Dictámenes a discusión
DE LA COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, CON PUNTO DE ACUERDO PARA LA REVISION Y SOLUCION INMEDIATA DE LA PROBLEMATICA AMBIENTAL DE LA PLAYA LAS LUPITAS, EN LA BAHIA DE TEACAPAN, MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, fue turnada para su dictaminación, la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se propone exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, para que realicen las diligencias necesarias a fin de controlar los problemas ambientales en Teacapán, Sinaloa, presentada por el Diputado Concepción Salazar González del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Antecedentes
1.- En la sesión pública del Pleno de la Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, celebrada el día 11 de diciembre de dos mil uno, el Diputado Concepción Salazar González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México presentó la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se propone:
Primero.- Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la revisión y la solución inmediata a la problemática planteada en los considerandos del presente Punto de Acuerdo, fundamentando lo siguiente en la demora por cuatro años en dar una respuesta contundente y satisfactoria a la población afectada.
Segundo.- Se mandata a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que actúen conforme a lo establecido a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para que se realice la restauración ecológica y se aplique lo que a derecho corresponda a los responsables de las modificaciones y alteraciones a los ecosistemas costeros en Teacapán, Sinaloa, y poder revertir con ello, el daño ecológico producido en esta zona.
Tercero.- Se exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente establezca un programa de inspección y vigilancia permanente que permita frenar el desorden que existe en las playas mexicanas para que los fraccionadores, empresarios hoteleros y los propietarios privados cuenten con las autorizaciones respectivas en materia de impacto ambiental y no estén privatizando o invadiendo superficie que corresponda a la zona federal marítimo terrestre.
2.- La Presidencia de este Honorable órgano legislativo, con fundamento en el artículo 23, fracción f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, turnó a esta Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales dicha proposición, la cual fue analizada y dichos elementos tomados en cuenta para la elaboración del presente dictamen.
Con fundamento en los artículos 39 y 45, fracción f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión se abocó al estudio y análisis de la Propuesta con Punto de Acuerdo motivo del presente dictamen, labor de la que se da cuenta, de acuerdo con las siguientes:
Consideraciones
1º.- A pesar de la privilegiada situación de la zona costera mexicana, existe en nuestro país un notable rezago en el conocimiento, aprovechamiento y manejo adecuado de los recursos naturales.
2º.- En las zonas costeras mexicanas se realizan diversas actividades con gran potencial de desarrollo, las cuales impactan en mayor o menor medida al ambiente, entre las que destacan las siguientes:
1. Extracción petrolera;
2. Actividades pesqueras o acuícolas;
3. Turismo y
4. Desarrollo urbano.
3º.- En lo que respecta al sector turístico en nuestro país, éste se ha consolidado como uno de los ejes de la economía nacional al generar empleos, captar divisas, mejorar la calidad de vida e impulsar el desarrollo regional, lo que la ha convertido en una actividad económica fundamental para nuestro país. Además, México es el único país latinoamericano que figura entre los 10 principales centros turísticos del mundo.
No obstante el potencial económico de la actividad y su relativamente bajo impacto ambiental, la misma no está exenta de provocar impactos negativos sobre la población y el ambiente; las experiencias conocidas en Acapulco y Cancún, muestran que las formas en las que se ha conducido el desarrollo de la actividad distan mucho de un adecuado manejo ambiental.
Un ejemplo de ello es la problemática que se presenta en el Estado de Sinaloa el cual, por su ubicación geográfica, se ha convertido en un privilegiado destino turístico, donde la sierra y la costa enmarcan la belleza de sus múltiples atractivos culturales y recursos naturales.
Sinaloa se ubica en el Noroeste del país, su superficie es de 58,092 kilómetros cuadrados, con 608 kilómetros cuadrados de superficie insular, 17,751 kilómetros cuadrados de plataforma continental o parte sumergida, 656 kilómetros de litoral, 221,600 hectáreas de lagunas litorales y 57,000 hectáreas de aguas continentales.
La mayor oferta de servicios en lugares de interés turístico se presenta en la zona sur del Estado, integrado por siete municipios: Mazatlán, Concordia, Rosario, Escuinapa, Elota, Consalá y San Ignacio.
A 30 kilómetros al sudoeste de Escuinapa y a 98 kilómetros de Mazatlán se localizan las playas de Teacapán, un puerto de pescadores, con una rica producción de mango y camarón, consideradas como la principal fuente de ingresos para los habitantes del área.
La región comprende la zona estuaria más extensa del mundo con 80 kilómetros al sur, misma que forma interesantes laberintos con un ambiente tropical único. Entre los manglares se puede observar la Isla de Pájaros, la cual es un santuario para diferentes especies de aves.
Las playas de Teacapán están consideradas como las más seductoras y vírgenes de Sinaloa. Las Lupitas, La Tambora, Las Cabras y Los Angeles son las playas que por su incomparable belleza y tranquilidad cautivan a sus visitantes. Esta área es una de las reservas ecológicas más importantes del noroeste mexicano por su abundante flora y fauna, aquí habitan diversos tipos de aves entre las que destacan garzas blancas y rosas, patos canadienses y pichihuilas; además existe una gran cantidad de animales silvestres, venado, gato montés, tigrillo y jabalí entre otros.
4º.- No obstante lo referido en el numeral anterior, en la playa Las Lupitas, desde hace un par de años, algunos empresarios y particulares han explotado este atractivo turístico, pero desafortunadamente las acciones que han realizado han afectado severamente al ambiente, a los ecosistemas marinos y a la población aledaña, modificado drásticamente el paisaje del lugar.
5º.- La problemática que se presenta en la zona es la siguiente:
- Invasión ilegal de terrenos ubicados en la zona federal marítimo terrestre.
- Construcción de propiedades en dichos terrenos pertenecientes a la zona federal.
- Obstrucción de caminos de servidumbre y de derechos de paso utilizados por la comunidad y el cobro por el uso de los mismos.
- Relleno ilegal de cauces naturales que drenaban aguas pluviales provocando severas inundaciones en las comunidades vecinas.
- Construcción de espigones (escolleras) en zona federal marítimo terrestre sin haber realizado los estudios de impacto ambiental correspondientes.
6º.- Ante tales circunstancias, la comunidad de Teacapán se ha organizado, y desde 1997, han iniciado una lucha para defender sus playas, manifestado su inconformidad a las autoridades municipales, estatales y federales.
Así pues, se han dado las siguientes acciones por la comunidad:
a) El 15 de abril de 1998 se presentó la denuncia del bloqueo de los caminos en zona federal y del cobro por el paso a la playa, ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.
b) El 22 de octubre de 1999, la presidencia municipal de Escuinapa expone ante Delegación Estatal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente lo siguiente:
En diversos predios y fraccionamientos ubicados en la zona de Teacapán se presentan las siguientes irregularidades:
Con la finalidad de nivelar algunos predios y obtener la mayor área vendible, se obstruyeron cañadas naturales y drenes de desfogue de aguas pluviales provenientes de varios kilómetros de extensión territorial, provocando constantes inundaciones en época de lluvias.
Obstrucción al libre paso y servidumbre a las playas utilizado por la comunidad, con la construcción a la entrada de elementos estructurales.
Lotificación en zona federal marítimo terrestre; además, se tiene conocimiento que la venta de éstos se realiza a extranjeros.
Trabajos de rellenos con piedra obstruyendo el libre tránsito por la playa y sobre una cañada natural que permitía el desalojo de aguas pluviales.
Cobro de hasta $50.00 por cada vehículo que ingresa a la playa.
Construcción de escolleras, sin contar con los estudios de impacto ambiental correspondientes.
c) El 2 de febrero de 2001 la Delegación Estatal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente reconoce las siguientes infracciones cometidas y las sanciones emitidas:
Se infringieron los artículos 97 de la Ley General de Bienes Nacionales, 74, fracción I y IV, del Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías Navegables, Playas, Zona Federal Marítimo-Terrestre y Terrenos Ganados al Mar y 28, fracción IX, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Después del conocimiento de este resolutivo los habitantes de la bahía de Teacapán no han recibido ninguna otra información, siguen en su lucha enviando cartas a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales sin que hasta la fecha tengan respuesta; mientras tanto el deterioro ecológico de la zona empeora día a día sin que las autoridades actúen para solucionar este problema.
7º.- Esta H. Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales es competente para conocer del presente dictamen, en virtud de que la materia del mismo se corresponde con las facultades que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales les confieren a esta dependencia y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.
8º.- Asimismo, y ante el eminente daño ambiental que se ha producido en la bahía de Teacapán, municipio de Escuinapa, y a que los pobladores solicitaron se tomen acciones inmediatas en el caso, para que se restablezca el equilibrio ecológico de la zona, como lo garantiza la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, resulta indispensable la intervención de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a fin de exhortar a las autoridades ambientales federales para que ejerzan sus facultades de inspección, vigilancia y sanción contra quien o quienes resulten legalmente responsables. De lo contrario, con las tendencias antes mencionadas el estado de deterioro de esta zona continuará día con día ya que actualmente se siguen observando acciones que atentan contra el medio ambiente en esa área.
De acuerdo con estas consideraciones y ante el inminente daño ambiental que se está dando en la playa Las Lupitas en la bahía de Teacapán, municipio de Escuinapa, Sinaloa, esta Comisión dictaminadora considera necesario someter a consideración del honorable Pleno el siguiente punto de acuerdo
Punto de Acuerdo
Primero.- Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, para que procedan a la revisión y a la solución inmediata de la problemática ambiental de la playa Las Lupitas en la bahía de Teacapán, municipio de Escuinapa, Sinaloa, fundamentando tal exhorto en el excesivo plazo de cuatro años en que han incurrido tales autoridades sin dar una respuesta contundente y satisfactoria a la población afectada.
Segundo.- Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que actúen conforme a lo establecido a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a fin de que se lleven a cabo las acciones necesarias para la restauración ecológica de la zona afectada y se apliquen las sanciones que en derecho corresponda a los responsables de las modificaciones y alteraciones a los ecosistemas costeros en Teacapán, Sinaloa.
Tercero.- Se exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que establezca un programa de inspección y vigilancia permanente que permita frenar el desorden que existe en las playas mexicanas, a fin de verificar que los fraccionadores, empresarios hoteleros y los propietarios privados cuenten con las autorizaciones respectivas en materia de impacto ambiental antes, durante y después de iniciados los proyectos de desarrollo respectivos, y respeten las condiciones establecidas en dichas autorizaciones de impacto ambiental, respetando sin invadir ni privatizar las superficies que forman parte de la zona federal marítimo terrestre.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los veintinueve días del mes de octubre del 2002.
Diputados: Cobo Terrazas Diego (rúbrica), Presidente; De la Rosa Godoy Jesús (rúbrica), secretario; Lugo Espinoza Gustavo, secretario; Gutiérrez Machado Miguel Angel (rúbrica), secretario; Garibay García Jesús (rúbrica), secretario; Arano Montero Francisco (rúbrica), Ortiz Colín Donaldo, Bortolini Castillo Miguel, Coheto Martínez Vitálico Cándido (rúbrica), Cota Montaño Rosa Delia (rúbrica), Díaz Medina José Manuel, García Sepúlveda Sergio (rúbrica), Garza Martínez Rómulo (rúbrica), Gracia Guzmán Raúl, Guillén Torres José María (rúbrica), Manterola Sainz Pedro (rúbrica), Garza González Manuel (rúbrica), Nazar Morales José Jacobo (rúbrica), Pallares Bueno Juan Carlos (rúbrica), Nogueda Ruiz Juan José (rúbrica), Ponce Contreras Ramón (rúbrica), Ramírez Agama Rafael (rúbrica), Ramírez Sánchez Rafael (rúbrica), Rodríguez López Jaime, Sainz Lozano Juan Carlos (rúbrica), Sicilia Salgado Raúl Efrén (rúbrica), Tejeda Vázquez José María (rúbrica), Torrijos Mendoza Miguel Angel (rúbrica), Treviño Gutiérrez Librado, Vidal Pérez Julio César.
DE LA COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, DEL PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR A LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, A TRAVES DE LA PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCION AL AMBIENTE, REANUDE EN FORMA INMEDIATA EL PROGRAMA ESPECIAL DE VERIFICACION AMBIENTAL EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA DEL ALTO GOLFO DE CALIFORNIA Y DELTA DEL RIO COLORADO
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales correspondientes a la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, fue turnada para su dictaminación, la Proposición con Punto de Acuerdo relativo a:
"Solicitar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, reanude en forma inmediata el programa especial de verificación ambiental en la Reserva de la Biosfera del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado".
La presidencia de este H. Organo Legislativo, con fundamento en el artículo 23, fracción 9 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, turnó a esta Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales dicha proposición, la cual fue analizada y dichos elementos tomados en cuenta para la elaboración del presente documento.
Con fundamento en los artículos 39 y 45, fracción f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 87, 88 y 89 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión se abocó al estudio y análisis de la propuesta con Punto de Acuerdo motivo del presente estudio, labor de la que se da cuenta, de acuerdo con los siguientes antecedentes:
Antecedentes
En sesión celebrada el día 15 de diciembre del 2001 en la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, el Diputado Bernardo de la Garza a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó una proposición con Punto de Acuerdo, "para solicitar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, reanude en forma inmediata el programa especial de verificación ambiental en la Reserva de la Biosfera del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado".
1.- El 10 de junio de 1993 se crea por decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Area Natural Protegida bajo la categoría de Reserva de la Biosfera del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, con una superficie de 934,756 ha, que incluye una zona núcleo de 164,779 ha y una zona de amortiguamiento de 769,976 ha incluyéndose en esta zona dos provincias fisiográficas de suma importancia ecológica, la del Alto Golfo de California, y parte del Desierto Sonorense encontrándose en ésta, comunidades bióticas marinas.
2.- El 5 de junio de 1996 fue entregado el Programa de Manejo de la Reserva de la Biosfera del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado por el C. Presidente de la República Mexicana, Lic. Ernesto Zedillo Ponce de León a la comunidad que habitaba en la región y haciéndose oficial el 5 de junio de 1996 al publicarse el aviso secretarial en el Diario Oficial de la Federación.
3.- El 30 de noviembre del 2000, aparece publicado en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en Materia de Areas Naturales Protegidas.
Por lo expuesto, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales que dictamina formula las siguientes:
Consideraciones
Teniendo en cuenta que la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en su artículo 48 se refiere ampliamente a las reservas y a la letra dice " las reservas de la biosfera se constituirán en áreas biogeográficas relevantes a nivel nacional, representativas de uno o más ecosistemas no alterados significativamente... Que requieran ser preservados y restaurados, en los cuales habiten especies representativas de la biodiversidad nacional, incluyendo a las consideradas endémicas, amenazadas o en peligro de extinción".
El tercer párrafo del mismo artículo establece que: "en las propias reservas deberá determinarse la superficie o superficies que protejan la zona núcleo del impacto exterior, que serán conceptuadas como zonas de amortiguamiento, en donde sólo podrán realizarse actividades productivas emprendidas por las comunidades que ahí habiten al momento de la expedición de la declaratoria respectiva o con su participación, que sean estrictamente compatibles con los objetivos, criterios y programas de aprovechamiento sustentable, en los términos del decreto respectivo y del programa de manejo que se formule y expida, considerando las previsiones de los programas de ordenamiento ecológico que resulten aplicables".
Además, sin dejar de tomar en cuenta que el artículo 81 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Areas Naturales Protegidas a la letra dice "En las áreas naturales protegidas sólo se podrá realizar aprovechamiento de recursos naturales que generen beneficios para los pobladores que ahí habiten y que sean acordes con los esquemas de desarrollo sustentable, la declaratoria respectiva, su programa de manejo, los programas de ordenamiento ecológico, las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones legales aplicables".
El mismo Reglamento de Areas Naturales Protegidas (artículo 81) establece que en las reservas sólo se podrán desarrollar aprovechamiento pesqueros siempre y cuando:
1) No se afecten zonas de reproducción o especies en veda o en riesgo;
2) El volumen de pesca incidental no sea mayor que el volumen de la especie objeto de aprovechamiento, ni implique la captura incidental de especies consideradas en riesgo por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.
Es importante destacar que la pesca de camarón con redes de arrastre de fondo viola la legislación ambiental vigente ya que no cumple con los requisitos que se mencionan, entre otros:
1) Es una tecnología de pesca de alto impacto ambiental y baja selectividad, ya que por cada kilo de camarón pescado que extraen en promedio 10 kilos de fauna de acompañamiento (FAC) en su mayoría peces, que son desechados muertos casi en su totalidad;
2) Algunas de estas especies son endémicas, en peligro de extinción y protegidas por la ley, como por ejemplo la totoaba, pez que se encuentra únicamente en el Golfo de California y para el cual el Alto Golfo y Delta del Río Colorado es su zona de reproducción y crianza.
También cabe destacar que en esta zona es reconocida como el área de distribución natural de la vaquita marina (Phocoena sinus) único cetáceo endémico de México y en grave peligro de extinción.
3) Los barcos son propiedad y son operados por personas de comunidades fuera de la reserva. Organizaciones ambientalistas (Conservación Internacional) calculan que aproximadamente 100 barcos pesqueros originarios de otros puertos pescan dentro de la reserva.
Si bien es cierto que la productividad y diversidad biológica en el delta han disminuido durante el siglo que recién ha acabado, aun así su ecosistema sigue siendo una fuente biológica importante.
Aun cuando las reducciones en la corriente y las construcciones de diques han transformado al delta, las inundaciones, el drenaje agrícola, las aguas residuales municipales y el agua de mar en la zona de las mareas, sigue sosteniendo grandes áreas de pantanos.
El delta sostiene una gran variedad de vida natural, incluyendo muchas especies amenazadas y en peligro de extinción. La Norma Oficial Mexicana NOM-059-
ECOL-2001 se refiere a las especies amenazadas y en peligro de extinción, y enlista las siguientes especies que habitan las regiones acuáticas y terrestres del delta (Diario Oficial de la Federación, la cual sale publicada en el Diario Oficial el 10 de abril del 2002).
El pez cachorrito del desierto también listado entre las especies en peligro en Estados Unidos (la población más grande existente se encuentra en la Ciénaga de Santa Clara);
El palmoteador de Yuma, también enlistado entre las especies en peligro en Estados Unidos;
El gato montés;
La vaquita, el mamífero marino mas pequeño del mundo, listada como una de las, especies de especial importancia por la Comisión de Mamíferos Marinos de los Estados Unidos.
La totoaba virtualmente extinta, un pez de color azul acero que crece hasta dos metros (7 pies) y pesa hasta 136 kg, y que en algún momento mantuvo una pesquería comercial que cerró en 1975.
De esta manera el Golfo de California y el Delta del Río Colorado albergan más del 17% de las especies endémicas de flora y fauna marina costera de México, entre ellas la vaquita marina (Phocoena sinus) único cetáceo endémico de nuestro país y la totoaba única especie marina endémica de México, ambos en grave peligro de extinción.
Además México lista cinco especies amenazadas: La gaviota de patas amarilla, la gaviota obscura, la gaviota elegante, la garza colorada y el halcón peregrino; tres especies para protección especial: ganso de collar, pinzón casero, y el cenzontle; y una especie rara: la garza morena.
Aunque no ha sido estudiada suficientemente la importancia del delta para las aves migratorias es indiscutible, ya que es el principal pantano de agua dulce de la región.
También se sabe que la composición de especies de árboles es crítica en la selección del hábitat para aves, particularmente en hábitats desiertos. En el Río Colorado bajo, las aves prefieren los bosques de galera de sauce y álamo. Los humedales del delta constituyen el hábitat de varios mamíferos, incluyendo mapaches, murciélagos, coyotes, conejos, ardillas, zorrillos, gato montés, etc. La zona mareal y los hábitats costeros marinos cercanos al Golfo de California también sostienen especies en peligro de extinción e importantes industrias pesqueras.
Por otro lado el plan de manejo de la Reserva de la Biosfera del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado reconoce que la principal problemática ambiental y amenaza para estas reservas es el deterioro del hábitat, los cambios en la estructura de las comunidades vegetales y animales, la disminución de poblaciones naturales como resultado de las actividades humanas.
Ya que la Reserva tiene una función específica contemplada en la política de México, la legislación ambiental se debe de cumplir sin discrecionalidades.
Por otro lado mantener a los barcos camaroneros fuera de la zona de amortiguamiento es importante, ya que ésta es la única forma en que se puede garantizar la conservación del hábitat para la reproducción, desove y crianza de especies endémicas, amenazadas y en peligro de extinción como son la vaquita marina y la totoaba así como de otras especies de importancia comercial.
También porque es un elemento fundamental para las negociaciones con los pescadores de la Reserva para poner en marcha un programa de recuperación de la vaquita marina, ya que los barcos al entrar a la zona de amortiguamiento, se llevan varias redes de pescadores de la comunidad del Golfo de Santa Clara, la cual se ubica dentro de la Reserva, y legalmente, sólo pueden trabajar aquellas personas que habiten el área.
Asimismo una recomendación que se incluye en la Carta Nacional Pesquera que fue publicada el 28 de agosto del 2000 en el Diario Oficial de la Federación, es el uso de dispositivos excluidores de peces y modificaciones en las redes de arrastre que disminuyan la captura incidental.
Por lo expuesto y fundado en los puntos anteriores, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales que dictamina, somete a consideración del Pleno de la H. Cámara de Diputados el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero.- Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, se establezca de manera definitiva y permanente en las temporadas de camarón el programa especial de verificación ambiental en la Reserva de la Biosfera del Alto Golfo de California y Delta del río Colorado.
Segundo.- Se exhorta a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca de la Sagarpa para que atienda al sector pesquero, especialmente a las flotas de Puerto Peñasco y San Felipe, asignándoles una zona exclusiva para realizar sus actividades (al sur del límite de la Reserva), y que no permita la pesca de arrastre dentro de la Reserva.
Tercero.- Que se limite la entrada de los barcos camaroneros fuera de la zona de amortiguamiento, aun utilizando excluidores; esto con el fin de reducir la captura incidental.
Cuarto.- Que se recomienden el uso de dispositivos excluidores de peces y otras modificaciones en las redes de arrastre que disminuyan la captura incidental en las actividades de pesca comercial, como se incluye en la Carta Nacional Pesquera que fue publicada el 28 de agosto del 2000 en el Diario Oficial de la Federación.
Sala de Comisiones, México, DF, a 4 de junio del año 2002.
Diputados de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales: Diego Cobo Terrazas (rúbrica), Presidente; Miguel Angel Gutiérrez Machado (rúbrica), secretario; Gustavo Lugo Espinoza, secretario; Jesús Garibay García (rúbrica), secretario; Jesús de la Rosa Godoy (rúbrica), secretario; Raúl Gracia Guzmán, Ramón Ponce Contreras (rúbrica), Juan Carlos Sainz Lozano (rúbrica), José María Tejeda Vázquez (rúbrica), Francisco Arano Montero (rúbrica), Sergio García Sepúlveda (rúbrica), Rómulo Garza Martínez (rúbrica), Juan Carlos Pallares Bueno (rúbrica), Rafael Ramírez Agama (rúbrica), Rafael Ramírez Sánchez (rúbrica), Miguel Angel Torrijos Mendoza (rúbrica), Librado Treviño Gutiérrez (rúbrica), José María Guillén Torres, Pedro Manterola Sainz, José Jacobo Nazar Morales (rúbrica), José Manuel Díaz Medina (rúbrica), Héctor Pineda Velázquez (rúbrica), Donaldo Ortiz Colín (rúbrica), Miguel Bortolini Castillo (rúbrica), Rosa Delia Cota Montaño (rúbrica), Jaime Rodríguez López, Manuel Garza González (rúbrica), Julio César Vidal Pérez (rúbrica), Vitálico Cándido Coheto Martínez (rúbrica), Raúl Efrén Sicilia Salgado (rúbrica).
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL, Y DE ENERGIA, A LA PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL PODER EJECUTIVO FEDERAL A LA EMISION DE UN DECRETO QUE AMPLIE LA TARIFA DE VERANO EN LOS ESTADOS DE CAMPECHE, YUCATAN, QUINTANA ROO Y CHIAPAS
Honorable Asamblea:
A las Comisiones de Comercio y Fomento Industrial y de Energía de esta H. Cámara de Diputados, correspondientes a la LVIll Legislatura, les fue turnada para su estudio y dictamen, la proposición con punto de acuerdo para exhortar al Poder Ejecutivo Federal, la emisión de un decreto que amplíe la tarifa de verano, dadas las consecuencias de los fenómenos naturales en los estados de Campeche, Yucatan, Quintana Roo, y Chiapas, presentada el 1 de octubre de 2002, por el C. Diputado Edilberto Jesús Buenfil Montalvo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, que en ejercicio de la fracción II, del artículo 71, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometió a la consideración del Honorable Congreso de la Unión.
Las Comisiones de Comercio y Fomento Industrial y de Energía de la LVIII Legislatura, con fundamento en los artículos 39 y 45 párrafo sexto incisos d, e y f, así como en el tercero transitorio fracción IV inciso a), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 58, 60, 87, 88 y 94, del Reglamento Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocaron al estudio y análisis de la Proposición con Punto de Acuerdo descrito, al tenor de los siguientes:
Considerandos
Primero. Con base en los antecedentes indicados, las Comisiones de Comercio y Fomento Industrial y de Energía, con las atribuciones antes señaladas se abocaron a dictaminar la Proposición con Punto de Acuerdo de referencia.
Segundo. Que el paso del huracán Isidore afectó a varios municipios del sureste de la República, donde hay por lo menos 300.000 damnificados y daños superiores a 260 millones de dólares.
Tercero. Que los habitantes de diversos municipios, principalmente de los estados de Campeche y Yucatán, perdieron sus casas, granjas, negocios, cultivos, animales, barcos y demás instrumentos para su trabajo y subsistencia, la recuperación de su patrimonio se llevará un largo tiempo, así como el reestablecimiento de los servicios básicos de agua y luz.
Cuarto. Que con fecha 4 de octubre de 2002, se publicó en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación, las Declaratorias de Desastre Natural para 11 municipios de Campeche y 85 de Yucatán, a fin de acceder al Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), debido a las lluvias atípicas e impredecibles, que se presentaron del 20 al 25 de septiembre pasado, ocasionadas por el huracán Isidore.
Quinto. Que este Poder Legislativo Federal no puede estar ajeno al sufrimiento de esos mexicanos y debemos ayudar a los miles de damnificados a superar a la brevedad posible los daños causados por el huracán Isidore, con la ampliación de la tarifa eléctrica de verano, lo cual sería un mecanismo complementario de ayuda y apoyo a los habitantes de aquella región.
Resultandos
Primero. Que con base en los considerandos vertidos en el presente Dictamen, se aprueba la Proposición con Punto de Acuerdo del C. Diputado Edilberto Buenfil Montalvo. Por lo que se solicita, al Poder Ejecutivo Federal a que en uso de sus facultades, amplíe la aplicación de la tarifa de consumo de energía eléctrica correspondiente a la época de verano hasta marzo de 2003, en los municipios y localidades de los estados de Campeche y Yucatán, afectados por el paso del huracán Isidore y que fueron declarados zona de desastre por la Secretaría de Gobernación. Lo anterior, sin perjuicio de las demás medidas de apoyo y subsidio que se otorguen a la región para su pronta recuperación económica.
Segundo. Remítase el presente Dictamen a la Presidencia de la Mesa Directiva de esta Soberanía, para los efectos a que haya lugar.
Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 30 días del mes de octubre de 2002.
Comisión de Comercio y Fomento Industrial:
Diputados: Diego Alonso Hinojosa Aguerrevere (rúbrica), Presidente; José Ramón Mantilla y González de la Llave, Ildefonso Guajardo Villarreal (rúbrica), Reyes Antonio Silva Beltrán (rúbrica), Francisco Agundis Arias (rúbrica), secretarios; José Bañales Castro (rúbrica), Orlando Alfonso García Flores (rúbrica), Moisés Alcalde Virgen (rúbrica), Jaime Salazar Silva, Francisco Javier Ortiz Esquivel, María Teresa Tapia Bahena (rúbrica), Jorge Urdapilleta Núñez (rúbrica), Carlos Nicolás Villegas Flores (rúbrica), Samuel Yoselevitz Fraustro (rúbrica), Miguel Castro Sánchez, Elías Dip Rame, María Luisa Domínguez Ramírez (rúbrica), Rubén Benjamín Félix Hays (rúbrica), Jaime Hernández González (rúbrica), Julián Luzanilla Contreras, Hermilo Monroy Pérez (rúbrica), Manuel Payán Novoa, Roberto Ruiz Angeles (rúbrica), Jorge Schettino Pérez, Adolfo Zamora Cruz (rúbrica), Miroslava García Suárez, Rafael Servín Maldonado (rúbrica), Gregorio Urías Germán, Norma Patricia Riojas Santana (rúbrica).
Comisión de Energía:
Diputados: Juan Camilo Mouriño Trerrazo (rúbrica), Roque Joaquín Gracia Sánchez (rúbrica), Marco Antonio Dávila Montesinos (rúbrica), Noé Navarrete González (rúbrica), Rosario Tapia Medina (rúbrica), Jaime Aceves Pérez (rúbrica), Alberto Amador Leal, Manuel de Jesús Espino Barrientos (rúbrica), Mauricio Enrique Candiani Galaz (rúbrica), Andrés Carballo Bustamante (rúbrica), Javier Julián Castañeda Pomposo (rúbrica), Juan Manuel Duarte Dávila (rúbrica), Manuel Medellín Milán, Sara Guadalupe Figuero Canedo (rúbrica), Orlando Alfonso García Flores (rúbrica), Jesús Garibay García (rúbrica), Gustavo Adolfo González Balderas (rúbrica), Héctor González Reza (rúbrica), Humberto Mayans Canabal, Rafael López Hernández (rúbrica), Marcos Paulino López Mora (rúbrica), Luis Priego Ortiz, José María Rivera Cabello (rúbrica), Carlos Antonio Romero Deschamps, Raúl Efrén Sicilia Salgado (rúbrica), José del Carmen Soberanis González (rúbrica), Héctor Taboada Contreras (rúbrica), Jesús Adelfo Taracena Martínez (rúbrica), Rosalía Peredo Aguilar, Francisco Raúl Ramírez Avila (rúbrica).
DE LA COMISION DE SALUD, DE LA PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE SE CONTEMPLE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION LA ASIGNACION ETIQUETADA DE RECURSOS SUFICIENTES PARA LA ATENCION DE LAS PERSONAS INFECTADAS POR EL VIH/SIDA
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Salud de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados le fue turnada el 26 de septiembre del 2002, la proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo Federal para que se contemple en el Presupuesto de Egresos de la Federación la asignación etiquetada de recursos suficientes para la atención a las personas infectadas por el VIH/SIDA presentada en la misma fecha por la C. Diputada María Elena Chapa Hernández, a nombre de los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Antecedentes
1.- En sesión celebrada en fecha 26 de septiembre de 2002 por el Pleno del H. Congreso de la Unión, la diputada María Elena Chapa Hernández, a nombre de los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó una proposición con punto de acuerdo para solicitar al Ejecutivo Federal que se contemple en el Presupuesto de Egresos de la Federación la asignación de recursos suficientes para la atención a las personas infectadas por el VIH/SIDA.
2.- La Presidencia de la Mesa Directiva, turnó en la misma fecha el Punto de Acuerdo a la Comisión de Salud para su resolución.
Consideraciones
La solicitud de punto de acuerdo, según lo expuesto en el cuerpo del mismo, tiene como base uno de los más graves problemas de salud que aqueja a la humanidad entera, es sin duda el contagio del virus de inmunodeficiencia humana (VIH) y del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA).
Efectivamente, los integrantes de esta Comisión dictaminadora, coincidimos con lo expuesto en la proposición que se atiende en el sentido de que la pandemia que se ha desatado, inicialmente fue entendida como una enfermedad de procedencia inexplicable y de consecuencias fatales, que sólo afectaba a un grupo determinado de personas que compartían ciertos comportamientos considerados de riesgo. Hoy sin embargo, el VIH/SIDA se ha convertido en una enfermedad que afecta la vida de cualquier persona, en cualquier parte del mundo. Tan es así que a finales del año 2001, en todo el planeta se alcanzó la cifra de 40 millones de personas que viven con VIH/SIDA, de estas, el 90% pertenecen a los países en desarrollo.
Consideramos que la falta de atención médica oportuna, así como el acceso a los tratamientos adecuados y completos para el manejo de la enfermedad, son los problemas que de manera cotidiana los enfermos de SIDA o portadores del virus enfrentan, a pesar de los avances en materia legislativa y de los programas de gobierno que se han venido implementando.
El VIH/SIDA representa una grave amenaza para la humanidad, especialmente para los países y grupos sociales más pobres. Por sus propias características, pone en riesgo la salud pública, la vigencia de los derechos humanos y en general, la posibilidad de alcanzar el desarrollo social. Acorde a lo expuesto en la proposición de referencia consideramos que es indispensable la planeación de estrategias y la regulación de las acciones de prevención y atención que el sector-salud ha puesto en marcha para dar respuesta a las personas que la padecen.
Pese a los esfuerzos de prevención desplegados en el último decenio, las enfermedades de transmisión sexual siguen constituyendo importantes problemas de salud pública en los países desarrollados y en desarrollo, entre éstos México.
Los integrantes de esta Comisión de Salud consideramos importante resaltar los siguientes datos invocados en la proposición con punto de acuerdo que se resuelve, siendo estos los siguientes:
Aproximadamente, del 25 al 35% de todos los hijos nacidos de madres infectadas quedarán ellos mismos infectados por el virus, antes del nacimiento o durante el parto o la lactancia. Esta transmisión (vertical) de madre a hijo es la causa de más del 90% de las infecciones mundiales de lactantes y niños.
En muchas partes del mundo, el consumo de drogas inyectables es la forma predominante de transmisión del VIH.
La transfusión de sangre o sus derivados infectados por el VIH/SIDA es causa del 5% del total de contagios de adultos por la enfermedad.
En diferentes regiones del mundo se han observado recientemente epidemias explosivas de infección por el VIH/SIDA. Aproximadamente 830 mil niños viven con el VIH/SIDA.
Aproximadamente un 8% de los niños expuestos a quedar huérfanos y desplazados por causa del SIDA, son ellos mismos VIH positivos.
Al menos una cuarta parte de las personas infectadas ignora que lo está.
Tomando en consideración que la problemática del VIH/SIDA genera altos costos de atención y su trascendencia impacta a todos los niveles sociales y de la familia, resulta obligado propiciar la integración de las instituciones de salud y la sociedad civil para su atención, a partir de la generación de políticas públicas tendientes a permear las líneas de la prevención sanguínea, perinatal, y sexual, así como de la atención integral a las personas a quienes el mal aqueja. En este sentido, es necesario resaltar el problema del desabasto, la falta de acceso a medicamentos y de que al día de hoy, miles de mexicanos y mexicanas afectadas por la enfermedad, están en riesgo de perder la vida.
El desabasto del 20% en medicamentos antirretrovirales, que reconocen el Instituto Mexicano del Seguro Social e ISSSTE para hacer frente a la enfermedad, problema exacerbado por sus crisis financieras y que desata de manera alarmante la disminución de las posibilidades de vida de los pacientes infectados por el VIH/SIDA. Por esta razón consideramos urgente, garantizar el abasto y la atención médica al 100%, de manera permanente; es importante comentar que esta situación se agrava aún más si las personas infectadas con VIH/SIDA no tienen acceso a la seguridad social.
Los integrantes de esta Comisión tenemos conocimiento que actualmente, según datos oficiales, más de 4 mil mexicanos y mexicanas que viven con VIH/SIDA carecen de seguridad social y no cuentan con recursos para el acceso a medicamentos antirretrovirales, y aunque en el Presupuesto de Egresos del 2002 se hizo un gran esfuerzo para cubrir a la mayor cantidad de personas sin derechohabiencia, aun los enfermos de SIDA carecen de la satisfacción a su derecho a la salud. Por esta razón, es urgente la asignación de recursos financieros para el 2003 en este rubro, para que el sector salud suministre los tratamientos que estas personas demandan.
Tomando en cuenta que lo anterior representa un gasto adicional no programado, y coincidiendo con lo expuesto en la Proposición que nos ocupa; se requiere de la aplicación emergente del presupuesto contemplado para ejercerse este mismo año, de hasta por 200 millones de pesos, para satisfacer íntegramente la demanda de servicio y atención médica a los afectados; además de la revisión de los ordenamientos jurídicos acordes con las estrategias de combate a la epidemia y con la atención a sus efectos económicos y sociales; por lo anterior y considerando:
Que la infección del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) se ha incrementado considerablemente en los últimos años, tanto en hombres como en mujeres y menores de edad, a pesar de los avances científicos, representando una sería amenaza para la salud y la vida de todas las personas.
Que la infección del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) se ha incrementado considerablemente en los últimos años, tanto en hombres como en mujeres y menores de edad, a pesar de los avances científicos, representando una seria amenaza para la salud y la vida de todas las personas.
Que si se deja que el VIH siga su curso natural, causará una devastación de una magnitud sin precedentes.
Que la vulneración de los derechos fundamentales de las personas portadoras del VIH y que padecen el SIDA, son cada vez más frecuentes, debido al temor infundado hacia las formas de transmisión del virus y a la falta de seguridad social para éstas, que garanticen su atención médica.
Que el acceso a medicamentos antirretrovirales disminuye en 44% la mortalidad, 35% los costos de hospitalización y prolonga la vida en 8 años.
Que para enfrentar la epidemia con posibilidades de éxito, se deben considerar, entre otros, los aspectos éticos, jurídicos, educativos, presupuestales y de generación de una cultura de respeto a los derechos humanos.
Que es necesario regular las conductas, acciones, actividades y procedimientos para la promoción de la prevención, asistencia y control de la infección por VIH/SIDA.
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 45 numeral 6 de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión dictaminadora emite los siguientes:
Puntos de Acuerdo
Primero.- Se solicite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública se contemple en el Presupuesto de Egresos de la Federación, la asignación etiquetada de recursos suficientes para la atención a las personas infectadas por el VIH/SIDA a las Dependencias de la Administración Pública que integran el Sector Salud y a las Instituciones de Seguridad Social con la finalidad de que puedan hacer frente al desabasto de medicamentos y a la falta de acceso a la atención médica a pacientes afectados.
Segundo.- Se solicite al Ejecutivo federal instruya a las dependencias del Sector Salud, para que en todos los niveles de gobierno se brinde atención a los enfermos de SIDA e infectados con el VIH a través de un fondo emergente de cuando menos 200 millones de pesos.
Así lo acordaron y firmaron los diputados integrantes de esta Comisión de Salud.
Diputados: María Eugenia Galván Antillón (rúbrica), Presidenta; Eduardo A. Leines Barrera (rúbrica), Rafael Orozco Martínez (rúbrica), Adela del Carmen Graniel Campos, Héctor Esquiliano Solís (rúbrica), secretarios; Samuel Aguilar Solís, Juan Alcocer Flores (rúbrica), Francisco J. Cantú Torres (rúbrica), Celia Martínez Bárcenas (rúbrica), María L. A. Domínguez Ramírez (rúbrica), Neftalí S. Escobedo Zoletto (rúbrica), María de las Nieves García Fernández (rúbrica), Federico Granja Ricalde (rúbrica), Policarpo Infante Fierro (rúbrica), Arturo León Lerma (rúbrica), Francisco S. López Brito (rúbrica), Santiago López Hernández (rúbrica), Enrique Meléndez Pérez, Magdalena Núñez Monreal (rúbrica), Felipe Olvera Nieto (rúbrica), Manuel Wistano Orozco Garza, Julieta Prieto Fuhrken, Víctor Antonio García Dávila, Pedro Miguel Rosaldo Salazar (rúbrica), Luis Miguel Santibáñez García, Olga M. Uriarte Rico (rúbrica), Carlos A. Valenzuela Cabrales, José S. Velázquez Hernández (rúbrica), Juvenal Vidrio Rodríguez, Arcelia Arredondo García (rúbrica).
DE LA COMISION DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL, CON PUNTOS DE ACUERDO PARA QUE LA SECRETARIA DE ECONOMIA INFORME SOBRE LAS PRACTICAS MONOPOLICAS DE LAS CADENAS COMERCIALES
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, de la H. Cámara de Diputados, correspondiente a la LVIII Legislatura, le fue turnada para su estudio y dictamen, la Proposición con Punto de Acuerdo para que la Secretaría de Economía informe sobre las prácticas monopólicas de las cadenas comerciales, presentada por el C. Diputado Luis Miguel Barbosa Huerta del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el 11 de septiembre de 2002, lo anterior que en ejercicio de la fracción II, del Artículo 71, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometió a la consideración del Honorable Congreso de la Unión.
La Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la LVIII Legislatura, con fundamento en los Artículos 39 y 45, párrafo sexto, incisos d, e y f, así como en el tercero transitorio, fracción IV, inciso a), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los Artículos 58, 60, 87, 88 y 94, del Reglamento Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al estudio y análisis de la Proposición con Punto de Acuerdo descrita, al tenor de los siguientes
Antecedentes
Primero. En sesión celebrada en esta H. Cámara de Diputados, el día 11 de septiembre de 2002, los CC. Secretarios de la misma, dieron cuenta al Pleno de la Proposición con Punto de Acuerdo que presentó el C. Diputado Luis Miguel Barbosa Huerta del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Segundo. El C. Presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: "Túrnese a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial".
Tercero. Mediante oficio CCFI/001901/2002 de fecha 17 de septiembre de 2002, se dio cuenta a los integrantes de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial del contenido de la Proposición con Punto de Acuerdo.
Cuarto. El legislador establece lo siguiente:
Una de las tiendas del grupo Walmex, el cual detenta, también la propiedad de otras tantas, tiene un poder de monopolio que va desde el posicionamiento en el mercado, estableciendo barreras a la entrada como la fijación de precios por debajo de los prevalecientes en el mercado. Recientemente proveedores de esta cadena comercial la acusaron de obligarlos a reducir sus precios por debajo de los niveles de la competencia, esto es un claro ejemplo de práctica monopólica.
Las irregularidades que se denunciaron ante la Comisión Federal de Competencia tienen el sustento legal para proceder a la investigación del grupo Walmex, la averiguación que está en marcha, tiene contemplado analizar los contratos o convenios que puedan desplazar indebidamente a otros agentes del mercado, estableciendo ventajas exclusivas a favor de intereses ajenos a la competencia, en particular a la imposición de precios inferiores a la competencia.
Por lo anterior, se solicita a la Secretaría de Economía por conducto de la Comisión Federal de Competencia, informe a la Comisión Permanente de este H. Congreso de la Unión sobre la investigación que guardan las prácticas monopólicas desarrolladas por las grandes cadenas comerciales.
Considerandos
Primero. Que con base en los antecedentes indicados, la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, con las atribuciones antes señaladas se abocó a dictaminar la Proposición con Punto de Acuerdo de referencia.
Segundo. Que la apertura de la economía mexicana impulsada en los últimos años, cambió el sector del comercio en nuestro país, y con ello, la conformación, las políticas, las estrategias, y en general, la forma del negocio de las tiendas de autoservicio. Con la entrada de nuevas cadenas comerciales y de nuevos productos, la competencia extranjera orilló a las cadenas de tiendas de autoservicio nacionales a eficientarse al máximo, y en otros casos, a fusionarse o venderse a otras empresas extranjeras.
Tercero. Que las grandes cadenas de tiendas de autoservicio, pudieran estar llevando prácticas monopólicas que atentan contra la eficiencia del mercado y perjudican a miles de detallistas, esto se sustenta en las posibles condiciones que imponen las tiendas de autoservicio a sus proveedores en cuanto a precio, cantidad, calidad y venta, como resultado de su gran poder de negociación debido al volumen de mercancía que comercian.
Cuarto. Que la Comisión Federal de Competencia de conformidad con la Ley Federal de Competencia Económica, protege el proceso de competencia y libre concurrencia mediante la prevención y eliminación de prácticas monopólicas y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados. Por lo anterior, esa Comisión tiene las atribuciones suficientes para iniciar una investigación de oficio para investigar la existencia de monopolios, estancos, prácticas o concentraciones prohibidas en los mercados.
Quinto. Que la supuesta imposición de condiciones y precios, a que son sometidos los proveedores de las cadenas de tiendas de autoservicio, están claramente prohibidas por el artículo 10, fracción II, de la Ley Federal de Competencia Económica:
"Artículo 10.- Sujeto a que se comprueben los supuestos a que se refieren los artículos 11, 12 y 13 de esta ley, se consideran prácticas monopólicas relativas los actos, contratos, convenios o combinaciones cuyo objeto o efecto sea o pueda ser desplazar indebidamente a otros agentes del mercado, impedirles sustancialmente su acceso o establecer ventajas exclusivas en favor de una o varias personas, en los siguientes casos:
I. ...
II. La imposición del precio o demás condiciones que un distribuidor o proveedor debe observar al expender o distribuir bienes o prestar servicios;
..."
Sexto. Que con fecha 29 de mayo de 2002, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el inicio de la investigación de oficio identificada bajo el número de expediente IO-02-2002, por prácticas monopólicas relevantes en el mercado de la adquisición, distribución y comercialización de bienes en tiendas de autoservicio.
Esta averiguación tiene por objeto investigar contratos, convenios o combinaciones cuyo objeto o efecto sea o pueda ser desplazar indebidamente a otros agentes del mercado, impedirles el acceso o establecer ventajas exclusivas a favor de una o varias personas, mediante la imposición del precio o demás condiciones que un distribuidor o proveedor debe observar al expedir o distribuir bienes, así como, en su caso, las que resulten de la investigación.
Séptimo. Que esta Comisión solicitó a la Presidencia de la Comisión Federal de Competencia mediante oficio núm. CCFI/001988/2002 de fecha 10 de octubre de 2002, información detallada sobre el estado que guarda la investigación de oficio identificada bajo el número de expediente IO-02-2002, por prácticas monopólicas relevantes en el mercado de la adquisición, distribución y comercialización de bienes en tiendas de autoservicio. Esa Comisión contestó el 16 de octubre de 2002, a través del oficio núm. SE-10-096-2002-549:
"Que el plazo de 90 días previsto en el artículo 27 del Reglamento de la Ley Federal de Competencia Económica se cumplió el 9 de octubre de 2002. Sin embargo, dada la complejidad del asunto, así como del volumen de información que se integra continuamente al expediente, en sesión de fecha 25 de septiembre del año en curso, el Pleno de esta Comisión acordó ampliar el plazo de la presente investigación por un periodo adicional de 90 días.
...
Actualmente se analiza la información recabada durante la investigación, y se considerará, en su caso, requerir mayor información y documentos a los agentes económicos que participan en el mercado relevante."
Octavo. Los CC. Diputados integrantes de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial que dictamina, reconocen y concluyen que la Comisión Federal de Competencia ha informado a esta Soberanía sobre el estado que guarda la investigación sobre supuestas prácticas monopólicas relevantes en el mercado de la adquisición, distribución y comercialización de bienes en tiendas de autoservicio.
De la misma manera se reconoce, que esta investigación puede llevarse entre seis meses y un año, dependiendo de la complejidad del asunto y de acuerdo con la normativa aplicable, por lo tanto el dictamen final puede demorarse algunos meses más. Sin embargo, en el caso de que se detecten prácticas monopólicas de alguna cadena de tiendas de autoservicio, las Leyes contemplan las sanciones que a derecho correspondan.
Resultandos
Primero. Con fundamento en los considerandos vertidos en el presente Dictamen, se considera que ha sido cumplimentada la Proposición con Punto de Acuerdo del C. Diputado Luis Miguel Barbosa Huerta. Lo anterior, en virtud de que la Comisión Federal de Competencia enteró a esta Comisión sobre el estado que guarda la investigación sobre posibles prácticas monopólicas en las tiendas de autoservicio.
Segundo. Archívese el presente asunto, como total y definitivamente concluido.
Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 30 días del mes de octubre de 2002.
Diputados: Diego Alonso Hinojosa Aguerrevere (rúbrica), Presidente; José Ramón Mantilla y González de la Llave (rúbrica), Ildefonso Guajardo Villarreal (rúbrica), Reyes Antonio Silva Beltrán (rúbrica), Francisco Agundis Arias, secretarios; José Bañales Castro, Orlando Alfonso García Flores (rúbrica), Moisés Alcalde Virgen (rúbrica), Jaime Salazar Silva (rúbrica), Francisco Javier Ortiz Esquivel (rúbrica), Francisco Luis Treviño Cabello (rúbrica), María Teresa Tapia Bahena (rúbrica), Jorge Urdapilleta Núñez (rúbrica), Carlos Nicolás Villegas Flores (rúbrica), Samuel Yoselevitz Fraustro (rúbrica), Miguel Castro Sánchez, Elías Dip Rame, María Luisa Domínguez Ramírez, Rubén Benjamín Félix Hays, Jaime Hernández González (rúbrica), Julián Luzanilla Contreras, Hermilo Monroy Pérez (rúbrica), Manuel Payán Novoa, Roberto Ruiz Angeles, Jorge Schettino Pérez (rúbrica), Adolfo Zamora Cruz (rúbrica), Miroslava García Suárez, Rafael Servín Maldonado, Gregorio Urías Germán, Norma Patricia Riojas Santana (rúbrica).
Proposiciones
DE LA COMISION DE EDUCACION PUBLICA Y SERVICIOS EDUCATIVOS, CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA QUE SOLICITA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL EXPEDIR EL DECRETO QUE ASEGURE EL CABAL CUMPLIMIENTO DE LOS PROPOSITOS Y COMPROMISOS DEL CONSEJO NACIONAL DE AUTORIDADES EDUCATIVAS, CONFORME A LAS NORMAS Y OBJETIVOS CONSENSUADOS POR LAS PROPIAS AUTORIDADES EDUCATIVAS
Honorable Asamblea:
Los que suscriben, ciudadanos diputados integrantes de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la LVIII Legislatura de la Honorable Cámara de Diputados, nos permitimos presentar la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, por el que se solicita al Titular del Poder Ejecutivo Federal expedir el decreto que asegure el cabal cumplimiento de los propósitos y compromisos del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, conforme a las normas y objetivos consensuadas por las propias autoridades educativas.
Antecedentes
Primero.- Como antecedentes legales existen dos motivos en la Ley para la creación del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, a saber: la Exposición de Motivos de la Ley General de Educación que el Presidente de la República en turno presentó al Poder Legislativo en 1993 y, el artículo 17 de la misma ley.
a) En cuanto al primero, la Exposición de Motivos establece lo siguiente: "El federalismo educativo permite la creación de un Consejo Nacional de Autoridades Educativas que reunirá a los responsables de aplicar las políticas educativas de cada entidad en el marco de los objetivos nacionales y las disposiciones legales. Ello entraña una garantía adicional para el aseguramiento del carácter nacional que continuará teniendo la educación.
Al construirse un sistema educativo en el que concurren la autoridad local y la autoridad nacional con responsabilidad claramente delimitadas, se conjugan democracia local y rectoría de la autoridad federal, participación comunitaria y unidad nacional, fortaleza de las expresiones regionales y el sentimiento de pertenencia a una gran nación"
b) Y en el Artículo 17 de la vigente Ley General de Educación, que dispone: "Las autoridades educativas, federal y locales, se reunirán periódicamente con el propósito de analizar e intercambiar opiniones sobre el desarrollo del sistema educativo nacional, formular recomendaciones y convenir acciones para apoyar la función social educativa. Estas reuniones serán presididas por la Secretaría"
Segundo.- El 29 de abril de 1999, durante la LVII Legislatura de la Cámara de Diputados, el Diputado José Ricardo Fernández Candia, a nombre de los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el Pleno de la Cámara una Iniciativa que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General de Educación con la finalidad de crear un Consejo Nacional de Autoridades Educativas.
Tercero.- Con fecha 24 de octubre de 2000 el ciudadano Diputado José Mario Rodríguez Alvarez de la LVIII Legislatura, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó una excitativa al Pleno de la Cámara para que la Comisión de Educación emitiera el dictamen relativo a la Iniciativa de creación del Consejo Nacional de Autoridades Educativas.
Cuarto.- El Ejecutivo Federal ha contemplado la creación y funcionamiento del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, en el Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2001, presentado en el año 2000, mismo que contiene en el apartado de Exposición de Motivos, correspondiente a la sección de Desarrollo Humano, lo siguiente:
"El consenso en la toma de decisiones y el reconocimiento a la diversidad regional podrán fortalecer el compromiso de las autoridades educativas estatales con la evolución del federalismo y la implantación de los programas nacionales. Con base en lo anterior, se crea el Consejo Nacional de Autoridades Educativas, órgano colegiado que se consagrará al desarrollo de los programas destinados a incrementar la calidad de la educación y que determinará los principales lineamientos para la instrumentación de las políticas educativas nacionales".
Quinto.- La actual Comisión de Educación y Servicios Educativos, conformó la "Subcomisión de Artículos de la Ley General de Educación para la creación del Consejo Nacional de Autoridades Educativas", integrada por los diputados José María Tejeda Vázquez, Bertha Alicia Simental García, José Manuel Correa Ceceña, Gerardo Sosa Castelán, Jorge Luis García Vera, Cutberto Cantorán Espinoza, Ramón León Morales, Héctor Méndez Alarcón y como coordinador de la misma Eduardo Rivera Pérez, la cual ha realizado los trabajos siguientes:
a) La Subcomisión llevó a cabo reuniones periódicas para el análisis de la Iniciativa a lo largo de los últimos meses, en las cuales, participaron además de los integrantes de ésta, los funcionarios y asesores de la Secretaría de Educación Pública, Lic. Luis Vega García director General de Asuntos Jurídicos, Lic. Víctor Manuel Amezcua de la Dirección de Proyectos Legislativos, Lic. Jesús Alvarez Gutiérrez, Director General de la Unidad de Desarrollo Educativo en los Estados y el Lic. José de Jesús Arias Rodríguez, Coordinador de la Oficina de Enlace de la Secretaría de Educación Pública con el Congreso de la Unión.
b) De su análisis la subcomisión rechazó la Iniciativa y acordó en un anteproyecto de dictamen votarla en sentido negativo, debido a que ésta restaba importantes facultades al Ejecutivo en materia de educación trasladándolas al Consejo. Además de no tenerse una valoración completa sobre las repercusiones que implican las adiciones y reformas planteadas en la Iniciativa. Sin embargo, los integrantes de la Subcomisión coincidieron en la transcendencia y necesidad de este Consejo, por lo que se comprometieron a impulsar su creación revisando todos los mecanismos legales para este efecto; así como, la necesidad, naturaleza, funcionamiento y alcances.
c) La Subcomisión en mesa de trabajo con los representantes de la Secretaría de Educación Pública y los Secretarios de Educación de los estados de Sinaloa, Ing. Jesús Antonio Malacón Díaz; de Jalisco, Lic. Miguel Agustín Limón Macías; de Quintana Roo, Lic. Cecilia Rosalía Loria Marín; de Tlaxcala, Lic. Roberto Cubas Carlín; y de Nuevo León Lic. José Martínez González, realizada el 14 de agosto del presente, se valoró que el mecanismo legal que da mayor viabilidad y celeridad para alcanzar el objetivo de crear el Consejo Nacional de Autoridades Educativas, es la vía administrativa, por lo que se acordó a solicitud expresa de las autoridades educativas promover un punto de acuerdo, mediante el cual, se solicite al Titular del Poder Ejecutivo expedir las normas reglamentarias y que por su parte, la Secretaría de Educación Pública presentara el proyecto de reglamentación trabajado y acordado con los Secretarios de Educación de los Estados.
d) El pleno de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos en su sesión del día 2 octubre de 2001, desechó la Iniciativa relativa a la Creación del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, bajo las consideraciones y resultados de los trabajos de la Subcomisión expuestos en el punto anterior.
e) De esta manera, se lograron además los consensos en los siguientes puntos:
1. La creación del Consejo significa avanzar adecuadamente hacia un verdadero federalismo educativo.
2. La creación del Consejo es el primer paso para una agenda más amplia en la discusión de los temas educativos nacionales con una visión de mediano y largo plazo, enfatizando aquellos que se refieren a la culminación de los procesos de descentralización pendientes.
3. Se pretende que el Consejo Nacional de Autoridades Educativas sea un organismo que permita el permanente seguimiento y evaluación del sistema educativo, para la toma decisiones conjuntas sobre las políticas y aspectos de descentralización de la educación; y, construyendo una vía de cooperación entre las autoridades, para delinear conjuntamente el esquema de planeación del modelo educativo.
4. Que el Consejo sea presidido por la autoridad educativa federal e integrado por las autoridades educativas de las entidades federativas como lo establece la Ley General de Educación en su artículo 17.
5. El Consejo tendrá, según se definan los mecanismos en su reglamentación facultades consultivas.
f) Los Secretarios de Educación de los estados han elaborado mediante la integración de mesas de trabajo y consenso un proyecto de reglamento relativo a la integración, funcionamiento y operación del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, mismo que fue presentado a esta Subcomisión por conducto de la Secretaría de Educación Pública.
Este reglamento se titula "Reglamento Interno del Consejo Nacional de Autoridades Educativas", y se estructura en los cuatro capítulos siguientes y cuyo contenido es:
Primero: De las Disposiciones Generales; se destaca que el Consejo es una instancia formal y permanente de interlocución en materia educativa entre las entidades federativas y la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal, teniendo como principios rectores la corresponsabilidad y participación de éstas, en un órgano de discusión de carácter, consultivo y de consenso. De ninguna manera invadirá facultades normativas ni operativas que le competen a la Secretaría de Educación Pública y/o a las autoridades locales.
Segundo: De la Integración, Objetivos y Atribuciones del Consejo; el Consejo
se integra únicamente por autoridades educativas, es decir, por el Secretario de Educación Pública del gobierno federal, quien lo presidirá, por los secretarios de educación de las entidades federativas, como miembros con voz y voto.
Son objetivos y atribuciones del Consejo: contribuir en la consolidación de un auténtico federalismo educativo, proponer las acciones necesarias para la adecuada y armónica organización y articulación de los sistemas educativos nacional y estatales; apoyar a las autoridades educativas para que continúen y profundicen en la descentralización educativa y, discutir analizar y construir acuerdos que garanticen el diseño, formulación, implementación y evaluación de forma pertinente de políticas federales con los gobiernos estatales.
Tercero: De los Organos del Gobierno; describe las funciones del Presidente y Secretario Técnico del Consejo, así como, la integración de las comisiones de trabajo que se requieran para el mejor funcionamiento del Consejo en las que participarán las propias autoridades, especialistas y actores sociales involucrados.
Cuarto: De la Operación del Consejo; el Consejo celebrará reuniones ordinarias trimestralmente y extraordinarias cuando el Presidente lo considere conveniente. Éstas tendrán validez únicamente con la presencia de las dos terceras partes de sus miembros, y así mismo, las resoluciones, cuando sean tomados acuerdos por votación dado que se privilegiará el consenso, será por mayoría calificada de dos tercios de los consejeros.
El Consejo podrá vincularse con otras entidades u organismos públicos y privados que por sus actividades, fines o metas se relacionen con la educación.
g) El viernes 28 de septiembre del 2001 en el Palacio de Bellas Artes es firmada el Acta de Instalación del Consejo Nacional de Autoridades Educativas
Honorable Asamblea, los consensos y acuerdos a los que se llegaron son resultado de meses de trabajo responsable y maduro de los Diputados Federales de esta Comisión de conformación plural. Así mismo, esta Comisión hace un reconocimiento a la disposición de la Secretaría de Educación Pública, para establecer un diálogo y coordinación con el Poder Legislativo, por lo que se establece un precedente para posteriores temas a discusión. Se ha actuado con responsabilidad en un ámbito de vital importancia para el desarrollo y progreso de nuestro país, como es el tema de la educación, en el que no pueden prevalecer los intereses individuales o de grupo por ser de preeminencia nacional.
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento del Gobierno Interior para el Congreso General, los Diputados integrantes de la Comisión de Educación Publica y Servicios Educativos promovemos el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero.- Se solicita respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, Vicente Fox Quesada, expida con base en el artículo 17 de la Ley General de Educación, las normas reglamentarias para formalizar y asegurar el adecuado funcionamiento del Consejo Nacional de Autoridades Educativas y lograr el cabal cumplimiento de sus objetivos y propósitos, tomando en consideración el proyecto de normas internas consensuado por las autoridades educativas, mismo que se adjunta al presente y al que se alude en el inciso f) del antecedente quinto de este punto de acuerdo.
Segundo.- Se apruebe por el Pleno de la Cámara de Diputados el presente punto de acuerdo por urgente y obvia resolución.
México, Distrito Federal, Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de noviembre de 2002.
Diputados: Jorge Luis García Vera, Oscar Ochoa Patrón, Norma Enriqueta Basilio Sotelo, Juan Nicolás Callejas Arroyo, Miguel Angel Moreno Tello, José Ramírez Gamero, Gerardo Sosa Castelán, Olga Margarita Uriarte Rico, Celita Trinidad Alamilla Padrón, Luis Artemio Aldana Burgos, Silvia Alvarez Bruneliere, Héctor Méndez Alarcón, Eduardo Rivera Pérez, Rodolfo Ocampo Velázquez, Fernando Ugalde Cardona, Isabel Velasco Ramos, Hortensia Aragón Castillo, Ramón León Morales, Alberto Anaya Gutiérrez, José del Carmen Soberanis González, Nahúm Ildefonso Zorrilla Cuevas, Bertha Alicia Simental García (rúbricas).
Aclaraciones
La iniciativa que reforma el artículo cuarto transitorio de la Ley de Nacionalidad, presentada el martes 5 de noviembre por el diputado Héctor Sánchez López, del PRD, también fue elaborada y suscrita por el diputado Eddie Varón Levy, del PRI.
(Gaceta Parlamentaria número 1125, pp. 25-27)
Acuerdos
DE LA SUBCOMISION DE DICTAMEN DE LA LEY DE NAVEGACION Y COMERCIO MARITIMOS, DE LA COMISION DE MARINA
Acuerdo de la Subcomisión de Dictamen de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos
La Subcomisión de Dictamen de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, fue creada con el propósito de formular el dictamen de esta iniciativa de ley que fuera presentada ante el Pleno de la Cámara de Diputados por el diputado José Tomás Lozano y Pardinas el 14 de diciembre de 2001 y turnada para su estudio y dictamen correspondiente, a las Comisiones de Marina y de Transportes.
Antecedentes
1. En reunión celebrada en el Puerto de Veracruz los días 20 y 21 de septiembre de 2002, la Subcomisión de Dictamen aprobó el proyecto de predictamen analizado y discutido en dicha reunión.
2. El 2 de octubre del año en curso se llevó a cabo la reunión de trabajo de la Subcomisión de Dictamen en la Cámara de Diputados, en la que se aprobó el dictamen de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos en lo general.
3. El 11 de octubre la Comisión de Marina de la Cámara de Diputados presentó el dictamen de la Ley de Navegación ante los miembros del sector de la marina mercante nacional, en sesión de trabajo que tuvo lugar en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
4. Posteriormente, se sostuvieron entrevistas con navieros de diversas cámaras del sector, con organizaciones de pilotos de puerto, servidores públicos de las Secretarías de Comunicaciones y Transportes y de Marina, y se recibieron los comentarios del sector de la marina mercante y de los grupos parlamentarios representados en la Comisión, sobre el dictamen citado.
Por lo anteriormente expuesto, y en virtud del acuerdo alcanzado por la Subcomisión de Dictamen en la reunión de trabajo del 7 de noviembre, los integrantes de la misma nos pronunciamos a favor del proyecto de ley, porque es la expresión que sintetiza la voluntad y pluralidad políticas que caracterizan los trabajos de la Comisión de Marina.
Consideramos además, que dicha iniciativa de ley no sólo corrige las deficiencias y omisiones de la legislación vigente, sino que regula situaciones de iniquidad y de competencia desleal que operan en la práctica comercial, en detrimento de las actividades del sector.
Proponemos su aprobación porque su objetivo fundamental es promover la reactivación de la marina mercante del país y, por tal razón, la Subcomisión de Dictamen de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, establece el siguiente
Acuerdo
Primero. Los miembros de la Subcomisión de Dictamen se comprometen a reunirse el día 20 de noviembre de 2002, fecha establecida como límite para presentar el dictamen final de la iniciativa de ley en comento.
Segundo. El dictamen citado se presentará ante el pleno de las Comisiones Unidas de Marina, y de Transporte para su discusión y, en su caso, aprobación, a finales del mes de noviembre. Considerando para tal propósito, el acuerdo de los diputados de la Subcomisión de Dictamen de impulsar al interior de sus fracciones, la aprobación del mismo.
Tercero. Comuníquese a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, para su conocimiento, y publíquese para su difusión en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de noviembre de 2002.
Dip. Vicente Pacheco Castañeda (rúbrica)
Coordinador
Dip. César Patricio Reyes Roel (rúbrica)
Dip. Araceli Domínguez Ramírez (rúbrica)
Dip. Julieta Prieto Fuhrken (rúbrica)
Dip. Angel Meixueiro González (rúbrica)
Dip. Eréndira Cova Brindis (rúbrica)
Dip. José Tomás Lozano y Pardinas (rúbrica)
Convocatorias
DE LA COMISION DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL
A su desayuno de trabajo, el jueves 14 de noviembre, a las 8:30 horas, en el patio sur, donde se realizará una conferencia de prensa en la que se abordarán los siguientes temas:
* Aprobación del dictamen de la nueva Ley para el Desarrollo de la Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.
* Aprobación del dictamen a la iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de Comercio en materia de firma electrónica.
Estarán presentes diversos funcionarios de la Administración Pública Federal relacionados con los temas mencionados, así como líderes empresariales de cada sector involucrado.
Atentamente
Dip. Diego Alonso Hinojosa Aguerrevere
Presidente
DE LA COMISION DE ASUNTOS INDIGENAS
A la segunda reunión de la sesión permanente de la Comisión, para continuar el análisis y la discusión del proyecto de Ley General de Derechos Lingüísticos, que se llevará a cabo el jueves 14 de noviembre, a las 13 horas, en el salón Protocolo (edificio A, planta baja).
Orden del Día
1. Lista de asistencia.
2. Análisis en lo particular de los artículos de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, reservados para su discusión y, en su caso, aprobación.
3. Asuntos generales.
Atentamente
Dip. Héctor Sánchez López
Presidente
DE LA COMISION DE MARINA
A su reunión de trabajo con la Asociación de Retirados de la Armada de México, que se efectuará el viernes 15 de noviembre, a las 9 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. César Patricio Reyes Roel
Presidente
DE LA COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Al foro de consulta pública Legislación Mexicana en Materia de Vida Silvestre, que realizará la Subcomisión de Biodiversidad, los días 15 y 16 de noviembre, en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Atentamente
Dip. Diego Cobo Terrazas
Presidente
DE LA COMISION DE COMUNICACIONES
A su reunión ordinaria, el martes 19 de noviembre, a las 9 horas, en el salón D del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
1. Lista de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.
3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior.
4. Informe de asuntos turnados por la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados.
5. Discusión y, en su caso, aprobación de proyectos de dictámenes de asuntos turnados a la Comisión.
6. Asuntos generales.
Atentamente
Dip. Jesús Orozco Alfaro
Presidente
DE LA COMISION DE SEGURIDAD SOCIAL
A su reunión extraordinaria de trabajo, que se efectuará el jueves 21 de noviembre, a las 8:30 horas, en el salón D del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
1. Registro de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Lectura y aprobación, en su caso, de las actas de las reuniones anteriores.
4. Análisis, discusión y, en su caso, votación de anteproyectos de dictámenes pendientes de trámite legislativo.
5. Asuntos generales.
6. Clausura de la reunión.
Atentamente
Dip. Cuauhtémoc Montero Esquivel
Presidente
