y Ganadería. Proposición: Para solicitar al Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, intervenga para que sean cumplidos los contratos pactados con todos los cañeros, independientemente de su filiación a cualquier organización campesina. Comisión: Comercio y Fomento. Proposición: Por el que solicita se busque un mecanismo para estabilizar el precio de gas doméstico en apoyo a las clases más necesitadas del país. Comisión: Comercio y Fomento. Proposición: Para solicitar a los secretarios de Economía y de Energía, de la Comisión Reguladora de Energía y de Petróleos Mexicanos, realicen los ajustes necesarios para congelar el precio de gas y para que comparezca el Secretario de Energía y el Director de Petróleos Mexicanos, y expliquen y den solución a la problemática que esta viviendo la población de México con el precio de gas licuado de petróleo. Comisión: Comunicaciones y de Transportes. Proposición: Para que las personas y organismos que participaron en la realización de los estudios de impacto ambiental para la construcción del aeropuerto en el municipio de Texcoco, presenten sus opiniones, resultados, conclusiones y respectivos fallos a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y de Transportes, para que sean éstas las que determinen la transparencia en el proceso.
 
 
 

DE LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS

CC. Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados
Presentes

Esta Presidencia informa que se recibieron solicitudes de diversas comisiones para cambio de turno de iniciativas y proposiciones con punto de acuerdo.

Con fundamento en lo que establece el artículo 23, inciso f, de la Ley Orgánica se modifica el trámite de los siguientes asuntos:

Comisión: La Comisión de Cultura solicita se rectifique el turno de la iniciativa de Ley Federal de la Cultura del Sordo, presentada por la diputada Lorena Martínez Rodríguez, del PRI, del día 13/11/01, para que sea un asunto exclusivo de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

La iniciativa fue turnada a las comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos y de Atención a Grupos Vulnerables.

Declina.
Nuevo turno: Se modifica el turno a las comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos y de Atención a Grupos Vulnerables.
 

Comisión: La Comisión de Salud declina su participación en la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Salud expida la Norma Oficial Mexicana de Emergencia para la determinación de los niveles de concentración de plomo en polvo y suelos, presentada por el Congreso del Estado de Coahuila el 28 de agosto de 2002.

La proposición fue turnada únicamente a la Comisión de Salud.

Declina.
Nuevo turno: Se modifica el turno a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
 

Comisión: La Comisión de Hacienda y Crédito Público declina su participación en la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código de Comercio en materia de comercio electrónico, presentada por el diputado Diego Alonso Hinojosa Aguerrevere, PAN el 15 de mayo de 2002.

La proposición fue turnada a las comisiones de Comercio y Fomento Industrial y de Hacienda y Crédito Público.

Declina.
Nuevo turno: Se modifica el turno a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.
 

Comisión: La Comisión de Comercio y Fomento Industrial, solicita sea ampliado el turno a la minuta proyecto de Ley Federal de Protección de Datos Personales, toda vez que ésta es de gran relevancia para el comercio y la industria nacional, por el impacto que conlleva su dictaminación.

La minuta fue turnada a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, el 5 de septiembre de 2002.

Ampliación de turno.
Nuevo turno: Se modifica el turno a las comisiones de Gobernación y Seguridad Pública y de Comercio y Fomento Industrial.
 

Comisión: La Comisión de Salud declina su participación en la proposición con punto de acuerdo para solicitar al Gobierno Federal por medio de las instancias responsables, implemente un programa emergente de atención que alivie la depresión económica y pérdida del empleo de las familias que están siendo afectadas por la veda temporal, debido al fenómeno de la marea roja, en las costas del litoral del Pacífico y del golfo de México.

La proposición fue turnada únicamente a la Comisión de Salud.

Declina.
Nuevo turno: Se modifica el turno a la Comisión de Pesca.

Solicita a ustedes lo hagan del conocimiento de la Asamblea y se publique en la Gaceta Parlamentaria.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de octubre de 2002.

Atentamente
(rúbrica)

(Como se solicita, se obsequian las peticiones; publíquense en la Gaceta Parlamentaria. Octubre 8 de 2002.)
 
 

CC. Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados
Presentes

Esta Presidencia recibió informes de actividades, mismos que fueron publicados en la Gaceta Parlamentaria, de la siguientes comisiones y comités:

Ciencia y Tecnología: Informe de actividades; noviembre 2000-mayo 2002, publicado en la Gaceta Parlamentaria el 12 de agosto de 2002.

Energía: Segundo informe de actividades; febrero 2001-febrero 2002; publicado en la Gaceta Parlamentaria el 6 de agosto de 2002.

Juventud y Deporte: Informe semestral de actividades; septiembre 2001-febrero 2002; publicado en la Gaceta Parlamentaria el 28 de agosto de 2002.

Presupuesto y Cuenta Pública: Informe semestral, septiembre 2001-febrero 2002; publicado en la Gaceta Parlamentaria 30 de mayo de 2002.

Turismo: Tercer informe semestral; septiembre 2001-febrero 2002; publicado en la Gaceta Parlamentaria el 30 de mayo de 2002.

Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación: Informe de actividades septiembre 2001-febrero 2002; publicado en la Gaceta Parlamentaria el 8 de agosto de 2002.

Comité del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias: Informe de actividades septiembre 2001-mayo 2002; publicado en la Gaceta Parlamentaria el 16 de agosto de 2002.

Seguridad Social: Cuarto informe semestral; 1º de marzo al 31 de agosto 2002; publicado en la Gaceta Parlamentaria el 7 de octubre de 2002.

Turismo: Cuarto informe semestral marzo-agosto 2002; publicado en la Gaceta Parlamentaria el 7 de octubre.

Gobernación y Seguridad Pública: Segundo informe semestral de actividades; octubre 2001-marzo 2002; publicado en la Gaceta Parlamentaria el 7 de octubre de 2002.

Fortalecimiento del Federalismo: Informe de trabajo; septiembre 2001-febrero 2002; publicado en la Gaceta Parlamentaria el 7 de octubre de 2002.

Solicito a ustedes lo hagan del conocimiento a la honorable Asamblea.

Palacio Legislativo de San Lázaro  a 4 de octubre de 2002.

Atentamente
(rúbrica)

(Remítase los originales a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos y también para que quede registrado en el archivo de la Cámara. Octubre 8 de 2002.)
 
 
 

DE LA JUNTA DE COORDINACION POLITICA

Palacio Legislativo, México, DF, a 8 de octubre de 2002.

Dip. Beatriz Paredes Rangel
Presidenta de la Mesa Directiva
H. Cámara de Diputados
Presente

Con fundamento en el artículo 34, numeral 1, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en atención al acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se propone al Pleno la creación de una Comisión Especial de la Cámara de Diputados Encargada de Vigilar que los Recursos del Fonden y partidas extraordinarias que se aprueben se apliquen para el reestablecimiento de las condiciones de convivencia de la población y la ayuda a los damnificados por el huracán Isidore, informo a usted que dicha Comisión se integrará con los siguientes diputados:

Dip. José Feliciano Moo y Can GPPRI
Dip. Edilberto Jesús Buenfil Montalvo GPPRI
Dip. José Alvaro Vallarta Ceceña GPPRI
Dip. Luis Artemio Aldana Burgos GPPAN
Dip. Lizbeth Evelia Medina Rodríguez GPPAN
Dip. Alicia Concepción Ricalde Magaña GPPAN
Dip. Uuc-Kib Espadas Ancona GPPRD
Dip. Eric Eber Villanueva Mukul GPPRD
Dip. Erika Elizabeth Spezia Maldonado GPPVEM
Dip. Rosalía Peredo Aguilar GPPT

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente
Dip. Martí Batres Guadarrama (rúbrica)
Presidente

(Aprobado en votación económica. Octubre 8 de 2002.)
 
 

Palacio Legislativo, México, DF, a 8 de octubre de 2002.

Dip. Beatriz Paredes Rangel
Presidenta de la Mesa Directiva
H. Cámara de Diputados
Presente

Con fundamento en el artículo 34, numeral 1, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y a solicitud del diputado Martí Batres Guadarrama, coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, me permito solicitar a usted la modificación en la integración de las siguientes Comisiones:

• Que el diputado Humberto Domingo Mayans Canabal sustituya al diputado federal con licencia Auldárico Hernández Gerónimo en la Secretaría de la Comisión Encargada de Coadyuvar y dar Seguimiento a los Proyectos de Desarrollo Regional Relacionados con la Región Sur Sureste de México.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente
Dip. Martí Batres Guadarrama (rúbrica)
Presidente

(Aprobado en votación económica. Octubre 8 de 2002.)
 
 

Palacio Legislativo, México, DF, a 8 de octubre de 2002.

Dip. Beatriz Paredes Rangel
Presidenta de la Mesa Directiva
H. Cámara de Diputados
Presente

Con fundamento en el artículo 34, numeral 1, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito solicitar a usted la modificación en la integración de la siguiente Comisión:

• Que la diputada Adela del Carmen Graniel Campos sustituya al diputado Eric Eber Villanueva Mukul en la Comisión Especial de la Cámara de Diputados Encargada de Vigilar que los Recursos del Fonden y partidas extraordinarias que se aprueben se apliquen para el reestablecimiento de las condiciones de convivencia de la población y la ayuda a los damnificados por el huracán Isidore.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente
Dip. Martí Batres Guadarrama (rúbrica)
Presidente

(De enterado. Octubre 8 de 2002.)
 

DE LA MESA DIRECTIVA DEL SENADO DE LA REPUBLICA

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión

Presentes

Hago de su conocimiento que el próximo jueves 10 de octubre de 2002, a las 13:00 horas, se llevará a cabo en esta Cámara una sesión solemne en la que se impondrá la "Medalla de Honor Belisario Domínguez del Senado de la República" al ciudadano doctor Héctor Fix Zamudio.

Me permito comunicar a ustedes lo anterior a efecto de que tengan a bien dar cuenta a ese cuerpo legislativo de la cordial invitación que, por este medio, formulamos para que se designe una comisión de ciudadanos diputados.

Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

México, DF, a 8 de octubre de 2002.

Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica)
Vicepresidente en funciones
 
 

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Iniciativas

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DE LEY DE AMNISTIA, PARA LAS PERSONAS QUE HUBIEREN ALTERADO LA VIDA INSTITUCIONAL Y LA SEGURIDAD PUBLICA POR MOVILES DE REIVINDICACION SOCIAL DE LOS INDIGENAS DE LA REGION LOXICHA DEL ESTADO DE OAXACA, PRESENTADA POR LA DIPUTADA IRMA PIÑEYRO ARIAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA SESION DEL MARTES 8 DE OCTUBRE DE 2002

Exposición de Motivos

La vigencia de la ley es un bien inestimable en toda sociedad. Esto es un principio que nos hemos acostumbrado a valorar como ordenador de la vida social. No todos los seres humanos estamos sometidos a la misma realidad, ni tenemos por supuesto las mismas oportunidades de optar por destinos dentro de satisfactores y normas establecidas y aceptadas por el orden jurídico.

Muchos de nuestros compatriotas han optado, suponemos que se han visto obligados a hacerlo, por otras soluciones para su vida y la de los suyos. El elegir un camino diferente para encauzar sus demandas, el decidir quebrantar las normas, tiene motivos muy fuertes y raíces muy hondas.

La necesidad de ser escuchados, de plantear sus peticiones, que nuestras leyes reconocen pero no siempre facilitan, han llevado a hermanos oaxaqueños a tomar las armas, tal vez ignorando que la violencia no es el camino fácil ni idóneo para la solución de problemas de cambio estructural, que necesitan de coyunturas apropiadas y voluntades conjuntas.

Aunque la ignorancia de la ley no sirve de excusa para su incumplimiento, los legisladores tenemos que tener presente que no siempre se les trató de acuerdo a su desigualdad económica, social y cultural. La cuesta de la marginación, la pobreza, la falta de oportunidades no es fácil de remontar en situaciones adversas, muy difíciles.

Estas consideraciones no conllevan una disculpa, que no la hay para la violación de la ley, pero sí a la comprensión de la desesperanza, a la explicación de conductas fuera del marco legal, que han sido inspiradas como reivindicación ante situaciones inequitativas. Son indígenas, pobres entre pobres.

Tampoco olvidamos la situación de las mujeres loxichas, zapotecas que han vivido ancestralmente en la marginación, monolingües en su mayoría, con un elevado índice de analfabetismo, múltiples embarazos, desnutrición y excesivas jornadas de trabajo, que se han visto enfrentadas a situaciones que les obligaron a tomar actitudes sin precedentes en sus vidas de usos y costumbres. El temor las desplazó de la vida comunitaria, resquebrajó los lazos tradicionales, las dejó a un lado del devenir cotidiano, lo cual significó otra forma de violencia.

La historia nos habla sólo de los hombres, cinco años de investigaciones, actuaciones y testimonios no nos refieren el destino de estas mujeres loxichas, que tomaron el lugar de los hombres de su familia, y además, se organizaron en comités para luchar por su libertad, en medio del temor y la discriminación.

Si bien los procesos a quienes delinquieron en la Región Loxicha del estado de Oaxaca, los estamos revisando bajo la perspectiva de la justicia y los derechos humanos, tenemos claro que la posible excarcelación, bajo la forma que sea, debe ser realizada sólo por las vías jurídicas correspondientes, dentro de la técnica legal más inobjetable, para no violentar un estado de derecho que a todos debe proteger.

La paz como bien de la comunidad, debe ser preservada mediante los medios que nuestra Constitución Política nos proporciona. Entendemos que una ley es el medio apropiado para curar las heridas de un grupo humano que ha sido lastimado por la historia y soslayado por el desarrollo. Se han girado cientos de órdenes de aprehensión para sus integrantes.

Hay que dejar en claro que una amnistía general es un asunto de estado, que impacta a la sociedad y a las autoridades competentes para su aplicación, por lo cual proponemos un proyecto específico, diseñado de la manera que creemos más apropiada para su acuciosa delimitación y que facilite la reinserción de los involucrados de manera pacífica en sus familias, comunidades, municipios y regiones.

En el marco de este espíritu conciliador y por iniciativa del C. Gobernador de la entidad, José Murat, la LVII Legislatura del estado de Oaxaca aprobó el 8 de diciembre del año 2000 una Ley de Amnistía para el Estado de Oaxaca, para los delitos del ámbito estatal, por la cual obtuvieron la libertad doscientos catorce personas comprendidas en sus supuestos. Asimismo se exhortó a este H. Congreso de la Unión a fin de que legisle en términos similares para brindar amnistía por delitos del orden federal.

El proyecto de Ley de Amnistía para las personas que hubieren alterado la vida institucional y seguridad públicas por móviles de reivindicación social de los indígenas de la región Loxicha del estado de Oaxaca es un texto que acota los sujetos, el espacio y el tiempo y se refiere a delitos del orden federal.

La intención es que su aplicación sea cierta, eficiente y no se presente la posibilidad de hacer una interpretación extensiva a casos que no estén comprendidos en esta iniciativa, cuyo objetivo es el logro de la distensión y la paz social en el estado.

Es por eso que en esta iniciativa de ley de amnistía se ha tenido en cuenta la necesidad de una definición clara de los tres elementos enunciados, A) sujetos, B) ámbito espacial de aplicación de la norma, y C) delimitación del tiempo que comprenderá los actos objeto de esta ley.

A) Los sujetos de esta norma serán los enunciados en el título, es decir las personas que impulsadas por motivaciones sociales, cometieron actos presuntamente delictivos, que alteraron la seguridad y la normalidad de las instituciones y de la sociedad.

B) El ámbito espacial queda delimitado en el artículo primero a la región Loxicha del estado de Oaxaca, relacionándose en el texto los municipios en los cuales ocurrieron los hechos que motivan esta iniciativa de ley.

C) El tiempo se establece en el artículo cuatro, que comprenderá los hechos ocurridos a partir del veintiocho de agosto de mil novecientos noventa y seis, hasta la fecha de la comisión del último presunto delito por parte de las personas cuyos expedientes penales son objeto de esta iniciativa.

Por lo expuesto, fundado y motivado, de acuerdo a las facultades que otorga a esta H. Cámara de Diputados el artículo 73, fracción XXII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para conceder amnistía por delitos cuyo conocimiento pertenezca a los tribunales de la federación, me permito presentar el proyecto de Ley de Amnistía para las personas que hubieren alterado la vida institucional y la seguridad pública por móviles de reivindicación social de los indígenas de la región Loxicha, del estado de Oaxaca.

Artículo 1.- Se decreta amnistía a favor de todas aquellas personas que hubieren alterado la vida institucional y seguridad pública por móviles de reivindicación social de los indígenas de la región Loxicha, del estado de Oaxaca, formando parte de grupos armados, participando en los hechos ocurridos en la Crucesita y Santa Cruz, ambos del municipio de Santa María Huatulco; Macuilxóchitl, municipio de Tlacolula y en los municipios de Tlaxiaco y San Agustín Loxicha, todos del estado de Oaxaca y hayan incurrido en conductas tipificadas por la ley como delitos federales, como consta en los expedientes instaurados a este respecto, y contra los cuales se hayan ejercitado o pudiere ejercitarse acción penal ante los tribunales del Poder Judicial de la Federación.

Artículo 2.- La aplicación de esta Ley comprenderá los casos concretos de las personas que, como consecuencia de actuaciones ministeriales o judiciales se encuentren en las siguientes hipótesis:

a) Personas privadas de su libertad por sentencia ejecutoriada;
b) Personas privadas de su libertad por sentencia que aun no haya causado ejecutoria;
c) Personas privadas de su libertad y sujetas a proceso;
d) Personas en libertad provisional bajo caución y sujetas a proceso;
e) Personas a favor de las cuales se haya dictado auto de libertad con las reservas de ley por parte del Juez de la causa en forma directa, por su superior o por cualquiera de ellos en cumplimiento a una resolución de un tribunal federal.
f) Personas en contra de las cuales exista librada orden de aprehensión y
g) Personas en contra de las cuales se esté integrando averiguación previa. Artículo 3.- La aplicación de esta ley comprenderá los hechos ocurridos entre el veintiocho de agosto de mil novecientos noventa y seis, hasta la entrada en vigor de la presente ley.

Artículo 4.- Las personas que, al momento de entrar en vigor la presente ley, se encuentren sustraídas a la acción de la justicia, dentro o fuera del país, por los motivos a que se refiere el artículo anterior, podrán beneficiarse de la amnistía, condicionada a la entrega, si las tuvieran, de todo tipo de instrumentos, armas, explosivos u otros objetos empleados en la comisión de las conductas tipificadas como delitos, previa solicitud ante las autoridades competentes, dentro del plazo de ciento veinte días contados a partir de la iniciación de la vigencia de la presente ley.

Artículo 5.- La amnistía extingue las acciones penales y las sanciones impuestas respecto de las personas y delitos que comprenden, dejando subsistente la responsabilidad civil y a salvo los derechos de quienes puedan exigirla.

Artículo 6.- Se guardará confidencialidad respecto a la identidad de los amnistiados, quienes quedarán sin antecedentes penales respecto de los delitos motivo de esta ley.

Artículo 7.- En cumplimiento a lo dispuesto por esta ley, las autoridades judiciales y administrativas, observarán su exacta aplicación en el ámbito de sus respectivas competencias. El Ministerio Público Federal declarará extinguida la acción persecutoria en las averiguaciones previas; la autoridad judicial sobreseerá los procesos en trámite y revocará las órdenes de aprehensión libradas; y la autoridad ejecutora de la pena pondrá en inmediata libertad a los beneficiados que estén a su disposición.

Artículo 8.- Para el caso de las personas que se encuentren en el supuesto de esta ley y hayan promovido juicio de amparo contra las determinaciones emanadas para los hechos a que se contrae la misma, es deber de las autoridades responsables remitir copia certificada de las actuaciones levantadas con motivo de la aplicación de la presente a los tribunales que tramiten los juicios de amparo, para los efectos legales consiguientes:

Transitorios

Primero.- Esta ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- La presente ley será difundida a través de los medios de comunicación en todo el territorio del estado de Oaxaca y deberá fijarse en bandos de las diversas poblaciones de la entidad, tanto en idioma español como en las lenguas indígenas de cada región.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de octubre de 2002.

Diputados: Irma Piñeyro Arias, Abel Trejo González, Jaime Larrazábal Bretón, Lilia Mendoza Cruz, Idelfonso Zorrilla Cuevas, Cándido Coheto Martínez, Miguel Angel Moreno Tello, Angel Artemio Meixueiro González, José Soto Martínez, Edith Escobar Camacho, José Antonio Hernández Fraguas, Víctor Gandarilla Carrasco, Marco Antonio Dávila Montesinos, Benito Vital Ramírez, Alberto Amador Leal, Efrén Leyva Acevedo, Rosa Elena Baduy Isaac, César Duarte Jáquez, Roberto Preciado Cuevas, Santiago Guerrero Gutiérrez, José Narro Céspedes, Manuel Garza González, Silvia Romero Suárez, Alfonso Elías Cardona, Celia Martínez Cruz, Carlos Aceves del Olmo, José Ramírez Gamero, José Guadalupe Villarreal Gutiérrez, José Manuel del Río Virgen, Hilda Anderson Nevárez, Bernardo de la Garza Herrera, Alejandro García Sainz, Francisco Cárdenas Elizondo, Martha Silvia Sánchez González, Jorge Schettino Pérez, Enrique Meléndez Pérez, José Antonio Hernández Fraguas, Josefina Hinojosa Herrera, Alfonso del Real Muñoz, Oscar Levín Coppel, Reyes Silva Beltrán, Jaime Martínez Veloz, Miguel Arizpe Jiménez, Aarón Irízar López, Hermilo Monroy Pérez, Santiago López Hernández, Jesús Alí de la Torre, Arturo de la Garza Tijerina, Federico Granja Ricalde, Edilberto Buenfil Montalvo, Raúl Sicilia Salgado, Rufino Rodrígez Cabrera, Hortensia Aragón Castillo, Magdalena Núñez Monreal, Petra Santos Ortiz, Héctor Sánchez López, Miguel Bortolini Castillo, Tomás Torres Mercado, Miguel Barbosa Huerta, Raúl González Villalva, Esperanza Santillán Castillo, Jesús Alejandro Cruz Gutiérrez, Timoteo Martínez Pérez, Roberto Domínguez Castellanos, Jaime Rodríguez López, Laura Pavón Jaramillo, Olga Margarita Uriarte Rico, José María Guillén Torres, Francisco Castro González, Concepción González Molina, Melitón Morales Sánchez, Rafael Rodríguez Barrera, José Carlos Regis Adame, Omar Fayad Meneses, Rigoberto Garza Fernández, Luis Eduardo Jiménez Agraz, José Félix Salgado Macedonio, José Ignacio Mendicuti Pavón, Manuel Galán Jiménez, Adolfo Zamora Cruz, Roberto Zavala Echeverría, Benjamín Ayala Velázquez, José Manuel Quintanilla Rentería, Justino Hernández Hilaria, Patricia Aguilar García, Martí Batres Guadarrama, María del Rosario Oroz Ibarra, Rafael López Hernández, Julián Luzanilla Contreraas, Eddie Varón Levy, Norma Enriqueta Basilio Sotelo, Arturo León Lerma, Enrique Priego Oropeza, Fernando Martínez Cué, Lorena Beaurregard de los Santos, Eréndira Cova Brindis (rúbricas).

(Turnada a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública. Octubre 8 de 2002.)
 
 
 

QUE ADICIONA UN CAPITULO VII Y EL ARTICULO 23 BIS, AL TITULO PRIMERO DEL CODIGO PENAL FEDERAL, A EFECTO DE ESTABLECER COMO CIRCUNSTANCIA AGRAVANTE DE CUALQUIER DELITO, CUANDO LA COMISION DE DICHA CONDUCTA DELICTIVA HAYA SIDO MOTIVADA POR CUESTIONES DE INDOLE DISCRIMINATORIA, PRESENTADA POR EL DIPUTADO GUMERSINDO ALVAREZ SOTELO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, EN LA SESION DEL MARTES 8 DE OCTUBRE DE 2002

Los suscritos, diputados federales de la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ponemos a la consideración de éste H. Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa de decreto por el que se adiciona un Capítulo VII así como un artículo 23 Bis al Título Primero del Código Penal Federal, a efecto de establecer como circunstancia agravante de cualquier delito, cuando la comision de dicha conducta delictiva haya sido motivada por cuestiones de índole discriminatorio, fundamentada al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Acción Nacional siempre ha sostenido: "La persona humana tiene una inminente dignidad y un destino espiritual y material que cumplir, por lo que la colectividad y sus órganos deben asegurarle el conjunto de libertades y de medios necesarios para cumplir dignamente ese destino".

En efecto, el ser humano es una persona con inteligencia y voluntad libre, con responsabilidad sobre sus propias acciones, y con derechos universales, inviolables e inalienables, a los que corresponden obligaciones inherentes a la naturaleza humana individual y social.

Por su dignidad, los hombres -iguales por naturaleza- no deben ser reducidos a la categoría de mero instrumento de personas, grupos o instituciones privadas o públicas, con menoscabo de su propio destino, por cuestiones étnicas, nacionales, de género, condición social, estado civil, religión, entre otras, pues toda persona tiene el derecho y obligación de ejercitar responsablemente su libertad e igualdad, para crear, gestionar y aprovechar las condiciones políticas, sociales y económicas, para una mejor convivencia humana.

El respeto a las prerrogativas que la dignidad de la persona humana impone, es esencial para la vida de toda sociedad, es por ello que un Estado en el que la vida, las formas esenciales de la libertad, la igualdad y la propiedad de los ciudadanos no se encuentran garantizadas con firmeza, se considera intolerable.

Por tal motivo, es obligación ineludible de todos y cada uno de nosotros, respetar la dignidad y la libertad de las demás personas y cooperar no sólo a la conservación, sino también al desenvolvimiento de un orden social justo que armonice los aspectos individuales y sociales de la vida humana, así mismo, se hace necesario propiciar la convivencia justa, libre y ordenada entre las personas, con miras a lograr su perfeccionamiento.

Actualmente, el máximo ordenamiento jurídico de nuestro país, prevé en su artículo primero, la garantía de igualdad de todos los individuos que se encuentren en territorio nacional, sin distinción alguna por cuestiones de nacionalidad, origen étnico, raza, religión, sexo, condiciones sociales o económicas, opiniones, estado civil, y cualquier otra.

En tal sentido, debemos señalar que la igualdad como garantía individual, constituye un elemento consubstancial al individuo en su situación de persona humana frente a sus semejantes, independientemente de sus condiciones particulares que aquel pudiese reunir, en otras palabras, la garantía de igualdad, constituye una situación negativa de toda diferencia entre los hombres, proveniente de circunstancias y atributos originarios emanados de la propia personalidad humana en particular, por lo que ésta garantía, es inherente a todo hombre desde que nace. Es así que en nuestros días, la igualdad la podemos concebir, como un principio de no discriminación.

En ese sentido, diversas han sido las definiciones que se le han conferido a la discriminación, sin embargo, en términos prácticos, por discriminación podemos entender todo aquel acto que basado en prejuicios, convicciones u omisiones relacionadas con el sexo, raza, pertenencia étnica, color de piel, nacionalidad, lengua, religión, creencias políticas, origen y condición social o económica, estado civil, estado de salud, trabajo o profesión, carácter físico, preferencias, discapacidad física, intelectual o sensorial, o una combinación de estos u otros atributos, que genere injustamente la anulación, menoscabo o la restricción del reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos, las libertades fundamentales y la igualdad real de oportunidades de las personas.

En éste orden de ideas, bien es sabido que la discriminación constituye hoy en día, un fenómeno complejo y con múltiples vertientes, que puede tener lugar en la escala social, económica, política, cultural, jurídica, civil, o en cualquier otra de la vida pública o privada; el cual tiene presencia en todas partes del mundo, manifestándose en algunos lugares de manera más aguda que en otros.

En tal contexto, debemos señalar que a nivel internacional, la lucha contra la discriminación emprendida por la comunidad internacional, tiene su punto de partida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, adoptada y proclamada por la Resolución de la Asamblea General de la ONU 217 A (III) del 10 de diciembre de 1948 la cual proclama, entre otras cosas, los siguientes postulados en materia discriminatoria:

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. (art. 1º )

Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. (art. 2º)

Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación. (art. 7º)

Esta declaración, constituyó el punto de partida para que la comunidad internacional comenzara un realizar diversos convenios, pactos y pronunciamientos en contra de cualquier acción y practica discriminatoria o circunstancias que vulnere el principio de igualdad entre las personas.

Entre los principales convenios, pactos y pronunciamientos a nivel internacional, destacan la Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial del 20 de noviembre de 1963; la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial del 21 de diciembre de 1965; el Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales del 16 de diciembre de 1966; el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos del 21 de diciembre de 1966; Declaración sobre la Eliminación de Todas las Formas de Intolerancia y Discriminación Fundadas en la Religión o Convicciones del 25 de noviembre de 1981;

Como resultado de todos estos esfuerzos realizados por la mayoría de los países integrantes de la comunidad internacional, las cláusulas de no discriminación, incluidas en la mayoría de las constituciones del mundo, han llegado a constituir instrumentos jurídicos fundamentales que permiten concretar el principio general de igualdad entre los hombres.

En tal sentido, nuestro país, reconoce y concurre desde hace varias décadas de ésta convicción internacional, en la que la dignificación y el respeto e igualdad de la persona humana como tal constituye un derecho humano y que, por tanto, el estado se encuentra obligado a proteger y garantizar las condiciones de igualdad que deben existir entre todos las personas, independientemente de creencias, razas, etnias, condiciones sociales, entre otros factores.

Sin embargo, a pesar de la participación de México, en diversos convenios, pactos y pronunciamientos internacionales en contra de las prácticas discriminatorias, hasta el momento, nuestro país no ha quedado al margen de dichas prácticas tendientes a menoscabar la igualdad y dignidad de las personas, pues desgraciadamente, el daño que con el paso del tiempo han causado las prácticas discriminatorias en México, es tan agudo que no sólo ha logrado impedir el pleno desarrollo de la persona humana y las formas de convivencia social, sino que consecuentemente continua afectando, hasta nuestros días, la estructura fundamental de nuestras instituciones así como el tejido social básico de nuestro país, elementos que constituyen la base fundamental de nuestra unidad nacional.

Es por ello, que preocupados por tal situación y conscientes de que nuestro país es producto de la unión de pueblos y culturas diferentes, en donde la unidad nacional no puede sustentarse en la imposición de una cultura sobre las demás, sino que debe ser el resultado de la colaboración fraterna entre los distintos pueblos y comunidades que integran nuestra Nación, el constituyente permanente estableció en el artículo 1º de nuestra Ley Fundamental, por primera vez en la historia del constitucionalismo mexicano, una cláusula relativa a la discriminación, la cual prohibe toda forma de discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Dicha acción legislativa se encontró principalmente motivada y enfocada en nuestros indígenas, los cuales históricamente, han sido afectados por la desigualdad, marginación, falta de identidad plena, falta de educación y oportunidades de desarrollo y demás actos de naturaleza discriminatoria, llegando a representar sin lugar a dudas, un gran avance en el reconocimiento constitucional del principio de no discriminación entre las personas así como el afianzamiento del principio de igualdad por la Ley y ante la Ley, que debe existir entre todas las personas.

No obstante lo anterior, dicho avance constituye sólo el primer paso de un camino largo que se tendrá que recorrer en todos los ámbitos y contextos que encierra el sistema jurídico, social, económico y político de nuestro país, a efecto de poder lograr el pleno desarrollo de la persona humana, pues los actos discriminatorios se encuentran tan diversificados que pueden tener lugar en todas las vertientes, espacios y circunstancias tanto de la vida pública como de la vida privada.

Si bien es cierto que México ha modernizado su marco normativo constitucional en materia de igualdad, ampliando su tutela jurídica contra cualquier conducta discriminatoria, no debemos dejar pasar inadvertido determinadas circunstancias que impiden la realización plena de dicha prerrogativa constitucional, tales como la escasez de disposiciones legales que en cumplimiento de lo establecido en el artículo primero constitucional, se encarguen de prevenir y en su caso sancionar la comisión de toda conducta que haya sido motivada por cuestiones de índole discriminatorio, garantizando de manera eficaz los derechos de igualdad que deben prevalecer entre todos los gobernados sin distinción alguna.

Por tal motivo, es obligación del Estado, seguir avanzando en todas las materias y ámbitos existentes, especialmente en el plano legislativo, para poner fin a la situación de la discriminación que padecen actualmente un número considerable de las personas en nuestro país, principalmente nuestros indígenas, y poder aspirar a un país que verdaderamente vele por la observancia al principio de igualdad y el respeto a los derechos humanos de todos los gobernados que formamos parte de éste indisoluble vínculo llamado Estado, pues no debemos olvidar que del reconocimiento relativo a la no discriminación, que hace nuestra Carta Magna en su artículo primero, deriva para el Estado, a través de los Poderes de la Unión, un compromiso ineludible de acciones tendientes a prevenir, desalentar y en su caso sancionar a través de medidas protectoras en los planos de lo jurídico, económico, político y social, toda práctica que atente o menoscabe la dignidad e igualdad entre las personas.

Compromiso que como legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, no hemos querido dejar pasar por alto, motivo por el cual se presenta ante ésta Soberanía la presente iniciativa, la cual se creó con el propósito de combatir este agudo problema que atañe a toda la sociedad y que consideramos que constituirá un avance significativo en la búsqueda de soluciones a ésta grave situación social que aqueja preocupantemente a un sector considerable en nuestro país, como los son nuestros indígenas, marginados, analfabetas, ancianos, grupos altamente vulnerables, entre otros.

Conscientes de la necesidad de establecer dentro del ámbito de nuestra competencia, los mecanismos jurídicos necesarios, para combatir de manera enérgica el problema de la discriminación en nuestro país, se propone establecer dentro del Código Penal Federal, una circunstancia agravante aplicable a cualquier delito de orden federal tipificado por el Código Penal Federal, la cual se actualizará en el caso de que la comisión de un determinado delito halla sido motivada por cuestiones de índole discriminatorio referidas al origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil, o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Dicha agravante tendrá por efecto incrementar la pena respectiva, hasta en una cuarta parte.

A través de ésta medida legislativa, se estaría en posibilidad de poder castigar de manera más severa al sujeto activo de un determinado delito, que haya motivado y guiado su actuar delictivo, por cuestiones de índole discriminatorio, pues independientemente del daño causado por la comisión de la conducta delictiva determinada, dicha conducta también vulnera de manera directa los valores fundamentales que posee cualquier persona por el solo hecho de serlo, tales como el respeto a los derechos humanos, a la dignidad y la igualdad ante la ley.

Cabe señalar que a nivel internacional, algunos códigos penales y disposiciones legales de diversos países ya contemplan éste tipo de agravantes de naturaleza penal, las cuales se actualizan ante el caso de que la realización de una determinada conducta delictiva sea motivada por cuestiones de discriminatorias, referidas a la raza, la etnia, ideología, religión, sexo, entre otros factores. Entre las principales legislaciones penales que prevén dicha situación podemos encontrar las siguientes: el Código Penal Español, en su artículo 22 numeral 4º, el Código Penal Colombiano en su artículo 58 numeral 3º, la Ley 23.592 de la Penalización de Actos Discriminatorios de la República de Argentina en su artículo 2º , entre otras.

Es importante señalar que a efecto de evitar posibles problemas de interpretación competencial que se pudieren suscitar con la presente iniciativa, en el sentido de que el legislar en el ámbito penal, cuestiones de índole discriminatorio corresponde al ámbito local, tal y como lo prevén algunas Constituciones de las Entidades Federativas de nuestro país, -como la de Chiapas en su artículo 13 párrafo décimo, la de Oaxaca en su artículo 16 párrafo tercero, la de Campeche en su artículo 7º párrafo sexto, entre otras-, la presente iniciativa se ha enfocado a establecer la discriminación, únicamente como una circunstancia agravante aplicable a cualquier delito, sin que ello signifique que se esté legislando directamente sobre el tipo penal en materia discriminatoria, pues es importante aclarar que con la presente propuesta, no se esta creando una conducta típica, antijurídica, culpable y punible que sancionan las leyes penales, en materia discriminatoria, sino que solamente se pretende conceptualizar una determinada circunstancia, que en caso de concurrir tendría como efecto el incremento de la penalidad prevista para el delito en que se haya actualizado ésta circunstancia, tal y como lo prevé en otros casos el propio Código Penal Federal, como en el caso del delito de abuso sexual, cuando se haya empleado violencia física o moral para su comisión, sin que ello signifique que se éste legislando directamente sobre la materia de violencia física o moral, tal y como sucede en el caso que nos ocupa.

Con tal propuesta, nuestro país se encontraría en posibilidad de dar un paso fundamental en la lucha contra todas las formas de discriminación existentes actualmente en México, así como se estaría reafirmando el compromiso de nuestro país contraído ante la comunidad internacional en la lucha contra la realización de éstas conductas, con miras a lograr la realización personal y el pleno desarrollo de nuestros gobernados, lo cual redituará en la conformación de una verdadera unidad nacional, con independencia de la pluralidad cultural, étnica, racial, social, religiosa, económica, intelectual existente en nuestro país.

Señoras y señores diputados, estamos convencidos que el recto ejercicio de la autoridad tiene por fin la realización del bien común, que simultáneamente implica la seguridad y la justicia. Estos son elementos esenciales que le corresponde garantizar y fortalecer al Estado, y en particular a nosotros como legisladores, los cuales sólo se podrán garantizar en la medida en que se encamine el conjunto de nuestras acciones así como las de la sociedad, en la generación de las condiciones jurídicas, sociales, económicas, culturales y políticas que las posibiliten.

Es por ello compañeros diputados, que en un afán de congruencia con los ideales proclamados por Acción Nacional, en la prevención y lucha contra toda forma de discriminación en nuestro país así como en el respeto a la dignidad e igualdad humana como unidad indisoluble de toda persona, se presenta con todo respeto a consideración de éste Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la presente:

Iniciativa de decreto por el que se adiciona un Capítulo VII así como un artículo 23 Bis al Título Primero del Código Penal Federal, a efecto de establecer como circunstancia agravante de cualquier delito, cuando la comisión de dicha conducta delictiva haya sido motivada por cuestiones de índole discriminatorio.

Artículo Unico.- Se adiciona un Capítulo VII así como un artículo 23 bis al Título Primero del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Art. 1 a 23...........

Capítulo VII
De las circunstancias que agravan la responsabilidad

Art. 23 Bis. Las penas previstas a los delitos contemplados en el presente Código se aumentarán hasta en una cuarta parte cuando éstos sean cometidos por motivos de origen étnico o nacional, género, edad, capacidades diferentes, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias, estado civil o cualquier otro que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Art. 24 a 429............

Transitorio

Unico.- El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 del mes octubre de 2002.

Dip. Gumercindo Alvarez Sotelo (rúbrica)

Dip. Silvia Alvarez Bruneliere (rúbrica)

(Turnada a las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos, y de Atención a Grupos Vulnerables. Octubre 8 de 2002.)
 
 
 

QUE ADICIONA UNA FRACCION VI BIS AL ARTICULO 105 DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION PARA EVITAR EL INDISCRIMINADO DECOMISO GENERALIZADO DE TODA CLASE DE VEHICULOS EN LAS REGIONES FRONTERIZAS DE LA REPUBLICA MEXICANA, PRESENTADA POR LA DIPUTADA PETRA SANTOS ORTIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DEL MARTES 8 DE OCTUBRE DE 2002

La suscrita diputada Petra Santos Ortiz, integrante de la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa que adiciona una fracción VI Bis al artículo 105 del Código Fiscal de la Federación.

Exposición de Motivos

La migración internacional es uno de los grandes fenómenos globales de nuestros días. La mayoría de los movimientos poblacionales en todas las regiones geográficas del mundo tienen como objetivo primordial la búsqueda de mejores condiciones de vida.

A este proceso social, le subyacen diversos y complejos factores estructurales, entre los cuales se incluyen fundamentalmente las asimetrías económicas y sociales entre las naciones, la creciente interdependencia económica y las intensas relaciones e intercambios de todo tipo establecidas entre los diversos países; También influyen en este fenómeno diversos factores que dan lugar a movimientos de población en condiciones forzosas o involuntarias. Prácticamente ningún país, como tampoco ninguna región del mundo, escapa a la dinámica de las migraciones o puede mantenerse ajeno a sus resultados y consecuencias.

Nuestro país, además de ser territorio de destino y tránsito de la migración internacional, es país de origen de cuantiosos flujos migratorios hacia Estados Unidos. Con nuestro vecino del norte compartimos una frontera de casi cuatro mil kilómetros, En ella, se registran alrededor de 310 millones de cruces por año, lo que revela el intenso y complejo entramado de contactos humanos que se desarrollan en esa zona.

El impacto de la migración tanto en la sociedad de origen como en la de destino depende en gran medida del número y perfil de los migrantes que participan en esta corriente, así como de su origen y destino regional. No hay lugar a duda que se trata de una corriente masiva.

Sin embargo, conviene precisar que los migrantes mexicanos que forman la corriente migratoria a Estados Unidos, no constituyen un conjunto homogéneo, sino que forman diversos grupos relativamente diferenciales. Entre estos grupos se pueden incluir, por su importancia, los siguientes:

a) Individuos con residencia más o menos fija en el vecino país del norte (residentes).

b) Los trabajadores migratorios sin residencia fija en ese país, pero que regularmente entran y salen del territorio norteamericano, una o muchas veces al año, ya sea para trabajar, estudiar, o visitar los Estados Unidos.

La distinción entre residentes y trabajadores temporales es con frecuencia un asunto de grado y no de tipo. Muchos residentes empiezan como trabajadores temporales, entrando y saliendo de la Unión Americana con regularidad. Con el tiempo, estas personas extienden su estancia hasta un punto en que establecen su residencia definitiva en el vecino país del norte.

Los dos tipos de trabajadores migrantes, particularmente aquellos que por su necesidad de trabajo o estudio cruzan la frontera varias veces a la semana y que emplean para dicha acción un automóvil comprado en Estados Unidos, enfrentan por este solo hecho, infinidad de problemas con personal de aduanas, los cuales comúnmente terminan desfavorablemente para este tipo de migrante con el decomiso de su vehículo y con el financiamiento de responsabilidades administrativas y fiscales en su contra, al no poder comprobar las condiciones de residencia en los Estados Unidos, tal como lo establece el Código Fiscal de la Federación.

La acusación de contrabando y de importación ilegal de mercancía extranjera, no sólo desata una persecución abierta sobre el migrante y su propiedad, sino que incluso desata todo un tipo de terrorismo fiscal que socava la convivencia social en la frontera y que deja a miles de trabajadores que realizan sus actividades productivas en los Estados Unidos, sin posibilidades de traslado propio, teniendo que subordinar con prejuicio de su ingreso, su traslado a los centros agrícolas, industriales y de servicio situados en el vecino país del norte, a las innumerables flotillas de vehículos particulares que cobran un ojo de la cara por prestar dicho servicio.

Esta situación que se manifiesta en todo el corredor fronterizo, parecería a quien no vive allí poco relevante e incluso podría ser considerada a primera vista como un intento de los residentes de esta parte del país por tener acceso a un privilegio excepcional que no tiene el resto de los mexicanos; sin embargo, dicho "privilegio" en realidad se convierte en una pesada cruz para quienes son sujetos de embargo de sus propiedades por violentar el código fiscal al pretender tener un vehículo del otro lado para trasladarse diariamente a Estados Unidos, ya sea por motivos de trabajo o de estudio.

La magnitud del problema es sumamente relevante ya que decomiso de los automóviles de estos mexicanos que viven en la frontera norte es tal, que desde Tijuana, Baja California, hasta la frontera de Tamaulipas, pasando por Ciudad Juárez y Piedras Negras, ha provocado la existencia de mas de veinte mil procedimientos administrativos en materia aduanera, iniciados e incoados en un 99% a personas con estatus de emigrado.

La existencia de este fenómeno, producto de una visión limitada del gobierno y de sus operadores, con relación a la problemática que produce nuestra interdependencia con la primera economía del mundo en aquellos lugares que por su ubicación geográfica son zonas directas de intercambio económico y social, como lo son las zonas fronterizas, lastima profundamente a la población de estos lugares, ya que no puede aprovechar las ventajas que de dicha relación se desprenden, como lo serían el bajo precio de los automóviles, de la gasolina y de los insumos, que al ser adquiridos por los migrantes, configuran en nuestro país, diversos delitos de carácter fiscal, que no solo amenazan sus propiedades, sino incluso su libertad personal.

Al respecto cabría señalar que las garantías individuales de los mexicanos están expresadas en nuestra Constitución, en el artículo 14 se indica que:

"Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho." En el artículo 16 también se asienta, en su primer párrafo que: "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." Las condiciones de los jornaleros mexicanos, como sabemos, son precarias muchos de ellos para evitar el abuso de los contratistas para transportarlos a los centros agrícolas de Estados Unidos deben hacer enormes esfuerzos para ahorrar y comprarse un carro usado. Al ingresar a territorio mexicano se les aplica el artículo 105 del Código Fiscal, fracción VI que dice: "Artículo 105

Será sancionado con las mismas penas del contrabando, quien:

..............

VI. Tenga en su poder algún vehículo de procedencia extranjera sin comprobar su legal importación o estancia en el país, o sin previa autorización legal, en el caso de automóviles y camiones, cuando se trate de modelos correspondientes a los últimos cinco años.

.............

Esta situación de decomiso de autos afecta el patrimonio de muchos miles de mexicanos que están luchando por sobrevivir en condiciones sumamente difíciles en la franja fronteriza, al quitarle sus automóviles les afecta en su ingreso sustancialmente.

Al mismo tiempo las necesidades y emergencias de las familias, tales como recurrir a servicios médicos, administrativos o escolares obligan, en momentos críticos, hacer uso de automóviles de procedencia extranjera propiedad del familiar visitante, ello ocasiona que la persona al ser detenida y no acreditar su propiedad se le decomisa.

La persona puede tener acceso sobre el automóvil, sin embargo ello no significa que tenga posesión sobre el mismo, en consecuencia tiene que distinguirse el acto de entrega del dé custodia y préstamo.

En el Código Civil en sus artículos 790 y el 791 para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia federal se define la posesión de un bien:

"Artículo 790.- Es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho salvo lo dispuesto en el articulo 793. posee un derecho el que goza de él." Mientras el artículo 791 se señala: "Cuando en virtud de un acto jurídico el propietario entrega a otro una cosa, concediéndole el derecho de retenerla temporalmente en su poder en calidad de usufructuario, arrendatario, acreedor pignoraticio, depositario, u otro título análogo, los dos son poseedores de la cosa. El que la posee a título de propietario tiene una posesión originaria; el otro, una posesión derivada."

El primero de dichos artículos no define la posesión sino al poseedor, el segundo, establece que existen dos clases de posesión, la originaria y la derivada. La posesión originaria es aquella que se tiene a titulo de dueño. Por su parte, el poseedor derivado es quien recibe un bien en virtud de un acto jurídico que tiene por objeto directo e inmediato el uso del bien especifico.

La posesión puede definirse como una relación o estado de hecho, que confiere a una persona el poder exclusivo de retener una cosa para ejecutar actos materiales de aprovechamiento como consecuencia de un derecho real o personal.

El artículo 793 del Código Civil se establece al detentador subordinado quien es al que le prestan un bien; no se considera poseedor, dado que este recibe del dueño el derecho de retener el bien temporalmente pero no puede ejercer ningún acto de dominio.

En el Código Fiscal de la Federación no se aclara este hecho y todo automóvil extranjero utilizado por una persona que no acredite ser el dueño inmediatamente es confiscado, sin reparar que si se atienen a los ordenamientos del Código Civil se podrían impedir injusticias que afectan a las familias mexicanas y a los mexicanos residentes en Estados Unidos en su estancia en México.

Con lo que se busca en esta iniciativa es permitir el uso dentro de la región fronteriza de los parientes del propietario del vehículo sin salir de ella. Al mismo tiempo este hecho genera desconfianza de nuestros compatriotas que procuran desligarse de toda actividad en México e irse a radicar a Estados Unidos ocasionando con ello una baja sensible en la aportación económica al país. No entender la interdependencia económica y social existente en la frontera y en consecuencia, no reconocer que la misma crea problemáticas especificas en estas zonas del país, genera un ambiente lesivo para el pueblo, y sobre todo da pie al autoritarismo, a la prepotencia, y, a la escasa sensibilidad en la aplicación de las leyes. Tal como es el caso que exponemos.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, pone a consideración de este Honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa al artículo 105 que adiciona una fracción VI Bis del Código Fiscal de la Federación.

Artículo Unico. Se adiciona la fracción VI Bis del artículo 105, para quedar como sigue:

Artículo 105

Será sancionado con las mismas penas del contrabando, quien:

I .............

................

.................

VI BIS.- En el caso señalado por y la fracción VI de este artículo, no procederá el decomiso del vehículo, ni se tendrá por configurado el delito de contrabando cuando estos vehículos de procedencia extranjera, sean tripulados por el cónyuge, ascendientes, descendientes y parientes consanguíneos en primer grado del propietario del vehículo si este último comprueba fehacientemente que su calidad migratoria le permite tripular el vehículo de que se trata sin necesidad de previo permiso o autorización dentro de la región fronteriza en el entendido, que por el solo hecho de encontrarse el vehículo y fuera de la región fronteriza se estará en el caso señalado por la fracción VI, de este mismo artículo 105.

............

...........

.........

XIII ...........

.........

.........

Transitorios

Artículo Unico.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Diputados: Petra Santos Ortiz, Hortensia Aragón Castillo, Alfredo Hernández Raigosa (rúbricas).

(Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Octubre 8 de 2002.)
 
 
 

QUE REFORMA LOS ARTICULOS 4, 162, 163, 164 Y 209 DE LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JOSE SOTO MARTINEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA SESION DEL MARTES 8 DE OCTUBRE DE 2002

El suscrito, diputado José Soto Martínez, integrante de la LVIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confiere la fracción II del artículo 71 de nuestra Carta Magna, y con apoyo además en el artículo 55 fracción II del reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante el pleno de ésa H. Cámara de Diputados una iniciativa de Decreto para reformar los artículos 4, 162, 163, 164 y 209 de la Ley Federal del Derecho de Autor, basándome para ello en la siguiente:

Exposición de Motivos

1.- Los procesos creativos de las culturas indígenas responden a la herencia de un saber y una tradición colectiva que se ha mantenido por siglos, como lo testifican artesanías, indumentaria, cerámica, códices, arquitectura y musica popular en la actualidad, que no tienen ninguna protección autoral.

2.- Uno de los mayores riesgos que enfrentan las expresiones artísticas de los pueblos indígenas es la falta de registro de autor. La voracidad del mercado, el avance de empresas trasnacionales y leyes internacionales que privilegian el registro de fórmulas sobre los usos y tradiciones milenarias, son una amenaza constante para las manifestaciones culturales de nuestros pueblos indígenas, pues pretenden imponer el registro o copyright sobre el derecho de autor, o se adueñan de tradiciones como ocurrió con el pozol, alimento utilizado por los mayas para curar problemas intestinales y limpiar heridas infectadas; y, del cual obtuvieron una patente una empresa trasnacional gringa de alimentos y la Universidad de Minnesota.

3.- Considerando que, la falta de registro de los derechos colectivos de autor en México nos puede llevar a que, en un futuro muy cercano, los mexicanos deban pagar a trasnacionales extranjeras derechos por el uso de remedios a base de yerbas que han sido usados por siglos en el país, y, específicamente en las comunidades indígenas; y, a que las tejedoras de rebozos, cobijas y gabanes en un telar de cintura tengan que pagar por mantener una tradición.

4.- Considerando que, la Ley Federal del Derecho de Autor tiene por objeto, entre otros, la salvaguarda y promoción del acervo cultural de la nación; que las obras literarias o artísticas de arte popular o artesanal cuyo autor no sea identificable y que puedan ser atribuidas a una comunidad o etnia originada o arraigada en la República Mexicana. Forman parte del acervo cultural de la nación; y, que la Ley que nos ocupa, no da las bases para la salvaguarda y promoción de dicho acervo.

5.- Considerando que, los diputados federales nos debemos a los intereses de la sociedad, en tanto representantes de la misma, y, que, al tomar posesión de nuestro cargo, protestamos guardar, y hacer guardar la Constitución Federal y las leyes que de ella emanen.

En mérito de lo anteriormente expuesto, nos debemos, y con fundamento además en lo dispuesto por el artículo 70 de nuestra Carta Magna, se presenta la siguiente iniciativa de decreto para que se reformen los artículos 4, 162, 163, 164 y 209 de la Ley Federal del Derecho de Autor; y, artículo 48 de su Reglamento:

Decreto

Por el que se reforman los artículos 4, 162, 163, 164 y 209 de la Ley Federal del derecho de Autor.

Artículo Primero.- Se reforman los artículos 4, 162, 163, 164 y 209 de la Ley Federal del Derecho de Autor, para quedar como sigue:

Artículo 4.- Las obras objeto de protección pueden ser.

A.-Según su autor:

I.-..........

II.-...........

III.-...........

IV.-De arte popular o artesanal cuyo autor no sea identificable y que puedan ser atribuidas a una comunidad o etnia originada o arraigada en la República Mexicana.

B.-........

C.-.........

D.-.........

Artículo 162.- El Registro Público del Derecho de Autor tiene por objeto la salvaguarda del acervo cultural de la nación constituido por las obras literarias o artísticas de arte popular o artesanal cuyo autor no sea identificable y que puedan ser atribuidas a una comunidad o etnia originada o arraigada en la República Mexicana; garantizar la seguridad jurídica de los autores, de los titulares de los derechos conexos y de los titulares de los derechos patrimoniales respectivos y sus causahabientes, así como dar una adecuada publicidad a las obras, actos y documentos a través de su inscripción.

Las obras literarias y artísticas y los derechos conexos quedaran protegidos aun cuando no sean registrados.

Artículo 163.- En el Registro Público del Derecho de Autor se podrán inscribir:

I.-...........

II.-.........

III.-........

IV.-..........

V.-..........

VI.- .........

VII.- ..........

VIII.- ...........

IX.- ........

X.- .........

Deberán inscribirse además, las obras literarias o artísticas de arte popular o artesanal cuyo autor no sea identificable y que puedan ser atribuidas a una comunidad o etnia originada o arraigada en la República Mexicana.

Para lo anterior el Instituto Nacional de Derecho de Autor se coordinará con las dependencias de gobierno correspondientes; y, la omisión de este registro será motivo de responsabilidad.

Artículo 164.- El Registro Público del Derecho de Autor tiene las siguientes obligaciones:

I.-............

II.-.........

III.-..........

IV.- Inscribir, con auxilio de las dependencias de gobierno correspondientes, las obras literarias o artísticas de arte popular o artesanal cuyo autor no sea identificable y que puedan ser atribuidas a una comunidad o etnia originada o arraigada en la República Mexicana.

Artículo 209.- Son funciones del Instituto: I.-..........

II.-.........

III.-..........

IV.-.........

V.-..........

VI.- La salvaguarda y promoción del acervo cultural de la nación; y, al efecto llevar un registro de las obras literarias o artísticas de arte popular o artesanal cuyo autor no sea identificable y que puedan ser atribuidas a una comunidad o etnia originada o arraigada en la República Mexicana.

Transitorios

Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- Se derogan todas las disposiciones legales y administrativas que se opongan a lo dispuesto por este decreto.

Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados, México, DF, a 8 de octubre de 2002

Diputados: José Soto Martínez, Efrén Leyva Acevedo, Abel Trejo González, Jaime Larrazábal Bretón, Cándido Coheto Martínez, Ildefonso Zorrilla Cuevas (rúbricas)

(Turnada a la Comisión de Cultura. Octubre 8 de 2002.)
 

 

QUE REFORMA LA LEY DEL IPAB SOBRE EL MONTO DE LOS RECURSOS FISCALES QUE SERAN ASIGNADOS AL INSTITUTO DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO PARA EL PRESUPUESTO DEL 2003, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JOSE ANTONIO MAGALLANES RODRIGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DEL MARTES 8 DE OCTUBRE DE 2002

Exposición de Motivos

1. Derivado de la crisis económica y financiera del país a finales de 1994 y de sus agudos efectos sobre el comportamiento de la economía en 1995, el sistema bancario enfrentó un severo problema que obedeció entre otras cosas a rezagos en la supervisión y control financiero.

2. Esto orillo a que el mecanismo financiero de protección al ahorro Fobaproa se viera ampliamente rebasado para enfrentar un rescate bancario, no obstante el Gobierno Federal decidió utilizar al Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), para llevar a cabo el rescate del sistema bancario nacional.

3. Para tal efecto se implementaron programas para apoyar a los deudores de la banca, y programas para apoyar a los bancos.

4. Los programas de apoyo a los bancos se dieron en dos modalidades:

5. Los llamados Programas de Capitalización y Compra de Cartera (PCCC) cuyo propósito fundamental fue que los bancos incrementaran su capital mediante la sustitución de un activo financiero de baja calidad (carteras con problemas), por pagares emitidos por el Fobaproa estos apoyos se dieron a Banamex, Bancomer, Bital, Banorte y Serfin y los Programas de Intervención y Saneamiento

6. Los Programas de Intervención y Saneamiento buscaron solucionar los problemas de liquidez y descapitalización a través de aportaciones de capital contra la participación accionaria asumiendo la CNVB el control de las instituciones lo cual estaba previsto en la Ley de Instituciones de Crédito, así durante el periodo de 1994-1998 la CNVB intervino 12 instituciones financieras la primera Banco Unión el 1º de septiembre de 1994 y la última Banca Confía en agosto de 1997.

7. Paralelamente se llevaron a cabo procesos de saneamiento de los bancos que consistían en el otorgamientos de líneas de crédito para que estos pudiesen cumplir con sus obligaciones, ser rehabilitados y posteriormente vendidos, los Bancos que fueron objeto de apoyos tendientes a sanearlos: Serfin , Atlántico, Del Centro, PROMEX, BBVA y Santander .

8. Como resultado de estas operaciones el impacto sobre las finanzas públicas de acuerdo al Informe Sobre la Revisión de la Cuenta Pública del 2000, al mes de marzo de 2001 ascendieron a 876 mil 254 millones de pesos.

Considerando

1. Que en 1998 la Cámara de Diputados aprobó a ley que creó al Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) y que la misma es la que rige el funcionamiento, operación y control del Instituto.

2. Que el artículo quinto transitorio de la Ley del IPAB establece el procedimiento para realizar el canje de pagarés de capitalización y compra de cartera a cargo del Fobaproa por obligaciones a cargo del Instituto de Protección al Ahorro Bancario, pagarés IPAB.

3. Que el citado artículo quinto transitorio establece la realización de auditorias a los Programas de Capitalización y Compra de Cartera, como requisito fundamental para realizar el canje de pagarés.

4. Que la Auditoría Superior de la Federación encontró en su revisión de la Cuenta Pública del 2000, que en el caso de Banamex la adquisición de cartera por parte de el Fobaproa se hizo con todo e intereses moratorios.

5. Que actualmente la Auditoria Superior de la Federación se encuentra revisando las operaciones de compra de cartera en Banamex, Bital y Banorte

6. Que en septiembre de 2000, la propia Junta de Gobierno determinó la necesidad de auditar las operaciones de compra de cartera a los bancos citados anteriormente.

7. Que los bancos referidos se han opuesto a la realización de estas auditorías.

8. Que el artículo séptimo transitorio de la Ley del IPAB, señala textualmente lo siguiente : El Instituto, ..... asume la titularidad de las operaciones de los programas de saneamiento, diferentes a aquellos de capitalización de compra de cartera.

9. Que lo anterior implica que los pagarés derivados del Programa de Capitalización y Compra de Cartera, son responsabilidad del Fobaproa y no del IPAB; por lo que en ellos no aplica la garantía, ni el reconocimiento por parte del Congreso de la Unión de esa deuda.

10. Que a pesar de lo anterior el IPAB, ha incluido esos pasivos como parte de los pasivos totales del Instituto de Protección al Ahorro Bancario.

11. Que este hecho es improcedente en virtud de que el monto de pasivos que por este concepto asumirá el IPAB, dependen de las auditorías correspondientes.

12. Que la evidencia encontrada por la Auditoría Superior de la Federación señala que existen amplias posibilidades de reducir el monto de los pagares derivados de los Programa de Capitalización y Compra de Cartera.

13. Que el incluir los pasivos originados por estos programas han "inflado" los recursos fiscales que le han sido asignados al IPAB desde su creación en 1999.

14. Que la propia Comisión Nacional Bancaria y de Valores ha permitido que los bancos registren a estas obligaciones a cargo del IPAB, como parte del activo de las instituciones bancarias.

15. Que esta situación no tiene razón de ser en virtud de que nuevamente el monto de ese activo esta sujeto a lo que se determine en la auditoria.

16. Que en suma las operaciones de capitalización y compra de cartera representan 200 mil millones de pesos.

17. Que es inaceptable que el Ejecutivo Federal esté destinando recursos para "subsidiar" la operación de los bancos, mientras descuida por ello la inversión social y productiva.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General someto a su consideración la siguiente iniciativa de reformas al artículo 68, fracción II de la Ley del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario.

Artículo 68

Para la consecución de su objeto, el Instituto tendrá las atribuciones siguientes:

II) Recibir y aplicar, en su caso, los recursos que se autoricen en los correspondientes Presupuestos de Egresos de la Federación, para apoyar de manera subsidiaria el cumplimiento de las obligaciones que el propio Instituto asuma en los términos de esta Ley, así como para instrumentar y administrar programas de apoyo a ahorradores y deudores de la banca; La modificación será para quedar como sigue:

Artículo 68

Para la consecución de su objeto, el Instituto tendrá las atribuciones siguientes:

II) Recibir y aplicar, en su caso, los recursos que se autoricen en los correspondientes Presupuestos de Egresos de la Federación los cuales serán únicamente, para apoyar de manera subsidiaria el cumplimiento de las obligaciones que el propio Instituto haya asumido en los en los términos de esta Ley, exceptuado aquellos derivados de los PROGRAMAS DE CAPITALIZACIÓN Y COMPRA DE CARTERA, QUE SIGAN A CARGO DEL FOBAPROA, así como para instrumentar y administrar programas de apoyo a ahorradores y deudores de la banca; Dip. José Antonio Magallanes Rodríguez (rúbrica)

(Turnada a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública. Octubre 8 de 2002.)
 
 
 

QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTICULO 94, ADICIONA UN PARRAFO SEPTIMO A LA FRACCION III DEL ARTICULO 116, Y DEROGA EL PARRAFO DECIMO DEL ARTICULO 100 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO FRANCISCO CARDENAS ELIZONDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA SESION DEL MARTES 8 DE OCTUBRE DE 2002

El que suscribe, diputado Francisco Cárdenas Elizondo, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de LVIII Legislatura, en ejercicio de la facultad que me otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, iniciativa de decreto que reforma y adiciona el artículo 94 ; adiciona un séptimo párrafo a la fracción III, del artículo 116; y deroga el párrafo décimo del artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La división de poderes constituye un elemento esencial del Estado de Derecho y se consagra en nuestra Ley Fundamental en los artículos 49 y 116, al establecerse que el poder público de los estados y el Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

La mera división de poderes, en la actualidad, no es suficiente para lograr su equilibrio, característica que constituye el espíritu original del principio político de la división de poderes. Por ello, en nuestro país observamos que en los últimos años se ha registrado una evolución gradual de la disminución del predominio del Poder Ejecutivo, paralela al fortalecimiento del Poder Legislativo; sin embargo, no se puede afirmar lo mismo respecto al Poder Judicial Federal y de los estados, cuya evolución no ha sido en el mismo sentido, toda vez que las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de los años 1987, 1994, 1996 y 1999 han abordado cuestiones relativas a las llamadas garantías constitucionales de la jurisdicción, la estructura, organización interna y funcionamiento de los órganos de justicia, pero no a sus relaciones con los otros poderes.

En efecto, en la primera de las reformas constitucionales antes aludidas, se dieron las bases mínimas para el establecimiento de la carrera judicial, al ordenarse en el artículo 116, fracción III, entre otras cuestiones, que: "la independencia de los magistrados y jueces en el ejercicio de sus funciones deberá estar garantizada por las constituciones y las leyes orgánicas de los estados, las cuales establecerán las condiciones para el ingreso, formación y permanencia de quienes sirvan a los poderes judiciales de los estados".

En la reforma de 1994, entre otros temas, se abordaron las cuestiones relativas a: la modificación de la integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; la ampliación de sus facultades en el artículo 105 , para conocer de controversias constitucionales; se introduce en la estructura del Poder Judicial al Consejo de la Judicatura y, se alude ya, de manera expresa, a la carrera judicial en los artículos 97 párrafo cuarto, 100 párrafo sexto y 122, fracción VII.

Las reformas de 1996 y 1999, en cuanto al tema que aquí abordamos, comprendieron: la inclusión del Tribunal Federal Electoral como otro órgano jurisdiccional depositario del ejercicio del Poder Judicial de la Federación, ampliando sus atribuciones para resolver cuestiones sobre el análisis de la constitucionalidad de los actos y resoluciones controvertidos; la organización del tribunal, su administración, vigilancia y disciplina, en la que participa el Consejo de la Judicatura Federal y, finalmente, se eliminó al Consejo de la Judicatura como parte depositaria del Poder Judicial de la Federación y, se precisó que a dicho Consejo le corresponde la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Como podemos observar de lo antes expuesto, el tema de la autonomía financiera del Poder Judicial Federal y de los estados no fue abordado en las últimas reformas constitucionales . Por tanto, de poco o nada sirven los preceptos constitucionales que aluden a la independencia, autonomía y carrera judicial, si no se cuenta con la garantía de la autonomía financiera. Sin ella, dichas reformas se traducen sólo en un buen propósito del Constituyente Permanente y no podrán tener plena vigencia, hasta en tanto no se incorpore la autonomía financiera al propio texto constitucional.

En los tiempos que vive el país, el Poder Judicial representa una institución toral para el equilibrio de los poderes del estado, y de su buen desempeño, depende en gran medida la armonía en las instituciones públicas, pues los requerimientos de la sociedad han aumentado en manera considerable; las controversias que se someten al conocimiento de los tribunales rebasan sus posibilidades de trabajo, lo que impide dar cabal cumplimiento a la garantía de justicia expedita, completa e imparcial, consagrada en el artículo 17 constitucional.

La cuestión que en esta iniciativa se aborda ha sido objeto de análisis y comentarios de estudiosos de la materia, de los representantes de los poderes judiciales, e incluso, ha despertado el interés de diversos diputados de esta legislatura. Así, se han presentado dos iniciativas con la finalidad de garantizar constitucionalmente la autonomía financiera del Poder Judicial Federal, elaboradas por los compañeros diputados Cesar Augusto Santiago Ramírez y Luis Miguel Barbosa Huerta.

Esta iniciativa coincide en lo esencial con lo propuesto por nuestros compañeros diputados, es decir, en el propósito fortalecer la autonomía e independencia del Poder Judicial Federal. Pero para quien ha vivido, como el que habla, la experiencia en el ámbito del Poder Judicial Local, resulta de igual o mayor importancia fortalecer también la independencia y autonomía de los poderes judiciales de los estados. Así lo hemos propuesto ya en diversas ocasiones, como en el Foro celebrado en la Ciudad de México el cinco de marzo de 1996, ante la Subcomisión de Administración de Justicia de la Comisión Plural del Senado de la República, para la Reforma del Estado y en el Primer Encuentro de los Consejos Mexicanos de la Judicatura, celebrado el veintiocho de junio de 1996.

Es importante destacar que en las reuniones celebradas por la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, el tema que hoy nos ocupa ha sido materia de análisis y discusiones, concluyendo en la preocupación general de lograr este objetivo. Así, baste mencionar que en el mes de Octubre de los años 1999 y de 2001, dicha Comisión se pronunció públicamente en las declaraciones de Yucatán y de Chihuahua, en el sentido de que: "los gobiernos locales contemplen en sus respectivos presupuestos, un porcentaje fijo no menor al 3% destinado a los Poderes Judiciales estatales" y en la necesidad de que los tribunales locales tengan un manejo autónomo de su presupuesto, sobre la premisa de que el mismo, debe representar un porcentaje prioritario del presupuesto general de cada estado.

Ahora bien: ¿en qué consistiría la autonomía financiera de los poderes judiciales en nuestro país?

Primero: En un porcentaje mínimo fijo del presupuesto de egresos , cuya suma resultante no podrá ser inferior a la asignada en el ejercicio inmediato anterior, que se traduzca en la no injerencia de los otros dos poderes (Ejecutivo y Legislativo) para determinarlo. Esto es, que haya un margen suficiente para que el poder judicial no quede sometido a los otros dos poderes a fin de obtener su presupuesto, con el propósito de que aquél pueda darse una planeación adecuada en los programas de modernización y crecimiento y , que los mismos , sean elaborados sobre una base confiable ; es decir , nunca más sobre la incertidumbre del presupuesto que finalmente le sería asignado.

Segundo: Que el Poder Judicial tenga la posibilidad de determinar libremente el monto de las partidas en función de sus necesidades de administrar justicia en forma expedita, completa e imparcial, lo cual implica que aún en el supuesto de recortes al Presupuesto General del Estado, tratándose del Poder Judicial, éste deberá determinar las partidas presupuestales en las que se deberá aplicar la reducción correspondiente, con la aprobación del Poder Legislativo y no del Ejecutivo. En otras palabras, el Ejecutivo no podrá disminuir durante el ejercicio el monto del presupuesto aprobado al Poder Judicial, correspondiendo a la Cámara de Diputados o las Legislaturas Locales, según el caso, autorizar la reducción, tomando en cuenta la determinación del Poder Judicial, ya que éste es quien mejor conoce las necesidades más apremiantes que no pueden dejar de atenderse y los gastos que están en condiciones de diferirse o racionalizarse.

Tercero: La autonomía no debe traducirse en arbitrariedad en el manejo del presupuesto. Esto es, se deberá observar la normatividad para la correcta aplicación de los gastos autorizados conforme a los planes y programas aprobados por el legislativo, en el respectivo presupuesto. En otras palabras, esta nueva garantía que proponemos para el Poder Judicial , no lo releva de la obligación de rendir cuentas del manejo de los recursos asignados y, por ende, de estar sujeto a la labor de fiscalización de carácter externo encomendada a la entidad de fiscalización dependiente de la Cámara de Diputados o de las Legislaturas Locales, según el caso. Por esta razón, se propone que, en aras de la transparencia en el manejo de los recursos asignados al Poder Judicial, el Organo Superior de Fiscalización de la Federación o los correspondientes de las entidades federativas, deberán comprobar que las sumas no erogadas al término del ejercicio se enteren a la Hacienda Pública, atendiendo al principio presupuestal de Unidad de Caja.

Una vez precisado lo anterior, la cuestión es determinar qué porcentaje fijo del presupuesto es el que debe establecerse para el Poder Judicial Federal y para los Poderes Judiciales de los Estados. ¿Qué criterio debemos adoptar para determinar dicho porcentaje? ¿Se deberá tomar como referencia el presupuesto general o total del Estado, o bien, sólo al gasto programable del mismo?

Hay quienes han aprobado en otras legislaciones o propuesto en diversos foros, que el porcentaje mínimo deberá estar referido al presupuesto de egresos general. Nosotros estamos de acuerdo con el criterio adoptado en las iniciativas presentadas por nuestros compañeros diputados César Augusto Santiago y Luis Miguel Barbosa Huerta, pues el gasto programable, es la suma destinada a las instituciones del gobierno, para que éstas, a su vez, puedan prestar los servicios públicos y cumplir las responsabilidades señaladas en la ley y en los programas aprobados; es decir, no comprende aquéllos gastos referidos al cumplimiento de obligaciones como: el pago de deuda pública, sus intereses, ciertos compromisos contractuales derivados de ejercicios fiscales anteriores y, las participaciones a entidades y municipios.

Actualmente, los recursos asignados al Poder Judicial Federal representan, según información proporcionada por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de esta Cámara, el 1.50 % del Gasto Programable y el 1.09% del Presupuesto de Egresos de la Federación. El presupuesto ejercido por el Poder Judicial muestra, en los últimos diez años, un incremento gradual. En efecto, en 1992 representó el 0.30% del Presupuesto de Egresos de la Federación y el 0.51% del Gasto Programable; en tanto que en el presente año, como ya señalamos, representa el 1.09% del Presupuesto General y el 1.50% del Gasto Programable, lo cual significa un incremento del 200% del Gasto Programable y más del 235% del presupuesto general en los últimos diez años. Por tales razones, consideramos que el porcentaje mínimo fijo que debe establecerse en la Constitución, es del 2% del Gasto Programable, toda vez que en estos términos su presupuesto se incrementa en un 33% a precios actuales, adicionado con la inercia de incremento en los gastos del Estado, que propiciará un aumento constante en el propio presupuesto del Poder Judicial y, finalmente, en atención a la previsión constitucional que se propone, en el sentido de que el presupuesto asignado al Poder Judicial no podrá ser inferior al asignado en el ejercicio inmediato anterior.

En cuanto al Poder Judicial de los estados, la propuesta de un porcentaje mínimo fijo reviste mayor dificultad, pero la necesidad es más evidente que en el Poder Judicial Federal, ante la situación actual que enfrentan la mayoría de ellos, como advertimos de los diagnósticos realizados por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que concluyen en la existencia de serias deficiencias en cuanto a la suficiencia de los recursos asignados a los poderes judiciales de las entidades federativas. Así, por ejemplo, el porcentaje del presupuesto estatal asignado al Poder Judicial, según información proporcionada por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de ésta Cámara, para el año 2002 fluctúa entre el 0.6% al 2.8% del Presupuesto General y entre el 0.7% y el 3.8% del Gasto Programable, correspondiendo la mayor asignación al Distrito Federal y la menor a los estados de Guerrero y Tamaulipas. En tales condiciones, si la media nacional del presupuesto asignado a los poderes judiciales de las entidades federativas corresponde a un 1.4% del Presupuesto General y 1.7% del Gasto Programable, consideramos que un porcentaje moderado respecto a las necesidades de modernización y fortalecimiento de los poderes judiciales locales,debe establecerse en un 2% del Gasto Programable.

Ahora bien, nuestra propuesta, como ya mencionamos al principio de nuestra intervención, coincide en lo fundamental con otras ya presentadas en esta Cámara, pero difiere en el aspecto de forma o técnica jurídica y en la cantidad que se propone como porcentaje mínimo fijo del presupuesto. Los compañeros César Augusto Santiago y Miguel Barbosa proponen reformar y adicionar el párrafo décimo del artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por nuestra parte, sostenemos que tal párrafo debe derogarse, para incluirlo como un tercer párrafo del artículo 94 de la Constitución, y en consecuencia, los actuales párrafos tercero al décimo primero del artículo citado en último término. deberán pasar, en su orden, a ser párrafos cuarto a décimo segundo, respectivamente, toda vez que tratándose del Poder Judicial Federal, lo correcto es integrar la garantía de autonomía en el manejo del presupuesto en este último artículo, que incide en todos los presupuestos de la institución, a diferencia del contenido del artículo 100, que es una norma específica para regular al Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, estimamos conveniente incluir la referencia al Organo Superior de Fiscalización, como encargado de comprobar, anualmente, que las sumas no erogadas al término del ejercicio, se enteren a la Hacienda Pública, como una sana práctica de transparencia y rendición de cuentas.

Finalmente, proponemos adicionar con un séptimo párrafo la fracción III del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para lograr también la autonomía financiera de los poderes judiciales de los estados, pues las mismas razones que informan la necesidad de contar con un Poder Judicial Federal fortalecido, en su autonomía e independencia desde el punto de vista financiero, subyacen tratándose del Poder Judicial de los Estados.

Compañeros legisladores, no podemos pasar por alto uno de los reclamos de la sociedad mexicana más apremiantes: contar con un Poder Judicial fortalecido e independiente en todos sus ámbitos. Independencia que debe ser defendida por los representantes populares. Sin duda, el país atraviesa momentos difíciles, pero estoy plenamente convencido, que dotar de autonomía financiera al Poder Judicial de la Federación y de los estados, contribuirá a crear un entorno de estabilidad y paz social.

La justicia debe ser garantía de moralidad de la vida pública y de estabilidad en la convivencia entre los hombres. México está urgido por alcanzar los más altos niveles en el desempeño de la judicatura. Consolidemos una nación en la cual el imperio de la justicia y la ley ampare a todos los mexicanos.

En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente:

Iniciativa de decreto que reforma y adiciona los artículos 94 y 116, fracción III y deroga el décimo párrafo del artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Primero.- Se deroga el párrafo décimo del artículo 100 y se adiciona el artículo 94 con un párrafo tercero, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en consecuencia, los actuales párrafos tercero al décimo primero del artículo citado en último término, pasarán en su orden a ser párrafos cuarto a décimo segundo, respectivamente, para quedar como sigue:

Artículo 94.- ...

...

La administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación corresponde a su presidente. La Suprema Corte de Justicia elaborará su propio presupuesto y el Consejo de la Judicatura Federal lo hará para el resto del Poder Judicial de la Federación, sin perjuicio de lo dispuesto en el séptimo párrafo del artículo 99 de esta Constitución. Los presupuestos así elaborados serán remitidos al Ejecutivo Federal para su inclusión en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. El Poder Judicial es autónomo en el manejo de su presupuesto y el Ejecutivo Federal no podrá modificarlo, correspondiendo a la Cámara de Diputados aprobar, en su caso, la disminución del presupuesto, tomando en cuenta la determinación del Poder Judicial sobre las partidas presupuestales en las que se deberá aplicar la reducción correspondiente. En el Presupuesto de Egresos de la Federación se asignará al Poder Judicial una cantidad equivalente a, por lo menos, el 2 % del gasto programable del mismo y, la suma resultante no podrá ser inferior a la asignada en el ejercicio inmediato anterior. La Entidad de Fiscalización Superior de la Federación deberá comprobar que las sumas no erogadas al término del ejercicio se enteren a la Tesorería de la Federación.

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Artículo 100. ...

....

...

....

....

....

...

...

...

... Se deroga

Segundo.- Se adiciona un séptimo párrafo a la fracción III del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 116. ....

I ..

II ..

III..

...

...

...

...

...

El Poder Judicial de los Estados será autónomo en el manejo de su presupuesto y el Ejecutivo estatal no podrá modificarlo, correspondiendo a la Legislatura aprobar, en su caso, la disminución del presupuesto, tomando en cuenta la determinación del Poder Judicial sobre las partidas presupuestales en las que se deberá aplicar la reducción correspondiente. En el Presupuesto de Egresos se asignará al Poder Judicial una cantidad equivalente a, por lo menos, el 2% del gasto programable del mismo y, la suma resultante no podrá ser inferior a la asignada en el ejercicio inmediato anterior. La entidad de fiscalización estatal deberá comprobar que las sumas no erogadas al término del ejercicio se enteren a la Hacienda Pública a través del órgano competente.

Transitorio

Unico.- El presente decreto entrará en vigor treinta días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, Distrito Federal
a los ocho días del mes de octubre del año 2002.

Diputados: Francisco Cárdenas Elizondo, Miguel Arizpe Jiménez, Víctor Díaz Palacios, Marco Antonio Dávila Montesinos, Adrián Valdés Torres, Aarón Irízar López, Fernando Díaz de la Vega, Policarpo Infante Fierro, Delfino Garcés, Melitón Morales Sánchez, Juan Manuel Sepúlveda Fayad, Jorge Schettino Pérez, José Luis González, Roberto Zavala Echeverría, Edilberto Buenfil Montalvo, Efrén Leyva Acevedo, Salvador Cosío Gaona, Ildefonso Zorrilla Cuevas, Roberto Preciado Coronado, Enrique Meléndez Pérez, Jorge Luis García, Carlos Aceves del Olmo, José Guadalupe Villarreal Gutiérrez, María del Rosario Oroz Ibarra, Arturo de la Garza Tijerina, Arturo León Lerma, Laura Pavón Jaramillo, Agustín Trujillo Iñiguez, Javier García González, Jaime Martínez Veloz, Jesús Burgos Pinto, Hermilo Monroy Pérez, César Duarte Jáquez, Silvia Romero Suárez, Tomás Torres Mercado, Santiago Guerrero Gutiérrez, Juan José Nogueda Ruiz, Jesús Alí de la Torre, Jaime Vázquez Castillo, Miguel Barbosa Huerta, Manuel Duarte Ramírez, Alfonso Elías Cardona, Mario Cruz Andrade, Héctor Sánchez López, Miguel Bortolini Castillo, Magdalena Núñez Monreal, Hortensia Aragón Castillo, Pedro Miguel Rosaldo Salazar, Arturo Hervis Reyes, Jesús Garibay González, José Narro Céspedes (rúbricas).

(Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. Octubre 8 de 2002.)
 
 

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Dictámenes

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DE LA COMISION DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL, CON PUNTOS DE ACUERDO RELATIVOS A LA PROPOSICION POR LA QUE SE RECHAZA LA ELIMINACION DE LOS SUBSIDIOS QUE SE OTORGAN AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA USO DOMESTICO Y AGRICOLA

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, de la Cámara de Diputados, correspondiente a la LVIII Legislatura, le fue turnada para su estudio y dictamen, la proposición con punto de acuerdo por el que se rechaza la eliminación de los subsidios que otorgan al servicio eléctrico para uso doméstico y agrícola, a fin de que las tarifas no sufran aumentos significativos que vulneren aún más la precaria economía de las familias mexicanas, presentada el 3 de abril de 2001, por la diputada Petra Santos Ortiz, a nombre de los diputados de los grupos parlamentarios de los Partidos de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional, que en ejercicio de la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometió a la consideración del honorable Congreso de la Unión.

La Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la LVIII Legislatura, con fundamento en los artículos 39 y 45, párrafo sexto, incisos d, e y f, así como en el tercero transitorio, fracción IV, inciso a, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 58, 60, 87, 88 y 94, del Reglamento Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al estudio y análisis del punto de acuerdo descrito a continuación.
 

Antecedentes

Primero. En sesión celebrada en esta Cámara de Diputados, el día 3 de abril de 2001, los secretarios de la misma, dieron cuenta al pleno de la proposición con punto de acuerdo que presentó la diputada Petra Santos Ortiz, a nombre de los diputados de los grupos parlamentarios de los Partidos de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional.

Segundo. El Presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite "túrnese a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial".

Tercero. Mediante oficio CCFI/001140/2002, con fecha 14 de febrero de 2002, se dio cuenta a los integrantes de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial del contenido del mencionado punto de acuerdo.

Cuarto. La proposición con punto de acuerdo de referencia, tiene por objeto:

Rechazar tajantemente la eliminación de los subsidios que se otorgan al servicio eléctrico para uso doméstico y agrícola, a fin de que las tarifas no sufran aumentos significativos que vulneren aún más la precaria economía de millones de familias mexicanas.

Que el honorable Congreso de la Unión haga un llamado al Ejecutivo federal, a fin de que los proyectos de refinanciamiento de la industria eléctrica, no sea la óptica empresarial ni la privatización su valuarte, sino los principios de la justicia distributiva, pagando más quien más tiene.

Considerandos

Primero. Con base en los antecedentes indicados, la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, con las atribuciones antes señaladas se abocó a dictaminar el punto de acuerdo de referencia.

Segundo. El día 7 de febrero de 2002 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, las tarifas de energía eléctrica con vigencia para lo que resta del presente año, en donde se registraban seis tarifas residenciales autorizadas: 1, 1A, 1B, 1C, 1D y 1E. En esa fecha, el Gobierno Federal decidió disminuir los subsidios a las tarifas eléctricas con la finalidad de obtener recursos por 5 mil millones de pesos, además de que aplicaría una tarifa especial al consumo eléctrico de las instalaciones del Estado para captar otros 4 mil millones.

En este acuerdo se anuncia que el 75% de los hogares mexicanos quedarán exentos del incremento de las tarifas, es decir mantendrán el subsidio eléctrico.

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en los consumos bimestrales de hasta 280 kilowatts-hora, la factura se mantendrá en el mismo nivel y el pago de usuario será de 165 pesos, con una tarifa de 58 centavos. En caso de que el consumo llegue hasta los 300 kilowatts-hora, la factura será de 250 pesos, es decir, se incrementa el precio a razón de 1.21 pesos por día, lo que representa una tarifa de 83 centavos. En caso de superar los 400 kilowatts-hora, la factura ascendería a 438 pesos, a razón de 3.27 pesos por día, con una tarifa de 1.09 pesos por kilowatt-hora.

Tercero. El día 8 de abril de 2002, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el acuerdo que autoriza el ajuste, modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica en donde la SHCPautorizó a la Comisión Federal de Electricidad la creación de una nueva tarifa eléctrica, denominada 1F. Considerando necesaria su creación a fin de brindar mayor beneficio a usuarios de localidades que registran temperaturas extremas en el verano y cuyos consumos de energía son más elevadas, beneficiando a las ciudades de Mexicali, Baja California, San Luis Río Colorado, Sonora y sitios donde se registraron temperaturas elevadas en tres de los cinco años anteriores.

Dicha tarifa se aplicará a todos los servicios que destinen la energía para uso doméstico exclusivamente, para cargas que no sean consideradas de alto consumo de acuerdo con lo establecido en la tarifa DAC, conectadas individualmente a cada residencia, apartamento, apartamento en condominio o vivienda, en localidades cuya temperatura media mensual en verano sea de 33 grados centígrados como mínimo.

Los consumos que seguirán teniendo subsidio en temporadas de verano serán los hogares que utilicen hasta 750 kilovatios-hora al mes, volumen que será considerado como bajo. Si se usan más de 750 kilovatios-hora y hasta 1 mil 999 al mes, será calificado consumo intermedio y recibirá subvención. Pero si el consumo supera los 2 mil kilovatios-hora se le quitará el subsidio.

La nueva tarifa, al igual que el resto de las domésticas, tendrán un ajuste mensual, según lo establecido en el artículo 2º del acuerdo que autoriza el ajuste a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2000, excepto para los cargos del rango intermedio de los numerales 2.1.2 y 2.2.2, a los que se les aplicará a partir del día 1º de cada mes un factor de ajuste acumulativo de 1.023.

Cuarto. Con base en un estudio elaborado por el Servicio de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados*, se concluye:

Con la tarifa residencial promedio únicamente los deciles de ingreso I, II y III mantendrían el subsidio eléctrico (25.29% de los hogares que demanda el servicio eléctrico), implicando que el tope de consumo que se tendría que establecer para mantener el subsidio al 75% de los hogares, sería de 283.90 Kw/h mensuales.

Con las tarifas residenciales ponderadas, ningún decil de ingreso mantendría el subsidio eléctrico, el tope de consumo que se tendría que establecer para mantener el subsidio al 75% de los hogares, sería de 200.68 Kw/h al mes.

Quinto. El argumento central a favor de los subsidios es la ayuda a la población y en particular a la de bajos ingresos mediante la presentación de un servicio básico a precios accesibles. Sin embargo, aproximadamente 10% de los pobres extremos urbanos y 35% de los rurales no cuentan con el servicio, de tal forma que los subsidios al consumo no están llegando a los hogares más necesitados y haciendo hincapié en que el subsidio a la energía eléctrica no es un servicio gratuito, se paga con impuestos.

Por otro lado, México cuenta con un sector eléctrico poco eficiente y que presenta costos muy por arriba de los observados en países tanto desarrollados como en desarrollo. La eliminación drástica de los subsidios y el hecho de que el Banco de México no fuera informado con anterioridad ocasionará repercusiones en las metas inflacionarias para este año.

Los esfuerzos por reducir el robo de energía eléctrica han sido pocos y tampoco existe el esfuerzo por aumentar la productividad de la Comisión Federal de Electricidad y de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Un ejemplo de la poca productividad existente en estas empresas, es que en México hay un trabajador por aproximadamente 225 usuarios mientras que en Chile un trabajador atiende a casi 500 usuarios, es decir, la diferencia de productividad de ambos países es de dos por uno. Lo anterior viene acompañado con el cálculo que pronostica que la demanda de electricidad crecerá en los próximos años a una tasa anual superior a 5%.

Ello requerirá la realización de inversiones muy cuantiosas, lo que implica que los legisladores pongan particular atención en el tema y legislen con responsabilidad.

Sexto. De lo anterior, se desprenden las seis iniciativas presentadas en la Cámara de Senadores y una en la Cámara de Diputados encaminadas a resolver los problemas señalados en el párrafo anterior:

1. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado el 3 de febrero de 1999, por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Ernesto Zedillo Ponce de León.

2. Proyecto de decreto que reforma los artículos 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de energías renovables, presentada el 29 de marzo de 2001, por la senadora Gloria Lavara Mejía, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

3. Proyecto de decreto que reforma los artículos 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; diversas disposiciones de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica; la Ley de la Comisión Reguladora de Energía; y Ley de Inversión Extranjera, presentada el 21 de noviembre de 2001, por la senadora Verónica Velasco Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

4. Proyecto de decreto que reforma los artículos 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el 4 de diciembre de 2001, por el senador Juan José Rodríguez Prats, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

5. Proyecto de decreto que crea, reforma, modifica, adiciona, deroga y abroga diversas disposiciones y ordenamientos relacionados con el sector energético, presentada el 11 de abril de 2002, por el senador Antonio Soto Sánchez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

6. Iniciativa de reformas en materia de Energía Eléctrica, presentada el 13 de marzo de 2002, por el senador Ernesto Gil Elorduy, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en el Senado de la República, en la sesión de la Comisión Permanente.

7. Iniciativa que reforma diversas disposiciones relacionadas con el servicio público de energía eléctrica, presentada el 13 de febrero de 2002, por la diputada Rosario Tapia Medina, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Los miembros integrantes de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial que dictaminan, reconocen y coinciden que la petición de la diputada Petra Santos debe ser atendida y apoyada en función de que se revisen los criterios en el suministro de energía eléctrica.

Resultando

Primero. Con base en los considerandos anteriores se exhorta al Gobierno Federal a realizar un análisis minucioso de las tarifas eléctricas que actualmente operan en el territorio nacional, a fin de considerar la viabilidad en la reducción de las mismas.

Segundo. De conformidad con lo dispuesto en la fracción II del artículo 77 constitucional, envíese el punto de acuerdo motivo del presente dictamen a la Cámara de Senadores, a efecto de que sea considerado en el dictamen que sea realizado en materia energética.

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 24 de abril de 2002.

Diputados: Diego Alonso Hinojosa Aguerrevere (rúbrica), Presidente; José Ramón Mantilla y González de la Llave (rúbrica), secretario; Ildefonso Guajardo Villarreal (rúbrica), secretario; Antonio Silva Beltrán, secretario; Francisco Agundis Arias, secretario; José Bañales Castro (rúbrica), Orlando García Flores (rúbrica), Sergio García Sepúlveda, Moisés Alcalde Virgen (rúbrica), Jaime Salazar Silva, Francisco Javier Ortiz Esquivel (rúbrica), María Teresa Tapia Bahena (rúbrica), Jorge Urdapilleta Núñez (rúbrica), Carlos Nicolás Villegas Flores (rúbrica), Manuel Yoselevitz Fraustro (rúbrica), Miguel Castro Sánchez, Elías Dip Rame, María Luisa Domínguez Ramírez, Rubén Benjamín Félix Hays, Jaime Hernández González, Julián Luzanilla Contreras, Hermilo Monroy Pérez (rúbrica), Manuel Payán Novoa, Roberto Ruiz Angeles (rúbrica), Jorge Schettino Pérez, Adolfo Zamora Cruz, Miroslava García Suárez (rúbrica), Rafael Servín Maldonado (rúbrica), Gregorio Urías Germán (rúbrica), Norma Patricia Riojas Santana.

Nota:
* Reyes, Marcial y Víctor David Pitalúa Torres, Tarifas Eléctricas: Impacto en los hogares por el incremento en las tarifas eléctricas, Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura, marzo de 2002, México.

(Sin que motive debate, y considerado, en votación económica, suficientemente discutido, se aprueba. Comuníquese al Ejecutivo, e infórmese al Senado. Octubre 8 de 2002.)
 
 
 
 

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE COMUNICACIONES Y DE TRANSPORTES, RELATIVO A LA PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE SE ANALICE EN EL PROCESO DE VENTA DE CINTRA, EL IMPACTO DE LOS EVENTOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE, PERPETRADOS EN LAS CIUDADES DE WASHINGTON Y NUEVA YORK, Y SE DETERMINEN LAS MEJORES CONDICIONES PARA SU DESINCORPORACION, CON LA PARTICIPACION DEL ESTADO QUE PERMITA GARANTIZAR QUE MEXICO SIGA CONSERVANDO UNA INDUSTRIA DE AVIACION QUE SIRVA AL INTERES NACIONAL.

A las Comisiones Unidas de Comunicaciones y de Transportes, les fue turnada para su estudio y dictamen la proposición con punto de acuerdo para que se analice en el proceso de venta de Cintra, el impacto de los eventos del 11 de septiembre, perpetrados en las ciudades de Washington y Nueva York, y se determinen las mejores condiciones para su desincorporación, con la participación del Estado que permita garantizar que México siga conservando una industria de aviación que sirva al interés nacional, presentada por el diputado Raúl Cervantes Andrade, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Revisada, discutida y analizada la proposición con punto de acuerdo de referencia, las comisiones dictaminadoras en ejercicio de las facultades que les confieren los artículos 39, 40, punto dos, inciso b), 45, punto cinco, inciso e), y demás concordantes de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 58, 60, 87, 88 y demás aplicables, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, emiten el siguiente dictamen al tenor de los siguientes:

I. Antecedentes

1. Con fecha 27 de septiembre de 2001, el diputado Federal Raúl Cervantes Andrade, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el Pleno de la H. Cámara de Diputados, la proposición con punto de acuerdo citada en el proemio del presente dictamen.

2. En la misma fecha de su presentación, la Presidencia de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 23 fracción f) de la Ley orgánica que rige el citado Congreso, acordó turnar la proposición con punto de acuerdo a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y de Transportes, para su estudio y dictamen.

3. Con el fin de dar cumplimiento al mandato de la Mesa Directiva de esta H. Cámara de Diputados, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 39 párrafo 3, 45 párrafo 6 en los incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los numerales 60, 85, 87, 88 y demás relativos aplicables del reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, éstas Comisiones Unidas se abocaron al análisis detallado de la proposición para emitir el presente dictamen en atención al siguiente:

II. Contenido de la Proposición

La proposición con punto de acuerdo en cuestión señala en la exposición de motivos, que la venta de las aerolíneas incluidas en el corporativo Cintra es una cuestión de suma trascendencia para la vida económica y social de nuestro país.

Resalta la participación del Poder Legislativo en el diseño de la Política Aeronáutica convocada por el Poder Ejecutivo por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Asimismo, el legislador hace referencia a los ataques terroristas realizados en los Estados Unidos el pasado 11 de septiembre de 2001, para señalar sus graves repercusiones en la aviación nacional e internacional, que en muchos de los casos, han puesto en riesgo su operación y existencia.

Recomienda que, la evaluación de las repercusiones que dichos atentados terroristas tendrán en nuestra aviación comercial se realice sólo a mediano plazo, cuando se reconozcan los recursos que se utilizarán en la casi inevitable respuesta a estos atentados.

De igual forma, comenta en la exposición de motivos que, es necesario contar con todos los elementos que permitan tomar una decisión idónea en relación con la venta de Cintra, así como la adecuación, transformación y actualización de la industria de la aviación nacional que la hagan competitiva y productiva, evaluando lo adecuado e inadecuado de que el Estado participe, así como lo indispensable que el Estado Mexicano apoye a las empresas de este sector como ha sucedido en otros países.

En concreto, se propone que se analice en el proceso de venta de Cintra, el impacto de los eventos del 11 de septiembre, perpetrados en las ciudades de Washington y Nueva York, en las empresas aéreas nacionales y se determinen las mejores condiciones para su desincorporación. Así también, que con base en la experiencia de lo acontecido a las empresas de transporte aéreo de la Unión Americana, deberán revisarse las condiciones de desincorporación de Cintra, a fin de que se garantice que las empresas hasta hoy mexicanas, queden en manos de mexicanos y estudiándose la conveniencia de mantener una participación del Estado que permita garantizar que México seguirá conservando una industria de aviación que sirva al interés nacional, mas allá de consideraciones puramente comerciales o de mercado.

Las Comisiones Dictaminadoras se abocan al estudio y dictamen de la presente proposición con punto de acuerdo tomando en cuenta los siguientes:

III. Considerandos

En concordancia con los argumentos expresados por el legislador en la exposición de motivos de la proposición con punto de acuerdo en estudio, las Comisiones Dictaminadoras coinciden en señalar que los acontecimientos terroristas ocurridos en los Estados Unidos el pasado 11 de septiembre de 2001, han ocasionado repercusiones graves a la aviación comercial nacional e internacional.

Asimismo, como resultado de un largo debate entre los grupos parlamentarios del Congreso de la Unión, el 11 de diciembre de 2001, a finales del periodo ordinario de sesiones, se aprobó una Iniciativa de Ley que autoriza al Ejecutivo Federal, para otorgar apoyos tendientes a salvaguardar los servicios de transporte aéreo, presentada por el Ejecutivo Federal el 31 de octubre de 2001, turnada a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Comunicaciones de la H. Cámara de Diputados y remitida al Senado de la República para sus efectos constitucionales, donde fue aprobada el 15 de diciembre de 2001.

En el dictamen a la iniciativa mencionada en el párrafo anterior, las dictaminadoras reconocieron que los desafortunados actos de terrorismo realizados en septiembre pasado, han derivado en múltiples problemas para la economía mundial y, de forma muy particular, para las actividades asociadas a la transportación aérea y el turismo, así como para el ramo asegurador, poniendo en condiciones de fragilidad extrema numerosas fuentes de empleo productivo. De ello dan prueba clara los recortes de personal y los programas de apoyo emergente que han instrumentado en las últimas semanas diversos países, tanto industrializados como en desarrollo, para evitar la quiebra y cierre de sus principales aerolíneas comerciales.

Asimismo en el dictamen en comento las dictaminadoras señalaron, que sobre esta contingencia, se observa el carácter oportuno de la decisión adoptada por el Legislativo de suspender por el momento la privatización de las empresas que componen el corporativo de Cintra, dado que todas estas circunstancias determinan la necesidad de replantear la política aeronáutica nacional.

En consecuencia, las Comisiones Unidas de Comunicaciones y de Transportes han acordado recomendar a las autoridades correspondientes, que en el proceso de venta de Cintra, se analice el impacto de los eventos del 11 de septiembre de 2001, perpetrados en las Ciudades de Washington y Nueva York, en las empresas aéreas nacionales y se determinen las mejores condiciones para su desincorporación.

Asimismo, las dictaminadoras han acordado recomendar a las autoridades correspondientes, que con base en la experiencia de lo acontecido a las empresas de transporte aéreo en la Unión Americana, se revisen las condiciones de desincorporación de Cintra, a fin de que se garantice que las empresas, hasta hoy mexicanas, queden en manos de mexicanos; y se estudie la conveniencia de la participación del Estado que permita garantizar que México siga conservando una industria de aviación que sirva al interés nacional más allá de consideraciones comerciales y de mercado.

En atención a todas las consideraciones que se han expresado en el cuerpo del presente dictamen los suscritos, miembros de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y de Transportes, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, 40, inciso b), 45, punto cinco, inciso e), y demás concordantes de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 58, 60, 87, 88 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a la aprobación de esta alta tribuna se dictamine en el siguiente sentido:

Primero: Se recomienda al Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), que en el proceso de venta de Cintra, se analice el impacto de los eventos del 11 de septiembre de 2001, perpetrados en las ciudades de Washington y Nueva York, en las empresas aéreas nacionales y se determinen las mejores condiciones para su desincorporación.

Segundo: Se recomienda al Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), que con base en la experiencia de lo acontecido a las empresas de transporte aéreo en la Unión Americana, se revisen las condiciones de desincorporación de Cintra, a fin de que se garantice que las empresas, hasta hoy mexicanas, queden en manos de mexicanos; y se estudie la conveniencia de la participación del Estado que permita garantizar que México siga conservando una industria de aviación que sirva al interés nacional mas allá de consideraciones comerciales y de mercado.

Tercero. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las Comisiones Dictaminadoras solicitan al Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), informen de las acciones que se realicen para dar cumplimiento a los puntos primero y segundo, aprobados por esta H. Soberanía.

Cuarto. En consecuencia, se ordene archivar el expediente como asunto concluido.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 6 días del mes de marzo de dos mil dos.

Por la Comision de Comunicaciones:

Diputados: Jesús Orozco Alfaro (PRI), Presidente, rúbrica; Bulmaro Rito Salinas (PRI) secretario, rúbrica; Emilio R. Goicoechea Luna (PAN), secretario, rúbrica; Alonso Ulloa Vélez (PAN), secretario, rúbrica; Alejandro García Sáinz Arena (PVEM), secretario, rúbrica; Edilberto Jesús Buenfil Montalvo (PRI); Gustavo Carvajal Moreno (PRI); José Gerardo de la Riva Pinal (PRI), rúbrica; César Horacio Duarte Jáquez (PRI), rúbrica; Omar Fayad Meneses (PRI); Javier García González (PRI), rúbrica; Jaime Arturo Larrazábal Bretón (PRI), rúbrica; Marcos Paulino López Mora (PRI), rúbrica; Roberto Preciado Cuevas (PRI), rúbrica; Jorge Carlos Ramírez Marín (PRI); Francisco Javier Sánchez Campuzano (PRI), rúbrica; Manuel Castro y del Valle (PAN), rúbrica; Tereso Martínez Aldana (PAN); Noé Navarrete González (PAN); Orestes Eugenio Pérez Cruz (PAN); Francisco Ramírez Cabrera (PAN); José Rivera Carranza (PAN), rúbrica; Arturo San Miguel Cantú (PAN), rúbrica; Martín Hugo Solís Alatorre (PAN); José Ramón Soto Reséndiz (PAN), rúbrica; Felipe Velasco Monroy (PAN), rúbrica; Víctor Manuel O. Camposeco (PRD); Bonifacio Castillo Cruz (PRD); Enrique Herrera y Bruquetas (PRD); Bertha Alicia Simental García (PSN).

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 8 días del mes de octubre de dos mil dos.

Por la Comisión de Transportes:

Diputados: Juan Manuel Duarte Dávila (PAN), Presidente, rúbrica; Raúl Cervantes Andrade (PRI), secretario, rúbrica; Elías Dip Rame (PRI), secretario; Orestes Eugenio Pérez Cruz (PAN), secretario, rúbrica; José Rodolfo Barrera Escudero (PVEM), secretario, rúbrica; Salvador Cosío Gaona (PRI); Arturo Bonifacio de la Garza Tijerina (PRI), rúbrica; Gustavo Alonso Donis García (PRI); Ismael Estrada Colín (PRI), rúbrica; Edgar Consejo Flores Galván (PRI); Alonso Ulloa Vélez (PAN), rúbrica; Emilio Rafael Goicoechea Luna (PAN); Alejandro Enrique Gutiérrez Gutiérrez (PAN); Mercedes Hernández Rojas (PAN), rúbrica; José Tomás Lozano Pardinas (PAN); Jaime Mantecón Rojo (PRI); Noé Navarrete González (PAN), rúbrica; Jesús Orozco Alfaro (PRI), rúbrica; Francisco Patiño Cardona (PRD), rúbrica; Manuel Payán Novoa (PAN); Francisco Raúl Ramírez Ávila (PAN), rúbrica; Arturo San Miguel Cantú (PAN), rúbrica; Esteban Sotelo Salgado (PAN), rúbrica; José Soto Martínez (PRI); José Ramón Soto Reséndiz (PAN), rúbrica; Jesús Adelfo Taracena Martínez (PRI), rúbrica; Emilio Ulloa Pérez (PRD), rúbrica; Adolfo Zamora Cruz (PRI).

(Sin que motive debate, y considerado, en votación económica, suficientemente discutido, los puntos de acuerdo se aprueban. Comuníquese al Ejecutivo. Octubre 8 de 2002.)
 
 
 

DE LAS COMISIONES DE AGRICULTURA Y GANADERIA; DESARROLLO RURAL; Y REFORMA AGRARIA, CON PROYECTO DE PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR AL GOBIERNO FEDERAL Y A LA COMISIÓN INTERSECRETARIAL PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE, DEN A CONOCER A ESTA SOBERANIA Y AL PUEBLO DE MEXICO, ANTES DEL TERMINO DE ESTE PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS, UN INFORME PORMENORIZADO DE LA ACTUAL SITUACION POLITICA, JURIDICA Y SOCIAL DEL CAMPO MEXICANO

Honorable Asamblea:

A las Comisiones de Agricultura y Ganadería; Desarrollo Rural; y Reforma Agraria, les fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo para solicitar al Gobierno Federal y a la nueva Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable, den a conocer a esta soberanía y al pueblo de México, antes del término de este periodo de sesiones ordinarias, un informe pormenorizado de la actual situación política, jurídica y social del campo mexicano, presentada al Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por el diputado José Manuel del Río Virgen, integrante del grupo parlamentario del Partido Convergencia por la Democracia Partido Político Nacional y de diputados integrantes de los grupos parlamentarios de los partidos: Revolucionario Institucional, Partido de la Revolución Democrática, Partido Verde Ecologista de México, Partido del Trabajo y Partido Acción Nacional.

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 39, numeral 1 y 3, y 45, numeral 6, inciso f, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 65, 87 y 88 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, habiendo analizado el contenido de la iniciativa de referencia, someten a la consideración de los integrantes de esta asamblea, el presente dictamen bajo la siguiente

Metodología

Las comisiones encargadas del análisis y dictamen de la iniciativa en comento, desarrollaron su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe:

I. En el capítulo de "Antecedentes", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo y turno para el dictamen del referido punto de acuerdo y de los trabajos previos de la comisión.

II. En el capítulo de "Consideraciones", los integrantes de estas comisiones expresan argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la decisión de respaldar, en lo general, la iniciativa de análisis.

Antecedentes

Primero. Con fecha 11 de abril de 2002, el diputado José Manuel del Río Virgen, del grupo parlamentario del Partido Convergencia por la Democracia Partido Político Nacional, presentó al Pleno de esta Cámara de Diputados, la proposición con punto de acuerdo para solicitar al Gobierno Federal y a la nueva Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable, den a conocer a esta soberanía y al pueblo de México, antes del término de este periodo de sesiones ordinarias, un informe pormenorizado de la actual situación política, jurídica y social del campo mexicano.

Segundo. En sesión celebrada el 11 de abril de 2002, la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión turnó a las Comisiones de Agricultura y Ganadería; Desarrollo Rural; y Reforma Agraria, para su estudio y dictamen la iniciativa anteriormente referida.

Tercero. Con fecha 19 de abril de 2002, las Comisiones conocieron la propuesta con punto de acuerdo, procediendo a dictaminar la presente iniciativa bajo los siguientes

Considerandos

Primero. En términos sociales, existe un rezago extremo en el campo, el 25% de la población nacional vive en el sector rural, este sector genera alrededor del 5% del PIB. La pobreza extrema lesiona al 55% y la pobreza moderada al 81% de la población del sector rural. Además, la escolaridad promedio de la población rural es de 3.3 años de primaria, la media nacional es de 7.1 años.

Segundo. De 1994 a 1999, han emigrado 900 mil mexicanos a los Estados Unidos para totalizar 8 millones de mexicanos.

Tercero. Los recursos naturales son amplios, pero también se encuentran en un proceso de degradación. De los 200 millones de hectáreas con que cuenta el país (sector agropecuario y forestal), entre 130 y 170 millones están sujetos a diversos grados de erosión (80 millones con severos daños ecológicos), el sector agropecuario utiliza el 85% del agua disponible y se estima un desperdicio de alrededor del 50%.

Cuarto. En las áreas rurales se presenta la atomización de las unidades de producción. En el campo existen 3.8 millones de unidades de producción con superficie de labor, la superficie promedio por unidad es de 8.03 hectáreas. El 15% de las unidades de producción generan excedentes comerciables, otro 35% cuenta con potencial productivo y el 50% restante no cuenta con potencial productivo.

Quinto. También se observa una desintegración de las cadenas productivas, resistencia a atender las señales del mercado e ineficientes canales de distribución (alrededor del 30% de la producción se pierde debido a problemas de almacenamiento y transporte), son comunes en el campo mexicano.

Sexto. El país en su conjunto, se encuentra en un entorno económico adverso que se manifiesta en precios mundiales deprimidos desde 1997, una balanza comercial deficitaria de 3 mil 728 millones de dólares, un creciente costo de los insumos y nuevos impuestos para el sector, tales como IMSS e ISR, en tanto que en los países desarrollados se observa una tendencia a incrementar los apoyos.

Séptimo. Así mismo, con la apertura comercial tendrá lugar la eliminación de los aranceles para los productos del campo a partir del año 2003.

Octavo. Existe una abundancia de programas canalizados al campo con objetivos de producción, combate a la pobreza, desarrollo de infraestructura, conservación ambiental y otros, pero a falta de una integración, no se ha alcanzado el desarrollo deseado del medio rural.

Noveno. La promulgación de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable establece un marco para promover el desarrollo rural integral del país a través de sus tres ámbitos de gobierno, desarrollando políticas, programas y acciones que consideren a la agricultura, a la ganadería y a la silvicultura como actividades prioritarias para el desarrollo del país.

Décimo. En el marco de esta ley, la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable propondrá al Ejecutivo federal el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, que comprenderá las políticas públicas orientadas a la generación y diversificación de empleo, y a garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación al desarrollo nacional, dando prioridad a las zonas de alta y muy alta marginación y a las poblaciones socialmente débiles.

Undécimo. De acuerdo con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, la Comisión Intersecretarial estará integrada por los titulares de las siguientes dependencias del Ejecutivo federal: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, cuyo titular la presidirá; Secretaría de Economía; Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Secretaría de Comunicaciones y Transportes; Secretaría de Salud; Secretaría de Desarrollo Social; Secretaría de la Reforma Agraria; Secretaría de Educación Pública y las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo que se consideren necesarias, de acuerdo con los temas de que se trate. Estas dependencias en el marco de la comisión son importantes promotores del mejoramiento de la calidad de vida de la población del campo.

Duodécimo. Esta Comisión Intersecretarial es responsable de atender, coordinar y dar el seguimiento correspondiente a los programas sectoriales y especiales que tengan como propósito impulsar el desarrollo rural sustentable. Asimismo, es responsable de promover y coordinar las acciones y la concertación de la asignación de responsabilidades a las dependencias y entidades federales competentes, en las materias que aborda la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de las Comisiones de Agricultura y Ganadería; Desarrollo Rural; y Reforma Agraria, nos permitimos someter a la consideración del Pleno de esta asamblea el siguiente

Dictamen

Unico. Se solicita al Gobierno Federal y a la nueva Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable, den a conocer a esta soberanía y al pueblo de México, un informe pormenorizado por escrito de la actual situación política, jurídica y social del campo mexicano.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, México, DF, a 30 días de abril de 2002.

Por la Comisión de Agricultura y Ganadería:

Diputados: Jaime Rodríguez López, Presidente; Miguel Ortiz Jonguitud, J. Jesús Dueñas Lleneras, Mario Cruz Andrade y Ramón Ponce Contreras, secretarios; Oscar Alvarado Cook, José María Anaya Ochoa, Francisco Arano Montero, Francisco Calzada Padrón, Francisco Castro González, Miguel Castro Sánchez, Arturo B. De la Garza Tijerina, José Rodolfo Escudero Barrera, Francisco Esparza Hernández, Francisco Javier Flores Chávez, José Luis González Aguilera, Santiago Guerrero Gutiérrez, Arturo Herviz Reyes, José de Jesús Hurtado Torres, José Jaimes García, Silverio López Magallanes, Juan Mandujano Ramírez, Martha Ofelia Meza Escalante, Martín Gerardo Morales Barragán, María de Rosario Oroz Ibarra, Francisco Javier Ortiz Esquivel, Juan Carlos Regis Adame, Jaime Tomás Ríos Bernal, José Roque Rodríguez López, Petra Santos Ortiz.

Por la Comisión de Desarrollo Rural:

Diputados: Alfonso Oliverio Cardona, Presidente; Jesús Alejandro Cruz Gutiérrez, Francisco Javier Chico Goerne Cobián, Edgar Consejo Flores Galván, Miguel Angel de Jesús Mantilla Martínez, secretarios; Rubén Aguirre Ponce, Alberto Anaya Gutiérrez, José Jaime Barrón Fonseca, J. Timoteo Martínez Pérez, Lilia Mendoza Cruz, Martín Gerardo Morales Barragán, J. Melitón Morales Sánchez, Francisco Javier Ortiz Esquivel, Héctor Pineda Velázquez, Rafael Ramírez Sánchez, Valdemar Romero Reyna, Roque Rodríguez López, Juan Carlos Sáinz Lozano, Rafael Barrón Romero, Jorge Carlos Berlín Montero, Andrés Carballo Bustamante, Maricruz Cruz Morales, José Manuel Díaz Medina, Gustavo Alonso Donis García, Manuel Duarte Ramírez, Abelardo Escobar Prieto, Juan Mandujano Ramírez, Miguel Vega Pérez, Juvenal Vidrio Rodríguez.

Por la Comisión de Reforma Agraria:

Diputados: Félix Castellanos Hernández, Presidente; Jorge Esteban Sandoval Ochoa, José Ignacio Mendicuti Pavón y Edgar Eduardo Alvarado García, secretarios; Rubén García Farías, José Jaimes García, José Luis González Aguilera, Martha Ofelia Meza Escalante, José Jacobo Nazar Morales, Juan Paredes Gloria, Jorge Schettino Pérez, José Antonio García Leyva, Juan Leyva Mendivil, J. Timoteo Martínez Pérez, J. Melitón Morales Sánchez, Valdemar Romero Reyna, Rafael Barrón Romero, Mario Reyes Oviedo, David Rodríguez Torres, José María Anaya Ochoa, Alicia Concepción Ricalde Magaña, Lizbeth Evelia Medina Rodríguez, Ramón Ponce Contreras, Rafael Ramírez Sánchez, J. Jesús Dueñas Llerenas, José Rodolfo Escudero Barrera, Petra Santos Ortiz, Cuauhtémoc Montero Esquivel y Rogaciano Morales Reyes.

(Sin que motive debate, y considerado, en votación económica, suficientemente discutido el punto de acuerdo, en votación económica, se aprueba. Comuníquese al Ejecutivo. Octubre 8 de 2002.)
 
 
 

DE LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA, RELATIVO A LA PROPOSICION QUE PRETENDE QUE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION, JUNTO CON EL BANCO DE DESARROLLO RURAL, CONOZCAN LA SITUACION QUE ENFRENTAN LOS PRODUCTORES DE PAPA DE LA REGION DE PEROTE EN EL ESTADO DE VERACRUZ

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados, le fue turnada para su estudio y dictamen la proposición con punto de acuerdo, presentada por el diputado José Francisco Yunes Zorrilla, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición que pretende que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, junto con el Banco de Desarrollo Rural, conozcan la situación que enfrentan los productores de papa de la región de Perote en el estado de Veracruz.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso f, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a esta comisión corresponde dictaminar la presente proposición con punto de acuerdo a partir de los siguientes

Antecedentes

El 2 de abril del año 2002, el diputado José Francisco Yunes Zorrilla presentó la proposición con punto de acuerdo, para que la Sagarpa, junto con el Banco de Desarrollo Rural, conozcan la terrible situación por la que atraviesan los productores de papa de la región de Perote en el estado de Veracruz.

En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la mencionada proposición para su estudio y dictamen a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

Con base en los antecedentes mencionados, los integrantes de esta comisión formulamos las siguientes

Consideraciones

Que la situación que guarda la región de Perote en el estado de Veracruz, en particular los productores de papa, es acorde a lo establecido en el punto de acuerdo del diputado Yunes Zorrilla, esto es bastante crítico y desolador, por lo que se requiere que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, no solo conozca la problemática de cerca sino que instrumente algún programa de apoyo a esta región del país.

Que la Secretaría, a través de su delegación estatal en Veracruz, debe ser la encargada de remitir un informe pormenorizado de la situación que en aquella región está sucediendo, para que una vez que se cuente con la información correspondiente se establezca un programa de apoyo emergente.

Con base en las consideraciones anteriormente establecidas, los integrantes de la Comisión de Agricultura y Ganadería sometemos a la consideración del Pleno el siguiente

Dictamen

Primero. Envíese el contenido del punto de acuerdo a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como al Banco de Desarrollo Rural, para que conozcan la situación por la que atraviesan los productores de papa de la región de Perote en el estado de Veracruz.

Segundo. Se exhorta para que una vez que la Secretaría cuente con el diagnóstico pertinente, establezca un programa de apoyo a favor de los productores de papa de la región de Perote, Veracruz.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de abril de 2002.

Por la Comisión de Agricultura y Ganadería:

Diputados: Jaime Rodríguez López, Presidente; Miguel Ortiz Jonguitud, J. Jesús Dueñas Llerenas, Mario Cruz Andrade y Ramón Ponce Contreras, secretarios; Oscar Alvarado Cook, José María Anaya Ochoa, Francisco Arano Montero, Francisco Calzada Padrón, Francisco Castro González, Miguel Castro Sánchez, Arturo B. de la Garza Tijerina, José Rodolfo Escudero Barrera, Francisco Esparza Hernández, Francisco Javier Flores Chávez, José Luis González Aguilera, Santiago Guerrero Gutiérrez, Arturo Herviz Reyes, José de Jesús Hurtado Torres, José Jaimes García, Silverio López Magallanes, Juan Mandujano Ramírez, Martha Ofelia Meza Escalante, Martín Gerardo Morales Barragán, María del Rosario Oroz Ibarra, Francisco Javier Ortiz Esquivel, Juan Carlos Regis Adame, Jaime Tomás Ríos Bernal, José Roque Rodríguez López y Petra Santos Ortiz.

(Sin que motive debate, y considerado, en votación económica, suficientemente discutido el punto de acuerdo. En votación económica, se aprueba. Comuníquese al Ejecutivo. Octubre 8 de 2002.)
 
 
 

DE LA COMISION DE SALUD, RELATIVO A LA PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO, SOBRE LA INSTRUMENTACION EFECTIVA POR PARTE DEL EJECUTIVO FEDERAL DE LA CARTILLA DE LA SALUD DE LA MUJER

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen la proposición con punto de acuerdo, relativa a la instrumentación efectiva por parte del Ejecutivo Federal de la Cartilla de la Salud de la Mujer, presentada por las diputadas del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Esta Comisión dictaminadora, con fundamento en las atribuciones que le otorgan los artículos 39 numerales 1º y 3º, 44 y 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, 56, 60, 87, 88, 89, 93, y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la consideración de los integrantes de esta Honorable soberanía el presente dictamen, de acuerdo con los siguientes:

Antecedentes

1. El seis de marzo de 1998, en el marco de la celebración del Día internacional de la Mujer, el entonces presidente constitucional de los Estado Unidos Mexicanos, Ernesto Zedillo Ponce de León, expidió un decreto mediante el cual se estableció la Cartilla Nacional de la Mujer.

2. La cartilla fue concebida como un instrumento para impulsar un mayor bienestar de las mujeres mexicanas a través del conocimiento sobre sus condiciones de salud durante su edad productiva. La cartilla de las mujeres permitiría a los prestadores de servicios dar puntual seguimiento a sus pacientes. Adicionalmente, favorecer a las mexicanas, en solicitar la atención a sus problemas de salud conforme a la capacidad y normatividad vigentes en las instituciones del Sistema Nacional de Salud.

3. Desde su implementación en 1998, la cartilla Nacional de Salud de la Mujer, a pesar de sus logros, ha encontrado dificultades para extenderse a todas mujeres que lo requieren. Si revisamos las cifras vemos cuan lejos estamos de solucionar algunos de los problemas para los que fue creada. Anualmente más de 800 mujeres desarrollan cáncer cervicouterino, causando desafortunadamente su deceso.

4. De ahí la necesidad de ampliar la cobertura y volver eficaz la implementación de dicho instrumento.

Marco jurídico

Artículo 4to. De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Ley General de Salud, Artículos: 33, fracciones I y II, 57, 112 fracciones I y II, 133 fracción III, 134, fracciones VIII y XIII, así como también lo referente a los artículos 158, 159, 160 y 161.

Decreto por el que se establece la Cartilla Nacional de la Mujer D.O.F. 6-MZO. 98

Derivado del estudio de los antecedentes esta Comisión de salud hace las siguientes

Consideraciones

A) Los integrantes de esta Comisión de Salud coinciden en que las mujeres son una parte importante de nuestra sociedad y requieren que las políticas de Estado, en los tres niveles de gobierno, estén basadas en planes y políticas de desarrollo social que fortalezcan el respeto y el ejercicio de sus derechos.

B) También que se requiere que dichas políticas atiendan sus necesidades en las que se encuentra la protección a la salud de acuerdo a lo establecido en el artículo 4to. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

C) Asimismo la Ley General de Salud en su artículo 33 en sus fracciones I y II relativas a la atención medica establece:

Las actividades de atención medica son:

I. Preventivas que incluyen las de promoción general y las de protección específicas

II. Curativas que tienen como fin efectuar un diagnostico temprano y proporcionar tratamiento oportuno

De igual manera el artículo 112 del cuerpo normativo invocado, correspondiente a la educación para la salud, hace referencia en sus incisos I y II a lo siguiente: I. fomentar a la población el desarrollo de actitudes y conductas que permitan participar en la prevención de enfermedades, colectivas y accidentes, y protegerse de los riesgos que pongan en peligro su salud

II. Proporcionar a la población los conocimientos sobre las causas de las enfermedades y de los daños provocados por lo efectos nocivos del ambiente en la salud

Asimismo el artículo 133 en su facción tercera. establece que deberán realizarse los programas y actividades que estimen necesarios para la prevención y control de enfermedades y accidentes.

Al igual que el capítulo tercero. En sus artículos 158, 159, 160 y 161 hacen referencia a las actividades de prevención y control de enfermedades no transmisibles, mismas que a continuación se retoman:

D) Que de acuerdo a los resultados de las estadísticas realizadas por el sector salud, en 1999 los tumores malignos ocupan el 2do. lugar como causa de muerte en el territorio nacional,

E) Que la mortalidad hospitalaria por tumores (neoplasias) ocurrida en 1999 fueron de 11,830 casos, de los cuales 5883 le ocurrieron a mujeres.

F) Que los tumores malignos de mama, cuello de útero y ovario, causaron la muerte de 1624 mujeres en el año de 1999, 688 corresponden a tumores malignos de mama, 671 por tumores malignos de cuello de útero y 265 por tumores malignos de ovario.

G) Que en el caso de los tumores malignos de mama 553 mujeres murieron entre los 15 y 64 años y 147 fueron mayores de 65 años

H) Que en el caso de los tumores malignos de cuello de útero 506 mujeres murieron entre los 15 y 64 años y 165 mujeres murieron por la edad arriba de los 65 años

I) En el rubro de la morbilidad hospitalaria durante 1999 el Sistema Nacional de Salud atendió 122,693 casos de tumores malignos de los cuales 12,748 correspondieron a tumores malignos de mama y 12,987 a tumores malignos de cuello de útero.

J) En los casos de los tumores malignos de mama fueron atendidas 10,324 mujeres de 15 a 64 años de edad y 2,405 mujeres mayores de 65 años, igualmente en el caso de los tumores malignos de cuello de útero se atendieron a: 10,604 mujeres entre los 15 y 64 años de edad y 2078 mujeres mayores de 65 años.

K) Que de acuerdo al Programa Nacional de salud 2001-2006 establecido por el Ejecutivo Federal en su línea de acción 1.3 hace referencia a promover la perspectiva de género en el sector salud, en el que se incluye el fortalecimiento del acceso de las mujeres a los servicios de salud durante todo el ciclo de vida.

L) En su línea de acción 2.5 establece como meta la disminución de los casos de cáncer cérvico-uterino, así como: Alcanzar y mantener en 80 por ciento la cobertura de detención temprana de cáncer cérvico-uterino en el grupo de mujeres de 25 a 64 años de edad, particularmente entre las que nunca se han realizado el examen del Papanicolau.

Disminuir para el año 2006 la tasa de mortalidad por cáncer cérvico-uterino en mujeres de 25 años y más en 15 por ciento respecto a la del año 2000.

Garantizar para el año 2006 el manejo y tratamiento del 90 por ciento de los casos detectados de displasias y cáncer in situ, así como garantizar para el año 2006 el manejo y tratamiento de 80 por ciento de los casos de cáncer invasor.

M) En su línea de acción 3.8 se proyecta la atención de las neoplasias malignas, teniendo como meta para el año 2006:

Evitar que la tasa de mortalidad de cáncer de mama supere las 17 defunciones por 100,000 mujeres de 25 años y más.

Establecer en todas las instituciones de salud protocolos obligatorios de tratamiento para cáncer de acuerdo al estadío clínico de la enfermedad.

Garantizar el tratamiento de 90 por ciento de los casos detectados de cáncer.

Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 45 numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de la Comisión Dictaminadora emiten el siguiente:

Resolutivo

Unico.- Se exhorta al Poder Ejecutivo para que a través de la Secretaría de Salud, se instrumenten las medidas necesarias a fin de poner en marcha de manera operativa y sistemática el empleo de la Cartilla Nacional de la Salud de la Mujer, a efecto de garantizar un adecuado control de la salud de las mujeres mexicanas.

Sala de Comisiones de la Honorable Cámara de Diputados a 29 de mayo del año 2002.

Así lo acordaron y firmaron los diputados integrantes de la Comisión de Salud.

Diputados: Ma. Eugenia Galván Antillón, Presidenta (rúbrica); Eduardo A. Leines Barrera, secretario (rúbrica); Rafael Orozco Martínez, secretario (rúbrica); Adela Del C. Graniel Campos, secretaria (rúbrica); Héctor Esquiliano Solís, secretario (rúbrica); Samuel Aguilar Solís; Francisco J. Cantú Torres (rúbrica); María Domínguez Ramírez; María de las Nieves García Fernández; Policarpo Infante Fierro; Francisco S. López Brito; Enrique Meléndez Pérez; Felipe Olvera Nieto (rúbrica); Julieta Prieto Fuhrken; Pedro Miguel Rosaldo Salazar (rúbrica); Ernesto Saro Boardman (rúbrica); Carlos A. Valenzuela Cabrales (rúbrica); Juvenal Vidrio Rodríguez (rúbrica); Juan Alcocer Flores; Celia Martínez Bárcenas (rúbrica); Neftalí S. Escobedo Zoletto; Federico Granja Ricalde; Arturo León Lerma (rúbrica); Santiago López Hernández (rúbrica); Magdalena Núñez Monreal (rúbrica); Manuel Wistano Orozco Garza (rúbrica); Victor Antonio García Dávila (rúbrica); Luis Miguel Santibañez García; Olga M. Uriarte Rico; José S. Velázquez Hernández (rúbrica).

(Sin que motive debate, y considerado, en votación económica, suficientemente discutido el punto de acuerdo. En votación económica, se aprueba. Comuníquese al Ejecutivo. Octubre 8 de 2002.)
 
 
 

DE LA COMISION DE GOBERNACION Y SEGURIDAD PUBLICA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE PERMISO A CIUDADANOS PARA ACEPTAR Y USAR CONDECORACIONES CONFERIDAS POR GOBIERNOS EXTRANJEROS

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con las solicitudes de permiso de los ciudadanos Manuel Marrón y González y Carlos Ignacio González Magallón, puedan aceptar y usar las condecoraciones que en diferentes grados les confieren los gobiernos del Principado de Mónaco y de la República Federal de Yugoslavia, respectivamente.

La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y, en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado c) de los artículos 37 constitucional y 60, segundo párrafo, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la aprobación de la honorable asamblea el siguiente

Proyecto de Decreto

Artículo Primero.- Se concede permiso al ciudadano Manuel Marrón y González para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Grimaldi, en grado de oficial, que le confiere el Gobierno del Principado de Mónaco.

Artículo Segundo.- Se concede permiso al ciudadano Carlos Ignacio González Magallón para aceptar y usar la condecoración de la Orden de la Estrella Yugoslava de Primer Grado que le confiere del Gobierno de la República Federal de Yugoslavia.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. México, DF, a 4 de octubre de 2002.

Diputados: Armando Salinas Torre (rúbrica), Presidente; José Antonio Hernández Fraguas (rúbrica), secretario; Víctor Manuel Gandarilla Carrasco, secretario; Luis Miguel G. Barbosa Huerta (rúbrica), secretario; Manuel Añorve Baños (rúbrica), José Francisco Blake Mora (rúbrica), Tomás Coronado Olmos, Gina Andrea Cruz Blackledge (rúbrica), Gabriela Cuevas Barrón (rúbrica), Arturo Escobar y Vega (rúbrica), Omar Fayad Meneses, María Teresa Gómez Mont y Urueta (rúbrica), Federico Granja Ricalde (rúbrica), Lorenzo Rafael Hernández Estrada, Efrén Nicolás Leyva Acevedo (rúbrica), Miguel Angel Martínez Cruz (rúbrica), Rodrigo David Mireles Pérez (rúbrica), José Narro Céspedes, Ricardo A. Ocampo Fernández (rúbrica), Germán Arturo Pellegrini Pérez (rúbrica), José Jesús Reyna García (rúbrica), Eduardo Rivera Pérez, Jorge Esteban Sandoval Ochoa, César Augusto Santiago Ramírez, David Augusto Sotelo Rosas (rúbrica), Ricardo Torres Origel (rúbrica), Néstor Villarreal Castro (rúbrica), Roberto Zavala Echavarría (rúbrica).
 
 

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con el oficio de la Secretaría de Gobernación por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Dip. Beatriz Elena Paredes Rangel pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional de Cruzeiro do Sul, en grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de la República Federativa del Brasil.

La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y, en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado c) del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la aprobación de la honorable asamblea el siguiente

Proyecto de Decreto

Artículo Unico.- Se concede permiso a la ciudadana Dip. Beatriz Elena Paredes Rangel para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional de Cruzeiro do Sul, en grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de la República Federativa del Brasil.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. México, DF, a 4 de octubre de 2002.

Diputados: Armando Salinas Torre (rúbrica), Presidente; José Antonio Hernández Fraguas (rúbrica), secretario; Víctor Manuel Gandarilla Carrasco, secretario; Luis Miguel G. Barbosa Huerta (rúbrica), secretario; Manuel Añorve Baños (rúbrica), José Francisco Blake Mora (rúbrica), Tomás Coronado Olmos, Gina Andrea Cruz Blackledge (rúbrica), Gabriela Cuevas Barrón (rúbrica), Arturo Escobar y Vega (rúbrica), Omar Fayad Meneses (rúbrica), María Teresa Gómez Mont y Urueta (rúbrica), Federico Granja Ricalde (rúbrica), Lorenzo Rafael Hernández Estrada, Efrén Nicolás Leyva Acevedo (rúbrica), Miguel Angel Martínez Cruz (rúbrica), Rodrigo David Mireles Pérez (rúbrica), José Narro Céspedes, Ricardo A. Ocampo Fernández (rúbrica), Germán Arturo Pellegrini Pérez (rúbrica), José Jesús Reyna García (rúbrica), Eduardo Rivera Pérez, Jorge Esteban Sandoval Ochoa, César Augusto Santiago Ramírez, David Augusto Sotelo Rosas (rúbrica), Ricardo Torres Origel (rúbrica), Néstor Villarreal Castro (rúbrica), Roberto Zavala Echavarría (rúbrica).
 
 

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Proposiciones

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CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR A LA SAGARPA Y A LA SECRETARIA DE ECONOMIA INFORMEN A ESTA SOBERANIA SOBRE LAS ACCIONES DE APOYO AL SECTOR PORCICOLA NACIONAL ANTE EL INCREMENTO DE LAS IMPORTACIONES PROVENIENTES DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, PRESENTADA POR EL DIPUTADO MARTIN GERARDO MORALES BARRAGAN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, EN LA SESION DEL MARTES 8 DE OCTUBRE DE 2002

Con fundamento en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento el siguiente punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a la Secretaría de Economía informen a esta soberanía las acciones dirigidas al apoyo del sector porcícola nacional ante el incremento de las importaciones provenientes de Estados Unidos de América.

Consideraciones

Nuestro país enfrenta un incremento de las importaciones de carne de cerdo provenientes de Estados Unidos de América, las cuales son superiores a las cuotas autorizadas por la Secretaría de Economía.

La introducción de estos productos en nuestro territorio representa un problema de dos dimensiones: de salud pública y de competencia desleal.

De salud pública, porque existe una denuncia constante por parte de las organizaciones porcícolas sobre la dudosa calidad de los productos cárnicos, lo cual puede tener efectos negativos, en el mediano plazo, en la salud de la población nacional; ya que la carne de cerdo requiere un manejo, supervisión y control sanitario que garantice que su consumo no representa ningún riesgo.

En este sentido, es indispensable mantener un estricto control en los puntos de entrada de estos productos y una aplicación estricta de las normas zoosanitarias que son responsabilidad de la Secretaría de Agricultura.

Por otro lado, el sector porcícola nacional enfrenta una competencia desleal que está provocando que los precios del cerdo en pie en el país se hayan reducido 20% en los últimos meses, lo cual representa pérdidas importantes para el sector.

Actualmente, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación cuenta con dos programas dirigidos al sector porcícola: mejoramiento genético y programa avícola y porcícola. Sin embargo, hasta el momento éstos han resultado insuficientes ante el impacto de las importaciones excesivas a precio dumping.

Por otro lado, de conformidad con la Ley de Comercio Exterior y con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, es responsabilidad de la Secretaría de Economía vigilar y aplicar de manera adecuada las disposiciones relativas a la regulación de las importaciones.

En este sentido, resulta urgente que dicha Secretaría, sin perjuicio de los convenios internaciones de que México sea parte, aplique de manera rigurosa las acciones dirigidas a la protección de nuestros productores nacionales.

Asimismo, dentro de esta dependencia existen instancias como la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales, encargada de iniciar los procedimientos correspondientes en contra de aquellos países cuyas prácticas desleales comerciales perjudican la industria nacional.

Estamos conscientes de las asimetrías que guarda nuestro país frente a Estados Unidos; sin embargo, ello no debe ser pretexto para permitir abusos y excesos en perjuicio de nuestros productores.

Por lo anteriormente expuesto, el suscrito, diputado federal de la LVIII Legislatura en la Cámara de Diputados, y en nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, somete a la consideración de esta H. Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Que las secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y de Economía informen a esta soberanía, en un plazo que no exceda de 15 días, a partir de la aprobación del presente punto de acuerdo, las acciones dirigidas al apoyo del sector porcícola nacional frente a las importaciones provenientes de Estados Unidos de América.

Segundo. Que la Secretaría de Economía informe a esta representación social si actualmente se encuentra aplicando una cuota compensatoria o algún otro mecanismo para equilibrar el mercado nacional de productos porcícolas; y, en caso de estar aplicándolo, informe los resultados que han arrojado.

Tercero. Que la Sagarpa lleve a cabo en los puntos de introducción una supervisión zoosanitaria rigurosa de los productos porcícolas provenientes de Estados Unidos de América e informe a esta soberanía los resultados en un plazo no mayor de 30 días, a partir de la aprobación de este punto de acuerdo.

Cuarto. Que la Secretaría de Economía evalúe la posibilidad de solicitar la instalación de un panel binacional a efecto de discutir y, en su caso, resolver la aplicación de una cuota a las importaciones de cerdo en pie y de carne de cerdo, e informe a esta Cámara sobre la viabilidad de dicha medida.

Diputados: Martín Gerardo Morales Barragán, José Manuel del Río Virgen, Rodolfo Escudero Barrera (rúbricas).

(Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo. Octubre 8 de 2002.)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA CREAR UNA COMISION ESPECIAL QUE DE SEGUIMIENTO A LAS INVESTIGACIONES DEL IFE SOBRE FINANCIAMIENTO A LAS CAMPAÑAS ELECTORALES DEL 2000, PRESENTADA POR EL DIPUTADO LUIS MIGUEL BARBOSA HUERTA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DEL MARTES 8 DE OCTUBRE DE 2002

Sucede que en la vida política del México postrevolucionario, no ha existido una sola elección equitativa, de recuerdo relevante, la de José Vasconcelos con Pascual Ortiz Rubio, la de Juan Andrew Almazán con Manuel Avila Camacho y desde luego la del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas con Carlos Salinas de Gortari.

Nuestro modelo de partidos hasta entonces, incluyendo la elección de 1994, se había caracterizado por un régimen electoral diseñado desde el poder para la conservación del mismo, cuyos rasgos fundamentales fueron el control gubernamental sobre la contienda electoral y las condiciones absolutamente inequitativas de competencia entre los partidos, fenómenos que influyeron decisivamente en los resultados electorales. La desigualdad en las contiendas estaba determinada por la existencia del partido oficial.

El empuje de la sociedad y de los principales actores políticos en los últimos años, así como la necesidad de legitimar un régimen que agotaba sus posibilidades de sobrevivencia, condujo a sucesivas reformas constitucionales que permitieron dar paso a una mayor pluralidad en el Congreso de la Unión, a generar condiciones para que los partidos políticos accedieran en forma creciente al financiamiento público, a los medios electrónicos y a conseguir que la conducción del proceso electoral estuviera a cargo de un órgano constitucional autónomo, el Instituto Federal Electoral.

Todo ello no ha sido suficiente, la elección presidencial del año 2000 también fue inequitativa, en ella, el PRI y el PAN, además de las prerrogativas asignadas por el Estado, utilizaron financiamiento privado, nacional y extranjero y desviaron recursos públicos; a más de dos años de celebrados los comicios, el IFE tiene en marcha dos investigaciones cuyo resultado podría arrojar la imposición de severas sanciones a estos partidos políticos y la determinación de que importantes actores políticos hayan cometido delitos electorales.

La indagatoria que atañe a la campaña de Vicente Fox, e involucra a dos de sus hermanos, a Lino Korrodi y a Carlota Robinson, entre otros, salió a la luz pública a través de una filtración del propio gobierno, sólo así se entiende el acceso al detalle, el instrumento: la tribuna de la Comisión Permanente en el año 2000, y la voz del entonces diputado Enrique Jackson, hoy Presidente de la Mesa Directiva del Senado.

La referente a la campaña de Francisco Labastida, que se ventila ante la opinión pública como el caso Pemex-Gate, también se inició como producto de una filtración de información en posesión del Estado, hoy en manos de gobernantes que reproducen los vicios que en el pasado tanto combatían, al percatarse que la información es poder y que el poder para ellos es simple disposición.

Sin duda el proceso electoral ya iniciado, está afectado por el nada limpio proceso electoral del año 2000, el tema del financiamiento electoral de los partidos políticos seguirá dominando el escenario de la agenda nacional por lo que resta del año y el transcurso del siguiente, dos son las razones: la primera, la substanciación del par de averiguaciones ante el IFE, que tal parece están calculadas para que revienten cuando el proceso electoral del 2003 esté en su punto culminante; y la segunda, el control que deberá operar en los gastos de campaña de los partidos políticos para la elección en marcha.

Para atender estas dos razones, esta Cámara de Diputados, cuya renovación es el único objeto del actual proceso electoral, tiene la obligación moral de involucrarse más allá de posiciones partidarias, en un esfuerzo para garantizarle al pueblo de México un órgano legislativo con la mayor legitimidad.

Por ello, propongo a esta Asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, acuerda crear una Comisión Especial cuya competencia será la siguiente:

Uno. Dar seguimiento a las investigaciones que está llevando a cabo el Instituto Federal Electoral, sobre el financiamiento utilizado por los candidatos y partidos políticos en la campaña para Presidente de la República del año 2000.

Dos. Dar seguimiento al financiamiento electoral de los partidos en el proceso electoral en marcha.

Segundo. La Comisión Especial se crea por el tiempo de la presente Legislatura.

México, DF, a 8 de octubre del 2002.

Dip. Miguel Barbosa Huerta (rúbrica)

(Turnada a la Junta de Coordinación Política. Octubre 8 de 2002.)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, EN RELACION CON LA CONSOLIDACION DEL AREA DE SERVICIO TELEFONICO LOCAL REFERENTE A DIVERSOS MUNICIPIOS, PRESENTADA POR LA DIPUTADA BEATRIZ CERVANTES MANDUJANO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA SESION DEL MARTES 8 DE OCTUBRE DE 2002

El lunes 30 de noviembre de 1998, el Gobierno Federal, a través de un órgano desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Comisión Federal de Telecomunicaciones, emite una resolución administrativa que define los lineamientos y el procedimiento para la consolidación de los grupos centrales de servicio local existente en áreas de servicio local, así como el calendario de consolidación respectiva.

Esta medida se desarrolló de manera gradual definiendo geográficamente las nuevas áreas de servicio local, las cuales se basaron fundamentalmente en una agrupación municipal, lo cual significa que las áreas de servicio telefónico que existían en ese tiempo aumentaron su cobertura de tal manera, que las llamadas locales que se venían realizando dentro de un mismo poblado, con la consolidación se pueden realizar ahora entre localidades vecinas, eliminando con ello los cargos de larga distancia, lo cual se traduce en un evidente beneficio para la población de los municipios beneficiados.

Este esfuerzo del Gobierno Federal ha permitido la consolidación de los 1,464 grupos de centrales de servicio local existentes en 406 áreas de servicio local, lo cual fue posible con el apoyo decidido de los concesionarios y habitantes de las zonas beneficiadas, lo cual permitió a la Cofetel cumplir en tres años las expectativas establecidas en las reglas del servicio local, las cuales otorgaban un plazo máximo de cinco años para lograr este objetivo.

Durante tres años, cada mes se incluyeron diferentes ciudades y comunidades en este programa, lo que significó una reducción de 72% en los destinos de larga distancia.

Con este reordenamiento se ha dado respuesta a las necesidades de comunicación de miles de usuarios de diversas comunidades del país, organizaciones sociales y gobiernos estatales y municipales.

Pero este esfuerzo no puede darse por concluido, ya que existen municipios en distintas partes del país que reúnen los requisitos para ser considerados en este esfuerzo de consolidación telefónica.

Asimismo, los lineamientos expresados en la regla sexta transitoria de las Reglas del Servicio Local, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 23 de octubre de 1997, establecen un plazo máximo de cinco años para concluir este proceso, contados a partir de la entrada en vigor de la normatividad de referencia, lo cual hace posible solicitar la incorporación de localidades o municipios que cumplan los requisitos de la Cofetel.

Adicionalmente, el párrafo sexto de la resolución administrativa emitida por la Comisión señala que se podrán modificar la definición de áreas de servicio local y su calendario de consolidación cuando así lo exija el interés público.

Por lo anterior y dado que el objetivo central de todo este proceso es el de conseguir una mayor cobertura y penetración del servicio telefónico para aumentar la productividad de la economía en su conjunto, brindar más oportunidades de desarrollo en el país, elevar la calidad y aumentar la diversidad de los servicios, con precios más accesibles, en beneficio de un mayor número de usuarios, me permito, en nombre de mi grupo parlamentario y de mis representados de los municipios de Texcoco, Papalotla, Chiautla, Chiconcuac y San Salvador Atenco, correspondientes al XII distrito electoral federal, así como a petición expresa de los habitantes de municipios colindantes, como Tezoyuca, Tepetlaoxtoc y Acolman, solicitar la aprobación y apoyo de esta honorable asamblea para lograr hacer extensivo el beneficio de la consolidación telefónica de áreas de servicio local de la Ciudad de México a los municipios citados.

Dicha petición se sustenta adicionalmente en los criterios de cercanía geográfica, conurbación y el hecho de que su actividad económica preponderante está relacionada con el sector servicios, por lo que dicha determinación beneficiaría enormemente a los habitantes de los municipios aludidos.

Por todo lo expresado anteriormente, y con base en el artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso, me permito someter a su consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico. Solicitar a la Comisión Federal de Telecomunicaciones incorpore en el Programa de Consolidación Telefónica de Servicio Local de la Ciudad de México a los municipios de Texcoco, Papalotla, Chiautla, Chiconcuac, San Salvador Atenco, Tezoyuca, Tepetlaoxtoc y Acolman.

Diputadas: Beatriz Cervantes Mandujano, Eréndira Olimpia Cova Brindis (rúbricas).

(Turnada a la Comisión de Comunicaciones. Octubre 8 de 2002.)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE EL PODER EJECUTIVO FEDERAL INFORME A LA CAMARA DE DIPUTADOS COMO SE HA CANALIZADO LA AYUDA HUMANITARIA EN LA ZONA AFECTADA POR EL HURACAN ISIDORE, PRESENTADA POR LA DIPUTADA ERIKA SPEZIA MALDONADO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM, EN LA SESION DEL MARTES 8 DE OCTUBRE DE 2002

Bernardo de la Garza Herrera, Francisco Agundis Arias, José Antonio Arévalo González, Esveida Bravo Martínez, María Teresa Campoy Ruy Sánchez, Olga Patricia Chozas y Chozas, Diego Cobo Terrazas, Arturo Escobar y Vega, José Rodolfo Escudero Barrera, Sara Guadalupe Figueroa Canedo, Nicasia García Domínguez, Alejandro Rafael García Sainz Arena, María Cristina Moctezuma Lule, Julieta Prieto Fuhrken, Concepción Salazar González y Erika Elizabeth Spezia Maldonado, diputados de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrimos a solicitar se tenga a bien someter a la consideración del Peno de la Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Desde hace varios años, fenómenos naturales reiterados, han ocasionado devastación y miseria en el territorio nacional. Basta recordar la presencia de los huracanes Paulina, Mitch y Juliette y sus efectos destructores.

El cambio climático es uno de los fenómenos que más impactan a nuestro territorio nacional por la posición que geográficamente ocupa; a la vez que cada temporada evoluciona de manera distinta, sin que tengamos a ciencia cierta una visión correcta del fenómeno para poder prever sus efectos y prevenir sus consecuencias. Hasta ahora, dicho fenómeno ha pasado desapercibido para las autoridades sin que adopten medidas adecuadas para mitigar y revertir sus efectos que cada vez serán más evidentes en perjuicio de las poblaciones costeras.

Los programas implementados hasta ahora por el gobierno han servido sólo para calmar necesidades de corto plazo sin lograr detener los efectos que año con año se vienen dando. Así, las soluciones del gobierno sirven sólo para un año hasta en tanto llega el próximo temporal de lluvias que, de acuerdo a las condiciones de cambio climático, se prevé que serán cada vez más intensas y extremosas.

La política de prevención de desastres ha servido de poco para evitar los efectos negativos que los huracanes producen a la economía nacional, pero sobre todo, al bienestar de los pobladores, por lo que la adopción de una política nacional de protección civil entre las diversas comunidades es ya un imperativo impostergable.

Como es de todos sabido, el huracán Isidore dejó a su paso por el sudeste del país, numerosos damnificados, devastación, cuantiosos daños a la infraestructura carretera y de servicios. En particular la región norte de la península de Yucatán sufrió los mayores daños, aunque los estados de Campeche y Quintana Roo también sufrieron graves estragos.

En toda la zona de influencia, se estima hay cerca de 300 mil damnificados por el huracán que requieren de nuestro apoyo, la mayor parte de ellos en Progreso, Tizimín y Mérida.

Hasta el momento las Secretarías de Marina y de Defensa Nacional han intervenido distribuyendo agua potable, alimentos, ropa y medicinas, así como el traslado de enfermos, la realización de vuelos de reconocimiento y otras labores propias de estos institutos armados. Desde esta tribuna hacemos un reconocimiento a esa valiosa labor y los invitamos a continuar apoyando a los damnificados.

En los municipios quintanarroenses de Solidaridad, Tulum, Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos, el alcalde de Benito Juárez fue víctima de supuestos decomisos, más parecidos al robo, por parte de policías uniformados, así como de detenciones ilegales, al tratar de otorgar víveres recolectados en el municipio de Benito Juárez (Cancún) para las víctimas del desastre natural.

Por último, queremos exhortar al Gobierno Federal a que se conduzca con legalidad e imparcialidad, y no otorgue la ayuda de manera selectiva en los municipios y estados que gozan de la preferencia del Presidente de la República.

Por todo lo anterior, es que solicitamos al Pleno de esta Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se someta y vote el presente documento por tratarse de un asunto de obvia y urgente resolución, para que se acuerde:

Primero. Que el Poder Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación, informe a la Cámara de Diputados cómo ha canalizado toda la ayuda humanitaria en la zona afectada por el huracán Isidore.

Segundo. Que los Poderes Ejecutivos federal y el estatal de Quintana Roo, informen a la Cámara de Diputados qué se ha hecho con las tres toneladas de víveres que fueron decomisadas al presidente municipal de Benito Juárez, Quintana Roo.

Tercero. Que el Poder Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de la República, investigue y prevenga la posible comisión de delitos por aquellos que, aprovechándose de la tragedia humana, realizan conductas delictivas en perjuicio de la sociedad mexicana.

En este sentido, los diputados que integramos el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta Cámara de Diputados, sometemos el presente punto de acuerdo, en virtud de que miles de mexicanos lo necesitan y por tanto se turne a la Junta de Coordinación Política.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 8 días del mes de octubre de 2002.

Diputados: Bernardo de la Garza Herrera (rúbrica), coordinador; Francisco Agundis Arias (rúbrica), vicecoordinador; José Antonio Arévalo González, Esveida Bravo Martínez (rúbrica), María Teresa Campoy Ruy Sánchez (rúbrica), Olga Patricia Chozas y Chozas (rúbrica), Diego Cobo Terrazas (rúbrica), Arturo Escobar y Vega, José Rodolfo Escudero Barrera (rúbrica), Sara Guadalupe Figueroa Canedo (rúbrica), Nicasia García Domínguez (rúbrica), Alejandro Rafael García Sainz Arena, María Cristina Moctezuma Lule (rúbrica), Julieta Prieto Fuhrken (rúbrica), Concepción Salazar González (rúbrica), Erika Elizabeth Spezia Maldonado (rúbrica), Jorge Carlos Ramírez Marín, Rosa Elena Baduy Isaac (rúbrica), José Manuel del Río Virgen (rúbrica), Roberto Preciado Cuevas (rúbrica), Flor Añorve Ocampo (rúbrica), Federico Granja Ricalde (rúbrica).

(Turnada a las Comisiones Especial de la Cámara de Diputados encargada de vigilar que los recursos del Fonden y partidas extraordinarias que se aprueben, se apliquen para el restablecimiento de las condiciones de convivencia de la población y la ayuda a los damnificados por el huracán Isidore, y de Gobernación y Seguridad Pública. Octubre 8 de 2002.)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, EN RELACION CON LOS DERECHOS DE PROPIEDAD EN EL PARQUE NACIONAL "COFRE DE PEROTE", VERACRUZ, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA SESION DEL MARTES 8 DE OCTUBRE DE 2002

El tratamiento dado a bosques, manantiales, mantos acuíferos, fauna salvaje y flora es un tema que ocupa intensamente la atención de grandes sectores de la población. Es claro que el manejo sustentable de los recursos naturales, para que sea eficiente, equitativo y perdurable, requiere de un conjunto de disposiciones institucionales que modulen la participación de los distintos actores involucrados en su aprovechamiento y conservación. Entre este conjunto de disposiciones institucionales, sobresale la claridad y protección que se le dé a los derechos de propiedad sobre los recursos naturales, en cualquiera de sus tres modalidades1.

En consecuencia, a través de la presente proposición con punto de acuerdo, se pretende incorporar a las dependencias federales competentes, en la revisión de los derechos de propiedad sobre los suelos y los recursos naturales que delimitan el Parque Nacional del Cofre de Perote. Hay elementos suficientes para suponer que, la contradicción existente en los títulos de propiedad sobre un mismo bien dentro del parque, ha contribuido al deterioro ecológico del lugar, toda vez que proyecta pocos incentivos para la conservación de los recursos naturales entre las personas ahí asentadas.

Derechos de propiedad

El tema de los derechos de propiedad es un asunto con importantes repercusiones. Un desempeño económico eficiente requiere de derechos de propiedad claramente definidos, con el objeto de acreditar, sin ninguna duda, al individuo que cuenta con la titularidad sobre un bien, a fin de facilitar intercambios, ponderar beneficios y calcular costos. Una sociedad articulada, proclive a la buena convivencia, requiere también de instituciones encargadas de hacer respetar dichos derechos, diseñando mecanismos confiables para la solución de disputas sobre la propiedad de ese bien, con el propósito de promover así, certeza jurídica y certidumbre patrimonial.

Detentar los derechos sobre la propiedad de un bien, permite excluir a terceros sobre los beneficios de su uso y, al mismo tiempo, obliga a rivalizar y competir por su consumo. Esta es la naturaleza de los bienes privados: si no puede haber exclusión en los beneficios, ni competencia en el consumo, entonces se trata de bienes públicos, los cuales requieren del sector gubernamental para su provisión.2

Lo anterior hace sentido, porque demuestra la existencia de incentivos, tanto para pagar por la propiedad de un bien, como para asumir el costo de conservarlo y preservarlo, en la medida en la cual nadie distinto al propietario, disfrutará de los beneficios de ese bien. Sin embargo, cuando se trata de recursos naturales asentados sobre formas de propiedad comunal, no existirán incentivos para su cuidado, ni para su explotación responsable, como consecuencia de la imposibilidad de excluir de los beneficios a quienes no participan en la amortización de sus costos. Por tanto, deben construirse medios compensatorios con el propósito de crear incentivos en esa dirección. Derechos de propiedad claros pueden aportar una posible solución a este problema.

El dueño de los derechos de propiedad posee el consentimiento de sus semejantes para decidir, según sus intereses, con respecto al bien de su propiedad, aun cuando esa decisión podría producir reacciones dañinas para otros. Para muchos, una función primaria de los derechos de propiedad, consiste en encauzar los efectos, positivos o negativos, que una actividad puede producir a terceros no involucrados con esa actividad.3 De esta manera, los derechos de propiedad, en buena medida, se orientan a combatir los síntomas de las "externalidades" económicas.4

Todas estas reflexiones teóricas acerca de los derechos de propiedad toman sentido, luego de observar las condiciones que prevalecen en el Parque Nacional "Cofre de Perote".

Parques nacionales

Los parques nacionales están definidos en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Son una de las distintas formas que adquieren las áreas naturales protegidas. Estas "constituyen porciones terrestres o acuáticas del territorio nacional, representativas de los diferentes ecosistemas y de su biodiversidad, en donde el ambiente original ha sido esencialmente alterado por el hombre y que están sujetas a regímenes especiales de protección, conservación, restauración y desarrollo".5

Acorde al artículo 50 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, los parques nacionales "se constituirán, tratándose de representaciones biogeográficas, a nivel nacional, de uno o más ecosistemas que se signifiquen por su belleza escénica, su valor científico, educativo, de recreo, su valor histórico, por la existencia de flora y fauna, por su aptitud para el desarrolla del turismo, o bien por otras razones análogas de interés general".

Asimismo, según el mismo precepto, "en los parques nacionales sólo podrá permitirse la realización de actividades relacionadas con la protección de sus recursos naturales, el incremento de su flora y fauna y en general, con la preservación de los ecosistemas y de sus elementos, así como con la investigación, recreación, turismo y educación ecológicos".

Como puede percibirse, dentro de los límites de un parque nacional, no puede haber actividades productivas, ni pueden explotarse sus recursos naturales de manera sustentable y racional. Sólo deben preservarse e incrementarse su flora y fauna.

Parque Nacional "Cofre de Perote"

El Parque Nacional "Cofre de Perote", cuenta con una superficie de 11 mil 700 hectáreas, en los municipios de Perote, Ayahualulco, Xico, Acajete y las Vigas de Ramírez. La tenencia de la tierra se distribuye en ejidal, con un 43%, no identificada con el 32% y nacional con el restante 25%. Asimismo, cerca del 50% de la extensión territorial del parque son bosques de coníferas, transfiriendo el resto a zonas de cultivo agrícola y de pastizales.

El decreto presidencial que lo creó, se publicó el 4 de mayo de 1937 y declara Parque Nacional Cofre de Perote, la porción de los terrenos comprendidos en esa montaña, a partir de la curva de nivel de 3 mil metros sobre el nivel del mar y, de manera muy importante, señala en su artículo 3º, que "los terrenos comprendidos en los límites... quedarán en posesión de sus dueños respectivos en tanto cumplan con los ordenamientos que sobre el particular dicte el servicio forestal..."

Los objetivos perseguidos por el decreto, consistían en proteger las áreas naturales de la montaña para beneficio de las ciudades aledañas, sobre todo, por el impacto que éstas guardan en materia hidráulica, climática y de fertilidad. Asimismo, se buscaba también salvaguardarla como refugio natural para la conservación de la fauna silvestre. Es necesario destacar la existencia de tres importantes cuencas, cuyos nacimientos se encuentran en los altos manantiales de esta montaña y cuyos cauces progresivamente se extienden por muchas regiones bajas del estado, hasta desembocar en el golfo de México.

Considerandos

En primer lugar, se debe reconocer que, después de 65 años, los objetivos que motivaron la creación del parque nacional no se han alcanzado. La tala clandestina, el cambio de uso de suelo de forestal a agrícola sobre terrenos con vocación forestal, las pocas posibilidades de rotar cultivos, el pastoreo en zonas boscosas, la proliferación de los asentamientos humanos, la falta de vigilancia y planeación, han provocado una enorme deforestación, una terrible erosión del suelo y un caos con repercusiones ecológicas.

En segundo lugar, se vislumbra una inconsistencia en los criterios para reconocer los derechos sobre la propiedad. La política agraria en la región del Cofre de Perote, observa resoluciones presidenciales de dotación de ejidos anteriores al decreto que creó el parque nacional que son afectados parcialmente por éste, pero de la misma manera, también observa dotaciones ejidales posteriores al decreto en mención, sobre terrenos dentro de los límites del parque. Son cerca de 15 los núcleos poblacionales asentados al interior de esa circunscripción.

En este punto, el parque nacional, como se menciona en el artículo 3º del decreto, reconoce los derechos sobre la propiedad en los terrenos dotados como ejidos antes de mayo de 1937 por encima de los 3 mil metros sobre el nivel del mar, pero no a plenitud, toda vez que los excluye de los aprovechamientos forestales de sus recursos maderables. En este sentido, existen muy pocos incentivos para preservar, vigilar, mantener el estado de los bosques y del resto de los recursos naturales y, por el contrario, existen muchos incentivos para aprovecharlos irracional y clandestinamente.

En consecuencia, la falta de precisión en los derechos de propiedad sobre la tenencia de la tierra y los recursos naturales ha propiciado efectos nocivos para la situación ambiental del parque nacional, para los habitantes ahí asentados y para quienes en las partes bajas de las montañas, en el tiempo dependerán, de bosques sanos en su relación con el suministro de oxígeno y agua.

Por lo anteriormente expuesto, presentamos, con fundamento en el artículo 58 del reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la siguiente proposición de:

Punto de Acuerdo

Unico. Que la Secretaría de la Reforma Agraria, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Comisión Nacional Forestal, instrumenten acciones tendientes a definir y, en su caso, rectificar los derechos de propiedad sobre el suelo y los recursos naturales de los ejidos, de la colonia agrícola y del parque nacional, asentados arriba de la curva de los 3 mil metros sobre el nivel del mar del Cofre de Perote, con el objeto de alinear los incentivos particulares de sus pobladores, con las metas de la conservación ecológica.

Dip. José Francisco Yunes Zorrilla (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Octubre 8 de 2002.)

Notas:
1 El artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce, además de la propiedad privada, la forma de propiedad comunal y ejidal.
2 R. Musgrave. Hacienda Pública, p. 52.
3 Demsetz, Harold. Toward a Theory of Property Rights, pp. 347-359.
4 S. Fischer, R. Dombusch, R. Schmalensee. Economía, p. 84. "Existe una externalidad cuando la producción o el consumo de un bien afecta directamente a empresas o a consumidores que no participan en su compra ni en su venta y cuando esos efectos no se reflejan totalmente en los precios de mercado".
5 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Título Segundo. Capítulo I.
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR QUE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION REVISE EL DESTINO DE LA DEUDA PUBLICA DEL GOBIERNO FEDERAL, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JOSE ANTONIO MAGALLANES RODRIGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DEL MARTES 8 DE OCTUBRE DE 2002

Antecedentes

1. El artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su fracción VIII, confiere a la Cámara de Diputados la facultad exclusiva para dar las bases bajo las cuales el Ejecutivo puede celebrar empréstitos sobre el crédito de la nación, para aprobar esos mismos empréstitos y para conocer y mandar pagar la deuda nacional.

2. El artículo referido anteriormente de nuestra Carta Magna, establece que ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos.

Considerando

1. Que de acuerdo a las últimos datos oficiales al mes de agosto, la deuda interna y externa reconocida oficialmente, es decir, aquella que no incluye los llamados "pasivos contingentes", ascendió a 1 billón 356 mil millones de pesos, cifra que representa aproximadamente el 22% del PIB.
2. Que durante los últimos años la deuda pública interna y la deuda total han crecido a tasas muy superiores al crecimiento de la economía.
3. Que lo anterior implica que el endeudamiento neto del sector público, no ha tenido como destino la inversión productiva, sino más bien el gasto corriente.
4. Que de continuar esta tendencia, el peso de la deuda se traducirá en mayores presiones sobre las finanzas públicas.
5. Que es preciso desalentar el gasto corriente y fomentar la inversión productiva y social en infraestructura.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 78, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, solicito a la Presidencia de la Mesa Directiva, someta a consideración de este Pleno, el siguiente

Acuerdo

Unico. Que se solicite a la Auditoría Superior de la Federación que se revise el destino del endeudamiento público, particularmente el desmedido crecimiento de la deuda pública interna durante los últimos años.

Dip. Antonio Magallanes Rodríguez (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. Octubre 8 de 2002.)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, EN TORNO DEL PROGRAMA DE ABASTO RURAL DE DICONSA, PRESENTADA POR EL DIPUTADO ALBERTO AMADOR LEAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA SESION DEL MARTES 8 DE OCTUBRE DE 2002

Los suscritos, diputados federales integrantes de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción II del artículo 55 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo en torno al Programa de Abasto Social de Diconsa.

En días pasados, el diputado Esteban Daniel Martínez Enríquez, del Partido de la Revolución Democrática, y su servidor asistimos a la Reunión Nacional de los Consejos Comunitarios de Abasto, celebrada en la Ciudad de México el pasado 26, 27 y 28 de septiembre. Como secretarios de la Comisión de Desarrollo Social, recibimos la encomienda de presentar a este Pleno los problemas y las alternativas para abrir una nueva perspectiva a este importante programa.

Se hizo una revisión de la situación actual de las acciones de abasto rural, reconociendo que el programa vigente se caracteriza por un esquema comercial anacrónico, poco flexible, con estancamiento y contracción en el volumen de productos distribuidos, pérdida de identidad del programa y disminución del arraigo social entre los beneficiarios, debido a que no se han alcanzado la rentabilidad social y la eficiencia administrativa esperada.

En la reunión se propuso retomar los principios y fines sociales que dieron origen al programa, evaluar con indicadores el impacto en la economía y bienestar de las comunidades, contribuir efectiva e integralmente al desarrollo comunitario, garantizar el acceso de la población en condiciones de pobreza a una canasta básica subsidiada y, en fin, convertir el abasto social en un instrumento poderoso para mejorar la calidad de vida.

Además, se propuso:

Formalizar un programa para, con decisión y oportunidad, atender las contingencias meteorológicas o de otro orden, como la acontecida en días pasados en el sureste del país.

Desarrollar políticas de intercambio comercial de la producción regional comunitaria por los productos industrializados de las ciudades, donde las tiendas Diconsa serán el eje fundamental que potencie este proceso de desarrollo; de igual forma, descentralizar las compras directas y pagos a las unidades operativas.

Simplificar trámites administrativos para facilitar las compras en las sucursales de productos estratégicos, como el maíz y el frijol.

Someter el Programa de Abasto Rural a un proceso de reestructuración integral, administrativa y operativa de la empresa que resuelva de fondo el problema estructural que actualmente le impide cumplir cabalmente su misión social.

Promover que los órganos de participación comunitaria intervengan en todas y cada una de las decisiones inherentes a la reestructuración administrativa.

Concluir el proceso de autonomía del programa de abasto rural, de tal forma que el gasto de la plantilla dedicada a las funciones de control sea absorbido por la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo o, en su defecto, se le asigne la partida presupuestal correspondiente.

Además, se alertó respecto de que cada año el Gobierno Federal pretende reducir los recursos del Programa de Abasto Rural (Diconsa), de modo que para el año 2000 en el Presupuesto de Egresos de la Federación se le destinaron 715 millones de pesos, 515 millones de pesos para el 2001 y solamente 200 millones para el 2002; esto es debido a que no se tiene una política presupuestaria acorde con la importancia estratégica del programa.

En la reunión se enfatizó también que los Consejos Comunitarios de Abasto, AC, de la República Mexicana son una organización plural, democrática y solidaria, reconocida como un medio necesario para orientar el proceso de abasto rural que beneficia aproximadamente a 30 millones de mexicanos.

Mediante el diálogo y la búsqueda de consensos se ha logrado la integración de 23 mil comités rurales de abasto, electos en asambleas comunitarias, que operan una infraestructura de 274 almacenes rurales y alrededor de 23 mil tiendas, las cuales en su mayoría están ubicadas en zonas rurales, generando un empleo indirecto a 27 mil ciudadanos.

Es importante señalar que la red de tiendas a cargo de estos comités rurales de abasto distribuyen más de un millón de toneladas de productos básicos al año, de los cuales más de 50% es maíz.

En suma, los apoyos económicos que transfiere el Gobierno Federal a Diconsa para la operación del Programa de Abasto Rural son insuficientes y a destiempo. Con lo anterior, se desarticula todo posible esfuerzo de las organizaciones sociales para superar los obstáculos que el libre juego de las fuerzas del mercado impone en la comercialización de productos básicos.

La disminución de la inversión pública en materia de abasto, evidentemente, trae consecuencias y debemos valorarlo en los términos justos porque la disminución de la inversión pública acarrea efectos nocivos sobre el conjunto de la economía y sobre las comunidades rurales en particular.

En consecuencia, se propone el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Que la Sedesol proporcione a la Comisión de Desarrollo Social un informe detallado sobre el estado que guarda la empresa Diconsa y sus perspectivas de desarrollo, considerando las propuestas de los Consejos Comunitarios de Abasto.

Segundo. Que, con base en lo anterior, se incluya una partida presupuestal en el proyecto de Presupuesto de Egresos 2003 que permita abatir los rezagos de la empresa y crear condiciones materiales para que recupere su viabilidad económica y social.

Palacio Legislativo, San Lázaro, a 8 de octubre de 2002.

Diputados: Alberto Amador Leal, Daniel Esteban Martínez (rúbricas).

(Turnada a la Comisión de Desarrollo Social. Octubre 8 de 2002.)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, EN RELACION CON LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO GREGORIO URIAS GERMAN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DEL MARTES 8 DE OCTUBRE DE 2002

Proposición con punto de acuerdo para la aplicación del fondo extraordinario destinado a las universidades públicas con rezagos estructurales, aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2002

Considerandos

1. Que la educación superior en México es factor determinante para el desarrollo nacional. El bienestar económico y la justicia social de los mexicanos se alcanzarán a partir de consolidar nuestra independencia científica y tecnológica; ello será posible en la medida que se diseñe y aplique una política de Estado en materia educativa.

2. Que el sistema de universidades e instituciones de educación superior de carácter público arrastra un lamentable rezago, producto de la política educativa aplicada por los gobiernos neoliberales, que nunca se comprometieron con el futuro de la educación pública. El resultado salta a la vista: las universidades privadas atienden hoy alrededor de 30% del total de la matrícula universitaria, cuando en la década de los ochenta no superaba 10%. Es decir, fieles a sus postulados neoliberales, los gobiernos de Carlos Salinas a la fecha asumen, por la vía de los hechos, que el Estado debe retraerse y dejar la educación en manos del mercado.

3. Que, no obstante la gravedad de lo anterior, se observa una marcada asimetría en la asignación de las partidas presupuestales a cada una de las universidades públicas. Encontramos casos en que el costo anual por alumno supera los cincuenta mil pesos, mientras que en otros apenas rebasa los veinte mil, originando, con tan irregular asignación, que varias universidades se encuentren al borde del colapso financiero.

4. Que, a iniciativa de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, el Pleno de esta honorable Cámara de Diputados aprobó en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2002 un fondo extraordinario de mil millones de pesos, que el Poder Ejecutivo debe aplicar para aliviar la crisis de las universidades que enfrentan problemas estructurales que amenazan su viabilidad como instituciones encargadas de formar los profesionistas del futuro.

5. Que, a diez meses de haber aprobado la mencionada partida y a punto de iniciar la discusión del proyecto de Presupuesto de Egresos para el siguiente ejercicio, es inaudito que no se aplique todavía un solo peso. No es posible que por medidas burocráticas, tanto de la Secretaría de Hacienda como de la Secretaría de Educación Pública, se esté incumpliendo el mandato del Poder Legislativo, en detrimento de la buena marcha de la educación superior.

6. Que hemos constatado las penurias económicas de varias universidades del país, como es el caso de las universidades autónomas de Puebla, Sinaloa, Zacatecas, Guerrero, Oaxaca y Nayarit, sólo por mencionar algunas, que enfrentan una seria crisis que amenaza el cumplimiento de sus funciones sustantivas, en virtud de la falta de recursos para solucionar problemas estructurales.

7. Que la Universidad Autónoma de Sinaloa es un importante espacio educativo que desde hace mas de un siglo se ocupa de formar a miles de profesionistas en el noroeste del país y que ahora se encuentra gravemente amenazada, en virtud de la incomprensión y falta de apoyo oficial. Los problemas estructurales le hacen crisis como consecuencia de la inequidad histórica en materia de financiamiento y cuyos efectos se manifiestan en forma severa: en los próximos cinco años, la nómina de jubilados será mayor de la de los trabajadores en activo; presenta un déficit de 1,474 plazas y 31,089 horas-clase no financiadas por la SEP, que tiene que cubrir de otros renglones de su exiguo presupuesto. Existe también un importante adeudo en las cuotas al IMSS y al Infonavit. En suma, esta centenaria universidad, que en el presente ciclo escolar cubre la demanda educativa de 104,190 alumnos, requiere para superar estos rezagos 562 millones 869 mil 834 pesos; de lo contrario, está al borde del colapso financiero.

En razón de lo anterior y con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior de este órgano legislativo, pongo a consideración de esta honorable asamblea la siguiente

Proposición con Punto de Acuerdo

Unico. Esta honorable Cámara de Diputados requiera a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Educación Pública para que de inmediato procedan a aplicar los recursos extraordinarios aprobados en la Ley de Presupuesto de Egresos 2002, considerando en forma especial aquellas universidades, como es el caso de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que enfrentan rezagos producto de asimetrías e inequidades históricas que amenazan seriamente sus funciones sustantivas.

Diputados: Gregorio Urías Germán, Fernando Díaz de la Vega, Enrique Meléndez Pérez, José Manuel Quintanilla Rentería, Justino Hernández Hilaria, Aarón Irizar López, Roberto Zavala Echavarría, Tomás Torres Mercado, Magdalena del Socorro Núñez Monreal, María de los Angeles Sánchez Lira, Rubén Benjamín Félix Hays (rúbricas).

(Turnada a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos. Octubre 8 de 2002.)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, EN RELACION CON LAS REFORMAS CONSTITUCIONALES EN MATERIA INDIGENA QUE HAN SIDO OBJETO DE SENTENCIA DE IMPROCEDENCIA POR PARTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION, PRESENTADA POR LA DIPUTADA IRMA PIÑEYRO ARIAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA SESION DEL JUEVES 3 DE OCTUBRE DE 2002

Con fecha 11 de octubre de 2001 presenté ante el Pleno de esta H. Cámara un punto de acuerdo respecto a las reformas constitucionales aprobadas por el Congreso de la Unión y las Legislaturas de los estados, que se publicó mediante decreto de 18 de junio del mismo año en el Diario Oficial de la Federación y

Considerando

Primero.- Que en dicho punto de acuerdo, signado por cuarenta y tres legisladores, se propone la creación de una Comisión Especial Plural para que lleve a cabo consultas con los pueblos indígenas del país a fin de dar cumplimiento al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, el cual dispone que "Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán: a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente; b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles, en la adopción de decisiones en instituciones electivas y órganos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan; c) establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos pueblos y, en los casos apropiados, proporcionar los recursos necesarios para ese fin. Las consultas llevadas a cabo en la aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr consentimiento acerca de las medidas propuestas."

Segundo.- Que en la elaboración y aprobación de las reformas constitucionales en materia indígena, que dieron lugar a la presentación del punto de acuerdo mencionado, no se cumplieron las disposiciones del Convenio, el cual, por disposición constitucional rige con fuerza de ley en el territorio nacional. El artículo 133 constitucional dispone al respecto que "Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán ley suprema en toda la Unión. Los jueces de cada estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los estados." Este mandato constitucional no fue cumplido por el Congreso en la aprobación de las reformas constitucionales, al no ajustarse a los Acuerdos de San Andrés, los cuales recogieron en su momento la anuencia de los pueblos indígenas del país.

Tercero.- Que la Junta de Coordinación Política emitió el pasado jueves 5 de septiembre un acuerdo, mediante el cual expresa que desahogará la proposición una vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva lo conducente respecto de las controversias constitucionales que se presentaron a causa del descontento de estados, municipios, comunidades y organizaciones con el contenido de las reformas en materia de derechos y cultura indígenas. Cabe aclarar que éstas no contaron con la aprobación de prácticamente ninguno de los pueblos afectados por dichas disposiciones de nuestra Carta Magna, los cuales, muy por el contrario, efectuaron múltiples y enérgicos pronunciamientos.

Cuarto.- Que la semana pasada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció respecto de 322 de las 330 controversias interpuestas contra las reformas, resolviendo por mayoría declararlas improcedentes, por carecer de facultades para revisar modificaciones a la Constitución Política. Se fundamenta en que el órgano reformador de la misma conformado por el Congreso de la Unión y las Legislaturas de los estados, no es susceptible de controles judiciales, ni se puede aducir inconstitucionalidad cuando se está modificando la misma Constitución.

Quinto.- Que nuestro máximo órgano judicial se pronunció respecto al procedimiento, no al fondo del asunto, que queda de esta manera igual que al ser aprobado y promulgado.

Sexto.- Que en el estado de Oaxaca, donde un porcentaje mayoritario de la población es indígena, hace años se aprobó una Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas, que es más amplia y respetuosa que el texto aprobado por el Congreso de la Unión. Los diputados federales priístas representantes de esa entidad votamos en contra las reformas constitucionales en esta Cámara de Diputados.

Séptimo.- Que en este momento, en que la condición que menciona el acuerdo de la Junta de Coordinación Política ya se cumplió, en que la Suprema Corte ya se pronunció, queremos hacer una exhortación a que se desahogue el punto de acuerdo, por el que propusimos formar una Comisión Especial Plural para realizar las consultas a los pueblos, núcleos o grupos afectados, como lo establece el Convenio 169.

Octavo.- Que estamos obligados a tomar conciencia de la situación de nuestros indígenas, compatriotas sumidos en su inmensa mayoría en las situaciones de pobreza, las más extremas, como nos acaban de mostrar con gran fruición los técnicos en estadísticas.

Noveno.- Que no es lógico ni comprensible que festejemos que llegamos al número de cuatro millones en programas de ayuda para los pobres más pobres. Entendería que se festejara la reducción de la necesidad, el abatimiento de la miseria. Nuestros pueblos indígenas están siempre en el extremo de esa cadena de dolor y privaciones.

Décimo.- Que es por eso que hoy subo nuevamente a esta alta tribuna de la Nación para plantear a la Honorable Cámara de Diputados que tenemos que impulsar un proceso consultivo que nos informe de la voluntad de los pueblos indígenas, que nos lleve a la aprobación de una legislación equitativa, que se reconozca su importancia y sus opiniones, sus proyectos y estrategias de vida y desarrollo.

Décimo primero.- Los diputados somos representantes de la población, de los que nos votaron y de los que no, tomemos el desafío de ser responsables e inaugurar rutas nuevas dentro del derecho y de la práctica. Demos todo el respeto a quienes decimos que son iguales, pero tratamos como menores de edad, imponiéndoles leyes y reformas que no les reconocen los derechos a que son acreedores como pueblos, comunidades y grupos indígenas del México del siglo XXI.

Décimo segundo.- Que es necesario que los diputados demos un paso adelante, que ejerzamos nuestras atribuciones y legislemos de nuevo. No se legisla para siempre, las leyes últimas derogan a las anteriores.

Por lo que antecede, me permito presentar ante el Pleno de esta H. Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero.- Que se integre a la brevedad una Comisión Especial plural con el cometido de organizar consultas con los pueblos indígenas, mediante los procedimientos apropiados a que hace mención el Convenio 169 de la OIT para conocer su voluntad y necesidades respecto a las reformas legales que les conciernan.

Segundo.- Que el resultado de las consultas realizadas se recoja en una legislación del nivel y contenido adecuados para que comprenda disposiciones relativas a la situación jurídica, social y económica de los pueblos indígenas de México, sin lesionar su pluralidad ni formas particulares de organización o expresión.

Diputados: Irma Piñeyro Arias (rúbrica), Abel Trejo González (rúbrica), Lilia Mendoza Cruz (rúbrica), Jaime Larrazábal Bretón (rúbrica), Ildefonso Zorrilla Cuevas (rúbrica), Cándido Coheto Martínez (rúbrica), Miguel Angel Moreno Tello (rúbrica), Angel Artemio Meixueiro González (rúbrica), José Soto Martínez, Edith Escobar Camacho, José A. Hernández Fraguas (rúbrica).

(Turnada a la Junta de Coordinación Política. Octubre 3 de 2002.)
 
 

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Convocatorias

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DE LA COMISION DE ASUNTOS INDIGENAS

A su reunión con el Consejo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de la Presidencia de la República, que se realizará el miércoles 9 de octubre, a las 9 horas, en el patio sur del edificio A, basamento.

Atentamente
Dip. Héctor Sánchez López
Presidente
 
 
 

DE LA COMISION DE DESARROLLO RURAL

A su reunión ordinaria, que se llevará a cabo el miércoles 9 de octubre, a las 9 horas, en el salón D del restaurante Los Cristales.

Atentamente
Dip. Alfonso Oliverio Elías Cardona
Presidente
 
 
 

DE LA COMISION DE TURISMO

A la reunión de trabajo de su Junta Directiva, el miércoles 9 de octubre, a las 9 horas, en las oficinas de la Comisión.

Atentamente
Dip. Jaime Arturo Larrazábal Bretón
Presidente
 
 
 

DE LA COMISION DE ENERGIA

A la comparecencia del Lic. Raúl Muñoz Leos, director general de Petróleos Mexicanos, que se llevará a cabo el miércoles 9 de octubre, a las 10 horas, en el salón Legisladores de la República (Salón Verde).

Atentamente
Dip. Juan Camilo Mouriño Terrazo
Presidente
 
 
 

DE LA COMISION DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES

A la reunión de la Subcomisión de Niños, Niñas y Adolescentes, que se realizará el miércoles 9 de octubre, a las 11 horas, en el salón A del restaurante Los Cristales.

Orden del Día

1. Registro de asistencia y comprobación de quórum.
2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.
3. Intervención de la diputada Elba Arrieta Pérez, coordinadora de la Subcomisión, para referirse a los avances pendientes del programa de trabajo de la Subcomisión.
4. Asuntos generales.

Atentamente
Dip. Elba Arrieta Pérez
Coordinadora de la Subcomisión
 
 
 

DE LA COMISION DE POBLACION, FRONTERAS Y ASUNTOS MIGRATORIOS

A su décima reunión ordinaria de trabajo, que se llevará a cabo el miércoles 9 de octubre, a las 11 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.

Atentamente
Dip. Irma Piñeyro Arias
Presidenta
 
 
 

DE LA COMISION DE RADIO, TELEVISION Y CINEMATOGRAFIA

A su reunión de trabajo con el Instituto Mexicano de Cine, el miércoles 9 de octubre, a las 11 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.

Orden del Día

1. Lista de asistencia.
2. Declaración de quórum.
3. Intervención de Imcine.

Atentamente
Dip. Lionel Funes Díaz
Presidente
 
 
 

DEL COMITE DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO E INVESTIGACIONES PARLAMENTARIAS

A su reunión de trabajo, el miércoles 9 de octubre, a las 11 horas, en el salón Libertadores, ubicado en el edificio H, primer piso.

Atentamente
Dip. Juan Manuel Carreras López
Presidente
 
 
 

DE LA COMISION DE ASUNTOS INDIGENAS

A la tercera reunión de la sesión permanente de la Subcomisión de Estudio y Dictamen de las Iniciativas de Ley de Derechos Lingüísticos, el miércoles 9 de octubre, a las 11:30 horas, en las oficinas de la Comisión.

Orden del Día

Punto único: Continuar con el proceso de análisis en lo particular de los artículos reservados para su discusión y aprobación en su caso. Atentamente
Dip. Héctor Sánchez López
Presidente

DE LA COMISION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

A su reunión plenaria de trabajo, el miércoles 9 de octubre, a las 14:30 horas, en los salones 1 y 2 de la planta baja del edificio B.

Orden del Día

1. Lista de asistencia y comprobación de quórum.
2. Aprobación del orden del día.
3. Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior.
4. Presentación de la Feria de la Ciencia y Tecnología, a realizarse en el Palacio Legislativo.
5. Presentación del Proyecto de Legislación sobre Bioseguridad.

6. Asuntos generales:

Visitas a instituciones de investigación.
Foros regionales con instituciones de ciencia y tecnología y educación superior.

Atentamente
Dip. Silvia Alvarez Bruneliere
Presidenta

DE LA COMISION DE PARTICIPACION CIUDADANA

A su reunión plenaria ordinaria, que se realizará el miércoles 9 de octubre, a las 14:30 horas, en el salón C del restaurante Los Cristales.

Atentamente
Dip. Miguel Gutiérrez Hernández
Presidente
 
 
 

DE LA COMISION DE TRANSPORTES

A la reunión de la presentación del predictamen del proyecto de Ley del Transporte Federal, que tendrá verificativo el día 9 de octubre del presente, a las 15 horas, en el salón de usos múltiples ubicado en el edificio D planta baja.

Orden del Día

1. Lista de asistencia y declaración de quórum.
2. Palabras de bienvenida
3. Presentación del predictamen del proyecto de la ley del transporte federal.
4. Asuntos generales.
5. Clausura

Atentamente
Dip. Juan Manuel Duarte Dávila
Presiente
 
 
 

DE LA COMISION DE MARINA

A la reunión de la Subcomisión de Dictamen de la Minuta de Ley de Disciplina de la Armada de México, el jueves 10 de octubre, a las 9 horas, en las oficinas de la Comisión.

Atentamente
Dip. César Patricio Reyes Roel
Presidente
 
 
 

DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO

A la reunión de trabajo de su Mesa Directiva, el jueves 10 de octubre, a las 9:30 horas, en las oficinas de la Comisión.

Atentamente
Dip. Concepción González Molina
Presidenta
 
 
 

DEL COMITE DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS FINANZAS PUBLICAS

A su reunión de trabajo, el jueves 10 de octubre, a las 11 horas, en la sala de juntas del Centro.

Orden del Día

1. Lista de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
4. Discusión y, en su caso, aprobación de la política de difusión de la información del CEFP.
5. Presentación del proyecto del foro Las finanzas públicas y su impacto sobre el bienestar social e individual.
6. Presentación, por parte del Lic. Roberto Michel Padilla, acerca de la estrategia a seguir para la implementación de centros de estudios de las finanzas públicas en los Congresos locales.
7. Discusión de la iniciativa de decreto y punto de acuerdo que proponen que el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas preste sus servicios tanto a la Cámara de Diputados como a la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión.
8. Proposición sobre la forma de dar a conocer públicamente la información que el Centro produce.
9. Asuntos generales.
10. Clausura de la reunión.

Atentamente
Dip. Moisés Alcalde Virgen
Presidente
 
 
 

DE LA COMISION DE ASUNTOS INDIGENAS

A su reunión plenaria, el martes 15 de octubre, a las 10 horas, en los salones C y D del restaurante Los Cristales, para la instalación de la Conferencia Parlamentaria de las Comisiones de Asuntos Indígenas del Senado de la República y de la Cámara de Diputados, para el análisis del proceso de reformas al Instituto Nacional Indigenista.

Atentamente
Dip. Héctor Sánchez López
Presidente
 
 
 

DE LA COMISION ESPECIAL DE GANADERIA

A su reunión de trabajo, el miércoles 16 de octubre, a las 15 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.

Orden del Día

1. Lista de asistencia.
2. Lectura del acta de la sesión anterior.
3. Presentación de invitados.
4. Discusión del tema Análisis de los apoyos a la ganadería para el 2003.
5. Comentarios.
6. Clausura.

Atentamente
Dip. Arturo B. de la Garza Tijerina
Presidente
 
 
 

DE LA COMISION DE SALUD

A la reunión de trabajo en Comisiones Unidas de Salud, de Agricultura y Ganadería, y Especial Sur Sureste con los industriales de la leche y funcionarios federales, que se realizará el miércoles 16 de octubre, a las 17 horas, en la zona C del restaurante Los Cristales.

Atentamente
Dip. María Eugenia Galván Antillón
Presidenta
 
 
 

DE LA COMISION DE FOMENTO COOPERATIVO Y ECONOMIA SOCIAL

A los Foros de Consulta Cooperativa, como parte del desarrollo del proceso de formulación de políticas públicas para el fortalecimiento cooperativo que han construido y proyectado en conjunto la Comisión de Fomento Económico del Senado de la República, la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social de la Cámara de Diputados, el Fondo Nacional de Apoyo a Empresas Sociales (Fonaes) y Conrad-Adenauer-Stiftung.

Lugar y fecha

Quinto foro. Acapulco, Guerrero: Centro Cultural y de Convenciones de Acapulco, avenida Costera Miguel Alemán 4455, colonia Costa Azul, CP 39850. 18 de octubre.