Gaceta Parlamentaria, año IV, número 870, miércoles 31 de octubre de 2001

Orden del Día

SESION DEL MIERCOLES 31 DE OCTUBRE DE 2001

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

De los Congresos de los estados de Chihuahua, Coahuila, Colima, México, Puebla, San Luis Potosí y Tabasco.

De grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

De la Junta de Coordinación Política.

Iniciativa del Ejecutivo

De ley que autoriza al Ejecutivo federal para otorgar apoyos tendientes a salvaguardar los servicios de transporte aéreos. (Turno a Comisión).

Iniciativas de ciudadanos diputados

De Ley Nacional del Parlamento de la Juventud, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión).

De reformas a los artículos 21, 73 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión).

De reformas a la Ley Federal de Cinematografía, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión).

Minuta

Con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Carolina Marín Hernández, Zaida Leovana Castro Alcalde, Luis Roberto Morales Gómez, Mónica Gabriela Morales Juárez, Marco Antonio García Cárdenas, María del Carmen Uruñuela Martínez, Héctor Omar Canales González, María Delgado Rendón, Salvador Alejandro Jiménez Castillo, Alejandra Abigahy Domínguez Saldaña, Misi Dalila Espinoza Jurado, José Carlos Lira Caballero, Iván Villaseñor Martínez, Ana Cristina Covarrubias Carrillo, José Luis Chávez Hernández, Ceciliano González Plácido, Elisa Ledesma Martínez, Mónica Gabriela Marquina Gaxiola y Martha Alicia Beltrán Alanís, para prestar servicios en la Embajada y Consulados Generales de los Estados Unidos de América, en Matamoros, Tamaulipas; Tijuana, Baja California; Guadalajara, Jalisco, y Ciudad Juárez, Chihuahua, respectivamente. (Turno a Comisión).

Excitativas

A la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

A la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, a cargo de la Dip. Norma Patricia Riojas Santana, del Partido de Sociedad Nacionalista.

Proposiciones

Con punto de acuerdo sobre el nombramiento de Miguel Hidalgo y Costilla, como "Generalísimo de las Américas" a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión).

Con punto de acuerdo para incorporar en el Ramo 20 "Desarrollo Social" del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2002, y subsecuentes: Programa Iniciativa Ciudadana 3x1 para crear proyectos productivos sociales, inversión en infraestructura y equipamiento urbano, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión).

Con punto de acuerdo para exhortar al Poder Ejecutivo federal, a fin de que se revisen y mejoren, las indemnizaciones a los titulares de los predios, que fueron expropiados para la construcción del nuevo aeropuerto internacional de México, a cargo de la Dip. Beatriz Cervantes Mandujano, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución).

Con punto de acuerdo sobre las tarifas telefónicas, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).

Con punto de acuerdo para que se exhorte a la Secretaría de Hacienda a fin de que los fondos de comercialización de los productores sean manejados por ellos mismos, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión).

Con punto de acuerdo sobre la situación política en el estado de Chiapas, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión).

Con punto de acuerdo sobre la problemática del gas en el estado de Nuevo León, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión).

Con punto de acuerdo para solicitar tanto a la Sagarpa, como a la Secretaría de Economía, la información necesaria de la importación de leche en polvo de Argentina, que de acuerdo a la información internacional, este país está infectado de fiebre aftosa, a cargo del Dip. Héctor Pineda Velázquez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión).

Con punto de acuerdo en relación a la problemática que presenta la producción y comercialización de la copra en México, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución).

Con punto de acuerdo para apoyar a los productores de la copra en el país, a cargo del Dip. Rubén Aguirre Ponce, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).

Con punto de acuerdo para formular un pronunciamiento respecto a la obra inconclusa en el cruce de la Av. Ignacio Zaragoza y Eje 3 Oriente, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión).

Con punto de acuerdo para que la Comisión de Cultura realice los estudios conducentes para evitar que los monumentos, zonas arqueológicas, artísticas e históricas, sean utilizadas para un uso distinto al de su naturaleza, a cargo del Dip. Elías Martínez Rufino, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).

Con punto de acuerdo para que la Secretaría de Relaciones Exteriores, proponga al Gobierno de Belice, la creación de una reunión binacional, para analizar la viabilidad ambiental en la construcción de la hidroeléctrica "Chalillo", a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión).

Con punto de acuerdo para que se realice una auditoría política a todos los representantes populares de elección federal, a cargo del Dip. Jaime Martínez Veloz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión).

Con punto de acuerdo sobre el caso de la Lic. Digna Ochoa y Plácido, a cargo de la Dip. Magdalena Núñez Monreal, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).

Con punto de acuerdo para que la Sagarpa ejerza los recursos relacionados con el apoyo a los productores de café, para la presente cosecha, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución).

Con punto de acuerdo en relación a las elecciones extraordinarias en el municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión).

Con punto de acuerdo en relación con el llamado impuesto TOBIN, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).

Con punto de acuerdo en relación a la función 14 del Presupuesto, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión).

Con punto de acuerdo en relación con la defensa del Congreso, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión).

Con punto de acuerdo para revisar la política presupuestal de la Secretaría de Salud para el estado de Oaxaca, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión).

Con punto de acuerdo sobre el funcionamiento de la gasera ubicada en la colonia Aeronáutica Militar, en la delegación Venustiano Carranza, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión).

Con punto de acuerdo en relación al desempeño de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).

Con punto de acuerdo en relación a las vacantes de puestos en la Cámara de Diputados, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión).

Con punto de acuerdo en relación al proceso electoral en el estado de Puebla, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión).

Con punto de acuerdo para que el crimen de la Lic. Digna Ochoa y Plácido, tenga importante y tenaz seguimiento, por parte de esta Cámara de Diputados, hasta su esclarecimiento y castigo a los responsables, a cargo del Dip. Enrique Herrera y Bruquetas, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).

Con punto de acuerdo en relación a la situación cañera, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).

Agenda política

Comentarios sobre el fuero de los legisladores y su violación por parte de las autoridades, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

Comentarios sobre el derecho de asociación sindical en el estado de México, a cargo del Dip. Lucio Fernández González, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

Comentarios sobre la política indígena en el estado de Veracruz, a cargo del Dip. Edgar Consejo Flores Galván, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Efemérides

Sobre el Día Mundial del Combate a la Pobreza, a cargo de la Dip. Norma Patricia Riojas Santana, del Partido de la Sociedad Nacionalista.

Sobre el aniversario de la Constitución de Apatzingán, a cargo de los diversos grupos parlamentarios y partidos políticos representados en la Cámara de Diputados.

Sobre el 56 aniversario de la fundación de la Organización de las Naciones Unidas, a cargo de la Dip. Beatriz Lorenzo Juárez, del Partido Alianza Social.

Sobre la ciudadanización del Instituto Federal Electoral (31 de octubre de 1996), a cargo de la Dip. Beatriz Lorenzo Juárez, del Partido Alianza Social.

Proyecto de Acta

DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNION, QUE SE SOMETERA A CONSIDERACION DEL PLENO EL MIERCOLES 31 DE OCTUBRE DE 2001

ACTA DE LA SESION DE LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNION, CELEBRADA EL MARTES TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL UNO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO DE LA QUINCUAGESIMA OCTAVA LEGISLATURA

Presidencia de la diputada Beatriz Elena Paredes Rangel

En el Palacio Legislativo de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, a las diez horas con veintisiete minutos del martes treinta de octubre de dos mil uno, con la asistencia de doscientos setenta y seis diputados, la Presidenta declara abierta la sesión.

La Secretaría da lectura al orden del día.

La Asamblea aprueba en sus términos el acta de la sesión anterior, en votación económica.

Comunicación de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, por la que informa de la creación de una Subcomisión de Seguimiento al Rescate Bancario. De enterado.

Comunicación de la Presidenta de la Mesa Directiva, con la que informa de la recepción de informes de actividades y programas de trabajo de comisiones legislativas. Túrnense los originales a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos y publíquense en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaría da lectura a una comunicación de la Mesa Directiva, con la que informa del sensible fallecimiento del señor Héctor Manuel de Antuñano y Lora, Director General de Crónica Parlamentaria, y la Asamblea guarda un respetuoso minuto de silencio en su memoria.

Oficio de la Cámara de Senadores, por el cual remite, para los efectos del inciso h) del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos veinticuatro, veinticinco, ciento treinta y seis y ciento treinta y siete de la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentada por el senador José Carlos Cota Osuna, del Partido Revolucionario Institucional. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Presentan iniciativas con proyecto de decreto, los diputados:

Narciso Alberto Amador Leal, del Partido Revolucionario Institucional, que adiciona los artículos setenta y tres y ciento quince de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de coordinación para el desarrollo social. Presidencia del diputado Eric Eber Villanueva Mukul

Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, y para su conocimiento a la Comisión de Desarrollo Social.

Germán Arturo Pellegrini Pérez, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo séptimo de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. Se turna a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.

Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo ciento treinta y tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Relaciones Exteriores.

A las once horas con treinta y cinco minutos, la Secretaría informa del registro de cuatrocientos treinta y nueve diputados, y ordena el cierre del sistema electrónico de asistencia y votación. José Antonio Arévalo González, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma el artículo setenta y tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Herbert Taylor Arthur, del Partido Acción Nacional, y a nombre de integrantes de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, que reforma los artículos dieciséis, fracción primera; veinticuatro, fracción duodécima, y setenta y siete, fracciones cuarta y sexta, de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Lorenso Rafael Hernández Estrada, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el decreto por el que se extingue el Organismo Público Descentralizado, Ferrocarriles Nacionales y que abroga su Ley Orgánica.

Presidencia de la diputada Beatriz Elena Paredes Rangel

Se turna a la Comisión de Transportes.

La Secretaría da lectura al dictamen de la Comisión de Agricultura y Ganadería, con punto de acuerdo para exhortar a las secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y de Economía, para que se vigile en todos los puntos de entrada del país y se evite el ingreso del producto comercialmente llamado zilmax (clorhidrato de zilpalterol), utilizado en la alimentación del ganado bovino.

Habla en pro del punto de acuerdo, el diputado Ramón León Morales, del Partido de la Revolución Democrática.

La Secretaría, por instrucciones de la Presidenta, da lectura al punto de acuerdo y no habiendo nadie más que haga uso de la palabra, la Asamblea lo considera suficientemente discutido y lo aprueba por unanimidad en votación económica. Comuníquese.

La Secretaría da lectura al dictamen de la Comisión de Agricultura y Ganadería, con punto de acuerdo para exhortar al titular del Ejecutivo Federal, para que dentro del ámbito de sus atribuciones, y por medio de la dependencia correspondiente, se cree un fondo especial para combatir cualquier posible brote de enfermedades o plagas exóticas en el país.

En pro del punto de acuerdo, habla el diputado Silverio López Magallanes, del Partido Revolucionario Institucional.

Sin nadie más que haga uso de la palabra, en votación económica la Asamblea considera suficientemente discutido el punto de acuerdo y de la misma manera lo aprueba. Comuníquese al Poder Ejecutivo, anexando copia de la versión estenográfica de la intervención del diputado Silverio López Magallanes, y remítase copia a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

El diputado Esteban Daniel Martínez Enríquez, del Partido de la Revolución Democrática, solicita excitativa a las comisiones de Salud y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en relación con proposiciones con punto de acuerdo sobre la contaminación crónica por plomo que sufren los habitantes de Torreón, Coahuila, presentadas el veintitrés de noviembre y el siete de diciembre de dos mil. La Presidenta formula la excitativa correspondiente.

El diputado Francisco Agundis Arias, del Partido Verde Ecologista de México, presenta proposición con punto de acuerdo sobre el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. Se turna a la Mesa Directiva.

La Presidenta concede el uso de la tribuna al diputado Luis Alberto Villarreal García, del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la ampliación de un tramo de la carretera que va de San Miguel Allende, Guanajuato a la autopista cincuenta y siete federal. Se turna a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Comunicaciones.

Presenta una proposición con punto de acuerdo sobre política exterior, el diputado Miguel Bortolini Castillo, del Partido de la Revolución Democrática. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores.

La Presidenta otorga el uso de la palabra al diputado Víctor Antonio García Dávila, del Partido del Trabajo, para presentar una proposición con punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados solicite al Presidente de la República, en su carácter de Jefe de Estado, proponga al Pleno de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, realice una cumbre mundial contra el terrorismo.

Presidencia de la diputada María Elena Alvarez Bernal

Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores.

Se refiere al mismo tema el diputado Augusto Gómez Villanueva, del Partido Revolucionario Institucional, quien presenta proposiciones al respecto.

Presidencia de la diputada Beatriz Elena Paredes Rangel

La Presidenta solicita al diputado Augusto Gómez Villanueva que toda vez que se le había concedido la palabra para referirse al mismo asunto, y al final de su intervención planteó varias proposiciones, las presente directamente en el seno de la Comisión de Relaciones Exteriores.

Presenta una proposición con punto de acuerdo la diputada Rosa Delia Cota Montaño, del Partido del Trabajo, para solicitar se apruebe la donación de un día de dieta por parte de los diputados, para los damnificados por el Huracán Julliete, en el Estado de Baja California Sur. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

La Presidencia concede el uso de la tribuna al diputado Manuel Castro y del Valle, del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo sobre la procuración de justicia. Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Para presentar una proposición con punto de acuerdo, la Presidencia concede la palabra a la diputada Hortensia Enríquez Ortega, del Partido Revolucionario Institucional, para solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público amplíe el plazo para otorgar subsidios a la tarifa cero nueve, y solicita trámite de urgente y obvia resolución.

La Asamblea considera el asunto de urgente resolución en votación económica.

Hablan en pro del punto de acuerdo, los diputados: César Patricio Reyes Roel, del Partido Acción Nacional; y José Delfino Garcés Martínez, del Partido de la Revolución Democrática

No habiendo nadie más que haga uso de la palabra, la Asamblea considera el punto de acuerdo suficientemente discutido y lo aprueba en votación económica. Comuníquese.

El diputado Sergio Acosta Salazar, del Partido de la Revolución Democrática, sube a la tribuna para presentar una proposición con punto de acuerdo sobre los resultados del viaje internacional del Presidente Vicente Fox Quesada.

Hablan sobre el mismo tema, los diputados: Carlos Alberto Valenzuela Cabrales, del Partido Acción Nacional; Víctor Antonio García Dávila, del Partido del Trabajo; y Lorena Beaurregard de los Santos, del Partido Revolucionario Institucional.

Se turna la proposición a la Comisión de Relaciones Exteriores.

Para presentar una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República para que atraiga el caso del atentado al candidato del Partido Revolucionario Institucional al gobierno del Estado de Michoacán, Alfredo Anaya Gudiño, la Presidenta concede la palabra al diputado Juan Carlos Regis Adame, del Partido del Trabajo. Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Sube a la tribuna el diputado José Gaudencio Víctor León Castañeda, del Partido Acción Nacional, para presentar una proposición con punto de acuerdo para que se establezca un programa ecológico integral de reforestación en la zona Iztaccíhuatl-Popocatépetl, abarcando los estados de Puebla, México y Morelos.

Presidencia de la diputada María Elena Alvarez Bernal

Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Se refieren al mismo asunto, los diputados: Erica Elizabeth Spezia Maldonado, del Partido Verde Ecologista de México; José Gerardo de la Riva Pinal, del Partido Revolucionario Institucional, quien presenta proposiciones al respecto y la Presidenta le solicita dejarlas en la Secretaría para anexarlas a la proposición del diputado José Gaudencio Víctor León Castañeda; Víctor Emanuel Díaz Palacios, del Partido Revolucionario Institucional;

Presidencia de la diputada Beatriz Elena Paredes Rangel

y Alonso Ulloa Vélez, del Partido Acción Nacional, quien sugiere implícitamente turnar la proposición también a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, y la Presidenta atiende la sugerencia.

Se concede el uso de la tribuna al diputado Jaime Arturo Larrazabal Bretón, del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo para dinamizar y eficientar el turismo social en el país. Se turna a la Comisión de Turismo.

Agotado el tiempo acordado para la duración de las sesiones, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y la Presidenta clausura la de hoy a las quince horas con veinticinco minutos, citando para la que tendrá lugar el próximo miércoles treinta y uno de octubre de dos mil uno, a las nueve horas.

Comunicaciones I

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Chihuahua, Chih., l de octubre de 2001.

C. Dip. Presidenta de la H. Cámara de Diputados

De conformidad con lo que establece el artículo 26, segundo párrafo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado de Chihuahua, nos permitimos dar a conocer a usted que con esta fecha, previa protesta de sus integrantes, han sido instalados los trabajos correspondientes al primer periodo ordinario de sesiones, dentro del primer año de ejercicio constitucional de la Sexagésima Legislatura del H. Congreso del estado, quedando integrada su Mesa Directiva, de la siguiente forma:

Presidente: Dip. Víctor Emilio Anchondo Paredes.

Vicepresidente: Dip. Víctor Leopoldo Valencia de los Santos.
Vicepresidente: Dip. Víctor Hugo Estala Banda.

Primer secretario: Dip. Pedro Domínguez Alarcón.
Segundo secretario: Dip. Jesús Alfredo Velarde Guzmán.

Prosecretario: Dip. Héctor Elías Barraza Chávez.
Prosecretario: Dip. Rubén Aguilar Jiménez.

Sin más por el momento, reiteramos a usted las seguridades de nuestra atenta y distinguido consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

El Presidente del H. Congreso del estado
Dip. Víctor Emilio Anchondo Paredes (rúbrica)

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA

C. Dip. Beatriz Paredes Rangel
Presidenta de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión

El H. Congreso del estado de Coahuila de Zaragoza, en la décima cuarta sesión de su Diputación Permanente, correspondiente al segundo periodo de receso del segundo año de ejercicio constitucional, de esta LV Legislatura, celebrada el día 24 de septiembre del año 2001, aprobó por votación unánime de sus integrantes el siguiente:

Acuerdo

Unico.- Que con fundamento en los imperativos constitucionales que se desprenden de los artículos 86 y 89 de la Constitución Política del país, se envié atento oficio al Senado de la República haciéndoles saber nuestra preocupación al respecto y que en uso de sus facultades analice la política exterior desarrollada y vigile el cumplimiento de nuestros principios normativos tales como: la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los estados, la cooperación internacional para el desarrollo y la lucha por la paz y la seguridad internacionales. Todo esto conforme al pacto federal de nuestra entidad con los demás estados y la Federación.

Asimismo y siendo de su estricta competencia solicitamos al H. Congreso de la Unión elevar respetuoso exhorto, en los términos de ley, al ciudadano Presidente de los Estados Unidos de América, George W. Bush para que:

La acción política, diplomática y militar en respuesta a los atentados sufridos en suelo norteamericano, sean ante todo un acto de estricta justicia, no de venganza;

En la búsqueda, detención y castigo de los culpables no se lesione a la población civil;

En la búsqueda, detención y castigo de los culpables de los atentados no se lesione el valor fundamental de la forma de vida norteamericana: la democracia, y

Finalmente, considerando que en los atentados terroristas del 11 de septiembre falleció un gran número de ciudadanos mexicanos, por lo cual el dolor del pueblo norteamericano también lo es nuestro, sin embargo, reiteramos nuestra voluntad de que los actos retaliatorios sean ejemplo universal de justicia, de humanitarismo y de solidez moral.

Le comunico lo anterior para la consideración y trámite que estime oportuno, anexando copia fotostática simple del documento, origen del presente acuerdo.

Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Saltillo, Coahuila, a 25 de septiembre del año 2001.

El oficial mayor del Congreso
Prof. y Lic. Alfonso Martínez Pimentel (rúbrica)

Saltillo, Coah., a 24 de septiembre del 2001.

Punto de acuerdo: exhorto a los poderes de la Unión a actuar con racionalidad y humanismo en la actual situación internacional

El pueblo de Coahuila es desde siempre irreductiblemente solidario con las mejores causas de la humanidad.

Todos los pueblos del mundo tienen derecho a vivir en paz y concordia

Todas las naciones tienen el derecho inalienable a defender la integridad de sus fronteras, a tomar aquellas medidas que considere pertinentes para garantizar la vida, los bienes y la tranquilidad de sus habitantes.

La paz mundial depende del respeto a la libre determinación de los pueblos, los conflictos que puedan presentarse deben intentar ser resueltos por la vía diplomática bilateral, o en su defecto, acudiendo a las instancias internacionales creadas para el efecto, instancias reconocidas por la gran mayoría de los gobiernos nacionales.

Nuestro apego a la legalidad, a la justicia y a la solución pacífica de los conflictos está más allá de toda duda.

Nuestra cercanía histórica y geográfica con los Estados Unidos y los norteamericanos nos hacen sentir como propios los sentimientos emanados de los atentados terroristas en contra de las ciudades de Washington y Nueva York.

Antecedentes

Las fracciones parlamentarias "Valentín Campa Salazar" del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y "Luis Donaldo Colosio Murrieta" del Partido Revolucionario Institucional se suman al sentimiento del pueblo norteamericano por la tragedia acontecida en las ciudades de Nueva York y Washington a manos de terroristas. Ninguna supuesta afrenta justifica el sacrificio de personas inocentes.

Desde esta máxima tribuna de los coahuilenses enviamos nuestra solidaridad al pueblo norteamericano, al tiempo que reprobamos la actuación de los terroristas, que sin ningún resquicio de duda deben pagar por los crímenes de lesa humanidad en que han incurrido, lastimando en lo más hondo el espíritu norteamericano.

México es un país de una larga tradición internacionalista. El servicio diplomático mexicano ha servido en incontables ocasiones como mediador en conflictos entre naciones. La vocación de nuestro pueblo para con el resto de los países, es el del sostenimiento de la paz a toda costa recurriendo a la diplomacia como recurso de elección para la solución de los diferendos. Esta política fomentada desde las más altas esferas del poder público han ganado a México el respeto, la admiración de muchos países, que han visto con alivio la intervención diplomática mexicana como un elemento de reflexión y cordura para el entendimiento entre las posturas encontradas.

El prestigio logrado por el servicio exterior mexicano, el reconocimiento a la política internacional del país y el recurso que representa la diplomacia mexicana para la solución de conflictos, está en peligro de perderse y aun complicar más la difícil situación mundial, de darse el paso esbozado por las autoridades federales de que México deba alinearse política, estratégica y militarmente a los planes de los Estados Unidos de tomar represalia contra los responsables de los atentados en Washington y Nueva York.

Razón por la cual sometemos a su digna consideración de esta legislatura el siguiente:

Punto de Acuerdo

Que con fundamento en los imperativos constitucionales que se desprenden de los artículos 86 y 89 de la Constitución Política del país, se envié atento oficio al Senado de la República haciéndoles saber nuestra preocupación al respecto y que en uso de sus facultades analice la política exterior desarrollada y vigile el cumplimiento de nuestros principios normativos tales como la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza de las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los estados, la cooperación internacional para el desarrollo y la lucha por la paz y la seguridad internacionales, todo esto conforme al pacto federal de nuestra entidad con los demás estados y la Federación.

Asimismo y siendo de su estricta competencia solicitamos al H. Congreso de la Unión elevar respetuoso exhorto en los términos de ley al ciudadano Presidente de los Estados Unidos de América, George Bush para que:

La acción política, diplomática y militar en respuesta a los atentados sufridos en suelo norteamericano, sean ante todo un acto de estricta justicia, no de venganza.

En la búsqueda, detención y castigo de los culpables no se lesione a la población civil.

En la búsqueda, detención y castigo de los culpables de los atentados no se lesione el valor fundamental de la forma de vida norteamericana: la democracia.

Grupo parlamentario del PRD
"Valentín Campa Salazar"

Dip. Luis Roberto Jiménez Gutiérrez (rúbrica)
Coordinador

Grupo parlamentario del PRI
"Luis Donaldo Colosio Murrieta"

Dip. Gerardo Garza Melo (rúbrica)

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA

CC. Diputados Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión

En sesión pública ordinaria número 2, de fecha 9 de octubre del presente año, los diputados integrantes de la H. LIII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Colima, en ejercicio de las facultades que les confieren los artículos 37, fracción I, de la Constitución Política local; 22, fracción I, 83, fracción I, 84, fracción III, y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, emitieron y aprobaron por unanimidad un punto de acuerdo, el que textualmente señala:

Primero.- Los diputados y diputadas de esta Quincuagésima Tercera Legislatura del Estado Libre y Soberano de Colima, exhortamos a los tres poderes de la Unión, para que se aclaren los hechos de la historia ocurridos el 2 de octubre de 1968, que aún duelen y empañan toda transición democrática y se deslinden responsabilidades.

Segundo.- Demandamos al titular del Poder Ejecutivo Federal, la apertura, no sólo de los archivos en poder del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, sino también los existentes en el Ejército Mexicano, en la Procuraduría General de la República y los documentos existentes en el Archivo General de la Nación.

Lo que comunicamos a usted, en vía de petición y para todos los efectos de ley correspondientes.

Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Colima, Col., octubre 9 de 2001.

Dip. Salvador Solís Aguirre (rúbrica)
Secretario

Dip. Gonzalo Lino Peregrina (rúbrica)
Secretario

Los diputados integrantes de la Quincuagésima Tercera Legislatura constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 84, fracción III, y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, aprueban el siguiente punto de acuerdo, bajo los siguientes:

Considerandos

Primero.- Que una parte importante de los logros democráticos que hoy gozamos los mexicanos, no se podrían explicar sin tomar en consideración a todos los participantes directos e indirectos en la lucha estudiantil de 1968, de los cuales, una parte considerable de ellos y los herederos de esta generación en particular, continúan o se encuentran hoy, desde distintas posiciones, participando de manera directa y significativa, no sólo en la conducción política del país, sino también en su transformación democrática.

Segundo.- Que la lucha por las libertades democráticas de 1968 no fue única y exclusiva de los centros de estudios del Distrito Federal, sino de otros muchos estados que contribuyeron a la lucha por las libertades democráticas.

Tercero.- Que conjuntamente con el sector estudiantil, otros muchos sectores sociales participaron de manera importante en el desarrollo de este movimiento.

Cuarto.- Que los responsables de los criminales hechos de Tlatelolco no sólo no han sido castigados, también se ignora la identidad de muchos de ellos.

Quinto.- Que es necesario el deslinde público de la responsabilidad para excusar a los funcionarios públicos e integrantes del Ejército que no hayan participado en los crímenes de lesa humanidad.

Sexto.- Que el anuncio del secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, de la apertura de los archivos sobre 1968 en poder del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, para que puedan ser consultados por la CNDH y la PGR, es un paso importante en el deslinde de responsabilidades, sin embargo es totalmente insuficiente.

Séptimo.- Que es necesaria, también, la apertura de los archivos del Ejército Mexicano, de la Procuraduría General de la República y los documentos existentes en el Archivo General de la Nación relativos a la masacre de 1968. Asimismo, que dichos archivos puedan ser consultados, no sólo por la CNDH y la PGR, sino también por investigadores, ONG?S, periodistas y público en general.

Octavo.- Que los jóvenes estudiantes que lucharon por las ideas de libertad y verdadera democracia en 1968, no sólo recibieron el apoyo de la sociedad en su mayoría, también recibieron, y continúan haciéndolo, el agradecimiento y reconocimiento de todos los que hoy gozamos de los frutos de su lucha; por lo que es necesario reconocer que la razón siempre triunfará sobre la fuerza y la brutalidad del poder de un régimen que comenzó a ser expulsado desde 1968, a través una lección histórica de que sólo la nación que respeta la riqueza en la diversidad de las ideas y los distintos proyectos de nación, puede ser una nación que perdure.

Por lo anterior, el Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, aprueba el siguiente:

Punto de Acuerdo

Segundo.- Demandamos al titular del Poder Ejecutivo federal, la apertura, no sólo de los archivos en poder del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, sino también los existentes en el Ejército Mexicano, en la Procuraduría General de la República y los documentos existentes en el Archivo General de la Nación.

Atentamente
Colima, Col., octubre 9 de 2001.

Los integrantes de la LIII Legislatura constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima

Diputados: Jorge Octavio Iñiguez Larios, Nabor Ochoa López, Roberto Chapula de la Mora, José Mancilla Figueroa, Héctor Arturo Velasco Villa, Roberto Alcaraz Andrade, J. Jesús Fuentes Martínez, Gustavo Alberto Vázquez M., Gonzalo Lino Peregrina, Francisco X. Maurer Ortiz M., Salvador Solís, Aguirre, Antonio Morales de la Peña, Adrián López Virgen, Rosa E. de la Rosa Munguía, Fernando Ramírez González, Rafael Vázquez Anguiano, Rubén Vélez Morelos, Agustín Martell Valencia. Ma. del Rosario Gómez Godínez, Mercedes Carrasco Zúñiga, José Ma. Valencia Delgado, Armando de la Mora Morfín, Sergio M. Bravo Sandoval, Jaime Enrique Sotelo García, Joel Padilla Peña (rúbrica).

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MEXICO

Toluca de Lerdo, Méx., 3 de octubre del 2001.

CC. Diputados Secretarios del H. Congreso de la Unión
Presentes

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, me permito comunicarles que en junta celebrada el 3 de octubre del año en curso, la LIV Legislatura del estado de México, tuvo a bien elegir la Directiva que conducirá los trabajos legislativos durante el segundo mes del tercer periodo ordinario de sesiones, habiendo sido electa su servidora, Presidenta de la misma, y los señores diputados: Mario Enrique del Toro y Andrés Mauricio Grajales Díaz, vicepresidentes; Mario Santana Carbajal y Gonzalo López Luna, secretarios; José Antonio Saavedra Coronel y Pedro Jaime Hernández Méndez, prosecretarios.

Sin otro particular, les reitero mi distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Dip. Angélica Moya Marín
Presidenta

Toluca de Lerdo, México, 3 de octubre de 2001.

Dip. Beatriz Paredes Rangel
Presidenta de la Mesa Directiva de la H. LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados
Presente

Sea esta la ocasión propicia para enviarle mi más atento y cordial saludo, al mismo tiempo hago de su conocimiento que la honorable LIV Legislatura del Estado Libre y Soberano de México me ha designado como Presidente de la Gran Comisión para su segundo año.

La responsabilidad que me ha sido conferida parte de un intenso proceso de acercamiento, consenso y construcción de acuerdos con las distintas fuerzas representadas en esta Legislatura. La pluralidad, tolerancia y respeto son principios básicos que debemos fortalecer e impulsar, para avanzar en la consolidación de una verdadera democracia. Nuestro papel, como representantes populares, involucra el impulso de la participación e inclusión de los actores sociales y políticos en los temas fundamentales de la nación, por encima de las diferencias ideológicas; la cooperación y el compromiso por encima de los intereses personales o de grupo.

En esta etapa fundamental de cambio político debemos unir esfuerzos para fortalecer el proyecto de nación que la sociedad demanda. Estoy convencido que su participación en este proceso contribuirá al desarrollo y avance de una sociedad más justa, plural y democrática.

Sin otro en particular, sólo me resta reiterarle mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente
Dip. Valentín González Bautista (rúbrica)

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA

H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 25 y 27 de la Ley Orgánica del honorable Congreso del estado, nos permitimos comunicar a usted, que la Quincuagésima Cuarta Legislatura del H. Congreso constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, en junta preparatoria celebrada con esta fecha, se declaró constituida para funcionar durante el tercer periodo ordinario de sesiones, correspondiente al tercer año de su ejercicio legal, comprendido del 15 de octubre al 15 de diciembre del año en curso. Asimismo se eligió a los ciudadanos diputados que, integrarán la Mesa Directiva, quedando de la siguiente manera:

Presidente: Dip. Martín Fuentes Morales
Vicepresidente: Dip. Ignacio Sergio Téllez Orozco

Secretario: Dip. Enrique Guevara Montiel
Secretario: Dip. Julio Leopoldo de Lara Valera

Prosecretario: Dip. Horacio Gaspar Lima
Prosecretario: Dip. Silvia Tanús Osorio

Lo que hacemos de su conocimiento por disposición de esta Legislatura para los efectos correspondientes.

Atentamente
Heroica Puebla de Zaragoza, octubre 12 de 2001.
Sufragio Efectivo. No Reelección.

Dip. Enrique Guevara Montiel (rúbrica)
Secretario

Dip. Julio Leopoldo de Lara Valera (rúbrica)
Secretario

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

10 de octubre de 2001.

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados
Presentes

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 24 de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, nos permitimos comunicar a ustedes que con esta fecha, la Quincuagésima Sexta Legislatura del H. Congreso del estado, eligió al presidente y vicepresidentes de la Mesa Directiva, que fungirán en tales cargos del 15 de octubre al 14 de noviembre de 2001, dentro del primer periodo de sesiones correspondiente al segundo año de ejercicio legal. La referida representación recayó en los siguientes diputados:

Presidente: Dip. Javier Algara Cossío

Primer vicepresidente: Dip. Juan Evaristo Balderas Martínez
Segundo vicepresidente: Dip. Malaquías Guerra Martínez

Lo que hacemos de su conocimiento para los efectos procedentes, haciendo propia la ocasión para reiterarles las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Dip. Oziel Yudiche Lara (rúbrica)
Presidente

Dip. Olivo Martínez Borja (rúbrica)
Secretario

Dip. Ignacio Palacios Robledo
Secretario

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO

Villahermosa, Tab., septiembre 28 del 2001.

Dip. Beatriz Elena Paredes Rangel
Presidenta de la H. Cámara de Diputados
Presente

En cumplimiento a lo preceptuado por el artículo 19, párrafo quinto, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, hacemos de su conocimiento que con esta fecha, la Quincuagésima Séptima Legislatura al H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, clausuró los trabajos legislativos de la Comisión Permanente que fungió durante el periodo de receso, correspondiente al primer año de ejercicio constitucional; asimismo con fundamento en el párrafo tercero del citado ordenamiento legal se llevó a cabo la elección de la Mesa Directiva que presidirá los trabajos legislativos durante el mes de octubre, correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones, quedando integrada de la forma siguiente:

Presidente: Dip. Joaquín Cabrera Pujol
Vicepresidente: Dip. Carlos Francisco Lastra González

Secretario: Dip. César Ernesto Rabelo Dagdug
Prosecretario: Dip. Cosme Zurita Castellanos

Aprovechamos la oportunidad para reiterarle las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.
La Comisión Permanente del H. Congreso del estado

Dip. Florizel Medina Pereznieto (rúbrica)
Presidente

Dip. Amalin Yabur Elías (rúbrica)
Secretaria

DE LA JUNTA DE COORDINACION POLITICA

Palacio Legislativo, México, DF, 30 de octubre de 2001.

Dip. Beatriz Paredes Rangel
Presidenta de la Mesa Directiva
H. Cámara de Diputados
Presente

Con fundamento en el artículo 34, numeral 1, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y a solicitud del diputado José Narro Céspedes, Vicecoordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, me permito solicitar a usted:

Que el diputado Félix Castellanos Hernández deje la Comisión de Desarrollo Rural para incorporarse como Secretario en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente
Dip. Felipe Calderón Hinojosa (rúbrica)
Presidente

Palacio Legislativo, México, DF, 30 de octubre de 2001.

Dip. Beatriz Paredes Rangel
Presidenta de la Mesa Directiva
H. Cámara de Diputados
Presente

Que el diputado Alberto Anaya Gutiérrez deje la Secretaría de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para incorporarse como integrante en la Comisión de Desarrollo Rural.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente
Dip. Felipe Calderón Hinojosa (rúbrica)
Presidente

Palacio Legislativo, México, DF, 30 de octubre de 2001.

Dip. Beatriz Paredes Rangel
Presidente de la Mesa Directiva
H. Cámara de Diputados
Presente

Con fundamento en el artículo 34, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y a solicitud del diputado Rafael Rodríguez Barrera, Coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, me permito solicitar a usted:

Que el diputado Manuel Medellín Milán, sustituya al diputado Omar Fayad Meneses, como integrante en la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente
Dip. Felipe Calderón Hinojosa (rúbrica)
Presidente

Iniciativas

DE LEY QUE AUTORIZA AL EJECUTIVO FEDERAL PARA OTORGAR APOYOS TENDIENTES A SALVAGUARDAR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREOS

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión
Presentes.

Para los efectos constitucionales, y por instrucciones del C. Presidente de la República, con el presente envío a ustedes:

Iniciativa de Ley que autoriza al Ejecutivo Federal, para otorgar apoyos tendientes a salvaguardar los servicios de transporte aéreo.

Documento que el propio Primer Magistrado de la Nación propone por el digno conducto de ustedes.

Sin otro particular, les reitero las seguridades de mi consideración.

Atentamente
El Director General de Gobierno
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)

Ciudadana Diputada
Beatriz Paredes Rangel
Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
Presente.

El continuo proceso de globalización en el que nuestro País se ha visto inmerso, encuentra una de sus más importantes manifestaciones en los medios de transporte. En efecto, gracias a la aviación comercial, no tan sólo los mexicanos nos podemos trasladar hacia el exterior, sino que prácticamente todas las regiones de nuestra extensa geografía se encuentran comunicadas por vía aérea, constituyendo este servicio un medio, para la movilización de personas, así como para el intercambio de bienes y servicios.

En este sentido, el Legislador Federal atendió al carácter fundamental de la aviación civil al considerarla como un servicio público, y procuró un régimen legal tendiente a impulsar y, organizar esta área prioritaria del desarrollo.

Es por ello que los graves acontecimientos ocurridos en los Estados Unidos de América, el pasado 11 de septiembre, han repercutido de manera significativa tanto en la economía y el desarrollo nacional, como en los códigos de seguridad que gobiernan a la aviación comercial.

El ataque a un sector de la economía tan vital como es el transporte aéreo, empleando medios como el terrorismo y los actos de guerra, han provocado que las compañías que operan en dicho mercado tengan que prever la posibilidad de que se presenten este tipo de contingencias. Lo anterior supone una gran capacidad financiera, que en los tiempos actuales las compañías aéreas y las instituciones de seguros están enfrentando con gran dificultad.

En efecto, vistos los últimos acontecimientos y sus repercusiones de carácter global, se ha incrementado significativamente la posibilidad de que un atentado terrorista o un acto de guerra afecten a la aviación comercial mexicana. Ello se refleja en un incremento en el costo de las primas de los seguros que, por este concepto, deben cubrir las compañías aéreas por obligación legal.

En este sentido, los permisionarios y concesionarios del transporte aéreo se enfrentaron a dos alternativas: o cubrir la diferencia en el costo de la prima del seguro, o dejar de operar. La segunda alternativa conllevaría la perdida de numerosas fuentes de empleo, tanto en la industria aeronáutica como en las empresas que funcionan alrededor de ella.

Es por ello que, vista la importancia que el transporte aéreo tiene para México, y las nuevas circunstancias en las cuales tiene que desarrollarse esta actividad en beneficio de los usuarios, el Gobierno Federal estima impostergable el establecer un mecanismo, de carácter temporal, que coadyuve a salvaguardar el servicio público prestado por las aerolíneas nacionales, con el objeto de establecer una cobertura ad hoc de los riesgos derivados de actos terroristas y de guerra.

Con la presente iniciativa de Decreto que hoy se pone a su consideración, se pretende proveer a la seguridad tanto de los pasajeros como de las tripulaciones, toda vez que no se les deja desprotegidos en caso de un siniestro. Al cubrirse las diferencias entre el costo original de la prima y el nuevo costo generado por los recientes acontecimientos, se preserva la continuación de la prestación del servicio en condiciones de seguridad. Asimismo, y en caso de que llegara a suscitarse algún siniestro, el Gobierno Federal apoyaría la cobertura del seguro.

La problemática anteriormente descrita ya está siendo atendida en más de sesenta países. Asimismo, la Organización de Aviación Civil Internacional ha recomendado a sus Estados miembros el tomar las medidas necesarias con el fin de que la aviación y los servicios de transportación aérea no sean interrumpidos, hasta que los costos de las coberturas por actos de guerra y terrorismo que ofrece el mercado asegurador se regularicen, respondiendo por los riesgos en exceso que no pudieran ser cubiertos por el mercado asegurador.

Por las razones anteriores el Ejecutivo Federal a mi cargo, en el ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto de esa H. Cámara de Diputados, somete a la consideración del H. Congreso de la Unión la siguiente iniciativa de

LEY QUE AUTORIZA AL EJECUTIVO FEDERAL PARA OTORGAR APOYOS TENDIENTES A SALVAGUARDAR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE AÉREO

Artículo 1º.- La presente Ley tiene por objeto establecer, de manera extraordinaria, las bases para que el Ejecutivo Federal coadyuve a salvaguardar los servicios públicos de transporte aéreo de pasajeros que prestan en términos de la Ley de Aviación Civil, los concesionarios del servicio público de transporte aéreo nacional regular, los permisionarios del servicio de transporte aéreo internacional regular y los permisionarios del servicio de transporte aéreo no regular nacional e internacional en su modalidad de fletamento y que conforme a los tratados y disposiciones jurídicas aplicables estén obligados a mantener seguros que involucren coberturas contra riesgos de responsabilidad civil por actos de guerra y terrorismo. Lo anterior aplicará únicamente para las personas morales de nacionalidad mexicana permisionarios y/o concesionarios.

Artículo 2º.- Se autoriza al Ejecutivo Federal para que, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, asigne recursos para apoyar a las personas a las que se refiere el artículo 1º de esta Ley, hasta por un monto de un mil millones de pesos para efecto de que cubran el incremento en el costo de la prima de los seguros contra riesgos por responsabilidad civil derivados de actos de guerra y terrorismo, que tenían contratados al 11 de septiembre de 2001.

Artículo 3º.- En caso de que los recursos asignados de conformidad con el artículo anterior resultaren insuficientes, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quedará facultado para cubrir la diferencia entre:

1) el monto total de las obligaciones que resultaren para hacer frente a las contingencias derivadas de la responsabilidad civil por actos de guerra y terrorismo, hasta el límite estipulado en los contratos de seguro de este tipo que las personas a las que se refiere el artículo 1º de esta Ley tenían contratados al 11 de septiembre de 2001, y

2) la suma asegurada que hubieren contratado por concepto de estos seguros con los recursos a que se refiere el artículo anterior, o bien, la que resulte por virtud de la actualización de los supuestos contenidos en los contratos respectivos.

En el supuesto de que se ejerza la facultad señalada en el párrafo anterior, el Ejecutivo Federal informará de inmediato al Congreso de la Unión.

Dichas obligaciones en ningún caso computarán para el monto de endeudamiento neto interno autorizado en la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal que corresponda.

Artículo 4º.- Las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Comunicaciones y Transportes, y de Contraloría y Desarrollo Administrativo, proveerán en el ámbito de sus respectivas competencias, al exacto cumplimiento de esta Ley.

El Ejecutivo Federal determinará, mediante las reglas de operación que al efecto expida la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, los requisitos aplicables para que los concesionarios y permisionarios a que se refiere el artículo 1º de la presente Ley, tengan acceso a los mecanismos establecidos en este ordenamiento.

Lo dispuesto en esta Ley únicamente será aplicable a los concesionarios y permisionarios que acrediten el cumplimiento actualizado de sus obligaciones legales, reglamentarias y convencionales.

TRANSITORIO

ARTICULO UNICO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, y tendrá una vigencia de 180 días.

Reitero a usted las seguridades de mi consideración más alta y distinguida.

Palacio Nacional, a 25 de octubre de 2001

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.
EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
VICENTE FOX QUESADA (rúbrica)

Minutas

DEL SENADO DE LA REPUBLICA, CON PROYECTO DE DECRETO QUE CONCEDE PERMISO CIUDADANOS PARA PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS DE GOBIERNOS EXTRANJEROS

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados
Presente.

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene Minuta Proyecto de Decreto que concede permiso a los ciudadanos Carolina Marín Hernández, Zaida Lizovana Castro Alcalde, Luis Roberto Morales Gómez, Mónica Gabriela Morales Juárez, Marco Antonio García Cárdenas, María del Carmen Uruñuela Martínez, Héctor Omar Canales González, María Delgado Rendón, Salvador Alejandro Jiménez Castillo, Alejandra Abigahy Domínguez Saldaña, Misi Dalila Espinoza Jurado, José Carlos Lira Caballero, Iván Villaseñor Martínez, Ana Cristina Covarrubias Carrillo, José Luis Chávez Hernández, Ceciliano González Placido, Elisa Ledesma Martínez, Mónica Gabriela Marquina Gaxiola y Martha Alicia Beltrán Alanís, para prestar servicios de carácter administrativo, en la Embajada y consulados generales de los Estados Unidos de América en Matamoros, Tamaulipas; Tijuana, Baja California; Guadalajara, Jalisco y Ciudad Juárez, Chihuahua, respectivamente.

Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

México, DF, a 25 de octubre de 2001.

Sen. Diego Fernández de Cevallos Ramos (rúbrica)
Presidente

Minuta Proyecto de Decreto

Artículo Primero.- Se concede permiso a la ciudadana Carolina Marín Hernández, para prestar servicios como asistente en el Consulado de los Estados Unidos de América en Matamoros, Tamaulipas.

Artículo Segundo.- Se concede permiso a la ciudadana Zaida Leovana Castro Alcalde, para prestar servicios como capturista de datos, en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.

Artículo Tercero.- Se concede permiso al ciudadano Luis Roberto Morales Gómez para prestar servicios como ayudante de mantenimiento, en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.

Artículo Cuarto.- Se concede permiso a la ciudadana Mónica Gabriela Morales Juárez, para prestar servicios como empleada de visas, en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.

Artículo Quinto.- Se concede permiso al ciudadano Marco Antonio García Cárdenas, para prestar servicios como técnico en contabilidad, en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.

Artículo Sexto.- Se concede permiso a la ciudadana María del Carmen Uruñuela Martínez, para prestar servicios como asistente consular en la Unidad de Visas, en el Consulado General de los Estados Unidos de América, en Guadalajara, Jalisco.

Artículo Séptimo.- Se concede permiso al ciudadano Héctor Omar Canales González, para prestar servicios como asistente de visas, en el Consulado de los Estados Unidos de América, en Matamoros, Tamaulipas.

Artículo Octavo.- Se concede permiso a la ciudadana María Delgado Rendón, para prestar servicios como empleada de correo, en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.

Artículo Noveno.- Se concede permiso al ciudadano Salvador Alejandro Jiménez Castillo, para prestar servicios como asistente financiero, en el Consulado General de los Estados Unidos de América, en Matamoros, Tamaulipas.

Artículo Décimo.- Se concede permiso a la ciudadana Alejandra Abigahy Domínguez Saldaña, para prestar servicios como auxiliar de visas en el Consulado General de los Estados Unidos de América, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Artículo Décimo Primero.- Se concede permiso a la ciudadana Misi Dalila Espinoza Jurado, para prestar servicios como auxiliar de visas en el Consulado General de los Estados Unidos de América, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Artículo Décimo Segundo.- Se concede permiso al ciudadano José Carlos Lira Caballero, para prestar servicios como auxiliar de visas, en el Consulado General de los Estados Unidos de América, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Artículo Décimo Tercero.- Se concede permiso al ciudadano Iván Villaseñor Martínez, para prestar servicios como mecánico electricista, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.

Artículo Décimo Cuarto.- Se concede permiso a la ciudadana Ana Cristina Covarrubias Carrillo, para prestar servicios como asistente consular en la Unidad de Visas, en el Consulado General de los Estados Unidos de América, en Guadalajara, Jalisco.

Artículo Décimo Quinto.- Se concede permiso al ciudadano José Luis Chávez Hernández, para prestar servicios como asistente consular en la Unidad de Visas, en el Consulado General de los Estados Unidos de América, en Guadalajara, Jalisco.

Articulo Décimo Sexto.- Se concede permiso al ciudadano Ceciliano González Plácido, para prestar servicios como mecánico (plomero) en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.

Artículo Décimo Séptimo.- Se concede permiso a la ciudadana Elisa Ledesma Martínez, para prestar servicios como empleada en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.

Artículo Décimo Octavo.- Se concede permiso a la ciudadana Mónica Gabriela Marquina Gaxiola,para prestar servicios como asistente consular en la Unidad de Visas, en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.

Artículo Décimo Noveno.- Se concede permiso a la ciudadana Martha Alicia Beltrán Alanís, para prestar servicios como técnico contable en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.

Salón de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores.- México, DF, a 25 de octubre de 2001.

Sen. Diego Fernández de Cevallos Ramos (rúbrica)
Presidente

Sen. María Lucero Saldaña Pérez (rúbrica)
Secretaria

Comunicaciones II

DE LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA

Palacio Legislativo de San Lázaro, octubre 29 de 2001

CC. Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión
Presente

Esta Presidencia ha recibido informes de actividades y programas de trabajo las siguientes Comisiones:

INFORME DE ACTIVIDADES

COMISION	PERIODO DEL INFORME
Participación Ciudadana	marzo-agosto 2001
Defensa Nacional	marzo-agosto 2001
Bicamaral del Canal de Televisión del H. Congreso de la Unión	septiembre 2000-agosto 2001
Desarrollo Social	marzo-agosto 2001

INFORME DE ACTIVIDADES

COMISION	PERIODO DEL PROGRAMA
Pesca	2000-2003
Bicamaral del Sistema de Bibliotecas	2001-2003

Lo que comunico a ustedes, para que lo haga del conocimiento de la honorable asamblea.

Atentamente
Dip. Beatriz Paredes Rangel
Presidenta

(Túrnese los originales a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos y publíquese en la Gaceta Parlamentaria. Octubre 30 de 2001.)

Iniciativas II

DE REFORMAS A LOS ARTICULOS 73 Y 115 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (PARA CREAR EL MARCO CONSTITUCIONAL DEL QUE DERIVE UNA LEY SECUNDARIA QUE ESTABLEZCA LAS BASES DE COORDINACION DE LAS ACCIONES DE LA FEDERACION, EL DISTRITO FEDERAL, LOS ESTADOS Y LOS MUNICIPIOS EN MATERIA DE DESARROLLO SOCIAL PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA Y LA MARGINACION), PRESENTADA POR EL DIPUTADO ALBERTO AMADOR LEAL DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA SESION DEL MARTES 30 DE OCTUBRE DE 2001

El suscrito, diputado Alberto Amador Leal, integrante de la LVIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracción II del artículo 55 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos 73, fracción XXIX-D y 115, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Exposición de Motivos

Considero que los desafíos que enfrentamos reclaman una Reforma del Estado dirigida, tanto a su propia estructura y a sus relaciones entre los órganos y ordenes de gobierno que lo componen, como a su papel en la economía y, destacadamente, en el desarrollo social. Lo idóneo, a mi juicio, seria partir de una reforma integral de la Constitución General de la República. En la medida que no se ha dado el momento político para este hecho estamos obligados a presentar iniciativas parciales de reforma a nuestra Carta Magna que, por las propias razones que la sustentan, impulsarán seguramente los consensos y los acuerdos fundamentales para el cambio político y social a que todos aspiramos.

El proyecto nacional contenido en la Constitución General de la República entraña un compromiso irrenunciable con la igualdad y la justicia social. Los derechos sociales, garantizados en los artículos 2º, 3º, 4º, 27 y 123, son conquistas que han marcado el perfil económico y social de la Nación y que dan sentido al esfuerzo colectivo de muchas generaciones.

La consecución de los derechos fundamentales en materia de educación, salud, trabajo, salario, vivienda que se inscriben en una concepción universal, que al principio parecía irrealizable, se han venido concretando al amparo de las leyes reglamentarias que el Congreso de la Unión ha dispuesto, así como por la renovación permanente del pacto social; del Estado con la sociedad, y del pacto federal; de la Federación con los Estados y los Municipios.

El problema social tiene varias dimensiones, a saber: el de la desigualdad en la distribución del ingreso, del consumo o de la riqueza; el de la desigualdad entre los géneros o grupos de la población excluidos del desarrollo; el de los desequilibrios regionales; el de la pobreza moderada que se expresa como una situación relativa en los niveles de vida de las personas y las familias; y el de la pobreza extrema que se entiende como una situación económica absoluta de las personas y las familias que materialmente carecen de condiciones para superar los indicadores de bienestar que caracteriza su vida diaria.

En todo caso, resolver cualesquiera de estas expresiones de injusticia entraña un verdadero compromiso de todos, un enfoque integral y una visión de Estado, capaz de armonizar las estrategias económicas y sociales, de tal manera que ambas contribuyan al bienestar v al equilibrio social.

Ciertamente, el crecimiento económico es indispensable para crear las bases materiales del desarrollo social, pero no es suficiente para combatir las desigualdades y mitigar la pobreza extrema. Tampoco son suficientes los servicios y acciones del Gobierno de alcance general, para dar cauce a la satisfacción de los derechos sociales universales, dado que aún existiendo la disposición de tales servicios como la educación o la salud, hay grupos de familias que no pueden acceder a esos beneficios. Tal es la complejidad de los fenómenos de pobreza extrema, marginación y exclusión social, que estructuralmente enfrentan la economía y la sociedad mexicanas.

La reforma de la economía promovida a inicios de los años 80´s, evidenció que un grupo importante de la sociedad, el que no ha tenido oportunidades de desarrollo, no estuvo en posibilidad de aprovechar los beneficios del crecimiento. Además, la presencia de crisis recurrentes hicieron que el costo de la crisis ampliara las brechas entre los niveles de ingreso, consumo y de riqueza y, por tanto, extendiera el fenómeno de la pobreza.

De ahí que en la última década, se ha propiciado un conjunto de modificaciones a las políticas públicas, en materia de desarrollo social y descentralización, que impactan significativamente los instrumentos para atacar el fenómeno pernicioso de la pobreza. Al mismo tiempo, se ha avanzado en una concepción integral que reconoce que, para superar este obstáculo, es indispensable un enfoque multidimensional que aborde, al mismo tiempo, los problemas de alimentación, salud y educación; de productividad e ingreso; y de acceso a los servicios básicos.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación para 1996, por primera vez se estableció que el 65 por ciento de los recursos del entonces denominado Ramo 26 (Desarrollo Social y Regional) se distribuyera a través del Fondo de Desarrollo Social Municipal con base a una fórmula que contempló indicadores de pobreza de cada entidad federativa. A efecto de asegurar una distribución justa y equitativa y un mecanismo transparente y auditable, se aplicaron fórmulas similares de asignación de recursos de los Estados a los propios Municipios.

En noviembre de ese mismo año, como parte del Programa Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema, el Gobierno Federal sometió a consideración de esta asamblea, en el proyecto de decreto del presupuesto para el ejercicio de 1997, una estrategia de tres vertientes para superar la pobreza: a) el Programa de Educación, Salud y Alimentación, como un esfuerzo para romper el círculo de la pobreza extrema, caracterizado por la desnutrición, los altos índices de mortalidad infantil, el abandono escolar y, en general, condiciones de vida insalubres. b) la creación de oportunidades de empleo e ingreso que permitan aprovechar las capacidades personales y acrecentar el capital físico y social de las familias; y c) la construcción de infraestructura social para abatir los rezagos en materia de servicios de agua potable, drenaje, salud, educación y vivienda.

En los últimos meses de 1997 inició el Programa de Educación, Salud y Alimentación integrado por un conjunto de apoyos directos, así como una transferencia monetaria que incentiva la permanencia de los niños y las niñas en las escuelas.

En el decreto que autorizó el Presupuesto de Egresos de la Federación para 1998 y en la Ley de Coordinación Fiscal, esta Asamblea aprobó una modificación decisiva en la descentralización de los recursos incorporando el Ramo 33 denominado Aportaciones Federales a Entidades Federativas y Municipios por medio del cual se transfirieron a los estados, municipios y al DF, significativos rubros del Gasto Social, de Educación, Salud, Alimentación, Infraestructura Social, Desarrollo Regional y Seguridad. La transferencia de estos recursos fue a través de la figura de Aportaciones Federales que, a diferencia de las participaciones, tiene un destino específico para otorgar a la ciudadanía la provisión de los servicios ligados a estos recursos, así como una asignación más o menos clara de las responsabilidades para cada nivel de Gobierno en la ejecución, vigilancia y rendición de cuentas de dichas aportaciones, tal y como a partir de ese año se establece en la Ley de Coordinación Fiscal.

En el Presupuesto de Egresos y en la Ley de Coordinación Fiscal de los años subsecuentes, se han ampliado y consolidado, tanto la estrategia de la superación de la pobreza, como la de descentralización de recursos a Estados y Municipios. A la vez, las reglas de operación para el conjunto de programas sociales implicados en el Presupuesto, incluyendo los de Alimentación, han avanzado en la definición de la población beneficiaria de las transferencias monetarias o en especie, en la transparencia y en las acciones coordinadas de los tres ordenes de Gobierno.

Sin embargo, debemos reconocer que la multiplicidad de programas y el acelerado proceso de descentralización han dejado vacíos jurídicos e institucionales que pudieran constituirse en obstáculos para el propósito final de ampliar los horizontes de progreso y de oportunidades para todos los mexicanos.

Por un lado, en la Ley de Coordinación Fiscal se han incluido criterios de asignación de recursos que son propios de la naturaleza de esta ley en el marco de un federalismo fiscal que aspira a consolidarse. A la vez, se han incluido criterios de carácter social que por el origen fiscal de ese ordenamiento secundario, han resultado francamente limitados. Se ha puesto, así, en evidencia la necesidad de una Ley de Coordinación en materia de Desarrollo Social más apropiada para establecer las normas, los criterios y las competencias institucionales que hagan posible la integridad y eficacia del conjunto de programas sociales aludidos. Así también, las disposiciones del Decreto del Presupuesto de Egresos son insuficientes ya que las modificaciones anuales están sujetas a la percepción coyuntural de los responsables de construir la propuesta de presupuestos o de los actores con capacidad de negociación que promueven, como es natural, intereses sectoriales o regionales específicos.

Por otro lado, las reglas de operación de los programas que siguen siendo responsabilidad de la Federación y las que son establecidas por los Gobiernos de los Estados, dejan espacios abiertos a la discrecionalidad, de tal manera que son comunes las diferencias entre Gobiernos municipales y estatales, y de estos con la Federación, lo que finalmente deviene en ineficiencia e ineficacia en la aplicación del gasto que finalmente afecta a la población de bajos ingresos.

En este marco, la diputada Clara M. Brugada Molina, del grupo parlamentario del PRD, presentó el 27 de abril del 200 una iniciativa de Ley General de Desarrollo Social que intenta ser una alternativa para el problema en comento. El dictamen sobre dicha iniciativa, turnada a la Comisión de Desarrollo Social, ha tenido obstáculos por la propia complejidad del tema, además de que se requiere delimitar su ámbito de aplicación, en la medida que existen ya ordenamientos reglamentarios respecto de los derechos de educación, vivienda y salud, lo que deviene en dudas fundadas respecto a la pertinencia del actual marco constitucional sobre la materia.

Por otro lado, en este lapso se ha avanzado en las reformas constitucionales a los artículos 2º, que garantiza los derechos de las comunidades indígenas; 4º, que establece, entre otros, el derecho de las niñas y los niños a la alimentación, la educación y la salud, y se han presentado sendas iniciativas para ampliar el objeto de este artículo en materia de alimentación, así como del artículo 3º para hacer obligatoria la educación preescolar. Destacada mente, las reformas a la Constitución en materia de derechos y cultura indígena imponen un conjunto de obligaciones en torno a los programas sociales y a la urgencia de materializar la coordinación de los tres órdenes de Gobierno en las acciones concretas para construir una propuesta integral de desarrollo social en las comunidades indígenas.

Considerando, además, que la mayoría de las fracciones parlamentarias tienen en su agenda legislativa, la intención de promover una Ley sobre el Desarrollo Social, es pertinente promover adiciones a los artículos 73 y 115, en el afán de crear el marco constitucional pertinente del que derive una ley secundaria que establezca las bases de coordinación de las acciones de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios en materia de Desarrollo Social para la superación de la pobreza y la marginación.

En consecuencia de lo anterior, propongo a esta Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos 73, fracción XXIX-D y 115, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

Artículo Primero.- Se adiciona el artículo 73, fracción XXIX-D, en los siguientes términos:

Artículo 73. .............

XXIX-D. Para expedir leyes, sobre planeación nacional del desarrollo económico y social; así como para establecer las bases de coordinación de las acciones concurrentes de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, en los programas de Desarrollo Social para la superación de la pobreza, la marginación y la exclusión social. Artículo Segundo.- Se adiciona el artículo 115, fracción V, en los siguientes términos:

Artículo 115. ...

V. ................

j) Participar, conjuntamente con la Federación y los Estados, en la formulación y ejecución de los programas de desarrollo social para la superación de la pobreza, la marginación y la exclusión social.

Transitorios

Artículo Unico. Las presentes reformas entrarán en vigor a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

La lucha contra la pobreza, la marginación y la exclusión social es un imperativo ético de la sociedad, es una obligación del Estado y una tarea que no admite demoras ni vacilaciones.

Mucho agradeceré se dé turno a las Comisiones de Puntos Constitucionales y, en lo conducente, a la Comisión de Desarrollo Social.

Atentamente,
Diputado Alberto Amador Leal (rúbrica)

Palacio Legislativo, San Lázaro, a 25 de octubre de 2001.

(Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, y para su conocimiento a la Comisión de Desarrollo Social. Octubre 30 de 2001.)

DE REFORMAS AL ARTICULO 7 DE LA LEY SOBRE EL ESCUDO, LA BANDERA Y EL HIMNO NACIONALES (PARA PROHIBIR ESTRICTAMENTE QUE CUALQUIER CORRIENTE, PARTIDO O AGRUPACION POLITICA HAGA USO DE LA COMBINACION DE LOS COLORES DE LA BANDERA NACIONAL EN SUS EMBLEMAS O PROPAGANDA), PRESENTADA POR EL DIPUTADO GERMAN ARTURO PELLEGRINI PEREZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, EN LA SESION DEL MARTES 30 DE OCTUBRE DE 2001

Los suscritos diputados de diversos grupos parlamentarios de esta LVIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, 72 y 73, fracción XXIX-B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55, fracción II, 56, 62 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de ésta Honorable Asamblea la presente iniciativa de ley, conforme a la siguiente:

Exposición de Motivos

Es una obligación de todo mexicano y mexicana mostrar respeto a los símbolos patrios, y considerarlos como una realidad viva, con tradición propia, con unidad que supera toda división en parcialidades, clases o grupos, y con un claro destino: la cohesión de los mexicanos.

Nuestra Bandera, Escudo e Himno nacionales son la representatividad generalizada, no sólo de los mexicanos como individuos, sino de una Nación con un pasado glorioso y un futuro con esperanza.

El 24 de febrero de 1821, el mismo día en que se proclamó el Plan de Iguala, por encargo de Agustín de Iturbide se terminó de confeccionar la primera bandera nacional, que sería la de las Tres Garantías. No obstante por falta de un ordenamiento preciso se originaron discrepancias en la disposición de los colores. El 2 de noviembre de 1821 los colores de la bandera se usaron en distinto orden, por lo que la Junta Provisional Gubernativa dispuso que las franjas de la enseña patria fueran verticales con los colores verde, blanco y rojo, con un águila en la franja del centro que tuviera la cabeza coronada y estuviera parada sobre un nopal.

Al adoptar nuestro país un régimen republicano de gobierno, en 1823, el Congreso Constituyente decretó que la bandera oficial debería tener tres franjas verticales, verde, blanca y roja, llevar un águila sin corona y con ramas de encina y laurel en la parte inferior.

Estos elementos de la Bandera se han conservado, aunque la imagen del águila que lleva en la franja del centro siguió sufriendo distintas modificaciones.

Cuando Venustiano Carranza tomó el mando en el país después de derrotar al usurpador Victoriano Huerta, decidió rescatar los elementos indígenas que componían originalmente el escudo nacional, por lo que el 20 de septiembre de 1916 expidió un decreto en el que se estipuló que el águila debería ser representada de perfil izquierdo, estar parada sobre un nopal que brota de una peña rodeada de agua y tener ramas de encina y laurel en la parte inferior. Los decretos de Díaz Ordaz y Miguel de la Madrid, sobre la disposición de la bandera y su uso representaron, con algunas variaciones, el expedido por el presidente Carranza.

Como se puede observar, nuestra bandera y escudo nacionales han sufrido diversas transformaciones; sin embargo, siempre se han conservado los colores tradicionales de nuestra Enseña Nacional.

Actualmente, nuestra Bandera Nacional es rectangular y está dividida de manera vertical en tres partes iguales. Sus colores a partir del asta son verde, blanco y rojo, llevando sobre la franja blanca el escudo nacional con los elementos que lo constituyen.

Los colores de nuestra Enseña Nacional representan el alma de nuestro país ya que con el verde se simboliza la esperanza del pueblo en el destino de su raza, con el blanco la pureza de los ideales que la animan y con el rojo, la sangre que los mártires han derramado por su patria.

Por ello, el uso de los colores de la Bandera Nacional no debe hacerse como distintivo personalizado, ya que, lo que este Símbolo representa, está por encima de cualquier división de las corrientes que integran nuestro país; sobre todo en materia electoral, marco de ejercicios democráticos de todos los ciudadanos, en los cuales no debe influir ningún tipo de sentimentalismo.

Es un hecho notorio que el utilizar la combinación de colores de nuestro Lábaro Patrio para fines distintos a los que la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional establece es una evidente violación a la misma.

Acción Nacional, que siempre se ha mostrado respetuoso de los símbolos patrios, hoy reitera su posición y pugna porque el respeto a las disposiciones que los regulan sean observadas por todos los sectores de la sociedad sin excepción; y coincidimos plenamente con los argumentos esgrimidos por nuestro compañeros legisladores en el sentido de que el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales son los símbolos patrios de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales deben preservarse de mistificaciones y alteraciones para que puedan afirmar definitivamente su respetabilidad y permanencia.

Hoy, nos toca el turno a los diputados de ésta Legislatura, insistir en el tema, en aras de una real y autentica democracia; es nuestra responsabilidad pugnar por crear condiciones legales justas para evitar la confusión entre emblemas o signos partidistas con los símbolos patrios, que deben identificar no sólo a un sector o una parte de los mexicanos y sus convicciones, sino a toda la nación, y por ende, a todos los mexicanos.

Por ello es que la presente iniciativa pretende reformar el primer párrafo y adicionar uno segundo al artículo séptimo de la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, para que además de la prohibición de hacer cualquier otra inscripción en la Bandera Nacional que no sea con la finalidad de contribuir al culto de este símbolo, se prohiba estrictamente que cualquier corriente, partido o agrupación política haga uso de la combinación de los colores de la Bandera Nacional en sus emblemas o propaganda.

En este sentido cabe destacar que el espíritu que dio origen a esta Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales expedida en 1984 no fue otra que la de velar por el respeto y veneración de nuestros símbolos patrios inspirados por el poder conciliador de nuestra Bandera, Escudo e Himno por las acciones nacionalistas y patrióticas que impulsan, y que han sido, son y serán transmisibles a todos los ámbitos de la vida nacional, otorgando el marco legal de las manifestaciones sociales que se producen para honrarlos.

En tal virtud debemos como legisladores velar por el interés público de todos los ciudadanos atendiendo el contexto sociopolítico actual haciendo a un lado intereses particulares y discusiones bizantinas que únicamente merman nuestra imagen como representantes de la Nación.

Por lo anteriormente expuesto, se propone el siguiente decreto por el que se reforma la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales para quedar como sigue:

Artículo Unico: Se reforma el párrafo único y se adiciona un párrafo segundo al artículo 7º de la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales para quedar como sigue:

Artículo 7º.- ...........

Previa autorización de la Secretaría de Gobernación las autoridades, las instituciones o agrupaciones y los planteles educativos, podrán inscribir en la Bandera Nacional sus denominaciones, siempre que esto contribuya al culto del símbolo patrio.

Queda prohibido a todo partido político o agrupación política, utilizar en cualquier forma la combinación de los colores de la Bandera Nacional en sus emblemas y propaganda, así como hacer cualquier otra inscripción en la Bandera Nacional.

Transitorios

Unico.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Diputados: Enrique Villa Preciado, Germán Arturo Pellegrini Pérez, Fanny Arellanes Cervantes, José Guillermo Anaya Llamas, Gumersindo Alvarez Sotelo, Arcelia Arredondo García, Beatriz Grande López, José Rivera Carranza, Ricardo Torres Origel, Félix Castellanos Hernández, Arturo Escobar y Vega (rúbricas).

(Túrnese a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública. Octubre 30 de 2001.)

DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DOS PARRAFOS AL ARTICULO 133 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO LUIS MIGUEL BARBOSA HUERTA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DEL MARTES 30 DE OCTUBRE DE 2001

El que suscribe, Luis Miguel Barbosa Huerta, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LVIII Legislatura, en ejercicio de la facultad que me otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión iniciativa de decreto que reforma y adiciona dos párrafos al artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La supremacía constitucional es el principio básico de todo sistema jurídico. Existe una jerarquía normativa indispensable, y el fundamento de validez de todo ordenamiento se encuentra en las disposiciones de carácter constitucional.

La Constitución es la norma fundamental, es la ley suprema, la que señala las atribuciones y los límites a la Federación y a los estados. Es la ley cúspide de todo orden jurídico, la que contiene las normas primarias que deben regir para todos dentro de un país, sean gobernantes o gobernados, la que integra el conjunto de normas, según las cuales se van a crear y según las cuales se van a vivir todas las demás disposiciones.

Su carácter constituyente determina la validez en la aplicación de las normas constituidas y, al hacerlo, sienta las bases para lograr su propia validez normativa. Así, la supremacía constitucional representa la unidad de un sistema jurídico. La validez de una norma se encuentra en que fue creada de acuerdo con el proceso determinado en otra norma de escaño superior, y ésta por su parte fue creada por otra de jerarquía más alta hasta llegar a la disposición básica, la norma que es el soporte y la razón última de validez de todo ese orden jurídico.

El principio de supremacía constitucional corresponde a la noción de democracia organizada y supone las ideas de legalidad y estabilidad jurídica: la norma que no esté de acuerdo con la Constitución es inexistente; los órganos gubernativos sólo pueden actuar dentro del ámbito que la constitución les señale. Ninguna ley o acto de autoridad pueden restringir las garantías o los derechos fundamentales consagrados en la Constitución.

En todas las constituciones o leyes supremas que han regido la vida de México, ha sido recogido el principio de supremacía constitucional. En el artículo 237 del decreto de Apatzingán, en el artículo 24 del acta constitutiva de la Federación mexicana, en el artículo 161-III de la Constitución de 1824, en el artículo 3° del Acta de Reformas de 1847, en el artículo 126 de la Constitución de 1857 y en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, reformado en 1934.

El texto original del artículo 133 tiene su antecedente inmediato en el artículo 126 de la Constitución de 1857 que, a su vez, se inspiró en el artículo 6°, inciso dos, de la Constitución de los Estados Unidos de América. El proyecto que Carranza envió al Constituyente de Querétaro omitió este precepto, pero la Segunda Comisión de Constitución lo presentó al Congreso Constituyente en la 54ª sesión ordinaria, celebrada el 25 de enero de 1917, fue aprobado por unanimidad el texto del artículo 132 que en el cuerpo final de la Constitución mexicana quedó incorporado como artículo 133.

En 1934, fue reformado el artículo 133, sin modificar en esencia su sentido ni su alcance originales, se hicieron en su texto tres precisiones en relación con los tratados internacionales: se cambió la terminología "hechos y que se hicieren" por los vocablos "celebrados y que se celebren"; se adicionó el mandato "que estén de acuerdo con la misma"; y por último, se sustituyó al Congreso de la Unión por el Senado, en la importante responsabilidad de aprobarlos.

Pero, si en el sistema constitucional mexicano no existe supremacía del derecho federal sobre el local, en el de Norteamérica el derecho federal sí priva sobre el local. Es decir, mientras que la razón legal del artículo 6°, inciso dos, de la Constitución de los Estados Unidos de América es de supremacía de la legislación federal sobre la local, la razón legal del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es de competencia.

En efecto, de una interpretación hermenéutica de nuestra propia ley fundamental, se desprende que en México no existen las facultades concurrentes. La ley federal ordinaria no priva sobre la local, entre ellas no existe una relación de jerarquía, se trata tan sólo de un problema de competencia.

Como consecuencia, al transponer en sus términos el dispositivo norteamericano a nuestra carta magna, se produjo la paradoja de dos textos gramaticalmente iguales que tienen y deben ser interpretados en sentido opuesto. Provocando en la práctica una serie de distorsiones y problemas jurídicos de interpretación que nunca han quedado totalmente resueltos, ni por la jurisprudencia ni por la doctrina, a pesar de la indiscutible relevancia de los mismos; y a decir del insigne constitucionalista Felipe Tena Ramírez, con la redacción del artículo 133 se originó "un precepto oscuro, incongruente y dislocador de nuestro sistema", que indudablemente exige ya del constituyente permanente una pronta y adecuada reforma para dar solución pertinente a la disyuntiva que provoca la jerarquización de las normas en el orden jurídico mexicano.

a) La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos única ley suprema de toda la Unión

Una interpretación gramatical del actual primer párrafo del artículo 133 de nuestra carta fundamental ("esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la república, con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión") parece contradecir la supremacía única de la Constitución. Pareciera que el propio artículo otorgara el carácter de supremacía no sólo a la Constitución, sino también a las leyes dadas por el Congreso federal que emanen de ella y a los tratados internacionales que celebre el presidente de la República con aprobación del Senado.

En este punto no existe ninguna duda, el único poder soberano es el Constituyente; y su obra, que es la Constitución, tiene que ser la única norma suprema, la norma de normas. Las demás leyes deben emanar de la Constitución y ser aprobadas por un órgano constituido, como es el Congreso de la Unión, los tratados deben estar de acuerdo con la ley fundamental, indicando claramente que sólo la Constitución es ley fundamental.

Sin duda que en la redacción actual del precepto existen incongruencia e imprecisión en el uso de términos. Claro que las leyes federales y los tratados, cuando son constitucionales por estar de acuerdo y no ser contrarios a la ley suprema, prevalecen sobre las leyes inconstitucionales de los estados, pero esta primacía no previene la desigualdad de las jurisdicciones, no se refiere a la primacía de lo federal sobre lo local, sino de lo constitucional sobre lo inconstitucional. Se trata en último análisis, de la supremacía única de la Constitución frente a los actos que estén en desacuerdo con la misma.

Para confirmar la conclusión existen también diversos artículos de la carta magna que se vinculan directamente con el principio de supremacía constitucional: el artículo 4 que ordena que la forma de Estado y la forma de gobierno deberán estar a los principios de la ley fundamental; el artículo 41 que prescribe que las constituciones de los estados no podrán contravenir las estipulaciones del pacto federal; el artículo 128 que dispone que todo funcionario público sin excepción alguna prestará la protesta de guardar la constitución y las leyes que de ella emanen antes de tomar posesión de su cargo; los artículos 103, 105, y 107 que establecen los medios jurisdiccionales correctivos para restaurar el orden constitucional cuando fuere violado; el artículo 116 que estatuye que las entidades federativas están obligadas a organizarse de conformidad con lo allí estipulado, y el artículo 135 que previene un procedimiento especial para reformar o adicionar a la Carta Magna.

Como consecuencia, en primer término, en esta iniciativa se propone que en el texto del artículo 133 se reconozca en forma literal, expresamente, la categoría inobjetable tanto dentro de la doctrina como de la interpretación jurisprudencial, que la Constitución es la única ley suprema de toda la Unión.

b) Leyes constitucionales y tratados internacionales se ubican jerárquicamente por encima de las leyes ordinarias federales, Constituciones de los estados y demás leyes locales, y es un segundo plano respecto de la Constitución federal

El artículo 133 tiene un contenido complejo, porque en él, además de la supremacía de la constitución, también está establecido, en principio, el orden jerárquico que las normas tienen en el Estado mexicano.

Un tema que por su trascendencia tiene que ser claro y preciso, con la expresión "leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella" ha generado una serie de problemas jurídicos de interpretación que nunca han quedado resueltos a plenitud ni por la jurisprudencia ni por la doctrina. Pareciera que el sentido literal del precepto subordinara todo el derecho local (incluso a las constituciones de las entidades federativas) al derecho federal; deducción inadmisible pues acabaría con el sistema federal y haría nugatoria la soberanía de los estados miembros que garantizan los artículos 4 y 41 de la misma Constitución federal.

Para salvar este sentido gramatical del artículo 133, la Honorable Suprema Corte de Justicia ha hecho verdaderos malabares interpretativos, y emitido jurisprudencia en los más distintos sentidos: supremacía del derecho federal frente al local; misma jerarquía de los dos, en sus variantes, lisa y llana y con la existencia de leyes constitucionales; ley suprema la que sea calificada de constitucional; leyes federales y tratados internacionales tienen la misma jerarquía normativa; tratados internacionales jerárquicamente superiores a las leyes federales.

En realidad no existe tal supremacía del derecho federal sobre el local. Uno y otro están subordinados a la Constitución pero no se subordinan entre sí. Se trata de dos esferas de validez independientes una de la otra, cuyas facultades limita expresamente la carta magna en el artículo 124, de tal manera que ninguna de esas dos jurisdicciones es superior a la otra, sino que ambas son coextensas, porque cada una tiene su materia propia.

Una disposición armónica del contenido normativo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en lo que respecta al orden jerárquico de las normas, exige igualmente una nueva redacción del artículo 133. Reconocer la existencia de leyes constitucionales (en la acepción que le dan maestros como Mario de la Cueva y Jorge Carpizo) para aludir a las que se refiere el texto actual como "leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella", para estructurar a partir de ahí una jerarquía normativa que ubique: en la cúspide de la pirámide a la Constitución General de la República; en un segundo nivel a las leyes constitucionales y a los tratados; y en un tercer nivel a las leyes ordinarias federales y a las leyes locales, coexistiendo con distintas competencias, en virtud de lo ordenado en el artículo 124.

Se arribaría así de manera natural a la deducción que han obtenido diversos constitucionalistas extranjeros: existe el orden nacional y dos órdenes subordinados a la Constitución, al Estado federal, a las normas que emanan de él que son las leyes constitucionales. Leyes constitucionales que se encuentran en el mismo nivel que los tratados internacionales que son normas que también afectan la unidad del orden jurídico nacional, la unidad del Estado federal.

b.1 Primacía de las leyes constitucionales sobre las leyes ordinarias federales, constituciones y demás leyes locales

Contra doctrinarios que sostienen que la supremacía de la Constitución general no se apoya en el carácter material de sus normas, sino que lo que les otorga supremacía es el procedimiento de su creación o reforma; o contra otros, que afirman que todas aquellas disposiciones legislativas expedidas por el congreso que cumplen con el requisito de validez exigido por la misma Constitución de congruencia y armonía con su mismo texto, comparten la condición de "ley suprema de toda la Unión", constitucionalistas encabezados por Mario de la Cueva y Jorge Carpizo han demostrado a plenitud que en nuestro sistema jurídico existen dos tipos de leyes federales: las leyes constitucionales, que emanan material y formalmente de la Constitución; y las leyes ordinarias, que sólo emanan formalmente de la Carta Magna.

Las leyes constitucionales son parte de la Constitución, son la Constitución misma que se amplía, que se ramifica, que crece. El derecho federal ordinario es el que deriva de la Constitución pero sin ser parte de ella, podría ser de competencia local si así lo hubiera juzgado conveniente el legislador.

Las leyes constitucionales son normas que hacen explícito el sentido pleno de los mismos textos constitucionales; esto es, son el cuerpo y el alma de la Constitución que se expanden, determinando, precisando y diciendo con la mayor claridad en todos sus detalles lo que son y lo que significan.

Estas leyes constitucionales son las leyes que en la nueva redacción del artículo 133 se sitúan en una jerarquía superior a las leyes ordinarias federales y a las leyes locales, porque junto con los tratados internacionales son normas de la unidad del estado federal y no de alguno de los dos órdenes que integran a ese Estado federal (la Federación y las entidades federativas).

b.2 Primacía de los tratados sobre las leyes ordinarias federales, constituciones y demás leyes locales

Para determinar la jerarquía de los tratados internacionales frente a las normas jurídicas emergidas del orden jurídico interno de un país, las legislaciones del mundo han adoptado alguna de las tres tesis que dominan la doctrina jurídica en la materia: la dualista, la monista internacional o la monista nacionalista.

La teoría dualista sostiene la existencia de dos órdenes jurídicos distintos, el internacional y el interno, para que cada uno rija en sus respectivos ámbitos. La regla interna se aplica para el derecho interno y la norma jurídica internacional se proyecta más allá de las fronteras.

Para la corriente monista internacional existe un solo orden jurídico. Las normas jurídicas que la integran pueden ser internas o internacionales. En el supuesto de oposición entre lo regulado por unas y otras, tendrá primacía la norma jurídica internacional.

Por su parte, la teoría monista nacionalista afirma que frente a una situación de antagonismo entre norma jurídica internacional y la norma interna, ha de prevalecer la norma jurídica interna. el sistema referente a la jerarquización de normas jurídicas internacionales frente a internas adoptado por la constitución de los Estados Unidos de América, es ejemplo preclaro de la posición monista nacionalista.

Inspirado en el párrafo segundo del artículo 6° de la Constitución de los Estados Unidos de América, el artículo 133 Constitucional también asume en su redacción original el monismo nacionalista. Las consecuencias de esta posición doctrinal son evidentes: la tesis monista con primacía del derecho interno fractura la misma noción del derecho internacional como sistema jurídico unitario con identidad propia. Habría así no uno sino muchos derechos internacionales, en función de la noción nacionalista que cada estado se hiciera del derecho internacional. En última instancia esta posición conduce a la negación misma del derecho internacional y determina la fragmentación de la comunidad internacional en perjuicio de los estados más débiles.

Sostener a últimas consecuencias la igualdad de los tratados respecto a las demás leyes nacionales llevaría al extremo de aplicar en nuestro sistema jurídico a ese supuesto la regla de que la ley posterior deroga la anterior (lex posterior derogat priori); y, por tanto, a considerar que aunque el Estado mexicano se hubiera obligado en el ámbito internacional, si entrara en vigor una ley posterior contraria en todo en parte a la convención, el tratado respectivo quedaría abrogado o derogado.

Un principio toral universal del derecho internacional que conviene reafirmar en nuestra legislación es que todas las normas y obligaciones internacionales deben de cumplirse de buena fe. Este principio de pacta sunt servanda (reconocido por la jurisprudencia internacional, la corte de naciones unidas en su preámbulo, su artículo 2.2, la convención de Viena en su artículo 26 y la declaración sobre principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y cooperación entre los estados) se complementa con la disposición del artículo 27 de la misma convención de Viena de 1969, que previene que un Estado no puede invocar los preceptos de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado, y vincula y obliga a su observancia al estado mexicano desde que fue publicada su promulgación en el Diario Oficial de la Federación del 14 de febrero de 1975.

En efecto, las convenciones internacionales suscritas por México tienen su origen en la voluntad soberana del pueblo que está expresada en la Constitución y precisamente en ella reside el fundamento del Estado para la adhesión a los tratados internacionales. Y después, obviamente, no podría mediante una ley posterior desconocer esas obligaciones libremente contraídas.

Con la nueva redacción que se proyecta en la iniciativa ya no quedará duda alguna respecto a que los tratados internacionales se ubican jerárquicamente por encima de las leyes ordinarias federales y las leyes locales. pero no basta con reconocer expresamente la primacía del derecho internacional sobre el derecho ordinario federal y el derecho local, y atemperar la posición de monismo nacionalista: es preciso dar pasos adelante para acercar a nuestro ordenamiento jurídico cada vez más a un sistema de recepción monista internacionalista.

En tal virtud se plantea agregar dos nuevos párrafos al texto constitucional. En el que será el nuevo segundo párrafo del artículo 133 constitucional se concibe que los tratados internacionales celebrados de acuerdo con la Constitución, una vez publicados, formen parte del ordenamiento jurídico interno, y sus disposiciones sólo puedan ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del derecho internacional.

Para que en un tercer párrafo se establezca que los tratados relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por el estado mexicano, tengan jerarquía constitucional y prevalezcan en el orden jurídico interno, en la medida en que no contengan normas sobre su goce y ejercicio que alteren las garantías y derechos establecidos por la propia constitución para el hombre y el ciudadano.

b.3 Los tratados internacionales forman parte del ordenamiento jurídico interno

Con el contenido del nuevo segundo párrafo se reafirma que los compromisos internacionales son asumidos por el Estado mexicano en su conjunto y comprometen a todas sus autoridades. Ello explica que el Constituyente haya facultado al Presidente de la República a suscribir los tratados internacionales en su calidad de jefe de estado y que el Senado intervenga como representante de la voluntad de las entidades federativas: como consecuencia, una vez ratificados, los tratados forman parte del derecho interno del país, obligan en el ámbito federal o local, y sus disposiciones sólo pueden ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del derecho internacional.

Porque además por lo que se refiere a la materia de los tratados no existe limitación competencial entre la federación y las entidades federativas; esto es, no se toma en cuenta la competencia federal o local del contenido del tratado, sino que por mandato expreso el Presidente de la República y el Senado pueden obligar al Estado mexicano en cualquier materia, independientemente de que para otros efectos ésta sea competencia de las entidades federativas.

b.4 Los tratados internacionales relativos a derechos humanos tienen jerarquía constitucional y prevalecen en todo el orden jurídico interno

Igualmente, en la iniciativa de reforma se estructura el mecanismo más eficaz para ampliar la esfera de derechos de los gobernados al reconocer en el texto fundamental que los tratados internacionales relativos a derechos humanos tienen jerarquía constitucional y prevalecen en todo el orden interno. Es decir, incorporar en nuestro sistema jurídico los tratados en materia de derechos humanos a nivel de la constitución sin derogar normas de ésta y en carácter de complemento a ellas.

Con la inclusión de este tercer párrafo si bien jerárquicamente los tratados en materia de derechos humanos no son superiores a la constitución, sí se les sitúa al mismo nivel que la Carta Magna y colmarán las lagunas que ésta pudiera tener en la evolución mundial en materia de protección de los derechos humanos, sin que hubiera necesidad de reformarla. Esta postura es congruente y complementa la disposición del artículo 15 constitucional, que prohíbe la celebración de tratados en los que se alteren las garantías y derechos establecidos por la Constitución para el hombre y el ciudadano, y con el dispositivo de la Ley de Tratados de 1992 que establece un mecanismo de inserción de las sentencias internacionales.

En materia de derechos humanos es donde se observa una evolución más profunda del derecho comparado hacia un sistema más amplio de recepción de los tratados en favor del derecho internacional. Al respecto el estudioso argentino G. Bidart campos ilustra esa relación con la constitución de los países bajos, en la que "se confiere al derecho internacional un orden prelatorio superior al del todo el derecho interno, incluida la propia constitución" (Teoría general de los derechos humanos, edit. Astrea, B. Aires, 1991, p.353); concluyendo que esta fórmula es la más eficaz para potenciar los derechos humanos.

La Constitución peruana de 1979 establecía que los preceptos contenidos en los tratados relativos a los derechos humanos tenían jerarquía constitucional y no podían ser modificados sino por el procedimiento que rige para la reforma de su ley fundamental. Y siguen la misma tendencia, la Constitución del Paraguay de junio de 1992 en sus artículos 131, 141 y 142 y la Constitución de Venezuela en su artículo 23.

Como un freno a la amenaza de regreso de las dictaduras militares, también el constituyente argentino de 1994 consideró necesario incorporar a su constitución, en el artículo 75, inciso 22, once convenciones internacionales de derechos humanos, a las que otorgó jerarquía constitucional. El tiempo transcurrido a demostrado a plenitud la eficacia y pertinencia de la enmienda en la defensa de los derechos humanos, hoy por hoy constituye el instrumento jurídico de los tribunales argentinos para evitar los efectos de las nefastas leyes llamadas de "punto final" y "obediencia debida", que pretendieron la impunidad de autores de delitos contra la humanidad.

Es por ello que en nuestro proyecto se pretende que los tratados en materia derechos humanos, suscritos y ratificados por el Estado mexicano, tengan jerarquía constitucional y prevalezcan en el orden interno, en la medida en que no contengan normas sobre su goce y ejercicio que alteren las garantías y derechos establecidos por la ley fundamental para el hombre y el ciudadano.

c) Control difuso de la constitucionalidad de normas generales

Por otra parte, y no obstante el criterio de distinguidos tratadistas de la talla del doctor Ignacio Burgoa, que sostienen que el autocontrol de la Constitución que se prevé en el artículo 133 ha obedecido a una inadvertencia, falta de reflexión o de conocimiento, en que incurrieron los autores de las constituciones de 1857 y 1917, al transplantar a ellas una preservación constitucional que opera en los estados unidos y que no tiene razón de ser dentro del sistema de protección constitucional mexicano, en la presente iniciativa se considera necesario mantener, en la última parte del primer párrafo del precepto, el control constitucional de las leyes por vía de excepción, también denominado control difuso de la constitucionalidad de normas generales, para que los jueces locales estén facultados a conocer de la constitucionalidad por vía de excepción y puedan dejar de aplicar una ley de su entidad federativa por considerarla contraria a la Carta Magna.

La cuestión del autocontrol de la constitucionalidad está íntimamente ligada al principio de la supremacía constitucional. Como ha sido señalado, la constitución es la ley suprema, todas las demás leyes, sin excepción, deben ceñirse a sus disposiciones y, como consecuencia, toda autoridad tiene la obligación de normar sus actos por las disposiciones constitucionales, a pesar de dispositivos contrarios contenidos en las normas secundarias.

Como lo sostuvo el jurista Antonio Martínez Báez, a decir del doctor Jorge Carpizo, la esencia de la actividad jurisdiccional estriba en la función definitoria del derecho aplicable al caso concreto, luego todo juez y en todo proceso aplicará la norma que juzgue adecuada y en el lance de que ese precepto resulte anticonstitucional no lo debe cumplir, pues debe dar preferencia, primacía y prioridad a la ley fundamental.

Si se negara al juez local la facultad para realizar dicha valoración, se le estaría negando algo que se encuentra implícito en la función misma de juzgar, se desvirtuaría la labor de quienes forman parte de la voz viva del derecho.

Entonces, no se puede negar en los jueces locales la facultad de valorar las normas para conocer si son constitucionales o no, de lo contrario se irrogaría en favor del poder judicial de la federación un indebido monopolio de control de la constitucionalidad, como ahora lo pretende la jurisprudencia.

En el entendido que con el reconocimiento del control difuso de la constitucionalidad de normas generales, la unidad de interpretación constitucional no se afecta, porque la exposición del juez local es susceptible de reclamarse ante la justicia federal mediante el juicio de amparo.

En vista de las anteriores consideraciones, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente:

Iniciativa de decreto que reforma y adiciona dos párrafos al artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Unico: se reforma y adicionan dos párrafos al artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 133. Esta Constitución será la Ley Suprema de toda la Unión. Las leyes constitucionales aprobadas por el Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, tendrán primacía sobre las leyes ordinarias federales, constituciones y demás leyes locales. Los jueces de las entidades federativas se arreglarán a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, leyes constitucionales y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de los estados.

Los tratados internacionales celebrados de acuerdo con esta Constitución, una vez publicados, formarán parte del ordenamiento jurídico interno. Sus disposiciones sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del derecho internacional.

Los tratados relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por el Estado mexicano, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden jurídico interno, en la medida en que no contengan normas sobre su goce y ejercicio que alteren las garantías y derechos establecidos por esta ley fundamental para el hombre y el ciudadano.

Transitorios

Unico: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los treinta días del mes de octubre de dos mil uno.

Dip. Luis Miguel Barbosa Huerta (rúbrica)

(Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Relaciones Exteriores. Octubre 30 de 2001.)

DE REFORMAS AL ARTICULO 73 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (PARA FACULTAR AL CONGRESO A ESTABLECER UN IMPUESTO ESPECIAL SOBRE SUSTANCIAS TOXICAS PERSISTENTES Y/O BIOACUMULABLES), PRESENTADA POR EL DIPUTADO JOSE ANTONIO AREVALO GONZALEZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM, EN LA SESION DEL MARTES 30 DE OCTUBRE DE 2001

Bernardo de la Garza Herrera, Francisco Agundis Arias, José Antonio Arévalo González, Esveida Bravo Martínez, María Teresa Campoy Ruy Sánchez, Olga Patricia Chozas y Chozas, Diego Cobo Terrazas, Arturo Escobar y Vega, José Rodolfo Escudero Barrera, Sara Guadalupe Figueroa Canedo, Nicasia García Domínguez, Alejandro Rafael García Sainz Arena, Juan Ignacio García Zalvidea, María Cristina Moctezuma Lule, Julieta Prieto Fuhrken, Concepción Salazar González, Erika Elizabeth Spezia Maldonado, diputados de la LVIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55 fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos se turne a la Comisión de Puntos Constitucionales, para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Octava Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa:

Exposición de Motivos

La Constitución de cualquier Estado, como norma fundamental de su quehacer y porvenir, debe basarse en la satisfacción de las condiciones mínimas de vida y en el fomento de actividades realizadas por los sectores público, privado y social, orientadas al desarrollo de las personas que integran la comunidad que conforma al Estado.

De igual forma, la función medular del Poder Legislativo es la elaboración de las leyes generales, abstractas e impersonales encaminadas a procurar el bienestar de la sociedad a través de la regulación de conductas y actividades de una sociedad. En lo que se refiere a las materias señaladas en el artículo 73 de nuestra Carta Magna, atienden, básicamente, a la soberanía nacional en lo exterior, así como al desarrollo de la Federación en lo interior, esto es, se concede al Congreso de la Unión facultad para legislar en todas aquellas materias que son esenciales para el desarrollo y progreso de nuestro país.

Con esto en mente, los legisladores del Partido Verde Ecologista de México, estamos preocupados por que nuestra Constitución asegure las medidas adecuadas para lograr un Desarrollo Sustentable.

De esta manera, y en términos de las fracciones VII y XXX del artículo 73 constitucional, el Congreso de la Unión tiene facultades para imponer las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto de la Federación; establecer ingresos por concepto de todo un ejercicio o parte de él, y por otro lado también tiene atribuciones para expedir todas las leyes que sean necesarias con la finalidad de hacer efectiva dicha facultad.

El carácter de las disposiciones referentes a la Ley de Ingresos y al Presupuesto de Egresos de la Federación, permiten a nuestro gobierno poder realizar la prevención necesaria para el financiamiento de sus proyectos y programas encaminados a cumplir las metas plasmadas en el Plan Nacional de Desarrollo.

Asimismo, el artículo constitucional 73, fracción XXIX apartado 5°, faculta al Congreso para establecer Impuestos Especiales Sobre Producción y Servicio, con lo cual se especifica de manera puntual sobre lo que se pueden fijar ciertas contribuciones. Esto, nos obliga a nosotros los legisladores asentar el tipo de producto o servicio que será gravado, en aras de obtener un beneficio para la nación mexicana.

Por ello, la soberanía fiscal depositada en el Congreso de la Unión, no debe soslayarse, sino al contrario, impulsar una adecuada fiscalización, sobre todo en aquellos productos que al gravarse crearían condiciones que limitarían su uso o propiciarían un manejo adecuado y responsable de los mismos. Por otro lado, se impulsaría el fomento de alternativas menos dañinas al medio ambiente como lo son las sustancias tóxicas persistentes y/o bioacumulables, las cuales, aún en muy bajas concentraciones, causan diversos efectos en la salud humana y en el ambiente.

Los criterios en los que se basa la identificación de una sustancia como tóxica, persistente y/o bioacumulable son:

I. Que sea predominantemente de origen antropogénico: es decir, las sustancias generadas por el Hombre a través de cualquiera de las modalidades de síntesis o fabricación; si se trata de una sustancia que se encuentra normalmente en la naturaleza, como los metales, y que sean liberadas al ambiente.

II. Que sea tóxica: para este efecto, se considerará como tóxica una sustancia que, además de haber sido identificada como tal a nivel nacional e internacional por su capacidad de producir efectos adversos en los organismos vivos, esté presente en el territorio nacional en concentraciones que constituyan o puedan constituir un riesgo para la población y los ecosistemas. Desde esta perspectiva, riesgo se define como la probabilidad de que se produzcan efectos adversos en la población y los ecosistemas como resultado de la exposición a tales sustancias.

III. Que sea persistente: esto implica que la sustancia tenga una vida media en el ambiente igual o superior a: dos días en aire, seis meses en agua, un año en sedimentos, seis meses en suelo, o que exista evidencia de su movilización a largas distancias.

IV. Que sea bioacumulable: lo cual significa que tendrá un factor de bioacumulación o bioconcentración igual o superior a 5 mil y un cociente de reparto octanol/agua igual o superior a cinco.

Las sustancias y productos químicos se rigen por una serie de leyes y reglamentos coincidentes en sus disposiciones, y caen bajo la jurisdicción de seis dependencias reguladoras. Como resultado, el marco jurídico que norma a las sustancias químicas continúa siendo uno de los aspectos más complicados, y con frecuencia confusos, del derecho ambiental en México.

Los dos cuerpos normativos más importantes que rigen las sustancias y productos químicos son la Ley General de Salud y el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario de Actividades, Establecimientos, Productos y Servicios, en conjunto, estipulan las definiciones de plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas, establecen un régimen de registro, licencia y permiso para plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas, además de proveer normas para el etiquetado de sustancias químicas.

En virtud del número de leyes y dependencias que regulan a las sustancias químicas, en 1987 se creó la Comisión Intersecretarial para el Control del Proceso y Uso de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias tóxicas (CICLOPLAFEST). Integrada por representantes de las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Comercio y Fomento Industrial, de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación y de Salud. La CICOPLAFEST tiene las siguientes responsabilidades:

1. Administrar un procedimiento uniforme para toda licencia, registro y permiso del uso, aprovechamiento, distribución, almacenamiento, comercialización, exportación o importación de sustancias químicas;

2. Establecer inventarios integrados cuantitativos y cualitativos de todas las sustancias químicas que se utilicen o importen a México;

3. Participar en la elaboración y promulgación de NOM que regulen las sustancias químicas consistentes con las normas de protección a la salud pública y el ambiente;

4. Participar en estudios e investigaciones científicas y jurídicas sobre sustancias químicas para efectuar recomendaciones de tal naturaleza relacionadas con la regulación, restricción o prohibición de dichas sustancias; crear, a través de las facultades reguladoras de las cuatro Secretarías integradas, catálogos oficiales de sustancias químicas registradas y autorizadas para su uso en México, incluyendo la información sobre sus principales características químicas, procedimientos para su uso o aplicación, riesgos relacionados, así como cualquier otra información de seguridad necesaria.

De acuerdo con la Instrucción de Sustancias Químicas, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 12 de diciembre de 1988, debe presentarse información de las sustancias tóxicas, similar al requerido en el registro de nuevos plaguicidas, ante la CICLOPLAFEST. Sin embargo, esta última aún debe elaborar un catálogo oficial de sustancias tóxicas registradas. Actualmente no existen requisitos de revisión previa a la manufactura para el uso, fabricación o distribución de sustancias tóxicas nuevas.

De igual forma, otro aspecto importante que amenaza al bienestar ecológico de nuestro país, es la desregulación desmedida de nuestro mercado a través de acuerdos internacionales que procuran muy pocos lineamientos encaminados a un desarrollo sustentable y que provocan la inundación de productos nocivos a nuestro país y la restricción, eso sí, de nuestro bienes a otros países por el uso de sustancias tóxicas prohibidas en el exterior y que son usadas aún en México.

Asimismo, las compañías trasnacionales son dominantes en la fabricación y comercialización de productos químicos y otras sustancias que suponen riesgos para la seguridad ocupacional y la salud. Por ello, con la tendencia a los acuerdos de "libre comercio", se prevé que el dominio de las trasnacionales se expanda, con una consiguiente disminución de industrias de propiedad estatal y de propiedad de capitales nacionales.

Corresponde entonces considerar la importancia de la implementación de nuevos instrumentos que permitan la restricción y moderación en el uso de ciertos productos que se expanden por todo el mundo, pero particularmente a países que tienen mínimos recursos disponibles para la protección ambiental y de los trabajadores.

La experiencia ha mostrado que los enfoques preventivos son mejores, en cuanto a resultados y costos, por lo cual se considera que es más barato prevenir que remediar. La liberación de las sustancias tóxicas al ambiente, ya sea a través de su emisión al aire, de su descarga a los cuerpos de agua, o de la generación de residuos peligrosos es, sin lugar a dudas, un signo de ineficiencia de los proceso productivos. Para atender esta falla e internalizar los costos ambientales, los países miembros de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) acordaron el principio de "quien contamina paga". Este principio sostiene que aquellos agentes económicos que contaminen deberían asumir los costos totales de cualquier daño ocasionado por la producción de bienes y servicios contaminantes.

Un instrumento económico utilizado son los límites obligatorios de contaminación, sin embargo, su eficiencia es nula cuando las empresas contaminan hasta el nivel fijado y no se preocupan por alcanzar una mayor productividad, ni por incorporar el daño ambiental en sus costos. Y más aún cuando existe corrupción y es fácil evadir las multas.

Otra manera de aplicar este principio es mediante la incorporación de impuestos a las emisiones. Cuando se aplica un impuesto a las emisiones, las empresas responsables deben pagar por los servicios ambientales prestados de la misma manera en que pagan por todos los demás insumos utilizados en sus operaciones.

Así las empresas comparan al impuesto con los gastos por descontaminar y deciden por sí mismas su nivel de polución. Si a una compañía le resulta relativamente barato descontaminar, el sistema de impuestos le puede llevar en esa dirección. Si es al contrario, adoptara medidas preventivas que eviten tener que pagar impuestos, de esta manera, se reduce la liberación de sustancias en la fuente y se minimiza la generación de residuos, fomentando la adopción de procesos más limpios, así como el reuso, reciclado y recuperación de los residuos químicos.

Los impuestos verdes pretenden disuadir a los sectores industriales y productores, de conductas contaminantes, proteger los recursos afectados por este tipo de impuestos y finalmente mejorar las condiciones de vida de las clases económicamente deprimidas. Con la aplicación de estos impuestos se pretende de alguna forma mejorar los procesos industriales y productivos en general, de manera que se elimine el desperdicio de energía y no simplemente que se trasladen los incrementos en los costos a la población que es la que sufre más con las actitudes contaminadoras de las empresas.

La presente iniciativa busca otorgar un valor real a los recursos naturales y al medio ambiente, utilizando instrumentos propios de la economía de mercado que fomenten la aplicación de nuevas tecnologías y la entrada de productos más amables con nuestro entorno natural. Quien invierta en tecnologías limpias y reduzca las emisiones contaminantes, obtendrá ventajas competitivas sobre aquellas que no lo hagan.

Por ello, sometemos a esta Cámara de Diputados en la LVIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa de:

DECRETO Mediante el cual se adiciona un inciso h) a la fracción XXIX del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

ARTICULO UNICO.- Se adiciona un inciso h) a la fracción XXIX del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 73. ...........

I. a la XXVIII. ................

XXIX. Para establecer contribuciones:

1° al 4°.................

5°. Especiales sobre:

a) al e)..................

f) Explotación forestal.

g) Producción y consumo de cerveza, y

h) Sustancias tóxicas persistentes y/o bioacumulables

TRANSITORIOS

Unico.- Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 30 días del mes de octubre del 2001.

Diputados: Bernardo de la Garza Herrera (rúbrica), Coordinador; Francisco Agundis Arias (rúbrica), Vice-Coordinador; José Antonio Arévalo González (rúbrica), Esveida Bravo Martínez, María Teresa Campoy Ruy Sánchez (rúbrica), Olga Patricia Chozas y Chozas (rúbrica), Diego Cobo Terrazas, Arturo Escobar y Vega (rúbrica), José Rodolfo Escudero Barrera, Sara Guadalupe Figueroa Canedo, Nicasia García Domínguez, Alejandro Rafael García Sainz Arena (rúbrica), María Cristina Moctezuma Lule, Julieta Prieto Fuhrken (rúbrica), Juan Ignacio García Zalvidea, Erika Elizabeth Spezia Maldonado (rúbrica), Concepción Salazar González (rúbrica).

(Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales. Octubre 30 de 2001.)

DE REFORMAS AL DECRETO POR EL QUE SE EXTINGUE EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO FERROCARRILES NACIONALES DE MEXICO Y SE ABROGA SU LEY ORGANICA, PRESENTADA POR LOS DIPUTADOS RAFAEL HERNANDEZ ESTRADA, PRD; Y SERGIO VACA BETANCOURT, PAN, EN LA SESION DEL MARTES 30 DE OCTUBRE DE 2001

Los suscritos, diputados federales de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa de reformas al "Decreto por el que se extingue el Organismo Público Descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México y se abroga su Ley Orgánica", al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El 4 de junio del 2001 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el "Decreto por el que se extingue el Organismo Público Descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México y se abroga su Ley Orgánica".

Es función de los legisladores velar por los intereses de la Nación. En este sentido, en el caso particular nos corresponde procurar un manejo honesto y transparente de todos los activos remanentes del Organismo en liquidación, así como cuidar que se respeten los intereses y los derechos de los trabajadores de la paraestatal.

Ferrocarrileros jubilados han tenido reuniones con diputados de diversos grupos parlamentarios representados en esta Cámara, para expresar sus preocupaciones por algunos problemas que no fueron considerados en el "Decreto por el que se Extingue el Organismo Público Descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México y se Abroga su Ley Orgánica".

Es necesario mencionar que las consideraciones contenidas en este proyecto formaron parte de un voto particular presentado a este Pleno por varios legisladores, mismo que buscaba modificar varias disposiciones contenidas en la minuta que envió el Senado de la República. Hoy, esas consideraciones, cobran mayor fuerza en virtud de que legisladores de diversos partidos las han hechos suyas.

1. Es necesario que se dé solución definitiva al problema de los ferrocarrileros jubilados antes de 1982, que no gozan de las pensiones de vejez y de cesantía en edad avanzada que otorga el IMSS, y que el Congreso ha tenido que atender parcialmente en ejercicios anteriores mediante el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Solucionar dicho problema, ampliamente conocido en esta Cámara, es un acto de elemental justicia. El Decreto en cuestión no lo considera.

El Lic. Ramiro Sosa Lugo, ex Director de Ferronales, en reunión de trabajo celebrada el 28 de marzo del presente año, calculó en 8,752 el número de los jubilados que sobreviven de un total de 25 mil que había en 1982. La abrumadora mayoría han muerto en el camino de la búsqueda de justicia.

Los jubilados interesados se quejan de que el listado proporcionado por la paraestatal, incluye indebidamente a ferrocarrileros que fueron jubilados antes de 1982, pero que no son afectados, pues son trabajadores de los ex ferrocarriles Sonora-Baja California, Chihuahua al Pacífico, Unidos del Sureste y Servicio de Coches Dormitorio, que fueron incorporados al IMSS antes que los trabajadores de los ferrocarriles del Pacífico y Nacionales de México, que son los únicos que carecen de las pensiones mencionadas de vejez y cesantía.

Asimismo refieren los jubilados anteriores a 1982 que en la mencionada lista aparecen indebidamente trabajadores ya fallecidos.

Se requiere entonces que el liquidador de Ferrocarriles Nacionales de México y el IMSS realicen una depuración cuidadosa de la relación para determinar con exactitud el número de trabajadores afectados realmente y mediante los estudios actuariales correspondientes se puedan calcular los capitales constitutivos necesarios para resolver el problema en forma definitiva, con el objeto de que el Ejecutivo Federal proponga a esta Soberanía la partida correspondiente en el marco del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2002.

2. El Decreto de extinción de Ferrocarriles Nacionales de México excluyó a los ferrocarrileros liquidados del beneficio de la donación en caso de poseer casa o terreno de la paraestatal y no incluye prevenciones para evitar posibles invasiones de los bienes inmuebles de la empresa.

La empresa de Ferrocarriles Nacionales de México estaba obligada, por el Contrato Colectivo de Trabajo, a proporcionar casa habitación a los ferrocarrileros de varias especialidades (de vía y de alambres, por ejemplo).

En el caso de otros ferrocarrileros, aun cuando no tenía ninguna obligación, la empresa les facilitó terrenos o casas de su propiedad para que los habitaran, con el fin de auxiliarlos en su situación económica.

Hay familias que han habitado estas casas o terrenos por varias generaciones. Hoy esos trabajadores, debido al proceso de privatización del sector, han sido jubilados o liquidados, y dichos asentamientos humanos constituyen un grave problema social, pues las pensiones de los jubilados son en promedio del orden de los 2 mil 500 pesos mensuales, y de los 83 mil 200 trabajadores con que contaba la paraestatal en 1990, hoy laboran para las nuevas empresas privadas alrededor de 15 mil ferrocarrileros únicamente, es decir que la mayoría de los obreros liquidados no fueron recontratados.

La iniciativa que originalmente envió al Senado el ex Presidente Zedillo en diciembre de 1999, preveía donar bienes inmuebles incluso a instituciones o asociaciones privadas, mientras que a los trabajadores ferrocarrileros que ocuparan una casa o terreno de la paraestatal se les vendería.

Debido a lo anterior la colegisladora modificó el proyecto de Decreto para hacer extensiva la donación a los trabajadores ferrocarrileros jubilados, o sus sucesores en línea directa, que ocupen una casa o terreno propiedad de la paraestatal.

Sin embargo tal reforma resulta insuficiente por las siguientes razones:

En primer lugar, porque excluyó a los trabajadores ferrocarrileros liquidados o a sus sucesores en línea directa, que son quienes tienen mayor necesidad. En segundo lugar, es necesario cambiar la figura jurídica de la donación que la Ley General de Bienes Nacionales (Artículo 18) establece como posible sólo para entidades federativas, municipios o instituciones y asociaciones privadas que no persigan fines de lucro, por la figura de la transmisión de dominio a título gratuito para el caso precisamente de los trabajadores jubilados, liquidados o sus sucesores en línea directa, que la misma Ley establece (Artículo 59) tratándose de personas físicas.

Por último, es conocido que a raíz de la privatización de la industria, se ha desatado una ola de invasiones en las propiedades de la paraestatal, tanto por trabajadores ferrocarrileros como por particulares. Por ello es indispensable establecer reglas claras para el caso de los trabajadores ferrocarrileros o sus sucesores, en el sentido de que la transmisión de dominio a título gratuito de los inmuebles que ocupan, sólo será procedente si cuentan con una residencia probada de por lo menos cinco años anteriores a la entrada en vigor del Decreto. De lo contrario tenderemos a beneficiar a muchos invasores y lo que es peor propiciaremos nuevas invasiones.

3. Es necesario deslindar responsabilidades entre la anterior administración de la paraestatal y el ente liquidador y transparentar la entrega-recepción de los activos y pasivos de la empresa en liquidación.

En el Artículo 2 del Decreto se establece que la "Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en su carácter de dependencia coordinadora del sector, establecerá las bases para llevar a cabo la liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México, mediante la debida consolidación de su patrimonio y designará al liquidador responsable de ese proceso", y en once fracciones detalla cuáles serán las funciones del liquidador.

En la fracción II se dice que el liquidador "levantará y certificará el acta de entrega-recepción de los bienes y recursos del Organismo" y en la fracción X se señala que el liquidador "levantará y actualizará el inventario de los activos pertenecientes al Organismo, así como respecto de los pasivos a su cargo".

Es preciso deslindar la responsabilidad entre la anterior administración de la paraestatal y el liquidador y transparentar la entrega-recepción de los activos y pasivos del Organismo.

Para ello, el procedimiento elemental en estos casos es que la administración de Ferrocarriles Nacionales de México debe entregar al liquidador, acta de entrega-recepción de por medio, todos los activos y pasivos del Organismo debidamente inventariados.

En consecuencia, la responsabilidad de levantar ese inventario es de la administración de la paraestatal, no del liquidador, quien debe limitarse a actualizarlo en la medida en que avance el proceso de liquidación.

El Lic. Luis Antonio de Pablo Serna fue director general de Ferronales durante casi todo el proceso de privatización. Al poco tiempo de ocupar el puesto, en una disertación ante miembros del Colegio de Ingenieros Civiles de México, afirmó que "el ferrocarril es dueño de la mitad del uno al millar del territorio nacional"; agregó que Ferronales no contaba con los títulos de propiedad en orden de todos sus bienes y que entre las tareas pendientes del Organismo, estaba la de levantar un inventario completo de sus activos (El Financiero, 9 de octubre de 1995).

Luego entonces, la desaparición de Ferrocarriles Nacionales de México significó la extinción del Organismo propietario de la mayor extensión de territorio nacional. No hay un Organismo público ni privado con mayores recursos inmobiliarios que Ferrocarriles Nacionales de México. No se extinguió un estanquillo. Hablamos de millones de metros cuadrados de una paraestatal en la que, según confesión de un ex Director General, existía (¿o existe?) un gran desorden administrativo. Y ya sabemos que a río revuelto ganancia de pescadores.

El dictamen aprobado por la colegisladora fue elaborado, a todas luces, a partir de información proporcionada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y salta a la vista que de las páginas 12 a la 14 del informe presentado por la SCT se abunda en datos precisos, cantidades, porcentajes, cifras exactas de diversos conceptos a favor de las bondades de haber privatizado los ferrocarriles. Información que, por cierto, no era materia del dictamen.

Sin embargo, en el apartado destinado a los Activos Remanentes del Organismo (bienes muebles e inmuebles sobre todo) se prevén vaguedades e imprecisiones. En ningún momento se dice de cuántos millones de metros cuadrados estamos hablando, cuántos han sido concesionados y a quienes; cuántos han sido donados y a quienes; cuántos han sido enajenados y a quienes; cuántos metros están ocupados por asentamientos humanos irregulares y por cuántas familias, y de éstas cuántas son dependientes de ferrocarrileros y cuántas son particulares, etc.

Ha transcurrido el tiempo necesario para que el inventario de los activos de la empresa en extinción esté terminado.

Por el bien de la República, debemos garantizar que la liquidación de los cuantiosos activos de esta empresa se lleve a cabo de la manera más transparente posible.

Por lo anteriormente expuesto, ponemos a su consideración la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el decreto por el que se extingue el organismo público descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México y se abroga su Ley Orgánica.

Artículo Primero. Se reforman los artículos 2º, fracciones II, IV y X; Artículo 4º, para quedar como sigue:

Artículo 2. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en su carácter de dependencia coordinadora del sector, establecerá las bases para llevar a cabo la liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México, mediante la debida consolidación de su patrimonio y designará al liquidador responsable de ese proceso quien realizará las siguientes funciones:

I .

................

II. Levantará y certificará el acta de entrega-recepción de los bienes y recursos debidamente inventariados del Organismo.

III.

................

IV. Llevará a cabo la regularización y tramitará la desincorporación de los activos remanentes para proceder a su enajenación, donación o reversión al Gobierno Federal, sujetándose a lo previsto por la Ley General de Bienes Nacionales y la Ley General de Asentamientos Humanos. Las donaciones sólo procederán en los casos de entidades federativas, municipios e instituciones públicas o privadas que no persigan fines de lucro, a fin de que sean utilizadas para beneficio social. En el caso de los asentamientos humanos existentes en inmuebles de Ferrocarriles Nacionales de México, a los trabajadores ferrocarrileros jubilados, liquidados o sus sucesores en línea directa, que estén en posesión y cuenten con una residencia probada no menor a cinco años anteriores a la entrada en vigor del Decreto que extinguió al organismo, se les hará la transmisión de dominio a su favor a título gratuito.

En el caso de reversión, los Gobiernos de los Estados, el Distrito Federal y Municipios, tendrán preferencia, en igualdad de condiciones, para adquirir los bienes remanentes.

V. a IX. ..............

X. Actualizará el inventario de los activos pertenecientes al Organismo, así como respecto de los pasivos a su cargo, y

XI.

......................

Artículo 4º. Los derechos laborales de los trabajadores de Ferrocarriles Nacionales de México, generados conforme al Contrato Colectivo de Trabajo y a la Ley, serán respetados. Tratándose de los derechos adquiridos por los ferrocarrileros jubilados, el Gobierno Federal se obliga a garantizar en cualquier época, el pago vitalicio de las pensiones y prestaciones otorgadas a dichos trabajadores, para el caso de que por cualquier causa el fondo de jubilaciones sea insuficiente.

Asimismo, el Gobierno Federal se obliga a resolver de manera definitiva el problema de los ferrocarrileros jubilados antes de 1982. Para ello deberá cubrir al Instituto Mexicano del Seguro Social los capitales constitutivos suficientes, con el objeto de que las pensiones de vejez y cesantía en edad avanzada, se cubran a partir del 1º de enero de 2002.

Transitorio

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de octubre de 2001.

Suscriben: Rafael Hernández Estrada (rúbrica), Sergio R. Vaca Betancourt (rúbrica).

(Túrnese a la Comisión de Transportes. Octubre 30 de 2001.)

Proposiciones

CON PUNTO DE ACUERDO EN RELACION AL IPAB, PRESENTADA POR EL DIPUTADO FRANCISCO AGUNDIS ARIAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM, EN LA SESION DEL MARTES 30 DE OCTUBRE DE 2001

Los suscritos diputados de la LVIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes de diversos grupos parlamentarios, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrimos a solicitar se tenga a bien someter a la consideración de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de LVIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión el siguiente:

Acuerdo

El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) fue creado para atender y dar solución a la carga financiera del muy discutido y poco transparente rescate bancario, el cual ha abierto muy graves heridas en la sociedad que, en vez de cicatrizar, cada día se abren más.

La actual situación por la que atraviesa el Instituto es inaceptable, pues además de que no ha cumplido con sus objetivos, ha venido acumulando irregularidades cada vez más graves, llegando al extremo de que funcionarios de primer nivel se encuentren bajo investigación. El IPAB ha venido trabajado con una total falta de transparencia.

Es intolerable la sombra de la sospecha que rodea al IPAB tras el arraigo de su aún secretario adjunto jurídico, acusado de lavado de dinero que habría sido recibido para una gestión relacionada con la reestructuración de un crédito.

Es intolerable observar que la Secretaría de la Contraloría ha abierto procedimientos administrativos contra la mitad de los vocales independientes, a quienes se acusa de conflicto de interés.

Es igualmente intolerable, la inaudita venta de Bancrecer al equivalente a 170 millones de dólares, cuando el analista más pesimista esperaba 600 millones, el balance arroja un saldo que difícilmente alcanzaría el calificativo de mediocre.

De igual manera, la venta del complejo turístico Las Hadas, que fue comprado en 15 millones de dólares y revendido el mismo día en 17 millones de dólares, cuando había un postor que ofrecía 18 millones de dólares.

Pero sobre todo, es el colmo que a más de 2 años del inicio de sus operaciones, el organismo no ha cumplido el mandato de ley de canjear los pagarés Fobaproa con los cuales se pactó el rescate de los bancos.

Y peor aún, a más de 2 años de entregado el informe final del auditor canadiense Michael Mackey a esta honorable Cámara de Diputados, no se ha cumplido el mandato de ésta de devolver a los Bancos los préstamos que se asumieron por el Fobaproa, en contra de las reglas señaladas.

Y por inaudito que parezca, apenas hace unos días se dieron los primeros pasos para traspasar los activos de los bancos intervenidos a su férula, con miras a su liquidación.

Por ello, el esclarecimiento y sanción de estas operaciones resulta obligado por varias razones: en primer término, para recuperar fondos públicos que actualmente se encuentran en manos privadas, y también, para sancionar conductas ilegales por parte de funcionarios o ex funcionarios del Fobaproa-IPAB, de banqueros o ex banqueros y de particulares.

Exigimos el estricto cumplimiento de la Ley del IPAB y la salvaguarda de las instituciones.

Esto es necesario en un país en el que la aplicación de la ley se cuestiona constantemente y en donde las instituciones son muy frágiles.

El gobierno tiene una ineludible responsabilidad en promover el cumplimiento de la ley, en este caso la que ya existe para regir la actuación del IPAB.

También, debe salvaguardar a la institución, que finalmente, está obligada a velar por los intereses de los ahorradores y recuperar las pérdidas del quebranto bancario, incluyendo el caso de devolver las deudas a los bancos y cobrarle a los accionistas.

Esta es la transparencia que se nos prometió y que requiere el nuevo entorno político del país.

El IPAB requiere urgentemente una transformación a fondo, que a su vez, garantice la continuidad de un proceso transparente en la enajenación de activos producto del rescate bancario, de la recuperación de la mayor cantidad de recursos públicos, y de la efectiva protección al ahorro de los mexicanos.

Ha llegado el momento de que quien tiene esa responsabilidad cumpla con su trabajo, por eso es urgente tomar medidas al respecto.

Asimismo el IPAB ni siquiera ha informado la proyección de ingresos que tiene para este y los siguientes años, esta cifra es fundamental para poder elaborar una reforma fiscal responsable, este Instituto al cual se destinara un monto muy importante de recursos ni siquiera es capaz de planear una comercialización adecuada de los bienes en su poder.

Esperemos que estos bienes no sean enajenados a través de terceros a las mismas personas a quienes les fueron embargados, porque sólo ellos saben cuáles y cuántos bienes tiene en su poder ese Instituto.

Señoras y Señores Diputados, cómo podemos aprobar una Reforma Fiscal cuando ni siquiera conocemos los montos de ingreso que tiene calculados el IPAB, como pueden algunos siquiera estudiar la posibilidad de aumentar impuestos, cuando algunos de estos pueden ser sustituidos fácilmente por la venta eficiente de los activos en poder del IPAB.

Por lo anteriormente expuesto diputados del PVEM, PRI, PAN, PRD, PT y PSN solicitamos a, la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados, verifique si se encuentran en poder de esta Soberanía, los documentos e información que se solicitan en los cardinales del presente punto de acuerdo; en caso contrario, solicitar lo que se establece en los mismos:

Punto de Acuerdo

Primero.- Que el IPAB entregue a esta soberanía toda la información completa de los bienes muebles e inmuebles en la República Mexicana y en su caso en el extranjero que tiene en su poder, así como su ubicación y avaluó.

Segundo.- Que el IPAB entregue a esta soberanía la proyección de ingreso que tiene programado para los próximos cinco años, desglosado de forma anual por concepto de enajenación de bienes.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 18 días del mes de octubre del 2001.

Diputados: Bernardo de la Garza Herrera, José Manuel del Río Virgen, Rafael Rodríguez Barrera, Víctor Infante González, Martí Batres Guadarrama, Francisco Agundis Arias, Jaime Cervantes Rivera, Antonio Magallanes Rodríguez, María Teresa Campoy Ruy Sánchez, Gustavo Riojas Santana, Amado Olvera Castillo, José María Núñez Murillo, Arturo Escobar y Vega, Olga Patricia Chozas y Chozas, Julieta Prieto Fulken, José Narro Céspedes, José Antonio Calderón Cardoso, Beatriz Lorenzo Juárez, Antonio Arévalo González, Alberto Anaya Gutiérrez (rúbricas).

(Túrnese a la Mesa Directiva. Octubre 30 de 2001.)

CON PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR A LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, LA AMPLIACION DEL TRAMO CARRETERO A CUATRO CARRILES DEL TRONCAL DE 32 KILOMETROS QUE VA DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GUANAJUATO, A LA AUTOPISTA 57 FEDERAL, PRESENTADA POR EL DIPUTADO LUIS ALBERTO VILLARREAL GARCIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, EN LA SESION DEL MARTES 30 DE OCTUBRE DE 2001

Los diputados federales integrantes de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso General del los Estados Unidos Mexicanos, venimos a proponerle a esta Asamblea, el siguiente:

Punto de Acuerdo para solicitarle a la secretaría de Comunicaciones y Transportes la ampliación del tramo carretero a cuatro carriles del troncal de 32 kilómetros que va de San Miguel de Allende, Guanajuato, a la autopista 57 federal, bajo las siguientes:

Consideraciones

1.- Durante la segunda reunión regional de trabajo de la Comisión de Turismo realizada el pasado 5 de octubre del año en curso, en la ciudad de San Miguel de Allende, Guanajuato, a la que asistieron más de 250 prestadores de servicios turísticos de los estados de Aguascalientes, San Luis Potosí, Querétaro, Zacatecas y Guanajuato, además de autoridades municipales y estatales de esas entidades federativas, se realizaron distintas propuestas para mejorar los servicios de los distintos destinos turísticos de esa región.

Dichas propuestas han sido asumidas como compromisos por las y los diputados que integramos esta Comisión de Turismo.

2.- Reiterada ha sido la solicitud por parte de turisteros, ciudadanos en general y autoridades municipales de San Miguel de Allende, Guanajuato, respecto a la urgencia que existe de que se amplíe el tramo carretero a cuatro carriles que va desde la zona urbana de ese municipio a la autopista 57 federal a la altura de la comunidad rural de Tanque Blanco, municipio de Querétaro, Querétaro, de aproximadamente 32 kilómetros y que hace conexión con el libramiento San Luis Potosí-El Sauz-El Colorado.

Este tramo carretero troncal entre este importante municipio del país -por razones que adelante enunciaré- y la carretera 57 federal, es fundamental por distintas razones: la más importante de ellas es, sin duda, la seguridad de los transeúntes que a diario tienen que emplear la actual carretera de 2 carriles para poder ir de San Miguel de Allende y algunos municipios aledaños a otros puntos de la república como las ciudades de Querétaro, San Juan del Río e incluso la ciudad de México, por razones de trabajo, comercio, negocios, educación de los cientos de estudiantes y de turismo o esparcimiento de miles de nacionales y extranjeros que anualmente transitan esta carretera para arribar a este destino turístico.

3.- San Miguel de Allende, Guanajuato, municipio histórico donde se fraguó la independencia de México, donde se constituyó el primer ayuntamiento del México independiente, tierra de chichimecas y otomíes, que ha albergado a lo largo de sus más de cuatrocientos cincuenta años de fundación a exponentes de todas las artes en todos sus géneros y de todas las nacionalidades, así como a millones de turistas de distintos puntos del mundo que la visitan por ser una ciudad colonial, llena de arte y academias, tradiciones, fiestas patrias, artesanías y, sobre todo, mucha cultura que, aunado a otros muchos atractivos que la ciudad ha ido cultivando a lo largo de su vida, la convierten en un destino fundamental del centro de la república.

4.- Prueba de ello es que, prestigiadas revistas de turismo a nivel mundial, como las norteamericanas Conde Nast y Travel and leisure, han publicado que esta mágica ciudad es considerada por el turista mundial como una de las quince ciudades preferidas de los lectores de las mismas, sólo después de ciudades como: París, Praga, Florencia, Estambul, Nueva York y San Francisco, entre otras.

Paradójicamente, la preferencia del turista extranjero por esta ciudad, no se refleja en la afluencia turística con la que cuenta, pues es evidente que San Miguel de Allende no tiene la captación de turismo de las ciudades extranjeras antes mencionadas. Inclusive, en términos de captación, está mucho más abajo que otras ciudades que en la escala de preferencias del turista extranjero están muy por debajo de ella.

En efecto, el turista ha preferido viajar a otros destinos que le otorguen mejores vías de comunicación y acceso. Ha dejado a un lado este destino por lo inaccesible que resulta transitar por las carreteras que llegan a San Miguel de Allende, principalmente el troncal de 32 kilómetros, en comento, que se requiere ampliar a 4 carriles para conectar este destino con la carretera federal principal numero 57.

Esto sin dejar de mencionar que la vía carretera es la única forma de acceder a este lugar.

5.- Por si esto fuera poco, en los últimos tiempos ha disminuido considerablemente la afluencia de visitantes, provocando con esto la baja en la ocupación hotelera y en el consumo en restaurantes, bares y discotecas, situación alarmante por ser estos sectores los pilares más sólidos de la industria turística en ese municipio. Se suma a esta industria la crisis del sector artesanal, provocada principalmente por la recesión mundial, la caída de las exportaciones y la falta de turistas.

El turismo y la artesanía representan más del 75 por ciento del producto interno bruto municipal, además de que generan el mayor número de empleos, la mayor inversión y por ende son el sustento económico y social de dicho municipio.

6.- Este municipio cosmopolita, que es San Miguel de Allende, tiene una alta vocación turística. Recibe calurosamente a cientos de miles de turistas y visitantes anualmente, pero también es un municipio que, por su situación geográfica, puede ser la puerta de Guanajuato a todo el país, sobretodo para su circuito artesanal y su ruta de la independencia, por lo que la ampliación a cuatro carriles del troncal que va de ese municipio a la carretera 57 federal es indispensable.

Compañeras y compañeros diputados:

Promovemos este punto de acuerdo porque en la Comisión de Turismo creemos que para representar a nuestra sociedad hay que escuchar la voz de nuestros representados, de manera que podamos encauzar sus propuestas y necesidades. Eso es lo que todos y todas los diputados y diputadas que trabajamos por el turismo, hemos venido haciendo a lo largo de esta legislatura y precisamente por eso, es que creemos que un municipio con el potencial y la importancia turística e histórica de San Miguel de Allende, Guanajuato, requiere que la secretaría de Comunicaciones y Transportes dirija no sólo su mirada a esta ciudad, sino además, recursos para ampliar esta carretera que, cabe hacer mención ha sido promesa de muchos años y de muchos políticos, y por lo mismo es hoy por hoy una deuda con esta conspiradora ciudad y sus habitantes.

El esfuerzo que a diario hacen los empresarios del turismo, los artesanos, los trabajadores y en general el pueblo de San Miguel de Allende por hacer de este rincón colonial uno de los más bellos y cálidos del mundo, debe verse recompensado con el apoyo del Gobierno federal y particularmente de esta soberanía popular.

Estamos muy a tiempo para que esta obra de innumerables beneficios sociales sea incluida para el próximo ejercicio fiscal del año 2002, esperamos su solidaridad.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la aprobación de esta H. Asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero.- Se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes incluya lo antes posible en su plan de obra carretera la ampliación a cuatro carriles del tramo carretero de 32 kilómetros troncal entre el municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato, y la autopista principal 57 federal.

Segundo.- Que una habiéndose cumplido el punto anterior, la propia Secretaría inicie dicha obra de ampliación carretera e informe a esta soberanía sobre las acciones realizadas y específicamente sobre el proyecto y programación de obra así como los recursos que destinará para la ejecución correspondiente.

Palacio Legislativo de San Lázaro México, DF,
octubre del 2001.

Diputados: Luis Alberto Villareal García, Armando Enríquez Flores, Mario Cruz Martínez Colín, Roberto Bueno Campos, Sonia López Macías, Esteban Sotelo Salgado, Clemente Padilla Silva, Fernando Ugalde Cardona, Jaime Larrazábal Bretón, Héctor Esquilano Solís, José Ramón Mantilla y González, Norma Patricia Riojas Santana, Flor Añore Ocampo, Jaime Mantecón Rojo, Salvador Cosío Gaona, Enríque Martínez Orta, Juan Ignacio García Zalvidea, Víctor Hugo Círigo Vázquez, Rafael Servín Maldonado, Elías Martínez Rufino, José Manuel Quintanilla Rentería, Federico Granja Ricalde, Ernesto Rodríguez Escalona, José Gerardo de la Riva, María Cristina Moctezuma Lule (rúbricas).

(Túrnese a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Comunicaciones. Octubre 30 de 2001.)

CON PUNTO DE ACUERDO SOBRE POLITICA EXTERIOR, PRESENTADA POR EL DIPUTADO MIGUEL BORTOLINI CASTILLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA, EN LA SESION DEL MARTES 30 DE OCTUBRE DE 2001

A mediados de la década de los 80?s, desde las metrópolis imperialistas se utilizó la deuda externa como un mecanismo disciplinador con relación a los países del llamado tercer mundo. A partir de ese momento los planes de ajuste económico fueron monitoreados desde los centros financieros mundiales. De esta manera la deuda externa fue utilizada para romper mecanismos de soberanía nacional en una buena parte de estos países deudores. Simplemente recordemos la forma virulenta en que los centros financieros internacionales respondieron el intento reformista de Alan García de no pagar por concepto de intereses de la deuda más allá del 10 por ciento del grueso de las exportaciones de Perú.

Pues bien, como consecuencia del condenable acto terrorista en Nueva York, Washington y Pennsylvania, se ha encontrado una coartada magnífica para poner a la lucha contra el terrorismo como el nuevo fetiche que discipline a todo el mundo.

El problema es sin embargo saber ¿quién está utilizando esa herramienta disciplinadora? Desde luego no se trata de la Organización de las Naciones Unidas la cual, una vez más, es un simple espectador de las acciones unilaterales que está llevando a cabo el gobierno de los Estados Unidos de América. La guerra que está implementando el gobierno norteamericano tiende a minar la soberanía de los Estados, lo mismo que tiende a romper la armonía que debe existir entre los diversos países.

Es indudable que el terrorismo es un flagelo al que es necesario combatir. Pero no se puede hacer desde el doble discurso que desde la Casa Blanca se está llevando a cabo; por un lado se ataca a los militantes de Al Qaeda y a Ossama Bin Laden cuando antes se les había alabado como los "guerrilleros de dios"; cuando antes se les había utilizado para desestabilizar los Balcanes y ahora se les responsabiliza de ser el enemigo número uno de la democracia; cuando antes se les había otorgado la posibilidad de formar un ejército multinacional que gozaba de todas las facilidades para actuar en varios países y ahora se les acusa de estar protegidos por el gobierno afgano; cuando antes se les habían dado todas las garantías para acceder a un sofisticado armamento, incluidas las armas químicas y biológicas y ahora se les acusa de desatar una ofensiva contra la población del mundo utilizando este tipo de productos letales. Ese doble discurso no es otra cosa que una doble moral, según la cual, el terrorismo es válido cuando se lleva a cabo contra países y Estados que no están bajo la órbita el tutelaje norteamericano y es moralmente repudiable cuando afecta a su país y a sus habitantes.

Si es verdad, y creo que sí lo es, que estamos frente a un nuevo tipo de guerra y que ésta lo que busca es lograr el viejo sueño del gobierno norteamericano, conocido como "destino manifiesto", de dominar todo a escala planetaria, sin que exista un solo rincón del mundo que se escape a su control y si esto se está haciendo no de una manera abierta sino encubierto en una ideología occidentalista de superioridad, entonces podemos entender la dimensión de la catástrofe que tenemos encima.

Independientemente de quién llevo a cabo el condenable y terrible acto terrorista del día 11 de septiembre, lo fundamental a señalar es que esa acción le cayó como anillo al dedo a los señores del dinero y de la guerra. Afganistán representa un bocado de importancia toral para estos señores.

Esa importancia no se ubica en que se trate de un país rico. El PIB total de Afganistán es de 20 mil millones de dólares, el de los estados unidos es de 9 billones 256 mil millones de dólares, es decir la economía afgana representa el 0.002 por ciento (dos milésimas) de la economía norteamericana.

Su ubicación geográfica es el punto central: Afganistán hace frontera con Irán, Pakistán China y en el norte con tres repúblicas, que hasta hace algunos años formaban parte de la, entonces, unión soviética: Turkemenistán, Uzbequistán, Tadjikistán.

Entre estos tres últimos países más Kirguistán se calcula que tienen la segunda reserva de barriles de petróleo más grande del mundo que asciende a 200 mil millones de barriles. Solamente superados por la otra cuenca, la del golfo Pérsico, que posee una reserva calculada de 600 mil millones de barriles.

Lo anterior es una de las razones por la que nuestro país deja de ser prioridad para el gran vecino del norte.

La cuestión es entonces simple, quien controle ambas cuencas de reservas petroleras controla la energía en todo el mundo, ni más ni menos que eso es lo que está en el fondo de la guerra. Por eso las grandes empresas petroleras no han dudado en lo más mínimo para contratar como sus representantes a personajes como Henry Kissinger, Alexander Haig, ex jefe de la OTAN y ex secretario de Estado, John Maresca, ex representante de los Estados Unidos de Norteamérica en la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa o a Robert Oakley, ex embajador norteamericano en Paquistán y jefe e inspirador de la guerrilla Mujaidín en contra de la invasión soviética a Afganistán, en esa época amigo íntimo de Ossama Bin Laden.

Así, de nueva cuenta, el pensamiento geopolítico en función del control de los recursos naturales y su libre explotación y flujo, vuelve a dominar las agendas de seguridad nacional de las grandes potencias, quedando archivada la ideología de la guerra fría en cuanto a la contención del fantasma del comunismo se refiere, ahora se echa mano de la lucha contra el terrorismo que como ya hemos señalado no es otra cosa que una criatura del poderío norteamericano.

La guerra en Afganistán se convierte entonces en una pieza fundamental del rompecabezas mundial y precisamente lo complejo del asunto debería llevar a las instancias del gobierno de nuestro país a tener más cuidado con sus declaraciones.

Como nunca en este tipo de ocasiones se requiere una visión de estadista que actúe en función de la preservación del Estado nacional.

El bien merecido repudio y combate al terrorismo debe ser llevado a cabo por la ONU y no por un gobierno en particular.

Por todo lo anterior y con fundamento en el artículo 58 del reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General me permito presentar la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

1.- Es indispensable que el gobierno federal proponga ante los organismos conducentes de la Organización de las Naciones Unidas para que sean ésta y sus organismos los que conduzcan el combate al terrorismo.

2.- Que el gobierno federal de nuestro país se pronuncie públicamente en contra de los bombardeos que se realizan en contra del pueblo de Afganistán. Donde incluso se han bombardeado instalaciones de la Cruz Roja Internacional.

3.- Que el gobierno federal vuelva al espíritu y la letra de la doctrina Estrada que garantiza la autodeterminación y la soberanía de los estados y los pueblos.

Diputados: Miguel Bortolini Castillo, Miguel Angel Moreno Tello, José Narro Céspedes, Jaime Cervante Rivera, José Antonio Calderón Cardoso, Enrique Meléndez Pérez, José Manuel del Río Virgen, Rodrigo Carrillo Pérez, Diego Cobo Terrazas, Erika Spezia Maldonado, Sergio Acosta Salazar, Petra Santos Ortiz, Esteban Martínez Enríquez (rúbricas).

(Túrnese a la Comision de Relaciones Exteriores. Octubre 30 de 2001.)

CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE LA CAMARA DE DIPUTADOS SOLICITE AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, EN SU CARACTER DE JEFE DE ESTADO, PROPONGA AL PLENO DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS, QUE SE REALICE UNA CUMBRE MUNDIAL CONTRA EL TERRORISMO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO VICTOR ANTONIO GARCIA DAVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO

El grupo parlamentario del Partido del Trabajo con fundamento en lo que se establece en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por medio de la cual se solicita al Gobierno Mexicano pida a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas convoque a la realización de una conferencia mundial contra el terrorismo bajo las siguientes:

Consideraciones

A raíz de los ataques terroristas del día 11 de septiembre del presente en los estados de Nueva York, Pensilvania y Washington, DC, en los Estados Unidos de Norteamérica, se ha demostrado la fragilidad de todos los Estados miembros de la comunidad ante los ataques de grupos que no forman parte de ejército formal de ningún país.

Es necesario tener presente que la Organización de las Naciones Unidas, que el día 24 de octubre celebrará 56 años de su fundación, surge a raíz de la Segunda Guerra Mundial para sustituir a la antigua Sociedad de las Naciones, que a su vez es fundada al término de la primera Guerra Mundial.

Entre los objetivos de la organización de las Naciones Unidas y que se establecen en el preámbulo de la Carta de este Organismo destaca "a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra que dos veces durante nuestra vida ha infligido a la humanidad sufrimientos indecibles".

El flagelo de la guerra ha estado presente en toda la historia de la humanidad, sin embargo, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo se niega a aceptar que "la guerra sea la continuación de la paz por otros medios".

En tal virtud y considerando que en el mundo actual existe una profunda desigualdad económica en donde pocos países y grupos empresariales dominan la actividad económica en perjuicio de gran parte de la población del mundo, que trae como consecuencia que los resentimientos aumenten y que se trate de eliminar estas desigualdades a través del uso de la fuerza, nuestro grupo parlamentario considera necesario que el Gobierno Mexicano impulse en el seno de la Organización de las Naciones Unidas la realización de una conferencia internacional en contra del terrorismo, que tenga como propósito el establecimiento de medidas multilaterales que puedan erradicar este mal.

Por supuesto que el grupo parlamentario del Partido del Trabajo no soslaya el que el terrorismo de Estado que diferentes gobiernos de los Estados Unidos de Norteamérica han impulsado en perjuicio de otras naciones, le han generado el rechazo de parte de la comunidad internacional.

De todos es sabido que el denominado enemigo público número uno del Gobierno de los Estados Unidos fue entrenado y financiado en sus actividades por la Agencia Central de Inteligencia, en la época en que el padre del actual Presidente norteamericano fue director de ese organismo.

Todo el mundo sabe que los servicios de seguridad de los Estados Unidos han sido utilizados para promover acciones en contra de gobiernos legalmente establecidos pero que son contrarios a sus intereses.

Es necesario destacar que con todos estos hechos de violencia irracional la humanidad es la que pierde, los únicos ganadores son los mercaderes de la muerte, los fabricantes de armamento en una situación que resulta paradójica, mientras en las bolsas de valores del mundo las acciones van a la baja, las de las empresas productoras de armamento van al alza.

Civiles inocentes murieron en las ciudades norteamericanas, como civiles inocentes han sido asesinados y seguirán siendo asesinados por las acciones bélicas en contra del pueblo de Afganistán que no es ni debe ser parte en este conflicto.

El argumento de que sólo se atacan campamentos de terroristas dejando a salvo a la población civil no tiene sustento, pues en este tipo de actos los inocentes son los que más resienten los ataques, prueba de ello son los cientos de miles de personas que han buscado salir de su país.

Al grupo parlamentario del Partido del Trabajo le preocupa que estos ataques se den a una zona en donde según fuentes bien informadas se encuentra el 65 por ciento de las reservas de petróleo y gas natural del mundo, sin duda la existencia de estos recursos naturales despierta la ambición de las naciones imperialistas.

Nosotros consideramos que no se debe permitir el avasallamiento de la soberanía de los estados con el pretexto de proteger a la democracia y a la libertad. El pretexto del combate al terrorismo no debe ser causa para agredir a otros países y pueblos del mundo.

El Presidente George Bush declaró "que se reservaban el derecho de atacar a cualquier gobierno que protegiera terroristas", lo que hay que tener presente es la definición de quiénes son terroristas y en consecuencia susceptibles de ser atacados.

Planteamos una hipótesis: en México el 1 de enero de 1994 estalla un conflicto armado, en virtud de la Ley para el Diálogo la Reconciliación y la Paz Justa y Digna en Chiapas, el EZLN es reconocido como parte en el conflicto y protegido por dicha ley, en tanto que muestre voluntad de diálogo; pero si el EZLN fuera considerado como organización terrorista y protegido por el Gobierno mexicano en virtud de la ley antes citada podría ser atacado por ese gobierno. Además hay que considerar las bastas reservas petroleras y de recursos naturales que existen en esa zona.

Compañeras y compañeros legisladores:

El grupo parlamentario del Partido del Trabajo está consciente de que es responsabilidad internacional a cargo de la organización de las naciones unidas la de instrumentar políticas tendientes al mantenimiento de la paz internacional, según se desprende del artículo 1, numeral uno, que establece: los propósitos de las Naciones Unidas son: mantener la paz y seguridad internacionales y en complemento a lo que se señala en el artículo 11, numeral dos, que establece: "La Asamblea General podrá discutir toda cuestión relativa al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales que presente a su consideración cualquier Miembro de las Naciones Unidas o el Consejo de seguridad,?"

Además, en el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establecen las facultades y obligaciones del Presidente de la República como jefe de Estado y de gobierno, en el artículo 28 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal se establecen las responsabilidades de la Secretaría de Relaciones Exteriores en tanto que dependencia del Ejecutivo; y en la Ley del Servicio Exterior Mexicano se establece en el artículo 2º, fracción VII, "participar en todo esfuerzo regional o mundial que tienda al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, al mejoramiento de las relaciones entre los Estados y a promover y preservar un orden internacional justo y equitativo".

En consecuencia y con fundamento en las disposiciones legales antes citadas el Gobierno Mexicano tiene la obligación legal y moral de impulsar en el ámbito internacional políticas que tiendan a combatir el terrorismo y a mantener la paz.

Por tanto y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a su consideración el siguiente:

Punto de Acuerdo

Unico.- La Cámara de Diputados solicita al Presidente de la República, ciudadano Vicente Fox Quesada, a que por medio de la Misión Permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas se pida a la Asamblea General de dicho órgano apruebe la convocatoria a una conferencia mundial contra el terrorismo, que tenga como propósito el establecer un marco de igualdad internacional que posibilite el combate de este fenómeno y se consolide la paz mundial, con las modalidades de agenda y fecha de realización que la propia Asamblea General determine.

Por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo:

Diputados: Alberto Anaya Gutiérrez, coordinador; José Narro Céspedes, vicecoordinador; Rosalía Peredo Aguilar, Jaime Cervantes Rivera, Rosa Delia Cota Montaño, Félix Castellanos Hernández, Víctor Antonio García Dávila, Juan Carlos Regis Adame (rúbricas).

(Túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores. Octubre 30 de 2001.)

CON PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR SE APRUEBE LA DONACION DE UN DIA DE DIETA POR PARTE DE LOS DIPUTADOS, PARA LOS DAMNIFICADOS POR EL HURACAN JULLIETE, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, PRESENTADA POR LA DIPUTADA ROSA DELIA COTA MONTAÑO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT, EN LA SESION DEL MARTES 30 DE OCTUBRE DE 2001

El grupo parlamentario del Partido del Trabajo con fundamento en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acude a esta tribuna para plantear el siguiente punto de acuerdo, bajo las siguientes:

Consideraciones

En sesiones pasadas abordamos en esta tribuna la situación por la que atraviesa el estado de Baja California Sur a raíz de los desastres causados por el huracán Julliete, que ha generado pérdidas y daños materiales en todos los municipios del estado, pero con mayor incidencia en Los Cabos y La Paz.

En ese momento solicitamos ante esta soberanía que el Ejecutivo federal llevara a cabo la declaratoria de zona de desastre en la entidad y se liberaran los recursos correspondientes al Fonden para atender a la población e iniciar las labores de reconstrucción.

Gracias a la sensibilidad y solidaridad de las todas las fuerzas políticas representadas en esta Cámara de Diputados, logramos por consenso, aprobar dicho punto de acuerdo y el Poder Ejecutivo federal procedió a hacer la declaratoria y a liberar los recursos para emprender las labores de atención y rescate de los municipios afectados.

La estimación que hizo el gobierno de Baja California Sur, a través de la Secretaría General de Gobierno de los recursos necesarios para emprender las labores de reconstrucción, rescate y atención a los sudcalifornianos afectados por el huracán supera los mil millones de pesos. Hasta el momento los recursos entregados al gobierno del estado ascienden a 10 millones, que a todas luces resulta insuficiente para llevar a cabo las acciones mínimas de reconstrucción en las zonas dañadas.

Las afectaciones en el patrimonio de los habitantes de las comunidades rurales son de suma gravedad ya que además de los daños sufridos en sus viviendas, perdieron sus herramientas y enseres necesarios para llevar a cabo sus tareas cotidianas del campo y la pesca.

Reconocemos que los recursos federales son limitados y no pueden canalizarse en su totalidad para este tipo de tareas, por lo que se han realizado otras acciones para que el gobierno estatal pudiera allegarse de recursos y complementar su actuación en esta situación de desastre.

Los esfuerzos que ha hecho la población de Baja California Sur son loables y hacemos un reconocimiento a su espíritu de lucha y recuperación frente a situaciones adversas. Característica no únicamente del pueblo sudcaliforniano sino de todos y cada uno de los mexicanos.

Compañeras y compañeros diputados

Hoy, por mi conducto, los habitantes del estado que represento hacen una atenta petición a esta soberanía, como representantes populares pero, sobre todo, como personas de gran calidad humana, para que en un acto solidario hagamos un aporte económico que sea canalizado a estas actividades de reconstrucción, que ayudará a resolver la grave situación que están atravesando.

Por lo anteriormente expuesto sometemos a consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Artículo Unico.- Solicitamos la solidaridad de las compañeras y compañeros legisladores para que donen a los damnificados del estado de Baja California Sur un día de dieta.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los dieciocho días del mes de octubre de 2001.

Diputados: Rosalía Peredo Aguilar, Víctor García Dávila, Jaime Cervantes Rivera, José Narro Céspedes, Juan Carlos Regis Adame, Martí Batres Guadarrama, Rosa Delia Cota Montaño, David Sotelo Rosas, Esteban Daniel Martínez, Félix Castellanos Hernández, Miguel Arizpe Jiménez, Diego Cobo Terrazas, Sara Figueroa Canedo, Olga Patricia Chozas y Chozas, Concepción Salazar González, Francisco Agundis Arias, Bernardo de la Garza Herrera, Rafael Rodríguez Barrera, María Teresa Campoy Ruy Sánchez, Jorge Carlos Marín, José Antonio Arevalo González (rúbricas).

(Túrnese a la Junta de Coordinación Política. Octubre 30 de 2001.)

CON PUNTO DE ACUERDO SOBRE PROCURACION DE JUSTICIA, PRESENTADA POR EL DIPUTADO MANUEL CASTRO DEL VALLE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, EN LA SESION DEL MARTES 30 DE OCTUBRE DE 2001

Diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional sometemos a la consideración del pleno de la H. Cámara de Diputados, con fundamento en lo que dispone el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos la siguiente:

Proposición con punto de acuerdo para solicitar que la Procuraduría General de la República (PGR) ejerza su facultad de atracción respecto de las investigaciones del caso Lobohombo, bajo las siguientes:

Consideraciones

A prácticamente un año de los lamentables acontecimientos ocurridos la madrugada del viernes 20 de octubre del año 2000, en el local antes conocido como Lobohombo, ubicado en la delegación Cuauhtémoc, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal no ha dado una respuesta satisfactoria a la ciudadanía del Distrito Federal en esto que de por sí es un caso complicado, en el que concurrieron posibles negligencias de autoridades, irresponsabilidad criminal de empresarios que no cumplieron con la normatividad vigente y pusieron en grave riesgo a su clientela, mismo que se materializó en la tragedia que todos conocemos. Caso que se complica cuando se toma en cuenta que en ese local no solamente se incumplió con la normatividad del Distrito Federal, sino que además se presume con razones fundadas que se cometían delitos del fuero federal como el tráfico de drogas y el lavado de dinero.

Resulta preocupante, aunque hasta cierto punto explicable, que para este hecho que ha significado que para docenas de víctimas ya no exista un mañana y para muchos de los que sobrevivieron ese mañana sea terriblemente sombrío, no haya una respuesta satisfactoria a más de un año de distancia.

La ciudad de México y el país entero merecen una respuesta que por su claridad convenza a todos y que vaya de manera integral a todos los aspectos del problema. Como se ha señalado hay en este caso conexidad con delitos del fuero federal y pensamos que debe ser objeto de una investigación a otro nivel.

Ahora bien, de acuerdo con el párrafo segundo de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: "Las autoridades federales podrán conocer de los delitos del fuero común, cuando estos tengan conexidad con delitos federales".

Es decir, el Constituyente Permanente justificó la actuación de las autoridades federales respecto a delitos normalmente considerados del fuero común, ante la presencia de delitos conexos, o sea hechos relacionados con delitos del orden federal y local, el combate y la lucha contra este tipo de delitos debe corresponder al orden federal, ya que se están afectando intereses de la Federación. Por lo que el conocimiento de los mismos puede ser competencia de ésta en substitución de las locales.

A mayor abundamiento de lo anterior, en el propio artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales, y de conformidad con el texto constitucional aludido, se atribuye al Ministerio Público Federal en el caso de concurso de delitos la facultad para conocer de los delitos de fuero común que tengan conexidad con delitos federales, y los jueces federales tendrán competencia para juzgarlos.

En tal virtud, debe ser preocupación de esta asamblea nacional que cuando se suscitan hechos como los del Lobohombo, en los que como se tiene conocimiento al parecer hay indicios de delitos del orden federal, como son lavado de dinero, narcotráfico y delincuencia organizada, la autoridad responsable de su persecución intervenga en auxilio de la autoridad y que asuma su responsabilidad como garante en la investigación de los delitos que afectan gravemente a la Federación, como es el caso en cuestión.

Más aún, cuando el fenómeno de criminalidad, principalmente la dedicada a la producción, el tráfico y el consumo de drogas y al lavado de dinero representa hoy por hoy una grave amenaza para la salud, la libertad y el bienestar de los ciudadanos, a la vez que atenta contra la estabilidad y la soberanía de las propias entidades federativas; y cuando la capacidad de estas organizaciones criminales supera cualquier frontera y el ámbito de competencia, y en consecuencia, amenaza el orden y la seguridad de regiones, estados y naciones donde desarrollan sus actividades.

Por ello debemos entender con claridad que frente a las limitaciones de la autoridad local, la responsabilidad corresponde al orden federal para enfrentar con decisión y eficacia este problema tan lacerante.

Compañeras y compañeros diputados:

Por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en lo que dispone el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, proponemos el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero.- Que se solicite a la Procuraduría General de la República que revise la posibilidad de ejercer su facultad de atracción respecto del caso conocido como Lobohombo, ya que se presume la existencia de delitos del orden federal.

Segundo.- Que la Procuraduría General de la República, en el caso de ejercer su facultad de atracción respecto del asunto conocido como Lobohombo, informe a esta H. soberanía de la situación que guardan las investigaciones.

Palacio de San Lázaro,
a los 30 días del mes de octubre de 2001.

Diputados: Nelly Campos Quiroz, Ma. Teresa Gómez Mont y Urueta, Mauro Huerta Díaz, José de Jesús López Sandoval, Raúl García Velázquez, José María Rivera Cabello, Manuel Castro y del Valle (rúbricas).

(Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Octubre 30 de 2001.)

CON PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO QUE SE AMPLIE EL PLAZO PARA OTORGAR SUBSIDIOS A LA TARIFA 09, PRESENTADA POR LA DIPUTADA HORTENSIA ENRIQUEZ ORTEGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, Y APROBADA EN VOTACION ECONOMICA EN LA SESION DEL MARTES 30 DE OCTUBRE DE 2001

Exposición de Motivos

La Comisión Nacional del Agua a partir del año de 1994, inició una promoción y difusión a través de los medios de comunicación, para informar la obligación que tienen los usuarios de aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes de regularizar sus aprovechamientos y obtener el título de concesión.

Dicho esfuerzo incluyó la realización de reuniones informativas con autoridades estatales y municipales, cámaras representativas de industriales y comerciantes, asociaciones de ganaderos, fruticultores, nogaleros y en general agricultores de los distritos de riego.

El objetivo central fue lograr que los usuarios de aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes regularicen sus aprovechamientos y obtengan el título de concesión, que les autoriza utilizar las aguas nacionales y les otorga certeza jurídica.

El 11 de octubre de 1995 el Presidente Ernesto Zedillo emitió tres decretos mediante los cuales se otorgaban facilidades administrativas y se condonaron contribuciones a los usuarios de aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes, que realizan actividades agrícolas, pecuario, silvícola y acuícola.

El citado decreto fue expedido por una vigencia de un año, mismo que se prorrogó el 11 de octubre de 1996 para el uso agrícola, con una vigencia hasta el 31 de diciembre de 1998. Con estos decretos presidenciales de facilidades administrativas se rebasaron las expectativas y se regularizaron 29,716 aprovechamientos de los cuales 12,059 son de uso agrícola, rebasando el padrón original sustancialmente.

Sin embargo por diferentes causas, muchos usuarios no regularizaron su situación administrativa o presentaron documentación fuera de los plazos establecidos, por lo que su dictaminación fue extemporánea.

Actualmente en el estado de Chihuahua se cuenta con más de 1000 expedientes extemporáneos y se siguen recibiendo un promedio de 80 expedientes mensuales, muchos de estos aprovechamientos cuentan con una antigüedad de más de veinte años de operación y en los cuales la inversión efectuada y la derrama económica que generan en la región, representa el sustento de varias poblaciones.

Cabe citar también, que el estado de chihuahua atraviesa por una de las peores sequías de la época reciente, con casi 8 años de no recibir el beneficio de la lluvia.

Compañeras y compañeros legisladores

Es imperativo contribuir a la regularización de la situación por la que atraviesan los productores agrícolas usuarios de las aguas nacionales en todo el país, para fortalecer el estado de derecho, proporcionar seguridad jurídica y promover el desarrollo social de este sector de la sociedad.

Por lo anterior y;

Considerando

Primero.- Que la Secretaría de Hacienda publicó el 30 de diciembre de 1999, un acuerdo que autoriza el ajuste a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica para el servicio de riego agrícola , condicionando el otorgamiento de la tarifa preferencial (tarifa 9) a los productores del campo, que tengan su título de concesión de aguas nacionales expedido por la comisión nacional del agua.

Segundo.- Dicho acuerdo entró en vigor el día 1 de enero del año 2000, y los usuarios no tuvieron el tiempo suficiente, por desconocimiento o por trámites excesivos, para regularizar su situación; por lo que existe el riesgo inminente de que, a partir del l de noviembre, los productores del campo que no hayan registrado su título de concesión, queden al margen de los beneficios de la tarifa eléctrica 9.

Tercero.- Que existen antecedentes en los años 1995 y 1996, de regularizaciones fiscales y administrativas de los usuarios de aguas nacionales, mediante la expedición de decretos que otorgan facilidades administrativas y condonan las contribuciones a los usuarios de aguas nacionales que realicen actividades de carácter agrícola.

Cuarto.- Que es deber del Estado apoyar a los grupos más desprotegidos e impulsar el crecimiento económico, haciendo accesible el agua a las actividades productivas.

Quinto.- Que existe la voluntad de los productores del campo de regularizar su situación administrativa y fiscal; así como también obtener a la brevedad posible el título de concesión correspondiente, que les permita seguir disfrutando del subsidio en materia de energía eléctrica.

Sexto.- Que la situación por la que atraviesa el campo mexicano, requiere de este tipo de apoyos, para hacer costeable la actividad agropecuaria.

Por lo anterior, y para impulsar y fortalecer las actividades de los sectores agrícola, silvícola, pecuario y acuícola, y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, me permito someter a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico.- Solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público una prórroga en la aplicación del ajuste de las tarifas eléctricas para el servicio de riego agrícola así como el otorgamiento de facilidades para la regularización fiscal y administrativa de los usuarios de las aguas nacionales, y que estas facilidades sean retroactivas al 1 de octubre del presente año.

Por los argumentos antes expuestos y con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior, solicito a esta honorable Asamblea considere este punto de acuerdo como un caso de urgencia u obvia resolución.

Diputados: Hortensia Enríquez Ortega, Silverio López Magallanes, Víctor Gandarilla Carrasco, Miguel Arizpe Jiménez, Claudio Bres Garza, Hortensia Aragón Castillo, Rosario Tapia Medina, Petra Santos Ortiz, Abelardo Escobar Prieto, Gregorio Arturo Meza, César Reyes Roel, Jesús Burgos Pinto, Francisco Cantú Torres, Timoteo Martínez Pérez, Enrique Garza Torres, Librado Treviño Gutiérrez, Jaime Martínez Veloz, José Jaimes García, José Elías Romero Apis, Benjamín Ayala Velázquez (rúbricas).

CON PUNTO DE ACUERDO SOBRE LOS RESULTADOS DE LA GIRA INTERNACIONAL DEL PRESIDENTE VICENTE FOX QUESADA, PRESENTADA POR EL DIPUTADO SERGIO ACOSTA SALAZAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DEL MARTES 30 DE OCTUBRE DE 2001

El suscrito, diputado integrante del grupo parlamentario del Partido e la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante esta soberanía el siguiente punto de acuerdo con base en las siguientes:

Consideraciones

Las relaciones internacionales de cualquier país, desde cualquier ángulo por donde se le quiera mirar, son un asunto de seguridad nacional.

Con éstas se observa hacia fuera de una nación, a partir del entorno internacional, y hacia dentro, en razón de los objetivos, fines, ventajas e intereses que se pretenden alcanzar.

No son un asunto menor y por lo mismo no se les puede banalizar.

Se trata en efecto de un asunto de Estado en su más exacta acepción.

No son las relaciones de un poder y mucho menos la de una persona o personas determinadas.

Quien tiene la responsabilidad de la conducción de las relaciones internacionales de un país, lo hace en representación de éste y no por sí o para sí.

No son pues las relaciones internacionales de una persona, si no las de una nación.

De ahí deriva lo delicado y la responsabilidad que conlleva esa tarea.

Si nuestra política internacional no nos está representando y antes bien a momentos parece que responde a aspiraciones y anhelos privados y familiares de quien la conduce, entonces resulta necesario que desde esta representación popular marquemos un alto antes de que se pierda toda seriedad en el trato con nuestro país, dada la "chabacanería" con la que se conduce el Presidente Fox y sus colaboradores y familiares en las visitas oficiales y de Estado, que le autoriza el Congreso de la Unión, en uso de la atribución conferida en el artículo 88 de la Constitución Política del país.

Mientras en los 11 meses de este gobierno, los grandes problemas del país no han merecido mayor atención, hemos sido testigos de múltiples viajes internacionales, que no han reportado resultados concretos en beneficio de nuestro país y sí en cambio un desgaste en nuestra posición internacional por los múltiples desatinos que se han dado, por violaciones a nuestra Constitución y aún por transgredir los principios que guían la política internacional de México.

Lo que si han dejado cada una de las giras internacionales, ha sido un compendio de anécdotas chuscas que ruborizan a más de un mexicano, ante la torpeza mostrada.

Recapitulemos:

En Corea, se comprometió "a confeccionar un traje a la medida de las empresas coreanas".

Les informó que el suyo es "un gobierno de negocios".

En el acto quizá más jocoso de la gira, por la falta de sensibilidad política, ofreció promover la unificación de las Coreas, entre "los congresistas y senadores de Estados Unidos, al igual que con el Presidente Bush". Como si la decisión correspondiera a este país, en franca falta de respeto a una cuestión que corresponde a los coreanos resolver.

En Japón, habló de que estaba "presentando una iniciativa al Congreso de la Unión de México para abrir la inversión en el campo de la generación de energéticos y electricidad"; hasta ahora los legisladores no hemos recibido dicha iniciativa.

Señaló también, que se encontraba "promoviendo que se abra la inversión privada en el área de gas natural seco". Promoción que requiere reformas legales que ni siquiera se han planteado en este Congreso.

Afirmó, igualmente, que "se está a un pasito de que las variables fundamentales del país se equiparen a las de Estados Unidos"; cuestión que no es real y que sobre todo parece una mala broma dado nuestros niveles de pobreza.

En China inició la gira con otra contradicción, cuando afirmó primero que el riesgo de incluir a ese país en la OMC, "era tener que reducir aranceles a los productos chinos, que en algunos casos llegan hasta el mil por ciento", por lo que la opción era no dar ese apoyo o abstenerse; y después de reunirse con el primer ministro chino señaló que "no tiene ninguna objeción para que China entre a la OMC".

Expresó, asimismo, en ese país lejano, frases como "quien no invierta en México es un tonto", que más parece la expresión de un desesperado vendedor que está regalando su mercancía.

La promoción en China incluyó el fustigamiento hacia quienes desde su campaña le hicieran ver que sin propuesta armada, el crecimiento al 7% de la economía nacional, resultaba inalcanzable, y también a quienes ahora le exigen el cumplimiento de ese compromiso.

En su gira más reciente constatamos una vez más la falta de seriedad con que se conducen las relaciones internacionales de México.

Conocimos irónicamente, en el marco del II Congreso Internacional de la Lengua Española, por boca del Presidente la existencia de un escritor llamado José Luis Borgues.

Que México se pone a las órdenes de otro país en conflictos que le son ajenos.

Conocimos que el Presidente es el precursor de las botas de charol.

Se detuvo la historia y de pronto volvimos a pensar en Checoslovaquia.

Nos confundimos cuando lo autorizamos acudir al Vaticano en visita oficial y terminamos observando recepciones privadas a una pareja que se considera en pecado según la religión católica, y que sin embargo ante la ley mexicana está casada.

Se nos informó a los legisladores desde aquellas tierras que "en unos días se dictaminaría su reforma fiscal".

Se anunció que el próximo año se rediscutirá la reforma indígena y después se guardó silencio al respecto.

Se transgredió el artículo 88 Constitucional al realizar una visita oficial a Mongolia sin autorización del Congreso de la Unión.

Este es un breve y apretado recuento de hechos, que sin embargo no provocan ningún beneficio para nuestro país.

Por eso pensamos, que por gobernabilidad resulta necesario replantear en el Congreso de la Unión si se van a seguir autorizando viajes que provocan estos desenlaces.

Los riesgos son evidentes o se cambia la manera de concebir las relaciones internacionales, o seguirá consumiéndose este sexenio entre dichos presidenciales y desmentidos de su gabinete y viceversa.

Nuestra política internacional no debe construirse a partir de las relaciones sociales de la pareja presidencial y con total desapego a los intereses del país.

Si queremos mayor vigor y un nuevo papel de México en el mundo, exijamos a nuestras autoridades asumir el liderazgo entre las naciones que pugnan por nuevo orden internacional más justo y equitativo, a partir de una globalización desde lo público, para la solución de los problemas que son comunes a todos los países; y que desistan de su empeño en competir entre los países que buscan allanarse más rápidamente a los designios de las potencias y mientras tanto para distraer, llenan de anécdotas ligeras la historia de las giras presidenciales.

Un Presidente que no habla con la verdad, que pretende hacer de sus giras presidenciales eventos familiares y que no ofrece resultados de sus múltiples viajes, se desgasta y pierde interlocución, hacia fuera del país y también hacia adentro.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de ustedes el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, hace un extrañamiento al Presidente de la República C. Vicente Fox Quesada, por su comportamiento en la gira por Europa y Asia, llevada a cabo del 10 al 22 de octubre del actual y por su desapego al artículo 88 Constitucional en su visita a Mongolia.

Segundo.- La Cámara de Diputados revisará escrupulosamente los objetivos buscados en cada salida internacional que pretenda llevar a cabo el Ejecutivo Federal y en razón de ello se aprobarán o no las mismas.

Tercero. Por cada gira internacional aprobada, la Cámara de Diputados solicitará un informe por escrito por parte del Ejecutivo Federal de los resultados alcanzados en las mismas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 30 días del mes de octubre de 2001.

Atentamente
Dip. Sergio Acosta Salazar (rúbrica)

(Túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores. Octubre 30 de 2001.)

CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA PARA QUE ATRAIGA EL CASO DEL ATENTADO AL CANDIDATO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, ALFREDO ANAYA, PRESENTADA POR EL DIPUTADO VICTOR ANTONIO GARCIA DAVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT, EN LA SESION DEL MARTES 30 DE OCTUBRE DE 2001

El grupo parlamentario del Partido del Trabajo con fundamento en el articulo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acude a esta tribuna para plantear el siguiente punto de acuerdo bajo las siguientes:

Consideraciones

El pasado miércoles 10 de octubre el candidato del Partido Revolucionario Institucional a la gubernatura del estado de Michoacán sufrió un atentado en el cual fue baleado el vehículo en el que se transportaba hacia el debate que habían pactado con los demás candidatos.

Dicho intento de asesinato, se llevó a cabo en la carretera que va de Zinapécuaro a Morelia, cuando tres sujetos no identificados accionaron sus armas contra la camioneta en que iba el licenciado Alfredo Anaya.

Tenemos claro que cualquier agresión a la tranquilidad de los mexicanos es condenable y por tanto el Partido del Trabajo será el primero en censurarlo. Lo que nos inquieta es que las declaraciones a la prensa y ante el ministerio público son completamente diferentes y contradictorias.

Además, existen versiones encontradas entre el chofer que lo acompañaba y el candidato del PRI a la gubernatura de Michoacán. No comprendemos por qué se da esta contradicción que puede prestarse a que las autoridades y la población hagan una interpretación dolosa de los hechos.

Sumado a lo anterior, nos parece una grave limitación que la Procuraduría General de la República hasta el momento sólo haya ejercido su facultad de atracción para investigar la utilización de una arma de uso exclusivo del ejército, como lo es la metralleta AK-47, comúnmente conocida como cuerno de chivo.

Creemos que al tratarse de una acción encaminada a lesionar a un personaje público, y al existir declaraciones contradictorias entre las personas que sufrieron dicho atentado, la Procuraduría General de la República debe investigar todo el caso y no sólo la utilización de un arma exclusiva del Ejército Mexicano.

El clima electoral de la entidad es álgido, un hecho como este, que está siendo manejado de manera confusa, sólo contribuye a enconar a las fuerzas políticas que contienden en Michoacán y pueden enturbiar el resultado de la elección. Por ello, debemos buscar que una instancia federal lleve la investigación del caso.

Tenemos antecedentes que sustentan la actuación de la Procuraduría General de la República, los llamados crímenes políticos, como el de Colosio, Ruiz Massieu, las matanzas de Aguas Blancas y Acteal fueron atraídas por la PGR para llevar a cabo las investigaciones.

De esta forma, el Punto de Acuerdo que sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, es que en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales, la Procuraduría General de la República, ejerza la facultad de atracción para investigar los hechos ocurridos el 10 de octubre pasado en Michoacán.

Por las consideraciones antes expuestas sometemos a la consideración de ustedes el siguiente:

Punto de Acuerdo

Artículo Unico.- Que la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, solicite a la Procuraduría General de la República, con fundamento en el artículo décimo del Código Federal de Procedimientos Penales, ejerza la facultad de atracción para conocer e investigar el atentado perpetrado en contra del licenciado Alfredo Anaya, candidato del Partido Revolucionario Institucional a la gubernatura del estado de Michoacán.

Dado en el Palacio Legislativo de san Lázaro, a los treinta días del mes de octubre del dos mil uno.

Por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo

Diputados: Alberto Anaya Gutiérrez, Coordinador; José Narro Céspedes, vicecoordinador; Rosalía Peredo Aguilar, Jaime Cervantes Rivera, Rosa Delia Cota Montaño, Félix Castellanos Hernández, Víctor Antonio García Dávila, Juan Carlos Regis Adame (rúbricas).

José Manuel del Río Virgen (rúbrica), Convergencia.

(Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Octubre 30 de 2001.)

CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE SE ESTABLEZCA UN PROGRAMA ECOLOGICO INTEGRAL DE REFORESTACION EN LA ZONA IZTA-POPO, ABARCANDO LOS ESTADOS DE PUEBLA, DE MEXICO Y DE MORELOS, PRESENTADA POR DIPUTADO VICTOR LEON CASTAÑEDA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, EN LA SESION DEL MARTES 30 DE OCTUBRE DE 2001

Exposición de Motivos

El suscrito, diputado integrante de la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, me permito presentar la siguiente propuesta con punto de acuerdo que establezca un programa ecológico integral de reforestación en la Zona Izta-Popo que abarque los estados de Puebla, México y Morelos.

Los recursos forestales de la región Izta-Popo han sido destruidos en un 70% de lo que se tenía en los años treinta o cuarenta del siglo pasado, como consecuencia de políticas gubernamentales erróneas y de la explotación irracional del bosque, que se hizo, a través de los permisos otorgados a empresas particulares y ejidales.

En el caso de México y concretamente en la región Izta-Popo que comprende los estados de Puebla, México y Morelos a principios del siglo pasado se tenían bosques cuantificados en 150 mil hectáreas aproximadamente.

En la región forestal Izta-Popo se ha acentuado el deterioro de sus bosques propiciando el desequilibrio ecológico ante la irracional explotación de sus recursos.

En el estado de Puebla, los municipios con vocación forestal ocupan una extensión territorial de 1709.06 Kilómetros cuadrados, con una población de 331,075 habitantes, dichos municipios son: Atlixco, Calpan, Chiautzingo, Huejotzingo, Nealtican, San Jerónimo Tecuanipan, San Matías Tlalancaleca, San Nicolás de los Ranchos, San Salvador el Verde, Tianguismanalco, Tlahuapan, Tochimilco y San Felipe Teotlancingo.

En esta región se desarrollan actividades productivas agropecuarias de gran relevancia teniendo en esta región en cuanto a desarrollo rural, el primer lugar en bovinos, tercer lugar en porcinos, segundo lugar en superficie dedicada a la producción de maíz y tercer lugar en frijol. Además tiene los primeros y segundos lugares en producción de hortalizas, flores y frutales. Esto nos revela la importancia económica que se tiene en la región, en el sector primario y nos indica la necesidad de implementar programas que impulsen el desarrollo económico de la región.

En el estado de México, los municipios de Chalco, Amecameca, Tlalmanalco, Ozumba y Atlautla, se encuentra una población de 335,276 habitantes. El uso de suelo de dichas extensiones de tierra agrícola y forestal, con vegetación predominante de bosque de pino, oyamel y pastizal.

En el estado de Morelos de la región Izta-Popo los municipios que tienen vocación forestal; Tetela del Volcán, Yecapixtla y Ocuituco donde se encuentra una población de 68 mil habitantes.

Cabe señalar que de acuerdo con datos proporcionados por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, en el año de 1998, el estado de México registró un total de 3,649 incendios forestales, ocupando así el primer lugar en la República Mexicana, habiéndose afectado 25,847 hectáreas; en el estado de Puebla durante el mismo año se registraron 544 incendios afectándose 19,835 hectáreas y en el estado de Morelos se registraron 330 incendios forestales afectándose 2,360 hectáreas de pastos naturales, arbustos y arbolado.

Por ello, se propone desarrollar un programa de manejo con soluciones integrales de desarrollo sustentable en beneficio de las comunidades.

De conformidad con la fracción XXXIX del artículo 32 bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, corresponde a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, otorgar contratos, concesiones, licencias, permisos, autorizaciones, asignaciones y reconocer derechos, según corresponda, en materia forestal, de aguas, ecológica, explotación de la flora y fauna silvestres. Resulta de vital importancia que la Secretaría tome las siguientes medidas:

Cancelar todos los permisos de corte de árboles existentes a personas que no tengan derechos de uso de suelo.

Prohibir el otorgamiento de concesiones a particulares que no sean ejidatarios o pequeños propietarios a quienes con el fin de elevar su nivel económico se les otorgarán permisos para aserraderos, de acuerdo con la reglamentación especial, buscando que el bosque jamás vuelva a ser explotado y destruido como hasta ahora.

Es necesario, en términos del artículo 32 Bis, fracción XIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, implementar programas que establezcan el equilibrio de la flora y fauna de la región, conservando una fuente vital de agua y oxígeno y promoviendo la introducción de la fauna silvestre.

Asimismo, atendiendo al artículo 29 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y fracción XV del artículo 51 de la Ley Forestal, se hace indispensable, fomentar una cultura de conservación de los recursos naturales, tanto en los estudiantes como en los jóvenes productores, buscando que las nuevas generaciones crezcan con esta nueva cultura ecológica.

Debido a la importancia de la zona, urge educar a las nuevas generaciones con una nueva cultura ecológica, tendiente a formar una conciencia especial con relación al cuidado y conservación del bosque, incluyendo una nueva materia educativa de tipo ecológica en los planes de estudio de primaria, secundaria y bachillerato.

Asimismo se sugiere que el trabajo de capacitación y concientización, de la necesidad del cuidado, conservación y aprovechamiento racional del bosque, así como la reforestación con los productores y sus hijos que asisten a la escuela se realicen por el personal de brigadas de educación para el desarrollo rural que están ubicados en las regiones de los tres estados; que dependen de la Secretaría de Educación Pública federal y la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria, así como por la Secretaría de Educación y Cultura de cada estado mediante la firma de un convenio, en términos de lo establecido por el artículo 41 de la Ley General de Equilibrio Ecológico, el cual establece lo siguiente: "El Gobierno federal, las entidades federativas y los municipios con arreglo en lo que dispongan las Legislaturas locales, fomentarán investigaciones científicas y promoverán programas para el desarrollo de técnicas y procedimientos que permitan prevenir, controlar y abatir la contaminación, propiciar el aprovechamiento racional de los recursos y proteger los ecosistemas. Para ello, se podrán celebrar convenios con instituciones de educación superior, centros de investigación, instituciones del sector social y privado, investigadores y especialistas en la materia".

La solución al problema debe ser integral, con la participación coordinada de distintos órganos de la administración pública, tal y como lo tiene previsto el artículo 39 de la Ley General del Equilibrio Ecológico, al establecer que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, con la participación de la Secretaría de Educación Pública, promoverá que las instituciones de educación superior y los organismos dedicados a la investigación científica y tecnológica, desarrollen planes y programas para la formación de especialistas en la materia en todo el territorio nacional y para la investigación de las causas y efectos de los fenómenos naturales.

Por lo anterior, se exhorta a la Secretaría de Educación Pública, para que implemente los programas y acciones necesarias para concienciar a los estudiantes de la región Izta-Popo sobre la importancia del ecosistema que los rodea y que implementen en su plan de estudios la materia: estudio y conocimiento del medio ambiente.

Tomando en cuenta lo establecido en la fracción VII del artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la cual señala que "A la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación corresponde el despacho de: fracción II.- Organizar y fomentar las investigaciones agrícolas, ganaderas, apícolas y silvícolas estableciendo institutos experimentales, laboratorios, estaciones de cría, semilleros, viveros, vinculándose a las instituciones de educación superior de las localidades que correspondan, en coordinación, en su caso con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales", y por ello se propone la creación de un programa ecológico de reforestación de la zona Izta-Popo.

Compañeras y compañeros legisladores:

Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar ante esta honorable Cámara el siguiente:

Punto de Acuerdo

1.- Que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales implemente las siguientes acciones:

a) Cancele permisos de corte de árboles, en el caso de que tal autorización constituya un riesgo para el ecosistema en la zona Izta-Popo que abarca los estados de Puebla, México y Morelos.

b) Implemente programas que restablezcan el equilibrio de la flora y fauna en la región Izta-Popo (que comprende los estados de Puebla, México y Morelos), conservando una fuente vital de agua y oxígeno y promoviendo introducción de la fauna silvestre.

c) Fomente una cultura de conservación de los recursos naturales, tanto en los estudiantes como en los jóvenes productores, buscando que las nuevas generaciones crezcan con esta nueva cultura ecológica.

2.- Que la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría de Agricultura, Ganadería Pesca y Alimentación, y a las demás entidades gubernamentales competentes, coadyuven los programas y acciones necesarios para: a) Instrumentar los programas y acciones necesarios para concienciar a los estudiantes de la región Izta-Popo sobre la importancia del ecosistema que los rodea.

b) Capacitar en materia agropecuaria y forestal a los productores agropecuarios y forestales de la región Izta-Popo, estableciendo un centro de capacitación para el trabajo agropecuario y forestal.

c) Se establezcan viveros forestales en los estados de referencia.

Por todo lo anteriormente expuesto pido su comprensión y apoyo compañeros diputados y diputadas, para hacer de este país una región digna en materia ecológica que dejaremos a nuestras próximas generaciones.

Dip. Víctor León Castañeda (rúbrica)

(Túrnese a las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Presupuesto y Cuenta Pública. Octubre 30 de 2001.)

CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE SE ESTABLEZCA UN "PROGRAMA ECOLOGICO INTEGRAL DE REFORESTACION" EN LA ZONA IZTA-POPO, ABARCANDO LOS ESTADOS DE MEXICO, PUEBLA Y MORELOS, PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSE GERARDO DE LA RIVA PINAL DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, EN LA SESION DEL MARTES 30 DE OCTUBRE DE 2001

En vista de la importancia que reviste el tema de conservación forestal de una zona tan importante para el valle de México y áreas colindantes, la fracción parlamentaria que represento apoya el punto de acuerdo, tomando en cuanta, además, las siguientes consideraciones.

1. Se propone ampliar los alcances del programa ecológico integral de reforestación por un Programa Integral de Conservación y Desarrollo Forestal. En un programa integral, la reforestación es una de las variantes más importantes a perseguir; sin embargo es importante incorporar también los siguientes componentes:

1. Programa de conservación de suelo y agua.

Corresponde a la realización de obras de control de escurrimientos como construcción de presas filtrantes para contener sólidos y disminuir la velocidad de escurrimiento en época de lluvias. Adicionalmente se podrán construir presas de mampostería para almacenar agua en las zonas montañosas. De igual forma se deberán de construir bordos para retención de agua y uso para fines productivos rurales.

En cuanto a obras de conservación de suelo, puede hablarse de acondicionamiento de suelos para recibir la reforestación, ya sea mediante uso de maquinaria para hacer subsoleo y terraceo en terrenos erosionados y tepetatosos, así como la construcción de tinas ciegas y zanjas trinchera para contener la erosión de suelos y favorecer la reforestación y recarga de mantos freáticos.

2. Saneamiento forestal.

Existe un significativo problema de árboles plagados, muertos en pie o enfermos que será indispensable extraer para evitar que las potenciales plagas o enfermedades que posean estos árboles puedan extenderse hacia arbolado sano. De esta forma se podrá mantener la salud de la masa forestal. Adicionalmente, se deberá aplicar un programa preventivo consistente en observación, podas, aclareos, fertilización, entre otros.

3. Organización social y capacitación de la población rural.

Consiste en el desarrollo de alternativas económicas (tecnologías alternativas) que tienen la característica de ser compatibles con la conservación del recurso forestal y que ayudan a tener un mejor nivel de vida de la población, como el desarrollo de plantaciones forestales comerciales, captación de agua pluvial, desarrollo de unidades de manejo de fauna y flora silvestre (UMA's), como los "venadarios", producción orgánica de alimentos, ecoturismo, agricultura orgánica, producción de composta y lombricomposta, procesamiento de alimentos y desarrollo de artesanías. Deberá de preverse quizá recursos del programa de empleo temporal (PET) u otros mecanismos de apoyo financiero para llevar a cabo el desarrollo de estos proyectos.

Finalmente, he de mencionar que la Federación, a través de la Semarnat-Instituto Nacional de Ecología (INE) y los estados de Morelos, Puebla y México, han iniciado la primera etapa del programa denominado "Ordenamiento ecológico de la región del volcán Popocatépetl y su zona de influencia" cuyo objetivo principal es el ordenamiento ecológico del uso del suelo y actividades a desarrollar dentro del área de influencia del proyecto (206,775 Ha, integrada por 33 municipios, 5 del estado de Morelos, 16 del estado de Puebla y 11 del estado de México), incluyendo, además, una variable ambiental sumamente importante que es el riesgo ante eventos volcánicos, sea emisión de cenizas o derrames de lava, por lo que se deberá observar una planeación sumamente cuidadosa en un radio de 22 kilómetros del cráter del volcán, tomando en cuenta todas las poblaciones que estuvieran dentro de ese radio, considerado por el Cenapred, como crítico en caso de emisión de lava, asimismo, deberá de preverse el área de influencia de aludes provocados por deshielo de glaciares a fin de evitar exponer a riesgos innecesarios a la población local.

Este proyecto esta en una primera etapa (descriptiva) y deberá buscarse apoyos financieros para llevar a cabo las cuatro etapas restantes: 2ª Etapa de diagnóstico, 3ª Etapa prospectiva. 4ª Etapa propositiva y 5ª Etapa de gestión e instrumentación.

Adicionalmente, se tiene conocimiento que el Gobierno del estado de México está desarrollando un programa denominado: Proyecto Integral "Sierra Nevada 2001-2005", cuyos objetivos son:

1. Conservar, proteger y conservar el ecosistema de la Sierra Nevada.

2. Lograr el desarrollo sustentable.

3. Mejorar los niveles de bienestar de la población.

4. Incorporar a la producción todos los recursos naturales de los núcleos agrarios, así como las habilidades y experiencias de su población.

5. Coordinar esfuerzos interinstitucionales para que a partir de los recursos naturales se desarrollen proyectos productivos, así como infraestructura básica y social, con la participación de las diferentes dependencias de los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal, así como de los productores y otras instituciones.

6. Establecer un programa permanente de combate a la tala clandestina, que incluya a los productores, así como la aplicación efectiva de sanciones.

7. Regular la capacidad instalada de los aserraderos para que se equilibre con la capacidad productiva de los bosques.

8. Realizar un control estricto de la industrialización, transporte y comercialización de productos forestales, así como auditorías técnicas a los predios bajo aprovechamiento forestal.

9. Organizar y capacitar a los productores, así como incrementar su capacidad de autogestión.

10. Aprovechar toda la infraestructura instalada de carácter técnico, académico y de investigación con que se cuenta en el estado de México.

Atentamente
José Gerardo de la Riva Pinal (rúbrica)

(Se anexa a la proposición del diputado Víctor León Castañeda. Octubre 30 de 2001.)

CON PUNTO DE ACUERDO PARA DINAMIZAR Y EFICIENTAR EL TURISMO SOCIAL EN EL PAIS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JAIME LARRAZABAL BRETON, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA SESION DEL MARTES 30 DE OCTUBRE DE 2001

Consideraciones

Como consecuencia del dinamismo en el que se desarrolla el mundo moderno, el ser humano está propenso a padecer diversos tipos de fenómenos o enfermedades (estrés, depresión, aislamiento) situaciones que motivan a las personas a la búsqueda de actividades físicas y recreativas que ayuden a minimizar ese tipo de efectos.

Para contrarrestar dicho tipo de efectos y dada la actual distribución de la riqueza, es indispensable una determinada oferta turística de acuerdo a la realidad económica y social de la población. Es necesario otorgar mayor atención a los segmentos de escasos recursos, entre los que destacan: sindicatos, trabajadores de la industria, empleados de gobierno, del magisterio, el sector juvenil, discapacitados y personas de la tercera edad.

El turismo social es un sistema que crea las condiciones necesarias que permiten el acceso al turismo a un gran sector de la población que carece de posibilidades financieras para disfrutar del turismo comercial, pero que también tiene derechos de recreación, descanso, diversión y de conocer otros ambientes.

El turismo social tiene una relación directa con el sindicalismo, explico, el turismo social comienza a desarrollarse en los años anteriores a la II Guerra Mundial, apoyado por la conquista de vacaciones pagadas para los trabajadores, que dependían de factores como tiempo disponible y recursos financieros, lo cual se traduce en la existencia de alojamientos y medios de transporte adecuados.

Terminada la segunda guerra mundial se generó un cambio político, económico y social, a nivel universal. La seguridad social aportó mayor protección al trabajador y su familia, las vacaciones se extendieron, los trabajadores adquirieron nuevos derechos y libertades.

A partir de la década del 70 es cuando se da un crecimiento del turismo, por ello en 1973 se constituyó el Buró Internacional de Turismo Social (BITS) que tiene como objetivo favorecer el desarrollo del turismo social dentro del marco internacional, coordinando las actividades turísticas de sus miembros además de difundir un mejor turismo al alcance de la mayor cantidad de personas.

En nuestro país son escasas las instituciones que favorecen esta actividad turística, cito como ejemplo las siguientes:

El Consejo Nacional de Cultura y Recreación para los Trabajadores.
El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del estado.

El Fondo Nacional de Garantía para el Consumo de los Trabajadores.
El Fideicomiso Obrero.

El Consejo Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.
El Instituto Mexicano del Seguro Social.

El Instituto Nacional de la Senectud.
La Secretaría de la Reforma Agraria, entre otros.

No obstante su existencia, es casi nula su promoción y limitadas sus posibilidades económicas.

Por su parte, la Secretaría de Turismo (Sectur), presentó el pasado martes 22 de septiembre el Programa de Desarrollo de Turismo Social 2001-2006, cuyo objetivo es el de contribuir a elevar la participación de diversos grupos de población, en las actividades turísticas y recreacionales; sin embargo, las estrategias, acciones y convenios anunciados podrían no ser suficientes para impulsar y fomentar el turismo social.

En México, el turismo doméstico o nacional es predominantemente familiar. Los motivos de viaje de casi la mitad de las personas que pasan por lo menos una noche fuera de su casa son familiares.1 Se viaja visitando parientes, aunque muchos lo hacen en el marco de las ferias regionales o las celebraciones religiosas, como del santo patrón de su comunidad. Este tipo de turismo contrasta con los viajes internacionales de los mexicanos, los cuales son meramente por placer (40% a 45%) más que para visitar familiares (30% a 35%). La segunda razón más importante para el viaje nacional es para vacacionar o descansar (25% a 30%). Cuando viajan dentro del país, los mexicanos mayormente se quedan con amigos o familiares (60%) en vez de alojarse en hoteles o moteles (25%). Los destinos turísticos son dispersos, lo que refleja lo significativo que son los patrones históricos de las relaciones familiares, más que la distribución de los centros turísticos urbanos.

En cuanto a forma de transporte, la mayoría de los viajes se realizan en autobús (55%), seguido del automóvil propio (35% a 40%). Menos del 10% de la población sale del país, de los cuales el 40% utiliza automóviles propios y una proporción similar utiliza aerolíneas comerciales.

Según datos de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, la oferta para el turismo social en México se puede resumir en los siguientes datos:

Un mil 600 habitaciones en 21 hoteles.
6 mil 990 camas en 29 albergues y más de 41 balnearios.
450 cajones de estacionamiento en diferentes trailer parks.
2 mil 125 espacios para tiendas de campaña en 23 campamentos y algunos balnearios.
Un mil 950 cabañas distribuidas en 14 paradores y algunos balnearios.

Todas estas cifras nos dan un total de 38 mil espacios para alojamiento persona/noche, las cuales son insuficientes.

La gran disparidad entre el desprecio oficial hacia el turismo interno y su importancia real en la industria debe ser objeto de preocupación, máxime ahora y después de lo ocurrido en septiembre pasado en los Estados Unidos. No se tiene una base de datos adecuada sobre la demanda turística con dicha característica familiar-social. Las políticas públicas se orientan casi exclusivamente a atender a las necesidades de la demanda turística de altos recursos económicos en zonas exclusivas.

Las organizaciones que actualmente ofrecen servicios turísticos a gran escala en México comparten una visión de que la forma de organizar el turismo es con base en grandes hoteles manejados por proveedores transnacionales. Esta visión excluye a los productores rurales como potenciales proveedores para un nuevo tipo de servicio turístico diseñado específicamente para un mercado orientado a la clase trabajadora y a los viajeros de sectores medios.

En México como en casi todas partes del mundo donde se llevan a cabo actividades turísticas, se tienen periodos de estacionalidad muy marcados con alta y baja afluencia, en parte causados por los periodos vacacionales de turistas nacionales o las temporadas frías en sus lugares de origen de turistas extranjeros; es decir, temporadas preferentes que inciden en la ocupación hotelera, que acumulada al año ocasionan porcentajes promedio entre 50 y 53%, lo cual significa que en el año se tenga una gran cantidad de cuartos de noche desocupadas que requieren del diseño de una estrategia de movilización de turistas al interior del país, que puede principiar por los trabajadores de ámbito público y privado y porque no pensarlo, de los mismos trabajadores jubilados que podrían generar el trinomio recreación, derrama económica, mayor competitividad para desarrollar el trabajo renovador y productivo.

¿Qué las personas con escasos recursos no pueden vacacionar? Son innumerables los destinos a los cuales podrían asistir, playas como Acapulco, Veracruz, Mazatlán, Huatulco, Manzanillo, Puerto Vallarta, Los Cabos, Riviera Maya; centros arqueológicos como Teotihuacán, Monte Albán, El Tajín, Cacaxtla, Tulum, Chichenitzá, Xel Ha, Coba; ferias regionales como las de Texcoco y Aguascalientes, parques como El Cañón del Sumidero, Cuatro Ciénegas, La Sauceda, Rioverde; museos como el de Antropología e Historia, de San Carlos, del Niño, Casa de los Hermanos Serdán, en fin son muy diversos y variados los lugares a los que se podría vacacionar.

Por ejemplo, Japón considera una cuestión prioritaria que todos sus trabajadores con bajos, medianos y altos recursos, tomen sus vacaciones una vez al año, desplazándose tanto en el interior de su territorio, como viajando por el extranjero. Esto está considerado como una política de Estado. El mecanismo financiero para lograr este objetivo, consiste en que el fisco destine un porcentaje de los impuestos que pagan los trabajadores y las empresas donde laboran para la creación de un "fondo destinado al turismo". Este recurso cubre todos los gastos vacacionales de sus trabajadores. Concretamente podríamos afirmar que el Japón fomenta el turismo haciendo deducible la totalidad de los gastos del viaje del causante, siempre que éste sea un trabajador asalariado. La filosofía de esta política de Estado, se basa en la certeza que haciendo turismo, las personas practican relaciones humanas, se interiorizan en otras Culturas, conocen diferentes maneras de ser y de pensar, aprenden y se ilustran, aprovechando su descanso necesario para su bienestar y salud. Se ha constatado que a través de esta forma de viajar, los conocimientos y la información que adquieren, redunda, al regreso de su viaje, e incorporarse a su vida cotidiana, en valiosas aportaciones para su país.

Se requiere el establecimiento de políticas congruentes en materia de desarrollo turístico, es necesario en el marco de nuestra legislación definir el derecho a vacaciones para los trabajadores, a través de incentivos al trabajo con vacaciones pagadas, establecimiento de sistemas de ahorro para vacaciones pagadas por adelantado, lo cual tendrá como finalidad asegurar a los trabajadores un periodo anual de reposo completo y reparador susceptible de devolver el equilibrio físico y psicológico para ampliar la productividad con su propio trabajo, desde luego bajo nuevos esquemas vacacionales escalonados que encuentren coincidencia con los periodos de afluencia a los centros y sitios turísticos del país.

Es por ello que hoy, con fundamento en lo en los artículos 58, 60 y demás relativos aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, respetuosamente ofrezco a consideración de esta asamblea la presente proposición con:

Punto de Acuerdo

Unico.- Esta soberanía exhorte a la Secretaría de Turismo para que en coordinación con Fonatur, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y demás entidades con objetivos afines, implementen un programa integral de apoyo al turismo social, que tenga por objeto impulsar y fomentar el turismo nacional, incentivar la inversión y facilitar la recreación de los sectores sociales de escasos recursos de nuestro país.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los treinta días del mes de octubre de 2001.

Diputados: Miguel Angel Moreno Tello, Raúl González Villalva, Lilia Mendoza Cruz, Elías Martínez Rufino, Irma Piñeyro Arias, Cándido Coheto Martínez, Héctor Sánchez López, Bulmaro Rito Salinas, Angel Meixueiro González, Edilberto Buenfil Montalvo, Ildefonso Zorrilla Cuevas, Rafael Servín Maldonado, Abel Trejo González, Ernesto Rodríguez Escalona, Jaime Mantecón Rojo, Samuel Aguilar Solís, Efrén Leyva Acevedo, Rufino Rodríguez Cabrera, Héctor Esquilano Solís (rúbricas).

(Túrnese a la Comisión de Turismo. Octubre 30 de 2001.)

Notas:

1 Los datos son tomados de una encuesta trimestral aplicada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática para la Secretaría de Turismo. Para un mayor análisis véase Barkin en Ghimire (2000).

Actas

DE LA COMISION DE ENERGIA, DE SU SEPTIMA REUNION DE TRABAJO, DEL MIERCOLES 11 DE JULIO DE 2001

Acta de la séptima reunión de trabajo plenaria de la Comisión de Energía llevada a cabo en el Palacio Legislativo de San Lázaro a las 10 horas del día 11 de julio de dos mil uno.

Presidencia del diputado Juan Camilo Mouriño Terrazo

Siendo las diez horas con quince minutos del día once de julio del año dos mil uno, el ciudadano diputado presidente da inicio a la séptima reunión de trabajo de la Comisión de Energía, contando, para el efecto, con la asistencia de dieciséis legisladores.

El diputado Juan Camilo Mouriño declara instalada la reunión y expone el orden del día, mismo que contiene los siguientes puntos: primero, registro de asistencia y declaración de quórum; segundo, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior; tercero, asuntos turnados; cuarto, asuntos generales, y quinto, reunión de trabajo con el ingeniero Alfredo Ellas Ayub, director general de la Comisión Federal de Electricidad.

A continuación, el secretario diputado Marco Antonio Dávila Montesinos procede a la lectura del acta de la sesión anterior, a cuya conclusión el diputado Presidente solicita a los presentes que si hubiese alguna observación o comentario, se exprese a fin de que se incluya en la misma.

Al respecto, el diputado José María Rivera Cabello señala errores tipográficos en el acta, después de lo cual y no habiendo más observaciones, se consulta a los presentes si es de aprobarse el acta de la sesión anterior con las correcciones señaladas por el diputado Rivera, a lo cual se responde, en votación económica, en sentido afirmativo.

Al abordar el tercer punto del orden del día, el diputado Presidente da a conocer los asuntos turnados y las propuestas de la Mesa Directiva para su resolución.

A continuación se inicia la reunión de trabajo con el ingeniero Alfredo Elías Ayub, director general de la Comisión Federal de Electricidad. Después de exponer la situación actual del sistema eléctrico nacional, hacen uso de la palabra, en una primera ronda de intervenciones, las diputadas Sara Figueroa, del Partido Verde Ecologista y María del Rosario Tapia Medina, del Partido de la Revolución Democrática y los diputados Héctor González Reza y Marco Antonio Dávila Montesinos, de los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional y Partido Revolucionario Institucional, respectivamente.

En una segunda ronda de intervenciones participan la diputada María del Rosado Tapia Medina y los diputados Jaime Aceves y Rafael López Hernández, de los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional y Partido Revolucionario Institucional, correspondientemente.

Una vez concluidas las dos sesiones de preguntas y respuestas, el ingeniero Ellas Ayub agradece a la Comisión de Energía la invitación para la realización de la reunión y reitera la disposición para las dudas que los legisladores pudieran tener en torno al funcionamiento de la Comisión Federal de Electricidad.

Así mismo, el diputado Roque Joaquín Gracia Sánchez hace uso de la palabra a nombre de la Comisión de Energía para agradecer la aceptación de la invitación a la reunión.

Finalmente, siendo las trece horas con cincuenta minutos, se da por concluida la reunión.

México, DF, a 22 de agosto de 2001.

La Mesa Directiva de la Comisión de Energía:

Diputados: Juan Camilo Mouriño Terrazo, Presidente (rúbrica); Roque Joaquín Gracia Sánchez, secretario (rúbrica); Noé Navarrete González, secretario (rúbrica); Marco Antonio Dávila Montesinos, secretario (rúbrica); Rosario Tapia Medina, secretaria (rúbrica).

Comunicaciones III

DE LA UNIDAD DE ESTUDIOS DE LAS FINANZAS PUBLICAS DE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS

A partir de hoy, por acuerdo del Comité del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, del 25 de octubre del presente y con el propósito de contribuir al desarrollo de las tareas legislativas, todos los martes se publicará en esta Gaceta Parlamentaria los indicadores básicos de la economía mexicana y las finanzas públicas, así como los títulos de los documentos más recientes elaborados por esta Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas.

Para cualquier comentario o sugerencia puede dirigirse a las oficinas de la Unidad, ubicadas en el edificio D, planta daja o a su correo electrónico webmaster@cefp.gob.mx

ECONOMÍA MEXICANA: INDICADORES BÁSICOS
*Indicador*	*Periodo*	*2000*	*2001*
I.- Indicadores de producción
PIB total (millones de pesos a precios de 2000)	ene-jun	5,394,659.60	5,444,966.70
PIB total (variación % real anual)	"	7.68	0.93
- Agropecuario (variación % real anual)	"	4.00	-0.64
- Industrial (variación % real anual)	"	7.92	-2.46
- Manufacturero (variación % real anual)	"	8.43	-2.28
- Servicios (variación porcentual real anual)	"	7.90	2.54
Indicador Global de la Actividad Económica (variación % anual)¹	ago	8.33	-1.57
Índice de volumen físico de la producción manufacturera (variación % anual)	ago	8.99	-6.32
II.- Indicadores de empleo y remuneraciones al trabajo
Trabajadores asegurados en el IMSS (miles de personas)²	ago	12,735.97	12,499.11
Tasa General de Desempleo Abierto (promedio del periodo en %)³	ene-sep	2.30	2.41
Tasa de Ingresos Inferiores al Mínimo y Desocupación (promedio del periodo en %)⁴	"	10.67	9.86
Salario mínimo general real (salario diario en pesos del 2000)	ene-sep	34.68	34.96
Salario base de cotización al IMSS real (salario diario en pesos del 2000)	ene-jun	128.44	136.27
III.- Precios
Inflación acumulada (variación % respecto a diciembre del año anterior)⁵	ene-sep	6.15	3.40^p
Inflación respecto al mes anterior (variación %)⁵	sep	0.73	0.93^p
IV.- Sector monetario y financiero
Tipo de cambio (pesos/dólares) ⁶	26-Oct	9.68	9.27
Tasa de CETES (28 días)% ⁷	25-Oct	16.21	7.02
V.- Sector externo
Balanza Comercial (mdd)	ene-sep	-4,364.60	-5,700.50
-Exportaciones (mdd)	"	122,209.80	119,507.00
-Importaciones (mdd)	"	126,574.30	125,207.60
Balanza Cuenta Corriente (mdd)	ene-jun	-8,243.80	-7,993.50
Balanza Cuenta de Capital (mdd)	"	9,300.90	11,135.90
Inversión extranjera directa (mdd)	"	7,300.40	6,774.10
Reservas internacionales netas (mdd)	19-Oct	31,991.70	39,560.00
VI.- Mercado Petrolero
Mezcla mexicana de petróleo crudo (USD) ⁸	25-Oct	26.67	15.90
Mezcla mexicana de petróleo crudo (USD) ⁸	promedio ene-sep	25.04	19.79
Volumen de las exportaciones de petróleo crudo (miles de barriles diarios)	sep	1,720.00	1,648.00
Futuros Brend crudo, reporte al 26 oct-01 (precio en USD por barril)	20.54 (oct-01)	21.13 (ene-02)	21.19 (abr-02)
VII.- Economía Internacional (USA)
PIB (variación % anual)	ene-jun	4.73	1.88
Indice de Precios al Consumidor (variación % respecto a diciembre del año anterior)	sep	2.78	2.06
Balanza Comercial ( millones de dólares)	ene-ago	-240,941.00	-240,104.00
- Exportaciones ( millones de dólares)	"	704,414.00	697,673.00
- Importaciones (millones de dólares)	"	945,355.00	937,777.00
Tasas de interés (promedio % anual)	26-Oct
- Prime Rate		9.50	5.50
- Libor 1 mes		6.62	2.35
Tipos de cambio (divisa por dólar)	26-Oct
- Euro		1.20	1.12
- Yen		108.36	122.99
1.- Es un indicador que marca la tendencia en el comportamiento del PIB. Considera encuestas y datos estadísticos de las distintas actividades económicas.
2.-No incluye seguro facultativo para estudiantes y no estudiantes, seguro de salud para la familia y continuación voluntaria.
3.- Tasa de Desempleo Abierta (TDA). (% de la Población Económicamente Activa).
4.- Tasa de Ingresos Inferiores al Mínimo y Desocupación. (TDII). (% de la Población Económicamente Activa).
5.- Se refiere al Índice Nacional de Precios al Consumidor.
6.- Aplicable para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana.
7.- Se refiere al resultado de la subasta semanal.
8.- Precio por barril.
mdd= Millones de Dólares. p= preliminar.
FUENTE: Elaborado por la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con base en información de INEGI, Banxico, SE y PEMEX.

Convocatorias

DEL COMITE DEL CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES Y DE OPINION PUBLICA

A su reunión desayuno de trabajo, que se realizará el miércoles 31 de octubre, a las 9 horas, en la zona C del restaurante Los Cristales, para presentar los objetivos del Comité.

Atentamente
Dip. José Antonio Hernández Fraguas
Presidente

DE LA COMISION DE SALUD

A la reunión de la Tercera Subcomisión "Asistencia Médica", que se llevará a cabo el miércoles 31 de octubre, a las 9 horas, en el salón F del restaurante Los Cristales.

Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.

3. Análisis del anteproyecto de dictamen:
Expediente 21. Salud del adulto mayor.
Iniciativa que adiciona la fracción XI del artículo 27 y el Capítulo VIII, Salud del Adulto Mayor, al Título Tercero de la Ley General de Salud.

4. Asuntos generales.

Atentamente
Dip. Juan Alcocer Flores
Coordinador de la Subcomisión

COMISION DE TURISMO

A la reunión de su Junta Directiva, que se efectuará el miércoles 31 de octubre, a las 9 horas, en las oficinas de la Comisión.

Atentamente
Dip. Ernesto Rodríguez Escalona
Presidente

DE LA COMISION ESPECIAL DE SEGURIDAD PUBLICA

A su reunión ordinaria, que se efectuará el miércoles 31 de octubre, a las 11 horas, en el salón Libertadores, ubicado en el primer piso del edificio H.

Atentamente
Dip. Manuel Espino Barrientos
Presidente

Nota aclaratoria: La fecha de la reunión que publicamos en la edición del lunes 29 de octubre es errónea; la correcta es la anotada hoy.

DE LA COMISION DE FORTALECIMIENTO DEL FEDERALISMO

A su reunión de trabajo, que se llevará a cabo el miércoles 31 de octubre, a las 11 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.

Atentamente
Dip. Enoch Araujo Sánchez
Presidente

DE LA COMISION DE SALUD

A la reunión de la Subcomisión Especial de Análisis del Presupuesto de Salud, que se realizará el miércoles 31 de octubre, a las 11 horas, en el salón F del restaurante Los Cristales.

Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.

3. Análisis del anteproyecto de dictamen:
Expediente 19. Déficit presupuestal de recursos humanos.

Proposición con punto de acuerdo para que la Comisión de Salud convoque a servidores públicos de la SSA, del IMSS, del ISSSTE, y de los servicios de salud de los gobiernos de diversos estados de la República Mexicana, a efecto de analizar la dimensión y los factores que están originando el déficit presupuestal de recursos humanos, cubrir los faltantes que se determinen y se incluyan en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del 2002.

4. Asuntos generales.

Atentamente
Dip. Samuel Aguilar Solís
Coordinador de la Subcomisión

DE LA COMISION DE TRANSPORTES

A los académicos, investigadores, instituciones públicas, privadas, sindicatos, cámaras, asociaciones, usuarios y a todos aquellos trabajadores de la industria de transportes, así como al público en general, a participar en el primer informe anual interactivo.

Misión
La misión del primer informe de actividades es dar a conocer en forma sintetizada las actividades realizadas durante el periodo de octubre del 2000 a octubre del 2001, además de sentar las bases para la interacción constante entre los miembros de la Comisión y académicos, investigadores, instituciones públicas, privadas, sindicatos, cámaras, asociaciones, usuarios y a todos aquellos trabajadores de la industria de transportes, así como el público en general.

Visión
Cristalizar con acciones legislativas las inquietudes, sugerencias, opiniones, proyectos y estudios de los actores involucrados en el sector de comunicaciones y transportes para juntos transformar el país y sentar las bases sólidas del desarrollo del sector.

Objetivos

1.- Conocer las distintas opiniones de cada uno de los sectores de transportes para consolidar la agenda legislativa del sector.
2.- Recopilar la información presentada por cada uno de los diferentes sectores de la población.
3.- Crear un banco de datos seguro y confiable de consulta.
4.- Elaborar un plan maestro para sentar las bases de desarrollo del sector.

Fecha y Sede
31 de octubre, México, Distrito Federal, Palacio Legislativo de San Lázaro, salón Verde, 12:00 horas. Av. Congreso de la Unión No. 66, Col. El Porque, Del. Venustiano Carranza.

La participación será de carácter individual por institución y/o dependencia.

Las propuestas se entregarán en extenso y para su lectura se presentará un resumen del mismo, que no deberá exceder de tres cuartillas a doble espacio y se deberá entregar en disquete de 3.5.

El registro de participación deberá dirigirse a la Comisión de Transportes, los registros de asistencia podrán realizarse el mismo día del informe.

Mecánica del Evento

1.- Registro.
2.- Bienvenida.
3.- Informe general de actividades e informe por subcomisión.
4.- Sesión de preguntas y respuestas.
5.- Clausura. Para mayor información, los interesados podrán dirigirse a la Comisión de Transportes, sito en Palacio Legislativo, Av. Congreso de la Unión No. 66, Col. El Parque; CP 15969, México. DF; teléfono 5628 1300, extensiones 6226, 6203, 6205 y 6204 fax; página web: http://www.cddhcu.gob.mx/comisiones/transpor
/index.html, E-mail:jmduarte@comisiondetransportes.gob.mx y emg2001@comisiondetransportes.gob.mx

Atentamente

Dip. Juan Manuel Duarte Dávila
Presidente

Dip. Orestes Eugenio Pérez Cruz
Secretario (PAN)

Dip. Raúl Cervantes Andrade
Secretario (PRI)

Dip. Elías Dip Rame
Secretario (PRI)

Dip. José Rodolfo Escudero Barrera
Secretario (PVEM)

DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO

A la reunión de trabajo de su Mesa Directiva, que se llevará a cabo el miércoles 31 de octubre, a las 14:30 horas, en la sala de juntas de la Presidencia de la Comisión.

Atentamente
Dip. Concepción González Molina
Presidenta

DE LA COMISION DE VIVIENDA

A su reunión plenaria, el miércoles 31 de octubre, a las 16:30 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.

Orden del Día

1. Lista de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión anterior.
4. Reporte de los foros nacionales de consulta pública La Vivienda, realidades y perspectivas, regiones centro y noreste organizados por la Comisión de Vivienda.
5. Asuntos generales.
6. Clausura de la sesión.

Atentamente
Dip. José Marcos Aguilar Moreno
Presidente

DE LA COMISION DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Al Foro Nacional sobre Reforma Legales (en Materia Federal), que se llevará a cabo del 5 al 7 de noviembre, a partir de las 10:30 horas, en el salón Legisladores de la República (salón Verde).

Atentamente
Dip. José Elías Romero Apis
Presidente

DE LA COMISION DE POBLACION, FONTERAS Y ASUNTOS MIGRATORIOS

A su reunión ordinaria, el martes 6 de octubre, a las 12 horas, en el salón D del restaurante Los Cristales.

Atentamente
Dip. Irma Piñeyro Arias
Presidenta

DE LA COMISION DE DESARROLLO SOCIAL

A su reunión de trabajo, el martes 6 de octubre, a las 14 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.

Orden del Día

1. Lista de aistencia y declaración de quórum.
2. Reunión de trabajo con el actuario Juan Antonio Fernández Ortiz, coordinador general de apoyo directo de Procampo, para tratar asuntos relativos a la Ley de Capitalización de Procampo.
3. Asuntos generales.

Atentamente
Dip. Francisco Javier Cantú Torres
Presidente

DE LA COMISION DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

A su reunión plenaria, que se efectuará el miércoles 7 de noviembre, a las 9 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.

Orden del Día

Registro de asistencia.
Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
Propuesta para el Foro de Consulta para la Reforma Integral de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro (SAR).
Puntos de acuerdo y dictámenes por aprobar.
Asuntos generales.

Atentamente
Dip. José Ramírez Gamero
Presidente

DE LA COMISION DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL

A su reunión ordinaria, que se realizará el miércoles 7 de noviembre, a las 11 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.

Orden del Día

I. Lectura y aprobación del acta anterior.
II. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen a iniciativas en materia del Renave; avances del Grupo Especial de Trabajo.
III.- Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen de los puntos de acuerdo en materia del Renave.

IV.- Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen de la iniciativa de reformas a la Ley Federal de Correduría Pública y a las leyes generales de Sociedades Mercantiles; Títulos y Operaciones de Crédito y Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, presentada el 27 de marzo de 2001.
V.- Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen a la proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional a que publique a nivel de fracción arancelaria las mercancías que son competencia de esa Secretaría y que se encuentran sujetas a una restricción o regulación no arancelaria a su importación o exportación al y del territorio nacional.

VI. Informe de actividades de las subcomisiones, a cargo de los diputados coordinadores.
VII. Informe de actividades del secretariado técnico.
VIII. Asuntos generales.

Atentamente
Dip. Diego Alonso Hinojosa Aguerrevere
Presidente

DE LA COMISION DE SALUD

A su décima cuarta sesión plenaria, que se efectuará el miércoles 7 de noviembre, a las 14 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.

Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.
3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.
4. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de anteproyectos de dictamen.
5. Asuntos generales.

Atentamente
Dip. Ma. Eugenia Galván Antillón
Presidenta

DE LA COMISION DE SEGURIDAD SOCIAL

A los trabajadores afiliados y sus beneficiarios, funcionarios y personal del ISSSTE, pensionados y jubilados, académicos e investigadores al foro nacional La Seguridad Social de los Trabajadores al Servicio del Estado. ISSSTE: Salud Vivienda y Pensiones, que se realizará el 9 y 23 de noviembre.

El Poder Legislativo federal considera que el derecho a la seguridad social se ha convertido en tema crucial de la agenda nacional. El análisis sobre la normatividad y funcionamiento de las instituciones de seguridad social, como lo es el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), se torna imprescindible para una sociedad que demanda cada vez más, mayor calidad en la prestación de los servicios, así como en las condiciones socioeconómicas de sus trabajadores, derechohabientes y pensionados. Por lo anterior y porque para el legislador es fundamental escuchar la opinión de sus representados y, en particular, de los sectores directamente involucrados en los asuntos que analiza, la Comisión de Seguridad Social convoca al foro nacional

La Seguridad Social de los Trabajadores al Servicio del Estado. ISSSTE: Salud, Vivienda y Pensiones

Temas

Tema 1. El ISSSTE en salud. Financiamiento, cobertura y beneficios: situación actual y propuestas para su fortalecimiento.
Tema 2. FOVISSSTE. Financiamiento, cobertura y beneficios: situación actual y retos.
Tema 3. El ISSSTE y su sistema de pensiones.

El sistema de pensiones de reparto solidario. Financiamiento, cobertura y beneficios: situación actual y propuestas para su fortalecimiento.
El sistema complementario de capitalización individual (SAR 1992/93): balance y retos.
Reforma propuesta por el Ejecutivo federal a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro (LSAR) .

Sedes

Acapulco, Guerrero:
9 de noviembre, hotel Fiesta Americana Condesa Acapulco, Av. Costera Miguel Alemán número 97, CP 39690, Acapulco, Gro.

México, Distrito Federal:
23 de noviembre, salón Legisladores de la República (antes salón Verde), Palacio Legislativo de San Lázaro, Avenida Congreso de la Unión número 66; Colonia El Parque; CP 15969.

Bases

1. Los foros iniciarán a las 9:00 horas y se desarrollarán de la siguiente manera: con intervenciones de diputados de la Comisión de Seguridad Social y ponencias magistrales de funcionarios del ISSSTE, directivos de la FSTSE y del SNTE; tres mesas de trabajo que iniciarán con una conferencia magistral, seguida de ponencias a cargo de los participantes sobre los temas indicados.

2. Podrán participar en las mesas de trabajo quienes así lo deseen, presentando su ponencia por escrito con una extensión máxima de 10 cuartillas a doble espacio y un resumen de tres cuartillas que será leído en las mesas de trabajo. Para su publicación, la ponencia deberá presentarse en un disquete de tres y media pulgadas, en procesador de texto Word, letra arial a 12 puntos. Tiempo límite para recibir ponencias: tres días antes de la celebración de cada una de las etapas del foro.

3. Se otorgará constancia de participación.

4. Todo asunto no previsto será resuelto por la Junta Directiva de la Comisión.

Informes, inscripciones y recepción de ponencias, en la Comisión de Seguridad Social, Palacio Legislativo, Avenida Congreso de la Unión número 66; Colonia El Parque; CP 15969; Teléfono y Fax. (01) (5) 420 1875; lada sin costo 01 800 718 4291, extensiones 1220, 1221 y 1875.

Junta Directiva de la Comisión de Seguridad Social, diputados: Cuauhtémoc Montero Esquivel, Presidente; Samuel Aguilar Solís, secretario; Francisco López González, secretario; Ernesto Saro Boardman, secretario; José María Rivera Cabello, secretario.

DE LA COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

A los secretarios técnicos, secretarios particulares y asistentes de los CC. diputados, al Seminario Taller sobre Agua y Desarrollo Sustentable, que se está llevando a cabo los días miércoles de las 9:30 a las 12 horas.

Atentamente
Dip. Diego Cobo Terrazas
Presidente

DE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS

Al concurso de oposición abierto para ocupar puestos del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias.

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 49, fracción III, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y a los acuerdos parlamentarios que crean e integran el Comité del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, aprobados por el pleno de la Cámara de Diputados, el 7 de noviembre de 2000 y el 30 de abril de 2001, respectivamente, y al acuerdo por el que se determina el procedimiento para el reclutamiento y selección y, en su caso, designación de funcionarios que ocupen las plazas de directores de proyecto e investigadores adscritos a los Centros de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, Sociales y de Opinión Pública y de la Unidad de Estudios de Finanzas Públicas y con base en la solicitud del Comité del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias para proveer el trámite administrativo para la contratación de personal que formará parte del servicio de investigación adscrito a dicho Centro, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por conducto de la Secretaría de Servicios Parlamentarios y la Dirección General de Recursos Humanos

Convoca

Al concurso de oposición abierto para ocupar dos puestos de director de proyecto y cuatro de investigador "A"

Requisitos Generales

Ser mexicano en pleno ejercicio de sus derechos.
No ser dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político a la fecha de publicación de la presente convocatoria.
No estar inhabilitado legalmente para ocupar cargos en el servicio público y no haber sido condenado por delito grave que haya ameritado pena privativa de la libertad.
Haber cumplido veinticinco años de edad al día de la designación Director de proyecto (1): Acreditar escolaridad mínima de especialidad o maestría en derecho con título profesional;
Contar con conocimientos amplios en el ámbito legislativo;
Participación en programas y proyectos de investigación;
Impartición de cursos, conferencias o seminarios, y
Dominio del idioma francés. Director de proyecto (2): Acreditar escolaridad mínima de especialidad o maestría en derecho con título profesional;
Contar con conocimientos amplios en el ámbito legislativo;
Participación en programas y proyectos de investigación;
Impartición de cursos, conferencias o seminarios, y
Dominio del idioma inglés. Investigador "A": Acreditar escolaridad mínima de licenciatura en derecho con título profesional;
Experiencia de dos años en el desempeño de puestos similares;
Participación en programas y proyectos de investigación;
Manejo de fuentes de información y
Dominio del idioma inglés o francés. Los aspirantes deberán presentar por escrito una solicitud que acredite su intención de participar, así como su currículum vitae, anexando la documentación y constancias expedidas originales que respalden el cumplimiento de los requisitos.

Los aspirantes serán sometidos a un proceso de preselección para determinar que se acreditan los requisitos de la presente convocatoria y se sujetarán a una evaluación de carácter técnico y otra de carácter psicométrico.

Un jurado calificador, cuyo nombramiento recaerá en personas de reconocido prestigio profesional o académico en el área de derecho e investigación parlamentaria, revisará los expedientes de los candidatos y realizará las pruebas que considere pertinentes para la selección de los aspirantes.

Las inscripciones se llevarán a cabo en el Centro de Capacitación de la Cámara de Diputados, ubicado en el Palacio Legislativo (Av. Congreso de la Unión No. 66, Col. El Parque, Delegación Venustiano Carranza, CP 15969), edificio F, planta baja, del 23 al 25 de octubre del año en curso, en un horario de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas.

Para mayor información comuníquese al teléfono 5628 1300, extensión 4245 o 4265.

Palacio Legislativo, octubre de 2001.

Atentamente

Lic. Alfredo del Valle Espinosa
Secretario de Servicios Parlamentarios

Lic. Enrique Lozano Botello
Director General de Recursos Humanos

DE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS

Al concurso de oposición abierto para ocupar puestos del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública.

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 49 fracción 3 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a los Acuerdos Parlamentarios que crean e integran el Comité del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, aprobados por el pleno de la Cámara de Diputados, el 7 de noviembre de 2000 y el 30 de abril de 2001, respectivamente, y al Acuerdo por el que se determina el procedimiento para el reclutamiento y selección y, en su caso, designación de funcionarios que ocupen las plazas de Directores de proyecto e Investigadores adscritos a los Centros de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, Sociales y de Opinión Pública y de la Unidad de Estudios de Finanzas Públicas y con base en la solicitud del Comité del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública para proveer el trámite administrativo para la contratación de personal que formará parte del servicio de investigación adscrito a dicho Centro, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por conducto de la Secretaría de Servicios Parlamentarios y la Dirección General de Recursos Humanos

Convoca

Al concurso de oposición abierto para ocupar dos puestos de Director de Proyecto, tres de Investigador "A" y un Subdirector de Análisis y Procesamiento de Datos.

Requisitos generales:

Ser mexicano en pleno ejercicio de sus derechos.
No haber sido dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político durante los últimos tres años anteriores a la fecha de publicación de la presente convocatoria.
No estar inhabilitado legalmente para ocupar cargos en el servicio público y no haber sido condenado por delito grave que haya ameritado pena privativa de la libertad.
Haber cumplido veinticinco años de edad al día de la designación
Preferentemente dominio del idioma inglés Director de proyecto: Acreditar estudios mínimos de Maestría en el área de Ciencias Sociales o de Opinión Pública.
Acreditar la participación en programas o proyectos de investigación en el área de Ciencias Sociales o de Opinión Publica.
Acreditar experiencia académica o docente en el área de Ciencias Sociales o de Opinión Pública.
Acreditar la participación en cursos, conferencias o seminarios.
Contar con experiencia profesional mínima de tres años Investigador "A": Contar con estudios mínimos de licenciatura en el área de Ciencias Sociales o de Opinión Pública.
Acreditar la participación en programas o proyectos de investigación en el área de Ciencias Sociales o de Opinión Pública.
Acreditar experiencia académica en cursos, conferencias o seminarios.
Contar con experiencia profesional mínima de dos años. Subdirector de análisis y procesamiento de datos: Contar con estudios mínimos de Ingeniería o licenciatura en Sistemas Computacionales o Informática.
Acreditar experiencia académica o docente en el área de informática.
Acreditar la participación en cursos, conferencias o seminarios.
Tener experiencia mínima de tres años en el área de procesamiento de datos. Los aspirantes deberán presentar por escrito una solicitud que acredite su intención de participar, así como su curriculum vitae, anexando la documentación y constancias expedidas originales que respalden el cumplimiento de los requisitos.

Los aspirantes serán sometidos a un proceso de preselección para determinar que se acreditan los requisitos de la presente Convocatoria y se sujetarán a una evaluación de carácter técnico y otra de carácter psicométrico.

Un jurado calificador cuyo nombramiento recaerá en personas de reconocido prestigio profesional o académico en el área de Social y de Opinión Pública revisará los expedientes de los candidatos y realizará las pruebas que considere pertinentes para la selección de los aspirantes.

Las inscripciones se llevarán a cabo en el Centro de Capacitación de la Cámara de Diputados, ubicado en el Palacio Legislativo (Av. Congreso de la Unión No. 66, Col. El Parque, Delegación Venustiano Carranza, C.P. 15969) Edificio "F" PB. del 7 al 12 de noviembre del año en curso, en un horario de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Para mayor información comuníquese al teléfono 56.28.13.00 ext. 4245 o 4265

Palacio Legislativo, octubre de 2001.

Atentamente

Lic. Alfredo Del Valle Espinosa
Secretario Servicios Parlamentarios

Lic. Enrique Lozano Botello
Director General de Recursos Humanos