Proposiciones
CON PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR AL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO, SE AGILICE LA SOLUCION A LA CONTROVERSIA ENTRE LOS EJIDATARIOS DE PLAN DE LOS AMATES, MUNICIPIO DE ACAPULCO, GUERRERO, Y EL CONSORCIO TRES VIDAS EN LA PLAYA, SA DE CV, PRESENTADA POR EL DIPUTADO EFREN LEYVA ACEVEDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, Y APROBADA EN LA SESION DEL MIERCOLES 13 DE FEBRERO DE 2002
Este fin de semana, un grupo de legisladores federales de los diferentes partidos que actúan al interior de la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión, invitados por los dirigentes del ejido Plan de los Amates, del municipio de Acapulco, Guerrero, acudimos a la reunión ordinaria en la que los ejidatarios rindieron un informe del estado que guarda el trámite del expediente de restitución que se sigue ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Número 41, con residencia en Acapulco, Guerrero,
Con asistencia de la mayoría de los ejidatarios, sus dirigentes hicieron una exposición detallada de los pormenores por los que ha atravesado el proceso y pidieron nuestra intervención, como mejor proceda en derecho, con el objeto de que la autoridad competente dicte la resolución definitiva que ponga fin a la prolongada gestión de los ejidatarios a favor de sus intereses.
Como es del dominio público, las cuestiones litigiosas con respecto de bienes ejidales, y más cuando su valor es importante por las circunstancias de su ubicación, por ejemplo, suelen ser tardadas y sumamente onerosas.
Los campesinos en tales condiciones comprometen su patrimonio escaso, ante la expectativa de obtener una siempre lejana resolución que les ponga en posesión de lo que por derecho les corresponde.
Para dar una idea de la dilación a que venimos aludiendo, nos permitiremos hacer los siguientes señalamientos:
1. Con fecha 7 de enero de 1937, se dictó resolución presidencial dotatoria al ejido poblado El Potrero de una superficie de 1,408 hectáreas;
2. Que con fecha 8 de mayo de 1944, se levantó acta de deslinde definitivo de los inmuebles motivo de la resolución;
3. Con fecha 17 de mayo de 1962, se levantó acta de posesión y deslinde, relativa a la ejecución de la resolución presidencial de permuta de terrenos ejidales del poblado beneficiado, por tierras particulares y prestaciones ofrecidas en el convenio de permuta;
4. Que asimismo; con fecha 27 de mayo de 1989, se levantó acta de posesión dispuesta por el decreto que expropia por causa de utilidad pública, el inmueble correspondiente al complejo turístico denominado Tres Vidas en la Playa que, de acuerdo a levantamientos topográficos de la empresa y del perito tercero en discordia, resulta que efectivamente existe una diferencia a favor del ejido actor Plan de los Amates, en una extensión de 51-64-66 hectáreas.
5. Que seguido por todas sus partes, el magistrado de conocimiento, citó a las partes, previas las diligencias de ley, a oír sentencia a las trece horas del 22 de enero del presente año, sin que se haya dictado la resolución prevista para la diligencia en cuestión.
Hay aquí, como se ve, una nueva dilación, circunstancia que ha motivado la invocación de los interesados a los legisladores, para que hagamos causa común con su interés legítimo, en el sentido de que acudamos a la autoridad competente a demandar se dicte prontamente la resolución que proceda.
Lo sabemos: desde antiguo, cuando las reglas del derecho inician el tránsito de su conformación, siempre se sostuvo que justicia retardada, no es justicia, sino injusticia.
Como bien lo pudimos constatar, los ejidatarios han seguido con todo esmero el debido proceso legal y, en consecuencia, no solicitan nuestro asesoramiento sino la intervención necesaria, para que la autoridad no retrase más la resolución a que está obligada y proceda poniendo fin a la prolongada disputa, con una sentencia que, seguros como están de la justicia que les asiste, consideran les será totalmente favorable.
Nosotros nos comprometimos a traer este asunto al conocimiento de la H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión y a solicitarle una acción que inste a la autoridad competente, a proceder con la urgencia que los ejidatarios demandan.
Insistimos en que coincidía nuestra apreciación en el asunto que nos ocupa, en lo relativo a la urgencia con la que debe la autoridad del conocimiento proceder y que, en esa virtud, así lo íbamos a plantear ante este cuerpo, como tengo el honor de hacerlo, a través de un punto de acuerdo en los siguientes términos:
Con fundamento en lo establecido por la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en lo establecido por el Reglamento en vigor, a esta H. Comisión Permanente, respetuosamente pongo a su consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Unico.- Solicitar al H. Tribunal Agrario, que se sirva disponer que, a la brevedad posible, el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Número 41, con residencia en Acapulco, Guerrero, dicte la resolución en el expediente número 940343/96 del poblado El Potrero o Plan de los Amates, municipio de Acapulco, Guerrero.
Palacio legislativo, a 13 de febrero de 2002.
Dip. Efrén Leyva Acevedo (rúbrica)
(Considerado de urgente resolución y aprobado en votación económica. Febrero 13 de 2002.)
CON PUNTO DE ACUERDO EN RELACION A LOS INFORMES SOBRE LA SITUACION ECONOMICA, LAS FINANZAS PUBLICAS Y LA DEUDA PUBLICA CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2001, REMITIDOS POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO; PRESENTADA POR EL DIPUTADO ILDEFONSO GUAJARDO VILLAREAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA SESION DEL MIERCOLES 13 DE FEBRERO DE 2002
Considerando, que el deterioro en la calidad del déficit público al cierre del ejercicio fiscal del año 2001, al aumentar el gasto corriente, particularmente, servicios personales y disminuir el gasto en inversión, disminuye nuestro potencial de crecimiento económico e impacta negativamente en la generación de empleo.
Considerando, que el subejercicio en el gasto en programas sociales en un momento de recesión económica, agrava el deterioro en el nivel de vida ya de por sí erosionado por el creciente desempleo, lo cual contradice lo que ordena el artículo 134 constitucional en su primer párrafo respecto a que los recursos económicos de los que disponga el gobierno federal, se deben administrar con eficiencia, eficacia y honradez, para satisfacer los objetivos a los que están destinados.
Considerando, que el subejercicio en el gasto público es un veto subrepticio del Ejecutivo al presupuesto aprobado por unanimidad por todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso.
Los integrantes de la fracción parlamentaria de mi partido, proponemos el siguiente
Punto de Acuerdo
"Exhortar al secretario de Hacienda, Dr. Francisco Gil Díaz, para que instruya a los ejecutores responsables del gasto en todas las dependencias del Gobierno Federal y del Sector Paraestatal, para que en el ejercicio del gasto aprobado por esta soberanía para el año 2002, se observe estrictamente su ejecución en cumplimiento con los objetivos previstos, especialmente evitando el subejercicio en aquellos rubros que más afectan a los sectores social y productivo".
Dip. Ildefonso Guajardo Villareal (rúbrica)
(Turnado a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Febrero 13 de 2002.)
CON PUNTO DE ACUERDO SOBRE EL EJERCICIO EN EL RUBRO DE SERVICIOS PERSONALES PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2001, PRESENTADA POR LA DIPUTADA MIROSLAVA GARCIA SUAREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DEL MIERCOLES 13 DE FEBRERO DE 2002
La suscrita diputada federal integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar ante esta honorable asamblea una proposición con punto de acuerdo sobre el sobre ejercicio fiscal del 2001, al tenor de las siguientes consideraciones:
1.- En el decreto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del 2001, en el capítulo II de Servicios Personales se establecen los criterios para el destino de los recursos a dicho rubro.
2.- Las dependencias de la Administración Pública Federal y los Organismos de Control Directo e Indirecto, registraron en el 2001 subejercicios y modificaciones presupuestales que evidenciaron dificultades e ineficiencias en el correcto ejercicio de los recursos.
3.- El pasado 6 de febrero de este año, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reconoció que en el ejercicio del 2001 el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la Comisión Federal de Electricidad, y la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, entre otros, registraron gastos superiores a los asignados por concepto de servicios personales por un monto de 4 mil 311 millones de pesos.
4. La misma Secretaría de Hacienda indicó que la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo tienen en curso una investigación sobre este hecho para fincar responsabilidades correspondientes.
5.- En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio del 2001 se aprobaron recursos para servicios personales por 391 mil 319 millones de pesos, en cambio en el Informe Sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda, se presentan, al cierre del 2001, gastos por servicios personales por 421 mil 082 millones de pesos. Como se advierte, tenemos un sobregasto respecto al autorizado por el Congreso por alrededor de 29 mil 762 millones de pesos.
6.- El contexto en el cual está inmersa la economía mexicana, de caída en el crecimiento económico, nos plantea dos retos inmediatos el sentar las bases para reactivar el proceso productivo, gastando con eficiencia y racionalidad los recursos públicos y el hacer más transparente el ejercicio del gasto gubernamental.
7.- En el transcurso de los últimos años, el rubro de servicios personales ha sido una especie de caja chica, que ha permitido el manejo discrecional de los recursos hacia actividades que no fueron aprobadas por el Legislativo. Si los recursos fueron mayores a los esperados, se requiere conocer cuál es el estado que guarda el destino de los mismos.
8.- En el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública se advierte la caída en la actividad económica para el último trimestre del 2001, a través del Indicador Global de la Actividad Económica, el cual fue de menos 1.5 por ciento. La recesión continúa y seguirá así porque, si tenemos suerte, podremos crecer ligeramente a finales de este año.
9.- El resultado de la caída en la actividad económica es el aumento del número de desempleados que alcanzaron para el año 2001, 382 mil 631 despidos aunque estas estimaciones subestiman el desempleo, no deja de mostrar el impacto desfavorable de la recesión en México.
10.- El contexto económico actual de recesión, aunado a la falta de una estrategia de reactivación económica, con rezagos en el cumplimiento de las metas presupuestales y la falta de responsabilidad para ejercer los mismos en el ejercicio del 2001, presentan una situación nada halagüeña para el país.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, la suscrita diputada federal somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Auditoría Superior de la Federación que informe de los sobreejercicios ocurridos en el rubro servicios personales del ejercicio fiscal del 2001.
Segundo. Asimismo solicita a la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo y a la Auditoría Superior de la Federación que en caso de encontrar irregularidades en dichos sobre ejercicios, procedan a fincar las responsabilidades a que haya lugar.
Dip. Miroslava García Suárez (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Febrero 13 de 2002.)
CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Y LA SEMARNAT APLIQUEN CORRECTAMENTE LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 198 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JOSE RODOLFO ESCUDERO BARRERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM, EN LA SESION DEL MIERCOLES 13 DE FEBRERO DE 2002
Bernardo de la Garza Herrera, Francisco Agundis Arias, José Antonio Arévalo González, Esveida Bravo Martínez, María Teresa Campoy Ruy Sánchez, Olga Patricia Chozas y Chozas, Diego Cobo Terrazas, Arturo Escobar y Vega, José Rodolfo Escudero Barrera, Sara Guadalupe Figueroa Canedo, Nicasia García Domínguez, Alejandro Rafael García Sainz Arena, María Cristina Moctezuma Lule, Julieta Prieto Fuhrken, Concepción Salazar González, Erika Elizabeth Spezia Maldonado, diputados de la LVIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrimos a solicitar se turne a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión la siguiente proposición con Punto de Acuerdo.
Consideraciones
Las áreas naturales protegidas de nuestro país, son el hogar de innumerables especies vegetales y animales, que constituyen una enorme riqueza con la que cuenta nuestra nación, y por tanto, proveedores de todo tipo de recursos.
Así, con esa tendencia, se hablaba de la explotación de los recursos, término que expresa dominación y rendimiento, y que lo hemos ido sustituyendo por el de aprovechamiento, término más afortunado para describir la adecuada relación que guarda la satisfacción de las necesidades humanas y su entorno ecológico. No obstante los esfuerzos por adecuar la terminología y sus aplicaciones a la realidad para concientizar a la población de los efectos del cambio climático y de la interrelación del hombre con su medio, aún hay serias partes por modificar.
Los nuevos conceptos de equilibrio ecológico y de desarrollo sustentable como los principales, han venido introduciéndose poco a poco y cada vez más en las diversas áreas de nuestras actividades cotidianas, y aunque lenta y casi desapercibidamente, en algunos casos hemos comenzado a revertir prácticas que venían produciendo un deterioro progresivo del medio ambiente.
En la comprensión del fenómeno ambiental, nos hemos percatado de la importancia de la relación de interdependencia que existe entre unas especies con otras, en especial, cuando unas se sirven de otras para su desarrollo. Si una de ellas desaparece, se altera gravemente la cadena alimenticia y el equilibrio ecológico de la zona o región, lo que lleva a que con su desplazamiento, la especie dependiente consuma depredatoriamente a las otras, como un simple mecanismo de subsistencia.
Las áreas naturales protegidas constituyen porciones terrestres o acuáticas del territorio nacional, representativas de los diferentes ecosistemas y de su biodiversidad, en donde el ambiente original no ha sido esencialmente alterado por el hombre y que están sujetas a regímenes especiales de protección, conservación, restauración y desarrollo.
Son en cierta forma unidades productivas estratégicas, generadoras de una corriente vital de beneficios sociales y patrimoniales que deben ser reconocidos y valorizados, y cuyo establecimiento y operación continua implica costos, entre los que destacaremos los siguientes:
- Costos de oportunidad de usos alternativos del territorio y de sus recursos;
- Costos de resarcimiento o compensación a limitaciones o cambios en los derechos de propiedad, control, uso y acceso;
- Costos de transacción y negociación en el establecimiento de áreas naturales protegidas y en su desarrollo institucional;
- Costos de manejo, administración y vigilancia;
- Costos derivados del largo periodo de maduración de los proyectos de utilización sustentable de los recursos de las ANP.
Por ello, la adecuada vigilancia y desarrollo sustentable que regule y proteja nuestro entorno, será en nuestro beneficio y de las generaciones futuras. Es necesario que actuemos decididamente para procurar recursos económicos para la protección de estas áreas del territorio nacional, sobre todo por la relación que guardan con el entorno ambiental del cual depende en gran medida nuestra subsistencia en el planeta.
Las acciones gubernamentales más recientes en las ANP se han orientado a consolidar las circunstancias que permitan desarrollar actividades permanentes de conservación o, en otras palabras, manejar dichas zonas con criterios de sustentabilidad. Dada la escasez de recursos financieros, la política de conservación se ha concentrado en un número reducido de ANP, que sin embargo abarca la mayor parte de la superficie bajo estatuto de protección. A partir de esta definición de prioridades se protegen los ecosistemas más representativos del país, ya que en ellas se localiza la mayor biodiversidad de México.
Ante ello, los diputados del Partido Verde Ecologista de México hemos propuesto acciones encaminadas a la conservación de las áreas naturales protegidas, con el objeto de procurar un aprovechamiento sustentable e integral de las mismas.
El pasado primero de enero del presente año, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, entre las que destaca el artículo 198, que a la letra dice:
Artículo 198. Por el uso, goce aprovechamiento de los elementos naturales marinos de dominio público existentes dentro de las áreas naturales protegidas competencia de la Federación, en actividades recreativas o turísticas de buceo autónomo, buceo libre, esquí acuático y recorridos en embarcaciones motorizadas y no motorizadas, se pagarán derechos por persona, por día, conforme a la siguiente cuota ....... $20.00
La obligación del pago del derecho será de los titulares de registros, autorizaciones, permisos o concesiones para la prestación de servicios náutico-recreativos o acuático-recreativos, por cada persona. En los casos en que las actividades a las que se refiere este artículo se realicen sin la participación de titulares de registros, autorizaciones, permisos o concesiones para la prestación de servicios náutico-recreativos o acuático-recreativos, la obligación del pago será de cada individuo.
No pagarán el derecho a que se refiere este artículo, la tripulación de las embarcaciones que presten servicios náutico-recreativos y acuático-recreativos, ni los residentes permanentes de las localidades contiguas a las áreas naturales protegidas en cuestión, siempre y cuando cuenten con la certificación de esta calidad otorgada por la autoridad responsable previa presentación de la documentación correspondiente, y realicen actividades recreativas sin fines de lucro.
Para los efectos de este artículo, se consideran áreas naturales protegidas las siguientes: * Parque Nacional Costa Occidental Isla Mujeres, Punta Cancún y Punta Nizuc. * Arrecifes de Puerto Morelos. * Sistema Arrecifal Veracruzano. * Cabo Pulmo. * Arrecifes Alacranes. * Bahía de Loreto. * Bahías de Huatulco. * Arrecifes de Cozumel. * Isla Contoy y demás áreas naturales protegidas existentes y futuras. Los ingresos que se obtengan por la recaudación de los derechos a que se refiere este artículo, se destinarán a la vigilancia, conservación y aprovechamiento sustentable de las áreas naturales protegidas. La Tesorería de la Federación reintegrará los recursos por este derecho obtenido, dentro del mes inmediato posterior a su recaudación, destinándose a los mismos parques marinos que los generaron para que le den el uso que se establece en el presente artículo.
Tal y como lo establece el citado artículo, no deberá aplicarse este cobro a los residentes de las localidades contiguas a las áreas naturales protegidas. Situación que no se ha cumplido hasta ahora, como en el caso de las poblaciones aledañas a Isla Contoy, en donde la autoridad competente se ha rehusado a eximir de dicho cobro a los residentes permanentes aledaños a Isla Contoy.
Por lo anteriormente expuesto con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados que suscribimos la presente proposición, nos permitimos someter a consideración de esta honorable asamblea el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero.- Se exhorta a las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que no apliquen el cobro establecido en el artículo 198 de la Ley Federal de Derechos a los residentes permanentes de las localidades contiguas a las áreas naturales protegidas, tal y como lo establece el citado precepto legal.
Segundo.- Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que reembolse el cobro realizado a los residentes permanentes de las localidades contiguas a las áreas naturales protegidas, porque dicho cobro es flagrante violación al artículo 198 de la Ley Federal de Derechos.
Dado en el salón Legisladores de la República, sede de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 13 días del mes de febrero del año 2002.
Dip. José Rodolfo Escudero Barrera (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Febrero 13 de 2002.)
CON PUNTO DE ACUERDO SOBRE LA SITUACION ECONOMICA DEL ISSSTE, PRESENTADA POR EL SENADOR ELIAS MIGUEL MORENO BRIZUELA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DEL MIERCOLES 13 DE FEBRERO DE 2002
Considerando
PRIMERO.- Que el 20 de julio de 2001 la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a propuesta de la Mesa Directiva de la Comisión de Salud y Seguridad Social del Senado de la República, aprobó un punto de acuerdo que a la letra dice:
"Primero.- Esta honorable soberanía hace una atenta solicitud al Ejecutivo federal para que en la propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación del 2002 se contemple un presupuesto suficiente para que no se vean afectadas las finanzas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en los rubros del servicio médico, la vivienda, el sistema de tiendas y farmacias, el servicio de guarderías, la administración del Instituto y el sistema de pensiones.
Segundo.- Que dentro del Plan Nacional de Desarrollo del Ejecutivo sea contemplado un apartado que asegure la viabilidad del Instituto en los próximos años.
Tercero.- Este honorable pleno hace un atento llamado para que se empiece a discutir en cada una de las comisiones competentes una reforma a la institución que mantenga el carácter solidario y redistributivo y que encare de forma integral el delicado asunto del régimen de pensiones y subsane el déficit de los otros seguros.
El ISSSTE es hoy una institución que requiere del compromiso firme de todas y todos los legisladores para seguir conservándolo como una institución de justicia social al servicio de los que con su esfuerzo han creado las instituciones de la República".
SEGUNDO.- Que en el recién pasado proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado resultó desfavorecido en la asignación presupuestal correspondiente, en la medida en que le fue autorizado un techo de ejercicio inferior en 365 millones de pesos al propuesto en la iniciativa de decreto que enviara a la Cámara de Diputados el Ejecutivo federal. Y esto sin considerar que la iniciativa original mencionada ya restringía significativamente la capacidad de operación del Instituto para ofrecer los servicios, seguros y prestaciones a que está obligado por ley.
TERCERO.- Que esta situación presupuestal necesariamente impactará el alcance social y la calidad de los servicios médicos, asistenciales, sociales y económicos, en perjuicio de los derechohabientes del Instituto que representan el 10% de la población nacional.
Por todo lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso esta Comisión de Salud y Seguridad Social del Senado de la República propone el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero.- Que conscientes de las limitaciones presupuestales y financieras, se exhorte a las autoridades del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a poner su mejor esfuerzo para hacer un uso racional de los recursos, evitar dispendios, combatir la ineficiencia y obtener el máximo beneficio para los derechohabientes.
Segundo.- Se haga un atento llamado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en el supuesto de que el crecimiento económico y los ingresos fiscales fuesen superiores a lo estimado, se destinen más recursos presupuestales a esta institución; y en el caso de llevar a cabo recortes al presupuesto público a lo largo del presente ejercicio, no se afecte al ISSSTE por el grave impacto social que esto conllevaría.
Sala de Comisiones, México, Distrito Federal,
a los 13 días del mes de febrero del 2002.
Sen. Elías Miguel Moreno Brizuela, Sen. Marco Antonio Xicoténcatl Reynoso, Sen. Miguel Angel Navarro Quintero, Sen. María del Carmen Ramírez García, Sen. Genaro Borrego Estrada, Dip. Juan Manuel Sepúlveda Fayad, Dip. Alfredo Ochoa Toledo, Dip. Ildefonso Guajardo Villarreal, Dip. María Miroslava García Suárez, Dip. Juan Carlos Regis Adame, Sen. José Ernesto Gil Elorduy, Sen. César Camacho Quiroz, Sen. Miguel Sadot Sánchez Carreño, Sen. Sara Castellanos Cortés (rúbricas).
(Turnada a la Tercera Comisión. Febrero 13 de 2002.)
CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE LA SECRETARIA DE GOBERNACION INTERVENGA ANTE LOS RECLAMOS DE LA CIUDADANIA Y LOS PARTIDOS POLITICOS, PERO DE MANERA INSTITUCIONAL, EN EL PROCESO ELECTORAL QUE SE ESTA DESARROLLANDO EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JOSE RODOLFO ESCUDERO BARRERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM, EN LA SESION DEL MIERCOLES 13 DE FEBRERO DE 2002
Bernardo de la Garza Herrera, Francisco Agundis Arias, José Antonio Arévalo González, Esveida Bravo Martínez, María Teresa Campoy Ruy Sánchez, Olga Patricia Chozas y Chozas, Diego Cobo Terrazas, Arturo Escobar y Vega, José Rodolfo Escudero Barrera, Sara Guadalupe Figueroa Canedo, Nicasia García Domínguez, Alejandro Rafael García Sainz Arena, María Cristina Moctezuma Lule, Julieta Prieto Fuhrken, Concepción Salazar González, Erika Elizabeth Spezia Maldonado, diputados de la LVIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrimos a solicitar se considere como de urgente y obvia resolución la siguiente proposición con punto de acuerdo:
Consideraciones
México siempre ha intentado perfeccionar su sistema electoral, procurando con ello que las instituciones políticas y electorales se encaucen de manera independiente y que al mismo tiempo que logren la adopción de instituciones, fórmulas y organismos que, congruentes con la cada vez más evidente apertura democrática, consoliden un sistema de democracia en todas las entidades del país.
La depuración de las dificultades y el rezago que aún conserva nuestro sistema político, ha ido rebasándose para permitir que la consolidación de dichas instituciones e instancias políticas, permitan la perpetuación de la vida plena en un sistema auténticamente democrático.
Ante ese avance democrático cada vez más consolidado que poco a poco ha impulsado la sociedad civil a través de los partidos políticos, la revisión de los procesos electorales que se realizan a lo largo y ancho de la República Mexicana deviene necesaria para que las decisiones de gobierno sean cuidadosamente revisadas, y no dirigidas unilateralmente.
Tal es el caso del proceso electoral que se realiza actualmente en el estado de Quintana Roo, en donde se renovarán el próximo 17 de febrero del año en curso, ocho ayuntamientos y 25 diputaciones locales, en el que, la Secretaría de Gobernación ha otorgado al Instituto Electoral de Quintana Roo 10 millones de pesos. Situación que nos parece por demás irregular, sin ninguna fiscalización por los órganos encargados en la materia.
La Secretaría de Gobernación debe participar de manera institucional fomentando un verdadero sistema político, que efectivamente procure la efectiva gobernabilidad para sus representados. Por ello, en este ejercicio político responsable, la dinámica de las instituciones nos impone el deber de censurar los supuestos que dañan las libertades democráticas y los mecanismos que dan viabilidad a nuestro sistema político.
La razón se impone y hace cada vez más evidente que no podemos permitir el regreso de viejas prácticas superadas, las cuales hicieron tremendo daño a las instituciones políticas del país.
La defensa del pueblo de México y de sus legítimas aspiraciones no se pueden ver frenadas por acciones que merman nuestro futuro como Nación y que desilusionan de toda noble aspiración política de los mexicanos.
No neguemos la oportunidad de demostrar la auténtica carrera política en la que los partidos políticos se han sumado sin regresar a las viejas prácticas lineales; por ello, no obstaculicen el desarrollo político del país, ni retrasen el ejercicio de las funciones democráticas con decisiones perjudiciales al futuro de México.
Por otra parte, reconocemos la labor desempeñada por la Secretaría de Gobernación en elecciones realizadas en otras entidades de nuestro país; pero, pareciera que estas actuaciones positivas sólo se circunscriben cuando existen posibilidades de triunfo para un instituto político que goza de cierta influencia en dicha Secretaría.
Por tanto, la aprobación de este acuerdo fortalecerá los legítimos intereses de la ciudadanía y conllevará a este Congreso a la responsabilidad y madurez que debemos mostrar al país.
Por ser de urgente resolución en virtud de que el proceso electoral concluirá el próximo 17 de febrero y es imperioso dotar a la nación de certidumbre jurídica y electoral, y de obvia resolución en virtud de que no podemos permitir que diversos factores empantanen los procesos electorales y perjudiquen la gobernabilidad en el estado de Quintana Roo.
Conforme a las anteriores consideraciones y argumentos, es que solicitamos al pleno de esta Comisión Permanente, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 67 y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se someta y vote el presente documento por tratarse de un asunto de obvia y urgente resolución, para que se acuerde:
Punto de Acuerdo
Primero.- Se mandata a la Secretaría de Gobernación para que explique a esta soberanía el origen y destino final de los 10 millones de pesos que entregó al Instituto Estatal Electoral del estado de Quintana Roo.
Segundo.- Se exhorta a la Secretaría de Gobernación en el ámbito de sus facultades, intervenga en el proceso electoral del estado de Quintana Roo ante el cúmulo de reclamos por parte de la ciudadanía y los partidos políticos, pero conduciéndose siempre de manera institucional.
Dado en el salón Legisladores de la República, sede de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 13 días del mes de febrero del año 2002.
Dip. José Rodolfo Escudero Barrera (rúbrica)
(Turnada a la Primera Comisión. Febrero 13 de 2002.)
CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A QUE DE CABAL CUMPLIMIENTO A LA RECOMENDACION EMITIDA POR LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, EN EL CASO DEL GENERAL JOSE FRANCISCO GALLARDO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JUAN CARLOS REGIS ADAME, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT, EN LA SESION DEL MIERCOLES 13 DE FEBRERO DE 2002
"Ni las normas ni los tribunales son por sí solos, suficiente garantía de protección de los derechos de los individuos y de cumplimiento de los deberes de los Estados. La garantía fundamental, radica en la cultura de los derechos humanos: una convicción de tal. A esa convicción se oponen muchos obstáculos, entre ellos, el autoritarismo, las injusticias, la demagogia, la ignorancia, los intereses creados, pero vale la pena enfrentarlos y vencerlos..."
Sergio García Ramírez
El día 14 de noviembre del año pasado la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, recomendó nuevamente al Gobierno de nuestro país, que se liberara de forma inmediata al General José Francisco Gallardo. No fue la única llamada de atención para México, otras más le precedieron, y es que en 1996, la Comisión Interamericana emitió el informe 43/96 donde estableció "que a través de la detención y sometimiento del General José Francisco Gallardo a las 16 investigaciones y 8 causas penales de manera continuada y sin propósito razonable, lógico y justificable, el Estado mexicano ha dejado de cumplir con su obligación de respetar y garantizar los derechos a la integridad personal, garantías judiciales, honra, dignidad y protección judicial del mencionado General Brigadier Francisco Gallardo Rodríguez."
Recluido en el penal de Neza Bordo, y purgando una condena de 28 años y 8 meses de prisión, sentenciado por el Consejo de Guerra, José Francisco Gallardo se convirtió en el único preso político o de conciencia que recordó a nuestro país, que las ignominias y complicidades de un sistema político no se callan ni se ocultan con detenciones arbitrarias, con violación flagrante a los derechos humanos, con incumplimientos reiterados ante la evidencia de la injusticia.
Debemos decir, que en el informe que emitió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no sólo se recomendó la libertad inmediata del General Francisco Gallardo sino también, que se investigue y se sancione a los responsables de la campaña de persecución, difamación y hostigamiento, además que se le pague una indemnización como reparación a las violaciones de las cuales ha sido víctima.
Determinaciones que respaldamos y exigimos su inmediato cumplimiento.
La liberación del General Gallardo, es la prueba contundente que las autoridades mexicanas actúan ineficazmente y que, aún cuando nuestro sistema judicial imparte una justicia a discreción que lo mismo condena sin elementos, que justifica y encubre la impunidad, existe una responsabilidad internacional para los Estados.
Terminó para el General Gallardo, el sueño perverso de ocho años de prisión, pero encuentra un país, no muy distinto del que dejó. Un Estado de derecho, donde el derecho es un elemento de justificación.
Ante ello, las Cortes de Justicia Internacional, surgen como la posibilidad de una eficaz impartición de justicia. Pero quedan algunas cuestiones que debemos considerar:
El proceso que se lleva a cabo ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, debe pasar, en primera instancia por la Comisión Interamericana, y a través de ella, turnar el caso a la Corte. El asunto del General Gallardo, llegó únicamente hasta la Comisión Interamericana, y de haber sido sometido a la jurisdicción de la Corte hubiese sido el primer asunto en el que México sería el país demandado, ya que aceptó su competencia en 1998.
La función de la Corte y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, abre la posibilidad de recurrir en instancias supranacionales, los asuntos de un país. Por ello, nos encontramos ante la necesidad de fortalecer sus determinaciones, y dotarlas de fuerza vinculatoria. Debemos sentar las bases legislativas, que permitan el acoplamiento del sistema judicial mexicano y la participación de una justicia internacional.
Porque, aún con la evidencia de una violación grave de los derechos del individuo, existe la posibilidad de que los sistemas jurídicos entren en colisión, al ser contradictorias -por ejemplo- una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En la jerarquía legislativa, la Constitución Política según lo dispone el artículo 133 está dotada de supremacía y primacía, y se encuentra por encima de cualquier ordenamiento legislativo, aún cuando, por jurisprudencia interpretativa de la Suprema Corte, se ubica a los tratados internacionales por encima de las leyes federales. En tal caso, de qué forma se justificaría legalmente la revocación o modificación de una sentencia que de acuerdo a nuestra normatividad nacional, adquiere el rango de cosa juzgada o más aún, cómo justificar que una ley ha sido declarada nula como en Perú con la determinación que dictara la Corte Interamericana en el asunto denominado "La última tentación de Cristo".
Sabemos que en la aplicación del Derecho de Gentes, los estados firmantes de los tratados, se obligan a adecuar su marco normativo, para hacerlo compatible con las determinaciones a las que se han sujetado. Sin embargo, en nuestra legislación no figura aún, la competencia de las Cortes de Justicia Internacional, como parte del sistema jurídico mexicano.
No se trata de suplantación de funciones sino al contrario, de una complementación en la impartición de justicia imparcial y objetiva.
Por otra parte, debemos reconocer que las cortes de justicia, van dejando de ser organismos protocolarios y poco creíbles, se va replanteando la necesidad de dirimir las controversias internacionales de una forma lícita y pacífica, cimentando una cultura de legalidad intencional, y descartando la posibilidad de recurrir a los medios bélicos.
Varios puntos quedan pendientes en el funcionamiento de la Corte Interamericana, que seguramente se irán perfeccionando: la necesidad de contar con un organismo que provea el cumplimiento y la ejecución de resoluciones, el fortalecimiento estructural, la simplificación procesal, que permita una impartición de justicia que no separe abismalmente la comisión de la infracción y la sentencia que ordene una reparación. Pero sobre todo, la posibilidad de que no se deje a la discreción de los Estados, la aceptación de la competencia de la Corte Interamericana, porque es inadmisible que Canadá y Estados Unidos en Latinoamérica, sean los únicos países que no se sometan a la jurisdicción de la Corte, y resulta que un gran número de violaciones a los derechos humanos, ocurren justamente en sus territorios.
Para nuestro país la historia no termina con la demandada liberación del General Gallardo, siguen los casos del ejido de Morelia, de la ejecución y tortura de tres personas en Altamirano, Chiapas, de la desaparición del teniente Miguel Orlando Muñoz, de la matanza de Aguas Blancas, de la detención ilegal y tortura de Reyes Penagos, Julieta Flores y Enrique Flores, así como el asesinato de Digna Ochoa.
¿Cuántos más se sumarán a la lista?
¿Hasta dónde la ineficacia del Gobierno Mexicano seguirá sumando víctimas?
¿Hasta cuándo esperaremos que las presiones internacionales sean las que descubran la cloaca de nuestro sistema político?
Compañeras y compañeros legisladores.
En el mundo se han dado de manera sistemática e ininterrumpida múltiples violaciones a los derechos humanos, en nuestro continente tan sólo recordaremos las realizadas por las dictaduras militares del Cono Sur, Chile, Argentina, Guatemala, entre otros países son muestra palpable de ello.
México no es, tampoco, la excepción; en días recientes un diario de circulación nacional El Universal a través de la publicación de una serie de fotografías nos ha confirmado lo que los mexicanos sabíamos, el 2 de octubre de 1968 se cometió un crimen de Estado en perjuicio de quienes asistieron a la realización de un mitin en la Plaza de Tlatelolco, este crimen de lesa humanidad no puede permanecer impune, el salvajismo de Estado de esa fecha no debe permanecer en el olvido, los autores intelectuales y materiales deben ser sujetos a proceso para determinar su responsabilidad.
En Europa el Tribunal Penal Internacional inició el proceso en contra de Slovodan Milosevic, acusado por cometer crímenes contra la humanidad, genocidio y violación de las leyes en tiempos de guerra. Los mexicanos no debemos esperar a que los tribunales internacionales sujeten a proceso a los criminales de octubre de 1968 y junio de 1971, sino que aquí se les debe juzgar.
Con fundamento en lo que se dispone en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos sometemos a la consideración de la honorable Comisión Permanente el siguiente:
Punto de Acuerdo
Artículo Unico. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita al C. Presidente de la República que dicte las medidas necesarias para que se dé cabal cumplimiento a la recomendación emitida por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en el caso del General José Francisco Gallardo, consistentes en el pago de los haberes caídos, el reconocimiento de su grado militar y protección para él y su familia.
Dip. Juan Carlos Regis Adame (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Febrero 13 de 2002.)
Reglamentos
INTERIOR DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS FINANZAS PUBLICAS DE LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNION
CAPÍTULO PRIMERO
DEL OBJETO Y ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAL
ARTÍCULO 1. El presente Reglamento Interior tiene por objeto establecer:
a) La organización y funcionamiento internos del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión;
b) Las normas a las que se deberá de sujetar la difusión de los resultados de las actividades de investigación del Centro; y
c) Sus relaciones con el Comité del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas como órgano de gobierno.
ARTÍCULO 2. Para efectos del presente Reglamento Interior se entiende por:
a) Cámara: La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.
b) Centro: El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas.
c) Comité: El Comité del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas.
d) Conferencia: La Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos.
e) Junta: La Junta de Coordinación Política.
f) Ley Orgánica: La Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
g) Programa: El Programa Anual de Trabajo que sea ratificado por el Comité a propuesta de la Secretaría General de la Cámara.
h) Reglamento: El Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
i) Reglamento Interior: El presente reglamento
ARTÍCULO 3.- El Centro es el órgano interno de la Cámara, adscrito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios y cuyo órgano de gobierno es el Comité, encargado de prestar servicios de apoyo técnico e información analítica en materia de finanzas públicas, de forma objetiva, imparcial y oportuna, para el cumplimiento de las funciones parlamentarias de las Comisiones, Comités, Grupos Parlamentarios y Diputados, conforme a los programas de trabajo aprobados por el Comité y acorde con los cánones de la investigación científica.
Cualquier conflicto derivado de la interpretación del presente Reglamento Interior, será resuelto por el Comité en única instancia y la resolución que en su momento se dicte, no admitirá recurso alguno.
ARTÍCULO 4. El Centro está encargado de aportar elementos que perfeccionen las técnicas, amplíen los instrumentos de análisis y apoyen el desarrollo de las tareas parlamentarias de las Comisiones, Comités, Grupos Parlamentarios y Diputados, con conocimiento de la elaboración de análisis, estudios, proyecciones, cálculos e investigaciones, así como del manejo y organización de información estadística y documental en materia de finanzas públicas y economía.
ARTÍCULO 5. Las funciones, responsabilidades y tareas que el Centro tiene asignadas, se inscriben dentro de lo dispuesto por la Ley Orgánica, del Acuerdo Parlamentario para la creación de la Unidad de Estudios de Finanzas Públicas, del Estatuto, en lo que resulte aplicable, y del Acuerdo por el que se crea el Comité del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas.
ARTÍCULO 6.- Para el cumplimiento de las atribuciones conferidas al Centro, establecidas en principio en el Acuerdo Parlamentario que crea la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas y posteriormente, en el Estatuto de la Organización Técnica y Administrativa y del Servicio de Carrera de la Cámara de Diputados, el Centro contará con las siguientes unidades administrativas:
I. Dirección General del Centro.
II. Dirección de Estudios Hacendarios.
III. Dirección de Estudios del Presupuesto y Gasto Público.
IV. Dirección de Estudios Macroeconómicos y Sectoriales.
V. Dirección de Tecnologías y Sistemas de Información.
VI. Coordinación de Asesores.
VII. Coordinación Administrativa.
VIII. Secretaría Particular.
Las Direcciones mencionadas en las fracciones II, III, IV y V, estarán a cargo de un Director de Área respectivamente, el cual se sujetará, por lo que se refiere a la selección, promoción y designación, a lo dispuesto por el artículo 21 del presente Reglamento Interior.
Cada una de las Direcciones de Área, contará con el número de investigadores que permita el presupuesto asignado al Centro.
CAPÍTULO SEGUNDO
DE LAS ATRIBUCIONES Y FUNCIONES
ARTÍCULO 7.- Al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas se le han asignado las tareas y funciones siguientes:
I.- Analizar los informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda que presenta trimestralmente el Poder Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados y presentar reporte a la misma, con conocimiento del Comité, sobre los resultados de dichos análisis;
II.- Analizar el informe anual de acciones y resultados de la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo en los aspectos relacionados con las finanzas públicas, así como el contenido de éste al inicio del período presidencial y dar cuenta a la Cámara de tales trabajos por medio de las comisiones con competencia en estos aspectos y con conocimiento del Comité;
III.- Analizar las iniciativas de Presupuesto, Ley de Ingresos, leyes fiscales y Criterios Generales de Política Económica que presente el Ejecutivo a la Cámara, así como el informe y las Tarifas de Comercio Exterior y en general, sobre los aspectos comprendidos en el segundo párrafo del Artículo 131 constitucional que presente el mismo Ejecutivo. El Centro recibirá las iniciativas mencionadas por conducto de las comisiones correspondientes de la Cámara y hará del conocimiento del Comité dicha situación;
IV.- Elaborar los análisis, proyecciones y cálculos que le sean requeridos por las comisiones con conocimiento del Comité, sobre el tema de finanzas públicas;
V.- Proporcionar a las comisiones de la Cámara, a los comités, a los grupos parlamentarios y a los diputados, con conocimiento del Comité, la información que requieran para el ejercicio de sus funciones constitucionales en materia de finanzas públicas;
VI.- Recabar y organizar la información de carácter económico, procedente de organismos públicos y privados, para hacer accesible la misma a la Cámara y a sus diversas comisiones y grupos parlamentarios;
VII.- Solicitar a la Entidad de Fiscalización Superior de la Federación, la información que estime necesaria, con conocimiento del Comité y con autorización expresa del pleno de la comisión de la Cámara que se coordina con ella;
VIII.- Realizar estudios sobre los temas directamente relacionados con las finanzas públicas, abarcando los que por su naturaleza tengan relación con éstos, a petición de las comisiones, comités, grupos parlamentarios o diputados de la Cámara o por iniciativa propia, con el conocimiento del Comité;
IX.- Participar en foros y congresos, así como en las actividades de capacitación que comprende la formación, actualización y especialización del personal de la Cámara, previo conocimiento del Comité;
X.- Llevar el archivo de las copias de los informes sobres las finanzas y deuda pública que envíe el Ejecutivo a la Cámara, así como de las copias de todos los documentos económicos que sean remitidos a ésta última y proporcionar al subsistema de documentación e informática de la Cámara el acceso a dicho archivo, con conocimiento de los procedimientos técnicos adecuados;
XI.- Procesar la información de su especialidad que se integrará al Subsistema de Informática y Estadística Parlamentarias; y
XII.- Presentar a la consideración del Comité los requerimientos presupuestales para el desempeño de sus funciones, a efecto de que el mismo, previo su análisis, discusión y aprobación, lo presente ante la Junta, a efecto de que se considere en el anteproyecto de presupuesto de la Cámara.
CAPÍTULO TERCERO
DE LAS FUNCIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS
ARTÍCULO 8.- Al Director General del Centro, le corresponden las tareas siguientes:
I.- Dirigir los trabajos a su cargo, conforme a las disposiciones de los ordenamientos aplicables vigentes, el Programa aprobado por el Comité, y los acuerdos de éste;
II.- Formular, con base a las políticas y criterios establecidas por el Comité, el proyecto del programa anual de trabajo, considerando las sugerencias, necesidades y prioridades del trabajo legislativo manifestadas por la Conferencia y las comisiones y comités de la Cámara, para que previo su envío al Secretario General de la Cámara, o en su defecto al órgano que designe la Conferencia, sea sometido ante el Comité para su aprobación;
III.- Acordar con el Comité y, por delegación de éste, con las Secretarías de Servicios de la Cámara y sus áreas, los asuntos de su competencia;
IV.- Presentar al Comité, un informe trimestral y anual de las actividades realizadas por el Centro. Dicho informe, deberá contener una relación de todos los documentos emitidos por el Centro durante el periodo que se trate, así como las solicitudes de apoyo técnico e información analítica de las comisiones, comités, grupos parlamentarios y diputados atendidas. Asimismo, los informes deberán contener el avance y vinculación de las actividades desarrolladas por el Centro respecto del Programa aprobado por el Comité.
Los informes a los que se refiere la presente fracción, serán enviados por el Comité a la Junta para su conocimiento;
V.- Realizar lo conducente para la buena organización y funcionamiento del Centro, vigilando en todo momento que lo dispuesto por el presente Reglamento Interior se cumpla;
VI.- Participar en aquellas acciones institucionales cuya materia sea afín a los objetivos del órgano a su cargo, que no estén reservadas a los legisladores, órganos de gobierno, comisiones o comités;
VII.- Promover ante el Comité la celebración de convenios de colaboración o intercambio con instituciones afines; los cuáles serán realizados a través del Comité y previa la delegación a éste de la representación legal de la Cámara por el Presidente de la Mesa Directiva;
VIII.- Diseñar, en coordinación con los centros de estudios y otras áreas, proyectos de investigación que permitan conformar equipos multidisciplinarios para diversificar los esquemas de trabajo, racionalizar el uso de los recursos disponibles y operar mecanismos de impulso a investigaciones con criterios de utilidad y servicio a la Cámara;
IX.- Difundir, conforme a las normas, lineamientos y acuerdos aplicables, los resultados de investigación hacia el interior de la Cámara de Diputados;
X.- Velar por la adecuada integración, actualización y reserva de las bases de datos generadas en la actividad de investigación; y
XI.- Las demás que deriven de los ordenamientos aplicables vigentes y de las políticas y lineamentos establecidos por el Comité.
ARTÍCULO 9.- A la Dirección de Estudios Hacendarios le corresponden las tareas siguientes:
I. Analizar, en el ámbito de su competencia, los documentos que el Ejecutivo Federal envía a la H. Cámara de Diputados, y presentar los reportes sobre los resultados del análisis a los ingresos públicos, la deuda pública y el financiamiento del balance fiscal al Director General del Centro, quien a su vez los hará del conocimiento del Comité;
II. Realizar los trabajos de revisión y análisis a las iniciativas de carácter fiscal, que envíe el Ejecutivo Federal al H. Congreso de la Unión para su revisión, análisis, dictamen, aprobación y entrada en vigor;
III. Coordinar la realización de estudios e investigaciones sobre temas relacionados directamente con los ingresos públicos, la deuda pública y los requerimientos financieros del sector público, tanto a petición de las Comisiones de la Cámara como por iniciativa propia, previo el conocimiento y autorización del Director General del Centro, quien a su vez informará de dichos estudios e investigaciones al Comité;
IV. Recibir, analizar y proporcionar la información que en el ámbito hacendario sea requerida por la Comisiones, Grupos Parlamentarios y Diputados, llevando un registro de peticiones recibidas y atendidas, y previo el conocimiento del Comité;
V. Diseñar, construir y operar herramientas econométricas y estadísticas que permitan realizar proyecciones y cálculos de distintos indicadores fiscales, a fin de mejorar la calidad de los documentos y análisis que se elaboren;
VI. Coordinar los trabajos de recopilación, organización y sistematización de información estadística y documental de fuentes primarias, así como mantener actualizados los bancos de datos en materia de ingresos y deuda pública;
VII. Participar en las labores de asesoría que, por instrucciones del Director General del Centro y con conocimiento del Comité, se brinden a Comisiones, Grupos Parlamentarios y Diputados, en las áreas de ingresos y deuda pública;
VIII. Asistir a las reuniones de las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y aquellas relacionadas con su Área, con el propósito de conocer los puntos de interés de los Diputados y retroalimentar los proyectos de investigación que se realizan. En dichas reuniones, el Director no podrá hacer pronunciamientos a nombre del Centro sobre algún tema en particular y sin que exista previo conocimiento del Comité. Las opiniones que en su momento se llegaren a realizar, serán a título personal y bajo su propia responsabilidad;
IX. Participar en las labores de difusión de las actividades y trabajos que realiza el Centro de Estudios, así como en la coordinación e impartición de seminarios, cursos y conferencias sobre temas hacendarios que sean requeridos por las Comisiones de la Cámara o que se realicen por iniciativa del propio Centro de Estudios, con el conocimiento del Comité;
X. Proponer al Director General los términos que se estimen convenientes para el establecimiento de convenios de colaboración institucional que formalice el Centro a través del Comité con instituciones académicas, de investigación y organismos públicos y privados, nacionales e internacionales;
XI. Diseñar y proponer, para su aprobación, el programa anual de actividades de su área, así como realizar de forma trimestral un informe sobre el grado de avance que se registre, mismo que formará parte del informe trimestral que el Director General del Centro rinda ante el Comité;
XII. Coordinar la integración de un archivo documental sobre temas relacionados con el ámbito hacendario;
XIII. Participar conjuntamente con las Direcciones que integran el Centro, en la elaboración del Boletín Informativo del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, que se publicará en forma electrónica e impresa para su difusión de acuerdo a las normas y políticas vigentes aplicables;
XIV. Evaluar permanentemente el desempeño del personal a su cargo, así como apoyar las entrevistas y aplicación de exámenes técnicos a candidatos propuestos a ocupar vacantes en su estructura, que cumplan con las normas y requisitos que para tal efecto establece la Cámara y el perfil que requiere el Centro, a fin de coadyuvar con las labores que en la materia tiene el Comité; y
XV. Las demás que se deriven de los ordenamientos, normas, disposiciones y acuerdos vigentes, aplicables para el Centro en lo que respecta al área de su competencia.
ARTÍCULO 10.- A la Dirección de Estudios del Presupuesto y Gasto Público le corresponden las tareas siguientes:
I.- Analizar las iniciativas de Ley en materia de economía y finanzas, y aquellas que por su carácter tengan relevancia en los aspectos relativos al presupuesto y gasto público;
II.-Analizar los informes trimestrales, anuales y de coyuntura que envía el Ejecutivo a la Cámara sobre la situación económica, las finanzas públicas, la deuda y sobre las acciones y resultados de ejecución del Plan Nacional de Desarrollo en los aspectos relacionados con el presupuesto y gasto públicos;
III.- Elaborar los estudios, análisis, proyecciones y cálculos que le sean requeridos por el Director General del Centro a solicitud de las comisiones, comités, grupos parlamentarios y diputados, o por necesidades propias del Centro y con el conocimiento del Comité;
IV.- Revisar, conjuntamente con el Director General del Centro, que los documentos generados, derivados de lo citado en el punto anterior, cumplan con los estándares y normas de calidad, previo a su envío, con conocimiento del Comité, a la instancia que requirió dicha información;
V.- Recabar y organizar la información de carácter económico relativa al presupuesto y gasto público, procedentes de organismos públicos y privados, así como hacer accesible la misma, por acuerdo del Director General del Centro y con conocimiento del Comité, a las diversas comisiones, comités, grupos parlamentarios y diputados, que requieran del uso de ésta;
VI.- Proponer al Director General del Centro la realización de estudios sobre temas directamente relacionados con el presupuesto y gasto público, así como sobre aquellos temas que tengan alguna relación con éstos.
Los estudios sólo podrán realizarse, previa autorización del Director General del Centro y con conocimiento del Comité, en tanto los mismos no distraigan las labores de la dirección, respecto del cumplimiento de lo establecido en el Programa aprobado por el Comité o de los estudios coyunturales ordenados por el mismo;
VII.- Participar mediante acuerdo con el Director General del Centro, en foros, congresos, seminarios y actividades similares, así como en las actividades de capacitación que requiera la Cámara en el proceso de formación, actualización y especialización del personal de la misma;
VIII.- Participar conjuntamente con el Director General del Centro y con las diversas áreas que lo conforman, en la elaboración del Programa, y en lo que compete a su área;
IX.- Participar conjuntamente con las Direcciones que integran el Centro, en la elaboración del Boletín Informativo del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, que se publicará en forma electrónica e impresa, para su difusión de acuerdo a las normas y políticas vigentes aplicables;
X.- Evaluar permanentemente el desempeño del personal a su cargo, así como apoyar las entrevistas y aplicación de exámenes técnicos a candidatos propuestos a ocupar vacantes en su estructura, que cumplan con las normas y requisitos que para tal efecto establece la Cámara y el perfil que requiere el Centro, a fin de coadyuvar con las labores que en la materia tiene el Comité; y
XI.-Las demás que se deriven de los ordenamientos, normas, disposiciones y acuerdos vigentes, aplicables para el Centro en lo que respecta al área de su competencia.
ARTÍCULO 11.- A la Dirección de Estudios Macroeconómicos y Sectoriales le corresponden las tareas siguientes:
I.-Analizar los informes trimestrales, anuales y de coyuntura que envía el Ejecutivo a la Cámara sobre la situación económica, las finanzas públicas, la deuda y sobre las acciones y resultados de ejecución del Plan Nacional de Desarrollo en los aspectos relacionados con la macroeconomía y los sectores económicos;
II.- Analizar los criterios Generales de Política Económica, el Informe de las Tarifas de Comercio Exterior y otros documentos de carácter económico que turne el Ejecutivo Federal a la H. Cámara de Diputados;
III.- Elaborar los análisis, proyecciones y cálculos que le sean requeridos por el Director General del Centro a solicitud de las comisiones, comités, grupos parlamentarios y diputados, o por iniciativa propia del Centro;
IV.- Revisar, conjuntamente con el Director General del Centro, que los documentos generados, derivados de lo citado en el punto anterior, cumplan con los estándares y normas de calidad, previo a su envío, con conocimiento del Comité, a la instancia que requirió dicha información;
V.- Recabar y organizar la información de carácter macroeconómico y relativa a los sectores económicos, procedentes de organismos públicos y privados, así como hacer accesible la misma, por acuerdo del Director General del Centro y con conocimiento del Comité, a las diversas comisiones, comités, grupos parlamentarios y diputados, que requieran del uso de ésta;
VI.- Proponer al Director General del Centro la realización de estudios sobre temas directamente relacionados con la macroeconomía y los sectores económicos, así como sobre aquellos temas que tengan alguna relación con éstos;
Los estudios sólo podrán realizarse, previa autorización del Director General del Centro y con conocimiento del Comité, en tanto los mismos no distraigan las labores de la dirección, respecto del cumplimiento de lo establecido en el Programa aprobado por el Comité o de los estudios coyunturales ordenados por el mismo;
VII.- Participar mediante acuerdo con el Director General del Centro, en foros y congresos, así como en las actividades de capacitación que requiera la Cámara en el proceso de formación actualización y especialización de los funcionarios de la misma;
VIII.- Participar conjuntamente con el Director General del Centro y las diversas áreas que lo conforman, en la elaboración del Programa, y en lo que compete a su área;
IX.- Participar conjuntamente con las Direcciones que integran el Centro, en la elaboración del Boletín Informativo del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, que se publicará en forma electrónica e impresa, para su difusión de acuerdo a las normas y políticas vigentes aplicables;
X.- Evaluar permanentemente el desempeño del personal a su cargo, así como apoyar las entrevistas y aplicación de exámenes técnicos a candidatos propuestos a ocupar vacantes en su estructura, que cumplan con las normas y requisitos que para tal efecto establece la Cámara y el perfil que requiere el Centro, a fin de coadyuvar con las labores que en la materia tiene el Comité; y
XI.-Las demás que se deriven de los ordenamientos, normas, disposiciones y acuerdos vigentes, aplicables para el Centro en lo que respecta al área de su competencia.
ARTÍCULO 12.- A la Dirección de Tecnologías y Sistemas de Información le corresponden las tareas siguientes:
I.- Revisar conjuntamente con el Director General del Centro, la Coordinación de Asesores y los Directores de Área, la presentación de los documentos generados, a fin de llevar a cabo los trabajos de edición y formato, previo a su envío, con conocimiento del Comité, a la instancia que requirió dicha información;
II.- Recabar, organizar, conciliar y resguardar las bases de datos del Centro, procedentes de organismos públicos y privados, así como de las mismas áreas del Centro y hacerlas accesibles, por acuerdo del Director General del Centro y con conocimiento del Comité, a las diversas comisiones, comités, grupos parlamentarios y diputados, que requieran del uso de éstas;
III.- Proponer al Director General del Centro, la adquisición de nuevas tecnologías en sistemas de informática y procesamiento de datos, requeridas para proporcionar a las comisiones, comités, grupos parlamentarios y diputados los documentos de análisis solicitados con la calidad y oportunidad que revisten los temas de la agenda legislativa en materia de finanzas públicas, a fin de que dicha adquisición se someta a consideración del Comité;
IV.- Actualizar y proporcionar a los Diputados, por acuerdo del Director General del Centro y con conocimiento del Comité, las claves de acceso a la Red de Intranet, para la consulta directa de la información de los documentos generados por el Centro;
V.- Diseñar, actualizar y dar mantenimiento a la página electrónica del Centro;
V.- Participar mediante acuerdo con el Director General del Centro y con conocimiento del Comité, en foros y congresos, así como en las actividades de capacitación que requiera la Cámara en el proceso de formación actualización y especialización del personal de la misma;
VII.- Participar conjuntamente con el Director General del Centro y las diversas áreas que lo conforman, en la elaboración del Programa, y en lo que compete a su área;
VIII.- Llevar a cabo el trabajo de edición del Boletín Informativo del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas y subirlo al Intranet para su difusión de acuerdo a las normas y políticas vigentes aplicables;
IX.- Evaluar permanentemente el desempeño del personal a su cargo, así como apoyar las entrevistas y aplicación de exámenes técnicos a candidatos propuestos a ocupar vacantes en su estructura, que cumplan con las normas y requisitos que para tal efecto establece la Cámara y el perfil que requiere el Centro, a fin de coadyuvar con las labores que en la materia tiene el Comité; y
X.-Las demás que se deriven de los ordenamientos, normas, disposiciones y acuerdos vigentes, aplicables para el Centro en lo que respecta al área de su competencia.
ARTÍCULO 13.- A la Coordinación de Asesores le corresponden las tareas siguientes:
I.- Elaborar los análisis, proyecciones y cálculos que le sean requeridos por el Director General del Centro a solicitud de las comisiones, comités, grupos parlamentarios y diputados, o por iniciativa propia del Centro y con el conocimiento del Comité;
II. Elaborar los análisis y notas técnicas requeridas por el Director General del Centro, sobre temas que por su naturaleza o urgencia no puedan ser atendidos por las Direcciones;
III.- Apoyar la coordinación de trabajo entre las diferentes direcciones, en situaciones en las que se requiera su participación conjunta, y elaborar el estudio final con base a los estándares y normas de calidad, a solicitud del Director General del Centro y con conocimiento del Comité;
IV.- Impulsar y promover ante el Director General del Centro, las relaciones interinstitucionales de éste, tanto al interior de la H. Cámara de Diputados, como con organizaciones nacionales e internacionales, para que a su vez, el Director General lo someta a consideración del Comité;
V.- Llevar a cabo análisis de coyuntura y prospectivos que le permitan al Director General del Centro conocer el estado que guardan las finanzas públicas nacionales e internacionales, así como escenarios de mediano plazo, con la finalidad de proponer al Comité líneas de investigación.
VI.- Participar mediante acuerdo con el Director General del Centro y con conocimiento del Comité, en foros y congresos, así como en las actividades de capacitación que requiera la Cámara en el proceso de formación actualización y especialización del personal de la misma;
VII.- Participar conjuntamente con el Director General del Centro y las diversas áreas que lo conforman, en la elaboración del Programa en lo que compete a su área;
VIII.- Revisar e integrar el Boletín Informativo del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas con base en las normas y estándares de calidad, el cual se publicará en forma electrónica e impresa, para su difusión de acuerdo a las normas y políticas vigentes aplicables; y
IX.-Las demás que se deriven de los ordenamientos, normas, disposiciones y acuerdos vigentes, aplicables para el Centro en lo que respecta al área de su competencia.
ARTÍCULO 14.- A la Coordinación Administrativa le corresponden las tareas siguientes:
I.- Elaborar los cálculos necesarios sobre los requerimientos presupuestales anuales para el desempeño de las funciones asignadas al Centro y presentarlo al Director General del Centro, quien a su vez lo presentará ante el Comité;
II.- Participar conjuntamente con el Director General del Centro y las diversas áreas que lo conforman, en la elaboración del Programa, y en lo que compete a su área;
III.- Establecer medidas para optimizar y eficientar el uso de los recursos materiales disponibles y asignados anualmente al Centro;
IV.- Gestionar y agilizar todos los asuntos de carácter administrativo y operativo del personal del Centro, que no se refieran al nombramiento, selección, promoción y remoción del personal a que se refieren las fracciones II, III, IV y V del artículo 6 del presente Reglamento Interior, ante las diversas instancias correspondientes de la Cámara y con conocimiento del Comité;
V.- Coordinar y supervisar la prestación de los servicios de apoyo administrativo que las áreas responsables de la Cámara, proporcionan por conducto de prestadores externos y por personal directo;
VI.- Establecer y llevar los registros de asistencia del personal del Centro, así como los controles relativos al calendario de los períodos vacacionales a que tiene derecho el personal.
Dichos registros, deberán formar parte de los informes que el Director General del Centro rinda ante el Comité;
VII.- Gestionar ante las áreas competentes de Cámara lo relativo a las prestaciones de Ley que se otorgan al personal;
VIII.- Promover y difundir los diversos cursos de capacitación que proporciona la Cámara para la formación, actualización y especialización de los funcionarios de la misma;
IX.- Gestionar ante las áreas competentes de Cámara, los bienes y materiales de uso frecuente que se requieren para la elaboración de los diversos documentos que se generan en el Centro, coordinando su envío a las comisiones, comités, grupos parlamentarios y diputados que los solicitaron;
De igual forma, el Coordinador Administrativo se encargará del envío de los documentos en cuestión a la Dirección de Bibliotecas de la Cámara, a fin de que los mismos se encuentren a disposición de las Comisiones, Comités, Grupos Parlamentarios y Diputados;
X.- Coordinar y supervisar la presencia de los prestadores del Servicio Social, así como su asignación a las diversas áreas que conforman el Centro, con base a los perfiles requeridos; y
XI.-Las demás que se deriven de los ordenamientos, normas, disposiciones y acuerdos vigentes, aplicables para el Centro en lo que respecta al área de su competencia.
ARTÍCULO 15.- A la Secretaría Particular le corresponden las tareas siguientes:
I.- Participar conjuntamente con el Director General del Centro y las diversas áreas que lo conforman, en la elaboración del Programa, y en lo que compete a su área;
II.- Coordinar la ejecución de la agenda del Director General del Centro y concertar, por acuerdo del mismo, los encuentros y entrevistas con las personalidades de los sectores públicos y privados relacionados con las finanzas públicas, que de acuerdo a las políticas y normas establecidas por el Comité, sean factibles;
III.- Coordinar y supervisar los trabajos de apoyo administrativo que requiere la Oficina del Director General para el cumplimiento de las funciones asignadas al Centro;
IV.- Coordinar y supervisar la difusión de los documentos elaborados por el Centro al interior de la Cámara de Diputados, por acuerdo del Director General y con base a los ordenamientos vigentes aplicables;
V.- Llevar el registro y seguimiento de las solicitudes de análisis y documentos requeridos al Centro por las comisiones, comités, grupos parlamentarios y diputados, el cual formará parte de los informes que el Director General del Centro presente ante el Comité;
VI.- Llevar el inventario de los documentos elaborados por el Centro para su distribución a quien se requiera, así como prever la existencia de una reserva mínima para atender futuras necesidades;
VII.- Coordinar y gestionar lo necesario para la realización de los eventos de trabajo que presida el Comité o en su caso el Director General del Centro con el personal de las áreas que lo integran, así como con integrantes de las Comisiones, Comités, Grupos Parlamentarios y Diputados, tanto en la sala de juntas del Centro, como en otros espacios externos;
VIII.- Coordinar y supervisar la impresión en otras áreas de Cámara, de los diversos documentos elaborados por el Centro, que se distribuirán, con conocimiento del Comité, a las Comisiones, Comités, Grupos Parlamentarios y Diputados, como apoyo para facilitar sus labores legislativas; y
IX.-Las demás que se deriven de los ordenamientos, normas, disposiciones y acuerdos vigentes, aplicables para el Centro en lo que respecta al área de su competencia.
CAPÍTULO CUARTO
DE LOS DOCUMENTOS Y SU PROCEDIMIENTO
ARTÍCULO 16.- Los análisis a los informes trimestrales del Ejecutivo sobre la situación económica, las finanzas públicas y deuda pública, así como los referentes a la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, que el Centro elabora, serán entregados oportunamente a las Comisiones, Comités, Grupos Parlamentarios y Diputados, así como a la Junta de Coordinación Política con conocimiento del Comité del Centro.
ARTÍCULO 17. De cada uno de los documentos que el Centro elabore, se guardarán 10 copias para el archivo que al efecto lleve el Centro, así como se enviarán en igual cantidad a la Dirección de Bibliotecas de la Cámara, a efecto de que los mismos puedan ser consultados por las Comisiones, Comités, Grupos Parlamentarios, Diputados y Público en General.
De igual forma, se enviarán 10 ejemplares a la Dirección del Archivo de la Cámara, a fin de que la misma los integre, registre, clasifique y custodie, de manera que cumpla con las atribuciones que le confiere el artículo 31 del Estatuto.
Las Comisiones, Comités, Grupos Parlamentarios y Diputados, podrán acudir indistintamente al Centro o a las Direcciones de Bibliotecas o Archivo para solicitar un documento, siempre que entre la fecha de elaboración del mismo y la solicitud, no haya transcurrido un lapso superior a 6 meses.
Transcurrido ese lapso, deberán acudir a la Biblioteca o a la Dirección del Archivo de la Cámara a efecto de consultar dichos documentos.
ARTÍCULO 18. Para el archivo, custodia y consulta de los documentos que el Centro produzca, así como de los que en su caso éste adquiera o sean hechos llegar por Instituciones públicas o privadas, el Centro contará dentro de su estructura interna con un Centro de Documentación.
Dicho Centro de Documentación, adoptará las medidas pertinentes y los procesos técnicos que correspondan, a fin de coordinar el préstamo de los documentos al interior del Centro.
ARTÍCULO 19.- Los análisis puntuales que el Centro elabora a solicitud expresa de los Diputados, serán entregados oportunamente y a partir de ese momento se pondrán a disposición de todos los diputados a través del Intranet.
ARTÍCULO 20.- Los documentos que elabora el Centro, se pondrán a disposición del público en la página electrónica, salvo aquellos que por su naturaleza el Comité marque como reservados.
CAPÍTULO QUINTO
DE LA SELECCIÓN DEL PERSONAL
ARTÍCULO 21.- Todo lo relativo al reclutamiento, selección y, en su caso, designación de funcionarios que ocupen las plazas de Directores de Proyecto e Investigadores adscritos al Centro, se regirá por lo dispuesto en el Acuerdo de la Conferencia de fecha 16 de mayo de 2001, así como por los Lineamientos expedidos por la Junta de Apoyo Administrativo de fecha 25 de septiembre de 2001, en tanto se revisa o se aplica el Estatuto.
En todos los casos, el Comité tendrá la facultad a que hace referencia el inciso b) artículo cuarto del Acuerdo por el que se Constituye el Comité del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la LVIII Legislatura.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
UNICO.- El presente Reglamento Interior, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Parlamentaria.
Palacio Legislativo de San Lázaro,
a los 6 días del mes de diciembre de 2001.
Diputados: Moisés Alcalde Virgen (rúbrica), Martín Hugo Solís Alatorre (rúbrica), José María Tejeda Vázquez, José Manuel Medellín Milàn, Jorge A. Chávez Presa (rúbrica), Florentino Castro López, Miroslava María Suárez García (rúbrica), Rosalinda López Hernández (rúbrica), Bernardo de la Garza Herrera, Rosa Delia Cota Montaño (rúbrica).
