Comunicaciones
DE LA JUNTA DE COORDINACION POLITICA
Palacio Legislativo, México, DF, 29 de abril de 2002.
Dip. Beatriz Paredes Rangel
Presidenta de la Mesa Directiva
H. Cámara de Diputados
Presente
Con fundamento en el artículo 34, numeral 1, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y a solicitud del diputado Bernardo de la Garza Herrera, coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, me permito solicitar a usted, la modificación en la integración de la siguiente Comisión:
- Que la diputada Olga Patricia Chozas y Chozas, asuma la Presidencia de la Comisión de Juventud y Deporte;
- Que la diputada María Teresa Campoy Ruy Sánchez, asuma la secretaría de la Comisión de Juventud y Deporte.
Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.
Sin otro particular, quedo de usted.
Atentamente
Dip. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa (rúbrica p.a.)
Presidente
(Sin que motive debate, en votación económica, se aprueba. Abril 30 de 2002.)
Palacio Legislativo, México, DF, 30 de abril de 2002
Dip. Beatriz Paredes Rangel
Presidenta de la Mesa Directiva
H. Cámara de Diputados
Presente
Con fundamento en el artículo 34, numeral 1, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y a solicitud del diputado Rafael Rodríguez Barrera, coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, me permito solicitar a usted, la modificación en la integración de la siguiente Comisión:
- Que la diputada Lorena Martínez Rodríguez, asuma la Secretaría de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, en sustitución de la diputada Laura Pavón Jaramillo y esta a su vez quede como integrante de dicha Comisión.
Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.
Sin otro particular, quedo de usted.
Atentamente
Dip. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa (rúbrica p.a.)
Presidente
(Sin que motive debate, en votación económica, se aprueba. Abril 30 de 2002.)
Palacio Legislativo, México, DF, 30 de abril de 2002.
Dip. Beatriz Paredes Rangel
Presidenta de la Mesa Directiva
H. Cámara de Diputados
Presente
Con fundamento en el artículo 34, numeral 1, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y a solicitud del diputado Cuauhtémoc Cardona Benavides, subcoordinador de Relaciones Internas del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, me permito solicitar a usted, la modificación en la integración de la siguiente Comisión:
- Que la diputada Lizbeth Evelia Medina Rodríguez, entre a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para ocupar una vacante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.
Sin otro particular, quedo de usted.
Atentamente
Dip. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa (rúbrica p.a.)
Presidente
(De enterado. Abril 30 de 2002.)
Palacio Legislativo, México, DF, 29 de abril de 2002.
Dip. Beatriz Paredes Rangel
Presidenta de la Mesa Directiva
H. Cámara de Diputados
Presente
Con fundamento en el artículo 34, numeral 1, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y a solicitud del diputado Bernardo de la Garza Herrera, coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, me permito solicitar a usted, la modificación en la integración de la siguiente Comisión:
- Que el diputado Arturo Escobar y Vega sustituya como integrante a la diputada María Teresa Campoy Ruy Sánchez, en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos y esta a su vez sustituya al diputado Arturo Escobar y Vega en la Comisión de Juventud y Deporte.
Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.
Sin otro particular, quedo de usted.
Atentamente
Dip. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa (rúbrica p.a.)
Presidente
(De enterado. Abril 30 de 2002.)
Palacio Legislativo, México, DF, 30 de abril de 2002.
Dip. Beatriz Paredes Rangel
Presidenta de la Mesa Directiva
H. Cámara de Diputados
Presente
Con fundamento en el artículo 3 , numeral 1, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y a solicitud del diputado Martí Batres Guadarrama, coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, me permito solicitar a usted, la modificación en la integración de la siguiente Comisión:
- Que el diputado Donaldo Ortiz Colín, se incorpore en las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Pesca, para ocupar un lugar vacante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.
Sin otro particular, quedo de usted.
Atentamente
Dip. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa (rúbrica p.a.)
Presidente
(De enterado. Abril 30 de 2002.)
Palacio Legislativo, México, DF; 30 de abril de 2002.
Dip. Beatriz Paredes Rangel
Presidenta de la Mesa Directiva
H. Cámara de Diputados
Presente
Con fundamento en el artículo 34, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y a solicitud del diputado Martí Batres Guadarrama, coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, me permito solicitar a usted, la modificación en la integración de la siguiente Comisión:
- Que el diputado David Augusto Sotelo Rosas, sustituya a la diputada Hortensia Aragón Castillo, en la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.
Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.
Sin otro particular, quedo de usted.
Atentamente
Dip. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa (rúbrica p.a.)
Presidente
(De enterado. Abril 30 de 2002.)
Palacio Legislativo, México, DF, 29 de abril de 2002.
Dip. Beatriz Paredes Rangel
Presidenta de la Mesa Directiva
H. Cámara de Diputados
Presente
Con fundamento en el artículo 34, numeral 1, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y a solicitud del diputado Cuauhtémoc Cardona Benavides, subcoordinador de Relaciones Internas del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, me permito solicitar a usted, la modificación en la integración de la siguiente Comisión:
- Que la diputada Arcelia Arredondo García, salga de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.
Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.
Sin otro particular, quedo de usted.
Atentamente
Dip. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa (rúbrica p.a.)
Presidente
(De enterado. Abril 30 de 2002.)
DE LA PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS
CC. Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión
Presente
Esta Presidencia ha recibido informes de actividades de las siguientes Comisiones:
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COMISION
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PERIODO DEL INFORME
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Desarrollo Social
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Septiembre 2001-Marzo 2002
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Energía
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Informe final de los Grupos Plurales
de las LVII y LVIII Legislaturas
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Marina
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Tercer Informe Semestral
Septiembre 2001-Febrero 2002
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Vigilancia de la Auditoría
Superior de la Federación
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Informe relativo a la comparecencia del
Presidente de la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores
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Lo que comunico a ustedes, para que lo hagan del conocimiento de la honorable asamblea.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de abril de 2002.
Atentamente
Dip. Beatriz Paredes Rangel (rúbrica)
Presidenta
(Túrnese los originales a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos. Abril 30 de 2002.)
DE LA PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS
CC. Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados
Esta Presidencia ha recibido solicitudes de cambio de turno de iniciativas y de proposiciones con punto de acuerdo, de las siguientes Comisiones:
Solicitud: La Comisión de Salud, manifiesta que no tiene competencia para dictaminar el punto de acuerdo presentado por el diputado Jaime Larrazábal Bretón, el 15/12/01 por lo que declinan. (declina).
Asunto: Punto de acuerdo para que se implemente un programa emergente por la pérdida del empleo debido al fenómeno de la marea roja, en las costas del Pacífico y del golfo de México, turnado a la Comisión de Salud.
Solicitud: La Comisión de Salud, manifiesta que no tiene competencia para dictaminar el punto de acuerdo presentado por el diputado Miguel Rosaldo Salazar el 31/10/2000, por lo que declinan. (declina).
Asunto: Punto de acuerdo para que se atiendan las demandas de los pobladores de la congregación Mundo Nuevo, del municipio de Coatzacoalcos, Veracruz, para su reubicación ya que se encuentran expuestos a daños permanentes e irreversibles de salud, por la contaminación industrial, turnado a las Comisiones de Salud, de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios y de Seguridad Social.
Solicitud: La Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, solicita sea modificado el turno de la proposición con punto de acuerdo, presentada por el diputado Elías Martínez Rufino el 15 de diciembre de 2001, por considerar que no tienen las atribuciones y los elementos necesarios para su resolución y proponen que sea la Junta de Coordinación Política la que resuelva.
Asunto: Punto de acuerdo para que la Junta de Coordinación Política integre una Comisión Especial, para proponer las reformas legales que permitan el ejercicio de los derechos políticos de los mexicanos que residen en extranjero, turnado a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.
Solicitud: La Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, solicita sea modificado el turno de la proposición con punto de acuerdo, presentada por el diputado Tomás Torres Mercado el 28/04/01, por considerar que no tienen las atribuciones y los elementos necesarios para su resolución y proponen que sea la Comisión de Hacienda y Crédito Público la que resuelva.
Asunto: Punto de acuerdo para impulsar la desconcentración de sedes de la Administración Pública Federal, turnado a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Gobernación y Seguridad Pública.
Solicitud: La Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, solicita sea modificado el turno de la proposición con punto de acuerdo presentada por el diputado Jaime Martínez Veloz el 04/10/01, por considerar que no tienen las atribuciones y los elementos necesarios para su resolución y proponen que sea la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios la que resuelva.
Asunto: Punto de acuerdo para que se establezca un grupo de trabajo entre el Ejecutivo y el Legislativo para elaborar una Ley Nacional de Migración, turnado a las Comisiones de Gobernación y Seguridad Pública, de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios y por lo que se refiere al segundo punto a la Comisión de Relaciones Exteriores.
Con fecha 26 de febrero de 2002, la Mesa Directiva de la Cámara y a solicitud de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública returnó el punto de acuerdo a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios y por lo que se refiere al segundo punto a la Comisión de Relaciones Exteriores.
Solicitud: La Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, solicita sea modificado el turno de la proposición con punto de acuerdo, presentada por la Legislatura del estado de Oaxaca el 09/10/01, por considerar que no tiene las atribuciones y los elementos necesarios para su resolución y proponen que sea la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios la que resuelva.
Asunto: Punto de acuerdo para que se atienda la situación de migrantes mexicanos en los Estados Unidos y se legisle en materia de migración, turnado a las Comisiones de Gobernación y Seguridad Pública y de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.
Con fecha 26 de febrero de 2002, la Mesa Directiva de la Cámara y a solicitud de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública returnó el punto de acuerdo a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.
Solicitud: La Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, solicita sea modificado el turno de la proposición con punto de acuerdo, presentada por el diputado Amado Benjamín Avila Márquez el 25/10/01, por considerar que no tiene las atribuciones y los elementos necesarios para su resolución y proponen que sea la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda la que resuelva.
Asunto: Punto de acuerdo para que la Auditoría Superior supervise que los recursos del Ramo 33 destinados a Tlaxcala se utilicen para sus fines específicos, turnado a las Comisiones Unidas de Gobernación y Seguridad Pública y de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda.
Solicitud: La Comisión de Justicia y Derechos Humanos, solicita reconsiderar el turno de la proposición con punto de acuerdo presentada por la diputada María de los Angeles Sánchez Lira, el 30/04/01, únicamente a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, por tratarse de un tema que sólo produce efectos entre particulares.
Asunto: Punto de acuerdo para designar el mes de noviembre como Mes de la Niñez Mexicana, turnada a las Comisiones de Justicia y Derechos Humanos y de Atención a Grupos Vulnerables.
Solicitud: La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, solicita le sea retirado el turno de la proposición con punto de acuerdo presentada por el diputado Francisco Ramírez Cabrera, el 14 de noviembre de 2001 y recaiga exclusivamente en la Comisión del Distrito Federal.
Asunto: Punto de acuerdo para solicitar a las autoridades correspondientes, el entubamiento del llamado gran canal de desagüe, turnado a las Comisiones del Distrito Federal y de Presupuesto y Cuenta Pública.
Solicito a ustedes lo hagan del conocimiento de la honorable asamblea y se publiquen en la Gaceta Parlamentaria.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de abril de 2002.
Atentamente
Dip. Beatriz Paredes Rangel (rúbrica)
Presidenta
(Comuníquese a las Comisiones respectivas la reorientación del turno. Abril 30 de 2002.)
DE LA PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS
La Mesa Directiva informa, que a solicitud de diversas Comisiones, con fundamento en lo que establece el artículo 23, inciso f), de la Ley Orgánica, modifica los turnos de los siguientes asuntos:
La Comisión de Desarrollo Social, declinó por considerar que no es de su competencia:
Proposición con punto de acuerdo para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2001, se considere un incremento a las partidas correspondientes al gasto social, en relación a la demanda de los trabajadores de la salud.- Presentada por la diputada Adela Graniel Campos, del grupo parlamentario del Partido del Partido de la Revolución Democrática de fecha 5 de diciembre de 2000.
Se turna a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública; de Trabajo y Previsión Social; de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda; de Educación Pública y Servicios Educativos; de Salud y de Seguridad Social.
La Comisión de Ciencia y Tecnología, solicitó ampliación de turno por considerar que es de su competencia:
Ley de Bioseguridad.- Iniciativa presentada por el diputado Fernando Castellanos Pacheco, del grupo parlamentario del PAN, de fecha de 13 de abril de 2000.
Se turna a la Comisión de Salud, con opinión de la Comisión de Ciencia y Tecnología.
La Comisión de Comercio y Fomento Industrial, declinó por considerar que no es de su competencia:
Ley de Protección al Usuario de los Servicios de Salud.- Iniciativa presentada por el diputado Miguel Barbosa Huerta, del grupo parlamentario del PRD, de fecha 4 de octubre de 2001.
Se turna a la Comisión de Salud.
La Comisión de Participación Ciudadana, solicitó ampliación de turno, por considerar que los siguientes asuntos, son de su competencia:
Constitución Política de los EUM, reformas y adiciones de los artículos 35, 36, 40, 71, 73, 115, 122 y 135.- Iniciativa presentada por la diputada Fanny Arellanes Cervantes, del grupo parlamentario del PAN, de fecha 7 de septiembre de 2000.
Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, con opinión de la Comisión de Participación Ciudadana.
Constitución Política de los EUM, reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones (en relación al Poder Legislativo).- Iniciativa presentada por el diputado Amador Rodríguez Lozano, de fecha 27 de marzo de 2001.
Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, con opinión de la Comisión de Participación Ciudadana.
Constitución Política de los EUM, reformas a los artículos 40 y 115.- Iniciativa presentada por el diputado Bernardo Bátiz Vázquez, del grupo parlamentario del PRD, LVII Legislatura, de fecha 2 de abril de 1998.
Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, con opinión de la Comisión de Participación Ciudadana.
Constitución Política de los EUM, reforma a los artículos 35, 41, 71, 72, 74, 89, 93 bis y 135.- Iniciativa presentada por el diputado Gilberto Parra Rodríguez, del grupo parlamentario del PRD, LVII Legislatura, de fecha 31 de marzo de 1998.
Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, con opinión de la Comisión de Participación Ciudadana.
La Comisión de Cultura, solicitó ampliación de turno por considerar que es de su competencia:
Ley Federal del Derecho de Autor, reforma a las fracciones I y II, y deroga la IV del artículo 150.- Iniciativa presentada por la diputada Sonia López Macías, del grupo parlamentario del PAN, de fecha 19 de abril de 2001.
Se turna a las Comisiones de Turismo, Educación Pública y Servicios Educativos, con opinión de la Comisión de Cultura.
La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, declinó por considerar que no es de su competencia:
Proposición con punto de acuerdo para hacer un llamado a los titulares de la Secretaría de Educación Pública y del Instituto Nacional de Antropología e Historia, a fin de que se evite el uso del Castillo de Chapultepec con fines distintos a los establecidos en la normatividad vigente. Presentada por el diputado Elías Martínez Rufino, del grupo parlamentario del PRD, de fecha 16 de noviembre de 2000.
Se turna a la Comisión de Cultura.
La Comisión de Asuntos Indígenas, solicitó ampliación de turno por ser asunto de su competencia:
Ley de Coordinación Fiscal, reformas.- Iniciativa presentada por el senador Carlos Rojas Gutiérrez, del grupo parlamentario del PRI, de fecha 21 de noviembre de 2001.
Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con opinión de la Comisión de Asuntos Indígenas.
La Comisión de Equidad y Género, solicitó ampliación de turno por considerar que es de su competencia:
Código Penal Federal, reformas al artículo 259-Bis.- Iniciativa presentada por la diputada Norma Patricia Riojas Santana, a nombre de los partidos: PSN, PAS y grupos parlamentarios del: PRI, PAN, PRD, PVEM y PT, de fecha 8 de noviembre de 2001.
Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con opinión de la Comisión de Equidad y Género.
La Comisión de Comercio y Fomento Industrial, solicitó ampliación de turno por considerarlo asunto de su competencia:
Ley de Protección de Datos Personales.- Iniciativa presentada por el diputado Miguel Barbosa Huerta, del grupo parlamentario del PRD, de fecha 6 de septiembre de 2001.
Se turna a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, con opinión de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.
La Comisión de Agricultura y Ganadería, solicitó ampliación de turno por considerarlo de su competencia:
Energía para el Campo, Ley de.- Iniciativa presentada por el diputado César Duarte Jáquez, a nombre de los grupos parlamentarios del PRI, PAN y PRD, de fecha 29 de noviembre de 2001.
Se turna a la Comisión de Energía, con opinión de la Comisión de Agricultura y Ganadería.
La Comisión de Fortalecimiento del Federalismo, solicitó ampliación de turno en los siguientes asuntos, por considerarlos de su competencia:
Constitución Política de los EUM, reformas al párrafo 20, inciso c), de la fracción IV del artículo 115.- Iniciativa presentada por el senador Fidel Herrera Beltrán del grupo parlamentario del PRI, de fecha 15 de agosto de 2001.
Se turna a las Comisiones de Puntos Constitucionales; y de Hacienda y Crédito Público, con opinión de la Comisión de Fortalecimiento del Federalismo.
Proposición con punto de acuerdo para que se convoque a los Poderes federal, estatal y municipal, y funcionarios fiscales, para celebrar la IV Convención Nacional Fiscal.- Presentada por la diputada Miroslava García Suárez, a nombre de los grupos parlamentarios del PRD, PT y PRI, de fecha 9 de abril de 2001.
Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público; de Presupuesto y Cuenta Pública, con opinión de la Comisión de Fortalecimiento del Federalismo.
La Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, declina en los siguientes asuntos por considerar que no son de su competencia:
Proposición para que comisiones de las Cámaras de Diputados y Senadores, participen en la contratación de una empresa que audite a la Central Nuclear de Laguna Verde y la designación de los asesores que auxilien a los legisladores.- Presentada por la Junta Directiva de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente, de fecha 30 de agosto de 2000.
Se turna a las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Energía.
Proposición con punto de acuerdo para solicitar que el procurador general de la República informe del estado que guardan las investigaciones sobre la intervención ilegal de comunicaciones privadas suscitadas en el estado de México.- Presentada por el diputado Alejandro Enrique Gutiérrez Gutiérrez, del grupo parlamentario del PAN, de fecha 17 de septiembre de 2001.
Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
Proposición con punto de acuerdo para que se establezca un Grupo de Trabajo entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo, para la construcción de una agenda común, la creación de una política migratoria de Estado, la elaboración de una Ley Nacional de Migración y la revisión puntual de los programas y partidas presupuestales que tengan como finalidad el bienestar de los connacionales en los Estados Unidos de Norteamérica.- Presentada por el diputado Jaime Martínez Veloz, del grupo parlamentario del PRI, de fecha 4 de octubre de 2001.
Se turna a las Comisiones de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios y por lo que se refiere al segundo punto a la Comisión de Relaciones Exteriores.
Congreso del estado de Oaxaca, en la que transcribe acuerdo por el que solicita al Congreso de la Unión, que sea atendida la situación de extrema gravedad y vulnerabilidad en que se encuentran miles de ciudadanos mexicanos y sus familiares en los Estados Unidos y se legisle en materia de migración.- De fecha 9 de octubre de 2001.
Se turna a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.
Proposición con punto de acuerdo, para que se solicite a las Comisiones de Límites, tanto del estado de México como del Distrito Federal, la información sobre los trabajos realizados en el convenio de fecha 24 de agosto de 1993 y se resuelva el problema planteado sobre los límites entre el estado de México y el Distrito Federal, en la parte correspondiente al municipio de Valle de Chalco y a la delegación Tláhuac.- Presentada por el diputado José Delfino Garcés Martínez, del grupo parlamentario del PRD, de fecha 9 de octubre de 2001.
Se turna a la Comisión del Distrito Federal.
La Comisión de Energía, declina en los siguientes asuntos por considerar que no son de su competencia:
Proposición con punto de acuerdo para que la Comisión Permanente solicite al Ejecutivo federal, información sobre los resultados de las reuniones, así como los acuerdos para tratar la temática del gas doméstico.- Presentada por el diputado Víctor Roberto Infante González, del grupo parlamentario del PRI, de fecha 11 de julio de 2001.
Se turna a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial
Proposición con punto de acuerdo para solicitar a los secretarios de: Economía y de Energía, de la Comisión Reguladora de Energía y de Petróleos Mexicanos, realicen los ajustes necesarios para congelar el precio del gas y para que comparezcan el secretario de Energía y el director de Petróleos Mexicanos, y expliquen y den solución a la problemática que está viviendo la población de México con el precio del gas LP.- Presentada por el diputado Alfredo Hernández Raigosa, del grupo parlamentario del PRD, de fecha 6 de septiembre de 2001.
Se turna a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.
Proposición con punto de acuerdo para que las Comisiones de Energía y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, realicen una reunión de trabajo con los servidores públicos de la Federación, del estado de Puebla, del Instituto de Ingeniería de la UNAM, y de los municipios de Chignahuapan, Huauchinango, Juan Galindo, Xicotepec de Juárez y Zacatlán, así como con el Sindicato Mexicano de Electricistas, a efecto de determinar el proyecto de saneamiento integral del sistema hidrológico Necaxa.- Presentada por el diputado Narciso Alberto Amador Leal, del grupo parlamentario del PRI, de fecha 17 de septiembre de 2001.
Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Palacio Legislativo de San Lázaro, Distrito Federal, a los quince días del mes de marzo del año dos mil dos.
Atentamente
Dip. Beatriz Elena Paredes Rangel (rúbrica)
Presidenta
(Se turnó a las Comisiones mencionadas o ratificables el turno y la ratificación respectiva. Abril 30 de 2002.)
DE LA COMISION DE EDUCACION PUBLICA Y SERVICIOS EDUCATIVOS
Palacio Legislativo a 30 de abril de 2002.
Dip. Beatriz Paredes Rangel
Presidenta de la H. Cámara de Diputados
Presente
De acuerdo con la excitativa que esa Presidencia decretó en sesión de 2 de abril de este año, fijando el 30 de abril para presentar el dictamen sobre la iniciativa de decreto para reformar el artículo 25 de la Ley General de Educación, nos permitimos informarle respetuosamente que en razón de los estudios de base que el tema requiere, así como los acuerdos parlamentarios que necesita, dado que en el análisis de la misma participan también las Comisiones de Cultura, de Ciencia y Tecnología y de Presupuesto y Cuenta Pública, nos es indispensable contar con más tiempo para integrar junto con los consensos respectivos, las opiniones técnico jurídicas procedentes para cumplir con nuestra responsabilidad.
En razón de lo anterior, informamos a usted que no podremos presentar el dictamen de referencia el 30 de abril de 2001, a pesar de los esfuerzos dirigidos para ello, por lo que le rogamos que la Mesa Directiva de la Cámara considere la presentación del mismo dentro del programa y agenda que determine.
Agradeciendo su comprensión, reiteramos a usted la seguridades de nuestra consideración atenta y distinguida.
Dip. Enrique Meléndez Pérez (rúbrica)
Presidente.
Dip. Oscar Ochoa Patrón (rúbrica)
Secretario
Dip. Alfonso Vicente Díaz (rúbrica)
Secretario
Dip. Jorge Luis García Vera (rúbrica)
Secretario
Dip. Miguel Bortolini Castillo (rúbrica)
Secretario
DE LA COMISION DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de abril de 2002
C. Dip. Beatriz Paredes Rangel
Presidenta de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados
Presente
En relación a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción XXVIII del artículo 109 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, relacionada con los correspondientes a la materia de Derechos de Autor, sobre la cual esa Presidencia determinó excitativas con fechas 2, 9 y 29 de abril de este año, nos permitimos comunicar a usted lo siguiente:
En la segunda de tales excitativas se fijó como fecha para presentar el dictamen el 30 de abril del año en curso; sin embargo, informamos a usted que dicho documento sigue en estudio y análisis en esta Comisión de Hacienda, dado que a esta misma le ha sido enviado un número elevado de proyectos sobre el mismo tema y que para dictaminarla, estamos realizando las consultas necesarias para obtener el consenso respectivo, de todo lo cual están enterados debidamente los grupos parlamentarios.
En razón de lo anterior, no estamos en posibilidad de presentar el dictamen el 30 de abril de 2002, como era nuestra decisión y deseo, pero le manifestamos la disposición de la Mesa Directiva de la Comisión de Hacienda que suscribe el presente, de preparar la presentación del dictamen en el programa que determine la Mesa Directiva bajo su digna Presidencia.
Con un saludo afectuoso , reiteramos a usted, las seguridades de nuestra más atenta y distinguida consideración.
Dip. Oscar Levín Coppel (rúbrica)
Presidente
Dip. Jorge A. Chávez Presa (rúbrica)
Secretario
Dip. Rosalinda López Hernández (rúbrica)
Secretaria
Dip. José Manuel Minjares Jiménez (rúbrica)
Secretario
Dip.. César A. Monraz Sustaita (rúbrica)
Secretario
DE LA COMISION DE PUNTOS CONSTITUCIONALES
Palacio Legislativo, a 29 de abril de 2002.
Dip. Beatriz Paredes Rangel
Presidenta de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados
Presente
La Comisión de Puntos Constitucionales recibió 119 iniciativas de anteriores legislaturas y a partir del 1º de septiembre del 2000 se han recibido 163 iniciativas.
Esta Comisión ha elaborado anteproyectos de dictámenes de todas y cada una de las iniciativas recibidas, pero los mismos no han recibido el consenso de sus integrantes, solamente se han llegado a los acuerdos en las reformas en materia indígena, reforma política del Distrito Federal y educación preescolar, mismos que han sido presentados al pleno.
La Comisión de Puntos Constitucionales ha recibido las siguientes excitativas durante la LVIII Legislatura:
El 10 de octubre del 2000 el diputado Luis Herrera Jiménez del Partido de la Revolución Democrática excitó a esta Comisión para se aboque a la formulación del dictamen que corresponda sobre las iniciativas de reformas a los artículos 35, 41, 72, 74, 89, 93 y 135 constitucionales presentada el 31 marzo 1998, por el diputado Gilberto Parra Rodríguez, y reformas a los artículos 40 y 115 constitucionales presentada el 2 de abril 1998 por el diputado Bernardo Bátiz.
El 9 de noviembre del 2000 el diputado Elías Martínez Rufino del Partido de la Revolución Democrática excitó a esta Comisión para que dictamine la iniciativa que reforma y adiciona el artículo 3º constitucional presentada el 9 de diciembre de 1999 por la diputada María de Lourdes Rojo e Incháustegui.
El 16 de noviembre del 2000 el diputado Eric Eber Villanueva Mukul del Partido de la Revolución Democrática excitó a esta Comisión para que emita, junto con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública el dictamen relativo a la iniciativa de reformas al artículo 74 fracción IV, constitucional y a los artículos 20 y 25 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, presentada el día 12 de octubre de 2000 por el mismo diputado.
El 7 de diciembre del 2000 la diputada Griselda Ramírez Guzmán del Partido Acción Nacional excitó a esta Comisión para que dictamine la iniciativa de reformas al artículo 123, Apartado A, fracción V, constitucional, presentada el 10 de diciembre de 1998, por la diputada Patricia Espinosa Torres.
El 20 de marzo del 2001 el diputado Francisco Javier Chico Goerne Cobián del Partido Acción Nacional excitó a esta Comisión para que dictamine la iniciativa de reforma integral al marco jurídico que regula las responsabilidades de los servidores públicos, presentada, el 10 de diciembre de 1999 por el diputado Adalberto Antonio Valderrama Fernández.
El 20 de marzo del 2001 el diputado Eric Eber Villanueva Mukul del Partido de la Revolución Democrática excitó a esta Comisión para que emita, junto con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública el dictamen relativo a la iniciativa de reformas al artículo 74 fracción IV, constitucional y a los artículos 20 y 25 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, presentada el día 12 de octubre de 2000 por el mismo diputado.
El 29 de marzo del 2001 el diputado J. Jesús Garibay García del Partido de la Revolución Democrática excitó a esta Comisión para que dictamine la iniciativa de reformas a los artículos 26 y 73, fracción XXIX, inciso d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el día 10 de octubre de 2000 por el diputado Rafael Hernández Estrada y el mismo diputado.
El 30 de abril del 2001 la diputada María Cruz Martínez Colín del Partido de la Revolución Democrática excitó a esta Comisión para que dictamine la iniciativa que adiciona una fracción XXVII al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el día 28 de noviembre de 2000 por la misma diputada.
El 18 de julio del 2001 el diputado Tomás Torres Mercado del Partido de la Revolución Democrática excitó a esta Comisión para que dictamine la iniciativa de reformas al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el 22 de marzo de 2001 por el diputado Pedro Miguel Rosaldo Salazar.
El 27 de septiembre del 2001 el diputado Pedro Miguel Rosaldo Salazar del Partido de la Revolución Democrática excitó a esta Comisión para que dictamine la iniciativa de reformas al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el 22 de marzo de 2001 por el mismo diputado.
El 23 de octubre del 2001 el diputado Luis Alberto Villarreal García del Partido Acción Nacional excitó a esta Comisión para que dictamine la iniciativa que adiciona una fracción XXVIII al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a nombre el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentada el 28 de noviembre de 2000 por la diputada María Cruz Martínez Colín.
El 23 de octubre del 2001 el diputado Ramón Paniagua Jiménez del Partido Acción Nacional excitó a esta Comisión para que dictamine la iniciativa de reformas al artículo 123, Apartado A, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el 10 de diciembre de 1998 por la diputada María Elena Alvarez de Vicencio.
El 6 de noviembre del 2001 el diputado Javier Castañeda Pomposo del Partido Acción Nacional excitó a esta Comisión para que dictamine la iniciativa que reforma la fracción XXIX-D del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el 23 de abril de 1998 por el diputado Rubén Fernández Aceves.
El 13 de noviembre del 2001 el diputado Auldárico Hernández Gerónimo del Partido de la Revolución Democrática excitó a esta Comisión para que dictamine junto con la Comisión de Asuntos Indígenas la iniciativa que adiciona, deroga y reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el 16 de mayo de 2001 por el diputado Martí Batres Guadarrama.
El 27 de noviembre del 2001 el diputado José Manuel del Río Virgen de Convergencia por la Democracia, Partido Político Nacional, excitó a esta Comisión para que dictamine junto con las Comisiones de Justicia y Derechos Humanos, y de Gobernación y Seguridad Pública la iniciativa de Ley de Amnistía General, para todos los presos perseguidos por motivos políticos, presentada el 11 de abril de 2000 por el diputado Adolfo González Zamora.
El 15 de diciembre del 2001 el diputado Alberto Amador Leal del Partido Revolucionario Institucional excitó a esta Comisión para que dictamine la iniciativa que adiciona los artículos 73, fracción XXIX-D, y 115, fracción V, constitucional, presentada el 30 de octubre de 2001 por el mismo diputado.
El 19 de marzo del 2002 el diputado Ramón León Morales del Partido de la Revolución Democrática excitó a esta Comisión para que dictamine junto con la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública la iniciativa de reformas y adiciones a diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así mismo incorporar el Libro Noveno del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, presentada el 4 de octubre de 2001 (Ley de Sistemas de Medios de Impugnación en Materia Electoral) por el diputado Gregorio Urías Germán.
El 25 de marzo del 2002 el diputado Sergio Acosta Salazar del Partido de la Revolución Democrática excitó a esta Comisión para que dictamine junto con la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública la iniciativa de reformas y adiciones a diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo incorporar el Libro Noveno del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, presentada el 4 de octubre de 2001 (Ley de Sistemas de Medios de Impugnación en Materia Electoral) por el diputado Gregorio Urías Germán.
El 25 de marzo del 2002 el diputado Tomás Torres Mercado del Partido de la Revolución Democrática excitó a esta Comisión para que junto con la Comisión de Justicia y Derechos Humanos dictaminen la iniciativa que reforma los artículos 17 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como el 93 y 158 de la Ley de Amparo, presentada el 8 de agosto de 2001 por el diputado Tomás Torres Mercado.
El 26 de marzo del 2002 el diputado Esteban Daniel Martínez Enríquez del Partido de la Revolución Democrática excitó a esta Comisión para que junto con la Comisión Desarrollo Social dictaminen la iniciativa de adiciones a los artículos 73, fracción XXIX-D y 115, fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el día 30 de octubre de 2001 por el diputado Alberto Amador Leal.
El 2 de abril del 2002 el diputado Alfredo Hernández Raigosa del Partido de la Revolución Democrática excitó a esta Comisión para que junto con la Comisión de Energía dictaminen la iniciativa que adiciona la fracción XXXI al artículo 73 y la fracción X al artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y adiciona y reforma diversas disposiciones de las leyes: Orgánica de la Administración Pública Federal; Federal de Protección al Consumidor; de la Comisión Reguladora de Energía; Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios y Reglamentaria del artículo 27 Constitucional, en el ramo del petróleo, presentada el 25 de abril de 2001 por el mismo diputado.
El 11 de abril del 2002 el diputado Raúl Gracia Guzmán del Partido de la Acción Nacional excitó a esta Comisión para que junto con la Comisión Desarrollo Social dictaminen la iniciativa de reformas al artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el 15 de diciembre de 1999 presentada por la Comisión de Relaciones Exteriores y diversos grupos parlamentarios.
Con fundamento en lo establecido por el artículo 91 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito solicitar a usted se conceda la prorroga, a la Comisión de Puntos Constitucionales, para la presentación de los dictámenes de las excitativas antes mencionadas, en virtud de que aún y cuando ya se cuentan con los proyectos de dictámenes, no existe el consenso necesario entre las fuerzas políticas que integran esta H. Cámara, debiendo ser votados por dos terceras partes de la misma al tratarse de reformas a la Constitución de acuerdo a lo establecido por el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo anterior pido a usted otorgue la prórroga indefinida para lograr los consensos necesarios a fin de que los dictámenes de referencia sean presentados al pleno de esta honorable asamblea de acuerdo al artículo 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Agradeciendo de antemano su atención a la presente, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente.
Dip. Salvador Rocha Díaz (rúbrica)
Presidente
(Turnado a la Mesa Directiva para su análisis y acuerdo respectivo. Abril 30 de 2002.)
Proposiciones
CON PUNTO DE ACUERDO EN RELACION CON LAS DECLARACIONES DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE FECHA 9 DE ABRIL DE 2002, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT, PRESENTADA EN LA SESION DEL MARTES 30 DE ABRIL DE 2002
Para el grupo parlamentario del Partido del Trabajo es altamente preocupante el enorme desprecio en contra del Poder Legislativo, que el titular del Ejecutivo federal ha manifestado desde que asumió a la Presidencia. Son muy claras las muestras que ha dado el señor Fox de su inconformidad con el Congreso, porque a casi año y medio sus iniciativas y propuestas de política económica no han sido aceptadas.
Resulta todavía más preocupante que el Presidente Fox se haya puesto al frente de la campaña política del Partido Acción Nacional para el año 2003 con todos los medios a su alcance. Es decir, ha instrumentado toda una campaña de Estado a favor de su partido político. Al señor Fox sólo le faltó decir abiertamente que los mexicanos deben votar el próximo año por su partido y darle mayoría absoluta en la Cámara de Diputados.
Lo anterior significarla volver a los tiempos, supuestamente ya extintos, en los que el Presidente controlaba las dos Cámaras del Congreso y que éstas se le subordinaban en todo y le cumplían sus caprichos.
El mensaje del Presidente es altamente riesgoso ya que evidencia una figura autoritaria que desea avasallar a los poderes públicos que tienen la misión constitucional de actuar como contrapeso del Ejecutivo.
En su mensaje el Presidente culpa al Senado de que por no autorizarle el viaje pretendido no podría cumplir los objetivos planteados y señala: "tal parece que la oposición se ha empeñado en que mi gobierno no cumpla con el cambio por el que ustedes votaron" y afirmación más falsa no podríamos encontrar. El Presidente olvida que en la elección en que obtuvo la Presidencia de la República, no ganó con mayoría absoluta, sin embargo nadie le cuestiona ni la legalidad ni la legitimidad de su triunfo.
Sin embargo, en ese mismo proceso electoral los mexicanos, como antes ocurrió en 1997 respecto del PRI en la elección de diputados de ese año, decidieron no darle mayoría absoluta en las Cámaras del Congreso a ningún partido político.
Que a Fox le quede claro, en la elección en que ganó la Presidencia, los mexicanos decidieron no votar por el PAN para darle mayoría en ambas Cámaras, con esta sabia decisión política los electores se manifestaron por un diálogo respetuoso y republicano entre los poderes públicos.
La actitud de Fox, al utilizar en provecho propio el tiempo oficial que al Estado corresponde, para confrontar al Senado de la República constituye una violación directa al artículo 61 constitucional al reconvenir una decisión mayoritaria de la colegisladora.
El Presidente olvida que en las Cámaras se discute y vota, que las decisiones, al ser tomadas por mayoría de votos se tornan una voluntad colectiva del órgano que la aprueba. Miente Vicente Fox cuando acusa al Senado de que al impedírsele salir del país, la atracción de nuevas inversiones y negocios para México no podrá concretarse.
Vicente Fox quiere engañar al pueblo cuando afirma que "deseaba establecer de manera inequívoca la posición y la preocupación de México con respecto al fallo de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos en perjuicio del mexicano José Castro...", sin duda también ignora que el Poder Judicial de los Estados Unidos es independiente de la rama Ejecutiva; y lo más grave es el establecimiento de precedentes judiciales que sí afectan a nuestros connacionales.
Lo que el Gobierno mexicano debió hacer en su momento, era exigir el cumplimiento de los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos y de trabajo que protegen a toda persona sin importar su condición migratoria y no preocuparse por lo que ocurre en otros países y hacerse de la vista gorda con lo que sucede en nuestro país.
La conducta mediática del Ejecutivo de hacerse pasar por mártir y de afirmar que el Legislativo lo obstruye, es solamente una más de sus acciones publicitarias con la que busca resarcir la popularidad de que gozó al asumir la Presidencia.
Por enésima ocasión, el Presidente de la República busca culpables para no reconocer lo que han sido manifiestos fracasos en la conducción de los asuntos públicos.
Por las consideraciones anteriores y con base en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados abajo firmantes sometemos al pleno de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Artículo Unico.- Que el Pleno de esta Honorable Cámara de Diputados exhorte al C. Presidente de la República, Vicente Fox Quesada, a que actúe dentro del marco de nuestra Constitución en el sentido de que los legisladores no pueden ser reconvenidos y, asimismo que deponga su actitud en contra del Congreso, y que cuando a éste se dirija lo hago con respeto como se le debe dar a los otros poderes.
Diputados: Alberto Anaya Gutiérrez, Rosa Delia Cota Montaño, Juan Carlos Regis Adame, José Narro Céspedes (rúbricas)
(Turnada a la Junta de Coordinación Política. Abril 30 de 2002.)
CON PUNTO DE ACUERDO EN RELACION CON LA SITUACION POLITICA DE VENEZUELA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT, PRESENTADA EN LA SESION DEL MARTES 30 DE ABRIL DE 2002
La situación política vivida en Venezuela durante las últimas semanas, revela que los Estados Unidos en combinación con las fuerzas reaccionarias domésticas, dieron lugar a que se generaran una serie de problemas políticos, que más tarde o más temprano, se han convertido en un verdadero obstáculo en contra del avance de la democracia y de la institucionalidad en aras de satisfacer los más mezquinos intereses de la burguesía financiera nacional e internacional.
Nuevamente, el gobierno estadounidense ha puesto a funcionar su maquinaria intervencionista para derrocar a aquellos gobiernos que no se han sometido a sus caprichos o que incluso, han afectado a los capitales de sus connacionales.
Los casos más recientes de la política injerencista del Gobierno de los Estados Unidos en América Latina, los pudimos ver en el derrocamiento del presidente Bucaram en Ecuador y De la Rúa en Argentina, que son un vivo ejemplo de cómo la ambición de poder de la burguesía norteamericana y de los intereses de sus empresas transnacionales, pesan más que los deseos de autonomía y de progreso al que aspiran nuestros pueblos.
En Venezuela, en menos de una semana las relaciones políticas se vieron violentadas de la noche a la mañana con la imposición de un efímero gobierno que rompió con el Estado de derecho.
Masacrar a un pueblo indefenso ha sido el resultado de la actitud injerencista del imperio norteamericano, que en clara contradicción con lo que demandan a los demás pueblos no lo cumplen ellos mismos, como es el respeto a los derechos humanos, la libre determinación de los pueblos y el cumplimiento de la democracia.
Hemos visto cómo su decidida promoción en el seno de la Comisión de los Derechos Humanos de la ONU, estimuló el voto de censura contra Cuba, mientras que la muerte de civiles en Venezuela a manos de francotiradores afines a los intereses norteamericanos no les mereció la mínima importancia.
Compañeras y compañeros diputados:
¿Acaso debe México considerar cómo su aliado natural a un gobierno que actúa guiado sólo por sus mezquinos intereses económicos, antes que por la solidaridad internacional y la convivencia pacifica entre las naciones?
El caso de Venezuela nos debe servir como un suceso aleccionador y nos debe recordar experiencias similares que tuvimos en el pasado cuando, inclusive, perdimos más de la mitad de nuestro territorio en el siglo XIX.
También nos debe quedar claro que la recuperación de la hegemonía política en el mundo por parte de Estados Unidos, se esté convirtiendo en un obstáculo cada vez más agresivo que amenaza la democracia de las naciones subordinadas a sus intereses y ponen en peligro permanente la estabilidad política mundial, porque al coloso del norte sólo le interesa la seguridad de sus intereses allende sus fronteras y el saqueo de los recursos de nuestros pueblos.
No se requiere ser muy perspicaz para entender que el fallido levantamiento contra el régimen de Chávez, sólo tuvo como objetivo inmediato reposicionar a un gobierno que fuera afín a los intereses norteamericanos, de garantizarle acceso fácil y preferente a los recursos petroleros de la nación, así como de permitir sin problemas la instauración plena del ALCA, que constituye la nueva forma en que el imperialismo norteamericano busca subordinar a los países latinoamericanos en condiciones favorables para continuar saqueando sus recursos.
Frente a la intentona por derrocar al gobierno de Chávez surgen experiencias aleccionadoras reconocidas por él mismo y que es necesario reflexionar, porque nos permiten extraer conclusiones que señalan hacia dónde puede derivar cualquier régimen que no sigue como práctica política la búsqueda de consensos y acuerdos entre los actores políticos.
Consideramos que esta experiencia resulta particularmente aleccionadora para México, porque cuando el Poder Ejecutivo Federal utiliza como mecanismo sistemático y sostenido la confrontación mediática, antes que la búsqueda de acuerdos y consensos con los Poderes de la Unión y las fuerzas políticas de oposición.
Estamos generando las condiciones no sólo para arribar a la inestabilidad y para violentar el proyecto de nación que queremos, sino que además, estamos debilitando nuestro Estado de derecho y propiciando con ello la posibilidad de algún tipo de intervención en nuestro país.
También ilustra que todo gobernante que no respeta la autonomía de poderes y la pluralidad de ideas y de fuerzas políticas está condenado a sufrir descalabros y en última instancia al fracaso.
Ante los sucesos ocurridos en Venezuela la posición que debe mantener el Gobierno mexicano, desde el punto de vista del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, están claramente asentados en los principios de política exterior que se señalan en el artículo 89, fracción X, así como en la Doctrina Estrada a la cual aludió el Presidente Fox en su intervención en ocasión de su visita a la República de Costa Rica durante la reunión del Grupo de Río y que fue la postura oficial del Gobierno mexicano.
Por las consideraciones anteriores, nos permitimos plantear con fundamento en lo que se dispone en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el siguiente:
Punto de Acuerdo
Artículo Unico.- Que el pleno de esta Honorable Cámara de Diputados se pronuncie a favor de que se haga un atento exhorto al Ejecutivo Federal, para que sus expresiones ante acontecimientos políticos ocurridos en otras naciones, el C. Presidente se maneje bajo los principios marcados por nuestra Carta Magna, fundamentalmente, por lo estipulado en el artículo 89, fracción X.
Diputados: Alberto Anaya Gutiérrez, Rosa Delia Cota Montaño, Juan Carlos Regis Adame, José Narro Céspedes, Víctor Antonio García Dávila (rúbricas)
(Turnada a la Comisión de Relaciones Exteriores. Abril 30 de 2002.)
CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE LA COMISION DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS INTERVENGA EN EL ASUNTO RELACIONADO CON LOS ACTOS VIOLATORIOS DE LOS DERECHOS HUMANOS COMETIDOS CONTRA LOS SEÑORES VICTOR JAVIER GARCIA URIBE Y GUSTAVO GONZALEZ MEZA, PRESENTADA POR EL DIPUTADO GREGORIO ARTURO MEZA DE LA ROSA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, EN LA SESION DEL MARTES 30 DE ABRIL DE 2002
Los abajo firmantes, diputados federales del grupo parlamentario de Acción Nacional en esta LVIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los incisos b) y d) del artículo 67 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los estados Unidos Mexicanos, nos permitimos presentar ante esta honorable asamblea, punto de acuerdo, para que la Comisión legislativa de Justicia y Derechos Humanos intervenga en el asunto relacionado con los actos violatorios de los derechos humanos cometidos contra los señores Víctor Javier García Uribe y Gustavo González Meza, al tenor de los siguientes
Antecedentes
El día 9 de noviembre del año pasado, los señores Víctor Javier García Uribe y Gustavo González Meza, fueron sacados de sus domicilios de manera violenta por un grupo de personas encapuchadas o enmascaradas, sin que para tal efecto se hayan identificado como miembros de alguna corporación policíaca y sin que hayan presentado alguna orden de aprehensión.
Las esposas de los secuestrados, pensando que lo anterior había sido la acción criminal de algún grupo de "sicarios" hecho tan común en Ciudad Juárez donde se asesina a cualquier hora del día impunemente, se dieron a la tarea de buscar en todas las corporaciones policíacas a sus esposos sin encontrar respuesta positiva, sólo burlas y sarcasmos de funcionarios, agentes policíacos y agentes del Ministerio Público, insinuándoles que quizá ya habrían sido ejecutados por alguna mano asesina en virtud de la forma tan mafiosa de actuar de los enmascarados.
Sin embargo después de buscar e investigar por su cuenta, los familiares lograron enterarse que habían sido recluidos en una casa particular ubicada el cruce de las avenidas López Mateos y Ejército Nacional, lugar donde los sometieron a brutales torturas con golpes y descargas eléctricas, aplicándoles la "chicharra" en sus genitales después de mojar sus cuerpos para que las descargas eléctricas fueran más fuertes y se declararan culpables de los homicidios en contra de ocho mujeres de las cuales seis no han sido identificadas oficialmente (debido que a cinco meses de haber sido encontrados los cuerpos las pruebas genéticas de ADN no han sido entregadas al juez de la causa), después de algunas presiones por parte de sus familiares, los secuestrados fueron trasladados a la Academia de Policía de Ciudad Juárez donde los siguieron torturando, dirigiendo estas acciones se encontraba la ex fiscal Zuly Ponce y el agente del Ministerio Público, Jesús Manuel González Guerrero, quienes se sorprendieron al ver que los familiares y amigos de los secuestrados se encontraban ahí, ordenando los funcionarios a los torturadores que sacaran a los familiares violentamente del lugar.
Posteriormente el 12 de noviembre del 2001, fueron presentados a declarar en vía preparatoria ante el juez tercero de lo penal del Distrito Judicial Bravos, quien les instruyó la causa penal identificada con el número 426/01 por los delitos de homicidio, violación y asociación delictuosa. Y dentro del término de ley, el juez de la causa al dar fe ocular, dio contestaciones burlonas manifestando que las lesiones que presentaban (quemaduras en el pene, testículos, bajo vientre, pecho, abdomen y golpes generalizados en todo el cuerpo) eran por enfermedad y por el uso de reloj en la muñeca de la mano por estar muy apretados.
Funcionarios de la Procuraduría manifestaron reiteradamente que a ellos los pusieron a disposición del juez en la Dirección del Cereso en esta Ciudad completamente sanos, intentando probarlo con el certificado médico expedido por el médico legista Samuel Villalba Calleros, quien labora en la oficina de Servicios Periciales y Medicina Legal. Pero el certificado del médico adscrito al Cereso, que obra en el expediente, se asienta que fueron recibidos por dicho centro penitenciario con quemaduras en el pene, en los testículos, bajo vientre, pecho, de manera policontundidos en el cuerpo, con esto se desprende que hubo falsedad de los funcionarios para ocultar que fueron torturados para que se declararan culpables.
Con todo lo anterior, el juez de la causa dicto auto de formal prisión, convalidando con esto la tortura y la impunidad con que actuaron, los actores.
Acusándolos de delitos de asociación delictuosa, violación y homicidio en contra de las ocho mujeres ciudad fronteriza, consideramos que por estos hechos, la Fiscalía Especial de Crímenes Contra Mujeres, en Ciudad Juárez, creó chivos expiatorios con la intención de reducir la presión de la ciudadanía sobre estos crímenes.
Es importante resaltar que el Lic. Mario César Escobedo Anaya, defensor particular y honorario del C. Gustavo González Meza, (pues es persona sin recursos económicos) el día 1º de febrero del presente año, hizo públicas las amenazas de que era objeto para que dejara el caso, cuatro días después es asesinado por un primer comandante y agentes de la Judicial del estado a su mando, a los cuales el día 8 de abril del actual, la juez sexta de lo penal, negó librar la orden de aprehensión en contra de estos agentes policíacos.
Así mismo, este 10 de abril, el juez séptimo del Distrito, notificó al juez cuarto de lo penal, del Distrito Judicial Morelos, que se les otorgaba el amparo y la protección de la justicia federal, dictándoles a su favor auto de libertad por los delitos de violación y asociación delictuosa, quedando pendientes del proceso por el delito de homicidio.
Por lo expuesto, ocurrimos ante esta elevada representación popular, a fin de presentar propuesta de punto de acuerdo, al tenor del siguiente proyecto:
Acuerdo
Artículo Unico.- Que intervenga la Comisión legislativa de Justicia y Derechos Humanos en la investigación de los actos violatorios de los derechos humanos cometidos en contra de los señores Víctor Javier García Uribe y Gustavo González Meza, actualmente recluidos en la Penitenciaria de la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de abril del 2002
Diputados: Francico Ezequiel Jurado Zaragoza, César Patricio Reyes Roel, José Carlos Borunda Zaragoza, Abelardo Escobar Prieto, María Eugenia Galván Antillón, Manuel Arturo Narváez Narváez, Luis Villegas Montes, David Rodríguez Torres, Gregorio Arturo Meza de la Rosa (rúbricas).
(Turnada a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Abril 30 de 2002.)
CON PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR EL CAMBIO DE LAS TARIFAS ELECTRICAS DE VERANO PARA CUATRO MUNICIPIOS DEL ESTADO DE COAHUILA, PRESENTADA POR EL DIPUTADO CLAUDIO MARIO BRES GARZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA SESION DEL MARTES 30 DE ABRIL DE 2002
Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, presentó el siguiente punto de acuerdo, para solicitarle a la Comisión Federal de Electricidad la reclasificación de las tarifas eléctricas de verano aplicadas en los municipios de Acuña, Allende, Morelos, Múzquiz y Villaunión, del estado de Coahuila.
Exposición de Motivos
Desde hace muchos años una de las demandas más sentidas de los habitantes del norte del país ha sido la solicitud de tarifas eléctricas más bajas en las temporadas de verano, cuando el intenso calor los obliga a utilizar aparatos de alto consumo de energía eléctrica.
Este consumo es aún mayor cuando es indispensable el uso de aparatos de alto consumo, que utilizan energía 220, para poder contrarrestar las fuertes temperaturas con altos índices de humedad, como es el caso de los municipios de Coahuila, donde los aparatos conocidos como de aire lavado no abaten el calor.
Estos altos consumos de energía eléctrica obligados durante los meses de verano, provocan un alto costo en los recibos de energía eléctrica, afectando sobre todo la economía familiar de la población con menores ingresos.
Aún más, ahora con la decisión del Gobierno Federal de reducir el subsidio a las tarifas domésticas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 7 de febrero, el pago de los recibos durante la temporada de intenso calor se hará aún más difícil.
Atendiendo esta justa demanda y en base a lo anterior, en diversas ocasiones legisladores de los diferentes grupos parlamentarios hemos solicitado a la Comisión Federal de Electricidad y presentado puntos de acuerdo a fin de beneficiar a los habitantes de estas zonas cálidas con los cambios de tarifas eléctricas.
Al respecto, desde el 31 de octubre del año 2000 junto con otros compañeros diputados presentamos un punto de acuerdo para solicitar la tarifa 1F para todos los usuarios de los municipios de Mexicali, Baja California, San Luis Río Colorado, Sonora, así como Piedras Negras y Acuña, Coahuila.
Después de una reunión entre la Comisión de Energía y la Comisión Federal de Electricidad, esta última autorizó a partir del 1 de enero del 2001 la aplicación de la tarifa doméstica 1E para el municipio de Piedras Negras del estado de Coahuila, pero no así para el municipio Acuña. Solicitado también en el punto de acuerdo.
Posteriormente en el mes de junio autorizó el cambio a la tarifa 1E a los municipios de Nava, Hidalgo, Guerrero, Jiménez y Zaragoza y a la 1D a Sabinas y San Juan de Sabinas.
Sin embargo y aun cuando son municipios colindantes a los autorizados y con las mismas condiciones climáticas, la Comisión Federal de Electricidad no ha autorizado el cambio para los municipio de Acuña, Allende, Morelos, Múzquiz y Villaunión basándose en su normatividad, que establece que para la reclasificación tarifaria se debe aplicar los registros de temperatura media mensual de las estaciones climatológicas avaladas por la Comisión Nacional del Agua correspondientes a la localidad en cuestión.
Por lo anteriormente expuesto presento a ustedes las siguientes:
Consideraciones
Primero: En los municipios de Villaunión y Morelos no existen estaciones climatológicas avaladas por la Comisión Nacional del Agua. Por ello solicitamos a la Comisión Federal de Electricidad consideraran la estación climatológica del municipio de Zaragoza como representativa, ya que es la estación cercana a estos municipios.
Para determinar la representatividad de las estaciones climatológicas para los municipios de Allende, Morelos y Villaunión del estado de Coahuila la Coordinación del Servicio Meteorológico Nacional llevó a cabo una revisión por consultores de la Organización Meteorológica Mundial.
La opinión técnica de los consultores determinó que se podría seleccionar como estación climatológica representativa a cualquiera entre Allende y Zaragoza ya que las 2 tienen registros suficientemente largos para que sus datos sean considerados representativos y además existe una buena correlación entre las temperaturas de los dos municipios.
Asimismo estableció que la temperatura es función directa de la altitud y al existir una mínima diferencia de altitud y además tomando en cuenta la mínima diferencia de distancia entre Morelos, Allende, Villaunión y Zaragoza, se podría considerar como estación representativa para estos municipios a cualquiera de las dos.
No obstante lo anterior, se seleccionó a la estación de Allende y no la de Zaragoza para determinar las temperaturas basándose en que esta estación tenía registros desde 1960.
Esta consideración nos pareció injusta ya que la estación climatológica de Zaragoza contaba con registros suficientes desde 1979 y según la normatividad de la Comisión Federal de Electricidad sólo se requiere el registro de temperaturas medias mensuales en los meses de mayor calor de los últimos 5 años.
Además, cabe aclarar que a partir del 2001 la Comisión autorizó la tarifa 1E para el municipio de Zaragoza, por lo que si se consideraba a la estación climatológica de este municipio como representativa, se deberían entonces autorizar los cambios para los municipios para los cuales se estimaran desde ahí sus temperaturas.
Segundo: En el caso de los municipios de Múzquiz y Acuña del estado de Coahuila, se ha solicitado a la Comisión Federal de Electricidad y a la Comisión nacional del Agua se hagan estudios similares a los que se hicieron en los municipios antes mencionados para actualizar sus registros de temperatura.
Al respecto, la Comisión Federal de Electricidad sigue negando la autorización del cambio de tarifas para estos dos municipios basándose en los registros anteriores.
En el caso del municipio de Acuña, la estación climatológica se encuentra instalada en la presa de la amistad ubicada a 22 kilómetros de distancia de la cabecera municipal, la cual cuenta con un espejo de agua de una superficie de 357 kilómetros cuadrados y una profundidad de 138 kilómetros, lo que sin duda hace que se registren temperaturas muy diferentes a las que se registran en la ciudad.
Además el municipio de Acuña está conurbado con el municipio de Jiménez, para el cual a partir de junio del 2001 se autorizó el cambio de tarifa a la 1E, por lo que se podría aplicar el mismo criterio que en otros municipios para autorizar su cambio.
En el caso de Múzquiz, aun cuando cuentan con estación climatológica, no cuentan con personal permanente de la Comisión Nacional del Agua por lo que solamente periódicamente acuden supervisores a recoger mediciones que hacen las personas que habitan donde se encuentra instalados los instrumentos de medición.
Por otra parte es difícil entender para los habitantes Múzquiz que todos los demás municipios colindantes sean beneficiados con tarifas de verano y ellos no, lo que les hace suponer que existen errores en las lecturas y solicitan revisión de las mismas.
Además el municipio de Múzquiz está conurbado con el de San Juan de Sabinas y la distancia con el municipio de Sabinas es mínima, para los cuales la Comisión Federal de Electricidad autorizó el cambio de tarifa a la 1D a partir de junio del 2001, por lo que si se toman en cuenta las mínimas diferencias de distancias y altitudes como se ha hecho en otros casos se podría autorizar también el cambio de tarifa de Múzquiz.
Tercero: De acuerdo a la Comisión Federal de Electricidad es necesario el registro de los 2 meses de mayor temperatura durante los últimos 5 años. Y aun cuando en la mayoría de ellos se registren las temperaturas suficientes requeridas para el cambio de tarifa, y en alguno de ellos incluso la supera, basta con que uno de esos meses le falten décimas para que la autorización sea denegada.
Cuarto: Para la determinación de las temperaturas medias mínimas mensuales, se toman en cuenta las temperaturas de las 24 horas del día, por lo que al promediar con las temperaturas nocturnas los resultados se ven afectados hacia la baja y sobre todo no reflejan con exactitud el intenso calor que prevalece durante el día, que es cuando se utilizan con mayor frecuencia los aparatos eléctricos.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 58 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se propone a esta Honorable Legislatura el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero: Solicitar a la Comisión Federal de Electricidad tome en cuenta los registros de temperaturas medias de los meses de verano de la estación climatológica de Zaragoza, Coahuila. Para determinar las temperaturas de los municipios de Allende, Villaunión y Morelos, del estado de Coahuila.
Segundo: Que en base a esos registros se autorice el cambio de tarifa eléctrica a 1E para los Municipios de Allende, Villaunión y Morelos, como ya se hizo para el municipio de Zaragoza.
Tercero: se haga un estudio similar al que se hizo en estos tres municipios para determinar las temperaturas de los municipios de Acuña y Múzquiz y tomar en cuenta las mínimas diferencias de altitud y distancia entre el municipio de Acuña y Jiménez para autorizar el cambio a la tarifa 1E y las de Múzquiz y San Juan de Sabinas para autorizar el cambio ala tarifa 1D.
Cuarto: Que la Comisión Federal de Electricidad, así como realiza la media de la temperatura mes por mes, lo haga en su totalidad por los 5 años de registro, a fin de que si en alguno de los meses la temperatura no alcanza por décimas la requerida, al promediarla con los otros meses que sí la alcanzan e incluso la superan, pueda tener los requisitos necesarios para autorizar los cambios.
Quinto: Que se modifique la metodología para determinar la temperatura media mínima mensual diaria a fin de que las temperaturas muy bajas de la noche no afecten el registro total.
México, DF, a 18 de abril del 2002.
Dip. Claudio M. Bres Garza (rúbrica)
(Turnada a las Comisiones de Energía y de Hacienda y Crédito Público. Abril 30 de 2002.)
CON PUNTO DE ACUERDO EN RELACION A LA CONTAMINACION GENERADA POR PEMEX EN EL ESTADO DE TABASCO, PRESENTADA POR LA DIPUTADA ADELA DEL CARMEN GRANIEL CAMPOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DEL MARTES 30 DE ABRIL DE 2002
Tabasco se ubica entre las principales entidades petroleras del país, el número de instalaciones de Pemex en la entidad es aproximadamente de 4 mil 185 pozos; 53 baterías de separación; 31 estaciones de compresión; 3 centros de almacenamiento y bombeo; 5 plantas deshidratadoras; 8 de inyección de agua, una terminal marítima, en Dos Bocas, y 2 mil 500 kilómetros de ductos para el manejo de crudo.
El petróleo es un recurso estratégico cuya producción y uso están causando serios problemas sociales, ambientales y de salud en la región. Las estadísticas revelan que las fugas, como causas de un accidente, arrojan un 39 por ciento de los mismos, a diferencia de los incendios que representan únicamente el 13 por ciento.
Los problemas ocasionados por la extracción de petróleo en el estado de Tabasco son ecológicos, sociales y económicos. El proceso de extracción del petróleo afecta el entorno ecológico y la calidad de vida de los tabasqueños, en particular a las comunidades contaminadas.
Con mayores consecuencias se han expresado los problemas de inseguridad y falta de mantenimiento de las instalaciones que han cobrado vidas de los lugareños.
Entre las afectaciones más recurrentes están: la retención de aguas; la salinización de tierras, lagunas y estuarios; fragmentación y pérdida de pantanos; desmonte, tala y contaminación de manglares, pérdida de biodiversidad; agrietamiento de las paredes de las casos, ocasionado por las vibraciones de la maquinaria pesada de Pemex que transita por las carreteras y caminos rurales.
Se afectan sobre todo ríos, arroyos, pantanos y tierras bajas inundables, suelos y tierras aptas para la agricultura, además de la contaminación atmosférica.
De acuerdo con información de Petróleos Mexicanos, en los últimos seis años se han destinado mil 970 millones de pesos para impulsar el desarrollo social de la entidad, a través de la construcción de obras de infraestructura, la realización de proyectos de beneficio social y la donación de productos en especie.
En el mismo periodo y por medio del Acuerdo de Coordinación Especial Tabasco-Pemex, la paraestatal ha invertido 331 millones de pesos en beneficio de comunidades, a través de los programas de Reactivación Económica que incluye proyectos productivos.
Sin embargo, denuncian los pobladores de distintos municipios que la presencia de Pemex no ha repercutido en ningún beneficio económico ni social en el lugar.
Las reclamaciones por afectación han aumentado en los últimos años y son abundantes las solicitudes de indemnización por daños ocasionados por Pemex. Hasta la fecha no se efectúa ninguna política efectiva de prevención de daños.
Además de que en todo momento se ha dejado fuera de las decisiones a las comunidades, como colectivos coadyuvantes y se trata constantemente de individualizar los casos cuando en la mayoría afectan a colectivos de producción sean agrícolas, ganaderos o piscícolas.
Es en este contexto que, un grupo de ciudadanos de los municipios de Nacajuca, Jalpa de Méndez, Paraíso, Comalcalco y Cárdenas se acercaron a esta soberanía para manifestar lo siguiente:
Que Pemex ha mostrado una creciente incapacidad para cumplir con las leyes y reglamentos de seguridad y protección ambiental, incapacidad que nos ha perjudicado afectando nuestras comunidades de manera permanente, impidiendo el derecho a una vida mejor, un medio ambiente sano y perjudicando la salud de los ciudadanos.
Que la evidencia muestra que se ha registrado un aumento del número de casos de cáncer y de leucemia principalmente en la población infantil y que este incremento se ubica particularmente en las cercanías de las zonas de producción petrolera.
Que los días 16 y 17 de marzo de 2001, una Comisión Plural de diputados federales, autoridades estatales y municipales del estado de Tabasco, así como también personal de Pemex, realizaron una inspección en algunas zonas donde la ciudadanía se ha quejado acerca de los impactos ecológicos y sociales por las obras realizadas por la empresa Petróleos Mexicanos, sin que hasta la fecha se tenga un balance de dicha visita.
Que es importante contar con un estudio técnico imparcial, para poder determinar el grado de contaminación en agua, suelo, plantas, etcétera.
Que Petróleos Mexicanos es una empresa de todos los mexicanos, y sin embargo, el petróleo lejos de beneficiar, ha perjudicado, porque a pesar de que han sido millonarias las cantidades extraídas de petróleo de esta tierra, no hemos recibido ningún beneficio que haya mejorado nuestra forma de vida, sino al contrario la extracción del petróleo nos ha perjudicado en muchos aspectos.
Que ante esta problemática se han emprendido algunos intentos para solucionar en parte las consecuencias del proceso de extracción del petróleo, intentos que no han tenido resultados satisfactorios en la conservación del entorno ecológico de las comunidades ni han mejorado la calidad de vida de sus habitantes.
Que a fin de buscar una salida integral a los problemas ocasionados por la extracción de petróleo, se debe incorporar la participación colectiva de las comunidades afectadas.
Estos ciudadanos han expresado que es urgente detener la expansión de las actividades económicas industriales inapropiadas en ecosistemas costeros por considerarlas destructivas y contaminantes.
Así como también que se debe obtener de Pemex el estricto cumplimiento de las leyes y la reparación de los daños ocasionados a las comunidades y a los ecosistemas.
Por lo antes expuesto y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las y los diputados suscritos, proponemos el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero: La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, instruye a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que en el marco de la discusión sobre la afectación ambiental de Pemex en el estado de Tabasco, informe al pleno las conclusiones de la visita efectuada por dicha Comisión a la entidad durante el mes de marzo de 2001.
Segundo. Asimismo que Pemex haga público el informe detallado de los recursos otorgados al estado de Tabasco originados por las afectaciones de la paraestatal en diversas zonas y, con el objetivo de lograr una transparencia total que permita una supervisión de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a través de su órgano técnico.
Tercero. Está Soberanía, solicita que la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo realice una auditoría a la Comisión Interinstitucional para el Medio Ambiente y el Desarrollo Social (CIMADES), que determine el destino de los recursos otorgados por la empresa petrolera, en el marco del Acuerdo de Coordinación Especial Tabasco-Pemex, particularmente de los recursos destinados a proyectos de beneficio social y económico de las comunidades afectadas.
Cuarto. También se recomienda respetuosamente a los directivos de Pemex que consideren la pertinencia de incorporar la participación colectiva de las comunidades afectadas en la selección de proyectos productivos del programa "Reactivación Económica".
Palacio Legislativo de San Lázaro, 30 de abril de 2002.
Diputados: Adela del Carmen Graniel Campos, Auldárico Hernández Gerónimo, Rosalinda López Hernández (rúbricas)
(Turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Abril 30 de 2002.)
CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL EJECUTIVO FEDERAL A PUBLICAR EN EL DIARIO OFICIAL, Y A LOS EJECUTIVOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, A INFORMAR Y PUBLICAR EN SUS DIARIOS O PERIODICOS OFICIALES DE MANERA MENSUAL, EL MONTO Y LA EVOLUCION DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS A ESTADOS Y MUNICIPIOS; ASI COMO LA METODOLOGIA UTILIZADA PARA SU CALCULO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JULIAN HERNANDEZ SANTILLAN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, EN LA SESION DEL MARTES 30 DE ABRIL DE 2002
Con fundamento en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito en mi calidad de diputado federal integrante de la LVIII Legislatura del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional someto a la consideración del pleno de ésta H. Cámara de Diputados, el siguiente punto de acuerdo bajo las siguientes:
Consideraciones
Como de todos es sabido, nuestro país se constituye como una República, representativa, democrática y federal compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior pero unidos en una Federación establecida según principios contenidos en nuestra Ley Fundamental. De esta concepción de Estado se desprende el más puro sentir federalista, el cual por su sinergia hace que el todo sea mayor a la suma de cada una de las partes. Se trata así de la unión de distintos esfuerzos en aras de un bien común.
Si bien es cierto que el pacto federal propone la unión para lograr el beneficio colectivo, también lo es que los frutos de dicha cooperación no deben centralizarse en una única instancia, deben más bien distribuirse entre aquellos que en su conjunto no sólo generan la riqueza sino también dan sustento a la Federación. Este precepto, traído a nuestros días y medido en pesos y centavos, encuentra eco en nuestro Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, y especialmente en la llamada Ley de Coordinación Fiscal, la cual tiene por objeto coordinar el sistema fiscal de la Federación con los de los estados, municipios y Distrito Federal, establecer la participación que corresponda a sus haciendas públicas en los ingresos federales, distribuir entre ellos dichas participaciones; fijar reglas de colaboración administrativa entre las diversas autoridades fiscales; constituir los organismos en materia de coordinación fiscal y dar las bases de su organización y funcionamiento.
Se trata así de un convenio donde los gobiernos locales ceden parte de sus facultades y atribuciones fiscales a cambio de recibir ciertas transferencias monetarias por parte de la Federación.
Si bien es cierto que este convenio ha estado sujeto a una serie de discusiones tales como la perversidad del incentivo, la falta de motivación a incrementar el esfuerzo recaudatorio de los gobiernos locales, o la alta dependencia de éstos a las transferencias federales para el ejercicio de su función pública, también lo es que resulta inaplazable lograr la transparencia en la asignación y distribución de los recursos transferidos a estados y municipios bajo las reglas vigentes.
Actualmente, los estados y municipios dependen en gran medida de las transferencias federales para cumplir con sus necesidades de gasto. Ello, si bien evidencia la dependencia financiera de los gobiernos locales de las transferencias federales, también nos habla de lo prioritario que para estos gobiernos resulta el contar con información veraz, suficiente y oportuna en cuanto a los recursos que les serán transferidos.
Bajo esta óptica, es imperativo que la información de los recursos federalizables a estados y municipios vía aportaciones y participaciones federales, subsidios, programas especiales y convenios de descentralización, entre otros, fluya entre la Federación y los gobiernos locales de mejor manera. Se requiere de información oportuna que dé seguimiento a su evolución y difunda a la brevedad los efectos de posibles contingencias presupuestarias en el gasto federalizable.
Por ejemplo, si bien la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene la obligación de publicar en el Diario Oficial de las Federación los montos estimados que cada entidad federativa recibirá en el ejercicio fiscal correspondiente por concepto de Fondo General de Participaciones y Fondo de Fomento Municipal, éste es insuficiente para que los gobiernos locales conozcan los recursos efectivos que les serán entregados y, en consecuencia, realicen una programación adecuada para la utilización de estos recursos.
No está tampoco por demás recordar que como consecuencia de la falta de información actualizada de los recursos efectivos con que contarían los estados y municipios durante el ejercicio fiscal anterior, varios de éstos sufrieron ajustes a la baja en sus participaciones, lo que limitó su capacidad de atención de las necesidades de su población y obstaculizó el desarrollo local previsto con anterioridad en sus planes estatales y municipales de desarrollo.
Por otro lado, el gobierno está obligado a que todos y cada uno de sus actos se rijan por la transparencia y la responsabilidad. El acceso a la información de la gestión pública debe ser un derecho que se privilegie de manera permanente, ya que al no haber una política clara de información que facilite la actividad gubernamental y que pueda nutrirla de elementos de juicio, es difícil evaluar con objetividad el que hacer de la Administración Pública Federal.
Por lo antes expuesto, y por la trascendencia que implica para los estados y municipios el contar con información sobre la evolución mensual de los recursos que le son transferidos por la Federación, así como de la metodología utilizada para su cálculo, presento y someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero.- Que el Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informe de manera mensual a esta soberanía y publique en el Diario Oficial de la Federación el monto y la evolución de los recursos transferidos a estados y municipios, así como la metodología utilizada para su cálculo.
Segundo.- Se exhorta a los Ejecutivos de las entidades federativas y del Distrito Federal a publicar de manera mensual en sus respectivos diarios o periódicos oficiales el monto y la evolución de los recursos transferidos a sus municipios y a las demarcaciones territoriales del DF, así como la metodología utilizada para su cálculo.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 días del mes de abril del 2002.
Dip. Julián Hernández Santillán (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Abril 30 de 2002.)
CON PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, LA RESTITUCION DE LOS FONDOS DESTINADOS AL PROGRAMA DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, EN CASO DE EXISTIR INGRESOS ADICIONALES A LOS PRESUPUESTADOS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JULIAN HERNANDEZ SANTILLAN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, EN LA SESION DEL MARTES 30 DE ABRIL DE 2002
Con fundamento en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento el siguiente punto de acuerdo, para solicitarle a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la restitución de los Fondos destinados al Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, en caso de existir ingresos adicionales a los presupuestados, bajo la siguiente
Exposición de Motivos
La situación de las finanzas públicas de las entidades federativas, y por consiguiente su capacidad para responder a las necesidades de su población, llevó a los diputados del Partido Acción Nacional en la LVII Legislatura a proponer se incluyera en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio del año 2000 el Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (PAFEF). Esta propuesta fue apoyada, desde el inicio, por las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión. Desde entonces, esta Cámara de Diputados ha incluido por tres años consecutivos una partida destinada al PAFEF, adicional a los proyectos de Presupuesto de Egresos enviados por el Ejecutivo.
El Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, se diseñó como un mecanismo para ayudar a los estados de acuerdo su necesidad y tomando en cuenta su situación especifica. Para el ejercicio fiscal del 2002, las entidades federativas, deberán destinar los recursos de este programa, exclusivamente, al saneamiento financiero, al apoyo a los sistemas de pensiones locales (de manera prioritaria a sus reservas actuariales) así como a la inversión en infraestructura.
Como todos recordamos, los proyectos de presupuesto enviados por el Poder Ejecutivo no han contemplado esta partida. Ha sido la Cámara de Diputados la responsable de su diseño e inclusión en el Presupuesto, a diferencia de otros rubros donde esta soberanía se limita a revisar y corregir las propuestas del Ejecutivo. La responsabilidad de esta partida, y sus efectos en las entidades federativas, son de especial interés para esta H. Cámara de Diputados. Es por ello que estamos especialmente atentos a las modificaciones a esta partida.
Entendemos y estamos de acuerdo que en situaciones extraordinarias, cuando las previsiones de ingresos no se cumplen y las perspectivas económicas no se ciñen a lo pronosticado, es necesario hacer ajustes. Prueba de ello es que en el Presupuesto dimos la facultad al Ejecutivo de ajustar los egresos (dentro de ciertos parámetros y lineamientos) en caso de que los ingresos disminuyeran y no se ajustaran a los montos esperados.
Sin embargo, como lo hemos expresado en esta tribuna, los diputados del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, preocupados por respetar y mantener el "compromiso" de apoyo a los estados de la Federación, materializado en la figura del PAFEF, hemos solicitado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mayores esfuerzos para no afectar esta partida.
Como se anunció por parte del Ejecutivo el pasado 2 de abril, se prevé una reducción de 2 mil 190 millones de pesos en el Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, con el objeto de garantizar que la meta establecida por esta Cámara de Diputados en cuanto al déficit público se cumpla.
El Ejecutivo tiene por ley 15 días hábiles para informar a esta soberanía la composición de las modificaciones al presupuesto por dependencia y entidad. Esta fecha se cumple el 22 del mes en curso. Es entonces cuando tendremos confirmación de lo comunicado por la Secretaría de Hacienda en cuanto a la disminución de los fondos para el PAFEF.
Se reitera así el exhorto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de no modificar el monto destinado al citado programa y se propone adicionalmente que, en caso de hacerse efectivo el ajuste anunciado al PAFEF, se revise con cuidado la trayectoria de los ingresos en los meses siguientes para que en caso de haber una recuperación, se restituya aquel monto que pudiera haber sido ajustado del PAFEF.
Por lo anteriormente expuesto, los diputados de Acción Nacional ponemos a consideración de este pleno el siguiente:
Punto de Acuerdo
Unico.- Que esta Honorable Asamblea solicite a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que en caso de existir ingresos adicionales a los presupuestados se restituya la reducción anunciada de 2 mil 190 millones de pesos en el Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, restableciendo los fondos de este programa a las cantidades originalmente aprobadas por esta Cámara en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2002.
Palacio Legislativo de San Lázaro, 30 de abril del 2002.
Dip. Julián Hernández Santillán (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Abril 30 de 2002.)
CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, INCORPORE LA TARIFA NUEVE O NUEVE-M, DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN PROCESOS DE FILTRADO DE AGUA MEDIANTE OSMOSIS INVERSA PARA USO AGRICOLA, PRESENTADA POR EL DIPUTADO HUGO ZEPEDA BERRELLEZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, EN LA SESION DEL MARTES 30 DE ABRIL DE 2002
Quisiera someter a la consideración del pleno de esta H. Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos la siguiente:
Proposición con punto de acuerdo que solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que modifique las tarifas 9 y 9M de energía eléctrica con en fin de que incluyan la energía utilizada en procesos de filtrado de agua mediante ósmosis inversa para uso agrícola, con base en las siguientes:
Consideraciones
En la zona de la costa del municipio de Ensenada, Baja California, se encuentran dos valles agrícolas, Maneadero y San Quintín, en los cuales se siembran alrededor de 20 mil hectáreas de hortalizas diversas, y se generan miles de empleos directos e indirectos.
En la década de los setenta, gracias a la utilización de modernos sistemas de irrigación, los productores de la región lograron optimizar el uso del agua y con ello incrementar la superficie de cultivo, principalmente de hortalizas como jitomate, fresas, calabaza, pepino y chile, entre otras.
La sequía que ha afectado al estado de Baja California durante los últimos diez años, ha provocado la disminución de la superficie de siembra. Esto a su vez ha reducido la demanda laboral, trayendo como consecuencia un buen número de personas desocupadas.
Además de la sequía, la creciente demanda para uso doméstico ha agudizado la escasez de agua para uso agrícola. No obstante, se puede recurrir a la desalinización de agua. El municipio cuenta con cuencas de agua con concentraciones salinas importantes. Para tratarla, el procedimiento más viable es el de filtrado mediante ósmosis inversa, que consiste en pasar agua salobre a través de membranas a presión, obteniendo como resultado agua de excelente calidad para riego de hortalizas. Con este sistema, los productores de la zona han logrado en los últimos dos años abrir áreas de cultivo que ya no se utilizaban.
El bajo costo de energía es necesario para no perder competitividad ante los productores de California, que reciben subsidios de su gobierno y contra quienes se compite en el mercado. Actualmente, para apoyar a los agricultores, existe una tarifa especial de energía eléctrica, la 9 o (9M para media tensión). Sin embargo, esta tarifa solamente aplica al bombeo para riego agrícola, a pesar de que en el proceso de desalar agua no intervienen factores distintos a los que aplican en el bombeo de pozos. Más aún, el tratamiento de agua salina puede liberar recursos para otros usos.
Si se cobra la tarifa de bombeo en la energía utilizada en el proceso de filtración mediante ósmosis inversa, será rentable para los productores seguir recuperando tierras, y con ello generar empleos y mantenerlos. Esto sería especialmente importante en este momento, principalmente para el municipio de Ensenada, Baja California, debido a que actualmente hay una disminución importante en las principales actividades económicas como son la industria maquiladora y los servicios turísticos.
Compañeros y compañeras diputadas:
Por las consideraciones anteriormente expuestas y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero.- Se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que se considere la tarifa 9 o, en su caso, 9M para la energía eléctrica utilizada en procesos de filtración mediante ósmosis inversa, siempre y cuando se especifique en el título de concesión correspondiente que es para uso exclusivamente agrícola, y que se cuente con la anuencia de las gerencias regionales de la Comisión Nacional del Agua. Se sugiere también que el usuario cuente con un permiso de siembra otorgado por Sagarpa y la autorización del comité técnico de aguas subterráneas de su cuenca.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de abril de 2002.
Dip. Hugo A. Zepeda Berrelleza (rúbrica)
(Turnado a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Abril 30 de 2002.)
CON PUNTO DE ACUERDO EN RELACION CON LOS CREDITOS QUE OTORGA EL FONDO DE VIVIENDA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DE ESTADO CONJUNTAMENTE CON LA BANCA PRIVADA, PRESENTADA POR EL DIPUTADO MARIO CRUZ ANDRADE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DEL MARTES 30 DE ABRIL DE 2002.
Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos los suscritos diputados sometemos a esta sesión plenaria la siguiente proposición para que se solicite al titular del Poder Ejecutivo la conveniencia de crear un programa denominado "De pago pronto o anticipado" al Fondo de Vivienda para los Trabajadores al Servicio del Estado(Fovissste) , a los convenios de cofinanciamiento que opere a través del Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda y otras instituciones del Sistema Financiero Mexicano firmados en los años 90.
Exposición de Motivos
Considerando por una parte que el artículo 40 constitucional expresa "...toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa, la ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo...." y por otra parte, que en lo general en el Plan Nacional de desarrollo 2001-2006 y en particular en el Programa Sectorial de Vivienda se plantea una política general orientada a consolidar el derecho de disfrutar de una unidad habitacional digna y decorosa pero sobre todo con certidumbre jurídica del bien inmueble adquirido, y además se plantea terminar con el rezago habitacional, que actualmente se estima en poco más de 4 millones de viviendas, pueda abatirse con mejoras, cobertura limitada de créditos, seguridad jurídica, en su tenencia, además de constituir la base del patrimonio familiar, y asegure un valor de cambio o dicho de otra forma de capital propicie el arraigo de la población, sea un factor para la ordenación del territorio.
Antecedentes
En la década de los 90 el Fondo de la Vivienda impulsó el otorgamiento de créditos hipotecarios, cofinanciados con la banca privada, a favor de sus derechohabientes, los cuales consistían en que, del total del monto de crédito hipotecario otorgado a los trabajadores, estos pagarían una parte al Fovissste y la otra a la banca privada, dichos montos tendrían un comportamiento financiero de acuerdo a la política y reglamentación de cada una de las partes prestamistas.
Los esquemas de crédito cofinanciados se fundamentan en la Ley del ISSSTE y las Reglas para el Otorgamiento de Créditos de Vivienda para trabajadores derechohabientes del ISSSTE , y sus reformas; en el Capítulo II de los Derechos de los Créditos para la Vivienda, leemos: "La capacidad de pago estará determinada por el monto de la mensualidad suficiente para cubrir la amortización del capital y los intereses del crédito otorgado por el Instituto, en el plazo que se haya determinado para tal efecto, mediante un descuento hasta del 30% del sueldo básico del trabajador.
Sexta ... "Los créditos para vivienda otorgados por el Instituto" con cargo a los recursos del Fondo de la Vivienda, se garantizarán con hipoteca constituida en primer lugar a favor del propio Instituto, quien sólo girará instrucciones para la cancelación de la hipoteca otorgable en los siguientes casos:
a) Cuando los créditos otorgados en los términos del presente capítulo hayan sido cubiertos en su totalidad, incluidos los intereses y accesorios, ya sea dentro del plazo concedido o por pago anticipado, en cuyo caso no se generan penalizaciones.
b) Por el dictamen jurídico emitido por la "Comisión Ejecutiva" que declare procedente la aplicación del seguro a que se refiere el artículo 111 de la Ley del ISSSTE y
c) Cuando se haya procedido a la cancelación del saldo por el transcurso del plazo establecido para el pago del crédito, en los términos establecidos en la regla Décimo Cuarta I que a la letra dice ; "El plazo de amortización de los créditos otorgados con cargo a recursos del fondo no serán mayor a 30 años o 720 quincenas de pagos efectivos".
De acuerdo a datos proporcionados por el mismo Instituto y los trabajadores que en el año 1999 con el ánimo de mejorar las condiciones crediticias para el pago de los mismo, debido a la devaluación del peso en el primer semestre de 1995, efecto llamado, "error de diciembre" y al aumento de las tasas de intereses bancarias, el Fovissste decidió adquirir la cartera crediticia de Banobras.
Derivado de esta situación Fovissste contrató un despacho externo con el propósito de administrar la cartera crediticia adquirida e integrar los expedientes de los beneficiados con dichos créditos, sin embargo esta empresa nunca pudo actualizar los datos de los beneficiados y al contrario contribuyó a que los estados de cuenta quedaran confusos, y que existen aproximadamente 30,000 créditos en el país sin poder actualizar su situación de adeudo con esa institución.
Es necesario mencionar que de manera casi general a partir de los descuentos que iniciaron en la quincena 20 del año 1994, los trabajadores se encuentran en un estado de incertidumbre e intranquilidad por que no han tenido la información actualizada de los estados de cuenta y aunque la voluntad del Fondo de Vivienda, ha querido brindar la información, los resultados que presenta han sido insuficientes y su capacidad para elaborarlos es muy reducida por falta de infraestructura y recursos humanos, dicho así por los propios funcionarios de la Institución.
Ante la incapacidad del Instituto de aportar a los deudores de los créditos ya señalados estados de cuenta confiables, permanentes y pormenorizados, hoy a sus 9 años del otorgamiento del crédito, y cuando los beneficiados han agotado todas las instancias de procedimiento, incluyendo que en algunos casos se han quejado ante la Comisión de los Derechos Humanos que ya emitió una recomendación en el caso de la asociación civil "Los Trabajadores Unidos de Maravatío" radicada en Michoacán; al respecto el Instituto proporcionó estados de cuenta que nunca concordaron con las aportaciones realizadas por los trabajadores a través de sus talones de cheques en donde aparecen sus descuentos por lo que no fueron ni correctos ni confiables.
Que el crédito inicial otorgado a en el año 1993 para el programa de co-financiados para casa habitación por el Fovisste aproximadamente fue de un monto entre los 55,000 y 60,000 pesos, y que actualmente la deuda de estos prestamos asciende a más o menos $180,000.00 pesos moneda nacional, y que algunos trabajadores han pagado hasta la fecha el triple del crédito, por tanto existe una inconformidad justificada ya que están pagando más de lo convenido.
Por lo anteriormente expuesto proponemos siguiente:
Primero.- Que esta Cámara de Diputados recomiende al ISSSTE actualizar la información de los Créditos de Vivienda, crear una base de datos actualizada con la certidumbre necesaria y revise la necesidad de tener un mejor control de sus créditos.
Segundo.- Que el ISSSTE proponga una solución urgente a la situación que enfrenta con los aproximadamente 30,000 créditos del país, los cuales se encuentran en la incertidumbre jurídica por no contar con la información actualizada del total de su deuda, y que se reconozca la deuda real de cada uno de los acreditados a través de una constancia de descuento emitida y comprobada por su dependencia laboral y se proceda conforme a derecho.
Tercero.- Que se revise la conveniencia de crear un programa de pago pronto o pago anticipado, incentivando al trabajador a liquidar el total de su adeudo, sin penalización y se le estimule con un porcentaje de descuento sobre el saldo que pague. (anexo la propuesta del programa de descuento por pago anticipado para deudores del FOVISSSTE).
Diputados: Mario Cruz Andrade, Raquel Cortés López, Martí Batres Guadarrama (rúbricas).
(Turnada a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Seguridad Social. Abril 30 de 2002.)
