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Acuerdos

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DE LA CONFERENCIA PARA LA DIRECCION Y PROGRAMACION DE LOS TRABAJOS LEGISLATIVOS, SOBRE LA SESION SOLEMNE DEL 450 ANIVERSARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

Con fundamento en el inciso a), numeral 1, del artículo 38 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos establece la forma que seguirán las deliberaciones e intervenciones de la Sesión Solemne del 450 Aniversario de la fundación de la Universidad de México, ahora Nacional y Autónoma, por lo que, en correspondencia con el artículo 53 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que permite que los directivos de los organismos descentralizados tienen la libertad de asistir a las sesiones y, si se discute un asunto de su Dependencia, tomar parte en el debate; y, en concordancia con el artículo 10 de la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México, que la define como organismo descentralizado del Estado, se adopta el siguiente

ACUERDO

UNICO. Con fundamento en las normas citadas en el preámbulo de este acuerdo, la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos incluirá en el orden del día de la sesión solemne del 450 Aniversario de la Universidad Nacional Autónoma de México, la intervención en la tribuna de la Cámara del Rector de la Máxima Casa de Estudios del País, Dr. Juan Ramón de la Fuente, para referirse a tan significativa conmemoración.

Dip. Beatriz Paredes Rangel (rúbrica)
Presidenta de la Mesa Directiva

Dip. Rafael Rodríguez Barrera (rúbrica)
Coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional

Dip. Felipe Calderón Hinojosa (rúbrica)
Coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional

Dip. Martí Batres Guadarrama (rúbrica)
Coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática

Dip. Bernardo de la Garza Herrera (rúbrica)
Coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México

Dip. Alberto Anaya Gutiérrez (rúbrica)
Coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo
 
 

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Iniciativas

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DE REFORMAS A LOS ARTICULOS 73, FRACCION XXIX, 124 Y 126 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RELATIVO AL ESTABLECIMIENTO DE NUEVOS PRINCIPIOS EN MATERIA DE HACIENDA PUBLICA FEDERAL, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JUAN MANUEL CARRERAS LOPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI EN LA SESION DEL MARTES 9 DE OCTUBRE DE 2001

El suscrito, diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LVIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Honorable pleno del Congreso de la Unión la presente iniciativa de decreto que deroga el último párrafo del numeral 50 de la fracción XXIX del artículo 73, y por el que se adicionan un segundo párrafo al artículo 124 y tres párrafos al artículo 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para el establecimiento de principios relativos a un nuevo federalismo en materia de hacienda pública, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

I. NUEVO FEDERALISMO FISCAL.

El Estado Mexicano desde su independencia arrastra un déficit fiscal crónico, que ha sido acompañado de una serie de reformas en las que de manera creciente el gobierno adquirió nuevas funciones y obligaciones respecto de la sociedad, que generan fuertes presiones al gasto en virtud de los limitados ingresos públicos.

Este proceso, en paralelo, se ha correspondido con una concentración de atribuciones y recursos en el gobierno federal, con un proceso centralizador, que en la actualidad es inoperante ya que el mismo no responde a las condiciones de pluralidad política y apertura al desarrollo regional que demanda el país.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece potestades exclusivas para la Federación y los Municipios. Sin embargo, a los Estados les asigna poderes residuales amplios, acompañados de prohibiciones absolutas y relativas -según se desprende de los artículos 115, 117, 118, 122 y 124-, pero sin definir con precisión sus derechos y responsabilidades en materia de hacienda pública.

Así, esta regla, que pretende establecer una distribución de competencias clara y excluyente, se ve exceptuada por la indefinición en los derechos y responsabilidades en materia tributaria para los Estados y ha devenido en una distribución inequitativa de los recursos fiscales, lo cual hace que no todas las regiones del país puedan alcanzar un nivel de desarrollo competitivo y cuenten con la infraestructura básica para la debida atención de las zonas marginadas.

En consecuencia, la reforma constitucional que proponemos pretende evitar el empobrecimiento de los erarios locales a costa de su dependencia hacia las participaciones y aportaciones federales, tal y como sucede en la actualidad.

Durante el siglo XIX, México se caracterizó por la existencia de un Gobierno Federal hacendariamente débil, dependiente exclusivamente de los ingresos de las aduanas y las participaciones de recursos que los Estados daban a la Federación, bajo el nombre de contingentes. En esa época, los Estados tenían el control hacendario de las recaudaciones, las cuales eran copiosas pues tenían bajo su hacienda los impuestos indirectos al consumo y a la venta de mercancías, que recibieron el nombre de alcabalas. Dicho sistema generó Estados con recursos y una Federación carente de ellos, con lo cual se provocó un desequilibrio que evitó contar con un proyecto nacional.

Este modelo de recaudación fue constante, pues aún bajo los regímenes centralistas, las tesorerías departamentales eran las encargadas de recibir la recaudación de los impuestos y las contribuciones. Sin embargo, con el restablecimiento del sistema federal se comenzaron a diferenciar ámbitos impositivos de manera exclusiva para la Federación y los Estados, con una creciente preeminencia de la primera, derivada del impulso de concentrar facultades tributarias en el ámbito Federal.

Además, este proceso de manera inexorable se extendió a otros ámbitos distintos del hacendario. La "federalización" de atribuciones originó el proceso de fortalecimiento económico del Gobierno Nacional en detrimento de los Estados. Comenzó en 1883 cuando se federalizó el comercio y la minería, y ha continuado con reformas constitucionales cada vez más amplias y detalladas sobre nuevas facultades exclusivas a cargo de la Federación, despojando a los Estados de su correspondiente participación.

Cada materia nueva a cargo de la legislación federal se ha traducido en una fuente impositiva más de exclusiva competencia federal así ocurrió por ejemplo al "federalizar" la energía eléctrica, donde por primera vez se previó una participación de los rendimientos derivados de la actividad eléctrica a las Entidades Federativas, el 18 de enero de 1934; al implantarse el sistema de participaciones en 1942 solo para los denominados impuestos especiales, según quedan establecidos en el actual artículo 73, fracción XXIX constitucional; y al eliminarse en 1953 importantes impuestos que eran recaudados por los Estados por considerarlos alcabalatorios y unificar diversas fuentes impositivas a favor de la Federación.

De este modo, a partir del siglo XX se llegó a un esquema opuesto al del siglo XIX, donde las finanzas estatales y municipales son débiles, mientras que la Federación, con el virtual monopolio de la función recaudatoria, acumula la inmensa mayoría de los ingresos públicos.

Hoy el Gobierno Federal recauda el 80% de los recursos fiscales del país, mientras que los Estados se ven reducidos a recaudar tan sólo un 20% del total de los recursos públicos. Además, mediante el sistema de participaciones y aportaciones federales a los Estados y Municipios, las mismas representan increíblemente más del 90% de los ingresos estatales y municipales y solo el resto es cubierto con recursos impositivos locales propios.

Lo anterior no es sino la muestra de una hacienda pública insatisfactoria, donde una Federación cargada de facultades recauda y distribuye los recursos, mientras que los Estados y Municipios se ven reducidos a esperar las variables participaciones y aportaciones de la Federación, creándose así una gran dependencia y destruyendo cualquier posibilidad de desarrollo planificado desde la óptica local. Es pues claro que para consolidar al gobierno federal se tuvo que sacrificar a los Estados bajo la falsa disyuntiva de que el bienestar fiscal de la Federación es contrario al de las Entidades Federativas.

Si bien en los últimos años ha existido la intención federal de transferir responsabilidades de gasto a las Entidades Federativas y a los Municipios, es preciso señalar que las medidas establecidas para dicho fin tienen varios defectos, entre los que destacan que el monto de los recursos que se transfieren son decididos exclusivamente por el Congreso de la Unión y el Ejecutivo Federal al aprobarse el presupuesto de egresos de cada año, es decir sin ninguna participación de los poderes locales, y que además dicha transferencia de recursos se hace de manera etiquetada en cuanto al destino de los mismos, convirtiendo a los gobiernos locales en meros agentes de gasto, con lo que los márgenes de acción política de éstos siguen afectados de dependencia e insuficiencia, lo cual es contrario a la idea de una unión basada en Estados libres y soberanos.

Como podemos observar, la evolución en la recaudación y el gasto de los recursos entre la Federación y los Estados a través de nuestra historia ha sido un tema que casi siempre ha degenerado en adversidad y confrontación entre ambos niveles de gobierno.

Por ello, debemos transformar las premisas de nuestro federalismo hacendario. Ni las Entidades Federativas ni la Federación deben hacerse rehenes uno del otro, en lo que parece una lucha irreconciliable de contrarios por los recursos públicos.

Sostenemos la convicción de que la verdadera reestructuración del Pacto Federal debe fundarse en los principios que dieron origen al federalismo, es decir, en la cooperación entre los dos órdenes de gobierno para conseguir el desarrollo de la sociedad. En este sentido, la autosuficiencia de los gobiernos locales debe ser la garantía del bienestar federal.

Nuestra actual conformación democrática del poder público nos ofrece la oportunidad de plantear las modificaciones que reclaman las necesidades del país y repensar las condiciones del federalismo hacendario que permitan establecer las bases para el desarrollo favorable de todas las instancias de gobierno, sin ninguna exclusión.

Esta iniciativa de reforma propone establecer constitucionalmente las premisas de un federalismo cooperativo, donde los tres niveles de gobierno sean auténticas partes integrantes de un Pacto Federal entre iguales y no enemigos excluyentes entre sí, con pretensiones de supra o subordinación.

Este es un tema que no puede quedar ausente, bajo ninguna circunstancia, al analizar una reforma fiscal integral. Sin duda, constituye una omisión en el planteamiento que hizo al Congreso de la Unión el Presidente de la República en abril de este año. Que quede claro, no puede haber discusión de tasas y bases impositivas, sin considerar un acuerdo político federalista en esta materia. Pero además, este no puede quedar reducido -como ha sucedido en otras ocasiones- a la simple gestión coyuntural de recursos adicionales para las instancias locales o a la graciosa concesión de los mismos por la Federación bajo el principio de "mal menor" en cuanto que continúan las mismas premisas que le permiten controlar la recaudación y el gasto de la inmensa mayoría de los recursos públicos del país.

Por todo ello, consideramos que el Pacto Federal requiere transformarse en el ámbito hacendario mediante tres modificaciones sustanciales:

a) El establecimiento de principios constitucionales que impliquen un nuevo método de discusión y distribución de competencias hacendarias entre los Estados y la Federación;

b) La creación de un órgano autónomo constitucional que sea el encargado de la recaudación de los impuestos federales y, en su caso, locales; y

c) La determinación de obligaciones en materia presupuestal y de gasto público tanto para la Federación como para los gobiernos locales, que promuevan mayor transparencia, eficiencia y mejores posibilidades de control y evaluación del ejercicio de los recursos fiscales.

II. NUEVA DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS HACENDARIAS.

Como ya se señaló, nuestro federalismo actual no responde a las necesidades de desarrollo y a las exigencias de una sociedad más participativa y comprometida. De la misma manera, la centralización de ciertas facultades, especialmente las tributarias, no responde al objetivo de la planeación democrática que México ha adoptado, donde el desarrollo regional es prioritario y el Estado Mexicano debe adecuar su funcionamiento para lograrlo, ya que las obras públicas y los servicios requeridos por los Estados no pueden seguir sujetos a la autorización y voluntad de la Federación.

De ahí la necesidad de buscar modelos de organización tributaria equitativos, ágiles y efectivos, en los que impere la descentralización, que beneficien simultáneamente a la unidad y desarrollen a las partes.

Para ello proponemos que sea en el artículo 124 de la Constitución, en el que se refiere la regla básica de distribución de competencias del sistema federal, donde se establezca en un segundo párrafo un nuevo principio que adecue dicha regla a una apropiada dimensión hacendaria federalista integrada por tres elementos fundamentales:

Primero, establecer el principio político de que los Estados deben contar con recursos suficientes para el ejercicio de las atribuciones que les sean determinadas de conformidad con el propio artículo 124 constitucional. Asi, se plasmaría en nuestra norma fundamental un principio de suficiencia presupuestaria para los Estados equivalente al que existe para la Federación en la fracción VII del artículo 73, que faculta al Congreso para "imponer las contribuciones necesarias a cubrir el presupuesto". Con ello, se determinaría constitucionalmente una equidad hacendaria entre los niveles de gobierno federal y estatal, que se corresponde además con las disposiciones en materia de hacienda pública ya existentes para los municipios en el artículo 115 de la Constitución. De este modo se estaría dando el primer paso para revertir el actual desequilibro hacendario que opera en contra de las Entidades Federativas;

Segundo, precisar que la suficiencia presupuestaria de los Estados tendría dos fuentes de ingreso, tanto las contribuciones e impuestos propios que cada entidad determine, como la participación que les sea atribuida en el rendimiento de todas las contribuciones e impuestos federales. Participación que deberá hacerse evitando la doble tributación y de manera proporcional, equitativa y solidaria, no sólo respecto a la Federación, sino también respecto del conjunto de los Estados; y

Tercero, revisar y adecuar anualmente el diseño del sistema fiscal federal, a través de una nueva Ley de Coordinación Fiscal que garantice el cumplimiento de los principios constitucionales mencionados, y que por lo tanto esté despojada de criterios que favorezcan de manera inequitativa a un nivel de gobierno.

Por otra parte, como esta adición al artículo 124 contempla la extensión a todos los impuestos federales -no sólo los especiales- del principio de participación en el rendimiento de las contribuciones federales para los Estados que se encuentra previsto en el último párrafo del numeral 5º de la fracción XXIX del artículo 73 constitucional, se plantea también en la iniciativa la derogación de esta regla de participaciones que solo abarca ciertos impuestos, para llevarla a nivel de principio válido para todas las contribuciones federales.

Se establecería así un cambio radical, una nueva metodología regida por los principios constitucionales del segundo párrafo del artículo 124 para la determinación anual de contribuciones, tasas impositivas, monto de las participaciones de los impuestos federales hacia los Estados y, con ello, la definición de cuáles impuestos corresponden en exclusividad a cada orden de gobierno y en cuáles hay concurrencia y en qué proporción. Con lo cual, además, los congresos y los ejecutivos locales empezarían a tener una creciente participación en la definición del monto y destino de los recursos que les corresponderán a cada Entidad Federativa.

Además, se reconocería también una realidad política ineludible. Por la naturaleza del federalismo, que es una estructura y un proceso, no es conveniente para la unidad nacional considerar que las soluciones políticas que sobre este tema se adoptaron en una época determinada sean inamovibles. Esto es aun más cierto cuando la evidencia histórica y los reclamos sociales y políticos muestran que las condiciones de reparto de facultades entre los ámbitos federal, estatal y municipal no son satisfactorias.

Por ello, las relaciones entre la Federación y los Estados en nuestro nuevo marco de pluralidad política no es algo que se pueda solucionar mediante una fórmula de una vez y para siempre. Se trata de una relación compleja que está, y lo seguirá en el futuro, constantemente en tensión y evolución. Por eso esta reforma no plantea una distribución específica de competencias -fiscales o de otro orden- sino más bien el principio constitucional de revisión obligatoria de esta relación anualmente, bajo bases equitativas. De este modo cada año, ambos niveles de gobierno -el local y el federal- irán construyendo el nuevo federalismo que necesita el país a través de una ordenada y pertinente distribución de facultades fiscales, y en paralelo con ellas, inevitablemente también de otras materias.

Con ello haremos posible que el federalismo mexicano de este siglo sea congruente con los principios de igualdad política, económica y social para cada una de sus partes, propiciando no solo una nueva hacienda pública, sino también un mejor esquema de federalismo cooperativo a través de la redistribución de facultades basadas en los recursos con que cuenta cada parte; que la prestación de servicios, la construcción de obras de infraestructura y la promoción de proyectos productivos de alcance regional sea competencia de las instancias locales; y que las excepciones a este principio sean solo con motivo de una economía de escala significativa o la existencia de una necesidad territorial nacional.

III. CREACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE RECAUDACIÓN.

En los orígenes de nuestro constitucionalismo, la administración de los impuestos y contribuciones estuvo diferenciada de la recaudación para evitar la corrupción y el manejo indebido de los mismos. Desde el Acta Constitutiva de la Federación de 1824 hasta la actualidad, se han previsto constitucionalmente los empleados superiores de Hacienda encargados de las Oficinas Generales de Hacienda en cada Estado y en la Federación, cuya función de recaudación y administración de recursos federales se debería desempeñar fuera del ámbito de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el objeto de efectuar dicha función de manera independiente del Poder Ejecutivo.

En el Congreso Extraordinario Constituyente de 1856-1857 se explicó por iniciativa de Francisco Zarco e Ignacio Ramírez en la sesión del 13 de octubre de 1856, la necesidad de reservar para el Congreso de la Unión, que en la actualidad la conserva el Senado de la República en el artículo 76, fracción II de la Constitución, la facultad de ratificar los nombramientos que el Ejecutivo haga de los empleados superiores de Hacienda, que debieran ser los funcionarios que manejan el tesoro público, ya que los propios constituyentes detallaron que tales empleados superiores son precisamente los que efectúan funciones de recaudación, inversión y dirección de los caudales públicos.

Es decir, históricamente se había considerado conveniente la separación entre la recaudación y la administración de las rentas públicas por razones de contraloría, transparencia y facilidad en su control. Sin embargo, la reorganización del Poder Ejecutivo comenzó a centralizar esta función autónoma -según el pensamiento del constituyente- a través de circulares y decretos emitidos a partir de 1867, hasta llegar al momento presente donde el Sistema de Administración Tributaria que recauda aproximadamente el 80% de todos los recursos públicos del país, depende totalmente en lo administrativo y económico del Secretario de Hacienda y Crédito Público, que es un funcionario nombrado y removido libremente por el titular del Poder Ejecutivo de acuerdo al artículo 89, fracción II, constitucional.

Según hemos expresado en el cuerpo de la presente iniciativa, la coordinación fiscal actual descansa en la aniquilación de las facultades impositivas, pero también recaudatorias, de los Estados. Elimina ambas para después hacerlos partícipes de recursos que no son del todo claros, pues el Sistema de Administración Tributaria no ofrece transparencia en su administración, ni opciones para medir sus resultados en términos del costo-beneficio que se obtiene en el desempeño de la función recaudatoria.

De esta manera, sometemos la presente iniciativa para que ninguna de las esferas de gobierno tenga el monopolio recaudatorio de los ingresos públicos, sino que se efectúe a través de un órgano autónomo y técnico que, sin consideraciones políticas, lleve a cabo la recaudación de los impuestos federales y, en su caso, estatales y municipales, bajo bases de honestidad, eficiencia y simplificación, en justa correspondencia de la obligación que tenemos todos los mexicanos, conforme al artículo 31, fracción IV constitucional, de contribuir de manera proporcional y equitativa a los gastos públicos del país.

Así, mediante la adición de dos párrafos iniciales al artículo 126 constitucional, el Sistema de Administración Tributaria, autoridad federal desconcentrada de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se transformaría en el Instituto Nacional de Recaudación, integrado por funcionarios federales y estatales a la vez, con lo cual se evitaría que un solo nivel de gobierno sea quien reciba los ingresos, los reparta y además los administre en su mayoría.

Tomando en consideración que los órganos autónomos han dado certeza y prestigio a funciones vitales del Estado Mexicano, se propone la creación con tal calidad de este órgano para la recaudación tributaria y así aportar un elemento indispensable para la existencia de un federalismo cooperativo basado en el transparente y eficiente manejo de los ingresos. Ello porque este Instituto no solo estaría facultado para realizar la recaudación de los impuestos federales, sino que también podrá recaudar los impuestos y contribuciones estatales y municipales de los estados y municipios que así lo acuerden, con lo cual se estaría estableciendo la posibilidad de conformar una especie de "ventanilla única recaudatoria" que sin duda facilitaría en muchos sentidos el pago de impuestos para los contribuyentes, los procesos de simplificación tributaria y la detección oportuna de duplicidades impositivas.

La importante función de esta nueva institución trasciende así al Poder Ejecutivo Federal y se convierte en un organismo del Estado, donde las Entidades Federativas y la propia Federación participan en la designación de sus funcionarios, para conservar el equilibrio y la transparencia que deben caracterizar esta función.

El Instituto Nacional de Recaudación permitirá la profesionalización de la función recaudatoria y además introducirá certidumbre en el proceso, ya que será un órgano con capacidad regulatoria y con facultades para emitir recomendaciones técnicas en materia tributaria.

En la iniciativa se pretende plena autonomía para el Instituto Nacional de Recaudación, lograda a través del nombramiento de sus principales funcionarios. El Presidente del Instituto sería designado por el Congreso de la Unión a propuesta en terna del Poder Ejecutivo Federal. Sus cualificaciones, que estarían detalladas en la ley secundaria, contarían con una certificación de sus conocimientos y experiencia, así como de su probidad. En cada Entidad Federativa habría un director estatal, designado a propuesta en terna por el Gobernador del Estado y ratificado por la respectiva Legislatura, aprobando las certificaciones correspondientes.

Además, en dicho Instituto funcionaría un órgano colegiado, denominado Consejo de Gobierno, integrado por representantes de las Entidades Federativas, del Gobierno Federal y del mismo Instituto, que tendría la facultad de emitir recomendaciones en materia de recaudación fiscal tanto al Congreso de la Unión como a las Legislaturas locales y la Asamblea del Distrito Federal, con el fin de buscar que exista siempre una política tributaria que sea fácil de cumplir por el contribuyente; que genere una adecuada estructura federalista; que evite la duplicidad contributiva; y combata la evasión.

Por otra parte, tomando en consideración que el proceso de recaudación tributaria es algo que no se puede suspender o interrumpir, se plantea en el artículo transitorio de esta iniciativa que las modificaciones constitucionales correspondientes a la creación de este Instituto no entren en vigor sino hasta el día primero de enero de 2003, tiempo suficiente para que se expidan las leyes reglamentarias necesarias y se tomen las medidas administrativas respectivas para una puesta en marcha ordenada y eficaz del nuevo esquema recaudatorio.

De este modo, con la creación de este Instituto autónomo se daría un gran paso en la consecución de dos grandes objetivos. Por una parte, complementar adecuadamente la propuesta de reforma de los artículos 73 fracción XXIX y 124 constitucionales citada en esta misma iniciativa, introduciendo un elemento neutral y eficaz en la relación hacendaria Federación-Estados-Municipios, que sin duda hará que ésta transite por caminos de mayor certidumbre y eficiencia para las partes, abandonando toda posibilidad de subordinación de una respecto de la otra en esta materia, tal y como ha ocurrido en nuestra historia y sucede actualmente.

Asimismo, y por otra parte, se estarían poniendo las bases para lograr que nuestro proceso de recaudación tributaria, tanto en el nivel federal como en el local, se desarrolle por la vía de la eficacia, simplificación y modernización de la relación contribuyente-gobierno, como punto de partida del combate al principal elemento de inequidad recudatoria entre los ciudadanos, la evasión, la cual en nuestro país se estima alcanza actualmente proporciones muy elevadas.

IV. PRINCIPIOS PRESUPUESTALES.

Si bien es muy importante el establecer normas constitucionales que busquen dotar de mayores recursos a la hacienda pública nacional y que establezcan un método para que estos sean distribuidos adecuadamente entre los tres niveles de gobierno, también es necesario que este nuevo esquema de ingresos fiscales se vea correspondido con nuevas obligaciones para los tres niveles de gobierno en materia de gasto público, buscando que se imprima mayor transparencia, responsabilidad y control al ejercicio del mismo.

Un manejo responsable de los presupuestos de gasto de los tres niveles de gobierno, además de contribuir a evitar el dispendio y los saldos deficitarios crónicos que frenan el desarrollo integral y regional del país, permitirá lograr el ideal de generar condiciones para una homogeneidad del desarrollo en todas las áreas geográficas, creando polos de desarrollo en múltiples puntos y evitando la concentración en unas cuantas zonas conurbadas, comúnmente la de las ciudades de México, Guadalajara y Monterrey.

De este modo, mediante la adición de un tercer párrafo al artículo 126 constitucional -que así se transformaría en un artículo fundamental de la función ingreso-gasto- se propone integrar a la Constitución los siguientes principios en materia presupuestaria:

1. Equilibrio.- Que es una garantía de estabilidad económica y de una participación adecuada del Estado en la economía;

2. Transparencia.- Que significa la identificación precisa en el presupuesto de los grupos y regiones beneficiados, las razones por las que el gasto se destina a determinados fines, y el diseño de medidas para la revisión periódica del gasto público y que la misma no se realice sólo anualmente; y

3. Eficiencia.- Para asegurar que los recursos públicos tengan el mayor beneficio social y el mejor impacto en el desarrollo regional sustentable.

Con estos principios, se establecerían las bases constitucionales para que el control del gasto público por parte de los Poderes Legislativos, que se ha concentrado preponderantemente en el nivel del flujo de efectivo, pueda evolucionar a medir y controlar multianualmente los costos de las políticas públicas, además de contar con elementos para vigilar que efectivamente se logren los resultados propuestos en los respectivos presupuestos.

Así, con fundamento en esta adición constitucional, se tendrían que crear los instrumentos legislativos-presupuestales que concreticen una mayor eficiencia, eficacia y calidad en la aplicación de los recursos públicos ante la demanda creciente de la sociedad por mejores bienes y servicios públicos; mejoren la transparencia en la aplicación del gasto público respecto de las prioridades nacionales y/o locales; permitan el rendir cuentas de los resultados obtenidos; y establezcan un mayor compromiso político para las instancias encargadas del gasto público al acercar la facultad de revisión a niveles de gobierno más próximos de la población.

De este modo, con la reforma propuesta se estarían integrando todos los elementos para una nueva cultura de fortalecimiento y corresponsabilidad fiscal de los tres niveles de gobierno, acorde con nuestro desarrollo democrático actual. La instancia que desee gastar más de lo autorizado originalmente lo podrá hacer si pide más recursos, no a la Federación como sucede actualmente -en un esquema económica y políticamente agotado- sino a sus electores, a su respectivo Congreso, y se responsabiliza por ello a través de proyectos de desarrollo específicos y verificables.

Todas las razones antes expuestas me han llevado a la convicción de que esta iniciativa de reformas constitucionales contribuye a avanzar en la solución de tres retos del Estado Mexicano actual:

Propone para el sistema federal un método de discusión y análisis permanente, ordenado y democrático que permita encontrar -para el presente y el porvenir- una adecuada distribución de facultades y obligaciones entre los distintos órdenes de gobierno, buscando con ello una mayor equidad federalista, la estimulación de las actividades económicas regionales y la precisión del nivel de gobierno que proporcione servicios públicos al menor costo y con la mayor oportunidad;

Fortalece el sistema de recaudación de impuestos del país, combatiendo la evasión y elevando los recursos públicos disponibles; y

Aproxima a la población con el gobierno, para que pueda exigirle cuentas respecto del gasto de sus aportaciones y se mejore así la confianza ciudadana en el pago de las mismas.

Por lo que con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el siguiente proyecto de decreto que deroga el último párrafo del numeral 5º de la fracción XXIX del artículo 73, y por el que se adicionan un segundo párrafo al artículo 124 y tres párrafos al artículo 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para el establecimiento de principios relativos a un nuevo federalismo en materia de hacienda pública:

ARTICULO PRIMERO.- Se adiciona un segundo párrafo al artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 124. ...

Las Entidades Federativas deberán contar con recursos suficientes para el ejercicio de sus atribuciones. Su hacienda se compondrá de contribuciones e impuestos propios y de la participación en el rendimiento de las contribuciones e impuestos federales de la manera proporcional, equitativa y solidaria que la ley determine, la cual será aprobada anualmente por el Congreso de la Unión. Las Legislaturas locales fijarán el porcentaje de dichas participaciones que corresponda a los Municipios.

ARTICULO SEGUNDO.- Se deroga el último párrafo del numeral 5º de la fracción XXIX del artículo 73 constitucional.

ARTICULO TERCERO.- Se adicionan tres párrafos al inicio del artículo 126 constitucional, pasando el original párrafo en cuarto lugar, para quedar como sigue:

Artículo 126. La recaudación de las contribuciones federales, y de las estatales y municipales que así se convengan, es una función que se efectuará sobre bases de honestidad, eficiencia y simplificación a través del Instituto Nacional de Recaudación, cuya ley lo organizará como un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios.

El nombramiento de los funcionarios de dicho Instituto se hará con la participación de la Federación y de las Entidades Federativas, a través de sus poderes Ejecutivo y Legislativo correspondientes. El presidente del Instituto será nombrado por el Congreso de la Unión, de una terna propuesta por el Presidente de la República y en cada entidad federativa habrá un director estatal designado por el respectivo Congreso de la entidad, que tendrá las calificaciones técnicas establecidas por el Instituto Nacional de Recaudación, y que será seleccionado de una terna presentada por el Gobernador de la entidad. Este Instituto contará con un Consejo de Gobierno, que será la máxima autoridad del Instituto Nacional de Recaudación y que se formará con representantes de las Entidades Federativas, la Federación y directivos del propio Instituto,, el cual tendrá la facultad de emitir opiniones técnicas en materia de política tributaría.

En la formulación y el ejercicio de los presupuestos federales, estatales y municipales se deberán observar los principios de equilibrio, transparencia y eficiencia. Al aprobarse los mismos se valorará la pertinencia de las políticas de gobierno propuestas, a fin de lograr un desarrollo sustentable y una distribución equitativa de los recursos públicos. Los Poderes de Gobierno que los ejerzan deberán presentar la información que les sea requerida con la periodicidad que la ley determine, para el adecuado seguimiento del desarrollo de las políticas públicas.

(..........)

TRANSITORIOS

UNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, con excepción de los dos primeros párrafos del artículo 126 que entrarán en vigor el primero de enero de 2003.

(Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales. Octubre 9 de 2001.)
 
 
 
 
 
 
 

DE REFORMAS A DIVERSOS ARTICULOS DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SOBRE POLITICA EXTERIOR, PRESENTADA POR EL DIPUTADO MARTI BATRES GUADARRAMA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DEL JUEVES 9 DE OCTUBRE DE 2001

El suscrito, diputado del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar la siguiente iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La desgracia ocurrida en EU ha desatado procesos de muy diversa índole. Convoca a la solidaridad y genera un gran debate sobre las políticas internacionales.

Desde un principio, demandamos todo el apoyo social y humanitario a las familias de las víctimas y respaldamos todas las medidas diplomáticas para cerrarle el paso a nuevas acciones terroristas.

Condenamos el terrorismo contra el pueblo de los EU, como hemos condenado el terrorismo contra los pueblos de Cuba, Palestina o Nicaragua.

Por ello mismo también, manifestamos nuestro rechazo a la guerra. México es pacifista. No queremos más temor y guerra.

Si no queremos guerras propias, menos aún queremos guerras ajenas. Queremos la paz en Chiapas, también en el mundo.

México quiere paz, pero el gobierno mexicano no lo dice.

No tenemos hoy en día una política exterior de Estado.

Lo que promueve el gobierno no es la política exterior de México. No la que reclama la representación popular, no la que dice la Constitución.

Desde la cancillería mexicana se reproduce la política exterior de otro país, de nuestro vecino del norte.

La visión del gobierno federal no es nacional, ni tampoco mundial. Es una visión norteamericana. No se mira desde México, sino desde Estados Unidos.

No mira las grandes franjas de países y de poblaciones. Su visión se agota en Estados Unidos, porque cree que ahí se agotan las posibilidades de su gobierno.

Por eso, para la cancillería la disyuntiva es clara: o estás con EU, o estás contra él. Es la misma disyuntiva de George Bush. Es una disyuntiva que México no había asumido ni quiere asumir. Es una disyuntiva que se le impone a México por su propio gobierno.

Vivimos junto a Estados Unidos. No queremos un conflicto con nuestro vecino, al contrario deseamos una buena relación de colaboración, de ayuda mutua, comercio, comunicación, solidaridad. Estamos juntos, a pesar de que Estados Unidos nos quitó la mitad de nuestro territorio, nos invadió en más de una ocasión y México nunca ha pensado en venganzas finitas o infinitas, sino en una buena vecindad.

Nos interesa, como país, lo que pase en territorio de EU, porque allá vive una parte de la nación mexicana, y vive allá sin derechos políticos, civiles y sociales.

Pero somos otro país. Somos México y sobrevivimos junto a la superpotencia por el valor de tomar nuestras propias posiciones.

El poderío de Estados Unidos no es nuevo.

Pero la reiterada afirmación de la independencia política del Estado nacional mexicano, le ha permitido tener mayor margen de movimiento en el mundo que otros países geográficamente más lejanos.

México ha sido extraordinariamente generoso con Estados Unidos.

Y queremos, sin embargo, que la relación con ese país sea fructífera y positiva también para México.

La reciente crisis económica de México que estamos viviendo, producto de la recesión en Estados Unidos, nos indica que no nos conviene atar nuestro destino a nadie. Hoy sufrimos una crisis ajena, es la consecuencia de no mirar hacia el mundo.

Ciertamente existe una nueva situación mundial. Se acabó la bipolaridad este-oeste, socialismo-capitalismo.

Pero se ha recrudecido la polarización norte-sur. En la globalización actual, un pequeño puñado de transnacionales de países del norte se enriquece, y la miseria se extiende en un universo gigantesco de países.

La concentración de riqueza en el norte, genera grandes flujos migratorios hacia las metrópolis, que son continuamente rechazados y combatidos por éstas.

El poderío económico del norte, con sus redes, normas, fuerza, presiones, ha derrumbado los esfuerzos iniciales de muchos países por construir un Estado de bienestar social.

Ningún país puede sólo reconstruir su Estado social frente a poderes mundiales que deciden las políticas monetarias y fiscales, las inversiones, el comercio, el crédito.

La pobreza es un problema mundial, y requiere soluciones mundiales. Para los países del sur alcanzar la equidad social dentro de sus fronteras supone avanzar en la equidad internacional entre los Estados.

Por eso México no puede atarse a la política exterior de EU, porque México requiere de un marco de equidad internacional para desarrollarse económicamente.

Y esa equidad internacional supone contrapesos mundiales al enorme poder de EU y de los países del norte, redes institucionales, económicas-financieras, culturales, mediáticas, de los países del sur.

Trabajar para fortalecer a EU como la cumbre del mundo unipolar en lo político, lo militar y lo económico significa trabajar en contra de los intereses de México. No es cierto que a México le conviene apoyar incondicionalmente a EU.

Pero el gobierno mexicano ha hecho suya la filosofía de la política exterior de EU y pretende presentarla como una nueva política.

Se habla entonces de dejar atrás la política de la autodeterminación y la no intervención. Se dice que México debe intervenir para promover los derechos humanos.

Es la vieja política de los gobiernos de EU y las naciones del norte, quienes se convierten en los jueces de los derechos humanos de las naciones del sur.

¿Y quién vigila que se respeten los derechos humanos en los países del norte?

Ahí se violan derechos humanos de minorías étnicas y de migrantes, de religiosos y escolares, de ciudadanos y mujeres.

Ahora el gobierno de EU se preocupa mucho por la violación de los derechos humanos de las mujeres de Afganistán, pero nada dice de la misma violación de sus derechos a las mujeres en Arabia Saudita, porque este país es su aliado.

EU antes apoyó al Talibán en contra de la Unión Soviética. Ahora lo combate.

El discurso de los derechos humanos ha sido un discurso clave en el gobierno de EU para intervenir en los asuntos de sus adversarios, sin que necesariamente sea su interés promoverlos.

En territorio de EU se entrenaron terroristas y se financiaron escuadrones de la muerte.

En su territorio se plantearon atentados y magnicidios.

La solución es el derecho internacional y EU apela a la venganza contra países que albergan terroristas.

Pero si esa fuera una norma aplicable para todos, Cuba podría reclamar su derecho a bombardear EU porque ahí se entrenaron terroristas que estallaron un avión cubano con pasajeros civiles en 1975. Eso sería tan irracional y absurdo como imposible, por la gran diferencia en los poderes militares reales entre un país y otro. Por eso debe imponerse el derecho.

Pero más allá de que esta guerra sea tan deplorable como el terrorismo, es además ineficaz. Muchos afganistanos pueden morir sin garantía alguna de que las redes del terrorismo hayan desaparecido y dejen de actuar.

México debe promover en el mundo la equidad entre los Estados y el desarrollo económico; la igualdad social y el bienestar de los pueblos.

La globalización es un espacio de disputa.

Diversidad cultural, nacional, étnica, religiosa. Multipolaridad política, cooperación para el desarrollo, promoción de la paz y sobre todo equidad entre los Estados, parecen ser los elementos de una política exterior que debe impulsar el Estado mexicano, apoyándose en la Constitución.

Nuestra responsabilidad es impulsar una globalización desde los Estados, no desde las empresas transnacionales.

El tema internacional es tan importante que ya no puede ser esfera exclusiva de las decisiones del Ejecutivo.

Aquí se expresa también el carácter obsoleto del presidencialismo.

Necesitamos una política exterior de Estado, no sólo de gobierno.

Es parte de la reforma del Estado.

El tema internacional es tan importante que incluso ha sido objeto de un Acuerdo Nacional que refrenda "?la lucha por la paz". Pero ese acuerdo no ha tenido la fuerza suficiente para impedir que el Presidente lo haya violentado el mismo día que lo suscribió. Se firma un acuerdo por la paz y se apoya la guerra.

Por eso la política exterior ya no puede ser asunto sólo del Ejecutivo, sino del Estado.

En las actuales condiciones, cabe la preguntar: ¿a quien le sirve la presencia del gobierno mexicano en el Consejo de Seguridad de la ONU? ¿A México o al gobierno de EU?

La reforma del Estado debe tener como uno de sus ejes fundamentales la redistribución del poder y la colegiación de las decisiones públicas.

Esta iniciativa tiene tres conceptos de cambio:

El primero plantea la eliminación como atribución exclusiva del Senado de la República de la ratificación de los tratados internacionales, para trasladar ese imperativo al Congreso de la Unión en su conjunto, es decir Cámara de Diputados y Cámara de Senadores.

Con esta modificación, salvamos una discusión importante, que tiene que ver con visiones que tienden a colocar aún por encima de las leyes federales a los tratados internacionales, siendo que los primeros son aprobados por el Congreso de la Unión y los segundos con el actual esquema, sólo por el Senado de la República.

Con esto volvemos un acto legislativo pleno, la aprobación de los tratados, mismos que generan normas para nuestro país.

El segundo se refiere a la facultad de analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo, atribución hoy del Senado; planteamos trasladar la facultad al Congreso de la Unión en su conjunto y darle atribuciones de definición en materia internacional previo a la toma de cualquier decisión que implique obligaciones a nuestro país.

El tercer elemento de cambio resulta igual de trascendental: establecemos el requisito de aprobación del Congreso de la Unión de los tratados internacionales previo a su celebración o suscripción por parte del Ejecutivo federal, con esto obligamos a ser participe al Congreso de la Unión en los procesos de negociación de los tratados, para que no sólo ratifique lo acordado por el Ejecutivo, porque su intervención actual se da sobre hechos consumados. Ahí está el asunto de los presuntos convenios secretos sobre energéticos entre EU, Canadá y México, que nos quieren presentar como hecho consumado.

Trasladar al Congreso de la Unión en su conjunto la definición de la política exterior del país, permite compartir responsabilidades en un tema que en estos tiempos se torna como un asunto de Estado y de Seguridad Nacional.

En otros países con regímenes democráticos consolidados, la política exterior es un asunto que involucra al Ejecutivo, pero también a sus Congresos o Parlamentos.

Mientras en esta soberanía a raíz de la crisis generada por los lamentables acontecimientos del 11 de septiembre, hubo quienes insistimos en la comparecencia del canciller mexicano -dándose una sistemática oposición principalmente por parte del partido que ahora gobierna a nivel federal- en otros países, presidentes o primeros ministros, acudieron sin cita ante sus representaciones a fin de definir la posición del país.

El gran reto que tenemos ante la globalización y la unipolaridad, es tener capacidad como país de trabajar por nuestras prioridades, a partir de replantear los instrumentos de la globalización, dándole sentido público.

No una globalización desde el entorno privado, como actualmente se identifica, y que responde más a los intereses de las transnacionales, las cuales recurren a los políticos, o incluso sus gerentes se convierten en políticos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, presento a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa de decreto que reforma, adiciona y deroga diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo Unico.- Se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 73, 76, 89 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 73.- ...

I. a XXIX J. ............

XXIX K.- Analizar y decidir la política exterior desarrollada por el Ejecutivo federal; además, aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que celebre el Ejecutivo de la Unión;

XXX.- ...

Artículo 76.- ... I.- Derogada.

II. a X. ...

Artículo 89.- ........... I. a IX. ...

X.- Dirigir la política exterior y celebrar previa aprobación del Congreso, tratados internacionales. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo se sujetará a los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención, la solución pacífica de las controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo y la lucha por la paz y la seguridad internacionales;

XI. a XX. ...

Artículo 133.- Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, previa aprobación del Congreso, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de los estados.

Transitorio

Unico.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 9 días del mes de octubre de 2001.

Atentamente
Dip. Martí Batres Guadarrama (rúbrica)

(Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales. Octubre 9 de 2001.)
 
 

DE REFORMAS A DIVERSOS ARTICULOS DEL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, PRESENTADA POR LA DIPUTADA OLGA PATRICIA CHOZAS Y CHOZAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM EN LA SESION DEL JUEVES 9 DE OCTUBRE DE 2001

Bernardo de la Garza Herrera, Francisco Agundis Arias, José Antonio Arévalo González, Esveida Bravo Martínez, María Teresa Campoy Ruy Sánchez, Olga Patricia Chozas y Chozas, Diego Cobo Terrazas, Arturo Escobar y Vega, José Rodolfo Escudero Barrera, Sara Guadalupe Figueroa Canedo, Nicasia García Domínguez, Alejandro Rafael García Sainz Arena, María Cristina Moctezuma Lule, Julieta Prieto Fuhrken, Concepción Salazar González, Erika Elizabeth Spezia Maldonado, diputados de la LVIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos se turne a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Octava Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa de ley:

Exposición de Motivos

El devenir histórico y político nacionales, han logrado que la propia dinámica de nuestras instituciones, busquen adoptar mecanismos tendientes a lograr las condiciones necesarias para mejorar nuestro entorno ecológico y democrático.

La depuración de los rezagos que aún conserva nuestra mentalidad en el entorno ecológico que vivimos, han ido rebasándose para permitir a base de nuestros propios esfuerzos la consolidación de dichas instituciones políticas e instancias de conservación del medio ambiente, que permitan la perpetuación de la vida plena en un sistema ambientalmente sano.

Ante el avance democrático cada vez más consolidado que poco a poco ha impulsado la sociedad civil a través de los partidos políticos, para la revisión del entorno global en que se desempeñan las campañas políticas, estas necesitan ser evaluadas y valoradas en su real dimensión.

La revisión de la que venimos tratando, conduce necesariamente a adoptar reformas que procuren un medio ambiente sano, con todos los beneficios que ello trae inmerso.

Ésta es la hora en la que debemos fortalecer nuestra democracia, nuestras instituciones y las oportunidades de organización que tienen los mexicanos, para brindarles las condiciones que promulgamos todos los partidos políticos y que se resumen en una mejor calidad de vida.

Por ello, en este ejercicio político responsable, la dinámica de las instituciones nos impone el deber de actualizar los supuestos y los mecanismos que dan viabilidad a nuestro sistema político y lo hacen cada vez más eficiente, no solo en las plataformas, recursos económicos y candidatos; sino también, en el gasto de dichos recursos y en el impacto económico y ambiental que representa el desperdicio de la propaganda electoral.

Por mencionar un ejemplo, en la pasada campaña electoral en el Distrito Federal, en donde se genera el 62 por ciento del total de los residuos del país, se produjeron nueve mil toneladas en plástico, cartón y papel, a lo que se suma el uso de pinturas y lacas para la pinta de muros y de pegamentos para la colocación de la propaganda, con un costo por su recolección de unos nueve millones de pesos y de un equipo de mil hombres y 40 camiones de basura para retirar la propaganda electoral, cantidad nada despreciable para utilizar en cualquier programa en beneficio de la ciudadanía.

En otras ciudades como Guadalajara se calcula que fueron colocadas unas tres mil toneladas y en Monterrey unas cuatro mil. Cifras como estas nos obligan a reflexionar en el desperdicio y costo que representa el utilizar materiales no-reciclados o no-biodegradables

El manejo y reciclaje de las decenas de miles de toneladas de basura electoral que dejan los comicios electorales, representa una ardua tarea, pues al menos en el caso de la propaganda de material plástico, es difícil que compañías reciciadoras acepten recibir esos desperdicios por el alto costo que implica su tratamiento, y de permanecer en el medio ambiente, se necesitaría un promedio de 70 años para la degradación de estos materiales.

Es necesario fomentar el reuso y el reciciaje, a fin de terminar con el libertinaje en que hemos caído los partidos políticos con la propaganda electoral. Ya que en cada elección federal se generan 50 mil toneladas de desperdicios electorales.

A nivel nacional, el servicio de recolección de basura cubre en promedio a 78 por ciento de la población. Aunque en las grandes zonas urbanas el porcentaje de los ciudadanos atendidos se estima en 90 por ciento, en las ciudades medias va de 70 a 85 por ciento, y en las pequeñas áreas urbanas está entre 50 y 70 por ciento, precisa el INE. Pero la basura electoral cubre casi el 95% del país, lo que nos invita a reflexionar en el destino final de la propaganda que generamos año con año, en miles de toneladas de desperdicios.

La generación de basura per cápita en nuestro país es de casi 853 gramos, y el costo que esta tiene por habitante, además de sus impuestos es de aproximadamente $600 pesos por año.

En México se generan diariamente 80 mil toneladas de basura, de las cuales tan sólo una tercera parte llegan a algún tipo de confinamiento sanitario. Basura que en un 50 por ciento es material no biodegradable

La basura esta compuesta en 14.2 por ciento por papel, 9.8 por ciento por cartón; contiene plástico en un 3.1 por ciento y en un 1.2 por ciento de textiles; materiales todos estos de un gran uso en las campañas políticas en nuestro país.

Es necesaria una legislación que nos haga más responsables a los partidos políticos por la basura generada en nuestro afán de dar a conocer a la ciudadanía nuestras ideas y plataformas electorales.

Necesitamos establecer leyes que obliguen a los Institutos Políticos del país, a rectificar sus patrones de consumo, fomentando los materiales reciclados y de reuso, así como los biodegradables.

Por ello, respetuosamente, los miembros del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, nos permitimos someter a esta Cámara de la LVIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, el presente:

Decreto por el que se reforman los artículos 38, 182-A, 185 y 269 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

ARTICULO UNICO.- Se reforman los artículos 38, 182-A, 185 y 269 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue.

ARTICULO 38.

1. Son obligaciones de los partidos políticos nacionales:

a) ..........

b) .........

.........

........

..........

s) Utilizar sus gastos de propaganda impresa, únicamente en materiales reciclados o de reuso o biodegradables.

t) Las demás que establezca este Código.

ARTICULO 182-A.

1. ...

2. Para los efectos de este artículo quedarán comprendidos dentro de los topes de gasto los siguientes conceptos:

a) Gastos de propaganda:

I. Comprenden los realizados en bardas, equipos de sonido, eventos políticos realizados en lugares alquilados y otros similares;

II. Comprenden también los realizados en mantas, volantes, pancartas, propaganda utilitaria y otros similares, siempre y cuando esta sea elaborada con materiales reciclados o de reuso o biodegradables.

b) ...........

................

ARTICULO 185.

1. La propaganda impresa que los candidatos utilicen durante la campaña electoral deberá emplear materiales reciclados o de reuso o compuesta por materiales biodegradables y contener, en todo caso también, una identificación precisa del partido político o coalición que ha registrado al candidato.

2. La propaganda que en el curso de una campaña difundan por medios gráficos los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos, no tendrá más límites que lo señalado en el numeral anterior, en los términos del artículo 7º de la Constitución, en el respeto a la vida privada de candidatos, autoridades terceros y a las instituciones y valores democráticos.

ARTICULO 269.

1. ...

2. Las sanciones a que se refiere el párrafo anterior, podrán ser impuestas cuando:

a) Incumplan con las obligaciones señaladas en el artículo 38, 185 y demás disposiciones aplicables de este código Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la H. Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 9 días del mes de octubre del 2001.

Diputados: Bernardo de la Garza Herrera (rúbrica) Coordinador; Francisco Agundis Arias (rúbrica) vicecoordinador (rúbrica), José Antonio Arévalo González, Esveida Bravo Martínez (rúbrica), María Teresa Campoy Ruy Sánchez (rúbrica), Olga Patricia Chozas y Chozas (rúbrica), Diego Cobo Terrazas (rúbrica), Arturo Escobar y Vega (rúbrica), José Rodolfo Escudero Barrera (rúbrica), Sara Guadalupe Figueroa Canedo, Nicasia García Domínguez, Alejandro Rafael García Sainz Arena (rúbrica), María Cristina Moctezuma Lule, Julieta Prieto Fuhrken, Concepción Salazar González (rúbrica), Erika Elizabeth Spezia Maldonado.

(Túrnese a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública. Octubre 9 de 2001.)
 
 

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Proposiciones

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CON PUNTO DE ACUERDO PARA IMPLEMENTAR LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS PENSIONADOS Y JUBILADOS EN EL EJERCITO MEXICANO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO RAFAEL SERVIN MALDONADO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DEL MARTES 9 DE OCTUBRE DE 2001

El suscrito, diputado integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante esta soberanía el siguiente punto de acuerdo con base en las siguientes:

Consideraciones

A partir del primero de enero de 2000, se entrega a los militares en retiro una "ayuda económica vitalicia" cuyo propósito es aliviar la difícil situación económica que viene padeciendo el referido personal.

No obstante, dicha ayuda económica no forma parte de sus haberes de retiro; y por tanto no es transferible a los deudos en caso de fallecimiento.

De lo que se deduce lógicamente, que tal beneficio no habrá de formar parte de los aguinaldos correspondientes ni para integrar las pensiones o seguros de vida a que tienen derecho los deudos, en caso de fallecimiento de los militares en situación de retiro, que posiblemente por su mayoría de edad, enfermedad, o bien, que se trate de viudas con hijos aún pequeños, quedan en situación bastante desprotegida cuando probablemente sus necesidades se hacen más apremiantes.

Al personal en activo, este beneficio se le proporciona en forma de "sobrehaber" por vida cara o insalubridad del lugar en que se trabaja, o por la peligrosidad de la comisión que desempeña, además de otras prestaciones que el retirado ya no recibe y que de alguna manera le permiten vivir con cierto decoro, y aunque el espíritu de la Ley del ISSFAM (art. 21) pretende que los niveles de vida de los retirados sean equiparables a los del activo, esto no se da en la práctica, debido precisamente a estos desajustes.

Es evidente que el personal retirado y sus derechohabientes en caso de fallecimiento, deben tener los mismos derechos, en cuanto a la carestía de la vida y la insalubridad de los lugares en que radican es la misma y seguramente más desprotegidos y con mayores apremios económicos, y en cuanto a la peligrosidad de las comisiones que en algunas ocasiones desempeñan los del activo, es obvio que en su tiempo también el personal retirado las desempeñó y, para entonces, sin ninguna retribución adicional y que, por lo tanto, es de toda justicia, aunque un poco tarde, se hagan acreedores a la recompensa correspondiente.

Los militares en México, sea en activo o en retiro, deben tener condiciones de subsistencia decorosa; en el caso de los militares en situación de retiro, en ocasiones por sus altos servicios a la patria ni siquiera pueden tener la tranquilidad de dejar a su familia una vida digna cuando ellos fallecen.

Es por estas razones que se considera de toda justicia y derechos que al personal militar retirado, se le acredite como parte de su haber de retiro, el beneficio económico a que se ha hecho referencia y se cumpla con el espíritu del artículo 21 de la Ley del ISSFAM, que a la letra señala: "La cuantía de los haberes de retiro y de las pensiones, tal como las estén percibiendo los beneficiarios se incrementarán al mismo tiempo y en igual proporción en que aumenten los haberes de los militares en retiro".

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del pleno de esta Cámara la siguiente

Propuesta de Punto de Acuerdo

Unico.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, se pronuncia porque en pleno acatamiento al artículo 21 de la Ley del ISSFAM, se integre "la ayuda económica" que reciben los militares en retiro a su haberes de retiro.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 9 días del mes de octubre de 2001.

Atentamente
Dip. Rafael Servín Maldonado

(Túrnese a las Comisiones de Seguridad Social, y de Defensa Nacional. Octubre de 2001.)
 
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO SOBRE LA SITUACION DE LOS CONNACIONALES EN ESTADOS UNIDOS, A RAIZ DE LOS ATENTADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE, PRESENTADA POR EL DIPUTADO SERGIO ACOSTA SALAZAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DEL MARTES 9 DE OCTUBRE DE 2001

El pasado 13 de septiembre del presente año todas las fracciones parlamentarias representadas en esta Cámara fijaron su posición en cuanto a los lamentables acontecimientos ocurridos en los Estados Unidos de Norteamérica, aquí en este mismo recinto se escucharon frases como:

• Expresamos nuestra solidaridad con el pueblo norteamericano y los familiares de las víctimas.
• Rechazamos el uso de la fuerza, como instrumento de venganza u odio para atemorizar a la población.
• No dejaremos que el terror invada nuestras vidas.
• Apoyamos a la cultura de la paz.
• No se deben adelantar juicios basados sólo en sospechas, que deriven en acciones arbitrarias en contra de inocentes.
• No se deben transgredir los derechos humanos, en aras de castigo a los culpables.
• Hacemos votos, para que no se vuelva a repetir, nunca más, otra situación igual.

La historia nos ha enseñado, que cuando lamentablemente suceden este tipo de acontecimientos, es necesario y recomendable, mantener una actitud serena y responsable, actuar con prudencia y tolerancia, para no reaccionar motivado solamente por el terror, que por su naturaleza misma es intimidatorio e incontrolable.

En esta atmósfera queremos evitar hechos lamentables como los siguientes:

1. Los realizados, por ciertos sectores minoritarios de la sociedad norteamericana, algunos agrupados en clanes con tendencia xenofóbica racista, como el llamado "Sierra Time", el cual ha convocado, por medio de una página en Internet a sus agremiados y a la población en general, para detener con uso de violencia a todo aquel indocumentado que ingrese a los Estados Unidos, o como lo ocurrido el pasado viernes, donde un mexicano fue víctima junto con su familia, de una golpiza e insultos por parte de unos hermanos estadounidenses, por el hecho de tener rasgos musulmanes.

2. Existe también entre los mexicanos que actualmente residen en los Estados Unidos, la preocupación con respecto a las medidas, que presuntamente se pretenden aplicar, en la política migratoria estadounidense y que podrían justificar, la deportación de cualquier inmigrante, sin apelación judicial. Los cambios sugeridos por el secretario de Justicia, John Ashcroft, en caso de ser aprobados permitirían al Servicio de Inmigración y Naturalización (INS) detener a un inmigrante por violaciones migratorias, durante 48 horas o más, sin presentar cargos contra él.

Estas son algunas de nuestras preocupaciones, mismas que comparten nuestros connacionales quienes también han sido víctimas del terror, derivado de los atentados del pasado 11 de septiembre.

La gravedad de los atentados es sin duda condenable, sin embargo, nada justifica actos que impliquen la persecución o el trato discriminatorio, hacia cualquier persona restringiendo sus derechos humanos.

Es por eso, compañeras y compañeros legisladores, que con base en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, todos los grupos parlamentarios representados en ésta Honorable Cámara de Diputados proponemos y manifestamos el siguiente:

Punto de Acuerdo

Unico: La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, instruya a nuestra Embajada y representaciones consulares, en los Estados Unidos de Norteamérica, para que por los canales diplomáticos que juzgue pertinente, vele por el respeto irrestricto de los derechos humanos de nuestros connacionales, y denuncie cualquier acto de discriminación o xenofobia, que pudiera derivarse de los acontecimientos del 11 de septiembre del presente. Asimismo instrumente todo tipo de medidas que sean necesarias para garantizar la integridad de nuestros compatriotas.

Diputados: Sergio Acosta Salazar (PRD), Gustavo Carvajal Moreno (PRI), Tarcisio Navarrete Montes de Oca (PAN), Eduardo Arnal Palomera (PAN), Víctor E. Díaz Palacios (PRI), Francisco Agundis Arias (PVEM), Raúl Martínez González (PAN), Alfredo Hernández Raigosa (PRD), Pedro Miguel Rosaldo Salazar (PRD) (rúbricas).

(Leída la propuesta por el diputado Sergio Acosta Salazar, hace uso de la tribuna el diputado Víctor Antonio García Dávila, en pro. De conformidad con lo que establece el artículo 59 del Reglamento par el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en votación económica, se considera de urgente resolución. Sin que motive debate, en votación económica, se aprueba. Octubre 9 de 2001.)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO RESPECTO A LA TRANSPARENCIA EN COSTOS DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y SUBSIDIOS IMPLICITOS EN LAS TARIFAS VIGENTES A PARTIR DEL 1 DE JULIO DE 2001, PRESENTADA POR EL DIPUTADO VICTOR EMANUEL DIAZ PALACIOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA SESION DEL MARTES 9 DE OCTUBRE DE 2001

Honorable Asamblea:

En repetidas ocasiones, la actual administración ha manifestado sentar las bases sobre las cuales se desarrollará la política energética en nuestro país, bajo la premisa de cinco ejes fundamentales:

Crecimiento con calidad,
Innovación y calidad total,
Reforma del estado,
Ciencia y tecnología y
Transparencia y rendición de cuentas.

La norma suprema establece en el artículo 74, fracción IV, que es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados examinar, discutir y aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, esta Cámara de Diputados, en sesión celebrada el día 29 de diciembre del año 2000 aprobó para el ejercicio fiscal de 2001 el citado ordenamiento en análisis, consignado, entre otras disposiciones, que "con el objeto de dar transparencia tanto al costo del servicio de energía eléctrica en el que incurren la Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro, como a los subsidios implícitos en las tarifas vigentes a partir del l de julio de 2001, dichas entidades incluirán en los recibos que se expidan a los consumidores una leyenda clara y que expresamente señale:

I. El costo real por el suministro, el cual deberá incorporar la totalidad de las erogaciones incluidas en la prestación del servicio, incluyendo los costos de capital y de los combustibles, valuados estos últimos a sus respectivos costos de oportunidad, y

II. La diferencia entre el costo real por el suministro y el importe a pagar por el consumidor ( ... )

Tal y como se indica en el artículo 80 del decreto presupuestario vigente, respecto a la prestación del servicio público de energía eléctrica en lo concerniente a tarifas residenciales y agrícolas.

Para la evaluación y el control del ejercicio del Presupuesto, se aprobó establecer un sistema de evaluación del desempeño, descrito en el artículo 88 de dicho decreto, con el fin de identificar la eficiencia, los costos del impacto social y la calidad en la administración pública federal, en este caso concreto aplicable a los citados organismos descentralizados.

En cumplimiento al artículo 89 del decreto en referencia, en el término indicado, deberán enviar, los organismos descentralizados, a este recinto, los resultados de las evaluaciones en comento.

De lo expuesto, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se solicita a la Presidencia turnar para su desahogo la presente proposición a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública con opinión de la Comisión de Energía.

honorable asamblea, los diputados suscritos, sometemos ante esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico.- Respecto al cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2001, se solicite un informe escrito, amplio y detallado, en un plazo razonable y perentorio, a los correspondientes directores generales de los organismos descentralizados: Comisión Federal de Electricidad y Compañía de Luz y Fuerza del Centro.

Palacio Legislativo, a 4 de octubre de 2001.

Diputados: Víctor Emanuel Díaz Palacios, José Manuel del Río Virgen (CDPPN), Petra Santos Ortiz, Cutberto Cantorán Espinosa, Juan N. Callejas Arroyo, Marcos López Mora, Eréndira Cova Brindis, Norma Patricia Riojas Santana, Marco Antonio Dávila Montesinos, Alberto Amador Leal, Araceli Domínguez Ramírez, Erika Spezia Maldonado, José Delfino Garcés, Víctor A. García Dávila (PT) (rúbricas).

(Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública con la opinión de la Comisión de Energía. Octubre 9 de 2001.)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO SOBRE BELISARIO DOMINGUEZ, PRESENTADA POR EL DIPUTADO ALEJANDRO CRUZ GUTIERREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA SESION DEL MARTES 9 DE OCTUBRE DE 2001

Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, ponemos a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, bajo los siguientes:

Considerandos

Belisario Domínguez tenía el sentido del deber por encima del instinto de sobrevivencia. No arrastró multitudes ni pretendió el sacrificio de los demás. Amó su soledad y vio inevitable su propio sacrificio, fue lógico, congruente y lúcido. Anduvo en sus manos, durante muchos días, su propia muerte, y fustigó con ella como una vara de justicia, a la usurpación y al crimen.

El código moral de don Belisario es inflexible, tremendo. El se siente sólo un instrumento de la verdad, un ejecutor de la justicia: no un hombre, sino un destino.

El senador Belisario Domínguez, cuando todos los mexicanos parecía que habíamos perdido la vergüenza, cuando cada uno hacía el cálculo de las ventajas y desventajas de una actitud valiente y elevada, cuando parecía perdido para siempre el orgullo de ser hombre, surge casi de la nada el modesto chiapaneco y reivindica con su ejemplo y con el sacrificio de su vida el honor de todo un pueblo. Los discursos en los que hace la más valiente condenación de la usurpación huertista, pueden ser considerados como dos de las grandes piezas de la oratoria mexicana; por esa elocuencia de todo el que dice la verdad y de todo el que peligra por decirla.

La paz se hará, cueste lo que cueste había dicho Victoriano Huerta, habéis profundizado -preguntaba Belisario Domínguez desde lo alto de la tribuna senatorial- lo que significaban esas palabras en el criterio egoísta y feroz de don ¿Victoriano Huerta? Y se respondía: "Significa que Huerta está dispuesto a derramar toda la sangre mexicana, a cubrir de cadáveres todo el territorio nacional, a convertir en una inmensa ruina toda la extensión de nuestra patria, con tal de no abandonar la Presidencia". "Para los espíritus débiles, decía, parece que nuestra ruina es inevitable". No así para él que a la hora que todos retrocedían, avanzaba, cuando todos titubeaban, él se decidía y jugaba en una carta su vida y su destino.

"La patria exige -clamaba el chiapaneco- que cumplamos con nuestro deber, aun con el peligro y aun con la pérdida de la vida". "No dejéis, decía, por temor a la muerte que un impostor, inepto y malvado, continúe en la Presidencia".

"¿Que se diría de la tripulación de una gran nave que en la más violenta tempestad y un mar proceloso, nombrara piloto a un carnicero que sin ningún conocimiento náutico navegara por primera vez y no tuviera más recomendación que la de haber traicionado y asesinado al capitán del barco".

Como sus palabras no encontraron eco suficiente, pasados unos días vuelve al tema, esta vez, con mayor vehemencia. La situación era de verdad gravísima. Huerta provocaba un conflicto internacional con los Estados Unidos de América que podía llevar, como llevó, a la intervención. "La intervención -denunció don Belisario Domínguez- es la muerte de todos los mexicanos que tengan valor, que tengan dignidad que tengan honor. Iremos a combatir, pero no con la esperanza de obtener el triunfo porque la lucha es desigual, sino sólo para salvar lo que deben tener en más valía los hombres y las naciones: el honor. Iremos a morir para que más tarde, cuando el extranjero desembarque en nuestras playas, descubriéndose al pisar nuestro suelo exclame: "de mil héroes la patria aquí fue". Belisario Domínguez proponía un remedio extremo, que el mismo calificó como una simpleza. Pedía a la representación nacional que se redactara una renuncia que debía firmar Victoriano Huerta y que se le comisionara para ponerla en sus manos, junto con el discurso en que hizo la condenación de aquel régimen sanguinario. Tres cosas podrían ocurrir, según el ilustre chiapaneco: una, que al leer aquellos documentos huerta perdiera la paciencia y en un arrebato de ira, lo asesinara en el propio Palacio Nacional. Otra, que leyera hasta la última línea el pliego de la renuncia y el discurso y luego riera de aquella simplicidad, y una final que Victoriano Huerta invadido de un momento de lucidez, comprendiera la situación tal como se le presentara y firmara la renuncia. Pudiera ocurrir también que Huerta tras de asesinarlo, leyera los documentos hasta el final y horrorizado de su crimen, se matara él también salvando con ello a la patria.

Pero no, Belisario Domínguez, sabía a dónde lo conducía aquella decisión ¿previó alguien antes con tanta claridad el fin al que está destinado? Porque la entrevista no llegó a realizarse, pero el usurpador mandó a asesinarlo, cortándole la lengua en un vano intento de acabar con la verdad. Vano, porque las únicas palabras eternas son las verdades. Una verdad puede detener ejércitos, puede salvar de la catástrofe. Puede convertir en triunfo la más inminente derrota.

El reencuentro de los tiempos, nos permite situarnos en la figura del prócer chiapaneco Belisario Domínguez, quien legó a la historia de nuestra patria, llevando hasta las últimas consecuencias y con su propia vida por sostener los ideales de libertad y repudio a la utilización de la fuerza como medio para regir los destinos del país, en defensa de la democracia y la legalidad, su muerte alcanzo a conseguir lo que más necesitaba la patria, sacudiendo las conciencias de los diputados de la XXVI Legislatura y reviviendo el honor de la Cámara.

Recordarlo, es transportarnos a esas circunstancias que acechaban a nuestra sociedad y por ende a la política de los tiempos, radicalista, carente de toda práctica de libertad, de justicia y por ello avasalladora del pueblo. Belisario Domínguez decía: "Yo no tengo compromisos con nadie, sólo con mi conciencia y con mi patria". Es ejemplo de valentía, entereza y congruencia, hizo brotar de los corazones de aquellos ciudadanos el valor para enfrentarse al asesino y la decisión para desafiar el poder de la traición y el engaño.

Belisario Domínguez expresa quizás, como ningún otro la conciencia moral del pueblo mexicano, nos permite detenernos para reflexionar en el tiempo de aquellas agudas contradicciones por vencer la herencia colonial, defender la dignidad nacional creando y desarrollando nuevas estructuras sociales.

Cabe destacar en él, ser el aperturista de aquellas sinrazones de la relación entre el gobernante y gobernados, incluyendo ante todo la diferencia real del equilibrio de poderes, principalmente entre el legislativo y el Ejecutivo.

Fue un sembrador de libertades en la conciencia del pueblo, un abanderado de la justicia social, un iluminado de la verdad y un soldado de la lealtad.

Las acciones republicanas del prócer chiapaneco, sintetizadas en su frase conocida "libres por la palabra libre", entiéndase lo expresado no como un libertinaje, que trastoque lo que tanto le ha costado a la nación, al pueblo mexicano, pues acabar con lo estructurado sin ocupar los espacios en la reconstrucción de la patria, es acabar con toda nuestra historia, dejando a un lado a todos nuestros héroes que formaron nuestra patria y vivir sin ella es acabar con los sentimientos de nuestro pueblo mexicano.

Es de reflexionar que antes, en aquellas épocas, la carencia de gobiernos con principios y valores fundamentales como hoy el exceso de la sinrazón aberrante en contra de la verdad, como si quisiéramos justificar con palabras la falta de acciones de los que detentan el poder público y la conducción de la nación. Esto, en plena conciencia, no es más que transportar los tiempos a los tiempos, para solicitar que se cumpla cabalmente con lo expresado por tan insigne patriota revolucionario de ideas y estructurador de razones, dígase Belisario Domínguez, para comprender que lo que ocupa un espacio bien construido, no tiene porque desdeñarse y mucho menos desecharse para darle paso a conveniencias de grupos reaccionarios y no así de nuestra patria.

En esta época de globalización en que estamos inmersos, cuando el mundo se abre a competir todos contra todos, cuando levantamos la vista hacemos comparaciones y razonamos en la necesidad de avanzar en la tecnología para ponernos a la par y ser competitivos, reflexionamos en las nuevas generaciones que acuden a las grandes universidades del mundo a nutrirse de los últimos avances, y sin embargo poca influencia y servicio aportan a nuestro país, estos talentos deberían seguir el ejemplo de Belisario Domínguez, quien adquirió sus conocimientos de medicina en la Ciudad Luz, por aquella época líder vanguardista en los conocimientos científicos y que, a su regreso los puso al servicio de su pueblo. Cuando titubeemos, bien podemos seguir su ejemplo para enderezar el camino o por lo menos sentir vergüenza de nuestra debilidad.

Los inmortales son pocos, recordemos a Sócrates, tomó la cicuta, pudiendo no hacerlo, salvar su vida a invitación de amigos que a costa de la suya le ofrecieron la oportunidad de seguir viviendo, igual conducta siguieron otros; Belisario Domínguez fue invitado, conminado por amigos a que huyera de la muerte, pero con la firmeza que sólo muestran los inmortales, afrontó el destino que le deparó el usurpador de la práctica democrática que empezábamos los mexicanos a construir.

Los valores que la vida y obra de Belisario Domínguez representan, revisten de especial trascendencia la vida nacional, por todo lo anterior proponemos a esta asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero.- Que esta H. Cámara de Diputados realice la publicación de un libro sobre la vida y obra de Belisario Domínguez.

Segundo.- Se revise la forma en que los libros de texto gratuitos presentan la vida y obra de Belisario Domínguez.

Tercero.- Se revise el calendario cívico escolar para que se incluya la conmemoración del aniversario luctuoso Belisario Domínguez.

Palacio Legislativo de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, a los 9 días del mes de octubre del año 2001.

Diputados: Jesús Alejandro Cruz Gutiérrez, Roberto Domínguez Castellanos, José Soto Martínez, Jacobo Nazar Morales, Adolfo Zamora Cruz, Alfredo Ochoa Toledo, Andrés Carballo Bustamante, Nicolás L. Alvarez Martínez (rúbricas).

(Túrnese a la Comisión de Cultura. Octubre 9 de 2001.)
 
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE SE DECLARE ZONA DE DESASTRE LA COSTA DEL ESTADO DE GUERRERO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO SANTIAGO GUERRERO GUTIERREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA SESION DEL MARTES 9 DE OCTUBRE DE 2001

En las últimas dos sesiones de esta Cámara de Diputados, el martes y jueves de la semana pasada, hicieron uso de esta tribuna compañeros diputados de todas las fracciones parlamentarias, para explicar amplia y detalladamente la situación que prevalece en varios estados y regiones del país, que han resultado afectados por distintos siniestros naturales.

Llegamos, incluso, a aprobar un punto de acuerdo para solicitar al Ejecutivo federal declarar zona de desastre, los municipios del estado de Baja California Sur que resultaron afectados por el paso del huracán Julliete.

Hoy, compañeras y compañeros diputados, vengo a exponer otro caso de un fenómeno natural que ha afectado a dos regiones del estado de Guerrero.

En los últimos anos, uno de los temas de la agenda de los organismos internacionales ha sido el cambio climático mundial, en razón de los severos efectos que está produciendo en el medio ambiente y la economía de múltiples regiones, las alteraciones que registra el régimen de precipitación pluvial a escala global.

En nuestro país, cada año la costa del Pacífico registra entre 14 a 16 ciclones tropicales; en tanto que en las regiones del Golfo de México la cifra es de nueve ciclones anuales.

Un ejemplo de las devastaciones que ocasionan este tipo de fenómenos, es el huracán Julliete, que en días pasados sacudió las costas de Baja California Sur, Sonora y parte de Sinaloa.

Otro de los efectos del cambio climático es la presencia de sequías, paradójicamente, en regiones subtropicales o también llamadas trópicos secos; ocasionando siniestros de mayor impacto, económico y social, que en las regiones semidesérticas.

Se trata de un fenómeno relativamente nuevo, que se expresa en el retraso o ausencia temporal de lluvias durante los meses de verano; siniestrando, por lo general, la totalidad de los cultivos de temporal, que es el sistema de siembra predominante en este tipo de regiones.

Una de las consecuencias directas del fenómeno de la sequía, es la afectación del patrimonio productivo de los productores rurales, mermando con ello, el ya de por sí escaso ingreso de las familias campesinas dado los bajos precios de sus cosechas, que ha generado la indiscriminada importación de granos y otras materias primas agrícolas, como es el caso de los derivados de la copra.

Se trata, en suma, de un problema climático con graves repercusiones económicas, pero sobre todo sociales, ya que pone en riesgo la seguridad alimentaria de miles de familias campesinas.

Sin embargo, lo más grave de esta situación, señoras y señores diputados, es que a nuestras autoridades federales se les dificulta ¡entender y atender este tipo de siniestros!

Expongo las razones de esta aseveración:

1. Durante el periodo comprendido entre el 10 de junio y el 16 de agosto del presente año, se registró en la zona costera del estado de Guerrero una ausencia total de lluvias, que afecto severamente la actividad agrícola tanto de la Costa Chica como de la Costa Grande, particularmente a los productores de maíz, que es el cultivo predominante en el ciclo primavera-verano en ambas regiones.

2. La superficie siniestrada por esta sequía temporal, ascendió a 64,000 hectáreas, de las cuales 44,000 hectáreas se localizan, principalmente, en los siguientes municipios de la Costa Chica: San Marcos, 17,766 hectáreas; Acapulco, 7,420 hectáreas; Cuautepec, 6,530 hectáreas; Azoyú, 2,914 hectáreas; Florencio Villarreal, 2,892 hectáreas; Copala, 2,589 hectáreas; San Luis Acatlán, 1,729 hectáreas, y Ometepec 1,025 hectáreas.

3. El número de productores rurales afectados por esta sequía es de 70,000 campesinos de temporal. Se trata de productores de subsistencia con parcelas de entre 1 a 3 hectáreas como máximo, que destinan su producción principalmente al autoconsumo, que no disponen de recursos económicos para asegurar sus cultivos.

4. Al no contarse con la suficiente humedad para el desarrollo del cultivo, se dejarán de producir 130,000 toneladas de maíz; lo que significa una afectación al patrimonio productivo de, cuando menos, 182 millones de pesos.

5. En términos de seguridad alimentaria se considera que se verán afectados alrededor de 350,000 habitantes, 20% de la población estatal; estimándose un déficit de maíz para consumo alimentario de alrededor de 36,000 toneladas.

6. Se trata de una región que, en su mayor parte, es considerada de extrema pobreza, ya que el nivel de ingresos de las familias, en la gran mayoría, no alcanza ni siquiera el salario mínimo.

7. En virtud de que la magnitud de los daños ocasionados por esta sequía, supera la capacidad de respuesta del gobierno del estado de Guerrero, el Ejecutivo estatal solicitó a la Secretaría de Gobernación, con fecha 3 de septiembre pasado, declarar zona de desastre los municipios afectados; para que, conforme a la normatividad del Fondo Nacional de Desastres (Fonden), los productores perjudicados puedan compensar la pérdida de su patrimonio productivo y, consecuentemente, satisfacer sus necesidades más apremiantes, como es el caso de la alimentación y la salud.

Compañeras y compañeros diputados:

No obstante que en el artículo 12 de las reglas de operación del Fonden se entiende por desastre natural: (cito)

"El fenómeno o fenómenos naturales y concatenados no que cuando acaecen en un tiempo y espacios limitados, causan daños severos no previsibles y cuya periodicidad es difícil o imposible de proyectar?" Y que, además, en el numeral 1 del Anexo 11 se define a la sequía como (vuelvo a citar): "Un desbalance temporal de la disponibilidad hidráulica producido por la naturaleza, consistiendo en precipitaciones persistentes menores que el promedio, de frecuencia, duración, severidad incierta y disminución impredecible..." A la fecha, los productores rurales afectados por la sequía en el estado de Guerrero, aún están esperando los apoyos contemplados en el Fondo Nacional de Desastres.

¿Se trata acaso de un problema de interpretación de lo que es una sequía temporal por parte de la Comisión Nacional del Agua, para no considerar a la costa de Guerrero como zona de desastre, tal y como se establece en el Capítulo II y los anexos correspondientes de las Reglas de Operación del Fonden?

O, lo más grave, compañeras y compañeros diputados:

¿Será que la Secretaría de Gobernación, aún no ha solicitado a la Comisión Nacional del Agua corroborar la situación en que se encuentran los 70,000 productores de la costa de Guerrero?

O ¿acaso la Comisión Nacional del Agua no ha realizado el peritaje respectivo?

Cualquiera que sea la causa, lo que está sucediendo con la solicitud que formuló el gobierno del estado de Guerrero, debemos interpretarla como ¡una negación del pacto federal!, Ya que el Gobierno de la República ¡está haciendo caso omiso! a su responsabilidad de procurar apoyo a regiones y estados que enfrentan problemas graves generados por desastres naturales, que rebasan la capacidad financiera de la entidad federativa para hacer frente a este tipo de contingencias, como es el caso del estado de Guerrero.

Señoras y señores diputados

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta honorable soberanía, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Unico. Se exhorte a la Secretaría de Gobernación y a la Comisión Nacional del agua atender la solicitud del gobierno del estado de Guerrero, para declarar zona de desastre los municipios afectados por la sequía registrada en la costa de Guerrero durante los meses de junio, julio y agosto del presente año, conforme a lo dispuesto por las Reglas de Operación del Fondo Nacional de Desastres.

Palacio Legislativo de San Lázaro, octubre 9 de 2001.

Dip. Santiago Guerrero Gutiérrez (rúbrica)

(Túrnese a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública. Octubre 9 de 2001.)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO SOBRE LOS LIMITES DEL ESTADO DE MEXICO Y EL DISTRITO FEDERAL, PRESENTADA POR EL DIPUTADO DELFINO GARCES MARTINEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DEL MARTES 9 DE OCTUBRE DE 2001

1.- Antecedentes

1.1.- Con fecha 2 de mayo de 1968 el Estado Libre y Soberano de México y el Departamento del Distrito Federal, celebraron un convenio con el fin de atender de manera conjunta sus límites territoriales y para tal efecto se creó la Comisión de Límites, con el objeto de celebrar un convenio definitivo sobre la fijación de los límites entre ambas entidades, el cual se sometería a la aprobación de la Legislatura del estado de México así como del H. Congreso de la Unión.

El 18 de diciembre de 1989, el estado de México y el Departamento del Distrito Federal, emitieron un comunicado para reactivar la comisión de límites antes señalada y el primero de marzo de 1990 suscribieron un acuerdo con el propósito de dar bases e instrucciones para llevar a cabo los trabajos correspondientes.

1.2.- La Comisión de límites entre el Distrito Federal y el estado de México en sesiones celebradas los días 25 de abril, 23 de mayo, 26 de junio así como 2 y 11 de julio de 1990, según actas de esas fechas, elaboró planos, proponiendo al estado de México y al Departamento del Distrito Federal los nuevos límites de dichas entidades.

1.3.- Con fecha 24 de agosto de 1993 el gobierno del estado de México y el Departamento del Distrito Federal celebraron dicho convenio para la precisión y reconocimiento de sus límites territoriales, estableciendo en forma expresa dos modificaciones de la línea limítrofe entre el Distrito Federal y el estado de México; la primera en el tramo comprendido entre las mojoneras "Tlatel de los Barcos" y 6 "Tecatl" en el lugar donde se ubica la zona norte de la colonia San Felipe de Jesús y la segunda situada en el trazo de la línea comprendida entre las mojoneras "Puerto de las Cruces", "La Pirámide", "Cerro de Tepehuizo" y "Piedra de Almolar" en el lugar conocido, como "La Marquesa-El Zarco".

En la cláusula segunda de éste convenio las partes establecieron que: "El estado de México" y "El Departamento", ratifican su aceptación y apoyo al decreto del Congreso de la Unión de fecha 15 de diciembre de 1898 promulgado el día 17 del mes y año citados y a los antecedentes que sustentaron su expedición, en particular el plano elaborado con apoyo en las actas a que se alude en dicho decreto que fue realizado por el Ing. Antonio Linares; y expresan que las precisiones, reconocimiento y arreglos definitivos de límites a que se refiere el convenio se basan en lo esencial en el decreto y planes citados.

En la cláusula cuarta del convenio, en mención, se estableció que las partes acordaban dos modificaciones en su línea limítrofe, y que son las mencionadas anteriormente, en términos del acta de la comisión de límites del 26 de julio de 1990.

1.4.- Con fecha 14 de septiembre de 1993 se publicó el decreto por el cual la LI Legislatura del estado de México aprobó el convenio de límites antes referido.

1.5. Con fecha 27 de julio de 1994 se publicó el decreto por medio del cual el Congreso de la Unión aprobó el convenio para la precisión y reconocimiento de sus respectivos límites territoriales, celebrado entre el Estado Libre y Soberano de México y por el Departamento del Distrito Federal de fecha 24 de agosto de 1993.

1.6.- Con fecha 9 de noviembre de 1994 se publicó el decreto por medio del cual la LII Legislatura del estado de México, acordó segregar de los municipios de Chalco, Ixtapaluca, La Paz y Chicoloapan, varios kilómetros cuadrados.

En los artículos segundo y tercero del referido decreto se señala: que el territorio y los centros de población comprendidos y asentados dentro de los límites contenidos en la poligonal formarán un municipio con una superficie de 44.57 kilómetros cuadrados y que el municipio formado por ese territorio y centros de población se denominará Valle de Chalco Solidaridad.

El 31 de diciembre de 1994 se publicó el decreto por medio del cual la Asamblea de Representantes del Distrito Federal aprueba la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, y en el Capítulo Segundo, artículo 6º, de dicha ley, se precisa que el territorio del Distrito Federal, se compone del territorio que actualmente tiene y sus límites geográficos son los límites fijados por los decretos del 15 y 17 de diciembre de 1898 y el de 27 de julio de 1994, expedidos por el Congreso de la Unión.

II. Consideraciones

II.1. Preocupación de los vecinos.

Hago del conocimiento de ésta Cámara de Diputados que en forma indebida las autoridades administrativas tanto del estado de México como del Distrito Federal, han establecido, que desde el año de 1994, en los pueblos pertenecientes a la delegación Tláhuac del Distrito Federal, entre ellos Santa Catarina Yecahuitzotl, San Francisco Tlaltenco, San Pedro Tláhuac, San Juan Ixtayopan, San Nicolás Tetelco y San Andrés Mixquic se modificaron los límites territoriales de dichas poblaciones, pasando a formar parte del estado de México los territorios y población que desde hace más de un siglo habían pertenecido siempre al Distrito Federal.

Los vecinos de las poblaciones antes mencionadas, han expresado de diversas formas su rechazo a pertenecer a la jurisdicción del estado de México y muestra de ello son los diferentes escritos de inconformidad que han presentado ante diversas autoridades y de las que se cuenta con las respectivas copias, así como los amparos promovidos en fecha 17 de agosto de 1995 por el comisariado ejidal de Santa Catarina Yecahuitzotl ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, por el cambio de límites de sus tierras, las cuales siempre habían pertenecido al Distrito Federal.

La Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal que fue aprobada por la Asamblea de Representantes, de fecha 31 de diciembre de 1994, establece cuales son los nuevos límites entre el estado de México y el Distrito Federal y en la misma, sin razón legal alguna se modifica los límites que comprenden diversos pueblos de la Delegación Tláhuac, los cuales se han mencionado anteriormente, sin que exista un sustento legal para dicha.

II.2.- Población y legalidad.

Es indudable que esta Cámara de Diputados debe atender las constantes y reiteradas quejas de la población, en el caso concreto de los vecinos de los pueblos de la delegación Tláhuac que muestran su total inconformidad con el cambio de límites de sus posesiones y propiedades, las cuales por más de un siglo han pertenecido siempre y sin ningún problema al Distrito Federal y cuyos límites territoriales y en forma ilegal les fue cambiado por una decisión unilateral del Poder Ejecutivo estableció en forma clara y precisa el cambio, corrección o precisión de los límites en la zona comprendida entre diversos tramos de la delegación Tláhuac. Es indudable que al no haber formado parte expresa del convenio de fecha 24 de agosto de 1993 el cambio de límites en el tramo comprendido a la delegación Tláhuac, cualquier modificación que se haya realizado en ese sentido es ilegal

II.3.- De los diputados.

Al ser los diputados representantes populares, nos corresponde atender debidamente todo reclamo o queja formulada por nuestros representados, sobre todo si se toma en cuenta que el problema planteado es de gran importancia no solo legal si no también social, por lo que en forma inmediata se debe atender al mismo, tratando de encontrar solución adecuada que satisfaga los intereses de los vecinos y toda vez que existen dos entidades de la federación involucradas. También deberá requerirse a los titulares de las mismas sus puntos de vista sobre el problema planteado, pues desde ahora puede vislumbrarse la existencia de un problema de límites entre dichas entidades en un futuro muy cercano, provocado fundamentalmente por un régimen presidencial anterior que atendiendo única y exclusivamente sus intereses personales, realizó en forma arbitraria acciones que perjudican directamente a los habitantes del Distrito Federal y en forma específica a los vecinos de la delegación Tláhuac. Debemos resaltar en éste punto el hecho de que anteriormente el regente de la Ciudad de México carecía de una verdadera representación popular que legitimara el ejercicio de sus funciones, por lo que considero que el actual jefe de gobierno del Distrito Federal, podría atender, en el ámbito de sus atribuciones, la presente proposición y tomará las acciones que sean pertinentes para hacer respetar en estricto sentido el estado de derecho y el territorio del Distrito Federal.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos solicito, a nombre del grupo parlamentario del PRD, al Presidente de ésta Cámara de Diputados ponga a consideración del pleno la siguiente:

Proposición

Primera.- Turnar la presente proposición a las Comisiones de Gobernación y Seguridad Pública y del Distrito Federal de la Cámara de Diputados, con el objeto de que, en el ámbito de sus facultades, soliciten información a las Comisiones de Límites, tanto del estado de México como del Distrito Federal, sobre los trabajos realizados en el convenio celebrado entre las entidades mencionadas de fecha 24 agosto de 1993, que incluya los documentos y planos en que se hayan sustentado sus trabajos.

Segunda. Que dichas comisiones de la Cámara de Diputados soliciten respetuosamente al gobernador del estado de México y al jefe de gobierno del Distrito Federal, información sobre la posición oficial que tengan respecto del problema planteado, con el objeto de determinar las medidas pertinentes, de conformidad con la legislación aplicable.

Tercera. Que, una vez analizada la información, se recomiende a los Congresos locales que resuelvan en el sentido de que los límites entre el estado de México y el Distrito Federal, en la parte correspondiente al municipio de Valle de Chalco y a la Delegación Tláhuac respectivamente, regresen a su estado original que data del año de 1894.

Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 4 de octubre de 2001.

Dip. José Delfino Garcés Martínez (rúbrica)

(Túrnese a las Comisiones de Gobernación y Seguridad Pública, y del Distrito Federal. Octubre 9 de 2001.)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA LLEVE A CABO UNA INVESTIGACION SOBRE LA PRESUNTA CORRUPCION EN PEMEX, EN SALINA CRUZ, OAXACA, PRESENTADA POR EL DIPUTADO HECTOR SANCHEZ LOPEZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DEL MARTES 9 DE OCTUBRE DE 2001

Punto de Acuerdo

Unico: Esta H. Cámara de Diputados, con pleno respeto al ámbito de competencias, solicita al titular de la Procuraduría General de la República realice una exhaustiva investigación de los hechos anteriormente descritos, así como por las denuncias presentadas ante la Agencia del Ministerio Público de la Federación, en Salina Cruz, por el C. Alfredo López Ramos, por hechos que pueden constituir delitos del orden federal en contra del patrimonio de la paraestatal Petróleos Mexicanos.

Diputados: Héctor Sánchez López, Pedro Miguel Rosaldo Salazar (rúbricas)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, SOBRE LA VENTA DE BANCRECER A BANORTE, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JOSE ANTONIO MAGALLANES RODRIGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DEL MARTES 9 DE OCTUBRE DE 2001

Antecedentes

El 24 de septiembre de 2001, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), por acuerdo de su Junta de Gobierno, adjudicó el 100 por ciento de las acciones de Bancrecer, SA, a Banco Mercantil del Norte, SA, Institución de Banca Múltiple (Banorte).

El día de ayer se confirmó en diversos medios de información y mediante un comunicado del Instituto de Protección al Ahorro Bancario, que un funcionario de muy alto nivel de la institución había sido "arraigado en su domicilio" por parte de la Procuraduría General de la República como resultado de la presunta comisión de delitos en contra de la empresa Grupo Bursátil Mexicano.

Considerando

1.- Que el funcionario arraigado por la Procuraduría General de la República, se desempeñaba hasta el día de ayer como secretario adjunto jurídico del Instituto.

2.- Que conforme a la Ley del IPAB en su artículo 18, fracción XXVIII, es facultad del secretario ejecutivo, proponer a la Junta de Gobierno el nombramiento de los servidores públicos del instituto del nivel inmediato inferior.

3.- Que quién hasta el día de ayer se desempeñaba como secretario adjunto jurídico fue propuesto por el secretario ejecutivo y aprobado por la Junta de Gobierno de la Institución.

4.- Que durante casi un año de gestión como secretario adjunto jurídico, fungió como apoderado legal del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, con las funciones que le marca el artículo 23 de la Ley del IPAB.

5.- Que dentro de estas funciones se encuentran entre otras; las de coordinar los aspectos relacionados con los procesos de adquisición, recuperación, enajenación y administración de bienes.

6.- Que al mes de agosto del presente año, el IPAB ha realizado operaciones de venta o administración de cartera por 58,987.9 millones de pesos por las que sólo ha recibido aproximadamente 10,120.9 millones de pesos, es decir que por cada peso que ha vendido el IPAB, sólo a recuperado en promedio 17 centavos, cifra muy por debajo del 30 por ciento que alguna vez, estimaron recuperar las autoridades gubernamentales.

7- Que en la venta de Bancrecer se recuperó menos del 2% de los recursos invertidos por el gobierno para su saneamiento.

8.- Que los dueños de Grupo Bursátil Mexicano (GBM), figuran en las transacciones reportables de Inverlat.

9.- Que derivado de todo lo anterior y de las acusaciones que ha sufrido la institución tanto por parte del procurador fiscal como del auditor superior de la federación, existe ya, un deterioro en la calidad moral del Instituto y una absoluta pérdida de confianza y credibilidad de la opinión pública y de este órgano Legislativo, tanto en la Junta de Gobierno del Instituto, como en el secretario ejecutivo y demás funcionarios de la institución.

10.- Que el artículo 75 de la Ley del IPAB, establece que es el Senado de la República o en su caso la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, quién debe aprobar a los vocales ejecutivos que conforman la mayoría de la Junta de Gobierno del Instituto.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General solicitó a la Presidencia de la Mesa Directiva someta a consideración de este pleno, el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico.- Que el pleno de la Cámara de Diputados haga un respetuoso llamado al la Cámara de Senadores a fin, de que se proceda a intervenir a la Junta de Gobierno del IPAB, hasta que sea emitido el fallo de la Secodam con respecto a los vocales y el de la PGR con respecto al secretario adjunto jurídico, que se informe a esta soberanía de los actos en el que tuvo que ver el arraigado domiciliario a fin de salvaguardar el interés público.

Dip. Antonio Magallanes Rodríguez (rúbrica)

(Túrnese a la Junta de Coordinación Política. Octubre 9 de 2001.)
 
 

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Convocatorias

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DE LA COMISION DE ASUNTOS INDIGENAS

A su reunión de trabajo, que se efectuará el miércoles 10 de octubre, a las 8:30 horas, en el salón de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, edificio D, planta baja.

Orden del Día

1. Lista de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior.
4. Instalación de las subcomisiones de trabajo conformadas en la reunión del pleno del 12 de septiembre.
5. Integración de los equipos técnicos para la elaboración del Presupuesto de Egresos 2001 para la atención de los pueblos indígenas y sobre la transformación del INI.
6. Asuntos generales.

Atentamente
Dip. Héctor Sánchez López
Presidente
 
 
 

DE LA COMISION ESPECIAL DE LA AGROINDUSTRIA AZUCARERA DE MEXICO

A su reunión de trabajo, el miércoles 10 de octubre, a las 9 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.

Atentamente
Dip. Francisco Castro González
Presidente
 
 
 

DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO

A la reunión de su Mesa Directiva, que se efectuará el miércoles 10 de octubre, a las 9 horas, en la sala de juntas de la Presidencia de la Comisión, ubicada en el edificio D, segundo piso.

Atentamente
Dip. Concepción González Molina
Presidenta
 
 
 

DE LA COMISION DE ENERGIA

A la sesión de las comisiones de Energía; de Seguridad Social, y de Trabajo y Previsión Social, en la cual comparecerá el director general de Luz y Fuerza del Centro, licenciado Alfonso Caso Aguilar, y que se llevará a cabo el miércoles 10 de octubre, a las 10 horas, en el salón Legisladores de la República.

Esta comparecencia se inserta en el marco del análisis de la glosa del Primer Informe de Gobierno del Presidente de la República, Lic. Vicente Fox Quesada, por acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

Atentamente
Dip. Juan Camilo Mouriño Terrazo
Presidente
 
 
 

DE LA COMISION DE SALUD

Al foro Implicaciones Médicas y Jurídicas de la Reproducción Asistida, el cual se llevará a cabo el miércoles 10 de octubre, a las 10 horas, en el auditorio Sur.

Atentamente
Dip. Ma. Eugenia Galván Antillón
Presidenta
 
 
 

DE LA COMISION DE TRANSPORTES

A la primera reunión del Grupo de Trabajo de Infraestructura Carretera y Autotransporte, que se llevará a cabo el miércoles 10 de octubre, a las 10 horas, en el salón F del restaurante Los Cristales.

Orden del Día

1. Lista de asistencia y verificación de quórum.
2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.
3. Exposición de motivos.
4. Sesión de preguntas y respuestas.
5. Asuntos generales.
6. Clausura de la sesión.

Atentamente
Dip. Juan Manuel Duarte Dávila
Presidente
 
 
 

DEL COMITE DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS FINANZAS PUBLICAS

A su primera reunión, que tendrá lugar el miércoles 10 de octubre, a las 10 horas, en la sala de juntas del Centro, ubicado en el edificio D, planta baja.

Orden del Día

1. Lista de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
3. Presentación del secretario técnico.
4. Comentarios a la propuesta de Reglamento Interno del CEFP.
5. Comentarios y aprobación a la propuesta del plan de trabajo.
6. Propuesta para la realización del foro sobre expectativas económicas 2002.
7. Comentarios por parte del C. Roberto Michel Padilla sobre los documentos emitidos por el CEFP.
8. Asuntos generales.
9. Clausura de la reunión

Atentamente
Dip. Moisés Alcalde Virgen
Presidente
 
 
 

DEL COMITE DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO E INVESTIGACIONES PARLAMENTARIAS

A la reunión que se llevará a cabo el miércoles 10 de octubre, a las 11 horas, en el salón A del restaurante Los Cristales.

Orden del Día

1. Registro de asistencia.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Lectura del acuerdo de la Junta de Apoyo Administrativo por el que se determina el procedimiento para el reclutamiento y selección y, en su caso, designación de funcionarios que ocupen las plazas de directores de proyecto e investigadores adscritos al Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias.
4. Aprobación de la convocatoria al concurso de oposición abierto.
5. Acuerdo para la integración del jurado calificador.
6. Asuntos generales.

Atentamente
Dip. Juan Manuel Carreras López
Presidente
 
 
 

DE LA COMISION DE EDUCACION PUBLICA Y SERVICIOS EDUCATIVOS

A su reunión de trabajo, que se llevará a cabo el miércoles 10 de octubre, a las 11 horas, en la sala de juntas de la Comisión, ubicada en el edificio F, cuarto nivel.

Orden del Día

1. Pase de lista
2. Instalación legal de la asamblea.
3. Lectura del acta anterior.
4. Lectura de correspondencia recibida.
5. Análisis y discusión de los proyectos de dictamen de las subcomisiones.
6. Asuntos generales.

Atentamente
Dip. Enrique Meléndez Pérez
Presidente
 
 
 

DE LA COMISION DE RELACIONES EXTERIORES

A la reunión de trabajo de la Comisión y legisladores del Grupo de Amistad México-Canadá con el señor Peter Milliken, Presidente del Parlamento de Canadá, y la delegación canadiense; que se efectuará el miércoles 10 de octubre, de las 11:30 a las 12 horas, en el salón Protocolo, ubicado en el edificio A, planta baja.

Atentamente
Dip. Gustavo Carvajal Moreno
Presidente
 
 
 

DE LA COMISION DE TRANSPORTES

A su octava reunión ordinaria, que se realizará el miércoles 10 de octubre, a las 12 horas, en la zona C del restaurante Los Cristales.

Atentamente
Dip. Juan Manuel Duarte Dávila
Presidente
 
 
 

DE LA COMISION ESPECIAL DEL SUR-SURESTE

A su comida-reunión de trabajo, el miércoles 10 de octubre, a las 14 horas, en el patio sur de la H. Cámara de Diputados.

Orden del Día

1. Registro de asistencia y verificación de quórum.
2. Lectura y, en su caso, aprobación del acta anterior.
3. Presentación del anteproyecto de plan de trabajo.
4. Integración de subcomisiones.
5. Propuesta para agendar reunión con el Lic. Florencio Salazar Adame (coordinador general del Plan Puebla-Panamá).
6. Puntualidad y asistencia a reuniones de los ciudadanos diputados, a cargo del Dip. Jesús Alí de la Torre.
7. Asuntos generales.

Atentamente
Dip. N. Salvador Escobedo Zoletto
Presidente
 
 
 

DEL COMITE DE INFORMACION, GESTORIA Y QUEJAS

A la reunión del Subcomité de Enlace con Congresos Locales y Gobiernos Estatales, el miércoles 10 de octubre, a las 14:30 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.

Orden del Día

1. Registro de asistencia.
2. Bienvenida:

• Dip. Lorena Martínez Rodríguez, Presidenta del Comité de Información, Gestoría y Qujas.
• Dip. José Ramón Soto Reséndiz, secretario y coordinador del Subcomité de Enlace con Gobiernos Estatales, Congresos Locales y Gobiernos Municipales.

3. Presentación de diputados integrantes del subcomité e invitados.
4. Funciones, actividades y plan de trabajo del Comité de Información, Gestoría y Quejas de la Cámara de Diputados.
5. Subcomité de Enlace con Gobiernos Estatales, Congresos Locales y Gobiernos Municipales.
6. Sesión de preguntas y respuestas.
7. Asuntos generales.

Atentamente
Dip. José Ramón Soto Reséndiz
Secretario y coordinador del Subcomité
 
 
 

DE LA COMISION DE REGLAMENTOS Y PRACTICAS PARLAMENTARIAS

A su reunión de trabajo, que se llevará a cabo el miércoles 10 de octubre, a las 15 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.

Orden del Día

1. Declaración de quórum.
2. Lectura del orden del día.
3. Definición de criterios respecto al dictamen de las iniciativas sobre el 2 de octubre de 1968.
4. Proyecto de dictamen del Reglamento de la Unidad de Evaluación y Control de la Auditoría Superior de la Federación.
5. Proyecto de dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 40 de la Ley Orgánica del Congreso General (para cambiar el nombre de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda por el de Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de Hacienda).
6. Estudio "Facultades de las Cámaras relativas a su régimen interior", a cargo del Lic. Roberto Martínez Espinosa.
7. Definición de los criterios para la adecuación del marco jurídico del Congreso General.
8. Asuntos generales.

Atentamente
Dip. Augusto Gómez Villanueva
Presidente
 
 
 

DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO

Asu reunión plenaria, el miércoles 10 de octubre, a las 16:30 horas, en el salón Libertadores, ubicado en el edificio H, primer piso.

Atentamente
Dip. Concepción González Molina
Presidenta
 
 
 

DE LA COMISION DE VIVIENDA

A su reunión de trabajo, el miércoles 10 de octubre, a las 16:30 horas, en el salón C del restaurante Los Cristales.

Orden del Día

1. Lista de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Presentación de programa de los foros organizados por la Comisión de Vivienda.
4. Asuntos generales.
5. Clausura de la reunión.

Atentamente
Dip. José Marcos Aguilar Moreno
Presidente
 
 
 

DE LA COMISION DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES

A la reunión de la Subcomisión de Niños y Niñas, el jueves 11 de octubre, a las 9 horas, en las oficinas de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

Atentamente
Dip. Laura Pavón Jaramillo
Coordinadora de la Subcomisión
 
 
 

DE LA COMISION DE TRANSPORTES

A la segunda reunión del Grupo de Trabajo de Transporte Ferroviario con el Dr. Aarón Dychter Poltolarek, subsecretario de Comunicaciones y Transportes, que tendrá verificativo el jueves 11 de octubre, a las 10 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.

Atentamente
Dip. Juan Manuel Duarte Dávila
Presidente
 
 
 

DE LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE

A su reunión de trabajo con medallistas olímpicos, que se realizará el jueves 11 de octubre, a las 15 horas, en los salones C y D del restaurante Los Cristales.

Atentamente
Dip. Arturo Escobar y Vega
Presidente
 
 
 

DE LA COMISION DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES

A la reunión de la Subcomisión de Atención a los Adultos Mayores, que se llevará a cabo el día 16 de octubre, a las 14:30 horas, en el salón F del restaurante Los Cristales.

Orden del Día

1. Lista de asistencia y verificación del quórum.
2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.
3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior.
4. Comentarios sobre el foro internacional Envejecimiento Demográfico, llevado a cabo el día 1 de octubre del año actual.
5. Informe sobre el Seminario Internacional de Atención al Anciano, llevado a cabo del 1 al 5 de octubre del año en curso en La Habana, Cuba.
6. Análisis y comentarios sobre la iniciativa de ley presentada por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre la adición de un capítulo a la Ley General de Salud, en relación con los adultos mayores.
7. Análisis y comentarios sobre la proposición con punto de acuerdo presentada por el diputado Pedro Miguel Rosaldo Salazar, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para crear un programa de pensión asistencial destinado a los adultos mayores de 65 años que no gozan de ninguna pensión.
8. Informe sobre los avances de las mesas de trabajo de las grupos de apoyo de la Subcomisión de Adultos Mayores.
9. Asuntos generales.

Atentamente
Dip. Raquel Cortés López.
Coordinadora de la Subcomisión
 
 
 

DE LA COMISION DE DESARROLLO SOCIAL

A la reunión de trabajo de la Subcomisión de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano, el martes 16 de octubre, a las 17 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.

Orden del Día

1. Lista de asistencia y declaración de quórum.
2. Presentación del Programa Nacional de Desarrollo Humano por parte del Arq. Santiago Antón Gracia, subsecretario de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio de Sedesol.
3. Asuntos generales.

Atentamente
Dip. Nemesio Domíngez Domínguez
Coordinador de la Subcomisión
 
 
 

DE LA COMISION DE MARINA

A su reunión con el C. Almirante Marco Antonio Peyrot González, titular de la Secretaría de Marina, que se realizará el miércoles 24 de octubre, a las 9 horas, en la zona C del restaurante Los Cristales.

Atentamente
Dip. César Patricio Reyes Roel
Presidente
 
 
 

DE LA COMISION DE TRANSPORTES

A su primer informe interactivo, el miércoles 31 de octubre, a las 12 horas, en el salón Verde.

Atentamente
Dip. Juan Manuel Duarte Dávila
Presidente