- De la Junta de Coordinación Política, por el que se declara el 2003 como Año de los Derechos Políticos de las Mujeres Mexicanas.
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Acuerdos
Comunicaciones
- De la Junta de Coordinación Política.
Iniciativas
- Con proyecto de decreto que adiciona el artículo 54, en su fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que los partidos políticos incluyan a representantes de las etnias en cuando menos los cinco primeros puestos de sus listas regionales de candidatos, presentada por el diputado Cutberto Cantorán Espinosa, del grupo parlamentario del PRI, en la sesión del domingo 15 de diciembre de 2002.
- Que adiciona el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para otorgar nuevas y más amplias facultades de control del Poder Legislativo hacia la Administración Pública Federal, presentada por el diputado César Augusto Santiago Ramírez, del grupo parlamentario del PRI, en la sesión del domingo 15 de diciembre de 2002.
Proposiciones
- Con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2003 se asigne a los productores de caña del país una partida para que puedan cumplir sus cuotas del IMSS, presentada por el diputado Arturo Herviz Reyes, del grupo parlamentario del PRD, en la sesión del sábado 14 de diciembre de 2002.
- Con punto de acuerdo, para solicitar a la Secretaría de Educación Pública que, en coordinación con la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública, incluya asignaturas sobre la prevención del delito en los planes y programas de estudio de educación básica, presentada por el diputado Adrián Rivera Pérez, del grupo parlamentario del PAN, en la sesión del sábado 14 de diciembre de 2002.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Poder Ejecutivo federal a impedir que en el municipio de Tijuana, Baja California, sea instalado un centro de distribución de gas que abastezca a Estados Unidos, presentada por el diputado Jaime Martínez Veloz, del grupo parlamentario del PRD, en la sesión del sábado 14 de diciembre de 2002.
- Con punto de acuerdo, para someter a consideración de esta soberanía que la homologación del precio de gasolinas fronterizas, que ya está en efecto, se aplique al municipio de Ensenada, Baja California, presentada por el diputado Jaime Martínez Veloz, del grupo parlamentario del PRD, en la sesión del sábado 14 de diciembre de 2002.
- Con punto de acuerdo, por el cual el diputado Jaime Martínez Veloz, del grupo parlamentario del PRD, difunde la voz de periodistas de Baja California, quienes denuncian acoso y amenazas de muerte por parte de funcionarios de la Procuraduría General de la República; presentada en la sesión del sábado 14 de diciembre de 2002.
- Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que para el ejercicio fiscal 2003 se puedan destinar 100 millones de pesos a labores de rehabilitación de víctimas de las drogas en Baja California, presentada por el diputado Jaime Martínez Veloz, del grupo parlamentario del PRD, en la sesión del sábado 14 de diciembre de 2002.
- Con punto de acuerdo, a fin de que se destinen recursos de este ejercicio para llevar a cabo los estudios, evaluaciones y cotizaciones necesarios para determinar la mejor forma de adquisición o construcción de buques para Pemex, con objeto de renovar su flota petrolera, presentada por diputados de la Comisión de Marina en la sesión del sábado 14 de diciembre de 2002.
- Con punto de acuerdo, por el que la Cámara de Diputados exhorta a la Auditoría Superior de la Federación y a la Secodam a auditar la gestión de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos durante los ejercicios fiscales de 1996 a 2001, presentada por el diputado José Antonio Magallanes Rodríguez, del grupo parlamentario del PRD, en la sesión del sábado 14 de diciembre de 2002.
- Con punto de acuerdo, para que el IPAB incremente las cuotas que los bancos pagan por concepto de depósito, a fin de disminuir los recursos fiscales que le serán otorgados para el ejercicio fiscal 2003, presentada por el diputado José Antonio Magallanes Rodríguez, del grupo parlamentario del PRD, en la sesión del sábado 14 de diciembre de 2002.
- Con punto de acuerdo, para que las Comisiones de Salud, y de Presupuesto y Cuenta Pública asignen recursos a las unidades especialistas de trasplantes y órganos restaurados por instituciones públicas en el país, presentada por el diputado José Antonio Magallanes Rodríguez, del grupo parlamentario del PRD, en la sesión del sábado 14 de diciembre de 2002.
- Con punto de acuerdo, para que la Cámara de Diputados condicione los recursos fiscales que se destinarán al IPAB en el Presupuesto de 2003 a la investigación de las operaciones llevadas a cabo por el Instituto durante la gestión de Eugenio González Sierra, presentada por el diputado José Antonio Magallanes Rodríguez, del grupo parlamentario del PRD, en la sesión del sábado 14 de diciembre de 2002.
Acuerdos
DE LA JUNTA DE COORDINACION POLITICA, POR EL QUE SE DECLARA EL 2003 COMO AÑO DE LOS DERECHOS POLITICOS DE LAS MUJERES MEXICANAS
CC. Secretarios de la Mesa Directiva
H. Cámara de Diputados
Presentes
La Junta de Coordinación Política de la H. Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura, con fundamento en el artículo 34, numeral 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de las siguientes:
CONSIDERACIONES
II. Que esa fecha es considerada por nuestra sociedad como el día en que se reconoció a las mujeres mexicanas la plena calidad de ciudadanas de la República, y así (por primera vez) participar plenamente en la vida política del País.
III. Que con la ciudadanía de las mujeres, la democracia mexicana dejó de ser expresión sólo del derecho de la mitad de nuestra comunidad nacional, así también, abrió las puertas del poder al otro género.
IV. Que un grupo de diputadas y diputados presentaron a la Junta de Coordinación Política una Propuesta con Punto de Acuerdo para declarar el año 2003 como el Año de los Derechos Políticos de las Mujeres, en virtud de que en octubre de 2003 se cumplirán 50 años del reconocimiento pleno de la ciudadanía femenina en nuestro País.
ACUERDO
ARTÍCULO PRIMERO.- La Cámara de Diputados del Congreso General declara el año 2003 como el Año de los Derechos Políticos de las Mujeres Mexicanas.
ARTÍCULO SEGUNDO.- La Cámara de Diputados realizará durante el año 2003, a través de sus comisiones y órganos de gobierno una serie de actos públicos, como: Foros, Seminarios Legislativos y Exposiciones artísticas con el objeto de exaltar, reflexionar y recordar la conquista de los derechos políticos y sociales de las mujeres en México y el mundo.
ARTÍCULO TERCERO.- La Cámara de Diputados invita al Senado de la República y los Poderes Ejecutivo y Judicial para que participen en esta conmemoración histórica.
ARTÍCULO CUARTO.- La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los Congresos locales y a la Asamblea del Distrito Federal, para que en sus respectivas esferas conmemoren el cincuenta Aniversario del Pleno reconocimiento de los derechos políticos de la mujer mexicana.
ARTÍCULO QUINTO.- Que se instituya cada año la medalla por el Poder Legislativo a la mujer más destacada, a favor de las causas de las mujeres mexicanas.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor, después de su aprobación por el Pleno.
SEGUNDO.- Comuníquese a la Cámara de Senadores, a los poderes Ejecutivo y Judicial, a las Legislaturas de los estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
TERCERO.- Publíquese el presente acuerdo en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 14 de diciembre de 2002.
Dip. Martí Batres Guadarrama (rúbrica)
Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática
Dip. Rafael Rodríguez Barrera (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional
Dip. Felipe Calderón Hinojosa (rúbrica p.a.)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional
Dip. Bernardo Garza Herrera (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México
Dip. Alberto Anaya Gutiérrez (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo
Comunicaciones
DE LA JUNTA DE COORDINACION POLITICA
Palacio Legislativo, México, DF, a 14 de diciembre de 2002.
Dip. Beatriz Paredes Rangel
Presidenta de la Mesa Directiva
H. Cámara de Diputados
Presente
Con fundamento en el artículo 34, numeral 1, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y a solicitud del diputado Cuauhtémoc Cardona Benavides, subcoordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, me permito solicitar a usted la modificación en la integración de la siguiente Comisión:
- Que el diputado Raúl Martínez González se integre en la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios para ocupar un lugar vacante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Sin otro particular, quedo de usted.
Atentamente
Dip. Martí Batres Guadarrama (rúbrica)
Presidente
(De enterado. Diciembre 14 de 2002.)
Palacio Legislativo, México, DF, a 14 de diciembre de 2002.
Dip. Beatriz Paredes Rangel
Presidenta de la Mesa Directiva
H. Cámara de Diputados
Presente
Con fundamento en el artículo 34, numeral 1, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y a solicitud del diputado Cuauhtémoc Cardona Benavides, subcoordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, me permito solicitar a usted la modificación en la integración de la siguiente Comisión:
- Que el diputado Francisco Luis Treviño Cabello sustituya al diputado Marco Vinicio Juárez Fierro como integrante de la Comisión de Desarrollo Social.
Sin otro particular, quedo de usted.
Atentamente
Dip. Martí Batres Guadarrama (rúbrica)
Presidente
(De enterado. Diciembre 14 de 2002.)
Palacio Legislativo, México, DF, a 14 de diciembre de 2002.
Dip. Beatriz Paredes Rangel
Presidenta de la Mesa Directiva
H. Cámara de Diputados
Presente
Con fundamento en el artículo 34, numeral 1, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y a solicitud del diputado Cuauhtémoc Cardona Benavides, subcoordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, me permito solicitar a usted la modificación en la integración de la siguiente Comisión:
- Que el diputado Raúl Martínez González se integre en la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables para ocupar un lugar vacante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Sin otro particular, quedo de usted.
Atentamente
Dip. Martí Batres Guadarrama (rúbrica)
Presidente
(De enterado. Diciembre 14 de 2002.)
Palacio Legislativo, México, DF, a 14 de diciembre de 2002.
Dip. Beatriz Paredes Rangel
Presidenta de la Mesa Directiva
H. Cámara de Diputados
Presente
Con fundamento en el artículo 34, numeral 1, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y a solicitud del diputado Cuauhtémoc Cardona Benavides, subcoordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, me permito solicitar a usted la modificación en la integración de las siguientes Comisiones:
- Que el diputado Luis Trejo García se integre en la Comisión de Fortalecimiento del Federalismo para ocupar un lugar vacante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
- Que el diputado Luis Trejo García se integre en la Comisión de Recursos Hidráulicos para ocupar un lugar vacante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Sin otro particular, quedo de usted.
Atentamente
Dip. Martí Batres Guadarrama (rúbrica)
Presidente
(De enterado. Diciembre 14 de 2002.)
Palacio Legislativo, México, DF, a 14 de diciembre de 2002.
Dip. Beatriz Paredes Rangel
Presidenta de la Mesa Directiva
H. Cámara de Diputados
Presente
Con fundamento en el artículo 34, numeral 1, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y a solicitud del diputado Cuauhtémoc Cardona Benavides, subcoordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, me permito solicitar a usted la modificación en la integración de la siguiente Comisión:
- Que la diputada Gabriela Cuevas Barrón sustituya al diputado Ulises Ramírez Núñez como integrante de la Comisión Especial de Seguridad Pública.
Sin otro particular, quedo de usted.
Atentamente
Dip. Martí Batres Guadarrama (rúbrica)
Presidente
(De enterado. Diciembre 14 de 2002.)
Palacio Legislativo, México, DF,
a 14 de diciembre de 2002.
Dip. Beatriz Paredes Rangel
Presidenta de la Mesa Directiva
H. Cámara de Diputados
Presente
Con fundamento en el artículo 34, numeral 1, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y a solicitud del diputado Cuauhtémoc Cardona Benavides, subcoordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, me permito solicitar a usted la modificación en la integración de la siguiente Comisión:
- Que el diputado Orestes Eugenio Pérez Cruz sustituya al diputado Alonso Ulloa Vélez en la Presidencia de la Comisión de Transportes y éste, a su vez, quede como integrante.
Sin otro particular, quedo de usted.
Atentamente
Dip. Martí Batres Guadarrama (rúbrica)
Presidente
(Aprobado en votación económica. Diciembre 14 de 2002.)
Palacio Legislativo, México, DF, a 14 de diciembre de 2002.
Dip. Beatriz Paredes Rangel
Presidenta de la Mesa Directiva
H. Cámara de Diputados
Presente
Con fundamento en el artículo 34, numeral l, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y a solicitud del diputado Cuauhtémoc Cardona Benavides, subcoordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, me permito solicitar a usted la modificación en la integración de la siguiente Comisión:
- Que el diputado José Gaudencio Víctor León Castañeda sustituya al diputado Francisco Javier Cantú en la Presidencia de la Comisión de Desarrollo Social y éste, a su vez, quede como integrante.
Sin otro particular, quedo de usted.
Atentamente
Dip. Martí Batres Guadarrama (rúbrica)
Presidente
(Aprobado en votación económica. Diciembre 14 de 2002.)
Palacio Legislativo, México, DF, a 14 de diciembre de 2002.
Dip. Beatriz Paredes Rangel
Presidenta de la Mesa Directiva
H. Cámara de Diputados
Presente
Con fundamento en el artículo 34, numeral 1, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y a solicitud del diputado Cuauhtémoc Cardona Benavides, subcoordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, me permito solicitar a usted la modificación en la integración de la siguiente Comisión:
- Que el diputado Esteban Sotelo Salgado sustituya al diputado José Gaudencio Víctor León Castañeda en la Secretaría del Comité de Información, Gestoría y Quejas y éste, a su vez, quede como integrante.
Sin otro particular, quedo de usted.
Atentamente
Dip. Martí Batres Guadarrama (rúbrica)
Presidente
(Aprobado en votación económica. Diciembre 14 de 2002.)
Palacio Legislativo, México, DF, a 14 de diciembre de 2002.
Dip. Beatriz Paredes Rangel
Presidenta de la Mesa Directiva
H. Cámara de Diputados
Presente
Con fundamento en el artículo 34, numeral 1, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y a solicitud del diputado Cuauhtémoc Cardona Benavides, subcoordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, me permito solicitar a usted la modificación en la integración de la siguiente Comisión:
- Que el diputado Juan Carlos Pallares Bueno sustituya al diputado Lionel Funes Díaz en la Presidencia de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía y éste, a su vez, quede como integrante.
Sin otro particular, quedo de usted.
Atentamente
Dip. Martí Batres Guadarrama (rúbrica)
Presidente
(Aprobado en votación económica. Diciembre 14 de 2002.)
Palacio Legislativo, México, DF, a 14 de diciembre de 2002.
Dip. Beatriz Paredes Rangel
Presidenta de la Mesa Directiva
H. Cámara de Diputados
Presente
Con fundamento en el artículo 34, numeral 1, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y a solicitud del diputado Cuauhtémoc Cardona Benavides, subcoordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, me permito solicitar a usted la modificación en la integración de la siguiente Comisión:
- Que el diputado Francisco Luis Treviño Cabello sustituya al diputado Mario Sandoval Silvera como secretario de la Comisión de Juventud y Deporte.
Sin otro particular, quedo de usted.
Atentamente
Dip. Martí Batres Guadarrama (rúbrica)
Presidente
(Aprobado en votación económica. Diciembre 14 de 2002.)
Palacio Legislativo, México, DF, a 14 de diciembre de 2002.
Dip. Beatriz Paredes Rangel
Presidenta de la Mesa Directiva
H. Cámara de Diputados
Presente
Con fundamento en el artículo 34, numeral 1, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y a solicitud del diputado Cuauhtémoc Cardona Benavides, subcoordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, me permito solicitar a usted, la modificación en la integración de la siguiente Comisión:
- Que el diputado José Roque Rodríguez López sustituya al diputado José de Jesús Hurtado Torres como secretario de la Comisión Especial de Ganadería.
Sin otro particular, quedo de usted.
Atentamente
Dip. Martí Batres Guadarrama (rúbrica)
Presidente
(Aprobado en votación económica. Diciembre 14 de 2002.)
Palacio Legislativo, México, DF, a 14 de diciembre de 2002.
Dip. Beatriz Paredes Rangel
Presidenta de la Mesa Directiva
H. Cámara de Diputados
Presente
Con fundamento en el artículo 34, numeral 1, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y a solicitud del diputado Cuauhtémoc Cardona Benavides, subcoordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, me permito solicitar a usted, la modificación en la integración de la siguiente Comisión:
- Que el diputado Arturo San Miguel Cantú sustituya al diputado Orestes Eugenio Pérez Cruz en la Secretaría de la Comisión de Transportes.
Sin otro particular, quedo de usted.
Atentamente
Dip. Martí Batres Guadarrama (rúbrica)
Presidente
(Aprobado en votación económica. Diciembre 14 de 2002.)
Palacio Legislativo, México, DF, a 14 de diciembre de 2002.
Dip. Beatriz Paredes Rangel
Presidenta de la Mesa Directiva
H. Cámara de Diputados
Presente
Con fundamento en el artículo 34, numeral 1, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y a solicitud del diputado Cuauhtémoc Cardona Benavides, subcoordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, me permito solicitar a usted, la modificación en la integración de la siguiente Comisión:
- Que la diputada María Cruz Martínez Colín sustituya al diputado Luis Alberto Villarreal García, en la Secretaría de la Comisión de Turismo y éste a su vez quede como integrante.
Sin otro particular, quedo de usted.
Atentamente
Dip. Martí Batres Guadarrama (rúbrica)
Presidente
(Aprobado en votación económica. Diciembre 14 de 2002.)
Palacio Legislativo, México, DF, a 14 de diciembre de 2002.
Dip. Beatriz Paredes Rangel
Presidenta de la Mesa Directiva
H. Cámara de Diputados
Presente
Con fundamento en el artículo 34, numeral 1, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y a solicitud del diputado Cuauhtémoc Cardona Benavides, subcoordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, me permito solicitar a usted, la modificación en la integración de la siguiente Comisión:
- Que el diputado Abelardo Escobar Prieto sustituya al diputado Francisco Javier Chico Goerne Cobián, en la Secretaría de la Comisión de Desarrollo Rural y éste a su vez quede como integrante.
Sin otro particular, quedo de usted.
Atentamente
Dip. Martí Batres Guadarrama (rúbrica)
Presidente
(Aprobado en votación económica. Diciembre 14 de 2002.)
Palacio Legislativo, México, DF, a 14 de diciembre de 2002.
Dip. Beatriz Paredes Rangel
Presidenta de la Mesa Directiva
H. Cámara de Diputados
Presente
Con fundamento en el artículo 34, numeral 1, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y a solicitud del diputado Cuauhtémoc Cardona Benavides, subcoordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, me permito solicitar a usted, la modificación en la integración de la siguiente Comisión:
- Que el diputado Rafael Ramírez Agama sustituya al diputado Héctor Taboada Contreras, en la Secretaría de la Comisión de Pesca y éste a su vez quede como integrante.
Sin otro particular, quedo de usted.
Atentamente
Dip. Martí Batres Guadarrama (rúbrica)
Presidente
(Aprobado en votación económica. Diciembre 14 de 2002.)
Palacio Legislativo, México, DF, a 14 de diciembre de 2002.
Dip. Beatriz Paredes Rangel
Presidenta de la Mesa Directiva
H. Cámara de Diputados
Presente
Con fundamento en el artículo 34, numeral 1, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y a solicitud del diputado Cuauhtémoc Cardona Benavides, subcoordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, me permito solicitar a usted, la modificación en la integración de la siguiente Comisión:
- Que el diputado José Carlos Luna sustituya al diputado Jorge Urdapilleta Núñez, en la Secretaría de la Comisión Especial para dar Seguimiento a los Fondos Aportados por los Trabajadores Mexicanos Braceros y éste a su vez quede como integrante.
Sin otro particular, quedo de usted.
Atentamente
Dip. Martí Batres Guadarrama (rúbrica)
Presidente
(Aprobado en votación económica. Diciembre 14 de 2002.)
Palacio Legislativo, México, DF, a 15 de diciembre de 2002.
Dip. Beatriz Paredes Rangel
Presidenta de la Mesa Directiva
H. Cámara de Diputados
Presente
Con fundamento en el artículo 34, numeral 1, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y a solicitud del diputado Rafael Rodríguez Barrera, coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, me permito solicitar a usted, la modificación en la integración de la siguiente Comisión:
- Que el diputado Javier García González se integre como secretario del Comité de Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, para ocupar un lugar vacante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Sin otro particular, quedo de usted.
Atentamente
Dip. Martí Batres Guadarrama (rúbrica)
Presidente
(Aprobado en votación económica. Diciembre 15 de 2002.)
Palacio Legislativo, México, DF, a 15 de diciembre de 2002.
Dip. Beatriz Paredes Rangel
Presidenta de la Mesa Directiva
H. Cámara de Diputados
Presente
Con fundamento en el artículo 34, numeral 1, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y a solicitud del diputado Rafael Rodríguez Barrera, coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, me permito solicitar a usted, la modificación en la integración de la siguiente Comisión:
- Que el diputado Benito Vital Ramírez sustituya al diputado Enrique Garza Tamez como integrante de la Comisión de Participación Ciudadana.
Sin otro particular, quedo de usted.
Atentamente
Dip. Martí Batres Guadarrama (rúbrica)
Presidente
(De enterado. Diciembre 15 de 2002.)
Palacio Legislativo, México, DF, a 15 de diciembre de 2002.
Dip. Beatriz Paredes Rangel
Presidenta de la Mesa Directiva
H. Cámara de Diputados
Presente
Con fundamento en el artículo 34, numeral 1, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y a solicitud del diputado Rafael Rodríguez Barrera, coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, me permito solicitar a usted, la modificación en la integración de la siguiente Comisión:
- Que la diputada Lorena Beauregard de los Santos sustituya al diputado Luis Priego Ortiz, como integrante de la Comisión de Energía.
Sin otro particular, quedo de usted.
Atentamente
Dip. Martí Batres Guadarrama (rúbrica)
Presidente
(De enterado. Diciembre 15 de 2002.)
Palacio Legislativo, México, DF, a 15 de diciembre de 2002.
Dip. Beatriz Paredes Rangel
Presidenta de la Mesa Directiva
H. Cámara de Diputados
Presente
Con fundamento en el artículo 34, numeral 1, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y a solicitud del diputado Rafael Rodríguez Barrera, coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, me permito solicitar a usted, la modificación en la integración de la siguiente Comisión:
- Que el diputado Juan Alfonso Hernández Hernández se integre al Comité del Centro de Estudios de Sociales y de Opinión Pública, para ocupar un lugar vacante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Sin otro particular, quedo de usted.
Atentamente
Dip. Martí Batres Guadarrama (rúbrica)
Presidente
(De enterado. Diciembre 15 de 2002.)
Palacio Legislativo, México, DF, a 15 de diciembre de 2002.
Dip. Beatriz Paredes Rangel
Presidenta de la Mesa Directiva
H. Cámara de Diputados
Presente
Con fundamento en el artículo 34, numeral 1, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y a solicitud del diputado Rafael Rodríguez Barrera, coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, me permito solicitar a usted, la modificación en la integración de la siguiente Comisión:
- Que el diputado José Ignacio Mendicuti Pavón se integre a la Comisión Especial de Seguridad Pública, para ocupar un lugar vacante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Sin otro particular, quedo de usted.
Atentamente
Dip. Martí Batres Guadarrama (rúbrica)
Presidente
(De enterado. Diciembre 15 de 2002.)
Palacio Legislativo, México, DF, a 15 de diciembre de 2002.
Dip. Beatriz Paredes Rangel
Presidenta de la Mesa Directiva
H. Cámara de Diputados
Presente
Con fundamento en el artículo 34, numeral 1, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y a solicitud del diputado Rafael Rodríguez Barrera, coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, me permito solicitar a usted, la modificación en la integración de las siguientes Comisiones:
- Que el diputado Luis Eduardo Jiménez se integre en la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, para ocupar un lugar vacante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
- Que el diputado Enrique Priego Oropeza se integre en la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, para ocupar un lugar vacante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Sin otro particular, quedo de usted.
Atentamente
Dip. Martí Batres Guadarrama (rúbrica)
Presidente
(De enterado. Diciembre 15 de 2002.)
Palacio Legislativo, México, DF, a 15 de diciembre de 2002.
Dip. Beatriz Paredes Rangel
Presidenta de la Mesa Directiva
H. Cámara de Diputados
Presente
Con fundamento en el artículo 34, numeral 1, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y a solicitud del diputado Rafael Rodríguez Barrera, coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, me permito solicitar a usted, la modificación en la integración de la siguiente Comisión:
- Que el diputado José Guadalupe Villarreal Gutiérrez se integre a la Comisión de Juventud y Deporte, para ocupar un lugar vacante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Sin otro particular, quedo de usted.
Atentamente
Dip. Martí Batres Guadarrama (rúbrica)
Presidente
(De enterado. Diciembre 15 de 2002.)
Palacio Legislativo, México, DF, a 15 de diciembre de 2002.
Dip. Beatriz Paredes Rangel
Presidenta de la Mesa Directiva
H. Cámara de Diputados
Presente
Con fundamento en el artículo 34, numeral 1, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y a solicitud del diputado Rafael Rodríguez Barrera, coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, me permito solicitar a usted, la modificación en la integración de las siguientes Comisiones:
- Que el diputado Enrique Garza Tamez se integre en la Comisión de Fortalecimiento del Federalismo, para ocupar un lugar vacante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
- Que el diputado Juan Rigoberto Garza Faz se integre en la Comisión de Fortalecimiento del Federalismo, para ocupar un lugar vacante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional
Sin otro particular, quedo de usted.
Atentamente
Dip. Martí Batres Guadarrama (rúbrica)
Presidente
(De enterado. Diciembre 15 de 2002.)
Palacio Legislativo, México, DF, a 15 de diciembre de 2002.
Dip. Beatriz Paredes Rangel
Presidenta de la Mesa Directiva
H. Cámara de Diputados
Presente
Con fundamento en el artículo 34, numeral 1, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y a solicitud del diputado Rafael Rodríguez Barrera, coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, me permito solicitar a usted, la modificación en la integración de la siguiente Comisión:
- Que la diputada Esperanza Santillán Castillo sustituya a la diputada Silvia Romero Suárez, como integrante de la Comisión de Equidad y Género.
Sin otro particular, quedo de usted.
Atentamente
Dip. Martí Batres Guadarrama (rúbrica)
Presidente
(De enterado. Diciembre 15 de 2002.)
Palacio Legislativo, México, DF a 15 de diciembre de 2002.
Dip. Beatriz Paredes Rangel
Presidenta de la Mesa Directiva
H. Cámara de Diputados
Presente
Con fundamento en el artículo 34, numeral 1, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y a solicitud del diputado Rafael Rodríguez Barrera, coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, me permito solicitar a usted, la modificación en la integración de las siguientes Comisiones:
- Que el diputado Gustavo Nabor Ojeda Delgado se integre en la Comisión de Ciencia y Tecnología, para ocupar un lugar vacante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
- Que el diputado José Guadalupe Villarreal Gutiérrez se integre en la Comisión de Ciencia y Tecnología, para ocupar un lugar vacante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Sin otro particular, quedo de usted.
Atentamente
Dip. Martí Batres Guadarrama (rúbrica)
Presidente
(De enterado. Diciembre 15 de 2002.)
Palacio Legislativo, México, DF, a 15 de diciembre de 2002.
Dip. Beatriz Paredes Rangel
Presidenta de la Mesa Directiva
H. Cámara de Diputados
Presente
Con fundamento en el artículo 34, numeral 1, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y a solicitud del diputado Rafael Rodríguez Barrera, coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, me permito solicitar a usted, la modificación en la integración de la siguiente Comisión:
- Que el diputado Javier García González salga de la Comisión del Distrito Federal.
Sin otro particular, quedo de usted.
Atentamente
Dip. Martí Batres Guadarrama (rúbrica)
Presidente
(De enterado. Diciembre 15 de 2002.)
Palacio Legislativo, México, DF, a 15 de diciembre de 2002.
Dip. Beatriz Paredes Rangel
Presidenta de la Mesa Directiva
H. Cámara de Diputados
Presente
Con fundamento en el artículo 34, numeral 1, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y a solicitud del diputado Rafael Rodríguez Barrera, coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, me permito solicitar a usted, la modificación en la integración de la siguiente Comisión:
- Que el diputado José Guadalupe Villarreal Gutiérrez sustituya a la diputada Lorena Beauregard de los Santos, como integrante de la Comisión de Vivienda.
Sin otro particular, quedo de usted.
Atentamente
Dip. Martí Batres Guadarrama (rúbrica)
Presidente
(De enterado. Diciembre 15 de 2002.)
Palacio Legislativo, México, DF, a 15 de diciembre de 2002.
Dip. Beatriz Paredes Rangel
Presidenta de la Mesa Directiva
H. Cámara de Diputados
Presente
Con fundamento en el artículo 34, numeral 1, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y a solicitud del diputado Rafael Rodríguez Barrera, coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, me permito solicitar a usted, la modificación en la integración de la siguiente Comisión:
- Que el diputado Juan Manuel Santamaría Ramírez sustituya a la diputada Silvia Romero Suárez, como integrante de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.
Sin otro particular, quedo de usted.
Atentamente
Dip. Martí Batres Guadarrama (rúbrica)
Presidente
(De enterado. Diciembre 15 de 2002.)
Palacio Legislativo, México, DF, a 15 de diciembre de 2002.
Dip. Beatriz Paredes Rangel
Presidenta de la Mesa Directiva
H. Cámara de Diputados
Presente
Con fundamento en el artículo 34, numeral 1, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y a solicitud del diputado Cuauhtémoc Cardona Benavides, subcoordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, me permito solicitar a usted, la modificación en la integración de la siguiente Comisión:
- Que el diputado Fernando Sánchez Nava sustituya al diputado Javier Julián Castañeda Pomposo, en la Secretaría de la Comisión de Desarrollo Social.
Sin otro particular, quedo de usted.
Atentamente
Dip. Martí Batres Guadarrama (rúbrica)
Presidente
(Aprobado. Diciembre 15 de 2002.)
Palacio Legislativo, México, DF, a 15 de diciembre de 2002.
Dip. Beatriz Paredes Rangel
Presidenta de la Mesa Directiva
H. Cámara de Diputados
Presente
Con fundamento en el artículo 34, numeral 1, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y a solicitud del diputado Cuauhtémoc Cardona Benavides, subcoordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, me permito solicitar a usted, la modificación en la integración de la siguiente Comisión:
- Que la diputada María Teresa Romo Castillón salga de la Comisión de Equidad y Género.
Sin otro particular, quedo de usted.
Atentamente
Dip. Martí Batres Guadarrama (rúbrica)
Presidente
(De enterado. Diciembre 15 de 2002.)
Palacio Legislativo, México, DF a, 15 de diciembre de 2002.
Dip. Beatriz Paredes Rangel
Presidenta de la Mesa Directiva
H. Cámara de Diputados
Presente
Con fundamento en el artículo 34, numeral 1, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y a solicitud del diputado Cuauhtémoc Cardona Benavides, subcoordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, me permito solicitar a usted, la modificación en la integración de la siguiente Comisión:
- Que la diputada María Teresa Romo Castillón Castillo sustituya al diputado Javier Julián Castañeda Pomposo, como integrante de la Comisión de Desarrollo Social.
Sin otro particular, quedo de usted.
Atentamente
Dip. Martí Batres Guadarrama (rúbrica)
Presidente
(De enterado. Diciembre 15 de 2002.)
Iniciativas
CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL ARTICULO 54º, EN SU FRACCION I, DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA QUE LOS PARTIDOS POLITICOS INCLUYAN A REPRESENTANTES DE LAS ETNIAS EN CUANDO MENOS LOS CINCO PRIMEROS PUESTOS DE SUS LISTAS REGIONALES DE CANDIDATOS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO CUTBERTO CANTORAN ESPINOSA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA SESION DEL DOMINGO 15 DE DICIEMBRE DE 2002
El suscrito, profesor Cutberto Cantorán Espinosa, diputado de la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión, miembro de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad a lo dispuesto en la fracción II del artículo 71, fracción IV del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, sometemos a la consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 54 en su fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior con base a la siguiente
Exposición de Motivos
En la historia de México, a partir de la llegada de los conquistadores españoles, los indígenas perdieron todos sus derechos, entre ellos los relativos a su participación en el Gobierno.
A partir de entonces, pocos, muy pocos ha sido los representantes indígenas que hayan trascendido dentro de este aspecto y nos limitamos a veces solo al Benemérito de las Américas, Benito Juárez García, quien por su preparación llegó a ocupar la Presidencia de la República, más no por ser indígena.
Las letras mas grandes en lo alto de este recinto legislativo expresan el pensamiento universal de un indígena zapoteco, mexicano, presidente de México, Benemérito de las Américas. defensor de la soberanía, y del estado de derecho. "Entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz.
El es un indígena, respondió al mundo por su País, el nuestro, México.
Es necesario con la anterior iniciativa el establecer un semillero de políticos realmente indígenas, provenientes de las etnias de nuestro País, para tener a hombres de la talla del zapoteca.
De la misma manera tenemos a otros, quienes por su preparación e inquietud política han tenido puestos de elección en alguno de los poderes del gobierno, más no por el hecho de ser indígenas.
Fuera de ellos ha sido imposible para indígenas de las diferentes étnias el que tengan representantes en los órganos del poder.
La palabra autonomía indígena que ha sido motivo de controversia entre Legisladores, estudiosos del derecho y de la teoría del estado se ha mencionado entre las etnias precisamente porque se les ha negado a los indígenas su participación en los poderes del Gobierno, por ello quieren autonomía, término que en el Congreso dela Unión ha sido motivo de desacuerdos y disputas políticas.
En los partidos políticos participan indígenas de las diferentes etnias, ellos son, en muchas de las ocasiones quienes dan el mayor crédito a los lideres de esos partidos y son ellos quienes primero depositan su confianza en estas opciones políticas.
Miles de indígenas votaron en la elección pasada, miles de ellos también reforzaron las filas de algunos partidos y muchos más lograron sostener a muchos distritos uninominales .
Estamos obligados a darles la oportunidad de tener representantes directos en esta cámara.
Pocas, muy pocas, han sido las iniciativas que en este aspecto se han dado en los últimos diez años y todas han sido desestimadas, por lo que hoy a nombre de los pueblos indígenas de México y después de haber analizado iniciativas anteriores y luego de conjuntar inquietudes y pensamientos, presento la iniciativa de adición a la fracción I del artículo 54 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Hemos escuchado solo, decir que es necesario legislar para buscar la asignación de recursos presupuestales para atender y satisfacer las necesidades de las comunidades indígenas como son alimentación, salud, educación, seguridad social, empleo, vivienda, desarrollo comunitario y regional, legislar para conservar y desarrollar el patrimonio cultural de los pueblos indígenas y para proteger y restaurar su entorno ecológico, sus tierras y sus territorios.
Todos nos hemos preocupado para que los indígenas tengan algo de comer, se medio eduquen, conserven algunas costumbres, sean o lleguen a ser buenos obreros o empleados, pero nunca se ha dicho nada para que se abran las puertas a los indígenas hacia su participación en el poder, en las grandes decisiones políticas, es decir, hacemos todo lo necesario, sin dar oportunidad a que existan nuevos BENITOS JUÁREZ que defiendan el derecho que nuestro país tiene para el concierto mundial.
De igual manera nuestros hermanos de las etnias, en los foros que se han hecho, muchas veces solo se atreven a pedir proyectos, ayudas, trabajo, solo piden ser buenos obreros, es decir, después de 500 años de explotación se han muerto sus ilusiones de grandeza, se ha perdido incluso la valentía de los guerreros tigres y águilas, se pierde la valentía de Cuautemoc y la poesía de Netzahualcoyotl.
Su exigencia máxima, la que se relaciona con su participación en el poder se reduce a pedir autonomía, de lo cual no habría necesidad si el poder lo compartimos los mexicanos mestizos, con el 12 por ciento de la población indígena que hay en el país, lo que equivale oficialmente a más de diez millones cuatrocientos veintisiete mil personas que hablan una lengua indígena, pero sí vamos mas allá de esta apreciación habemos miles de mexicanos que tenemos rasgos indígenas, pero que ya perdimos la identidad de la lengua materna de nuestros pueblos originarios. De no ser así, actualmente el pueblo indígena sería de mas del 50 por ciento de la población total.
En cuanto a capacidad y preparación académica hay miles de indígenas que con grandes esfuerzos están saliendo de las universidades del país como nuevos profesionistas, como médicos, como abogados, como profesores y habilitados en otras ramas del saber y la ciencia
La capacidad intelectual de los indígenas esta probada desde el ejemplo de Benito Juárez y de Lázaro Cárdenas , entre otros. Aún hoy los conocimientos que poseían nuestros antepasados antes de la conquista, siguen sorprendiendo a científicos modernos.
La valentía para defender a la nación por parte de los indígenas esta probada, desde la independencia de México, durante la intervención francesa, en la revolución mexicana, desde cualquier intento de extranjeros en contra de México, nuestros indígenas siempre han estado adelante para recibir los primeros golpes, han dado sus vidas, las de sus familias, las de su etnia. Han dado todo por la Patria.
Compañeras y compañeros:
El 12 por ciento de la población de nuestro país es indígena, distribuida entre 56 etnias las cuales no tienen representantes en el Congreso de la Unión, esto solo por hablar de uno de los tres poderes del Gobierno, los pocos Diputados federales indígenas llegaron por sus propios medios más no por ser indígenas.
Por otro lado hay 37 distritos federales electorales con mayoría de población indígena, que es mas del 30 por ciento de su población total, y el diputado electo no es precisamente indígena,
Si los partidos políticos proponen a cinco representantes de sus etnias en cada circunscripción plurinominal se podrían tener 25 diputados por partido político, con lo que tendremos representación indígena en el Congreso de la Unión. Con ello, México pagaría una deuda histórica con sus pueblos originales.
Quienes me han pedido presentar esta iniciativa, de la etnia totonaca habitantes y hablantes del Distrito de Zacatlán, Puebla, me han explicado que : "Para que se puedan tratar asuntos indígenas, se necesitan indígenas, en el Congreso de la Unión". "No queremos más leyes hechas solo por mestizos, para los indígenas."
Tenemos 500 diputados en el Congreso de la Unión, y por otra parte tenemos el 12 por ciento del total de la población que es indígena repartida entre 56 etnias. Para que este 12 por ciento este representado en el congreso se necesitan aproximadamente 56 diputados, lo que equivaldría a igual número de etnias, o en su caso dos o mas posiciones por etnia mayoritaria; entonces, y hasta entonces, podríamos decir que todos los mexicanos estamos representados en el Congreso. Varios indígenas -desde su circunscripción plurinominal- podrían arribar como legisladores para adecuar algunas inquietudes por la vía legislativa.
Por ello proponemos la modificación, para que se adicione el artículo 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Fracción I que actualmente dice:
Artículo 54.- La elección de los 200 diputados según el principio de representación proporcional, y el sistema de asignación por listas regionales se sujetará a las siguientes bases y a lo que disponga la ley.
Permitamos que por lo menos la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso, por primera vez pueda estar compuesta en su mayoría, por verdaderos indígenas representantes de las distintas etnias mayoritarias de nuestro México.
La Patria así lo pide.
De conformidad con lo antes expuesto, y con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71, fracción IV del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de esta asamblea, se somete a la consideración de esta asamblea, la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 54 en su fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo Primero: Se adiciona el artículo 54 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 54. ...
Fracción I.- Un partido político, para obtener el registro de sus listas regionales, deberá acreditar que por lo menos los 5 primeros candidatos de cada una de estas, representan a cada una de las etnias existentes en la circunscripción electoral plurinominal y que participa con los candidatos a diputados por mayoría relativa en por lo menos 200 distritos uninominales;
Transitorios
Primero.-El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo .- Para la interpretación de esta adición se entenderá por indígena a la persona que lo manifieste ser, además de haber nacido en una zona indígena y que hable alguna lengua de las 56 etnias que existen en los Estados Unidos Mexicanos.
Tercero.- El Instituto Federal electoral deberá exigir a la entrada en vigor de este decreto a los partidos políticos nacionales el cumplimiento de la fracción I del articulo 54 al momento de registrar las listas regionales a que se refiere el mismo.
Cuarto.- Los Gobiernos estatales deberán adecuar sus leyes a efecto de cumplir con lo dispuesto en esta adición constitucional del articulo 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Salón de Sesiones, H. Cámara de Diputados,
a 15 de diciembre de 2002.
Agradeciendo la colaboración de los Totonacos, representados por el Licenciado Ubaldo Jarillo Vázquez, indígena Totonaco del Municipio de Amixtlán, en el Estado de Puebla.
Dip. Cutberto Cantorán Espinosa (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. Diciembre 15 de 2002.)
QUE ADICIONA EL ARTICULO 93 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA OTORGAR NUEVAS Y MAS AMPLIAS FACULTADES DE CONTROL DEL PODER LEGISLATIVO HACIA LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, PRESENTADA POR EL DIPUTADO CESAR AUGUSTO SANTIAGO RAMIREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA SESION DEL DOMINGO 15 DE DICIEMBRE DE 2002
Exposición de Motivos
Las condiciones políticas del país en la actualidad requieren del replanteamiento de las estructuras jurídicas que le han sostenido hasta la fecha. Uno de los principios clásicos que se circunscribe en este proceso de reajuste es el de división de poderes, que surgió con el objetivo primigenio de impedir la concentración de todas las funciones estatales en una sola persona u órgano.
Durante cerca de dos siglos este dogma político ha sido adoptado en el esquema constitucional de un buen número de países, sin embargo, su instrumentación en el plano práctico ha puesto en evidencia que el simple establecimiento de límites constitucionales para el ejercicio de las múltiples funciones del Estado, se convierte en mera declaratoria carente de toda efectividad, si la observancia de dichos límites no se supervisa y vigila entre los propios órganos estatales. Poder acotado jurídicamente pero no sujeto a control, es poder de hecho ilimitado, arbitrario.
A decir de los doctrinarios en la materia, solucionar los problemas que ha propiciado esta rígida concepción del poder dividido, requiere de ajustarle hacia una más flexible de colaboración y control recíprocos de facultades, que permitan la interdependencia y coordinación entre los órganos estatales, el adecuado equilibrio del poder y sobre todo la garantía en la eficacia de su gestión en todos los órdenes.
Esta tendencia ha sido incorporada ya mediante distintas fórmulas a sistemas jurídicos paradigmáticos como el español, el italiano o el alemán y también en algunos países latinoamericanos como Perú, Bolivia, Paraguay y Guatemala.
El Estado mexicano se ubica actualmente en esta coyuntura, y los legisladores nos encontramos frente al reto de buscar los mejores caminos para consolidar la democracia y concretar en normas los cambios requeridos para dar cauce a las necesidades de todos los sectores; en el tema del control entre poderes señalo al menos nuestras dos encomiendas esenciales. La primera, consistente en reforzar legalmente el sistema de restricciones efectivas al poder, no dejando ámbito alguno exento que motive el ejercicio discrecional de los actos de las autoridades ya sean éstas legislativas, ejecutivas o jurisdiccionales.
La segunda tiene que ver en lo particular con el fortalecimiento de las funciones de control del Poder Legislativo, así como con el adecuado ejercicio de las que ya tiene atribuidas constitucionalmente. La presente iniciativa se inscribe justamente en este objetivo.
Para justificar por qué resulta indispensable ampliar las atribuciones del Congreso en este rubro, basta con aludir a que es el poder estatal que encarna al órgano más representativo de los intereses populares, y que en estricto sentido es el pueblo quien tiene el derecho de acceder a cuentas claras respecto del ejercicio de las autoridades ejecutoras de las normas. No olvidemos el carácter mediático de todo órgano institucionalizado para la consecución de los fines sustantivos de los gobernados.
Estaríamos muy lejos de fortalecer realmente al Poder Legislativo si nos restringiéramos a pensar que tal encomienda sólo implica la eficientización en el proceso de producción de las leyes, es decir, si se atribuye a las Cámaras la única tarea primordial de legislar. La nueva visión del Congreso será viable en la medida en que con el mismo énfasis sean ampliadas y efectivamente ejercidas las funciones de control y supervisión de los actos desplegados por el Gobierno Federal.
La reforma que proponemos plantea en el primer párrafo dos cuestiones esenciales. En principio, la ampliación de la competencia del Congreso para dar seguimiento a las acciones de un mayor número de órganos gubernamentales, incluyendo, además de los secretarios de despacho y los jefes de departamentos administrativos, a los directores y administradores de los organismos descentralizados federales, o de las empresas de participación estatal mayoritaria y al procurador general de la República, cuyos actos aunque se encuentran limitados por las normas que les regulan, prácticamente no están sujetos a la revisión periódica por parte de un órgano externo.
La iniciativa prevé que tal seguimiento se dé mediante informes que se hagan llegar a las Cámaras una vez que se haya abierto cada periodo de sesiones, eliminando así el carácter anual para la presentación de dichos informes, que obedece sólo a una cuestión histórica inexistente y que es necesario modificar en el actual contexto político.
En un segundo párrafo se propone ampliar los sujetos a los que las Cámaras pueden citar para que informen o comparezcan cuando se discuta un asunto de su ramo, estableciendo identidad con los mismos funcionarios previstos en el párrafo anterior.
Se propone además un tercer párrafo en el que se establece que los informes y comparecencias deberán rendirse según la normatividad interna del Congreso. Sugerimos esta previsión en virtud de que en un Estado en donde se pretende que prive un auténtico equilibrio de poderes es inconcebible que quien señale las reglas de la evaluación sea la propia dependencia del gobierno a la que se está controlando. Por una mera cuestión de objetividad debe ser el llamado órgano supervisor -en este caso nuestro Poder Legislativo- quien acuerde las formas y procedimientos para llevarla al cabo.
Pretendemos que esta adición propicie que el Congreso genere una normatividad interna mediante la que se establezca un formato único de presentación de los informes, capaz de captar los indicadores que realmente las Cámaras requieran para hacer una evaluación útil, articulada, y aún más, para dar seguimiento coherente y sistemático a los planes y programas de gobierno respecto de los actos ejecutados.
En cuanto a las comisiones de investigación contenidas en el cuarto párrafo, el proyecto incluye varias reformas. Primero, desaparece el requisito vigente de que éstas se podrán conformar sólo "a pedido de una cuarta parte de sus miembros, tratándose de diputados, y de la mitad si se trata de los senadores". El motivo por el que sugerimos esta modificación es que en la práctica parlamentaria la decisión para crear una comisión de esta naturaleza es resuelta por el Pleno en votación de mayoría simple.
En segundo término se amplían considerablemente los asuntos que pueden ser materia para que se constituya una comisión de investigación, extendiendo su materia a cualquiera que se relacione con la Administración Pública Federal o con la Procuraduría General de la República.
Finalmente, prevé la obligación de todo servidor público para comparecer ante estos órganos de investigación, apercibidos del deber que tienen de conducirse con verdad en sus declaraciones. Asimismo, se conserva la fórmula vigente de que el resultado obtenido se hará del conocimiento del Ejecutivo, así como de la autoridad competente para los efectos jurídicos que correspondan.
El establecimiento en la Constitución de nuevas y más amplias facultades de control político del Poder Legislativo hacia el gobierno resultaría insuficiente, si no se vinculan al tiempo con los mecanismos jurídicos contenidos en la propia Norma Fundamental y en la legislación respectiva, por tanto en el presente proyecto se prevé expresamente que todo servidor público está obligado a conducirse apegado a los criterios de objetividad y buena fe en el momento en que comparezca ante cualquiera de las Cámaras, o en su caso en los informes que rinda por escrito y que en el supuesto de que incurra en incumplimiento se le fincarán las consecuencias jurídicas a que haya lugar.
Estamos ciertos de que esta reforma al artículo 93 de nuestra Carta Magna plantea los elementos mínimos para propiciar una actuación más transparente y articulada de los órganos del Ejecutivo y al tiempo contribuye a rediseñar las nuevas estructuras de las instituciones políticas del Estado democrático al que aspiramos.
Por lo anteriormente expuesto y con base en la facultad que me concede el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter por su conducto, a la consideración de esa soberanía, para su discusión y aprobación en su caso, la siguiente
Iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma y adiciona el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo Unico. Se reforma y adiciona el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
"Artículo 93. Los secretarios de despacho, jefes de departamentos administrativos, directores y administradores de los organismos descentralizados federales o de las empresas de participación estatal mayoritaria, así como el procurador general de la República, luego que esté abierto cada periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso del estado que guardan sus respectivos ramos.
Cualquiera de las Cámaras podrá citar a los servidores públicos a los que se refiere el párrafo anterior, para que informen cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades.
Los informes y las comparecencias de los servidores públicos a los que se refieren los párrafos primero y segundo se regularán con base en lo previsto por la normatividad interna del Congreso, correspondiendo a cada una de las Cámaras establecer la información que requieran, así como hacer del conocimiento de los servidores públicos que de no conducirse bajo los criterios de objetividad y buena fe, serán sujetos de las responsabilidades que deriven de la legislación aplicable.
Las Cámaras tienen la facultad de integrar comisiones para investigar cualquier asunto relativo a la Administración Pública Federal o a la Procuraduría General de la República. Es obligación de todo servidor público comparecer a requerimiento de las comisiones encargadas de tales investigaciones, apercibidos del deber que tienen de conducirse con verdad en sus declaraciones. El resultado de las investigaciones se hará del conocimiento del titular del Ejecutivo federal y, en su caso, de la autoridad competente para los efectos jurídicos a que haya lugar."
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Se derogan todas las disposiciones legales, reglamentarias y acuerdos y de cualquier otro tipo que se opongan a lo señalado en el presente decreto.
Dip. César Augusto Santiago Ramírez (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. Diciembre 15 de 2002.)
Proposiciones
El suscrito diputado, integrante del grupo parlamentario del PRD y secretario de la Comisión Especial de la Agroindustria Azucarera, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acudo a esta tribuna para proponer el siguiente punto de acuerdo.
Consideraciones
El gobierno del Presidente Vicente Fox Quesada no ha aplicado el Estado de derecho para que los responsables del quebranto de la agroindustria azucarera paguen los altos costos que vive el campo cañero.
Los propietarios de los ingenios expropiados tienen una deuda con el gobierno mexicano de aproximadamente 23 mil millones de pesos, repartidos en las siguientes instituciones: IMSS, Comisión Nacional del Agua, Infonavit y Financiera Nacional Azucarera.
Cabe aclarar que el grupo Consorcio Azucarero Escorpión adeuda al IMSS aproximadamente mil 300 millones de pesos por concepto de cuotas obrero-patronales y que los funcionarios del Instituto no han recurrido a ninguna acción jurídica para cobrar esos adeudos, que afectan las finanzas de ese organismo de seguridad social, que vive la peor crisis de su historia.
Recientemente, el director general del IMSS, doctor Santiago Levy, señaló que en los próximos 10 años esa institución enfrentará graves problemas financieros. Afirmó que hay un trabajador en retiro por cada cuatro en activo y que la tendencia se duplicará en la presente década, pudiendo agudizarse el problema financiero del IMSS al grado de dejar de pagar las pensiones a los jubilados en los meses de enero y febrero de 2003.
Actualmente, los pasivos del IMSS ascienden a 250 mil 200 millones de pesos. Estos podrían disminuir si el IMSS dejara de privilegiar a los grupos empresariales.
Los costos de la crisis en la industria cañera del país son muy altos. Los ingenios se encuentran en quiebra, con una capacidad instalada convertida prácticamente en chatarra y un quebranto calculado en casi 25 mil millones de pesos (unos 2 mil 500 millones de dólares).
La expropiación de los 27 ingenios, del pasado 3 de septiembre de 2001, representa una respuesta sólo parcial al problema de fondo de la actual crisis de la caña de azúcar, ya que este criterio quitó la responsabilidad a los empresarios y la cargó a los contribuyentes.
También hay que considerar los incrementos de 40% en los insumos, como fertilizantes, pesticidas y plaguicidas; también, los aumentos de las cuotas que dan derecho a las prestaciones completas del IMSS, teniendo un incremento de 20% para la presente zafra.
La cuota anual de aseguramiento en la zafra 2003 ascendió a 4 mil 688 pesos por productor, más la cuota que pagan por los trabajadores eventuales en sus cultivos, cantidad que impacta fuertemente en su ya golpeada economía; y con el aumento de 20% en esta cuota, únicamente a los productores con un máximo de cinco hectáreas alcanzará la liquidación para cubrir su pago al IMSS.
Este panorama se hace más incierto con el proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2003, cuando se propone asignar a la Sagarpa la cantidad de 33 mil 964 millones de pesos, reduciendo el presupuesto en mil 362 millones de pesos respecto al aprobado en 2002.
Para el gobierno de Vicente Fox, la salud de los mexicanos no es prioritaria: el gasto programable presupuestario para 2003 del Gobierno Federal considera una reducción a la Secretaría de Salud por 2 mil 456 millones de pesos. En esa perspectiva, la Secretaría de Hacienda disminuyó hasta en 15% el presupuesto solicitado por el IMSS para el siguiente ejercicio.
En sentido contrario, el proyecto de Presupuesto del Presidente Vicente Fox asigna a la deuda pública interna la cantidad de 184 mil 882 millones de pesos, distribuidos de la siguiente manera: al IPAB y los Pidiregas se otorgan 56 mil 647 millones de pesos y para el pago de intereses y comisiones de este mismo concepto se asignan 128 mil 235 millones de pesos. Estos recursos millonarios benefician sólo a un reducido grupo de "inversionistas" extranjeros.
Por ello solicitamos la intervención de esta H. Cámara de Diputados para que, en las modificaciones que realicemos al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2003, se asigne un subsidio para que los productores del sector cañero puedan cumplir los convenios de aseguramiento y pago de cuotas al IMSS en el esquema de seguridad social, que comprenden riesgo de trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez, vida, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez.
Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, proponemos el siguiente
Punto de Acuerdo
Unico: Que el Gobierno Federal subsidie del gasto público de 2003 el 50% del costo para cubrir el aseguramiento y pago de cuotas de los productores de caña de azúcar, al Instituto Mexicano del Seguro Social, cuyo monto es de 171 millones de pesos. Cabe aclarar que este subsidio beneficiaría sólo a los productores que cuenten con un máximo de cinco hectáreas.
México, DF, a 14 de diciembre de 2002.
Diputados: Arturo Herviz Reyes, Ramón León Morales, Luis Herrera Jiménez, Donaldo Ortiz Colín, Raquel Cortés López, Hortensia Aragón Castillo, Rogaciano Morales Reyes, Francisco Patiño Cardona, María Rosario Tapia Medina, Sergio Acosta Salazar, María de los Angeles Sánchez Lira, Rufino Rodríguez Cabrera, Genoveva Domínguez Rodríguez, Lázaro Mendes López, Ricardo Moreno Bastida, Mario Cruz Andrade, David Augusto Sotelo Rosas, Héctor Sánchez López, Magdalena del Socorro Núñez Monreal, María Miroslava García Suárez, Alfredo Hernández Raigosa, Bonifacio Castillo Cruz, María Magdalena García González, Angel Enrique Herrera y Bruquetas, Manuel Duarte Ramírez, Adela del Carmen Graniel Campos, María Alejandra Barrales Magdaleno, J. Jesús Garibay García, Cuauhtémoc Rafael Montero Esquivel, Alfonso Oliverio Elías Cardona, Rafael Servín Maldonado, Esteban Daniel Martínez Enríquez, Uuc-kib Espadas Ancona, Rosalinda López Hernández (rúbricas).
(Turnada a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Diciembre 14 de 2002.)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR A LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA QUE, EN COORDINACION CON LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, INCLUYA ASIGNATURAS SOBRE LA PREVENCION DEL DELITO EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE EDUCACION BASICA, PRESENTADA POR EL DIPUTADO ADRIAN RIVERA PEREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, EN LA SESION DEL SABADO 14 DE DICIEMBRE DE 2002
El que suscribe, diputado federal Adrián Rivera Pérez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 58, del Reglamento para el Gobierno interior del Congreso General de los Estados Unido Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Educación Pública que en los planes y programas de estudio de educación básica se incluyan asignaturas sobre la prevención del delito, coordinándose, para efecto del contenido y de la impartición de éstas, con la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública, bajo las siguientes
Consideraciones
Acción Nacional considera que "un Estado de derecho, democrático, se distingue por el auténtico interés de respetar el orden jurídico establecido y, específicamente, garantizar los derechos humanos de las personas que se encuentran dentro de su ámbito territorial, adoptando para tal efecto una política general en la que, sobre todo, se recurra a las medidas preventivas del delito, en otras palabras, el Estado de derecho no sólo es aquel que se ajusta a un orden jurídico, sino que reconoce y respeta los derechos del hombre y se autolimita en virtud de ellos".
En este orden de ideas, el desarrollo del Estado de derecho, es correlativo al avance de la democracia, como sistema de participación, la cual se estima como un elemento imperante para lograr el cambio social y la creación de una seguridad pública eficaz, que responda a las necesidades de seguridad que actualmente requiere nuestra sociedad, pues de todos es sabido que ninguna estrategia preventiva del delito puede funcionar sin el apoyo, comprensión y la ayuda de la comunidad.
En tal sentido, debemos señalar que una visión integral de la seguridad pública requiere, además de una adecuada coordinación entre las áreas de prevención, procuración, impartición de justicia y readaptación social, de una mayor participación social; mientras esto no se logre, no se podrá resolver el problema de fondo, puesto que ninguna política o estrategia aislada servirá para entender y resolver los problemas de seguridad pública, pues en una sociedad en constante crecimiento y evolución como la nuestra, los actores sociales no deben permanecer expectantes, sino que se hace necesario la participación de la sociedad, como lo es la seguridad pública integral.
En efecto, el crimen se puede prevenir hasta el punto de que cada ciudadano reconozca y tome consciencia de que una de sus obligaciones primordiales, impuestas por el privilegio de la libertad, es una preocupación profunda y vital por el cuidado de la persona y de sus propiedades.
Es por ello que uno de los propósitos de toda política de Estado para contrarrestar la inseguridad pública y la delincuencia en el país, así como para detectar y combatir los factores criminógenos y grupos de riesgo debe ser fomentar y difundir ampliamente la cultura de la prevención del delito en la población, a través de programas y mecanismos de coordinación entre las diversas instancias de gobierno que tiene injerencia en la prevención de las conductas delictivas en nuestro país.
Por tal motivo, se torna necesario fomentar una cultura preventiva del delito a través de programas y acciones dirigidos principalmente a los menores y jóvenes, para lograr que éstos tomen conciencia de los alcances reales y efectos nocivos de la delincuencia en nuestro país, así como de las medidas necesarias para prevenirlas. Dichas acciones preventivas deberán aplicarse en los diversos ámbitos en que el fenómeno delictivo tenga injerencia; tales como el ámbito familiar, el escolar y el social, por mencionar algunos, los cuales deberán ser considerados dentro de un diagnóstico integral de la política preventiva del delito en nuestro país.
Particularmente hablando del ámbito escolar, es menester señalar que la escuela constituye un factor determinante en el adecuado desarrollo del individuo, toda vez que después de su hogar, la escuela se convierte en un factor muy importante que incide directamente en su formación y constituye una extensión de la educación, debido a que contribuye a la formación de la personalidad del individuo, a su desarrollo integral, a que se percate del radio de acción de sus derechos y el ámbito de sus obligaciones, de los valores de la nacionalidad, de la solidaridad, entre otras cosas.
Sin lugar a dudas, el ámbito escolar debe enfocarse en gran medida a evitar el riesgo de la desviación social del menor o de su afectación integral de la víctima del delito, a través del conocimiento y la actualización de las capacidades del educando, es por ello que dicha instancia educacional constituye uno de los pilares fundamentales en el que debe descansar la política preventiva del delito nuestro país, pues dicha institución constituye el conducto ideal a través del cual se pueda inculcar en todos los educandos una auténtica conciencia social respecto de los efectos nocivos de la delincuencia, así como una verdadera cultura preventiva del delito y de las prácticas ilegales.
La juventud requiere programas y acciones que traigan y capten su interés para prevenir la comisión de delitos, canalizando su ímpetu y energía transformadora hacia el respeto de los ordenamientos jurídicos, a través de programas de educación, cultura, recreación, entre otros.
En tal contexto, la Secretaría de Educación Pública ha implementado diversos programas enfocados a la prevención de delito y adiciones, tales como el Programa Nacional Juvenil para la Prevención de las Adicciones (Prevea), que opera con regularidad en 20 de las 32 entidades federativas; el programa "La SEP te apoya", que tiene como prioridad prevenir las adicciones entre los escolares de enseñanza básica.
Por su parte la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema de Nacional de Seguridad Pública, de mecanismos y procedimientos para la participación de la sociedad respecto de las funciones que realice y, en general, de las actividades de la seguridad pública en el país, toda vez que una de las materias de coordinación previstas por el propio Sistema Nacional de Seguridad Pública, es la relacionada con el fomento en la comunidad de una cultura de prevención de infracciones y delitos.
Asimismo el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de la República, han establecido en sus respectivos programas institucionales, diversas líneas de acción encaminadas a la prevención del delito desde el ámbito escolar, como son los siguientes:
El Programa Nacional de Procuración de Justicia (PGR) 2001-2006, prevé como un aspecto importante en la política preventiva del delito, la impartición de cursos de formación en las instituciones educativas, a efecto de concientizar en los alumnos, respecto a los factores de riesgo y la debida prevención del delito:
El Programa Nacional para el Control de Drogas 2001-2006 establece como acciones preventivas a realizar, mantener y promover la aplicación de programas tendientes a fortalecer los esquemas de prevención entre las poblaciones identificadas como de alto riesgo, particularmente las comunidades escolares.
Por las consideraciones anteriormente expuestas, los abajo firmantes, diputados federales del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional ponemos a consideración de esta H. asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero: Que esta Cámara de Diputados exhorte a la Secretaría de Educación Pública para que en los planes y programas de estudio de educación básica, se incluyan asignaturas sobre la prevención del delito; coordinándose para efecto del contenido y de la impartición de éstas con las autoridades competentes.
Segundo: Que esta Cámara de Diputados exhorte a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de Seguridad Pública para que se convengan acciones y medidas en coordinación con la Secretaría de Educación Pública en materia de prevención del delito.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 12 días del mes de diciembre de 2002.
Dip. Adrián Rivera Pérez (rúbrica)
(Turnada a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Justicia y Derechos Humanos. Diciembre 14 de 2002.)
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL PODER EJECUTIVO FEDERAL A IMPEDIR QUE EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, SEA INSTALADO UN CENTRO DE DISTRIBUCION DE GAS QUE ABASTEZCA A ESTADOS UNIDOS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JAIME MARTINEZ VELOZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DEL SABADO 14 DE DICIEMBRE DE 2002
Quiero plantear a todos ustedes, señoras y señores legisladores, una exigencia muy sentida y generalizada de la sociedad bajacaliforniana, en este caso especial, de la comunidad de la delegación de Playas de Tijuana, en el municipio de Tijuana, misma que cuenta con una población superior a los 100 mil residentes, es decir, más del 10% de la población de Tijuana.
La ciudadanía de Playas de Tijuana está inquieta por la pretensión de construir una planta de recepción, descarga y desgasificación de gas licuado. El predio sobre el que pretende edificarse esta planta de recepción de material inflamable se encuentra en las inmediaciones de importantes concentraciones poblacionales. Sin necesidad de conocimientos técnicos llama de inmediato la atención el despropósito y la irresponsabilidad para asumir la situación con una frialdad intrínseca sólo a quien pudiese analizar el caso sin ninguna percepción de las graves preocupaciones que está ocasionando a la comunidad involucrada.
Asimismo, la gasera que se pretende instalar, tiene como objetivo fundamental el surtir de gas al mercado energético de California, Estados Unidos. Los tijuanenses rechazan que su territorio sirva de campo experimental riesgoso con tal de satisfacer necesidades extranjeras.
Por supuesto, no está por demás señalar que los inversionistas que perciben con agrado la construcción de la planta, tienen a bien habitar en zonas bastante lejanas a instalaciones incómodas como las que ahora tienen a buen criterio aprobar para vecinos como los de Playas de Tijuana, preocupados por esta inversión. Los servidores públicos en los distintos poderes y niveles de gobierno debemos darnos cuenta que la ciudadanía tiene muy claro qué considera lo mejor para ella. Su capacidad democrática, organizativa y de voluntad participativa ha hecho posible que su voz llegue a esta tribuna, y si bien es cierto que se carece de los marcos de participación en la toma directa de decisiones en actos de gobierno, no por ello está dispuesta a subordinarse a consideraciones técnicas y financieras por encima de su bienestar.
Cabe señalar como antecedente en la situación en Playas de Tijuana, la reciente movilización ciudadana en el municipio vecino de Rosarito. En este sitio, la ciudadanía se ha organizado contra el deseo de corporativos trasnacionales para instalar otras bombas de tiempo, similares a las que se intenta construir ahora en Tijuana. Los bajacalifornianos se niegan a hipotecar la tranquilidad de sus seres queridos, tranquilidad que los corporativos trasnacionales se disponen a sacrificar para obtener ganancias millonarias en el mercado energético de California. De diversas maneras, las autoridades municipales, del estado y del Congreso de Baja California han expresado su apoyo irrestricto a las justas demandas ciudadanas.
Los bajacalifornianos estamos concientes de que un peso decisivo para permitir o negar esa instalación gasera recae en el Poder Ejecutivo federal, a miles de kilómetros de distancia del lugar. Los pobladores de Playas de Tijuana han vivido ahí por muchos años; es la gasera la que ahora llega, la que ahora pretende instalarse en una zona habitacional.
Esta exigencia refleja el tamaño de la inquietud e intranquilidad que ha provocado la irresponsable actitud de la Comisión Reguladora de Energía, que sin tomar en cuenta la opinión de la población y tampoco la de las autoridades locales, autoriza o muestra su beneplácito porque en Baja California se construyan plantas generadoras de energía eléctrica y complejos industriales para regasificar gas natural, en estado líquido, proveniente de varios países, localizados en Sudamérica y en el sur asiático. Operaciones éstas que sólo traerían el deterioro del ambiente ecológico y la zozobra permanente de los vecinos de la zona. Como lo cité, en la delegación de Playas de Tijuana.
La empresa Marathon Oil ha desplegado toda una campaña publicitaria en los medios locales, con el fin de convencer a la población de los supuestos y desde luego que falaces beneficios que su arribo le traerían a la comunidad tijuanense. La verdad sea dicha, esta empresa, al alimón de otras, tales como Chevron-Texaco, Sempra Energy, Phillips Petroleum, El Paso Corporation y Shell, y quizá otras más, se vienen manejando soterradamente en el territorio bajacaliforniano, por la única y sencilla razón de que no se les permite instalarse en el vecino estado de California de los Estados Unidos de América, porque ni la población norteamericana, ni las normas de control ambiental del país vecino, les permiten establecerse en su geografía.
Es pues el estado de Baja California, la víctima natural de las estrictas medidas de las autoridades norteamericanas. Acá pretenden traernos su contaminación, acá nos quieren instaurar el peligro latente. Por estos días, por citar un ejemplo contundente, frente a las costas de Hong Kong, arde un buque que transporta miles de toneladas de gas natural líquido, el cual, para su exacta comprensión es "inapagable". Es decir, ni aún hundiéndolo en el océano, resulta posible extinguir sus flamas, una vez que se ha iniciado un incendio. Por esa razón, a tales embarcaciones, no les es permitido atracar en ningún puerto en el vecino estado de California (EU). Pero en México, las normas de seguridad, lo saben bien las transnacionales, pueden trascenderse o pueden obviarse, al través de la consabida "mordida".
Aun con el claro y absoluto rechazo de toda la población, en el corredor turístico de Tijuana a Ensenada, algunas de las empresas citadas han adquirido predios de pérfidos mexicanos, se encuentran construyendo muelles de atraque y poco les importa que las autoridades municipales les nieguen los permisos de uso del suelo, tampoco les preocupa que las autoridades estatales no les autoricen sus protocolos de control ecológico, porque simple y llanamente, la Comisión Reguladora de Energía señala que ya les autorizó instalarse en suelo mexicano. Para ellos no hay más autoridad que la que emana del Ejecutivo federal y por ello surge este llamado de urgente y obvia resolución. En el ayuntamiento del municipio de Tijuana, afortunadamente, todavía se alzan voces que hablan de conciencia y honorabilidad. El administrador de la ciudad, Raúl Leggs Vázquez; el delegado municipal de Playas de Tijuana, Raúl Soria Mercado; y el regidor Máximo García, a pesar de que a los tres los une la filiación partidista, se oponen abiertamente a la millonaria promoción del indolente secretario de Desarrollo Económico Municipal, Humberto Inzunza, paradójicamente priísta, que se comporta como si fuera empleado de la amenazante trasnacional Marathon Oil.
Por otra parte, no existe impacto económico benéfico para Playas de Tijuana por la instalación de ese centro distribuidor. No habrá creación de empleo directo o indirecto en cantidades significativas. Los administradores de la distribuidora no viven en el municipio. La distribución de gas no beneficiará a la población en ese sitio. Hay alternativas de instalación en otros sitios, cumpliendo todas las normas técnicas y de seguridad requeridas. Todos los beneficios serán para corporativos privados extranjeros, y todos los riesgos y costos serán para los bajacalifomianos.
Los tijuanenses están temerosos de que la decisión final se tome en la Ciudad de México, por funcionarios ajenos al riesgo de vivir junto a una gasera. La instalación no depende del municipio, del Legislativo local o de la autoridad del estado. En la instalación de la gasera, el Poder Ejecutivo federal juega un papel destacado.
Impidamos el sacrificio de la seguridad y tranquilidad de los tijuanenses. Por lo anteriormente expuesto es que solicito a este pleno la aprobación del siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero.- Que este Poder Legislativo tenga a bien considerar la pertinencia de solicitar respetuosamente al Poder Ejecutivo federal para que instruya a la Secretaría de Energía y a la Semarnat y se impida la instalación en el sitio planeado actualmente, del centro de recepción, desgasificación y distribución en el municipio de Tijuana, Baja California.
Palacio Legislativo, México, DF, a 14 de diciembre de 2002.
Dip. Jaime Martínez Veloz (rúbrica)
(Turnada a las Comisiones de Energía, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Diciembre 14 de 2002.)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOMETER A CONSIDERACION DE ESTA SOBERANIA QUE LA HOMOLOGACION DEL PRECIO DE GASOLINAS FRONTERIZAS, QUE YA ESTA EN EFECTO, SE APLIQUE AL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JAIME MARTINEZ VELOZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DEL SABADO 14 DE DICIEMBRE DE 2002
En su momento, los exhortos del Poder Legislativo contribuyeron a sensibilizar al Ejecutivo federal, a fin de que el precio de las gasolinas en la frontera norte mexicana, pudiera ser homologado con el precio del combustible expendido en los Estados Unidos.
En esas circunstancias, nuestros compañeros senadores habían expuesto como ejemplo de la conveniencia para la homologación general, el hecho de que en Ciudad Juárez, Chihuahua, ya operara exitosamente ese esquema de uniformidad en los precios con El Paso, Texas.
Las razones esgrimidas para que en su momento se homologaran los precios de gasolina entre Ciudad Juárez, Chihuahua, y El Paso, Texas, fueron de índole económica, pues se demostraron todas las externalidades negativas para los mexicanos, al existir precios diferenciados en el energético, según el país.
Para justificar la conveniencia de establecer un precio similar entre las gasolinas de Chihuahua y Texas, se comprobó que existía una marcada preferencia del consumidor mexicano para proveerse del energético en ese país. Además de ser más barata la gasolina en El Paso, los consumidores mexicanos generaban una derrama monetaria adicional en la estructura económica norteamericana. Los recursos mexicanos que se gastaban en Estados Unidos por gasolina, bien podían generar un impacto multiplicador en la estructura productiva nacional. Eso era imposible, porque la racionalidad económica del consumidor se manifestaba en la preferencia de un bien más barato.
Asimismo, las largas filas de la infinidad de mexicanos en gasolineras estadounidenses, ocasionaban que estos consumidores aprovecharan los cruces para abastecerse de otros productos y bienes, que hubieran podido adquirir de este lado de la frontera.
En síntesis, los consumidores mexicanos de gasolina actuaban con la racionalidad natural de cualquier agente económico. Las desventajas en tiempo por cruzar y esperar horas para abastecerse, las compensaban estos consumidores con la adquisición de otros bienes, de tal suerte que valiera la pena el desgaste en tiempo que conlleva un precio diferenciado.
Ahora, gracias a la homologación de los precios del combustible en toda la frontera mexicana se aprovechará en beneficio nacional este esquema de regulación de la tarifa. Las elasticidades precio de la demanda de gasolina mexicana traerá como consecuencia un incremento sustancial en la cantidad de combustible demandado, con todas las ventajas implícitas para las cadenas productivas de este lado de la frontera.
Además de recuperar el mercado de consumidores mexicanos en gasolina, los consumidores norteamericanos podrán comprar gasolina de este lado de la frontera, con todas sus derivaciones como es el atraer una posible derrama de recursos del exterior en México.
Todas estas condiciones de naturaleza económica, fueron esgrimidas para que en su momento, las fronteras mexicanas pudieran uniformar el precio de sus gasolinas con el de las expendidas en Estados Unidos. Los resultados ya están siendo benéficos para los mexicanos de las fronteras.
Quiero exponer la sentida solicitud de diversos sectores sociales del municipio de Ensenada, Baja California, cuya población está excluida de los beneficios de la homologación de precios energéticos que ya se aplica en las fronteras. Sin ser municipio con frontera directa a Estados Unidos, Ensenada mantiene nexos económicos, turísticos, sociales y culturales con la nación vecina.
El turismo, la agroexportación y buena parte de la actividad económica municipal, tienen entre sus insumos, el combustible para automotores. Asimismo, en Ensenada hay un fenómeno significativo de movimiento poblacional, en razón del gran número de migrantes jornaleros, cuya demanda por servicios de autotransporte les consume buena parte de sus ingresos modestos. Ensenada, sin ser frontera, está siendo castigada por la disparidad de precios en las gasolinas, y sin exagerar puede afirmarse que la homologación de precios para las gasolinas, está generando efectos perjudiciales en su economía, y dañando a grupos sociales. La aplicación racional y bondadosa de la igualación de precios del energético, debe extenderse al municipio bajacaliforniano de Ensenada.
Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de ustedes el siguiente
Punto de Acuerdo
Unico.- Exhortar al Ejecutivo federal para que la medida adoptada de homologar el precio de la gasolina en las zonas fronterizas mexicanas con Estados Unidos, se extienda y beneficie a la población del municipio bajacaliforniano de Ensenada, cuya dinámica económica, social y cultural, gravita de igual manera a los restantes municipios del estado, ya beneficiados por la homologación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, 14 de diciembre de 2002.
Dip. Jaime Martínez Veloz (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Diciembre 14 de 2002.)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL EL DIPUTADO JAIME MARTINEZ VELOZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, DIFUNDE LA VOZ DE PERIODISTAS DE BAJA CALIFORNIA, QUIENES DENUNCIAN ACOSO Y AMENAZAS DE MUERTE POR PARTE DE FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA; PRESENTADA EN LA SESION DEL SABADO 14 DE DICIEMBRE DE 2002
He solicitado el uso de esta tribuna para exponer ante todos ustedes un asunto bastante penoso, que involucra la actuación de funcionarios del Poder Ejecutivo federal, concretamente, de personal asignado a la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), en la ciudad de Tijuana, Baja California.
A reserva de tanta y tanta propaganda gubernamental acerca de los supuestos nuevos tiempos del cambio; a pesar de toda esa publicidad, en muchas instituciones y también con muchos servidores públicos, se mantienen anteriores métodos, actitudes y prácticas, vicios más condenables por el hecho de que ahora hay una administración que se precia de haber superado lacras anteriores.
Sin embargo, este baño de pureza y rectitud parecen adjudicárselo las autoridades tal vez por el simple hecho de suponer que su ascenso al poder bastaba para resolver mágicamente rezagos, injusticias, ilicitudes y demás flagelos que siempre adjudicaron al anterior sistema.
Ahora se dan cuenta de que no es así, lo que de ninguna forma los disculpa ni los puede excusar, porque cualquier acto cometido por funcionarios y servidores públicos, es responsabilidad de los actores, y de sus superiores jerárquicos, quienes teniendo mando son los primeros responsables de los actos ordenados a sus subordinados. Si se cometen actos sin el conocimiento de la autoridad, existe también complicidad por omisión, si enterándose de hechos inadecuados, se abstienen de remediarlos o de sancionarlos.
El asunto que nos trae a esta asamblea es una denuncia de comunicadores de la ciudad de Tijuana, metrópoli en la que permanentemente tienen lugar operativos especiales de fuerzas de seguridad pública, y que en ocasiones parecen encontrar en periodistas y reporteros un sector contra el cual dirigir sus ímpetus, en vez de encausarlo contra quienes debieran.
El día 28 de septiembre pasado, los periodistas Ramón Hurtado, Joel Hurtado y Víctor Cárdenas, cumplían sus funciones en el municipio de Tijuana, en un operativo de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) en el lugar denominado El Granero de Oro. En dicho sitio, fueron amenazados por personal de esa Agencia, que insultó, maltrató e impidió trabajar a los comunicadores y además les destruyó equipo fotográfico.
Los periodistas presentaron una denuncia penal ante el Ministerio Público común, y como respuesta, los agentes policiacos José Ariel Morales López y Francisco Javier Franco Duarte levantaron la averiguación previa 274/2002/UEDO, acusando a los comunicadores de "entorpecer de manera violenta y en forma prepotente" las tareas de la AFI, así como de "arrebatar documentos" a los agentes policiales, lo cual es completamente falso.
En ese contexto de los comportamientos de personal de la PGR en Tijuana, debemos añadir las amenazas de muerte del funcionario José Guadalupe López Castro contra el reportero de Canal 66 de Mexicali, Roberto Rocabado.
Los hechos descritos no son cosas menores. Quienes vivimos en Tijuana conocemos la fama legendaria de las policías federales, que en algunos niveles han sido infiltradas por el crimen organizado; las amenazas y advertencias de muerte contra periodistas bajacalifornianos, son asuntos muy serios. Queremos dejar constancia de ello.
Luego de la movilización de protesta por comunicadores de Baja California, es que la PGR se ha dignado establecer lo que ellos consideran supuesta buena voluntad, porque con respeto a la demanda contra los periodistas, les han concedido el que no tengan que, dicen, trasladarse desde Tijuana a la Ciudad de México a enfrentar las acusaciones; actitud que motivaría a risa, si no fuese por la gravedad del asunto.
Compañeras y compañeros diputados: se dice hasta el cansancio que estos son nuevos tiempos, que el cambio ya nadie lo para, que ya todo es distinto, y folclorismos de ese tipo. Personalmente, soy escéptico de la capacidad y voluntad del Poder Ejecutivo, pero impidamos que el Poder Legislativo se desentienda de combatir la impunidad de las instituciones. Por todo lo anteriormente expuesto es que someto a su consideración el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero.- Que esta soberanía proteste ante las autoridades responsables de la Procuraduría General de la República (PGR) por las amenazas contra periodistas de Tijuana y Mexicali, así como por la destrucción de equipo de trabajo, perpetrado por agentes policiacos de manera impune, y que ante las protestas justas de los afectados, procedieron a acosar judicialmente, valiéndose de la fama de violencia de que goza la Agencia Federal de Investigaciones (AFI).
Segundo.- Que la PGR informe a esta soberanía acerca del estado que guarde la atención a las denuncias presentadas por los periodistas afectados, esperando se resuelva conforme a derecho y se reparen las afectaciones sufridas por los comunicadores bajacalifornianos.
Palacio Legislativo, a 14 de diciembre de 2002.
Dip. Jaime Martínez Veloz (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Diciembre 14 de 2002.)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LA COMISION DEL PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA QUE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2003 SE PUEDAN DESTINAR 100 MILLONES DE PESOS A LABORES DE REHABILITACION DE VICTIMAS DE LAS DROGAS EN BAJA CALIFORNIA, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JAIME MARTINEZ VELOZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DEL SABADO 14 DE DICIEMBRE DE 2002
En estos momentos en que se consideran la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para el 2003, deseo llamar su atención sobre un asunto que requiere especial énfasis. En los últimos años hemos atestiguado procesos desordenados de concentración urbana en condiciones difíciles en diversas regiones del país. Este crecimiento dinámico ha sido acompañado de problemas que ya alcanzan niveles de preocupación alarmante.
Por causas de diversa índole, algunos de estos sinos de descomposición social se manifiestan en un crecimiento muy grave en el número de mexicanos adictos a sustancias dañinas a la salud, como es el caso de las drogas ilegales. Los resultados son devastadores: sufrimiento, muerte, esperanzas destruidas y vidas deshechas.
Para enfrentar el flagelo del narcotráfico, el Estado y la sociedad comprometen su esfuerzo en los ámbitos de la prevención y el combate. Sin embargo, quienes hemos presenciado el estrago social causado por la institucionalización de las adicciones, somos conscientes de la urgente necesidad de apoyar como se debe la rehabilitación de estos enfermos.
Como diputado por Baja California he visto el escalamiento de los índices de adicción en todo el estado. Esta entidad fronteriza tiene el primer lugar nacional en cantidad de adictos a drogas devastadoras como cocaína, heroína o el llamado "cristal", entre otras. El 15% de la población de Tijuana ha consumido drogas por lo menos una vez en su vida. Este dato es un reflejo del drama que sufre el estado.
Las adicciones tienen serios impactos negativos de carácter social, familiar y económico. Los indicadores son terribles. Nada menos, en Baja California, en el primer semestre de este año, 2002, fueron detenidas 871 personas ya fuese por posesión, venta o compra de drogas. En lo que va del segundo semestre del año, los detenidos han sido 689; es decir, al 9 de diciembre de 2002, mil 560 bajacalifornianos han sido aprehendidos en el estado por faltas relacionadas con el tráfico de drogas.
Dentro de este número vergonzoso, se encuentran desde grandes criminales, narcotraficantes famosos, hasta humildes indigentes, que en la terrible desesperación de sus condiciones infrahumanas, encuentran en la evasión de las drogas un escape a su siniestra realidad. Y son precisamente los adictos y la ausencia de una política generalizada de rehabilitación, lo que más me preocupa.
En la lucha integral contra las drogas, debemos recuperar también el proceso de rehabilitación, cuyos beneficios se olvidan en el gran escaparate de la prevención y el combate a los narcóticos. Tanto la prevención como el combate y la rehabilitación son pilares sustantivos de la lucha contra las drogas; este trinomio debe equilibrarse, y no descuidar ninguno de sus ejes. En este caso, apelo a su conciencia por el descuido en labores de rehabilitación.
No hay datos precisos para calcular el perjuicio económico directo de la drogadicción. Sin embargo, estimaciones generales de instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) calculan que el 38% de transgresores de la ley, actúan bajo el influjo de enervantes. A pesar de la ausencia de evidencias estadísticas, es notoria la correlación entre las adicciones y las inmensas pérdidas económicas que ocasionan. En este sentido, debemos admitir que el consumo de drogas va al alza en México, siendo más dramática la situación en el noroccidente del país.
Según los Centros de Integración Juvenil, el uso de cocaína entre los pacientes de la región noroccidente se incrementó de 30% al 60% entre 1990 y 1997. El uso de heroína creció de 16% a 29% en esos años. La adicción entre mujeres se incrementó en ese periodo; en 1990, el 8% de los pacientes eran mujeres, pero en 1997 fueron el 11%.
Para 1997, casi la mitad de quienes se iniciaron en el consumo de drogas lo hicieron antes de los 14 años de edad. En el 75% de los pacientes se detectó un grado preocupante de adicción. Casi la mitad de los pacientes tenía ya más de cinco años de adicción. El 80% consumía más de una droga.
Como pueden darse cuenta, el problema adquiere ya tintes siniestros. El Estado y la ciudadanía debemos impedir el desgarramiento del tejido social, y revertir el problema antes de que salga de control, como ya sucede en sitios focalizados del territorio nacional. El narcotráfico y sus secuelas son enfrentados con la prevención y el combate, pero estamos obligados a considerar todas las medidas necesarias. Y una de esas medidas es el apoyo, la ayuda y la rehabilitación a las víctimas de las adicciones.
Por la experiencia amarga que el flagelo de las adicciones ha dejado en ciudades como Tijuana y Mexicali, la ciudadanía ahí ha dado muestras de capacidad y deseos de participación. Con mucho esfuerzo, sin recursos y con inmensas necesidades, numerosas asociaciones civiles trabajan en el arduo proceso de la rehabilitación de víctimas de adicciones. Es una labor titánica, en la que el Estado mexicano no puede evadirse de un problema de salud pública tan grave. Se puede aprovechar el enorme potencial de la organización ciudadana estructurada en todas estas asociaciones dedicadas a la urgente y altruista tarea de la rehabilitación.
A escala nacional, la Ley Federal de Salud proporciona el marco jurídico con el que esa asignación presupuestal cubre las normas procedimentales y administrativas necesarias para ajustarnos a la normatividad obligada. En Baja California, la existencia de una ley estatal de rehabilitación de adictos precisa con mejor detalle la factibilidad de la propuesta que se expone en apoyo a estas organizaciones ciudadanas dedicadas a la rehabilitación de adictos.
Compañeros diputados, las pérdidas económicas directas e indirectas que ocasiona el uso de drogas son estratosféricas. La asignación de 100 millones de pesos del Presupuesto federal en 2003 tendría un efecto benéfico multiplicador en la rehabilitación de cientos de miles de mexicanos que deben ser recuperados para que contribuyan al desarrollo de la nación.
No es una tarea sencilla la que nos ocupa, pero como servidores públicos estamos comprometidos a emplear todas las medidas posibles que contribuyan al bienestar ciudadano. En el sentido de todo lo anteriormente expuesto, es que someto a consideración de este Pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero y Unico.- Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública considere la asignación de partidas para aplicarse en apoyo a las asociaciones ciudadanas dedicadas a la rehabilitación de adictos, con una presupuestación de 100 millones de pesos para el ejercicio fiscal del año 2003, cifra adecuada para comprometer el esfuerzo federal en esta necesaria tarea. Estos recursos pueden canalizarse al presupuesto del estado de Baja California, etiquetarlos para este rubro y se asignen a cada uno de los municipios de la entidad que sufren esta problemática.
Palacio Legislativo, 14 de diciembre de 2002.
Dip. Jaime Martínez Veloz (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Diciembre 14 de 2002.)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE SE DESTINEN RECURSOS DE ESTE EJERCICIO PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, EVALUACIONES Y COTIZACIONES NECESARIOS PARA DETERMINAR LA MEJOR FORMA DE ADQUISICION O CONSTRUCCION DE BUQUES PARA PEMEX, CON OBJETO DE RENOVAR SU FLOTA PETROLERA, PRESENTADA POR DIPUTADOS DE LA COMISION DE MARINA EN LA SESION DEL SABADO 14 DE DICIEMBRE DE 2002
Con base en los artículos 39 y 45, inciso "g", de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 73, fracción XXIX-D, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de la Comisión de Marina abajo firmantes acuerdan enviar al Pleno de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo para que se destinen recursos del Presupuesto de este ejercicio para llevar a cabo los estudios, evaluaciones y cotizaciones necesarios para determinar la mejor forma de adquisición o construcción de buques para Pemex a fin de renovar su flota petrolera.
Antecedentes
1. El pleno de la Comisión de Marina, el día seis de diciembre de 2000, acordó restablecer el trabajo de la Subcomisión de Marina para el estudio del estado que guarda la Marina Mercante Nacional y la elaboración de programas y proyectos para su fomento, en donde se abordaran los aspectos legislativos para el desarrollo de esta actividad fundamental de la economía nacional.
Dentro de los considerandos que inspiró el acuerdo referido está:
Que carecer de la flota necesaria para cumplir el servicio de cabotaje de Petróleos Mexicanos, paraestatal que cuenta con diecinueve barcos, para el suministro del combustible que requiere la nación, hoy mismo se rentan seis barcos a empresas extranjeras con un costo de cerca de cien mil dólares diarios; se hace necesario encontrar mecanismos y las mejores ofertas de construcción o compraventa para la renovación de la flota de Pemex y su crecimiento para asegurar el abasto nacional en el futuro inmediato.
2. Que la Comisión de Marina ha desarrollado una amplia relación con la Gerencia de Operación y Mantenimiento Marítimo de Petróleos Mexicanos, que le ha permitido conocer a detalle la desafortunada situación que vive la flota marítima propiedad de Petróleos Mexicanos, así como conocer la problemática de la Marina Mercante Nacional desde la óptica del sector social.
3. Que los miembros de esta comisión estamos convencidos de que es necesario emprender acciones que tengan como propósito reducir y, en su caso, eliminar de forma drástica riesgos similares al ocasionado por el B/T "Prestige" en aguas españolas en fechas recientes que puedan originarse por motivo de accidentes sucedidos en embarcaciones petroleras en nuestro país.
Consideraciones
1. Es facultad del Congreso expedir leyes sobre planeación nacional del desarrollo económico y social.
2. Es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados examinar, discutir y aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, discutiendo primero las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo, así como revisar la Cuenta Pública del año anterior, en términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
3. Que es evidente que la flota con que cuenta Petróleos Mexicanos ha sido relegada a segundo término, olvidando que es estratégica para el desarrollo de infraestructura económica y como factor de seguridad nacional, integración territorial, enlace social y conservación de divisas en el país.
4. Que la inoperancia en que se ha dejado a parte de la flota de Petróleos Mexicano ha generado una dependencia excesiva de buques extranjeros, poniendo en riesgo con ello la capacidad del Estado para garantizar la distribución de los hidrocarburos, fuente de consumo nacional para la industria y el uso doméstico.
5. Que el gasto que Petróleos Mexicanos realiza por el fletamento de buques extranjeros oscila entre 77,000 y 100,000 dólares diarios por una flotilla de seis buques, representando dicho gasto una mala decisión para la paraestatal, ya que dichos recursos podrían en su lugar ser invertidos en cubrir costos relativos a la adquisición de embarcaciones propias y nuevas que cuenten con mejores condiciones de navegabilidad y seguridad.
6. Que, de persistir los esquemas de fletamento sin considerar la apremiante necesidad de integrar un programa permanente de renovación de la flota estratégica hasta llegar a 19 buques de 40,000 toneladas, se continuaría con la dependencia en la distribución de productos de carácter estratégico.
7. Que el esquema de fletamento ha incidido en un aumento significativo en los costos de operación de transporte y ha desplazado a cientos de marinos mercantes nacionales egresados de nuestras escuelas náuticas, al no contar con los espacios laborales que han sido ocupados por los marinos extranjeros, provocando así que los marinos mexicanos sean contratados por compañías navieras extranjeras que no cumplen a cabalidad las prestaciones de ley garantizadas en México.
8. Que, además del costo financiero y del desplazamiento de los trabajadores navieros mexicanos, los buques con que actualmente cuenta Pemex en breve se encontrarán imposibilitados estructuralmente para cumplir las normas de seguridad establecidas internacionalmente, lo que robustece la necesidad de renovar la flota de Petróleos Mexicanos implementando diseños de vanguardia específicos que estén de acuerdo con la realidad de los puertos en México, así como con su operación; cumpliendo con las disposiciones de seguridad impulsadas por la Organización Marítima Internacional a través de los diversos tratados internacionales de los que México es parte y que principalmente tengan como objetivo garantizar la conservación del medio ambiente marino.
9. Que los rezagos financieros y de personal de a bordo en México son injustificables, dada la rentabilidad que podría ofrecer el contar con una flotilla de buques propios que satisfaga la necesidad de distribución y abasto nacional.
10. Que es necesario erradicar la dependencia a que nuestro país se encuentra sujeto bajo las condiciones actuales, con el propósito de eliminar la posibilidad de ser presa de los navieros extranjeros de que cualquier día pudieren decidir no realizar más servicios de transporte en México, lo que podría ocasionar un problema de abasto de carácter general y, por tanto, de seguridad nacional.
11. Que la estrecha relación que con Pemex mantiene esta Comisión ha permitido observar y concluir lo siguiente:
Que es necesario y primordial preservar una flota mexicana propia, de carácter estratégico y que cumpla los máximos estándares de seguridad y, desde luego, capaz de afrontar las necesidades futuras del transporte, todo esto con el fin de evitar la dependencia de flotas extranjeras.
Que es necesario e inminente dar inicio a una etapa de sustitución de las embarcaciones de Pemex que están finalizando su vida activa, y bajo este supuesto es necesario conocer los costos, inversiones y requisitos que esto amerita.
Que es preciso reubicar los gastos efectuados por Pemex por concepto de pagos por fletamento, con el fin de convertirlos en inversión y capitalización paraestatal, teniendo como objetivo la garantía del transporte y conservación de la fuente de trabajo para el personal marino de nuestro país.
13. Que la compra o construcción de buques nuevos para Pemex traerán como beneficios los siguientes:
Modernizar la flota propia y con esto reducir los riesgos de operación de acuerdo con la normatividad internacional de la que es parte México.
Mantener los activos capitalizables de la institución.
Garantizar la continuidad en el servicio de transporte de cabotaje adecuándolo a las necesidades actuales y futuras de demanda e infraestructura.
Reducción en los gastos de mantenimiento y reparaciones que obviamente es mayor en las embarcaciones actuales, así como en la disminución de los trabajos de inspección y de clase.
Reducir las operaciones riesgosas que pudieren tener consecuencias similares a las registradas recientemente al norte de España en virtud de las condiciones del B/T "Prestige".
Reducción en los gastos por concepto de refacciones que actualmente consumen las embarcaciones en funcionamiento.
La posibilidad de proyectar de manera más clara y benéfica los gastos anuales de Pemex considerando los financiamientos que tendrían que obtenerse para la compra de los buques y así evitar posibles fluctuaciones del mercado de fletes para embarcaciones extranjeras.
Persiste la dependencia de Pemex en las flotas extranjeras.
Se esté perdiendo el carácter estratégico de la flota de la paraestatal.
Se ha dado lugar a una atmósfera de problemas empresa-sindicato al tener que desplazar a las tripulaciones de su fuente de trabajo, así como al personal de mantenimiento, generando desempleo de los marinos mercantes.
Se incentivan los problemas sindicales en los puertos base de las tripulaciones mexicanas sindicalizadas.
Persiste, y día a día aumenta, el riesgo de sufrir accidentes de carácter ambiental, al contar con embarcaciones que en promedio tienen 24 años de antigüedad.
Punto de Acuerdo
Primero: Que, como primer paso hacia la actualización de la flota de Pemex, se programen, en conjunción con Pemex, las evaluaciones técnicas y comerciales a cargo de la Comisión de Marina tanto en México como en el extranjero para determinar las mejores opciones para el desarrollo y actualización de la flota de Pemex, buscando definir tanto el diseño exacto de los buquetanques que requiere nuestro país como las mejores opciones de construcción en su caso.
Segundo: Que una vez analizadas las mejores opciones tanto de construcción como de financiamiento tanto en México como en el extranjero se establezca en el Presupuesto de Egresos de la Federación un proyecto adscrito a la actividad institucional 443, denominada "Distribuir petróleo, gas y petroquímicos", se etiquete ex profeso y se afecte el renglón de gastos de la Subdirección de Distribución de Pemex Refinación para la compra de los buquetanques que correspondan en el ejercicio inmediato siguiente. Para llevar a cabo las evaluaciones tanto técnicas como comerciales a que se refiere el presente punto de acuerdo, se deberá coordinar conjuntamente con la administración de Petróleos Mexicanos.
Tercero: Que existen en el Presupuesto de Egresos de la Federación las actividades institucionales y los programas especiales necesarios para que el proyecto referido en el considerando segundo sea definido en el Presupuesto de Egresos del año siguiente inmediato como programa especial.
Cuarto: Que el Presupuesto de Egresos de la Federación del año siguiente inmediato adscriba en las actividades institucionales "Desarrollar y construir infraestructura básica" y "Conservar y mantener infraestructura básica", bajo la unidad responsable Pemex Refinación, el Programa Especial de Evaluación Técnica y Comercial para la Construcción o Compra de Buquetanques para Pemex, que tenga como principales objetivos actualizar y desarrollar la flota mexicana y eliminar los riesgos actuales de sufrir accidentes de carácter marítimo que pudieran tener graves repercusiones en el medio ambiente de nuestro país.
Así lo acordaron y firman en el Palacio Legislativo, a los trece días de diciembre del año dos mil dos.
Diputados: César Patricio Reyes Roel, José Alvaro Vallarta Ceceña, Araceli Domínguez Ramírez, Julio César Lizárraga López, José Tomás Lozano y Pardinas, Gustavo A. González Balderas (rúbricas).
(Turnada a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Diciembre 14 de 2002.)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE LA CAMARA DE DIPUTADOS EXHORTA A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION Y A LA SECODAM A AUDITAR LA GESTION DE LA COMISION NACIONAL DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS DURANTE LOS EJERCICIOS FISCALES DE 1996 A 2001, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JOSE ANTONIO MAGALLANES RODRIGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DEL SABADO 14 DE DICIEMBRE DE 2002
El suscrito diputado federal, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar ante esta soberanía el siguiente punto de acuerdo, con base en las siguientes
Consideraciones
Uno de los pilares fundamentales de la educación básica en nuestro país lo constituyen los libros de texto gratuitos, que resultan del afán del Constituyente de 1917 para garantizar el carácter público, gratuito y laico de la educación básica.
Esta alta misión hoy se encuentra bajo sospecha al ser objeto la Comisión de Libros de Texto Gratuitos, Conaliteg, de señalamientos de uso indebido de los recursos públicos durante la administración pasada y la presente.
Ante tales hechos, el Partido de la Revolución Democrática se pronunció, en el pasado periodo de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, por investigar a fondo los posibles casos de corrupción en la Conaliteg, que derivaron en el acuerdo de que la Auditoría Superior de la Federación realice auditorías especiales a la administración actual de dicha Comisión.
En este contexto y a reserva de abordar este asunto con las autoridades educativas responsables, al PRD le interesa conocer el tipo de irregularidades, montos por los que se vio afectado el erario público, la responsabilidad de las autoridades educativas de la época, así como también la actuación de la Secodam, en torno a los grandes ilícitos en contra de la Conaliteg.
En apoyo a lo anterior, se tienen las declaraciones del propio secretario de Educación Pública, Reyes Tamez Guerra, el cual anticipó que se dará a conocer a la Cámara de Diputados el resultado de las auditorías practicadas a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg) en cuya administración anterior se detectaron desvíos de recursos por un monto cercano a los 2 mil millones de pesos cometido durante la administración de Antonio Meza Estrada, ex secretario particular de Ernesto Zedillo.
Además, la investigación contable deberá revisar los supuestos sobregiros y subejercicios, así como las donaciones hechas por las dependencias federales a organismos de asistencia privada como la denominada Vamos México.
Asimismo, resulta preocupante que en el informe de octubre de 2001 a marzo de 2002 el organismo "Vamos México, una sociedad en movimiento", reportó haber recibido donaciones de las Secretarías de Hacienda, de Salud y de Educación, y realizado actividades coordinadas con otras dependencias como la Procuraduría General de la República, el Instituto Politécnico Nacional, la Sedesol y gobiernos estatales, por lo que se considera que existen elementos suficientes para abrir una investigación sobre esos recursos gubernamentales, ya que podría constituirse el delito de peculado.
A lo anterior, se agregan afirmaciones que indican que entre 1999 y 2001 cada libro costó 9.42 pesos en promedio, mientras que en la gestión actual esta cantidad se redujo a 5.41 pesos por ejemplar, hecho que por sí mismo se presume como delito en contra del erario público hasta por un monto de 213 millones 909 mil 454 pesos, lo que representa la mitad de lo que la administración actual ha ahorrado en la producción de libros para el ciclo 2002-2003.
En consecuencia, estas acciones han violentado lo acordado en el Decreto de Creación de la Comisión Nacional de Libros de Textos Gratuitos, expedido por el Presidente Adolfo López Mateos, que establece el compromiso ineludible de "impedir que los libros de texto sean motivo de lucro de nadie, salvo el legítimo beneficio de escritores, dibujantes, grabadores, impresores y en general de todos los que intervienen en el proceso de un libro".
Cabe señalar que el Auditor Superior de la Federación, con fecha 23 de octubre de 2002, comunicó al Presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, que las revisiones realizadas para los años de 1999 y 2000 detectaron la problemática en la adquisición de papel para la producción de libros sin la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el uso de 100 millones de pesos para fines diversos a los que se habían autorizado en el Presupuesto de Egresos del 2000, la adjudicación a proveedores que se encuentran en suspensión de pagos y la adquisición de libros a mayor precio debido a que se realizó la compra mediante la modalidad de adquisición y no por maquila.
Por lo antes expuesto y con el firme propósito de evitar se continúe afectando los recursos que hoy en día resultan escasos para afrontar las necesidades de desarrollo y de respaldo a la población de menores niveles de bienestar, me permito someter a su consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Unico.- La Cámara de Diputados exhorta a la Auditoría Superior de la Federación y a la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo a que procedan a auditar la gestión pública ejercida por 1a Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos durante los ejercicios fiscales 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de diciembre de 2002.
Dip. José Antonio Magallanes Rodríguez (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. Diciembre 14 de 2002.)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE EL IPAB INCREMENTE LAS CUOTAS QUE LOS BANCOS PAGAN POR CONCEPTO DE DEPOSITO, A FIN DE DISMINUIR LOS RECURSOS FISCALES QUE LE SERAN OTORGADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2003, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JOSE ANTONIO MAGALLANES RODRIGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DEL SABADO 14 DE DICIEMBRE DE 2002
Antecedentes
De acuerdo con el proyecto de Presupuesto para el 2003, los recursos fiscales que serán destinados al IPAB ascienden a 23 mil 786 punto 5 millones de pesos.
Considerando
1.- Que el presupuesto solicitado por el IPAB es el resultado de un monto de intereses reales a cubrir por 39 mil 092 punto 6 millones de pesos, menos la estimación de la recuperación de activos y menos las cuotas anuales que los bancos pagan por concepto del seguro de depósito.
2.- Que el artículo 20 de la Ley del IPAB establece que "las instituciones estarán obligadas a pagar al instituto las cuotas ordinarias y extraordinarias que establezca la Junta de Gobierno".
3.- Que el artículo 23 de la ley referida anteriormente establece que "cuando por las condiciones del sistema bancario mexicano el instituto no cuente con los recursos suficientes para hacer frente a sus obligaciones, la Junta de Gobierno podrá establecer cuotas extraordinarias que no excederán en un año, del 3 al millar sobre el importe al que asciendan las operaciones pasivas de las instituciones".
4.- Que es evidente que las condiciones del sistema bancario han incidido de manera negativa en las finanzas públicas y por lo tanto en las del IPAB.
5.- Que el IPAB, además de servir como un seguro de depósito para los usuarios del sistema bancario, tiene como mandato de ley, la reducción del costo fiscal del rescate bancario.
6.- Que el incremento de las cuotas referidas en el párrafo anterior permitiría disminuir en casi 4 mil millones de pesos los recursos fiscales que se le asignarían al Instituto de Protección al Ahorro Bancario.
7.- Que es inaceptable que el Ejecutivo federal esté destinando recursos para "subsidiar" la operación de los bancos, mientras descuida por ello la inversión social y productiva.
8.- Que ante las limitaciones presupuestarias, es de vital importancia que los bancos contribuyan más para sufragar su rescate, más aún cuando se han "amparado" ante las auditorías ordenadas por esta Cámara de Diputados.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 78, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, solicito a la Presidencia de la Mesa Directiva someta a consideración de este Pleno, el siguiente
Punto de Acuerdo
Unico.- Que la Cámara de Diputados haga un exhorto a la Junta de Gobierno del IPAB, para elevar las cuotas que los bancos pagan por concepto de seguro de depósito, a fin de disminuir los recursos fiscales que le serán otorgados para el ejercicio fiscal de 2003.
Dip. José Antonio Magallanes Rodríguez (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Diciembre 14 de 2002.)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE LAS COMISIONES DE SALUD Y DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA ASIGNEN RECURSOS A LAS UNIDADES ESPECIALISTAS DE TRASPLANTES Y ORGANOS RESTAURADOS POR INSTITUCIONES PUBLICAS EN EL PAIS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JOSE ANTONIO MAGALLANES RODRIGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DEL SABADO 14 DE DICIEMBRE DE 2002
El suscrito, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con base en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta la propuesta con punto de acuerdo referente a la necesidad de solicitar a la Comisión de Salud y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que asignen más recursos a las unidades especialistas de trasplantes y órganos restaurados.
Exposición de Motivos
Se estima que los trasplantes de órganos que se requieren cada año son: alrededor de 5 mil a 6 mil de riñón, 7 mil de córneas, 4 mil de corazón y 4 mil de hígado. Ante la carencia de donaciones, hay que agregar la serie de requisitos que deben cumplir los receptores, como el tiempo de espera.
La lista de pacientes en espera de un órgano que les salve la vida o les mejore de forma sustancial, es de 110 mil personas y se estima que 95 por ciento de ellas morirán mientras esperan. De éstas, del 10 al 15 por ciento corresponde a niños que necesitan un trasplante.
Desde 1967 en que se realizó el primer trasplante de corazón en el mundo, en México apenas se han practicado 70 cirugías.
De acuerdo con las estadísticas oficiales más recientes, en México más de 63 mil personas mueren cada año por padecimientos cardiovasculares y ésta es la primera causa de defunción.
De acuerdo con la experiencia nacional e internacional, los avances de la medicina en esta área son alentadores, porque los pacientes trasplantados de corazón logran una sobrevida de 10 años en promedio. De no realizarse la cirugía, la expectativa de vida para estas personas no supera los seis meses una vez que se ha diagnosticado la enfermedad.
Las estadísticas relativas a la mortalidad a causa de la ausencia de un trasplante, hacen necesario un mayor esfuerzo por parte de todos para evitarlas. Y en ese sentido, en días pasados en este Palacio Legislativo se presentaron diversas propuestas tendientes a apoyar los trasplantes en México, tal es el caso de:
II.- Establecer una jornada de información en el Palacio Legislativo, para facilitar la inscripción de los diputados al Registro Nacional Voluntario de Donación de Organos y Tejidos.
III.- Proponer la conformación de un fideicomiso por parte de la Secretaría de Salud, con aportaciones públicas y de los particulares receptores de los órganos trasplantados, cuyos fondos serán destinados para el pago de los gastos hospitalarios y funerarios de todos aquellos donadores de órganos, que salven la vida de otra persona y cuyos familiares carezcan de recursos.
Las instituciones de salud pública en el país cuentan con la infraestructura necesaria para realizar trasplantes; sin embargo, la cantidad de recursos económicos que se requieren para llevarlos a cabo, así como la pobreza en que viven los pacientes, ha limitado el crecimiento de este tipo de cirugías. En tanto, en otros países el promedio de trasplantes por año es de dos mil 500.
Por lo anteriormente expuesto, y con base en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática propone el siguiente
Punto de Acuerdo
Unico.- Se solicita a la Comisión de Salud y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que analicen la posibilidad de incrementar el monto de recursos a las unidades especializadas en trasplantes y órganos restaurados, para el ejercicio fiscal 2003.
Dip. José Antonio Magallanes Rodríguez (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Diciembre 14 de 2002.)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE LA CAMARA DE DIPUTADOS CONDICIONE LOS RECURSOS FISCALES QUE SE DESTINARAN AL IPAB EN EL PRESUPUESTO DE 2003 A LA INVESTIGACION DE LAS OPERACIONES LLEVADAS A CABO POR EL INSTITUTO DURANTE LA GESTION DE EUGENIO GONZALEZ SIERRA, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JOSE ANTONIO MAGALLANES RODRIGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DEL SABADO 14 DE DICIEMBRE DE 2002
Antecedentes
Eugenio González fue aprehendido por la PGR a principios de octubre de 2001, acusado de los delitos de cohecho, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
Lo anterior, como resultado de una denuncia de los representantes del grupo GMD en la reestructuración de algunos créditos que figuraban en las "listas reportables de Mackey" realizadas con Banco Inverlat. Sin embargo, el 4 de enero de 2002 fue puesto en libertad bajo caución y reaprehendido el 23 noviembre de presente año.
Considerando
1. Que el funcionario fue reaprehendido hace pocos días por la Procuraduría General de la República y, como todos recordamos, se desempeñó como secretario jurídico adjunto del instituto.
2. Que, conforme a la Ley del IPAB, en su artículo 18, fracción XXVIII, es facultad del secretario ejecutivo proponer a la Junta de Gobierno el nombramiento de los servidores públicos del instituto del nivel inmediato inferior.
3. Que Eugenio González fue propuesto por el secretario ejecutivo y aprobado por la Junta de Gobierno de la institución.
4. Que durante casi un año de gestión como secretario jurídico adjunto fungió como apoderado legal del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, con las funciones que le marca el artículo 23 de la Ley del IPAB.
5. Que entre estas funciones se encuentran las de coordinar los aspectos relacionados con los procesos de adquisición, recuperación, enajenación y administración de bienes.
6. Que durante la gestión de Eugenio González como secretario jurídico adjunto, el IPAB realizó operaciones de venta de cartera y de inmuebles por más de 60 mil millones de pesos, además de que se inició y concluyó la venta de Bancreser a Banorte. Operación que fue muy cuestionada en virtud de que el saneamiento de Bancreser tuvo un costo fiscal de aproximadamente 100 mil millones de pesos y fue vendido en sólo 1,650 millones de pesos.
7. Que, además, durante la gestión de Eugenio González se llevó a cabo la reestructuración de poco más de 35 mil millones de pesos de Grupo Financiero Banorte, que "casualmente" después adquirió Bancreser, así como la conclusión del costoso saneamiento del banco Inverlat.
8. Que, en promedio, por cada peso de cartera y activos que ha vendido el IPAB, sólo ha recuperado en promedio 17 centavos, cifra muy por debajo de los 30 centavos por cada peso que alguna vez estimaron recuperar las autoridades gubernamentales.
9. Que en la revisión de la Cuenta Pública, el Auditor Superior de la Federación hizo una serie de señalamientos muy graves respecto a la gestión del Instituto de Protección al Ahorro Bancario, donde refirió textualmente lo siguiente: "En el caso de Bancreser, no se realizaron los procesos de licitación correspondientes a la venta de acciones del banco, como en lo referente a la recuperación de cartera".
10. Que resulta difícil creer que Eugenio González haya actuado solo dentro del IPAB.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a la Presidencia de la Mesa Directiva someta a consideración de este Pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Unico. Que la Cámara de Diputados condicione los recursos fiscales que serán destinados al IPAB en el Presupuesto de 2003 a la investigación de todas y cada una de las operaciones llevadas a cabo por el Instituto durante la gestión de Eugenio González Sierra.
Dip. José Antonio Magallanes Rodríguez (rúbrica)
(Turnada a la Junta de Coordinación Política. Diciembre 14 de 2002.)
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