---

Acuerdos 

---

DE LA CONFERENCIA PARA LA DIRECCION Y PROGRAMACION DE LOS TRABAJOS LEGISLATIVOS, SOBRE LA TOMA DE PROTESTA DEL DIPUTADO ERIC EBER VILLANUEVA MUKUL COMO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS

Para los efectos del Acuerdo Político publicado el 6 de septiembre de 2002, la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos:

ACUERDA

La Diputada Beatriz Paredes Rangel concluirá su responsabilidad como Presidenta de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados al término de este Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio de la LVIII Legislatura.

Al final del Periodo de Sesiones Ordinarias, de manera inmediata se tomará la protesta al C. Diputado Eric Eber Villanueva Mukul como Presidente de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados, cargo que desempeñará desde el término de dicho periodo, hasta el 14 de marzo de 2003.

Los otros puntos del referido Acuerdo Político publicado el 6 de septiembre de 2002 se instrumentarán en su oportunidad.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de diciembre de 2002.

Dip. Beatriz Paredes Rangel (rúbrica)
Presidenta

Dip. Martí Batres Guadarrama (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del PRD

Dip. Rafael Rodríguez Barrera (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del PRI

Dip. Felipe Calderón Hinojosa (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN

Dip. Bernardo de la Garza Herrera
Coordinador del Grupo Parlamentario del PVEM

Dip. Alberto Anaya Gutiérrez (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del PT
 
 
 
 
 
 
 
 

---

Comunicaciones 

---

DE LA JUNTA DE COORDINACION POLITICA

Palacio Legislativo, México, DF, a 15 de diciembre de 2002.

Dip. Beatriz Paredes Rangel

Con fundamento en el artículo 34, numeral 1, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y a solicitud del diputado Rafael Rodríguez Barrera, coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, me permito solicitar a usted, la modificación en la integración de la siguiente Comisión:

* Que la diputada Beatriz Paredes Rangel se integre, a partir del día 16 de diciembre de 2002, a las Comisiones del Distrito Federal, de Gobernación y Seguridad Pública, y de Relaciones Exteriores.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente
Dip. Martí Batres Guadarrama (rúbrica)
Presidente

(De enterado. Diciembre 15 de 2002.)
 
 
 
 
 
 
 

---

Excitativas 

---

PRESENTADA POR EL DIPUTADO VICTOR EMANUEL DIAZ PALACIOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El que suscribe, en mi calidad de diputado federal a la LVIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 87, 21, fracción XVI, y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito respetuosamente de esta Presidencia, tenga a bien formular una excitativa a las Comisiones de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, y de Relaciones Exteriores, a efecto de que dictaminen a la brevedad para su presentación ante el Pleno de este órgano legislativo, la iniciativa de Ley sobre Derechos de los Migrantes.

Antecedentes

El día 12 de noviembre de 2002, a nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, se presentó ante el Pleno de esta H. Cámara la iniciativa de Ley sobre Derechos de los Migrantes, y es la fecha en que no se ha emitido el dictamen correspondiente.

La política migratoria en México es una de las expresiones esenciales de la soberanía nacional. En el actual momento que vive la nación, una política migratoria realista y dinámica, está orientada a promover el desarrollo económico, con justicia social.

Las disposiciones contempladas en la Ley sobre Derechos de los Migrantes tendrán que ser de orden público y de observancia general en toda la República. Su objeto es establecer los derechos de que gozan los migrantes dentro del territorio nacional. La problemática migratoria que se vive actualmente en México, está íntimamente ligada a la realidad social e implica riesgos y tensiones que se dan tanto en la frontera norte como en la sur. Ello significa una atención más rigurosa a los derechos humanos y laborales de los migrantes, pero al mismo tiempo, el respeto a la soberanía de los estados fronterizos de la República, contando con su cooperación e identidad con la política migratoria nacional. Al mismo tiempo requiere del cumplimiento de la legislación económica, de desarrollo social y de los tratados internacionales suscritos por México.

Es cierto que la modernización del Estado de derecho se sustenta en conjugar la humanización y eficiencia de la política migratoria, con su normatividad. De ahí que el artículo 30 constitucional, que define la nacionalidad mexicana, es muy claro que se adquiere por nacimiento o por naturalización.

Lo mismo que el artículo 32, señala que los mexicanos serán preferidos a los extranjeros, en igualdad de circunstancias, para toda clase de concesiones y empleos.

Por su parte, el artículo 33, señala que los extranjeros tienen derecho a las garantías que otorga la Constitución, pero no podrán, de ninguna manera, inmiscuirse en los asuntos políticos del país.

De estos principios fundamentales se derivan las leyes y reglamentos de la política migratoria como lo son: la Ley General de Población, la Ley Orgánica de la Administración Pública y la Ley de Nacionalidad, para situar a las tres principales. La primera establece que el Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Gobernación, promoverá y coordinará las medidas adecuadas para resolver los problemas demográficos nacionales.

Es necesario en este sentido que las detenciones y deportaciones de indocumentados extranjeros, en nuestra frontera sur se lleve a cabo en estricto apego a los derechos humanos y a las leyes del país.

Por ello necesitamos un marco jurídico moderno que responda a los retos de una sociedad internacional cada vez más plural y que incrementa el flujo de personas de todos niveles.

Con este marco jurídico que se está proponiendo, así como con la capacitación de nuestro personal, unidos a la ética y responsabilidad de los servidores públicos, se podrán hacer efectivos los propósitos de cumplir la ley, de promover una sana política migratoria, que realmente fortalezca el desarrollo del país, en el actual proceso de globalización internacional.

La complejidad y naturaleza multifacética de los flujos migratorios internacionales, exigen respuestas y soluciones que tomen debidamente en cuenta esas peculiaridades. Para México está claro que un fenómeno con estas características y dimensiones no admite soluciones simples, aisladas o unilaterales. Sabemos que las respuestas, para ser satisfactorias y duraderas, requieren de imaginación y voluntad políticas. Aunque la forma y el contenido específicos de estas soluciones no pueden definirse en estos momentos con precisión, es posible identificar algunos criterios fundamentales que deben orientar la búsqueda de respuestas a este enorme desafío que el mundo enfrenta en el umbral del tercer milenio. Estos criterios serían: solidaridad internacional, respeto a los derechos humanos, promoción del desarrollo y bienestar con sentido de equidad entre las naciones, cooperación, enfoques multilaterales y visión de largo plazo.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, a usted, C. Presidenta de la Cámara de Diputados en la LVIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, atentamente pido se sirva:

Unico. En los términos de lo dispuesto por el artículo 2l, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excite y envíe el presente documento a las Comisiones de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, y de Relaciones Exteriores, para que presenten el dictamen respectivo a la iniciativa de Ley sobre Derechos de los Migrantes, presentada el 12 de noviembre de 2002, a nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Cámara de Diputados del Honorable  Congreso de la Unión, a 14 de diciembre de 2002.

Dip. Víctor Emanuel Díaz Palacios (rúbrica)
 
 
 
 
 

PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM

Bernardo de la Garza Herrera, Francisco Agundis Arias, Esveida Bravo Martínez, María Teresa Campoy Ruy Sánchez, Olga Patricia Chozas y Chozas, Diego Cobo Terrazas, Arturo Escobar y Vega, José Rodolfo Escudero Barrera, Sara Guadalupe Figueroa Canedo, Nicasia García Domínguez, Alejandro Rafael García Sainz Arena, Mauro Huerta Díaz, María Cristina Moctezuma Lule, Julieta Prieto Fuhrken, Concepción Salazar González, Erika Elizabeth Spezia Maldonado, diputados de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 21, fracción XVI, 87, 88 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión se sirva excitar a las Comisiones de Gobernación y Seguridad Pública, y del Distrito Federal para que elaboren y presenten ante el Pleno de la Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión el dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 18 y adiciona el artículo 140 al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, bajo las siguientes

Consideraciones

Primera. El grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México considera que las marchas y movilizaciones se han transformado de un ejercicio como derecho constitucional en una práctica reiterada que, como medio de presión y expresión, en la mayoría de los casos se desarrolla en forma anárquica, lo que pone en riesgo la integridad de los individuos pertenecientes al grupo manifestante y a terceros, a quienes además se afecta de manera continua en su desplazamiento normal por la Ciudad de México hacia sus actividades laborales, escolares u otras.

También afecta los servicios de emergencia e impacta en forma directa en el medio ambiente, al constituirse en precursora de la generación de mayor número de contaminantes.

Segunda. El pasado dieciocho de abril de 2002 fue presentada ante esta tribuna una iniciativa que reforma el artículo 18 y adiciona el artículo 140 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, la cual pretende regular la utilización de vías y espacios públicos, con relación a movilizaciones, marchas, concentraciones o plantones, mediante el establecimiento de reformas jurídicas que permitan a todos los mexicanos ejercer su libertad de libre tránsito, consagrada en nuestra Constitución Política.

Tercera. El 29 de octubre pasado, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México presentó excitativa a diversas comisiones por varias iniciativas presentadas por nuestro partido en las Legislaturas LVII y LVIII de este honorable Congreso de la Unión, entre las que se encontraba la referida iniciativa que reforma el artículo 18 y adiciona el artículo 140 al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.

Cuarta. Las Comisiones de Gobernación y Seguridad Pública, y del Distrito Federal de esta Cámara de Diputados no han elaborado dictamen correspondiente, sin que a la fecha se haya dado cumplimiento al mandato del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Quinta. Consideramos respetuosamente que a las Comisiones de Gobernación y Seguridad Pública, y del Distrito Federal se les debe aplicar nuevamente la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo antes expuesto y fundado, a usted, C. Presidenta de la Cámara de Diputados, atentamente pido:

Unico. Tenga por presentada esta excitativa, y se sirva emplazar a las Comisiones de Gobernación y Seguridad Pública, y del Distrito Federal de la Cámara de Diputados para que elaboren y presenten ante el Pleno en fecha o plazo determinado el dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 18 y adiciona el artículo 140 al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. Y apercibiéndoles de que, en caso de que haya un nuevo incumplimiento, se propondrá a la Cámara que pase la iniciativa respectiva a otra comisión.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 13 días del mes de diciembre de 2002.

Diputados: Bernardo de la Garza Herrera (rúbrica), Francisco Agundis Arias (rúbrica), José Antonio Arévalo González (rúbrica), Esveida Bravo Martínez (rúbrica), María Teresa Campoy Ruy Sánchez (rúbrica), Olga Patricia Chozas y Chozas (rúbrica), Diego Cobo Terrazas (rúbrica), Arturo Escobar y Vega (rúbrica), José Rodolfo Escudero Barrera (rúbrica), Sara Guadalupe Figueroa Canedo (rúbrica), Nicasia García Domínguez (rúbrica), Alejandro Rafael García Sainz Arena, Mauro Huerta Díaz (rúbrica), María Cristina Moctezuma Lule, Julieta Prieto Fuhrken (rúbrica), Concepción Salazar González (rúbrica), Erika Elizabeth Spezia Maldonado (rúbrica).
 
 
 
 

PRESENTADA POR EL DIPUTADO JAIME MARTINEZ VELOZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El 22 de octubre del presente año, el diputado Amador Rodríguez Lozano y el de la voz, presentamos un punto de acuerdo, que se turnó a la Junta de Coordinación Política, con el propósito de que elabore una resolución para que el Pleno de esta soberanía, apruebe presentar a la Suprema Corte de Justicia, un juicio de controversia constitucional, por la instalación de plantas de generación de energía eléctrica de exportación y terminales de gas natural licuado, para Estados Unidos, en territorio de Baja California.

Ante el autismo y la complicidad gubernamental, las voraces compañías transnacionales no pierden el tiempo, ni escatiman recursos para difundir mentiras, ofrecer baratijas y comprar a quien venda sus servicios.

Se nos dice que no existen riesgos y que la contaminación es mínima en estas instalaciones.

Si es así y ningún kilowatt es para México, ¿por qué las compañías extranjeras no instalan las plantas en su país?

No lo hacen porque las mismas leyes norteamericanas son rígidas en este tema y no permiten lo que sí les permiten los funcionarios mexicanos.

El vicepresidente de Estados Unidos, Dick Cheney, en su ambiciosa receta llamada ?Plan Cheney?, acaba de anunciar un plan de inversiones en la industria eléctrica, la del petróleo, la petroquímica y la de gas natural licuado, para aumentar la producción de energía en Estados Unidos y la realización de grandes y ventajosos negocios con la demanda de electricidad en América Latina.

El secretario de Energía, Ernesto Martens, presto va a Estados Unidos a decir que urgen inversiones en México por 60 mil millones de dólares para incrementar en 26 mil 280 megavatios para ser autosuficientes en el año 2008.

¿Pero a qué país se refiere el señor Martens, a Estados Unidos o a México? Porque ningún kilowatt de los que se van a producir en las plantas de Baja California, son para México, todos son para Estados Unidos.

Sin embargo en días pasados, el Presidente desde el extranjero, acusa a los diputados de que nos mueve el interés personal, partidario y no el de la gente.

Y yo le pregunto al Presidente: ¿Qué interés lo mueve a él para entregar territorio, negocios, recursos y soberanía mexicanos a los corporativos extranjeros?

Si Vicente Fox ha rendido malas cuentas a los inversionistas extranjeros de su campaña electoral, él debe responder ante ellos sin involucrar a México.

Ante los defraudados inversionistas extranjeros de su campaña electoral, Fox deberá responder en lo personal, y seguramente, a escondidas.

La defensa de la soberanía, independencia y autonomía del Legislativo jamás podrá interpretarse como interés partidista o personal.

Ahí están los hechos, la verdad. La Historia, que no está sujeta a la propaganda, a la mercadotecnia, ni al derroche publicitario, pondrá a cada cual en su lugar.

Compañeras y compañeros diputados:

Vengo aquí, con ustedes, a pedir sólo una cosa: que se cumpla la Constitución y que su incumplimiento no perjudique ni a Baja California ni a la nación.

El párrafo sexto del artículo 27 constitucional establece: ?Corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines?.

Por ello pido a mis compañeros diputados de la Junta de Coordinación Política, con la Constitución en la mano, dictaminen a la brevedad este punto de acuerdo y lo pongan a consideración del Pleno de esta soberanía.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 días del mes de noviembre de 2002.

Dip. Jaime Martínez Veloz (rúbrica)
 
 
 

PRESENTADA POR EL DIPUTADO VICTOR E. DIAZ PALACIOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El que suscribe, en mi calidad de diputado federal a la LVIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 87, 21, fracción XVI, y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito respetuosa mente de esta Presidencia tenga a bien formular una nueva excitativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Publico y a la Comisión de Fortalecimiento del Federalismo a efecto de que se dictamine a la mayor brevedad, para su presentación ante el Pleno de este órgano legislativo, la iniciativa de reforma al artículo 2-A de la Ley de Coordinación Fiscal.

Antecedentes

El día 11 de septiembre de 2002, en nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, se presentó ante el Pleno de esta H. Cámara la iniciativa de reforma al artículo 2-A de la Ley de Coordinación Fiscal. El pasado 24 de octubre presenté una excitativa para que se dictaminara, y es la fecha en que no se ha emitido el dictamen correspondiente.

Esta iniciativa de reforma tiene como propósito fundamental redefinir la actual fórmula relativa a la distribución de 1% de la Recaudación Federal Participable correspondiente al Fondo de Fomento Municipal, mediante la cual los recursos generados por la eficiencia en la recaudación por derechos de agua son asignados a los ayuntamientos.

La Ley de Coordinación Fiscal, en su artículo 2-A, establece que 1% de la Recaudación Federal Participable se destine a la creación del Fondo de Fomento Municipal, el cual involucra dos parámetros fundamentales: la eficiencia de la recaudación por predial a cargo de los ayuntamientos y la eficiencia de la recaudación por derechos de agua a cargo de los ayuntamientos o de los organismos operadores. Los recursos calculados con la fórmula actual son entregados a los ayuntamientos y han sido ejercidos de manera discrecional por éstos sin contar con la definición exacta de los rubros en que habrán de ser utilizados dichos recursos, así como sus montos respectivos.

Lo anterior se sustenta en el hecho de que la fórmula vigente determina el importe total a pagar a cada entidad con base en la recaudación local por concepto de predial y derechos de agua, conceptos sólo considerados para la determinación del Fondo, sin considerarlos en la práctica, para determinar la manera en que los recursos asignados deben ser distribuidos y utilizados.

Por lo anterior, la iniciativa de reforma que se propone tiene como propósito fundamental hacer que los recursos del Fondo de Fomento Municipal sean aplicados exactamente en obras públicas, en el caso del impuesto predial; y para mejorar e incrementar la cobertura y la calidad de la infraestructura hidráulica, en el caso de los derechos por agua potable.

Con la aprobación de la iniciativa, entre los beneficios que podrán palparse inmediatamente se hallan estos:

* Aumento inmediato en cobertura de los servicios de agua potable a la población.

* Refuerzo o sustitución de la infraestructura hidráulica existente.

* Incremento de la eficiencia en la recaudación y, con ello, incremento del Fondo de Fomento Municipal.

* Minimización de subsidios a los organismos.

* Cambio de números rojos a números negros en los balances económicos de los organismos.

* Control presupuestal del Fondo de Fomento Municipal.

* Pago de contribuciones, en tiempo y forma, a la Federación por parte de todos los organismos del país, en lugar de tener organismos irregularmente fiscales.

La iniciativa contempla la modificación de la fórmula actual para lograr que el incremento de eficiencia en la recaudación de agua y predial no sirva solamente como trámite para el cálculo de un fondo que es entregado íntegramente a los ayuntamientos para fines no definidos. Se trata de dar aplicación directa a la fórmula para lograr que a mayor recaudación en cada una de las contribuciones que la forman, corresponda mayor cantidad de recursos económicos por recibir del Fondo para que, efectivamente, se ejecute mayor cantidad de obra pública.

Con el incremento de la obra pública se deben obtener mayor recaudación por la satisfacción del servicio en la población y, por tanto, un incremento en la recepción de recursos del Fondo de Fomento Municipal, cerrando así el círculo de ingresos y fomentando automáticamente la eficiencia de la recaudación de agua y predial.

Es menester acotar que en la actualidad, por más esfuerzos que realicen los organismos operadores en recaudar, en ningún caso se recibe recurso alguno como estímulo por este concepto, situación que cambiaría automáticamente con la modificación de la fórmula.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, a usted, C. Presidenta de la Cámara de Diputados en la LVIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, atentamente pido se sirva:

Unico. En los términos de lo dispuesto por los artículos 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, excite y envíe nuevamente el presente documento a la Comisión de Hacienda y Crédito Publico y a la Comisión de Fortalecimiento del Federalismo, para que presenten el dictamen respectivo a la iniciativa de reformas al artículo 2-A de la Ley de Coordinación Fiscal, presentada el 11 de septiembre de 2002 en nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, a 14 de diciembre 2002.

Dip. Víctor E. Díaz Palacios
 
 
 
 

PRESENTADA POR EL DIPUTADO BENITO VITAL RAMIREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El que suscribe, en mi calidad de diputado federal a la LVIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 87, 21, fracción XVI, y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito respetuosamente de esta Presidencia, tenga a bien formular una nueva excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales, a efecto de que se dictamine a la brevedad para su presentación ante el Pleno de este órgano legislativo, la iniciativa que reforma el sexto párrafo de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para eliminar el trato privilegiado que reciben las dependencias públicas en lo que concierne al pago de servicios públicos, presentada en la sesión del viernes 4 de marzo de 2002 por el diputado Víctor E. Díaz Palacios.

Antecedentes

El día 4 de marzo de 2002, el diputado Víctor E. Díaz Palacios, en nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el Pleno de esta H. Cámara la iniciativa que reforma el sexto párrafo de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para eliminar el trato privilegiado que reciben las dependencias públicas en lo que concierne al pago de servicios públicos, el pasado 22 de octubre presentó una excitativa para que se dictaminara y es la fecha en que no se ha emitido el dictamen correspondiente.

La iniciativa en comento pretende:

Primero: Proponemos eliminar el trato privilegiado que reciben las dependencias públicas en lo que concierne al pago de servicios públicos. Como se recordará, el artículo 115 constitucional permite exenciones en el pago de estos servicios a los bienes de dominio público de la Federación, de los estados o los municipios.

Esta disposición resulta enormemente onerosa tanto para las finanzas públicas locales como para los organismos federales encargados de la generación de algunos servicios públicos como agua potable.

Segundo: Eliminar las exenciones en el pago de servicios que dispone el artículo 115 constitucional evitaría el desperdicio de recursos escasos como el agua, además de que contribuiría a fortalecer las finanzas tanto de los gobiernos municipales como, indirectamente, de los organismos federales encargados de generarlos y administrarlos. En el caso del agua, la eliminación de las exenciones ampliaría los márgenes de acción de las autoridades locales y federales para ampliar la cobertura y calidad de los servicios en las áreas geográficas con más altos índices de pobreza.

Consideraciones

El argumento central que sirve de base a esta iniciativa es que tales exenciones contribuyen al dispendio y uso no sustentable de recursos escasos como el agua potable o la energía eléctrica, además de que promueven el empobrecimiento de las finanzas locales y de algunos organismos federales. Además, en términos normativos, es inequitativo que a un grupo de ciudadanos se les obligue pagar por tales servicios, mientras a otro grupo de ciudadanos se les ofrezcan gratuitamente.

Si, como lo previene el Ejecutivo federal en el Plan Nacional de Desarrollo, el gobierno que México necesita es uno que promueva el uso sustentable de los recursos naturales, especialmente la eficiencia en el uso del agua y la energía, entonces las exenciones y subsidios que permite el artículo 115 constitucional representan un obstáculo a esta aspiración.

Si el gobierno que México requiere es un gobierno que se someterá constantemente a una rigurosa rendición de cuentas, no sólo en lo que se refiere al uso honesto y transparente de los recursos, sino también a la eficacia y calidad con que se utilizan, entonces las exenciones que permite el 115 son un desacierto.

¿Hacia dónde nos conducen estos razonamientos? La conclusión es que si el Congreso desea promover un marco regulatorio equitativo y eficaz, entonces debe considerar seriamente la enmienda del 115 constitucional en los términos en que está formulada en la propuesta que presentamos.

Nos parece que la mejor manera para defender la enmienda que proponemos sea exponer claramente los efectos nocivos que tiene la exención del pago de un importantísimo servicio público: el agua. Naturalmente, la exención en el pago de este servicio a las oficinas públicas no ha provocado la difícil situación en la que se encuentran las finanzas de los municipios o de las instancias que a nivel federal y local generan y administran este líquido, pero sin duda tales exenciones han contribuido a exacerbar la descapitalización de la industria y a la sobreexplotación y escasez del recurso. A continuación se detallan algunos de los problemas a que puede llevar la exención en el cobro del agua.

Actualmente, los organismos responsables del abasto de agua potable en las ciudades del país enfrentan un sinnúmero de problemas. Entre ellos destaca una precaria situación financiera motivada por la bajísima recaudación que perciben de las tarifas. En efecto, generalmente las tarifas del agua que se cobran en el país no son suficientes para cubrir los gastos de inversión que deben realizarse periódicamente en materia de infraestructura hidráulica, así como los gastos necesarios para la operación y administración del organismo encargado de proveer el recurso.

En general, los fuertes subsidios que han caracterizado la dotación de agua potable en México, incluidos los que se destinan a proveer de este servicio a las dependencias públicas en los tres niveles de gobierno, han motivado la descapitalización de la industria del agua. Este fenómeno afecta por igual a las ciudades y al campo.

Las exenciones que contempla el artículo 115 constitucional impiden transmitir a los empleados de las oficinas públicas los costos que representa suministrar el líquido, los cuales tienen que ver con el mantenimiento y expansión de la infraestructura hidráulica. Esto provoca que en las dependencias públicas los usuarios no tengan incentivos para cuidar el agua, independientemente del creciente costo de las obras para suministrarla.

Por otra parte, tal como lo dispone el artículo 115 constitucional, la exención en el pago del agua a las dependencias de gobierno es inequitativa tanto por razones de principio como porque, en un contexto de escasez, la provisión gratuita de un recurso en extremo escaso a un grupo de la población implica la privación de otro segmento de la población del consumo de ese mismo recurso.

El gobierno de México tiene que poner el ejemplo respecto al comportamiento que pide de la ciudadanía. Si el gobierno pide a la ciudadanía pagar por los servicios públicos, entonces el gobierno debe empezar por conducirse de la misma manera. De lo contrario, el gobierno perderá el respeto de la ciudadanía y terminará por carecer de autoridad moral. Resulta absurdo que al mismo tiempo que el gobierno se pronuncia por racionalizar el consumo del agua, sus oficinas y sus empleados (durante las jornadas de labores) sean quienes son más proclives a desperdiciar el vital líquido dada su gratuidad.

Por lo anteriormente expuesto y fundado

A usted, C. Presidenta de la Cámara de Diputados en la LVIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, atentamente pido se sirva:

Unico. En los términos de lo dispuesto por el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excite y envié nuevamente el presente documento a la Comisión de Puntos Constitucionales, para que presente el dictamen respectivo a la iniciativa de reforma al sexto párrafo de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el 4 de marzo de 2002 por el diputado Víctor E. Díaz Palacios en nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, a 14 de diciembre de 2002.

Dip. Benito Vital Ramírez (rúbrica)
 
 
 

PRESENTADA POR EL DIPUTADO VICTOR EMANUEL DIAZ PALACIOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El que suscribe, en mi calidad de diputado federal a la LVIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 87, 21, fracción XVI, y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito respetuosamente de esta Presidencia, tenga a bien formular una nueva excitativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Publico, a efecto de que se dictamine a la brevedad para su presentación ante el Pleno de este órgano legislativo, la iniciativa que reforma y adiciona los artículos 25, 32, 33 y 34 del Capítulo V de los Fondos de Aportaciones Federales de la Ley de Coordinación Fiscal.

Antecedentes

El día 8 de noviembre de 2001, a nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, se presentó ante el Pleno de esta H. Cámara, la iniciativa que reforma y adiciona los artículos 25, 32, 33 y 34 del Capítulo V de los Fondos de Aportaciones Federales de la Ley de Coordinación Fiscal; el pasado 22 de octubre de 2002, presenté una excitativa para que se dictaminara y es la fecha en que no se ha emitido el dictamen correspondiente.

Primero. El objetivo de dicha iniciativa es insertar en el Capítulo V, artículo 25, en su numeral III, el Fondo de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas.

Segundo. Reformar y adicionar el artículo 32 en donde se establece la forma en que se fijará el Fondo de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, determinado anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación, con recursos federales, por un monto equivalente sólo para efectos de referencia, al 0.814% de la recaudación federal participable a que se refiere el artículo 22 de esta ley, según estimación que de la misma se realice en el propio Presupuesto, con base en lo que al efecto establezca la Ley de Ingresos de la Federación para ese ejercicio.

Tercero. En el artículo 33 se propone que las aportaciones se realicen con cargo al Fondo de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, destinando dichas participaciones para el saneamiento financiero, apoyo a los sistemas de pensiones de las entidades federativas, prioritariamente a las reservas actuariales, así como a la inversión en infraestructura de cualquier naturaleza de las entidades federativas, dichos recursos no podrán destinarse para erogaciones de gasto corriente y de operación salvo en el caso de dichos sistemas de pensiones.

El 10% de este fondo será ejercido por los estados y el Distrito Federal de acuerdo a las prioridades propuestas por los diputados federales, la distribución de esta porción del fondo será por partes iguales a cada uno de los distritos uninominales que integre la representación nacional en cada estado y en el Distrito Federal.

Cuarto. La reforma y adición en el artículo 34, inciso c), en donde se menciona la necesidad de implantar que el Fondo de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, se distribuya entre las entidades federativas de acuerdo a las asignaciones y reglas que se establezcan en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

La iniciativa en comento pretende:

Primero. Que el desarrollo local y regional del país depende en gran medida de la consolidación de un sistema de coordinación federal eficiente.

Segundo. Que el fortalecimiento de las Haciendas estatales y municipales está relacionado directamente con su capacidad real de gestión y administración autónoma de los recursos fiscales de que disponen.

Tercero. Que la experiencia indica que los recursos del Ramo 23, correspondientes al PAFEF, han sido utilizados primordialmente como gasto de inversión en infraestructura estatal y municipal.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, a usted, C. Presidenta de la Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, atentamente pido se sirva

Unico. En los términos de lo dispuesto por el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, excite y envíe el presente documento a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para que presente el dictamen respectivo a la iniciativa que reforma y adiciona los artículos 25, 32, 33 y 34 del Capítulo V de los Fondos de Aportaciones Federales de la Ley de Coordinación Fiscal, presentada el 8 de noviembre de 2001, a nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 14 de diciembre de 2002.

Dip. Víctor E. Díaz Palacios (rúbrica)
 
 
 
 
 

---

Convocatorias