Proposiciones
CON PUNTO DE ACUERDO SOBRE POLITICA EXTERIOR, PRESENTADA POR EL DIPUTADO TARCISIO NAVARRETE MONTES DE OCA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, EN LA SESION DEL MARTES 16 DE OCTUBRE DE 2001
Al cumplirse más de 35 días de los terribles atentados, queremos recordar a las víctimas del terrorismo y hacemos votos por el restablecimiento de la paz. Expresamos que ante este crimen de lesa humanidad, nace la obligación de todos los gobiernos del mundo a cooperar para erradicar la cultura y práctica del terrorismo, que preserve la convivencia civilizada propia de los seres humanos.
Teniendo en cuenta que la aplicación firme de la legislación internacional en la que se promueva el desarrollo de la jurisdicción universal, para la prevención, persecución y sanción de prácticas terroristas, es lo propio de las democracias modernas, como única manera de evitar acciones autoritarias unilaterales en la lucha contra el terrorismo y la intolerancia.
Considerando que la presencia brutal del terrorismo niega y rompe con el sistema democrático y destruye el ambiente para la vigencia de los derechos como la seguridad y la libre circulación, entre otros, surge la necesidad de hacer un compromiso explícito de los gobiernos para prevenir y erradicar este mal, no sólo en el marco de los convenios especializados de la ONU y la OEA, sino también en el ámbito comercial dada la estrecha vinculación de lo político y lo económico. Por ello, deberá en el futuro considerase la integración de una cláusula antiterrorista en dichos acuerdos.
En el aspecto humanitario, estamos ante una tragedia de proporciones dramáticas. Según cifras de la ONU se estima que en Afganistán 7.5 millones de personas dependen del socorro internacional para sobrevivir, de esos 70 por ciento son niños y mujeres. Actualmente el ACNUR (Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados) se enfrenta a graves problemas como la afluencia masiva de refugiados. La fragilidad de la situación de la seguridad en esta región, ha limitado drásticamente la libertad de movimiento del personal internacional de este organismo. El PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo) advirtió que 70 por ciento de la población afgana presenta desnutrición y sólo 13 por ciento tiene acceso a servicios de agua potable. Uno de cada cuatro niños que nacen en territorio afgano no llegará a los 5 años de edad. Ante el aspecto humanitario de esta confrontación instamos a la comunidad internacional a cuidar y asistir a los millones de afganos desplazados.
En el ámbito interno, considerando nuestra tradición como nación de instituciones y promotores de la tolerancia, expresamos preocupación porque en ambientes cotidianos y en escuelas infantiles mexicanas ha habido expresiones de rechazo y palabras con carga xenófobas, dirigidas a personas de ascendencia árabe o de origen árabe. Por ello, debemos propugnar por una campana que permita respetar y descubrir la riqueza de dicha cultura.
Por las consideraciones anteriormente expuestas y con fundamento en lo que dispone el artículo 58 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores, sometemos a la consideración de esta H. Cámara la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Primero.- Solicitar a la Secretaría de Relaciones Exteriores que: en el marco de la OEA, en la próxima reunión del Comité Especial sobre Terrorismo que se está llevando a cabo del 15 al 26 de octubre, se promueva la reactivación del Comité Interamericano contra el Terrorismo.
Segundo.- Solicitar a la Secretaría de Relaciones Exteriores promueva ante la ONU:
- Un "instrumento internacional sobre el terrorismo" que unifique el concepto de terrorismo y su normatividad a través del derecho internacional.
- Se fortalezca la operatividad del Comité Internacional contra el Terrorismo y se pueda establecer un sistema mundial de información y una red de recopilación y transmisión de datos para eficientar el combate contra el terrorismo.
Tercero.- Solicitar al Gobierno Federal que regularmente transmita información a la Cámara de Diputados, para conocer cómo atiende nuestro país las resoluciones del Consejo de Seguridad y de otros organismos internacionales que piden a los gobiernos tomar medidas para combatir al terrorismo.
Cuarto.- Recomendar al Gobierno Federal que por medio de la Secretaría de Educación o de otras dependencias competentes. se desarrollen campañas en las instituciones educativas, tanto públicas como privadas del país, a fin de fomentar la tolerancia, la convivencia armoniosa y el respeto por otras culturas. Además, reconocemos en la presencia de las familias y los ciudadanos provenientes del mundo árabe, a personas con una dignidad humana a la que les debemos respeto de todos los mexicanos y por añadidura reconocemos que realizan valiosas aportaciones a nuestra sociedad en los ámbitos cultural, económico y social.
Quinto.- La Cámara de Diputados se compromete a realizar el mayor esfuerzo, dentro de sus atribuciones, para prevenir y combatir este fenómeno que amenaza la paz, estabilidad y seguridad internacional. Para ello, se propondrán todos los instrumentos legales a nuestro alcance para lograr recuperar la seguridad de las naciones y de sus ciudadanos.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de octubre de 2001.
Diputados: Tarcisio Navarrete Montes de Oca, Eduardo Arnal Palomera, Lucio Fernández González, Raúl Covarrubias Zavala, Ma. Elena Chávez Palacios, Beatriz Grande López, José Luis Novales Arellano, Raúl Gracia Guzmán, Sergio R. Vaca Betancourt Bretón, Roberto Bueno Campos, Francisco Javier Chico Goerne Cobián, Fernando Ugalde Cardona (rúbricas).
(Túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores. Octubre 16 de 2001.)
CON PUNTO DE ACUERDO SOBRE LOS PROGRAMAS GUBERNAMENTALES DE APOYO A LOS PUEBLOS INDIOS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO HECTOR SANCHEZ LOPEZ, A NOMBRE DE LA COMISION DE ASUNTOS INDIGENAS, EN LA SESION DEL MARTES 16 DE OCTUBRE DE 2001
Las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Asuntos Indígenas de LVIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, así como otras y otros legisladores, suscribimos el siguiente punto de acuerdo, con base en la siguientes consideraciones.
Considerando
Que México es una nación pluricultural sustentada originariamente en sus pueblos indígenas, con instituciones sociales, económicas, políticas y culturales propias.
Que en nuestro país existen más de 10 millones de indígenas en todo el territorio nacional, que requieren de programas gubernamentales específicos para atender las condiciones ancestrales de pobreza, marginación y exclusión en la que viven.
Que en los aproximadamente 2,430 municipios que existen en el país, 805 de ellos cuentan con un 30 por ciento de población indígena; mismos que concentran a más del 70 por ciento de población eminentemente indígena, y más del 90 por ciento de su población requiere de proyectos productivos específicos para el desarrollo personal y de sus comunidades.
Que la población indígena económicamente activa es sólo el 40 por ciento; que el 69 por ciento se ocupa de actividades en el sector primario; 14 por ciento en el sector secundario y 15 por ciento en el terciario, pero el resto en actividades no específicas, cuyo ingreso es de dos salarios mínimos mensuales.
Que en los 805 municipios con 30 por ciento y más de población indígena, aproximadamente 700 presentan un grado de marginación que fluctúa entre "alta" y "muy alta". Sólo 90 se encuentran en el rango de "media" y 40 oscilan entre "baja" y muy "baja".
Que entre la población indígena, las principales causas de enfermedad son las llamadas "enfermedades de la pobreza", sobre todo el cólera y la prevalencia de enfermedades residuales tales como la tuberculosis, bocio endémico, tétanos neonatal, tracoma, oncocercosis, paludismo, dengue y alcoholismo.
Que el 75 por ciento de la población indígena presenta graves signos de desnutrición,
Que en materia de vivienda, más del 50 por ciento de las ubicadas en regiones indígenas no cuentan con electricidad; el 68 por ciento carece de agua entubada; el 90 por ciento no tiene acceso a instalaciones de drenaje y el 76 por ciento tiene piso de tierra.
Que el pasado 14 de agosto se publicó en el Diario Oficial de la Federación las reformas constitucionales a los artículos 1º, 2º, 4º, 18 y 115, en los que se establecen diversas disposiciones constitucionales por los que se obliga a la Federación, estados y municipios a promover la igualdad de oportunidades de los indígenas, eliminando cualquier práctica discriminatoria, establecer las instituciones y determinar las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.
Que en el artículo 2º, Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su fracción IX, párrafo segundo se establece que para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en dicho apartado, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de las entidades federativas y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias establecerán las partidas específicas destinadas al cumplimiento de estas obligaciones en los presupuestos de egresos que se aprueben, así como las formas y procedimientos para que las comunidades participen en el ejercicio y vigilancia de las mismas.
Que el 7 de octubre del presente año, el Ejecutivo federal y los presidentes de los partidos políticos suscribieron un Acuerdo Político para el Desarrollo Nacional, mismo que establece en su numeral 5.6 del apartado económico lo siguiente: "Destine partidas presupuestales específicas para dar cumplimiento a las obligaciones del Estado frente a las comunidades indígenas".
Que la situación económica y social por la que atraviesa el país a partir de la crisis económica que experimentan nuestros principales socios económicos nos obliga a determinar de manera específica proyectos productivos para revertir la descapitalización del campo, la falta de inversión productiva, la baja productividad la erosión del suelo, etcétera, y que tienen que ver con los territorios en el que habitan los pueblos indígenas.
Que estamos convencidos que para lograr un desarrollo económico con justicia y equidad social, es imperativo impulsar políticas gubernamentales que atiendan el deterioro económico de los pueblos indígenas mismos que se manifiestan en la ausencia de servicios básicos, alto índice de analfabetismo, insalubridad, desnutrición y bajos ingresos.
Que es necesario construir una nueva relación entre el Estado y los pueblos indígenas basada en el respeto a la pluriculturalidad, a la divergencia y diferencias propias existentes en una nación como la nuestra.
Por todo lo anterior, las diputadas y diputados que concurren a esta Honorable Cámara de Diputados reconociendo que es necesario cumplir con las responsabilidades que constitucionalmente tienen encomendadas, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos a la consideración de este pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo para que sea discutida y aprobada por obvia y urgente resolución.
Unico: Esta Cámara de Diputados, solicita al titular del Ejecutivo Federal, que en el marco de la división de poderes, gire las instrucciones pertinentes a los titulares de las diversas secretarías y organismos descentralizados para que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del 2002, misma que en su momento remitirá a esta Cámara de Diputados, se especifiquen de manera detallada los proyectos, programas y presupuestos que se destinarán a las comunidades, municipios y microrregiones indígenas, de acuerdo a lo que establece nuestra Constitución Política en su artículo 2, Apartado B, que a la letra dice: "La federación, los estados y los municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos", y en el párrafo segundo de la fracción IX en el que se establece: "Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en este apartado, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las Legislaturas de las entidades federativas y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias establecerán las partidas específicas destinadas al cumplimiento de estas obligaciones, en los presupuestos de egresos que se aprueben, así como las formas y procedimientos para que las comunidades participen en el ejercicio y vigilancia de las mismas"; y en el numeral 5.6 del Acuerdo Político para el Desarrollo Nacional suscrito por el Ejecutivo federal y los presidentes de los partidos políticos nacionales en el que se establece que se "destine partidas presupuestarias para dar cumplimiento a las obligaciones del Estado frente a las comunidades indígenas".
Diputados: José Narro Céspedes, Jaime Cervantes Rivera, Juan Carlos Regis Adame, Rosa Delia Cota Montaño, Humberto Domingo Mayáns Canabal, José Manuel Díaz Medina, Ma. de los Angeles Sánchez Lira, Adela del Carmen Graniel Campos, José Antonio Magallanes Rodríguez, Rufino Elías Martínez, Mario Cruz Andrade, Hortensia Aragón Castillo, Jesús Alejandro Cruz Gutiérrez, Víctor Emanuel Díaz Palacios, Hermilo Monroy Pérez, Jaime Martínez Veloz, Nicolás Lorenzo Alvarez Martínez, Roberto Domínguez Castellanos, Andrés Carballo Bustamante, José Feliciano Moo y Can, Gustavo Carvajal Moreno, Augusto Gómez Villanueva, Salvador Cosío Gaona, Alfredo Ochoa Toledo, Celia Martínez Bárcenas, María Luisa Araceli Domínguez Ramírez, Irma Piñeyro Arias, Nahum Ildefonso Zorrilla Cuevas, Miguel Angel Donaciano Moreno Tello, Petra Santos Ortíz, Martí Batres Guadarrama, Pedro Miguel Rosaldo Salazar, Gregorio Urias Germán, Bonifacio Castillo Cruz, Auldárico Hernández Gerónimo (rúbricas).
(En votación económica, se aprueba por unanimidad. Comuníquese. Octubre 16 de 2001.)
CON PUNTO DE ACUERDO SOBRE LA INFORMACION DE LOS FIDEICOMISOS DE BANCA UNION QUE SE REMITIO A ESTA CAMARA, EN ACATAMIENTO A LA RESOLUCION DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION, PRESENTADA POR LA DIPUTADA ADELA DEL CARMEN GRANIEL CAMPOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DEL MARTES 16 DE OCTUBRE DE 2001
La suscrita, diputada integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo en base a las siguientes:
Consideraciones
El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, ha luchado por evitar que en esta legislatura el tema: Fobaproa-IPAB, se constituya en una anécdota del pasado, y los hechos escandalosos que ahora se viven, confirman lo que siempre denunciamos.
Con la seguridad de que la "solución" diseñada para este quebranto no fue la mejor, con la convicción de que no debe haber impunidad de quienes actuaron al margen de la ley y sobre todo con la intención de recuperar los créditos irregulares e ilegales y así evitar en lo posible una sangría presupuestal que representa al día de hoy el 15 por ciento del PIB, lo que supera nuestra deuda externa y en los próximos 30 años seguirá siendo una gran carga económica para nuestro país; seguimos empujando para actuar y no dejar en el olvido el asunto.
Hasta ahora ni siquiera han concluido las auditorías que ordenó la Cámara de Diputados de cuyos resultados se implementarían mecanismos para la recuperación de los créditos ilegales y el fincamiento de responsabilidades. Nada de ello se ha hecho por la ausencia de decisiones fundamentales, como son las que tienen que ver con la información que se remitió a esta Cámara, en relación a los fideicomisos de Banca Unión.
El riesgo sigue siendo la impunidad derivada de una posible prescripción de las acciones legales.
Desde el 22 de septiembre de 2000, nuestro grupo parlamentario dirigió un oficio al contador mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados, por medio del cual se le solicita remita la información que le hizo llegar el Ejecutivo federal, a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, respecto a los fideicomisos de Banca Unión.
Oficio al que contestó el 25 de septiembre de 2000, donde confirma la recepción de dicha información, y refiere que espera decisiones que corresponden tomar a la Cámara de Diputados y que en tanto la Contaduría Mayor sólo resguardará dicha información.
El 11 de junio de este año, solicitamos nuevamente se agendara para la discusión en la Junta de Coordinación Política, lo relativo a la información de los fideicomisos de Banca Unión.
Finalmente, el 25 de junio de este año, se efectuó una reunión de la Junta de Coordinación Política y el titular de la Auditoría Superior de la Federación, de la que resultó en este tema en particular que a esa fecha no se ha recibido ninguna instrucción por parte de la Cámara de Diputados respecto a los expedientes de los fideicomisos de Banca Unión, mismos que siguen "bajo su resguardo".
El día diez de octubre pasado el presidente de la Asociación de Banqueros de México, se pronunció por desaparecer el IPAB; ahora resulta que después de saquear a las finanzas públicas quieren desaparecerlo, cuando los verdaderos culpables caminan impunes por las calles.
De entonces, señoras y señores diputados, al día de hoy, con seguridad no ha recibido ninguna instrucción, pues ni siguiera se ha tenido la voluntad política por parte de quien fue beneficiario de los fideicomisos, para tomar cualquier decisión respecto al tema.
Esta situación es muy delicada, dado que es una apuesta por la impunidad, al permitir deliberadamente la prescripción de cualquier acción jurídica que haga posible la recuperación de los recursos que recibió un partido político y que indebidamente estamos pagando todos los mexicanos.
Es necesario que no olvidemos lo que señala de manera textual el último párrafo del artículo séptimo transitorio de la Ley del IPAB, en el sentido de que:
Si de las auditorías realizadas aparecen operaciones de mutuo o préstamo otorgados por las instituciones auditadas cuyos recursos se hayan donado o aportado por los acreditados, directamente o por interpósita persona, a entidades de interés público que reciban financiamiento público y que por tal motivo hayan generado quebrantos financieros a las instituciones acreditantes, dichas entidades devolverán el monto de las operaciones de crédito involucradas con cargo a los financiamientos públicos que, conforme a las leyes que las rigen, reciban ordinariamente.
Este artículo significó incluso, que algunos votaran a favor de la impugnada Ley del IPAB y no debe ser olvidado por presumibles acuerdos a la espalda de los intereses del país.
No debemos tampoco olvidar que el 31 de julio de este año, la Cámara de Diputados ya tomó una decisión fundamental para dar a conocer la lista de los créditos irregulares e ilegales del Fobaproa-IPAB, contenidos en el CD ROM de las auditorías de Mackey y para ello se basó en la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativa a los fideicomisos de Banca Unión, haciendo incluso cita textual de dicha resolución, cuando se señala que:
"...El secreto bancario y el fiduciario no son absolutos, pues la misma legislación reconoce que éstos no deben de constituirse en obstáculos para la procuración e impartición de justicia."
A veces parece que la red de intereses mezclados en este tema, evita cualquier acción que pretenda desentrañar la verdad histórica de los hechos, la sanción de quienes son responsables de conductas ilícitas y recuperar los créditos que indebidamente endeudan al país.
Todos sabemos que los arquitectos de los quebrantos de Banca Unión fueron Carlos Cabal Peniche y Roberto Madrazo Pintado, que a la fecha gozan de total impunidad ante la pasividad de quienes deben tomar decisiones en esta Cámara.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de este pleno el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero.- Este pleno instruye a la Comisión de Vigilancia del Organo Superior de Fiscalización, para que solicite a la Entidad Superior de Fiscalización los expedientes relativos a los fideicomisos de Banca Unión que se remitieron a esta soberanía en acatamiento a una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para hacerlos del conocimiento de los diputados que integran esta legislatura.
Segundo.- Se solicita a la Comisión de Vigilancia instruya al órgano técnico para que lleve a cabo o agilice las auditorías correspondientes, para que en los términos del artículo 79 constitucional y séptimo transitorio de la Ley del IPAB, se deslinden las responsabilidades y se recuperen los créditos que indebidamente estamos pagando todos los mexicanos y las mexicanas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de octubre de 2001.
Dip. Adela del Carmen Graniel Campos (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO SOBRE LOS DETENIDOS Y DESAPARECIDOS EN MEXICO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO MIGUEL BORTOLINI CASTILLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DEL MARTES 16 DE OCTUBRE DE 2001
Durante su campaña electoral, el licenciado Vicente Fox, en reiteradas ocasiones señaló que una serie de problemas de violaciones de los derechos humanos serían investigados, más aún, en el transcurso del segundo debate entre los candidatos a la presidencia hizo una referencia explícita a todos esos personajes públicos, sin los cuales era imposible entender los cambios y las posibilidades democráticas que se abrían en México; explícitamente ubicó su búsqueda por ganar la presidencia de la República como un producto de la lucha de los estudiantes de 1968, del accionar de Manuel Clouthier, del grupo de mexicanos que formaron el frente democrático nacional en 1988, de la lucha de Heberto Castillo, de la dignidad del doctor Salvador Nava y de la "infatigable luchadora por los derechos humanos" Rosario Ibarra de Piedra.
Muchos, en ese momento, nos sentimos indignados ante ese hecho. Vicente Fox echaba mano de símbolos, que no tenían nada que ver con él, pero no cabe duda que fue un golpe de audacia.
El problema que tiene Vicente Fox y todos los que son como él es que, después de que la espuma baja, la ciudadanía juzga en función de lo que se hace y no de lo que se dice.
A casi un año de haber tomado posesión en su responsabilidad como Presidente de la República, no han sido aclarados ninguno de los casos que han conmovido a la nación. Ni los asesinatos políticos (los casos de Polo Uscanga, el Cardenal Posadas, Francisco Ruiz Massieu y Luis Donaldo Colosio siguen sin ser aclarados), ni las matanzas del 2 de octubre de 1968, ni la del 10 de junio de 1971, ni la de Acteal y el Bosque en Chiapas, tampoco la de Aguas Blancas y el Charco en Guerrero han sido aclaradas. Parece que no tan sólo se ha heredado un modelo económico excluyente sino que también todo el entramado de la impunidad.
En el caso de los detenidos-desaparecidos la situación ha sido similar o peor, en tanto, desde el poder se ha querido utilizar el problema de los desaparecidos como parte de la pugna interna para definir quién es el delfín. La polémica sobre una eventual comisión de la verdad encubre esta situación. La divergencia entre el inefable secretario de Relaciones Exteriores, aliado al señor que dicen que tiene algún tipo de responsabilidad en Seguridad Nacional, por un lado y el secretario de Gobernación por el otro, revela no únicamente la incapacidad del actual régimen por poner orden entre su equipo sino también la impresionante debilidad de las instituciones del país.
En el caso de los detenidos-desaparecidos, el problema no es establecer una verdad histórica sino llevar a cabo un acto de justicia. Cientos de mexicanos fueron detenidos de una manera ilegal, además de que fueron torturados, no fueron presentados ante el Ministerio Público y no fueron juzgados. Señoras y señores diputados estamos hablando de alrededor de mil mexicanos que padecieron todo esto.
Los familiares, los amigos, la sociedad requieren una información precisa y clara de lo que pasó con ellos, requieren que se les presente, que se ubiquen responsabilidades, y que todo esto se haga a satisfacción de los directamente involucrados. Si esto se logra con una comisión de la verdad o no, eso es lo de menos.
Desgraciadamente no existen indicios que nos permitan concluir que se avanza en ese sentido, más bien al contrario. Desde el 17 de diciembre del año 2000, el comité de familiares agrupado en el comité Eureka, que coordina la admirable Rosario Ibarra pidió formalmente una cita con el presidente Fox, sin que hasta la fecha haya habido algún tipo de respuesta. Atrás quedaron los elogios y la utilización de una figura y de una lucha con fines publicitarios y electorales, ahora se recibe a equipos de fútbol, (más aún creo que se ha recibido a más jugadores de fútbol que a miembros del Poder Legislativo o Judicial) o a atletas destacados pero no se dignan ni siquiera a responder negativamente al pedido de esas "infatigables y dignas luchadoras por los derechos humanos".
El problema es que con esa ausencia de respuesta, el presidente está violando el artículo octavo de la Constitución, en el cual se garantiza el derecho de audiencia. Igualmente se contraviene la tesis 768 de la Suprema Corte de Justicia en la que se plantea que el funcionario o la dependencia a quien se le solicita la entrevista tiene la obligación de responder positiva o negativamente en un plazo no mayor de cuatro meses.
Los familiares de los detenidos, desaparecidos que integran el Comité Eureka decidieron volver a hacer el recorrido que han hecho sexenio tras sexenio y llevaron, una vez más, los expedientes de sus familiares a la Procuraduría General de la República con una doble esperanza: en primer lugar, que ahora, gracias a esta legislatura existe una ley que las protege, al haberse establecido la desaparición como un delito y en segundo lugar ante la alternancia que se vivió en el gobierno de este país.
Si esa alternancia es verdaderamente el inicio de la transición a la democracia aquí existe una posibilidad de demostrarlo. Resolviendo el terrible caso de los desaparecidos.
Pero un primer paso que mostrarla sensibilidad política y social es que el presidente Fox recibiera a una comisión del Comité Eureka, para escuchar su reclamo y sus propuestas. Y si hablamos de sensibilidad, es porque es indispensable recordar al primer desaparecido, el profesor Epifanio Avilés Rojas, fue detenido ilegalmente el 19 de mayo de 1969, en el estado de Guerrero, por miembros del Ejército Mexicano bajo el mando del General Miguel Bracamontes y el Mayor Antonio López. Estamos hablando de hace más de 32 años. A esos ciudadanos, como Epifanio Avilés Rojas, independientemente de lo que hacían, se les violentaron sus derechos elementales y se puso a sus familiares en situaciones límite. Ningún Estado de derecho puede sustentarse sobre esas bases de ilegalidad e injusticia.
Por todo lo anterior y con fundamento en el artículo 58 del reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores suscritos, integrantes de varios grupos parlamentarios, sometemos a la consideración de esta H. Cámara de Diputados, el siguiente
Punto de Acuerdo
Unico: La Cámara de Diputados le formula la siguiente excitativa al Presidente de la República: recibir a una comisión del Comité Eureka para comenzar los trabajos para dar una solución justa a la demanda de la presentación de los presuntos detenidos-desaparecidos que existen en México.
Diputados: José Narro Céspedes, Humberto Domingo Mayáns Canabal, Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, José Antonio Hernández Fraguas, Víctor Manuel Gandarilla Carrasco, José Elías Romero Apis, Roberto Zavala Echavarría, Alberto Anaya Gutiérrez, José Manuel del Río Virgen, José Antonio Calderón Cardoso, Martí Batres Guadarrama, Petra Santos Ortíz, Ramón León Morales, Juan Manuel Carreras López, José Manuel Medellín Milán, J. Jesús Garibay García, Diego Cobo Terrazas, Bernardo de la Garza Herrera, Erika Elizabeth Spezia Maldonado, María Cristina Moctezuma Lule, Francisco Agundis Arias, Angel Enrique Herrera y Bruquetas, Jaime Martínez Veloz (rúbricas).
(De conformidad con el numeral 2 del artículo 22 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Presidencia hace suya la propuesta del diputado Miguel Bortolini Castillo y la transmite a la Presidencia de la República. Octubre 16 de 2001.)
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXIGE A LAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO FEDERAL QUE HAGAN EL PAGO DEL 100 POR CIENTO DE LOS RECURSOS DEL PROCAMPO A LOS BENEFICIARIOS DEL MISMO, EN LAS ZONAS TEMPORALERAS DEL PAIS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JUAN CARLOS REGIS ADAME, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT, EN LA SESION DEL MARTES 16 DE OCTUBRE DE 2001
Los suscritos diputados, integrantes de los diferentes grupos parlamentarios y partidos políticos acudimos a esta tribuna con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para plantear ante el pleno de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo, para apoyar a los productores agropecuarios que son afectados por las sequías u otros desastres para que puedan recibir el cien por ciento de los recursos del Procampo, bajo las siguientes
Consideraciones
Como a todos nos consta, el campo mexicano pasa por los peores momentos de su historia. Los problemas que tienen los campesinos son considerables:
Sequías en varias entidades federativas entre las que se encuentran Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, entre otras, abandono del Gobierno Federal, competencia desleal como resultado de la puesta en vigor del Capítulo Agropecuario en el marco del TLC, fijación de los precios agrícolas por parte de acaparadores y empresas transnacionales procesadoras de alimentos, bebidas y tabaco, así como el hambre y la desnutrición de los pobladores rurales; sin dejar de lado la impresionante miseria en la que viven, siendo ésta más acusada en las zonas indígenas y las zonas áridas.
Como legisladores no desconocemos que la economía campesina ha sido atacada de forma deliberada por parte del Gobierno Federal y los grandes empresarios capitalistas del campo, con el objeto de impulsar su desaparición gradual para que las tierras ejidales y comunales pasen a propiedad de esos grandes capitales agrícolas.
La aplicación de las reformas al artículo 27 constitucional realizadas en 1992 dan cuenta de ello, pero más todavía el desinterés que muestran las autoridades encargadas de la aplicación de las políticas agrarias, para quienes es más importante impulsar la conversión de estos productores en empresarios agrícolas, que canalizarles recursos para aumentar la productividad y con ello asegurar la autosuficiencia alimentaria.
Pero frente a todos estos problemas descritos, nos interesa el día de hoy destacar uno en particular. Nos referimos al apoyo que reciben los campesinos a través del Procampo y los problemas que enfrentan para obtener esos recursos cuando se presentan situaciones de desastres naturales, como son las sequías, las trombas, granizadas, heladas, entre otras.
Conforme la normatividad que regula el funcionamiento del citado programa, los poseedores de parcelas elegibles para los cultivos previamente señalados conforme el Decreto del 26 de julio de 1994, reciben de forma anticipada los recursos correspondientes de 829 pesos por hectárea, actualmente.
Para llevar a cabo las siembras, el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias que depende de la Sagarpa, determina qué siembran y qué variedades pueden realizarse, así como las regiones en donde pueden instrumentarse esos cultivos. En resumen, ese instituto hace recomendaciones técnicas para la factibilidad de las siembras.
Por lo tanto, las recomendaciones del INIFAP sirven de base a los productores para ejecutar las siembras si las condiciones climatológicas recomendadas son adecuadas para los cultivos. Sólo en esas circunstancias podrán recibir la totalidad de los recursos del Procampo señalados por hectárea elegible que haya sido sembrada.
Cosa muy distinta ocurre con los productores que en caso de que llegaran a presentarse problemas de sequías o cualquier otro desastre imprevisto no llegan a realizar las siembras.
Esos productores reciben apoyos sólo si mediante la gestión del gobernador de la entidad correspondiente se crean programas emergentes, los cuales funcionan mediante recursos del Procampo que la Secretaría de Hacienda reasigna a esos programas.
Pero en este caso sólo se les apoya con el 75 por ciento de los recursos que corresponden por hectárea elegible.
Compañeras y compañeros diputados:
El grupo parlamentario del Partido del Trabajo quiere dejar claro que en nuestra nación los campesinos reciben anualmente recursos en cantidades tan pequeñas que resultan insuficientes para impulsar el aumento de la producción agropecuaria. También hemos señalado cómo los Estados Unidos canalizan recursos anuales por 92 mil millones de dólares a sus productores.
Para la producción de maíz lanzan anualmente recursos por 28 mil millones de dólares. En el caso de Corea del Sur que es una nación con similar desarrollo industrial que la nuestra se otorgan recursos al campo por 24 mil millones de dólares al año, mientras que en nuestro país, entre el Procampo y el Aserca los recursos apenas suman al año mil 563 millones de dólares.
Entonces nos preguntamos, ¿por qué la Secretaría de Hacienda otorga sólo el 75 por ciento de los recursos a los productores agropecuarios cuando por problemas de sequía o cualquier otro fenómeno imprevisto no logran consumarse las siembras?
¿Acaso depende de los productores la precipitación pluvial que pueda lograrse?
Por esa razón, los suscritos diputados, integrantes de los diferentes grupos parlamentarios representados en esta Cámara y partidos políticos, con base en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos sometemos al pleno de esta soberanía el siguiente
Punto de acuerdo para que sea considerado como de urgente y obvia resolución
Artículo Unico. Que el pleno de esta soberanía solicite a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que autorice que los recursos que se destinan al Procampo se otorguen al ciento por ciento a los productores que tuvieron problemas de sequía, siempre y cuando hayan realizado alguna labor de preparación de las tierras. Estos recursos deben canalizarse a través de la Sagarpa para que sean entregados a los productores de manera directa.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro,
a los 16 días del mes de octubre de dos mil uno.
Diputados: José Narro Céspedes, Jaime Cervantes Rivera, José Jaimes García, César Duarte Jáquez, Silverio López Magallanes, Miguel Ortiz Jonguitud, José Antonio García Leyva, Julián Luzanilla Contreras, José Manuel del Río Virgen, Alberto Anaya Gutiérrez, Martí Batres Guadarrama, Santiago Guerrero Gutiérrez, Alfonso Oliverio Elías Cardona, Jaime Cervantes Rivera, José A. Calderón Cardoso, Víctor García Dávila, Rosa Delia Cota Montaño, Juan Carlos Regis Adame, Petra Santos Ortiz, Félix Castellanos Hernández, (rúbricas).
(En votación económica, se aprueba. Octubre 16 de 2001.)
CON PUNTO DE ACUERDO SOBRE EL IMPACTO DEL TLCAN EN LA VENTA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS AL SECTOR PUBLICO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO PEDRO MIGUEL ROSALDO SALAZAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DEL MARTES 16 DE OCTUBRE DE 2001
Consideraciones
Como ya lo señalamos en el anterior periodo ordinario de sesiones, respecto a la proposición que presentamos solicitando al Senado de la República la revisión de los efectos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en la industria farmacéutica de capital nacional, esa industria conforma uno de los pilares del desarrollo nacional debido a la importancia que guarda en el desarrollo industrial del país, en la salud de la población y en el fortalecimiento del mercado interno.
No obstante, con la política de apertura comercial, acelerada e indiscriminada, puesta en marcha desde finales de los años setenta, y cuya culminación encontramos en el tratado comercial mencionado, la industria farmacéutica nacional ha sido severamente golpeada. En efecto, la apertura comercial fue verdaderamente desfavorable para el sector: en 1987 contaba con 88 empresas que producían el 75 por ciento de las necesidades de los laboratorios farmacéuticos, y actualmente quedan solamente once, los cuales cubren aproximadamente el 15 por ciento de esos requerimientos, teniéndose que importar el 85 por ciento restante.
Dentro de este panorama, debe destacarse que, de acuerdo con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, a partir del primero de enero del año 2002, las transnacionales farmacéuticas podrán vender sus productos al sector público mexicano. En el anexo 1001.2-A, correspondiente al capítulo X, compras al sector público, del Tratado, se establecen los mecanismos de transición para México. En el punto seis de ese anexo se lee:
Productos farmacéuticos
6. Este capítulo no se aplicará, hasta el 1 de enero de 2002, a las compras de medicamentos efectuadas por la Secretaría de Salud, el IMSS, el ISSSTE, la Secretaría de Defensa y la Secretaría de Marina, que no estén actualmente patentados en México o cuyas patentes mexicanas hayan expirado. Nada en este párrafo prejuzgará los derechos de conformidad con el Capítulo XVII, "Propiedad intelectual".
La mayoría de las empresas farmacéuticas de capital nacional han surtido con éxito al sector salud. Las adquisiciones del sector público se realizan por medio de concursos consolidados. Esta competencia regulada, ha provocado que los precios promedio de los medicamentos demandados por el sector salud, presenten una curva descendente por unidad adquirida. De acuerdo con datos de la Asociación Nacional de Fabricantes de Medicamentos, AC (Anafam), el precio promedio por unidad adquirida ofrecido por las empresas nacionales al sector público, en 1993, fue de 0.83 dólares y para 1999 descendió a 0.56, es decir, se presentó una reducción de 33 por ciento. En tanto, en el sector privado la evolución fue a la inversa, los precios promedio por unidad adquirida fueron, en 1993, de 3.04 dólares, en tanto que en 1999 ascendieron a 4.80, es decir, presentaron un incremento de 58 por ciento.
Todo lo anterior, dadas las condiciones anotadas, permite prever el desplazamiento de la industria farmacéutica de capital nacional, la concentración de esa oferta en unos cuantos laboratorios transnacionales, y un futuro incremento en los precios de los medicamentos, incluidos los de la canasta básica.
De esta manera, se rebasa al artículo 28 constitucional que establece:
"... la ley castigará severamente y las autoridades perseguirán con eficacia, toda concentración o acaparamiento, en una o pocas manos, de artículos de consumo necesario y que tengan por objeto obtener el alza de los precios; ... "
Sin embargo, el TLCAN favorece esa concentración y ese aumento de precios. En conclusión, la aplicación del TLCAN implica sujetarse al derecho extranjero, olvidando el estado del desarrollo nacional, su fomento y la salud de la población mexicana.
Por ello, si bien es necesario realizar una revisión y renegociación profundas del TLCAN, en su conjunto -sobre las bases de un reconocimiento real de las asimetrías existentes, entre los tres países miembros, de una verdadera cooperación internacional, y de un gobierno democrático, y, por ende, fuerte, capaz y decidido a negociar mejores términos para todos los mexicanos- el peligro que implica el vencimiento del plazo para que las transnacionales farmacéuticas inicien ventas al sector público nacional obliga a promover de manera inmediata, a través del Senado de la República, una extensión de ese término.
Se considera viable promover que la prórroga se extienda hasta el año 2008. Esto implicaría que el sector farmacéutico de capital nacional recibiera, de acuerdo con el TLCAN, trato igual al de otros productos nacionales sensibles, social y económicamente, como el maíz, el frijol y la leche en polvo.
Los comentarios aquí vertidos, se hacen sin desconocer las facultades exclusivas del Senado de la República en materia de aprobación de tratados internacionales. Tienen el propósito, de plantear un grave problema que afecta en primer lugar la salud de millones de mexicanos, así como a la industria farmacéutica, y sugerir una vía de solución.
Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 23, inciso f, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores suscritos, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, solicitamos a la Presidencia de la Cámara de Diputados turne a la Cámara de Senadores la siguiente
Proposición
Unica. Dada la importancia del sector farmacéutico nacional en el desarrollo industrial del país, la salud de los mexicanos y el fortalecimiento del mercado interno, esta Cámara de Diputados se pronuncia porque se amplíe el plazo, establecido en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, para que los laboratorios farmacéuticos transnacionales inicien ventas al sector público mexicano. El término deberá extenderse hasta el año 2008. Lo anterior implicaría que el sector farmacéutico de capital nacional recibiera, de acuerdo con el propio TLCAN, trato igual al de otros productos nacionales sensibles, social y económicamente, como el maíz, el frijol y la leche en polvo.
Palacio Legislativo de San Lázaro, 16 de octubre de 2001.
Dip. Pedro Miguel Rosaldo Salazar (rúbrica)
ADICION A LA PROPOSICION DEL DIPUTADO PEDRO MIGUEL ROSALDO SALAZAR, Y PRESENTADA POR EL DIPUTADO ERNESTO SARO BOARDMAN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, EN LA SESION DEL MARTES 16 DE OCTUBRE DE 2001
El grupo parlamentario de Acción Nacional, apoya la propuesta, de ampliación del plazo para la libre importación de medicamentos, por las instituciones de salud mexicanas, que son grandes compradoras, como el IMSS y el ISSSTE, y que se siga requiriendo de un mínimo de integración nacional del 50 por ciento de sus insumos, como está hasta el día de hoy, realizando primero un concurso con estas características, y de no haber abasto suficiente, se hace un concurso internacional, privilegiando así a los proveedores de medicamentos producidos en México, con insumos mexicanos.
Esto permite que las adquisiciones, hechas por estas instituciones, sean producidas en nuestro país por empresas nacionales y multinacionales, generando empleos y fortaleciendo la economía nacional. Asimismo, permite que tanto nuestras autoridades sanitarias, como las instituciones adquirientes vigilen estrechamente los procesos productivos, de estos medicamentos, para garantizar la calidad y la salud de millones de mexicanas y mexicanos.
Por lo que atentamente solicitamos se añada al punto de acuerdo presentado por el diputado Rosaldo los siguientes párrafos.
El grupo parlamentario de Acción Nacional, solicita a la Secretaría de Economía verifique el ámbito de aplicación en esta materia de los artículos 1001 al 1007 del TLCAN, en lo referente a compras y arrendamientos de empresas gubernamentales, y establecer las reservas y negociaciones que sean pertinentes, para eximir, o en su caso prolongar el periodo de protección al considerar las compras del IMSS e ISSSTE, como gubernamentales y proteger a la industria asentada en México.
Solicitamos a la Secretaría de Salud, revise su reglamentación, para que en este lapso de tiempo se aproveche, para que se exija en el caso de futuras compras internacionales, los mismos requisitos sanitarios que a las empresas establecidas en nuestro país, así como prever, por esta Secretaría, y las entidades adquirientes, que la supervisión y control en los medicamentos importados este debidamente contemplada en nuestra legislación sanitaria, para garantizar su calidad y por ende la salud de las mexicanas y mexicanos que consuman estos medicamentos.
Acción Nacional, apoya la solicitud de ampliación de este periodo, no sólo con un simple afán proteccionista, sino preocupados por que de abrirse la importación el próximo año, no estaríamos preparados para garantizar la calidad de los medicamentos que se importan, al no tratarse desde un punto de vista sanitario igual que los fabricados en México, e insistimos lo primero es la salud de las mexicanas y los mexicanos, y además el fortalecimiento de la industria farmacéutica nacional y multinacional, que confiando en nuestro país, invirtieron para construir sus plantas en él.
Dip. Ernesto Saro Boardman (rúbrica)
(Túrnese a las Comisiones de Comercio y Fomento Industrial, y de Salud. Octubre 16 de 2001.)
ADICION A LA PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO DEL DIPUTADO PEDRO MIGUEL ROSALDO SALAZAR, PRESENTADA POR LA DIPUTADA MA. DE LA NIEVES GARCIA FERNANDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA SESION DEL MARTES 16 DE OCTUBRE DE 2001
Con el propósito de profundizar sus relaciones económicas, políticas y de cooperación, México, Estados Unidos y Canadá, en 1994 firmaron el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, a través del cual convinieron elaborar un marco favorable para, entre otros objetivos, desarrollar los intercambios de mercancías, servicios e inversiones, incluyendo su liberalización progresiva y recíproca, dentro de un marco de equidad en condiciones que favorecieran una competencia comercial de los países firmantes. Sin embargo hay sectores aún para los cuales los plazos acordados no han sido suficientes y requieren más tiempo para ser competitivos. Pero no debemos soslayar que los acuerdos signados deben tener cumplimiento. El sector salud en el rubro de productos farmacéuticos puede continuar adquiriendo sus insumos en la industria farmacéutica nacional como acuerdo interno, a pesar de que en el año 2002 se dé cumplimiento a la apertura de fronteras sobre dichos productos cumpliendo con las fechas pactadas.
Por otro lado, el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional sugiere analizar los pros y contras que afecten o beneficien la prórroga propuesta por los compañeros del partido de la Revolución Democrática, ya que haciendo una reflexión no tenemos la certeza de en qué grado la competencia internacional perjudique a la planta productiva nacional, también debe evaluarse el beneficio que podrían tener los casi 100 millones de mexicanos ante la posibilidad de adquirir productos farmacéuticos con una mejora en la relación calidad-precio.
No olvidemos que los acuerdos pueden ser sujetos a varias interpretaciones, como nos hemos podido dar cuenta con la industria azucarera y en materia de transportes, que en nuestro concepto, deberían de haberse cumplido. Con lo anterior, es palpable que nuestros socios comerciales del norte no han cumplido con lo que nosotros esperábamos, haciendo argumentaciones que consideramos son violatorias a los acuerdos establecidos.
Es decir, nuestros socios comerciales del norte nos han dado razones suficientes para que en el caso que nos ocupa respecto a que el próximo primero de enero de 2002, las transnacionales farmacéuticas podrán vender sus productos al sector público en nuestro país, les correspondiéramos con igual trato de no cumplir el mencionado acuerdo de libre comercio y de acceder al planteamiento del grupo parlamentario del PRD para que se amplíe el plazo que en sentido nacionalista debemos apoyar, y así proteger nuestra industria farmacéutica y los empleos que genera entre otros rubros, para no caer en actividades anticompetitivas y conductas o prácticas que restrinjan la competencia nacional.
Por lo anterior expuesto, y con la finalidad de consensar el plazo que se deba requerir, solicitamos que este punto se turne a las Comisiones de Comercio y Salud de esta Cámara y en su oportunidad se envíe a la colegisladora del Senado, para que dentro de sus competencias señaladas en el artículo 76, párrafo 1º de la Carta Magna, determine lo conducente.
(Túrnese a las Comisiones de Comercio y Fomento Industrial, y de Salud. Octubre 16 de 2001.)
CON PUNTO DE ACUERDO SOBRE EL INSTITUTO DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JAIME SALAZAR SILVA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, EN LA SESION DEL MARTES 16 DE OCTUBRE DE 2001
Considerandos
1. Que el artículo quinto transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario en su primer párrafo establece como obligaciones del Instituto de Protección al Ahorro Bancario, administrar las operaciones del programa conocido como "de capitalización y compra de cartera" y dar cumplimiento a lo señalado en el artículo séptimo transitorio de ese mismo cuerpo normativo, a fin de que se concluyan las auditorías ordenadas por la Cámara de Diputados. De la misma forma, y en el mismo artículo quinto transitorio se establecen las reglas de procedimiento en caso de encontrar irregularidades en el resultado de dichas auditorías, como son el deslinde de responsabilidades a que hubiere lugar y de igual manera asumirá las obligaciones legales y económicas.
2. Que al mismo tiempo, en el mencionado artículo se establece el canje de los títulos de crédito emitidos por el Fondo de Protección al Ahorro Bancario (Fobaproa) por los que emitirá el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) debiendo este último devolver los derechos de cobro de la cartera objeto del Programa de Capitalización y Compra de Cartera, el cual funcionará como garantía o instrumento de pago que cubra los referidos derechos de cobro, en los términos y condiciones que señalen las Reglas Generales que para tal efecto la Junta de Gobierno emitió el 16 de junio de 1999.
3. Que es importante establecer que si de los resultados de las auditorías a celebrarse se desprendiesen créditos ilegales, sería obligación del IPAB mediante resolución de la Junta de Gobierno rechazar y devolver dichos créditos a las instituciones financieras, las que a su vez tendrán la opción de designar otros activos por montos equivalentes a los créditos devueltos a satisfacción del IPAB. De no aplicarse lo anterior, el Instituto tendría la obligación de reducir los montos respectivos de la garantía o instrumento de pago que se emitiría a través del canje de pagarés.
4. Que del informe de resultados sobre la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 1999, que rinde la Auditoría Superior de la Federación, con relación a la auditoría especial que realiza de manera permanente sobre el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades asignadas al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, en los artículos transitorios de la ley de la materia y demás normatividad aplicable, se desprende que este órgano técnico recomendó al IPAB en septiembre de 2000 iniciar una auditoría para detectar posibles irregularidades o ilegalidades en los créditos del grupo A(a) que reportó el auditor Michael Mackey; créditos que en su momento deberá asumir el IPAB al suscribir los contratos de adhesión al nuevo programa que sustituye al de Capitalización y Compra de Cartera.
5. Que es de conocimiento general, que en el mes de junio del año en curso, el IPAB realizó diversos intentos para efectuar la revisión legal a las operaciones A(a), sin embargo, las instituciones involucradas en este tipo de créditos manifestaron en diversas reuniones y comentarios públicos su renuencia y preocupación respecto del alcance de las auditorías recomendadas por el órgano superior de fiscalización. Posteriormente, dichas instituciones alegaron la carencia de facultades del IPAB para realizar una revisión legal de los créditos A(a), manejando el principio de la necesidad del consentimiento de las propias instituciones que decidieron adherirse al nuevo programa a que se refiere el artículo quinto transitorio citado, toda vez que, de otra manera, y por no tener atribuciones legales expresas, el IPAB no estaría en posibilidades de realizar la mencionada revisión.
6. Que ante la reiterada insistencia del IPAB para llevar a cabo la revisión a los créditos A(a) ordenados por el órgano superior de fiscalización, propició que la Asociación de Banqueros de México respondiera a nombre de cuatro instituciones financieras BBV, Bancomer, Banamex, Banco Internacional y Banco Mercantil del Norte que: "no están en condiciones de consentir la revisión de créditos a que se hace referencia en los oficios, ni de consentir ni de formular comentario alguno a los términos de referencia para créditos reportables que el IPAB envió a su consideración".
7. Que de lo anterior, el propio auditor del órgano superior de fiscalización, Guerrero Pozas, manifiesta en su informe una falta de disposición para dar transparencia a la compra de flujos de cartera que efectuó el Fobaproa con el aval del Gobierno federal y una negativa a cumplir con lo dispuesto en el artículo quinto transitorio de Ley de Protección al Ahorro Bancario; estableciendo a su vez que "independientemente de quien deba (Fobaproa o IPAB) cubrir el costo de los créditos no recuperados y del financiamiento obtenido para la compra de los flujos de la cartera de las instituciones de banca múltiple, el aval es el Gobierno federal, lo cual obliga a asegurarse de que no existieron irregularidades o ilegalidades en las operaciones".
8. Que independientemente de los términos y condiciones que se establecen en los artículos 34 y décimo tercero transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, no fue sino hasta a principios del mes de septiembre del presente año, cuando la Comisión Nacional Bancaria y de Valores por fin transfirió al IPAB las instituciones bancarias intervenidas con el objeto de que el Instituto en cumplimiento a lo ordenado por la ley citada iniciara el proceso de liquidación de las mismas.
9. Que esta Cámara de Diputados, dentro de sus obligaciones para con la sociedad mexicana, en relación al rescate bancario es velar porque las instituciones gubernamentales cumplan con el objetivo diseñado por el Congreso de la Unión a través de los artículos transitorios de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, "Lograr el menor costo fiscal a la hacienda pública.". Y no es precisamente aceptando el criterio que manifestó la Asociación de Banqueros de México, admitida explícitamente por el Secretario Ejecutivo del IPAB en su comparecencia ante este órgano legislativo el pasado mes de septiembre, como podemos reducir el costo del rescate bancario.
10. Para el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, es prioridad que se cumpla con lo establecido en los artículos quinto y séptimo transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, toda vez que su puntual aplicación generaría un costo menor a la hacienda pública. Por lo tanto, resulta inadmisible que las instancias gubernamentales competentes, acepten y sostengan el argumento planteado respecto a las auditorías por la Asociación de Banqueros de México por lo cual éste grupo parlamentario del Partido Acción Nacional rechaza categóricamente y llama a todas las partes involucradas a cumplir con el mandato de ley.
Por las razones anteriormente expuestas, los diputados federales del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos presentar a la consideración del pleno de esta Cámara, el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero.- La Cámara de Diputados exhorta a las autoridades competentes y a las instituciones financieras que se adhirieron al nuevo programa que sustituye al de Capitalización y Compra de Cartera a realizar las auditorías necesarias a los créditos reportables A (a). Si del resultado de dichas auditorías, se desprendieran irregularidades, aplicar el párrafo cuarto de la fracción II del artículo quinto transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario.
Segundo.- De igual manera, se conmina al Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) a realizar una revisión minuciosa de las instituciones bancarias intervenidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a fin de clarificar las operaciones irregulares e identificar el estatus financiero actual que guarda cada una de ellas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de octubre de 2001.
Diputado Jaime Salazar Silva (rúbrica)
(Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Octubre 16 de 2001.)
CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE LA CAMARA DE DIPUTADOS SOLICITE AL PODER EJECUTIVO FEDERAL, LA INCLUSION EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE EDUCACION PRIMARIA, DE UNA ASIGNATURA QUE FOMENTE LOS VALORES UNIVERSALES Y DE DESARROLLO HUMANO INTEGRAL Y TRANSCENDENTE, PRESENTADA POR EL DIPUTADO OSCAR OCHOA PATRON, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, EN LA SESION DEL MARTES 16 DE OCTUBRE DE 2001
Compañeros y compañeras diputadas:
Los que suscribimos, diputados federales del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LVIII Legislatura de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta Asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo a fin de la H. Cámara de Diputados, solicite al Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Educación Pública, la inclusión en los planes y programas de estudio de educación primaria, de una asignatura que fomente los valores universales y de desarrollo humano integral y trascendente, misma que se fundamenta y motiva bajo las siguientes:
Consideraciones
El mundo actual se presenta como un gigantesco mosaico en el que se entremezclan una gran variedad de razas, culturas, formas de pensamiento, estilos de vida, y formas de trabajar. Los medios de comunicación como la prensa, la radio, la televisión y las redes informáticas, están jugando un papel determinante en el acelerado tránsito a la internacionalización de algunos conceptos e ideas. Resultan innegables las ventajas surgidas con estos acontecimientos, sobre todo en los aspectos educativos. Hoy podemos estudiar a distancia o acceder rápidamente a modernas técnicas de información con solo oprimir una tecla, ya sea en países europeos, orientales, o sudamericanos.
Este fenómeno de globalización, trae aparejadas también algunas desventajas, como la constante proyección de la violencia reflejada en algunos programas televisivos o películas, la xenofobia o discriminación manifiesta en algunos países, así como la escasa identidad nacional de otros territorios.
Las diferencias de las escalas valorales de habitantes de otras latitudes y las nuestras, pueden presentar cierto grado de confusión en nuestros educandos. Para esto es imprescindible tomar algunas previsiones de carácter programático, con el objeto de aprovechar los beneficios y desechar los inconvenientes hasta donde sea posible.
Consideramos los diputados suscritos, que precisamente esos inconvenientes, pueden ser subsanados mediante la inclusión de una asignatura que promueva los valores contemplados en la propia Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley General de Educación, así como en el Programa Nacional de Educación 2001-2006.
De manera paralela, vale la pena recordar en estas consideraciones, aquellas sabias palabras que dicen: "Todo proyecto educativo, corresponde a todo proyecto de nación"... Esta frase encierra en sí misma, el espíritu que impulsa esta propuesta. Si los mexicanos deseamos construir una gran nación, necesitamos alentar los proyectos que respondan a las necesidades estructurales y de fondo. Para lograr esto, es necesario incentivar tanto en el interior de nuestras familias como en las mismas escuelas, los mecanismos oportunos que den como resultado, la adopción de conductas positivas de nuestras niños y niñas para que en el futuro sean ciudadanos responsables, honestos, respetuosos, tolerantes, solidarios, que aprecien el valor del trabajo, que defiendan la paz, y que estén dispuestos a desenvolverse en un clima de legalidad, en donde la corrupción sea parte del pasado.
Solamente formando a nuestros niños y niñas en valores, tendremos un país próspero. Necesitamos facilitar a las generaciones que gobernarán en el futuro las herramientas que les permitan la correcta elaboración de los juicios de valor, una oportuna toma de decisiones, y los comportamientos que tengan como punto de partida lo que beneficia a todos los seres humanos. Para esto estamos promoviendo con esta proposición una práctica docente en base a una asignatura bien definida, que se caracterice por un compromiso cotidiano con los valores propios de la convivencia armónica.
Esta propuesta ofrece una visión más promisoria que la actual. México necesita para entrar al reto que se le presenta, estar orientado a lograr que la educación sea enfocada con la calidad suficiente para forjar a los futuros padres de familia, profesionistas, servidores públicos, prestadores de servicios, etc, ofreciendo a todos los alumnos una mayor formación en valores que los ubique en igualdad de oportunidades, para poder participar, y decidir con la responsabilidad e independencia necesarias.
Que nos brinde además la opción de lograr una convivencia ordenada y pacífica, ubicando la conducta ética en sus dimensiones individual, social, económica, ecológica y política.
Buscamos una transformación de las instituciones fundamentales de la sociedad: la familia y la escuela, que se refleje claramente en la mayor conciencia que adquieran los niños y los jóvenes de sus derechos, sea de forma incipiente una percepción crítica de la realidad y de las diferentes situaciones de la vida.
Experiencias internacionales
Uno de los documentos más importantes en los que podemos ubicar esta propuesta es en el informe "La educación encierra un tesoro", dirigida a la UNESCO por la Comisión Internacional sobre la Educación para el siglo XXI, (presidida por Jaques Delors) donde se pretende fundamentalmente formar en los educandos, desde edades muy tempranas, los valores y las competencias, para que aprendan a convivir con igualdad, y a establecer relaciones de justicia, colaboración, participación, solidaridad, diálogo, amistad, de tal manera que además se reduzcan los prejuicios, las hostilidades y la violencia que predominan en el mundo actual. En esencia se buscará una educación para la paz.
Otra declaración de interés para los valores es la de Jomtiem (Jomtiem, Tailandia, 1990), en la que México participó, en esta declaratoria se puntualizó que la clave del desarrollo humano radica en la satisfacción de las necesidades básicas del aprendizaje (la lectura, escritura, expresión oral y escrita, aritmética y resolución de problemas), como de contenidos básicos de aprendizaje (conocimientos, habilidades, valores y actitudes) que requieren los seres humanos para sobrevivir, desarrollar plenamente sus capacidades, vivir y trabajar con dignidad, participar plenamente en el desarrollo, mejorar la calidad de su vida, tomar decisiones informadas, y continuar aprendiendo. Todo ello se agrupó bajo el concepto de "educación para una vida mejor".
Diez años después de dicha declaración, el Informe Subregional de América Latina, que forma parte del esfuerzo para analizar que ha ocurrido durante este tiempo y retomar el impulso original, con la intención de reafirmar la voluntad política que los países de América Latina mostraron, reporta que el tratamiento curricular de los contenidos y temas relacionados con la educación para una vida mejor es diferente en los países signatarios. Las modalidades adoptadas van desde la inclusión como parte de los objetivos nacionales de educación y los incorporan en una o más asignaturas específicas, como ciencias sociales o naturales; en otros países forman parte de sus objetivos nacionales de tipo transversal y se abordan a lo largo de todo el currículo; y otros más hacen una mezcla de ambos y se incluyen tanto en los objetivos transversales como en las diferentes asignaturas o áreas curriculares.
Ciertos países como Colombia, enfatizan las dimensiones éticas y los valores que están en el trasfondo del respeto a los derechos humanos, la tolerancia, la democracia y la paz, y sus objetivos de aprendizaje se orientan a desarrollar en los alumnos las capacidades de discernimiento necesarias para actuar a partir de la reflexión crítica de los temas.
Antecedentes nacionales
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 3º, fracción III, señala que "...corresponde al Poder Ejecutivo Federal, determinar los planes y programas de estudio de la educación primaria, considerando la opinión de los gobiernos de las entidades federativas y de los diversos sectores involucrados en la educación?" por lo que los legisladores federales debemos ser los más interesados, en que las condiciones de aprendizaje en el país, se vean directamente relacionadas con las necesidades actuales de la población.
Es necesario considerar en esta propuesta, la referencia del Plan Nacional de Desarrollo, donde se contextualiza en el objetivo rector 1 que "?mejorar los niveles de educación y bienestar de los mexicanos, el gobierno propone como estrategia que la política educativa debe lograr que los mexicanos adquieran los conocimientos, competencias y destrezas, así como las actitudes y valores necesarios para su pleno desarrollo y para el mejoramiento de la nación.." Asimismo en el objetivo rector 4, se señala que "... fortalecer la cohesión y el capital sociales, se expone que precisamente el fortalecimiento de la cohesión y el capital sociales, se basa en el desarrollo de formas de solidaridad que refuercen los vínculos de identidad, den un sentido de pertenencia a partir de los valores, orientaciones comunes y relaciones de confianza.."
El Acuerdo Político para el Desarrollo Nacional, signado recientemente por el titular del Poder Ejecutivo federal, y los presidentes de los partidos políticos existentes en México, se refiere en la agenda del ámbito social, a desarrollar una política cultural que fomente y difunda el conocimiento y el respeto de los valores locales, regionales y nacionales.
Al tiempo que propicie la difusión del arte y la cultura universales, y a fomentar mediante instrumentos jurídicos e institucionales, un cambio cultural que contribuya a eliminar las prácticas de discriminación, de exclusión y de intolerancia, que padecen diversos grupos sociales.
Por otro lado, la educación en valores, según lo refiere el Instituto de Humanidades Argé de Hermosillo, Sonora, es inherente a la educación que se imparte en la escuela, entendida esta como la instancia donde cotidianamente, en las diversas actividades, los valores son construidos, analizados y clarificados; donde están presentes el diseño de la estrategia planificadora y programática de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Tratar por tanto de valores y educación es referirnos a factores que en la vida de la escuela se encuentran entremezclados, interdependientes y a favor del ser humano.
Independientemente de lo estipulado en los documentos referidos, y de lo expresado en los diversos foros nacionales e internacionales, el éxito de esta propuesta se dará en la medida en que las autoridades educativas, los docentes, los padres y madres de familia, la hagan suya, la conozcan, la manejen y la lleven a la práctica con la decisión, la fuerza y el pleno convencimiento de que los beneficios son para todos los mexicanos.
Es por lo anteriormente expuesto, que los diputados abajo firmantes, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Primero: Que esta H. Cámara de Diputados, solicite al Poder Ejecutivo federal a través de la secretaría de Educación Pública, se considere la inclusión en los planes y programas de estudio de Educación Primaria, una asignatura que fomente los valores universales, humanos y trascendentes, como la libertad, el respeto, la tolerancia, la honestidad, la responsabilidad, la defensa de la paz, la apreciación por el trabajo, la identidad y dignidad de los pueblos, y los demás que contemple la Ley General de Educación, y los referidos en el Programa Nacional de Educación 2001-2006.
Segundo: Que las comisiones competentes de esta H. Cámara de Diputados, den puntual seguimiento de las acciones que para este fin se emprendan, procurando que esta propuesta sea integrada en el siguiente año lectivo 2002-2003.
Dado en el Palacio Legislativo, a los 16 días del mes de octubre de 2001.
Diputados: Eduardo Rivera Pérez, Oscar Romeo Maldonado Domínguez, Ernesto Saro Boardman, Martín Hugo Solís Alatorre, Julián Hernández Santillán, Mónica Leticia Serrano Peña, Miguel Gutiérrez Hernández, Alfonso Sánchez Rodríguez, Héctor Méndez Alarcón, Jaime Salazar Silva, Arturo San Miguel Cantú, César Patricio Reyes Roel, Marcos Pérez Esquer, Manuel de Jesús Espino Barrientos, Silvia Alvarez Bruneliere, Vicente Pacheco Castañeda, Celita Trinidad Alamilla Padrón, María del Rocío García Gaytán, José Carlos Luna Salas, J. Jesús López Sandoval, Alfonso Vicente Díaz, María Isabel Velasco Ramos, Manuel Castro y del Valle, Esteban Sotelo Salgado, Benjamín Ayala Velázquez (rúbricas).
(Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos. Octubre 16 de 2001.)
Convocatorias
DE LA COMISION ESPECIAL DE LA AGROINDUSTRIA AZUCARERA DE MEXICO
A su reunión ordinaria de trabajo, que se efectuará el miércoles 17 de octubre, a las 9 horas, en el salón C del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Francisco Castro González
Presidente
DE LA COMISION DE REGLAMENTOS Y PRACTICAS PARLAMENTARIAS
A su reunión de trabajo, que se llevará a cabo el miércoles 17 de octubre, a las 9 horas, en el salón D del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
1. Declaración de quórum.
2. Lectura del orden del día.
3. Discusión y, en su caso, votación del proyecto de dictamen del Reglamento de la Unidad de Evaluación y Control de Auditoría Superior de la Federación.
4. Informe sobre los trabajos de la Subcomisión de Inscripción en Letras de Oro y Eventos Especiales.
5. Asuntos turnados a la Comisión en referencia al marco jurídico del Congreso:
a. Propuesta de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
b. Propuesta de reforma a la Ley Orgánica del Congreso General.
c. Propuesta de reforma al Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General.
6. Definición de criterios para la adecuación del marco jurídico del Congreso General.
7. Asuntos generales.
Atentamente
Dip. Augusto Gómez Villanueva
Presidente
DE LA COMISION DE FOMENTO COOPERATIVO Y ECONOMIA SOCIAL
A la reunión de su Mesa Directiva, que se efectuará el miércoles 17 de octubre, a las 12 horas, en la sala de juntas de la Comisión, ubicada en el edificio F, primer nivel.
Atentamente
Dip. Herbert Taylor Arthur
Presidente
DE LA COMISION DE DESARROLLO SOCIAL
A la reunión de trabajo de la Subcomisión de Análisis Legislativo, que se llevará a cabo el miércoles 17 de octubre, a las 14 horas, en el salón C del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
1. Lista de asistencia y declaración de quórum.
2. Validación del proyecto de dictamen al punto de acuerdo del Soconusco.
3. Asuntos generales.
Atentamente
Dip. Víctor León Castañeda
Coordinador de la Subcomisión
DE LA COMISION DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES
A su reunión plenaria, que se efectuará el miércoles 17 de octubre, a las 14:30 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
1. Registro de asistencia y declaración de quórum.
2. lectura y aprobación del orden del día.
3. Lectura y aprobación del acta anterior.
4. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen de la iniciativa que reforma y adiciona la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
5. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen del punto de acuerdo para que se haga un exhorto a las autoridades responsables y se cumpla el mandato dispuesto por artículo 22 de la Ley General de Salud.
6. Asuntos generales.
Atentamente
Dip. Arcelia Arredondo García
Presidenta
DE LA COMISION DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES
A la reunión de la Subcomisión de Discapacidad, que se efectuará el miércoles 17 de octubre, a las 17 horas, en el salón A del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
1. Lista de asistencia.
2. Lectura del acta anterior.
3. Información de trabajos en otras áreas en materia de discapacidad.
4. Avances de los trabajos pendientes de la sesión pasada:
a) Realización del Foro Internacional para el 3 de diciembre de 2001.
b) Seguimiento de las iniciativas de ley pendientes de dictamen entregadas a:
- Dip. Luis Herrera Jiménez, del PRD, con la iniciativa de reformas y adiciones a la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
- Dip. José Abraham Cisneros Gómez, del PAN, con la iniciativa de reformas y adiciones a la Ley General de Educación.
- Dip. Benjamín Ayala Velázquez, del PRI, con la iniciativa de propuesta de Ley de Mexicanos con Discapacidad.
5. Establecer acuerdos sobre metas y compromisos en la Subcomisión de Discapacidad.
6. Asuntos generales.
Atentamente
Dip. Enrique Adolfo Villa Preciado
Coordinador de la Subcomisión
DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA
A la reunión de trabajo de la Subcomisión para la Revisión y Actualización del Marco Jurídico Agrario, que se efectuará el jueves 18 de octubre, a las 9 horas, en el salón A del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Félix Castellanos Hernández
Presidente
DE LA COMISION DE VIGILANCIA DE LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA
A su reunión ordinaria de trabajo, que tendrá lugar el jueves 18 de octubre, a las 17 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
1. Asistencia y declaratoria de quórum.
2. Lectura del acta de la reunión anterior y, en su caso, aprobación.
3. Proyecto de lineamientos generales para la Subcomisión de Seguimiento al Rescate Bancario; discusión y, en su caso, aprobación e instalación de la Subcomisión.
4. Programa de auditorías para la revisión de la Cuenta Pública del año 2000, primera fase; discusión y, en su caso, aprobación en lo particular.
5. Asuntos generales.
Atentamente
Dip. Manuel Galán Jiménez
Presidente
DE LA COMISION DE POBLACION, FRONTERAS Y ASUNTOS MIGRATORIOS
Al foro nacional Desarrollo y Frontera Sur, que se realizará el viernes 19 de octubre, a las 9 horas, en el centro de convenciones Tabasco 2000, en la ciudad de Villahermosa, Tabasco.
Programa
8:30-9:00 horas: Registro.
9:00-9:45 horas: Inauguración del foro Desarrollo y Frontera Sur por el Lic. Enrique Priego Oropeza, gobernador del estado de Tabasco.
10:00 horas: Sesiones de los paneles.
10:00-11:00 horas: Panel I. Diagnóstico de la región.
11:15-12:15 horas: Panel II. Desarrollo social.
12:30-13:35 horas: Panel III. Desarrollo económico.
13:45-14:50 horas: Panel IV. Seguridad y migración.
15:00-16:45 horas: Comida.
17:00-20:00 horas: Instalación de mesas de trabajo:
- Mesa 1: Desarrollo regional y federalismo fiscal.
- Mesa 2: Desarrollo regional y libertades.
- Mesa 3: Desarrollo regional y perspectiva municipal.
20:00 horas: Acto de clausura.
21:00 horas: Ceremonia y noche tabasqueña en el H. Ayuntamiento de Centro.
Atentamente
Dip. Irma Piñeyro Arias
Presidenta
DE LA COMISION DE ASUNTOS INDIGENAS
Conjuntamente con la Comisión de Educación y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados, la Comisión para la Atención de las Comunidades Indígenas de Sinaloa, el H. Ayuntamiento de El Fuerte, y la Universidad Autónoma Indígena de México, Mochicahui, al panel Los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas de México, que se realizará el viernes 19 de octubre, en la Universidad Autónoma Indígena de México. Mochicahui, El Fuerte, Sinaloa.
Participantes
Nombre: Dr. Irineo Rojas.
Procedencia: Centro de Investigación de la Cultura Purépecha. Morelia, Michoacán.
Nombre: Dr. Andrés Hasler.
Procedencia: Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) Golfo. Jalapa Enríquez, Veracruz.
Nombre: Dr. Fernando Nava.
Procedencia: Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. México, DF.
Nombre: Prof. Juan Gregorio Regino.
Procedencia: Escritores en Lenguas Indígenas, AC. Oaxaca, Oaxaca.
Nombre: Mtro. Ernesto Díaz Couder.
Procedencia: CIESAS-México. Coordinador del proyecto de creación del Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas. México, DF.
Nombre: Dr. Jacinto Arias.
Procedencia: Investigador Tzotzil y promotor de las lenguas indígenas de Chiapas. San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
Nombre: Lic. Juan Damaceno Sulub y Maya.
Procedencia: Coordinación del proyecto de seguimiento y evaluación de los servicios de educación indígena en Yucatán. Mérida, Yucatán.
Nombre: Miguel Angel May May.
Procedencia: Coordinador del Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya.
Nombre: Mtra. Graciela Herrera.
Procedencia: Investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Ajusco. Ciudad de México.
Nombre: Dr. Jesús Angel Ochoa Zazueta.
Procedencia: Director General de la Universidad Autónoma Indígena de México. Mochicahui.
Objetivos
La realización de este segundo panel sobre derechos lingüísticos de los pueblos indígenas de México será:
Conocer la opinión de los académicos, indígenas y no indígenas, sobre la necesidad de obtener una ley adecuada para la protección y desarrollo de las lenguas indígenas de México como patrimonio cultural vivo.
Temas
Los temas que se abordarán serán orientados hacia el área de interés de los académicos, tomando en cuenta la disciplina que desarrollan de manera profesional, tratando de emitir una opinión acerca de los peligros que corren las lenguas indígenas y los esfuerzos que se pueden hacer desde el ámbito académico, institucional y jurídico para detener su extinción y lograr su fortalecimiento y desarrollo, enmarcando su punto de vista en la necesidad de contar con un marco jurídico que conceda "Los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas de México".
1. Las lenguas indígenas y los poderes de la nación (Ejecutivo, Legislativo y Judicial).
2. Las lenguas indígenas y la educación nacional.
3. Lenguas indígenas y los medios de comunicación.
Método
En el panel participarán los académicos con una ponencia escrita, con una extensión máxima de 15 cuartillas, que será leída como primera intervención. Posteriormente, habrá una ronda de preguntas provenientes de los diputados, invitados especiales y asistentes dirigidas a cada uno de los ponentes. Al final cada ponente cerrará su intervención con un comentario final. La moderación estará a cargo de los diputados miembros de ambas comisiones organizadoras. La duración del panel será de siete horas y media.
Programa
Jueves 18 de octubre
17:00 horas: Registro de ponentes (en el hotel que se reservará previamente).
Viernes 19 de octubre
8.30 a 9:30 horas: Registro de participantes.
9:30 horas: Inauguración:
Intervención del diputado Enrique Meléndez Pérez, Presidente de la Comisión de Educación y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados.
Intervención del diputado Héctor Sánchez López, Presidente de la Comisión de Asuntos indígenas de la Cámara de Diputados.
Intervención del Dr. Jesús Ángel Ochoa Zazueta, director general de la Universidad Autónoma Indígena de México, Mochicahui.
Inauguración formal a cargo del gobernador constitucional del estado de Sinaloa, licenciado Juan S. Millán Lizárraga.
10.00 a 13:00 horas: Primera parte del panel:
Las lenguas indígenas frente a los poderes de la nación (Ejecutivo, Legislativo y Judicial).
Las lenguas indígenas y los medios de comunicación.
13:00 a 14:30 horas: Primera ronda de preguntas
14:45 a 16:45 horas: Comida (ofrecida por la Comisión para la Atención de las Comunidades Indígenas de Sinaloa).
17:00 a 19:30 horas: Segunda parte del panel:
Las lenguas indígenas y la educación nacional.
19:30 a 20:30 horas: Segunda ronda de preguntas.
20:35 horas: Clausura
Intervención del diputado Enrique Meléndez Pérez, Presidente de la Comisión de Educación y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados.
Intervención del diputado Héctor Sánchez López, Presidente de la Comisión de Asuntos indígenas de la Cámara de Diputados.
Clausura formal a cargo del Dr. Jesús Angel Ochoa Zazueta, director general de la Universidad Autónoma Indígena de México, Mochicahui.
Sábado 20 de octubre
Salida de los ponentes a su lugar de origen.
DE LA COMISION DE RADIO, TELEVISION Y CINEMATOGRAFIA
A la reunión-desayuno de la Subcomisión de Dictamen, que se llevará a cabo el martes 23 de octubre, a las 9 horas, en el salón de usos múltiples ubicado en el edificio D, planta baja.
Orden del Día
1. Lista de asistencia.
2. Declaración de quórum.
3. Lectura del orden del día.
4. Análisis del proyecto de dictamen que reforma la Ley Federal de Radio y Televisión.
5. Asuntos generales.
Atentamente
Dip. Lionel Funes Díaz
Presidente
DE LA COMISION DE MARINA
A su reunión con el C. Almirante Marco Antonio Peyrot González, titular de la Secretaría de Marina, que se realizará el miércoles 24 de octubre, a las 9 horas, en la zona C del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. César Patricio Reyes Roel
Presidente
DE LA COMISION DE SALUD
A la décima séptima reunión de su Mesa Directiva, la cual tendrá verificativo el próximo miércoles 24 de octubre, a las 11 horas, en las oficinas de la Comisión.
Orden del Día
1. Registro de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.
3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior.
4. Análisis de los anteproyectos de dictamen.
5. Asuntos generales.
Atentamente
Dip. María Eugenia Galván Antillón
Presidenta
DE LA COMISION DE SEGURIDAD SOCIAL
A su reunión ordinaria de trabajo, correspondiente al mes de octubre, el miércoles 24, a las 14:30 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
1. Registro de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión de la Comisión realizada el 26 de septiembre.
4. Recepción y análisis de la propuesta con punto de acuerdo presentada en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados celebrada el día 9 de octubre, por el C. Dip. Rafael Servín Maldonado, del grupo parlamentario del PRD, para que la Cámara de Diputados se pronuncie por que se integre la ayuda económica que reciben los militares en retiro a sus haberes de retiro.
5. Recepción y análisis de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 43 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, presentada en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados celebrada el día 11 de octubre, por el C. Dip. Eduardo Andrade Sánchez y 25 CC. diputados más, todos del grupo parlamentario del PRI.
6. Informe sobre el foro nacional La Seguridad Social de los Trabajadores al Servicio del Estado. ISSSTE, Salud, Vivienda y Pensiones.
7. Asuntos generales.
8. Clausura de la reunión.
Atentamente
Dip. Cuauhtémoc Montero Esquivel
Presidente
DE LA COMISION DE SEGURIDAD SOCIAL
A los trabajadores afiliados y sus beneficiarios, funcionarios y personal del ISSSTE, pensionados y jubilados, académicos e investigadores al foro nacional La Seguridad Social de los Trabajadores al Servicio del Estado. ISSSTE: Salud Vivienda y Pensiones, que se realizará el 26 de octubre y el 9 y 23 de noviembre.
El Poder Legislativo federal considera que el derecho a la seguridad social se ha convertido en tema crucial de la agenda nacional. El análisis sobre la normatividad y funcionamiento de las instituciones de seguridad social, como lo es el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), se torna imprescindible para una sociedad que demanda cada vez más, mayor calidad en la prestación de los servicios, así como en las condiciones socioeconómicas de sus trabajadores, derechohabientes y pensionados. Por lo anterior y porque para el legislador es fundamental escuchar la opinión de sus representados y, en particular, de los sectores directamente involucrados en los asuntos que analiza, la Comisión de Seguridad Social convoca al foro nacional
La Seguridad Social de los Trabajadores al Servicio del Estado. ISSSTE: Salud, Vivienda y Pensiones
Temas
Tema 1. El ISSSTE en salud. Financiamiento, cobertura y beneficios: situación actual y propuestas para su fortalecimiento.
Tema 2. FOVISSSTE. Financiamiento, cobertura y beneficios: situación actual y retos.
Tema 3. El ISSSTE y su sistema de pensiones.
- El sistema de pensiones de reparto solidario. Financiamiento, cobertura y beneficios: situación actual y propuestas para su fortalecimiento.
- El sistema complementario de capitalización individual (SAR 1992/93): balance y retos.
- Reforma propuesta por el Ejecutivo federal a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro (LSAR) .
Primera Etapa
Guadalajara, Jalisco, 26 de octubre del año 2001.
Programa
Reunión plenaria
1. Bienvenida a cargo del Lic. Miguel Gutiérrez Beruben, delegado del ISSSTE en el estado de Jalisco.
2. Intervención y declaratoria de inauguración por el diputado federal Cuauhtémoc Montero Esquivel, Presidente de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura del H. Congreso de la Unión.
3. Intervención del diputado federal Ernesto Saro Boardman, secretario de la Comisión de Seguridad Social de la LVIII Legislatura del H. Congreso de la Unión.
4. Intervención del diputado federal Francisco Javier López González, secretario de la Comisión de Seguridad Social de la LVIII Legislatura del H. Congreso de la Unión.
5. Conferencias magistrales:
El régimen de Seguridad Social de los Trabajadores al Servicio del Estado: una visión integral.
5.1. Lic. Enrique Moreno del Cueto, director de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del ISSSTE.
5.2. Prof. José de Jesús Avila Castañeda, secretario general del Comité Estatal de la FSTSE, en el estado de Jalisco.
5.3. Prof. Ricardo Robledo Cuéllar, secretario de Previsión y Asistencia Social del CEN del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
Mesa de trabajo 1
1. Conferencia magistral: La protección de la salud en el sistema de seguridad social.
Dr. Miguel Angel Vandick Puga, secretario general de la sección III del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social.
2. Espacio para preguntas y respuestas.
3. Presentación de ponencias.
4. Espacio para preguntas y respuestas.
Mesa de trabajo 2
1. Conferencia magistral: El derecho constitucional de los trabajadores a la vivienda. Maestra Claudia Puebla Cadena, Maestría en Desarrollo Urbano por el Colegio de México, AC.
2. Espacio para preguntas y respuestas.
3. Presentación de ponencias.
4. Espacio para preguntas y respuestas.
Mesa de trabajo 3
1. Conferencia magistral: Los sistemas de pensiones hoy: ¿Las tendencias del cambio, soluciones a futuro? Lic. Alberto Briceño Ruiz, presidente de la Academia Mexicana de Derecho de la Seguridad Social.
2. Espacio para preguntas y respuestas.
3. Presentación de ponencias.
4. Espacio para preguntas y respuestas.
Reunión plenaria
1. Declaración de clausura, a cargo del diputado federal Cuauhtémoc Montero Esquivel, Presidente de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.
2. Entrega de constancias de participación.
Sedes
Guadalajara, Jalisco:
26 de octubre, edificio del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, sección III, Jalisco; Río Nilo número 470; Sector Reforma; Colonia San Carlos; CP 44700.
Acapulco, Guerrero:
9 de noviembre, hotel Fiesta Americana Condesa Acapulco, Av. Costera Miguel Alemán número 97, CP 39690, Acapulco, Gro.
México, Distrito Federal:
23 de noviembre, salón Legisladores de la República (antes salón Verde), Palacio Legislativo de San Lázaro, Avenida Congreso de la Unión número 66; Colonia El Parque; CP 15969.
Bases
1. Los foros iniciarán a las 9:00 horas y se desarrollarán de la siguiente manera: con intervenciones de diputados de la Comisión de Seguridad Social y ponencias magistrales de funcionarios del ISSSTE, directivos de la FSTSE y del SNTE; tres mesas de trabajo que iniciarán con una conferencia magistral, seguida de ponencias a cargo de los participantes sobre los temas indicados.
2. Podrán participar en las mesas de trabajo quienes así lo deseen, presentando su ponencia por escrito con una extensión máxima de 10 cuartillas a doble espacio y un resumen de tres cuartillas que será leído en las mesas de trabajo. Para su publicación, la ponencia deberá presentarse en un disquete de tres y media pulgadas, en procesador de texto Word, letra arial a 12 puntos. Tiempo límite para recibir ponencias: tres días antes de la celebración de cada una de las etapas del foro.
3. Se otorgará constancia de participación.
4. Todo asunto no previsto será resuelto por la Junta Directiva de la Comisión.
Informes, inscripciones y recepción de ponencias, en la Comisión de Seguridad Social, Palacio Legislativo, Avenida Congreso de la Unión número 66; Colonia El Parque; CP 15969; Teléfono y Fax. (01) (5) 420 1875; lada sin costo 01 800 718 4291, extensiones 1220, 1221 y 1875.
Junta Directiva de la Comisión de Seguridad Social, diputados: Cuauhtémoc Montero Esquivel, Presidente; Samuel Aguilar Solís, secretario; Francisco López González, secretario; Ernesto Saro Boardman, secretario; José María Rivera Cabello, secretario.
DE LA COMISION DE TRANSPORTES
A su primer informe interactivo, el miércoles 31 de octubre, a las 12 horas, en el salón Verde.
Atentamente
Dip. Juan Manuel Duarte Dávila
Presidente
