Iniciativas
DE REFORMAS AL ARTICULO 4º DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA ELEVAR A RANGO CONSTITUCIONAL EL DERECHO A LA ALIMENTACION NUTRITIVA, PRESENTADA POR EL DIPUTADO EDUARDO ABRAHAM LEINES BARRERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA SESION DEL MARTES 27 DE NOVIEMBRE
Con fundamento a lo dispuesto en la fracción II del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los artículos 55, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Hago uso de la voz en esta máxima tribuna de la nación a nombre de mis compañeros diputados integrantes de la Comisión de Salud del Partido Revolucionario Institucional de esta LVIII Legislatura, del Honorable Congreso de la Unión.
Respetuosamente, sometemos a su amable consideración un asunto que es de urgente atención nos referimos a la iniciativa con proyecto de decreto a "elevar a rango constitucional el derecho a la alimentación nutritiva", proponiendo adicionar al artículo 4º. constitucional, un cuarto párrafo, recorriendo los actuales para quedar como sigue:
"Toda persona tiene derecho a una alimentación que le asegure una nutrición adecuada para su desarrollo físico-emocional e intelectual. La ley señalará las medidas para garantizar que a los alimentos se incorporen un mínimo valor de nutrientes".
Exposición de Motivos
Alimentarse es una acción fisiológica que implica efectos y consecuencias que crean el marco de desarrollo de los individuos. La acción fisiológica de nutrirnos por medio de los alimentos está íntimamente ligada con las condiciones socio-económicas y culturales.
Para sostener la posibilidad de vivir y que los órganos internos lleven a cabo sus funciones. La Acción Dinámica Específica, se refiere a la energía necesaria para convertir los alimentos en energía (proceso digestivo). Las actividades físicas como correr, leer o atender las actividades domésticas llevan al sujeto a una demanda de energía determinada: si la actividad física es fuerte, su demanda aumentará, por lo tanto su ingesta de nutrientes deberá ser más alta. En contraste quienes realicen actividades físicas de baja demanda energética, requerirán una ingesta de nutrientes adecuada a su actividad.
De una buena o mala nutrición, situación que en todo momento será reflejo de la calidad de nuestra alimentación, van a depender una serie de situaciones que afectan no sólo al organismo como ente biológico, ya que es fundamental, sino que interfieren de manera definitiva en las posibilidades de desarrollo integral de cada ser humano, la desnutrición, es un obstáculo para las oportunidades de desarrollo de quien la padece.
El desbalance entre los nutrimentos requeridos y los ingeridos provoca la desnutrición. Aunque ésta es una enfermedad causada por múltiples factores, la podemos diferenciar en dos grandes ramas: la primaria o social que es la que resulta de la pobreza, que se expresa en la falta de acceso de amplios sectores de la población a los alimentos necesarios; y la secundaria, que es la resultante de otro proceso patológico previo.
La desnutrición social, que es una enfermedad de quienes se subalimentan y ocasiona un círculo vicioso de desnutrición-pobreza-desnutrición, difícil de romper.
Las personas desnutridas se enfrentan a las situaciones cotidianas de la vida con menos instrumentos, con menos capacidades. En general, la persistencia de la desnutrición tiene graves repercusiones sobre los niños, la sociedad y el futuro de la humanidad.
Cabe mencionar que los niños menores de 5 años de edad que se encuentran en pleno crecimiento y desarrollo son los más vulnerables ya que al estar desnutridos, son más susceptibles a enfermarse.
Contrariamente a lo que muchos piensan, el problema de la desnutrición no se limita a si un niño puede satisfacer su apetito. Ese niño puede ingerir una cantidad suficiente de alimentos como para calmar su hambre inmediata, y estar, sin embargo, desnutrido.
La desnutrición es una emergencia silenciosa. Tres cuartas partes de los niños del mundo que mueren debido a causas relacionadas con la desnutrición son niños a quienes los expertos en nutrición califican de leve a moderadamente desnutridos y que a los ojos de un lego no muestran signos o síntomas de problemas. Como fenómeno, esta cantidad de muertes es una proporción que no tiene precedentes en la historia de las enfermedades infecciosas desde la época de la peste negra. Y sin embargo, no se trata de una enfermedad infecciosa.
Cualesquiera que sean las interpretaciones, las dimensiones de la crisis en materia de nutrición están relacionadas con la muerte y la incapacitación de niños en gran escala, con miles de mujeres que aumentan las estadísticas de mortalidad materna debido en parte a carencias nutricionales, y con el costo social y económico que limita el desarrollo.
Su poder destructivo se hace sentir en los millones de sobrevivientes que padecen discapacidades, sufren una mayor propensión a contraer enfermedades durante el resto de sus vidas o quedan mermados intelectualmente.
Se trata de un fenómeno que amenaza a las mujeres y las familias y que, en última instancia, pone en peligro la existencia misma de sociedades enteras.
Como se observa, el consumo de alimentos y la nutrición están estrechamente relacionados con los recursos de que pueden disponer las familias. Por esta razón es relevante conocer el diagnóstico nutricional de los mexicanos, qué alimentos consumen las familias mexicanas según su ingreso, y que nutrientes obtienen de ellos.
En los últimos años, se ha observado el crecimiento de la inseguridad alimentaria. Si en 1990 el 32 por ciento de la población reportaba algún grado de inseguridad, en 2000 la cifra aumentó a 45 puntos porcentuales.
Los resultados del análisis actualizados al 2000, que abarcan todos los estados de la República y con un universo de 99 millones 582 mil 251 habitantes, ubicaron a los grupos poblacionales que padecen problemas de alimentación en las entidades con mayores niveles de pobreza.
Sin embargo hay casos como el del Distrito Federal, que también se integra al mapa de la hambruna y la malnutrición.
Los estados que ocuparon el primero y segundo lugares en la categoría de inseguridad alimentaria extrema fueron los de México y Guerrero, con dos millones 192 mil 715 habitantes y dos millones 477 mil 128, respectivamente.
En tercer sitio se ubicó el Distrito Federal, con un millón 586 mil 706 personas. Le siguieron Oaxaca y Chiapas, con 947 mil 579 y 925 mil 881, en la misma relación.
En el estrato inferior, denominado inseguridad marcada, repiten el Estado de México, con ocho millones 678 mil 293 habitantes; Distrito Federal, dos millones 135 mil 557; Chiapas, un millón 156 mil 223, y Oaxaca, un millón 570 mil 959.
Dichos grupos, que se ubican en diferentes grados de pobreza, gastan alrededor de 60 por ciento de su ingreso en la compra de comestibles.
Entre ellos, los más vulnerables son los niños, las madres lactantes, las mujeres embarazadas, los ancianos, los desempleados y subempleados, además de los migrantes, por citar algunos. Este panorama "de subconsumo y de creciente brote de hambre abierta se convierte en un factor permanente de riesgo y de conflicto social", de ahí que los especialistas concluyan que la seguridad alimentaria es un asunto de seguridad nacional.
En la problemática de nutrición por entidades se destaca que los estados más críticos son Oaxaca, Chiapas, Puebla, Veracruz, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Yucatán, Michoacán y Guanajuato.
De acuerdo con sus datos, los problemas de nutrición se acumulan en 4.5 millones de familias, de las cuales dos terceras partes, o sea 3 millones, están en las zonas críticas; el otro millón y medio se encuentra en áreas más dispersas, la mayoría, en las zonas periféricas de las ciudades.
Ahora bien, si se considera que el promedio de miembros por familia es de 6, sobre todo en zonas rurales, existen alrededor de 18 millones de habitantes en las zonas más afectadas y 9 millones más que observan problemas importantes de nutrición.
El punto más serio es que estos 4.5 millones de familias siguen teniendo un hijo cada dos o tres años, los que posiblemente formen los hogares del 75 a 80 por ciento de los futuros mexicanos.
Se afirma que salvo sitios aislados del país tanto, como hambruna, que es la privación total de alimentos, no hay, lo que existe es una "hambre crónica" que se agrava por momentos, sólo que las mismas estrategias de sobrevivencia de la gente enfrentan el problema para que no llegue a una situación de mayor gravedad.
Sin embargo, el Presidente Vicente Fox solicitó a la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) que incluya a México en el Programa Especial de Seguridad Alimentaria (PESA), proyecto que se aplica solo a los países incapaces de brindar los nutrientes necesarios a sus habitantes, confirmo Augusto Simoes López, representante de la FAO en nuestro país.
Tal solicitud ocurre en contexto del Día Mundial de la Alimentación (16 de Octubre). Pues según cifras de la Secretaría de Desarrollo Social, once millones de personas están desnutridas, 18 millones viven en extrema pobreza y 40 millones no tienen acceso a un salario digno que les permita tener una adecuada nutrición.
El representante de la FAO en México explicó que con el PESA México establecerá la seguridad alimentaria para quienes tienen bajo nivel de nutrición, pero aclaró que no se trata de "darles el pescado", sino de enseñarles a pescar.
Explicó que el plan de la FAO será aplicado junto con el programa de las 350 microregiones que aplica el gobierno mexicano y se integrará a los planes que ya se aplican para superar la pobreza, como Progresa, Alianza para el Campo y Procampo.
Por medio de esa estrategia, dijo, se reduciría el número de desnutridos e impulsará la producción, distribución, almacenamiento y transformación de alimentos agropecuarios.
Indicador de desnutrición social
En este renglón ¿Qué variables podríamos considerar por su vinculación con el fenómeno de la desnutrición, además de las de marginación, déficit de talla y por ciento de población indígena? Un artículo científico sobre desnutrición infantil menciona "en la desnutrición energético proteica grave se presenta un Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, que a diferencia del de origen viral, es potencialmente reversible".
En suma cuando los organismos se hayan gravemente desnutridos, que es lo común en las comunidades pobres, sobreviven las enfermedades, la astenia y la anorexia, que junto con la pobreza genera un círculo vicioso de consecuencias graves para el sistema inmunológico que se debilita poco a poco.
De tal manera que las infecciones se desarrollan fácilmente, en un organismo que emaciado por la subalimentación no opondrá resistencia. En las zonas más pobres o marginales del país, el problema se manifiesta en una mortalidad alta por enfermedades gastrointestinales y de vías respiratorias agudas, principalmente de niños en edad preescolar.
Como un enfermo de sida cuyas defensas están disminuidas en nivel crítico, las personas severamente desnutridas, son igualmente personas con su sistema inmunológico gravemente afectado, aunque el origen de su problema nutricional es reversible. A todo este círculo vicioso entre pobreza extrema, desnutrición, morbilidad y mortalidad se le ha llamado Síndrome de Deprivación Social el mismo que otros identifican como el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida por desnutrición energético proteica grave.
Dentro de todo complejo social marginal entonces, la niñez significa el estrato más sensible de la vida del individuo. Por lo que al desarrollo se refiere la etapa infantil en el primer año es el más delicado. Por ello el periodo que se ubica entre los 8 y los 18 meses de edad, es conocido como "El valle de la muerte".
Para los niños en zonas marginales, representa el mayor escollo que tienen que salvar, dado que uno de cada cinco menores mueren y tres de cada cinco salen con algún grado de lesión en su desarrollo físico y mental.
En términos sociales significa que la sociedad tiene en la niñez el punto crítico para su desarrollo. Etapa vital que manifiesta de manera fidedigna cualquier impacto social.
A la población infantil por tanto, se tendría que dedicar todo el presupuesto posible para su alimentación, todo el dinero necesario para su educación, no se trataría de un gasto sino de la mejor de las inversiones.
Recordemos que la mayor riqueza con la que cuenta un país es precisamente su población. La niñez cuyo periodo más importante llega a los seis años, en el contexto general de la población es justamente a quien menos se les toma en cuenta. Los niños generalmente a esa edad no se les da importancia, por el contrario no pocas veces son una carga y por consiguiente no tienen la atención debida.
Para el gobierno tal sector social, a pesar de ser el más numeroso; es el menos atendido. Prueba de ello es por ejemplo, que no existen programas de apoyo a la alimentación y nutrición, similares a los desayunos escolares que se imparten a niños de 4 años en adelante, en etapas más tempranas de la infancia. El apoyo debería ser incluso a las madres en gestación y lactancia, que representan justamente los periodos donde los organismos reciben sus primeros impactos al desarrollo.
Ubicación de la desnutrición
El indicador mixto de estado de desnutrición social, ubicó a nivel municipal, las regiones definidas como de "trinchera", desde donde los grupos de mayor marginación entre los marginados y portadores de las antiguas culturas mesoamericanas defienden su cultura y su forma de vivir ahora más amenazadas que nunca. Ubicó también las áreas suburbanas que conforman considerables cinturones de miseria en torno a las grandes ciudades, principalmente en razón de las migraciones masivas de las áreas rurales en extrema pobreza a la ciudad.
A primera vista en un enfoque general se observa al país partido a la mitad en dos grandes zonas, prácticamente dos "países", que corresponden al México del norte, donde predominan los problemas de nutrición de moderados a bajos; y el México del centro y sur donde encontramos predominantemente las categorías de desnutrición severa e importante. Entrando en detalle encontramos que de la mitad norte del país, sólo la franja de la Sierra Madre Occidental que corresponde con la Sierra Tarahumara y la Sierra de los Tepehuanes es la que "rompe" con la categorización del norte, dado seguramente por las comunidades indígenas de la zona.
Alimentos que consumen los mexicanos por niveles de ingreso y tipos de nutrientes que les proporcionan
La creciente oferta de comestibles y el hecho de que los avances científicos y tecnológicos hayan incrementado la producción mundial de alimentos, permite que la oferta de comestibles sea tan diversa como las exigencias de los consumidores. Sin embargo en México 31?241,990 personas tienen severa, importante o moderada desnutrición y los restantes 69?507,569 baja desnutrición.
Antes que un asunto de disponibilidad de alimentos, el problema del hambre obedece principalmente a la capacidad económica de las personas para adquirir los nutrimentos necesarios para su subsistencia
Por otro lado, la Universidad Obrera de México (UOM), indica que hasta agosto de 2001 con el salario mínimo prevaleciente en el país, de 40.35 pesos, únicamente se podía adquirir 21.6 por ciento de una canasta básica calculada en 186.49 pesos. Visto así, señala, los sectores de la población que sobreviven con menos de cinco salarios mínimos padecen inseguridad nutricional.
En 1999 había por lo menos 30.6 millones de mexicanos con empleo que percibían de cero a tres salarios mínimos, lo cual indica que este segmento de la población no puede satisfacer los requerimientos mínimos para alimentarse, resalta la UOM.
El nivel y la calidad de la alimentación entre la población ha atravesado por varios altibajos a lo largo del tiempo, sin embargo en la década reciente la malnutrición se ha agravado.
Pero ¿cómo es que esta última ha avanzado?, ¿en dónde se ubican los principales focos rojos? y ¿cuáles son los grupos más vulnerables?
Con datos del XII Censo General de Población y Vivienda, la relación entre participación económica y nivel de ingresos de la población permite saber que de la población ocupada con ingresos, el 68.64% tiene ingresos menores a 3 salarios mínimos; incluye a la población ocupada que no recibe ingresos, (8.35%); y el 20.67%, que recibe de 0 a 1 salario mínimo. El restante 31.46 % recibe 3 salarios o más.
Cabe mencionar que en el estado de Chiapas el 82.48% de la población ocupada recibe menos de 3 salarios mínimos, seguido de Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Yucatán, y Tlaxcala.
El estado que tiene menor porcentaje de población con ingreso menor a 3 salarios es Baja California con 45.83 %
En número de población, este 68.64% representa 23?152,506 mexicanos.
Necesidades nutricionales por etapas de desarrollo
Los nutrientes son elementos químicos que el organismo necesita para desempeñarse adecuadamente. Hasta ahora, se han descubierto 40 nutrientes y se requiere para tres fines: Proveer energía, crear y reparar células y regular los procesos orgánicos, estos no se podrían realizar sin los elementos químicos de los nutrientes.
En cada etapa de desarrollo varía la importancia del metabolismo basal. Al nacer es muy alto y después de los dos años empieza a disminuir, declina a partir de los 25 años, y más significativamente después de los 40. Si después de esa edad no disminuye la ingesta de alimentos, se tendrá un aumento gradual de peso, solo por la reducción del metabolismo basal.
Debido a los cambios demográficos que ha presentado el país, los cuales se han reflejado en la participación de la mujer en el mercado de trabajo, la disminución de los miembros de la familia, la reducción del tiempo para preparar los alimentos, la apertura comercial y las modas, entre otras razones, los patrones alimentarios del mexicano se han transformado.
Ahora bien en México existen cinco dietas básicas:
1. Los grupos considerados como pobres, aquellos que no perciben más de dos salarios mínimos y cuyas familias cuentan con cinco integrantes en promedio, consumen tanto productos tradicionales (tortilla, fríjol y chile) como alimentos chatarra (tortas, refrescos, embutidos de baja calidad, frituras y pastas). Como fuente de proteína animal comen vísceras, retazos y huevos. Producto de esta dieta, la gente desarrolla enfermedades crónico-degenerativas.
2. La clase media se caracteriza por adquirir las novedades de la industria alimentaria, de modo que es la principal consumidora de la comida rápida. Asimismo demanda embutidos y derivados lácteos. Empero, este estrato también resiente en sus ingresos los efectos de la oscilación económica, por lo que puede abandonar su dieta o bien reducirla en cantidad y calidad.
3. El patrón light, que básicamente abarca a las mujeres menores de 30 años, incorpora productos que favorecen el cuidado de la estética. Aunque se trata de una categoría bien focalizada, tiende a extenderse a otros grupos sociales.
4. La "ola naturista" integra alimentos con alto contenido de fibras y sin grasas para evitar la aparición de enfermedades crónico-degenerativas; su público objetivo es la gente informada respecto al cuidado de la salud.
5. El tipo orgánico, totalmente natural, atiende a un pequeño grupo de elite, aunque con el tiempo permea a otras capas sociales.
Para responder al cambio en los hábitos de vida y consumo de la población, la industria alimenticia tiene que hacer gala de innovación y creatividad a fin de ofrecer productos nutritivos y atractivos, pero a precios accesibles.
Esta condición ofrece alternativas de negocio no sólo para las compañías procesadoras de alimentos, sino también para los proveedores de insumos primarios y aditivos alimenticios que garanticen la calidad de los alimentos ready to eat, es decir, listos para comer.
Las empresas especializadas en la importación y producción de gomas e hidrocoloides, compite por un mercado valuado en 720 millones de pesos anuales, y de su cartera de 300 clientes destacan Cadbury Schweppes, Jarritos, Derivados de Fruta, Bimbo, Kraf, Unilever, Sabritas, Alpino, Parma, Nestlé, Sigma Alimentos, Gari, Chocolates Turín, Grupo Lorena, Michel y Mazapán La Rosa, entre otros.
Dentro de la industria alimenticia de productos procesados, donde hay seis unidades estratégicas: bebidas y emulsiones líquidas que son todos los refrescos carbonatados, jugos, néctares, bebidas saborizadas, energizantes, isotónicas y funcionales.
Cárnicos, fundamentalmente todo lo que son embutidos como jamones, salchichas, mortadelas, salamis.
Panificación que incluye mermeladas de depósito, de relleno y horneables, así como betunes, crema pastelera y de recubrimiento.
Los lácteos y sus derivados, esto es, yogur, quesos, cremas helados, sorbetes, que se suman a las unidades de postres y confitería, así como a la de salsas y aderezos.
México es uno de los mercados más importantes y estratégicos de Latinoamérica, debido al alto grado de desarrollo tecnológico de las empresas y por los cien millones de consumidores. Para muestra, se cita el consumo per cápita de refrescos, el cual se ubica en 60 refrescos de ocho onzas.
La energía que requiere el ser humano
Para tener datos más precisos sobre los requerimientos de energía del ser humano, es necesario sumar a las calorías gastadas en el metabolismo basal, las de la actividad física y las usadas en la acción dinámica específica. El metabolismo basal es el monto de energía para sostener la posibilidad de vivir y que los órganos internos lleven a cabo sus funciones.
En la actualidad -como se ha mencionado- la manera de alimentarse del ser humano es resultado de una serie de hábitos acumulados a largo de su vida. Sus preferencias por ciertos alimentos están determinadas por la cultura y la disponibilidad de alimentos que haya en el sitio en que vive. En ocasiones, los hábitos alimentarios no siempre traen como resultado una alimentación adecuada, algunas veces por no tener a la mano los alimentos y otras por carecer de principios básicos de nutrición.
De cómo se alimentan las personas, los nutrientes que asimilen y las actividades que desarrollen depende una nutrición adecuada, o en su caso la desnutrición.
Las carencias nutricionales
Cuando la ingesta no es la adecuada, se producen una serie de trastornos que afectan al ser humano y que forman parte de las causas de mortalidad dentro de la población de todas las edades en nuestro país.
Las calorías como la medida de la energía presente en los alimentos y la razón de ser del metabolismo energético, son el punto de partida para entender qué es el alimento y cómo lo utiliza el cuerpo humano.
Enfermedades por carencias nutricionales
Como una vertiente de la malnutrición, la desnutrición genera enfermedades según la deficiencia de carbohidratos, proteínas, vitaminas y minerales. Las enfermedades infecciosas aumentan su incidencia al encontrar en los huéspedes desnutridos poca resistencia para defenderse, causándoles mayores impactos que a los individuos sanos.
Respecto a la vertiente de la sobrealimentación, las enfermedades relacionadas, incluyen padecimientos de tipo crónico que afectan a un alto porcentaje de la población adulta y mayor del país.
Sobresalen un total de 30 padecimientos, todos ellos relacionados a algún trastorno en la nutrición ejemplo: anemias, escorbuto, raquitismo, osteoporosis, diabetes, síndrome de inmunodeficiencia, entre otras.
Indicadores de mortalidad por etapas de desarrollo
Las enfermedades no solo afectan el metabolismo de las proteínas, sino el de todos los nutrientes esenciales.
Así, los niños que sufren de infecciones continuas, tanto intestinales como respiratorias, requieren de un aporte especial de nutrientes. Las variaciones en los requerimientos de los nutrientes, permiten tener información sobre el estado nutricional de la población y las consecuencias en caso de deficiencias de nutrientes, los cuales llegan en última instancia a la muerte.
Según los indicadores de mortalidad general en el país, en 1999 la desnutrición y otras deficiencias nutricionales ocupaba el sitio once de 22; el número de muertes comparadas con la primera causa, enfermedades del corazón, fue 9,776 y 69,278 respectivamente. Sin embargo, si consideramos otras causas de muerte asociadas a problemas nutricionales como diabetes Mellitus, en el tercer lugar con 45,632 muertes, más otras como bronquitis, infecciones intestinales, sida, anemia y tuberculosis, las cifras serían parecidas.
La desnutrición y otras deficiencias nutricionales, sin considerar otras enfermedades asociadas, ocupa diferentes posiciones dentro de las causas de mortalidad, según las diferentes etapas de desarrollo.
En mortalidad infantil, es la séptima causa, con 1,052 muertes; en preescolar ocupa el quinto sitio, con 467 defunciones; en la etapa escolar se ubica en el lugar nueve, con 162 muertes; en la edad productiva se ubica en el lugar dieciséis, con 1,283 decesos; para la etapa postproductiva el lugar es el octavo; con 6,737 defunciones.
En cuanto a los grupos de edad, de 15 a 24 años y de 25 a 34, la causa de mortalidad en comento se ubica en el lugar diecisiete, con 157 y 178 defunciones, respectivamente. En el grupo de 35 a 44 años sube un poco y se posiciona en el lugar dieciséis, con 206 muertes; en el grupo de 45 a 54 años vuelve a subir hasta la posición trece, con 298 muertes. Finalmente en el grupo de 55 a 66 años baja al lugar catorce, con 444 decesos.
Las carencias nutricionales y los efectos en cuanto a la salud
La desnutrición es el resultado de una compleja interacción de diversos factores que abarcan aspectos tan dispares como el grado de acceso de las familias a los alimentos, la atención materno infantil, el agua potable, y el saneamiento ambiental.
En su nivel más básico, la desnutrición es causa de enfermedades y consecuencia de una ingesta alimentaria inadecuada: combinación debilitante, riesgosa y con frecuencia letal. Pero además de los aspectos fisiológicos, la desnutrición se relaciona también con muchos otros factores, entre ellos los de índole social, político, económico y cultural.
Cada tipo de desnutrición mina y destruye el organismo humano de manera diferente. La carencia de yodo puede afectar la capacidad intelectual; la anemia es una de las causas de las complicaciones del embarazo y el parto causando incluso la muerte tanto de la madre como del producto. La carencia de ácido fólico en las embarazadas puede provocar a los hijos problemas congénitos, como la espina bífida; y la carencia de Vitamina D puede ser causa de deformaciones óseas, incluso de raquitismo; solo por poner algunos ejemplos.
Las investigaciones demuestran que existe una relación entre la desnutrición a edad temprana -incluso durante el crecimiento del feto- y el posterior desarrollo de enfermedades crónicas como las enfermedades coronarias, la diabetes y la alta presión arterial. Esto representa preocupación en aquellos países donde la desnutrición ya es un problema grave.
Los niños desnutridos tienen una mayor tendencia a morir como consecuencia de las enfermedades comunes de la niñez. Entre estas se encuentran las infecciones respiratorias y gastrointestinales, la principal causa de muerte en los menores de cinco años.
Lo más grave es que los efectos nocivos de una nutrición insuficiente no son del todo reversibles. Tal vez un niño afectado por desnutrición en un momento dado pueda recuperar peso y talla, pero la maduración del sistema nervioso, y por tanto del cerebro, ya no se recupera, por lo que los daños son permanentes.
Los efectos en la educación
Las consecuencias sociales de la desnutrición superan el ámbito de la supervivencia infantil y la mortalidad y morbilidad materna. Los niños desnutridos, a diferencia de los que reciben buena alimentación, no sólo padecen incapacidades de por vida y el debilitamiento de su sistema inmunológico.
Los efectos en la educación son graves: los niños desnutridos no tienen la misma capacidad de aprendizaje y de asimilación de conocimientos que los niños que disfrutan de una nutrición adecuada, son apáticos, con dificultades para concentrarse en una actividad y con deficiencias en su maduración intelectual.
En los niños de corta edad, la desnutrición disminuye la motivación y la curiosidad, y reduce el nivel de juego y de actividades de exploración e investigación. Estos efectos limitan el desarrollo mental y cognoscitivo al disminuir las relaciones de los niños con el medio que los rodea y con las personas que los cuidan.
Tratándose de la deficiencia de nutrientes específicos:
En el caso de las mujeres embarazadas, la desnutrición, y especialmente la carencia de yodo, puede producir en los hijos diversos grados de retraso mental.
En la primera infancia, la anemia por carencia de hierro puede retardar el desarrollo psicomotor y afectar el desarrollo cognoscitivo mediante la reducción del coeficiente intelectual en unos 9 puntos.
Esta carencia afecta la capacidad de los niños para obtener la información más relevante de lo que escuchan o leen; la suplementación del mineral y la corrección de la deficiencia no llevan a la superación del problema.
Los niños aún cuando ya no padezcan anemia les cuesta más trabajo obtener información relevante en comparación con infantes que no hayan presentado la deficiencia. Asimismo, presentan problemas de coordinación y equilibrio y tienen conductas más retraídas y vacilantes. La capacidad de los niños se ve afectada:
Para relacionarse con el medio ambiente y obtener conocimientos de su entorno, y puede causar la disminución de su capacidad intelectual.
Refiriéndonos a los niños de edad preescolar que sufren anemia, presentan dificultades para mantener la atención y para distinguir entre diversos estímulos visuales.
También se ha establecido que existen relaciones entre la carencia de hierro y el desempeño escolar deficiente de los alumnos primarios y los adolescentes.
Como se observa, evitar la anemia por carencia de yodo y hierro, que amenaza a millones de niños, es fundamental cuando se quieren mejorar los sistemas de educación.
La baja resistencia que tienen los niños desnutridos ante las enfermedades reduce la eficacia de los considerables recursos que se invierten en garantizar que las familias cuenten con acceso a los servicios básicos de salud y saneamiento ambiental. Y los perniciosos efectos de la desnutrición en el desarrollo cerebral y el desempeño intelectual comprometen las inversiones del gobierno en la educación básica.
A la larga el resultado es un menor desempeño escolar, menor aprovechamiento y luego entonces pocas herramientas para salir del circulo vicioso desnutrición - pobreza - desnutrición.
Los efectos en el desarrollo productivo
En un entorno de alta competitividad económica, la salud de la población, la cual comienza con una nutrición adecuada, es una condición indispensable.
Los niños desnutridos que superan la infancia son adultos con limitadas capacidades físicas e intelectuales, presentan dificultades para desempeñar eficientemente sus labores y para establecer relaciones sociales; les falta madurez intelectual. Esto genera a su vez niveles reducidos de productividad y tasas elevadas de enfermedades crónicas y discapacidades, que se agravan en sociedades que no cuentan con los recursos económicos necesarios ni siquiera para brindar los más elementales servicios terapéuticos y de rehabilitación.
En muchos puestos de trabajo existe discriminación para las personas con deficiencias físicas o psíquicas, muchas de ellas generadas por problemas nutricionales. Aproximadamente, un 70% de los discapacitados en edad laboral están ausentes del mercado laboral.
En el plano familiar, los crecientes costos y presiones que la discapacidad y las enfermedades relacionadas con la desnutrición imponen a quienes atienden a las personas, tienen resultados devastadores para las familias pobres, especialmente para las madres que reciben poca o ninguna asistencia de unos servicios sociales sobrecargados de trabajo. Cuando esas pérdidas, que suceden en el seno familiar, se repiten millones de veces en el plano social, afectan el desarrollo nacional.
Se calcula que las carencias de vitaminas y minerales cuestan a algunos países el equivalente de más de un 5% de su producto nacional bruto en vidas perdidas, discapacidad y menor productividad.
"Atender su problema nutricional no es tan difícil; -coinciden los especialistas- muchos países como Sri Lanka, China, Costa Rica, Chile y Cuba, entre otros, han tenido buenos resultados con programas técnicamente dirigidos, de detección de la desnutrición y su atención; del enriquecimiento de alimentos básicos a bajo costo, de seguridad alimentaria familiar y no se ve por qué no se pueda hacer en México, un país que tiene la economía número 7 del mundo, pero que ocupa el 55 con relación a la salud".
Los mexicanos, víctimas del "bombardeo" de productos industrializados o "chatarra" se enfrentan a constantes programas alimentarios, con efectividad sólo política y sexenal, a una limitada orientación en la materia y a la escasez de nutriólogos, lo que impide superar décadas de mala nutrición.
Algunos programas alimentarios han costado a nuestro país entre dos y tres mil millones de dólares anuales y su efectividad ha sido solamente de entre 3 y 18 por ciento en el combate a la desnutrición.
El Departamento de Asistencia Alimentaria del DIF, acepta que el poderío de redes alimentarias transnacionales, con impacto mercadotécnico difícil de enfrentar con los recursos que se destinan a las instituciones dedicadas a la seguridad alimentaria, causan que "Gansito y papitas maten el desayuno escolar".
Anualmente 15 mil niños fallecen por desnutrición; además, las zonas detectadas hace 40 años con población mal alimentada tienen todavía el problema y en más de 50 por ciento de los municipios del país, sus habitantes enfrentan una severa desnutrición.
Y mientras el refresco de cola suple a la leche, las papas a las verduras y los pastelitos a la fruta, sólo 10 por ciento de los más de cuatro mil egresados nutriólogos del país atienden las deficiencias alimentarias y desnutrición del 80 por ciento de los mexicanos. Asimismo, no se ha logrado superar los rezagos en materia nutricional, por la lucha desigual que existe con poderosas transnacionales que llegan con sus productos "chatarra" a regiones de difícil acceso y apartadas de la urbanización, con dificultad las instituciones dedicadas al apoyo alimentario llevan frijol y arroz, cuando las papas, los refrescos y otros productos ya están invadiendo las mas apartadas tienditas.
Sin embargo, la urgente necesidad de emprender "una mercadotecnia social", o campañas de orientación alimentaria, similares a las que se transmiten con los productos chatarra para contrarrestar los efectos que esos mal llamados alimentos tienen en la dieta del mexicano.
Incluso, ya se puso en marcha un proyecto piloto en Hidalgo, Quintana Roo y Coahuila para demostrarle al mexicano que le sale más caro gastar en productos industrializados, que en alimentos que lo nutran.
Conclusiones
En términos de desnutrición el problema fundamental no se encuentra en la disponibilidad de los alimentos sino en su accesibilidad. Así, el acceso a los nutrientes esta en función de la capacidad de compra.
De la relación entre los factores siguientes: Ingreso por deciles de los hogares, tipo de alimentos que consumen las familias, nutrientes que les aportan estos alimentos, enfermedades que producen las carencias de nutrientes (proteínas, carbohidratos, vitaminas y minerales), se encontró lo siguiente:
Tanto las enfermedades como la malnutrición se debe a la ingesta desequilibrada de proteínas, carbohidratos y grasas, vitaminas y minerales.
La ingesta deficiente o desequilibrada de estos nutrientes se observa en el 10% más pobre de la población. En este grupo poblacional se consumen más carbohidratos que proteínas, lo cual está directamente relacionado con el bajo ingreso.
Los efectos últimos son la mortalidad, principalmente en las etapas preescolar y postproductivas, y las deficiencias e incapacidades en los ámbitos de la salud, la educación, y el desarrollo productivo.
Las políticas, programas y en general acciones para abatir los efectos sociales de la falta de alimentación no han logrado los objetivos planteados porque existen otros factores relacionados: sequías, incapacidad financiera de los productores para adquirir tecnología y producir, manipulación del abasto o del mercado entre otros problemas del campo.
De acuerdo al diagnóstico nutricional a nivel de municipio que realizó el Instituto Nacional de Nutrición "Salvador Subirán": en 667 municipios (27.8%) existen problemas de desnutrición severa; en 534 municipios, ésta es importante; en 283 es moderada y solo en 819 -que representan el 34.1 %- la desnutrición es baja.
Considerando la cantidad de población, un total de 31?241,990 personas tienen severa, importante o moderada desnutrición, y 69?507,569 baja. En síntesis, los efectos graves de la falta de alimentación los sufren los niños y los ancianos más pobres.
Distinguidas y distinguidos diputados
Nuestra obligación política y moral es velar por el bienestar de nuestros compatriotas, en nosotros han confiados gran parte de su porvenir, nosotros somos los que tenemos la responsabilidad de legislar para ofrecer un entorno integralmente equilibrado. Con la aprobación de un cuarto párrafo al artículo cuarto constitucional, nos aseguramos de garantizar que los alimentos que consumamos tengan el mínimo de micronutrientes, estableciendo para esto entre otras las siguientes medidas:
a) Que el Estado se elija como garante de que toda persona tenga derecho a una adecuada nutrición, que los alimentos que ingiera la población en su generalidad contengan los nutrientes mínimos y que permitan estos a su vez, un adecuado desarrollo integral dentro de la sociedad.
b) Que el Estado controle y regule la calidad de lo que consumimos, indicando a la industria alimentaria el cumplimiento de este precepto.
c) Que el Estado garantice la alimentación a los grupos vulnerables, ampliando sus programas existentes y/o creando otros.
d) Que las instancias gubernamentales, áreas científicas, medios de comunicación, agrupaciones civiles e internacionales, entre otras, se corresponsabilicen en dar una educación dietética permanente.
Con esta propuesta legislativa
Primero.- Nos mantenemos a la vanguardia y actualizados como un país en vías de desarrollo.
Segundo.- Como pueblo aceptablemente nutrido, seremos más competitivos en este mundo cada día más globalizado; recordando que un país sano es un país productivo.
Tercero.- Con esto se fortalece el derecho a la salud ordenado por nuestra Carta Magna.
Basado en estas reflexiones y razonamientos, solicito a los integrantes de este Honorable Congreso la sensibilidad necesaria para aprobar esta iniciativa, ya que con ello quedará de manifiesto nuestro trabajo honesto y responsable que como poder legislativo sustentamos, defendiendo nuestras garantías constitucionales.
El problema de una alimentación nutritiva para el pueblo de México es antiguo, los afanes por enfrentarlo lo son también, en pasadas Legislaturas como en la presente, diversos Grupos Parlamentarios han expuesto diversas iniciativas con la finalidad de superar este rezago que tanto y tan negativamente impacta a la sociedad mexicana, como he tratado de mostrarlo en la exposición de motivos precedente y siendo responsabilidad del Estado ser garante de la satisfacción de las necesidades básicas de la población, se propone en esta iniciativa realizar las reformas legales que las contemplen y hagan efectivo su ejercicio, de forma concurrente de la Federación y las entidades federativas en materia de Salubridad General, de acuerdo a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 constitucional. Y con el marco esencial de la Constitución, desplegar otras iniciativas en los niveles normativos secundario y terciario que den los ordenamientos que guíen y movilicen a las instituciones públicas y privadas involucradas en la cadena alimentaria nacional.
Finalmente y en base a todo lo anteriormente expuesto, sometemos a esta Honorable Asamblea la iniciativa con proyecto de decreto de "elevar a rango constitucional el derecho a la alimentación nutritiva":
Articulo Unico.- se propone adicionar al artículo 4º constitucional, un cuarto párrafo, recorriendo los actuales para quedar como sigue:
Artículo 4º.- ...............
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...............
Toda persona tiene derecho a una alimentación que le asegure una nutrición adecuada para su desarrollo físico-emocional e intelectual. La ley señalará las medidas para garantizar que a los alimentos se incorporen un mínimo valor de nutrientes.
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...........
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Del mismo modo se establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, de acuerdo a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 constitucional.
Artículo Transitorio
Unico.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Diputados: José Socorro Velázquez Hernández, Olga Margarita Uriarte Rico, Enrique Meléndez Pérez, Arturo León Lerma, Policarpo Infante Fierro, Federico Granja Ricalde, María de las Nieves García Fernández, Samuel Aguilar Solís, Héctor Nemesio Esquiliano Solís, Eduardo Abraham Leines Barrera (rúbricas).
(Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, con opinión de la Comisión de Salud. Noviembre 27 de 2001.)
QUE ADICIONA EL ARTICULO 33-A Y EL ARTICULO 33-C, DE LA LEY PARA REGULAR LAS AGRUPACIONES FINANCIERAS, CON RELACION AL BURO DE CREDITO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO DIEGO ALONSO HINOJOSA AGUERREVERE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, EN LA SESION DEL MARTES 27 DE NOVIEMBRE DE 2001
Diego Alonso Hinojosa Aguerrevere, diputado federal a la LVIII Legislatura del H. Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de ésta Cámara de Diputados la presente iniciativa de decreto por el que se adiciona al artículo 33-A, tres párrafos y se adiciona un nuevo artículo 33-C a la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, bajo la siguiente:
Exposición de Motivos
De acuerdo a los principios generales de derecho, ningún sujeto o corporación, ya sea de carácter público o privado, debe de estar por encima del ordenamiento jurídico ni sujeto a un régimen de excepción. Lo contrario, es atentar en contra del principio de supremacía constitucional y alterar el orden público establecido.
Asimismo, el Estado debe de velar por que las relaciones entre los miembros de su sociedad, sean lo más equitativas posibles cuando éstos están colocados en condiciones de desigualdad. Allí donde existen desigualdades, debe intervenir el derecho para que, como instrumento del Estado, establezca contrapesos a fin de evitar abusos de grupos que, por razones económicas, resultan más poderosos.
En el caso que nos ocupa, las sociedades de información crediticia, al prestar sus servicios a entidades financieras y empresas que por razones obvias representan grandes intereses económicos, hacen necesaria dicha intervención, a fin de que los consumidores que hacen uso del crédito accedan al mismo bajo condiciones justas y equitativas.
No es posible, que los servicios que prestan dicha clase de sociedades se dejen al libre juego de mercado, puesto que el gran público consumidor se encuentra colocado en una posición de desigualdad, ya que el actual marco jurídico que regula la prestación del servicio de información crediticia presenta todavía muchas imprecisiones y vaguedades que tienen que ser corregidas.
Después de haber hecho una revisión del marco jurídico que rodea a las sociedades de información crediticia, han saltado a la vista varias inconsistencias en cuanto a la forma en que las mismas manejan la información de los consumidores en sus bases de datos, y es por eso que se hace necesario corregirlas.
En el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, estamos conscientes de lo anterior y es por eso que hoy sometemos a la consideración de ésta Soberanía la presente iniciativa, con la cual se pretende iniciar una regulación más justa al respecto.
De igual forma, no dudamos que el servicio de información crediticia sea indispensable para el sano desarrollo del país, pues el mismo ayuda a determinar la solvencia moral de personas físicas y morales, proporcionando servicios que ayudan a minimizar el riesgo crediticio, a la vez que promueve un consumo interno sano y ayuda a mejorar la cultura de crédito, pero asimismo, y en nuestra calidad de representantes populares, debemos de pugnar por que las condiciones en que se presta dicho servicio resulten lo más equitativas posibles para todos los actores que intervienen dentro del ciclo del crédito y de que las sociedades de información crediticia asuman la importante responsabilidad a su cargo, con una actitud de justicia, imparcialidad y respeto por los derechos de los consumidores.
En este tenor de idea hemos decidido presentar una iniciativa, por medio de la cual se propone la adición del artículo 33 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, ya que las operaciones activas, de personas físicas con o sin actividad empresarial y personas morales, se ven sujetas ya no solo a lo que establezca el Código de Comercio o el Código Civil Federal en materia de prescripciones, sino que tienen aún que enfrentarse al hecho, de que los adeudos que no han podido cubrir o que están en vías de hacerlo, aparezcan ante el Buró de Crédito de manera indefinida, por lo que se refiere al ámbito temporal; por lo que se refiere a la integridad del análisis, se hace necesario que éstas entidades reflejen además de la información negativa que emiten, el porcentaje de créditos pagados oportunamente y los montos de los mismos, a fin de que la entidad financiera o empresa que requiera del historial crediticio del solicitante, tenga la posibilidad de evaluar la capacidad de pago, nivel de cumplimiento y oportunidad para así realmente determinar la viabilidad del otorgamiento de un crédito, que en muchas ocasiones se imposibilita en razón de la "parcialidad de la información".
Por lo anterior, se propone que los registros negativos que tengan las sociedades de información crediticia, respecto del comportamiento de los sujetos investigados que hayan cubierto sus adeudos, sea de 3 años anteriores contados a partir de la fecha en que se da el reporte de crédito a un usuario de los servicios de la sociedad.
Cabe señalar, que para obtener la cifra de 3 años se siguió el procedimiento que a continuación se explica. El artículo 1047 del Código de Comercio en vigor, señala que la prescripción en materia mercantil es de 10 años y el Código Civil Federal señala un plazo de 5 años. Con base en lo anterior, se considera adecuado proponer el término de 3 años, en virtud de que no todas las operaciones activas, por medio de las cuales una empresa comercial o entidad financiera otorga un crédito, son realizadas entre comerciantes, sino que en muchas de las ocasiones dichos créditos son solicitados por personas cuyo ánimo no es el de obtener un lucro con el otorgamiento del citado crédito.
Otra de las reformas que se someten a consideración de ésta Soberanía, es la que se refiere a que cuando exista un litigio entre una entidad financiera o empresa y una persona física o moral por cuestiones derivadas del otorgamiento de un crédito, la entidad financiera o empresa acreedora tenga la obligación legal, en caso de perder el juicio, de ordenar a la o las sociedades de información crediticia sea borrado el antecedente negativo por completo y la obligación de dicha sociedad de información crediticia de realizarlo en un breve término así como de estar constreñida a no poder mencionar de nueva cuenta dicho antecedente, cuando de nueva cuenta se solicite un reporte del sujeto en mención, so pena de hacerse acreedora a las sanciones que, en su caso y previa audiencia, determine la autoridad competente.
Se propone también, que en caso de que la entidad financiera o empresa acreedora omita ordenar a la sociedad de información crediticia la corrección de los datos en el historial de crédito de una persona, la misma esté facultada para solicitar al Juez de la causa que gire oficio a la sociedad de información crediticia en cuestión, a efecto de que la misma elimine toda la información negativa que esté relacionada con el crédito que dio lugar al litigio.
Por otra parte, se propone que en todo caso, los afectados con motivo de la emisión de un informe de una Sociedad de Información Crediticia, adviertan información no actualizada, falsa o inexacta, puedan acudir en cualquier momento ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, para la aclaración correspondiente.
Estamos conscientes, que con la presente iniciativa no se resuelven todas las cuestiones relativas a los servicios de las Sociedades de Información Crediticia, pero la misma constituye un avance importante hacia la consecución de dicho objetivo y se deja la oportunidad para que en un futuro, se presenten iniciativas que sobre éstas bases avancen en el tema y logren conformar de manera cabal y justa un marco jurídico adecuado a las necesidades que la realidad dicta.
Por lo anterior expuesto, someto a la consideración de ésta Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa de decreto por el que se adiciona al artículo 33-A, tres párrafos y se adiciona un nuevo artículo 33-C, a la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras.
PRIMERO. Se adiciona en tres párrafos el artículo 33-A de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, para quedar como sigue:
Artículo 33-A. .................
Lo dispuesto en el párrafo anterior, no será aplicable cuando, seguido un juicio ante los tribunales competentes y se haya dictado sentencia que cause ejecutoria y que no sea impugnable por algún medio de defensa legal, se absuelva al acreedor del pago de las prestaciones derivadas del otorgamiento de un crédito por el acreedor respectivo.
El juez competente, mandará que la sociedad acreedora ordene a la sociedad de información crediticia, sean borrados toda la información relacionada con el crédito motivo del litigio.
En caso de que se llegare a demostrar que el acreedor ha sido omiso al respecto, el Juez de la causa, previa petición de parte y después de escuchar al acreedor, girará oficio a la sociedad de información crediticia para que ésta borre toda la información relacionada con el crédito motivo del litigio.
SEGUNDO. Se adiciona un artículo 33-C a la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, para quedar de la siguiente manera:
Artículo 33-C. Las sociedades de información crediticia, no podrán conservar en su registro, por un término mayor a 3 años, la información negativa sobre operaciones activas que guarden en sus bases de datos, y no podrán bajo ningún motivo, hacer mención de dicha información cuando, transcurrido el citado lapso, les sea requerida sobre alguna persona física o moral, lo anterior siempre y cuando el acreditado haya cubierto en su totalidad los adeudos correspondientes.
En todo caso, las persona que con motivo de la emisión de un informe de una Sociedad de Información Crediticia, adviertan alguna irregularidad, consistente en información no actualizada, falsa o inexacta, podrán acudir en cualquier momento ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, para la aclaración correspondiente. En este caso, al haber quedado acreditada la irregularidad, la referida autoridad mandará que la sociedad acreedora ordene a la sociedad de información crediticia, sean borrados toda la información relacionada con el crédito en cuestión.
De igual forma, las Sociedades de Información Crediticia, al rendir los informes correspondientes, deberán incluir toda la información positiva del solicitante de un crédito, la cual es, de forma enunciativa más no limitativa, la siguiente: Cantidad de créditos solicitados por el sujeto investigado, porcentaje y oportunidad con que los ha cubierto y el monto total de cada uno de ellos.
La infracción a lo dispuesto en el presente artículo, hará acreedora a la sociedad de información crediticia de las sanciones que determine la autoridad competente.
TRANSITORIOS
UNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 11 días del mes de octubre de 2001.
Atentamente
Dip. Diego Alonso Hinojosa Aguerrevere (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Noviembre 27 de 2001.)
DE REFORMAS A LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO ESTEBAN DANIEL MARTINEZ ENRIQUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DEL MARTES 27 DE NOVIEMBRE DE 2001
El suscrito diputado federal de la LVIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa por la que se adiciona un párrafo quinto al artículo 232-C de la Ley Federal de Derechos conforme a la siguiente
Exposición de Motivos
Obligación constitucional de las diferentes instancias del gobierno mexicano es la respuesta en breve término a la petición ciudadana.
A través de la Jornadas Legislativas de Atención Ciudadana, el Comité de Información, Gestoría y Quejas de esta Legislatura atendió, las quejas y propuestas de cientos de ciudadanos del estado de Baja California Sur.
Entre ellas, destacan propuestas de modificación a legislaciones vigentes. La Asociación de Prestadores de Servicios Turísticos de la Paz Baja California Sur presentó una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Derechos. Particularmente el sector restaurantero refiere graves perjuicios en contra de su economía, por la aplicación del actual artículo 232-C de la Ley Federal de Derechos, como consecuencia de que se derogó un párrafo que permitía diferenciar los montos en los pagos de derechos, que señalaba: que en "...el caso de playas, la zona federal marítima terrestre, los terrenos ganados al mar y cualquier otro depósito de aguas marítimas concesionados o permisionados colindantes con terrenos en breña, donde no se cuente con los servicios de agua potable, drenaje o electricidad, el derecho por el uso, goce o aprovechamiento de inmuebles, se pagará de conformidad con la cuota establecida en la zona I, a que se refiere este artículo y el 232-D de esta ley".
Así como recibimos de los pequeños prestadores de servicios turísticos, la solicitud de modificar la norma que les afectaba, esta representación social recibió quejas de avecindados de la zona marítima cercana a Puerto Juárez, Quintana Roo, y registró los sucesos violentos entre concesionarios y autoridades municipales de las playas de Guerrero, por la negativa ciudadana y coacción de la autoridad para obtener el pago de derechos consignado en la Ley Federal de Derechos.
El artículo considera como uso general el que se da a aquellas superficies ocupadas en las cuales se hayan realizado construcciones con cimentación o se lleven a cabo actividades con fines de lucro. Se exceptúan las obras de protección o defensa contra fenómenos naturales, sin tomar en cuenta las disposiciones que permitían tasar en nivel I a los predios en breña o sin prestación de servicio alguno.
La norma en comento requiere precisiones.
Perfeccionar la redacción vigente significa precisar las tasas diferenciadas, partiendo de la situación desigual de los obligados al pago de derechos. Diferencias que tienen que ver con la calidad e inversión de prestadores de servicios turísticos, por un lado, y por diferencias en el uso, particulares asentados en zonas marítimas sin explotación turística, lujosas residencias asentadas en litorales de alta infraestructura turística, que participan en el mercado, bajo condiciones desiguales.
1. No es lo mismo el asentamiento en una zona marítima de primer nivel en equipamiento, infraestructura o reserva natural protegida, de un particular avecindado con residencia familiar, que el lujoso hotel con playa.
2. Tampoco es igual la situación de explotación turística de una zona marítima con equipamiento de primer nivel, a la infraestructura de una zona natural protegida, o playa agreste y sin mayor prestación de servicios.
3. Asimismo, debe influir en esta diversidad de condiciones, el monto de inversión que representan los distintos tipos de asentamiento en zona marítima.
Si es evidente la diferencia entre las actividades económicas en zonas con servicios e infraestructura de primer nivel turístico con las que no cuentan con este desarrollo; también lo es la diferencia entre el uso de las playas para residencia, que las de uso particular. Sin embargo, la zona federal marítima terrestre, los terrenos ganados al mar y cualquier otro depósito de aguas marítimas que son colindantes con terrenos en breña y que no cuentan con servicios públicos, como el agua potable, drenaje o electricidad, reciben imposiciones de pago iguales a las que cuentan con servicios de primer nivel.
El texto vigente del artículo 232-C de la Ley Federal de Derechos pierde el carácter de equidad y proporcionalidad que ordena la Constitución Federal respecto de la obligación de contribuir a los ingresos de la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los municipios, en su artículo 31, fracción IV, pues al contribuir de la misma forma quienes no gozan de servicios públicos respecto de aquellos que si los tienen, se generan prácticas de competencia desleal, que afectan en lo particular a los pequeños empresarios mexicanos cuyos ingresos no están al nivel de las grandes cadenas hoteleras internaciones. Asimismo se violenta el principio de equidad al compartir la misma obligación impositiva de los ciudadanos que residen en zonas marítimas con los que la usufructúan.
Por tal razón, proponemos adicionar el párrafo derogado del artículo 232-C de la Ley Federal de Derechos que en la versión derogada precisaba que los predios colindantes con terrenos en breña, donde no se cuente con los servicios de agua potable, drenaje o electricidad, el derecho por el uso, goce o aprovechamiento de inmuebles, en virtud de que el contribuyente pagará de conformidad con la cuota establecida en la zona I, de la tabla establecida en el artículo en comento.
Al reincorporar este texto se establece una clara diferenciación entre los prestadores de servicios turísticos que cuenten con infraestructura, respecto de aquellos cuya inversión es mínima o no existe infraestructura alguna, asimismo la disposición repercutirá en la situación de los residentes de zonas marítimas colindantes con terrenos en breña. Por las razones anteriormente expuestas, se presenta el siguiente
Proyecto de Decreto
Artículo Unico.- Se adiciona el quinto párrafo al artículo 232-C, de la Ley Federal de Derechos para quedar como sigue:
Artículo 232-C.- ...
En el caso de playas, la zona federal marítima terrestre, los terrenos ganados al mar y cualquier otro depósito de aguas marítimas concesionados o permisionados, colindantes con terrenos en breña, donde no se cuente con los servicios de agua potable, drenaje o electricidad, el derecho por el uso, goce o aprovechamiento de inmuebles, se pagará de conformidad con la cuota establecida en la zona I a que se refiere este artículo y el 232-D de esta ley.
Artículo Transitorio
Unico.- El presente Decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados, a 27 de noviembre de 2001.
Diputados: Esteban Daniel Martínez, Rosa Delia Cota Montaño, Juan Carlos Regis Adame, Víctor A. García Dávila, Auldárico Hernández Gerónimo, Adela del C. Graniel Campos, Francisco Patiño Cardona, Esther López Cruz, Elba Arrieta Pérez, Esveida Bravo Martínez, Ramón Soto Reséndiz, Beatriz Patricia Lorenzo Juárez, Martí Batres Guadarrama, Raquel Cortés López, José Manuel del Río Virgen.
(Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Noviembre 27 de 2001.)
QUE REFORMA EL ARTICULO 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL, PRESENTADA POR EL DIPUTADO NEFTALI SALVADOR ESCOBEDO ZOLETTO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, EN LA SESION DEL MARTES 27 DE NOVIEMBRE DE 2001
El suscrito Neftalí Salvador Escobedo Zoletto, diputado del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, a la LVIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Asamblea la presente Iniciativa de decreto por la que reforma y adiciona el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, misma que se fundamenta bajo la siguiente:
Exposición de Motivos
Ha sido en forma continua y más intensa en los últimos años, con el afán de fortalecer al federalismo en nuestro país el apoyar al nivel de gobierno en mayor contacto con las necesidades ciudadanas, los Municipios.
Así mismo es de todos aceptado que el fortalecimiento de las finanzas municipales serán el mejor y más pronto camino para lograr la autonomía, tan amplia y generalmente deseada.
Es por ello que en forma constante los recursos federales asignados a los Municipios han ido en aumento, siendo de estos aumentos el de 1998, el más importante, en donde la creación del Ramo 33, con los Fondos de Aportación para la Infraestructura Social Municipal y los Fondos de Aportación para el Fortalecimiento Municipal, lograron en muchos casos hasta un incremento en un 150 por ciento de los recursos que los Municipios iniciaron a manejar para la realización de obra pública.
Estos mayores recursos han logrado cubrir en mejor medida las necesidades más apremiantes de los ciudadanos, que por supuesto en la mayoría de los Ayuntamientos ha sido para apoyar a la población más necesitada.
En el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, en forma explícita se expresa que los recursos serán utilizados "exclusivamente" al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a intervenciones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema. Los fondos de aportación para la infraestructura social municipal deberá ser utilizada para: "agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales, e infraestructura productiva rural".
También se expresa que en caso de los municipios, estos podrán disponer de hasta un 2% del total de recursos del fondo para la infraestructura social municipal que les correspondan para la realización de un programa de desarrollo institucional. Especifica que este programa deberá ser convenido entre el ejecutivo federal a través de la Secretaria de Desarrollo Social, el gobierno estatal correspondiente y el municipio de que se trate. Adicionalmente los municipios podrán destinar hasta el 3% de los Recursos correspondientes en cada caso, para ser aplicados como gastos indirectos a las obras que ya se han expresado.
Sin embargo dos problemas fundamentales se han detectado, tienen los Municipios al ejercer los recursos de los fondos establecidos en éste artículo 33.
PRIMERO el aumento de recursos para obra pública ha permitido a los Municipios tener la posibilidad para realizar obras de mayor magnitud y que por ello requieren de la realización de Proyectos Ejecutivos técnicamente complicados y por tanto costosos. En muchas ocasiones, las condiciones propias de los Ayuntamientos no permiten utilizar recursos, pues no se cuenta con ellos, para la realización o pago de los Proyectos Ejecutivos requeridos para obras necesarias para cumplir con los requerimientos de la población. Como ejemplos pudieran considerarse, proyectos de drenaje y alcantarillado, vialidades urbanas, caminos rurales pavimentados, pozos y líneas de conducción de agua potable etcétera, etcétera.
SEGUNDO con mayores recursos es posible realizar mayor número de obras, para lo que se requiere un mayor número de personal capacitado para la supervisión de la ejecución de las mismas, llevando con ello una utilización adecuada de los recursos y que éstas se efectúen con índices de calidad necesarias y exigidas por la normatividad y la ciudadanía. Los recursos de gran cantidad de municipios no son suficientes para cubrir este rubro de supervisión de obra pública, al no poder contratar personal capacitado en la cantidad suficiente para que su desarrollo de la actividad sea la correcta.
En el primer problema tenemos como consecuencia, el que algunos municipios no logren utilizar el total del recurso asignado por no contar con los proyectos ejecutivos de las obras que la localidad requiere, situación grave, ante las grandes necesidades que existen por parte de la ciudadanía, obligándose en ocasiones a la realización de obras pequeñas, como canchas de usos múltiples, aulas de escuela, centros cívicos, etc, que no son necesidades reales ni inmediatas. Por otro lado obras necesitadas como apremiantes y urgentes no pueden realizarse por la complejidad de ello al no contar con proyectos ejecutivos adecuados.
El segundo problema ocasiona que muchas obras al no tener la calidad necesaria por falta de supervisión, no cumpla con las expectativas de la ciudadanía y por tanto la molestia de la misma y por otra ponga a los munícipes en serios problemas legales por no cumplir con la normatividad que se requería.
La redacción actual del artículo 33 de la Ley Coordinación Fiscal, niega, por no estar expresamente señalado que se puedan utilizar recursos de estos fondos municipales para elaborar proyectos ejecutivos para obras complejas, y así mismo el poder utilizar recursos para la contratación de personal o empresarial para la supervisión de obras realizables. Los municipios que tiene capacidad de recursos propios para sortear estos 2 problemas brincan el obstáculo, sin embargo municipios que tiene recursos propios insuficientes caen en una trampa de ineficiencia, ineficacia y falta de atención a las necesidades apremiantes de la ciudadanía a la que sirven.
Es por ello que se propone agregar un párrafo al artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, en donde se faculte a aquellos Municipios que lo requieran, el poder utilizar recursos de este Fondo de Aportaciones par la Infraestructura Social Municipal, para la elaboración de Proyectos Ejecutivos de obra, así como para la supervisión correcta en la ejecución de las mismas.
El agregado no es limitativo, pues el mismo artículo estable para que se debe emplear el recurso, y por el contrario abre la posibilidad para que aquel que lo requiera pueda utilizarlo, en un rango que no sea un monto que perjudique el atender las necesidades básicas de la comunidad.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los Ordenamientos previamente mencionados, me permito poner a consideración de esta Cámara de Diputados la siguiente iniciativa de decreto por el que se reforma y adiciona el Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal.
Artículo Unico.- Se adiciona al 4º párrafo la siguiente leyenda para quedar como sigue:
Artículo 33. ................
...
...
...
En caso de los municipios, estos podrán disponer de hasta un 2% del total de recursos del Fondo de Aportación para la Infraestructura Social Municipal que les correspondan para la realización de un programa de desarrollo institucional. Este programa será convenido entre el Ejecutivo Federal a través de la Secretaria de Desarrollo Social, el Gobierno Estatal correspondiente y el Municipio de que se trate. Así mismo podrán destinar hasta un 5% del total de los recursos de el Fondo de Aportación para la Infraestructura Social Municipal que les corresponda para elaborar los proyectos ejecutivos de infraestructura que se realizarán en su territorio, y hasta un 3% para implementar un programa de supervisión en la ejecución de dichas obras que asegure que las mismas cumplan con la normatividad establecida. Adicionalmente los estados y municipios podrán destinar hasta el 3% de los recursos correspondientes en cada caso, para ser aplicados como gastos indirectos a las obras señaladas en el presente artículo. Respecto de dichas aportaciones los estados y municipios deberán:
I. ................
II. ............
III. ..............
IV. .............
V. ..........
Diputados: Neftalí Salvador Escobedo Zoletto, Silvia Alvarez Bruneliere, José Francisco Blake Mora, José Alfredo Botello Montes, Víctor León Castañeda, Francisco Raúl Ramírez Avila, Gabriela Cuevas Barrón, César Monraz Sustaita, Julián Hernández Santillán, Eduardo Rivera Pérez, Armando Salinas Torre, Felipe Calderón Hinojosa, Guillermo Anaya Llamas, Carlos Borunda Zaragoza, Cuauhtémoc Cardona Benavides, Marcos Pérez Esquer, Abelardo Escobar Prieto, Jaime Salazar Silva, Enoch Araujo Sánchez, Alfonso Vicente Díaz, Miguel Mantilla Martínez, José Ramón Mantilla González de la Llave, Alejandro Zapata Perogordo, José Luis Novales Arellano, Luis Pazos de la Torre, Adrián Rivera Pérez, Sonia López Macías (rúbricas).
(Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Noviembre 27 de 2001.)
DE LEY DE PROMOCION A LA AVICULTURA NACIONAL Y DE REFORMAS A LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, PRESENTADA POR LA DIPUTADA PETRA SANTOS ORTIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DEL MARTES 27 DE NOVIEMBRE DE 2001
La suscrita, diputada integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar la siguiente iniciativa Decreto de Ley de Promoción a la Avicultura Nacional, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Las crisis económicas por las que ha atravesado México, a partir de la década de los setenta han impactado severamente las condiciones en que se desarrolla la actividad avícola nacional. La ausencia de recursos destinados a los organismos de fomento al sector pecuario, agudizó el estancamiento productivo y la descapitalización del sector avícola. Incluso se ha llegado al punto en que los propios productores han tenido que financiar sus propias campañas zoosanitarias, en vez que el Estado lo hiciera.
Pese a lo anterior, internacionalmente los cambios sufridos en el contexto de la globalización de las actividades productivas y de la apertura comercial iniciada con la entrada de México al GATT en 1986, propiciaron que a fines de la década, el Estado emprendiera una serie de reformas estructurales en los ámbitos político, económico y social con el objetivo de reducir la participación estatal en el proceso productivo, eliminar subsidios, privilegiar el mercado para que la competitividad y la eficiencia definieran los precios, fomentar la inversión privada, liberar al sector externo de la economía y estabilizar los precios a niveles similares a los de los países desarrollados. El propósito declarado de estas reformas fue el de insertar al país en la corriente de la modernización internacional.
El sector pecuario no estuvo al margen de dichas reformas, por lo que el enfoque de la modernización se centró básicamente en:
a) La firma y puesta en vigor del Tratado de Libre Comercio con América del Norte en el cual el país se comprometió a la liberación de aranceles a productos básicos; por las asimetrías se buscó proteger provisionalmente a productos avícolas sensibles con aranceles altos o bien con cuotas arancel-cupo.
b) La redefinición de la política de crédito hacia los productos pecuarios; nuevos esquemas de apoyo a los productores, aún cuando su aplicación fue deficiente, y;
c) El impulso a la economía de libre mercado, dejando el papel principal en la asignación de recursos a las fuerzas del mercado, con mínima o nula participación por parte del Estado, lo que a la postre ha significado en un abandono acelerado de nuestras actividades productivas.
Las crisis económicas recurrentes, son una constante que se manifiesta por la ausencia de mecanismos de restitución para áreas de la economía que se liberalizaron sin establecer mecanismos de reciprocidad, para con nuestros socios comerciales, especialmente los Estados Unidos.
A lo anterior, debemos añadir, que no hay leyes y reglamentos suficientes que tengan relación con la promoción y el fomento del sector avícola.
Esta problemática, es uno de los aspectos que afectan la solución de los problemas pecuarios del país, al impulsarse políticas, programas y acciones planificadas oficialmente, descoordinadas entre sí, con prioridades y objetivos diferentes sobre los aspectos que afectan al sector.
Los avicultores mexicanos hasta el momento, no han podido acceder al mercado internacional vía exportaciones, por la falta de reconocimiento de áreas libres de enfermedades, por la lentitud y burocracia de nuestros socios comerciales en los procedimientos para el reconocimiento de tales zonas y de que algunos de ellos no reconocen zonas sino países enteros; aunado al, limitado apoyo y compromiso que el Gobierno Federal ha mostrado al respecto, por no considerarlo un asunto prioritario.
Independientemente de lo anterior, el dinamismo de la avicultura y el esfuerzo e imaginación de los avicultores, han permitido que México se ubique internacionalmente como el cuarto productor avícola a nivel mundial de carne de pollo y como el quinto en la producción de huevo.
Para continuar con la dinámica de crecimiento que ha caracterizado al sector avícola, se requiere lograr reciprocidad comercial, y reducir las asimetrías con nuestros socios comerciales, de esta manera se podría iniciar la exportación de pechugas, productos procesados de pollo y pavo, así como huevo de plato y procesado.
En el año 2003 la apertura comercial y la eliminación de aranceles provocarán la invasión de productos avícolas del exterior, provenientes de países con una avicultura a escala masiva, tecnificada, subsidiada con créditos blandos y políticas agresivas de fomento.
Los diferentes hábitos de consumo entre países provocan que nos envíen productos de desecho para ellos -pierna y muslo- a precios castigados, sin que los productores nacionales puedan enviar por ejemplo, pechugas de pollo de calidad de primera a un precio competitivo.
La avicultura mexicana requiere de una inmediata consolidación y preparación para lo que ya es evidente, con pena de ser arrasada con productos del exterior excedentes a precios bajos.
La avicultura nacional, no ha sido apoyada o fomentada en forma decidida, no así, por ejemplo los productores norteamericanos que cuentan con todo tipo de facilidades, apoyos, subsidios, créditos baratos, organizaciones, consejos y comités que los apoyan y promueven, creando una disparidad de condiciones que hacen sumamente vulnerable a la avicultura nacional al enfrentarse a la apertura comercial inminente, por lo que resulta necesario establecer un trato de igualdad comercial y de condiciones distributivas entre competidores desiguales.
En caso de desaparecer la avicultura nacional, se crearía un caos para toda la cadena alimenticia nacional, creándose un vacío que sería llenado por competidores internacionales que impondrían sus precios, calidades y condiciones, mismas que repercutirían en todos los eslabones de la cadena, golpeando severamente al consumidor mexicano, sin contar con la pérdida de soberanía alimentaria en un alimento tan importante en la dieta del consumidor mexicano.
Ante la necesidad de reorientar las políticas de promoción y fomento aplicables al sector agropecuario, se requiere fortalecer una nueva institucionalidad avícola. Es decir, nuevas relaciones entre el gobierno y los productores, entre los niveles de gobierno, entre poderes Ejecutivo y Legislativo, una nueva legislación y una reorientación de las atribuciones, responsabilidades y recursos para el desarrollo avícola, fomentando la creación de instituciones especializadas.
Importante es mencionar que la cadena alimenticia del sector será impulsada, al promover el consumo de los productos del sector avícola, es decir si se promueve el crecimiento del mercado avícola, no sólo se promueve a los productores, sino también a los proveedores de insumos y servicios de estos, a los industrializadores y empacadores, a sus comercializadores e incluso a las empresas importadoras, beneficiándose directamente al consumidor mexicano con un abasto adecuado y oportuno, a precios bajos y productos de calidad.
El país ha sufrido transformaciones en todos los ámbitos de la vida política, económica y social, que debe desembocar, en una mayor democracia y autentico federalismo. La descentralización implica el reconocimiento de que son los agentes directamente involucrados en la actividad avícola a quienes corresponde formular, planear, y ejecutar los programas para fomentar su desarrollo; supone también el reconocer su capacidad para afrontar y realizar los cambios necesarios en su entorno para flexibilizar e instrumentar las estrategias más adecuadas en función de sus condiciones particulares y demanda. En la medida en que el gobierno federal, los gobiernos estatales y municipales se comprometan solidariamente a proporcionar o facilitar las condiciones, la infraestructura y los recursos económicos, los productores estarán en condiciones de contribuir con su esfuerzo a elevar su producción, y a generar alternativas que se traduzcan en un mayor beneficio económico y social para los mismos y sobre todo para la población consumidora.
La avicultura nacional es la actividad agropecuaria más importante del país, ha desarrollado y cumplido con un cometido social muy importante en las últimas décadas. En 1999 aportó el 33.5% del PIB pecuario; en toneladas, la avicultura fue capaz de producir el 59% de la producción pecuaria nacional; en el mismo año consumió más de 10 millones de toneladas de granos forrajeros y pastas oleaginosas, destacándose como la principal industria transformadora de proteína vegetal en animal; genera 840 mil empleos directos e indirectos; resultado de la productividad, eficiencia e imaginación de los avicultores ha hecho posible que en los últimos 4 años los precios reales de la carne de pollo y huevo se hayan reducido en 36% aproximadamente, siendo el único caso en el sector pecuario de este tipo, beneficiándose en forma directa al consumidor mexicano y a la cadena alimenticia lográndose pues un precio a la baja de la proteína animal de más volumen producida en México y por ende la más accesible al público consumidor.
La actividad avícola precisa de un cambio de las instituciones que ofrezca soluciones reales emanadas de la identificación de la problemática local y regional, de instrumentos que propicien la participación organizada de los productores y de la definición de proyectos consensados entres los tres ordenes de gobierno y los productores.
La finalidad de la presente iniciativa es otorgar mayores atribuciones de fomento en materia avícola a los productores, precisando el establecimiento de relaciones gubernamentales basadas en la concurrencia, coordinación y solidaridad para la solución de los problemas del sector. En esencia, la iniciativa busca fomentar al sector avícola, por medio de la promoción del aumento del consumo per capita de huevo y de pollo, permitiendo así elevar la competitividad de los productores y de esta manera reducir aún más los precios de los productos avícolas, lo que permitirá hacer llegar a más mexicanos huevo, pollo y pavo de alta calidad a precios accesibles, con un abasto adecuado, oportuno y productos de alta calidad en beneficio del consumidor, a la vez que esto permitirá prepararse para la apertura comercial inminente.
Asimismo, esta iniciativa tiene como fin el fomento e impulso a las exportaciones de productos avícolas, ampliar los mercados nacionales e internacionales.
La Ley de Promoción a la Avicultura Nacional se concibe como un instrumento dinamizador de los agentes que intervienen en el sector, proporcionando un marco para la definición de los ámbitos de competencia federal, estatal, municipal y de los productores, para eficientar la gestión pública a partir de las normas, ámbitos de acción y condiciones generales para la planeación, fomento y gestión del desarrollo avícola.
Se trata de una legislación género, que debe complementarse con políticas públicas de apoyo a dicha actividad económica.
Pensamos que proteger nuestra industria nacional, en general y la avícola en particular, tendrá siempre consecuencias positivas para el país.
La cadena productiva se conforma de gente de carne y hueso, que reclama, al menos, posibilidades de subsistencia.
Desmantelar nuestra planta productiva, sólo ha generado pobreza y marginación para cada vez más sectores sociales y la expulsión de mexicanos hacia los Estados Unidos, ante las nulas posibilidades de trabajo y subsistencia que les ofrece el país.
Las políticas económicas de las últimas dos décadas sólo han ganado aprobación de organismos financieros internacionales y pobreza y marginación para el grueso de la población mexicana.
Tomemos las medidas desde este Congreso de la Unión o habrá otros en otros momentos que lo hagan y a quienes la historia se los reconocerá mientras se reclama nuestra pasividad.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, presento ante esta soberanía la siguiente iniciativa de Ley de Promoción a la Avicultura Nacional y de Reformas a la Ley Federal de Derechos, para quedar como sigue:
Articulo Primero.- Se expide la Ley de Promoción a la Avicultura Nacional, para quedar como sigue:
Capítulo I
Disposiciones Generales
Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y de interés social; sus disposiciones se aplican en toda la República.
Artículo 2.- Esta Ley tiene por objeto promover y fomentar el desarrollo de la cadena alimenticia cuyo eje es la avicultura nacional. Este objetivo se alcanzará mediante:
I. La elaboración anual del Programa Nacional de Promoción y Fomento a la Avicultura Nacional.
II. La promoción y publicidad en cualquier medio de comunicación del consumo de los distintos productos y subproductos avícolas;
III. La educación e información a la población de las cualidades, beneficios y en general de las ventajas del consumo de los productos avícolas;
IV. El fomento a la investigación científica, técnica, comercial, económica y en general desde cualquier ámbito de análisis de todos y cada uno de los productos avícolas;
V. Estableciendo un órgano de consulta obligatoria en materia avícola;
VI. Constituyendo un Instituto Nacional Avícola;
VII. Elaborando programas específicos de difusión, gestión, formación y capacitación empresarial.
VIII. Las demás actividades que sean acordes con el objeto de esta Ley.
Artículo 3.- La aplicación de esta Ley en la esfera administrativa corresponde al Instituto Nacional Avícola y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en los ámbitos de sus respectivas competencias sin perjuicio de las atribuciones que las demás leyes otorguen a otras autoridades federales, en cuanto no se prevean en forma expresa en la propia Ley.
Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:
I. Avicultura, a toda actividad que tenga como objetivo principal cualquiera de las siguientes actividades: la producción, cría, engorda, sacrificio y proceso de aves y huevo.
II. Cadena Alimenticia avícola, a la participación de todos y cada uno de los agentes económicos que directa o indirectamente intervengan en la actividad avícola nacional, ya sea proveyéndola de insumos y servicios, comercializando, importando o procesando los productos del sector.
III. Instituto, al Instituto Nacional Avícola y se entenderá que se trata del organismo encargado de administrar y ejecutar la presente Ley.
IV. Programa, al Programa Nacional de Promoción y Fomento a la Avicultura Nacional, mismo que tendrá una vigencia anual.
Capítulo II
Del Instituto
Artículo 5.- En términos de esta Ley se crea el Instituto Nacional Avícola, como el organismo público descentralizado que estará encargado de realizar las actividades de fomento contempladas en la Ley, contando para ello con personalidad jurídica y patrimonio propio.
Artículo 6.- Los objetivos del Instituto son los consignados en el artículo 20 de esta Ley.
Artículo 7.- El Instituto contará con los órganos de administración interna que se señalen en el Reglamento de esta Ley.
Artículo 8.- El Instituto será presidido por un Director designado por el Ejecutivo Federal de una terna que le presente la Cámara de Diputados en consulta con las asociaciones de avicultores del país. Podrá ser removido libremente por el Ejecutivo.
Las secretarías de Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Economía; Hacienda y Crédito Público; y, de Salud, participarán en los órganos de dirección del Instituto; así como representantes de las Asociaciones de Avicultores del país, quienes tendrán voz en las reuniones para la definición de políticas y apoyos a la actividad.
Artículo 9.- La evaluación del manejo de los recursos públicos asignados al Instituto por el cumplimiento de los objetivos y actividades establecidas en esta ley, se realizará conforme a las metas y plazos que se precisan para la revisión de la Cuenta Pública que lleva a cabo la Cámara de Diputados.
Capítulo III
De los Recursos del Instituto
Artículo 10.- El Instituto tendrá los recursos integrados por el monto de la recaudación de los derechos de fomento avícola; según lo establecido en la Ley Federal de Derechos.
Artículo. 11.- Los recursos del Instituto, serán destinados única y exclusivamente a la promoción de la avicultura nacional, a través del cumplimiento de los objetivos que están determinados en el artículo 2º de la presente ley, así como los objetivos que para el mismo efecto se determinen en el Reglamento.
Artículo 12.- El Instituto elaborará a partir del segundo semestre del primer año de operación y durante el último mes de cada año, el Programa Nacional de Promoción y Fomento a la Avicultura Nacional, donde se harán constar las acciones y actividades a realizar cada año y el monto presupuestado de recursos, necesarios para realizar cada una de ellas.
Capítulo IV
De la Coordinaci6n con las Entidades Federativas, el Poder Ejecutivo y Organismos Internacionales
Artículo 13.- El Instituto podrá celebrar convenios de coordinación con las entidades federativas y con organismos internacionales, para promover la actividad avícola nacional.
En dichos convenios se establecerán las acciones, mecanismos y procedimientos para la coordinación de las actividades para el fomento de la avicultura nacional, en los tres niveles de gobierno.
Artículo Segundo.- Se reforma la Ley Federal de Derechos, para quedar como sigue:
Artículo 53.- Se pagará el derecho de fomento avícola por las operaciones aduaneras en las que se introduzcan mercancías al territorio nacional consignadas en pedimentos que las amparen, cuando dichas mercancías estén clasificadas en las partidas 0105.11.01, 0105.11.02, 0105.11.99, 0105.12.01, 0105.19.99, 0105.92.01, 0105.92.99, 0150.93.01, 0105.93.99, 0105.99.99, 0207.11.01, 0207.12.01, 0207.13.01, 0207.13.02, 0207.13.99, 0207.14.01, 0207.14.02, 0207.14.03, 0207.14.99, 0207.24.01, 0207.25.01, 0207.26.01, 0207.26.02, 0207.26.99, 0207.27.01, 0207.27.02, 0207.27.03, 0207.27.99, 0207.32.01, 0207.33.01, 0207.34.01, 0207.35.99, 0207.36.01, 0207.36.99, 0210.90.03, 0407.00.01, 0407.00.02, 0407.00.99, 0408.11.01, 0408.19.99, 0408.91.01, 0408.91.99, 0408.99.01, 0408.99.99, 1601.00.01, 1601.00.99, 1602.10.01, 1602.10.99, 1602.20.01, 1602.20.99, 1602.31.01, 1602.32.01, 1602.39.99, 35.02.11.01, 35.02.19,99, de la Ley General del Impuesto de Importación.
El derecho a que se refiere el párrafo anterior, deberá pagarse por la operación aduanera de que se trate y será de $120.00 pesos por cada mil kilogramos de mercancía o fracción excedente. El pago del derecho se efectuará conjuntamente con el impuesto general de importación de acuerdo a las disposiciones de la Ley Aduanera. Cuando no se esté obligado al pago de los impuestos citados, el derecho a que se refiere este artículo deberá pagarse antes de retirar las mercancías del recinto fiscal.
Artículo 53-A.- Para el caso de las fracciones arancelarias 0207.13.01, 0207.26.01, 0207.14.01 y 0207.27.01, el derecho de fomento avícola se determinará de la siguiente manera, $70.00 pesos por cada mil kilogramos o fracción del producto importado bajo esas fracciones arancelarias.
El pago del derecho se efectuará en los términos establecidos en el último párrafo del articulo anterior.
Artículo 53-B.- La recaudación de los derechos de fomento avícola, se destinará al Instituto Nacional Avícola, en los términos de la Ley respectiva.
Artículos Transitorios
Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 27 días del mes de noviembre de 2001.
Diputados: Petra Santos Ortiz, Silvano Aureoles Conejo, Luis Herrera Jiménez, Alfonso Oliverio Elías Cardona, Manuel Duarte Ramírez, Rogaciano Morales Reyes, Rafael Servín Maldonado, Adela del Carmen Graniel Campos, Auldárico Hernández Gerónimo, Rubén Aguirre Ponce, Alfredo Hernández Raigosa, Rufino Rodríguez Cabrera (rúbricas).
(Turnada a las Comisiones de Agricultura y Ganadería y Especial de Ganadería, con opinión de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Noviembre 27 de 2001.)
DE REFORMAS A LA LEY QUE CREA EL FIDEICOMISO QUE ADMINISTRA EL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS, DE AHORRO Y PRESTAMO Y DE APOYO A SUS AHORRADORES, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JOSE DELFINO GARCES MARTINEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DEL MARTES 27 DE NOVIEMBRE DE 2001
Considerando
Que los ahorradores de diversas cajas de ahorro cooperativas y sociedades de ahorro y préstamo fueron afectados en su patrimonio por acciones y omisiones del Gobierno Federal.
Que tanto por la razón anteriormente expuesta como por el amplio número de afectados el Congreso de la Unión tuvo a bien crear el fondo referido y proceder al resarcimiento hasta el 70 por ciento a todos los afectados con hasta 190 mil pesos de ahorro e inversión mediante la aprobación de la Ley que nos ocupa.
Que al momento de tomarse esa decisión el Gobierno Federal aseguró a los diputados que el resto de los afectados podrían recuperar sus ahorros por vía de la liquidación de los bienes de dichas sociedades y que hasta la fecha no se ha podido liquidar bien alguno y los ahorradores no han recibido en consecuencia ningún pago.
Que el Gobierno Federal por conducto de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mantiene asegurados los bienes a nombre del apoderado legal de las cooperativas de ahorro en 24 entidades federativas sin que se haya podido concluir el proceso correspondiente por lavado de dinero y crimen organizado.
Que el proceso que se sigue a José Cirilo Ocampo Verdugo, virtud al cual no han podido recuperar los ahorradores de dichas cooperativas sus recursos habrá de ser ganado por la autoridad responsable según la información oficial proporcionada, y ello hará inviable la operación del Fideicomiso denominado FICHAH establecido por el Gobierno anterior en julio del 2000 puesto que los bienes ingresarán como lo manda la ley al dominio público.
Que en la Ley en comento el H. Congreso dispuso se dotara al Fondo de 500 millones de pesos correspondientes al ejercicio del año 2001 para efectos de apoyar el fortalecimiento de las sociedades que registren problemas graves de liquidez y/o solvencia.
Que hasta el momento dichos recursos no han sido destinados al Fondo ni éste ha ejercido ninguna acción con el fin referido puesto que el propio Congreso ha resuelto por mandato de la ley establecer el Banco Nacional de Ahorro Popular con esos fines.
Que según la información que ha proporcionado tanto el FICAH como el Sistema de Bienes Asegurados a los Diputados los bienes asegurados representan al menos 490 millones de pesos y que como se ha expuesto ingresarán al dominio público en el futuro:
Que los ahorradores, como lo demuestra la auditoría ordenada por el Gobierno Federal son ahorradores legítimos y no se derivan de sus depósitos operaciones delictuosas y que han sido privados de su patrimonio indefinidamente por actos de particulares pero también y de manera destacada, por las acciones de la autoridad por lo que se actualiza el principio de la reparación del daño que el H. Congreso de la Unión acertadamente estableció en la Ley de referencia.
Que se propone la utilización de los 500 millones ya dispuestos por el H. Congreso para aplicarlos al pago de los ahorradores con inversiones superiores a los 190 mil pesos y a cambio que el Gobierno Federal mantenga desde luego la totalidad de los bienes asegurados comentados, a fin de resarcir completamente al erario público.
Que los 500 millones referidos se aplicarían para los casos de las sociedades incluidas en la ley de conformidad a la proporción que establezca el comité técnico del Fideicomiso que administrara el fondo que tuvo a bien establecer el H. Congreso considerando la disponibilidad de bienes proveniente de cada sociedad con los que pueda resarcirse al erario público para evitar presiones adicionales a las finanzas públicas:
Que a dos meses del término del ejercicio fiscal correspondiente al año 2001 los 500 millones referidos no han sido aplicados por lo que es de concluirse que la urgencia de su utilización en los fines originalmente previstos no se ha actualizado. Por lo que se propone que en vez de ser devueltos a la Tesorería de la Federación se apliquen como se ha descrito para subsanar el sentido discriminatorio que originalmente tuvo la ley en contra de quienes tenían ahorros superiores a los 190 mil pesos a la luz de la información que proporcionaba el Gobierno anterior en cuanto a la existencia de los bienes referidos y a los plazos próximos que se planteaban para la culminación de los juicios y procedimientos a cargo de la autoridad federal.
Que la ley de referencia estableció limitaciones para apoyar a sociedades distintas a las de Ahorro y Préstamo y Cooperativas por lo que quedaron excluidos numerosos ahorradores que enfrentan condiciones similares a las de aquellos que la ley en referencia permitió resarcir y que debe hacerse un esfuerzo para dar trato igual a quienes resultaron afectados por problemas similares.
Se presenta a su consideración la siguiente iniciativa de reformas y adiciones a la Ley en comento:
Artículo 11, Base Tercera:
Tercera.- Los ahorradores cuyo saldo neto de ahorro rebase el equivalente a diecinueve veces el monto básico podrán recibir la recuperación de dicho saldo con recursos provenientes de otras fuentes, quedando a salvo sus derechos a ejercer las acciones legales que correspondan, así como de los pagos que pueda acordar el comité técnico cuando existan los recursos necesarios y se reúnan las condiciones que apruebe.
Artículo 12.- El Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2001 dispondrá de una partida de 500 millones de pesos que se destinará a las acciones que el Fideicomiso realice con el propósito de apoyar el fortalecimiento de las sociedades que registren problemas graves de liquidez y/o solvencia así como para el pago a ahorradores previsto en el artículo 11 base tercera.
Transitorios
Artículo Séptimo
Para el caso de los recursos previstos en el artículo 12 para el ejercicio fiscal del 2001 que no se hubiese ejercido con antelación al mes de octubre, el comité técnico podrá disponer su aplicación al pago de los ahorradores previsto en el artículo 11. base tercera de la presente ley. En ese caso, no serán necesarios los convenios que dispone el artículo 10 y el Comité Técnico deberá publicar los procedimientos de pago antes del 31 de diciembre para proceder al pago a los beneficiarios.
Los pagos que se efectúen al amparo de esta disposición no podrán exceder en ningún caso el 70% del saldo neto del ahorro del beneficiario, y de un monto de hasta 300 mil pesos.
Por otro lado, existen algunas cajas de ahorro que con la fórmula jurídica de sociedades civiles o mercantiles o aún de simples asociaciones, enfrentaron problemas similares a los de las sociedades de ahorro y préstamo y cooperativas de ahorro popular e iniciaron procesos de carácter penal y mercantil quedando, sin embargo fuera de los preceptos de ley de referencia principalmente debido a que en ese entonces esta H. Cámara de Diputados legisló con base a la información parcial e incompleta que le remitió el Ejecutivo Federal a la fecha, una vez conocida la dimensión de dichos casos, especialmente en los estados de Hidalgo, Sinaloa, Coahuila y Jalisco, se propone que se repare la inequidad que involuntariamente se generó al dar un trato diferente a ahorradores afectados en circunstancias similares, de ahí que el Partido de la Revolución Democrática presenta la Iniciativa correspondiente para que en el Programa de Apoyo a Entidades Federativas del ejercicio 2002 se transfieran a las entidades Federativas afectadas la suma de 700 millones de pesos para sufragar el pago a los ahorradores referidos ejerciendo dichos recursos con arreglo a lo que disponga el presupuesto de Egresos de la Federación y las disposiciones aplicables de las Legislaturas Estatales.
27 de noviembre de 2001.
Dip. José Delfino Garcés Martínez (rúbrica)
(Turnada a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Gobernación y Seguridad Pública).
DE REFORMAS A DIVERSOS ARTICULOS DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA ELECTORAL, PRESENTADA POR EL DIPUTADO RUFINO RODRIGUEZ CABRERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DEL MARTES 27 DE NOVIEMBRE DE 2001
El suscrito, diputado federal de la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por lo establecido en los artículos 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Cámara de Diputados la presente iniciativa de decreto que reforma diferentes artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La representación política, es un fundamento de la democracia representativa propia del Estado y de las sociedades modernas, la representación electiva en los regímenes republicanos y federalistas nace como un modelo alternativo y complementario a los sistemas sustentados en mecanismos de democracia directa, difíciles de cumplirse a cabalidad en las sociedades masificadas.
Una de las características de los sistemas políticos modernos, es la creación de sistemas de representación política -de mayoría, de representación proporcional o mixto- que reflejen de la mejor manera, la voluntad popular y el interés nacional.
En ese contexto, es necesario recordar que por lo que se refiere a los sistemas de representación proporcional, éstos sólo pueden ser implementados en los procesos de integración de cuerpos colegiados, entre ellos, las Cámaras Legislativas.
El sistema de representación, tiene como objeto fundamental, atribuir a cada partido político el número de cargos de elección popular que resulte proporcional y simétrico a los votos obtenidos en la contienda electoral; en este sistema, los escaños se reparten entre las listas de candidatos que participan en el proceso electoral, en proporción al número de votos obtenidos por cada uno de los partidos.
La aplicación de este sistema, se desarrolla por lo general en dos fases: en un primer momento, se asigna a la lista de cada partido tantas curules como votos haya obtenido según un cociente electoral previamente establecido, determinable por múltiples maneras, mismas que pueden reducirse a las siguientes:
1. Que en cada circunscripción electoral, los escaños se distribuyan dividiendo el número total de votos emitidos, entre el total de curules disponibles.
2. Se determina de manera previa, cuál es el número de votos que se requiere para que un partido político tenga derecho a acreditarse uno o varios cargos de representación popular.
3. Una combinación de las dos fórmulas anteriores.
Por lo general la primera repartición arroja saldos, es decir, votos obtenidos por los partidos políticos que no alcanzan la cifra originalmente requerida por la ley para obtener un cargo de representación popular; para recuperar dichos votos se han ideado diversos sistemas, los que de manera general responden a dos modelos fundamentales:
El primero de ellos implica, totalizar los saldos obtenidos por cada agrupación política a nivel nacional, es decir, sumar los votos obtenidos y no utilizados por cada partido en todas las circunscripciones y en función de las sumas resultantes, distribuir las curules que aún existan, entre los partidos que alcancen o se encuentren más próximos al cociente electoral requerido, hecho lo cual, se deberá proceder en forma descendente hasta que ya no existan escaños a repartir.
El segundo modelo hace necesario atribuir las curules disponibles de la misma forma que en el caso anterior, pero en el ámbito de cada una de las circunscripciones.
En el año de 1977 se abandona dentro del orden jurídico mexicano, el sistema de diputados de partidos instituido en 1963 y se adopta un sistema electoral mixto, en el que el principio de mayoría se complementa con el de representación proporcional. El primero de ellos, se funda en que el candidato se convierte en diputado por haber obtenido las simple mayoría de sufragios emitidos un determinado distrito por los ciudadanos que hubiesen votado en las elecciones respectivas; en el segundo, tienen acceso a la cámara no sólo los candidatos que hayan logrado la votación mayoritaria, sino también los que hayan alcanzado cierto número de votos provenientes de importantes minorías de electores.
La instauración del principio de representación proporcional, representó entonces un canal apropiado para la participación política de las minorías; en México el antecedente más antiguo que en la materia se tiene, a saber, se debe al pensamiento del ilustre jurista Mariano Otero, quien pronunció en diciembre de 1842 un discurso sobre el artículo 24 de un nuevo proyecto de Constitución, en donde expuso la teoría de la representación proporcional y la defensa de las minorías. Otero afirmó entonces que: "...las minorías no deben ser siempre sacrificadas a las mayorías,...se ha creído que la voluntad de la mayoría era soberana y que no tenía respecto de la minoría ningunos deberes. Hoy se sabe como un principio inconcluso de legislación que se repite con frecuencia, que es necesario respetar a las minorías... que el Congreso Constituyente de 1843 resuelva el problema de que la representación nacional se componga de los diversos elementos políticos y en la misma proporción que se encuentra la República...la necesidad de llamar todos los intereses a ser representados, es hoy una verdad tan universalmente reconocida, que sólo ignorando el Estado actual de la ciencia puede proclamarse el duro y absoluto imperio de la mayoría sin el equilibrio de la representación de las minorías".
Desde entonces se buscaba que la voz y la presencia de las corrientes ideológicas minoritarias, se hicieran presentes para la formación de la representación nacional.
Así, la introducción del principio de la proporcionalidad, obedece a la necesidad de dar una representación más adecuada a todas las corrientes políticas relevantes que se manifiestan en la sociedad, así como para garantizar, en una forma más efectiva, el derecho de participación política de las minorías y, finalmente, para evitar los efectos extremos de distorsión de la voluntad popular, que se pueden producir en un sistema de mayoría simple.
Atento a todo lo anterior, dentro del sistema político mexicano, se introdujo el principio de representación proporcional, como un instrumento para hacer vigente el pluralismo político, a fin de que todas aquéllas corrientes identificadas con un partido determinado,
-aún minoritarias en su integración pero con una representatividad importante-, pudieran ser representadas en el seno legislativo y participar con ello en la toma de decisiones y, consecuentemente, en la democratización del país.
Así, se desprende que el principio de representación proporcional dentro del sistema electoral mixto se traduce, en un instrumento del pluralismo político que llevó a su inserción en la Constitución Federal desde el año de 1977 y que a la fecha se mantiene vigente.
El principio de representación proporcional como garante del pluralismo político, ha tenido en nuestro sistema los siguientes objetivos primordiales:
1. La participación de todos los partidos políticos en la integración del órgano legislativo en función de su representatividad.
2. Que cada partido alcance en el seno del Congreso o Legislatura correspondientes, una representación aproximada al porcentaje de su votación total.
3. Evitar un alto grado de sobre representación de los partidos dominantes.
Más de 5 lustros después de la institución en México del principio de la representación proporcional, hacen necesaria su evaluación y su examen.
El proceso de evolución del principio de la representación proporcional en México, innegablemente ha trascendido a un contexto diferente del que le diera origen.
Es indudable que el escenario que diera pauta a instituir la representación proporcional en nuestro sistema legal, ha ido transformándose al mismo paso que la realidad nacional. Ahora tenemos a una gama de partidos políticos insertos en un sistema altamente competido, una legislación y unas instituciones electorales, factibles de perfeccionarse, pero confiables para grandes franjas de la población y para las instituciones políticas, una alta participación social en las agrupaciones políticas nacionales, mismas que cada día son mas dinámicas y trascienden a casi todos los sectores representativos de nuestro país.
Todo ello era impensable en el México de finales de los setenta, época en la que se implementan gradualmente diferentes avances en materia político-electoral, mismos que en nuestros días se antojan escuetos, pero que bajo el reformismo lopezportillista, convencieron a la clase política nacional de entonces.
Es evidente que el contexto prevaleciente en nuestros días, difiere en su casi totalidad con aquellos años de la reforma concebida por Jesús Reyes Heroles, y es en atención a esas notorias divergencias, que se considera oportuno plantear diferentes adecuaciones al mecanismo de asignación de cargos legislativos bajo el principio de representación proporcional.
En numerosos foros y encuentros de intelectuales y analistas de la realidad política nacional, se ha abordado la necesidad de la refundación del Poder Legislativo, y de los mecanismos que permiten su integración.
Creo que no debemos ser renuentes a analizar en principio y a reconocer posteriormente, que el sistema de asignación de diputaciones y senadurías por el principio de representación proporcional a través del mecanismo de listas regionales y listas nacionales, debe ser replanteado del todo.
La estructura interna de los partidos políticos y la correlación de fuerzas que se genera en estos, permiten afirmar que los procesos y los mecanismos vigentes de asignación de cargos legislativos han quedado rebasados.
La figura de las listas regionales para diputados y la lista nacional para senadores, como formas de asignación de cargos legislativos por la vía de representación proporcional, debe ser objeto de un honesto replanteamiento.
La forma en la que fueron concebidas las listas regionales por circunscripción y sus modalidades vigentes de funcionamiento, no responden ya a los objetivos para que fueron diseñadas.
La correcta y loable intención inicial que concibió a las listas regionales plurinominales como mecanismo para asegurar la participación de expresiones políticas no mayoritarias, ha sufrido una involución y se han tergiversado sus objetivos iniciales.
En atención a dicha problemática y como respuesta a un fenómeno político-electoral que se generaliza y se ahonda, es que presento a consideración de esta Soberanía la presente, misma que persigue la modificación de los mecanismos constitucionales de asignación de cargos legislativos por la vía de la representación proporcional.
Esta propuesta gira en torno a la conveniencia de instituir la figura de las candidaturas de prelación en nuestro marco constitucional; situación que modificaría una de las formas de acceso a los cargos legislativos a que tengan derecho los diferentes partidos políticos para acceder al Congreso de la Unión, bajo el principio de representación proporcional.
Creo que en la actualidad, es pertinente el establecimiento del sistema de la prelación de candidaturas, como una de las vías de acceso a la función legislativa por la vía de representación proporcional. Dicho sistema como es conocido, establece que los candidatos registrados por los partidos políticos como integrantes de una fórmula de mayoría relativa, deban ser los mismos que sean considerados como candidatos de representación proporcional en las diferentes circunscripciones.
Así las cosas, los contendientes que por cada partido hayan obtenido un mayor porcentaje de votos en sus correspondientes demarcaciones circunscripcionales, serán quienes tengan la posibilidad de ocupar un escaño legislativo a través de la vía de representación proporcional.
Es de estimarse que la implementación de la figura de las candidaturas de prelación, estimularía la competitividad de quienes sean registrados bajo tal figura, situación que llevaría implícito un mejoramiento al sistema de partidos, porque al asignarse tales legisladores en función a los mejores resultados porcentuales obtenidos en las diferentes circunscripciones por los distintos partidos, se estaría incentivando la participación de los candidatos que hayan diseñado una campaña electoral eficaz y altamente competitiva.
Es conveniente subrayar que los alcances de la iniciativa que se presenta, no afectarán el principio de la representación proporcional como fundamento de la democracia representativa propia de los sistema electorales modernos, el suponerlo así, entraña una interpretación equivoca e inadecuada respecto a los alcances reales de esta propuesta, la cual lleva implícita una modificación a cinco artículos constitucionales tendientes a eliminar las llamadas listas regionales y nacional para acceder a los cargos legislativos por la vía de la representación proporcional y en su lugar como ya quedó expresado, instituir la figura de las llamadas candidaturas de prelación.
Uno de los factores que permitirán un correcto análisis de la presente, tendrá que ser la adecuada evaluación de los diversos antecedentes de la figura legislativa que se propone, misma que a la fecha esta ya inserta, por ejemplo en la legislación de Oaxaca. Otro de los elementos a considerar en el proceso de dictamen de la presente iniciativa, tendrá que ser necesariamente, el examen de la evolución histórica del texto constitucional en los apartados que son objeto de esta intervención.
Así, habrá que tener presente el sentido de la séptima reforma al artículo 52 Constitucional de diciembre de 1977, inserto en el marco de la reforma política de esos años, la cual instituyó la representación proporcional mediante listas regionales, así como el resto de las adecuaciones alusivas a la representación proporcional y a las listas regionales contenidas en los artículos 53 al 56.
Es innegable que una iniciativa de esta naturaleza, puede provocar renuencia en los diferentes grupos de presión insertos en los distintos partidos políticos, lo anterior en la medida que vulneraría sus mecanismos internos de negociación al seno de sus respectivas agrupaciones, pero no obstante es posible afirmar que una adecuación legislativa con estas características, en la medida que fomenta una mayor competitividad entre candidatos y erige formas de participación mas equitativas para estos, propiciaría un escenario que fortalecerá el sistema de partidos en nuestro país.
Creo necesario destacar que una propuesta en los términos señalados, permitiría inhibir la práctica de algunos candidatos, de tratar denodadamente de ubicarse en un lugar de las listas regionales que les garanticen acceder a una curul y una vez inscritos en un lugar conveniente omitir toda actividad proselitista. De tal suerte que un instrumento concebido para fortalecer nuestro sistema de partidos y la participación política de las expresiones no mayoritarias, termina convirtiéndose en una espada de Damocles para los propios partidos que quedan cautivos de sus integrantes y se ven sujetos a distribuir cuotas de poder que lesionan gravemente su propio crecimiento electoral.
Ahora bien, es oportuno recordar que el principio de prelación de candidaturas, ha generado una fuerte polémica suscitando agrios debates en varias ocasiones, la mas reciente de ellas, la que se presentara con motivo de la aprobación del Código Electoral del Distrito Federal en 1999 y que fuera objeto de la interposición de una Acción de Inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, encaminada esta a eliminar la prelación de candidaturas en la legislación electoral del Distrito Federal, precisamente por no estar contemplado en la norma constitucional. De ahí que nuestra propuesta haya sido cuidadosa y atenta a los resolutivos y argumentos jurídico-técnicos del máximo tribunal del País, a fin de que el texto la presente iniciativa no transgreda los criterios que en la materia, han trazado los Ministros de nuestra Suprema Corte de Justicia.
Por los razonamientos anteriormente esgrimidos y con fundamento en las disposiciones mencionadas al inicio de mi intervención, es que someto a la consideración del Pleno de esta H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la presente
Iniciativa
Con proyecto de decreto por la que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a fin de que el contenido de dichos numerales sea modificado en atención a lo siguiente:
Artículo Unico.- Se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que comprenden el artículo 52, el segundo párrafo del artículo 53, el artículo 54 en su párrafo primero y en sus fracciones I, II y III, y el segundo párrafo del artículo 56, y se deroga el segundo párrafo de la fracción III del artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que los artículos mencionados queden como sigue:
Artículo 52.- La Cámara de Diputados estará integrada por 300 diputados electos según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, y 200 diputados que serán electos según el principio de representación proporcional, mediante un sistema de prelación en donde las diputaciones que le correspondan a cada partido por el principio de representación proporcional, estarán determinadas por los mayores porcentajes de votación que cada candidato haya obtenido en sus respectivas demarcaciones.
Artículo 53.-
...
Para la elección de los 200 diputados según el principio de representación proporcional que lleguen a asignarse por el sistema de prelación, se constituirán cinco circunscripciones electorales plurinominales en el país. La ley determinara la forma de establecer la demarcación territorial de estas circunscripciones
Artículo 54.- La elección de los 200 diputados según el principio de representación proporcional, que se asignen bajo el sistema de prelación, se sujetará a las siguientes bases y a lo que disponga la ley:
I.- Un partido político, para acceder a diputaciones asignadas por el sistema de prelación, deberá acreditar que participa con candidatos a diputados por mayoría relativa en por lo menos doscientos distritos uninominales;
II. Todo partido político que alcance por lo menos el dos por ciento del total de la votación emitida en la circunscripción que corresponda, tendrá derecho a que le sean atribuidos diputados de representación proporcionalasignados por el sistema de prelación;
III. Al partido político que cumpla con las dos bases anteriores, independiente y adicionalmente a las constancias de mayoría relativa que hubiesen obtenido sus candidatos, le serán asignados por el principio de representación proporcional, de acuerdo con su votación nacional emitida, el número de diputados que le corresponda en cada circunscripción plurinominal. En la asignación se seguirá un orden descendente a partir del mayor porcentaje de votación que cada candidato haya obtenido.
IV al VI ...
Artículo 55.- Para ser diputado se requieren los siguientes requisitos:
I al II ...
III.- Ser originario del estado en que se haga la elección o vecino de el con residencia efectiva de más de seis meses anteriores a la fecha de ella.
La vecindad no se pierde por ausencia en el desempeño de cargos públicos de elección popular.
IV al VII ...
Artículo 56.-
...
Los treinta y dos senadores restantes serán elegidos según el principio de representación proporcional, mediante el sistema de prelación a asignarse en una sola circunscripción plurinominal nacional. La ley establecerá las reglas y formulas para estos efectos.
...
Transitorios
Primero.- El presente decreto, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que contravengan las reformas establecidas en el presente decreto.
Tercero.- Las disposiciones comprendidas en el segundo párrafo del artículo 56 contenido en el texto del presente decreto, deberán ser reglamentadas en un término que no excederá de seis meses contado a partir de la entrada en vigor del presente.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro el 27 de noviembre de 2001, suscribe por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el diputado Rufino Rodíguez Cabrera (rúbrica); diputada Magdalena Núñez Monreal (rúbrica), Alfonso Elías Cardona (rúbrica).
(Turnada a las Comisiones de Puntos Constitucionales, y de Gobernación y Seguridad Pública. Noviembre 27 de 2001.)
DE REFORMAS A LA LEY DEL IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION, PRESENTADA POR EL DIPUTADO RUBEN AGUIRRE PONCE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DEL MARTES 27 DE NOVIEMBRE DE 2001
La crisis nacional de la copra es tema que en esta tribuna reiteradamente ha sido abordado por diputados representantes del PRI, PAN y PRD, para plantear medidas de protección a la producción y comercialización de este producto.
De mi parte, en el punto de acuerdo del 31 de octubre del año en curso, propuse como una de las medidas de protección, incrementar el arancel de la importación de la copra de 10 a 100 por ciento, lo que, turnado a la comisión especial que se integrada en términos de lo propuesto por el diputado Celestino Bailón Guerrero en esa misma fecha, será prolongar más las carencias de los ya empobrecidos productores y trabajadores de este ramo de la producción y acentuar la crisis nacional del producto, por ello y para evitarlo, propongo una reforma a la Ley del Impuesto General de Importación, para incrementar el arancel de 10 a 100 por ciento para la importación del aceite de coco y palma.
Si tratándose de los grupos oligárquicos, se han implementado y tolerado medidas como el rescate carretero, Cintra, Fobaproa y ahora se plantea el rescate de la aviación.
¿Por qué no pronunciarnos por una reforma de ley a favor del rescate de la pobreza y miseria en que se encuentran sumidos la mayoría de los productores y trabajadores de la copra?
En el Diario Oficial de la Federación del 18 de diciembre del año de 1995, Ernesto Zedillo, publicó las modificaciones a la Ley del Impuesto General de Importación, aprobadas por el Congreso de la Unión y en ellas, para el aceite de coco y palma y sus derivados, establece la cuota arancelaria de 10 por ciento.
En los años posteriores a la vigencia de esta ley y hasta estas fechas, el precio internacional del aceite de coco presenta una tendencia a la baja, así en publicación oficial de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, en el número 95 de la revista Claridades de julio del 2001, publica un artículo que señala que durante el ciclo 1999/2000 de octubre a septiembre, el precio promedio anual pagado por la copra en el mercado de Rótterdam se ubicó en 357 dólares por tonelada, y en lo que va del año 2000/2001 hasta el mes de abril, el precio promedio se ha ubicado en 205 dólares por tonelada, lo que representa un descenso de 42.6 por ciento.
Ahora bien, por lo que hace a la producción, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de Norte América, considera que la producción mundial de aceite de coco ha tenido un aumento significativo y considera que para el año del 2001, el crecimiento podría ser de 4.3 por ciento.
Este fenómeno internacional de bajo precio en la venta e incremento en la producción, en relación con la comercialización nacional del aceite de coco y palma mexicano, repercute a la baja, con tendencia a incrementar la demanda de importación del producto por el bajísimo arancel que fija la ley y que es consecuencia directa de una competencia desleal para el producto nacional.
Por lo anterior, y dada la urgente necesidad de implementar medidas de protección arancelaria que permitan a México competir en el mercado nacional con los precios internacionales de la copra, en beneficio de amplios sectores de la población en los estados costeros y del sur del país, tales como Guerrero, Michoacán, Colima, Tabasco Oaxaca, Campeche, Yucatán Quintana Roo; con fundamento en el artículo 71, fracción 2ª, y 73 fracción XXIX, inciso 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congresos General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a su consideración el siguiente
Proyecto de Decreto que reforma la Ley del Impuesto General de Importación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 18 de diciembre del año de 1995, en los incisos 15.11, 1511.10, 1511.10.01, 1511.90, 1511.90.99, 1513.11, 1513.1101 de la sección III, capítulo 15, para quedar como sigue:
Primero. Se reforman las fracciones 15.11, 1513.11, y 1513.1101 para quedar como sigue:
Capítulo III. Grasas y aceites animales o vegetales, productos de su desdoblamiento, grasas alimenticias elaboradas, ceras de origen animal o vegetal.
Capítulo 15. Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento, grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal.
15.11. Aceite de palma y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente.
1511.10. Aceite en bruto.
1511.10.01. Aceite en bruto. Kg. 100
1511.90. Los demás.
1511.90.99. Los demás. Kg. 100 ...
15.13. Aceites de coco (de copra) de almendra de palma o babasu, y sus fracciones, incluso refinados, pero sin modificar químicamente.
- Aceite de coco (de copra) y sus fracciones
1513.11. -Aceite en bruto
1513.11.01. Aceite en bruto Kg. 100
1513.19 Los demás
1513.19.99. Los demás Kg. 100 (...)
Segundo. Transitorio Primero.- A partir de la fecha de publicación de esta reforma a la Ley del Impuesto General de Importaciones, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 18 de diciembre de 1995, de la sección III, capítulo quince, se derogan los incisos 15.11, 1511.10, 1511.10.01, 1511.90, 1511.90.99, 15.13, 1513.11, 1513.11.01, 1513.19 y 1513.19.99.
Tercero. Transitorio Segundo.- De lo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público recaude por concepto de la aplicación de los aranceles a que se refiere esta reforma a la Ley del Impuesto General de Importación, dicha dependencia destinará 60 por ciento al financiamiento de programas de desarrollo de la producción de copra que, en Comisiones Unidas de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, aprueben las comisiones unidas de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y la de Economía.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 27 días del mes de noviembre del 2001.
Diputados: Rubén Aguirre Ponce, Manuel Duarte Ramírez, Rogaciano Morales Reyes, Petra Santos Ortiz, Alfredo Hernández Raigoza, Rafael Servín Maldonado, Esteban Daniel Martínez Enríquez, Luis Herrera Jiménez, Jesús Garibay García, Adela del Carmen Graniel Campos, Auldárico Hernández Gerónimo (rúbricas).
(Turnado a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Comercio y Fomento Industrial. Noviembre 27 de 2001.)
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY QUE CREA EL FIDEICOMISO QUE ADMINISTRARA EL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE SOCIEDADES Y COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO Y DE APOYO A SUS AHORRADORES, PRESENTADA POR EL DIPUTADO OMAR FAYAD MENESES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA SESION DEL MARTES 27 DE NOVIEMBRE DE 2001
El suscrito diputado federal, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LVIII legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de este Honorable Pleno la presente Iniciativa de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, de conformidad con la siguiente:
Exposición de Motivos
En el primer periodo ordinario de sesiones del primer año de gestión de esta LVIII legislatura, motivados por la problemática que habían suscitado la mala operación de las llamadas cajas de ahorro, fue aprobada la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, y publicada en el Diario Oficial de la Federación del 29 de diciembre del año 2000, con la noble intención de dar una pronta solución a este conflicto social, que fue calificado, como de interés público.
A diez meses de haber sido aprobada la creación de este instrumento, los resultados obtenidos por el Gobierno Federal, en convenio con los Gobiernos de los estados afectados, en el proceso de restitución del patrimonio a cientos de mexicanos, ha sido solo parcial.
Debido a la experiencia derivada de la aplicación del objeto del Fideicomiso, consideramos que la solución planteada no fue suficiente, en virtud de que los lineamientos marcados por la Ley que lo regula, solo apoyo a un número determinado de sociedades de ahorro y crédito, pero no así, a muchas otras instituciones que si bien se crearon de manera distinta a lo previsto por la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito o a la Ley General de Sociedades Cooperativas, sí realizaban actividades de ahorro y crédito, por lo que en estricto sentido, cumplían con la misma finalidad.
Al razonar esto, debemos tomar en cuenta que esta situación nada tuvo que ver con la voluntad de los ahorradores defraudados, ya que es entendible que por desconocimiento del complicado marco jurídico en esta materia, no supieron advertir el riesgo que implicaba confiar y dejar sus ahorros en manos de personas que no solo los despojaron de su patrimonio, sino que hicieron caso omiso de las disposiciones y previsiones financieras y legales para operar esta clase de negocios.
Ahora, con profunda pena y preocupación les refiero que la desesperante e impotente situación que desde hace años han venido padeciendo muchos ahorradores defraudados del país, aún subsiste.
Esto es provocado porque la ley que crea el Fideicomiso, en su artículo 7, prevé que solo serán beneficiarias del mismo, las sociedades y cooperativas que se hayan constituido bajo la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito y la Ley General de Sociedades Cooperativas, impidiendo que muchos ahorradores en el país, cuyas agrupaciones de ahorro y préstamo que los defraudaron se constituyeron bajo otras figuras jurídicas como Sociedades Civiles, Sociedades Anónimas de Capital Variable, Asociaciones Civiles o Sociedades Cooperativas de Responsabilidad Limitada , sean beneficiados.
En estas circunstancias, existen diversos ejemplos en Hidalgo, Coahuila, San Luis Potosí, Sinaloa, Jalisco, Querétaro, Guanajuato, Oaxaca, Tabasco, Aguascalientes, Chihuahua, Nayarit, Durango, Baja California, Baja California Sur, Estado de México y Zacatecas, lo que denota que el fideicomiso resolvió parcialmente la problemática de solo algunos de los ahorradores de las cajas que cumplían los requisitos establecidos por la ley.
Adicionalmente a lo anterior, también debemos sumar la limitante que establece la base segunda del artículo 11 de esta ley, respecto del monto de pago a los ahorradores, al referir que será de diecinueve veces el monto básico ($190,000); precepto que dejo fuera del beneficio del Fideicomiso a muchos ahorradores, cuyas cajas si reúne los requisitos establecidos en el artículo 8 para ser beneficiadas, pero el monto de lo que reclaman haber ahorrado rebasa, aunque sea en una cantidad mínima, el limite fijado en el propio artículo 11.
Debido a estas restricciones establecidas en el texto publicado, los Diputados de diversos estados de la República que recibimos de viva voz el reclamo de nuestros representados, consideramos que gran parte del problema social que dio origen a este fideicomiso aún existe, habiendo cientos de ahorradores de bajos recursos que por simples tecnicismos jurídicos, aún siguen reclamando ayuda para restituir, en alguna medida, su patrimonio.
Por ello, es necesario, y urgente, reformar la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, para que también sean beneficiados los ahorradores cuyas cajas de ahorro se constituyeron bajo otras figuras jurídicas diversas a las que ahora se exigen como requisito, y para aumentar el monto de pago que permita beneficiar a los ahorradores que reclaman montos superiores a $190,000, y que ahora, no tienen ninguna posibilidad de recuperar su dinero.
La reforma que aquí se plantea, propone reformar el artículo 7, para incluir en su texto a las entidades legalmente constituidas como sociedades civiles, sociedades anónimas de capital variable, asociaciones civiles y cooperativas de responsabilidad limitada, cuya actividad era la de ahorro y préstamo.
Como consecuencia de la reforma a éste artículo, se plantea también la reforma a la fracción II del artículo 8, para adicionar los requisitos de haber presentado las denuncias penales correspondientes y el haber dejado de realizar actividades de ahorro y préstamo con antelación al 30 de noviembre del 2000, para que sean cumplidos por las cajas de ahorro que están siendo incluidas por esta reforma, ya que si se está ampliando el número de cajas beneficiadas, esto permitiría controlar el acceso para que realmente sean apoyados quienes demuestren fehacientemente tener derecho a ser incluidos por el fideicomiso.
Esta iniciativa propone también la reforma a las bases Primera, Segunda y Tercera del artículo 11, para aumentar de 19 veces ($190,000) a 24 veces el monto de pago básico ($240,000) con el 70% de dicho saldo; así como para establecer que aquellos ahorradores de más de 24 veces el monto de pago básico ($240,000), que así lo decidan, puedan optar por apegarse al beneficio de la ley para recibir el 70% de 24 veces el monto de pago básico ($240,000); reformas que permitirán dar acceso a los ahorradores de todo el país que en mayor medida resultaron perjudicados con los fraudes.
Para la obtención de los recursos con los que se hará frente a la reforma que se plantea, se hace necesaria la reforma y adición del artículo 12 de este ordenamiento.
El artículo 12 actualmente establece la cantidad de $500 millones de pesos para destinarse exclusivamente a las acciones que el Fideicomiso realice con el propósito de apoyar el fortalecimiento de las sociedades que registren problemas graves de liquidez y/o solvencia.
Este párrafo, se reformaría quitando la palabra exclusivamente y adicionando al final de su texto la frase "y/o para apoyo al pago de los ahorradores", con lo que abre la posibilidad de que el uso de este dinero se reoriente con un mayor sentido social, conformando la primera aportación inicial para resarcir a los ahorradores defraudados que abarcan los supuestos que incluye esta reforma.
Consideramos que es necesario darle una mayor rentabilidad social al dinero que contempla este artículo 12, ya que de usarse únicamente para lo que actualmente dispone su texto, se estaría beneficiando a un reducido número de personas que dirigen y reciben los beneficios de los negocios de las cajas de ahorro. Además de que se estaría dando la posibilidad de que los titulares de dichos negocios, tomen a la ligera la responsabilidad de responder a sus obligaciones, debido a que visualicen la posibilidad de ser apoyados con recursos del fideicomiso para hacer frente al mal manejo de sus cajas de ahorro.
La redacción actual de este artículo 12, dispone el rescate de los dueños y el saneamiento de esta clase de negocios, lo que bajo las circunstancias que padecen aún ahorradores defraudados de varios estados del país, definitivamente debe de pasar a un segundo plano y los recursos que ahí se prevén, deben ser destinados en su totalidad al resarcimiento de un número mayor de ahorradores que no tienen ninguna esperanza de ver recuperado su dinero.
Es importante mencionar, que al día de la presentación de esta iniciativa, éste fondo de $500 millones, se encuentra intacto en su monto y se está en aptitud de aplicarlo en beneficio de los ahorradores y no de los defraudadores.
Además de esta reforma, se propone adicionar un nuevo párrafo al artículo 12, para prever una partida adicional por $1,000 millones de pesos del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2002.
Como lo prevé la ley en cuestión, los ahorradores al momento de ser beneficiados al 70% por el fideicomiso, ceden sus derechos de crédito al 100% a favor del mismo, por lo que la Federación, repondrá las cantidades señaladas, que ahora se solicita se aporte para el pago a los ahorradores, a través de las sumas de dinero y bienes que con toda seguridad obtendrá a la conclusión de los juicios respectivos.
Esta cantidad que se solicita del presupuesto 2002, adicional a los ya existentes $500 millones de pesos que prevé el propio artículo 12, permitiría contar con un fondo total de $1,500 millones de pesos más, que estarían destinados a dar una solución ampliamente incluyente y prácticamente total, a este grave problema social que sigue aquejando a muchos mexicanos de escasos recursos, en su mayoría amas de casa, viudas, jubilados y pensionados, que fueron engañados y que vieron perdido de manera espontánea su patrimonio producto de muchos años de trabajo y esfuerzo, y que hasta el día de hoy, no obstante la expedición de la ley que creo el Fideicomiso, ven nulas posibilidades de recuperarlo, aunque sea, en algún porcentaje.
Por último, se hace necesario reformar la fracción I del artículo 5, con el propósito de adecuarlo a las cantidades que se están solicitando del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2002, así como modificar su vigencia de dos a cuatro años, contados a partir del inicio de actividades del fideicomiso o cuando se extinga su patrimonio, lo que ocurra primero.
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en la fracción II del artículo 55, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de este Honorable Pleno el presente Proyecto de Iniciativa de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores.
Artículo Primero. Se reforma la fracción I del artículo 5 para quedar como sigue:
Artículo 5.- .........
I. Las aportaciones del Gobierno Federal por un mil 785 millones de pesos a que se refiere el artículo 9 de esta Ley y de los recursos a que se refiere el artículo 12 de la misma. Estos montos se administrarán en subcuentas independientes entre sí y distintas a aquella en que se administre el resto de las aportaciones;
Artículo Segundo. Se reforma el párrafo primero del artículo 7 para quedar como sigue:
Artículo 7.- Se entenderá por sociedades a las Sociedades de Ahorro y Préstamo y a las Cooperativas de Ahorro y Préstamo a que hace referencia la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y la Ley General de Sociedades Cooperativas, respectivamente; así como a las sociedades civiles, sociedades anónimas de capital variable, asociaciones civiles y sociedades cooperativas de responsabilidad limitada, que hayan ofrecido y prestado servicios al público, similares o equivalentes, a las actividades de ahorro y préstamo autorizadas.
Artículo Tercero. Se reforma la fracción II del artículo 8, para quedar como sigue:
Artículo 8.- ..............
I. ...
II. Haber iniciado los trámites para efectuar los procesos de auditoría con el propósito de determinar su insolvencia con antelación al 30 de noviembre de 2000 y que dichos procesos se hubiesen pagado con recursos públicos o sean, en su caso, aprobados por el Comité Técnico a que se refiere el artículo 3 de esta Ley, y/o haber presentado las denuncias penales correspondientes y haber dejado de realizar actividades de ahorro y préstamo con antelación al 30 de noviembre de 2000.
Artículo Cuarto. Se reforman las BASES PRIMERA, SEGUNDA y TERCERA del artículo 11, para quedar como sigue:
Artículo 11.- ............
.................
................
BASES GENERALES
PRIMERA.- Todo ahorrador que tenga un saldo neto de ahorro igual o menor a $240,000.00 recibirá el 70% de dicho saldo.
SEGUNDA.- Los ahorradores cuyo saldo neto de ahorro rebase la cantidad de $240,000.00, podrán apegarse al beneficio de la presente ley, para recibir el 70% de $240,000.00 cediendo sus derechos de crédito a favor del fideicomiso, de conformidad con lo establecido en la base quinta del artículo 11 de esta ley.
TERCERA.- Para los ahorradores que no se acojan a esta ley, quedarán a salvo sus derechos para ejercer las acciones legales que correspondan.
Artículo Quinto. Se reforma y adiciona el artículo 12 para quedar como sigue:
Artículo 12.- El Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2001 dispondrá de una partida de 500 millones de pesos que se destinará para las acciones que el Fideicomiso realice con el propósito de apoyar el fortalecimiento de las sociedades que registren problemas graves de liquidez y/opara apoyo al pago de los ahorradores.
De igual forma, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2002, se dispondrá de una partida de 1,000 millones de pesos, que se destinarán para los pagos a ahorradores previstos en esta Ley.
Artículo Sexto. Se reforma el artículo Tercero y Cuarto Transitorios, para quedar como sigue:
TRANSITORIOS
PRIMERO.- ...................
SEGUNDO.- ................
TERCERO.- El periodo durante el cual operará el Fideicomiso que administrará el fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores será de cuatro años contados a partir del inicio de sus actividades o cuando se extinga su patrimonio en los términos de esta Ley, lo que ocurra primero.
...............
CUARTO.- Los pagos a los ahorradores afectados se iniciarán a más tardar 10 días hábiles después del día en que se hayan cumplido los requisitos previstos en esta Ley, y continuarán en el orden sucesivo en que se presenten dichos ahorradores, efectuando pagos hasta agotar el patrimonio del Fideicomiso conforme a lo previsto al artículo 5 de esta Ley.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo previsto por este Decreto.
TERCERO.- El Comité Técnico del Fideicomiso deberá publicar nuevamente dentro de los 30 días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, el procedimiento conforme al cual se llevará a cabo el pago correspondiente a que alude el artículo 11 de la Ley, respetando las formalidades y plazos consignados en este numeral para que el Fideicomiso efectúe los pagos derivados de sus fines.
Dip. Omar Fayad Meneses (rúbrica)
(Turnada a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público; y de Comercio y Fomento Industrial, con opinión de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social. Noviembre 27 de 2001.)
Proposiciones
CON PUNTO DE ACUERDO EN RELACION A LA ORGANIZACION DE FOROS SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, PRESENTADA POR EL DIPUTADO ABEL TREJO GONZALEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA SESION DEL MARTES 27 DE NOVIEMBRE DE 2001
El pasado 14 de octubre del presente, la Asociación Mexicana de Editores de Periódicos, AC (AME), integrada por 75 diarios de la República Mexicana, entregó a esta soberanía, por conducto de las comisiones de Comunicaciones, y de Gobernación y Seguridad Pública, una propuesta ciudadana sobre la Ley Federal de Acceso a la Información Pública, misma que expresa la posición de esta organización referente al tema, de la mayor importancia en esta hora de México.
Para el día 26 de octubre, la AME publicó un desplegado en los diarios adherentes a esta organización, en donde propone; cito: "El Congreso debe encabezar el análisis y la reflexión porque sus miembros representan al pueblo de México", poniendo sobre la mesa de discusión una situación que no puede pasar de largo ante los ojos de la presente Legislatura.
En este sentido, resulta innegable que ante la falta de una reglamentación precisa sobre el derecho a la información y temas afines, en la práctica, la Suprema Corte y los tribunales Colegiados, han cubierto el vacío legal dejado por el Congreso de la Unión, pero de manera insuficiente por eso se hace necesario, legislar en esta materia y efectuar una consulta pública, abierta a la Sociedad y a los individuos, para que se expresen sobre Temas, como: nuevo régimen de concesiones de radio y televisión, derechos de los informadores, derechos de trabajadores de empresas periodísticas, la trasparencia de los gastos de los gobiernos en publicidad. Debe haber coincidencia entre las diferentes fuerzas políticas de la nación, en que es necesario que una próxima Ley de Acceso a la Información Pública, abarque a los tres poderes del Estado, al Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial; que se incluyan los organismos autónomos como el Instituto Federal Electoral (IFE), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el Banco de México; y que incluso incluya, la parte de información pública que empresas privadas y medios de comunicación, tienen la obligación de rendir ante la ciudadanía, para eliminar aquellas rendijas que aún no están normadas por la ley.
Por todas estas razones, el espacio natural para efectuar e impulsar consultas para la formación de leyes, es sin duda el Congreso de la Unión.
Bajo esta óptica, tenemos que resaltar que para arribar a una democracia plena, tenemos que luchar por condiciones equitativas en todos los ámbitos de la vida de los mexicanos; no basta con los discursos plagados de buenas intenciones.
Es una obligación de todos encontrar los canales institucionales que contribuyan a acelerar el transito democrático en nuestro país. El derecho y el libre acceso a la información pública se convierten en una necesidad de primer orden; tanto para los ciudadanos como para los medios de comunicación.
Por otra parte, tiene que quedar claro que existe un compromiso y una obligación de todos los órdenes de gobierno para informar sobre sus acciones, sobre todo en lo que respecta al ejercicio o aplicación de recursos económicos, contenidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación pero incluidas todas las acciones de gobierno que tienen que ver con políticas publicas, que se supone buscan el bienestar de la sociedad en su conjunto.
La trasparencia y la rendición de cuentas, se convierten en este momento de nuestra historia, en una de las prioridades que son puntales para el combate a la corrupción, todos, sociedad y gobierno; partidos, organizaciones políticas y ciudadanos en general tenemos la obligación, de trasparentar nuestras acciones y de rendir cuentas, en los términos en que lo exige la ciudadanía. Por otra parte, resulta incuestionable conservar y definir claramente el ámbito y el carácter de la información que puede reservarse por razones de seguridad nacional. Sin embargo, esto tiene que llevarse a cabo por medio de reglas claras, por medio de normas que identifiquen la confidencialidad de la información.
La sociedad mexicana, y las organizaciones políticas no afines al gobierno, tampoco desean que se utilice como "mascarada" el tema de la seguridad nacional, y que sirva como encubrimiento para espiar ilícitamente a ciudadanos y organizaciones que no comparten las ideas del gobierno; por ese motivo, debe quedar muy claro y bien definido, aquellas áreas de la seguridad nacional que deban quedar protegidas por la ley.
Los diputados, también tenemos la clara convicción de que un sistema democrático fuerte, es aquel que contribuye con la apertura y con el respeto a la pluralidad de ideas y de posiciones políticas.
Es urgente, un marco constitucional que dé certidumbre a la opinión pública, a los ciudadanos, y a los medios de comunicación, acerca del derecho a la información para que todos, con la responsabilidad social respectiva, la utilicemos para el bien de la sociedad en su conjunto, y que no haya nadie por más alta que sea su investidura, que se lance contra los medios de comunicación, argumentando que quieren trastocar su gobierno.
En una sociedad democrática, el ejercicio de la crítica debe siempre llevar el sello del mejoramiento de la actuación de los servidores públicos, y del cumplimiento con apego a la ley de las funciones y responsabilidades que todos tenemos frente a la nación.
Por lo anteriormente expuesto formulo el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero.- Que la Cámara de Diputados sea congruente con lo que establece el artículo 26 de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión y los artículos 70 y 73, fracción XXX, de nuestra Constitución Política, referente a garantizar la libre expresión de las corrientes ideológicas en la Cámara de Diputados, y adopte como suya la propuesta de la Asociación Mexicana de Editores de Periódicos, AC, para que sea la Cámara de Diputados, quien encabece el análisis y la reflexión sobre la transparencia y acceso a la información pública.
Segundo.- Que la Cámara de Diputados a través de las Comisiones Unidas de Gobernación y Seguridad Pública; Puntos Constitucionales; Educación y Comunicaciones, convoquen a una consulta abierta de carácter nacional para analizar y discutir la propuesta de libre acceso a la información pública. Con todos los sectores sociales; expresiones ciudadanas; instituciones académicas; órganos de gobierno y medios de comunicación. Con la firme intención de legislar en la materia.
Diputados: Irma Piñeyro Arias, Lilia Mendoza Cruz, Jaime Larrazábal Bretón, Bulmaro Rito Salinas, Ildefonso Zorrilla Cuevas, Cándido Coheto Martínez, Angel Meixueiro González, Miguel Angel Moreno Tello, José Soto Martínez, Abel Trejo González (rúbricas).
(Túrnese a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública. Noviembre 27 de 2001.)
CON PUNTO DE ACUERDO SOBRE LOS HECHOS SUSCITADOS EN LA CIUDAD DE MEXICO, POR LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD DE SAN SALVADOR ATENCO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO RAUL GARCIA VELASQUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, EN LA SESION DEL MARTES 27 DE NOVIEMBRE DE 2001
Como es de todos conocido, el día 22 de octubre del presente año, el Gobierno Federal publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por virtud del cual se expropiaron varios terrenos en el citado municipio de Texcoco (estado de México), para destinarlos a la construcción del nuevo aeropuerto de la ciudad de México.
El día 14 de noviembre de 2001, temprano por la mañana, algunos habitantes de San Salvador Atenco salieron de la comunidad con dirección a la ciudad de México para manifestar su inconformidad con la expropiación de sus terrenos.
Por otra parte, la inconformidad también versa sobre los montos que determinó la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales, como indemnizaciones para los propietarios afectados, quiénes consideran que las cantidades que pretende pagar el gobierno por ese concepto son muy bajas y que no representan el valor comercial de las terrenos.
Como ustedes saben, los manifestantes marcharon armados con piedras, palos y machetes por varias horas hasta llegar a la ciudad de México, en donde el camino que pretendían seguir hacia el Zócalo se vio interrumpido por granaderos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, quienes les impidieron el paso pidiéndoles que dejaran sus armas antes de que pudieran continuar hacia su destino.
En consecuencia, se desataron una serie de hechos violentos, en los que hubo varios heridos, incluyendo a la sociedad que fue testigo y dio cuenta de la falta de responsabilidad por parte de las partes involucradas, al ejercer sus derechos o sus atribuciones, según sea el caso.
Es el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece el derecho que tiene toda persona de manifestar sus ideas, sin que sea molestado por ello, por alguna autoridad judicial o administrativa, sin embargo, no será de esa forma, en los casos en que se ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público.
La redacción del artículo mencionado en el párrafo anterior es muy clara, toda manifestación de ideas se debe realizar en forma pacífica y respetuosa de los derechos de terceros, para que quien pretenda manifestarse sea tratado con respeto y sean escuchadas sus ideas.
Por otro lado, en el artículo 9 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece que no se puede coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito, así como también que ninguna reunión armada tiene derecho de deliberar.
En la misma disposición se establece que no se considera ilegal y que no puede ser disuelta, una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta, mientras no se profieran injurias contra la autoridad, ni se hiciere uso de la violencia o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee.
Sin duda, el contingente de manifestantes de la comunidad de San Salvador Atenco, que el pasado 14 de noviembre se dirigía al centro de esta ciudad capital, no manifestó sus ideas como lo prescribe la Constitución, al atacar derechos de terceros y perturbar el orden público, asimismo se encontraban armados y pretendían llegar así, para ahí plantear sus exigencias.
Hechos que no se justifican, como tampoco, el comportamiento de las autoridades de Seguridad Pública del Distrito Federal, que al demostrar su incapacidad para mantener el diálogo y la negociación generó más violencia, y en vez de resolver un problema, lo incentivo aún más, es menester señalar que la irresponsabilidad del Gobierno del Distrito Federal, pudo terminar en tragedias y otros hechos más de imposible reparación, que perjudican no sólo a las partes involucradas, sino como ya se dijo, también a la sociedad.
Sin embargo, atendiendo a la responsabilidad de esta honorable Cámara y sin olvidar las reiteradas justificaciones de la pertinencia y conveniencia de construir el nuevo aeropuerto de la ciudad de México, en San Salvador Atenco, incluso las autoridades responsables del proyecto han comparecido a esta soberanía y los representantes populares que la componen han emitido sus opiniones y posicionamientos al respecto. Es de nombrarse que en dichos eventos han participado legisladores que representan los intereses del estado de México y del Distrito Federal, que mantuvieron en todo momento su responsabilidad legítima y democrática, con la propia nación.
En efecto, el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, como consecuencia de aquellas reuniones que ha sostenido con el Gobierno Federal, ha emitido una opinión en relación al proyecto, y entendemos, es una decisión técnica y socialmente sustentada y tomada.
Hoy es momento de que este Congreso y las autoridades del gobierno en los ámbitos de competencia federal, estatal y municipal hagan partícipes a todas aquéllas personas de San Salvador Atenco que de alguna manera cambiarán sus vidas con el proyecto del nuevo aeropuerto, y se les explique su inclusión al mismo.
Es tiempo ahora, no de inconformarse de algo que ya se discutió y sobre lo cual se emitieron las opiniones pertinentes, sino de ser propositivos, escuchando las observaciones y necesidades de la gente de San Salvador Atenco, a fin de que en caso de ser pertinente se incluyan en el proyecto.
De esta forma los gobiernos federal, estatal y municipal tendrían la oportunidad de explicar a todas las personas involucradas, cual será su participación, y la forma en que se verán beneficiados y las ventajas que derivan del aeropuerto.
Por lo anterior, y con fundamento en la Ley Orgánica y el Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados del grupo parlamentario del Parlido Acción Nacional que suscribimos, nos permitimos someter a la consideración del pleno de esta honorable Cámara, el siguiente punto de acuerdo, relativo a los hechos suscitados el día 14 de noviembre del 2001, en la ciudad de México entre los habitantes de la comunidad de San Salvador Atenco y los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal.
Punto de Acuerdo
Artículo Primero. Que las autoridades competentes garanticen el restablecimiento del Estado de Derecho en la población de San Salvador Atenco y las demás que formen parte del conflicto.
Artículo Segundo. Que se investiguen a fondo los sucesos violentos del día 14 de noviembre del corriente, y se informe a este Congreso.
Artículo Tercero. Se solicita a las autoridades del Distrito Federal garanticen la paz y la libertad de tránsito con estricto apego a derecho, fomentando el diálogo y la negociación para la resolución de conflictos.
Artículo Cuarto. Este Congreso convoca a las autoridades federales, estatales y municipales involucradas, relacionadas con la construcción del nuevo aeropuerto, a fin de formar un frente común de diálogo e inclusión en el proyecto a los habitantes de San Salvador Atenco, explicando sus beneficios e incluyendo sus propuestas, en caso de ser pertinentes.
Palacio Legislativo de San Lázaro,
a los 21 días del mes de noviembre de 2001.
Diputados: Raúl García Velázquez, Carlos A. Flores Gutiérrez, Daniel Ramírez del Valle, Juan Carlos Pallares Bueno, José María Rivera Cabello, Francisco Ramírez Cabrera (rúbrica).
(Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Noviembre 27 de 2001.)
CON PUNTO DE ACUERDO SOBRE LA INSTALACION DE UN MUSEO HISTORICO NAVAL, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JULIO CESAR LIZARRAGA LOPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, EN LA SESION DEL MARTES 27 DE NOVIEMBRE DE 2001
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, integrantes de la Comisión de Marina en la LVIII Legislatura federal, acordamos exponer al pleno de esta H. Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo, para que se instale el museo naval General José María Morelos y Pavón, al tenor de los siguientes:
Antecedentes
Los españoles exploraron el estado de Guerrero en 1522, cuando la zona costera estaba poblada por yopes, tepoxtecos y cuitlatecos, organizados en señoríos semiindependientes con estructuras ligadas a la cultura teotihuacana.
A su llegada, los españoles se percataron de la privilegiada ubicación geográfica de la bahía y se dieron a la tarea de convertirla en uno de los principales puertos de la Nueva España.
En 1532 se construyeron en Acapulco, por órdenes de Hernán Cortés, los primeros barcos para explorar los mares del sur. Alrededor de 1565 la corona española conquistó Las Filipinas, construyéndose Acapulco en el puerto de enlace de la ruta comercial Acapulco-Manila, conocida como el Galeón de Manila o Nao de la China, en donde se comercializaban marfiles tallados, porcelanas, especies, obras de arte y un sinnúmero de productos de oriente desconocidos en el nuevo mundo. El puerto adquirió tal importancia que hacia 1599 el rey Felipe II le confirió el título de ciudad.
En el esplendor del Virreinato de la Nueva España, durante el gran auge y desarrollo comercial que floreció en esta época y dadas las excelentes condiciones portuarias de la bahía de Acapulco, ésta se convirtió en el principal puerto marítimo del Pacífico, en virtud de que se comercializaba con diferentes partes del mundo y dada la cercanía del puerto con la capital de la colonia, el virrey Guadalcazar, ordenó el proyecto de la construcción del fuerte de San Diego a cargo del ingeniero holandés, Adrián Boot, a principios del siglo XVII, en aras que el gobierno colonial se percató de la necesidad de proteger la bahía de los reiterados ataques de los piratas ingleses y holandeses, actos que obstaculizaban el libre comercio y mermaban la economía del Virreinato.
Posteriormente, en el periodo del movimiento independentista, el principal objetivo de los insurgentes era neutralizar y dominar este puerto, en aras de la importancia económica mercantil y marítima que representaba para la colonia; así el Generalísimo José María Morelos y Pavón al mando de sus tropas atrincheró, hostigó y dominó el puerto hasta su control total en el año de 1813 mostrando un gran heroísmo por parte los acapulqueños y del resto del ejército insurgente; la misión: rescatar para México el fuerte de San Diego.
Conociendo la importancia que tiene en la formación de las nuevas generaciones de mexicanos el conocimiento de nuestra historia y tradiciones marinas, sabiendo el interés de la juventud en su conocimiento y asimilación de las mismas y considerando que el puerto de Acapulco ha sido el pilar esencial de nuestra Marina Nacional.
Los suscritos consideramos que la juventud mexicana, concretamente acapulqueña requiere de un centro histórico didáctico que perpetúe la memoria de los valores y tradiciones de la Marina Nacional, por lo cual propones la creación del museo histórico naval de Acapulco, ofreciendo para instalarse a bordo del buque "Durango", de la Armada de México, dicho buque ha llegado al término de su vida operativa y ha sido dado de baja de nuestra armada, destinado a su desguasamiento y posterior hundimiento en el mejor de los casos.
En tal virtud, y tomando en consideración la importancia histórica y cultural de este puerto, así como la aguerrida defensa del mismo, prestada por el Generalísimo don José María Morelos y Pavón, es el punto de vista del de la voz proponer que dicho museo lleve por nombre: "Buque Museo Naval General José María Morelos y Pavón", ya que es de considerar que nuestra Armada de México floreció a partir del momento de nuestra independencia, garantía y defensa de nuestra soberanía nacional; defensa que ha llegado, cuando ha sido necesario, hasta la ofrenda de la misma vida, como lo demuestran los diferentes hechos de armas, ya sea en alta mar, en las costas, playas y puertos mexicanos, sabiendo además el fortalecimiento que a lo largo de casi 200 años ha dado a nuestra nación la marina mercante mexicana, que desde los albores de nuestra independencia ha conectado a nuestra nación con los más diversos puertos y regiones del mundo, teniendo ampliamente reconocimiento desde entonces, la capacidad y profesionalismo de nuestros marinos mercantes mexicanos.
Con base en lo anterior, los legisladores firmantes del grupo parlamentario del PAN, integrantes de la Comisión de Marina proponemos el siguiente:
Punto de Acuerdo
1. Solicitar al Ejecutivo federal, la instalación a bordo de la unidad "Durango" de la Armada de México, el museo histórico "Buque Museo Naval General José María Morelos y Pavón".
2. Dicho museo naval se abocará a la descripción de nuestra historia naval, tanto militar como mercante.
3. Para el montaje, habilitamiento y acervo histórico del mencionado buque museo, se formará un comité integrado por: académicos en la materia, tanto de la Secretaría de Marina Armada de México, así como de las escuelas náuticas mercantes de la República, el Archivo General de la Nación, la UNAM, la Universidad Autónoma de Guerrero y sectores de la marina mercante interesados.
4. Para su mantenimiento y conservación dicho buque-museo, dependerá de la Zona Naval Militar de Acapulco.
5. Solicitar al Ejecutivo federal publique en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo correspondiente a la creación y equipamiento del buque-museo, "Buque Museo Naval General José María Morelos y Pavón".
6. Esta soberanía solicita al Ejecutivo federal informe su resolución referente al presente punto de acuerdo a este H. Congreso de la Unión.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en el mes de noviembre del año dos mil uno.
Así lo acordamos y firmamos:
Diputados: Julio César Lizárraga López, Patricio Reyes Roel, José Tomás Lozano y Pardinas (rúbricas)
(Turnada a la Comisión de Cultura, con opinión de la Comisión de Marina. Noviembre 27 de 2001.)
CON PUNTO DE ACUERDO PARA LA CREACION DE UNA COMISION ESPECIAL DE ESTUDIOS Y DESARROLLO METROPOLITANO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO RICARDO MORENO BASTIDA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DEL MARTES 27 DE NOVIEMBRE DE 2001
1. Antecedentes
La mayoría de regiones del país, a partir de mediados del siglo XX, se convirtieron predominantemente en zonas urbanas, por la atracción económica de las ciudades y por la falta de oportunidades de desarrollo en el campo.
Lo anterior trajo consigo la generación de zonas metropolitanas demarcadas por uno o más municipios o delegaciones políticas que pertenecen a una o más entidades federativas, en donde se localiza generalmente un centro de población principal con influencia económica, política y demográfica estatal o regional.
En la actualidad se encuentran identificadas 58 zonas conurbadas y en todas estas existen problemas de coordinación, lo que ha generado, se realicen diferentes tipos de encuentros o reuniones en donde legisladores e integrantes de los ayuntamientos proponen soluciones a los múltiples problemas que se generan, como ejemplos tenemos que:
Los días 6 y 7 de marzo del año 2001, se llevó a cabo el Primer Encuentro Legislativo entre la II Asamblea Legislativa del Distrito Federal y la LIV Legislatura del Estado de México, con el objeto común de proponer soluciones de carácter legislativo a la problemática que presenta la Zona Metropolitana del Valle de México, conformada por el Distrito Federal y 28 municipios conurbados.
En la declaración conjunta de ambos órganos legislativos, se asumió la imperiosa necesidad de promover la conformación de comisiones de Desarrollo Metropolitano, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, para fortalecer las acciones de coordinación de los gobiernos locales que inciden en la conformación de zonas metropolitanas en México, como es el caso de la Zona Metropolitana del Valle de México. Asimismo, impulsar una legislación metropolitana para fortalecer los mecanismos e instrumentos de coordinación metropolitana en el país.
2. Consideraciones
La distribución de la población mundial, enfrenta actualmente procesos crecientes de metropolización, en torno a las grandes y medianas ciudades, situación que se asocia a flujos migratorios tanto internacionales, como al interior de cada país, hoy día 7 de cada 10 habitantes residen en zonas urbanas.
Esta situación para el caso de México, ha detonado en las últimas décadas la conformación de cuando menos 58 zonas conurbadas, destacando entre ellas: la Zona Metropolitana del Valle de México, integrada por el Distrito Federal y al menos 28 municipios conurbados de estado de México, Guadalajara-Monterrey, Puebla-Tlaxcala, Torreón-Lerdo-Gómez Palacios, León y Tijuana, entre otros.
Para atender la problemática de la metropolización, los gobiernos municipales, estatales, del Distrito Federal y del Gobierno Federal, han impulsado en el pasado diversos mecanismos de coordinación metropolitana, los cuales han respondido al espíritu contenido en los artículos 115 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como a las disposiciones de la Ley Federal de Asentamientos Humanos, en lo referente a la reordenación de las zonas conurbadas.
En este orden de ideas, es evidentemente el ámbito de regulación previsto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su fracción VI, establece que cuando dos o más centro urbanos situados en territorios municipales de dos o más entidades federativas formen o tiendan a formar una continuidad demográfica, la federación, las entidades federativas y los municipios respectivos en el ámbito de su competencia, planearán y regularán de manera conjunta y coordinada el desarrollo de dichos centros con apego a la ley federal de la materia.
Por ende, esta disposición sustenta el marco de actuación.
La importancia del fenómeno de concentración urbana en donde viven más de 72 millones, frente a una población rural de cerca de 24 millones y medio de habitantes en todo el país, denota la importancia de las 58 zonas metropolitanas, así como de su complejidad, cabe mencionar que en la Zona Metropolitana del Valle de México, en la que residen 19.5 millones de habitantes (8.6 en el Distrito Federal y 10.9 en los municipios conurbados del Estado de México), plantea grandes retos para los gobiernos locales que en ella inciden, y para el propio Gobierno Federal.
Siguiendo el espíritu de lo previsto por el párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es responsabilidad de la nación el desarrollo equilibrado del país, el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana, así como el ordenamiento de los asentamientos humanos y la regulación del mejoramiento y crecimiento de los centro de población.
En términos de la fracción XXIX, inciso C), del artículo 73, de nuestra Carta Magna, el Congreso de la Unión está facultado para expedir las leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de los estados y de los municipios en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de asentamientos humanos, con objeto de cumplir los fines previstos en el párrafo tercero del artículo 27 de esta Constitución.
La interrelación de bienes y servicios plantea la necesidad de articular esquemas de coordinación y colaboración metropolitana en los más diversos ámbitos de la convivencia urbana, a partir de la institucionalización de mecanismos constituidos por los gobiernos municipales, estatales y del Distrito Federal, los cuales han respondido al espíritu contenido en los artículos 115 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Como ejemplo, cabe mencionar que las acciones de coordinación impulsadas por los gobiernos del Distrito Federal y del Estado de México, se han dado fundamentalmente en cuatro vías:
a) Comisión Ejecutiva de Coordinación Metropolitana. Creada mediante convenio de coordinación suscrito el 13 de marzo de 1998 y constituye la primera instancia de coordinación bilateral entre el Distrito Federal y el estado de México.
b) Comisiones Metropolitanas: 1. Transporte y Vialidad (Cometravi) creada el 27 de junio de 1994; 2. Asentamientos Humanos (Cometah) creada el 23 de junio de 1995; 3. Agua y Drenaje, creada el 27 de junio de 1994; 4. Ambiental (CAM), creada el 13 de septiembre de 1996; 5. Seguridad Pública y Procuración de Justicia, creada el 27 de junio de 1994 y reactivada el 6 de marzo de 2000; y 6. Protección Civil, creada el 6 de marzo de 2000.
Estas instancias son de carácter tripartita pues en cada una de ellas participa la Federación en términos de lo dispuesto por el apartado G del artículo 122, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Es de resaltarse que las zonas metropolitanas de Monterrey, Guadalajara y Tijuana, cuentan actualmente con órganos de coordinación semejantes.
c) Convenios de coordinación en áreas de interés común. Con base en las facultades que confieren los respectivos ordenamientos legales del Distrito Federal y del Estado de México, los titulares de sus Ejecutivos, han convenido, en su caso con la participación de las delegaciones y ayuntamientos, la firma de convenios de coordinación y colaboración en materia de interés común.
d) Homologación de ordenamientos legales en áreas determinadas. Los órganos Legislativos del Distrito Federal y del estado de México, han trabajado en tiempos recientes diversas iniciativas de reformas y adiciones a leyes en materias de interés común.
Debemos reconocer que los esfuerzos realizados a la fecha han sido significativos pero insuficientes, toda vez que el establecimiento de dichos mecanismos como la Comisión Ejecutiva de la Coordinación Metropolitana, creada en 1998 por los gobiernos del Distrito Federal y del estado de México; las Comisiones Metropolitanas creadas durante el periodo 1994-2000, por ambos gobiernos, con la participación del Ejecutivo federal; así como la creación de instancias similares que en su oportunidad fueron constituidas por los gobiernos estatales y municipales de Guadalajara y Monterrey, respectivamente.
En los Foros Regionales sobre Gobernabilidad y Metrópoli, organizados entre 1995 y 1996 por la Comisión de Asentamientos Humanos y Obras Públicas de la H. Cámara de Diputados de la LVI Legislatura, representantes de los diversos sectores expresaron sus puntos de vista sobre formas de gobierno y administración de las zonas metropolitanas, coincidiendo en la necesidad de impulsar una legislación metropolitana.
En el Primer Encuentro Legislativo entre la II Asamblea Legislativa del Distrito Federal y la LIV Legislatura del estado de México, se aprobó la declaración conjunta en la que los legisladores de ambas entidades, asumieron el compromiso de promover la integración de Comisiones de Desarrollo Metropolitano, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, del Congreso de la Unión, para fortalecer las acciones de coordinación de los gobiernos locales que inciden en la conformación de zonas metropolitanas en México. Asimismo, impulsar una legislación metropolitana para fortalecer los mecanismos e instrumentos de coordinación metropolitana en el país.
Por lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 65, 71 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos ponemos a su consideración el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero.- La H. Cámara de Diputados crea la Comisión Especial de Desarrollo y Estudios Metropolitanos, que cumplirá con las tareas previstas por la Ley Orgánica, y su Reglamento Interior, y tendrá entre otras, las siguientes funciones:
Formular estudios y propuestas en materia de legislación metropolitana, especialmente se abocará a la realización de las consultas con los tres órdenes de gobierno y las legislaturas de los estados para elaborar una Ley Reglamentaria de los artículos 27, párrafo tercero, 115 fracción VI, y 122, apartado G, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, impulsar la realización de estudios sobre desarrollo metropolitano; e impulsar propuestas para la asignación de presupuestos para el desarrollo de las zonas metropolitanas del país.
Segundo.- La Comisión se integrará con 21 diputados, entre los cuales deberá estar su presidente, adoptará sus resoluciones por mayoría de votos y ejercerá sus funciones hasta el final de la Legislatura
Tercero.- La junta de Coordinación Política pondrá a consideración del pleno la integración de la Comisión en la sesión inmediata siguiente a la aprobación de este punto de acuerdo.
Cuarto.- Se faculta a la Secretaría General de la Cámara de Diputados para proveer los recursos humanos, financieros y materiales, necesarios para la operación de la Comisión Especial de Desarrollo y Estudios Metropolitanos.
Dado en la residencia de la H. Cámara de Diputados, LVIII Legislatura, Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de noviembre de 2001.
Diputados: Ricardo Moreno Bastida (PRD), José Manuel del Río Virgen (CDPPN), Esther López Cruz (PRI), Ma. Teodora Elba Arrieta Pérez (PRI), Alejandro Gómez Olvera (PRD), Raquel Cortés López (PRD), Uuc-kib Espadas Ancona (PRD), Alfonso O. Elías Cardona (PRD), Rosalía Peredo Aguilar (PT), Jaime Cervantes Rivera (PT), Juan Carlos Regis Adame (PT), Rosa Delia Cota Montaño (PT), Beatriz Patricia Lorenzo Juárez (PAS), Alfredo Hernández Raigosa (PRD).
(Turnada a la Junta de Coordinación Política. Noviembre 27 de 2001.)
CON PUNTO DE ACUERDO A FIN DE QUE EL 1% DEL RAMO 33 DEL PRESUPUESTO SEA ENTREGADO A LOS PODERES JUDICIALES LOCALES, PRESENTADO POR EL DIPUTADO LUIS MIGUEL BARBOSA HUERTA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DEL MARTES 27 DE NOVIEMBRE DE 2001
Unico.- La H. Cámara de Diputados acuerda que el uno por ciento del monto del Ramo 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación (de aportaciones a entidades federativas y municipios), sea entregado a los gobiernos estatales, en proporción directa de su número de habitantes, para incrementar el Presupuesto de Egresos de los poderes judiciales locales.
México, DF, a 27 de noviembre de 2001.
Atentamente
Dip. Luis Miguel Barbosa Huerta (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con opinión de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Noviembre 27 de 2001.)
Convocatorias
DE LA COMISION DE ASUNTOS INDIGENAS
A su reunión de trabajo con el senador Carlos Rojas Gutiérrez, Presidente de la Comisión de Desarrollo Regional, que se realizará el miércoles 28 de noviembre, a las 8:30 horas, en las oficinas de la Comisión, edificio D, cuarto nivel.
Atentamente
Dip. Héctor Sánchez López
Presidente
DE LA COMISION DE CULTURA
A su reunión de trabajo, que se efectuará el miércoles 28 de noviembre, a las 8:30 horas, en el salón C del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. José Manuel Correa Ceseña
Presidente
DE LA COMISION DE SEGURIDAD SOCIAL
A la reunión de su Junta Directiva, el miércoles 28 de noviembre, a las 8:30 horas, en el salón F del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Cuauhtémoc Montero Esquivel
Presidente
DEL COMITE DEL CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES Y DE OPINION PUBLICA
A su reunión de trabajo con el jurado que seleccionará al personal del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, el miércoles 28 de noviembre, a las 9 horas.
Atentamente
Dip. José Antonio Hernández Fraguas
Presidente
DE LA COMISION ESPECIAL DE LA AGROINDUSTRIA AZUCARERA DE MEXICO
A su reunión ordinaria de trabajo, el miércoles 28 de noviembre, a las 9 horas, en el salón D del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Francisco Castro González
Presidente
DE LA COMISION DE SALUD
A la undécima reunión de trabajo de la Primera Subcomisión de Salud (Administración de Salud), que se llevará a cabo el miércoles 28 de noviembre, a las 9:30 horas, en el salón A del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. María de las Nieves García Fernández
Coordinadora de la Subcomisión
DE LA COMISION DE JUVENTUD DEPORTE
A su reunión plenaria, que se realizará el miércoles 28 de noviembre, a las 10 horas, en el salón C del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Arturo Escobar y Vega
Presidente
DE LA COMISION DE SALUD
A la reunión de trabajo de la Segunda Subcomisión de Salud (Medicina Preventiva o Prevención Primaria), que se efectuará el miércoles 28 de noviembre, a las 11 horas, en el salón A del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Manuel Wistano Orozco Garza
Coordinador de la Subcomisión
DE LA COMISION DE SALUD
A la reunión de trabajo de la Subcomisión Especial de Salud (de Análisis al Presupuesto del Sector Salud), que se realizará el miércoles 28 de noviembre, a las 12 horas, en el salón A del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Samuel Aguilar Solís
Coordinador de la Subcomisión
DE LA COMISION DE RECURSOS HIDRAULICOS
A su reunión de trabajo, el miércoles 28 de noviembre, a las 13 horas, en los salones 3 y 4 del edificio B, planta baja.
Orden del Día
1. Lista de asistencia.
2. Presentación y bienvenida de los asistentes.
3. Presentación del Programa Nacional Forestal, y los recursos necesarios para su implementación.
4. Comentarios generales.
5. Clausura.
Atentamente
Dip. Jesús Burgos Pinto
Presidente
DE LA COMISION DE SALUD
A su decimoquinta sesión plenaria, que se efectuará el miércoles 28 de noviembre, a las 14 horas, en el salón D del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
1. Registro de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.
3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior.
4. Intervención de los siguientes funcionarios, para tratar el tema del Presupuesto de Egresos del sector salud:
- Dr. Julio Frenk Mora, secretario de Salud.
- Lic. Ma. Eugenia de León May, subsecretaria de Administración y Finanzas.
- Dr. Roberto Castañón Romo, subsecretario de Relaciones Institucionales.
- Dr. Eduardo González Pier, coordinador de Planeación Estratégica.
- Dr. Miguel Angel Lezama, coordinador de asesores del secretario.
- Mtro. Roberto Fernández Sepúlveda, coordinador de Enlace con el Poder Legislativo y Participación Ciudadana.
- Lic. Pedro Vázquez Colmenares, subdirector general de Finanzas.
- Dra. Elsa Carolina Rojas, subdirectora general Médico.
- Dr. Gabriel Martínez Martínez, director de Planeación y Finanzas.
- Lic. José Antonio Alvarado Ramírez, director de Afiliación y Cobranza.
- Lic. Jorge Estefan Chidiac, coordinador de asesores del director general.
- Lic. Espiridión Sánchez López, enlace con la Cámara de Diputados.
- Lic. América Soto López, asesora del director general.
5. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de los anteproyectos de dictamen.
6. Asuntos generales.
Atentamente
Dip. Ma. Eugenia Galván Antillón
Presidenta
DE LA COMISION DE VIVIENDA
A la reunión de su Mesa Directiva, el miércoles 28 de noviembre, a las 14 horas, en las oficinas de la Comisión.
Atentamente
Dip. José Marcos Aguilar Moreno
Presidente
DE LA COMISION DE ASUNTOS INDIGENAS
A su reunión extraordinaria con la Ing. Xóchitl Gálvez Ruiz, coordinadora para el Desarrollo de los Pueblos Indios, y el antropólogo Marcos Matías Alonso, director general del Instituto Nacional Indigenista, el miércoles 28 de noviembre, a las 15 horas, en las oficinas de la Comisión.
Atentamente
Dip. Héctor Sánchez López
Presidente
DE LA COMISION DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES
A la reunión de trabajo de la Subcomisión de Discapacidad, que se realizará el miércoles 28 de noviembre, a las 15 horas, en el salón F del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
1. Lista de asistencia.
2. Lectura del acta anterior.
3. Revisión del trabajo sobre los proyectos de las excitativas.
4. Avances de los trabajos de la Subcomisión.
5. Asuntos generales.
Atentamente
Dip. Enrique Adolfo Villa Preciado
Coordinador de la Subcomisión
DE LA COMISION DE DESARROLLO SOCIAL
A su reunión plenaria, que se efectuará el miércoles 28 de noviembre, a las 15 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
Lista de asistencia y declaración de quórum.
Presentación del proyecto de Presupuesto en el área de desarrollo social por parte del licenciado Isaac Rojkind Orleansky, director general de Eficiencia de Programas de Desarrollo Social.
Asuntos generales.
Atentamente
Dip. Francisco Javier Cantú Torres
Presidente
DE LA COMISION DE VIVIENDA
A su reunión plenaria, que se realizará el miércoles 28 de noviembre, a las 16 horas, en la zona C del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
1. Lista de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior.
4. Reporte de los Foros Nacionales de Consulta Pública, "La vivienda, realidades y perspectivas", entrega de conclusiones.
5. Reporte de la primera reunión plenaria del Consejo Nacional de Vivienda.
6. Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio 2001-2006.
7. Análisis de las iniciativas de ley de los artículos 44 y 46 de la Ley del Infonavit.
8. Trabajo de las subcomisiones.
9. Asuntos generales.
10. Clausura de la sesión.
Atentamente
Dip. José Marcos Aguilar Moreno
Presidente
DE LA COMISION DE RADIO, TELEVISION Y CINEMATOGRAFIA
A su reunión de trabajo, que se llevará a cabo el miércoles 28 de noviembre, a las 17 horas, en el salón de usos múltiples del edificio D, planta baja.
Orden del Día
1. Lista de asistencia.
2. Declaración de quórum.
3. Lectura del proyecto de dictamen a las iniciativas de reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión y Ley General de Salud elaborado por la Subcomisión de Dictamen de la Comisión de RTC.
4. Comentarios al proyecto de dictamen de las siguientes personalidades:
- Lic. Raúl Moriega Hernández, director de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, SSA.
- Mtro. Luis Berruecos, especialista en el tema de adicciones y académico de la UAM.
5. Comentarios de los CC. diputados.
6. Asuntos generales.
Atentamente
Dip. Lionel Funes Díaz
Presidente
DEL COMITE DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS FINANZAS PUBLICAS Y LAS COMISIONES DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA, Y DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Al foro Perspectivas Económicas para 2002, que tendrá verificativo el miércoles 28 de noviembre, de las 17:15 a las 20:15 horas, en el salón Legisladores de la República, edificio A, segundo nivel, sito en avenida Congreso de la Unión número 66, colonia El Parque, CP 15969, delegación Venustiano Carranza, México, DF.
Programa
17:15 a 17:30: Bienvenida y presentación de los conferencistas.
17:30 a 17:50: Un entorno de incertidumbre:
La situación internacional después del 11 de septiembre
Lic. Antonio Castro, director general del CAPEM, Centro de Análisis y Proyecciones Económicas para México.
17:50 a 18:00: Comentarios:
Dr. Raúl Livas, socio consultor de GEA, Grupo de Economistas y Asociados.
18:00 a 18:15: Sesión de preguntas y respuestas.
18:15 a 18:35: Perspectivas económicas para 2002:
La situación nacional
Lic. Raymundo Winkler, director de Consejo Coordinador Empresarial.
18:35 a 18:45: Comentarios:
Dr. León Bendesky, socio director del SIREM, Sistema de Información Regional de México.
18:45 a 19:00: Sesión de preguntas y respuestas.
19:00 a 19:15: Receso.
19:15 a 19:35: Perspectiva del Banco de México:
Lic. Everardo Elizondo Almaguer, subgobernador del Banco de México.
19:35 a 19:45: Comentarios:
Mtra. Raúl Feliz, catedrático investigador de la División de Economía CIDE.
19:45 a 20:00: Sesión de preguntas y respuestas.
20:00 a 20:15: Clausura.
Atentamente
Dip. Moisés Alcalde Virgen
Presidente del Comité del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE CIENCIA Y TECNOLOGIA Y DE EDUCACION PUBLICA Y SERVICIOS EDUCATIVOS
A su reunión con miembros del Consejo de la Anuies, el miércoles 28 de noviembre, a las 18 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
1. Mensaje de los Presidentes de la Comisiones de Ciencia y Tecnología y Educación.
2. Exposición del Presidente de la ANUIES, Mtro. Jorge Luis Ibarra Mendívil.
3. Sesión de preguntas y respuestas.
Atentamente
Dip. Silvia Alvarez Bruneliere
Presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología
Dip. Enrique Meléndez Pérez
Presidente de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos
DE LA COMISION DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
A su reunión de trabajo, que se efectuará el miércoles 28 de noviembre, a las 18 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. José Elías Romero Apis
Presidente
DE LA COMISION DE SEGURIDAD SOCIAL
A su reunión ordinaria, que se llevará a cabo el jueves 29 de noviembre, a las 8:30 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
1. Registro de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión de la Comisión celebrada el día 24 de octubre.
4. Recepción y análisis de iniciativas pendientes de trámite.
5. Comunicación del Consejo Nacional de Alianza Democrática de Jubilados y Pensionados del ISSSTE, zona oriente.
6. Asuntos generales.
7. Clausura de la reunión.
Atentamente
Dip. Cuauhtémoc Montero Esquivel
Presidente
DE LA COMISION DE TURISMO
A la reunión de su Junta Directiva, el jueves 29 de noviembre, a las 9 horas, en las oficinas de la Comisión.
Atentamente
Dip. Ernesto Rodríguez Escalona
Presidente
DE LA COMISION ESPECIAL DE GANADERIA
A su reunión de trabajo, que se realizará el jueves 29 de noviembre, a las 15 horas, en la zona C del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
1. Lista de asistencia.
2. Lectura del acta anterior.
3. Análisis de la problemática de los puntos de verificación de productos cárnicos en territorio nacional.
4. Análisis del programa de apoyo a productores lecheros.
5. Evaluación de apoyos a rastros TIF, en sacrificios de puercos y reses.
6. Revisión de posibilidad de gravar las importaciones de pastas de ave y trozos de pavo.
7. Asuntos generales.
8. Clausura de la sesión
Atentamente
Dip. Arturo B. de la Garza Tijerina
Presidente
DE LA COMISION DE DESARROLLO SOCIAL
A la reunión de trabajo de la Subcomisión de Análisis Legislativo, el jueves 29 de noviembre, a las 15 horas, en el salón A del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
1. Lista de asistencia y declaración de quórum.
2. Validacion del dictamen del punto de acuerdo de la Comisión de Desarrollo Social con proyecto de dictamen al punto de acuerdo para que se exhorte a la Secretaría de Gobernación a fin de que se declare zona de desastre por sequía al estado de Guanajuato, y se informe a la Cámara de Diputados las acciones realizadas al respecto.
3. Validacion del dictamen del punto de acuerdo de la Comisión de Desarrollo Social y de Presupuesto y Cuenta Pública con proyecto de dictamen al punto de acuerdo para que el gobierno federal adopte medidas emergentes ante el inminente colapso, y establezca un programa laboral de emergencia para los trabajadores del campo.
4. Asuntos generales.
Atentamente
Dip. Francisco J. Cantú Torres
Presidente
DE LA COMISION DE RADIO, TELEVISION Y CINEMATOGRAFIA
A su reunión de trabajo, el jueves 29 de noviembre, a las 15 horas, en el salón D del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
1. Lista de asistencia.
2. Declaración de quórum.
3. Lectura del proyecto de dictamen a las iniciativas de reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión y Ley General de Salud, elaborados por la Subcomisión de Dictamen de la Comisión de RTC.
4. Comentarios al proyecto de dictamen de las siguientes agrupaciones:
- Federación Mexicana de Futbol.
- Asociación de Futbolistas Profesionales.
- Asociación de Equipos Profesionales de Beisbol.
- Consejo Mundial de Lucha Libre.
- Apoderado Nueva Arena México.
5. Comentarios de los C. diputados.
6. Asuntos generales.
Atentamente
Dip. Lionel Funes Díaz
Presidente
DE LA COMISION DE PARTICIPACION CIUDADANA
A su reunión plenaria, que se realizará el jueves 29 de noviembre, a las 17 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Miguel Gutiérrez Hernández
Presidente
DE LAS COMISIONES DE COMUNICACIONES, Y DE TRANSPORTES
A la primera mesa de trabajo con el objeto de conformar propuestas para la mejora de los servicios aeroportuarios, que tendrá verificativo el viernes 30 de noviembre, a partir de las 9 horas, en el hotel Casa Grande del aeropuerto Miguel Hidalgo de Guadalajara, Jalisco.
Orden del Día
9:00: Desayuno.
9:45: Bienvenida.
10:00: Exposiciones:
- Consejo de Cámaras.
- Gobierno de Jalisco.
- GAP.
- ASA.
- Subsecretaría.
12:00: Receso.
12:30: Conclusiones.
12:45: Propuestas.
13:00: Compromisos.
13:15: Clausura.
Atentamente
Dip. José de Jesús Orozco Alfaro
Presidente de la Comisión de Comunicaciones
Dip. Juan Manuel Duarte Dávila
Presidente de la Comisión de Transportes
DE LA COMISION DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES
Al foro nacional con motivo del Día Internacional para las Personas con Discapacidad, referente al Convenio 159 de la OIT "Compromisos con México", que se llevará a cabo el lunes 3 de diciembre, de las 8:30 a las 13:30 horas, en el salón Legisladores de la República (salón Verde), en el cual estarán como invitados especiales el Sr. Javier González Olaechea, director adjunto de la OIT; Ing. Víctor Hugo Flores Higuera, director de la Oficina para la Promoción e Integración para las Personas con Discapacidad de la Presidencia de la República; Lic. Carlos Abascal, secretario de Trabajo y Previsión Social; Dr. Reyes Tamez, secretario de Educación Pública; Dr. Julio Frenk Mora, secretario de Salud, y Profr. Nelson Vargas, presidente de la Comisión Nacional del Deporte.
Programa del foro nacional
"Compromisos por México"
8:30 Registro.
9:00 Intervención de la Presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, diputada Arcelia Arredondo García.
9:10 Intervención del director de la Oficina de Area para Cuba, Haití y México de la OIT, Sr. Javier González Olaechea.
9:20 Intervención del jefe de la Oficina de Representación para la Promoción e Integración Social para Personas con Discapacidad, Ing. Víctor Hugo Flores Higuera.
9:30 Intervención del secretario de Trabajo, Lic. Carlos María Abascal Carranza.
9:40 Intervención del secretario de Educación Pública, Dr. Reyes Tamez Guerra.
9:50 Intervención del secretario de Salud, Dr. Julio Frenk Mora.
10:00 Intervención del presidente de la Comisión Nacional del Deporte, Profr. Nelson Vargas Basañes.
10:10 Inauguración del foro a cargo de la Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, diputada Beatriz Paredes Rangel.
10:20 Firma de compromisos.
10:30 Inauguración de las exposiciones fotográfica y pictórica.
10:40 Ponencia magistral, Sr. Mario Hugo Rosal García, especialista en formación profesional del equipo técnico multidisciplinario de la OIT.
11:10 Ponencial magistral CP José Mario Garza Benavides, subsecretario de Capacitación, Productividad y empleo de la STPS.
11:40 Receso.
12:00 Ponencia magistral, Lic. Francisco Cisneros Rivero, director de Programas Institucionales de la Oficina de Representación para la Promoción e Integración Social para Personas con Discapacidad.
12:30 Ponencia magistral, Mtro. Lorenzo Gómez Morín Fuentes, subsecretario de la SEP.
13:00 Conclusiones diputado Enrique Villa Preciado, coordinador de la Subcomisión de Discapacidad.
Atentamente
Dip. Arcelia Arredondo García
Presidenta
DE LA COMISION DE RADIO, TELEVISION Y CINEMATOGRAFIA
A su reunión de trabajo, que se efectuará el martes 4 de diciembre, a las 17 horas, en las instalaciones de Notimex, ubicadas en calle Morena número 110, colonia del Valle, CP 03100, delegación Benito Juárez.
Orden del Día
17:00-18:00 horas: Encuentro con los directivos de Notimex, en las oficinas de la Dirección General. Presentación del plan maestro para la agencia.
18:10 horas: Recorrido por las instalaciones del edificio central de Notimex.
Atentamente
Dip. Lionel Funes Díaz
Presidente
DE LA COMISION DE RADIO, TELEVISION Y CINEMATOGRAFIA
A su reunión de trabajo, que se llevará a cabo el jueves 6 de diciembre, a las 17 horas, en las instalaciones del Instituto Mexicano de la Radio (IMER), ubicadas en Mayorazgo número 83, colonia Xoco, CP 03330.
Orden del Día
1. Presentación del orden del día e introducción a la reunión por parte del CP Carlos Lara Sumano, director general del IMER.
2. Exposición de cada uno de los directores del IMER.
3. Exposición de los proyectos prioritarios del IMER, por parte del CP Carlos Lara Sumano.
4. Situación financiera del organismo.
5. Requerimientos presupuestales.
6. Sesión de preguntas y respuestas.
Atentamente
Dip. Lionel Funes Díaz
Presidente
DE LA COMISION DE TRANSPORTES
A la visita de la Subcomisión de Puertos y Transporte Marítimo, al Puerto de Altamira, Tamaulipas, que tendrá verificativo los días jueves 6, viernes 7 y sábado 8 de diciembre.
Orden del Día
Primer día (jueves 6 de diciembre)
19:00 horas:
Cocktail de bienvenida.
Segundo día (viernes 7 de diciembre)
8:00 a 9:00 horas:
Desayuno, en el hotel Mansión Real de Altamira.
9:00 a 9:15 horas:
Traslado a las oficinas de la API de Altamira, salón de usos múltiples.
9:15 a 11:00 horas:
Bienvenida.
Presentación de Puerto de Altamira por el director general de la Administración Portuaria Integral de Altamira, SA de CV, Ing. Pablo Medina Zamora.
Preguntas y Respuestas
11:00 a 12:30 horas:
Recorrido por las instalaciones de puerto Altamira, incluyendo visita al Centro de Control de Tráfico Marítimo.
Regreso a las oficinas de la API, salón de usos múltiples.
12:30 a 14:00 horas:
Primera sesión de trabajo
Desarrollo sustentable del sector marítimo y portuario
Planeación estratégica en la operación y administración de las APIs federales.
- Expositor: Lic. Jesús Suberza, de la CGP y MM.
Especialización y complementariedad de los puertos. Subsistema Golfo y Pacífico.
- Expositor: Ing. Salvador Sánchez Garza, presidente de la Asociación Portuaria de Altamira, AC.
Impulso a la marina mercante: cabotaje.
- Expositor Capt. de Alt. Gerardo Sánchez Shutz, consejero de la Cametram, Cámara Mexicana de la Industria del Transporte Marítimo.
Modificaciones necesarias a las leyes de Puertos y de Navegación.
- Expositor: CP Enrique de Hita Yibale, presidente del Consejo de Administración de Altamira Terminal Multimodal.
Preguntas y Respuestas.
14:00 a 16:30 horas: Comida, restaurante Nudo Marino.
16:30 horas: Regreso a las oficinas de la API, salón de usos múltiples.
16:30 a 18:00 horas:
Segunda sesión de trabajo.
Vinculación puerto-ciudad
Nueva visión de la CGP y MM en la vinculación puerto-ciudad.
Comisión Consultiva.
- Expositor: Lic. Felipe Pearl Zorrilla, director del Grupo Tampico y miembro del Grupo Promotor y Comisión Consultiva de Puerto Altamira.
Sistema de Gestión Ambiental de la API de Altamira.
- Expositor: Ing. José Luis Díaz Covarrubias, gerente de Operaciones de la API de Altamira.
Apoyo necesario por parte de los municipios y gobierno estatal para la adecuada operación de los puertos.
- Expositor: Ing. Sergio Carrillo Estrada, alcalde de Altamira.
Preguntas y Respuestas.
20:00 horas:
Cena. Restaurante Juana Cata del hotel Maeva Miramar.
Tercer día (sábado 8 de diciembre)
8:00 a 9:00 horas:
Desayuno, en el hotel Mansión Real de Altamira.
9:00 a 9:15 horas:
Traslado a las oficinas de la API de Altamira, salón de usos múltiples.
9:30 a 10:30 horas:
Tercera sesión de trabajo
Mecanismos de apoyo necesarios para el desarrollo de los puertos
Modificaciones a la Ley Aduanera.
Revisiones expeditas a las mercancías, en coordinación con la PGR.
- Expositor: Sr. Luis Moreno Gutiérrez, presidente de la Asociación de Agentes Aduanales de Tampico y Altamira.
Posibilidad de crear "zonas libres" en los puertos para fomentar actividades de valor agregado y centros de distribución.
- Expositor. Lic. Diego Alonso Hinojosa Canseco, gerente de la agencia aduanal D.A. Hinojosa.
10:30 a 11:00 horas:
Conferencia de prensa.
11:00 a 12:00:
Se reanuda tercera sesión de trabajo.
Mecanismos de apoyo necesarios para el desarrollo de los puertos.
Necesidad de mejorar los enlaces con las áreas de influencia de los puertos.
Problemática ferroviaria.
- Expositor. Lic. Arturo López Riestra, director general de Altamira Terminal Portuaria.
Requerimientos de enlaces con las áreas de influencia de los puertos.
- Expositor. Ing. Jaime Organista Barba, presidente del Consejo de Instituciones Empresariales del Sur de Tamaulipas, CIEST.
Necesidad de contar con una política industrial que impulse las ventajas competitivas de los puertos.
- Expositor. Ing. Pablo Medina Zamora, director general de la Administación Portuaria Integral de Altamira, SA de CV.
12:00 a 13:00 horas:
Conclusiones de la visita. Diputados federales de la Comisión de Transporte.
13:30 horas:
Comida de despedida.
Atentamente
Dip. Juan Manuel Duarte Dávila
Presidente
DE LA COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
A los secretarios técnicos, secretarios particulares y asistentes de los CC. diputados, al Seminario Taller sobre Agua y Desarrollo Sustentable, que se está llevando a cabo los días miércoles de las 9:30 a las 12 horas.
Atentamente
Dip. Diego Cobo Terrazas
Presidente
