Iniciativas
DE REFORMA AL ARTICULO 100 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO CESAR AUGUSTO SANTIAGO RAMIREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA SESION DEL JUEVES 15 DE NOVIEMBRE DE 2001
Honorable Cámara de Diputados:
El que suscribe diputado César Augusto Santiago Ramírez del grupo parlamentario del PRI de la H. LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con apoyo en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento a su consideración la siguiente Iniciativa con proyecto de Decreto para reformar el artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que se asigne un porcentaje presupuestal mínimo al Poder Judicial de la Federación, bajo la siguiente:
Exposición de Motivos
El principio de la división de poderes es parte integrante y característica esencial de todo Estado de Derecho. Este principio consagrado en el artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el ejercicio del Poder de la Federación está dividido en los poderes constituidos. La importancia que este principio ha representado a lo largo de la historia es tal, que desde Aristóteles se ha venido desarrollando dicha teoría y va encaminada a la búsqueda de una libertad política la cual sólo será posible si se logra la limitación entre un poder y otro; es decir, no puede haber predominio de un poder sobre otro (Montesquieu), la principal preocupación va dirigida a la búsqueda del equilibrio de los poderes, más que a la separación de los mismos.
En nuestro país, la evolución que han tenido los Poderes no ha sido similar. La supremacía que el Ejecutivo llegó a tener frente al Legislativo y al Judicial se ha tratado de revertir a través de diversas reformas, mediante las cuales se ha buscado disminuir la continua concentración de facultades en el Ejecutivo. Por lo que respecta al Poder Judicial las reformas han afectado más bien su estructura y no propiamente sus relaciones con los otros poderes.
Sin embargo, si bien las recientes reformas constitucionales han modificado la estructura del Poder Judicial de la Federación, ha quedado pendiente modernizar sus relaciones financieras con los otros Poderes de la Unión pues, en las condiciones actuales, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sólo contempla la posibilidad de que dicho Poder formule sus proyectos de presupuesto, sin que se consigne de manera expresa la facultad para defender sus propuestas frente a los Poderes Ejecutivo (que tiene a su cargo la concentración de los proyectos de presupuesto) y del Poder Legislativo (cuya Cámara de Diputados tiene en exclusiva la potestad de aprobar el presupuesto de egresos); esto es, se deja a uno de los Poderes de la Unión a merced de las determinaciones y decisiones que puedan llegar a tomar los otros dos Poderes.
En un verdadero Estado Democrático tal situación no puede prevalecer, porque es contraria al principio de equilibrio de poderes, que es lo que garantiza realmente un adecuado ejercicio de la función pública. Las relaciones entre los poderes en un Estado Democrático, y por lo que atañe al aspecto financiero, se deben desarrollar sobre tres ejes, a saber: los ingresos, los egresos y la rendición de cuentas.
En el caso del Poder Judicial de la Federación, como se dijo, sólo se le ha conferido la facultad de formular su presupuesto de egresos, pero queda sujeto a la aprobación del presupuesto federal y, como consecuencia, a la determinación de los ingresos que otro órgano le asigne; y a la rendición de cuentas que corresponde a todo aquél que ejerce un gasto público. Lo anterior pone de relieve que, en el aspecto financiero, el Poder Judicial de la Federación se encuentra sujeto a los otros dos Poderes.
La independencia financiera del Poder Judicial es un presupuesto indispensable para salvaguardar al máximo la imparcialidad y la objetividad en la administración de justicia, por lo que es conveniente establecerla constitucionalmente, sin que esto represente algo inusitado.
Lo anterior es así, porque en el ámbito internacional existen diversos países que han salvaguardado ya la autonomía financiera de los Poderes Judiciales, mediante el establecimiento de porcentajes fijos en sus Constituciones, tales son los casos de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, etcétera; e incluso, la VI Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Justicia ha concluido también en que es necesario que los Poderes Judiciales de todos los países tengan asegurado en sus Constituciones, un porcentaje mínimo del presupuesto de egresos, porque con ello se preserva la autonomía y el equilibrio de los Poderes.
Nuestro país también ha adoptado dicho criterio, puesto que algunos Estados como Baja California, Jalisco y Guerrero, entre otros, han asignado porcentajes fijos para sus Poderes Judiciales.
Con base en lo anterior, es pertinente proponer que al Poder Judicial de la Federación se le asigne, constitucionalmente, un porcentaje mínimo del Presupuesto de Egresos que le permita cumplir adecuadamente con su función. Los argumentos para establecerlo radican en que esa certidumbre presupuestal le permitirá: responder a la demanda social de justicia; sufragar sus gastos de financiamiento ordinario; cumplir los programas de modernización judicial; vincular los procesos de planeación y de crecimiento de los órganos jurisdiccionales sobre una base cierta; y garantizar que se alcancen los objetivos planteados.
El porcentaje que se propone es de un 2.5 % del gasto programable como mínimo del Presupuesto de Egresos de la Federación, sin que la cantidad resultante pueda ser disminuida en un ejercicio posterior, salvo causas graves y debidamente justificadas, lo que brindará al Poder Judicial de la Federación certeza y autonomía.
Lo primero -certeza- porque conociendo de antemano cuál será su asignación mínima presupuestal, podrá planear adecuadamente sus gastos; y lo segundo, porque no se verá en la necesidad de cabildear con los diversos grupos parlamentarios la aprobación de su presupuesto.
En este punto es conveniente señalar que el porcentaje señalado es del 2.5% del gasto programable del Presupuesto de Egresos, en virtud de que al tener esta referencia (el gasto programable) se tiene un elemento cierto para ubicar el monto de ese porcentaje, es decir, no se atiende a los gastos contingentes que son considerados también en dicho presupuesto. La suma citada del 2.5% como mínimo se estima adecuada, si se considera cómo ha evolucionado la participación del Poder Judicial en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Así, tenemos las siguientes gráficas:
Como se puede advertir de las gráficas anteriores, el porcentaje asignado al Poder Judicial para el ejercicio presupuestal 2001 representa el 1.01% del Presupuesto de Egresos de la Federación, cantidad que resulta insuficiente si se toma en consideración, por ejemplo, que el Poder Judicial de la Federación contemplaba para 2001 la instalación de sesenta órganos jurisdiccionales nuevos y que el presupuesto que le fue autorizado sólo permitiría instalar treinta de ellos. Al respecto debe tomarse en cuenta, además, que gran parte del presupuesto del Poder Judicial de la Federación se eroga en sueldos y salarios porque su actividad requiere, indefectiblemente, de la participación de personal especializado.
El porcentaje citado se estima justo y apropiado si se comparan las sumas asignadas al Poder Judicial de la Federación, con algunas dependencias del Ejecutivo Federal vinculadas también a la seguridad pública y la justicia.
Las gráficas anteriores demuestran el trato injustificado e inequitativo que se ha dado al Poder Judicial en la asignación de recursos.
La asignación de este presupuesto fijo como mínimo, por otro lado, no agotaría por sí solo la salvaguarda de la autonomía financiera del Poder Judicial; por ello, a la par, en esta iniciativa se propone también señalar que el Poder Judicial goza de autonomía presupuestaria lo que -entiéndase bien- no significa discrecionalidad en el gasto, ni la ausencia de rendición de cuentas, sino sólo el reconocimiento de su autonomía financiera como sustento de su plena independencia.
En congruencia con lo anterior, también se propone despejar cualquier duda en torno de que el Ejecutivo Federal y, desde luego sus dependencias, carecen de facultades legales para modificar el proyecto de presupuesto que reciban del Poder Judicial de la Federación, porque esta atribución es exclusiva de la Cámara de Diputados.
Evidentemente la existencia de ese derecho a un porcentaje mínimo lleva aparejada una obligación, pues se pretende también en esta propuesta que cuando los recursos asignados en aplicación de ese porcentaje no sean ejercidos deberán ser concentrados en la Tesorería de la Federación, atendiendo al principio de unidad de caja.
Como otro derecho se establece también que el Poder Judicial de la Federación sea escuchado cuando circunstancias de carácter grave y extraordinario justifiquen la disminución de un presupuesto de egresos ya aprobado, a efecto de que sea ese Poder quien pueda señalar los rubros sobre los que el órgano legislativo determine la reducción.
Como conclusión, cabe decir que a los legisladores compete la elevada atribución de crear y adecuar las normas jurídicas, así las que rigen las relaciones de los particulares como aquéllas que regulan el desempeño y la actuación de los Poderes Públicos; y, en el ejercicio responsable de esa función, también les corresponde regular el correcto equilibrio entre aquéllos en quienes se deposita el Supremo Poder de la Federación.
Por ello, esta Iniciativa tiene como propósito consignar en el texto de la Constitución Federal, un porcentaje mínimo de participación del Poder Judicial en el Presupuesto de Egresos de la Federación, y se somete a la consideración de esta Soberanía, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los siguientes términos:
Iniciativa de decreto que reforma el párrafo décimo del artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Unico. Se reforma el párrafo décimo del artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 100. ...
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...
...
...
...
...
La Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación corresponde a su Presidente. La Suprema Corte de Justicia elaborará su propio presupuesto y el Consejo de la Judicatura Federal lo hará para el resto del Poder Judicial de la Federación, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo séptimo del artículo 99 de esta Constitución. Los presupuestos así elaborados serán remitidos por el Presidente de la Suprema Corte para su inclusión en el Presupuesto de Egresos de la Federación; el Ejecutivo Federal no podrá modificarlos. El Poder Judicial es autónomo en el manejo de su presupuesto. En el Presupuesto de Egresos de la Federación se asignará al Poder Judicial Federal una cantidad equivalente a, por lo menos, el 2.5% del gasto programable; la suma resultante no podrá ser inferior a la asignada en el ejercicio inmediato anterior; y las sumas no erogadas al término del ejercicio se enterarán a la Tesorería de la Federación. Si el órgano legislativo determina la disminución del Presupuesto de Egresos de la Federación, en el caso del Poder Judicial será éste quien determine las partidas presupuestales en que tendrá aplicación la reducción presupuestal.
Transitorios
Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, Distrito Federal, a los 15 días del mes de noviembre de dos mil uno.
Dip. César Augusto Santiago Ramírez (rúbrica)
(Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Noviembre 15 de 2001.)
QUE ADICIONA EL PRIMERO Y QUINTO PARRAFOS DEL ARTICULO 94 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMA LA FRACCION XIX, SEGUNDO PARRAFO, DEL ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL; 1º DE LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL FEDERAL; 15 Y 16 DE LA LEY ORGANICA DE LOS TRIBUNALES AGRARIOS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CHICO GOERNE COBIAN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, EN LA SESION DEL JUEVES 15 DE NOVIEMBRE DE 2001
El que suscribe, Lic. Francisco Javier Chico Goerne Cobián, Diputado de la LVIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracción II del artículo 55 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del H. Congreso del Unión, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, que adiciona el primero y quinto párrafos del artículo 94 Constitucional, reforma la fracción XIX, en su segundo párrafo del artículo 27 Constitucional, el 1º de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, así como el 15 y 16 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios conforme a la siguiente:
Exposición de Motivos
La justicia federal de fin de milenio se encuentra marcada por tres fechas trascendentales: el 15 de enero de 1988, el 31 de diciembre de 1994 y el 11 de junio de 1999. Estas fechas corresponden a tres reformas constitucionales; la de 1988, que de alguna manera sentó las bases de la reforma de 1994; la reforma de 1994, por mucho la más importante y trascendente, y la de 1999, que precisa y continúa lo emprendido por su antecesora.
Es importante mencionar algunas cuestiones elementales de las motivaciones de una reforma a las leyes, de lo que implica cambiar el sentido, contenido o alcance de una norma jurídica. Las reformas, sobre todo las constitucionales, no son caprichosas. Detrás de ese acto de voluntad del legislador está la intención que lo mueve y ésta puede ir encaminada hacia la persecución de uno o diversos objetivos, de los cuales los más comunes son:
1).- Para realizar un reconocimiento jurídico a una situación de hecho, es decir, proveer el marco jurídico a una situación que en los hechos es una realidad, ya sea con la intención de tutelarla, resolverla, encauzarla hacia otros rumbos o para disolverla; y
2).- Utilizar el derecho como un instrumento para provocar actitudes, para adecuar conductas.
También conviene recordar que las reformas -como muchas otras medidas- no se prueban ciertas o inciertas, acertadas o equivocadas, convenientes o desventajosas, sino hasta después de transcurrido el tiempo. De momento pueden aparentar ser buenas alternativas, y de hecho, al adoptarse, el legislador así las consideró para tomarlas.
Cuando los legisladores tienen frente a ellos un problema que es necesario resolver en forma legislativa, debe entenderse que la solución que presentan siempre es la que consideran mejor. El transcurso del tiempo prueba si tal decisión fue o no acertada.
Por otro lado y para iniciar los argumentos a favor de esta propuesta, es necesario precisar algunos datos históricos y prácticos de los llamados "Tribunales del Ejecutivo"; desde el Decreto Constitucional de 1824, que fue la primera Carta Política de México como país independiente de España -aunque no cobró vigencia- se proclama la soberanía nacional, el régimen representativo, la separación de los poderes, en los que se depositaría el respeto a la ley y la responsabilidad de los funcionarios públicos.
El Poder Judicial Federal, es el organismo integrado por los jueces y tribunales que conocen y deciden las controversias sobre aplicación de leyes federales, así como las relativas al juicio de amparo.
La estructura actual del Poder Judicial Federal, fue concebida e introducida de acuerdo con el modelo norteamericano de organización judicial, en el artículo 123 de la Constitución del 4 de octubre de 1824, precepto legal en que se dispuso que el Poder Judicial de la Federación residiría en una Suprema Corte de Justicia, en tribunales de circuito y en juzgados de distrito. Así mismo, a partir de la vigencia del artículo 25 de el Acta de Reformas a la Constitución de 1824, del 21 mayo de 1847 -que incorporó el Juicio de Amparo, una de las instituciones de mayor trascendencia en el ámbito del derecho positivo nacional, considerada como la obra cumbre del pensamiento jurídico mexicano- se determinó que dicha figura jurídica, se confiaría a los tribunales federales para su conocimiento y resolución, además, del conocimiento de los conflictos ordinarios propios de su competencia.
La función jurisdiccional, no sólo es practicada por los órganos judiciales formalmente considerados en el artículo 94 de nuestra Ley Fundamental, habida cuenta que es susceptible de ejercitarse por órganos que, son administrativos o legislativos. Tal es el caso de las entidades que se hallan comprendidas dentro del conjunto de órganos formalmente administrativos, cuya competencia se integra primordial y relevantemente con facultades jurisdiccionales, como son los tribunales del trabajo a que se refiere el artículo 123 Constitucional; los tribunales de lo contencioso administrativo y los Tribunales Agrarios entre otros, sin que estas instancias jurisdiccionales formen parte estrictamente, y desde el punto de vista clásico y tradicional, del Poder Judicial.
Para ilustrar el concepto antes mencionado, tenemos que el establecimiento del contencioso administrativo, desde la promulgación de la Constitución de 1857, fue impugnado en nuestro país. Se sostuvo la inconstitucionalidad de la "Ley Lares" que lo introdujo, por considerarla violatoria del principio de división de poderes, consagrado en nuestra Ley Fundamental, porque la existencia de un tribunal administrativo implicaba la reunión de dos poderes en una sola persona: el Ejecutivo y el Judicial, en materia administrativa, en el Presidente de la República, lo cual importaba excesivas violaciones a los particulares por el ejercicio de esa ley especial; esto le sucede de la misma manera a los tribunales agrarios.
En aquel entonces, se afirmaba, que su presencia violaba el artículo 50 de la Constitución de 1857 -que equivale al texto del 49 de nuestra Constitución vigente- pues al juzgar en materia administrativa, la Administración Pública concentraba facultades que correspondían al Poder Judicial. Se dijo que aquella reforma había olvidado otros preceptos constitucionales con los que se contradecía: el artículo 13, al crear un tribunal administrativo; el artículo 14, porque no se seguía un juicio ante los tribunales, y el artículo 17, porque la Administración no podía hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar un derecho. Finalmente se resolvió ese conflicto y la polémica respectiva al determinar que todas las controversias de lo contencioso administrativo serían del exclusivo conocimiento del Poder Judicial, con lo que se considero restablecido el principio de división de poderes. Sin embargo, en la Constitución de 1917, nuevamente se determino la adscripción de tales tribunales al Ejecutivo.
Ciertamente, no existe uniformidad en las legislaciones comparadas respecto a los órganos que deben controlar jurisdiccionalmente la actuación administrativa, porque mientras en algunas la diferencia es mínima en el seno mismo de la Administración o el control jurisdiccional pertenece a tribunales independientes del Poder Judicial, pero desvinculados de la Administración activa; en otros se encarga dicho control a los tribunales ordinarios que integran el Poder Judicial.
Quizá, se pudiera pensar que no hay o existe algún fundamento substancial que impulse o motive la propuesta que hoy se presenta, porque se dirá, los efectos del juicio contencioso administrativo, del laboral, o agrarios están suplidos, y por mucho, con el Juicio de Amparo en la parte que procede para hacer efectivas las garantías individuales que consagra nuestra Constitución, pero tal consideración estaría equivocada. Baste para ello detenernos a observar que el juicio de amparo, lamentablemente, es uno de los rubros jurídicos que más especialización requieren -no obstante la pretendida suplencia de la queja que, evidentemente no alcanza para cambiar la causa petendi- de tal suerte que el 83% de los amparos promovidos son sobreseídos, además de ser excesivamente caros para los interesados y porque, finalmente, aquella violación que hubiere sido consentida durante el procedimiento ordinario, ya no es susceptible de ser reparada.
Si se considera que la entidad política se encuentra más cercana al logro de sus fines, propios y auténticos, cuando su función y sus relaciones con los ciudadanos o miembros del grupo social se encuentran sometidas al Derecho, se estará de acuerdo con que el propósito fundamental que se persigue en esta propuesta, es que el Poder Judicial de la Federación debe ser la instancia competente para juzgar de las controversias que se susciten por actos de la Administración Pública, las controversias obrero-patronales, los conflictos agrarios, etc. para que ésta no sea al mismo tiempo juez de sus propios actos, ya que la revisión que el órgano jurisdiccional haga de ellos no entraña un control de la administración, por virtud de que simplemente se estaría vigilando que el poder constituido -la administración- siga las reglas que el constituyente le determinó, puesto que a ellas se tiene que ajustar, resultando absurdo que no sea de esta manera y actualmente se constituya en juzgador y juzgado.
Justamente, por las mismas razones, tanto el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, como la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, los Tribunales Administrativos y, por supuesto, los Tribunales Agrarios, entre otros, deben formar parte del propio Poder Judicial, y ser sustituidos por Tribunales especializados o Juzgados Federales como autoridades competentes para dirimir los conflictos en esas materias.
Esto nos lleva a explicar qué se entiende por "Tribunales de Derecho". Estos son los que, por la naturaleza de sus funciones, y pese a los criterios doctrinales que en contrario obran en el derecho mexicano, deben formar parte del Poder Judicial de la Federación, para romper definitivamente con los lazos que de hecho los atan a las autoridades jurisdiccionales administrativas y que, aunque se diga que se trata de organismos autónomos frente al Poder Ejecutivo Federal o Local, esta circunstancia no es categórica; puesto que, debido a los diversos factores de poder que intervienen en su constitución, en general, no les es posible juzgar con plena independencia ni actuar con total autonomía al haber sido nombrados por aquél a quién están juzgando, por más que sea el poder legislativo quién finalmente designe o ratifique su nombramiento.
Para evitar esto, proponemos que el Consejo de la Judicatura Federal sea el encargado de nombrar a los integrantes de esos tribunales; en estas condiciones, con el interés de que las designaciones se lleven a cabo con estricto apego a la ley y precisar que el ingreso y ascenso de los miembros de estos tribunales se otorgue en virtud de la capacidad y vocación de servicio que hubieren demostrado en el ejercicio de su actividad profesional.
La independencia del juzgador, bien ha sido señalado, debe ser preservada no sólo de la interferencia de los actores políticos de una comunidad, sino de las presiones de una sociedad que se debate entre intereses de índole económica y el anhelo de una verdadera solidaridad social. Para ello, una de las funciones primordiales del Consejo de la Judicatura Federal, será la adecuada selección, designación y permanencia de jueces y magistrados. El verdadero Estado de derecho, se consolida cuando la figura del juzgador alcanza los niveles que la sociedad reclama de su trabajo, de su compromiso ético y comunitario. Bien decían: "El juez es la figura central del derecho. Un ordenamiento jurídico se puede pensar sin leyes, pero no sin jueces".
En este sentido, la naturaleza jurídica de los Tribunales Agrarios, se desprende de su Ley Orgánica, la cual establece que "son órganos federales dotados de plena jurisdicción y autonomía para dictar sus fallos, a los que corresponde, en los términos de la fracción XIX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la administración de la justicia agraria en todo el territorio nacional". A este respecto la Constitución establece que "el Estado dispondrá las medidas para la expedita y honesta impartición de la justicia agraria, con objeto de garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal, comunal y de la pequeña propiedad, y apoyará la asesoría legal de los campesinos".
La Constitución resalta claramente, que "son de jurisdicción federal todas las cuestiones que por límites de terrenos ejidales y comunales, cualquiera que sea el origen de éstos, se hallen pendientes o se susciten entre dos o más núcleos de población; así como las relacionadas con la tenencia de la tierra de los ejidos y comunidades. Para estos efectos y, en general, para la administración de justicia agraria, la ley instituirá tribunales dotados de autonomía y plena jurisdicción, integrados por Magistrados propuestos por el Ejecutivo Federal y designados por la Cámara de Senadores o, en los recesos de ésta, por la Comisión Permanente".
Los Tribunales Agrarios son, por lo menos legal y doctrinalmente, órganos federales dotados de plena jurisdicción y autonomía para dictar sus fallos, como quedó antes asentado, los cuales se componen del Tribunal Superior Agrario y los Tribunales Unitarios Agrarios; incluso el Presidente del Tribunal Superior Agrario, será nombrado por el propio Tribunal, por ausencia de éste será suplido por el magistrado que el propio Tribunal Superior designe.
La ley Orgánica de los Tribunales Agrarios establece claramente que lo no previsto expresamente en esta ley, se aplicará supletoriamente en lo que sea acorde con la naturaleza de los tribunales agrarios, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Esto quiere decir que, los tribunales agrarios ejercen una función formal y materialmente judicial y, como no están adscritos al Poder Judicial, como los otros tribunales de que habla la Constitución en su artículo 94, no gozan de plena autonomía en su administración.
Son formalmente judiciales, pues ejercen una función judicial, están dotados de la facultad legal para resolver, atender juicios agrarios y procurar justicia, los que tienen por objeto sustanciar, dirimir y resolver controversias que se susciten con motivo de la aplicación de la ley Agraria, la cual tiene un amplio contenido dado que resuelve conflictos, demandas, recursos; e incluso cabe el amparo en contra de las sentencias que emitan los tribunales Superior o Agrarios. Por lo que hace a su función material, éstos emiten jurisprudencias; pero por lo que hace a su independencia, es indudable que no la tienen.
La división de Poderes en México es muy clara cuando se habla de funciones formales o materiales; cada Poder goza de una completa organización, jurisdicción y competencias, las cuales ordenan su forma de actuación. El Poder Ejecutivo cuenta, de acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal con la Secretaría de Gobernación, la misma tiene la facultad de "otorgar al Poder Judicial el auxilio que requiera para el debido ejercicio de sus funciones", no por esta situación el Poder Judicial está subordinado al Ejecutivo o depende estructuralmente de él, pero por lo que hace a los Tribunales Agrarios, y en general a todos los tribunales de tipo administrativo ya mencionado, no gozan de autonomía administrativa por estar subordinados al Ejecutivo. Se debe entonces, como ya se mencionó, dar facultades al Consejo de Judicatura para que sea este quien nombre a los integrantes de los referidos tribunales.
De todo lo expuesto resulta evidente la necesidad de que para avanzar en la Justicia Agraria, aplicando sus normas con éxito, debemos hacer las reformas correspondientes a la Constitución Federal y a las leyes correlativas, que garanticen una plena autonomía de los magistrados agrarios al emitir sus resoluciones; lo que ayudará a una mejor impartición de dicha Justicia Agraria, respecto de los conflictos sobre tenencia de la tierra, así como las mejores relaciones entre los diversos sujetos agrarios, permitiéndoles dedicarse a la producción agropecuaria, con miras a la suficiencia alimentaria nacional.
Así pues, proponemos reformar el artículo 94 constitucional para el efecto de incorporar al Poder Judicial Federal los Tribunales Agrarios, por virtud de que actualmente dependen orgánica y funcionalmente del poder ejecutivo, siendo que realizan funciones jurisdiccionales, reformando por ende el segundo párrafo, de la fracción XIX del artículo 27 Constitucional, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios.
Por todos los motivos anteriormente expuestos, ante Ustedes, nos permitimos poner a su consideración la siguiente iniciativa de Ley, que adiciona el artículo 94 Constitucional, reforma el segundo párrafo, de la fracción XIX del artículo 27 Constitucional, 1º de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal y reforma los 15 y 16 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, para quedar como sigue:
DECRETO
Artículo Primero.- Se adiciona el artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus párrafos I y V, así como el segundo párrafo, de la fracción XIX del artículo 27 Constitucional, para que queden como sigue:
Artículo 94.- Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, en un Tribunal Electoral, en los Tribunales Agrarios, en los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y en Juzgados de Distrito.
?o el interés público.
(Quinto Párrafo) La competencia de la Suprema Corte, su funcionamiento en Pleno y salas, la competencia de los tribunales de circuito, de los juzgados de distrito, del Tribunal Electoral y de los Tribunales Agrarios, así como las responsabilidades en que incurran los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, se regirán por lo que dispongan las leyes, de conformidad con las bases que esta Constitución establece.
Artículo 27.- La propiedad de las tierras y aguas..........
XIX. Con base en esta constitución.............
(Segundo Párrafo) Son de jurisdicción federal todas las cuestiones que por límites de terrenos ejidales y comunales, cualquiera que sea el origen de éstos, se hallen pendientes o se susciten entre dos o más núcleos de población; así como las relacionadas con la tenencia de la tierra de los ejidos y comunidades. Para estos efectos y, en general, para la administración de la justicia agraria, la ley instituirá tribunales dotados de autonomía y plena jurisdicción, integrados por magistrados designados por el Consejo de la Judicatura Federal.
Artículo Segundo.- Se adiciona una fracción al artículo 1º de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y otra al artículo 81, recorriendo en su orden las restantes, para quedar como sigue:
Artículo 1º.- El Poder Judicial de la Federación se ejerce por:
I.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación;
II.- El Tribunal Electoral;
III.- Los Tribunales Colegiados de Circuito;
IV.- Los Tribunales Unitarios de Circuito;
V.- Los Juzgados de Distrito;
VI.- El Consejo de la Judicatura Federal;
VII- Los Tribunales Agrarios;
VIII.- El Jurado Federal de Ciudadanos, y
IX.- Los Tribunales de los Estados y del Distrito Federal, en los casos previstos por el artículo 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los demás en que, por disposición de la ley deban actuar en auxilio de la Justicia Federal.
Artículo 81. Son atribuciones del Consejo de la Judicatura Federal:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.- Hacer el nombramiento de los magistrados agrarios y resolver sobre su ratificación y remoción.
IX..............
XLII.
Artículo Tercero.- Se deroga el artículo 16 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios y se reforman el 6º, 15 y 17, del mismo ordenamiento legal para quedar como sigue:
Artículo 6º.- En lo no previsto expresamente en esta Ley, se aplicará supletoriamente en lo que sea acorde con la naturaleza de los tribunales agrarios y con las funciones de los magistrados que los integran, la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Artículo 15.- Los magistrados serán designados por el Consejo de la Judicatura Federal, conforme al procedimiento establecido para los magistrados de circuito y de distrito.
Artículo 17. Los Magistrados durarán en su encargo seis años. Si concluido dicho término fueren ratificados serán inamovibles.
TRANSITORIOS
1.- Quedan derogadas todas las leyes, reglamentos y disposiciones en lo que se opongan al presente ordenamiento.
2.- El presente Decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la H. Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, de los Estados Unidos Mexicanos, a los 15 quince días del mes de noviembre de este año 2001.
El diputado del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional
Lic. Francisco Javier Chico Goerne Cobian (rúbrica)
(Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, con la opinión de la Comisión de Reforma Agraria. Noviembre 15 de 2001.)
QUE REFORMA EL ARTICULO 73 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO DIEGO COBO TERRAZAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM, EN LA SESION DEL JUEVES 15 DE NOVIEMBRE DE 2001
Bernardo de la Garza Herrera, Francisco Agundis Arias, José Antonio Arévalo González, Esveida Bravo Martínez, María Teresa Campoy Ruy Sánchez, Olga Patricia Chozas y Chozas, Diego Cobo Terrazas, Arturo Escobar y Vega, José Rodolfo Escudero Barrera, Sara Guadalupe Figueroa Canedo, Nicasia García Domínguez, Alejandro Rafael García Sainz Arena, María Cristina Moctezuma Lule, Julieta Prieto Fuhrken, Concepción Salazar González, Erika Elizabeth Spezia Maldonado, Juan Ignacio García Zalvidea, diputados de la LVIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71 fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55 fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos se turne a la Comisión de Puntos Constitucionales, para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Octava Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa de ley:
Exposición de Motivos
En el año de 1981 se expidió en el Distrito Federal la primera Ley de Protección a los Animales, la cual se refería a cuestiones tan amplias como la protección del medio ambiente, la protección y regulación de la vida y el crecimiento natural de las especies no nocivas, la erradicación y sanción del maltrato y los actos de crueldad para con los animales, y a la formación del individuo inculcándole actitudes responsables y humanitarias hacia los animales.
Desde entonces, se han expedido 14 leyes estatales de protección a los animales, lo que significa que aproximadamente el 50 por ciento del país se encuentra aún sin este tipo de Legislación.
A pesar de los esfuerzos de la sociedad civil, que ha adquirido cada vez más conciencia de la importancia de fomentar, entre otros valores, el del respeto hacia todos los seres vivos, a 20 años de la primera Ley todavía existe un gran vacío en esta materia, ya que la mitad del territorio se encuentra sin ella, y no existe unidad ni coherencia en las leyes que se han decretado.
Ante estos vacíos, los gobiernos municipales y estatales aplican en muchas ocasiones, medidas sin fundamento científico y tan sólo con una visión a corto plazo repercutiendo en una disparidad de conceptos, técnicas y medidas.
En los países más avanzados del mundo existe legislación en materia de protección animal que se relaciona directamente con el reconocimiento de la necesidad de proteger la calidad de vida de los animales y de propiciar generaciones de seres humanos más comprometidos con la vida y una ética de no-violencia.
Es un hecho científicamente demostrado que la violencia infantil que se ejerce sobre los animales tiene una relación causal para determinar la violencia de los adultos con otros seres humanos. Al fomentar una ética de respeto hacia los animales, se fomenta indirectamente la creación y sostenimiento de valores en el ser humano. El respeto hacia los animales esta ligado al respeto de los hombres entre sí mismos.
En 1977 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en su reunión en Londres proclamó por vez primera la "Declaración de los Derechos del Animal". En el preámbulo de dicha declaración se reconoce:
1) Que los animales son susceptibles de tener derechos.
2) Que el desconocimiento de los derechos de los animales ha conducido al hombre a cometer crímenes contra la naturaleza.
3) Que el reconocimiento por parte de la especie humana de dichos derechos constituye el fundamento de la coexistencia de las especies en el mundo.
En la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente se señala en el artículo 79 fracción VIII que para lograr la preservación y aprovechamiento sustentable de flora y fauna se deberá incluir el fomento del trato digno y respetuoso a las especies animales, con el propósito de evitar la crueldad en contra de éstas. Sin embargo, esta declaración solo abarca a las especies silvestres dejando de lado animales de granja, para consumo humano, de uso deportivo y domésticos entre otros. Además, no define lo que se considera trato digno y respetuoso ni el concepto de crueldad, lo cual la hace inaplicable. Lo mismo sucede con la Ley General de Vida Silvestre , que menciona el trato digno y respetuosos a las especies en su capítulo VI, en los artículos 29 a 37.
Por todo lo anterior, resulta necesario que el H. Congreso de la Unión, tenga facultades para dictar lineamientos de observancia general en todo el país, relativas al trato a los animales, tanto de especies silvestres como de granja, domésticos y de otros usos, con el objeto de que exista una política uniforme en esta materia, facilitando que se fomente una nueva ética ambiental y así coadyuvar al mejor uso y aprovechamiento de la naturaleza, acorde con las necesidades de nuestro país, por lo cual sometemos a esta H. Cámara de Diputados en la LVIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa de
Decreto mediante la cual se reforma la fracción XXIX-G del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
DECRETO.- Se reforma la fracción XXIX-G del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 73.- El Congreso tiene facultad:
I a la XXIX-F...
XXIX-G.- Para expedir leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de los Gobiernos de los estados y de los municipios en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de protección al ambiente, de preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como en materia de protección de los animales.
TRANSITORIO
Unico.- Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 15 de Noviembre del 2001.
Diputados: Bernardo de Garza Herrera, coordinador (rúbrica); Francisco Agundis Arias, vicecoordinador; José Antonio Arévalo González; Esveida Bravo Martínez; María Teresa Campoy Ruy Sánchez (rúbrica); Olga Patricia Chozas y Chozas; Diego Cobo Terrazas (rúbrica); Arturo Escobar y Vega; José Rodolfo Escudero Barrera; Sara Guadalupe Figueroa Canedo; Nicasia García Domínguez; Alejandro Rafael García Sainz Arena; Juan Ignacio García Zalvidea (rúbrica); María Cristina Moctezuma Lule (rúbrica); Julieta Prieto Fuhrken (rúbrica); Concepción Salazar González.
(Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales. Noviembre 15 de 2001.)
DE REFORMAS Y ADICIONES A DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY DE FISCALIZACION SUPERIOR DE LA FEDERACION, PRESENTADA POR EL DIPUTADO AMADO OLVERA CASTILLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, EN LA SESION DEL JUEVES 15 DE NOVIEMBRE DE 2001
Con fundamento en los artículos 71 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento Interior para el Gobierno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito diputado en representación del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, se permite presentar ante esta Soberanía:
La iniciativa que reforma y adiciona, diversos artículos de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación
Al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
El presente proyecto tiene como propósito, el realizar las principales modificaciones que deben practicarse a la Ley de Fiscalización Superior de la Federación; aprobada en enero del presente año, la cual, ciertamente, muestra grandes avances, y que sin embargo, puede ser mejorada desde diferentes puntos de vista y adecuarse, a las exigencias que reclaman los nuevos tiempos.
Próximamente se discutirá la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos. Esta muy claro, que el ingreso debe ser suficiente para solventar un presupuesto, que cubra las demandas sociales y que el ejercicio de este, conlleva la rendición de cuentas, a la que corresponde también una puntual fiscalización a través del Órgano Superior de Fiscalización, a efecto de que la sociedad, conozca el destino y correcta aplicación de los recursos públicos.
La rendición de cuentas y la fiscalización, son culturas aun en proceso en nuestro País y son indispensables para que exista la certeza de que las metas programadas fueron alcanzadas, cumpliéndose los requisitos de eficiencia y honestidad. La vigilancia del ejercicio correcto del Gasto Público, es tarea fundamental de la Cámara de Diputados, por ser esta Soberanía la Garante del Patrimonio Nacional. Tal proceso es aun mas indispensable, por cuanto que en México no se sigue una política de presupuesto por programa especifico, a pesar de haber sido instaurado en el año 1976.
En esta nueva etapa política, la rendición de cuentas, es una exigencia primordial de la sociedad y en la que la Cámara de Diputados, debe asumir plenamente su facultad soberana y exclusiva de fiscalizar el Gasto Público, que consolida el Poder Ejecutivo, a través de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, mediante el informe de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, paso importante y muy significativo, para la prosperidad de nuestra Gran Nación.
Ahora bien, también es cierto que representa un gran esfuerzo de la sociedad el aportar la parte fiscal que le corresponde, por ello debe informarse a la representación popular si la gestión gubernamental alcanza las metas propuestas, así como sí la aplicación y el desempeño del gasto público fueron los correctos y además si hubo transparencia y eficiencia en su aplicación, anhelo ampliamente deseado.
Transparencia y rendición de cuentas, no se contraponen, se complementan, por ello son el espíritu principal de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación. Por tanto la implantación del marco jurídico adecuado para la supervisión de la correcta aplicación del Gasto Público, por parte de la Auditoria Superior de Fiscalización, es indispensable.
La corrupción es un fenómeno que se opone al interés y valores colectivos, siendo además causa de los rezagos sociales que padecen millones de mexicanos. Además, distorsiona la relación entre gobernantes y gobernados, genera irritación permanente y cuando está asociada a la impunidad, afecta gravemente la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas.
En la presente iniciativa se propone realizar las modificaciones necesarias, a efecto de que la Auditoria Superior de la Federación, cuente con un ordenamiento menos limitativo y mas preciso, toda vez que el Órgano Técnico Superior de Fiscalización, es el instrumento mediante el cual esta Soberanía garantiza y salvaguarda el Patrimonio Nacional, para lo cual es necesario se modifiquen los artículos: 12; 14; 16 fracciones I, III, XIII y XVII; 17; 31; 36; 37; 38; 40; 42; 45 párrafo primero; 51; 52; 53; 59; 60; 61; 62; 72; 74 fracción V, XVII y ultimo párrafo; 77 fracción XIII; 78 fracción II y 92.
Así también, se plantea que los servidores públicos que intervienen en el rubro de ingresos y egresos de la Federación deban rendir cuentas sobre el ejercicio de sus funciones, y abstenerse de realizar cualquier acto u omisión que impida o limite la rendición de cuentas de la gestión pública federal, para lo cual tendrían como obligación, brindar el apoyo que les fuese requerido, proporcionando toda la información y documentación que les sea solicitada, conforme a su competencia y en los términos de las disposiciones legales aplicables.
Por lo que se propone facultar a la Auditoria Superior de la Federación con medios de apremio, para el mejor ejercicio de sus funciones, para la cual se reforman y adicionan los artículos: 16 fracción XVI; 21; 74 fracción XX; 77 fracción XIV y 78 fracción VII.
De igual forma, se considera necesario establecer expresamente, el ordenamiento legal que se aplicaría supletoriamente al procedimiento administrativo resarcitorio, para lo cual, se propone se aplique en todo lo no previsto, así como en la apreciación de las pruebas, se observarán las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles, por lo que se propone se reformen los artículos 6 y 54 de la actual Ley de Fiscalización.
Se pretende precisar que la cuenta pública no es solamente aquellos egresos e ingresos ejercidos, como lo indica el artículo 2, de la Ley vigente, sino también la incidencia de las operaciones en cuenta de balance. Por que además la Cuenta Pública, comprende ingresos, egresos, activos, pasivos y en general todo aquello que conforma el patrimonio de la Nación.
La actual Ley de Fiscalización señala como limitante un principio de anualidad, que supuestamente se encuentra consagrado en el Artículo 74 de nuestra Carta Magna, hecho impropio ya que dicho ordenamiento constitucional se refiere exclusivamente a los ingresos y egresos, lo cual es correcto toda vez que la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos tiene una vigencia intrínseca anual, pero no así la consecuencia de su ejercicio y mucho menos los aspectos patrimoniales que genera.
Atento a lo anterior y según lo establecido, actualmente en el ultimo párrafo del artículo 20, de la Ley de Fiscalización Superior, estamos en un supuesto de regresión, ya que prácticamente volvemos a la época de los finiquitos; documentos que eran constancias de acciones concluidas de revisión y que manejadores deshonestos de bienes y fondos esperaban con ansiedad.
Para evitar lo antes expresado, en esta propuesta se precisa que el principio de anualidad podrá ser valido a ingresos y egresos exclusivamente; y que además, las cuentas de balance se podrán auditar en cualquier tiempo, siempre que se este apegado a la normatividad, y por tanto no procederán dichos finiquitos.
Así mismo y a fin de evitar que quede a criterio de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales la interpretación de "procesos concluidos" que indica la fracción X del Artículo Segundo de la Ley de Fiscalización vigente, en la presente iniciativa se precisa con más amplitud lo que significa un proceso concluido, esto con objeto de darle mayor oportunidad a la revisión que tendrán los Informes de Avance de Gestión Financiera, que rinde el Ejecutivo, sobre las operaciones del Primer Semestre del Ejercicio respectivo
También la presente iniciativa propone, suprimir la restricción que le realiza el ultimo párrafo del artículo 74 de la Ley de Fiscalización, al Auditor Superior de la Federación, en el sentido de que como facultad no delegable de este, es la presentación de denuncias penales y por ende su continuación en los procesos respectivos, por lo que se propone se suspenda dicha restricción, para que pueda delegar al titular de la Unidad Jurídica, la representación legal de la Auditoria Superior ante los Tribunales de la Nación, esto previendo que en determinado momento el Auditor Superior de la Federación, pueda atender eficientemente, aun de forma delegada dicha obligación
Así mismo se propone que la Auditoria Superior de la Federación, remita a la Cámara de Diputados, aquellas auditorias que realice a mas tardar 15 días después de su conclusión, y no estar en espera, por parte de esta Soberanía, en el mes de septiembre de cada año, de todo el Informe de la Cuenta Pública, esto con el objeto de que las relaciones entre los integrantes de la Cámara y la Auditoria Superior, sean mas participativas y que la información que se pueda generar con cada auditoria, sea mas dinámica, por lo que se necesita se reformen los artículos: 8; 10; 11; 16 fracción XVII segundo párrafo; 19; 30; 32; 45 fracción I; 56; 66; 67; 74 fracciones IV, VI y XV; 77 fracción I y 86.
Cumplir con la exigencia de nuestra sociedad, en el sentido de que toda dependencia o servidor público que maneje recursos públicos, sea de forma transparente y honesta, es una necesidad que tenemos que cumplir y fortalecer, por lo que en la presente iniciativa, se propone se elimine la celebración de convenios, entre la Auditoria Superior de la Federación y los Estados y Municipios, relativos a la fiscalización de recursos de procedencia federal.
Llevar a cabo lo anterior, es con el objeto de que sea obligatoria la rendición de cuentas, por parte de cualquier ente que maneje recursos federales, sin la necesidad de celebrar un convenio. Y así mismo, se propone que en lugar de los convenios se lleven a cabo, entre los Estados y Municipios, procedimientos de colaboración, por lo que es necesario se reformen y adicionen los artículos: 16 fracción XVIII; 33; 34 y 35.
La presente iniciativa, propone 59 reformas y 27 adiciones a la actual Ley de Fiscalización Superior de la Federación, mismas que tienen por objeto aclarar aquellos rubros de los que nos percatamos, eran oscuros o restrictivos, es decir, robustecer a la Auditoria Superior de la Federación precisando con más amplitud sus facultades y suprimiendo las limitaciones que le imponía la propia Ley.
Cabe mencionar que la presente iniciativa, pretende que la Auditoria Superior de la Federación, perfeccione su marco jurídico de actuación, pero aun falta por parte de esta Soberanía, que se le apoye, económicamente aun mas, esto con el objeto de que logre el Órgano Técnico, eficientar y modernizar su marco administrativo y operativo, acorde a los nuevos tiempos,
Por lo extenso del presente documento, solicito atentamente a la Presidencia, instruya a la Secretaría para que se inserte completamente, en el Diario de los Debates la iniciativa en comento, como si a la letra se hubiere leído en esta tribuna, para los efectos correspondientes.
LEY DE FISCALIZACION SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
SE PROPONE LA REFORMA DEL ARTÍCULO 2 COMO SIGUE:
Artículo 2.- Para efectos de la presente Ley, se entenderá por:
I...
II...
III...
IV...
V...
VI...
VII...
VIII. Cuenta Pública: El informe que los Poderes de la Unión y los entes públicos federales rinden de manera consolidada a través del Ejecutivo Federal, a la Cámara sobre su gestión financiera, a efecto de comprobar que la recaudación, administración, manejo, custodia y aplicación de los ingresos y egresos federales durante un ejercicio fiscal comprendido del 1o. de enero al 31 de diciembre de cada año, se ejercieron en los términos de las disposiciones legales y administrativas aplicables, conforme a los criterios y con base en los programas aprobados, así como las repercusiones que las operaciones derivadas de dichos ingresos y egresos tuvieron en las cuentas de activo, pasivo y patrimonio de la Hacienda Pública Federal y en el patrimonio de los Poderes de la Unión y los entes públicos federales;
IX. Informes de avance de Gestión Financiera: Los Informes, que como parte integrante de la Cuenta Pública, rinden los Poderes de la Unión y los entes públicos federales de manera consolidada a través del Ejecutivo Federal, a la Cámara sobre los avances físicos y financieros de los programas federales aprobados, a fin de que la Auditoría Superior de la Federación fiscalice en forma posterior a la conclusión de los procesos correspondientes, los ingresos y egresos; el manejo, la custodia y la aplicación de sus fondos y recursos, así como el grado de cumplimiento de los objetivos contenidos en dichos programas;
X. Proceso concluido: Aquél que los Poderes de la Unión y entes públicos federales reporten como tal, en los Informes de Avance de Gestión Financiera, tratándose de obras públicas; respecto de los ingresos ordinarios y extraordinarios y los gastos diferentes a las obras públicas, los que reporten los Poderes de la Unión y entes públicos federales como recaudados o realizados y ejercidos o devengados respectivamente, con base al flujo contable de ingresos y egresos del periodo, correspondiente;
XI...
XII...
XIII...
SE PROPONE LA REFORMA DEL ARTÍCULO 6 COMO SIGUE:
Artículo 6.- A falta de disposición expresa en la ley, se aplicarán en forma supletoria y en lo conducente, la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal; el Código Fiscal de la Federación; la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y el Código Federal de Procedimientos Civiles, así como las disposiciones relativas del Derecho Común, sustantivo y procesal.
SE PROPONE LA REFORMA DEL ARTÍCULO 8 COMO SIGUE:
Artículo 8.-...
Asimismo, los Poderes de la Unión y los entes públicos federales rendirán a la Auditoría Superior de la Federación, a más tardar el 30 de abril del año en que se ejerza el presupuesto respectivo, el Primer Informe de Avance de Gestión Financiera sobre los resultados físicos y financieros de los programas a su cargo, por el periodo comprendido del 1o. de enero al 31 de marzo del ejercicio fiscal en curso; y el 31 de agosto del año en que se ejerza el presupuesto respectivo, el Segundo Informe de Avance de Gestión Financiera sobre los resultados físicos y financieros de los programas a su cargo, por el periodo comprendido del 1° de abril al 30 de junio del ejercicio fiscal en curso. Dichos informes serán consolidados y remitidos por el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
SE PROPONE LA REFORMA DEL ARTÍCULO 10 COMO SIGUE:
Artículo 10.- La Cuenta Pública que se rinda a la Cámara deberá consolidar la información de los Informes de Avance de Gestión Financiera, así como la correspondiente al segundo semestre del año que corresponda.
SE PROPONE LA REFORMA DEL ARTÍCULO 11 COMO SIGUE:
Artículo 11.- El contenido de los Informes de Avance de Gestión Financiera se referirá a los programas a cargo de los Poderes de la Unión y los entes públicos federales, para conocer el grado de cumplimiento de los objetivos, metas y satisfacción de necesidades en ellos proyectados y contendrá:
I. El flujo contable de ingresos y egresos al 31 de marzo y 30 de junio, del año en que se ejerza el presupuesto;
II...
III...
SE PROPONE LA REFORMA DEL ARTÍCULO 12 COMO SIGUE:
Artículo 12.- Los Poderes de la Unión y los entes públicos federales, previa consulta con la Auditoría Superior de la Federación, expedirán las bases y normas para la baja de documentos justificatorios y comprobatorios para efecto de destrucción, guarda o custodia de los que deban conservarse, microfilmarse o procesarse electrónicamente, sujetándose a las disposiciones legales establecidas en la materia.
...
SE PROPONE LA REFORMA DEL ARTÍCULO 14 COMO SIGUE:
Artículo 14.- La revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública tienen por objeto determinar:
I...
II...
III...
IV...
V...
VI...
VII...
VIII. Si los activos, propiedades y derechos de la Federación están correctamente registrados y salvaguardados y si los pasivos a su cargo son reales y están registrados en su contabilidad.
IX. Las responsabilidades a que haya lugar, y
X. La imposición de las sanciones resarcitorias correspondientes en los términos de esta Ley.
SE PROPONE LA REFORMA DEL ARTÍCULO 16 COMO SIGUE:
Artículo 16.- Para la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública, la Auditoría Superior de la Federación tendrá las atribuciones siguientes:
I. Establecer los criterios para las auditorías, procedimientos, métodos y sistemas necesarios para la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública y de los Informes de Avance de Gestión Financiera, verificando que sean presentados, en los términos de esta Ley y de conformidad con los principios de contabilidad aplicables al Sector Público;
II...
III. Evaluar los Informes de Avance de Gestión Financiera respecto de los avances físico y financiero de los programas autorizados y sobre procesos concluidos;
IV...
V...
VI...
VII...
VIII...
IX...
X...
...
XI...
XII...
XIII. Efectuar visitas domiciliarias, para exigir la exhibición de los libros, papeles o archivos indispensables para la realización de sus investigaciones, sujetándose a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos;
XIV...
XV...
XVI. Fincar las responsabilidades e imponer las sanciones y medidas de apremio, correspondientes a los responsables, por el incumplimiento a sus requerimientos de información en el caso de las revisiones que haya ordenado tratándose de las situaciones excepcionales que determina esta Ley;
XVII. Turnar a la Unidad de Evaluación y Control, a efecto de que conozca y resuelva sobre el recurso de reconsideración que se interponga en contra de las resoluciones y sanciones que aplique.
Así como condonar total o parcialmente las multas impuestas, previa consulta que realice a la Comisión, de aquellas superiores a diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal;
XVIII. Realizar las revisiones y fiscalizaciones que considere necesarias a las entidades federativas y Municipios, incluyendo a sus administraciones públicas paraestatales, respecto del ejercicio de recursos de carácter federal que reciban en calidad de aportaciones, subsidios o cualquier otra denominación, con excepción de las participaciones federales;
XIX...
XX...
XXI...
SE PROPONE LA REFORMA DEL ARTÍCULO 17 COMO SIGUE:
Artículo 17.- Respecto de los Informes de Avance de Gestión Financiera, la Auditoría Superior de la Federación podrá auditar los conceptos reportados en él como procesos concluidos por los Poderes de la Unión y los entes públicos federales, tratándose de obras públicas; respecto de los ingresos ordinarios o extraordinarios, los reportados como recaudados o realizados y, tratándose de gastos diferentes de los incurridos en las obras públicas, los reportados como ejercidos o devengados, independientemente de aquellos rubros que considere necesarios.
...
SE PROPONE LA REFORMA DEL ARTÍCULO 19 COMO SIGUE:
Artículo 19.- La Auditoría Superior de la Federación, en ejercicio de sus facultades de fiscalización, podrá realizar visitas y auditorías durante el ejercicio fiscal en curso, respecto de los procesos reportados como concluidos en los Informes de Avance de Gestión Financiera, en caso contrario, sólo podrá realizar visitas y auditorías a partir de que la Comisión de la Cámara le haga entrega de la Cuenta Pública.
SE PROPONE LA REFORMA DEL ARTÍCULO 20 COMO SIGUE:
Artículo 20.- La fiscalización de los Informes de Avance de Gestión Financiera y la revisión de la Cuenta Pública, en lo concerniente a la captación, recaudación, administración, manejo y aplicación de recursos federales, operaciones derivadas de la ejecución de la Ley de Ingresos y del ejercicio del presupuesto de egresos de la federación, están limitadas de conformidad a lo establecido en la fracción IV del artículo 74 constitucional, por lo que un proceso que abarque en su ejecución dos o más ejercicios fiscales, podrá ser revisado y fiscalizado anualmente en la parte ejecutada precisamente en ese ejercicio, al rendirse la Cuenta Pública; lo mismo ocurrirá cuando el proceso se declare como concluido. En virtud de lo anterior, la revisión de conceptos ya fiscalizados con motivo de los Informes de Avance de Gestión Financiera, no deberán duplicarse a partir de la revisión de la Cuenta Pública.
Sin perjuicio de lo que se refiere en el párrafo anterior, la Auditoría Superior de la Federación podrá revisar de manera casuística y concreta, información y documentos relacionados a ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública en revisión, cuando el programa o proyecto contenido en el presupuesto aprobado, abarque para su ejecución y pago diversos ejercicios fiscales. Lo anterior no limita la revisión de la Cuenta Pública por la Auditoria Superior de la Federación en cualquier tiempo, en lo concerniente a las cuentas de balance de la Hacienda Pública Federal, que son acumulativas e históricas y que muestran bienes, derechos y obligaciones a favor y a cargo del Gobierno Federal y, por diferencia, el patrimonio del mismo.
SE PROPONE LA REFORMA DEL ARTÍCULO 21 COMO SIGUE:
Artículo 21.- La Auditoría Superior de la Federación tendrá acceso a los datos, libros y documentación justificativa y comprobatoria relativa al ingreso y gasto público de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales, así como a la demás información que resulte necesaria, siempre que al solicitarla se expresen los fines a que se destine dicha información. Por lo que hace a la relativa a las operaciones de cualquier tipo, proporcionada por instituciones de crédito, les será aplicable a todos los servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación, así como a los profesionales contratados para la práctica de auditorías, la obligación de guardar la reserva a que aluden los artículos 27 y 28 y la prohibición a que se refiere la fracción III del artículo 80 de esta Ley.
Para el cumplimiento de las atribuciones que les confiere esta Ley, el Auditor Superior de la Federación, el titular de la Unidad de Evaluación y Control, los Auditores Especiales y el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, podrán emplear los siguientes medios de apremio:
I.- Apercibimiento;
II.- Multa de quinientos a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal;
III.- Tratándose de Servidores Públicos, sin importar su jerarquía, suspensión de empleo hasta por setenta y dos horas.
IV.- Auxilio de la fuerza pública.
Si existe resistencia al mandamiento legítimo, por parte de la Auditoria Superior de la Federación, o si fuere insuficiente y se hubieren agotado los medios de apremio mencionados en las fracciones de la I a la IV del presente artículo, se procederá contra el rebelde por el delito de desobediencia.
Capítulo III
De los Informes del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública
SE PROPONE LA REFORMA DEL ARTÍCULO 30 COMO SIGUE:
Artículo 30.- La Auditoría Superior de la Federación, tendrá un plazo improrrogable que vence el 31 de marzo del año siguiente a aquél en que la Cámara, o en su caso, la Comisión Permanente, reciba la Cuenta Pública, para realizar su examen y rendir en dicha fecha a la Cámara, por conducto de la Comisión, el informe general del resultado correspondiente, mismo que tendrá carácter público y mientras ello no suceda, la Auditoría Superior de la Federación deberá guardar reserva de sus actuaciones e informaciones.
La Auditoria Superior de la Federación remitirá, a la Comisión de Vigilancia, informes parciales de la Revisión de la Cuenta Pública mencionada en el párrafo anterior, respecto de aquellas auditorias que haya concluido, mismas que serán consolidadas en el Informe General de Resultados correspondiente
SE PROPONE LA REFORMA DEL ARTÍCULO 31 COMO SIGUE:
Artículo 31.- El Informe General de Resultados a que se refiere el artículo anterior deberán contener como mínimo lo siguiente:
a)...
b)...
c)...
d)...
e)...
f)...
g)...
En el supuesto de que conforme a los apartados b), c) y e), anteriores, de este artículo, no se cumplan con los objetivos y metas establecidas en los programas aprobados, así como a las disposiciones contenidas en los ordenamientos legales y demás normas aplicables, la Auditoría Superior de la Federación hará las observaciones y recomendaciones que a su juicio sean procedentes.
Por lo que respecta a los Informes Parciales de la revisión de la Cuenta Pública deberán contener como mínimo lo siguiente:
a) Objeto de la Auditoría;
b) Criterios de selección;
c) Alcance de la Auditoría;
d) Resultados, observaciones y acciones promovidas; y
e) el dictamen de la revisión.
A efecto de dar el debido cumplimiento al presente numeral las entidades fiscalizadas contaran, con un plazo improrrogable de 45 días naturales, a partir de que les sean comunicadas oficialmente, para solventar las observaciones y recomendaciones respectivas.
SE PROPONE LA REFORMA DEL ARTÍCULO 32 COMO SIGUE:
Artículo 32.- La Auditoría Superior de la Federación en los Informes tanto General como Parciales del Resultado, dará cuenta a la Cámara de los pliegos de observaciones que se hubieren fincado, de los procedimientos iniciados para el fincamiento de responsabilidades y de la imposición de las sanciones respectivas, así como de la promoción de otro tipo de responsabilidades y denuncias de hechos presuntamente ilícitos, que realice de conformidad con lo dispuesto en esta Ley.
SE PROPONE LA REFORMA DEL ARTÍCULO 33 COMO SIGUE:
Artículo 33.- Para efectos de la fiscalización de recursos federales que se ejerzan por las entidades federativas y por los municipios, incluyendo a sus administraciones públicas paraestatales, la Auditoría Superior de la Federación, sin perjuicio de sus respectivas autonomías, propondrá los procedimientos de coordinación con las legislaturas de los Estados, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y los Ayuntamientos respectivos, para que en el ejercicio de las atribuciones de control que éstas tengan conferidas, colaboren con aquélla en la verificación de la aplicación correcta de los recursos federales, recibidos por dichos órdenes de gobierno.
...
Una vez que las legislaturas de los Estados, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal o los Ayuntamientos reciban las propuestas de los procedimientos de coordinación que alude el párrafo anterior, tendrán 45 días naturales improrrogables, para ratificarlos o en su caso remitir a la Auditoria Superior de la Federación las observaciones respecto de las que consideren infundadas o innecesarias, con el fin de subsanarlas y acordarlas.
Cuando la Auditoria Superior de la Federación, reciba observaciones relacionadas con las propuestas de los procedimientos de colaboración, respecto de aquellas que se consideren infundadas o innecesarias; dichas observaciones deberán ser debidamente motivadas y fundadas.
Una vez que se realice la recepción de las observaciones, por parte de la Auditoria Superior de la Federación, los representantes legales de las legislaturas de los Estados, de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal o de los Ayuntamientos, según corresponda, acudirán en un plazo no mayor de 10 días naturales, a las oficinas del Auditor Superior de la Federación a efecto de subsanar, acordar y ratificar las mismas.
Transcurridos los términos que indican los párrafos anteriores, si la Auditoria Superior de la Federación no recibe comunicación o ratificación alguna, de las propuestas de los procedimientos de colaboración o de las observaciones de las mismas, por parte de las Legislaturas de los Estados, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal o los Ayuntamientos, se entenderá que las propuestas iniciales fueron ratificadas por aquellas, mismas que serán las que se apliquen en los procedimientos de fiscalización de los recursos de carácter federal ejercidos por las Entidades Federativas, los Municipios y sus administraciones públicas paraestatales.
Lo anterior, sin menoscabo de las facultades que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta Ley confiere a la Auditoria Superior de la Federación, para efectuar en forma directa la revisión y fiscalización superior, de los recursos federales que ejerzan las Entidades Federativas, los Municipios y sus administraciones públicas paraestatales.
SE PROPONE LA REFORMA DEL ARTÍCULO 34 COMO SIGUE:
Artículo 34.- El Auditor Superior de la Federación, con sujeción a los procedimientos de colaboración celebrados, instruirá la forma y términos en que, en su caso, el personal a su cargo realizará la fiscalización de los recursos de origen federal que ejerzan las entidades federativas, los municipios y sus administraciones publicas paraestatales.
Igual procedimiento se seguirá para el caso de que la Auditoria Superior de la Federación ejerza directamente sus facultades de revisión y fiscalización superior de los recursos federales que ejerzan las Entidades Federativas, los Municipios y sus administraciones públicas paraestatales, así como los particulares.
SE PROPONE LA REFORMA DEL ARTÍCULO 35 COMO SIGUE:
Artículo 35.- Cuando se acrediten afectaciones a la Hacienda Pública Federal, atribuibles a las autoridades estatales, municipales, del Distrito Federal o de sus administraciones paraestatales, la Auditoría Superior de la Federación procederá a fincar directamente a los responsables las indemnizaciones y sanciones pecuniarias correspondientes, y promoverá ante los órganos o autoridades competentes las responsabilidades administrativas, civiles, políticas y penales a que hubiere lugar.
SE PROPONE LA REFORMA DEL ARTÍCULO 36 COMO SIGUE:
Artículo 36.- Para los efectos de lo previsto en el párrafo tercero de la fracción I, del artículo 79 constitucional, cuando se presenten denuncias debidamente fundadas o por otras circunstancias pueda suponerse el presunto manejo, aplicación o custodia irregular de recursos públicos federales, o de su desvío, la Auditoría Superior de la Federación procederá a requerir a las entidades fiscalizadas, revisiones de conceptos específicos vinculados de manera directa los hechos presumiblemente irregulares. El requerimiento deberá aportar indicios probatorios razonables, mediante los cuales se presuma que la irregularidad cometida ocasionó un daño al Estado en su Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales.
SE PROPONE LA REFORMA DEL ARTÍCULO 37 COMO SIGUE:
Artículo 37.- Las entidades fiscalizadas, deberán rendir a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo que no excederá sesenta días naturales contados a partir de la recepción del requerimiento, un Informe del Resultado de sus actuaciones, que como mínimo deberá contener los establecidos en el artículo 31 de esta Ley, referente a los informes parciales de la Revisión de la Cuenta Pública y, en su caso, de las sanciones que se hubieren impuesto o a que se hubieren hecho acreedores los servidores públicos involucrados. Este informe en ningún caso contendrá información de carácter reservado.
SE PROPONE LA REFORMA DEL ARTÍCULO 38 COMO SIGUE:
Artículo 38.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por situaciones excepcionales aquéllas en las cuales, se deduzca alguna de las circunstancias siguientes:
a) Un daño patrimonial que afecte a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales, por un monto que resulte superior a diez mil veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal;
b)...
c)...
d)...
e)...
SE PROPONE LA REFORMA DEL ARTÍCULO 40 COMO SIGUE:
Artículo 40.- Si transcurrido el plazo señalado en el artículo 37 de esta Ley, la entidad fiscalizada, sin causa justificada, no presenta el informe a que el mismo numeral se refiere, la Auditoría Superior de la Federación procederá a fincar las responsabilidades que corresponda e impondrá a los servidores públicos responsables una multa de quinientos a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. Su reincidencia se podrá castigar con una multa hasta del doble de la ya impuesta, además de que podrá promover la destitución de los responsables ante las autoridades competentes.
SE PROPONE LA REFORMA DEL ARTÍCULO 42 COMO SIGUE:
Artículo 42.- Cuando la Auditoría Superior de la Federación, además de imponer la sanción respectiva, requiera al infractor para que en un plazo determinado, que nunca será mayor a treinta días naturales, cumpla con la obligación omitida motivo de la sanción y éste incumpla, será sancionado como reincidente.
SE PROPONE LA REFORMA DEL ARTÍCULO 45 COMO SIGUE:
Artículo 45.- Si de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública, aparecieran irregularidades que permitan presumir la existencia de hechos, omisiones o conductas que produzcan daños o perjuicios al Estado en su Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales, la Auditoría Superior de la Federación procederá a:
I. Determinar los daños y perjuicios correspondientes y fincar directamente a los responsables el importe para resarcir el daño así como las indemnizaciones y sanciones pecuniarias respectivas;
II...
III...
IV...
V...
VI. La Auditoría Superior de la Federación informará a la Comisión, sobre las acciones, trámites y seguimientos que realice sobre los casos irregulares detectados.
SE PROPONE LA REFORMA DEL ARTÍCULO 51 COMO SIGUE:
Artículo 51.- La Auditoría Superior de la Federación, con base en las disposiciones de esta Ley, formulará a los Poderes de la Unión y entes públicos federales los pliegos de observaciones derivados de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública, en los que se determinará en cantidad líquida, la presunta responsabilidad de los infractores, las entidades fiscalizadas a su vez, estarán obligadas a registrar en su contabilidad, la cuenta por cobrar que se hubiere determinado en el pliego de observaciones, emitido por la Auditoria Superior de la Federación y que haya quedado firme en los términos del artículo anterior.
SE PROPONE LA REFORMA DEL ARTÍCULO 52 COMO SIGUE:
Artículo 52.- Los Poderes de la Unión y entes públicos federales, dentro de un plazo improrrogable de 30 días hábiles contado a partir de la fecha de recibo de los pliegos de observaciones, deberán solventar los mismos ante la Auditoría Superior de la Federación. Cuando los pliegos de observaciones no sean solventados dentro del plazo señalado, o bien, la documentación y argumentos presentados no sean suficientes a juicio de la Auditoría Superior de la Federación para solventar las observaciones, iniciará el procedimiento para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias a que se refiere el siguiente capítulo, y, en su caso, aplicará las sanciones pecuniarias a que haya lugar, en los términos de esta Ley.
SE PROPONE LA REFORMA DEL ARTÍCULO 53 COMO SIGUE:
Artículo 53.- El fincamiento de las responsabilidades resarcitorias se sujetará al procedimiento siguiente:
I...
II...
III...
IV. Para la imposición de las sanciones resarcitorias se tomarán en cuenta los elementos propios del empleo, cargo o comisión que desempeñaba el servidor público cuando incurrió en la falta, que a continuación se refieren:
a) La gravedad de la responsabilidad en que se incurra;
b) Las circunstancias socioeconómicas del servidor público;
c) El nivel jerárquico y los antecedentes del infractor, entre ellos la antigüedad en el servicio;
d) Las condiciones exteriores y los medios de ejecución;
e) La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones, y
f) El monto del beneficio, lucro, o daño o perjuicio derivado del incumplimiento de obligaciones.
El incumplimiento a lo dispuesto en este artículo por parte del jefe inmediato, del titular de la dependencia o entidad correspondiente o de los servidores públicos de la Tesorería de la Federación o de los auxiliares de ésta, será causa de responsabilidad administrativa disciplinaria en los términos de la Ley.
V. Las resoluciones y acuerdos de la Auditoría Superior de la Federación durante el procedimiento a que se refiere este Capítulo constarán por escrito. Las sanciones impuestas una vez que hayan causado ejecutoria se notificaran tanto a la dependencia o entidad en donde se encontraba adscrito el servidor o servidores públicos responsables así como a la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para los efectos correspondientes de registro y ejecución.
SE PROPONE LA REFORMA DEL ARTÍCULO 54 COMO SIGUE:
Artículo 54.- En todas las cuestiones relativas al procedimiento no previstas en este Capítulo, así como en la apreciación de las pruebas, y desahogo del recurso de reconsideración, se observarán las disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y del Código Federal de Procedimientos Civiles.
SE PROPONE LA REFORMA DEL ARTÍCULO 56 COMO SIGUE:
Artículo 56.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, deberá informar, a más tardar el último día de los meses de julio y enero, a la Auditoría Superior de la Federación y a la Comisión, de los trámites que se vayan realizando para la ejecución de los cobros respectivos y el monto recuperado.
SE PROPONE LA REFORMA DEL ARTÍCULO 59 COMO SIGUE:
Artículo 59.- Las sanciones y demás resoluciones que emita la Auditoría Superior de la Federación conforme a esta Ley, podrán ser impugnadas por el servidor público o por los particulares, personas físicas o morales, ante la Unidad de Evaluación y Control, mediante el recurso de reconsideración o bien, mediante juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. El recurso de reconsideración se interpondrá dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación del pliego o resolución recurrida.
Las resoluciones que se dicten en el recurso de reconsideración serán también impugnables ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
SE PROPONE LA REFORMA DEL ARTÍCULO 60 COMO SIGUE:
Artículo 60.- La tramitación del recurso se sujetará a las disposiciones siguientes:
I. Se iniciará mediante escrito en el que se deberán expresar los agravios que a juicio del servidor público o del particular, persona física o moral, le cause la multa o resolución impugnada; acompañando copia de ésta y constancia de la notificación de la misma; el ofrecimiento de pruebas que considere necesario rendir; los documentos que acrediten la personalidad del promovente cuando actúe a nombre de otro o en representación de persona moral; tratándose de actos que por no haberse resuelto en tiempo se entiendan negados, y deberá acompañarse del escrito de iniciación del procedimiento sobre el cual no hubiere recaído resolución alguna.
II. La Unidad de Evaluación y Control acordará sobre la admisión del recurso y de las pruebas ofrecidas, previniendo por escrito, por única vez, al promovente, para que en un plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación personal, subsane el incumplimiento de alguno de los requisitos o presente los documentos mencionados. Si transcurrido este plazo el recurrente no desahoga dicha prevención, el recurso se tendrá por no interpuesto. Asimismo desechará de plano las pruebas que no fuesen idóneas para desvirtuar los hechos en que se base la resolución, y
III...
SE PROPONE SE REFORME EL ARTÍCULO 61 COMO SE INDICA A CONTINUACIÓN:
Artículo 61.- La interposición del recurso suspenderá la ejecución del pliego o resolución recurrida, si el pago de la sanción correspondiente se garantiza en términos que prevenga el Código Fiscal de la Federación
La resolución del recurso se fundará en derecho y examinará todos y cada uno de los agravios hechos valer del recurrente, teniendo la autoridad competente la facultad de invocar hechos notorios; pero cuando uno de los agravios sea suficiente para desvirtuar la validez del acto o resolución impugnados, bastará con el examen de dicho punto.
No se podrá anular, revocar o modificar los actos o resoluciones con argumentos que no se hayan hecho valer por el recurrente.
SE PROPONE SE REFORME EL ARTÍCULO 62 COMO SE INDICA A CONTINUACIÓN:
Artículo 62.- Los servidores públicos en todo momento durante el procedimiento a que se refiere el artículo 53 de esta Ley, o bien, para la interposición del recurso de reconsideración respectivo, podrán consultar los expedientes administrativos donde consten los hechos que se les imputen y obtener copias certificadas de los documentos correspondientes.
Las resoluciones que dicte el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa podrán ser impugnadas mediante el juicio de amparo por la Auditoría Superior de la Federación.
Si el servidor público presunto responsable confesare su responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones a que hace referencia la Ley, se procederá de inmediato a dictar resolución, a no ser que la Auditoría Superior de la Federación disponga la recepción de pruebas para acreditar la veracidad de la confesión. En caso de que se acepte la plena validez probatoria de la confesión, se impondrá al servidor público dos tercios de la sanción aplicable, si es de naturaleza económica, pero en lo que respecta a indemnización, ésta en todo caso deberá ser suficiente para cubrir los daños o perjuicios causados, y siempre deberá restituirse cualquier bien o producto que se hubiese percibido con motivo de la infracción.
SE PROPONE SE REFORME EL ARTÍCULO 66 COMO SE INDICA A CONTINUACIÓN:
Artículo 66.- Para los efectos de lo dispuesto en la fracción II del artículo 74 constitucional, la Cámara contará con una Comisión que tendrá por objeto, coordinar las relaciones entre ésta y la Auditoría Superior de la Federación, evaluar el desempeño de esta última y constituir el enlace que permita garantizar la debida coordinación entre ambos órganos, así como participar en las funciones especifícas que le otorga la presente Ley, con estricto apego a la autonomía técnica y de gestión que goza la Auditoría Superior de la Federación.
SE PROPONE SE REFORME EL ARTÍCULO 67 COMO SE INDICA A CONTINUACIÓN:
Artículo 67.- Son atribuciones de la Comisión:
I...
II...
III...
IV. Conocer y sugerir al Auditor Superior de la Federación en la elaboración del programa anual de actividades que para el debido cumplimiento de sus funciones, elabore la Auditoría Superior de la Federación, así como sus modificaciones, y evaluar su cumplimiento;
V...
VI. Conocer y proponer, el proyecto de presupuesto anual de la Auditoría Superior de la Federación, así como el informe anual de su ejercicio, y turnarlo a la Junta de Coordinación Política de la Cámara para los efectos legales conducentes;
VII...
VIII...
IX...
X...
XI...
XII...
XIII...
XIV...
SE PROPONE SE REFORME EL ARTÍCULO 72 COMO SE INDICA A CONTINUACIÓN:
Artículo 72.- Durante el receso de la Cámara, el Auditor Especial que corresponda conforme al Reglamento Interior, ejercerá el cargo hasta en tanto dicha Cámara designe al Auditor Superior en el siguiente periodo de sesiones.
El Auditor Superior será suplido en sus ausencias temporales por los auditores especiales en el orden que señale el reglamento interior de la Auditoría Superior de la Federación, misma que no podrá exceder de 45 días naturales. En caso de falta definitiva, la Comisión dará cuenta a la Cámara para que designe, en términos del artículo 71 de esta Ley, al Auditor Especial que concluirá el encargo de Auditor Superior.
SE PROPONE SE REFORME EL ARTÍCULO 74 COMO SE INDICA A CONTINUACIÓN:
Artículo 74.- El Auditor Superior tendrá las siguientes atribuciones:
I...
II...
III...
IV. Elaborar, atendiendo las sugerencias de la Comisión el programa anual de actividades de la entidad a su cargo, así como el programa anual de auditorías, visitas e inspecciones;
V. Expedir, de conformidad con lo establecido en esta Ley y remitir a la Comisión, el Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, en el que se distribuirán las atribuciones a sus unidades administrativas y sus titulares, además de establecer la forma en que deberán ser suplidos estos últimos en sus ausencias, debiendo ser publicado dicho reglamento interior en el Diario Oficial de la Federación;
VI. Expedir los manuales de organización y procedimientos que se requieran para la debida organización y funcionamiento de la Auditoría Superior de la Federación, mismos que remitirá a la Comisión y publicados posteriormente en el Diario Oficial de la Federación;
VII...
VIII...
IX...
X...
XI...
XII...
XIII. Remitir a la Unidad de Evaluación y Control el recurso de reconsideración interpuesto en contra de sus resoluciones;
XIV...
XV. Formular y entregar, por conducto de la Comisión, el Informe General del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública a la Cámara, a más tardar el 31 de marzo del año siguiente al de su presentación así como los informes parciales, respecto de las auditorías que haya practicado a más tardar quince días después de la conclusión del informe respectivo;
XVI...
XVII. Proponer y formalizar los procedimientos de coordinación con los Poderes de la Unión y los Gobiernos estatales y municipales, de conformidad a lo establecido por el numeral 33 de este ordenamiento, así como celebrar convenios con los organismos internacionales que agrupen a entidades de fiscalización superior homólogas, con éstas directamente y con el sector privado;
XVIII...
XIX...
XX. Aplicar, cuando así se requiera las medidas de apremio a que hace referencia el numeral 21 de este ordenamiento; y
XXI. Las demás que señale esta Ley y demás disposiciones legales aplicables.
Las atribuciones previstas en las fracciones II, IV, V, VII, VIII, IX, XIII, XIV, XV y XVIII son de ejercicio directo del Auditor Superior y, por tanto, no podrán ser delegadas.
SE PROPONE SE REFORME EL ARTÍCULO 77 COMO SE INDICA A CONTINUACIÓN:
Artículo 77.- Sin perjuicio de su ejercicio directo por el Auditor Superior y de conformidad con la distribución de competencias que establezca el Reglamento Interior, corresponden a los Auditores Especiales las facultades siguientes:
I. Planear, conforme a los programas aprobados por el Auditor Superior, las actividades relacionadas con la revisión de la Cuenta Pública y elaborar los análisis temáticos que sirvan de insumos para la preparación del Informe General del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública;
II. Revisar la Cuenta Pública del año anterior, incluido los Informes de Avance de la Gestión Financiera que se rinda en términos del artículo 8o. de esta Ley;
III...
IV...
V...
VI...
VII...
VIII...
IX. Remitir a la Unidad de Evaluación y Control el recurso de reconsideración que se interponga en contra de sus resoluciones;
X...
XI...
XII...
XIII. Suplir en sus ausencias al Auditor Superior de la Federación;
XIV. Aplicar, cuando así se requiera las medidas de apremio a que hace referencia el numeral 21 de este ordenamiento; y
XV...
SE PROPONE SE REFORME EL ARTÍCULO 78 COMO SE INDICA A CONTINUACIÓN:
Artículo 78.- La Auditoría Superior de la Federación contará con una Unidad de Asuntos Jurídicos, cuyo titular tendrá las siguientes atribuciones:
I...
II. Representar a la Auditoría Superior de la Federación ante los Tribunales de la República y ejercer las acciones inherentes en los procedimientos civiles, penales, políticos, administrativos o de cualquier otra índole que se instauren con motivo de los resultados del ejercicio de las facultades de la Auditoría Superior de la Federación o en aquéllos en que sea requerida su intervención;
III...
IV...
V...
VI...
VII. Aplicar, cuando así se requiera las medidas de apremio a que hace referencia el numeral 21 de este ordenamiento; y
VIII...
SE PROPONE SE REFORME EL ARTÍCULO 86 COMO SE INDICA A CONTINUACIÓN:
Artículo 86.- La Auditoría Superior de la Federación elaborará tomando en cuenta las sugerencias realizadas por la Comisión, su proyecto de presupuesto anual que contenga, de conformidad con las previsiones de gasto, los recursos necesarios para cumplir con su encargo, el cual será remitido por el Auditor Superior de la Federación a la Junta de Coordinación Política de la Cámara para su estudio y en su caso inclusión en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. La Auditoría Superior de la Federación ejercerá autónomamente, con sujeción a las disposiciones aplicables, su presupuesto aprobado.
SE PROPONE SE REFORME EL ARTÍCULO 92 COMO SE INDICA A CONTINUACIÓN:
Artículo 92.- La Unidad de Evaluación y Control de la Comisión tendrá las siguientes atribuciones:
I...
II...
III...
IV... Conocer y resolver el recurso de reconsideración que interpongan los servidores públicos sancionados conforme a lo dispuesto por la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, así como del recurso de reconsideración interpuesto en contra de las resoluciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación;
V...
VI...
VII...
VIII...
IX...
X...
...
TRANSITORIO
UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, y se aplicará lo dispuesto en los artículos transitorios siguientes.
Palacio Legislativo a 15 de noviembre de 2001.
Dip. Amado Olvera Castillo (rúbrica)
(Túrnese a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública con opinión de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda. Noviembre 15 de 2001.)
DE LEY DE LA AGROINDUSTRIA DE LA CAÑA DE AZUCAR, PRESENTADA POR EL DIPUTADO BERNARDO PASTRANA GOMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, EN LA SESION DEL JUEVES 15 DE NOVIEMBRE DE 2001
Bernardo Pastrana Gómez, diputado federal de la LVIII Legislatura, con fundamento en la fracción II del artículo 71 y 72 Constitucionales; de la fracción II del artículo 55, así como de los artículos 56 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, y por ser facultad del Congreso legislar en materia de planeación del desarrollo económico y social de la Nación, con base en los artículos 25, 26 y 28 en relación a las fracciones X, XXXIX-D. XXXIX-E de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante ésta soberanía, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la siguiente iniciativa con proyecto de:
LEY DE LA AGROINDUSTRIA DE LA CAÑA DE AZÚCAR
A la luz de la siguiente:
Exposición de Motivos
La actividad azucarera es la industria activa más antigua del país, históricamente el Estado Mexicano ha tenido una preocupación especial por la situación del sector, un breve recorrido por el pasado revela que los problemas que se viven actualmente en la industria del azúcar no son muy diferentes de los que se vivieron en 1908, 1931, 1943, 1969 y 1975.
La historia revela las crisis periódicas que ha sufrido el sector, durante las últimas décadas el gobierno ha intervenido en el ramo azucarero al menos cuatro ocasiones como única solución para el arrendamiento azucarero y ya desde la época posrevolucionaria, se buscaron mecanismos de comercialización y financiamiento que dieran impulso y desarrollo a la agroindustria , pero la falta de una política de estado para el sector, la escandalosa corrupción y la apertura comercial, entre otras razones, generaron las condiciones que han puesto en grave riesgo la supervivencia de este importante sector de la agricultura Mexicana.
El cultivo de la caña de azúcar y su industrialización, representa sin duda alguna una actividad de gran importancia para el desarrollo del campo Mexicano, ya que a través de la de la operación de los ingenios azucareros y la actividad en los campos cañeros , se crean un gran número de empleos y una sustancial derrama económica propiciando de esa manera importantes polos de desarrollo regional , dando el sustento y seguridad social a miles de familias sobre todo en el área rural, por lo que cancelar esta actividad traería como consecuencia enormes implicaciones negativas en lo social y en lo económico difíciles de imaginar, en función de estas características, se debe buscar la supervivencia de esta actividad y con ello darle oportunidad al campo Mexicano de emplearse en cultivos que le garanticen la rentabilidad.
Las regiones cañeras son un modelo importante de desarrollo para el país por sus bajas tasas de desempleo y migración al exterior, zonas enteras dependen del buen desempeño y resultados generados por el sector año con año.
Existen regiones, en las cuales ningún otro cultivo podría sustituir a la caña de azúcar. La superficie del territorio nacional sembrada con este producto se aproxima a las 695 mil hectáreas y de ellas un 70% corresponde a terrenos ejidales y el 30% restante a pequeños propietarios.
La industria azucarera no es solamente un generador de empleo, la importancia del azúcar dentro del sector alimentario es toral, el valor energético del azúcar como alimento popular es innegable, así como su lugar dentro de nuestras tradiciones, usos y costumbres.
México ocupa el octavo lugar a nivel mundial como consumidor con 42 kilogramos anuales per cápita y el séptimo lugar en producción de azúcar entre más de cien países. Dependen directamente de ella alrededor de 440 mil trabajadores, jornaleros, agricultores y transportistas, además de sus dependientes económicos que en total suman más de 2.5 millones de mexicanos.
De la producción nacional de azúcar, 58% es para uso industrial, el 32% es de uso doméstico y el 10% restante se exporta principalmente al mercado internacional. El precio de exportación al mercado de excedentes durante los últimos años ha fluctuado entre el 30 y el 50% del mercado nacional contribuyendo, en ello a acentuar grandes pérdidas al sector.
Más aún y en perjuicio de la propia industria durante el presente año se acrecentó el problema al observar un mercado distorsionado, precios a la baja, insuficiencia financiera, incumplimiento de reglas de exportación, rezago en el pago a productores, trabajadores, jubilados, autoridades, proveedores de servicios, así como falta de inversión en reparación y tecnología.
Adicionalmente, la industria se había quedado sin una fuente formal de financiamiento a partir de la liquidación de Financiera Nacional Azucarera, existían enormes niveles de endeudamiento, la relación deuda capital de los ingenios en algunos casos, rebasaba por mucho, los niveles generalmente aceptados, el mercado se caracterizaba por excedentes de inventario que empujaban los precios internos a la baja a índices que en ciertos períodos se ubicaron por debajo de la curva de costos medios de producción de la industria.
La baja productividad del campo, la poca eficiencia de algunas fábricas, el desorden en el mercado azucarero y la escandalosa corrupción dentro del sector, hicieron crisis en la zafra 2000-2001 , de tal manera que muchos ingenios no pudieron hacer frente a sus compromisos contraídos con los productores de caña y ponían en riesgo la ejecución de la zafra 2001-2002, esta situación representó un reto y una oportunidad para adoptar medidas que resuelvan de fondo los problemas que afectan a la agroindustria, por lo que el Gobierno Federal en una actitud responsable, el día 3 de septiembre del presente año, mediante Decreto Presidencial, expropio 27 de los 60 ingenios que funcionan en el país, con la finalidad de poner orden al mercado, sanear la industria y dar certeza a los productores, buscando con ello la modernización que requiere la actividad agroindustrial.
La modernización implica fundamentalmente un cambio en los esquemas productivos y de organización de la producción, un cambio de mentalidad de cada uno de los participantes en la cadena productiva y de comercialización, un cambio en la estructura de organización gremiales y un proceso amplio de capacitación y adiestramiento laboral, el conjunto de cambios favorables en cada uno de estos aspectos, se traduciría en el mediano y largo plazo en una agroindustria fuerte, capaz de superar los retos que depara la apertura comercial y la necesidad de seguir siendo una actividad que contribuya al desarrollo del medio rural, con empleos productivos bien remunerados, con la creación de infraestructura, con el servicio de seguridad social y de educación, de tal suerte que se eleven los niveles de vida de las familias que dependen directa o indirectamente de esta actividad. Sin duda esta actitud asumida por el Gobierno Federal crea las bases para iniciar un cambio estructural en el funcionamiento de la Agroindustria Azucarera, organizar económicamente a los ingenios pero sobre todo, dar un fuerte impulso a la organización social de la comunidad cañera.
Y ante esto es necesario adecuar el marco jurídico que regula esta actividad para dejar plasmada en el, la nueva política que requiere el sector e incluir asuntos tales como la investigación técnica en el campo y fábrica, el crédito directo al campo cañero y la obligatoriedad de establecer el sistema de pago por calidad individual que no están claramente definidas en el Decreto vigente o en las iniciativas presentadas ante esta soberanía y con ello, darle modernidad y competitividad a la política cañera, acorde con la política nacional azucarera recien anunciada.
Y por la importancia del tema solicito a la Presidencia que esta iniciativa sea turnada a la Comisión Especial de la Agroindustria Azucarera de México para su opinión y a la comisión que se considere debe emitir dictamen.
Por su atención muchas gracias.
Título Primero
Capítulo Primero
Disposiciones Generales
Artículo 1º Ésta ley tiene por objeto fijar las normas que regulan las actividades asociadas a la agroindustria de la caña de azúcar y a la rectoría del Estado en esta materia por ser de interés público.
Artículo 2º Son sujetos de esta Ley y gozarán de todos sus beneficios: los abastecedores de caña, los industriales azucareros y las organizaciones o asociaciones que representen a ambos sectores.
Título II
De los Organos y Autoridades Azucareras
Capítulo I
Del Consejo Nacional de la Agroindustria de la Caña de Azúcar
Artículo 3º El Consejo Nacional de la Agroindustria de la Caña de Azúcar, es un organismo descentralizado, dependiente del Ejecutivo Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, y que cuenta con la participación de todos los sectores relacionados con la agroindustria.
El Consejo será el máximo órgano regulador en todos los ámbitos de la cadena agroindustrial azucarera, que incluye entre otras, la comercialización, la investigación, el desarrollo tecnológico, la diversificación, así como regular las relaciones entre los cañeros e industriales del azúcar.
Artículo 4º El Consejo estará integrado por sendos representantes de:
a) Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
b) Secretaría de Hacienda y Crédito Público
c) Secretaría de Economía
d) Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
e) Secretaría de Desarrollo Social
f) Gobiernos de los Estados en donde se produzca e industrialice la caña de azúcar.
g) Cámara Nacional de la Industria Azucarera y Alcoholera
h) Organizaciones Nacionales de Productores de Caña
Se podrá invitar para emitir su opinión técnica a representantes de reconocidas instituciones de Investigación y Académicas del país.
Artículo 5º El Consejo tendrá las siguientes funciones:
I.-Proponer las políticas nacionales que habrán de aplicarse en la materia, a fin de elevar la eficiencia de la Agroindustria Azucarera;
II.- Planificar el desarrollo de la agroindustria de la caña de azúcar en los eslabones de la cadena producción-consumo e impulsar esquemas que propicien la inversión en el campo cañero, y en la agroindustria azucarera;
III.- Funcionar como ventanilla única de la agroindustria de la caña de azúcar para la tramitación y/o prestación de los servicios asociados a dicha actividad;
IV.- La administración de la reserva considerada estratégica que permita tener niveles de inventarios adecuados;
V. Promover el establecimiento de un esquema financiero a la producción azucarera que pueda operarse desde el principio de la zafra que promueva el desarrollo del campo cañero y la operación de los ingenios, así como el financiamiento de los inventarios de azúcar;
VI.- Promover la exportación de los productos y subproductos derivados de la caña de azúcar y operar un sistema integral de información de mercados y servicios;
VII.- Expedir los lineamientos y bases relativos a las características de la caña como materia prima para la industria azucarera, las relaciones entre los ingenios y sus abastecedores y las cañas no industrializadas y demás disposiciones relativas;
VIII.- Determinar el precio de referencia del azúcar para el pago de la caña, con base en el balance azucarero para la zafra correspondiente.
IX.- Operar un registro nacional sobre el método de medición adoptado por el Comité de Producción Cañera de cada ingenio, de acuerdo al sistema de cuantificación de calidad de la caña para el pago de la misma;
X.- Proponer los criterios y procedimientos para asignar entre los ingenios del país las cuotas de azúcar para el mercado nacional y las destinadas al mercado de cuotas en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, vigilando la exportación de excedentes si los hubiere;
XI.- Apoyar y promover el desarrollo sustentable de la agroindustria, impulsando la investigación tecnológica y la diversificación de los usos de la caña de azúcar;
XII.- Preservar el medio ambiente y proteger la biodiversidad en el campo cañero, aplicando la normatividad existente en la materia;
XIII.- Fomentar el consumo del azúcar nacional y de sus subproductos;
XIV.- Instrumentar un sistema de registro e informes de control mensual y anual del comportamiento del balance azucarero y de edulcorantes;
XV.- Apoyar e impulsar las empresas de los sectores social y privado cuyo objeto social sea el aprovechamiento de la caña de azúcar, la comercialización de los productos y subproductos de la misma, así como la distribución de los insumos para la agroindustria, bajo criterios de rentabilidad económica y social;
XVI.- Definir las sanciones económicas que, a su juicio, deban aplicarse a los ingenios que incumplan con las cuotas de exportación de azúcar establecidas, a fin de que el precio de referencia del azúcar para el pago de la caña no sea afectado por parte de los ingenios por incumplimiento de las exportaciones;
XVII.- Llevar el registro y control de niveles de producción base por ingenio para garantizar la competitividad del sector en los mercados de América del Norte, hacia una situación de libre comercio en materia de edulcorantes;
XVIII.- Identificar oportunidades de inversión en el campo cañero y la agroindustria azucarera y gestionar la obtención de financiamiento ante instituciones públicas y/o privadas para la realización de proyectos de inversión cuya rentabilidad social sea positiva;
XIX.- Promover la creación de los Centros Regionales de Servicios Integrales Cañeros;
XX.- Proponer los programas que resulten más convenientes para mejorar la producción, industrialización y comercialización de la caña de azúcar y sus derivados;
XXI.- Programar la incorporación de los ingenios al sistema de pago por calidad individual o por frente de corte;
XXII.- Evaluar las repercusiones de los Tratados de Libre Comercio en el ámbito de la agroindustria de la caña de azúcar;
XXIII.- Supervisar las exportaciones al mercado internacional y al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y
XXIV.- El Consejo podrá gestionar ante instituciones públicas y/o privadas los créditos para el financiamiento de los planes que tengan por objeto el mejoramiento de la agroindustria de la caña de azúcar.
XXV.- El Consejo Nacional de la Agroindustria de la Caña de Azúcar remitirá al Ejecutivo su proyecto de presupuesto, quién a su vez lo remitirá al Legislativo para su aprobación o modificación en su caso.
XXVI.- El Consejo, podrá solicitar a las dependencias del Ejecutivo Federal, estatal y municipal la información que requiera, para el mejor desempeño de las funciones que tiene asignadas.
XXVII.- Las demás que le atribuya esta ley y su reglamento que para el efecto se expida.
Artículo 6º El Consejo estará a cargo de un Director General, que será elegido por los miembros y tendrá su representación legal.
Las acciones que lleve a cabo el Director General, serán previo acuerdo del Consejo.
Su duración en el cargo es de tres años, pudiendo ser revocado su mandato previo acuerdo de mayoría simple del Consejo.
Capítulo II
De los Comités de Producción Cañera
Artículo 7º En cada ingenio se constituirá un Comité de Producción Cañera, el cual habrá de regular todo lo concerniente a la siembra, cultivo, cosecha, entrega, recepción y a la calidad de la materia prima.
Artículo 8º Los Comités de producción Cañera se integrarán con un representante del ingenio y los representantes de los abastecedores que corresponda.
I.- El ingenio de que se trate deberá nombrar, de preferencia, a su gerente y a su superintendente de campo, con el carácter de propietario y suplente, respectivamente, pudiendo asignar a cualquier persona siempre y cuando se le confieran facultades de decisión;
II.- Los abastecedores deberán nombrar un representante propietario, con su respectivo suplente, por cada Organización o Asociación Local legalmente constituida;
Artículo 9º Los Comités de Producción Cañera tendrán a su cargo las siguientes funciones:
I. Formular los Programas de Operación de Campo relativos a la siembra de la caña de azúcar, actividades agrícolas, mecanización del campo cañero, cosecha y molienda de caña para zafra; construcción, conservación y mejoramiento de caminos cañeros y de obras de infraestructura, albergues para cortadores; modificación de tarifas por trabajos ejecutados y de tarifas de trabajos de siembra, cultivo, cosecha y entrega-recepción de caña; y de las solicitudes de crédito en general;
II. Modificar, en su caso, el Programa semanal de Prioridades de corte; adecuar el Programa de Zafra cuando a su juicio sea conveniente y acordar la suspensión de cortes si las condiciones lo requieren;
III. Determinar las erogaciones, que en su caso, deban hacer el ingenio y/o los cañeros para el mantenimiento de los cortadores inactivos a causa de interrupciones en la zafra;
IV. Convenir las condiciones económicas y de operación para el traspaso de caña de azúcar de un ingenio a otro, cuando se estime conveniente;
V. Expedir las órdenes de suspensión de riegos, de quemas y de corte, así como elaborar el acta de fin de zafra durante los diez días siguientes a su terminación;
VI. Determinar los descuentos aplicables a la caña de azúcar al ser entregada al ingenio;
VII. Informar al Consejo sobre el avance de los programas convenidos; los avances semanales y acumulados de los programas del campo y de recepción de caña de fábrica; los reportes de evaluación de actividades y los cambios de programas; el inicio y término de la operación de la zafra; y los demás que se le soliciten;
VIII. Determinar el monto de los castigos a que se hagan acreedores los abastecedores o el ingenio, en su caso, cuando las cañas no cumplan los requisitos establecidos en los lineamientos relativos a las características de la caña como materia prima para su molienda;
IX. Recibir y resolver las inconformidades de los abastecedores o de los industriales e intervenir como árbitro;
X. Acordar el sistema de cuantificación de la calidad de la caña de azúcar y dar aviso al Consejo de los cambios que se hagan;
XI. Los acuerdos tomados en el seno del Comité de Producción estarán a disposición de las partes en un término que no exceda de quince días naturales;
XII. Las demás que le confieran la presente Ley y el reglamento que para el efecto se expida;
Título Tercero
De las Asociaciones de Productores de Caña de Azúcar
Capítulo I
Organización y Objeto de las Asociaciones Cañeras
Artículo 10º Los abastecedores de los ingenios podrán constituir asociaciones locales y nacionales de productores de caña, para la mejor defensa de sus intereses.
Artículo 11º Las asociaciones nacionales y locales se constituirán conforme a lo dispuesto en esta ley y al reglamento que para el efecto se expida.
Artículo 12º La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, por medio del Registro Nacional Agropecuario, llevará un registro de las asociaciones locales y nacionales de los abastecedores que se constituyan, asentando los datos relativos al acta constitutiva y al padrón cañero respectivo, los estatutos y demás actos relacionados con las organizaciones.
Capítulo II
De las Asociaciones Locales de Productores de Caña
Artículo 13º Las asociaciones locales de productores de caña tienen por objeto:
I.- Representar los intereses de sus asociados ante los industriales, organismos públicos o privados y autoridades sean federales, estatales o municipales;
II.- Impulsar la modernización de las zonas de abastecimiento y la adopción de prácticas productivas e innovaciones tecnológicas que tiendan a incrementar la productividad entre sus afiliados;
III.- Promover las medidas que se estimen convenientes para impulsar la actividad cañera en las zonas de abastecimiento;
IV.- Organizar el otorgamiento de servicios de orientación y asistencia técnica, legal y administrativa relacionada con su actividad, siempre en beneficio de sus asociados;
V.- Defender los intereses de sus afiliados ante los Comités de Producción Cañera y ante cualquier instancia, en los términos que se establezca en sus estatutos y en el reglamento del Comité;
VI.- Organizar y participar en eventos, exposiciones, conferencias, seminarios y en general toda clase de actividades que redunde en beneficio de sus agremiados;
VII.- Impulsar la capacitación técnica de los productores de caña de azúcar para mejorar los niveles de producción;
VIII.- Gestionar ante las autoridades competentes, el mejoramiento de las condiciones de vida de los productores cañeros y de sus familias en las zonas de abastecimiento;
IX.- Promover las figuras asociativas para el desarrollo de proyectos productivos y de micro financiamiento que contribuyan al desarrollo regional, municipal y a un empleo digno;
X.- Los representantes de las Asociaciones podrán ser sujetos de responsabilidades de tipo penal y/o civil según sea el caso;
XI.- Las demás que esta ley, su reglamento y sus estatutos señalen;
Artículo 14º Las asociaciones locales estarán constituidas en las zonas de abastecimiento con los productores de caña que tengan contrato firmado con el ingenio que corresponda.
Artículo 15° Para la obtención del registro de las organizaciones locales se requerirá que éstas cuenten con un padrón mínimo equivalente al ocho por ciento de la plantilla total de los productores de la zona de abastecimiento correspondiente, debiendo registrarse ante la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
Artículo 16º Las asociaciones cañeras que se constituyan con arreglo a esta ley, podrán a su vez integrarse a cualquiera de las asociaciones nacionales, legalmente constituidas.
Capítulo III
De las Asociaciones Nacionales de Productores de Caña
Artículo 17º Las asociaciones nacionales tendrán por objeto:
I. Representar los intereses de los productores de caña ante cualquier autoridad u organismo de carácter público o privado;
II. Apoyar al desarrollo y fortalecimiento de los organismos locales afiliados;
III. Estudiar y promover el establecimiento y perfeccionamiento del sistema de seguridad y previsión social en beneficio de los productores cañeros y sus familias;
IV. Fomentar la constitución y operación de organismos auxiliares de crédito y empresas operadoras de suelos, maquinaria, insumos y otros servicios;
V. Defender los intereses de las organizaciones locales y de los productores de caña, ante las instancias correspondientes, y
VI. Los demás que esta ley su reglamento y estatutos les señalen.
Artículo 18º Es una Asociación Nacional la que se constituya con las asociaciones locales de productores de caña de azúcar, y que comprendan por lo menos la mitad más uno de los estados en que se siembre la caña de azúcar, debiéndose registrar ante la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
Artículo 19º Para obtener el registro como asociación nacional se requerirá contar con un padrón mínimo, debidamente acreditado del ocho por ciento del total de productores de caña del país.
Capítulo IV
De los Centros Regionales de Servicios Integrales y Desarrollo Cañeros
Artículo 20º Para impulsar la productividad, competitividad y desarrollo integral de las zonas cañeras se crean los Centros Regionales de Servicios Integrales Cañeros que atenderán al sector.
Artículo 21º En cada zona cañera y de abasto, se constituirá un Centro Regional de Servicios Integrales Cañeros, los que serán operados por unidades profesionales de servicios que incluirá, entre otros, los siguientes servicios:
I. Laboratorio de análisis de suelo y planta.
II. Centro de Capacitación y Asesoría Técnica
III. Centro de Investigación Tecnológica
IV. Centro de Información (Portal en internet)
V. Red agroclimatológica para monitoreo ambiental.
Artículo 22º Para la mejor prestación de los servicios, el Centro se integrará por los siguientes departamentos:
I. Insumos y comercialización;
II. Asesoría Técnica;
III. Investigación y Desarrollo Tecnológico;
IV. Gestión de Programas y apoyos de gobierno y
V. Programación zafra y relaciones con la industria.
Artículo 23º El Financiamiento para la prestación de los servicios del Centro se integrará a través de un Fideicomiso en cada zona de ingenio con la aportación tripartita de Industriales, Productores y Gobierno Federal;
Título Cuarto
De las Relaciones Contractuales
Capítulo I
De los Contratos
Artículo 24º Los contratos de compraventa y de crédito para la siembra, cultivo, cosecha, entrega y recepción de caña de azúcar que deban celebrar los industriales con sus abastecedores de materia prima, será uno por cada ingenio, y se sujetarán a los términos que se establecen en esta ley y su reglamento.
Artículo 25º En los contratos que se celebren entre abastecedores de materia prima e industriales, se deberá tener en consideración para su vigencia, la naturaleza del ciclo de caña de azúcar, contemplándose en lo que se refieran a nuevas siembras, una vigencia mínima obligatoria de tres años y de un año para socas y resocas que no provengan de plantas contratadas.
Artículo 26º Los industriales podrán otorgar créditos de avío y refaccionarios a los abastecedores de materia prima.
En el caso de que los cañeros constituyan uniones de crédito o cualquier otra figura asociativa sujeta de crédito, y éstas cuenten con financiamiento de las Instituciones de Crédito de acuerdo con las disposiciones legales aplicables a éstas, los abastecedores de materia prima podrán recibir crédito de avío y refaccionario directamente de dichas uniones y esos casos los industriales están obligados a retener la parte proporcional del crédito recibido por los productores cuando así se lo soliciten.
Artículo 27º Las obligaciones crediticias deberán ser descontadas de la preliquidación y en la liquidación final, según corresponda a la fecha en que el ingenio tenga derecho de cobrar o retener para enterar los importes respectivos. En todo caso el monto que se trate deberá ser cubierto a más tardar al momento del finiquito.
Capítulo II
Del Sistema de Pago
Artículo 28º Cuando la caña de azúcar se destine a la producción de azúcar, su precio deberá referirse al azúcar recuperable base estándar, a razón del cincuenta y siete por ciento del precio al mayoreo de un kilogramo de azúcar base estándar, libre a bordo ingenio. Este se determinará como el promedio ponderado del precio de referencia nacional del azúcar estándar y el precio de las exportaciones de todos los tipos de azúcar, referidos a base estándar.
Artículo 29º El Consejo establecerá los sistemas de pago de la caña de azúcar cuando ésta se destine a la producción de bienes distintos al del endulzante.
Artículo 30º El precio de la caña de azúcar regirá anualmente, de acuerdo al precio al mayoreo de un kilogramo de azúcar base estándar, libre a bordo ingenio, que debe fijar el Consejo el día 1º de octubre de cada año, con vigencia a partir de ese día y hasta el 30 de septiembre del año siguiente.
Artículo 31º Para determinar el monto que debe pagarse por la caña conforme a un contenido de azúcar recuperable base estándar uniforme en cada ingenio, se debe cumplir lo siguiente:
I. Al concluir la molienda de un ingenio, se determinará el promedio ponderado del azúcar recuperable base estándar conforme al total de la caña bruta molida en la zafra de que se trate, calculado en kilogramos de azúcar base estándar por tonelada, utilizando al efecto los informes oficiales de corrida semanal y de acuerdo con los lineamientos correspondientes y
II. El azúcar recuperable base estándar se calculará en función de los siguientes elementos: la pol por ciento en caña, la fibra por ciento en caña y la pureza del jugo mezclado que registre el informe oficial de corrida semanal, considerando además una eficiencia dada de fábrica referida ésta a una calidad específica de caña que se establezca en los lineamientos correspondientes.
Artículo 32º Los ingenios pagarán la caña conforme a las siguientes reglas:
I. Una preliquidación equivalente al ochenta por ciento de la caña neta recibida sobre la base del promedio ponderado del porcentaje de azúcar recuperable base estándar, obtenido en las cinco zafras anteriores, calculados con respecto a la caña neta industrializada, debiendo descontarse sus obligaciones crediticias con vencimiento en la zafra de que se trate. La preliquidación deberá cubrirse al precio vigente el día 15 de cada mes cuando la terminación del corte de la caña sea en la segunda quincena del mes anterior y el día último del mes cuando la terminación del corte de la caña sea en la primera quincena del mismo mes, y
II. Una liquidación final equivalente a la diferencia entre el total de kilogramos de azúcar recuperable base estándar obtenidos y los kilogramos considerados en la preliquidación respectiva. Este saldo deberá pagarse con el precio vigente, en un plazo no mayor a 30 días contados a partir del día de la terminación de la zafra.
Artículo 33º Para determinar el monto que debe pagarse al abastecedor, conforme a un contenido de azúcar base estándar individual y/o por grupos de cañeros organizados en Frentes de Corte o Unidades de Cosecha, se deberá cumplir con lo siguiente:
I. El azúcar recuperable base estándar se calculará mediante el análisis de las muestras tomadas con un sistema de muestreo representativo a través de una sonda mecánica u otro implemento idóneo en el patio de muestreo.
II. El cálculo del azúcar base estándar se hará en función de los siguientes elementos: la pol en caña (porcentaje de sacarosa), la pureza del jugo extraído por una prensa hidráulica u otro mecanismo idóneo y la fibra en caña, obtenida a partir del peso de la torta residual del bagazo que arroje el mecanismo de muestreo para referirlo a la fibra en caña, considerando además una eficiencia dada de fábrica referida ésta a una calidad específica de caña, conforme a los lineamientos correspondientes.
III. La toma de muestras se llevará a acabo aleatoriamente, debiendo existir representatividad de la caña de los contratos a los que se vaya a aplicar esa muestra, de acuerdo con la normatividad respectiva. El Comité de Producción Cañera establecerá los métodos de agrupamiento y muestreo de las cañas entregadas.
Artículo 34º Los ingenios pagarán la caña recibida de la siguiente manera:
I. Una preliquidación equivalente al ochenta y cinco por ciento del azúcar recuperable base estándar determinado, que deberá pagar al precio vigente el día quince de cada mes cuando la terminación del corte de la caña sea en la segunda quincena del mes anterior y el día último del mes cuando la terminación del corte sea en la primera quincena del mismo, y
II. Una liquidación final equivalente al quince por ciento del azúcar recuperable base estándar, cuyo monto deberá pagarse en un plazo no mayor de treinta días, al precio vigente, a partir de la terminación de la zafra.
Artículo 35º Para los efectos del cálculo del precio de la caña de azúcar se considerarán hasta milésimas de kilogramo de azúcar recuperable base estándar con relación a la caña neta.
Artículo 36º El procedimiento de toma, manejo y análisis de muestras se efectuará con base en los lineamientos que para el efecto formule el Consejo y la reglamentación respectiva.
Artículo 37º Para la toma de muestras representativas y la realización de los análisis requeridos en el laboratorio, los ingenios estarán obligados a contar con las instalaciones especiales y exclusivas que garanticen resultados correctos, según las especificaciones de las normas aplicables a la agroindustria de la caña de azúcar expedidas por la Secretaría de Economía y adoptadas por acuerdo del Consejo, mismas que deberán operar de manera continua y automática. Para tal efecto, el Gobierno Federal se obliga a calibrar, verificar y certificar los instrumentos de medición, materiales, reactivos y demás elementos que se requieran en los términos de la Ley Federal de Metrología y Normalización.
Artículo 38º Los ingenios azucareros estarán obligados a entregar semanalmente un ejemplar del Informe Oficial de Corrida Semanal al Consejo, a la Cámara Nacional de la Industria Azucarera y a las organizaciones locales y nacionales de abastecedores.
Título Quinto
De las Controversias en Materia Azucarera
Artículo 39º Para resolver las controversias que se susciten entre abastecedores, entre abastecedores e industriales y entre industriales, se procurará el arbitraje entre las partes, siguiéndose el procedimiento que para tal efecto se establece en el Código de Comercio.
Artículo 40º Cuando las partes no se sometan al arbitraje, dirimirán sus controversias en los Juzgados del Fuero Común de la Entidad Federativa correspondiente.
En todo lo no previsto en esta Ley, serán aplicables las disposiciones contenidas en el Código de Comercio, Código Civil, la Jurisprudencia, la Equidad y los Principios Generales de Derecho.
Palacio Legislativo de San Lázaro, 15 de noviembre del 2001
Diputados: Francisco Arano Montero, Jesús Dueñas Llerenas, Francisco Javier Flores Chávez, Francisco Javier Ortiz Esquivel, José de Jesús Hurtado Torres, Rafael Orozco Martínez, Jaime Tomás Ríos Bernal, Ramón Ponce Contreras, Abelardo Escobar Prieto, Jorge Urdapilleta Núñez, Francisco Esparza Hernández, José María Anaya Ochoa, Amado Benjamín Avila Márquez, Manuel Wistano Orozco Garza, Bernardo Pastrana Gómez.
(Túrnese a la Comisión de Agricultura y Ganadería, con opinión de la Comisión Especial de la Agroindustria Azucarera. Noviembre 15 de 2001.)
DE REFORMAS Y ADICIONES A LA LEY DE COORDINACION FISCAL, PRESENTADA POR LA DIPUTADA MIROSLAVA GARCIA SUAREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DEL JUEVES 15 DE NOVIEMBRE DE 2001
La suscrita, Miroslava García Suárez, diputada federal, con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos y el artículo 55, fracción II del Reglamento Para el Gobierno Interior del Congreso Genera de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa de decreto de modificaciones a la Ley de Coordinación fiscal.
Exposición de Motivos
En el marco de la discusión de la reforma fiscal y del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2002, el grupo parlamentario de la Revolución Democrática expone a los distintos grupos parlamentarios de esta H. Cámara de Diputados la decisión política de avanzar en las nuevas relaciones económicas entre los distintos ámbitos del poder público. De manera destacada podemos señalar la oportunidad que ahora se presenta de abrir la vía para construir el federalismo hacendario en nuestro país. Vale decir, se hace necesario construir un nuevo pacto federal en el país. Ese pacto tiene qué ver con la implantación de un nuevo sistema tributario y un nuevo sistema hacendario, que contemple los siguientes aspectos:
1. El Sistema Nacional de Coordinación Fiscal
Las finanzas públicas son un instrumento de política económica para ser utilizado en el desarrollo municipal y regional. Por ello, los avances en materia de democracia electoral han de ser complementados con la construcción de un federalismo hacendario, que garanticen las facultades y recursos que los tres ámbitos de gobierno requieren para cumplir con las funciones que la Constitución y la nueva realidad mexicana les exigen.
Dentro del proceso de la reforma del Estado y del federalismo, el ámbito fiscal y hacendario es uno de los principales temas a debate. La transformación del sistema de coordinación fiscal debe contribuir a fortalecer las haciendas públicas estatales y municipales, logrando mantener el equilibrio de las finanzas de la Federación.
El Sistema Nacional de Coordinación Fiscal ha buscado avanzar en distintos aspectos de las relaciones fiscales del gobierno federal, los estados y los municipios, como son: la armonización impositiva y la reducción de la tributación múltiple; la simplificación de los sistemas tributarios federal y estatal; el establecimiento y el perfeccionamiento de un sistema de transferencia de recursos intergubernamentales, llamados participaciones; la colaboración administrativa en diversas materias impositivas y la creación y operación de organismos específicos de comunicación y diálogo entre las autoridades fiscales de los distintos ámbitos de gobierno.
Sin embargo, debe reconocerse que el sistema ha ampliado la dependencia financiera de los gobiernos locales, con respecto a las participaciones y ha limitado la vinculación entre el ingreso y el gasto público, en los ámbitos estatal y municipal. Es evidente que sigue siendo una realidad la excesiva concentración de facultades y recursos a favor del gobierno central. Esta situación se ha convertido en una de las principales causas del atraso y desequilibrio del desarrollo regional.
Ante esta realidad, tenemos la obligación de contribuir para la construcción de las bases que permitan dotar a los municipios, entidades federativas y a la Federación, de los recursos y facultades necesarias para hacer de las finanzas públicas un verdadero instrumento que impulse el desarrollo de todas las regiones del país.
Las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal de diciembre de 1997, mediante las cuales se creó el nuevo régimen jurídico de aportaciones, y en general, la discusión dada en la Cámara de Diputados en relación con el tema del federalismo fiscal, revelan que el sistema fiscal llegó a su límite.
Incluso, quienes fueron autoridades federales relacionadas directamente con el sistema nacional de coordinación fiscal, reconocen que "resulta evidente que la naturaleza jurídica de los fondos de aportaciones federales es completamente distinta a la de los fondos constituidos con cargo a la recaudación federal participable" (Ismael Gómez Gordillo, procurador fiscal de la Federación. En El Economista Mexicano, No.2, 1999).
Una solución profunda exige fortalecer las atribuciones, autonomía, libertad económica y responsabilidades del municipio; redistribuir el gasto federal; dejar en manos de los gobiernos estatales funciones administrativas, servicios públicos y programas en materia de salud, educación, medio ambiente, vivienda, superación de la pobreza, desarrollo urbano y económico que les corresponden; vigorizar la soberanía política y económica de los estados, y reivindicar la función compensatoria y subsidiaria del pacto federal.
Vale la pena rescatar en esta tribuna lo que el entonces gobernador Vicente Fox, hace no más de tres años, afirmó refiriéndose a la distribución de los recursos públicos: "Sí hay que cambiar... la fórmula de reparto... se argumenta que el gobierno tiene que tomar todo y retener la mayor parte para ejercer la equidad en el Presupuesto de Egresos. Sin embargo, esto no ha pasado en nuestro país. Chiapas está jodido, desde que empezó el siglo y sigue igual de jodido; no ha habido esa transferencia de recursos de un lado hacia el otro para promover un desarrollo equitativo" (?) "tarde o temprano tenemos que llegar a un acuerdo, a un nuevo pacto entre sociedad y gobierno: El gobierno que deje de robar, de ser inepto, de desperdiciar los recursos de los ciudadanos para ganar confianza, y la sociedad se comprometa a poner la parte que tiene que poner para el desarrollo".
A un año del nuevo gobierno, aquel espíritu federalista se ha esfumado, este Congreso ha remado a contracorriente, para implantar programas y modificaciones para destinar recursos a estados y municipios. El Congreso de la Unión pugna por el federalismo y el gobierno central se resiste. A su pesar, hemos avanzado, aunque no lo suficiente.
2. Convención Nacional
Los antecedentes del actual Sistema Nacional de Coordinación Fiscal se remontan a las convenciones fiscales de 1925, 1933 y 1947, así como a la primera Ley de Coordinación fiscal de 1953 y a la Ley de Coordinación Fiscal que se encuentra vigente a partir de 1980. Un instrumento democrático, federalista, útil para construir un acuerdo nacional en torno de un nuevo sistema tributario lo constituye la Convención Nacional Fiscal.
Con ello, avanzaríamos en lograr los cambios a fondo planteados en esta exposición de motivos, en ella participen todos los actores económicos y políticos involucrados en el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, señaladamente los contribuyentes y por supuesto, los tres órdenes de gobierno. Sabemos que se trata de un proceso complejo de construcción de acuerdos, que tengan la legitimidad necesaria. Precisamente por ello, creemos que deberíamos instrumentar su realización a más tardar en la primera mitad del próximo año.
3. La potestad tributaria
Muy graves han sido las consecuencias originadas por el hecho de que la actual coordinación fiscal se ha basado en la suspensión de la potestad tributaria local, significando esto un severo sacrificio de los poderes estatales. Cabe recordar que la Federación es quien tiene la potestad tributaria sobre 98 por ciento de los impuestos y quien recauda aproximadamente 96.1 por ciento de los mismos, las entidades se encargan de recaudar alrededor de 2.1 por ciento y los municipios 1.8 por ciento restante.
El Poder Legislativo debe contemplar una recuperación de la potestad tributaria de las entidades federativas, así como otorgar facultades a los municipios para dejar en sus manos la recaudación de impuestos del ámbito local, teniendo como columna vertebral la imposición a la propiedad inmobiliaria, y pudiendo agregarse impuestos adicionales sobre los pequeños contribuyentes o sobre el consumo.
Muchas voces se inclinan por recuperar y ampliar la potestad tributaria de las entidades federativas y de los municipios, ya sea mediante la transferencia o cesión de potestades tributarias de la Federación; mediante el establecimiento de un sistema de tributos compartidos o el fortalecimiento de los ingresos propios.
Tenemos el caso de otros países donde opera el esquema de tributos compartidos en los que se permite el establecimiento de tasas locales para los impuestos federales, previo acuerdo en los niveles de tributación de cada una de las partes, para no afectar al contribuyente.
En otros países, estos esquemas se combinan con la ampliación de las potestades tributarias de estados y municipios, mediante la conservación del sistema de fuentes separadas de imposición, haciendo explícitos los campos impositivos correspondientes a cada ámbito de gobierno; e incluso, otorgando a los ayuntamientos la facultad de señalar las bases y tasas aplicables a los tributos que les sean otorgados. Así, encontramos que en otros países, los impuestos al consumo, como -de alguna forma- es el caso del impuesto al valor agregado, están bajo la potestad de las entidades locales.
De igual manera, la imposición al capital y a la seguridad social, son en otros países, de competencia tanto federal como estatal o provincial. Lo esencial es que mediante la recuperación de la potestad tributaria se dota a las entidades y municipios de un margen para implementar una política fiscal y así poder utilizar sus finanzas públicas como instrumento de política económica para impulsar el desarrollo de sus regiones.
Cabe hacer notar que según datos oficiales, en México, a partir de que el impuesto predial pasó a ser recaudado y administrado por los municipios, la recaudación inicialmente se duplicó: Para 1990 la recaudación del impuesto predial en nuestro país representó el 0.14 por ciento del producto interno bruto (PIB) y para 1996 significó el 0.28 por ciento del PIB. No obstante, en los últimos años la recaudación del predial en México presenta retrocesos significativos, como un efecto no deseado de la creciente transferencia de recursos que ha descentralizado el gobierno federal a los municipios a través del ramo 33 -aportaciones federales-.
Cabe decir que en materia de impuestos a la propiedad raíz, nuestro país está por debajo de otros países del continente: Para 1996, en Uruguay la recaudación del impuesto predial es superior al 1.2 por ciento del PIB, en Paraguay alcanza el 1.3 por ciento, y en Argentina llega a representar casi el 1.6 por ciento de su riqueza nacional. La descripción de estado en que se encuentran nuestras finanzas públicas nos ayuda a cobrar conciencia de la dimensión de las transformaciones necesarias para nuestro país.
4. Las participaciones
Durante este siglo la distribución del ingreso nacional ha sido una de las causas del atraso del desarrollo municipal y regional. A principios del mismo, el gobierno central se quedaba con el 63 por ciento del ingreso nacional, llegando a estados y municipios el 37 por ciento restante. Sin embargo, de 1929 a 1995 la federación se quedó con más del 80 por ciento de la recaudación.
Con relación al reparto de las participaciones, es importante resaltar que el Gobierno Federal -por sus facultades discrecionales y falta de transparencia fiscal- es quien en la práctica impone y modifica los montos y la forma en que se distribuyen. De acuerdo con la fórmula utilizada para determinar los coeficientes de distribución de participaciones, seis entidades federativas: Distrito Federal, Estado de México, Veracruz, Jalisco, Nuevo León y Tabasco, se quedan con el 46.4 por ciento del monto total de Participaciones. Los otros 26 estados se distribuyen el 53.6 por ciento restante.
5. La Descentralización
Las aportaciones federales continúan siendo recursos federales con un alto grado de avance en su descentralización hacia los estados y, en algunos casos, hacia los municipios. El régimen jurídico de las aportaciones es útil para la transición de aquellos recursos federales que deben avanzar en su descentralización y en su coordinación entre los tres ámbitos de gobierno, como mecanismo puente de aquellos recursos federales que han de pasar a ser considerados como ingresos estatales o municipales, para que sean ejercidos con libertad por los estados y municipios bajo el régimen de participaciones.Nuestras propuestas para el ejercicio fiscal 2002, de acuerdo el planteamiento de los gobernadores, son el de analizar de manera conjunta con el Ejecutivo Federal la situación que guarda el proceso de descentralización. Particularmente en lo que se refiere al sector educativo y de salud.
Basta señalar que la descentralización del sector educativo se hizo sin que fuese solicitada por los gobiernos estatales o municipales, y sin embargo ha implicado una absorción cada mayor de sus propios recursos presupuestales. Por si fuese poco, la llamada federalización dejó en manos del gobierno central la normatividad, los contenidos, la determinación de los incrementos salariales y la relación con la estructura del sindicato de maestros. Por ello, los gobiernos estatales en diversos momentos y circunstancias han advertido acerca de la necesidad de concluir el proceso de descentralización y su costo, de otra manera podrían revertir dicho proceso a su lugar de origen, es decir, el gobierno federal.
Nuestras propuestas de modificación a la actual Ley de Coordinación Fiscal
Participaciones Federales. Bajo el conocimiento de que por ahora la modificación de la fórmula de asignación afectaría positivamente a unas entidades y a otras de forma negativa, lo que se requiere es un acuerdo global federalista para incrementar el monto de los recursos para todas. Por tanto, la discusión sobre las fórmulas de distribución puede posponerse para los trabajos de una próxima Convención Nacional Hacendaria.
Incremento a las Participaciones Federales. Sin embargo, existe una coincidencia generalizada de la necesidad de romper el efecto pernicioso de la aplicación de la fórmula de distribución de las participaciones federales, nos hacemos eco de la propuesta de los gobiernos estatales, de incrementar las participaciones y pasar a 23 por ciento de la Recaudación Federal Participable.
Fondo de Fomento Municipal. Se propone igualmente, para fortalecer las finanzas municipales y estimular su propia recaudación, incrementar el Fondo de Fomento Municipal de 1 a 2 por ciento de la recaudación federal participable.
El impuesto a los pequeños contribuyentes. Se propone otorgar a los municipios la facultad administrativa de la recaudación del Impuesto a los pequeños contribuyentes, participando del 100 por ciento de dicha recaudación. Desde hace años el discurso del Gobierno Federal destaca como retos de la política fiscal: la ampliación de la base de contribuyentes, el mejoramiento de la eficiencia y equidad de la capacidad recaudatoria, y el combate a la evasión fiscal, ubicándoles como mecanismos que permiten acercar al Estado mexicano a la suficiencia recaudatoria.
No hace mucho, un alto funcionario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público indicó que en el caso de los pequeños contribuyentes, es más costosa para la federación la recaudación que el ingreso que generaría, por lo que no considera prioritaria esa captación. Se puede afirmar que muchos municipios cuentan con la capacidad para ejercer esta facultad administrativa de recaudación y que incluso, no pocos serían mejores recaudadores que la federación.
Los municipios con población mayor a 150 mil habitantes tienen, en la mayoría de los casos, la estructura administrativa necesaria, y además agrupan al mayor número de pequeños contribuyentes. Los municipios que no estén en condiciones de ejercer esta facultad podrán celebrar el convenio de colaboración administrativa respectivo en términos de que sea el gobierno estatal quien coadyuve con la recaudación.
Reserva de Contingencia. La Reserva de Contingencia es creada en 1991 con el objeto de disminuir la caída del coeficiente efectivo que impactan algunas entidades federativas, generados por el mecanismo de reparto de las participaciones.
La reserva equivale al 0.25 por ciento de la Recaudación Federal Participable, y se otorga a las entidades cuya participación en el Fondo General de Participaciones y el Fondo de Fomento Municipal, no presenten el crecimiento experimentado por la RFP de 1990, respecto al año para el cual se está efectuando el cálculo, asimismo la distribución de la reserva se aplicará a la entidad que presente el coeficiente efectivo menor de manera ascendente hasta aquellas que registran mayores coeficientes hasta agotarse dicho monto de la reserva.
En la medida en que esta Reserva ha sido insuficiente para resarcir la pérdida de ingresos por participaciones, se propone incrementarlo a 1.3 de la Recaudación Federal Participable a fin de que las entidades afectadas puedan resarcirse de dichas pérdidas.
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. Para amortiguar los efectos del deterioro de las finanzas estatales y municipales, y consolidar los avances que se han tenido hasta ahora, en esta iniciativa se propone incrementar las aportaciones del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social a 2.64 por ciento de la recaudación federal participable e incorporar al Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales.
Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas. En el proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio del 2002 no aparece este programa, tal como ocurrió en el ejercicio anterior fue el Congreso quien decidió mantener dicho apoyo a las entidades federativas. Para garantizar su permanencia se propone institucionalizar el Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, creado en el Presupuesto de Egresos de 2000, para incorporarlo como un octavo fondo que se denominaría Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas en su Gasto de Inversión.
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. Respecto del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública se demanda que su monto tenga como referencia el uno por ciento de dicha bolsa de recursos. Por todo lo antes expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, me permito someter a consideración de este Honorable Congreso la siguiente
Iniciativa de reformas a los artículos 2, 2o-A fracción III, 3º-B, 4º, 25, 32, y 44, se adicionan los artículos 45-A, 45-B, 45-C, y se adicionan dos artículos transitorios de la Ley de Coordinación Fiscal.
ARTICULO UNICO. Se reforman los artículos 2, 2º-A fracción III, 3º-B, 4º, 25, 32, 44, se adicionan los artículos 45-A, 45-B, 45-C, y se adicionan dos artículos transitorios de la Ley de Coordinación Fiscal para quedar como sigue:
Artículo 2o. El Fondo General de Participaciones se constituirá con el 23 por ciento de la recaudación federal participable que obtenga la federación en un ejercicio. La recaudación federal participable será la que obtenga la Federación por todos sus impuestos, así como por los derechos sobre la extracción de petróleo y de minería, disminuidos con el total de las devoluciones por los mismos conceptos. Los derechos adicionales o extraordinarios sobre la extracción de petróleo serán incluidos en la recaudación federal participable".
Artículo 2º-A. En el rendimiento de las contribuciones que a continuación se señalan, participarán los Municipios, en la forma siguiente:
I. y II ...
III. 2% de la recaudación federal participable, en la siguiente forma:
a)...........
b).........
Artículo 3º-B. Los Municipios de los Estados y el Distrito Federal participarán con el 100% de la recaudación que se obtenga de los contribuyentes que tributen en la Sección Tercera del Capítulo VI del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que a partir del 1º de enero de 2002 se incorporen al Registro Federal de Contribuyentes como resultado de actos de verificación de las autoridades municipales. ?
Los municipios recibirán esta participación durante todos los ejercicios fiscales en que los contribuyentes que las generen permanezcan en dicho régimen, domiciliados en su localidad. Asimismo, podrán convenir con los gobiernos de los Estados la coadyuvancia de estos últimos, en cuyo caso los Municipios participarán del 80% de la recaudación que se obtenga de los contribuyentes que tributen en la Sección Tercera del Capítulo VI del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que a partir del 1º de enero de 2002 se incorporen al Registro Federal de Contribuyentes como resultado de actos de verificación de las autoridades municipales y los Estados con el 20 por ciento de dicha recaudación.
.................
Artículo 4º. Se crea una reserva de contingencia consistente en un monto equivalente al 1.3% de la recaudación federal participable de cada ejercicio.
Artículo 25.
Con independencia de lo establecido en los capítulos I a IV de esta Ley, respecto de la participación de los Estados, Municipios y el Distrito Federal en la recaudación federal participable, se establecen las aportaciones federales, como recursos que la Federación transfiere a las haciendas públicas de los Estados, Distrito Federal, y en su caso, de los Municipios, condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportación establece esta Ley, para los Fondos siguientes:
I. y II. ...
III. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
IV. .............
V................
VI ...
VII. Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal
VIII. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas en su Gasto de Inversión.
Dichos Fondos se integrarán, distribuirán, administrarán, ejercerán y supervisarán, de acuerdo a lo dispuesto en el presente Capítulo."
Artículo 32.
El Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social se determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación con recursos federales, por un monto mínimo equivalente, sólo para efectos de referencia, al 2.64 por ciento de la recaudación federal participable a que se refiere el artículo 2º. De esta ley...
Este fondo se enterará mensualmente en los primeros meses del año por partes iguales a los estados y el Distrito Federal y a sus demarcaciones territoriales por conducto de la federación y a los municipios a través de los estados,...
Artículo 44.
El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública se constituirá con cargo a recursos federales y se determinarán anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación, por un monto mínimo equivalente al 1%de la recaudación federal participable a que se refiere el artículo 2o. de esta ley, según estimación que de la misma se realice en el propio presupuesto, con base a lo que al efecto establezca la Ley de Ingresos de la Federación para ese ejercicio. La Secretaría de Gobernación formulará a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público una propuesta para la integración de dicho fondo.
Artículo 45-A. El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas en su Gasto de Inversión se determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación con recursos federales por un monto equivalente, sólo para efectos de referencia, a 2.5 por ciento de la recaudación federal participable a que se refiere el artículo 2º de esta ley, según estimación que de la misma se realice en el propio presupuesto, con base en lo que al efecto establezca la Ley de Ingresos de la Federación para ese ejercicio.
Este fondo se enterará mensualmente a los estados, de manera ágil y directa, sin más limitaciones ni restricciones, incluyendo aquellas de carácter administrativo, que las correspondientes a los fines que se establecen en el artículo 38-B de esta ley. Para efectos del entero a que se refiere el párrafo anterior no procederán los anticipos a que se refiere el segundo párrafo del artículo 7º de esta ley.
Artículo 45-B. Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas en su Gasto de Inversión éstas reciban se destinarán a los fines que se establezcan en sus presupuestos anuales, dando prioridad al gasto en obra pública.
Artículo 45-C. El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, distribuirá el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas en su Gasto de Inversión con base en los siguientes criterios:
El 40 por ciento del Fondo se distribuirá en proporción al porcentaje de población que corresponda a cada entidad federativa del total nacional, según la información oficial más reciente que publique el Instituto Nacional Estadística, Geografía e Informática (INEGI).
El 40 por ciento del Fondo se distribuirá de manera proporcional al porcentaje que corresponda a cada entidad federativa de su aporte al total del Producto Interno Bruto del país de acuerdo con la información más reciente del INEGI.
El 20 por ciento del Fondo se distribuirá en partes iguales entre las entidades federativas.
Artículo Transitorio
Primero. El presente decreto entrará en vigor el 1o. de enero de 2002.
Segundo. Se deroga cualquier disposición que contravenga la presente ley.
Diputados: Miroslava García Suárez, Emilio Ulloa Pérez, Hortensia Aragón Castillo, Uuc-kib Espadas Ancona, Magdalena Núñez Monreal, Pedro Miguel Rosaldo Salazar, Martí Batres Guadarrama, Alejandra Barrales Magdaleno, Bonifacio Castillo Cruz, Miguel Bortolini Castillo, Antonio Magallanes, Rosario Tapia Medina, Petra Santos Ortiz (rúbricas).
(Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Noviembre 15 de 2001.)
Proposiciones
CON PUNTO DE ACUERDO EN RELACION AL LAGO DE CHAPALA, PRESENTADA POR EL DIPUTADO SALVADOR COSIO GAONA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA SESION DEL JUEVES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2001
A finales de los 80, el lago de Chapala, que como ustedes saben es el embalse de origen natural más grande de México se encontró en situación crítica, al almacenar solamente el treinta y seis por ciento de su capacidad normal, situación que fue preocupante no únicamente por la belleza del lago, sino por la importancia que éste tiene desde el punto de vista ecológico, así como para la agricultura y el turismo, además por ser la principal fuente de abastecimiento de agua potable para los más de cuatro y medio millones de habitantes en la zona metropolitana de Guadalajara.
Ante tal situación, en el año de 1989, el entonces gobernador de Jalisco gestionó y logró la firma de un convenio de coordinación para preservar el lago, signado por el Presidente de la República y los gobernadores de los estados de México, Michoacán, Querétaro y Guanajuato. Tal convenio buscaba una distribución equitativa del agua entre usuarios y entidades, además del saneamiento de la cuenca Lerma-Chapala, pues la poca agua que recibía Chapala estaba altamente contaminada, buscando además optimizar el uso del agua al perderse demasiada por sistemas de riego poco eficientes e injustos.
En agosto de 1991, se celebró un nuevo acuerdo de coordinación, estableciendo las políticas para lograr la recuperación definitiva del lago de Chapala con un reparto más equitativo del agua.
Así fue como se estableció la política de operación e infraestructura hidráulica básica de la cuenca, es decir, la limitación de los almacenamientos en las principales presas de la cuenca en función de los escurrimientos de las lluvias anuales registradas en cada entidad para que los excedentes de las mismas llegaran al vaso lacustre, para permitir aumentar su almacenamiento.
En la cláusula cuarta, del acuerdo de distribución de agosto de 1991, se establecía que la Comisión Nacional del Agua fijaría mensualmente los límites máximos de esos almacenamientos -de acuerdo a lo establecido en ese convenio- según evolucionara el temporal, permitiendo, como se decía, que los excedentes llegaran al lago de Chapala.
Aplicando esta política de operación, el almacenamiento mínimo de lago operaría con un mínimo de un mil millones de metros cúbicos de agua para evitar que la calidad de la misma se degradara, y un máximo de 8 mil 125 millones de metros cúbicos, con el objeto de minimizar los derrames.
Posteriormente, al final de cada inicio, en la primera quincena de noviembre, dependiendo de la recuperación del lago, es decir, de la cantidad de agua almacenada en el mismo, se fijarían tres políticas de distribución del agua para riego, que serían la crítica, la media y la abundante, las cuales serían aplicadas también en función de los escurrimientos de las lluvias registradas en cada entidad.
La aplicación de la política de operación de la infraestructura hidráulica y la política de distribución fueron aplicadas debidamente de 1991 a 1994, permitiendo que los almacenamientos máximos del lago siempre fueran al alza.
Sin embargo, desde 1995, a nivel federal se dejó de aplicar la política de operación de la infraestructura hidráulica permitiendo que las presas acapararan la mayor cantidad de agua, especialmente en el Bajío. Los resultados no hicieron esperar, los almacenamientos de agua en el lago de Chapala se disminuyeron rápidamente al grado de llegar a contar con sólo un mil 182 millones de metros cúbicos al final del pasado mes de junio, con una magra recuperación que sólo alcanzó un mil 819 millones de metros cúbicos que apenas representa el 22% de su capacidad total normal de almacenamiento, mientras que la mayoría de las más de 200 presas situadas cuenca arriba, se mantienen llenas con más del 100% de su capacidad oficial de almacenamiento.
La cantidad de agua en el lago se mantiene pues por debajo del mínimo ecológico deseable de los 2 mil millones de metros cúbicos fijados en el acuerdo de distribución de 1991.
Desde principio de este año, organizaciones no gubernamentales, agricultores de la parte oeste de la cuenca Lerma-Chapala, donde se han exacerbado los efectos de la sequía debido a la poca humedad ambiental provocada por la reducción de la superficie del lago, y sociedad en general de Jalisco y Michoacán, han demandado la transferencia de parte de los excedentes de agua que se encontraban en las presas, pero autoridades de la Comisión Nacional del Agua no aceptaron, aduciendo que esa agua estaba comprometida, a pesar de que al final del estiaje se les demostró que no era así porque ahí quedó el excedente.
Hace una semana, en la reunión estatal de Jalisco solicitó al Consejo de la cuenca Lerma-Chapala una transferencia de 500 millones de metros cúbicos, para lograr mantener al lago de Chapala dentro del mínimo ecológico de operación que está contemplado en el Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales, pero además está convenido en los acuerdos firmados por los gobernadores de los cinco estados y por el Presidente de la República.
Señoras y señores legisladores. En el acuerdo de distribución se establece que según los rangos de escurrimiento estatales tenidos durante el último ciclo, las presas Solís y Tepuxtepec, no deberían estar a más del 60% de su capacidad, sin embargo, según informaciones de la Comisión Nacional del Agua, el pasado día 14 se encontraban al 94 y 98% de su capacidad respectivamente, en tanto que la presa Melchor Ocampo, que no debería excederse del 70%, se encuentra al 104%. Solamente en ellas existen más de 500 millones de metros cúbicos de agua, que ya deberían estar en el lago de Chapala.
Los casi 5 millones de habitantes de la zona poblada de Guadalajara, han sufrido severas limitaciones de abastecimiento de agua a causa de los bajos niveles de agua, mientras ésta se retiene ociosa en las presas, diciendo que está comprometida para riego, cuando la prioridad en el uso del agua, es primero para consumo humano.
Porque se retiene en Guanajuato parte de los excedentes de los escurrimientos de las lluvias procedentes tanto del estado de México como de Michoacán que debería llegar a Chapala, si a este estado se le permite usar una mayor cantidad de agua superficial de la que llueve sobre su territorio.
Mantener reducido artificialmente el lago de Chapala está ocasionando grandes pérdidas a los agricultores de temporal de buena parte de Jalisco, Michoacán, del propio Guanajuato y Aguascalientes, debido a que reduce su efecto de reciclamiento de las lluvias y redistribuidor del agua.
Compañeras y compañeros diputados: se puede considerar como un avance el trasvase de agua autorizado para el lago de Chapala, pero los legisladores federales por Jalisco lo consideramos insuficiente y tenemos razón.
Hay agua suficiente para transferirle más a Chapala, además existen razones de tipo político, legal y ambiental.
Lo que es un hecho es que Chapala se está muriendo, y parece que al estar muy lejos de la capital del país, poco les ha importado esto a los gobiernos federales, el actual y al anterior, por lo que exigimos se realicen ya, de inmediato, las acciones urgentes para mantener al menos el nivel de almacenamiento mínimo que requiere Chapala, acciones que se han omitido inexplicablemente, y que son establecidas claramente en la Ley de Aguas Nacionales y en los convenios de coordinación firmados por la Presidencia de la república y los gobiernos estatales correspondientes.
Por ello, solicitamos de todos, se apruebe este punto de acuerdo para que la autoridad federal correspondiente cumpla su responsabilidad de inmediato y, además que el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como el de la Comisión Nacional del Agua, acudan ante las comisiones legislativas que corresponden a informar por qué no se han realizado esas acciones de que son responsables, y formalicen cuando se harán éstas, manteniendo al tanto a quienes sí nos preocupamos por ello.
Diputados federales por el estado de Jalisco: Salvador Cosío Gaona (rúbrica), José Manuel Correa Ceseña (rúbrica), José Socorro Velázquez Hernández (rúbrica), Jaime Hernández González (rúbrica), Marcelo García Morales (rúbrica), Jaime Aceves Pérez (rúbrica) (PAN), José Bañales Castro (rúbrica) (PAN), José Abraham Cisneros Gómez (rúbrica) (PAN), Tomás Coronado Olmos (rúbrica) (PAN), Francisco Javier Flores Chávez (rúbrica) (PAN), Ma. del Rocío García Gaytán (PAN), Sergio García Sepúlveda (PAN), José Antonio Gloria Morales (rúbrica) (PAN), José de Jesús Hurtado Torres (PAN), Julio César Lizárraga López (rúbrica) (PAN), Miguel Angel Martínez Cruz (PAN), Rodrigo David Mireles Pérez (PAN), José Ma. Eugenio Núñez Murillo (rúbrica) (PAN), Rodolfo Ocampo Velázquez (PAN), Germán Pellegrini Pérez (rúbrica) (PAN), Rafael Ramírez Sánchez (rúbrica) (PAN), Herbert Taylor Arthur (PAN), José Ma. Tejeda Vázquez (rúbrica) (PAN), Alonso Ulloa Vélez (rúbrica) (PAN), Jorge Urdapilleta Núñez, Enrique Villa Preciado y José Antonio Magallanes Rodríguez.
(Túrnese a las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Recursos Hidráulicos. Noviembre 15 de 2001.)
CON PUNTO DE ACUERDO RESPECTO A LA CREACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION EDUCATIVA, PRESENTADA POR EL DIPUTADO EDUARDO RIVERA PEREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, EN LA SESION DEL JUEVES 15 DE NOVIEMBRE DE 2001
Los que suscriben ciudadanos diputados federales de la LVIII Legislatura integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, nos permitimos presentar la siguiente proposición como punto de acuerdo, por el que se solicita al titular del Poder Ejecutivo "la creación del Instituto Nacional de Evaluación para la Educación".
Antecedentes
La Ley General de Educación publicada en 1993, es parte del cambio de la política educativa originada con el Acuerdo de Modernización Educativa, por lo que fueron incluidas novedosas disposiciones normativas que hacían referencia explícita, por vez primera, a la calidad, la planeación y la evaluación del sistema educativo. Hubo el interés entonces, de una evaluación cualitativa por lo que se estableció en diversos artículos de dicha Ley, tanto la atribución exclusiva de la autoridad educativa federal de establecer el Sistema Nacional de Evaluación Educativa, así como las disposiciones para la implementación de éste y la difusión de sus resultados.
Por otro lado, el nuevo gobierno encabezado por el Presidente Vicente Fox Quesada, promovió desde su campaña a la Presidencia de la República la creación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación; y una vez como Presidente en funciones, lo ha refrendado y anunciado en diversas ocasiones y documentos.
En el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2001 presentado para su aprobación a esta soberanía en el año 2000, dentro de su exposición de motivos reconoce que a pesar de que "México cuenta con una amplia experiencia en materia de evaluación de los aprendizajes. Sin embargo persisten dos problemas fundamentales: de una parte, los resultados de las evaluaciones no se utilizan para informar a los tomadores de decisiones; de otra, los resultados no se dan a conocer en forma suficiente, lo que ha limitado el desarrollo de una cultura de evaluación que conduzca a la exigencia y autoexigencia, y que al mismo tiempo genere la necesidad de rendir cuentas a la sociedad en lo referente a la calidad de las instituciones educativas. (...) Para combatir estos problemas, se crea el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación".
Otro ejemplo es, el "Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006", donde se establece que "un proceso de planeación debe incluir, como componentes esenciales, los relativos a la evaluación de resultados y al seguimiento de avances que, en una concepción democrática, se relacionan de manera estrecha con el componente de rendición de cuentas."
Y el ?"Programa Nacional de Educación 2001-2006", dado a conocer en el mes de septiembre de este año, establece como uno de sus objetivos estratégicos: "Fortalecer la evaluación, el conocimiento y la gestión del sistema (educativo)", del que se desprende el objetivo particular que señala:
"Fortalecer el funcionamiento del Sistema Educativo Nacional, mediante la consolidación del sistema de evaluación".
Asimismo, los partidos políticos nacionales no son ajenos a este diagnóstico y coinciden, conforme lo expuesto en sus plataformas políticas o propuestas de gobierno, en la necesidad de creación de un organismo e instrumentos adecuados para la evaluación del sistema educativo nacional:
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en su "Plataforma Electoral Federal 2000-2006" establece: elevar la calidad de la enseñanza básica es una prioridad. Y para ello propone: "Instrumentar mecanismos de evaluación permanente del desempeño del sistema educativo nacional, actuando con eficacia para corregir obstáculos e incrementar el porcentaje de titulados a través de nuevos métodos."
La Alianza por el Cambio integrada en el año 2000 por el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Verde Ecologista Mexicano (PVEM), postulan en su "Plataforma Política Nacional 2000-2006", en su parte de Propuestas Temáticas, como propuestas para mejorar la calidad y equidad en la educación: "Establecer mecanismos eficaces de participación social en la planeación, prestación y evaluación de la educación en nivel nacional y local, convirtiendo a la escuela en el eje de la transformación educativa."
Y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), en su participación en el foro "Los Partidos Políticos y la Educación del País", organizado por la Comisión de Educación del Sector Empresarial (CESE) en mayo del año 2000, consideró que el sistema de evaluación debe ser un sistema de evaluación nacional, que tenga la visión y el conocimiento de todos los conocimientos que se están dando en nuestro país y reitera la necesidad de buscar la participación de todos los sectores de la sociedad involucrados en todo el proceso educativo.
Otros actores, como la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y la Federación de Instituciones Particulares de Educación Superior (FIMPES), también coinciden en el diagnóstico y proposición de un organismo encargado del sistema nacional de evaluación educativa.
La ANUIES en el documento "La Educación Superior en el Siglo XXI", Líneas Estratégicas de Desarrollo publicado en junio del año 2000, expone: "la necesidad de impulsar un política nacional que permita consolidar el sistema nacional de evaluación y acreditación de la educación superior, con la participación de todos los actores involucrados." Esta iniciativa es refrendada por la ANUIES en su Asamblea General de este año.
La FIMPES por su parte, en el documento titulado "Acciones de Corto y Mediano Plazo para la Educación Superior en México, Propuesta de la FIMPES a la Coordinación de Educación del Equipo de Transición", como estrategia establece "Crear el Instituto Nacional para la Calidad Educativa (INCE) como un organismo ciudadano que fomente la cultura de la calidad a través de la investigación, documentación y difusión de la realidad educativa; el fomento y desarrollo de programas que mejoren la calidad educativa; el impulso a programas de diagnóstico de alumnos de nuevo ingreso y egreso, el impulso a programas de evaluación y mejoramiento del profesorado; el establecimiento del Premio Nacional a la Calidad Educativa".
Hay coincidencia que la evaluación contribuye en la mejora de los procesos educativos. Que es un instrumento de gestión que permite contar con información útil para identificar áreas de oportunidad, para llevar a cabo acciones de mejora y para rendir cuentas a la sociedad. Y que este organismo ayudaría a dimensionar los esfuerzos que hay que realizar para superar las deficiencias y alcanzar las mejoras de los estándares de desempeño académico que se requieren. Permitiría además, determinar y medir el progreso o retroceso de un proceso de acuerdo a los objetivos o parámetros establecidos de antemano.
En países donde se ha implementado un sistema de evaluación educativa, como Chile, España, Argentina, Estados Unidos de América y Francia, se han podido tomar medidas para la mejora de sus propios sistemas educativos, en el diseño de las políticas, la reforma curricular y el mejoramiento de las escuelas. Se refuerzan de igual modo, los programas de capacitación y profesionalización de maestros, además se cuenta con información que permite una mejor orientación de los recursos, así como el estímulo a la responsabilidad y la recompensa de los logros a nivel de escuelas.
Además, la evaluación educativa conlleva, si se utiliza adecuada y oportunamente la información que se genere por ésta, una serie de beneficios a los diversos actores involucrados en la tarea educativa. A la par se podrán impulsar y apoyar con más eficacia la formación del magisterio, articular los esfuerzos para el mejoramiento de las condiciones de trabajo, salariales, de prestaciones y el reconocimiento social de la labor de los maestros. Con las evaluaciones tanto los profesores, los administradores y los padres estarán más capacitados para actuar conjuntamente para el mejoramiento del sistema educativo.
Por tanto, consideramos están dadas las condiciones de ley y consenso, y conforme a la realidad educativa de nuestro país, ello urge la creación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.
Así, se pretende que este instituto tenga como objetivo el apoyar a la Secretaría de Educación Pública para la realización de evaluaciones nacionales de manera permanente al sistema educativo nacional, así como respaldar en la misma tarea a las entidades federativas y a otras instituciones educativas que lo soliciten, y con ello se rinda cuentas a la sociedad y operar indispensablemente bajo los principios rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. Será menester que los resultados de las evaluaciones se den a conocer con oportunidad y transparencia, a fin de que los diferentes actores relacionados con la materia educativa tomen decisiones adecuadas. Además, se tendrán que considerar mecanismos y espacios de participación y colaboración en sus tareas con los diferentes actores u organismos sociales que están involucrados en la tarea educativa.
Bajo estas consideraciones los legisladores que suscriben la presente proposición de punto de acuerdo advertimos la urgente necesidad, y después de múltiples pronunciamientos, que sea ya una realidad el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Además de que la sociedad y los medios de comunicación que han estado pendientes del cumplimiento de las propuestas de campaña del Presidente Vicente Fox esperan su pronta creación.
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, los diputados firmantes promovemos el siguiente:
Punto de Acuerdo
Unico: Se solicita respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal Vicente Fox Quesada, en ejercicio de la facultad que le confiere el título tercero de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal "la creación del Instituto Nacional de Evaluación para la Educación tomando en consideración lo expuesto en el presente punto de acuerdo".
México, Distrito Federal, Palacio Legislativo de San Lázaro, 15 de noviembre de 2001.
Diputados: Eduardo Rivera Pérez, Oscar Ochoa Patrón, Isabel Velasco Ramos, Silvia Alvarez Bruneliere, Jorge Lara, Ramón Mantilla González, Celita Alamilla, José Tejeda, Sonia López, José Luis Hernández Garza, Miguel Mantilla Martpinez, Víctor León Castañeda, Salvador Escalona (rúbricas).
(Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos. Noviembre 15 de 2001.)
CON PUNTO DE ACUERDO EN RELACION A LAS REMESAS ENVIADAS POR CONNACIONALES A MEXICO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO SERGIO ACOSTA SALAZAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DEL JUEVES 15 DE NOVIEMBRE DE 2001
El problema de la migración es histórico, los traslados de las poblaciones al interior de los países y al exterior de los mismos, se produce a todas escalas, siempre en busca de mejores condiciones de vida. La que nos ocupa el día de hoy, es la de México-Estados Unidos, tema abordado infinitamente en esta honorable Cámara de Diputados, pero pocas veces ofreciendo respuestas a nuestros hermanos que se encuentran del otro lado de la frontera, y por qué no, a sus familiares que se encuentran en territorio nacional.
Este recinto ha sido testigo de las denuncias hechas por parte de mi partido, en torno a las violaciones y vejaciones que sufren nuestros connacionales, que están de forma legal o ilegal en el vecino país del norte.
Los migrantes mexicanos en los Estados Unidos envían dinero a sus familiares para solventar los gastos de sus necesidades básicas como alimentación, educación, salud, mejoras de vivienda y en contadas ocasiones para su diversión. Pero sobre todo les ayuda para enfrentar la grave crisis en la que se encuentran. Resultado de las políticas globalizadoras-mercantilistas que sólo buscan el beneficio propio.
Desde esta representación, quiero dejar constancia y hacer eco, de la serie de arbitrariedades e injusticias que se han dado como consecuencia, por la falta, de vigilancia hacia las empresas encargadas de las transferencias de remesas de los Estados Unidos a nuestro país. Mismas que se encargan de entregarlas a los familiares de los migrantes en México.
Estas empresas, han encontrado en el envío de dinero una mina de muy buenas retribuciones. Ya que les está dejando jugosas ganancias, jineteando el dinero de nuestros hermanos migrantes. No obstante, de que se contrata mano de obra barata, sin ningún respeto a los derechos laborales de los connacionales, éstos son asaltados mediante cobros estratosféricos que van desde un 12% hasta un 25% del monto total de los giros enviados. Basta señalar que de un envío de 300 dólares estos se quedan con 15 o hasta con 60.
Que no se nos olvide que el dinero que envían nuestros paisanos año con año, son eje articulador de muchas poblaciones, municipios y gobiernos estatales. Sobrepasando el presupuesto que les otorga la Federación para el desarrollo de programas sociales, y que han servido para mejorar sus comunidades, accediendo por ellos mismos a servicios que van mejorando su calidad de vida en cada uno de sus centros de población.
Hagamos hincapié en que los programas federales y estatales no han logrado dar abasto a las demandas ciudadanas.
Imagínense el día de mañana, que estas remesas dejaran de llegar a los estados a los que pertenecen nuestros paisanos, sería desastroso para las familias y sus comunidades.
Nuestros paisanos en Estados Unidos envían a México entre 6 y 8 mil millones de dólares cada año, pero según en investigaciones recientes, ese flujo se reduciría en forma significativa a lo largo de la próxima década creando una potencial crisis política en ciertas regiones mexicanas que dependen casi totalmente de esos fondos.
Por esta razón, subo a está alta tribuna que el país tiene para denunciar la serie de abusos que sufren nuestros connacionales en el extranjero para mandar su dinero que con muchos sufrimientos ahorran.
Todo este flujo de transferencias de dólares que ha permeado la economía, ha ocasionado que compañías transnacionales como Western Union y Money Gram dedicadas a este negocio, abusen de los connacionales, cobrando por cada transferencia un porcentaje mayor al que prometen en su publicidad.
En diciembre del año pasado, salió publicada en un diario de circulación nacional, la resolución que dictó una juez de los Estados Unidos del estado de Illinois, donde se les obliga a las empresas Western Union, Financial Services Inc., Orlandi Valuta National, First Data Corporation e Integrated Payment Systems Inc., a devolver a sus clientes hasta 400 millones de dólares por operaciones realizadas en los últimos años, debido a que tuvieron ganancias ilegítimas por manipular el tipo de cambio del peso frente al dólar. Además, tendrán que regresar mediante cupones una buena cantidad de dólares a cada uno de sus usuarios por cada envío hecho en los últimos años.
Algo también importante de esta resolución, es que estas empresas tendrán que cambiar su modo de operar. Así también, tendrán que hacer pública la cotización con que operan. Además, deberán de pagar anuncios en periódicos, estaciones de televisión y radio de México y Estados Unidos para informar de la resolución.
Pero lo más preocupante de esto, compañeras y compañeros diputados, es que estas empresas instaladas en nuestro país, no han podido ser demandadas. Dado que no existe una reglamentación que castigue esas prácticas, como son las de cobrar uno de los porcentajes más onerosos del mundo, al remitir divisas.
Esto sin duda, podemos atribuírselo al enorme poder económico con el que cuentan estas corporaciones, pero no podemos dejar de lado la culpa por parte del gobierno al no expresar voluntad política para solucionar estos problemas, el cual se ha limitado a hacerse de la vista gorda.
En investigaciones hechas por especialistas en la materia y publicadas en el diario antes mencionado, nos indican que ante las quejas de los ciudadanos afectados, la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor, se ha dedicado a proporcionar un diagnóstico semanal sobre "quién es quién en el envío de dinero". Y por otra parte, la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, se ha declarado completamente incompetente, en este asunto por carecer de un marco normativo que regule esta actividad.
Cómo es posible que dos instituciones gubernamentales mexicanas, que fueron creadas para proteger y salvaguardar los intereses de los ciudadanos mexicanos ante las anomalías de las empresas prestadoras de servicio, se limiten única y exclusivamente a hacer estudios de mercado y promocionar a la vez los servicios que prestan estas empresas dedicadas a estafar a nuestros compatriotas. Y por otro lado, no tengan el interés de atacar este problema de fondo.
Yo les pregunto ¿a quién le cuidan las espaldas? Acaso es a las grandes transnacionales, que cada vez se quedan con un mayor porcentaje de las remesas?
Por ejemplo: está determinado por los mismos estudios, que un envío de la ciudad de Los Angeles, California, a nuestro país, es tres veces mayor que uno realizado de esta misma ciudad a Canadá, en el mismo día, a la misma hora, de la misma empresa y además de la misma cantidad.
No es justo, debiendo cuidar los intereses de nuestros paisanos que con esfuerzos, sufrimientos, desprecios, discriminación y violaciones, mandan el poco dinero que reciben por altas jornadas de trabajo en los campos y ciudades de los Estados Unidos. Por ello hago un enérgico extrañamiento a estas dos instituciones.
¿Cómo es posible, que en los Estados Unidos este tipo de actos sea penalizado y sancionados, y en nuestro país sean ignorados? ¿Es acaso que estas empresas gozan de impunidad alguna para desarrollar sus actividades en México?
Pero eso no es todo, el Gobierno Federal no quiso quedarse fuera de la repartición de estas remesas. Tal es así, que también le entró al jugoso negocio por medio de Telecom Telégrafos, poniéndose al servicio de estas transnacionales y quedándose con un porcentaje menor al que cobran estas empresas.
Quiero hacer referencia, a las violaciones por las que han pasado los familiares de los migrantes en el momento de dirigirse a cobrar los giros a las oficinas destinas a brindar el servicio en nuestro país. Ya que, en el momento de recoger sus giros, empresas como Electra, The One, Hecali, entre otros, chantajean a la gente con el argumento de que no tiene los recursos suficientes, obligándolos a adquirir mercancías que ellos mismos venden.
El atraco no termina en el cobro de la transferencia, como ya había hecho mención, sino continúa en el momento en que ellas (las transnacionales y sus representantes en México) fijan el tipo de cambio del dólar, claro que es él más bajo del mercado, si no, no sería negocio.
Por ejemplo: cuando un residente en los Estados Unidos envía 100 dólares a México, sus familiares reciben 793 pesos (con un tipo de cambio de 7.93 pesos por dólar), cuando en el mercado la cotización era de 9.34 pesos, por lo que el pago debería haber sido de 934 pesos, de esa forma las empresas ganan con el tipo de cambio, además de los dólares que cobran por el envío.
Compañeras y compañeros representantes populares. Es en estos momentos, donde tenemos que demostrar, de qué lado estamos, con quién estamos y a quiénes representamos. El Legislativo no puede ni debe quedar al margen de los problemas que atentan con el bienestar de miles de familias mexicanas y con el desarrollo de las comunidades. De nosotros depende, que se le ponga un alto a toda esta serie de injusticias.
Por lo anteriormente expuesto, y de acuerdo con el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero: Que las autoridades hacendarias informen a esta H. Cámara de Diputados la forma cómo operan en México las empresas extranjeras antes mencionadas, así también a las compañías Electra, The One y Hecali.
Segundo: Todas las oficinas encargadas de atender la migración, en especial a nuestros connacionales que se encuentran en el extranjero, difundan por los distintos medios de comunicación (estaciones de radio, televisión y periódicos), la resolución dictada por la juez norteamericana, referente a las empresas dedicadas a la transferencia de dinero. Donde se obliga a las empresas Western Union, Financial Services, Inc. Orlandi Valuta National, First Data Corporation e Integrated Payment Systems Inc., a devolver a sus clientes dinero en dólares por operaciones realizadas en los últimos años por ganancias ilegítimas por manipular el tipo de cambio del peso frente al dólar.
Tercero: Solicitar, a la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, un informe detallado de cómo están procediendo ante estos abusos, que cometen empresas dedicadas al envío de remesas.
Palacio Legislativo, 15 de noviembre de 2001.
Dip. Sergio Acosta Salazar (rúbrica)
(Túrnese a las comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios para que dictaminen; y a la Comisión de Relaciones Exteriores para su conocimiento. Noviembre 15 de 2001.)
CON PUNTO DE ACUERDO SOBRE LA NECESIDAD DE IMPULSAR POR PARTE DEL EJECUTIVO FEDERAL Y DEL CONGRESO DE LA UNION, LA REFORMA DEL ESTADO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO HUMBERTO MAYANS CANABAL, LEGISLADOR INDEPENDIENTE, EN LA SESION DEL JUEVES 15 DE NOVIEMBRE DE 2001
"En la tardanza está el peligro"
El Quijote
Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por medio de la cual se solicita, respetuosamente, al ciudadano Presidente de la República, Vicente Fox Quesada, convoque a la realización de una conferencia nacional para establecer las bases y acuerdos políticos que lleven al país a iniciar una verdadera transición democrática mediante la realización de una profunda Reforma del Estado.
Consideraciones
1.- El 2 de julio del 2000, Vicente Fox y el Partido Acción Nacional obtuvieron una contundente victoria al alcanzar la Presidencia de la República, después de 70 años de gobierno interrumpidos del PRI.
2.- Este hecho histórico, significó la alternancia en el poder en nuestro país; pero de ningún modo la transición democrática demandada por el pueblo de México.
3.- En esta alta tribuna de la nación, en días recientes y ante los embates de diferente sectores en contra del Congreso de la Unión, se dijo, por varios señores diputados, que "la nación está en peligro"; que hay un "riesgo real encarnado en un entorno cada vez más adverso para México", y que "debemos defender la vida democrática, la pluralidad y todas las instituciones democráticas que tanto trabajo nos ha costado construir".
4.- México ha vivido los últimos 30 años, sumergido en un proceso gradual de liberalización política del antiguo régimen. En un principio le llamamos "apertura política" y significa el tránsito de reformas políticas-electorales que se iniciaron con las reformas impulsadas por Jesús Reyes Heroles en 1977, pasando por las de 1987, 1991, 1993, 1994 y las más destacadas de todas, las de 1996, en donde se crearon dos instituciones fundamentales para la vida democrática de la nación: el Instituto Federal Electoral y el Tribunal Federal Electoral.
Dicha apertura o liberalización política, culminaría en la alternancia, en donde Vicente Fox y el PAN triunfaron electoralmente, obteniendo la Presidencia de la República.
Sin esta liberalización del viejo régimen, jamás se hubiera dado la alternancia. El mérito no es de nadie en particular, es de todo el pueblo de México que ha venido luchando denodadamente por lograrlo.
5.- Pero la alternancia no significa transición ni democracia plena. No es el final del camino, es el principio. El pueblo votó el 2 de julio por un cambio real, profundo; no por preservar el viejo régimen. La verdadera transición a la democracia que demanda y exige el pueblo está aún por realizarse. Es tarea pendiente, es tarea de todos. Como escribió hace años el ex presidente español Adolfo Suárez: "El mañana no está escrito, porque entre todos, habremos de escribirlo".
El sistema político de partido hegemónico, diseñado por el presidencialismo mexicano, que le dio estabilidad y paz al México posrevolucionario está hoy agotado.
Debimos de reformarlo a principios de los años noventa del siglo pasado, acorde a los cambios que se estaban dando internacionalmente y que modificaron el mapa del mundo. No lo hicimos. Hoy, todavía, estamos a tiempo, no sin importantes y graves riesgos.
De los cambios no hechos, no realizados a tiempo, derivan los grandes problemas nacionales de hoy.
Las diversas y continuas crisis económicas que hemos vivido; el indignante incremento de la marginación y la pobreza que alcanza ya a 50 millones de compatriotas; la enorme e incontrolada corrupción que lastima a la sociedad toda; el desbordado crecimiento de la inseguridad pública y el narcotráfico; la crisis profunda de la educación pública y de la investigación científica y tecnológica; la paz rota y no resuelta en Chiapas; la dependencia económica y financiera del exterior que pone en entredicho soberanía e independencia ante la globalidad imperante; de ahí, de no haber hecho los cambios a tiempo, derivan, también, los cada vez más estrechos márgenes de gobernabilidad y el clima político enrarecido que tanto preocupa hoy al gobierno y a la opinión pública.
6.- México, indiscutiblemente, con la alternancia tendrá que impulsar un nuevo Proyecto de Nación. Tendrá que llevar a cabo, a la brevedad, una profunda Reforma del Estado.
La transición a la democracia implica, entonces un proceso de cambios y de modernización institucional con estabilidad y responsabilidad, pero para ello se requiere, al menos, cumplir con tres condiciones:
a) Un acuerdo político para la transición.
Es decir, un acuerdo político que evite en el proceso de cambio y modernización, turbulencias e inestabilidad. El acuerdo deberá suscribirse por todas las fuerzas políticas; por los representantes de los sectores económico y financiero; por los legisladores federales y locales; por los miembros del Poder judicial federal y local; por los Ejecutivos estatales, así como por los sectores representativos de la cultura y la academia; por lo representantes de los trabajadores de los indígenas y campesinos; y en resumen, por todos aquellos que representan a algo y a alguien en la nación.
b) El diseño de un nuevo régimen.
El nuevo proyecto deberá ser la carta de navegación de la transición y deberá contemplar no sólo los asuntos político-electorales, sino también, los económicos y sociales, así como los culturales y educativos en el marco de la globalización inevitable.
c) Un conductor.
Una instancia o actor político reconocido por las partes, que conduzca el proceso de cambios con audaz prudencia, marcando los ritmos, las pautas, los tiempos, de tal manera, que sea una auténtica Reforma del Estado, una verdadera transición y no "transitocracia", es decir, simulación transicional. El conductor deberá dar las garantías necesarias a todas las fuerzas políticas y sociales, a todos los actores involucrados y a la sociedad, en relación a reducir la incertidumbre y el miedo que implica este tipo de procesos, así como, reducir los riesgos de inestabilidad política y social.
El conductor, no puede ser otro que el Presidente de la República, no sólo por la responsabilidad inherente al cargo en nuestro sistema político; sino también, por la legitimidad alcanzada con el triunfo electoral del 2 de julio.
El "bono democrático", que se busca acreditar en el exterior, aquí sí aplica. El Presidente Fox, consecuentemente, tendrá que encabezar el cambio y cumplir de esta manera, con los postulados y compromisos que asumió con la ciudadanía durante su campaña política y que le dieron el triunfo.
La sociedad toda del país lo está exigiendo, somos un pueblo inteligente, informado, crítico que no aceptamos que se nos ofrezca hoy una cosa y mañana se haga lo contrario.
El presidente Fox, no tiene más alternativa: o encabeza y conduce el cambio prometido, la transición esperada o el país estará en riesgo. El papel que deberá desempeñar el Congreso de la Unión, corresponsablemente será decisivo para cumplir las metas esperadas.
En la reunión donde se instalaron las mesas de trabajo sobre la Reforma del Estado siendo presidente electo, en agosto del 2000, el Presidente Fox prometió, cito: "El cambio del 2 de julio va profundizándose día a día, no fue sólo un cambio de gobierno, un cambio de partido, un cambio histórico. Sino fue la puerta de entrada de nuestro país hacia el siglo XXI y, fue sin duda alguna la puerta de entrada hacia la participación de la sociedad entera en la definición del proyecto nacional, en la definición de la Reforma Política y del Estado y en la definición de las tareas que enfrentamos día con día".
Es tiempo hoy de cumplir.
En consecuencia y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Unico: La Cámara de Diputados solicita, respetuosamente, al Presidente de la República, ciudadano Vicente Fox Quesada, a que convoque a los poderes Legislativo y Judicial de la Unión, a los Ejecutivos de las entidades federativas, a los Congresos locales, a los sectores empresarial y financiero, a los intelectuales y académicos, a los medios de comunicación; en fin, a la sociedad toda; a la realización de una conferencia nacional, para establecer las bases, los tiempos, el método y los acuerdos políticos necesarios que permitan al país, iniciar una auténtica transición democrática, a través de la realización de una Reforma Política y del Estado, y con ello, garantizar la viabilidad, la independencia y la soberanía de la nación.
Palacio Legislativo, a 15 de noviembre de 2001.
Dip. Humberto D. Mayans Canabal (rúbrica)
(Túrnese a la Comisión Especial de la Reforma del Estado. Noviembre 15 de 2001.
CON PUNTO DE ACUERDO SOBRE LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS PETROLEROS, PARA OBVIAR LOS RECORTES PRESUPUESTALES, PRESENTADA POR LA DIPUTADA MARIA DEL ROSARIO TAPIA MEDINA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DEL JUEVES 15 DE NOVIEMBRE DE 2001
La que suscribe, diputada María del Rosario Tapia Medina, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General someto a esta soberanía el siguiente punto de acuerdo.
Antedecentes
En el mes de noviembre del año 2000, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció la creación de un Fondo de Estabilización Petrolera, que contaría en ese momento con recursos por 5 mil 839 millones de pesos, obtenidos de los ingresos extraordinarios debidos al incremento en el precio del crudo mexicano de exportación.
La SHCP informó que al concluir el tercer trimestre del año 2000, el Gobierno Federal obtuvo ingresos extraordinarios por 27 mil 130 millones de pesos respecto del programa original, los cuales se derivaron de un mayor precio del petróleo y de un incremento en la recaudación fiscal. Estos recursos incluyeron ingresos extra de organismos y empresas paraestatales y del Gobierno Federal. Los fondos serían empleados, además del Fondo Petrolero, para ampliar el presupuesto de algunas entidades paraestatales, compensar un recorte al gasto de ese año ordenado en diciembre de 1999 por el Congreso, y en amortizar obligaciones de deuda pública, principalmente las derivadas del rescate bancario.
El entonces subsecretario de Hacienda, Carlos Noriega Curtis, explicó que exclusivamente el Gobierno Federal logró al cierre de septiembre de 2000 ingresos extraordinarios por 21 mil 472 millones de pesos, integrados por el aumento en la recaudación y los mayores precios del crudo.
Al cierre del tercer trimestre del año 2000, la SHCP entregó al Congreso el informe sobre la Situación Económica, las Finanzas y la Deuda Pública, a través del cual se explicó que los ingresos extraordinarios por 21 mil 472 millones de pesos que obtuvo el Gobierno Federal serían empleados de la siguiente manera:
"Será aumentado el techo del gasto programable del año 2000 en 6 mil 874 millones de pesos, con lo que será compensado prácticamente en su totalidad el recorte presupuestal dispuesto en diciembre pasado por el Congreso, que ascendió a 7 mil 800 millones de pesos. El aumento en el gasto programable será distribuido en: 3 mil 905 millones en ampliaciones de gasto; 400 millones a reclasificación de gasto y los 2 mil 569 millones restantes serán distribuidos entre el IMSS y el ISSSTE."
"Otros 5 mil 839 millones de pesos serán destinados a la creación del Fondo de Estabilización Petrolera, cuyas reglas de operación serán publicadas antes del 30 de noviembre."
Adicionalmente, 8 mil 759 millones de pesos fueron empleados para la amortización de deuda pública, principalmente las obligaciones a cargo del Estado generadas por el rescate bancario, hacia donde se canalizaron 6 mil 500 millones de pesos para financiar los planes de apoyo a deudores.
Este tipo de fondo, según la SHCP, se creó con ingresos que se perciben como transitorios. "Es decir, se trata de ahorrar en tiempos de vacas gordas para poder gastar en épocas de vacas flacas", añadió.
En adelante, apuntó, cuando haya ingresos petroleros que rebasen los montos originalmente presupuestados se realizarán contribuciones al Fondo Petrolero, con lo que se generarán ahorros.
El Gobierno Federal recibió ingresos extraordinarios por 51,500 millones de pesos entre enero y noviembre del 2000, señaló aquí Agustín Carstens, actual subsecretario del ramo de la SHCP, a las Comisiones Unidas de Hacienda y Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.
Durante una de las primeras sesiones formales de trabajo técnico para la discusión del paquete económico del 2001, el subsecretario de Hacienda detalló a qué se destinaron esos recursos:
"Del total, 9,800 millones se destinaron al Fondo de Estabilización Petrolera (que fue creado en noviembre pasado)."
El ex funcionario de Banco de México detalló que otros 6,500 millones de pesos fueron canalizados a la cancelación de deuda pública, particularmente a pasivos que se generaron por diversos programas de apoyo a deudores que se ofrecieron desde 1995.
Otros 28,000 millones de pesos se dedicaron a ampliaciones del gasto.
Cabe recordar que el "recorte" al gasto que realizó la Secretaría de Hacienda en el 2000, por instrucción del Congreso, fue por sólo 7,623 millones de pesos, por lo que el compromiso de resarcir gasto era originalmente por esta cantidad.
En el informe de Finanzas Públicas de Hacienda al tercer trimestre del 2000 se notificó que ya se habían autorizado ampliaciones para el gasto del IMSS, la CFE y Capufe, entre otros.
Adicionalmente, los 7,000 millones de pesos restantes fueron autorizados para la reinversión de empresas paraestatales, esto es, eran excedentes que generaron estas mismas empresas y Hacienda les autorizó a utilizar los ahorros que habían obtenido.
A la fecha, en momentos en que comenzamos a discutir el paquete económico del año 2002, el Congreso de la Unión ignora a cuánto ascienden los recursos incluidos en el Fondo de Estabilización Petrolera, no obstante que de manera reiterada en las comparecencias de funcionarios de SHCP para analizar la Cuenta Pública 2000 se solicitó la información. Tampoco sabemos a dónde se han canalizado.
Lo que sí conocemos, es el continuo impulso del Gobierno Federal por recortar el gasto que autorizó este Congreso para el ejercicio del presente año, recorte que a la fecha asciende a más de 13 mil millones de pesos.
En el año 2000, como vimos líneas atrás, el Fondo de Estabilización Petrolera sirvió para compensar los recortes presupuestales que se hicieron. En el presente año, el precio promedio del petróleo ha sido de 19.43 dólares por barril, y el mismo se estimó en 18 dólares para el 2001, de modo que existen recursos para compensar los recortes realizados por la SHCP.
Por lo anteriormente fundamentado, someto a esta soberanía, con la solicitud de que se turne a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, el presente
Punto de Acuerdo
Unico. Se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito público informe a la Cámara de Diputados el monto de recursos contenidos en el Fondo de Estabilización Petrolera y la manera en que se han empleado en el ejercicio presupuestal del presente año.
Palacio Legislativo de San Lázaro, noviembre 15 de 2001.
Dip. María del Rosario Tapia Medina (rúbrica)
(Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Noviembre 15 de 2001.)
CON PUNTO DE ACUERDO SOBRE EL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO MARIO HUERTA DIAZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, A NOMBRE DE LEGISLADORES DE LA COMISION DEL DISTRITO FEDERAL, EN LA SESION DEL JUEVES 15 DE NOVIEMBRE DE 2001
Los diputados integrantes de la Comisión del Distrito Federal sometemos a la consideración del pleno de la H. Cámara de Diputados, con fundamento en lo que dispone el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos la siguiente:
Proposición con punto de acuerdo que los diputados de la Comisión del Distrito Federal presentan para solicitar al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Vicente Fox Quesada, y al jefe de gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, la incorporación de una representación plural de la Cámara de Diputados, al Comité Ejecutivo del Consejo Consultivo para la Restauración del Centro Histórico de la Ciudad de México, bajo las siguientes:
Consideraciones
Primera.- El Centro Histórico de la Ciudad de México es, por excelencia, un abrevadero de tradición, cultura, arte, expresión, arquitectura e identidad, no sólo de los capitalinos, sino de todos los mexicanos. En él conviven armónicamente estructuras tan diferentes en origen, diseño y función como el Palacio de Bellas Artes, la Casa de los Azulejos, el Palacio Postal, el Nacional Monte de Piedad, la Catedral Metropolitana, el Palacio Nacional, los edificios del Gobierno del Distrito Federal, la Plaza de la Constitución, el Palacio de Iturbide, la plaza Manuel Tolsá, el Palacio de Minería, la Casa de Moneda, el Banco de México y la torre Latinoamericana, entre otros.
Lamentablemente también coinciden en él todos los problemas que agobian a la metrópoli: desempleo, subempleo, marginalidad, exclusión social, inseguridad pública, criminalidad, prostitución, mendicidad, drogadicción, congestión vial, contaminación, bajos niveles de escolaridad y de ingreso, déficit habitacional, deterioro de la riqueza patrimonial, y conflictos sociales.
Por si lo anterior fuese poco, el Centro Histórico padece factores endémicos como el deterioro de los inmuebles por su antigüedad, en combinación con la ausencia de mantenimiento; la pérdida progresiva de vivienda de alquiler y cambios en el uso de suelo que favorecen a comercios, oficinas y bodegas.
Segunda.- El 3 de julio de este mismo año, impulsados por un mutuo espíritu de colaboración, el Gobierno Federal y el de la Ciudad de México adquirieron el compromiso de proteger y rescatar el Centro Histórico de la Ciudad de México, el cual durante décadas ha sufrido un lento y constante proceso de deterioro.
El pasado 14 de agosto, dicho acuerdo se tradujo en el Convenio de Coordinación para el Programa de Rescate del Centro Histórico, el cual tiene como meta establecer las bases de coordinación y colaboración que permitan procurar la protección, restauración, rescate y revitalización del Centro Histórico de la Ciudad de México.
Este convenio dispone la instalación del Consejo Consultivo para el Rescate del Centro Histórico de la Ciudad de México, integrado por 125 miembros de la sociedad civil. Este cuerpo colegiado, según las bases del convenio que firmaron el Presidente Vicente Fox y el jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador, podrá sugerir, proponer y recomendar acciones o proyectos, así como recabar fondos y estimular e impulsar la participación de particulares y sectores sociales en acciones que beneficien la recuperación de la zona.
En el convenio también se formaliza la constitución del Comité Ejecutivo, el cual estará integrado por tres representantes del Ejecutivo federal, tres del Gobierno del Distrito Federal y cuatro de la sociedad civil. La presidencia de dicho Comité estará en manos del empresario Carlos Slim Helú, el cual se encargará de coordinar, elaborar, ejecutar y dar seguimiento al programa de trabajo para el rescate del Centro Histórico.
Si bien éste no es el primer esfuerzo gubernamental para recuperar, proteger y conservar el Centro Histórico de la Ciudad de México, toda vez que el 11 de abril de 1980, por decreto presidencial, el Centro Histórico fue declarado zona de monumentos históricos. Además en esa misma fecha nació el Consejo del Centro Histórico, con el fin de coordinar las acciones requeridas para su recuperación, protección y conservación. A su vez, en 1987 fue declarado por la UNESCO: patrimonio cultural de la humanidad, por su riqueza arquitectónica, histórica y cultural; y el Instituto Nacional de Bellas Artes tiene catalogados los edificios construidos hasta antes del año 1900.
Lo cierto es que el convenio acordado por los gobiernos federal y local compromete a éstos a proveer los elementos necesarios para el inicio y operación de los trabajos de rescate; fomentar e impulsar la colaboración con distintos sectores de la sociedad civil para sumar esfuerzos y establecer estrategias conjuntas para impulsar las actividades de reconstrucción del Centro Histórico.
Tercera.- Toda vez que el carácter con el que actúan los diputados integrantes de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión es el de legítimos representantes de la nación, tal y como lo establece el artículo 51 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los que suscriben el presente punto de acuerdo consideran oportuna y justificada la solicitud de la incorporación de una representación plural de la Cámara de Diputados, al Comité Ejecutivo del Consejo Consultivo para la Restauración del Centro Histórico de la Ciudad de México. Lo anterior encuentra su sustento e idoneidad en la medida de que en el seno de esta soberanía se encuentran reflejadas y representadas una amplia gama de corrientes de pensamiento y opinión que imperan en nuestro país.
Sin perjuicio de lo anterior, debe recordarse que es facultad exclusiva de esta Cámara, de acuerdo al artículo 74 constitucional, el examinar, discutir y aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación; y, congruente con lo anterior, el artículo 126 constitucional, establece que no podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el presupuesto o determinado por ley posterior. De lo anterior se desprende que lo ideal, para un óptimo proceder republicano en tan loable tarea de reconstrucción del Centro Histórico propiedad de todos los mexicanos, es que impere la lógica jurídica y democrática y por lo tanto, acuda ante el Comité Ejecutivo multicitado una representación plural de diputados, toda vez que somos nosotros quienes representamos a la nación y aprobamos el dinero que, en un momento u en otro, tendrá que erogar el Ejecutivo en su justa causa de rescate y reconstrucción del Centro Histórico; de esta forma podremos estar ciertos de que los recursos federales que se destinen para este fin estarán óptimamente invertidos.
Compañeras y compañeros diputados:
Por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en lo que dispone el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, proponemos el siguiente:
Punto de Acuerdo
Unico.- Solicitamos al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Vicente Fox Quesada, y al jefe de gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, la incorporación de una representación plural de la Cámara de Diputados, al Comité Ejecutivo del Consejo Consultivo para la Restauración del Centro Histórico de la Ciudad de México.
Palacio de San Lázaro, a los 15 días del mes de noviembre de 2001.
Diputados: Eddie James Varón Levy, Mauricio Enrique Candiani Galaz, José Manuel Del Río Virgen, Mario Reyes Oviedo, Manuel Castro y del Valle, Jorge Alberto Lara Rivera, Enrique Adolfo Villa Preciado, Reyes Antonio Silva Beltrán, Moisés Alcalde Virgen, Alfonso Guillermo Bravo y Mier, Armando Enríquez Flores, Diego Alonso Hinojosa Aguerrevere, Marcos Pérez Esquer, Francisco Ramírez Cabrera, Ricardo Francisco García Cervantes, José María Rivera Cabello, Noe Navarrete González, Yadira Ivette Tamayo Herrera, Fanny Arellanes Cervantes, María Teresa Gómez Mont y Urueta, Francisco Salvador López Brito, Luis Alberto Pazos de la Torre, Francisco Javier Cantú Torres, Carlos Alberto Flores Gutiérrez, Pablo de Jesús Arnaud Carreño, Rafael Orozco Martínez, Héctor González Reza, Abelardo Escobar Prieto, Tomás Coronado Olmos, Rodrigo David Mireles Pérez, José María Tejeda Vázquez, Francisco Arano Montero, Amado Benjamín Avila Márquez, Javier Rodríguez Ferrusca, Martín Hugo Solís Alatorre, Francisco Ezequiel Jurado Contreras, Miguel Angel Gutiérrez Machado, María Elena Chapa Hernández, Amado Olvera Castillo, Arcelia Arredondo García, José R. Mantilla y González de la Llave, Victoria Ruth Sonia López Macías, Ramón Paniagua Jiménez, Joel Vilches Mares, María Cruz Martínez Colín, Beatríz Guadalupe Grande López, Abel Guerra Garza, Ildefonso Guajardo Villarreal Francisco de Jesús De Silva Ruíz, Ricardo Tarcisio Navarrete Montes de Oca, José Bañales Castro, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Manuel de Jesús Espino Barrientos, Narciso Alberto Amador Leal, Rodolfo Antonio Echeverría Ruíz, Neftalí Salvador Escobedo Zoletto, Francisco Javier Chico Goerne Cobián, Francisco Ricardo Sheffield Padilla, José Benjamín Muciño Pérez, Fernando Pérez Noriega, J. Félix Salgado Macedonio, Celestino Bailón Guerrero, J Timoteo Martínez Pérez, Edilberto Jesús Buenfil Montalvo, Simón Iván Villar Martínez, José Elías Romero Apis, Daniel Ramírez del Valle, Carlos Humberto Aceves Del Olmo, José Ramírez Gamero, J. Clemente Padilla Silva, Juan Carlos Sáinz Lozano, José María Anaya Ochoa, José Rodolfo Escudero Barrera, Sara Guadalupe Figueroa Canedo, Rafael Ramírez Sánchez, Carlos Alberto Valenzuela Cabrales, Jaime Tomás Ríos Bernal, Griselda Ramírez Guzmán, Ney González Sánchez, Gustavo Carvajal Moreno, Norma Enriqueta Basilio Sotelo, María Teresa Campoy Ruy Sánchez, Federico Granja Ricalde, Eduardo Abraham Leines Barrera, Jaime Mantecón Rojo, Pedro Manterola Sáinz, José María Guillén Torres, Salvador Rocha Diaz, Oscar Romeo Maldonado Domínguez, Juan Ignacio García Zalvidea, Uuc-Kib Espadas Ancona, Rosa Elena Baduy Isaac, Juan Manuel Sepúlveda Fayad, Víctor Emanuel Díaz Palacios, Benjamín Ayala Velázquez, Marco Antonio Dávila Montesinos, Pedro Miguel Rosaldo Salazar, Víctor Hugo Círigo Vázquez, Alfredo Hernández Raigosa, Bernardo De la Garza Herrera, Juan Camilo Mouriño Terrazo, José Gaudencio Víctor León Castañeda, Jaime Cervantes Rivera, Javier Julián Castañeda Pomposo, Alfonso Sánchez Rodríguez, Adrían Salvador Galarza González, Samuel Yoselevitz Fraustro, José Ramón Soto Reséndiz, Vicente Pacheco Castañeda, Carlos Raymundo Toledo, Enrique Octavio de la Madrid Cordero, Arturo León Lerma, Ramón Ponce Contreras, Francisco Esparza Hernández, Mónica Leticia Serrano Peña María Teresa Tapia Bahena, José Rivera Carranza, Julio César González Jiménez Esteban Sotelo Salgado, Jesús Dueñas Llerenas, Silvia Alvarez Bruneliere, Raúl Gracia Guzmán, Mercedes Hernández Rojas Julián Hernández Santillán, Mario Sandoval Silvera, Jésus Adelfo Taracena Martínez, Herbert Taylor Arthur, Juan de la Cruz Alberto Cano Cortezano, Eduardo Arnal Palomera, Valdemar Romero Reyna, Hilario Esquivel Martínez, J. Jesús Orozco Alfaro, Juan Manuel Duarte Dávila, Rafael López Hernández, Juan Mandujano Ramires, Mauro Huerta Díaz, Angel Artemio Meixueiro González, Lizbeth Evelia Medina Rodríguez (rúbricas).
(Túrnese a las comisiones del Distrito Federal, y de Cultura. Noviembre 15 de 2001.)
CON PUNTO DE ACUERDO EN RELACION A LOS INDIGENAS PESCADORES PRESOS, DEL LAGO DE PATZCUARO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO RAFAEL SERVIN MALDONADO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DEL JUEVES 15 DE NOVIEMBRE DE 2001
El suscrito diputado Rafael Servín Maldonado, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar la siguiente proposición con punto de acuerdo:
Antecedentes
El 30 de abril del 2001, fue turnada por la Mesa Directiva de esta H. Cámara de Diputados, una proposición con punto de acuerdo presentada por un servidor, a la Junta de Coordinación Política con el objeto de establecer una mesa de trabajo con el Ejecutivo federal y legisladores de diferentes fracciones parlamentarias, para buscar los mecanismos de excarcelación de los indígenas presos en el estado de Michoacán.
El 18 de julio del 2001, la Junta de Coordinación Política tomó el acuerdo para que se constituyera la mesa de trabajo, integrada por los legisladores de diferentes fracciones parlamentarias; la cual quedó constituida por la diputada Araceli Domínguez Ramírez, del Partido Revolucionario Institucional; el diputado Roberto Aguirre Solís, del Partido Acción Nacional; el diputado Esteban Daniel Martínez, del Partido de la Revolución Democrática, y un servidor con los cuales sostuvimos una reunión de trabajo con los magistrados del II Tribunal Colegiado de Circuito, con el objeto de darles nuestro punto de vista del problema social que se estaba generando a raíz de la sentencia de los señores Aurelio Guzmán Mateo y Leocadio Ascencio Amaya indígenas del lago de Pátzcuaro. Además de hacerles notar respetuosamente de la serie de irregularidades que se contemplaban en todo el proceso.
Desgraciadamente con fecha 24 de octubre del 2001, los magistrados del II Tribunal Colegiado de Circuito Raúl Murillo Delgado, Víctor Ceja Villaseñor y Hugo Sahuer Hernández, negaron el amparo directo a los señores Aurelio Guzmán Mateo y a Leocadio Ascencio Amaya, hecho por demás lamentable, porque dicha sentencia expresa la confirmación de 20 años de prisión a los indígenas injustamente sentenciados, y agota la posibilidad de que salgan libres por la vía judicial, no obstante, las irregularidades desde la integración de la averiguación y la falta de sensibilidad de los juzgadores, que no valoraron el problema social, ni político.
El Presidente Vicente Fox, prometió en la ciudad de Pátzcuaro, Michoacán, el 7 de marzo del 2001, que haría todo el esfuerzo a través del Area Jurídica de la Presidencia de la República, para la defensa de los pescadores indígenas y lograr su liberación, hecho que jamás ocurrió.
En virtud, de que se ha agotado el proceso judicial, la única alternativa que resta, es que el Presidente de la República ejerza la facultad contemplada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo anteriormente expuesto propongo el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero: Que esta H. Cámara de Diputados se pronuncie, para que el Ejecutivo Federal en base a las atribuciones que le confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 89, fracción XIV, les conceda el indulto a los indígenas sentenciados a 20 años de prisión Leocadio Ascencio Amaya y Aurelio Guzmán Mateo.
Segundo: Para dar seguimiento al pronunciamiento de esta H. Cámara de Diputados, se le dé continuidad a la mesa formada a raíz del acuerdo de la Junta de Coordinación Política de fecha del 18 de julio del 2001, integrada por la diputada María Luisa Araceli Domínguez, diputado Esteban Daniel Martínez Enríquez, el diputado Roberto Aguirre Solís y el diputado Rafael Servín Maldonado.
Atentamente
Dip. Rafael Servín Maldonado (rúbrica)
(Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Noviembre 15 de 2001.)
CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE LA SEMARNAT TOME LAS MEDIDAS NECESARIAS A FIN DE SOLUCIONAR EL PROBLEMA ECOLOGICO PROVOCADO POR LAS AGUAS NEGRAS EN EL VALLE DE JUAREZ, PRESENTADA POR EL DIPUTADO GREGORIO ARTURO MEZA DE LA ROSA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, EN LA SESION DEL JUEVES 15 DE NOVIEMBRE DE 2001
Con fundamento en lo que dispone el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos diputados federales del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, ponemos a consideración de esta honorable asamblea, una proposición con punto de acuerdo para que la Semarnat y la CNA tomen las medidas necesarias a fin de solucionar el problema ecológico provocado por aguas negras en el Valle de Juárez.
Exposición de Motivos
1.- Al norte del estado de Chihuahua existe una región, que colinda con el sur de los Estados Unidos de Norte América, conocida como Valle de Juárez.
Dicho valle fue utilizado por sus habitantes, para la siembra de diferentes productos agrícolas tales como frutas, hortalizas y algodón. La región a la que nos referimos comprende los municipios de Guadalupe y Praxedis; los ejidos de San Agustín, San Isidro, Jesús Carranza, Tres Jacales y El Millón entre otros. Todo este territorio, conocido como el Valle de Juárez, ha utilizado el agua de las acequias y del río Bravo para su riego.
2.- Sin embargo, en Ciudad Juárez son demasiadas las unidades económicas que diariamente utilizan cientos de miles de litros del vital liquido y, una vez contaminado, lo vierten en el drenaje sanitario, agua que fluye a través de la acequia madre y con la cual se riegan miles de hectáreas de sembradíos en los márgenes del río Bravo. Aunado a lo anterior y debido a la falta de lluvias, se ha causado un daño ecológico irreversible al suelo y al subsuelo.
3.- Denuncias hechas por los habitantes de los ejidos señalados anteriormente, manifiestan que desde hace más de una década, fueron obligados a regar sus parcelas con agua residual, en lugar de agua de los pozos como lo acostumbraron anteriormente.
4.- Por la falta de agua requerida para el riego de productos alimenticios, se vieron en la necesidad de cambiar la siembra de estos productos por la de forraje, lo que perjudicó enormemente sus actividades económicas, también esto se acompañó de manera ininterrumpida con un alto grado de contaminación en sus parcelas, enfrentándose con la necesidad de requerir aún más insumos para hacer producir la tierra.
5.- Es importante señalar que aún cuando se llevó a cabo la construcción de dos plantas tratadoras de aguas residuales en Ciudad Juárez, estas no aportaron solución alguna al problema presentado, ya que los productores de la región continuaron sembrando y cosechando bajo condiciones insatisfactorias, debido a que el agua tratada se mezcla con aguas contaminadas, en virtud de la falta de capacidad volumétrica de dichas plantas tratadoras, en su efecto de más de seis metros cúbicos por segundo de aguas negras que se desecha en esta ciudad, sólo se tratan poco más de dos.
6.- Dada la grave situación que enfrentan los ejidatarios del Valle de Juárez, es que se debe hacer cumplir el Estado de derecho. Para este logro, es necesario recordar que la legislación agraria en su artículo 52, sección segunda, del capítulo II, establece que el uso o aprovechamiento de las aguas ejidales corresponde a los propios ejidos y ejidatarios, según se trate de tierras comunes o parceladas, así como el artículo 56 de la misma legislación refiriéndose a que, los aguajes comprendidos dentro de las tierras ejidales, siempre que no hayan sido legalmente asignados individualmente, serán de uso común y su aprovechamiento se hará conforme lo disponga el reglamento interno del ejido o, en su defecto, de acuerdo con la costumbre de cada ejido, siempre y cuando no se contravenga la ley y normatividad de la materia.
7.- La Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente dispone en sus artículos 92, 108, fracción I, 117, 120, fracciones I, II, VII y 128 las disposiciones necesarias para atender la problemática que se presenta en el Valle de Juárez.
8.- Conocedores de que el problema planteado es un mal que aqueja a una gran parte de los chihuahuenses, quienes han visto perjudicado su proceso de producción y consecuentemente su nivel de vida, es que debemos buscar se implementen de manera inmediata, las medidas de control que resuelvan estas condiciones adversas, y como representantes de la ciudadanía exigimos a las autoridades correspondientes la solución más adecuada a las demandas que con todo derecho exigen nuestros representados.
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; nos permitirnos someter a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, atendiendo a la necesidad de dar pronta solución al problema ecológico del Valle de Juárez, Municipio del mismo nombre, en el estado de Chihuahua, que deriva de la falta de tratamiento a las aguas negras que se originan en dicho municipio.
La Quincuagésima Octava Legislatura del honorable Congreso de la Unión, solicita:
I.- A la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales que, en atención a lo preceptuado por los artículos 92, 108, fracción I, 117, 120, fracciones I, II y VII, y 128 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, adopte las medidas que estime pertinentes a fin de resolver tan urgente problema, y
II.- A la Comisión Nacional del Agua, para que realice los estudios que estime necesarios y ponga en marcha un plan de desarrollo ecológico sustentable, a afecto de resolver en definitiva dicho problema y se cuente a largo plazo, con aguas limpias y adecuadas para los usos propios de la población vallejuarense.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 15 días del mes de noviembre de 2001.
Diputados: David Rodríguez Torres (rúbrica), Ma. Eugenia Galván Antillón, Francisco Jurado Contreras (rúbrica), José Carlos Borunda Zaragoza (rúbrica), César Reyes Roel (rúbrica), Luis Villegas Montes (rúbrica), Manuel Arturo Narváez N. (rúbrica), Abelardo Escobar Prieto (rúbrica), Gregorio Arturo Meza de la Rosa (rúbrica).
(Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Noviembre 15 de 2001.)
Actas
DE LA COMISION ESPECIAL DEL SUR-SURESTE, DE SU SESION DE TRABAJO REALIZADA EL MIERCOLES 10 DE OCTUBRE DE 2001
En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 14:10 horas del día miércoles 10 de octubre del año 2001, acuden a la sesión ordinaria de trabajo en el Patio Sur, Palacio Legislativo de San Lázaro, los integrantes de la Comisión Especial del Sur-Sureste de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, para el desahogo del siguiente:
Orden del Día.
1.- Registro de asistencia y verificación de quórum.
2.- Lectura y en su caso aprobación del acta anterior.
3.-Presentación del anteproyecto del Plan de Trabajo.
4.- Integración de subcomisiones.
5.- Propuesta para agendar reunión con el Lic. Florencio Salazar Adame, coordinador general del Plan Puebla-Panamá.
6.- Puntualidad y asistencia a reuniones de los CC. diputados, a cargo del diputado Jesús Alí de la Torre.
7.- Asuntos generales.
Inicia la sesión, y en uso de la voz el diputado Presidente Salvador Escobedo Zoletto, da la bienvenida a los asistentes a la reunión, y cede la palabra al diputado secretario Edilberto Buenfil Montalvo, quien acto seguido, verifica el registro de asistencia de veinticuatro diputados declarando quórum legal y abierta la sesión.
El diputado Abel Trejo González, solicita una moción para señalar que a partir de esta fecha se incorpora en sustitución del diputado Miguel Angel Moreno Tello.
Continuando con la reunión se da lectura al orden del día, misma que se somete a votación y se aprueba por unanimidad.
En uso de la palabra el diputado Salvador Escobedo Zoletto hace la presentación del cuerpo de asesoría de la Comisión Especial e inicia la presentación del Plan de Trabajo Preliminar de la Comisión Especial vertiendo distintos planteamientos y encomiendas que deberá realizar la misma.
En el mismo marco de la presentación, comenta que la integración de la comisión es plural o incorpora diputados de todas los grupos parlamentarios representados en la H. Cámara de Diputados.
El diputado secretario, Miguel Bortolini Castillo señala los posibles mecanismos y tareas contempladas en el Plan de Trabajo Preliminar para que la Comisión Especial del Sur-Sureste cumpla con sus objetivos; hace hincapié en que la Comisión contará con ediciones, publicaciones y página Web al tiempo que hace una presentación de gráficas de distintos indicadores económicos en el Sur-Sureste de México.
En uso de la voz el diputado Salvador Escobedo Zoletto señala que se habían recogido propuestas de algunos diputados para incorporarlas al Plan de Trabajo Preliminar y que las que se estaban presentando, eran parte de una presentación ejecutiva, en virtud de que el proyecto preliminar ya se le había enviado a todos y cada uno de los diputados.
En su oportunidad el diputado Roberto Fuentes señala que sí se habla de una Subcomisión del PEF, entonces la Comisión Especial debe fijar objetivos micros y macros. Por otra parte señala que la Comisión debe ir de la mano del Plan Puebla-Panamá y que además se debe trabajar con los tres ordenes de gobierno.
El diputado Presidente de la Comisión señala que ya se invitó al titular del Plan Puebla Panamá, y hace hincapié en que los trabajos de la Comisión Especial no solo deben adherirse a éste, sino que hay programas dentro de las secretarías del Ejecutivo Federal que la Comisión deberá de coadyuvar y valorar.
Por su parte el diputado Héctor Sánchez López enfatiza que el Plan Puebla Panamá debe ser adaptado al desarrollo de la región del sureste y que la prioridad de la Comisión es que el desarrollo económico acompañe el desarrollo social.
El diputado Buenfil Montalvo hace un llamado al orden, solicita al Pleno de la Comisión ceñirse al orden del día y que posteriormente se viertan comentarios; acto seguido cede el uso de la voz a la diputada María de las Nieves García Fernández quien menciona que la comisión debe elaborar una base de datos en distintos rubros económicos para que a partir de esa premisa emane un Plan de Trabajo.
En uso de la voz el diputado Abel Trejo González reitera que la Comisión no debe estar supeditada al Plan Puebla Panamá y tampoco al Poder Ejecutivo; Así mismo comenta que existe un desarrollo asimétrico en el país, y sugiere se elabore un análisis estadístico comparativo en distintos rubros de la región del sur-sureste con el centro y norte a partir del censo del año 1980.
Por su parte el diputado Pablo Arnaud Carreño señala que se debe tomar en cuenta la Ley Indígena, citar al titular del Instituto Nacional Indigenista y buscar información de micro regiones.
En su intervención el diputado Orestes Eugenio Pérez Cruz, comenta que hasta que no haya un Plan de Trabajo no se pueden conformar las subcomisiones, además sugiere se dispense del orden del día la integración de subcomisiones, en virtud de que habría que valorar la posibilidad de conformar dos subcomisiones más.
En uso de la voz el diputado Salvador Escobedo Zoletto, enfatiza que solo se están presentando las posibles subcomisiones y que no son las definitivas. Por otra parte señala que la Comisión deberá elaborar un estudio estadístico que sirva de base a los trabajos de ésta.
Por su parte la diputada María Teresa Tapia Bahena vierte distintos comentarios acerca del papel relevante que jugara la Comisión Especial en el desarrollo del país, y manifiesta que la comisión deberá mantener contacto permanente con las dependencias del Ejecutivo Federal que tengan injerencia en el desarrollo del sur-sureste.
El diputado Carlos Raymundo Toledo señala la importancia del llamado "Programa Marcha hacia el Sureste" implementado por la Secretaría de Economía, y sugiere se fije una fecha para aprobar el Plan de Trabajo.
Toma la palabra el diputado Edilberto Buenfil Montalvo y enfatiza que el Plan de Trabajo Preliminar se ha entregado previamente a los integrantes de la Comisión para recibir aportaciones, que se está contra el tiempo y que las reuniones por lo tanto deben ser muy ejecutivas.
Por otra parte señala que se tiene agendada la reunión con el titular del Plan Puebla Panamá, se somete a consideración del Pleno de la Comisión la citada reunión, y se aprueba por unanimidad. Finalmente exhorta a los diputados presentes envíen a la brevedad sus propuestas al plan de trabajo.
En uso de la palabra, el diputado Jesús Alí de la Torre, aborda el punto del orden del día, relacionado con la asistencia de los diputados y vierte distintos comentarios a propósito de incorporarse responsablemente a los trabajos de la comisión.
Por su parte el diputado Feliciano Calzada, señala que se deberá estar pendiente en noviembre y diciembre, cuando se esté revisando el presupuesto del próximo año a propósito de apoyar el Plan Puebla Panamá.
En uso de la palabra la diputada María Teresa Campoy Ruy Sánchez, señala que previamente envío propuestas al Plan de Trabajo Preliminar y manifiesta que la comisión deberá dar especial atención al desarrollo sustentable, así como el de realizar foros y consultas en la materia.
El diputado Federico Granja Ricalde comenta que se deben revisar los proyectos del sexenio anterior, y revisar los proyectos de desarrollo de comunicaciones, así como estrategias de desarrollo agropecuario. Enfatiza que las reuniones deben ser ejecutivas y que por encima de partidos políticos se debe apoyar al sureste de México.
En uso de la voz el diputado Neftalí Jiménez Olán, manifiesta que la comisión esta relacionada con otras comisiones y que es importante ver el aspecto productivo social, manifiesta que es importante también analizar el problema agropecuario y ganadero de la nación.
Considera importante se tome en cuenta el tema del cacao.
El diputado Edilberto Buenfil consulta al pleno de la comisión, si existe otra inquietud que manifestar en lo relativo a asuntos generales; no existiendo cede la palabra al diputado Presidente.
El diputado Salvador Escobedo Zolletto presenta al pleno de la comisión proyectos en materia de desarrollo del sureste, tales como el programa que realizó el licenciado Arturo Núñez, el que realizó la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, la propuesta de desarrollo del Estado de Guerrero, la del Senador Carlos Rojas, la del Grupo Pulsar, la de Santiago Levi y la del Banco Mundial, y manifiesta incorporar el Plan Puebla Panamá.
Enfatiza que se debe hacer un análisis de los proyectos antes señalados, y que a partir de ese análisis se tenga un proyecto propio de la Comisión.
El diputado Abel Trejo González pide se agregue un proyecto que tiene del Gobierno del estado de Oaxaca y que comprende varios estados del sur. Hace hincapié en que se deberá de poner mayor interés en proyectos de infraestructura productiva.
El diputado Salvador Escobedo sugiere a cada diputado tenga una entrevista con su Gobernador y le solicite su propio Plan de Desarrollo.
Por su parte el diputado Raymundo Toledo señala que el Partido Acción Nacional tiene otro proyecto de desarrollo integral para el sur-sureste.
El diputado Miguel Bortolini señala que es importante darle un estricto seguimiento a los fondos del Plan Puebla Panamá, y como, y a dónde van esos recursos. Pide que por conducto de la Mesa Directiva, se solicite formalmente a los Gobernadores de los estados del sur del país su propio Plan de Desarrollo.
El Presidente de la comisión cede la voz a la diputada Leonila Herrera, quien en uso de la palabra señala, se elabore un comparativo y a partir de ahí se haga una síntesis.
En uso de la voz el diputado Salvador Escobedo, agradece la asistencia a los diputados presentes en la reunión, recuerda la reunión con Florencio Salazar para el día 16 de octubre, y clausura la sesión siendo las dieciséis horas con quince minutos.
Diputados: Salvador Escobedo Zoletto, Presidente; Edilberto Buenfil Montalvo, secretario; Jesús Alí de la Torre, secretario; Manuel Winstano Orozco Garza, secretario; David Augusto Sotelo Rosas, secretario; Abel Trejo González; Roberto Fuentes Domínguez; Adolfo Zamora Cruz; Federico Granja Ricalde; Neftalí Jiménez Olan; Héctor Nemesio Esquilano Solís; Victoria Ruth Sonia López; Alba Leonila Méndez Herrera; Ma. Teresa Tapia Bahena; Luis Miguel Santibáñez García; Carlos Raymundo Toledo; José Gaudencio V. León Castañeda; Orestes Eugenio Pérez Cruz; María Teresa Campoy Ruy Sánchez (rúbricas).
DE LA COMISION ESPECIAL DEL SUR SURESTE, RELATORIA DE LA COMPARECENCIA DEL COORDINADOR GENERAL DEL PLAN PUEBLA PANAMA LIC. FLORENCIO SALAZAR ADAME, REALIZADA EL MARTES 16 DE OCTUBRE DE 2001
Relatoria de la comparecencia del coordinador general del Plan Puebla Panamá Lic. Florencio Salazar Adame, ante la Comisión Especial del Sur-Sureste de la H. Cámara de Diputados, el martes 16 de octubre de 2001.
Relatoría
En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 16:40 horas del día martes 16 de octubre del 2001, acuden a la sesión ordinaria de trabajo en el salón D Cristales del Palacio Legislativo de San Lázaro, los integrantes de la Comisión Especial del Sur-Sureste de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con la Presidencia del diputado Dr. Neftalí Salvador Escobedo Zoletto, Presidente de la Comisión Especial del Sur-Sureste, con el siguiente presidium: Diputados: Dr. Neftalí Salvador Escobedo Zoletto, PAN, Presidente; Manuel Wistano Orozco Garza, PAN, Secretario; Miguel Bortolini Castillo, PRD, Secretario; así como otros 18 diputados miembros de la Comisión.
Llevando a cabo el orden del día el diputado Salvador Escobedo Zoletto dedica unas palabras de bienvenida a cada uno de los integrantes de la Comisión.
Terminada su intervención se le cedió la palabra al Lic. Florencio Salazar Adame, el cual, expuso los antecedentes, principales características y proyectos incluidos dentro del plan, así como las ocho propuestas que comprenden: desarrollo sustentable, humano, prevención y mitigación de desastres, turismo, telecomunicaciones, intercambio comercial, integración vial e interconexión energética. Menciona el origen de los recursos y su destino.
Enfatiza sobre la infraestructura vial, describiendo diversos proyectos carreteros, los lazos de interconexión energética, así como tiempos aproximados de ejecución. Mencionó brevemente acciones en materia de desarrollo social, en los rubros de educación, salud, pueblos indígenas y medio ambiente, y que estas acciones se integrarán con 15 proyectos más que consolidarán las metas en materia de desarrollo social.
Establece que se requiere un presupuesto de $17,000 millones de pesos y que este proyecto dependerá directamente de la Presidencia de la República. Se aclara que hasta el momento no se han invertido recursos públicos para la difusión de este plan, no obstante, ha sido evidente el interés de la comunidad internacional, por lo que se planean la presentación de éste ante organismos internacionales.
Terminada la presentación del Lic. Florencio Salazar Adame, el diputado Manuel Wistano Orozco Garza procedió a coordinar las rondas de preguntas y respuestas.
Primera ronda de preguntas y respuestas
P: Dip. Celestino Bailón de la fracción parlamentaria del PRI del estado de Guerrero. Sugiere que en el presupuesto de egresos 2002, se otorgue un paquete de recursos especiales en el que se privilegie la educación, salud, infraestructura carretera, y pregunta: ¿En cuánto tiempo se verán los resultados?, ¿Cuál es el nivel de planeación que se necesita para igualar el nivel de vida entre el norte y sur de la República?.
R: El Lic. Salazar responde: Si bien es cierto que la Región Sur-Sureste ha recibido los subsidios más bajos en relación al resto del país, la idea es corregir esta(s) asimetría(s). Para el PPP se recibieron propuestas de empresarios, se revisaron los documentos existentes, antecedentes de programas como "Balsas", "Tabasco", "Oaxaca", se revisaron propuestas de Santiago Levy, de Carlos Rojas, del Equipo de Transición del Lic. Vicente Fox, se hizo una consulta intersecretarial, y fue así como se logró el documento base.
Con respecto al tiempo en que habrán de verse resultados, se espera que en un lapso no mayor de cinco años se cuente con la estructura física necesaria, lo que daría un notable desarrollo social.
Para poder evaluar el avance se ha establecido un cronograma anualizado. Asimismo, se le dará seguimiento a los indicadores tanto del INEGI como del Conapo.
P: Del Dip. Héctor Sánchez López de la fracción parlamentaria del PRD del estado de Oaxaca. Comenta que existe mucha desinformación con respecto al PPP lo que provoca reacciones de rechazo hacia el mismo. Comenta que con respecto al desarrollo social en las propuestas no se mencionan cifras concretas, por lo que solicita información de montos de inversión y proyectos específicos; sugiere que el PPP contemple generar una cultura empresarial en el que se integre a los habitantes indígenas no como mano de obra sino como empresarios. Sugiere crear un marco jurídico paralelo que salvaguarde los recursos y derechos para conseguir un desarrollo integral y establecer reuniones de trabajo en las que participen tanto autoridades como población en general.
R: De considerar solo la inversión en infraestructura, se provocaría saqueo de la región, el PPP busca fomentar la participación integral indígena. Deben ser socios o recibir una compensación económica, en relación, a los programas de financiamiento. Se tienen techos de presupuesto en la estructura física por la misma naturaleza de estos proyectos, y en cuanto a los proyectos sociales, ya se tienen montos destinados, con respecto a la difusión que se le ha dado al PPP. Reconocemos que la radio no es un medio suficiente para que la población conozca el Plan, esto es solo la primera etapa, en las subsecuentes se busca una consulta activa y participación ciudadana.
En lo referente a los derechos de los trabajadores se dará toda la información puntual una vez ocurrida la reunión con la organización internacional del trabajo.
P: El Dip. Orestes Eugenio Pérez Cruz de la fracción parlamentaria del PAN del estado de Veracruz, menciona el deterioro de las carreteras existentes y en especial las del Sureste, ¿Cómo se aprovecharían los trazos de las carreteras actuales o sí ello implica la construcción de nuevas carreteras? ¿Cómo empatar los proyectos carreteros de lo otros estados?
R: Se reconoce el deterioro existente en la red carretera en la región, por lo cual se tiene localizados 2,200 kilómetros de carreteras nuevas o modernizables para la actual administración. Asimismo, se tiene conectividad con el proyecto "Gran Visión" con lo que se busca conectar la zona del sur con nuestro principal socio comercial.
Segunda ronda de preguntas y respuestas
P: Dip. Ma. Teresa Tapia Bahena de la fracción parlamentaria del PAN por el estado de Guerrero, ¿Existe coordinación con otras secretarías para lograr el desarrollo humano y la eficiencia en los recursos, así como evitar la duplicidad de funciones?
R: El acuerdo que se tuvo con el Presidente faculta a esta comisión para consultar a todas las dependencias, de manera intersecretarial así como a los asesores y jefes de la unidad con respecto a los proyectos que le den sentido al desarrollo regional.
P: Dip. Miguel Bortolini Castillo de la fracción parlamentaria del PRD por el Distrito Federal, ¿Dado el contexto internacional actual, es aún viable el Plan? Se solicita que se establezcan mecanismos de consulta, de transparencia para los recursos a invertir, y qué pasos habrán de darse en bioprospección y medidas para evitar la biopiratería así como que los ríos y las presas no se lesionen.
R: Se ha analizado en qué medida, fenómenos adversos afectan al PPP, no se tienen considerados recursos ajenos, sólo fiscales y crediticios, por lo que la inversión está dentro del presupuesto ejercido. Se va a generar la transparencia de recursos a través de las normas adecuadas y a través de las secretarías en cuestión, Secodam, el propio Congreso y en relación a la contaminación se busca a través del Plan reducir la misma, ya que los proyectos están hechos en conjunto con la Semarnat. Cabe destacar que se debe ver al PPP como una oportunidad que no ha tenido la región.
P: Dip. Alberto Amador Leal de la fracción parlamentaria del PRI por el estado de Puebla, menciona que la viabilidad del proyecto está en darle su verdadera dimensión, esto es darle una estrategia de desarrollo compartido, menciona que este proyecto tiene dos dimensiones: una, la externa en la cual intervienen intereses políticos, seguridad de la frontera, el comercio, el fortalecimiento de organismos, los acuerdos internacionales y los riesgos bilaterales, por lo que lo considera parte de la política exterior, por lo que debe ser analizado por el Senado, y dos, en cuanto a su dimensión interna considera que debemos resaltar las diferencias existentes entre el norte y sur de la República, el que la estructura burocrática no dé al traste con el Plan y que el Plan se circunscriba a las cuestiones estratégicas, las que considera son energía, aguas internacionales, tratamiento fiscal, educación, así como incentivos que le den forma a un programa multinacional.
R: En un sentido de justicia, se deben aplicar los recursos a quienes lo requieren, con esto buscamos lograr la paz en la región. Por otra parte, no se desea intervenir en la vida interna de los otros países, sino sólo contribuir en el desarrollo de la región. México no invertirá recursos en Centroamérica ni les dirá lo que deben hacer, cada país puede modificar su participación o si así lo quiere salirse del proyecto. Al ser un proyecto para la región de Mesoamérica se pueden obtener tasas preferenciales ante los organismos internacionales, sin que México sea responsable del crédito a los otros países, con lo cual México promueve la adquisición de recursos, pero no los otorga ni se hace responsables de estos. Dentro de los acuerdos bilaterales existentes (aproximadamente 800), entra el PPP; por lo tanto, no requiere la aprobación del Senado para sus acciones.
En cuanto a los recursos fiscales se buscará la deducibilidad inmediata para la inversión en las zonas marginadas, teniendo como antecedente el actual proyecto del Centro Histórico de la Ciudad de México. Se tienen ya establecidas las facultades y misión del Plan corno un programa presidencial que forma parte del Gabinete Ampliado.
Tercera ronda de preguntas y respuestas
P: Dip. Adela Graniel Campos de la fracción parlamentaria del PRD por el estado de Tabasco, menciona que el presupuesto de $17,000 millones de pesos, es similar al otorgado en el rubro de salud, por lo cual, solicita las metas establecidas, la relación costo beneficio, el nombre de los responsables por dependencia, la participación de Centro América y cuestiona el papel de la banca privada y de la banca de desarrollo.
R: La información se le hará llegar.
P: Dip. Adolfo Zamora Cruz de la fracción parlamentaria del PRI por el estado de Chiapas, pregunta si el verdadero objetivo del PPP es correr la frontera del Suchiate a Puebla para evitar la migración de los centroamericanos y cómo se amarrará el Gobierno y la iniciativa privada, porque cada uno está esperando la inversión del otro.
R: Lo que se busca es crear oportunidades a través de un desarrollo regional, lo malo sería que se buscara crear una frontera policiaca represiva, se busca mejorar la relación con los migrantes centroamericanos.
Cuando los centroamericanos piensan que puedan existir segundas intenciones en este proyecto le respondemos que tomen en cuenta los tamaños de las economías entre México y Centroamérica y quién es el verdadero beneficiado en base al número de empresas y la balanza comercial, que considere que las grandes empresas mexicanas ya se encuentran en sus países y que con este proyecto lo que se permitirá es que Centroamérica se integre a la economía de América del Norte.
P: Dip. José María Guillen Torres de la fracción parlamentaria del PRI por el estado de Veracruz, comenta sobre la importancia de que las comunidades indígenas participen como socios del PPP y pide profundizar en relación a las Universidades Comunitarias.
R: Las Universidades Comunitarias tendrán un enfoque en las necesidades locales, aprovechando los nichos de mercado y oportunidades regionales con carreras como el turismo ecológico y la medicina herbolaria.
La reunión se dio por solicitud de los integrantes y quedó concluida a las 18:50 horas del día 16 de octubre del 2001.
Diputados: Salvador Escobedo Zoletto, Presidente; Edilberto Buenfil Montalvo, secretario; Jesús Alí de la Torre, secretario; Manuel Winstano Orozco Garza, secretario; David Augusto Sotelo Rosas, secretario; Abel Trejo González; Roberto Fuentes Domínguez; Adolfo Zamora Cruz; Federico Granja Ricalde; Neftalí Jiménez Olan; Héctor Nemesio Esquilano Solís; Victoria Ruth Sonia López; Alba Leonila Méndez Herrera; Ma. Teresa Tapia Bahena; Luis Miguel Santibáñez García; Carlos Raymundo Toledo; José Gaudencio V. León Castañeda; Orestes Eugenio Pérez Cruz; María Teresa Campoy Ruy Sánchez (rúbricas).
DE LA COMISION DE SALUD, DE SU DECIMOTERCERA REUNION PLENARIA, CELEBRADA EL MIERCOLES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2001
Acta decimotercera sesión plenaria 26 de septiembre del 2001
En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las catorce horas del día miércoles veintiséis de septiembre del año dos mil uno, acuden a la decimotercera sesión ordinaria en el salón E del restaurante Los Cristales del Palacio Legislativo de San Lázaro los miembros de la Comisión de Salud de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, de conformidad con la convocatoria publicada en la Gaceta Parlamentaria durante los días 20, 21, 24, y 25 del mes de septiembre del año en curso, para el desahogo del siguiente orden del día:
1. Registro de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.
3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior.
4. Información y, en su caso aprobación de los asuntos en proceso de dictamen.
5. Asuntos generales.
6. Intervención del Frente Nacional de Personas Afectadas por el VIH/SIDA.
Acto seguido la diputada Presidenta de la Comisión de Salud Lic. María Eugenia Galván Antillón da la bienvenida a los diputados presentes, solicitando el inicio de la sesión. Aprobado.
1.- Registro de asistencia y declaración del quórum.
Se realiza el registro de asistencia, encontrándose presentes los diputados: Dr. Rafael Orozco Martínez (PAN); Dr. Juan Alcocer Flores (PAN); Dr. Neftalí Salvador Escobedo Zoletto (PAN); Dr. Héctor Esquiliano Solís (PRI); Lic. Policarpo Infante Fierro (PRI); Dr. Eduardo Abraham Leines Barrera (PRI); Dr. Arturo León Lerma (PRI); Dr. Manuel Wistano Orozco Garza (PAN); Ing. Ernesto Saro Boardman (PAN); Prof. Enrique Meléndez Pérez (PRI); Lic. José Socorro Velázquez Hernández (PRI); T.S María Luisa Araceli Domínguez Ramírez (PRI); Dr. Juvenal Vidrio Rodríguez (PAN). Q.F.B Adela del Carmen Graniel Campos (PRD); Lic. Samuel Aguilar Solís (PRI); Dra. María de las Nieves García Fernández (PRI); Ing. Federico Granja Ricalde (PRI); Lic. Santiago López Hernández (PRI); Lic. Felipe Olvera Nieto (PAN); Dr. Pedro Miguel Rosaldo Salazar (PRD); Dip. C.D. DR. Francisco J. Cantú Torres (PAN); Dip. Angel Artemio Meixueiro González, (PRI); Dip. Dr. Francisco S. López Brito (PAN); Dip. Dr. Carlos A. Valenzuela Cabrales (PAN).
En virtud de que se encuentran presentes veinticinco diputados de un total de treinta, se declara que existe quórum de ley, por lo tanto, se continua con el desahogo del orden del día.
2.- Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.
La diputada Presidenta, Lic. María Eugenia Galván Antillón, solicita la dispensa de la lectura y aprobación del orden del día toda vez que fue enviado oportunamente por lo que somete a consideración del pleno. Aprobado.
3.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior.
La diputada Presidenta, Lic. María Eugenia Galván Antillón, informa que el acta de la sesión anterior, correspondiente al mes de agosto del presente año, fue enviada con la debida anticipación a cada uno de los diputados miembros de la Comisión para su correspondiente revisión, por lo que somete a consideración del pleno omitir la lectura del acta y solicita su aprobación.
Aprobado.
Acto seguido la diputada Presidenta María Eugenia Galván Antillón, propone modificar el orden del día, para analizar primero los asuntos generales y posteriormente los asuntos pendientes de dictamen.
Aprobado.
5.Asuntos generales.
Se trataron siete asuntos, el primero el correspondiente a la actualización del cuadro que contiene las iniciativas y puntos de acuerdo.
La diputada María Eugenia Galván Antillón presenta la actualización del cuadro que contiene las iniciativas, puntos de acuerdo y excitativas turnadas a esta Comisión durante las Legislaturas LVII (rezago legislativo) y LVIII, trabajadas y pendientes para su información.
Informe anual de actividades.
En relación al punto número dos de asuntos generales que se refiere al informe anual de actividades del primer año de ejercicio del periodo septiembre 2000-agosto 2001; la diputada Presidenta menciona que en atención a que ya ha transcurrido el primer año de esta Legislatura, agradece la cooperación, la cohesión de todos los diputados en esta Comisión, la cordialidad con la que se ha trabajado; felicita también a los miembros de la Comisión de Salud, como es al licenciado Eduardo, el Dr. García Romero, al Lic. Ricardo Ávila Ballesteros, secretario técnico; Sr. Jesús Jorge Rovirosa, todas las secretarias, Ale, Paty y a todo el personal de la Comisión que siempre nos están ayudando; asimismo, han trabajado en una forma excelente. A las subcomisiones, tanto el Dip. Juan Alcocer como la Dip. María de las Nieves, como el diputado Wistano Orozco, en los cuales se auxilian.
En cuanto al informe anual de actividades, el Dip. Eduardo Abraham Leines Barrera expresa que en la pasada sesión de Mesa Directiva de la Comisión, se comentaron todos los dictámenes que están en comisiones unidas de esta H. Cámara y se acordó involucrar a todos los diputados que estén en esas comisiones para exhortar a sus presidentes para que les den curso.
Continuando con el informe anual de actividades del primer año del ejercicio se ha considerado en la Mesa Directiva la posibilidad de elaborar un informe anual adicional al que ya se tiene, con recursos que se tienen disponibles en la misma Comisión, con fotos de reuniones en el pleno, así como de una fotografía con todos los integrantes de la misma en la entrada principal.
Tríptico de actividades.
La Diputada Presidenta comenta que se tiene pendiente la elaboración de un tríptico de actividades del primer año de ejercicio del período septiembre 2000-agosto 2001, para el cual, el diputado Abraham Leines ayudaría con el formato y con el contenido para que en su oportunidad se someta a consideración de los demás diputados y se difundan las actividades que se han tenido en la Cámara.
Informe de Francia.
La diputada Presidenta, presenta el informe firmado por los diputados. Policarpo Infante, Esquiliano Solís, Pedro Rosaldo, Carlos Valenzuela y Manuel Orozco, en relación a la conferencia celebrada en París sobre organismos genéticamente modificados, ciencia y tecnología, beneficios y riesgos, en el que se manifiestan las conclusiones a las que llegaron.
Foro "Reforma Fiscal y su Impacto en las Instituciones de Salud"
La Presidenta de la Comisión, informó a los diputados integrantes de la misma del foro de referencia, en la que acudieron varias instituciones como: Academia Nacional de Medicina, Academia Nacional de Cirugía, FENACOME, Asociación de Hospitales Privados, Secretaría de Salud, Organizaciones no Gubernamentales y un representante de la Institución de Seguros, los cuales manifestaron sus puntos de vista sobre el impacto que tendría la iniciativa de la reforma fiscal.
Foros.
Se pone a consideración de los diputados la realización de un foro sobre las "Implicaciones Médicas y Jurídicas de la Reproducción Asistida para el 10 de octubre, en el salón Legisladores de la República, el cual fue autorizado por los mismos.
La Dip. María de las Nieves García Fernández opinó que es importante analizar el Debate Nacional de Prioridades de Salud, ya que viene la revisión del Presupuesto de Egresos.
El Dip. Francisco Javier Cantú Torres en cuanto al comentario que hace la Dip. Nieves considera que el Ejecutivo es el responsable de dictar las políticas públicas en materia de salud. El Ejecutivo envía a la Cámara de Diputados el proyecto de presupuesto, y compete directamente a las comisiones respectivas las consideraciones necesarias.
El Dip. Héctor Esquiliano Solís señaló que el primer foro, se aprobó en la Mesa Directiva, con motivo de las inquietudes de las fracciones parlamentarias, en la aplicación o no del IVA.
El Dip. Manuel Wistano Orozco Garza, expresa que se tienen iniciativas de ley que se encuentran pendientes como la de reproducción asistida.
El Dip. Pedro Miguel Rosaldo detalla que ya viene el Programa Nacional de Salud y que se tiene que analizar, no un debate nacional, a lo mejor un debate más en corto, para hacer una análisis a fondo de qué es lo que se va apoyar y lo que no.
El Dip. Juan Alcocer Flores está de acuerdo con sus antecesores, para la celebración del foro y la consulta de los electores.
El Dip. Ernesto Saro Boardman recuerda a los integrantes de la Comisión que el miércoles 17, a las doce es la primera reunión para el análisis de la Cuenta Pública de Salud en el Congreso. En relación con los temas económicos, se sugirió al señor secretario que se formase una comisión de 3 a 5 diputados representativa de esta Comisión de Salud, para que participen como invitados en el piloto que se llevará a cabo en el Seguro Popular de Salud.
El Dip. Arturo León Lerma menciona que la política pública ya se conoce y lo que se debe de hacer es debatir entre los diputados sobre los asuntos considerados como prioritarios, con la urgencia de saber con qué recursos se va hacer frente a los problemas más importantes de salud que tiene el país, así como conocer si se va a poder aumentar el 1.2 del PIB o no.
Acto seguido el asesor médico Dr. Horacio García comenta las razones y propuestas del Foro resumiendo que se tratarían las causas de esterilidad de la pareja, los problemas de la formación del embrión, los problemas del genoma humano, los problemas de reproducción asistida y el problema de la bioética o la ética de la reproducción asistida y de los diversos procedimientos.
Posteriormente el Dip. Policarpo Infante Fierro informa de un grave problema denunciado por representantes de productores agrícolas graneros de su distrito, de la zona norte de Sinaloa, del sur de Sonora, en el sentido de las inequidades de la producción agrícola, de los precios de sus cosechas de maíz, de trigo, de soya, en virtud de la excesiva importación que se hace de este tipo de productos provenientes de Estados Unidos y de Canadá.
Es un maíz que entra al mercado, fundamentalmente del Distrito Federal, de Jalisco, de la zona centro del país y es procesado para la elaboración de tortillas que son destinadas al consumo humano. Por este motivo el diputado pone este tema a consideración del pleno para que, de contar con apoyo, se aboquen a intervenir para formar una comisión que de seguimiento a este asunto. Y ¿por qué no?, para evitar que se siga introduciendo estos productos dañinos para la salud.
El diputado Pedro Miguel Rosaldo Salazar manifiesta que las personas que hacen la denuncia son miembros de la sociedad civil, son pequeños productores, pero tienen un nivel sociocultural alto, al menos muy aceptable y son representantes, más bien simpatizantes de todos los partidos.
El Dip. Arturo León Lerma apoya la petición del Dip. Policarpio Infante expresando que se da mucha apertura para la importación por compromisos de alto nivel, la producción de esas gentes que hacen un gran esfuerzo en el campo, un gran sacrificio para producir granos de gran calidad, ahí se mantiene en los almacenes, sin ser aplicados para alimentos y además con grandes pérdidas económicas para los productores, porque no son ni de ellos las bodegas, las tienen que rentar.
El Dip. Francisco Salvador López Brito considera muy importante y preocupante esta denuncia que están haciendo agricultores del estado de Sinaloa en relación a la contaminación de granos: maíz amarillo, trigo entero y soya, que son productos de importación a nuestro país y que de acuerdo al laboratorio hay evidencia de que la contaminación es por hongos y que a su vez estos hongos producen diferentes tipos de toxinas, que son los que en un momento dado pueden ser muy graves para la salud, animal desde luego y en consecuencia también humana.
Los diputados Carlos Alberto Valenzuela Cabrales y el Dip. Manuel Wistano Orozco Garza sin estar en desacuerdo con los puntos de vista de los diputados antecesores coincidieron que sería muy importante que el análisis de laboratorio se repitiera en algunos laboratorios de aquí de la Ciudad de México o en Estados que no estén interesados directamente en la producción de maíz. Sumándose a que se presente un punto de acuerdo y se discuta entonces ahora sí de manera oficial en la Comisión de Salud.
La Dip. María de las Nieves García Fernández comenta que Laboratorios Columbia tuvo un acercamiento con algunos diputados, en el sentido de tener una reunión con el pleno de la Comisión, para mostrar un producto antiparasitario que ha tenido éxito, no nada más aquí a nivel nacional, sino que ha rebasado las fronteras de México y ha sido este medicamento muy reconocido en otros países. Por lo que propone que estas personas se presenten y pregunta a la Mesa Directiva cuándo se podrían recibir.
La diputada Presidenta María Eugenia Galván Antillón somete a votación la propuesta de la diputada María de las Nieves para recibir a los representantes de los laboratorios Columbia.
Aprobado.
Como siguiente punto del orden del día, la diputada Presidenta desahoga el mismo correspondiente al número 4, información y, en su caso aprobación de los asuntos en proceso de dictamen.
Se someten a consideración, discusión y en su caso aprobación del pleno, cuatro anteproyectos de dictamen:.
Primer anteproyecto relativo a la Iniciativa sobre Psicotrópicos.
La Dip. María de las Nieves García Fernández después de leer el decreto, mediante el cual se reforman los artículos 251 y 252 de la Ley General de Salud, expresa que en el cuerpo de esta iniciativa se incluye la situación por parte de la Secretaría de Salud para que puedan reorganizarse los medicamentos que cumplan específicamente con la situación del control estricto de los psicotrópicos.
Por su parte el Dip. Juan Alcocer Flores aclara que la recomendación del reordenamiento de los grupos de medicamentos solamente es una recomendación y luego será materia de otra iniciativa de Ley, espera que sea la Comisión de Salud quien la elabore.
El Dip. Juvenal Vidrio Rodríguez comenta que sin lugar a dudas va a votar a favor de esta Iniciativa porque a su parecer no causa ningún efecto porque no cambia en nada lo que estaba en la Ley ni beneficia en nada las modificaciones realizadas.
El Dip. Juan Alcocer Flores, autor de la iniciativa detalla que ésta era más ambiciosa, además contenía también un holograma. Sin embargo en diferentes diálogos que tuvo con compañeros no a todos les satisface la cuestión del holograma por el costo que esto significaría, ya sea para la Secretaría de Salud o bien para los médicos que tendrían que adquirir los recetarios. También manifestó la indolencia de las autoridades sanitarias que los visitaron cuando conocieron de esta iniciativa, sintetizó la manera en que se expresaron poniéndole un poco de tono de lo que le dijeron "no y para qué, si es dificilísimo, si de todas maneras no se puede, ah que flojera va a ser mucho trabajo exacto, exacto; si él tiene la actitud de que no se puede, si la actitud de él es de derrota desde un principio, pues que busque otra chamba. Afortunadamente parece que ejerce todavía la Medicina y por ahí podría mantenerse" sin embargo el Dip. Alcocer manifiesta que sería ideal la cuestión del holograma.
Acto seguido a la participación de los legisladores en este tema la diputada Presidenta somete a consideración el dictamen de reforma a los artículos 251 y 252, en los términos en que lo manifestó la Dip. María de las Nieves González Fernández, preguntando al pleno quienes estén por la afirmativa lo manifiesten.
Aprobado.
Expediente dos: punto de acuerdo contaminación Peñoles.
El Dip. Manuel Wistano Orozco Garza en relación al Punto de Acuerdo presentado el pasado período de sesiones por el Partido Verde Ecologista y el Partido del Trabajo, manifiesta que ya fue presentado a esta Comisión y ya se había propuesto su dictamen; sin embargo, como es de comisiones conjuntas con la Comisión de Medio Ambiente se formuló un nuevo proyecto de dictamen más extenso del que se había presentado en un inicio.
El Dip. Pedro Rosaldo Salazar detalla que los niveles de plomo son muy altos todavía en la zona donde se encuentra la empresa Peñoles y todavía habitan en sus cercanías, esa es la razón por la que se pide la reubicación, independientemente de que se hayan reubicado o no o hayan hecho colonias nuevas.
El Dip. León Lerma comenta que se debe presentar y esperar que vengan autoridades para que expliquen de viva voz cuál es el punto de vista actual que tienen de este problema. El Dip. Ernesto Saro Boardman menciona que hay muchas versiones del tema, hay muchas vertientes, muchos vivales metidos en esto y hay quien quiere llevar agua a su molino. Otro asunto que comenta es que ya se hizo un punto de acuerdo donde se indica que es lo que debe hacerse realizado por la Comisión de Salud.
La Dip. María Eugenia Galván Antillón manifiesta su deseo de visitar la planta, visitar a los directivos de la planta, al presidente del Consejo, exponer el problema. Ella ha visto copias de información oficial en la que los niveles de plomo están mucho muy altos, exageradamente altos y cree que sería un acto de omisión el no acercarse más al problema.
Posteriormente los diputados se ponen de acuerdo para organizar una comitiva de trabajo para visitar la zona. En relación a el dictamen de la Comisión de Medio Ambiente sobre el mismo tópico el Dip. Manuel Wistano Orozco Garza manifiesta que si se logra que los miembros de la Comisión de Medio Ambiente pongan todos los antecedentes y las consideraciones propuestas por ellos agilizará en dictamen final..
El Dip. Pedro Miguel Rosaldo Salazar dice que lo que se quiere y al parecer es la voluntad de todos, es aterrizar ya, no se van a pasar los tres años haciendo maromas en el aire, piensa que ya es momento de aterrizar el dictamen. De lo anterior se acordó, tener comunicación con la Comisión de Medio Abiente, a fin de acordar las modificaciones pertinentes al anteproyecto.
Expediente 16: Ley de Regulación y Control de Alimentos, Suplementos y Bebidas no Alcohólicas.
El Dip. Manuel Orozco señala que se turnó para su estudio a la Comisión de Salud, el expediente que contiene punto de acuerdo y anteproyecto de dictamen presentado por los integrantes de la LVI Legislatura del honorable Congreso del estado de Jalisco, en que se manifiesta la preocupación por la diversidad y dispersión de las disposiciones en materia de regulación y control de alimentos, suplementos y bebidas no alcohólicas, acto seguido se da lectura de los antecedentes.
La diputada Presidenta María Eugenia Galván Antillón somete a votación los resolutivos del punto de acuerdo que ha leído el Dip. Manuel Orozco.
Aprobado.
Como siguiente punto a tratar es el correspondiente al punto de acuerdo por el que se propone la no discriminación a los enfermos del sida.
El Dip. Juan Alcocer Flores menciona que este anteproyecto de dictamen, es la segunda vez que se va a presentar y lo único que ha cambiado han sido las observaciones que ha añadido a sugerencia del diputado Wistano, se agregaron en la primera y en la cuarta resolutivo de párrafos o cuarta cláusula, acto seguido da lectura a el anteproyecto.
Después de que algunos diputados manifestaron algunas cuestiones particulares del anteproyecto la diputada Presidenta lo somete a votación del pleno de la Comisión. Aprobado. Sin embargo, algunos diputados manifiestan su preocupación por la cantidad de dinero que se turnará a la causa del sida en el presupuesto federal. El Dip. Juan Alcocer Flores cree que no esta de más recordar la importancia y la trascendencia que tiene un punto de acuerdo, dice que cuando se revise el presupuesto será cuando se den a la tarea de revisar los presupuestos que se tienen para la atención de los pacientes con VIH sida. El Dip. Manuel Wistano Orozco Garza ve que cuando se asigne el presupuesto a la Secretaría de Salud es cuando se va ha luchar por mayores recursos.
Por las inquietudes de los diputados, la diputada Presidenta propone someter a votación su revisión o en su caso aprobación.
Se aprueba revisión.
Como siguiente punto del orden del día, se da paso a la intervención del Frente Nacional de Personas Afectadas por VIH sida, a cargo de su coordinador nacional, el licenciado Hugo Estrada, la Asociación de FRENPAV VIH sida y sus representantes: Ernesto Badillo, representante Zona Norte; Georgina Gutierrez, Comité Nacional Coordinador y coordinadora del enlace nacional e internacional; el C. Miguel Espinoza representante de las personas que viven con VIH en el estado de México; el C. José Méndez López, representante del estado de Veracruz; el C. Eduardo Martínez, miembro del Comité Nacional Coordinador; el C. Benjamín Araujo, representante del D.F. Norte y la Srita. Patricia, médica del Instituto Nacional de Cancerología.
Los representantes manifestaron entre otras cosas las siguientes:
Georgina Gutiérrez en su exposición explicó que su misión consiste en incidir en las políticas públicas de salud para la atención integral a fin de elevar la calidad y cantidad de vida de las personas que viven con VIH sida para permitir su incorporación a la vida productiva del país, en el marco de los derechos humanos.
El C. Ernesto Badillo expresa que después de dos años de conjuntar propuestas de acceso a medicamentos, lograron elaborar la propuesta nacional de atención integral y acceso a medicamentos para todas y todos, entregada al entonces secretario de Salud, Lic. José Antonio González Fernández en noviembre de 1999, dentro del marco del Séptimo Congreso Nacional de SIDA realizado en Acapulco, Guerrero.
El C. Miguel Espinosa manifiesta que a fin de convertir la propuesta de acceso a medicamentos para todas las personas que vienen con VIH en una iniciativa de ley se han recolectado 60 mil firmas, éstas se entregarán al Ejecutivo Federal, así como a la Cámara de Diputados y Senadores, a fin de que se inicie un proceso de legislación en materia de salud sobre esta pandemia y se reformen las leyes a que haya lugar para su instrumentación.
El C. Adrián Correa muestra algunas cifras sobre el estimado de adultos y niños que viven con VIH sida a nivel mundial el cual es de 36 millones 100 mil, los cuales están divididos en: África Subsahariana 25 millones 300; Asia del sur 5 millones 800; América Latina 1 millón 400; América del Norte, donde incluye los países de Canadá, Estados Unidos y México 920 mil; Europa oriental 700 mil; Asia oriental 640 mil; Europa occidental 540 mil; el Caribe 390 mil y Australia 15 mil.
Posteriormente se habla sobre las cifras y los costos del país para atender a las personas que viven con VIH mencionando que los medicamentos han bajado, el costo de la atención por persona anualmente es de 50 mil 940 pesos sin embargo el presupuesto para la cobertura total sería de alrededor de los 70 mil.
Lo que demandan los representantes es que las 6 mil gentes que no cuentan con seguridad social tengan acceso a medicamentos, pero qué se requiere presupuesto, pero además, se requiere un presupuesto que sea otorgado de manera directa y etiquetado, única y exclusivamente para adquisición de medicamentos y exámenes de laboratorio, porque luego se han otorgado en otros años presupuestos, y éstos se diluyen entre campañas, entre estructuras administrativas, entre trámites y una serie de cosas y, finalmente, al beneficiario último, el que era el motivo y razón de ser, no llega traducido en lo que debe ser.
En relación a la forma de hacerse llegar recursos, la Dra. Patricia menciona que posiblemente reduciendo los costos del manejo de la basura de los hospitales podrían sacar mas recursos para la atención de los pacientes por ejemplo: dos días de tirar basura en un instituto como cancerología, le daría tratamiento a una mujer con cáncer de mama, toda la quimioterapia que requiere para ser controlada su enfermedad. Y sin embargo, este dinero es tirado todos los días, no precisamente a la basura, sino a las bolsas de los empresarios que invirtieron en esta normatividad.
Al final de su exposición y con algunas preguntas de los diputados se agradece su visita haciendoles patente que a través de la Comisión de Salud, se reconoce la dignidad de los pacientes, su derecho al acceso, a los medicamentos, que estarán en sus funciones como diputados pendientes del cumplimiento de los compromisos internacionales, que lucharán por mayores recursos o hasta donde sea posible.
Concluida la intervención de los representantes del VIH-SIDA la diputada María Eugenia Galván Antillón agradece su participación en el Pleno de esta Comisión.
Tratados todos los asuntos del orden del día, la diputada Presidenta María Eugenia Galvan Antillón, clausura la sesión a las dieciséis horas con treinta y siete minutos del día 26 de septiembre del año dos mil uno.
Diputados: Ma. Eugenia Galván Antillón (rúbrica), Presidenta; Eduardo Abraham Leines Barrera (rúbrica), secretario; Rafael Orozco Martínez, secretario; Adela del Carmen Graniel Campos (rúbrica), secretaria; Héctor Esquiliano Solís (rúbrica), secretario.
