Iniciativas
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN EL ARTICULO 3° Y EL TITULO SEGUNDO DE LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO CESAR AUGUSTO SANTIAGO RAMÍREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA SESION DEL MARTES 2 DE OCTUBRE DE 2001
Exposición de Motivos
En 1934 se aprobó y publicó el Reglamento para el Gobierno Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Desde entonces, no hemos podido deshacernos de él.
Su buena factura está implícita y explícita; porque a pesar de que no hay una sola Legislatura en la que no se haya hecho referencia al supuesto anacronismo de sus preceptos, ninguna de tantas Legislaturas, ha sido capaz de sustituirlo por otro mejor.
Salvo las cosas peculiares de la época de su creación que nos parecen ahora, evidentes excesos, lo concerniente a la organización del trabajo de la Cámara; las iniciativas, las discusiones, las votaciones y la fórmula para la expedición de las Leyes siguen en sus disposiciones generales absolutamente aplicables.
En la LVII Legislatura y ante las circunstancias particulares definidas por la inexistencia de mayoría absoluta de cualquiera de los grupos parlamentarios, se discutió y aprobó una nueva Ley Orgánica para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de todas maneras, no se atrevieron, o no hubo tiempo, para discutir y aprobar un nuevo reglamento.
Para actualizar las disposiciones reglamentarias en el marco de la nueva Ley Orgánica, se propuso y concretó el método de los llamados "Acuerdos Parlamentarios", en los que se pretendió normar en la nueva perspectiva normativa, integración del orden del día, los debates, y las votaciones de la Cámara de Diputados, lo referente a las reuniones de las Comisiones y Comités de la Cámara; a la Comisión de Jurisdicción y a la sección instructora de la Cámara de Diputados, y el relativo a garantizar la difusión de la información de la Cámara de Diputados.
De todas maneras, el famoso Reglamento de 34 aún se mantuvo como supletorio, ante la evidente limitación de los acuerdos coyunturales de dudosa ubicación jerárquica en el espectro normativo del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
La Cámara en la actualidad funciona con un problema de dispersión normativa y a mi juicio, también, de incertidumbre reglamentaria.
Los efectos los perciben los diputados todos los días, y motivan frecuentes discusiones sobre el orden jerárquico de los principios y la interpretación casuística de la normatividad general. Es tiempo ya, de intentar con el consenso de los diputados, un nuevo arreglo normativo que pueda durar por la certeza de sus principios y un sentido de eficacia práctica de su normatividad.
El germen de todo el problema a mi juicio se ubica en la insistencia en mantener vigente un reglamento que siendo de buena factura, fue creado en otras condiciones y otras características incluso anteriores a la decisión de organizar a la Cámara por grupos de diputados reconocidos como grupos parlamentarios.
Cuando el Reglamento se diseñó, no existían los grupos parlamentarios; por eso su normatividad sería espléndida, si no existieran los agrupamientos que ahora dominan las decisiones y la conducción de la Cámara.
Cuando el sistema de Partidos, fue reconocido en la Constitución y su reflejo inmediato establecido en la Cámara de Diputados en la LI Legislatura, ahí debió haber sido creada una normatividad reglamentaria que resolviera en la Ley el nuevo diseño constitucional de la competencia política.
Su ausencia se ha complicado ante la insistencia de seguir con un espíritu normativo reglamentario que ya no corresponde al diseño constitucional de la renovación electoral por el Sistema de Partidos Políticos.
En la LVII Legislatura se decidió construir una nueva Ley Orgánica; pero otra vez, el asunto reglamentario quedó pendiente.
Y ha pasado el tiempo. El diseño de la Ley respondió a las características muy especiales de aquella Legislatura y al dominio político que se expresaba en una nueva composición de la Cámara que exigía una nueva normatividad para provocar certeza.
No se trata de calificar la decisión de aquella Legislatura, se trata de ubicar bien el problema para concluir con que si aquella normatividad sirvió frente a las condiciones de ese tiempo, la realidad de esta nueva Legislatura, ha cambiado de nuevo y la necesidad de una nueva legislación normativa y reglamentaria está otra vez en el desempeño cotidiano de la Cámara.
Ésta es una nueva y espléndida oportunidad para intentar resolver este problema de manera definitiva y a eso se encamina como una contribución, modesta aportación individual, las dos iniciativas que el día de hoy presento a la consideración de esta H. Legislatura.
No se trata de una realización exhaustiva y comprensiva. Se trata de una propuesta que tiene un profundo sentido práctico derivado de la práctica política y de la experiencia que como diputados hemos estado viviendo.
Propongo una normatividad sui géneris como lo es la Cámara de Diputados del pueblo de México, y como lo es también, el sistema político mexicano.
Propongo una nueva forma de ver los problemas cotidianos de la Cámara y encontrar para todos ellos una normatividad que los resuelva de manera práctica pero muy eficaz. No hemos escogido una profunda elaboración teórica y menos, hemos sucumbido a la tentación de mirar en el extranjero para ver como malcopiamos normatividades que no corresponden a la naturaleza especial del desarrollo mexicano de la política y en sus instituciones legislativas.
Hemos preferido la observación cotidiana de los sucesos, de los eventos y de las necesidades reales de la Legislatura, para tratar de que la norma responda a cada una de ellas.
Hemos preferido observar con detalle las dificultades reales que hay para concretar acuerdos y decidir iniciativas y Puntos de Acuerdo, sin desconocer la naturaleza del gran foro político que la Legislatura representa y que debe ser delimitado, definido, enaltecido, por la sola promulgación de su normatividad interna.
Todo lo hemos construido sobre la base del reconocimiento de la realidad y en la observancia de lo que como diputados hemos vivido en esta y otras Legislaturas.
Principiamos por reconocer el estatuto particular de los diputados. Precisar o intentar hacerlo, su estatuto, sus prerrogativas y la necesidad de reconocerles a los diputados el espacio individual que les corresponde como diputados de la nación en la feliz expresión de la Constitución de la República.
Reconocemos también la existencia de los llamados grupos parlamentarios como formas de organización de los diputados; pero no como camisas de fuerza, que impidan la libertad del debate o la oportunidad en la discusión de las agendas de los diputados en lo individual.
Hemos buscado fórmulas para definir de una vez por todas lo que debe corresponder legítima y soberanamente a los diputados en el manejo administrativo de la Cámara y lo que toca a las áreas de estricto sentido administrativo y de apoyo técnico de ésta y de cualquier otra Legislatura.
Hemos reconocido la necesidad de que cada Legislatura tenga el número de comisiones ordinarias que resulten de las áreas que la Ley Orgánica de la Administración Pública precise para el gobierno federal, pero que permita a cada Legislatura la decisión de decidir cuántas otras deben incorporarse en cada Legislatura, por sus peculiares razones.
Hemos considerado de enorme valor práctico el establecimiento de los acuerdos parlamentarios para el orden del día, para las discusiones, las votaciones y las comparecencias camerales estableciendo aquello que le toca resolver al Pleno y lo que le corresponde a la Junta de Coordinación, formada por los grupos parlamentarios.
Hemos puesto especial énfasis en tratar de concluir ese debate permanente en lo que corresponde a la administración y su servicio civil de carrera y lo que legítimamente le debe corresponder a los diputados, y en ese sentido proponemos la desaparición de la Secretaría General para que la Cámara funcione sólo con áreas de apoyo parlamentario y de apoyo técnico que tengan la seguridad de que su trabajo será respetado y enaltecido en la medida de que respeten y no interfieran con los trabajos de los legisladores.
Para eso proponemos que la Junta de Coordinación Política recupere la capacidad de régimen interno y la coordinación política que solía tener, para recuperar en el más alto órgano de concertación política de la Cámara las decisiones de régimen interno que a todos los diputados corresponde.
He pensado que es indispensable delimitar lo que pertenece, lo que es propio de cada Legislatura, y no intentar dejar atadas a las próximas, a las condiciones a los énfasis, y a las características de una Legislatura en particular.
Por eso propongo que al inicio de cada Legislatura sean los propios diputados de esa Legislatura los que convaliden el acuerdo parlamentario correspondiente o suscriban uno nuevo.
Proponemos así dejar en la norma claramente establecidos, los temas y capítulos que son de observancia permanente y que deben estar debidamente resguardados en la Ley como garantía de los ciudadanos frente al desempeño de su Cámara de Diputados y aquellos otros de urgencia por cada Legislatura.
La iniciativa que propongo tiene pues la intención de resolver por la experiencia práctica, los problemas que enfrenta cualquier Legislatura, con la advertencia de que, se propone una organización que por su misma naturaleza pueda ser susceptible de reformas ágiles y de adecuaciones permanentes.
Para profundizar en los detalles de esta iniciativa, deseo presentar como parte de esta exposición de motivos un listado que precisa los objetivos de la reforma y destaca las grandes líneas de su articulado con una breve expresión de las cuestiones más importantes.
Así mismo deseo manifestar de manera puntual que en la elaboración de esta iniciativa, por decisión personal, sólo acudí a los apoyos técnicos de esta propia Cámara de Diputados que han realizado un espléndido trabajo. Su muestra de profesionalismo y responsabilidad, son el ejemplo de la coordinación que puede darse si los campos se delimitan bien, con objetividad y con el ánimo definido de proponer antes que, de complicar.
Enseguida pues, enumero las características técnicas y los detalles más importantes de esta iniciativa, con una convocatoria final, para que, con las iniciativas de Acción Nacional y las que han presentado destacados diputados de mi Partido y de la Revolución Democrática instalemos pronto en la instancia que decida la Presidencia de la Cámara el espacio para arribar a un consenso elemental que produzca una normatividad que pueda durar y que signifique la creación de los diputados de este tiempo que responde a la sociedad de este tiempo, con las reglas parlamentarias de la Cámara de Diputados de este tiempo.
Es el momento de rendir homenaje al Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de 1934, dejándolo finalmente que descanse en paz.
Documento de apoyo para la discusión de la iniciativa de reformas a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 3 de septiembre de 1999
Breve análisis de la Ley Orgánica
1. Objetivos
a) Analizar el funcionamiento actual de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en su Título Segundo, referente a la Cámara de Diputados.
b) Proponer las líneas de cambio que se consideran necesarias para la eficacia plena de la Ley.
c) Señalar los capítulos, artículos y numerales que serían modificados mediante las directrices propuestas, así como detallar y describir los cambios que implica al texto vigente.
d) Proponer la redacción de los artículos, tomando en cuenta el formato seguido por la Ley Orgánica vigente, el análisis de diversos ordenamientos que regulan la organización y funcionamiento parlamentario a nivel nacional y en el extranjero, así como los criterios de técnica legislativa utilizados en la creación y modificación de cuerpos normativos.
2. Diagnóstico
A casi dos años de vigencia, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos ha presentado diversos problemas de aplicación que impiden su eficacia plena. Ello en virtud de múltiples factores, entre los que se destacan:
a) La confusión que prevalece en cuanto a las líneas de dirección interna, debido a la existencia de tres órganos de gobierno.
En este sentido, se considera como uno de los focos problemáticos al órgano permanente de gobierno denominado Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, cuya naturaleza y funciones han complicado el trabajo legislativo, más que facilitarlo.
Operativamente, la Conferencia no ha cumplido con el objetivo para el cual fue creada, a saber, "ser el espacio de convergencia entre la dirección parlamentaria (Mesa Directiva), la expresión política (Junta de Coordinación Política), y las áreas de trabajo legislativo, que vincule en una misma dirección las tareas de cada órgano y tome de manera conjunta las decisiones para desahogar de manera eficaz las funciones propias de la Cámara".1
En los hechos, la inserción de esta figura parlamentaria (sin precedente en otras leyes orgánicas del tema) sólo ha originado la ausencia de límites claros respecto de las funciones específicas de cada órgano de gobierno.
Asimismo, al tener carácter permanente genera una estructura administrativa adicional a la de la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política, lo que implica la utilización de recursos materiales, humanos y financieros extras, en suma, mayores gastos.
b) La creación, como parte del aparato técnico administrativo de la Cámara, de una Secretaría General
De acuerdo con lo establecido en la Ley, la Secretaría General constituye un órgano coordinador de los servicios parlamentarios, así como de los administrativos y financieros; también es el vínculo entre el gobierno de la Cámara y su administración. No obstante su finalidad y atribuciones legales, en la práctica el desempeño de este órgano técnico no ha sido el esperado y su creación sólo ha dado lugar a la burocratización del trabajo administrativo.
Por otro lado, debido a la forma de elección del Secretario General (a propuesta de la Conferencia y votado por las dos terceras partes de los diputados presentes en sesión plenaria), esta figura genera concentración de poder y quizá pugnas entre los partidos para obtener la posición, pues resulta estratégica.
No resulta excesivo plantear que la estructura de la Secretaría General representa también un porcentaje del presupuesto de la Cámara.
Cabe mencionar que debido a los problemas esbozados en los párrafos anteriores, el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentó, el pasado periodo ordinario de sesiones (abril 10, 2001), una iniciativa para desaparecer la Secretaría General y delegar sus funciones a las dos Secretarías de Servicios.
c) La reducción de facultades legales para la creación y funcionamiento de comisiones y comités
La normatividad vigente que regula a las comisiones y comités prescribe lineamientos demasiado generales y en algunos casos poco claros, lo que ha generado una casi nula flexibilidad en cuanto a las vías de solución de problemas que se presentan de facto en su trabajo cotidiano.
Por ejemplo, con la regulación actual resulta imposible que pueda acordarse la creación o desaparición de nuevas comisiones y comités, olvidando que la conformación de este tipo de órganos debe de tener un estrecho vínculo con necesidades reales, que además son cambiantes cada Legislatura.
De igual forma se considera que la Ley es obscura en algunos otros puntos relacionados con las Comisiones y Comités. Entre ellos podemos señalar los siguientes:
No contempla ciertos acuerdos parlamentarios referentes a las atribuciones de las mesas directivas de las comisiones, pero a la vez omite regular su estructura, de tal forma que dichos acuerdos están jerárquicamente subordinados a la nada jurídica, pero se aplican en lo cotidiano de manera supletoria en virtud de las lagunas de la ley al respecto.
No se prevén los lineamientos en cuanto a las condiciones mínimas de funcionamiento que deben reunir las comisiones y comités para llevar a cabo sus sesiones, verbigracia en lo que se refiere a la periodicidad de las sesiones, al quórum y a las votaciones, por mencionar sólo algunos.
Hace falta establecer un mecanismo mediante el cual se simplifique el procedimiento para la sustitución de los miembros de las comisiones;
No está contemplado el plazo para la emisión de dictámenes o resoluciones de las comisiones.
Por lo que hace a la regulación de los comités, la Ley vigente se limita a expresar que son distintos a las comisiones, omitiendo su modus operandi, la manera en la que se integrarán y sus funciones primordiales.
En suma, el régimen actual se caracteriza por ser tan rígido, que imposibilita la toma de decisiones por parte de una Legislatura, sobre todo si consideramos que cada tres años se modifica la composición de la Cámara y se requiere de nuevos entendimientos entre las fuerzas políticas.
d) La ausencia de un apartado en la Ley que se refiera en forma expresa a las prerrogativas, derechos y deberes de los diputados.
Como se sabe, el Capítulo Tercero del Título Segundo de la Ley se refiere a los grupos parlamentarios, es decir, a la manera en la que se organizan los diputados de acuerdo a su posición partidista y con base en lo establecido por la Constitución. Hace referencia pues, sólo a los diputados constituidos en Grupos.
En este sentido quedan fuera de normatividad los derechos y deberes mínimos de aquellos diputados que no forman parte de grupo parlamentario alguno, ya sea en virtud de que no alcanzan a conformarlo por el número de diputados requeridos para el efecto, o bien, por los denominados en la propia Ley como "diputados sin partido".
3. Líneas de discusión para la reforma a la Ley Orgánica
La reforma a la Ley vigente implica una auténtica reingeniería de algunos de los pilares que actualmente le dan estructura, ya que por un lado, sus prescripciones no han permitido dar solución fácil a los problemas cotidianos del trabajo parlamentario, pero por otro, omite regular mecanismos mínimos de control respecto de temas como el manejo del patrimonio propio de la Cámara, o bien, sobre las condiciones mínimas con las que debe contar cualquier diputado, independientemente del grupo parlamentario del que forme parte.
Así las cosas, en la iniciativa se proponen desde la inserción de mecanismos tendientes a flexibilizar el desarrollo de las tareas legislativas, tales como las líneas de mando precisas y claramente limitadas entre los órganos de gobierno; la señalización puntual de los procedimientos mínimos a los que deben ajustarse las comisiones y comités para el cumplimiento de sus funciones; y la forma de vinculación entre los órganos de gobierno y los administrativos; hasta las bases sobre las que se habrán de construir los acuerdos para el deshogo de los procedimientos típicos de cualquier órgano de esta naturaleza y también la creación de una dependencia dedicada a lograr la preservación del patrimonio propio de la Cámara.
Lo anterior implica los siguientes cambios y adiciones en la normatividad vigente:
a) La desaparición de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos como órgano de carácter permanente y su replanteamiento en términos de reuniones periódicas entre la Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva.
Estas reuniones tendrían entre sus objetivos principales discutir y proponer los acuerdos para la formulación de los trabajos legislativos, el calendario conforme al cual habrán de desahogarse y en general la forma que deben seguir los debates. Por otro lado, se buscaría establecer consensos sobre la distribución de los espacios físicos, y los recursos humanos, materiales y financieros, entre los distintos grupos parlamentarios.
Lo anterior posibilitaría que una vez que el Pleno apruebe y asuma estos Acuerdos, tengan vigencia para toda la Legislatura, evitando así que estén en constante cambio las reglas a seguir en cuanto a estos temas.
Quedarían encomendados a las reuniones otros objetivos, entre las cuales están: Acordar los criterios para los trabajos legislativos de las comisiones y la forma en que deberán rendir sus informes, así como el formato al que deberán ajustarse las comparecencias con servidores públicos.
Es importante aclarar que con la reforma propuesta quedaría fuera de la competencia de las reuniones la vinculación con los órganos técnicos y administrativos de la Cámara, que pasaría a formar parte de las atribuciones de la Junta de Coordinación Política.
Con base en lo anterior, se sugiere la transformación de la Junta de Coordinación Política en "Junta de Régimen Interno y Coordinación Política", la cual sería el nexo con los órganos técnico-administrativos, además de conservar sus actuales funciones de Concertación Política.
También en lo que toca al Régimen Interno, la Junta propondría al Pleno la designación de algunos funcionarios administrativos y nombraría a otros de menor rango. Por otro lado debe señalarse que contaría con una subcomisión encargada de las funciones que anteriormente tenía el Comité de Administración, exceptuando las referidas a la vigilancia y control del patrimonio cameral.
b) La transformación de la estructura técnica-operativa, lo que implicaría en principio la desaparición de la Secretaría General, pero además la creación de un órgano permanente que controle y vigile el manejo del patrimonio de la Cámara.
Para tal efecto se propone adoptar una organización similar a la de la Cámara de Senadores, que cuenta exclusivamente con las Secretarías de Servicios Parlamentarios y de Servicios Administrativos y Financieros.
Se constituiría una dependencia técnico-administrativa denominada "Órgano de Control y Vigilancia Patrimonial de la Cámara de Diputados", cuya responsabilidad central sería precisamente el control y la vigilancia de los bienes muebles e inmuebles de la Cámara, así como lo relacionado con los inventarios y la observancia de las normas para la contratación de obras y adquisiciones de bienes.
El fin último de esta nueva figura es que el patrimonio de la Cámara, que es independiente de la Legislatura en turno esté controlado, de tal forma por ejemplo, que para modificar cualquiera de las instalaciones, existan procedimientos legales que establezcan como hacerlo y por tanto estas decisiones no se sujeten al arbitrio exclusivo de los grupos parlamentarios.
Los titulares de las Secretarías y del Órgano de Control serían nombrados por el Pleno a propuesta de la Junta de Régimen Interno y Concertación Política por el voto del 50% más uno de los miembros de la Cámara.
Por lo que respecta a las demás áreas de servicio, los nombramientos se harían conforme a las normas que dicta el Estatuto del servicio cameral, las que comprenderán lo relacionado con el servicio de carrera, conforme a las bases establecidas por la Ley Orgánica.
A efecto de permitir mayor flexibilidad en la organización de los servicios, la modificación de los artículos 49 y 51 de la Ley Orgánica, para que la Cámara pueda adoptar los niveles y rangos de dirección que considere más apropiados en cuanto a la estructuración de los servicios.
c) Facultar a la Cámara para que pueda aumentar o disminuir el número de sus comisiones ordinarias y posibilitar la creación de nuevos comités, señalando con precisión su objeto, además de establecer lineamientos básicos a cerca de su integración y funcionamiento.
En cuanto a su integración, si bien se respetan los principios vigentes, se propone delinear con mayor precisión sus bases mínimas de operación y el plazo para el desahogo de los asuntos que les sean turnados. Así también, flexibilizar el procedimiento para realizar la sustitución de sus miembros, debido a que cuando no hay periodo, se dificulta al grado que es llevado hasta el Pleno.
Es prioritario también, incorporar algunos de los aspectos contemplados en acuerdos parlamentarios anteriores relacionados con las atribuciones de los presidentes y secretarios de las mesas directivas de comisión.
e) Ampliar el apartado de "grupos parlamentarios", cambiando en principio la denominación del capítulo por "de los diputados". Esta reestructura tiene la finalidad de regular primero los derechos y deberes mínimos de los diputados en lo individual y enseguida, referirse a su forma de organización.
Para ello, la reforma propone dividir el capítulo referente en dos secciones: La primera relativa a las prerrogativas, derechos y deberes de los diputados; la segunda, para regular su forma de organización en grupos parlamentarios. Cabe aclarar que este último rubro se mantendría en los mismos términos en los que se encuentra regulado en la Ley vigente.
Se considera pertinente también, cambiar la ubicación del Capítulo que en el texto vigente se encuentra inserto entre los órganos de gobierno y colocarlo después del capítulo primero. Son dos las razones fundamentales para ello: a) En virtud de que se trata de principios éticos que en todos los ordenamientos suelen enunciarse al inicio; y b) Que su ubicación actual da lugar a confusión en cuanto a los órganos de gobierno de la Cámara.
Actualmente, un apartado de esta naturaleza se considera indispensable para que los diputados tengan conocimiento de los alcances y límites de su actuación en lo particular. Por otro lado, parece ser una exigencia, pues está ya inserto en algunas legislaciones locales sobre la materia.
La reforma al Título Segundo de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, implicaría la siguiente estructura:
TÍTULO SEGUNDO
De la organización y funcionamiento de la Cámara de Diputados
CAPÍTULO PRIMERO
De la sesión constitutiva de la Cámara
CAPÍTULO SEGUNDO
De los diputados
Sección Primera
De sus prerrogativas, derechos y obligaciones
Sección Segunda
De su forma de Organización
CAPÍTULO TERCERO
De los órganos de gobierno de la Cámara
Sección Primera
Disposiciones generales
Sección Segunda
De la Mesa Directiva
Sección Tercera
De sus atribuciones
Sección Cuarta
Del Presidente de la Cámara de Diputados
Sección Quinta
De los Vicepresidentes y Secretarios
CAPÍTULO CUARTO
De la Junta de Régimen Interno y Concertación Política
Sección Primera
De su integración
Sección Segunda
De su naturaleza y atribuciones
Sección Tercera
Del Presidente de la Junta de Régimen Interno y Coordinación Política
CAPÍTULO QUINTO
De la dirección y programación de los trabajos legislativos
CAPÍTULO SEXTO
De las Comisiones y los Comités
Sección Primera
Disposiciones Generales
Sección Segunda
De las Comisiones
Sección Tercera
De su integración
Sección Cuarta
De su organización y funcionamiento
Sección Quinta
De los Comités
CAPÍTULO SÉPTIMO
De la organización técnica y administrativa de la Cámara
Sección Primera
Disposiciones Generales
Sección Segunda
De la Secretaría de Servicios Parlamentarios
Sección Tercera
De la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros
Sección Cuarta
Del Órgano de Control y Vigilancia Patrimonial de la Cámara de Diputados
Sección Quinta
De los órganos técnicos
Sección Sexta
Del servicio civil de carrera
Por lo anteriormente expuesto y con base en la facultad que me concede el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el 55 fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter por su conducto, a la consideración de esa Soberanía, para su discusión y aprobación en su caso, la siguiente
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el artículo 3° y el Título Segundo de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos
ARTÍCULO PRIMERO. Se reforma el artículo 3° de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
"Artículo 3.
1. El Congreso y las Cámaras que lo componen tendrán la organización y funcionamiento que establecen la Constitución General de la República, esta Ley, los Acuerdos Parlamentarios y demás ordenamientos internos que cada una de las Cámaras expidan en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales.
2. ............
ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforma el Título Segundo de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
"TÍTULO SEGUNDO
De la organización y funcionamiento e la Cámara de Diputados
CAPÍTULO PRIMERO
De la sesión constitutiva de la Cámara
Artículo 14.
1. En el año de la elección para la renovación de la Cámara, el Secretario de Servicios Parlamentarios de la misma:
a) Hará el inventario de las copias certificadas de las constancias de mayoría y validez que acrediten a los diputados electos por el principio de mayoría relativa y de las copias certificadas de las constancias de asignación proporcional, expedidas en los términos de la ley de la materia; así como de las notificaciones de las sentencias inatacables del órgano jurisdiccional electoral sobre los comicios de diputados;
b) Entregará, a partir del 20 y hasta el 28 de agosto, las credenciales de identificación y acceso de los diputados electos a la sesión constitutiva, con base en las constancias de mayoría y validez y de asignación proporcional, en los términos del inciso anterior;
c) Preparará la lista de los diputados electos a la nueva legislatura, para todos los efectos de la sesión constitutiva de la Cámara y
d) Elaborará la relación de los integrantes de la legislatura que con anterioridad hayan ocupado el cargo de legislador federal, distinguiéndolos por orden de antigüedad en el desempeño de esa función y señalando las legislaturas a las que hayan pertenecido, así como su edad.
2. Los diputados electos con motivo de los comicios federales ordinarios para la renovación de la Cámara que hayan recibido su constancia de mayoría y validez, así como los diputados electos que figuren en la constancia de asignación proporcional expedida a los partidos políticos de conformidad con lo previsto en la ley de la materia, se reunirán en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados el día 29 de agosto de ese año, a las 11:00 horas, con objeto de celebrar la sesión constitutiva de la Cámara que iniciará sus funciones el día 1o. de septiembre.
3. El Secretario de Servicios Parlamentarios de la Cámara notificará a los integrantes de la nueva Legislatura, la fecha señalada en el párrafo anterior para la celebración de la sesión constitutiva, al momento de entregar las credenciales de identificación y acceso. A su vez, mandará publicar avisos en el Diario Oficial de la Federación y en los medios impresos de mayor circulación en la República en torno al contenido de dicha disposición.
4. En los términos de los supuestos previstos por esta ley para la conformación de los grupos parlamentarios, los partidos políticos cuyos candidatos hayan obtenido su constancia de mayoría y validez o que hubieren recibido constancia de asignación proporcional, comunicarán a la Cámara, por conducto del Secretario de Servicios Parlamentarios, a más tardar el 28 de agosto del año de la elección, la integración de su grupo parlamentario, con los siguientes elementos:
a) La denominación del grupo parlamentario;
b) El documento en el que consten los nombres de los diputados electos que lo forman; y
c) El nombre del coordinador del grupo parlamentario.
Artículo 15.
1. Para la conducción de la sesión constitutiva de la Cámara habrá una Mesa de Decanos, constituida por un Presidente, tres vicepresidentes y tres secretarios.
2. La Mesa de Decanos se integra por los diputados electos presentes que hayan desempeñado con mayor antigüedad la responsabilidad de legislador federal. En caso de presentarse antigüedades iguales, la precedencia se establecerá en favor de quienes hayan pertenecido al mayor número de legislaturas y, en su caso, a los de mayor edad. El diputado electo que cuente con mayor antigüedad será el Presidente de la Mesa de Decanos. Serán vicepresidentes los diputados electos que cuenten con las tres siguientes mayores antigüedades, procurando reflejar la pluralidad de la conformación de la Cámara. En calidad de secretarios les asistirán los siguientes tres diputados electos que cuenten con las sucesivas mayores antigüedades.
3. Presentes los diputados electos en el Salón de Sesiones para la celebración de la sesión constitutiva, el Secretario de Servicios Parlamentarios de la Cámara informará que cuenta con la documentación relativa a los diputados electos, las credenciales de identificación y acceso de los mismos, la lista completa de los legisladores que integrarán la Cámara y la identificación de la antigüedad en cargos de legislador federal de cada uno de ellos; y mencionará por su nombre a quienes corresponda integrar la Mesa de Decanos, solicitándoles que ocupen su lugar en el presidium.
4. El Presidente ordenará la comprobación del quórum y uno de los secretarios procederá a comprobarlo a efecto de celebrar la sesión constitutiva. Declarado éste, el Presidente de la mesa de decanos abrirá la sesión. Enseguida, se dará a conocer el orden del día, mismo que se ceñirá al cumplimiento de los siguientes puntos: declaración del quórum; protesta constitucional del Presidente de la mesa de decanos; protesta constitucional de los diputados electos presentes; elección de los integrantes de la Mesa Directiva; declaración de la legal constitución de la Cámara; cita para sesión del Congreso General y designación de comisiones de cortesía para el ceremonial de esa sesión.
5. El Presidente de la Mesa de Decanos se pondrá de pie y al efecto harán lo propio los demás integrantes de la Cámara. Aquél prestará la siguiente protesta con el brazo derecho extendido: "protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado a la (número ordinal) legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión que el pueblo me ha conferido, así como la responsabilidad de Presidente de la mesa de decanos de la Cámara, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión. Si así no lo hago, que la nación me lo demande".
6. El resto de los integrantes de la Cámara permanecerá de pie y el Presidente de la Mesa de Decanos les tomará la protesta siguiente: "¿protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado a la (número ordinal) legislatura del Congreso de la Unión que el pueblo les ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?" Los diputados electos responderán, con el brazo derecho extendido: "¡sí protesto!" El Presidente de la mesa de decanos, a su vez, contestará: "si no lo hacen así, que la nación se los demande".
7. Una vez que se hayan rendido las protestas constitucionales referidas en los dos párrafos anteriores, se procederá a la elección de la mesa directiva de la Cámara, de conformidad con lo dispuesto en esta ley.
8. Realizadas las votaciones y declarados los resultados para la elección de la Mesa Directiva de la Cámara, el Presidente de la Mesa de Decanos invitará a sus integrantes a que ocupen el lugar que les corresponde en el presidium y los miembros de ésta tomarán su sitio en el salón de sesiones.
9. La elección de la Mesa Directiva se comunicará al Presidente de la República, a la Cámara de Senadores, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a los órganos legislativos de los estados y del Distrito Federal.
10. En la circunstancia de que la Mesa de Decanos deba actuar como Mesa Directiva, en tanto se concretan los entendimientos necesarios para elegir ésta, se harán las comunicaciones pertinentes a que se refiere el párrafo anterior.
Artículo 16.
1. El Presidente de la Mesa Directiva declarará constituida la Cámara de Diputados, mediante la siguiente fórmula: "la Cámara de Diputados del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, correspondiente a la (número ordinal) Legislatura, se declara legalmente constituida para el desempeño de sus funciones".
2. Enseguida, citará para la sesión de Congreso General correspondiente a la apertura del primer periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio legislativo, que deberá celebrarse a las 17:00 horas del 1o. de septiembre del año que corresponda.
3. A su vez, hará la designación de las comisiones de cortesía que estime procedentes para el ceremonial de la sesión de Congreso General, tomando en cuenta el criterio de proporcionalidad en función de la integración del Pleno.
4. Una vez constituida la Cámara y para la celebración de las sesiones de apertura de Congreso General, que se den con posterioridad a la de inicio de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio legislativo, el Presidente de la mesa directiva formulará las citas correspondientes para las 10:00 horas de las fechas señaladas en los artículos 65 y 66 constitucionales.
5. Los diputados que se presenten o sean llamados al ejercicio del cargo, con posterioridad a la sesión constitutiva de la Cámara, rendirán la protesta constitucional ante el Presidente de la Mesa Directiva en los términos de la fórmula prevista en esta Ley.
CAPÍTULO SEGUNDO
De los diputados
Sección Primera
De sus prerrogativas, derechos y deberes
Artículo 17.
1. Los diputados son representantes del pueblo y tendrán como tales las mismas prerrogativas, derechos y obligaciones.
2. Los diputados gozan del fuero que otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
3. Los diputados son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos y jamás podrán ser reconvenidos o enjuiciados por ellas.
4. Son derechos de los diputados:
a) Percibir las dietas, prestaciones, franquicias y viáticos que les permitan desempeñar con eficacia y dignidad su encargo, así como contar con un espacio en las instalaciones del edificio de la Cámara para el desarrollo de sus funciones. Las dietas y prestaciones se fijarán en el presupuesto, serán personales y sólo podrán ser objeto de descuento previa autorización expresa del diputado o por mandato judicial en los términos de la ley respectiva. Los viáticos y demás asignaciones se otorgarán conforme a los criterios que autorice la Junta de Régimen Interno y Coordinación Política.
b) Decidir formar parte de un grupo parlamentario así como su permanencia en él.
c) Elegir y ser electos para integrar los órganos de la Cámara, comisiones y comités, así como para conformar comisiones de representación de la Cámara en foros, audiencias públicas y reuniones nacionales o internacionales.
d) Recibir el apoyo de los órganos técnicos y administrativos de la Cámara de acuerdo a los lineamientos emitidos por la Junta de Régimen Interno y Coordinación Política, para que puedan desempeñar sus funciones de representación popular.
e) Asistir con voz y voto a las sesiones del Pleno, así como de las comisiones y comités de que formen parte. Podrán asistir con voz, pero sin voto, a las sesiones de las comisiones de que no formen parte.
f) Solicitar, por medio del Presidente de la Comisión a la que pertenezcan, información o documentación a las dependencias y entidades del Gobierno Federal, que estimen convenientes para el cumplimiento de sus funciones.
g) Presentar iniciativas de ley o decreto en ejercicio de la facultad concedida en el artículo 71 de la Constitución, así como propuestas no legislativas.
h) Solicitar el uso de la palabra en el Pleno de la Cámara de acuerdo con la forma establecida para ello en el Acuerdo Parlamentario respectivo. En el caso de que después de tres peticiones no se le concediere, tendrá derecho a solicitarlo de viva voz cuando se abra el capítulo que tenga referencia con su asunto.
5. Son deberes de los diputados:
a) Observar las normas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de esta Ley y del Reglamento, así como de los acuerdos y prácticas parlamentarias aprobados por el Pleno.
b) Responder por los delitos que cometan durante el tiempo de su encargo, así como por faltas u omisiones en que incurran en el ejercicio del mismo, pero no podrán ser detenidos ni ejercitarse en su contra la acción penal hasta que seguido el procedimiento constitucional, se decida la separación del cargo y la sujeción a la acción de los tribunales.
c) No invocar su condición de diputado Federal en actividades mercantiles, industriales y profesionales, excepto cuando se trate de actividades docentes.
d) Asistir con puntualidad a las sesiones del Pleno, de las comisiones y de los comités, así como recabar licencia de la presidencia correspondiente, cuando por causa justificada necesite abandonar el recinto durante el curso de la sesión. No se concederá permiso alguno cuando la existencia del quórum se ponga en riesgo.
e) Emitir su voto a favor o en contra en los asuntos que se requiera, sin menoscabo de su abstención en los casos que considere prudente.
f) Guardar absoluta discreción sobre los asuntos que lo requieran, así como elaborar en tiempo y con la debida forma los proyectos que les sean encomendados.
g) Observar dentro y fuera del recinto, un comportamiento acorde con su investidura.
Sección Segunda
De su forma de organización
Artículo 18.
1. Los diputados se organizarán en grupos parlamentarios constituidos de acuerdo a su afiliación de partido en los términos del artículo 70 constitucional.
2. Los grupos parlamentarios deberán integrarse por lo menos con cinco diputados y sólo podrá haber uno por cada partido político nacional que cuente con diputados en la Cámara.
3. En la primera sesión ordinaria de la Legislatura, cada grupo parlamentario de conformidad con lo que dispone esta Ley, entregará a la Secretaría de Servicios Parlamentarios la documentación siguiente:
a) Acta en la que conste la decisión de sus miembros de constituirse en Grupo, con especificación del nombre del mismo y lista de sus integrantes;
b) Las normas acordadas por los miembros del Grupo para su funcionamiento interno, según dispongan los estatutos del partido político en el que militen.; y
c) Nombre del diputado que haya sido designado como Coordinador del grupo parlamentario y los nombres de quienes desempeñen otras actividades directivas.
4. El Secretario de Servicios Parlamentarios hará publicar los documentos constitutivos de los grupos parlamentarios.
5. Los diputados que dejen de pertenecer a un grupo parlamentario, sin integrarse a otro existente, serán considerados como diputados sin menoscabo alguno a las prerrogativas, derechos y deberes comunes a todos los diputados independientes, debiéndoles respetar sus derechos al igual que a todos los legisladores.
Artículo 19.
1. El coordinador expresa la voluntad del grupo parlamentario; promueve los entendimientos necesarios para la elección de los integrantes de la Mesa Directiva y participa con voz y voto en la Junta de Régimen Interno y Coordinación Política, así como en las reuniones para la dirección y programación de los trabajos legislativos.
2. Durante el ejercicio de la Legislatura, el Coordinador del grupo parlamentario comunicará a la Mesa Directiva las modificaciones que ocurran en la integración de su Grupo. Con base en las comunicaciones de los Coordinadores de los grupos parlamentarios, el Presidente llevará en la Cámara el registro del número de integrantes de cada uno de ellos y sus modificaciones. Dicho número será actualizado en forma permanente y servirá para los cómputos que se realizan para el sistema de voto ponderado.
Artículo 20.
1. Para el ejercicio de las funciones constitucionales de sus miembros, los grupos parlamentarios proporcionan información, otorgan asesoría, y preparan los elementos necesarios para articular el trabajo parlamentario de aquéllos.
Artículo 21.
1. De conformidad con la representación de cada grupo parlamentario la Junta de Régimen Interno y Coordinación Política acordará la asignación de recursos y locales adecuados a cada uno de ellos. Adicionalmente a esas asignaciones, la Junta de Régimen Interno y Coordinación Política dispondrá una subvención mensual para cada grupo parlamentario, integrada por una suma fija de carácter general y otra variable, en función del número de diputados que los conformen.
2. La cuenta anual de las subvenciones que se asignen a los grupos parlamentarios se incorporará a la Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para efectos de las facultades que competen a la Auditoría Superior de la Federación. De dicho documento se remitirá un ejemplar a la Contraloría Interna de la Cámara.
3. La ocupación de los espacios y las curules en el Salón de Sesiones, se hará de forma que los integrantes de cada grupo parlamentario queden ubicados en un área regular y continua. La asignación definitiva de las áreas que correspondan a los Grupos estará a cargo de la Mesa Directiva de la Cámara. Para ello los coordinadores de los Grupos formularán proposiciones de ubicación. En todo caso, la Mesa Directiva resolverá con base en la representatividad en orden creciente de cada Grupo, el número de Grupos conformados y las características del Salón de Sesiones.
CAPÍTULO TERCERO
De los órganos de gobierno de la Cámara
Sección primera
Disposiciones generales
Artículo 22.
1. Para el desempeño del trabajo legislativo, la Cámara de Diputados se organiza mediante dos órganos de gobierno:
a) La Mesa Directiva; y
b) La Junta de Régimen Interno y Coordinación Política.
Sección Segunda
De la Mesa Directiva
Artículo 23.
1. La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados será electa por el Pleno; se integrará con un Presidente, tres vicepresidentes y tres secretarios; durarán en sus funciones un año y podrán ser reelectos.
2. La Cámara elegirá a la Mesa Directiva por el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes, mediante una lista que contenga los nombres de los propuestos con sus respectivos cargos.
3. La elección de los integrantes de la Mesa Directiva se hará por cédula u utilizando el sistema de votación electrónica.
4. Para la elección de la Mesa Directiva, los grupos parlamentarios postularán a quienes deban integrarla, conforme a los criterios establecidos en el artículo 18;
5. Los coordinadores de los grupos parlamentarios no podrán formar parte de la Mesa Directiva de la Cámara.
6. En el caso de que a las 12:00 horas del día 31 de agosto del año de inicio de Legislatura no se hubiere electo a la Mesa Directiva conforme a lo dispuesto en los párrafos que anteceden, la Mesa de Decanos ejercerá las atribuciones y facultades que la Ley otorga a aquélla y a sus integrantes, según corresponda y su Presidente citará a la sesión de instalación del Congreso. La Mesa de Decanos no podrá ejercer dichas atribuciones más allá del 5 de septiembre.
7. La elección de los integrantes de la Mesa Directiva para el segundo y tercer año de ejercicio de la Legislatura, se llevará a cabo durante la sesión preparatoria de la Cámara que inicia dichos periodos. El proceso será conducido por los integrantes de la Mesa Directiva que concluye su ejercicio. Si en dicha sesión no se alcanza la mayoría calificada requerida, esta Mesa continuará en funciones hasta el día 5 del siguiente mes con el fin de que se logren los entendimientos necesarios.
8. En la elección de la lista para la elección de los integrantes de la Mesa Directiva los grupos parlamentarios cuidarán que los candidatos cuenten con una trayectoria y comportamiento que acrediten prudencia, tolerancia y respeto en la convivencia, así como experiencia en la conducción de asambleas.
Artículo 24.
1. En las ausencias temporales del Presidente de la Mesa Directiva, los vicepresidentes lo sustituirán de conformidad con el orden de prelación establecido en la lista electa. De igual forma se procederá para cubrir las ausencias temporales de los demás integrantes de la directiva.
2. Si las ausencias del Presidente fueren mayores a 21 días en periodos de sesiones o de 45 en periodos de receso, la Mesa Directiva acordará la designación del "vicepresidente en funciones de Presidente" y se considerará vacante el cargo hasta la elección correspondiente, para cumplir con el periodo para el que fue elegida la Mesa Directiva. Asimismo y para tal efecto, las ausencias por dichos plazos de sus demás integrantes serán consideradas vacantes y se procederá a la elección respectiva.
3. Toda elección de integrante de la Mesa se realizará mediante el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes en el pleno.
4. Los integrantes de la Mesa Directiva sólo podrán ser removidos con el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes de la Cámara, por las siguientes causas:
a) Transgredir en forma grave o reiterada las disposiciones contenidas en la Constitución y esta Ley;
b) Incumplir los acuerdos del Pleno, cuando se afecten las atribuciones constitucionales y legales de la Cámara; y
c) Dejar de asistir, reiteradamente y sin causa justificada, a las sesiones de la Cámara o a las reuniones de la Mesa Directiva.
Sección Tercera
De sus atribuciones
Artículo 25.
1. La Mesa Directiva conduce las sesiones de la Cámara y asegura el debido desarrollo de los debates, discusiones y votaciones del Pleno; garantiza que en los trabajos legislativos prevalezca lo dispuesto en la Constitución y la Ley.
2. La Mesa Directiva observará en su actuación los principios de imparcialidad y objetividad y tendrá las siguientes atribuciones:
a) Asegurar el adecuado desarrollo de las sesiones del Pleno de la Cámara;
b) Realizar la interpretación de las normas de esta Ley y de los demás ordenamientos relativos a la actividad parlamentaria que se requiera para el cumplimiento de sus atribuciones, así como para la adecuada conducción de la sesión;
c) Cumplir el orden del día para las sesiones, así como cada uno de los puntos considerados en el Acuerdo al que se hace referencia en el inciso a) del artículo 38 de la presente Ley. Deberá también tomar en consideración las propuestas que de los asuntos meramente deliberativos haga la Junta de Régimen Interno y Coordinación Política.
d) Cuidar que los dictámenes, propuestas, mociones, comunicados y demás escritos, cumplan con las normas que regulan su formulación y presentación;
e) Determinar las sanciones con relación a las conductas que atenten contra la disciplina parlamentaria;
f) Designar las comisiones de cortesía que resulten pertinentes para cumplir con el ceremonial; y
g) Las demás que le atribuyen esta Ley, los ordenamientos aplicables y los acuerdos de la Cámara.
Artículo 26.
1. La Mesa Directiva es dirigida y coordinada por el Presidente; se reunirá por lo menos una vez a la semana durante los periodos de sesiones y con la periodicidad que acuerde durante los recesos.
2. Como órgano colegiado, la Mesa Directiva adoptará sus decisiones por consenso; de no lograrse éste, por la mayoría absoluta de sus integrantes. En caso de empate, el Presidente de la Mesa tendrá voto de calidad.
3. A las reuniones de la Mesa Directiva concurrirá el Secretario de Servicios Parlamentarios de la Cámara, con voz pero sin voto, quien apoyará al Presidente de la misma en la preparación de los documentos necesarios para las reuniones, levantará el acta correspondiente y llevará el registro de los acuerdos que se adopten.
Sección Cuarta
Del Presidente de la Cámara de Diputados
Artículo 27.
1. El Presidente de la Mesa Directiva es el Presidente de la Cámara de Diputados y expresa su unidad. Garantiza el fuero constitucional de los diputados y vela por la inviolabilidad del recinto legislativo.
2. El Presidente conduce las relaciones institucionales con la Cámara de Senadores, con los otros dos poderes de la Unión, los poderes de los Estados y las autoridades locales del Distrito Federal. Asimismo, tiene la representación protocolaria de la Cámara en el ámbito de la diplomacia parlamentaria.
3. El Presidente, al dirigir las sesiones, velará por el equilibrio entre las libertades de los legisladores y de los grupos parlamentarios y la eficacia en el cumplimiento de las funciones constitucionales de la Cámara; asimismo, hará prevalecer el interés general de la Cámara por encima de los intereses particulares o de grupo.
4. El Presidente responderá sólo ante el Pleno cuando en el ejercicio de sus atribuciones se aparte de las disposiciones que las rigen.
Artículo 28.
1. Son atribuciones del Presidente de la Mesa Directiva las siguientes:
a) Presidir las sesiones del Congreso General, las de la Cámara y las de la Comisión Permanente, así como las reuniones para la dirección y programación de los trabajos legislativos. Cuando la Presidencia de la Comisión Permanente corresponda a la Cámara de Diputados, el Presidente de la Mesa Directiva formará parte de la propuesta de Diputados que deberán integrarla;
b) Citar, abrir, prorrogar, suspender y levantar las sesiones del Pleno y aplazar la celebración de las mismas en los términos de la parte final del artículo 68 constitucional;
c) Conceder el uso de la palabra; dirigir los debates, discusiones y deliberaciones; ordenar se proceda a las votaciones y formular la declaratoria correspondiente, tomando como base el Acuerdo al que se refiere el inciso a) del artículo 38 de esta Ley;
d) Disponer lo necesario para que los diputados se conduzcan conforme a las normas que rigen el ejercicio de sus funciones;
e) Exigir orden al público asistente a las sesiones e imponerlo cuando hubiere motivo para ello;
f) Dar curso a los asuntos y negocios en términos de la normatividad aplicable y determinar los trámites que deban recaer sobre las cuestiones con que se dé cuenta a la Cámara;
g) Firmar, junto con uno de los secretarios y con el Presidente y uno de los secretarios de la Cámara de Senadores, las leyes y decretos que expida el Congreso General y suscribir, también con uno de los secretarios, los decretos, acuerdos y resoluciones de la Cámara;
h) Convocar a las reuniones de la Mesa Directiva de la Cámara, así como a las reuniones de la dirección y programación de los trabajos legislativos y cumplir con las resoluciones que le correspondan;
i) Firmar, junto con el Secretario de Servicios Parlamentarios los acuerdos de la Mesa Directiva;
j) Firmar la correspondencia y las demás comunicaciones de la Cámara;
k) Tener la representación legal de la Cámara y delegarla en la persona o personas que resulte necesario, así como formular en consulta con la Junta de Régimen Interno y Coordinación Política los proyectos de resolución de la Cámara, para la interposición de controversias constitucionales;
l) Acordar con el titular de la Coordinación de Comunicación Social los asuntos que le competen;
m) Requerir a los diputados que no asistan, a concurrir a las sesiones de la Cámara y comunicar al Pleno, en su caso, las medidas o sanciones que correspondan con fundamento en los artículos 63 y 63 constitucionales;
n) Ordenar el auxilio de la fuerza pública en los casos que resulte necesario; y
o) Las demás que le atribuyan la Constitución General de la República, esta Ley y los demás ordenamientos relativos a la actividad parlamentaria.
2. Asimismo, conforme a la declaración de Presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos que hubiere hecho el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, corresponde al Presidente de la Cámara disponer la elaboración inmediata del bando solemne; darlo a conocer al pleno en la sesión más próxima; ordenar su publicación en el Diario Oficial de la Federación y tomar las medidas necesarias para que se difunda en los periódicos oficiales de las entidades federativas y se fije en las principales oficinas públicas de los Estados, del Distrito Federal y de los municipios.
Sección Quinta
De los Vicepresidentes y de los Secretarios
Artículo 29.
1. Los vicepresidentes asisten al Presidente de la Cámara en el ejercicio de sus funciones.
2. Las representaciones protocolarias de la Cámara podrán ser asumidas por uno de los vicepresidentes, quién será nombrado para tal efecto por el Presidente.
Artículo 30.
1. Los secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara tendrán las atribuciones siguientes:
a) Asistir al Presidente de la Cámara en las funciones relacionadas con la conducción de las sesiones del Pleno;
b) Comprobar el quórum de las sesiones del Pleno, llevar a cabo el cómputo y registro de las votaciones y dar a conocer el resultado de éstas. Al efecto, tendrán a su cargo la supervisión del sistema electrónico de asistencia y votación;
c) Dar lectura a los documentos y desahogar los trámites parlamentarios, en los términos dispuestos por el Presidente de la Cámara;
d) Supervisar los servicios parlamentarios relacionados con la celebración de las sesiones del Pleno, a fin de que se impriman y distribuyan oportunamente entre los diputados las iniciativas y dictámenes; se elabore el acta de las sesiones y se ponga a la consideración del Presidente de la Cámara; se lleve el registro de las actas en el libro correspondiente; se conformen y mantengan al día los expedientes de los asuntos competencia del pleno; se asienten y firmen los trámites correspondientes en dichos expedientes; se integren los libros de los registros cronológico y textual de las leyes y decretos que expida el Congreso General o de los decretos que expida la Cámara y se imprima y distribuya el Diario de los Debates;
e) Firmar junto con el Presidente, las leyes y decretos expedidos por la Cámara y, en su caso, por el Congreso, así como los acuerdos y demás resoluciones de la propia Cámara;
f) Expedir las certificaciones que disponga el Presidente de la Cámara; y
g) Las demás que se deriven de esta ley y los ordenamientos relativos a la actividad parlamentaria o que les confiera el Presidente de la Cámara.
2. La Mesa Directiva acordará el orden de actuación y desempeño de los secretarios en las sesiones del Pleno.
CAPÍTULO CUARTO
De la Junta de Régimen Interno y Coordinación Política
Sección Primera
De su integración
Artículos 31.
1. La Junta de Régimen Interno y Coordinación Política se integra con los coordinadores de cada grupo parlamentario.
2. Será presidente de la Junta, por la duración de la Legislatura, el coordinador de aquel grupo parlamentario que por sí mismo cuente con la mayoría absoluta en la Cámara.
3. En el caso de que ningún grupo parlamentario se encuentre en el supuesto señalado en el párrafo anterior, la responsabilidad de presidir la Junta tendrá una duración anual. Esta encomienda se desempeñará sucesivamente por los coordinadores de los Grupos, en orden decreciente del número de legisladores que los integren.
Artículo 32.
1. En caso de ausencia temporal o definitiva del Presidente de la Junta, el grupo parlamentario al que pertenezca informará de inmediato tanto al Presidente de la Cámara como a la propia Junta, el nombre del diputado que lo sustituirá.
2. Los integrantes de la Junta podrán ser sustituidos temporalmente de conformidad con las reglas internas de cada grupo parlamentario.
Sección Segunda
De su naturaleza y atribuciones
Artículo 33.
1. La Junta de Régimen Interno y Coordinación Política es la expresión de la pluralidad de la Cámara; por tanto, es el órgano colegiado en el que se impulsan entendimientos y convergencias políticas con las instancias y órganos que resulten necesarios a fin de alcanzar acuerdos para que el Pleno esté en condiciones de Adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden.
Artículo 34.
1. A la Junta le corresponden las atribuciones siguientes:
a) Impulsar la conformación de acuerdos relacionados con el contenido de las propuestas, iniciativas o minutas que requieran de su votación en el Pleno, a fin de agilizar el trabajo legislativo;
b) Presentar a la Mesa Directiva y al Pleno proyectos de puntos de acuerdo, pronunciamientos y declaraciones de la Cámara que entrañen una posición política del órgano colegiado, así como lo referente a los asuntos meramente deliberativos que se integrarán al orden del día.
c) Proponer al Pleno la integración de las comisiones, con el señalamiento de la conformación de sus respectivas mesas directivas;
d) Presentar al Pleno, para su aprobación, el anteproyecto de presupuesto anual de la Cámara;
e) Proponer al Pleno la adopción de acuerdos que regulen aquellos aspectos que no estén previstos en el presente Título de la Ley;
f) Proponer al Pleno el proyecto del Estatuto que regirá la organización y funcionamiento de las Secretarías de Servicios Parlamentarios y de Servicios Administrativos y Financieros, y demás centros y unidades, así como lo relativo a los servicios de carrera, en los términos previstos en esta Ley;
g) Asignar, en los términos del Acuerdo establecido en el inciso b) del artículo 38 de esta Ley, los recursos humanos, materiales y financieros, así como los locales que correspondan a los grupos parlamentarios.
h) Integrar las Juntas de Apoyo que considere convenientes para el desempeño de sus atribuciones, las que tendrán la competencia que por acuerdo determine.
i) Proponer al Pleno a los titulares de las Secretarías de Servicios Parlamentarios, Administrativos y Financieros, del Órgano de Control y Vigilancia Patrimonial, así como de la Contraloría Interna;
j) Nombrar y remover por causa justificada a los directores generales adscritos a las Secretarías de Servicios Parlamentarios, Administrativos y Financieros, y del Órgano de Control y Vigilancia Patrimonial, a propuesta en terna de los titulares respectivos. A falta de consenso para este efecto, la decisión será tomada por mayoría simple y bajo el sistema de voto ponderado de los Coordinadores de los grupos parlamentarios;
k) Nombrar y remover por causa justificada a los subcontralores y en general al personal de la Contraloría Interna de la Cámara;
l) Las demás que le atribuyen esta Ley y los ordenamientos relativos.
Artículo 35.
1. La Junta deberá instalarse, a más tardar, en la segunda sesión ordinaria que celebre la Cámara al inicio de la Legislatura. Sesionará por lo menos una vez a la semana durante los periodos de sesiones y con la periodicidad que acuerde durante los recesos. Adoptará sus decisiones por mayoría absoluta mediante el sistema de voto ponderado, en el cual los respectivos coordinadores representarán tantos votos como integrantes tenga su grupo parlamentario.
2. A las reuniones de la Junta concurrirán con voz, pero sin voto los Secretarios de Servicios Parlamentarios y de Servicios y Administrativos y Financieros, en el ámbito de sus respectivas competencias.
Sección Tercera
Del Presidente de la Junta de Régimen Interno y Coordinación Política
Artículo 36.
1. Corresponden al Presidente de la Junta de Régimen Interno y Coordinación Política las atribuciones siguientes:
a) Convocar y conducir las reuniones de trabajo que celebre;
b) Velar por el cumplimiento de las decisiones y acuerdos que se adopten;
c) Proponer criterios para la elaboración del programa de cada periodo de sesiones, el calendario para su desahogo y puntos del orden del día de las sesiones del Pleno;
d) Disponer la elaboración del anteproyecto de presupuesto anual;
e) Designar un Secretario Técnico de la Junta, quien le apoyará en la preparación de los documentos necesarios, levantará el acta correspondiente y llevará el registro de los acuerdos que se adopten, con el auxilio de los Secretarios de Servicios Parlamentarios y Financieros; y
f) Las demás que se deriven de esta Ley o que le sean conferidas por la propia Junta.
CAPÍTULO QUINTO
De la dirección y programación de los trabajos legislativos
Artículo 37.
1. Para dirigir y programar los trabajos legislativos se reunirán periódicamente la Presidencia de la Mesa Directiva y la Junta de Régimen Interno y Coordinación Política. El Presidente de la Cámara encabezará estas reuniones y supervisará el cumplimiento de sus acuerdos.
2. Como secretario de las reuniones para la dirección y programación de los trabajos legislativos fungirá uno de los secretarios de la Mesa Directiva, auxiliado por el Secretario de Servicios Parlamentarios de la Cámara, quien le apoyará en la preparación de los documentos necesarios, así como en la elaboración del acta correspondiente y en el registro de los acuerdos.
3. En periodo ordinario de sesiones, las reuniones para la dirección y programación de los trabajos legislativos se llevarán a cabo por lo menos cada quince días, a convocatoria de su Presidente, o a solicitud de los coordinadores de por lo menos tres grupos parlamentarios. Durante los recesos los presidentes de la Cámara y de la Junta de Régimen Interno y Coordinación Política acordarán su periodicidad.
4. Las resoluciones que se adopten serán por consenso; en caso de no alcanzarse éste, se tomarán por mayoría absoluta mediante el sistema de voto ponderado de los coordinadores de los grupos parlamentarios. El Presidente de la Mesa Directiva sólo votará en caso de empate.
5. Los presidentes de las comisiones podrán ser convocados a estas reuniones.
Artículo 38.
1. Las reuniones para la dirección y programación de los trabajos legislativos tendrán los siguientes objetivos:
a) Proponer al Pleno, durante el mes de septiembre del primer periodo de sesiones correspondiente al primer año de ejercicio constitucional de la Legislatura, la adopción del Acuerdo que establezca los lineamientos para la formulación de los programas legislativos, el calendario para su desahogo y la integración del orden del día, así como el formato que habrán de seguir los debates, las reglas para el uso de la tribuna y las votaciones. Dicho Acuerdo establecerá los asuntos a tratar durante las sesiones, considerando el siguiente orden: Acta de la sesión anterior para su aprobación; dictámenes a discusión; iniciativas de ley o decreto y minutas; puntos de acuerdo; agenda política; y efemérides.
b) Proponer al Pleno, en los términos previstos en el inciso anterior, los criterios para la distribución de los espacios físicos de la Cámara, así como para la disposición de los recursos humanos, materiales y financieros de los grupos parlamentarios.
c) Acordar, con base en el criterio establecido por los incisos precedentes, los lineamientos para la formulación de los programas legislativos y de los informes de las comisiones y comités, así como de las comparecencias o conferencias con servidores públicos;
d) Acordar la designación de delegaciones para atender la celebración de reuniones interparlamentarias con órganos nacionales de representación popular de otros países o de carácter multilateral;
e) Coordinar la planeación del trabajo en comisiones y comités; y
f) Los que se derivan de esta Ley y de los ordenamientos relativos.
2. Los acuerdos a que se refieren los incisos a), b), y c) del presente artículo regirán para toda la Legislatura y hasta la fecha en que se expidan los que habrán de regir la siguiente.
CAPÍTULO SEXTO
De las Comisiones y los Comités
Sección Primera
Disposiciones Generales
Artículo 39.
1. Las comisiones son órganos constituidos por el Pleno que a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, contribuyen a que la Cámara cumpla sus atribuciones constitucionales y legales.
2. Las comisiones serán:
a) Ordinarias: Analizan y dictaminan las iniciativas de ley o decreto que les sean turnadas, así como los asuntos del área de su competencia;
b) Jurisdiccional: Interviene en los términos de ley en los procedimientos de responsabilidad de servidores públicos;
c) De investigación: Las que se constituyen con carácter transitorio para el ejercicio de la facultad a que se refiere el párrafo tercero del artículo 93 constitucional.
d) Especiales: Las que sean creadas por acuerdo del Pleno para hacerse cargo de un asunto específico. El acuerdo que las establezca señalará su objeto, el número de los integrantes que las conformarán y el plazo para efectuar las tareas que se les hayan encomendado. Cumplido su objeto se extinguirán.
3. La Cámara contará con el número de comisiones ordinarias y especiales que requiera para el cumplimiento de sus funciones. Las comisiones podrán aumentar, disminuir, o ser divididas por acuerdo del Pleno, según lo exija el despacho de los asuntos.
Sección Segunda
De las comisiones
Artículo 40.
1. La Cámara de Diputados cuenta con comisiones que se mantienen de Legislatura a Legislatura, y que son aquéllas que se corresponden con los diversos ramos de la Administración Pública Federal.
2. Las comisiones establecidas en el párrafo anterior, tienen a su cargo tareas de dictamen legislativo, de información y control evaluatorio, conforme a lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 93 constitucional, y su competencia se corresponde en lo general con las otorgadas a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
Artículo 41.
1. Las comisiones ordinarias que se establecen en este artículo desarrollan las tareas específicas que en cada caso se señalan.
2. La Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias se integra con veinte miembros de entre los diputados de mayor experiencia legislativa y todos los grupos parlamentarios están representados en la misma. Se encarga de:
a) Preparar proyectos de ley o decreto para adecuar las normas que rigen las actividades camerales;
b) Dictaminar las propuestas que se presenten en esta materia y resolver las consultas que en el mismo ámbito decidan plantearle los órganos legisladores constituidos en virtud de este ordenamiento; y
c) Impulsar y realizar los estudios que versen sobre disposiciones normativas, regímenes y prácticas parlamentarias.
3. La Comisión del Distrito Federal tiene a su cargo tareas de dictamen legislativo y de información para el ejercicio de las atribuciones de la Cámara previstas en el Apartado A del artículo 122 constitucional.
4. La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación realiza las tareas que le marcan la Constitución y la correspondiente ley reglamentaria.
5. La Comisión Jurisdiccional se integrará por un mínimo de 12 diputados y un máximo de 16, a efecto de que entre ellos se designen a los que habrán de conformar, cuando así se requiera, la sección instructora encargada de las funciones a que se refiere la ley reglamentaria del Título Cuarto de la Constitución en materia de responsabilidades de los servidores públicos.
Artículo 42.
1. Las reuniones de las comisiones podrán ser públicas, cuando así lo acuerden sus integrantes, también podrán celebrar sesiones de información y audiencia, a las que asistirán, a invitación de ellas, representantes de grupos de interés, asesores, peritos, o las personas que las comisiones consideren que pueden aportar conocimientos y experiencias sobre el asunto que se trate.
Sección Tercera
De su integración
Artículo 43.
1. Las comisiones ordinarias se constituyen durante el primer mes del ejercicio de la Legislatura, tendrán hasta 30 miembros, y el encargo de sus integrantes será por el término de la misma, salvo las excepciones previstas por esta Ley. Ningún diputado pertenecerá a más de tres de ellas; para estos efectos, no se computará a la comisión jurisdiccional, a las de investigación y a los comités.
2. Para la integración de las comisiones, la Junta de Régimen Interno y Coordinación Política, tomará en cuenta la pluralidad representada en la Cámara y formulará las propuestas correspondientes, con base en el criterio de proporcionalidad, entre la integración del Pleno y la conformación de las comisiones, así como la situación de los diputados que no pertenecen a un grupo parlamentario.
3. Al proponer la integración de las comisiones, la Junta postulará también a los diputados que deban presidirlas y fungir como secretarios, tomando como base los elementos enunciados en el numeral anterior, así como los antecedentes y la experiencia legislativa de los diputados.
4. En caso de que la dimensión de algún grupo parlamentario no permita la participación de sus integrantes como miembros de la totalidad de las comisiones, se dará preferencia a su inclusión en las que solicite el Coordinador del Grupo correspondiente.
5. Los cambios en la integración de comisiones que se hagan con posterioridad a su conformación por el Pleno, deberán ser comunicados por los Coordinadores de los grupos parlamentarios a la Junta de Régimen Interno y Coordinación Política, la que lo informará oficialmente a la Presidencia de la Mesa Directiva para que ésta ordene su publicación en la Gaceta Parlamentaria y notifique del cambio temporal o definitivo a la Mesa Directiva de la comisión correspondiente. Todo cambio en comisiones deberá registrarse oficialmente por la Secretaría de Servicios Parlamentarios.
6. Los integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara no formarán parte de las comisiones y comités.
Sección Cuarta
De su organización y funcionamiento
Artículo 44.
1. Las comisiones serán coordinadas por una Mesa Directiva integrada por un Presidente y el número de secretarios que determine el Pleno.
2. Las comisiones observarán los lineamientos que a continuación se enuncian para su eficaz funcionamiento:
a) Deberán sesionar por lo menos una vez al mes, incluso en los periodos de receso.
b) Sus integrantes están obligados a acudir puntualmente a las reuniones y sólo podrán faltar por causa justificada y debidamente comunicada y autorizada por el Presidente de la Comisión correspondiente.
c) Para iniciar las sesiones se requerirá de la mitad más uno de los diputados que integren la Comisión. En el caso de que no se reúna el quórum necesario, la sesión quedará pospuesta y se convocará nuevamente a los diputados, por lo menos con 24 horas de anticipación. Si en esta ocasión no se completa el quórum, la comisión sesionará con los diputados que estén presentes.
d) Las decisiones se tomarán por mayoría de votos de los diputados presentes, quienes deberán firmar los dictámenes que se produzcan. Si alguno o algunos de ellos disiente del parecer de la mayoría, podrá presentar por escrito su voto particular.
e) Cuando uno o más individuos de una comisión tuvieren interés personal en algún asunto que se remita al examen de ésta, se abstendrán de votar y firmar el dictamen, y lo avisarán por escrito al Presidente de la Cámara.
3. Si un diputado se separa del grupo parlamentario al que pertenecía en el momento de conformarse las comisiones, el Coordinador del propio Grupo podrá comunicar su sustitución. Igualmente los coordinadores de los grupos parlamentarios comunicarán el cambio de adscripción o la sustitución temporal o definitiva de cualquiera de sus miembros en comisiones.
4. Las comisiones contarán para el desempeño de sus tareas con el espacio necesario para el trabajo de su Mesa Directiva y para la celebración de sus reuniones plenarias.
5. Las comisiones podrán establecer subcomisiones o grupos de trabajo para el cumplimiento de sus tareas. En la constitución de las subcomisiones se buscará reflejar la pluralidad de los grupos parlamentarios representados en la Comisión.
Artículo 45.
1. Los presidentes de las comisiones ordinarias, con el acuerdo de éstas, podrán solicitar información o documentación a las dependencias y entidades del Ejecutivo Federal cuando se trate de un asunto sobre su ramo o se discuta una iniciativa relativa a las materias que les corresponda atender de acuerdo con los ordenamientos aplicables.
2. No procederá solicitud de información o documentación, cuando una u otra tengan el carácter de reservada conforme a las disposiciones legales aplicables.
3. El titular de la dependencia o entidad estará obligado a proporcionar la información en un plazo razonable; si la misma no fuere remitida, la comisión podrá dirigirse oficialmente en queja o al ciudadano Presidente de la República.
4. Las comisiones ordinarias cuya materia se corresponde con los ramos de la Administración Pública Federal, harán el estudio del informe a que se refiere el primer párrafo del artículo 93 constitucional, según su competencia. Al efecto, formularán un documento en el que consten las conclusiones de su análisis. En su caso, podrán requerir mayor información del ramo o solicitar la competencia de servidores públicos de la dependencia ante la propia comisión. Si de las conclusiones se desprenden situaciones que por su importancia y trascendencia requieran la presencia en la Cámara del titular de la dependencia, la comisión podrá solicitar al Presidente de la Mesa Directiva que el secretario de Despacho o Jefe de Departamento administrativo correspondiente comparezca ante el Pleno. Asimismo, se estará a lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 93 constitucional.
5. Asimismo, las comisiones a que se refiere el párrafo anterior y de acuerdo a su competencia, darán opinión fundada a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con base en los informes que rindan el Poder Ejecutivo Federal y las demás entidades fiscalizadas, en los términos del artículo 79 fracción I de la Constitución, Dichas opiniones deberán ser enviadas a más tardar 60 días después de la recepción de los informes. La opinión fundada tendrá por objeto hacer aportaciones a esa comisión sobre aspectos presupuestales específicos, en relación al cumplimiento de los objetivos de los programas del correspondiente ramo de la Administración Pública Federal y para que sean consideradas en la revisión de la cuenta pública.
6. Las comisiones tendrán las tareas siguientes:
a) Elaborar su programa anual de trabajo, que deberá incluir la realización de audiencias, consultas populares, foros, visitas, entrevistas, convocatorias a particulares y comparecencias de servidores públicos cuando fuere necesario.
b) Notificar al Presidente de la Cámara su programa anual de trabajo, durante los primeros quince días del primer periodo ordinario, así como presentarle un informe mensual a cerca del desarrollo de las sesiones.
c) Dictaminar las iniciativas con proyecto de ley o decreto que le sean turnadas por la Mesa Directiva, dentro del periodo legislativo en que hayan recibido el expediente. Este plazo podrá ser prorrogado por el Pleno, a petición justificada de la Comisión.
d) Resolver los puntos de acuerdo que le sean turnados durante el periodo legislativo que corresponda, los que sólo podrán ser diferidos mediante acuerdo de la Mesa Directiva.
f) Evaluar periódicamente el Plan Nacional de Desarrollo y los programas respectivos, en lo concerniente al área de su competencia, así como de los informes que presente el Ejecutivo a la Cámara.
g) Realizar las actividades que se deriven de esta Ley, de los ordenamientos aplicables, de los acuerdos tomados por el Pleno de la Cámara y los que adopten por sí mismas con relación a la materia o materias de su competencia.
Sección Quinta
De los Comités
Artículo 46.
1. Los comités son órganos creados para auxiliar en actividades de la Cámara que se constituyen por disposición de Pleno, para realizar tareas diferentes a las de las comisiones. Tendrán la duración e integración que señale el acuerdo de su creación.
2. La Junta de Régimen Interno y Coordinación Política propondrá al Pleno a los miembros que habrán de integrar los comités, considerando el criterio de proporcionalidad en la integración y conformación de las comisiones.
3. Los comités contarán con una Mesa Directiva integrada por un Presidente y el número de Secretarios que determine el acuerdo de su creación.
4. Corresponde a los comités definir los lineamientos rectores y las directivas generales en la materia a su cargo, así como vigilar su aplicación.
5. Para la orientación informativa, así como para el conocimiento y la atención de las peticiones que formulen los ciudadanos a la Cámara o a sus órganos, se formará el Comité de Información, Gestoría y Quejas.
6. Cada uno de los Centros de Investigación a los que hace referencia el artículo 49, numeral 3 de esta Ley, contará con un Comité que deberá integrarse con diputados miembros de las comisiones cuya competencia sea acorde con las áreas respectivas de los centros.
7. A propuesta de la Junta de Régimen Interno y Coordinación Política, el Pleno podrá constituir "Grupos de Amistad" para la atención y seguimiento de los vínculos bilaterales, con órganos de representación popular de países con los que México sostenga relaciones diplomáticas. Su vigencia estará ligada a la de la Legislatura en que se conformaron, pudiendo desde luego ser establecidos nuevamente por cada Legislatura.
CAPÍTULO SÉPTIMO
De la organización técnica y administrativa de la Cámara
Sección Primera
Disposiciones generales
Artículo 47.
1. Para el desempeño de sus funciones constitucionales y legales la Cámara contará con el auxilio de:
a) Una Secretaría de Servicios Parlamentarios;
b) Una Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros;
c) Un Órgano de Control y Vigilancia Patrimonial.
2. La organización de las unidades administrativas que integran los servicios de la Cámara, estará regida por el Estatuto de la Organización Técnica y Administrativa y del Servicio de Carrera de la Cámara de Diputados.
Artículo 48.
1. Las Secretarías de Servicios y el Órgano de Control y Vigilancia Patrimonial, observarán en su actuación las disposiciones de la Constitución, de esta Ley, y de los ordenamientos, políticas y lineamientos respectivos. Sus titulares tendrán facultades para formular, en el ámbito de su competencia, normas administrativas de carácter interno, previamente sancionadas por la Mesa Directiva de la Cámara.
2. Los Secretarios de Servicios Parlamentarios y de Servicios Administrativos y Financieros, así como el titular del Órgano de Control y Vigilancia Patrimonial, serán propuestos al Pleno por la Junta de Régimen Interno y Coordinación Política. Su designación deberá ser resuelta por el voto de la mitad más uno de los diputados presentes.
3. Para ser designado Secretario de Servicios o titular del Órgano de Control y Vigilancia Patrimonial se requiere:
a) Ser mexicano por nacimiento y no tener otra nacionalidad y estar en pleno goce de sus derechos.
b) Haber cumplido 30 años de edad;
c) Contar con título profesional legalmente expedido;
d) Acreditar conocimientos y experiencia para desempeñar el cargo;
e) No ser miembro de la dirigencia nacional, estatal o municipal de un partido político o candidato a un puesto de elección popular; y
f) No haber sido condenado por delito intencional que haya ameritado pena de privación de la libertad.
4. Los Secretarios de Servicios, así como el titular del Órgano de Control y Vigilancia Patrimonial durarán en su encargo toda la Legislatura, pudiendo ser reelectos. Podrán ser removidos sólo por causa grave, calificada por el voto de la mayoría de los diputados presentes en el Pleno.
Sección Segunda
De la Secretaría de Servicios Parlamentarios
Artículo 49.
1. La Secretaría de Servicios Parlamentarios se integra con el Secretario, las direcciones generales que determine el Estatuto y el personal adscrito al Servicio Civil de Carrera. Confiere unidad de acción a los siguientes servicios:
a) Asistencia técnica a la presidencia de la Mesa Directiva;
b) Servicios de la sesión;
c) Apoyo a las comisiones;
d) Diario de los debates;
e) Archivo; y
f) Bibliotecas.
2. La Cámara contará también, adscritos a la Secretaría de Servicios Parlamentarios, con los Centros de Estudios de las Finanzas Públicas; de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias; y de Estudios Superiores y de Opinión Pública.
Artículo 50.
1. El Secretario de Servicios Parlamentarios vela por la imparcialidad de los servicios a su cargo y realiza la compilación y registro de los acuerdos, precedentes y prácticas parlamentarias.
2. Al Secretario le corresponde:
a) Preparar los elementos necesarios para celebrar la sesión constitutiva de la Cámara, en los términos previstos por esta Ley;
b) Asistir a la Mesa Directiva en la formulación del orden del día y durante el desarrollo de las sesiones del Pleno;
c) Auxiliar a la Junta de Régimen Interno y Coordinación Política, en los asuntos que sean competencia de su Secretaría;
d) Coadyuvar con las comisiones en la elaboración y el cumplimiento de los programas legislativos, así como proporcionarles el apoyo técnico que requieran;
e) Dirigir los trabajos de las áreas a él adscritas y acordar con los titulares de cada una de ellas los asuntos de su competencia;
f) Realizar estudios sobre la organización, el funcionamiento y los procedimientos de la Cámara, así como promover investigaciones de derecho parlamentario comparado;
g) Proponer a la Junta de Régimen Interno y Coordinación Política una terna para el nombramiento de los titulares de las direcciones generales adscritas a su Secretaría, tomando para ello en consideración a los miembros del Servicio Civil de Carrera; y
h) Cumplir las demás funciones que le confieren esta Ley y los ordenamientos relativos a la actividad parlamentaria.
Sección Tercera
De la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros
Artículo 51.
1. La Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros se integra con el Secretario, los directores generales que determine el Estatuto y el personal adscrito al Servicio Civil de Carrera. Confiere unidad de acción a los siguientes servicios:
a) Recursos humanos;
b) Tesorería;
c) Recursos materiales;
d) Servicios generales y de informática;
e) Servicios jurídicos;
f) Servicios de seguridad; y
g) Servicios médicos y de atención a diputados.
Artículo 52.
1. El Secretario de Servicios Administrativos y Financieros vela por el eficiente funcionamiento de los servicios que le competen.
2. Al Secretario le corresponde:
a) Dirigir los trabajos de las áreas a él adscritas y acordar con los titulares de cada una de ellas los asuntos de su competencia;
b) Auxiliar a las unidades administrativas a las que se refiere el numeral 2 del artículo 47, en la formulación de los programas de naturaleza administrativa y financiera;
c) Realizar estudios de carácter administrativo y financiero de la Cámara;
d) Proponer a la Junta de Régimen Interno y Coordinación Política una terna para el nombramiento de los titulares de las direcciones generales adscritas a su Secretaría, tomando para ello en consideración a los miembros del Servicio Civil de Carrera; y
e) Cumplir las demás funciones que le confieren esta Ley y los ordenamientos relativos a la actividad administrativa y financiera.
Sección Cuarta
Del Órgano de Control y Vigilancia Patrimonial de la Cámara de Diputados
Artículo 52-bis.
1. El Órgano de Control y Vigilancia Patrimonial es responsable del control de los bienes muebles e inmuebles de la Cámara y de vigilar la observancia de las normas para la contratación de obras y adquisición de bienes; asimismo, velará por el respeto arquitectónico de las instalaciones, por lo que para cualquier alteración en su entorno físico se requerirá, además del acuerdo expreso de la entidad que la ordene, la aprobación de este Órgano.
2. Su titular será designado conforme a lo establecido en la presente Ley y tendrá a su cargo las unidades administrativas necesarias para la ejecución de sus funciones.
3. Para supervisar el cumplimiento de las funciones del órgano de Control y Vigilancia Patrimonial se constituirá un Comité integrado por un diputado de cada grupo parlamentario.
Sección Quinta
De los órganos técnicos de la Cámara
Artículo 53.
1. La Cámara cuenta con una Contraloría Interna, cuyo titular será designado por las dos terceras partes de los diputados presentes en el Pleno, a propuesta de la Junta de Régimen Interno y Coordinación Política. El Contralor durará en su encargo toda la Legislatura, pudiendo ser reelecto. Podrá ser removido sólo por causa grave, calificada por el voto de la mayoría de los diputados presentes en el Pleno.
2. La Contraloría tendrá a su cargo:
a) Recibir quejas, realizar investigaciones y aplicar los procedimientos y sanciones inherentes a las responsabilidades administrativas de los servidores públicos de la misma; y
b) La auditoría interna del ejercicio del presupuesto de egresos de la Cámara, incluyendo los recursos asignados a los grupos parlamentarios, los que deberán presentar a la Contraloría un informe semestral con la debida justificación del uso y destino de los recursos que la Cámara les otorgue. La Contraloría auditará a los grupos parlamentarios respecto del ejercicio de los recursos que les sean asignados por la Cámara.
3. La Contraloría presentará al Pleno, por conducto de la Mesa Directiva, un informe semestral sobre el ejercicio del presupuesto de egresos, el cual, una vez aprobado, será remitido por el Presidente de la Cámara a la entidad de fiscalización superior de la Federación para los efectos legales conducentes.
Artículo 54.
La Coordinación de Comunicación Social tiene a su cargo la difusión de las actividades de la Cámara, sirve de enlace con los medios de comunicación y es responsable del programa de publicaciones. La coordinación depende de la Presidencia de la Mesa Directiva. Su organización y funciones, así como la designación de su titular y del personal que la integre, se rige por lo dispuesto en el estatuto.
Artículo 55.
La Unidad de Capacitación y Formación permanente de los integrantes de los servicios parlamentario, y administrativo y financiero de la Cámara de Diputados, es el órgano técnico responsable de la formación, actualización y especialización de los candidatos a ingresar y de los funcionarios de carrera en ambas ramas, de conformidad con el Estatuto respectivo. La unidad está a cargo de un coordinador, nombrado en los términos que establezca el Estatuto y se estructura con las oficinas que se requieran.
Sección Sexta
Del Servicio Civil de Carrera
Artículo 56.
1. El Estatuto para la organización y funcionamiento de las Secretarías y de los servicios de carrera, por lo menos deberá contener:
a) La estructura de cada una de las secretarías y sus relaciones de mando y supervisión; y
b) Las tareas de las direcciones, oficinas, centros y unidades de la Cámara que integran los servicios de carrera.
Artículo 57.
1. Las normas y procedimientos para la conformación de los servicios parlamentario, y administrativo y financiero de la Cámara, se ajustarán a las siguientes bases:
a) Los Cuerpos de la Función Legislativa y de la Función Administrativa se integran por niveles o rangos propios, diferenciados de los cargos y puestos de la estructura orgánica de la Cámara. La promoción de sus miembros incorpora los niveles o rangos comprendidos hasta director de área o puestos análogos.
b) Para el ingreso a los cuerpos se deberán acreditar los requisitos que señale el Estatuto y haber cumplido con los cursos que imparta la Unidad de Capacitación y Formación Permanente;
c) Los nombramientos de los titulares de los servicios parlamentario, administrativo y financiero en un nivel o rango de un cuerpo para ocupar un cargo o puesto, se regularán por las disposiciones del Estatuto; y
d) La permanencia y promoción de los funcionarios se sujetará a la acreditación de los exámenes de los programas de actualización y especialización que imparta la unidad, así como a los resultados de la evaluación anual que se realice en los términos que establezca el Estatuto.
2. Las condiciones de trabajo y los sistemas de adscripción, movimientos a los cargos, compensaciones adicionales por el desempeño de un cargo y remociones, así como las demás disposiciones necesarias para la organización y adecuado desempeño de los servicios de carrera de la Cámara, se desarrollarán en el Estatuto.
3. Los miembros de los servicios de carrera serán considerados trabajadores de confianza y sus relaciones laborales se regirán conforme a lo establecido por la fracción XIV del apartado B del artículo 123 de la Constitución, por esta Ley y por el Estatuto. A efecto de que reciban las prestaciones de seguridad social, se celebrarán los convenios pertinentes con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado."
Transitorios
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones legales, reglamentarias y acuerdos y de cualquier otro tipo, que se opongan a lo señalado en el presente Decreto.
TERCERO. Los recursos humanos, materiales y financieros con los que venía operando la Secretaría General, serán readscritos a las Secretarías de Servicios Parlamentarios, y de Servicios Administrativos y Financieros, según corresponda conforme a la naturaleza de las funciones que desempeñen.
CUARTO. Por única ocasión, para la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados, los Acuerdos a los que se refieren los incisos a), b) y c) del artículo 38 correspondiente al ARTÍCULO SEGUNDO del presente Decreto, se expedirán dentro de los sesenta días posteriores a su entrada en vigor.
QUINTO. Las unidades o dependencias de la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros que realicen funciones concedidas en el presente Decreto al Órgano de Control y Vigilancia Patrimonial, quedarán readscritas a éste.
México DF, a los 2 días de octubre del año 2001.
Dip. César Augusto Santiago Ramírez
Nota:
1 Propuesta de decreto que reforma y adiciona las disposiciones del Titulo Segundo de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por diputados miembros del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el miércoles 26 de mayo de 1999.
(Túrnese a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. Octubre 2 de 2001.)
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTICULOS 70, 71, 72 Y 77 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO CESAR AUGUSTO SANTIAGO RAMIREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA SESION DEL MARTES 2 DE OCTUBRE DE 2001
Exposición de Motivos
El propósito de las reformas y adiciones que propongo, es, simplemente para permitir que cada Legislatura de la Cámara de Diputados, pueda conducir su organización interna y los trabajos propios de las discusiones, órdenes del día de las sesiones, votaciones y en general el procedimiento parlamentario de conformidad con la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y con los acuerdos parlamentarios que para los efectos de la Cámara de Diputados se concreten al inicio de cada Legislatura.
También propongo una adición que constituiría la fracción k del artículo 72, para dar un sustento legal claro al problema recurrente de las iniciativas que se acumulan en el rezago legislativo, por no haber sido dictaminadas durante el periodo legislativo en el que fueron presentadas.
El Reglamento para el Gobierno Interior todavía en vigor, de manera supletoria, es un instrumento normativo que ha servido con eficacia; pero que en la nueva realidad política y legislativa del país, tiene que ser superado.
La nueva realidad de la competencia política en el país y la composición sui géneris, de cada Legislatura, obligan a crear una modalidad normativa, que de hecho, ya ha sido constituida a través de los llamados acuerdos parlamentarios.
Sin embargo, dado que los acuerdos parlamentarios no tratan exhaustivamente los detalles de la operación cotidiana del trabajo de la Cámara, con frecuencia se tiene que acudir a las normas parlamentarias del Reglamento para el Gobierno Interior, todavía vigente, lo que motiva frecuentes debates y hasta contradicciones en el desarrollo cotidiano de las sesiones camerales.
Por eso pienso, que ha llegado el momento de evitar la referencia constitucional al "Reglamento", como instrumento normativo de los debates camerales y dejarlo exclusivamente a las disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que podrá, en su propia normatividad, permitir que la conducción de los procedimientos internos de la Cámara puedan ser susceptibles de ser normados por los llamados acuerdos parlamentarios que han probado tener posibilidades reales de responder a las características propias de cada legislatura.
Por cuerda separada he sometido a la consideración de la Cámara, un proyecto de reformas y adiciones al artículo 3º y al Título Segundo de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, donde intento desarrollar normas que armonicen el trabajo de la Cámara de Diputados, en el contexto de la realidad política que vive el país, con las características de seguridad jurídica y firmeza que se requieren para la conducción de las deliberaciones de los diputados de la nación, congregados en la Cámara de Diputados de cada Legislatura.
La iniciativa de reformas constitucionales que ahora propongo, debe ser leída y resuelta en consonancia con la iniciativa de reformas que a la Ley Orgánica estoy proponiendo en la misma sesión de la Cámara de Diputados.
Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 71, fracción segunda, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta soberanía, para su discusión y aprobación, en su caso, la siguiente:
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 70, 71, 72 y 77 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
ARTICULO UNICO. Se reforman y adicionan los artículos 70, 71, 72 y 77 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
"Artículo 70. ...
El Congreso expedirá la ley que regulará su estructura y funcionamiento internos, y determinará las bases de los procedimientos que le correspondan al Congreso, a cada una de sus Cámaras y a la Comisión Permanente.
.........
Esta ley no podrá ser vetada ni necesitará de promulgación del Ejecutivo Federal para tener vigencia. La iniciativa para expedir dicha ley o para reformarla corresponderá exclusivamente a los diputados y senadores al Congreso de la Unión, así como a las Legislaturas de los estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal."
Artículo 71. ...
I. ...
II. ...
III. .............
Las iniciativas presentadas por el Presidente de la República, por las Legislaturas de los estados, pasarán desde luego a comisión. Las que presentaren los diputados o los senadores se sujetarán a los trámites que designe la normatividad aplicable.
Artículo 72. Todo proyecto de ley o decreto cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las cámaras, se discutirá sucesivamente en ambas, observándose la normatividad aplicable conforme a las siguientes reglas:
a) ...
b) ...
c) ...
d) ...
...
f) ...
g) ...
h) ...
i) ...
j) ............
k) Las iniciativas de ley o decreto que se presenten durante una Legislatura, sólo podrán ser conocidas durante el ejercicio constitucional de la misma.
Artículo 77. ...
I. Dictar resoluciones relativas a su régimen interior.
II. ...
III. ...
IV. ... ."
ARTICULO SEGUNDO. Se reforma el artículo 3º de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
"Artículo 3.
1. ...........
2. Las iniciativas de reformas y adiciones a la presente ley, corresponderá a los diputados y senadores al Congreso de la Unión, así como a las Legislaturas de los estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y no necesitarán de promulgación del Presidente de la República ni podrán ser objeto de veto."
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Se derogan todas las disposiciones legales, reglamentarias y acuerdos que se opongan a lo señalado en el presente decreto.
México, DF, a los 2 días de octubre del año 2001.
Dip. César Augusto Santiago Ramírez (rúbrica)
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTICULOS DEL REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO ALFREDO HERNANDEZ RAIGOSA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DEL MARTES 2 DE OCTUBRE DE 2001
El suscrito, diputado integrante del grupo parlamentario del PRD, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presento a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa de reformas al Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
Los ordenamientos que rigen el funcionamiento del Congreso, guardan una relación directa con la agilidad, eficacia, prontitud y oportunidad con que se cumplen las altas atribuciones que tiene encomendadas el Poder Legislativo; por lo que su actualización y modernización son un imperativo de estos tiempos.
En ese sentido, lo que se denomina reforma del Estado, mucho tiene que ver con pasos concretos en la transformación del funcionamiento de los poderes de la Unión.
Funcionamiento que tiene que ser distinto y mejor a lo que sucedió en tiempos pretéritos, a riesgo de que los cambios no se consoliden en el tejido institucional.
La realidad actual del Congreso, no es la misma de la que prevaleció durante prácticamente todo el siglo XX, donde se conjugaron circunstancias que caracterizan en gran medida a las legislaturas de entonces, en oficinas al servicio del Ejecutivo federal en turno, quien entonces era el gran legislador, por lo que iniciaba prácticamente todas las iniciativas de ley, hasta la conclusión del trámite correspondiente.
Esta realidad de franco cuestionamiento democrático, comenzó a cambiar a fuerza de la presión de la sociedad y de los partidos políticos, apenas en el último tercio de ese centenio.
Con la incorporación de las fuerzas de oposición al Congreso, por un lado se fueron abriendo para siempre las estructuras del debate de los grandes problemas nacionales y por el otro se presentó casi a la par un fenómeno que resulta sintomático: el crecimiento de un abominable rezago compuesto por iniciativas, donde ni siquiera hay dictamen que las deseche y sin embargo no son discutidas por los diputados y senadores.
Obvia decir que la gran mayoría de esas iniciativas "congeladas", corresponden a los legisladores de fuerzas políticas distintas a la que detentaba entonces el poder y a las del Ejecutivo, éstas últimas incluso prácticamente nunca engrosaron dicho archivo.
Ahora las cosas son diferentes, pero no muy diferentes.
Definitivamente, no hemos llegado a puerto en éste y en otros termas, que interesan una profunda transformación del Estado mexicano.
El PRD lo ha señalado ya en otras ocasiones, nuestros sistemas normativos son los mismos que los de otros tiempos, y la alternancia en el Ejecutivo y aun la pluralidad del Congreso, no son circunstancias suficientes para consolidar la democracia que reclama nuestro país.
La anterior Legislatura fue el inicio de una realidad que con seguridad ya no tendrá retorno.
Una Cámara de Diputados sin mayorías absolutas preestablecidas obliga a privilegiar el acuerdo sobre el disenso, pero también a avanzar en un esquema de resolución de las iniciativas que se presenten.
La inacción, sólo es reflejo de lo viejo y anacrónico de un sistema político no democrático, por lo que debemos desterrarla y empezar a idear mecanismos para eliminar el lastre de la "congeladora", que se utiliza para no tener que definirse ante las propuestas que se hacen.
Si en realidad queremos enriquecer el es eliminando las referencias a nuestra historia, léase efemérides, o la discusión de los asuntos nacionales o la crítica al ejercicio del Ejecutivo, eso es parte de nuestra tarea; lo que debemos hacer es obligar a la resolución de todas las iniciativas que se presenten ante el pleno.
Esta legislatura ha tenido avances no desdeñables en la resolución, desde el Congreso de iniciativas surgidas aquí, y no ha actuado con premura desproporcionada, como antes se hacia, en relación a las iniciativas del Ejecutivo.
Sin embargo, lo cierto es que muchas iniciativas no son siquiera enlistadas para la discusión en las comisiones, aun cuando en público diputados de distintas fuerzas políticas manifiestan coincidencias.
En lo que va de esta legislatura, se han presentado alrededor de 164 iniciativas de decreto, de las cuales la gran mayoría no ha sido objeto de dictamen, estamos a podemos empezar si hacemos reformas a nuestros ordenamientos que permitan ir avanzando en ese camino.
Las iniciativas presentadas en esta legislatura, se refieren a temas como la Reforma del Estado, desarrollo social, justicia, combate a la inseguridad, etc.
Todos ellos temas de primera importancia, que sin embargo y aún con las excitativas que se han hecho, siguen sin resolverse.
Por ello, planteamos un esquema que abata el rezago y permita hacer efectivo el primer derecho que tenemos como legisladores, esto es que se discutan las iniciativas de decreto que presentamos ante el pleno.
Planteamos por eso, dar un plazo de 30 días para dictaminar en el sentido que sea cualquier iniciativa de decreto y que cuando transcurra el mismo y no se haya emitido el dictamen, se enliste la iniciativa en los términos en que fue presentada, en la primera sesión inmediata posterior al cumplimiento del plazo, para su discusión, modificación, aprobación o rechazo por parte del pleno.
Obligamos con ello a evaluar las iniciativas por lo que plantean y no someterlas a vaivenes de condicionamiento político.
Quizá resulta para algunos más cómodo en algunos temas no definirse, sin embargo eso significa incumplir con nuestra encomienda y estoy seguro que de aprobarse esta reforma resultaría que nos encontremos con que somos capaces de tener más acuerdos de lo que actualmente imaginamos.
Para esta reforma, planteamos reformar y adicionar los artículos 21 fracción, XVI, y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General.
El primero, para establecer como obligación del Presidente de la Mesa Directiva la de inscribir en el orden del día de la primera sesión del pleno, posterior al cumplimiento, del plazo de 30 días, las iniciativas, para su discusión, modificación, aprobación o rechazo, cuando no se haya emitido el dictamen.
El segundo, para establecer la obligación de las comisiones de emitir, en el plazo de 30 días, los dictámenes de los asuntos que les sean turnados.
Se plantea esta inscripción directa, sólo para las iniciativas de decreto, dado que trascienden los asuntos de coyuntura y tienen que ver con modificaciones a nuestro sistema normativo.
Con esta reforma nos acercamos a la forma como ya trabajan Congresos de otros países y permite que no se dejen asuntos pendientes de una legislatura a otra.
Con esta reforma estaríamos avanzando de manera importante en el fortalecimiento del Poder Legislativo; quien se oponga a avanzar en cada iniciativa que se presente, tendrá que explicar su posición y no simplemente callar.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, presento la siguiente iniciativa de decreto por que se reforman y adicionan diversos artículos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo Unico.- Se reforman y adicionan los artículos 21 y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 21.- Son obligaciones del Presidente.
I a XV. .............
XVI. Ordenar la inscripción en el orden del día de la primera sesión posterior, al plazo de 30 días para dictaminar las iniciativas que les sean turnadas a las comisiones y no habiéndose emitido el mismo, para su discusión, modificación, aprobación o rechazo por parte del pleno, en los términos en que se presentó.
XVII. ...
Artículo 87.- Toda comisión deberá presentar su dictamen en los negocios de su competencia, dentro de los treinta días siguientes al de la fecha en que los haya recibido. Todo dictamen deberá contener una parte expositiva de las razones en que se funde y concluir con proposiciones claras y sencillas que puedan sujetarse a votación.
Transcurrido el plazo que tiene una comisión para dictaminar, en el caso de las iniciativas de ley y no habiéndose emitido éste, pasará al pleno, en la primera sesión posterior al cumplimiento del plazo, para su discusión, modificación, aprobación o rechazo.
Artículo Transitorio
Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Atentamente
Dip. Alfredo Hernández Raigosa (rúbrica)
(Túrnese a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. Octubre 2 de 2001.)
Proposiciones
CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO DISPONGA DE RECURSOS DE SU SUBEJERCICIO DEL PRESENTE AÑO PARA CUBRIR EL ADEUDO QUE TIENE POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CON LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DEL DISTRITO DE ALTAR, SONORA, PRESENTADA POR LA DIPUTADA ROSALIA PEREDO AGUILAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT, EN LA SESION DEL MARTES 2 DE OCTUBRE DE 2001
Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo acude a esta tribuna a plantear el siguiente punto de acuerdo, para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público disponga de recursos de su subejercicio del presente año, para cubrir el adeudo que por consumo de energía eléctrica tienen con la Comisión Federal de Electricidad, los agricultores de Caborca del Distrito 037 de Altar, Sonora, al tenor de los siguientes
Considerandos
El campo mexicano se caracteriza por subsistir abrumado dentro de una problemática en la que los rezagos de todo tipo hacen presa a los agricultores hasta situarlos en la bancarrota financiera y convertir, cada vez más a la mayoría de los pequeños y micro productores en jornaleros sin tierra y sin fuente de trabajo.
El abandono sistemático del agro ha sido provocado por la aplicación de políticas neoliberales durante las dos últimas décadas, bajo el pretexto sistemático de que es necesario hacerlo autosuficiente dentro de un esquema productivista y de alta rentabilidad, como si el sector agropecuario de nuestro país tuviera el mismo nivel de la agricultura de los países avanzados.
Estas políticas de "modernización" han ubicado a los productores ante dos situaciones contradictorias, apoyadas claramente por las dependencias del Gobierno Federal que tienen injerencia en los asuntos de este sector productivo.
Por una parte, durante muchos años mantuvieron una política de precios controlados y subsidiados por el gobierno y posteriormente se abren las fronteras a los productos agrícolas del mercado internacional; mientras que por otra parte, se permite que los principales insumos como semillas mejoradas, fertilizantes, herbicidas, maquinaria y electricidad para la extracción de agua para riego se comercialicen a precios de mercado.
Al mismo tiempo, y bajo la premisa de que es necesario abatir hasta el máximo los subsidios de todo tipo, entre ellos por supuesto los dedicados a la agricultura, se ha dejado al productor del campo en condiciones de desigualdad frente a sus similares de otros países, principalmente de los Estados Unidos de América y Canadá.
Históricamente, los agricultores mexicanos se han dividido en dos grandes mundos: uno, moderno, que goza de todos los insumos necesarios, infraestructura de riego, financiamiento, y por lo tanto alta productividad, integrado principalmente al mercado externo, perteneciente a productores prósperos de medianos y altos ingresos; y otro tradicional, atrasado que no cuenta con todo lo anteriormente mencionado, y que corresponde a productores de autoconsumo inmersos en la pobreza y la marginación.
Con las políticas aplicadas en los últimos años, los pequeños y medianos agricultores, que anteriormente producían para el mercado y estaban en condiciones de obtener ganancias, sistemática y rápidamente pasan a engrosar las filas de los campesinos que viven en la miseria.
A partir de los cambios constitucionales realizados por el presidente Carlos Salinas en 1992, se propició que empresas privadas, nacionales o extranjeras, adquieran grandes extensiones de terrenos agrícolas, provocando la pérdida de soberanía frente al exterior.
En el caso del Distrito 037 de Altar, Sonora, que está integrado por los municipios de Altar, Caborca y Pitiquito, es una extensión de terreno, en su mayoría apta para la agricultura, de alto rendimiento.
En la zona agrícola de Caborca, que se cultiva, principalmente el 95 por ciento de la uva pasa, el 45 por ciento de espárragos, el 40 por ciento de la vid y 55 por ciento del olivo de la producción nacional.
Esta zona se encuentra en la mira de las empresas transnacionales debido a que en los últimos meses las condiciones adversas que han pesado sobre los productores los ha situado en la quiebra financiera.
Como causas principales de lo anterior podemos mencionar las elevadas tarifas eléctricas; la ausencia de agua para riego por el cierre de los pozos debido a la interrupción del servicio de energía eléctrica por falta de pago a la Comisión Federal de Electricidad; la disminución del precio de la pasa, su principal producto agrícola, que en el mercado se encuentra a un peso el kilogramo, mientras que tan sólo el papel para su secado cuesta también un peso.
Esta situación coloca a los productores en condiciones poco propicias para cubrir los adeudos a la Comisión Federal de Electricidad. Para atenuar estas condiciones, es urgente que la Comisión Federal de Electricidad otorgue facilidades para solucionar el problema de elevadas tarifas y adeudos rezagados, que han menguado las condiciones productivas agrícolas en el Distrito de Altar, Sonora.
Además, los agricultores de los municipios mencionados estiman pertinente que la Comisión Federal de Electricidad reconsidere las tarifas eléctricas que actualmente se aplican, debido a que éstas están en niveles fuera de las condiciones climáticas y económicas de la zona.
Cabe mencionar, que el 18 de octubre de 2000, en las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad, con la participación de diputados federales y senadores, el secretario de Fomento Agrícola del estado, productores y el director general de la CFE, se formularon diversos compromisos para resolver esta situación.
Con objeto de otorgar la garantía del gobierno del estado a través del Fondo para las Actividades Productivas del Estado (Fapes), la CFE reconectaría el servicio de energía eléctrica para riego, bajo la condición, entre otras, de que le pagaran en cuanto recibieran sus ingresos por la venta de sus cosechas.
Sin embargo, y pese a dicha negociación, debido a la caída de los precios de los cultivos, los agricultores que habían negociado su adeudo con la CFE se enfrentaron recientemente a problemas financieros, provocando con esto un rezago mayor de los agricultores frente a la paraestatal.
Como ejemplo, cabe mencionar el adeudo que ante la Comisión Federal de Electricidad tienen los productores del municipio de Caborca por un monto de 13 millones 976 mil 149 pesos por consumo de electricidad desde 1997.
Por las consideraciones antes expuestas, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete al pleno de esta Honorable Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero.- Que la región en la que se ubica el Distrito de Altar, Sonora, sea declarada como zona caliente, para que se le considere por la Comisión Federal de Electricidad dentro de las tarifas preferenciales, que sean acordes con las condiciones económicas del lugar.
Segundo.- Que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público disponga de recursos de su subejercicio del presente año, para cubrir el adeudo que por consumo de energía eléctrica tiene con la Comisión Federal de Electricidad el Distrito de Altar, Sonora.
Tercero.- Que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2002 se programen recursos para el pago de adeudos que por el consumo de energía eléctrica tienen los agricultores del estado de Sonora.
Cuarto.- En tanto que se resuelve el problema de los adeudos anteriores, que la Comisión Federal de Electricidad reinstale el servicio de energía eléctrica a todos los pozos del Distrito de Altar, Sonora, con la finalidad de que los productores agrícolas cuenten con energía eléctrica y con ello dispongan del servicio de agua durante el presente ciclo productivo.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de octubre de 2001.
Diputados: Arturo León Lerma (GPPRI), Petra Santos Ortiz (GPPRD), Teresa Campoy Ruy Sánchez (GPPVEM), Julieta Prieto Fuhrken (GPPVEM), Beatriz P. Lorenzo Juárez, José Antonio Calderón Cardoso (GPPAS) (rúbricas)
(Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público y agréguese las versiones estenográficas de los diputados que participaron en el tema. 2 de octubre de 2001.)
CON PUNTO DE ACUERDO EN RELACION A LA CAMPAÑA PUBLICITARIA PARA MEJORAR LA IMAGEN DEL IPAB, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JOSE ANTONIO MAGALLANES RODRIGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DEL MARTES 2 DE OCTUBRE DE 2001
Antecedentes
La semana pasada en diversos medios de información fue publicado que el Instituto de Protección al Ahorro Bancario lanzaría una campaña publicitaria para restituir su imagen ante la sociedad y para ello invertirá aproximadamente 60 millones de pesos, 25 de los cuales serán por conducto de una empresa contratada expresamente para ello, y el resto utilizando el espacio oficial.
Considerando
1.- Que hace algunos meses el procurador fiscal de la Federación denunció ante la Secodam a algunos miembros de la Junta de Gobierno del IPAB, por tener conflicto de intereses.
2.- Que derivado de la acusación realizada por el Procurador Fiscal, la Secodam inició una investigación a los Vocales Ejecutivos de la Junta de Gobierno del Instituto y a la fecha no ha comunicado su veredicto.
3.- Que es público y conocido que actualmente la Junta de Gobierno del IPAB atraviesa por una crisis de todos sus miembros, misma que exige una investigación a fondo de todos los involucrados.
4.- Que en el último informe de la Entidad Superior de Fiscalización, el auditor superior de la Federación señaló que el IPAB desvió recursos fiscales por aproximadamente 7,500 millones de pesos para el saneamiento de Inverlat y Cintra.
5.- Que el IPAB no ha podido cumplir las recomendaciones realizadas por la Entidad Superior de Fiscalización y aprobadas por la Junta de Gobierno del Instituto desde septiembre de 2000.
6.- Que para restituir la credibilidad en la institución es necesario que informe de manera transparente de todos los asuntos que tiene pendientes tales como; la fusión de Bital-Atlántico, la venta de bancos y la venta de cartera.
7.- Que una campaña de publicidad per se no devolverá la credibilidad en la institución, hasta que no se aclaren los puntos anteriores.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitó a la Presidencia de la Mesa Directiva someta a consideración de este pleno, el siguiente;
Punto de acuerdo
Unico.- Que la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda exhorte a la Junta de Gobierno del IPAB a suspender cualquier campaña de publicidad hasta no tener el pronunciamiento de la Secodam en torno al posible conflicto de intereses de los vocales y hasta que el Instituto atienda las recomendaciones realizadas por la Entidad Superior de Fiscalización.
Dip. José Antonio Magallanes Rodríguez (rúbrica)
(Túrnese a la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda. Octubre 2 de 2001.)
CON PUNTO DE ACUERDO EN RELACION A LA POLITICA EXTERIOR DE MEXICO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO RICARDO MORENO BASTIDA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DEL MARTES 2 DE OCTUBRE DE 2001
Los trágicos acontecimientos del 11 de septiembre en ciudades de Estados Unidos han traído a la luz la discusión respecto de la política exterior de México y sus relaciones diplomáticas con el mundo.
Debido al llamado a la guerra contra el terrorismo hecho por el señor Bush, presidente de Estados Unidos, y de la disyuntiva que plantea a las naciones y a los gobiernos "están con nosotros o están con el terrorismo" exige una definición clara y contundente del Estado mexicano.
Más allá de las apresuradas e irreflexivas declaraciones del canciller Castañeda, la política exterior mexicana no será la misma de ahora en adelante. Los profundos cambios políticos, sociales, comerciales; la redefinición de la geopolítica y la formación de bloques económico-políticos nos orillan a replantear los ejes de nuestra política internacional, pero los principios en que ésta se sustenta deben permanecer inmutables, ya que son principios constitucionales sobre los cuales no puede estar ninguna decisión ejecutiva. Ni siquiera el presidente tiene derecho a subordinar los intereses del estado mexicano a sus simpatías o antipatías personales, sino que su obligación es actuar con altura de miras y ubicar perfectamente el papel de México en el contexto mundial.
Debido a ello, nuestra política exterior no puede apoyar ninguna acción de venganza por que ésta es la negación de la política, no forma parte de ningún principio jurídico internacional en la cual pueda fundarse. Más bien, la venganza es el uso del imperio de la fuerza sobre el imperio de la ley. Es una actitud que no construye espacios de entendimiento sino que, por el contrario, los destruye. En resumen, el ejercicio de la venganza no es solución de los conflictos, sino la agudización de los mismos.
Antes, por el contrario, México debe y puede ofrecer el rechazo enérgico y categórico del terrorismo y combatirlo en el territorio nacional con estricto apego a derecho y, en su oportunidad, en aplicación de los convenios internacionales, perseguir a personas y grupos terroristas y ponerlos a disposición de la justicia.
Pero, rechazamos con energía, que una nación pretenda erigirse en policía del mundo, jurado de sentencia y ejecutor. Se ha señalado que la internacionalización de la economía ha erosionado el concepto de soberanía. Este concepto hoy retoma vigencia y en pleno ejercicio de ella el Estado mexicano, a través de las instancias internacionales respectivas, debe llamar a la celebración de una Conferencia Internacional contra el Terrorismo, cuyo objetivo central sea la firma de convenios específicos bajo los principios de respeto a la soberanía y autodeterminación de las naciones, la no intervención, la igualdad jurídica entre los Estados y la lucha por la seguridad internacional, que nos brindarán herramientas jurídicas para combatir estas conductas criminales.
En la diplomacia son aceptadas las palabras de lord Palmerston cuando se refería a la definición del interés nacional "no tenemos -decía- aliados eternos ni enemigos permanentes ... nuestros intereses son eternos y nuestro deber es servir a esos intereses". Por eso la cautela es el símbolo de la diplomacia. Ya que no representa a personas o grupos, sino al interés nacional y toda actividad gubernamental debe tender a la protección de esos intereses.
Es inaceptable que la cancillería mexicana sustituya los principios constitucionales de la política exterior mexicana con refranes mediáticos cuya única finalidad consiste en llamar la atención de los medios de comunicación. No sólo pone en entredicho su prestigio, sino que denigra a toda una nación.
En este momento es indispensable discutir amplia y profundamente el papel que debe jugar México en este conflicto. En la medida de lo posible debe ser una política respaldada por todas las fuerzas de la nación. Debemos enfrentarlo en torno al principio de la unidad nacional. Más allá de arrebatos, debemos actuar con seriedad y responsabilidad. México debe actuar con la contundencia de sus principios y argumentos, sin subordinación ni ostracismo, anteponiendo y protegiendo, antes que todo, el interés nacional.
Compañeras y compañeros, más allá de la crítica a la conducta reprobable del canciller Jorge Castañeda, ésta representación nacional, como parte del Estado mexicano, está obligada a pronunciarse y participar en el diseño de la política exterior mexicana para enfrentar este turbulento momento. A pesar de las diferencias entre las fuerzas políticas, cualquier amenaza de potencia o grupo extranjero debe ser enfrentada unificadamente por todos los mexicanos. Esta ocasión o cualquier otra en el ámbito internacional no debe ser utilizada para la vendetta o la apuesta al fracaso o tropiezo del régimen en turno. Que quede claro, México ante el mundo es uno sólo y estará dispuesto a defender su soberanía y sus intereses.
Por eso llamamos al titular del Poder Ejecutivo, a los líderes del Congreso de la Unión y a los dirigentes de los partidos políticos nacionales a que, en torno a la propuesta de un acuerdo nacional vertida en este recinto por el Presidente de la República el pasado primero de septiembre, se verifique una reunión de análisis y valoración de la situación internacional y diseño de la posición internacional de México en este conflicto.
Lo proponemos así, por que es obligación de todos los actores políticos eliminar cualquier duda del papel que jugará nuestro país en el concierto de las naciones en la coyuntura actual.
El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática reafirma su vocación de diálogo y búsqueda de acuerdos y ante la eventualidad de que nuestra nación pueda adquirir compromisos internacionales en el contexto de la lucha contra el terrorismo, llama a que todos los mexicanos mantengamos una posición única, producto del diálogo y acuerdo internos.
Refrendamos aquí las palabras del general Lázaro Cárdenas, reconocido como auténtico estadista, quien afirmó que:
"por sus antecedentes históricos y la proyección de sus ideales, México se debe a la civilización universal que se gesta en medio de grandes convulsiones, abriendo a la humanidad horizontes que se expresan en la fraterna decisión de los pueblos de detener las guerras de conquista y exterminio, de terminar con la angustia del hambre, ignorancia y enfermedades, de conjurar el uso deshumanizado de los logros científicos y tecnológicos y de cambiar la sociedad que ha legitimado la desigualdad y la injusticia".
Por todo lo anterior, de conformidad con el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos ponemos a la consideración de este pleno la siguiente proposición de:
Punto de Acuerdo
Unico.- Esta soberanía hace un llamado a los titulares de los poderes de la Unión, los coordinadores de los grupos parlamentarios de las Cámaras de Diputados y Senadores y a los presidentes de los partidos políticos nacionales, para que se instale, a la brevedad, y dentro del marco de un acuerdo político nacional, una mesa de análisis y valoración de la situación política internacional y diseño de la postura de México frente a las consecuencias de los hechos ocurridos en los Estados Unidos de América el pasado 11 de septiembre.
Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 2 días del mes de octubre de 2001
Diputados: Ricardo Moreno Bastida, Martí Batres Guadarrama, Pedro M. Rosaldo Salazar, Alfredo Hernández Raigosa, Enrique Herrera y Bruquetas, Rufino Rodríguez Cabrera, Mario Cruz Andrade, Luis Herrera Jiménez, J. Antonio Magallanes Rodríguez, Daniel Martínez Enríquez (rúbricas).
(Túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores. Octubre 2 de 2001).
CON PUNTO DE ACUERDO EN RELACION A LAS ATRIBUCIONES CONTENIDAS EN EL ARTICULO 97 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO ROGACIANO MORALES REYES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DEL MARTES 2 DE OCTUBRE DE 2001
Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito diputado miembro del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y demás compañeros diputados que suscriben, sometemos a esta soberanía un conjunto de consideraciones y una proposición relativa a la facultad prevista en el párrafo segundo del artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos., para lo cual nos apoyamos en las siguientes
Consideraciones
1.- Que uno de los principales propósitos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es garantizar la vigencia y respeto de los derechos fundamentales del hombre y/o salvaguarda de las garantías individuales, para lo cual propone procedimientos tendientes a evitar o reparar la infracción a esos derechos fundamentales, entre otros, a través de¡ juicio de amparo;
2.- Que la protección y amparo de la justicia federal de que trata el número anterior, se refiere fundamentalmente al supuesto de la fracción I del artículo 103 constitucional, es decir, "Por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales". Este artículo provee, también, a través de la institución del amparo, que los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite por leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados o la esfera de competencia del Distrito Federal, o por leyes o actos de las autoridades de los estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal;
3.- Que, sin embargo, han ocurrido hechos que han sido graves violaciones a las garantías individuales y que hasta la fecha han quedado impunes, por no encontrarse exactamente encuadrados en los casos previstos por el artículo 103 constitucional citado y por falta de voluntad política del régimen, hechos que han causado una alarma social grave, no sólo en la región en que sucedieron, sino a nivel nacional, siendo tales hechos de conocimiento público y notorio, como:
a) La matanza efectuada en la Plaza de la Tres Culturas de Tlatelolco, el 2 de octubre de 1968.
b) La masacre de Acteal, perpetrada en la comunidad de Acteal, municipio de Chenalhó, Chiapas, el 22 de diciembre de 1997, donde un grupo numeroso de personas atacó con armas de fuego a un grupo de indígenas tzotziles, en su mayoría mujeres y niños, de los que resultaron 45 muertos y 17 heridos. Se ha señalado en las denuncias formuladas que los autores de dicha masacre pertenecen a grupos paramilitares.
c) El fenómeno de la desaparición forzada de personas registra antecedentes en nuestro país desde fines de los años sesenta, principalmente en el estado de Guerrero, donde los movimientos insurgentes tuvieron mucha fuerza. Tales actos fueron cometidos en algunos casos por particulares bajo la tolerancia del Estado; y, en otros, directamente por agentes del estado.
4.-Que, desgraciadamente el tipo de hechos a que se refiere el número anterior no es nuevo, nuestra historia registra el caso ocurrido en 1879, en Veracruz, relativo a las ejecuciones que, sin formación de causa, llevó a cabo el general Mier y Terán, hechos en los que, por cierto, y sin que hubiera disposición expresa, correspondió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como salvaguarda de las garantías individuales asumir el elevado cargo que le toca;
5.- Que desde 1968 a la fecha, como se suscitó en 1879, por las graves violaciones a las garantías individuales, de privar de la vida sin formación de causa, detener ilegalmente y hasta desaparecer en forma forzosa, a jóvenes estudiantes, campesinos y pueblo en general, se ha generado irritación y alarma en la sociedad;
6.- Que la actual Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sí estatuye lo relativo en el artículo 97 segundo párrafo, al establecer: "La Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá nombrar alguno o algunos de sus miembros o algún juez de distrito o magistrado de circuito, o designar uno o varios comisionados especiales, cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo federal o alguna de las cámaras del Congreso de la Unión, o el gobernador de algún estado, únicamente para que averigüe algún hecho o hechos que constituyan una grave violación de alguna garantía individual".
7.-Que a la fecha, sigue siendo un reclamo histórico-político y de justicia, el que se deslinden responsabilidades en torno a los hechos de que trata el número 3 de estas consideraciones, puesto que en sus momentos el sistema de justicia ordinario no integró a cabalidad las averiguaciones correspondientes, no hubo las consignaciones, ni procesos, ni mucho menos aplicación de las leyes a todos los autores intelectuales y materiales; y,
8.- Que se ha incorporado así a nuestra vida política, lo que podríamos llamar la cultura del engaño, de la maquinación y de la ocultación, en lugar de enfrentar la verdad y tomar acciones rápidas y eficaces para llegar a ésta y hacerla del conocimiento de los gobernados, infligiendo así el derecho a la información, consagrado en el artículo 6 constitucional el cual establece que "el derecho a la información será garantizado por el Estado", garantía que se encuentra estrechamente vinculada con el respeto a la verdad.
Por lo antes expuesto y fundado, proponemos a esta Honorable Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero.- Que esta Cámara de Diputados, del H. Congreso de la Unión, pida a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por ser de interés público, que ejerza la facultad prevista en el párrafo segundo del artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y proceda a crear una Comisión presidida por el titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que se averigüen los hechos enumerados en el punto 3 de las consideraciones de esta propuesta, por haber constituido graves violaciones a las garantías individuales.
A dicha Comisión podrán ser invitados personas de reconocido prestigio en la lucha por los derechos humanos.
La Comisión concluirá sus trabajos a más tardar al año de su creación.
Segundo.- Una vez concluida la averiguación con su respectivo informe, así como la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se hará del conocimiento de las autoridades competentes, el resultado de la misma, para los efectos legales a que haya lugar.
El informe será remitido en cualquier caso a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para su análisis, e instrumentación de las medidas que correspondan a la competencia de esta soberanía.
Para el cumplimiento de sus objetivos, la Comisión estará investida del carácter de autoridad competente para solicitar información a particulares y a dependencias del gobierno en sus tres niveles, quienes estarán obligados a abrir toda clase de archivos, aún aquellos no catalogados como públicos, y proporcionar los datos que le sean requeridos.
Palacio del Poder Legislativo, octubre del 2001.
Diputados: Rogaciano Morales Reyes, Martí Batres Guadarrama, Ricardo Moreno Bastida, J. Antonio Magallanes Rodríguez, Daniel Martínez Enríquez, Rubén Aguirre Ponce, Sergio Acosta Salazar, Pedro M. Rosaldo Salazar, Enrique Herrera y Bruquetas, Félix Castellanos Rodríguez (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO EN RELACION CON LOS EMOLUMENTOS A LOS EX PRESIDENTES, PRESENTADA POR LA DIPUTADA ADELA DEL CARMEN GRANIEL CAMPOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DEL MARTES 2 DE OCTUBRE DE 2001
Consideraciones
I. Durante el mes de diciembre de año anterior, se aprobó la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2001, como resultado de las negociaciones entre legisladores de las ocho fracciones parlamentarias en la Cámara de Diputados y funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
El gobierno federal gastará durante el año 2001, un billón 361 mil 866 millones de pesos, lo que representará respecto al Producto Interno Bruto un 20 por ciento aproximadamente, de manera que el gasto neto total como proporción del tamaño de la economía llegaría a su nivel más bajo en los últimos 22 años.
Se debe destacar que, los grupos parlamentarios lograron con su votación de consenso, que se reasignaran algunas partidas del Presupuesto de Egresos en 2001, para aumentar el Gasto Público federal en 34 mil 466.7 millones de pesos.
Sin embargo, el gobierno de Vicente Fox, anunció recortes al presupuesto por 3 mil 375 millones de pesos, con lo que se están restando recursos a los sectores salud, agricultura, pesca y programa carretero.
II. De acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2001, los apoyos económicos y administrativos que se otorgan en favor de las personas que han desempeñado el cargo de titular del Ejecutivo Federal, tradicionalmente han venido cubriéndose con cargo a los recursos previstos en el Ramo 02, correspondiente a la Presidencia de la República.
Dichos apoyos tienen como antecedente lo dispuesto en el acuerdo presidencial de fecha 31 de marzo de 1987, expedido por el entonces Presidente de la República, Lic. Miguel de la Madrid Hurtado, mismo que señala, en lo conducente, que los ciudadanos que hayan desempeñado el cargo de Presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos disfrutarán, mientras vivan, de una percepción equivalente al sueldo total y seguros de vida y de gastos médicos mayores, que correspondan a los secretarios de Estado, con cargo al erario federal.
En la iniciativa de decreto aprobatorio de Presupuesto para el año 2001 se incorpora un artículo señalando de manera expresa que la percepción máxima que podrá cubrírseles no podrá exceder el monto que se cubra al puesto de secretario de Estado con nivel SE1, y que aquellas asignaciones correspondientes al personal de apoyo a su servicio se sujetarán a las disposiciones aplicables.
Para el 2001, se destinarán recursos por $ 140 mil 119.10 pesos mensuales para cada ex presidente (Luis Echeverría, José López Portillo, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo). Al pueblo de México le cuestan $ 700 mil 595.50 pesos al mes y el monto asciende a 8 millones 407 mil 146 pesos en un año. Cantidades muy contrastantes con las raquíticas percepciones de nuestros jubilados y pensionados del ISSSTE, Seguro Social y ferrocarrileros.
Además, tres de los últimos ex presidentes, son trabajadores en activo; incluso, Ernesto Zedillo es directivo de la transnacional Union Pacific, empresa ferroviaria que adquirió los ferrocarriles que él mismo privatizó.
Con el pago que el gobierno destina en un mes a los cinco ex presidentes, se podrían pagar por ejemplo: 17 mil 362 salarios mínimos en Baja California Sur, unos 18 mil 461 en Sonora y 19 mil 542 salarios en Tabasco.
Con los recursos destinados a los ex presidentes se podrían pagar becas del Progresa de la siguiente forma: para tercero de primaria, 7 mil 375 becas; para cuarto, 6 mil 369 becas; para quinto, 5 mil 4 becas; y para sexto, 3 mil 787 becas.
A pesar de que al mes de agosto, el poder adquisitivo del salario mínimo ha recuperado solamente uno por ciento, con relación a 1994, observa una caída de 21.6 por ciento, de manera que la nueva administración tendría que incrementar en 27.5 por ciento los salarios para revertir la pérdida.
¿Por qué si el gobierno quiere terminar con el gasto suntuario, no elimina la partida destinada a los ex presidentes de la República? En este sentido, se encuentra el gasto excesivo que se registró recientemente en la Presidencia de la República, el nuevo gobierno continúa con la estrategia de mantener gastos suntuarios, aun a costa de las múltiples carencias de la población.
III. La función de los órganos legislativos no se circunscribe únicamente a lo que comúnmente se considera la elaboración de leyes, de manera que una importante atribución del Poder Legislativo es la función de control. En el pasado reciente, el Legislativo actuaba más como agente del Ejecutivo que como supervisor de sus actos. Esta falta de control impide el funcionamiento de un sistema de rendición de cuentas y de responsabilidad política y administrativa.
El alto nivel de expectativas que ha despertado el gobierno de Vicente Fox se puede tornar en frustración de la gente, por lo que para la puesta en marcha de las reformas económicas, sociales y políticas será necesaria la construcción de coincidencias entre el gobierno, la oposición y demás actores de la sociedad.
Se ha abierto para México un escenario de división de poderes y negociación política. El mandato de los electores para las fuerzas políticas es que ninguna puede gobernar sin las otras. De manera que todas quedan obligadas a negociar, principalmente las que están en el gobierno.
En el pasado reciente, el Congreso de la Unión abdicó de su autoridad de control, con lo cual se ha obstruido el funcionamiento de un sistema de rendición de cuentas y de responsabilidad política y administrativa del Poder Ejecutivo frente al Legislativo.
El proceso de cambio democrático en México, no debe descuidar la segunda faceta de la democracia, que es la de supervisar y controlar a quienes han sido elegidos mediante el voto popular.
La separación de poderes es el principal instrumento para estimular la vigilancia mutua entre ramas de gobierno, así como prevenir los excesos de alguna de ellas, especialmente del Ejecutivo.
Por lo antes expuesto y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las y los diputados suscritos, del PRD y del PT, proponemos el siguiente
Punto de Acuerdo
Unico: La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, instruye a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para que en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del Año 2002 y sucesivos, considere eliminar, de la partida correspondiente los recursos destinados a los ex presidentes de la República.
Palacio Legislativo de San Lázaro,
2 de octubre de 2001.
Diputados del PRD: Adela del Carmen Graniel Campos, Auldárico Hernández Gerónimo, Petra Santos Ortiz, Enrique Herrera y Bruquetas, Alfredo Hernández Raigosa (rúbricas).
Diputados del PT: Félix Castellanos Hernández, Víctor A. García Dávila (rúbricas).
(Túrnese a la Comisión de PResupuesto y Cuenta Pública. Octubre 2 de 2001.)
 
CON PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR QUE LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EXHORTE A LA JUNTA DE GOBIERNO DEL IPAB A SUSPENDER LA VENTA DE CARTERA PARA QUE SE MODIFIQUE LA LEY Y SE PUEDA OTORGAR EL DERECHO DE RECOMPRAR SU DEUDA A LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS DEUDORES, PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSE MANUEL DEL RIO VIRGEN, DEL CDPPN, EN LA SESION DEL MARTES 2 DE OCTUBRE DE 2001
Antecedentes
El 12 de agosto de 1999, el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) dio a conocer su programa de enajenación de bienes, en el cual se realizarían todas las operaciones de venta de activos que realiza el instituto.
Al mes de agosto del presente año, el IPAB ha realizado operaciones de venta o administración de cartera por 58,987.9 millones de pesos. Por la cual las administradoras de cartera han pagado aproximadamente 10,120.9 millones de pesos, es decir que por cada peso que ha vendido el IPAB, sólo ha recuperado en promedio 17 centavos, cifra muy por debajo de los 30 centavos, que alguna vez estimaron recuperar las autoridades gubernamentales.
A su vez; las administradoras de cartera están vendiendo la cartera adquirida a un promedio de 65 y 70 centavos, esto significa que están cuadruplicando el precio y con ello el pago que los deudores que se acercan a estas administradoras a reestructurar sus créditos, tienen que aceptar.
Considerando
1.- Que derivado de esta situación, son las administradoras las que se están beneficiando de los recursos destinados a los programas de apoyo a deudores y que para este año ascendieron aproximadamente a 15 mil millones de pesos.
2.- Que lo anterior coloca a las empresas administradoras de cartera cómo los grandes beneficiados del problema de los deudores, ya que al adquirir la deuda del IPAB, con un descuento de 83% en promedio, se ha traducido en un beneficio directo para las administradoras y no para los deudores, gracias a esto el IPAB ha dejado de recibir aproximadamente 48,000 millones de pesos en lo que va del año, y los deudores han podido recomprar su deuda.
3.- Que el otorgar el derecho de recompra de su deuda a los pequeños y medianos deudores, permitiría por un lado una mayor recuperación por parte del instituto y un menor pago de los deudores, puesto que se eliminaría el intermediarismo.
4.- Que la venta de cartera, como parte de los activos del IPAB es uno de los mecanismos más directos para reducir el costo fiscal del rescate bancario.
5.- Que para que el IPAB pueda vender la cartera directamente a los deudores, es necesario modificar la Ley del Instituto de Protección al Ahorro Bancario.
6.- Que esta modificación al mismo tiempo de reducir el costo fiscal del rescate bancario, permitirá a los deudores recomprar su deuda y así otorgar un beneficio social a ellos.
7.- Que una de las principales críticas que se le hizo a los programas de apoyo a deudores en el Informe de Mackey, fue que el Gobierno jamás canalizó los programas de apoyo directamente a deudores.
8.- Que el mecanismo que propongo implica un apoyo directo a los deudores.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General solicito a esta Honorable Asamblea aprobemos el siguiente
Punto de Acuerdo
Unico.- Que la Cámara de Diputados del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos exhorte a la Junta de Gobierno del IPAB a suspender la venta de cartera.
Que el Congreso Mexicano modifique la ley para otorgar el derecho de recompra de su deuda a los pequeños y medianos deudores.
Anexo
Las administradoras de cartera: lucran con la deuda de millones de mexicanos y en su mayoría son firmas extranjeras
El 12 de agosto de 1999, el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) dio a conocer su programa de enajenación de bienes, en el cual se realizarían todas las operaciones de venta de activos que realiza el instituto.
Al mes de agosto del presente año, el IPAB ha realizado operaciones de venta o administración de cartera de cartera por 58,987.9 millones de pesos.
Por ello, las administradoras de cartera, han encontrado un clima propicio para "lucrar" con la deuda de millones de mexicanos, actuando meramente como intermediarios y adquiriendo hasta el momento cartera por un valor total de 59,000 millones de pesos, por la cual han pagado aproximadamente 10,120.9 millones de pesos, es decir que por cada peso que ha vendido el IPAB, sólo ha recuperado en promedio 17 centavos, cifra muy por debajo del 30 que alguna vez, estimaron recuperar las autoridades gubernamentales.
Por si lo anterior fuera poco, las administradoras de cartera a su vez, están vendiendo la cartera adquirida a un promedio de entre 65 y 70 centavos, esto es están casi cuatruplicando el precio y con ello el pago que los deudores que se acercan a éstas administradoras a reestructurar sus créditos tienen que realizar.
Lo anterior coloca a las empresas administradoras de cartera cómo los grandes beneficiados del problema de los deudores, ya que al adquirir la deuda del IPAB, con un descuento de 83% en promedio, este margen se ha traducido en un beneficio directo para las administradoras y no para los deudores, pues gracias a esto el IPAB ha dejado de recibir aproximadamente 48,000 millones de pesos en lo que va del año, y los deudores no han podido recomprar su deuda en el precio al que está vendiendo el IPAB.
Las administradoras de cartera obtienen un beneficio de más del 300% al estar adquiriendo la cartera del IPAB a un precio promedio de 17 centavos, y venderla a un precio de entre 70 y 80 centavos, lo que las coloca ya en la posibilidad de obtener ingresos potenciales de cuando menos 30,000 millones de pesos, con la cartera adquirida hasta el momento y producto de la deuda de los mexicanos.
La pregunta que se hacen todos los deudores es por que el IPAB, no les ofrece sus propios créditos a los mismos descuentos que les otorga a las administradoras de cartera, en otras palabras que les permita a los deudores adquirir sus propios créditos, en una especie de "derecho al tanto".
Para el mismo IPAB el trato directo con los deudores representaría una mayor recuperación, lo anterior en virtud de que se podría ofrecer la cartera a un precio un poco más alto que el que se le otorga a las administradoras, pero mucho más bajo que el precio al que las administradoras venden, como ejemplo podríamos hablar de un precio de entre 25 y 27 centavos de cada peso. Precio que sería 10 centavos superior al promedio actual y la tercera parte del precio al que venden estas administradoras.
Cabe destacar que la mayoría de las administradoras de cartera son extranjeras o filiales de firmas extranjeras como: Goldman Sachs , GE Capital, Bankers Trust, Fénix, Auritec, First City, y Lone Start Adquisition, entre otras.
Operaciones de venta o administración de cartera
Banca Serfin I
El 28 de febrero de este año, Banorte efectuó el pago comprometido de 2 mil 700 millones por los derechos para administrar, durante los próximos cuatro años, un portafolio de 23 mil 230.4 millones de pesos de créditos comerciales, industriales e hipotecarios, así como algunos activos adjudicados que habían sido vendidos por Banca Serfin al Fobaproa.
Banco Unión
A finales de diciembre de 1999, Banco Unión cerró la operación para ceder en administración parte de su cartera de crédito, obteniendo 842 millones de pesos.
Goldman Sachs y GE Capital, a través de la empresa SLQ, administrarán y cobrarán durante los próximos cuatro años, un portafolio de 7 mil 639 millones de pesos.
Banco Mexicano
El 8 de marzo de 2000, First City Commercial Corporation ganó la subasta para adquirir parte de la cartera de Banco Santander Mexicano, tras ofrecer mil 432 millones de pesos, monto equivalente al 20.62% del valor de la cartera cuyo importe de capital se ubicó en 6 mil 943 millones de pesos.
Banca Serfin II
El 23 de agosto de 2000, se llevó a cabo la subasta para vender alrededor de 25 mil créditos que habían sido otorgados por Banca Serfin, mismos que representaban 7 mil 797 millones de pesos. Tras ofrecer mil 978.9 millones de pesos.
La ganadora de la subasta fue operadora Auritec, quien ofreció por el portafolio mil 978.9 millones de pesos, lo que representa 25.38% del valor de la cartera.
Banca Cremi
El 24 de octubre de 2000, el grupo integrado por First City, gana la subasta y obtiene 6,740 créditos con un valor de 2,491.9 millones de pesos, pagando sólo, 460 millones de pesos; es decir que el precio promedio de compra fue de 18 centavos.
Cartera de Serfin, Cremi, Unión, Obrero y Oriente
El 17 de noviembre de 2000, el IPAB subasta 30,000 créditos con un valor de 4,973 millones de pesos y obtiene, 1,405 millones es decir 28 centavos por cada peso. Las empresas ganadoras fueron: Auritec, Secorse, Lone Start.
Cartera hipotecaria de Bancrecer
El 20 de diciembre de 2000, el IPAB subastó 9,973 créditos por un valor de 2,839 millones de pesos, por los que el IPAB obtuvo 815 millones de pesos, es decir 28 centavos de cada peso que vendió. Los ganadores fueron: First City Corporation, Lone Star, entre otros.
Cartera de consumo y tarjetas de crédito; Cremi, Oriente y Unión
El 6 de marzo de 2001 el IPAB obtiene 14 millones 795 mil pesos, por la subasta de 31,600 créditos por un valor muy superior a lo obtenido.
Santander Mexicano
El 6 de julio de 2001 el IPAB recibe 474 millones de pesos producto de la venta de cartera de Santander por un valor de 5 millones de pesos, es decir el IPAB obtuvo sólo 15 centavos de cada peso que vendió.
Palacio Legislativo, 2 de octubre de 2001.
Diputados: Eric Villanueva Mukul, J. Antonio Magallanes Rodríguez, Jorge Carlos Ramírez Marín, José Manuel del Río Virgen, Martí Batres Guadarrama, José Antonio Calderón Cardoso, Alfredo Hernández Raigosa, Juan Carlos Regis Adame (PT), Félix Castellanos Hernández (PT), Víctor Antonio García Dávila (PT), Humberto Mayans Canabal, Gustavo A. Donis García, Víctor Roberto Infante González, Silverio López Magallanes, Rodolfo Gerardo González Guzmán, Jaime Martínez Veloz, Mario Cruz Andrade, Ricardo Moreno Bastida (rúbricas).
(Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda. Octubre 2 de 2001).
