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Comunicaciones

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DEL SENADOR FIDEL HERRERA BELTRAN, CON LA QUE REMITE PUNTO DE ACUERDO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ, PRESENTADA EN LA SESION DE LA COMISION PERMANENTE DEL MIERCOLES 6 DE MARZO DE 2002

México, DF, a 5 de marzo de 2002.

C. Sen. Noemí Guzmán Lagunes
Secretaria de la H. Comisión Permanente
Presente

Con el propósito de requerir por su conducto a la Mesa Directiva de la H. Comisión Permanente, la inclusión en el orden del día de la sesión del 6 de este mes, me permito hacerle llegar la proposición con punto de acuerdo, votado por unanimidad en el Congreso del estado de Veracruz.

Ruego a usted pudiera acordarse la lectura del mencionado documento en defensa de la industria azucarera y para que se respete el artículo 2, inciso h), de la Ley de Impuestos Especiales que grava con un 20% la utilización de endulzantes, distintos al azúcar de caña, en la elaboración de refrescos.

Atentamente
Sen. Fidel Herrera Beltrán (rúbrica)
 

C. Dip. Alicia González Cerecedo
Presidenta de la Mesa Directiva de la Diputación Permanente de la H. LIX Legislatura del Congreso del Estado
Presente

Los suscritos, diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política de la LIX Legislatura del H. Congreso del estado, en reunión de trabajo celebrada en esta fecha, analizamos lo siguiente:

El Presidente Vicente Fox se refirió recientemente a la reforma fiscal aprobada en diciembre último por el Congreso de la Unión, respecto de la cual expuso sus divergencias, a la vez que anunció su propósito de modificar el sentido de dicha reforma, lo que ha dado origen a una serie de declaraciones que hacen necesario precisar la posición de este órgano legislativo sobre el particular.

Preocupa a todos los veracruzanos la posibilidad de que el impuesto establecido a la utilización de edulcorantes distintos del azúcar de caña se modifique, dado que ese gravamen ha favorecido, sobre todo en momentos en que el sector cañero enfrenta una grave crisis, la recuperación económica de la industria azucarera nacional, y en especial la de la entidad veracruzana, en la que se asientan veintidós ingenios azucareros.

Nuestra entidad tiene una larga tradición como productora de caña de azúcar. A esta agroindustria se vinculan diversos sectores productivos, por lo que los conflictos en el sector cañero y sus soluciones repercuten directamente en el conjunto de la sociedad veracruzana.

Por tanto, derogar el impuesto a la alta fructosa para favorecer a una parte de la industria refresquera del país conduciría a un sector productivo de gran importancia, como lo es la explotación de la caña de azúcar y todos los sectores de la industria relacionados con esta actividad, a una situación que muy difícilmente podrían superar, dadas las precarias condiciones en que sobrevive esta rama de nuestra economía que, no obstante, da empleo a millares de personas en el país.

Por otra parte, la facultad que al Presidente de la República concede la fracción I del artículo 39 del Código Fiscal de la Federación prevé su ejercicio ante la eventualidad, entre otras, de evitar afectaciones a una rama de actividad, a la producción o venta de productos o a la realización de una actividad, pero en ningún caso admite que, a cambio de proteger a una actividad, se perjudique a otra.

Asimismo, debe mencionarse que estudiosos del derecho constitucional cuestionan el apego a la Ley Fundamental del invocado precepto del Código Fiscal de la Federación, pues si bien el artículo 28 de la Carta Magna remite a leyes secundarias la fijación de términos y condiciones relativos a exenciones de impuestos y prohibiciones a título de protección a la industria, omite enunciar con precisión, como sí lo hace el artículo 131 constitucional, en su párrafo segundo, en qué casos y bajo qué supuestos procede conceder dichas exenciones. Este numeral señala que la facultad concedida deberá tener siempre como propósito el beneficiar al país y, en el caso, es obvio que no se beneficiaría a la industria azucarera nacional, sino a otro país, productor de alta fructosa.

Por lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 33, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, nos permitimos presentar a esa Diputación Permanente el siguiente proyecto de

Punto de Acuerdo

Unico.- Solicítese al ciudadano Presidente de la República, licenciado Vicente Fox Quesada, que en vista de la importancia que para la economía nacional y, particularmente, la del estado de Veracruz, representa la industria azucarera, se continúe apoyando a éste con medidas de todo tipo, incluidas las de naturaleza fiscal, como lo es el impuesto que grava la utilización de edulcorantes distintos del azúcar de caña, establecido por la reforma al artículo 2 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de enero de 2002.

Dado en la Sala de Juntas "Heriberto Jara Corona" del Honorable Congreso del estado, en la ciudad de Xalapa Enríquez, Veracruz, a los veintiséis días del mes de febrero del año dos mil dos.

Por la Junta de Coordinación Política

Dip. Ignacio González Rebolledo (rúbrica)
Coordinador el grupo legislativo del Partido Revolucionario Institucional
Presidente

Dip. Alfonso Vázquez Cuevas
Coordinador del grupo legislativo del Partido Acción Nacional

(De enterado. Marzo 6 de 2002.)
 
 

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Iniciativas

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DE REFORMAS A LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION Y A LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA, PRESENTADA POR EL DIPUTADO ROQUE GRACIA SANCHEZ, A NOMBRE DE DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA SESION DE LA COMISION PERMANENTE DEL MIERCOLES 6 DE MARZO DE 2002

José Elías Romero Apis, diputado federal a la LVIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 55, fracción II, 56, 62 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar la siguiente iniciativa de reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

Exposición de Motivos

El delito de secuestro es uno de los delitos que se ha incrementado en el ámbito de la sociedad mexicana y que se ha convertido en una metástasis criminógena, no sólo grave, sino verdaderamente alarmante para la sociedad.

Aquí se presenta un problema de combate muy especial y, por ello, obliga a soluciones innovadoras y a soluciones importantes.

El delito de secuestro, como todo tipo de estos delitos, se comete fundamentalmente y en una proporción casi absoluta en materia local y sólo en proporciones muy pequeñas -casi caso de laboratorio- en materia federal. Esto hace que el secuestro sea esencialmente un delito de competencia de los estados federados y del Distrito Federal. Sin embargo, las autoridades locales han sido rebasadas por lo menos en tres aspectos fundamentales.

El primero de ellos, es que han sido desbordadas territorialmente en muchas entidades, sobre todo en los del centro de la República y no se diga en las que son en la parte conurbada de la capital. El secuestro, al tratarse de un delito continuo o permanente, se comete en varias entidades sin que por ello las autoridades puedan hacer un eficiente seguimiento del mismo. En muchas ocasiones el secuestro se inicia en una entidad y es continuado en otra, donde se encuentran las casas de retención o de seguridad, o en la que se recibe el rescate correspondiente.

En segundo término, las autoridades locales han sido superadas o rebasadas en el ámbito institucional, toda vez que las autoridades del Ministerio Público local y las Procuradurías locales son muy pequeñas para atender este tipo de investigaciones tan delicadas, tan sofisticadas y, normalmente, tan especializadas y tan costosas.

En tercero y último lugar, existe un desbordamiento lamentable en virtud del cual las autoridades locales han sido rebasadas moralmente ya que ha quedado en claro que, en muchas ocasiones, son las propias autoridades quienes se encuentran comprometidas en la comisión, en la protección, en el tutelaje o en el apadrinamiento de este tipo de organizaciones criminales.

Por ello es importante la participación de la Federación para suplir las deficiencias de competencia territorial que la legislación de un país federal impone. Y no sólo ello sino, también, para poder suplir las deficiencias de carencias institucionales que las Procuradurías locales contienen en su propia esencia y naturaleza. Así como para poder suplir, corregir o compensar las fallas morales en las que pueden estar comprometidas las autoridades locales.

Sin embargo, el problema no puede resolverse con las tradicionales medidas simplistas de atribución exclusiva del delito en virtud de lo cual el federalizar el delito de secuestro en forma absoluta sería una complicación porque, tampoco, la Procuraduría General de la República estaría capacitada institucionalmente en tamaño para atender los secuestros en todo el ámbito de la República.

En segundo lugar, porque no necesariamente la autoridad federal puede ser la más idónea en algunos lugares donde no se dé este desbordamiento moral, institucional y territorial. En muchos casos, pudieran ser las autoridades locales las más recomendables para atender un delito que muchas veces tiene que ver con el conocimiento de los escenarios físicos y de los escenarios personales y sociales de la localidad. Son las autoridades del lugar las que más fácilmente conocen la geografía urbana y rural del lugar en donde se tiene que realizar la investigación, donde conocen los antecedentes personales de las víctimas y de los posibles victimarios, en donde conocen o están en mayor capacidad de obtención de información que una autoridad federal, normalmente de escaso tiempo de residencia y de muy escasas conexiones e información sobre el lugar en el que actúa.

Por esto es recomendable una figura que, hasta este momento, no existe en México que es la concurrencia competente. Esta figura haría que pudieran participar, simultáneamente, las autoridades locales y las autoridades federales con plena constitucionalidad. Se diferencia de la competencia excluyente que, tradicionalmente, establece que lo que es federal no es local y viceversa. En esto ni siquiera la facultad de atracción es una excepción, puesto que la facultad de atracción lo único que hace es trasladar la competencia pero persistiendo las características exclusivas. Es decir, que hace que el delito en un momento inicial fuese local y no federal y que, al convertirse en federal, deje de ser local y, por lo tanto, dejan de ser competente las autoridades de los estados o de la capital de la República.

Con la competencia concurrente serían competentes ambos, al mismo tiempo, tanto Ministerio Público como el juez que previene inicialmente, sin que esto limite las posibilidades de que el proceso pueda llevarse hasta sentencia definitiva en cualquiera de las dos competencias si así está resuelto.

Es conveniente señalar que, para estos efectos, se requiere de una serie de medidas tanto administrativos como del orden legislativo.

Las medidas administrativas consistirían en depositar, como lo están, estas facultades de investigación en el Ministerio Público. Es decir, en la Procuraduría General de la República. Para ello, la PGR deberá crear un cuerpo de elite, a partir de una tecnología de punta, que debiera adquirirse de cualquier lugar o de cualquier país en donde se encuentre y que las hay en calidad muy suficiente. Debe ser integrada por personal muy altamente preparado y de nuevo cuño, a efecto de evitar contaminaciones y que debiera estar supervisada y vigilada, desde todos los puntos de vista de control interno, para evitar su contaminación en el trato de su trabajo.

Lo anterior tiene que ser complementado, desde el ángulo legislativo, con la competencia suficiente y las capacidades de investigación que se proponen.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitirnos poner a la consideración del H. Congreso de la Unión, por conducto de la Comisión Permanente, la siguiente iniciativa de reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

PRIMERO.- Se reforma el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para quedar como sigue:

"Artículo 50.- ................

I.- .............

a) a m) ...............

n) La privación de libertad prevista en el artículo 366 del Código Penal Federal, en concurrencia con las autoridades locales si estas fueren también competentes.

II.- .............

III.- ..............".

SEGUNDO.- Se reforma el artículo 2º de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, para quedar como sigue:

"Artículo 2.- ..............

I. a V.- ..........

En el caso de secuestro no será necesario satisfacer los requisitos que establece el encabezado de este artículo en cuanto a pluralidad de personas, a permanencia o reiteración de la conducta ni en cuanto a finalidad o resultado".

Por todo lo anterior, a usted C. diputado Presidente de la muy respetable Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, me permito solicitar: I.- Tener por presentada la presente iniciativa para todos sus efectos constitucionales.

II.- Dar el curso parlamentario que establece el título tercero, capítulo II, sección II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

III.- Someter la recepción y turno de esta iniciativa a la muy respetable Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.

IV.- Acordar su turno, para estudio y dictaminación, a la muy respetable Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Honorable Cámara de Diputados.

Es cuanto.

Diputado José Elías Romero Apis; diputado Roque Joaquín Gracia Sánchez; diputado Alfredo Ochoa Toledo; diputada Araceli Domínguez Ramírez; senador Sadot Sánchez Carreño; diputado Efrén Leyva Acevedo (rúbricas).

(Turnada a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Marzo 6 de 2002.)
 
 
 

DE REFORMAS A LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, PRESENTADA POR LA DIPUTADA MIROSLAVA GARCIA SUAREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DE LA COMISION PERMANENTE DEL MIERCOLES 6 DE MARZO DE 2002

La suscrita diputada federal de la LVIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa que reforma los artículos 137 y 138 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, de acuerdo con la siguiente

Exposición de Motivos

Los principios constitucionales que nos guían para establecer mecanismos impositivos son los que indica el artículo 31, fracción IV, de nuestra constitución política.

El artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que al "desarrollo económico concurrirán, con responsabilidad social, el sector público y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la nación".

Por lo tanto, señala que "bajo los criterios de equidad y productividad se apoyará a las empresas de los sectores social y que dicte el interés público y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando la preservación del medio ambiente".

La política fiscal tiene que cumplir con los principios de equidad y proporcionalidad señalados en el artículo 31, fracción IV. Estos deben ser aplicados entonces al tratamiento tributario de los pequeños contribuyentes.

En lo referente a la tasa del 1% general, establecida en este ejercicio fiscal, podemos afirmar que no cumple con estos principios, ya que grava relativamente más a los que menos ingresos tienen y además se les trata diferente al resto de los contribuyentes porque no permite la comprobación de ingreso a través de comprobantes fiscales que sean deducibles para otros contribuyentes.

Con la finalidad de entender el significado de los principios básicos tributarios, con la intención de darle validez a la afirmación anteriormente hecha, definimos al principio de equidad como aquel que da universalidad al tributo; el impacto que éste origine debe ser el mismo para todos los comprendidos en la misma situación.

La proporcionalidad mira el carácter económico de la carga impositiva y debe de atender al panorama general de la economía nacional para poder determinar cuál debe ser la relación, es decir, la proporción entre las distintas fuentes impositivas.

Con el objetivo de verificar la aplicación de dichos principios al régimen de pequeños contribuyentes, es necesario establecer una breve explicación de su desarrollo y en el mismo sentido medir el impacto de las modificaciones fiscales para el presente ejercicio.

El Régimen Fiscal de los Pequeños Contribuyentes hasta el año 2000 permitía que las personas físicas empresarias cuyos ingresos no excedieran de $3'178,134.00 y podían emitir comprobantes con requisitos fiscales por sus operaciones.

Esta circunstancia no los limitaba en operaciones con los contribuyentes del régimen general de ley y servía como un mecanismo para no romper la cadena de comercialización y de incentivo para hacer crecer el pequeño negocio.

El ejercicio fiscal de 2001, para ser considerado como Pequeño Contribuyente se tenía que cumplir con ingresos que no rebasaran $1'456,992.00, de acuerdo con el anexo 5, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de marzo de 2001.

En ese mismo sentido y con fundamento en el artículo cuarto transitorio esta cantidad se actualizaba hasta 2002 con el factor que resultara de dividir el Indice Nacional de Precios al Consumidor de noviembre de 2001 entre el Indice Nacional de Precios al Consumidor de noviembre de 2000.

Por lo tanto, tenemos que la cantidad límite de ingresos para ser considerado como Pequeño Contribuyente en el año de 2001 fue de $1'521,100.00 de acuerdo con la vigésima cuarta resolución fiscal para 2000 y anexos 5, 7 y 14; publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de febrero de 2002.

De tal manera que este régimen fiscal permitía que las personas físicas que obtenían ingresos derivados de sus actividades empresariales, que únicamente enajenaban bienes o prestaban servicios al público en general, podrían optar por pagar el Impuesto Sobre la Renta como pequeño contribuyente, siempre que sus ingresos propios de la actividad empresarial no rebasaran $1'521,100.00

Como podemos observar, los cambios principales se establecen en que la cantidad que limita los ingresos para pertenecer a este régimen, en virtud de que no se actualizarán como se realizaba en los ejercicios pasados.

Se excluye a las personas físicas de las actividades primarias y en este ejercicio fiscal no podrán optar por tributar en este régimen.

Se cambia por una tasa única del 1% sobre los ingresos, es decir, se aplicará desde el primer monto de ingresos sin considerar un tope mínimo de los mismos. Las diversas tasas aplicadas según el nivel de ingresos las cuales iban desde 0 hasta ingresos de $ 132,276.00; 0.25% para los más bajos a cantidades de venta mayores a la cantidad mínima, hasta 2% para los más altos. Es muy probable que con este cambio se beneficie a los contribuyentes de más altos ingresos y se les cobre una cantidad mayor a los de menos ingresos.

Se obliga a estos contribuyentes a entregar a sus clientes copias de las notas de venta y conservar originales de las mismas en ventas mayores de $50 pesos, siempre y cuando lo dicte el SAT a través de reglas generales. En la Ley anterior se estipulaba en el texto legal.

Asimismo, no podrán estar contribuyendo en este régimen las personas físicas que no cumplan los siguientes requisitos:

1.- Los que emitan comprobantes.
2.- Los que acepten como pago un cheque nominativo para abono en cuenta, con los datos que permita su deducción al pagador.
3.- Los que rebasen el límite de ingresos en el ejercicio anterior.
4.- Los que rebasen el límite de ingresos en el mes que esto ocurra.
5.- Los que realicen actividades mediante fideicomisos empresariales desde el momento en que las realicen.
6.- Los que voluntariamente decidan dejar el régimen y realicen su cambio ante las autoridades fiscales. Observemos que los contribuyentes que tendrán ingresos de hasta $46,154.25 que representan los tres salarios mínimos anualizados no pagarán el Impuesto Sobre la Renta.

Una vez que se tienen ingresos mayores de esta cantidad la cual equivale a $125.45 diarios pagarán el impuesto. Después de este ingreso se pagará por la diferencia la tasa del 1%.

Si el impacto lo medimos por cada cien pesos, resulta que los contribuyentes que obtengan ingresos de hasta $1,200.00 diarios pagarán $1,948.83 más en relación con el impuesto anterior.

El sector de contribuyentes con ingresos de $1,300.00 a $1,800.00 diarios se mantendrá pagando prácticamente lo mismo que el ejercicio anterior, incluso les favorece el cobro ya que disminuye en $20.80.

A los sectores de contribuyentes que perciben de $1,900.00 diarios al límite superior de ingresos permitido para pertenecer a este régimen, el cual asciende a $4,110.00 diarios reciben un beneficio por la disminución del impuesto en comparación con el ejercicio anterior que va de menos $3,267.94 para los de ingresos mencionados de $1,900.00 hasta $14,581.57 para los que perciben el máximo de ingresos diarios, es decir $4,110.00

Como vemos, la reforma es inequitativa y regresiva ya que permite que los contribuyentes que estaban pagando cantidades de acuerdo a sus ingresos reciban una rebaja sustancial, lo cual nos parece adecuado, sin embargo, perjudica a los de menores ingresos.

El impacto será también negativo para las finanzas públicas en virtud de que las cantidades que aportaban los de mayores ingresos, no se compensará con el alza que impactará en los sectores de menores ingresos.

Podemos observar en la tabla que las cantidades que se perderán en la captación son mucho mayores que los ingresos de los sectores que ahora tendrán que contribuir en forma desproporcionada en comparación con sus percepciones.

Muchos de estos contribuyentes no tendrán la capacidad de pago para hacer frente a sus obligaciones, por lo tanto, estamos ante un régimen que no beneficia al fisco, ni a estos contribuyentes, los cuales en su mayoría obtienen ingresos menores y sus gastos son bastante representativos, situación que podría generar una disminución de la utilidad de operación del sector, circunstancia que no los exime del pago del impuesto correspondiente, pero que sí los coloca en una situación que propicia el cierre del establecimiento.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a su consideración la presente

Iniciativa de Decreto

Artículo Primero.- Se reforma el artículo 137 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta para quedar como sigue:

Artículo 137.- Las personas físicas que realicen actividades empresariales, que enajenen bienes o presten servicios, podrán optar por pagar el Impuesto Sobre la Renta en los términos establecidos en esta sección, siempre que los ingresos propios de su actividad empresarial y los intereses obtenidos en el año de calendario, no hubieran excedido de la cantidad de $4'000,000.00.

La cantidad que señala el límite y señalada en el párrafo anterior, se actualizará de acuerdo con el artículo 7 de esta ley.

.............

Artículo 138.- Las personas físicas que paguen el impuesto en los términos de esta sección, calcularán el impuesto que les corresponda en los términos de la misma, aplicando la tasa que corresponda al total de los ingresos que cobren en el ejercicio, en efectivo, en bienes o en servicios, por su actividad empresarial conforme a la siguiente tabla. La tasa que corresponda se aplicará a la diferencia que resulte de disminuir al total de los ingresos que se cobren en el ejercicio, un monto equivalente a tres veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al año.

Transitorios

Artículo Unico.- Las disposiciones contenidas en el presente decreto, entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro a 6 de marzo de 2002.

Diputada Miroslava García Suárez (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Marzo 6 de 2002.)
 
 
 
 
 

DE REFORMAS A LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, PRESENTADA POR LA DIPUTADA MIROSLAVA GARCIA SUAREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DE LA COMISION PERMANENTE DEL MIERCOLES 6 DE MARZO DE 2002

La suscrita diputada de la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interno del Congreso General, someto a la consideración de la asamblea de esta Honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa que adiciona el inciso i) de la fracción I del artículo 2-A, y reforma la fracción III del artículo 9 de la Ley de del Impuesto al Valor Agregado de acuerdo con la siguiente

Exposición de Motivos

En nuestro país la situación que enfrenta la industria editorial mexicana se puede calificar de dramática, si consideramos que el tiraje de libros ha disminuido en el país a pesar del rápido crecimiento demográfico.

En los años cincuenta se imprimían cerca de tres mil ejemplares de cada texto, en promedio, y para 1996, el tiraje a descendido a dos mil, no obstante que la población pasó de 30 a 90 millones de habitantes.

Los promedios de lectura son bajos comparados con los países desarrollados como Canadá, Inglaterra, Francia y Australia, en los cuales cada persona lee en promedio 20 libros anuales, mientras que en México solamente 2.8; pero la cifra se convierte en verdaderamente dramática cuando se descubre que sólo el 1% de la población, principalmente los egresados de las universidades, consumen la mitad de los 115 millones de ejemplares publicados anualmente, sin contar la producción de libros de texto.

Estas cifras son reveladoras de la grave crisis por la que atraviesa la industria editorial de México, a pesar de que el estado mexicano en el pasado, fue un promotor de la cultura y el actual gobierno, también se declara defensor de la misma.

Siempre se ha enarbolado la doctrina, de que el fenómeno de la cultura nacional es de interés social, y merece trato aparte. Y se mantiene la tesis, o al menos deberíamos de seguirla defendiendo, de que aunque la industria editorial encarna materialmente en bienes y servicios, no debe ser tratada como el resto de la vida material.

Esta doctrina ha estado implícita en México desde Ignacio Manuel Altamirano, para el cual la república de las letras nacionales debía ser la culminación de la independencia mexicana. Se fortaleció cuando el maestro don Justo Sierra fue ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes y recibió un impulso vigoroso de don José Vasconcelos, cuando fue secretario de Educación Pública.

Esta tradición es la queremos preservar, a pesar de que existen muestras evidentes en funcionarios de alto nivel de este gobierno, que en los hechos demuestran, que no les interesa la cultura.

Nosotros estamos convencidos de lo que piensa y como lo señala don Vicente Leñero, en su discurso del 25 de febrero del presente, cuando recibió de manos del Presidente Vicente Fox, el Premio Nacional de Ciencias y Artes, donde señala que: "Se ha querido situar a la cultura como un peldaño en la escalera de la educación, pero la cultura tiene en realidad sus propios peldaños de su propia escalera. A veces, la cultura y educación suben en paralelo, se entrecruzan y se encuentran... nunca se confunden.

La cultura pertenece al lenguaje de la identidad, a la gramática de la exaltación de la vida. Es tan básica y tan alimenticia como nuestra tortilla y nuestros frijoles tan indispensable como el agua y la vivienda, tan gratificante como el amor."

No es una actividad para complementar el tiempo de ocio, es la posibilidad que tenemos como pueblo, como nación de engullirla para progresar. No nos imaginamos siendo incultos y progresando. Ambas situaciones van de la mano.

Las actividades culturales, entre las que se encuentra nuestro legado escrito pertenecen a esas manifestaciones que debemos promover en la medida que queramos avanzar en la propuesta de hacer de la cultura una necesidad.

La intención de apoyar a la cultura, va en sentido contrario, con el tratamiento de exención a los libros, establecido en la actual Ley del Impuesto al Valor Agregado, ya que repercute en un aumento en los precios de los mismos y no contiene ningún beneficio para algún sector, incluyendo al fisco.

Este tratamiento no permite que los editores puedan recuperar los pagos del impuesto, por la vía de la devolución, que hacen a quiénes les compran bienes o servicios, y por lo tanto, les ocasiona un gasto adicional, el cual, tiene que verse reflejado en un incremento de los precios de estos bienes.

Esta situación no se ha presentado ni en este ejercicio, ni en los próximos pasados, en virtud de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ha emitido la regla 5.2.3, en la resolución miscelánea, la cual establece que el tratamiento fiscal para libros, periódicos y revistas se asimila al de los artículos con tasa 0%.

Nuestra propuesta gira fundamentalmente, en el sentido de darle el tratamiento que se le da a estos bienes, a través de una resolución miscelánea, se dé directamente en la ley, con la finalidad de no exponer a este sector a trabajar bajo la inseguridad jurídica que esto implica.

Por lo anteriormente expuesto, pongo su consideración la siguiente iniciativa de decreto que adiciona el inciso i) de la fracción I del artículo 2-A, y reforma la fracción III del artículo 9 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de acuerdo a la siguiente:

Iniciativa de Decreto

Artículo Primero.- Se adiciona el inciso i) de la fracción I del artículo 2-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para quedar como sigue:

Artículo 2-A. El impuesto se calculará aplicando la tasa del 0% a los valores a que se refiere esta Ley, cuando se realicen los actos o actividades siguientes:

I.- La enajenación de:

a) a h) ..........

i).- Libros, periódicos y revistas

Artículo Segundo.- Se reforma la fracción III del artículo 9 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para quedar como sigue:

Artículo 9.- No se pagará el impuesto a la enajenación de los siguientes bienes:

I.- .............

II.- ............

III.- El derecho para usar o explotar una obra, que realice su autor.

IV. a VIII. ...........

Artículos Transitorios

Artículo Unico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro a 6 de marzo de 2002.

Diputada María Miroslava García Suárez (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Marzo 6 de 2002.)
 
 

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Proposiciones

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CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LA INSTRUMENTACION EFECTIVA POR PARTE DEL EJECUTIVO FEDERAL, DE LA CARTILLA DE SALUD DE LA MUJER, PRESENTADA POR LA DIPUTADA ARACELI DOMINGUEZ RAMIREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA SESION DE LA COMISION PERMANENTE DEL MIERCOLES 6 DE MARZO DE 2002

Las diputadas del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional con fundamento en el artículo 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo de conformidad con los siguientes:

Antecedentes

1. El seis de marzo de 1998, en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer, el entonces Presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Ernesto Zedillo Ponce de León, expidió un decreto mediante el cual se estableció la Cartilla Nacional de Salud de la Mujer.

2. La Cartilla fue concebida como un instrumento para impulsar un mayor bienestar de las mujeres mexicanas a través del conocimiento sobre sus condiciones de salud durante su edad reproductiva. La Cartilla de las Mujeres permitiría a los prestadores de servicios dar puntual seguimiento a sus pacientes. Adicionalmente, favorecería a las mexicanas, pues estarían en posibilidades de exigir atención a sus problemas de salud conforme a la capacidad y normatividad vigentes en las instituciones del Sistema Nacional de Salud.

3. Desde su implementación en 1998, la Cartilla Nacional de Salud de la Mujer, a pesar de sus logros, ha encontrado dificultades para extenderse a todas mujeres que lo requieren. Si revisamos las cifras vemos cuan lejos estamos de solucionar algunos de los problemas para los que fue creada. Anualmente más de 100 mil mujeres desarrollan cáncer cervicouterino y muchas de ellas mueren.

4. De ahí la necesidad de ampliar la cobertura y volver eficaz la implementación de dicho instrumento.

Consideramos

1. Que las Mujeres constituyen una parte importante de nuestra población y requieren que las políticas de Estado, en los tres niveles de gobierno, estén basadas en planes y políticas de desarrollo social que garanticen el respeto y el ejercicio de sus derechos.

2. Que se requiere establecer políticas de Estado que atiendan las necesidades más urgentes de las mujeres como las que se refieren a su salud.

3. Que en el actual Plan Nacional de Desarrollo se reconoce la necesidad de impulsar la atención de la población femenina porque constituye un elemento indispensable para el desarrollo nacional.

4. Que por esos motivos, es necesaria la existencia de una Cartilla Nacional de las Mujeres que efectivamente revierta las difíciles condiciones de salud que imperan en muchos lugares del país. Se requiere de un instrumento que se aboque al impulso y realización de estudios y análisis de la salud femenina en el país.

5. Que un número importante de senadoras, diputadas federales y diputadas locales ha manifestado su interés de que la Cámara de Diputados se pronuncie por hacer una respetuosa invitación al titular del Poder Ejecutivo federal, ciudadano Vicente Fox Quesada, para que en el ámbito de su competencia evalúe la conveniencia de exhortar a las distintas instancias de la Administración Pública Federal para que garanticen efectivamente el acceso a la Cartilla Nacional de Salud de la Mujer.

6. Que para el funcionamiento óptimo de la Cartilla Nacional de Salud de la Mujer debemos garantizar que ésta sea de fácil acceso, comprensible y eficaz en su manejo.

7. Que como cada año, el próximo 8 de marzo de 2002 celebraremos el Día Internacional de la Mujer, y qué mejor ocasión para reforzar el trabajo y la voluntad política en beneficio de las mexicanas.

8. Que con base en los acuerdos adquiridos con anterioridad, el Ejecutivo deberá implementar los mecanismos necesarios para erradicar todos los tipos de discriminación contra las mujeres, con énfasis en el ámbito laboral, a través de la aplicación efectiva del artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo, para evitar la discriminación por sexo y edad en la contratación; asimismo cancelar la prueba de gravidez como requisito laboral y abatir la segregación ocupacional: salario igual para trabajo de igual valor, acceso a créditos, prestaciones sociales, capacitación y guarderías. Insistimos en que la papelería oficial contenga la leyenda "Equidad en el trabajo".

9. Que es una atribución de los diputados y diputadas presentar al pleno, proyectos de puntos de acuerdo.

Con base en los antecedentes y consideraciones expresados, y con fundamento en lo establecido en la fracción I del artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las diputadas del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional acordaron someter a la consideración del pleno de la H. Cámara de Diputados el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con respeto y reconocimiento a las facultades del Poder Ejecutivo federal, hace un exhorto al Presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos para que decrete la obligatoriedad de la Cartilla de Salud de la Mujer e instrumente las medidas necesarias a fin de que las distintas instancias de la Administración Pública Federal, garanticen efectivamente el acceso de las mujeres mexicanas a dicha cartilla. En igual forma se dirige a los titulares de los Ejecutivos locales para que en un marco de colaboración y respeto entre los distintos niveles de gobierno, los beneficios de la Cartilla Nacional de Salud se hagan efectivos para las mexicanas.

Segundo. Comuníquese.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los seis días del mes de marzo del año dos mil dos.

Diputadas: Araceli Domínguez Ramírez, Ma. de las Nieves García Fernández, Maricruz Montelongo Gordillo, Olga Haydee Flores Velásquez, Silvia Romero Suárez, María Elena Chapa Hernández, Lorena Beaurregard de los Santos, Laura Pavón Jaramillo, Maricruz Cruz Morales, Concepción González Molina, (rúbricas).

(Turnada a la Comisión de Salud. Marzo 6 de 2002.)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR A LA SECRETARIA DE GOBERNACION QUE VIGILE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY EN MATERIA DE RADIO Y TELEVISION, PRESENTADA POR LA DIPUTADA SONIA LOPEZ MACIAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, EN LA SESION DE LA COMISION PERMANENTE DEL MIERCOLES 6 DE MARZO DE 2002

Los que suscriben ciudadanos diputados federales de la LVIII Legislatura integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, nos permitimos presentar la siguiente proposición como punto de acuerdo, por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación que vigile el cumplimiento de la ley en materia de radio y televisión.

La serie "Gran Hermano", creada por el Holandés John de Mol, en 1999, con el nombre de "Big Brother", muestra la vida en común de seis hombres y seis mujeres, de 23 a 35 años, aislados y sin comunicación al exterior que durante cuatro meses comparten una casa sin televisor, sin radio, sin computadora, sin teléfonos, vigilados por 30 cámaras y 60 micrófonos que lo registran todo durante las 24 horas, incluidos espacios sanitarios. Se trata de un concurso, en el que los participantes recibirán una suma de dinero según su permanencia en la casa de acuerdo a la votación que emita el público vía telefónica.

Aquí en México el Grupo Televisa decidió iniciar con esta serie lo cual resulta dañino porque consideramos que atenta contra la dignidad de la persona humana, no sólo de quienes participan en el programa, sino del ser humano como tal, sometido a condiciones vejatorias y que buscan exacerbar sus comportamientos para el mejor lucro de las empresas organizadoras.

En la transmisión de estos tipos de programas clasificados como reality shows en otros países se ha llegado a condiciones extremas de falta de respeto a las personas y a su intimidad, e incluso se han traducido en hechos delictivos. Por ejemplo, en Estados Unidos se ha identificado cierta asociación entre lo que se ha exhibido en la televisión y crímenes posteriores; así lo han dejado entrever por lo menos dos casos documentados de asesinatos de personas que fueron protagonistas de reality shows. Es por ello nuestra preocupación de que esto no suceda en nuestro país.

Rebasar los límites del sentido de la intimidad, observando a quien desea vencer a otros con su forma de actuar, que debe de llenar las expectativas del público, será el sentido de este espectáculo y de curiosidad, que puede llegar a ser enfermiza, en donde lo más denigrante esperan que ocurra, en la imaginación de los espectadores.

Estamos convencidos de que la libertad de expresión debe defenderse como uno de los mayores logros de la democracia, pero es indispensable que esa libertad, precisamente para la supervivencia de la democracia, se mantenga dentro de los límites del respeto de los derechos de los demás.

El cuestionamiento a este tipo de programas se fundamenta en el atentado contra los principios básicos de respeto a la vida privada y a los valores de la sociedad, claramente establecidos por el artículo 6º de la Constitución, como únicos límites a la libertad de expresión. La controversia sobre la programación televisiva, en especial los citados reality shows ha sido expresada por diversos grupos sociales, organizaciones civiles y profesionales que han repercutido en el Poder Legislativo.

La Ley Federal de Radio y Televisión, en su artículo 5 señala que la radio y la televisión a través de sus transmisiones procurarán:

I. Afirmar el respeto a los principios de la moral social, la dignidad humana y los vínculos familiares;

II. Evitar influencias nocivas o perturbadoras al desarrollo armónico de la niñez y la juventud;

III. Contribuir a elevar el nivel cultural del pueblo o a conservar las características nacionales, las costumbres del país y sus tradiciones, la propiedad del idioma y a exaltar los valores de la nacionalidad mexicana;..."

Asimismo, en las fracciones I y II del artículo 10, la citada Ley señala que compete a la Secretaría de Gobernación:

• Vigilar que las transmisiones de radio y televisión se mantengan dentro de los límites del respeto a la vida privada, a la dignidad personal y a la moral, y no ataquen los derechos de tercero, ni provoquen la comisión de algún delito o perturben el orden y la paz públicos;

 
• Vigilar que las transmisiones de radio y televisión dirigidos a la población infantil propicien su desarrollo armónico, estimulen la creatividad y la solidaridad humana, procuren la comprensión de los valores nacionales y el conocimiento de la comunidad internacional. Promuevan el interés científico, artístico y social de los niños, al proporcionar diversión y coadyuvar a su proceso formativo.

Sabemos que la televisión es, en los tiempos modernos, una escuela paralela que moldea y propone conductas. El problema de la programación es que los niños y niñas registran indiscriminadamente todo lo que ven, y no cuentan aún con la capacidad de elección, por lo que se hace indispensable la acción protectora de los adultos, y en especial de las leyes que protejan sus derechos y permitan conformar valores adecuados a las aspiraciones de la sociedad, por lo que la relación entre los horarios de transmisión y el contenido programático debe ser seleccionado con gran responsabilidad, de acuerdo a lo establecido en la Ley. Y siendo que el programa de Gran Hermano se está transmitiendo en horario apto para niños, adolescentes y adultos, según el reglamento vigente de la ley citada, resulta importante que ante la incertidumbre del contenido de las transmisiones, se vigile el cumplimiento de lo anteriormente señalado.

En el ámbito local, este tipo de programaciones se opone a lo estipulado en las leyes respectivas; sólo por citar un ejemplo, podría violarse la Ley de los Derechos de las Niñas y los Niños en el Distrito Federal cuando instituye que los niños tienen derecho a recibir información adecuada a sus etapas de crecimiento, que promueva su bienestar social, así como su salud biopsicológica y sexual, enalteciendo los valores de paz, equidad, democracia, solidaridad, libertad, justicia, respeto y tolerancia.

El tema está ampliamente relacionado con la discusión sobre la transmisión de los talk shows, que se realizó en esta Cámara en el mes de septiembre de 2000, y sobre todo lo cual se generó el consenso de diversos partidos para solicitar a la Secretaría de Gobernación su suspensión.

En este tipo de programas, los productores no sólo explotan el morbo, el escándalo y la perversión, sino que degradan al ser humano; al mismo tiempo se fomenta una cultura poco ética que lastima la integridad de las personas, según las experiencias que han tenido algunos países y el nuestro. Es claro que los daños psicológicos sufridos por las personas participantes y sus familias son muy altos. Exponer la intimidad de una persona al público corre el riesgo de sufrir problemas como estrés postraumático, ansiedad y depresión, según afirmó Eric Hass, miembro del Instituto Holandés de Psicología.

Los tiempos actuales que vive el país exigen una actitud de pleno respeto al Estado de derecho, por lo que este punto de acuerdo tiene como finalidad expresar de manera respetuosa pero firme, la necesidad de que la Secretaría de Gobernación asuma una posición clara y decidida en su compromiso por hacer valer el Estado de derecho en el marco de la relación del Estado y los medios de comunicación.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política y el artículo 58 del Reglamento del Gobierno Interior para el Congreso General los diputados firmantes promovemos el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero: Que la Secretaría de Gobernación vigile el cabal cumplimiento de la legislación vigente en materia de radio y televisión. Especialmente que vigile la transmisión del programa de "Big Brother" (Gran Hermano) en virtud de que está orientada a la población infantil y juvenil, y tenemos incertidumbre de las transmisiones por carecer de edición.

Segundo: Exhortar al Grupo Televisa a que mejore su programación, a fin de que garantice la calidad en el contenido de sus transmisiones y coadyuve al fomento y desarrollo de los valores culturales de nuestra nación. Asimismo que sea congruente con las campañas de promoción de valores que transmite.

Tercero: Que las Comisiones competentes de esta Cámara revisen el marco regulatorio de la radio y la televisión, y se promuevan las acciones conducentes para implementar las reformas necesarias para la actualización de las leyes en la materia.

6 de marzo de 2002

Diputados: Victoria Ruth Sonia López Macías, Mercedes Hernández Rojas, Marta Patricia Martínez Macías, Adrián Salvador Galarza González, Abelardo Escobar Prieto, Oscar Ochoa Patrón, Herbert Taylor Arthur (rúbricas).

(Turnada a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía. Marzo 6 de 2002.)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LAS MODIFICACIONES FISCALES DEL EJECUTIVO, PRESENTADA POR LA DIPUTADA MIROSLAVA GARCIA SUAREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DE LA COMISION PERMANENTE DEL MIERCOLES 6 DE MARZO DE 2002

Me permito presentar ante la Comisión Permanente, la siguiente proposición con punto de acuerdo para que el H. Congreso de la Unión interponga controversia constitucional por el decreto emitido por el Poder Ejecutivo el 5 de marzo de 2002, por el que se exime del pago de diversos impuestos.

Considerandos

La división de poderes es el mecanismo el equilibrio que preserva en el ejercicio del poder; el sustento de nuestra República representativa, democrática y federal y el medio de legitimación y de legalidad de los actos de gobierno.

Con el régimen de facultades expresas para la autoridad pública, se busca evitar la discrecionalidad en la aplicación del derecho y la desviación del poder hacia propósitos ajenos a su función.

La responsabilidad de legislar, la tarea de ejecutar y la función de resolver las controversias jurídicas, están claramente encomendadas por nuestra Constitución, a los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, respectivamente.

Cualquier norma secundaria que vulnere los principios fundamentales de la división de poderes es inconstitucional, por lo que no puede esgrimirse como fundamento para emitir actos o decretos que tengan ese resultado.

El 5 de marzo de este año se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto por medio del cual se eximen total o parcialmente, en definitiva o de manera temporal, el pago de diversos impuestos que este Congreso de la Unión con fundamento en los artículos 73, fracción VII, y 31, fracción IV, de la Constitución estableció en leyes de observancia general en materia fiscal.

En los hechos con ese decreto se está dejando sin efectos la aplicación de la una ley, aun y cuando sea parcialmente.

Fundamenta el Ejecutivo federal su decreto en dos disposiciones legales: el artículo 89, fracción I, de la Constitución y el artículo 39 del Código Fiscal de la Federación.

Sin embargo ninguno de estos dos artículos es aplicable.

Ni la facultad reglamentaria, que tiene sus límites en la exacta observancia de las leyes, ni un artículo de una ley secundaria puede estar por encima de lo que la Constitución General de la República establece, lo que no está sujeto a discusión por más esgrima que se quiera hacer.

En la jerarquía de las normas, los decretos se encuentran por debajo de los reglamentos, lo que los coloca en marcada subordinación respecto a las leyes y por ende lejanos al nivel constitucional, por lo que de ningún modo, un decreto y mucho menos una resolución de modificación, pueden cambiar en sentido alguno una norma superior.

Debemos integrar, asimismo a estas consideraciones lo ordenado por el artículo 72 constitucional, inciso f), que a la letra indica: "en la interpretación, reforma o derogación de las leyes o decretos, se observarán los mismos trámites establecidos para su formación".

Dice la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano que ningún país puede tener una Constitución si no existe la división de poderes y no se respetan las garantías individuales.

Con este acto del Ejecutivo federal, se está vulnerando nuestro orden constitucional y más allá de las posiciones partidistas, se nos impone defender la institución a la que pertenecemos.

No hacer nada ante este acto de suplantación y de ilegalidad, nos quita cualquier autoridad para defender y fortalecer al Congreso de la Unión en el proceso de transición democrática que tanto pregonamos.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación en su carácter de órgano control de la constitucionalidad tiene que resolver dejar sin efectos este decreto, previa interposición del recurso de controversia constitucional que interponga el Congreso de la Unión.

En esta defensa de la constitucionalidad, no puede haber mezquindades políticas, o le entramos todos, o finalmente se corrobora lo que algunos piensan, la sustitución de personas no ha derivado en una sustitución del régimen anterior y no derivará.

La existencia de normas secundarias como la contenida en el artículo 39 del Código Fiscal de la Federación, nace del presidencialismo apabullante y autoritario que tanto censuró el actual jefe del Ejecutivo y rompe con el principio de división de poderes al eliminar los contrapesos que sustentan el poder y dan lugar a la democracia que se pretende implantar en nuestro país. Los intereses extranjeros -en el caso de la alta fructosa- y los intereses puramente económico-empresariales no pueden ser aducidos como un fundamento suficiente para alterar el orden social y el Estado de derecho, poniendo en riesgo la estabilidad social, que de hecho se muestra sumamente frágil ante determinaciones previas tomadas por el Ejecutivo.

No corresponde al Presidente de la República, ni a sus dependencias interpretar, modificar, reestructurar, suspender, alterar, ni cancelar ninguna ley emanada del Poder Legislativo de la Federación, tan sólo puede establecer los mecanismos e instrumentos abocados a la exacta observancia de la ley.

Por ello el Partido de la Revolución Democrática propone que sea justamente el órgano encargado de la interpretación de la ley en aras de la impartición de justicia, quien dirima a través de una controversia constitucional:

1.- Los alcances y los límites de la facultad reglamentaria del Ejecutivo federal y si esta facultad le permite interpretar, modificar, suspender, alterar o cancelar mediante un reglamento, un decreto o una resolución de miscelánea fiscal una Ley del Congreso de la Unión.

2.- Señale si las disposiciones del Ejecutivo contenidas en el decreto que exime del pago de diversos impuestos, emitido el cinco de marzo de este año y publicado en el Diario Oficial de la Federación, cuentan con las bases legales adecuadas o si exceden -con base en una interpretación errónea y trastocada de la ley- la esfera de competencia del H. Congreso de la Unión, y

3.- Deje sin efectos el decreto referido.

Se trata de un decreto ilegal e ilegítimo que vulnera nuestro orden jurídico pretendiendo suplantar al Legislativo en una tarea en la cual por cierto participó en sus inicios y en su resultado el propio Ejecutivo, y vulnera también nuestra economía nacional al beneficiarse de manera fundamental a las empresas extranjeras productoras de fructuosa, a las transnacionales embotelladoras, así como a las importadoras de las bebidas alcohólicas, por más que de manera sesgada y para no dejar, se haya contemplado a los productores de agave y el agua potable.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 49, 73, fracción VII, 78 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de este pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico.- Esta H. Comisión Permanente acuerda que el Congreso de la Unión interponga un recurso de controversia constitucional anta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por la invasión de atribuciones en que incurrió el Ejecutivo federal al emitir el decreto de fecha 5 de marzo del presente, por el que se exime total o parcialmente diversos impuestos contenidos en normas de carácter general legislados por esta soberanía.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 6 días del mes de marzo de 2002.

Dip. Miroslava García Suárez, Dip. Bernardo de la Garza Herrera, Dip. Félix Castellanos Hernández, Dip. José Manuel del Río Virgen, Dip. José R. Escudero Barrera, Sen. Sara Castellanos Cortés (rúbrica).

(Turnada a la Junta de Coordinación Política. Marzo 6 de 2002.)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE EL CONGRESO DEL UNION MANIFIESTE SU ENERGICA CONDENA POR EL SECUESTRO DE LA CANDIDATA A LA PRESIDENCIA DE COLOMBIA INGRID BETANCOURT, PRESENTADA POR EL DIPUTADO RODOLFO ESCUDERO BARRERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM, EN LA SESION DEL MIERCOLES 6 DE MARZO DE 2002

Los legisladores que firman al calce, de la LVIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrimos a solicitar se turne a las Comisiones de Justicia y de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados en la LVIII Legislatura del H. Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Consideraciones

A pesar de las pláticas de paz que se suscitaron en los últimos años en Colombia, las cuales auguraban avances significativos para conciliar las rencillas entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, mejor conocidas como FARC; en los últimos meses y sobre todo en los pasados días se han recrudecido las diferencias y las acciones de ambos bandos para conseguir sus objetivos militares.

En Colombia los atentados terroristas contra infraestructuras públicas por parte de las FARC se han multiplicado desde la ruptura del proceso de paz el pasado 20 de febrero, además de los enfrentamientos entre la guerrilla y el ejercito que ya han dejado un número considerable de bajas inocentes.

Aunado a lo anterior, en días pasados la candidata a la Presidencia de Colombia por el Partido Oxígeno Verde, Ingrid Betancourt y dos de sus asesores, fueron víctimas por parte de las FARC de una violación y un atropello a sus libertades; y sumado a esto, el sábado pasado la senadora Martha Daniels y sus asesores fueron asesinados cobarde y vilmente por quienes atentan contra la democracia y la libre expresión de ideas.

El Partido Verde Ecologista de México se solidariza con la pena que sufren la familia Betancourt y la familia de la senadora Daniels.

Nuestro partido no puede hacer caso omiso a esta situación que se ha convertido en un flagelo y un cáncer de las sociedades mexicana y colombiana, hacerlo sería como dejar la puerta abierta para que estas acciones se repitan en nuestra nación y contaminen nuestra joven transición democrática.

Sin embargo la preocupación del PVEM va más allá del triste caso de Colombia, ya que aquí en México se da el delito de secuestro con mayor frecuencia cada día. Este ilícito ha generado fenómenos que no podemos soslayar, ha ausentado a muchos ciudadanos que veían en nuestro país, un país seguro, ha ausentado inversionistas extranjeros que ven hoy a México como un lugar de riesgo en cuanto a su seguridad personal y económica, como lo ha señalado la comunidad judía en estos últimos días y sobre todo ha ausentado la confianza de millones de mexicanos en nuestros policías, en nuestro sistema judicial y en nuestro gobierno. México tiene mucho que perder.

Los secuestradores y sus cómplices son auténticas bandas organizadas que han hecho del delito de secuestro toda una industria y se burlan del sistema judicial que en muchas ocasiones son participes con ellos.

La corrupción y en especial el secuestro han permeado tanto a los policías como a los administradores de justicia.

Los legisladores del PVEM vemos la necesidad de incrementar la penalidad en este delito.

Como soluciones a este problema, hemos escuchado propuestas de penalizar a los familiares de las víctimas de secuestro por el silencio o bien por el pago de rescate, lo que nos parece verdaderamente absurdo, ya que lo que necesitamos es una profesionalización y confianza en las autoridades policiacas, porque muchas de éstas desconocen o aparentan desconocer las redes de corrupción y delincuencia que se presentan en las bandas de secuestradores.

También es preocupante escuchar voces que señalen la compra de seguros de secuestro como otra solución al problema. A nosotros nos parece errónea esta medida ya que ocasionaría una cacería abierta para más secuestros y genera temor tan sólo pensar en que la lista de asegurados llegase a caer en las manos equivocadas.

Por ello los legisladores que firmamos al calce solicitamos al pleno de esta Comisión Permanente, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se turne a las Comisiones de Justicia y de Relaciones Exteriores la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero.- El Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, por medio de la Comisión Permanente manifiesta su enérgica condena por el secuestro de la candidata a la Presidencia de Colombia Ingrid Betancourt.

Segundo.- Se exhorta al Gobierno Federal a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que revise su política migratoria hacia todos los países en los cuales está el terrorismo activo, como es el caso de Colombia.

Tercero.- Se exhorta al Gobierno Federal, a los gobiernos estatales y a los gobiernos locales para que redoblen esfuerzos en materia de seguridad, sobre todo en aquellos delitos que atentan contra la libertad y la vida de los mexicanos.

Dado en el Salón Legisladores de la República en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 6 días del mes de marzo del 2002.

Dip. José Rodolfo Escudero Barrera (rúbrica)

(Turnada a las comisiones de Relaciones Exteriores, y de Justicia y Derechos Humanos. Marzo 6 de 2002.)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR AL EJECUTIVO FEDERAL LA DESTITUCION DEL CIUDADANO JORGE G. CASTAÑEDA, SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES, PRESENTADA POR EL DIPUTADO FELIX CASTELLANOS HERNANDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT, EN LA SESION DE LA COMISION PERMANENTE DEL MIERCOLES 6 DE MARZO DE 2002

El grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar ante esta Comisión Permanente el siguiente punto de acuerdo, en donde se solicita al Presidente de la República que se destituya de su cargo al canciller Jorge Castañeda Gutman, bajo las siguientes

Consideraciones

El día 27 de febrero del presente año, en la Embajada de México en la República de Cuba, se suscitó un violento incidente, cuando un grupo de personas de nacionalidad cubana tomaron por asalto la sede del Gobierno mexicano.

Este hecho tiene lugar, a partir de las declaraciones del canciller mexicano, al inaugurar la sede del Instituto Cultural de México en Miami, en donde expresó que la representación de nuestro gobierno en Cuba tenía "las puertas abiertas a cualquier ciudadano que tenga interés en visitar México".

Lo que parecía una simple declaración protocolaria, en un acto público por parte del responsable de la política exterior del Gobierno mexicano, dio lugar a que ciudadanos cubanos allanaran la Embajada mexicana en Cuba.

No podemos negar que en Cuba existe, por razones que a nosotros no nos atañen, un minúsculo grupo que manifiesta inconformidad y rechazo al gobierno cubano.

Lo que si nos importa como mexicanos, es la actitud del gobierno foxista y de nuestro canciller, ante la disidencia cubana, que debe ser caracterizada como parte de la estrategia de globalización neoliberal y situarla en el entorno actual de nuestra región, que se distingue por la embestida de los Estados Unidos de América para ejercer nuevas formas de dominación hacia América Latina a través del ALCA, el Plan Puebla-Panamá, el Plan Colombia, entre otros.

En todas estas propuestas está presente según ellos, la idea de "democratizar" y liberalizar" a las naciones latinoamericanas.

Así pues, no nos debe sorprender que el actual "gobierno del cambio", que apresuradamente limpió su imagen hacia el exterior, liberando recientemente a algunos reos de conciencia, pretenda erigirse en el defensor de los derechos humanos en México y ahora en Cuba, como si aquí en México no se tuvieran asuntos que saldar al respecto.

Resulta paradójico que el secretario de Relaciones Exteriores que se ha autoerigido en paladín de la defensa de los Derechos Humanos en el mundo, no haya emitido declaración alguna en contra o a favor del documento dado a conocer por el departamento de Estado del Gobierno norteamericano en donde se señala que México es uno de los países del mundo en el que más se violan los derecho humanos.

El Partido del Trabajo sistemáticamente ha denunciado las múltiples violaciones de los derechos humanos cometidos por los diferentes niveles de gobierno de nuestro país, pero es tan grande el lacayismo de Castañeda hacia el Gobierno norteamericano que no ha hecho declaración alguna. En el caso de Castañeda tiene razón el refrán popular: "candil de la calle, obscuridad de su casa".

Desde la visita oficial del Presidente Fox a Cuba a finales de enero nuestro canciller y el propio Presidente Fox se reunieron con la disidencia cubana. Nadie, con un poco de sentido común, podrá negar la simpatía e interés que ambos funcionarios tienen con esos grupos opositores.

De esta manera, podemos afirmar, que los sucesos del 27 de febrero no son producto de las "ocurrencias y dislates" a las cuales ambos funcionarios nos tienen acostumbrados, sino la consecuencia de una línea de acción política del Ejecutivo federal, en franca subordinación al Gobierno de los Estados Unidos de América, que hace imponer por la vía de los hechos, y que consecuentemente violenta los principios constitucionales de nuestra Carta Magna establecidos con toda claridad en su artículo 89, fracción X, que a la letra dice:

"El titular del Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención, la solución pacífica de controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de las fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; y la lucha por la paz y la seguridad internacionales;" Estamos, más bien, ante un episodio fársico que daña la reputación de nuestro país en varios sentidos. Nuestro prestigio internacional en el mundo de la diplomacia ampliamente reconocido, ha sido severamente lastimado. Nuestro liderazgo moral en Latinoamérica, como garante del respeto a la libre autodeterminación de los pueblos, ha quedado cuestionado.

Con estas acciones se socava la labor de nuestro Premio Nobel de la Paz, Alfonso García Robles, impulsor del Tratado de Tlatelolco, en el cual se acuerda que el Continente Americano quede fuera de cualquier contienda bélica en la que las potencias mundiales hicieran uso de su armamento nuclear.

Resulta lamentable, también, que se empañe la labor ejemplar del secretario de Relaciones Exteriores, Lic. Jorge Castañeda y Alvarez de la Rosa en favor de la Revolución Sandinista y en contra de la dictadura de Anastasio Somoza, y en otras diversas acciones a favor de la paz y la concordia mundial, particularmente en Latinoamérica.

Asimismo, deja en letra muerta la llamada Doctrina Estrada formulada en el año de 1929, que nos protegió de las agresiones de los Estados Unidos de América y que fue aceptada en buena parte de Latinoamérica.

Compañeras y compañeros legisladores:

Nuestro grupo parlamentario considera, con base en la argumentación que hemos expuesto, que debemos promover la remoción del titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Por ello, sometemos a su consideración el siguiente punto de acuerdo:

Artículo Unico.- Que el pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicite al titular del Poder Ejecutivo federal la remoción del cargo de secretario de Relaciones Exteriores del señor Jorge Castañeda Gutman.

Palacio Legislativo de San Lázaro, marzo 6 del 2002.

Dip. Félix Castellanos Hernández (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública. Marzo 6 de 2002.)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO SOBRE EL INCIDENTE EN LA EMBAJADA DE MEXICO, EN CUBA, PRESENTADA POR EL SENADOR JOSE NATIVIDAD GONZALEZ PARAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA SESION DE LA COMISION PERMANENTE DEL MIERCOLES 6 DE MARZO DE 2002

Punto de Acuerdo

En virtud de los acontecimientos, versiones e interpretaciones diversas que se han generado por la ocupación de nuestra Embajada en Cuba, por un grupo de ciudadanos cubanos, y de las declaraciones que sobre este particular han realizado el secretario Jorge Castañeda, el subsecretario Gustavo Iruegas y el embajador Ricardo Pascoe, así como las autoridades del Gobierno de Cuba, solicitamos a la Cancillería mexicana informe con claridad y amplitud la versión oficial de los acontecimientos referidos a esta Comisión Permanente.

México, DF, a 6 de marzo de 2002.

Sen. José Natividad González Parás (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Senadores. Marzo 6 de 2002.)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO PARA LA COMPARECENCIA DEL SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES, CON MOTIVO DE LA CRISIS DIPLOMATICA EN CUBA, PRESENTADA POR EL SENADOR ARMANDO CHAVARRIA BARRERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DE LA COMISION PERMANENTE DEL MIERCOLES 6 DE MARZO DE 2002

Desde el inicio del gobierno foxista percibimos que tanto por la impetuosa personalidad del canciller Jorge Castañeda, como por la orientación general del gobierno, la política exterior sería una de las áreas donde el nuevo régimen conservador estaba dispuesto a dejar su sello, aunque esto signifique caminar a contracorriente de la tradición diplomática mexicana.

Dos fueron los rasgos mas sobresalientes de la nueva política exterior mexicana: la subordinación a la estrategia norteamericana y, en consecuencia, la toma de distancia de la causa de los países pobres, que había sido una de las prioridades de nuestra diplomacia.

Los primeros encuentros de los mandatarios mexicano y norteamericano, indicaron el futuro de las relaciones con nuestro vecino. Deslumbrados por el calificativo de socio preferido que le confirió Bush a nuestro país, el canciller y el Presidente cayeron rendidos ante aquél.

Tratando de borrar su pasado izquierdista, Castañeda buscó congraciarse con la parte más conservadora de la clase política norteamericana e invitó a México al ultraconservador senador Jesse Helms, con el que tuvo una andanada de intercambio de halagos, ofreciéndose como un magnífico instrumento de la política imperial.

Los compromisos de Castañeda con el ala conservadora del gobierno norteamericano fructificaron rápidamente con la actitud agresiva que adoptó la Cancillería mexicana con respecto a Cuba.

Primero en la reunión sobre derechos humanos de la ONU, en la que el canciller Castañeda operó un doble juego; imposibilitado de votar a favor de la sanción a Cuba, por la fuerte corriente de opinión pro cubana de la sociedad mexicana, se dedicó a cabildear para conseguir el voto de censura de los demás países.

Pero éstos son sólo los antecedentes de la nueva política exterior de la era foxista. Los actos terroristas del 11 de septiembre en Nueva York, son realmente el inicio de la nueva diplomacia conservadora. Ante el autonombramiento de Washington como gendarme del mundo y abanderado de la democracia occidental, nuestro Gobierno se pronunció inmediatamente por la subordinación a la campaña de venganza emprendida por el Gobierno norteamericano.

Según esa nueva política dictada por Washington, sólo había dos opciones: apoyar incondicionalmente la cruzada contra el terrorismo, o estar a favor de los malos. Todo aquel país sospechoso de apoyar causas populares o críticos del imperio, se convirtieron inmediatamente en potenciales nidos de terroristas. Así que los nuevos jefes de la política exterior mexicana pensaron que había que tomar distancia de aquellas causas y países.

Cuba fue, así, la primera víctima de esta nueva doctrina de política exterior. El uso de un lenguaje antidiplomático, al calificar de "ardidos" a los dirigentes cubanos, que se manifestaron inconformes con la actitud de México en la reunión de Ginebra, fue sólo el principio de esta nueva estrategia que ha deteriorado peligrosamente nuestras relaciones con el Gobierno de la isla, y cuyo último y más delicado episodio es el ocurrido el miércoles 27 de febrero con la toma de la Embajada mexicana en La Habana por 21 ciudadanos de ese país.

La Cancillería mexicana ha querido presentar este hecho como un evento aislado y como una manipulación por parte de los grupos anticastristas de Miami de las declaraciones del secretario Castañeda. Esto podría ser creíble si no hubieran diversos antecedentes y las múltiples fobias que ha mostrado el canciller hacia el Gobierno cubano.

Cuando la Secretaría de Relaciones Exteriores informó ante la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores de la Comisión Permanente sobre la agenda del presidente Fox en Cuba, en ningún momento mencionó sobre alguna reunión del presidente con la disidencia cubana. En defensa de esta reunión se ha aducido que no hay nada que reclamar y que todos los mandatarios que visitan un país se reúnen con la oposición. Si no había ninguna mala intención, ¿por qué no se informó al Congreso sobre la reunión? ¿A quién se quería sorprender? ¿Al gobierno cubano o al Congreso? ¿O desde entonces se estaban haciendo señas a los cubanos de Miami?

Dice la Cancillería que las palabras del secretario Jorge Castañeda fueron manipuladas por los grupos anticastristas de Miami para realizar una provocación al Gobierno cubano. Con la preparación que tiene Castañeda, con más de una docena de libros escritos sobre temas internacionales, donde muestra una gran perspicacia y nos enseña que es capaz de captar las más finas sutilezas de los personajes históricos, no puede imaginar que decir en la meca del anticastrismo que "las puertas de la Embajada están abiertas a todos los ciudadanos cubanos, del mismo modo que lo está México", podrían ser mal interpretadas, sobre todo después de la reunión del presidente Fox con disidentes.

Si estas palabras vinieran de un simple ciudadano, o de un intelectual crítico al Gobierno cubano, sería creíble una manipulación; pero vienen de alguien que sistemática e irresponsablemente ha buscado la confrontación con ese país, que lo ha retado, alguien que en la misma casa del anfitrión declara que México ha terminado sus relaciones con la Revolución Cubana para empezarlas con la República de Cuba. ¿Cuál es la diferencia? ¿O sólo los intelectuales trilingües del nivel de Castañeda pueden ver la sutil diferencia?, pero es incapaz de prever lo que pueden causar sus irresponsables palabras.

Hasta ahora tanto los medios de comunicación como una buena parte del Congreso ha querido ver en el brusco viraje de la política exterior mexicana una cuestión de arrogancia y de las fobias del secretario Castañeda. Sin duda algo habrá de cierto en ello. Si así fuera el remedio sería fácil: la renuncia de Castañeda. Pero en mi grupo parlamentario creemos que esto es algo más serio: es una posición del Gobierno mexicano.

La política exterior se decide en Los Pinos y es ahí donde deben buscarse las causas de los bandazos y retrocesos en este ámbito. Encauzar hacia el canciller la indignación de la opinión pública por los errores en política exterior, es una treta del gobierno para desviar la atención, pero sería un error del Congreso creerlo. Como responsable de sancionar la política exterior, el Congreso y, particularmente, el Senado, no tiene por qué estar valorando las fobias, filias y traumas del secretario; eso se lo dejamos a su psicoanalista. Nosotros exigimos una explicación precisa, clara y detallada de los principios de política exterior que normará la conducta del actual gobierno, que permita a la nación salir a flote en un mundo donde los paradigmas cambian vertiginosamente y donde las grandes potencias intentan engullirse a los pequeños países.

En razón de lo anterior y con fundamento en los artículos 98 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos y 53, 58, 59, 60 y 90 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someto a su consideración el siguiente:

Punto de Acuerdo

1. Un severo extrañamiento tanto al titular de la SRE de México, canciller Jorge G. Castañeda, como al embajador de nuestro país en Cuba, Ricardo Pascoe Pierce, por la torpe ejecución de la política exterior en esa nación, particularmente durante la crisis ocasionada por la toma de nuestra sede diplomática.

2. Que el secretario de Relaciones Exteriores, Jorge Castañeda, comparezca ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República, para que informe detalladamente de lo ocurrido el día 7 de febrero durante la toma de la Embajada de nuestro país en La Habana y los sucesos que la precedieron y la sucedieron.

Sen. Armando Chavarría Barrera (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Senadores. Marzo 6 de 2002.)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO EN RELACION A LAS FRONTERAS SEGURAS E INTELIGENTES, PRESENTADA POR EL SENADOR CESAR CAMACHO QUIROZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA SESION DE LA COMISION PERMANENTE DEL MIERCOLES 6 DE MARZO DE 2002

Los hechos condenables del pasado 11 de septiembre, han obligado a la comunidad internacional y, con mayor razón, a los Estados Unidos, a revisar los mecanismos de seguridad que permitan prevenir y combatir la amenaza del terrorismo.

El Gobierno de México comparte esa preocupación. Por ello, está y seguirá participando en la lucha antiterrorista, pugnando por el fortalecimiento de la seguridad regional. Un ejemplo de ello es el interés, ya hecho público, de coadyuvar a la construcción de un "perímetro de seguridad en América del Norte", que incremente el intercambio de información migratoria y mejore las medidas de seguridad en la franja geográfica que nos delimita.

Convertido éste en el tema de mayor prioridad para el vecino país, su gobierno ha solicitado al Congreso un presupuesto de alrededor de 10.7 billones de dólares, sólo para aplicarlos a la seguridad de sus fronteras con México y Canadá. También ha manifestado que lleva a cabo negociaciones con autoridades mexicanas, para concretar un acuerdo similar al establecido con el Gobierno canadiense, conocido como frontera inteligente, el cual incluye 30 iniciativas que, al tiempo que agilizan el cruce de bienes y personas, tienen como objetivo prevenir amenazas potenciales.

En este marco, la presencia en México de Tom Ridge, director de la recién creada Oficina de Seguridad Interna, despertó diversos comentarios y especulaciones, por sugerir que hay aspectos de la relación fronteriza que están rebasados y deben superarse.

Por supuesto, toda iniciativa conjunta que dé mayor seguridad y mejore el tráfico entre ambos países, debe ser secundada; pero intriga saber qué objetivos concretos persigue aquel gobierno, cuando lo más que ha dado a conocer es su intención de hacer que la frontera sea inteligente y amigable, no obstante que la historia bilateral registra reiterados hechos de hostilidad, primero, en contra de nuestros migrantes y, en segundo plano, afectando a una amplia gama de intereses comerciales que frecuentemente son obstruidos, sólo por provenir de nuestro país.

Llama la atención que se reconozca y agradezca la cooperación mexicana en el reforzamiento de la seguridad en su frontera sur; pero no deja de extrañar que se hable de sellar ésta y, aun, de instalar agentes aduanales extranjeros en los puertos de salida de México.

Preocupa, en fin, que el funcionario estadounidense diga que allá tienen "una idea" de lo que van a hacer y que ya trabajan con su contraparte mexicana, "ansiosos, dice él, de descubrir cómo el Gobierno mexicano cree que podemos avanzar en este proceso"; cuando aquí ni conocemos los planes de aquel gobierno, ni sabemos si el nuestro tiene una postura o, lo que sería grave, se pliega a una agenda propuesta, lo que llevaría a suponer que, más que un intercambio de opiniones o una avenencia de posiciones, lo que se está buscando es una clara imposición de enfoques, prioridades y conveniencias.

No es cuestión sólo de modernizar los procedimientos de control y acceso a uno y otro país; se corre el riesgo también, y sobre todo, de convertir a México en la garita de entrada a los Estados Unidos, supervisada e, incluso, hasta militarizada por el Gobierno de ese país.

No ignoramos que ya se ha ofrecido no militarizar la frontera; pero tampoco pasó desapercibido para nosotros el despliegue de mil 600 elementos de la Guardia Nacional en nuestra frontera con Texas. No objetamos lo que es decisión soberana de otro país; pero observamos que esta acción no se compadece con lo que apenas ayer declararon y deploramos que, hasta este momento, nuestro Gobierno pareciera restarle importancia a la versión, aparecida en la prensa canadiense desde el mes pasado, de que se gesta un "comando militar del norte del hemisferio", con la supuesta participación del Ejército Mexicano y la pretendida jurisdicción de Fuerzas Armadas de Estados Unidos y Canadá en nuestro territorio.

En política exterior, la postura de los legisladores priístas es clara y es firme: colaboración, sí; claudicación, nunca. Por supuesto, la seguridad regional preocupa y ocupa a los mexicanos; queremos contribuir, pero no con un apoyo irreflexivo o incondicional, sino con propuestas dignas, viables, acordes con los preceptos de la Ley fundamental y apegadas a nuestra tradición diplomática.

Siendo de vital importancia la seguridad de la frontera, lo es más la integridad del territorio y la defensa de nuestra soberanía.

El Congreso mexicano y la opinión pública deben estar oportuna y completamente informados del modo como se conduce este asunto. La falta de claridad da pauta a la suspicacia, sobre todo cuando ya se tienen ejemplos de la actitud obsequiosa con la que se ha ofrecido, más que un respaldo respetuoso y respetable, una adhesión total a la política antiterrorista de Estados Unidos.

Son, pues, fundadas nuestras preocupaciones: por lo dicho y por lo no dicho; por lo que se está haciendo o se ha dejado de hacer en la defensa de la soberanía nacional. Se diría que no se ha tomado suficientemente en cuenta, no al menos con el cuidado requerido, que es obligación del Estado mexicano garantizar la seguridad de la nación y de sus instituciones; responsabilidad que no puede supeditar a la interpretación coyuntural o interesada de sus deberes para con la cooperación internacional.

En cualquier caso, es lamentable que, a pesar de su delicadeza, el Ejecutivo no haya informado a esta soberanía y a la opinión pública, sobre el avance y contenido de las negociaciones que lleva a cabo con otro gobierno, en torno a la seguridad fronteriza.

Por lo expuesto, planteamos el siguiente:

Punto de Acuerdo

Unico. El marco constitucional mexicano es claro y preciso los límites y alcances del Ejecutivo federal en la negociación de acuerdos internacionales. En tal entendido, este Congreso solicita un informe pormenorizado sobre las negociaciones que se están llevando a cabo con Estados Unidos en el tema de la seguridad fronteriza.

Sen. César Camacho Quiroz (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Senadores. Marzo 6 de 2002.)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO EN RELACION A LAS REFORMAS EN MATERIA ELECTORAL, APROBADAS POR EL CONGRESO DE COAHUILA, PRESENTADA POR EL SENADOR JORGE ZERMEÑO INFANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, EN LA SESION DE LA COMISION PERMANENTE DEL MIERCOLES 6 DE MARZO DE 2002

El pasado quince de febrero del 2002, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Coahuila, celebró sesión ordinaria mediante la cual y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila, así como el artículo 63 de la Ley de Instituciones Políticas y de Procedimientos Electorales, acordó aprobar los topes de gastos de campañas y precampañas que realicen los partidos políticos, las coaliciones y sus candidatos para el próximo proceso electoral.

Del contenido del referido acuerdo número 07/2002, se desprende la aplicación de la fórmula para establecer los topes de gastos de campaña y precampañas que realicen los partidos políticos, las coaliciones y sus candidatos de la siguiente manera:

El Instituto determinó que la cantidad total de financiamiento para actividades tendientes a la obtención del sufragio popular que le corresponde a cada partido, según lo dispuesto por el artículo 56 de la Ley de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales del Estado de Coahuila, se dividiría entre las dos elecciones a verificarse en el proceso electoral para el presente año, es decir la de ayuntamientos y la de diputados al Congreso del estado.

Asimismo, consideró que a la cantidad resultante se le agregaría el 50% que corresponde al financiamiento privado como límite que determina la legislación electoral en su artículo 57, y a su vez que ese resultado se dividiera entre el número total de la lista nominal del estado con corte al 31 de enero del año de la elección, para que una vez obtenido el factor, éste deberá multiplicarse por la lista nominal correspondiente a cada municipio o cada distrito según corresponda, siendo la cantidad que resultara la que debe de aplicarse como tope de campaña.

De esta manera se cayó en el absurdo de establecer topes diferenciados a los gastos de campaña con el objeto de favorecer a un partido político, en este caso al PRI por sobre los demás partidos; como ejemplo tenemos el distrito I con cabecera en Saltillo en el cual este partido obtuvo un financiamiento público de $501,443.89 y su inmediato inferior es el PRD con un financiamiento de $151,452.19 y el PAN $110,514, a esto se le puede aplicar hasta el 50% como financiamiento privado. Es evidente la falta de equidad con que actuó el Instituto Electoral pues se puede dar el caso de rebasar hasta 5 veces el de su inmediato competidor. Sin embargo en los ayuntamientos la falta de equidad llega a su extremo pues partidos como el Cardenista Coahuilense que obtuvo $1,108.00 para la renovación de ayuntamientos como el de Abasolo y el PRI $6,898.00.

Según destaca la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su Semanario Judicial de la séptima época, volúmenes 145-150, primera parte, página 153: "La equidad exige que se respete el principio de igualdad, determinando que es norma de equidad los que se encuentren obligados a determinada situación, los que hallen dentro de lo establecido por la ley y que no se encuentren en esa misma obligación, los que están en situación jurídica diferente, o sea, tratar a los iguales de manera igual". Es evidente que los consejeros del Instituto Electoral desconocen este criterio de la Corte, y más grave sería aún que lo ignoraran con pleno conocimiento de causa.

Durante el año 2001, el gobierno del estado convocó a los distintos partidos políticos para discutir la reforma política y conformar una supuesta mesa democrática.

De esta manera, en diversas ocasiones y a través de Partidos Políticos con registro estatal, el gobierno del estado busca el descrédito de las propuestas de Acción Nacional, imponiendo absurdas mayorías que disfrazaba de decisiones democráticas y por consenso.

Así, el 21 de mayo de 2001 algunos partidos políticos representados en la mesa de la reforma intentaron contra la norma constitucional desaparecer el financiamiento privado en los procesos electorales, situación a la que nuestros representantes se opusieron de forma categórica; sin embargo, el gobierno inició una campaña de desprestigio en contra del PAN utilizando para ello todos los medios económicos y de comunicación a su alcance.

El pasado 25 de junio del mismo año, nuestros representantes deciden retirarse de la mesa de negociaciones al considerar que no se podía avalar una reforma antidemocrática e inequitativa.

Una vez que el PAN se retiró de la mesa de las negociaciones, se orquestó una campaña de desprestigio en contra de nuestro partido con la intención de obligar a nuestros representantes a volver a la mesa de las negociaciones. Sus esfuerzos fueron inútiles no obstante el gasto utilizado, la propuesta de reforma fue enviada al Congreso sin el aval del Partido Acción Nacional.

El 6 de noviembre de 2001, el Ejecutivo del estado a través de los diputados de su partido impusieron un Consejo integrado por personas con una conocida trayectoria ligada al PRI. Lo que augura un Consejo parcial en su actuación.

El Ejecutivo del estado ha logrado conjugar todos los factores que favorezcan a su partido para las próximas elecciones del 29 de septiembre, en las que habrá de renovarse el Congreso del estado y los treinta y ocho ayuntamientos en un proceso electoral inequitativo e injusto desde ahora.

Compañeros legisladores, es necesario dirigimos al Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Coahuila, recordándoles que existe un antiguo principio de equidad que determina: "La desigualdad entre iguales, y la disparidad entre pares es contraria a la naturaleza: y ninguna cosa contraria a la naturaleza es honesta".

Por lo anteriormente expuesto el grupo parlamentario del PAN propone el siguiente punto de acuerdo:

Punto de Acuerdo

Esta Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Coahuila, a conducirse con base en los principios constitucionales de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad para garantizar condiciones justas y equitativas para todos en las próximas elecciones que se celebrarán el próximo 29 de septiembre del presente año.

Sala de sesiones de la Comisión permanente del H. Congreso de la Unión, a 6 de marzo del 2002.

Sen. Jorge Zermeño Infante (rúbrica), Dip. Felipe Calderón Hinojosa, Sen. Juan José Rodríguez Prats (rúbrica), Dip. Alejandro Zapata Perogordo (rúbrica), Sen. Jorge Nordhausen González (rúbrica), Dip. Sonia López Macías (rúbrica), Dip. Herbert Taylor Arthur (rúbrica), Dip. Oscar Ochoa Patrón (rúbrica), Abelardo Escobar Prieto (rúbrica).

(Túrnese a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Senadores. Marzo 6 de 2002.)
 
 

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Dictámenes

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DE LA PRIMERA COMISION, CON PROYECTO DE DECRETO QUE CONCEDE PERMISO AL CIUDADANO CAPITAN DE FRAGATA CUERPO GENERAL RAUL MARTINEZ SANCHEZ, PARA ACEPTAR Y USAR LA CONDECORACION QUE LE CONFIERE LA ARMADA DE CHILE

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de Trabajo que suscribe, le fue turnado el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Capitán de Fragata Cuerpo General Raúl Martínez Sánchez, pueda acepta y usar la condecoración de la Medalla "Minerva", que le confiere la Armada de Chile.

La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III, del apartado C, del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente

Proyecto de Decreto

Artículo Unico.- Se concede permiso al ciudadano Capitán de Fragata Cuerpo General Raúl Martínez Sánchez, para aceptar y usar la condecoración de la Medalla "Minerva", que le confiere la Armada de Chile.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 28 de febrero de 2002.

Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia: Dip. Alejandro Zapata Perogordo, Presidente (rúbrica); Dip. Jorge Carlos Ramírez Marín, secretario; Sen. Jorge Zermeño Infante, secretario; Sen. Sadot Sánchez Carreño (rúbrica); Sen. David Jiménez González (rúbrica); Sen. Ernesto Gil Elorduy (rúbrica); Dip. Juan Manuel Sepúlveda Fayad; Dip. Efrén Leyva Acevedo (rúbrica); Sen. Fauzi Hamdan Amad (rúbrica); Sen. Jesús Galván Muñoz (rúbrica); Dip. José Alfredo Botello Montes; Dip. Herbert Taylor Arthur (rúbrica); Sen. Rafael Melgoza Radillo; Dip. Magdalena Núñez Monreal (rúbrica); Dip. Arturo Escobar y Vega.
 
 
 

DE LA PRIMERA COMISION, CON PROYECTO DE DECRETO QUE CONCEDE PERMISO A LA CIUDADANA LINA MARIA DEL ROSARIO RAMELLA OSUNA, PARA DESEMPEÑAR EL CARGO DE CONSUL HONORARIO DE ITALIA, EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, CON CIRCUNSCRIPCION CONSULAR EN EL ESTADO DE JALISCO

En oficio fechado el 22 de febrero del año en curso, la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Lina María del Rosario Ramella Osuna, pueda desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de Italia, en la ciudad de Guadalajara, con circunscripción consular en el estado de Jalisco.

En sesión efectuada por la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, el 27 de febrero, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

Considerando

a) Que la peticionaria acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento,

b) Que los servicios que la propia interesada prestará en el Consulado de Italia, en la ciudad de Guadalajara, con circunscripción consular en el estado de Jalisco, serán de carácter estrictamente consular, y

c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II, apartado C, del artículo 37 constitucional.

Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente

Proyecto de Decreto

Artículo Unico.- Se concede permiso a la ciudadana Lina María del Rosario Ramella Osuna, para desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de Italia, en la ciudad de Guadalajara, con circunscripción consular en el estado de Jalisco.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 29 de febrero de 2002.

Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia: Dip. Alejandro Zapata Perogordo, Presidente (rúbrica); Dip. Jorge Carlos Ramírez Marín, secretario; Sen. Jorge Zermeño Infante, secretario; Sen. Sadot Sánchez Carreño (rúbrica); Sen. David Jiménez González (rúbrica); Sen. Ernesto Gil Elorduy (rúbrica); Dip. Juan Manuel Sepúlveda Fayad; Dip. Efrén Leyva Acevedo (rúbrica); Sen. Fauzi Hamdan Amad (rúbrica); Sen. Jesús Galván Muñoz (rúbrica); Dip. José Alfredo Botello Montes; Dip. Herbert Taylor Arthur (rúbrica); Sen. Rafael Melgoza Radillo; Dip. Magdalena Núñez Monreal (rúbrica); Dip. Arturo Escobar y Vega.
 
 

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Actas

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DE LA COMISION DE SALUD, DE SU DECIMOSEPTIMA SESION PLENARIA, REALIZADA EL MIERCOLES 30 DE ENERO DEL 2002

Acta decimoséptima sesión plenaria

30 de enero del 2002

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las catorce horas del día miércoles treinta de enero del año dos mil dos, acuden a la decimoséptima sesión ordinaria en el salón D del restaurante Los Cristales del Palacio Legislativo de San Lázaro los miembros de la Comisión de Salud de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, de conformidad con la convocatoria publicada en la Gaceta Parlamentaria, para el desahogo del siguiente Orden del Día:

1. Registro de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.
3. Lectura y, en su caso, aprobación de las actas de sesiones anteriores.
4. Análisis, discusión y en su caso aprobación de los anteproyectos de dictamen.
5. Asuntos generales.

Acto seguido, la diputada Presidenta de la Comisión de Salud, Lic. María Eugenia Galván Antillón da la bienvenida a los diputados presentes, solicitando el inicio de la sesión.

Aprobado.

1.- Registro de asistencia y declaración del quórum.

Se realiza el registro de asistencia, encontrándose presentes los diputados: Dr. Rafael Orozco Martínez (PAN); Dr. Juan Alcocer Flores (PAN); Dr. Eduardo Abraham Leines Barrera (PRI); Dr. Manuel Wistano Orozco Garza (PAN); Dr. Juvenal Vidrio Rodríguez (PAN); Ing. Federico Granja Ricalde (PRI); Dr. Francisco S. López Brito (PAN); Enf. Celia Martínez Bárcenas (independiente); Lic. Samuel Aguilar Solís (PRI); Lic. Santiago López Hernández (PRI); Ing. Ernesto Saro Boardman (PAN), Lic. José S. Velázquez Hernández (PRI); periodista Víctor Antonio García Dávila (PT); QFB Adela del C. Graniel Campos (PRD); Lic. Felipe Olvera Nieto (PAN); Dr. Carlos A. Valenzuela Cabrales (PAN).

En virtud de que se encuentran presentes diecisiete diputados de un total de treinta, se declara que existe quórum de ley, por lo tanto, se continua con el desahogo del Orden del Día.

2.- Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.

La diputada Presidenta Lic. María Eugenia Galván Antillón solicita la dispensa de la lectura y aprobación del orden del día toda vez que fue enviado oportunamente, por lo que somete a consideración del pleno.

Aprobado.

3. Lectura y, en su caso, aprobación de las actas de sesiones anteriores.

La diputada Presidenta Lic. María Eugenia Galván Antillón, informa que las actas de la sesiones anteriores correspondientes a los días 28 de noviembre y 13 de diciembre del año dos mil uno fueron enviadas con la debida anticipación a cada uno de los diputados miembros de la Comisión para su correspondiente revisión, por lo que somete a consideración del pleno omitir la lectura del acta.

El diputado Samuel Aguilar Solís está de acuerdo con la dispensa del acta, nada más desea saber si la corrección de su participación en el acta anterior estaba incluida en la redacción de la nueva acta, a lo que el Secretario Técnico de la Comisión Lic. Ricardo Avila Ballesteros expresa que el acta ya está corregida; de igual forma la diputada Celia Martínez Bárcenas enuncia que si su propuesta emitida en reuniones anteriores estaba insertada no tendría mayor inconveniente en aprobar el acta; una vez aclaradas las intervenciones se les pregunta a los diputados si están de acuerdo con dispensar la lectura de las actas, así como la aprobación de las mismas.

Aprobado.

4.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de los anteproyectos de dictamen.

Tercera Subcomisión "Asistencia Médica".

Coordinador: Dip. Juan Alcocer Flores.

Expediente 1.

Medicamento para todos.

Iniciativa que adiciona el artículo 29 de la Ley General de Salud. El diputado Juan Alcocer Flores expresa que este proyecto de dictamen se presentó en la pasada reunión plenaria, se le hicieron algunas observaciones de manera verbal, por lo que no se sometió a votación en la reunión pasada y también por lo cual procedió a solicitar a sus compañeros diputados le hicieran llegar por escrito las observaciones que desearan añadir para enriquecer este proyecto de dictamen. El diputado Alcocer le pide al diputado Saro Boardman intervenir para ilustrar a los demás diputados sobre el tema.

El diputado Ernesto Saro Boardman dice que después de la reunión de diciembre se dieron a la tarea de recibir y analizar las observaciones que le hicieron sus compañeros diputados, las opiniones de la Secretaría de Salud, del Instituto Mexicano del Seguro Social y de algunas entidades federativas, como es el caso de Coahuila, donde hacen algunas observaciones en cuanto a los procedimientos y los procesos.

El diputado Boardman quiere que no se pierda de vista el objetivo de la iniciativa que es la de permitir que se puedan vender medicamentos en los centros de salud, eso es lo que el dictamen pretende; el cómo hacerlo y la parte operativa va a depender de la Secretaría de Salud, de los convenios y acuerdos que haga con los Estados. Lo único que se busca es que modificando el artículo 29 permita que se puedan vender, que haya una cuota de recuperación en forma legal y que estos medicamentos que hoy dicen "prohibida su venta" permitan a la Secretaría de Salud y a los centros de salud vender estos medicamentos a precios significativamente inferiores a los autorizados por la Secretaría de Economía para que este proceso funcione.

También expresa el diputado Boardman que el Instituto Mexicano del Seguro Social da su anuencia por escrito para permitir hacer concursos consolidados, pero con cargo al presupuesto de la Secretaría de Salud, obviamente esos medicamentos los tiene que pagar la Secretaría de Salud, no el Seguro Social. Fueron a la Secretaría de Salud para analizar los Centros de Salud; éstos están más adecuados porque precisamente ahí es donde se generarían las recetas; la intención es que alguien de población abierta que esté adscrito a un centro de salud ya sea rural o urbano, pueda ir a ese centro de salud, consulte al médico, el médico le da una receta y ahí mismo en el centro de salud pueda a través de una cuota de recuperación que se manejaría en esa forma comprar el medicamento, la sugerencia es 10 pesos, se sugiere un cuadro básico de aproximadamente 100 medicamentos, ese cuadro básico es una sugerencia, la misma Secretaría de Salud cuando contestó añadió algunos otros medicamentos que se ven muy razonables y además ellos manejarían ese cuadro básico, el precio ponderado promedio sería 3 pesos con 60 centavos por unidad, por caja y cada cajita es el tratamiento, salvo excepciones de un mes sobre todo en los pacientes crónicos; la intención es que se adquieran tomando como base ese costo, que la Secretaría de Salud a nivel central a través de convenios con los Estados que deseen participar tendrían que firmar un convenio con la Secretaría de Salud para que transfiera esos medicamentos, se compren en los concursos consolidados semestrales que hace el Seguro Social y la Secretaría a su nivel central transferiría estos.

En caso de que el seguro popular llegue y se sume a este proyecto, bueno este sistema va un paso adelante del seguro popular, si el seguro popular entra en cierto Estado e incluye medicamentos, ya los tendrían, ya estaría en el sistema y una persona que está en el seguro popular a lo mejor en lugar de cobrarle 10 se le cobran cinco o no se cobraría porque ya lo habría pagado al comprar su seguro y el que no tiene seguro popular pagaría la cuota de recuperación de 10 pesos va dentro de ese programa, va un paso adelante y preparando el camino.

El diputado Eduardo Abraham Leines Barrera después de saludar y exhortar a los diputados a trabajar como el año anterior pregunta al diputado Saro Boardman sobre los centros de salud ya que por costumbre se tenía un cuadro básico antiparasitario y analgésicos donde al paciente se le regalaba el producto. ¿qué impresión va a causar a la gente del campo, cuando ya se le tenga que decir: "te vale 10 pesos"? hablando del costo de medicamentos, lógicamente hay medicamentos que en la farmacia se consiguen a menos de 10 pesos como podría ser el acetaminofen, el mebendazol y algunos otros, por tal motivo pregunta ¿cuál sería el impacto en el precio el medicamento de antibióticos de tercera generación, como las cefalosporinas y algunos otros que posiblemente ni a la Secretaría de Salud le cuesta esa cantidad que mencionó el diputado Saro Boardman?

El diputado Ernesto Saro Boardman contestando la pregunta del diputado Leines explica que son muy pocas las claves que están caras y generalmente no están dentro del sistema. En un centro de salud no hay especialistas, el médico o la doctora que está ahí finalmente es una pasante, es alguien que está haciendo su residencia y es medicina de primer contacto. El cuadro básico se refiere principalmente a antibióticos, analgésicos y antiinflamatorios.

La diputada Adela del Carmen Graniel Campos pregunta si se tienen datos acerca del nivel de surtido de recetas completas en el ISSSTE, IMSS y Salubridad, porque en caso de desabasto, pregunta ¿esto no induciría a la venta de medicamentos? y ¿cómo se podría regular?

El diputado Ernesto Saro Boardman contesta la pregunta de la diputado Graniel expresando que esto está completamente independiente de la suerte que corra el Seguro Social o el ISSSTE, porque no lo toca. Si el Seguro Social decide comprar 20 millones de Captopril y compra dos millones adicionales para este programa, los dos millones se van a la Secretaría de Salud y el Seguro Social tiene que mejorar su abasto. O sea, no tiene que ver un programa con otro. También expresa que hoy por hoy en los centros de salud el 95 por ciento no tienen medicamentos y realmente es una tristeza de que se haga el esfuerzo de tener el centro de salud, tener una enfermera, tener un médico, tener una ambulancia, que hacen el mejor esfuerzo de atender a la gente, le dan su prescripción, pero no le dan el medicamento.

El diputado Juan Alcocer Fores opina que ojalá que ninguno tenga la desgracia de tener un paciente enfermo, en peligro incluso de vida o muerte y no poderlo sacar porque no se tiene dinero. Esto sin duda representa una de las realidades más crueles de nuestro país y si bien esta iniciativa no logra resolver esta injusticia social del todo, sí contribuye de alguna manera a que las clases más necesitadas tengan acceso a un medicamento económico.

El diputado Manuel Wistano Orozco Garza sugiere un tercero transitorio en esta propuesta, en donde se asentara que las campañas que tiene la Secretaría de Salud no se cobrará como actualmente sucede.

El diputado Juvenal Vidrio Rodríguez comenta que la iniciativa es muy noble, sin embargo a pesar de que es bueno todo lo que se está explicando, ve que es por el lado de convenios entre SSA e IMSS.

El diputado Ernesto Saro Boardman explica que lo que se está haciendo es modificando el artículo 29 y añadiendo dos párrafos para que posibilite que se den estos convenios. Actualmente la ley no lo permite, no se pueden vender los medicamentos de cuadro básico, expresamente se prohíbe. Con esto se permitirá que haya una cuota de recuperación, que haya un precio de venta para que este programa sea autosuficiente y se pueda llevar a cabo.

A la diputada Celia Martínez Bárcenas le interesa que una vez aprobada esta iniciativa, los diputados conocieran los convenios con sus estados para hacerle promoción.

La diputada María Eugenia Galván Antillón les solicita a los integrantes de la Comisión de Salud atender la solicitud para votar el proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 29 de la Ley General de Salud en los siguientes términos:

Se adicionan dos párrafos al artículo 29 de la Ley General de Salud para quedar de la siguiente manera:

Artículo 29: "Los usuarios de los servicios de salud pública podrán adquirir los medicamentos prescritos por los servicios de consulta de la Secretaría de Salud e IMSS-Solidaridad, dentro del cuadro básico de medicamentos del sector público. La Secretaría de Salud determinará qué medicamentos se conseguirán privilegiando a las claves usadas en primer nivel, asimismo el precio al que podrán ser adquiridos por la población, el cual será siempre significativamente menor al precio máximo al público, que es el autorizado por la Secretaría de Economía".

Transitorios

Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- El Ejecutivo federal a la entrada en vigor del presente decreto establecerá la reglamentación necesaria para la instrumentación.

Aprobado en lo general con dieciséis votos a favor y una abstención.

Después de corregir el artículo transitorio la diputado María Eugenia Galván Antillón pregunta quienes estén a favor para votar este transitorio en lo particular, en los términos señalados, favor de manifestarlo.

Aprobado con dieciséis votos a favor y una abstención.

Segunda Subcomisión "Medicina Preventiva o Prevención Primaria".

Coordinador: Dip. Manuel Wistano Orozco Garza.

Expediente 17.

Desarrollo de políticas saludables.

Iniciativa de reformas y adiciones a la Ley General de Salud. El diputado Manuel Wistano Orozco Garza lee las consideraciones de esta Comisión en los que se dice que la descentralización de los servicios de salud y el espíritu federalista del Estado exige que la responsabilidad y la libertad de creación de comités municipales de salud; su conformación y funciones recaerá sobre la Secretaría de Salud estatal en coordinación con las presidencias municipales que le corresponden, en concordancia con lo que dice el artículo 115 constitucional. Esta fue una de las principales objeciones que se presentó a esta iniciativa presentada por la legislatura de Tlaxcala. De tal manera que el resolutivo final es que se desecha la iniciativa que reforma y adiciona la fracción V y VI del artículo 111, un capítulo sexto al título séptimo y se adicionan los artículos 132 bis y 132 ter, todos de la Ley General de Salud.

La diputada María Eugenia Galván Antillón somete a votación el punto resolutivo en el que se desecha la iniciativa que reforma y adiciona la fracción V y VI del artículo 111, en el capítulo sexto, al título séptimo y se adicionan los artículos 132 bis y 132 ter. Todos de la Ley General de Salud.

Aprobado el punto resolutivo que desecha la iniciativa.

Primera Subcomisión "Administración De Salud".

Coordinadora: Dip. Ma. de las Nieves García Fernández.

Expediente 28.

IMSS-Solidaridad Guerrero. Proposición con punto de acuerdo para que las comisiones de Salud, de Seguridad Social y de Hacienda y Crédito Público, en el ámbito de sus atribuciones legales, recomienden al Instituto Mexicano del Seguro Social, revise la estructura y funcionamiento actual de los hospitales de Alvarez, Tlapa de Comonfort, Huitzuco, Coahuayutla, Ayutla de los Libres, San Luis Acatlán y Arcelia, en el estado de Guerrero, con el propósito de ampliar la cobertura en el régimen de la seguridad social.

El Lic. Ricardo Avila Ballesteros, secretario técnico de la Comisión de Salud explica que aquí nada más sería cuestión de que algún representante de la subcomisión de la diputada María de los Nieves enumerara los términos en que acordaron este punto de acuerdo en la sesión del día de hoy. Dado que no está la coordinadora se da lectura al mismo.

El diputado Ernesto Saro Boardman expresa que no es responsabilidad del Seguro Social el aceptar o no que entre un estado a IMSS-Solidaridad. El Seguro Social es estrictamente operador. El responsable del programa es la Secretaría de Salud, es ella la que decide y la que paga el costo de IMSS-Solidaridad, al Seguro Social. Entonces no es atribución del Seguro el aceptar un estado o no, tendría que ser la Secretaría de Salud, el Ejecutivo federal el que acepte o no y de aceptarlo tendría que instruir al Seguro Social para que dé el servicio y absorber el costo.

El diputado Rafael Orozco Martínez pronuncia que en el punto de acuerdo quien lo está promoviendo, está solicitando precisamente que todos estos hospitales regresen al sistema de IMSS-Solidaridad. En la descentralización, muchos Estados aceptaron incorporar Solidaridad al sistema de salud, y hubo estados que no aceptaron esta incorporación a su sistema. Guerrero por lo antecedentes que hay aceptó incorporarlos, se habla de que la calidad de la atención disminuyó y la misma población está pidiendo volver al sistema de IMSS-Solidaridad.

La diputada María Eugenia Galván Antillón expresa que aquí se tendría que hacer una pequeña fundamentación para que quede el dictamen completo y se apruebe el resolutivo.

El diputado Samuel Aguilar Solís dice que lo que se tendría que hacer es un dictamen que sea congruente con la solicitud del Punto de Acuerdo del señor diputado, porque de acuerdo con las facultades de la Cámara de Diputados, no se tienen facultades para ordenarle ni al gobierno del estado para que lo regrese, ni al Seguro Social que los reciba otra vez, porque además no es en función de un acuerdo entre el Instituto y el Gobierno de Guerrero, sino del marco del proceso de descentralización.

La Presidenta de la Comisión de Salud pregunta que si están de acuerdo en que se regrese a la Subcomisión para su corrección.

Aprobado.

5. Asuntos generales.

El diputado Eduardo Abraham Leines Barrera expresa que hay varios dictámenes que ya se aprobaron en el pleno de la Comisión de Salud, y que por la demora en algunas otras Comisiones, están detenidos. Por tal motivo exhorta a los diputados que forman parte de las otras comisiones, sobre todo en Puntos Constitucionales que pudiera haber una celeridad mas expedita en esos dictámenes.

El diputado Samuel Aguilar Solís enumera que en la Comisión de Seguridad Social se aprobó de manera unánime, elaborar un punto de acuerdo, para solicitar al Ejecutivo que en un posible escenario de recorte presupuestal, éste no afectara en ningún momento a las instituciones del sector salud.

La diputada María Eugenia Galván Antillón somete a votación la solicitud del diputado Samuel Aguilar, en el sentido de que no se recorte al sector salud en el presupuesto y se considere la posibilidad de que en el caso de que haya recursos adicionales se asignen mayores recursos.

Aprobado por unanimidad.

El diputado Manuel Wistano Orozco Garza comenta que en el calendario que les presentan costará un poco de trabajo venir el día 25 de diciembre del 2002, espera que este año termine el periodo de sesiones un poquito antes, como lo marca la Constitución.

La diputado María Eugenia Galván Antillón somete a votación el calendario de sesiones para el 2002 con las correcciones que se le han hecho.

Aprobado.

La diputada Galván Antillón pone a consideración del pleno de la Comisión la posibilidad de que se lleve a cabo un foro sobre genoma humano y clonación posiblemente en el mes de abril o en mayo, de igual forma pone a las órdenes de los diputados los estados de cuenta con que se ha manejado el presupuesto de la Comisión, los recibos y el corte de caja.

El diputado Ernesto Saro Boardman explica que hay un programa, que tiene aproximadamente 7 años de existir, que se llama Promif, el Programa de Medicamentos de Incremento a Precios del Sector Farmacéutico, que maneja la Secretaría de Economía, que viene desde la antigua Secofi, donde cada laboratorio y cada empresa farmacéutica tiene una fórmula para actualizar sus precios, es una fórmula bastante compleja donde se tienen que ver los volúmenes de venta de cada producto. Hay una mezcla de monedas de euros con dólar, etcétera. Cree que valdría la pena revisar este programa.

La diputada María Eugenia Galván Antillón expresa que en virtud de que se han tratado todos los asuntos del orden del día, da por concluida la sesión siendo las dieciséis horas con veinte minutos del día 30 de enero del años dos mil dos.

Dip. Ma. Eugenia Galván Antillón
Presidenta

Dip. Eduardo Abraham Leines Barrera (rúbrica)
Secretario

Dip. Rafael Orozco Martínez (rúbrica)
Secretario

Dip. Adela del Carmen Graniel Campos
Secretaria

Dip. Héctor Esquiliano Solís (rúbrica)
Secretario
 
 
 

DE LA COMISION DE SALUD, DE LA VIGESIMA SESION DE SU MESA DIRECTIVA, EFECTUADA EL MIERCOLES 30 DE ENERO DEL AÑO 2002

Acta de la vigésima sesión de Mesa Directiva 30 de enero del año 2002.

Siendo las doce horas del día treinta del mes de enero del año dos mil dos, da inicio la sesión de Mesa Directiva de la Comisión de Salud en la sala de juntas de sus propias instalaciones ubicadas en esta H. Cámara de Diputados, bajo el siguiente orden del día:

1.- Registro de asistencia y declaración de quórum.
2.- Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.
3.- Lectura y, en su caso, aprobación de actas de las sesiones anteriores.
4.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de los anteproyectos de dictamen.
5.- Asuntos generales.

La diputada Presidenta María Eugenia Galván Antillón da la bienvenida a la sesión a los integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión de Salud y al cuerpo técnico de la misma, procediendo a desahogar el correspondiente orden del día.

1.- Registro de asistencia y declaración de quórum.

Se da cuenta del registro de asistencia encontrándose presente la diputada Presidenta María Eugenia Galván Antillón, diputado secretario Eduardo Abraham Leines Barrera, diputada secretaria Adela del Carmen Graniel Campos, diputado secretario Rafael Orozco Martínez, secretario técnico Lic. Ricardo Avila Ballesteros, asesor jurídico Lic. Eduardo García Valencia y el asesor médico Dr. Horacio García Romero.

La diputada Presidenta María Eugenia Galván Antillón declara quórum legal en virtud de que se encuentran cuatro diputados miembros de la Mesa Directiva.

2.- Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.

Como siguiente punto del orden del día, la diputada Presidenta María Eugenia Galván Antillón somete a consideración la aprobación del orden del día correspondiente para el desarrollo de la sesión.

Aprobado.

3.- Lectura y, en su caso, aprobación de actas de la sesiones anteriores.

La diputada Presidenta Lic. María Eugenia Galván Antillón, informa que en virtud de que las actas correspondientes a la decimoctava y decimonovena sesiones de Mesa Directiva de fecha 21 de noviembre y 12 de diciembre de 2001 respectivamente, fueron enviadas el pasado 28 de enero a cada uno de sus integrantes para su conocimiento, revisión y en su caso aprobación, se solicita la dispensa de la lectura y aprobación de las mismas.

Aprobado.

La diputada María Eugenia Galván Antillón procede a desahogar el siguiente punto del orden del día consistente en:

4.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de los anteproyectos de dictamen.

La diputada Presidenta manifiesta que se presenta para su análisis en esta reunión, seis anteproyectos de dictamen consistentes en:

Expediente 28, "IMSS-Solidaridad Guerrero"; Expediente 11, "Elevar la calidad de la nutrición láctea de los mexicanos"; Expediente 17, "Desarrollo de Políticas Saludables"; Expediente 1, "Medicamento para todos"; Expediente 22, "Protección al usuario de los servicios de salud", y Expediente 25, "Consejo de Salubridad General".

La diputada María Eugenia Galván solicitó la intervención de los asesores de la Comisión con el objeto de explicar cada uno de los Anteproyectos propuestos para la presente reunión.

Primera Subcomisión "Administración de Salud".

Coordinadora: Dip. Ma. de las Nieves García Fernández.

Expediente 28.

IMSS-Solidaridad Guerrero. Proposición con punto de acuerdo para que las Comisiones de Salud, de Seguridad Social y de Hacienda y Crédito Público, en el ámbito de sus atribuciones legales, recomienden al Instituto Mexicano del Seguro Social, revise la estructura y funcionamiento actual de los hospitales de Alvarez, Tlapa de Comonfort, Huitzuco, Coahuayutla, Ayutla de los Libres, San Luis Acatlán y Arcelia, en el estado de Guerrero, con el propósito de ampliar la cobertura en el régimen de la seguridad social.

En relación al expediente 28 IMSS-Solidaridad Guerrero los diputados integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión de Salud, manifestaron su conformidad con los resolutivos del presente punto de acuerdo.

Segunda Subcomisión "Medicina Preventiva o Prevención Primaria".

Coordinador: Dip. Manuel Wistano Orozco Garza.

Expediente 11.

Elevar la calidad de la nutrición láctea de los mexicanos. Proposición con punto de acuerdo para que las comisiones de Salud, Comercio y de Agricultura y Ganadería estudien la legislación vigente y las iniciativas en comisiones, para garantizar que la leche cumpla su papel de mejorar la nutrición de los mexicanos.

En relación al presente asunto, los diputados integrantes de la Mesa Directiva comentaron que ya se está analizando en la Segunda Subcomisión, y que el anteproyecto que se presenta en esta reunión es con las últimas aportaciones derivadas de su estudio.

Expediente 17.

Desarrollo de políticas saludables.

Iniciativa de reformas y adiciones a la Ley General de Salud. El diputado Rafael Orozco comentó que esta iniciativa ya se analizó en la sesión plenaria de diciembre del año pasado, misma que fue presentada por el diputado Manuel Wistano Orozco y se acordó que se trataría en la próxima reunión plenaria correspondiente al mes de enero del 2002.

Tercera Subcomisión "Asistencia Médica".

Coordinador: Dip. Juan Alcocer Flores.

Expediente 1.

Medicamento para todos.

Iniciativa que adiciona el artículo 29 de la Ley General de Salud. Medicamentos para todos. Los diputados comentaron que esta iniciativa fue analizada en la pasada reunión plenaria de la comisión; por lo que el anteproyecto que se somete a consideración en la presente sesión incluye las modificaciones propuestas por los diputados integrantes de la Segunda Subcomisión.

Aprobado.

Expediente 22.

Protección al usuario de los servicios de salud.

Iniciativa de Ley de Protección al Usuario de los Servicios de Salud. La diputada María Eugenia Galván comentó que es necesario conocer la legislación existente en otros países respecto a este tema así como las solemnidades que se deben de cumplir en la formalización de los testamentos.

El asesor médico de la Comisión expresó que es importante conocer la voluntad y decisión del paciente para el tratamiento que está recibiendo.

Por su parte el diputado Leines y la diputada Graniel coincidieron en que la protección de los usuarios de los servicios de salud es un tema que requiere ser analizado en la subcomisión correspondiente.

Expediente 25.

Consejo de Salubridad General.

De reformas a los artículos 15 y 16 de la Ley General de Salud y la fracción XVI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La diputada María Eugenia Galván manifestó que se debe estudiar cuales son las facultades extraordinarias del Consejo de Salubridad General, por su parte, el diputado Leines argumentó que es necesario establecer la competencia del Ejecutivo federal en controversias de Salubridad y que se tiene que actualizar la estructura del Consejo.

Por lo anterior los diputados integrantes de la Mesa Directiva acordaron analizar las facultades de la Presidencia de la República, las competencias de las secretarías, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley General de Salud y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el objetivo de contar con mayores elementos de estudio para el dictamen correspondiente.

La diputada Presidenta, previo análisis de los anteproyectos de referencia, acordó con los miembros de la Mesa Directiva de la Comisión de Salud, la remisión de los mismos a sus respectivas subcomisiones, con el fin de coadyuvar en sus tareas legislativas.

Como siguiente punto del orden del día la diputada María Eugenia Galván Antillón trató lo referente a:

5.- Asuntos generales.

Se acordó sobre el calendario de sesiones de Mesa Directiva correspondientes al mes de febrero y marzo quedando de la siguiente manera:

Reunión: Mesa Directiva

Enero: Miércoles 30; 12:00 horas

Febrero: Miércoles 27; 12:00 horas

Marzo: Miércoles 20; 12:00 horas

Posteriormente se informó a los diputados que en la próxima sesión plenaria se entregarán las memorias y CD?s de los foros: La Reforma Fiscal y su Impacto en las Instituciones de Salud, llevado a cabo el día 25 de septiembre de 2001 y el de las Implicaciones Médicas y Jurídicas de la Reproducción Asistida, realizado el día 10 de octubre de 2001.

De igual forma se informó de la reunión de trabajo de Comisiones Unidas de Desarrollo Social, Equidad y Género, de Atención a Grupos Vulnerables y Salud con la delegación de parlamentarios finlandeses el pasado 17 de enero a las 10:00 horas en la zona C del restaurante Los Cristales.

También se les presentó a los diputados integrantes de la Mesa Directiva la actualización del cuadro que contiene los asuntos turnados a esta Comisión (trabajados y pendientes) así como la actualización de las listas de los integrantes de subcomisiones.

Tratados todos los asuntos del orden del día, la diputada Presidenta María Eugenia Galván Antillón, clausura la sesión a las catorce horas con quince minutos del día 30 de enero del año dos mil dos.

Dip. Ma. Eugenia Galván Antillón (rúbrica)
Presidenta

Dip. Eduardo A. Leines Barrera (rúbrica)
Secretario

Dip. Héctor Esquiliano Solís (rúbrica)
Secretario

Dip. Rafael Orozco Martínez (rúbrica)
Secretario

Dip. Adela del C. Graniel Campos
Secretaria
 
 

DE LA COMISION DE SEGURIDAD SOCIAL, DE SU REUNION REALIZADA EL MIERCOLES 30 DE ENERO DE 2002

Acta de la sesión ordinaria de la Comisión de Seguridad Social, realizada el miércoles 30 de enero del año 2002, en el salón B del restaurante Los Cristales, Palacio Legislativo de San Lázaro; México, DF.

Siendo las diez horas con veintiséis minutos, el diputado Presidente Cuauhtémoc Montero (PRD), declara la apertura de los trabajos de esta sesión, y procede a informar que, conforme a la lista de asistencia, están presentes los diputados Montero Esquivel, Cuauhtémoc; Aguilar Solís, Samuel; López González, Francisco Javier; Saro Boardman, Ernesto; Arredondo García, Arcelia; Esquivel Martínez, Hilario; García Fernández, María de las Nieves; Infante González, Víctor Roberto; Mendieta Cuapio, Albino; Olvera Nieto, Felipe; Orozco Garza Manuel Wistano; Orozco Martínez, Rafael; Paniagua Jiménez, Ramón; Quintanilla Rentería, José Manuel; Sheffield Padilla, Francisco Ricardo; Soberanis González, José del Carmen y Valenzuela Cabrales, Carlos Alberto, lo que hace un total de diecisiete diputados presentes de veintiocho posibles, ello en virtud de que el diputado José Luis Hernández Garza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional ha dejado el cargo al incorporarse nuevamente como diputado el titular propietario; también comenta que recibió solicitudes de justificación de inasistencia por parte de los diputados José María Rivera Cabello, Rodolfo Gerardo González Guzmán, Juan Manuel Sepúlveda Fayad, Alejandro Gómez Olvera y Pedro Miguel Rosaldo Salazar mismas que se hacen del conocimiento de los presentes y se tomarán en cuenta para los efectos a que haya lugar, asimismo, comenta que se encuentra presente la diputada María Eugenia Galván Antillón, Presidenta de la Comisión de Salud a quien da la bienvenida. Enseguida, procede a leer los puntos inscritos en el orden del día para esta sesión que son: uno, registro de asistencia y declaración de quórum; dos, lectura y aprobación del orden del día; tres, lectura y aprobación -en su caso-, de las actas de las sesiones anteriores correspondientes al jueves veintinueve de noviembre y martes cuatro de diciembre; cuatro, intervención del licenciado Benjamín González Roaro, director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; cinco, preguntas de los diputados y respuestas de los funcionarios; seis, asuntos pendientes de trámite legislativo; siete, asuntos generales y ocho, clausura de la reunión. Pregunta, entonces, si es de aprobarse el orden del día que ha sido leído.

Aprobado.

El diputado Presidente Cuauhtémoc Montero (PRD), somete a la consideración de los presentes las actas que se mencionaron para su aprobación o reprobación.

Aprobadas.

El diputado Presidente Cuauhtémoc Montero (PRD), anuncia que, para cumplir con el numeral cuatro del orden del día que ha sido aprobado, se procederá a ceder la palabra al titular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), al término de cuya exposición los legisladores podrán externar sus dudas o comentarios, que recibirán asimismo la respuesta del invitado y advierte que acompañan al director general el licenciado Amado Treviño Abate, subdirector general de Abasto y Servicios Generales; el licenciado Pedro Vázquez Colmenares subdirector general de Finanzas; doctora Elsa Carolina Rojas Ortiz, subdirectora general Médica; licenciado Luis de Pablo Serna, director general del Fondo de Vivienda; el licenciado Carlos Barrera Ríos, director general del Sistema Integral de Tiendas y Farmacias; el licenciado Jorge Alberto Hernández Castillón, coordinador general de Atención al Derechohabiente; el licenciado José Antonio Rodríguez Quezada, asesor de la Dirección General; el licenciado Enrique Moreno Cueto, subdirector general de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales; el doctor Luis Padilla Sánchez, director general del Centro Médico Nacional Veinte de Noviembre; el licenciado Gilberto Ramírez Cuadra, asesor de la Dirección General; el licenciado Cuauhtémoc Lazcano Meza, coordinador general de Comunicación Social y finalmente el licenciado Víctor Manuel Sánchez Torres, subdirector de Programación y Presupuesto, a quienes da la bienvenida a esta reunión.

El licenciado Benjamín González, expone en términos generales los logros alcanzados por la institución en el año anterior, así como las metas pendientes de cubrir, aborda los temas de estadísticas en servicios de salud, consultas, urgencias, dosis de vacunas, cirugías, rehabilitación, estudios de laboratorio, y egresos hospitalarios, préstamos personales realizados, número de pensiones pagadas, ventas en tiendas y farmacias, intervención de la institución en la Cruzada Nacional por la Calidad de los Servicios de Salud, tiempos de espera en consultas de primer nivel, instalación de los cuarenta y tres polos de especialidad, instauración de los círculos de apoyo de educación para la salud, el Programa de Fortalecimiento Ambiental en los Hospitales, instauración de los cuatrocientos treinta y dos mil historiales laborales de los trabajadores del Estado, la mejora en los tiempos de entrega de créditos personales, el incremento de porcentaje de población infantil que se atiende en las estancias infantiles, el incremento de los créditos para vivienda otorgados, el aumento de los ahorros que se dan en las tiendas, la instrumentación del código de ética, la firma del convenio con Nacional Financiera, la desconcentración de facultades en el año dos mil uno, la reducción de la estructura administrativa, la regularización de la plantilla de personal, el desarrollo del Sistema Informático Integral, de Prestaciones Económicas, el abasto de medicamentos, las acciones de transparencia y combate a la corrupción, la instalación de aduanas de control, el abatimiento de mermas, el programa de usuario simulado, la participación ciudadana vía internet a partir del catálogo básico de trámites y servicios, la participación de entes externos en los procesos de licitación, la evaluación periódica de la satisfacción del servicio en el usuario, el presupuesto asignado a la institución para el ejercicio fiscal dos mil dos, los fondos de vivienda, de pensiones, el médico, el de préstamos personales, el de vivienda, compara los recursos asignados para este año contra lo asignado para el año anterior, habla sobre las erogaciones, los recursos destinados a la inversión financiera, los pagos de servicios generales, los traslados de pacientes, las devoluciones de depósitos, la regularización de escrituras, los pagos de servicios básicos como agua y electricidad, los gastos de mantenimiento, la inversión en obra física, los créditos para la vivienda, las acciones realizadas por la institución para racionalizar y optimizar los recursos de manera que puedan darse ahorros, las aspiraciones en algunos programas, las metas en general, la continuidad de ciertas acciones y el mecanismo mediante el cual se está realizando el cálculo para el pago de los incrementos a las pensiones conforme al nuevo texto del tercer párrafo del artículo cincuenta y siete de la Ley del ISSSTE, para finalizar agradeciendo las atenciones en lo personal y con su equipo de colaboradores por parte de todos los integrantes de la Comisión de Seguridad Social.

El diputado Presidente, Cuauhtémoc Montero Esquivel (PRD), recuerda la mecánica a seguir durante estos trabajos y solicita que cada diputado que intervenga exprese al micrófono su nombre completo.

El diputado Ramón Paniagua (PAN), comenta que le preocupa la baja aceptación que entre la población tienen los servicios que presta el Instituto y agrega que algo deberá hacerse para mejorar esa percepción social; pregunta que se piensa hacer o qué acciones pueden y deben instruirse para revertir esta situación acorde con el presupuesto asignado.

El diputado Albino Mendieta (PRI), considera completo el informe presentado, invita al funcionario a visitar el estado de Tlaxcala, a ampliar allá esta información, y aprovecha para solicitar la construcción de una clínica de tercer nivel en aquella entidad dado que carecen de este tipo de atención en el estado y los pacientes que lo requieren se derivan al estado de Puebla o al Distrito Federal.

El diputado secretario Francisco Javier López (PRI), pregunta cuántas licencias médicas se expiden anualmente y en qué porcentaje impactan al presupuesto para gastos de personal de la institución.

El diputado Víctor Roberto Infante (PRI), cita la entrevista hecha al invitado, que publica un diario de circulación nacional; comenta los incrementos de los egresos de la institución y la disminución de sus ingresos citados en aquella publicación por el Director General y pregunta qué va a suceder en los suministros, medicinas y material de curación ante esta perspectiva y sí no sería oportuno que esta Comisión conjuntamente con la de Salud -cuya presidenta atestigua-, puedan hacer un llamado al Gobierno Federal para que se coadyuve con una aportación adicional. Finalmente asume la responsabilidad que como diputado le corresponde en la magra asignación de ingresos para la institución, que dice, debía compartir también el titular del Poder Ejecutivo.

El diputado secretario Ernesto Saro (PAN), agradece al licenciado González Roaro su presencia, se une a la felicitación que ya han externado otros legisladores y pregunta si dentro del programa de desincorporación de activos existe la previsión del destino de estos recursos hacia elementos apremiantes como medicamentos o suministros.

El diputado secretario Samuel Aguilar (PRI), felicita al huésped por su trabajo, asevera que efectivamente es responsabilidad de los diputados el Presupuesto y considerando que no se logró dotar al Instituto con los recursos suficientes para este ejercicio fiscal, propone que se haga un llamado de manera conjunta al titular del Poder Ejecutivo, específicamente al área de la Hacienda Pública Federal, para que no se realice ningún recorte presupuestal a esta institución.

El licenciado Benjamín González, respondiendo al cuestionamiento del diputado Paniagua, afirma que los resultados de las encuestas de satisfacción de los usuarios, definitivamente llaman a redoblar los esfuerzos que se han realizado en la materia y que han llevado a mejorar la percepción del usuario, pues la aceptación de este año es mayor con respecto al anterior y esa es mejor respecto al precedente, agrega que se tienen planeadas varias acciones para lograrlo, entre las cuales destacan el conocimiento certero de los costos de los eventos médico-hospitalarios con vistas a una óptima planificación estratégica, la instrumentación de protocolos médicos conocidos como GRDS, una nueva regionalización del Instituto, la adecuación de los servicios a las necesidades de los usuarios atento a la transformación demográfica, reforzamiento de programas en ese mismo sentido (mujeres y adultos mayores), de tal forma que se espera llegar al final del periodo gubernamental con un nivel de satisfacción del ochenta por ciento. Por cuanto a lo dicho por el diputado Albino Mendieta, responde que con los recursos presupuestados asignados para el presente ejercicio fiscal, no será posible construir una nueva clínica, pese a lo cual ofrece revisar el caso del estado de Tlaxcala y desarrollar los polos de especialidad más demandados para satisfacer las necesidades más urgentes de la población derechohabiente, acepta la invitación formulada para visitar la entidad y en materia de vivienda anuncia el mejoramiento del programa respectivo otorgando mayores créditos en este año. En referencia a la intervención del diputado Francisco López, asevera que uno de los objetivos del Instituto es la mejora en el procedimiento de concesión de licencias laborales por prescripción médica, dada la manera inadecuada en la que esto sucede hasta hoy en detrimento del servicio que brinda la institución; agrega que en promedio cada trabajador goza de tres punto siete días de licencia laboral. Por cuanto a la inquietud del diputado Víctor Infante, aduce que el Instituto tiene una enorme preocupación para hacer más eficiente el abasto de los medicamentos en la institución para lo cual servirán las bases en informática, en esquemas de planeación de adquisición, de surtimiento y control en clínicas y hospitales instaurados el año pasado, a lo cual se sumarán modelos de mejoramiento de distribución con participación de agentes especializados, que actualmente está en estudio. Respecto a la inquietud del diputado Ernesto Saro, el Instituto ha identificado entre sesenta y setenta inmuebles que no requiere para su uso en este momento, y son los que se destinarían a la venta mediante los procesos de licitación legal establecidos, para lo cual se ha pensado en transferirlos a Fideicomiso Liquidario de Instituciones y Organizaciones Auxiliares de Crédito (Fideliq) en el caso de que no sean adjudicados en primera licitación. En referencia a lo manifiesto por el diputado Samuel Aguilar, agradece la propuesta a la que califica de un respaldo a las acciones del Instituto y añade que de cualquier manera, la administración que encabeza debe cumplir con la disciplina gubernamental señalada por el titular del Poder Ejecutivo, de manera que procurarán hacer el mejor y más racional uso de los bienes y que intentarán reunir recursos adicionales para la institución por la vía del ahorro y la desincorporación de inmuebles ya referida, comenta que si ello se logra y los recursos actuales no sufren merma, espera entregar buenas cuentas a final del año.

El diputado Presidente Cuauhtémoc Montero (PRD), agradece sus respuestas al titular del ISSSTE y anuncia que se iniciará la segunda ronda de intervenciones de los señores legisladores cediendo la palabra a la primera en solicitarla.

La diputada Arcelia Arredondo (PAN), pregunta si es cierto que en el Instituto se capacita al personal médico en el área de geriatría pero una vez formado este personal, no existe forma de asignarle la plaza o la categoría para que ese se desempeñe como personal adscrito; por otro lado comenta haber estado en el hospital Veinte de Noviembre en un fin de semana, con motivo del padecimiento de un familiar y asevera que el personal se ausenta, no hay servicio de laboratorio, no hay personal adecuado y dejan al paciente solo, por lo que hace la solicitud de que se procure atender el asunto y capacitar al personal para que brinde un trato humanitario; finalmente, agrega que en otra ocasión acudió el banco de sangre del mismo nosocomio muy cerca del Día de Muertos y encontró el decorado de arañas, fantasmas, telarañas y esqueletos, por lo que pide dejar fuera de las unidades hospitalarias el humor negro, el juego con la muerte en una institución que procura la salud.

El diputado José del Carmen Soberanis (PRI), felicita el trabajo desarrollado por el licenciado González Roaro y propone que el pleno de la Comisión busque alguna alternativa para apoyar al Instituto, que haga un planteamiento para que si hubiera recortes en el presupuesto no se altere el presupuesto del Instituto.

El diputado Rafael Orozco (PAN), reconoce la labor que ha realizado el Instituto y pregunta si existe algún planteamiento legislativo de reforma a la Ley del ISSSTE y alguna fecha tentativa para presentarlo al Congreso.

El diputado Presidente Cuauhtémoc Montero (PRD), pregunta qué opinión le merece la propuesta que se hace en la iniciativa de reforma a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro (SAR) para que los trabajadores del ISSSTE sean incorporados al SAR.

El diputado secretario Francisco Javier López (PRI), expresa que las instituciones de seguridad social han sido víctimas de ataques de gente que no les quiere, disminuyendo el presupuesto, no permitiendo la infraestructura y ese problema histórico que hoy se acentúa, finalmente estalla en los trabajadores que son quienes dan la cara al público y atienden con los pocos o muchos recursos con que dispongan y es a ellos a quienes se fincan responsabilidades administrativas y penales; en tal virtud hace un llamado al invitado a valorar y atender estos problemas que inevitablemente sucederán en el Instituto por los problemas presupuestales visibles en el corto y mediano plazo.

El diputado secretario Ernesto Saro (PAN), difiere del parecer externado por el diputado López y afirma que el gasto en salud del ISSSTE por derechohabiente es el más alto, solicita el apoyo de los sindicatos tanto del Seguro Social como del ISSSTE para lograr los objetivos de eficiencia que se requieren, añade que dentro de las prácticas indeseables están los numerosos días de asueto y la exención del pago de impuestos que hacen algunos burócratas, por lo que reitera la solicitud del apoyo a los sindicatos para contribuir al bienestar de todos los mexicanos.

El diputado Presidente Cuauhtémoc Montero (PRD), hace un llamado al orden solicitando a los participantes se abstengan de entablar un debate fuera de tema y se centren en abordar los puntos de esta reunión, dejando de lado las cuestiones o pareceres particulares, agrega que no es ni el momento ni el lugar para ello e insiste en que si es mucho el interés por tratar este tema, con posterioridad se programe una sesión ex profeso con la participación de líderes sindicales, por lo que reitera su conminación al orden.

El diputado secretario Francisco Javier López (PRI), estima temerarios los comentarios asentados por el diputado Saro, pues existe desconocimiento de las funciones y tareas de una organización sindical, agrega que es precisamente el elemento humano el que hace a las instituciones y no así el activo fijo, el mobiliario o los insumos, por lo que se suma al llamado del diputado Presidente para que este tema se vea en otra sesión con la información adecuada, reitera que el punto que pretendió introducir a esta exposición es el de la presión a la que están expuestos los trabajadores que brindan la atención pública con muy pocos recursos, recibiendo el malestar del derechohabiente, por cuestiones de falta presupuesto; pide respetar a esas gentes y a sus organizaciones gremiales y cita como ejemplo de compromiso, que el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, fue el pionero en la cruzada de la calidad antes de que la presente administración asumiera el cargo, impulsando muchas y variadas mejoras dentro de la institución.

El diputado Presidente Cuauhtémoc Montero (PRD), solicita mayor brevedad y concisión en las intervenciones.

La diputada María de las Nieves García (PRI), asevera que si hay algún campo en el que México haya avanzado, es el de la salud, en razón de que se ha trabajado arduamente en él sin politizarlo ni partidizarlo, merced a ello, insiste, es posible hablar hoy del aumento en la expectativa de vida, de la erradicación de muchas enfermedades de la infancia, del abatimiento de la tasa de mortalidad infantil y materna y que todo ello es gracias a la profesionalización de los trabajadores de la salud.

El diputado secretario Ernesto Saro (PAN), reconoce ampliamente los avances en salud, y reitera la invitación a los sindicatos de las dos grandes instituciones nacionales de seguridad social para que flexibilicen posiciones, sean más dinámicos, avancen en los cambios requeridos para lograr los objetivos buscados, refiere que tanto en el ISSSTE como en el Seguro Social se incrementaron las pensiones en este año pero aún existen treinta y cinco millones de mexicanos que carecen de un ingreso de este tipo, por lo que hay que continuar pugnando por ello.

El diputado Manuel Wistano Orozco (PAN), pregunta si se espera que las tiendas y farmacias del Instituto operen ya este año con números negros, que sean productivas y no requieran de subsidio en sus costos.

El licenciado González Roaro, apunta que la pluralidad de opiniones propicia un debate rico y necesario para la nación. En respuesta a la diputada Arcelia Arredondo, asevera -con orgullo-, que la institución que representa es la primera que ha formado geriatras en el país a través del hospital Adolfo López Mateos y que revisando la transformación demográfica de nuestra nación, se ha decidido que es tiempo de que se ofrezca una contratación inmediata a los especialistas en este campo que se formen en la institución, cuando menos durante la presente administración y agrega que también se está trabajando en la capacitación de médicos generales para hacerlos gerontólogos; en relación con la situación en el hospital Veinte de Noviembre, señala que toma con toda seriedad los cuestionamientos y se compromete a trabajar muy de cerca con las autoridades y personal de ese nosocomio; en referencia a la intervención del diputado Soberanis, agradece el respaldo y el pronunciamiento del mismo y en general el apoyo que todos los diputados dieron al fortalecimiento del presupuesto de la institución. Respondiendo al diputado Rafael Orozco, asevera que el Instituto se diseñó cuarenta años atrás con una perspectiva distinta de la población mexicana, y esas reglas de diseño no han variado a la fecha en cuanto a los ingresos y organización del Instituto pero que sí ha habido variaciones en los beneficios que se otorgan a la derechohabiencia, por lo que sí es necesaria una reforma que tiene que abarcar varios temas como pensiones, jubilaciones, vivienda, salud, servicios que brinda el instituto y también organización interna del mismo, se trata, afirma de una reforma compleja, estructural, integral que se pretende diseñar en el menor tiempo, pero que una tarea de esta magnitud tiene un alto grado de complejidad y debe irse consensando con las distintas agrupaciones interesadas, por lo que prevé que será en un plazo mediato, dentro de esta administración, cuando se presente el proyecto y espera que sea también con esta legislatura; referente a la pregunta del diputado Cuauhtémoc Montero, comenta que considera que es un tema que debe discutirse dentro de ese proyecto de reforma integral del ISSSTE porque la institución considera que no es responsable, aconsejable ni aceptable hacer reformas que generen parches que en aras de ajustar un elemento desajuste otro, por tanto reitera la propuesta de manejarlo dentro de un paquete integral. En respuesta a la intervención del diputado Francisco López, asegura que para el Gobierno Federal la salud y la seguridad social son una prioridad, que la tesitura de la presente administración no es encontrar culpables y que invita a continuar trabajado como hasta hoy de manera productiva y corresponsable; atendiendo a los señalamientos del diputado Ernesto Saro, comenta que analizando genéricamente, el Instituto cuenta con mayor personal por derechohabiente que el Seguro Social, pero que si se hace un desglose del personal médico por derechohabiente, el ISSSTE resulta con un faltante de personal frente al que tiene el Seguro Social y el presupuesto per cápita de medicamentos ha bajado también en el ISSSTE en los últimos cuatro años de manera que se tienen cuatrocientos cuarenta y dos pesos para este fin por derechohabiente contra los quinientos veintinueve pesos del Seguro Social. Coincide con la diputada María de las Nieves, en que nuestro país ha avanzado enormemente en materia de salud gracias al esfuerzo de todos sus trabajadores: médicos, enfermeras, administradores, pero que la situación está cambiando y con ello los retos, de forma que la transición epidemiológica y demográfica demandarán nuevas acciones. Asevera al diputado Manuel Wistano Orozco que al cierre del año dos mil, el sistema de tiendas y farmacias arrojó una pérdida de mil veintinueve millones de pesos, pérdida que durante el año dos mil uno trataron de revertir únicamente con esfuerzo comercial de las propias tiendas, restableciendo el sistema de inventarios y aplicando una política de contención del gasto, pero sin trasladar los recursos de las cuotas y aportaciones de los trabajadores, que al cierre del año lograron reducir el monto de la pérdida a trescientos seis millones de pesos, cifra mucho menor a la pérdida anterior; en razón de lo cual espera que continúe la tendencia y que al primer trimestre de este año se llegue al punto de equilibrio.

El diputado Presidente Cuauhtémoc Montero (PRD), agradece su amplia y detallada explicación al licenciado González Roaro, elogia la labor realizada durante este tiempo al frente de la institución y retornando lo aseverado anteriormente propone que se resuelva presentar un documento dirigido al Presidente de la República para que dé instrucciones a su Secretaría de Hacienda de manera que se procure salvaguardar los recursos del ISSSTE en caso de que hubiera necesidad de realizar recortes presupuestales.

La diputada María de las Nieves García (PRI), propone que este acuerdo no se refiera únicamente al ISSSTE sino que incluya también al IMSS y a la Secretaría de Salud y recomienda al Director General del ISSSTE que en el diagnóstico de la situación de la institución se recoja también el punto de vista del prestador del servicio.

El licenciado González Roaro, acota que se han iniciado en este año las encuestas entre los trabajadores del Instituto con la expectativa de los resultados que arrojarán.

El diputado Presidente Cuauhtémoc Montero (PRD), propone que en este momento se sujete a votación la propuesta de elaborar un documento dirigido al titular del Poder Ejecutivo en los términos vertidos por los distintos legisladores proponentes con objeto de salvaguardar el presupuesto de las instituciones de seguridad social y de salud de eventuales recortes.

Aprobado por unanimidad.

El diputado Presidente Cuauhtémoc Montero (PRD), decreta un breve receso para permitir que el licenciado González Roaro, se retire de esta sesión y posteriormente continuar con los asuntos inscritos en el orden del día.

Receso.

El diputado secretario Samuel Aguilar (PRI), reinicia la sesión enterando a todos los presentes que en el interior de los fólderes entregados al inicio, se encuentra una relación de todos los asuntos turnados a esta Comisión que se encuentran pendientes de trámite legislativo, así como una nota que explica cuáles han sido enviados únicamente a esta Comisión y cuáles fueron turnados conjuntamente con alguna otra, relacionando el respectivo estado que guardan, por lo que solicita que los legisladores se den a la tarea de analizar tal documento.

El diputado Manuel Wistano Orozco (PAN), sugiere que para resolver los asuntos pendientes de trámite esta Comisión asuma el método que emplean otras comisiones, esto es, integrar subcomisiones de trabajo y establecer plazos para la entrega de resultados.

El diputado secretario Samuel Aguilar (PRI), comenta que no todos los asuntos relacionados en la lista deben recibir el tratamiento propuesto dado que como se aprecia, algunos asuntos están prácticamente resueltos por una u otra circunstancia. Agrega que es de tomarse en cuenta la propuesta y sugiere que en el transcurso de los próximos días cuando se envíen los proyectos de dictamen con los que se resuelven los que están en esa circunstancia propone que sea la Junta Directiva la que se erija en subcomisión de dictamen para la elaboración de los distintos proyectos de dictamen dejando abierta la posibilidad de que los demás diputados se integren a la elaboración de los diversos documentos.

El diputado Manuel Wistano Orozco propone que la integración de los diputados en la subcomisión de dictamen sea atendiendo al interés particular de cada legislador de participar en el trabajo en algún tema determinado.

El diputado secretario Samuel Aguilar (PRI), somete a consideración la propuesta.

Aprobada.

La diputada María de las Nieves García (PRI), pide ser incluida en el proceso de elaboración de los proyectos de dictamen a las iniciativas de reforma a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y a la reforma constitucional para elevar a rango constitucional el derecho a la seguridad social.

El diputado secretario Samuel Aguilar (PRI), expresa que en el primer caso, la iniciativa fue turnada a esta Comisión conjuntamente con las de Hacienda y de Trabajo y que esta última ha circulado un proyecto de dictamen en un procedimiento en el cual faltó la participación de las otras dos comisiones restantes por lo, cual ya hay una petición expresa por parte del Presidente de esta Comisión para que se incluya a las otras Comisiones en este proceso; por cuanto a la segunda, aclara que tal propuesta no fue turnada a esta Comisión sino a la de Puntos Constitucionales por lo que no podrá integrarse subcomisión de dictamen en ese caso. Finalmente apunta que el próximo viernes trece de febrero, una delegación de parlamentarios y representantes del Poder Ejecutivo de la República Popular de Vietnam, realizarán una visita a esta Comisión por lo que invita a acudir al evento en el que el intercambio de opiniones en esta materia resultará provechoso para los representantes de ambas naciones.

El diputado Presidente Cuauhtémoc Montero (PRD), agrega que esta delegación -integrada con alrededor de diez personas-, estará en el recinto legislativo alrededor de las diez de la mañana del día trece de febrero en un lugar por confirmar, estarán interactuando con los integrantes de esta Comisión que deseen acudir y se retirarán alrededor de las doce horas de ese día para continuar con sus entrevistas con otras representaciones legislativas de esta Cámara por lo que pide estar atentos de la confirmación del evento y la fijación del lugar para ello a quienes deseen acudir. Finalmente y para complementar la información vertida por el diputado Samuel Aguilar, solicita a la secretaría se dé lectura al documento de fecha diecisiete de enero de dos mil dos, enviado por la Presidencia de esta Comisión a la de Trabajo y Previsión Social en relación con la iniciativa de decreto por el que se reforma la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.

El diputado secretario lee íntegramente el documento (téngase por reproducido en este espacio como sí a la letra se insertara).

El diputado Presidente Cuauhtémoc Montero (PRD), comenta que de esta manera se está procurando participar en el proceso de dictamen de esta iniciativa, agrega que al margen de ello, la presidencia ha sostenido pláticas con la Comisión Nacional de los Sistemas de Ahorro para el Retiro (Consar) y asimismo que los asesores de ambas representaciones mantienen reuniones periódicas con objeto de analizar el documento; a continuación pregunta si alguien más tiene alguna duda comentario o sugerencia en este apartado, sin que nadie solicité la palabra, en virtud de lo cual expresa que eso es todo cuanto se tiene pendiente dentro de los asuntos generales, por lo que toda vez que se han cubierto los puntos acordados y no hay quien quiera hacer uso de la palabra, da por clausurados los trabajos de esta sesión, cuando son las doce horas con treinta y ocho minutos.

En cumplimiento de lo que dispone el artículo octavo del Acuerdo Parlamentario Relativo a la Organización y Reuniones de las Comisiones y Comités de la Cámara de Diputados, firman al calce los integrantes de la Junta Directiva.

QFB Cuauhtémoc Montero Esquivel (rúbrica)
Presidente

Lic. Samuel Aguilar Solís (rubrica)
Secretario

C. Francisco J. López González (rúbrica)
Secretario

MA José M. Rivera Cabello (rúbrica)
Secretario

IQA Ernesto Saro Boardman (rúbrica)
Secretario
 
 

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Convocatorias

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DE LA COMISION DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES

A la reunión de su Mesa Directiva, que se llevará a cabo el jueves 7 de marzo, a las 9:30 horas, en el salón F del restaurante Los Cristales.

Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
4. Seguimiento del trabajo legislativo.
5. Organización de la presencia de invitados para las próximas reuniones del pleno.
6. Asuntos generales.

Atentamente
Dip. Enrique Adolfo Villa Preciado
Presidente
 
 
 

DE LA COMISION DE RECURSOS HIDRAULICOS

A su reunión de trabajo con la delegación de la República de Francia, encabezada por el gobernador Jean Pierre Duport, presidente del Consejo de Administración de la Agencia Cuenca Sena-Normandía; Pierre-Alain Roche, director general de la Agencia Agua Sena-Normandía; Daniel Marcovitch, diputado consejero de la Ville de París, quien recientemente presentó una iniciativa para la nueva Ley de Aguas de Francia, y Phillipe Faure, Embajador de Francia en México, el jueves 7 de marzo, a las 14 horas, en los salones C y D del restaurante Los Cristales.

Orden del Día

1. Presentación de los invitados a cargo del diputado Nabor Ojeda Delgado, secretario de la Comisión de Recursos Hidráulicos.
2. Bienvenida a cargo del diputado Jesús Burgos Pinto, Presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos.
3. Mensaje del diputado Daniel Marcovitch, Consejero de la ciudad de París.
4. La gestión del agua en Francia, a cargo de Pierre-Alain Roche, director general de la Agencia Agua Sena-Normandía.
5. Intercambio de experiencias de la delegación francesa con los diputados miembros de la Comisión de Recursos Hidráulicos.
6. Clausura.

Atentamente
Dip. Juan Burgos Pinto
Presidente
 
 
 

DE LA COMISION DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES

A la reunión de la Subcomisión de Discapacidad, el martes 12 de marzo, a las 9:30 horas, en el salón F del restaurante Los Cristales.

Orden del Día

1. Lista de asistencia y verificación de quórum.
2. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior.
3. Presentación de los anteproyectos de los puntos de acuerdo turnados a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, turnados a la Subcomisión de Discapacidad.
4. Revisión de los avances de las propuestas de ley turnadas a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables en materia de discapacidad.
5. Asunto relacionado con las personas con discapacidad que laboran en esta H. Cámara de Diputados "Aspecto contractual".
6. Acciones a seguir con la ratificación del Convenio 159 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
7. Presentación del proyecto para participar en el tercer concurso de ensayo sobre discapacidad y elaboración de trípticos en coordinación con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Asamblea Legislativa del DF.
8. Asuntos generales.

Atentamente
Dip. Pedro Pablo Cepeda Sierra
Coordinador de la Subcomisión de Discapacidad
 
 
 

DE LA COMISION DE RELACIONES EXTERIORES

A la mesa de trabajo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Comisión de Relaciones Exteriores y la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, programada para el martes 12 de marzo, a las 11 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.

Atentamente
Dip. Gustavo Carvajal Moreno
Presidente
 
 
 

DE LA COMISION DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES

A su reunión plenaria, que se llevará a cabo el martes 12 de marzo, a las 14:30 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.

Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
4. Intervención del Sr. Bengt Lindqvist, reportero mundial especial en discapacidad para la Comisión de Desarrollo Social para las Naciones Unidas.
5. Asuntos generales.

Atentamente
Dip. Enrique Adolfo Villa Preciado
Presidente
 
 
 

DE LA COMISION DE INVESTIGACION DE LA PLANTA NUCLEOELECTRICA DE LAGUNA VERDE, VERACRUZ

A su sexta reunión con la presencia de funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad, CFE, y Greenpeace, el jueves 14 de marzo, a las 9 horas, en la zona C del restaurante Los Cristales.

Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaración de quórum.
2. Riesgo sísmico.
3. Intervención de los CC. diputados.
4. Asuntos generales.

Atentamente
Dip. Héctor González Reza
Presidente
 
 
 

DE LA COMISION DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Conjuntamente con la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores, a la comparecencia del Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que se realizará el jueves 14 de marzo, a las 10 horas, en el salón Legisladores de la República (Salón Verde).

Atentamente
Dip. José Elías Romero Apis
Presidente
 
 
 

DE LA COMISION DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

A su reunión de trabajo, el jueves 14 de marzo, a las 13 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.

Atentamente
Dip. José Elías Romero Apis
Presidente
 
 
 

DE LA COMISION DE VIGILANCIA DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION

La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, de conformidad con lo previsto en los artículos 67, fracción IX, y 93, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación:

Convoca

Al proceso de selección del candidato para el nombramiento del Titular de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, de acuerdo con las siguientes:

Bases

I. Los aspirantes deberán cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 73 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación; a saber:

a) Ser ciudadano mexicano por nacimiento y no adquirir otra nacionalidad, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos;

b) Tener por lo menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación;

c) Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se trata de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro, que afecte seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena;

d) Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la designación;

e) No haber sido Secretario de Estado, Jefe de Departamento Administrativo, Procurador General de la República o de Justicia del Distrito Federal, Senador, Diputado Federal, Gobernador de algún Estado o Jefe de Gobierno del Distrito Federal; ni dirigente de algún partido político, ni haber sido postulado para cargo de elección popular en los cuatro años anteriores a la propia designación;

f) Contar al momento de su designación con una experiencia de cinco años en el control, manejo o fiscalización de recursos, y

g) Contar el día de su designación, con antigüedad mínima de diez años, con título profesional de contador público, licenciado en derecho, licenciado en economía, licenciado en administración o cualquier otro título profesional relacionado con las actividades de fiscalización expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello.

II. Los aspirantes deberán presentar, por escrito, una solicitud en la que expresen su interés de participar, su currículum vitae, al cual deberán acompañar copias de las constancias y demás documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos para este proceso.

III. La documentación requerida deberá entregarse en cinco ejemplares, del 11 al 15 y del 18 al 22 de marzo de 2002, de 10:00 a 21:00 horas, en la oficina de la Comisión de Vigilancia, sito en Avenida Congreso de la Unión Nº 66, Colonia El Parque, Delegación Venustiano Carranza, México, DF, edificio F, segundo piso, Cámara de Diputados.

IV. Concluido el plazo anterior y recibidas las solicitudes con los documentos que se señalan en la presente convocatoria, los integrantes de la Comisión procederán a la revisión y análisis de las mismas.

V. Del análisis de las solicitudes, los integrantes de la Comisión entrevistarán por separado, para la evaluación respectiva, a los candidatos que a su juicio considere idóneos para ocupar el cargo de Titular de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia.

VI. Concluida la etapa de entrevistas, la Comisión elegirá al candidato que habrá de proponer al Pleno de la Cámara de Diputados, a fin de que se proceda a la designación del Titular de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia.

VII. La persona designada para ocupar el cargo de Titular de la Unidad de Evaluación y Control, protestará ante el Pleno de la Cámara de Diputados.

México, Distrito Federal, a los veintisiete días del mes de febrero del año dos mil dos.

Directiva de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación

Dip. Manuel Galán Jiménez (rúbrica)
Presidente

Dip. Francisco Cárdenas Elizondo (rúbrica)
Secretario

Dip. José Ma. Eugenio Núñez Murillo (rúbrica)
Secretario

Dip. Amado Olvera Castillo (rúbrica)
Secretario

Dip. José Antonio Magallanes Rodríguez (rúbrica)
Secretario

Dip. José Antonio Arévalo González (rúbrica)
Secretario

Dip. José Narro Céspedes (rúbrica)
Secretario