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Comunicaciones

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DE LA JUNTA DE COORDINACION POLITICA

Proyecto de punto de acuerdo relativo a la creación al interior de los Congresos locales, donde no exista, de una comisión que atienda los asuntos de la juventud, así como la creación de un instituto de la juventud en aquellas entidades federativas en que aún no existe.

Honorable Asamblea:

Esta Junta con fundamento en el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente punto de acuerdo de conformidad con los siguientes:

Antecedentes

1. El pasado 18 de octubre del 2001, el Presidente de la Comisión de Juventud y Deporte de la Cámara de Diputados, envió un oficio a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, por el que le informa que la Comisión que preside acordó proponer al pleno de esta Cámara de Diputados, un punto de acuerdo relativo a la creación al interior de los Congresos locales, donde no exista, de una comisión que atienda los asuntos de la juventud, así como la creación de un instituto de la juventud en aquellas entidades federativas que aún no cuenten con él.

2. Lo anterior deriva del hecho de que la Comisión de Juventud y Deporte se dio a la tarea de convocar el 2 de julio del presente a los presidentes de las comisiones encargadas de atender los asuntos de la juventud en los Congresos de las entidades federativas, y a legisladores interesados en el tema con el fin de recabar opiniones sobre el seguimiento y aplicación de las políticas públicas destinadas a atender los asuntos relacionados con la juventud.

3. En respuesta a la convocatoria realizada, concurrieron los presidentes de las comisiones encargadas de atender los asuntos de la juventud en los Congresos del estado de México, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados federal e integrantes de las mismas.

4. Derivado de esta reunión, se acordó formular la proposición de punto de acuerdo a que se refiere el antecedente número 1, para someterlo a la consideración de la H. Cámara de Diputados.

Considerandos

1. Que los jóvenes constituyen una parte importante de nuestra población, que está conformada por una diversidad de grupos que exigen una política de Estado en los tres niveles de gobierno, basada en planes y políticas de desarrollo social que garanticen el respeto y el ejercicio de sus derechos.

2. Que se requiere establecer políticas públicas que atiendan las necesidades de la población juvenil.

3. Que en el actual Plan Nacional de Desarrollo se reconoce que la población juvenil constituye un elemento importante para el desarrollo nacional.

4. Que es necesaria la existencia de una Comisión al interior de cada uno de los Congresos locales que se aboque al impulso y realización de estudios y análisis de la situación que vive la población juvenil y cuyo objetivo principal sea fomentar el acercamiento de los jóvenes con los legisladores a fin de ventilar, conocer y encontrar respuesta a los principales problemas e inquietudes de este sector, para que sean éstos los que orienten y den rumbo a las decisiones legislativas.

5. Que a través de la Comisión de Juventud y Deporte de esta Cámara de Diputados, un número importante de senadores y diputados federales y locales ha manifestado el interés de que la Cámara de Diputados se pronuncie por hacer una respetuosa invitación a los órganos legislativos y ejecutivos de algunas entidades federativas, para que en el ámbito de sus respectivas competencias evalúen la conveniencia de contar con una comisión legislativa que atienda los asuntos relacionados con la juventud y un instituto de la juventud.

6. Que es una atribución de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados presentar al pleno proyectos de puntos de acuerdo.

7. Que el Estado mexicano constituye una república representativa, democrática federal, compuesta de estados libres y soberanos, en lo que toca a sus regímenes interiores.

Con base en los antecedentes y consideraciones expresados, y con fundamento en lo establecido en el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Junta de Coordinación Política acordó someter a la consideración del pleno de la H. Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Punto de Acuerdo

Primero. La LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con respeto y reconocimiento a la libertad y soberanía que corresponde a su régimen interior, hace una invitación a los Congresos locales que aún no cuenten con una comisión legislativa que atienda los asuntos de la juventud de su entidad, evalúen la conveniencia de instituirla como parte importante de su función legislativa. En igual forma se dirige a los titulares de los Ejecutivos locales en cuya entidad no exista un instituto de la juventud.

Segundo. Comuníquese.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los treinta días de octubre del dos mil uno.

Dip. Felipe Calderón Hinojosa (rúbrica)
Presidente de la Junta y Coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional

Dip. Rafael Rodríguez Barrera (rúbrica)
Coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional

Dip. Martí Batres Guadarrama (rúbrica)
Coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática

Dip. Bernardo de la Garza Herrera (rúbrica)
Coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México

Dip. Alberto Anaya Gutiérrez (rúbrica p.a.)
Coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo

(Sin que motive debate, en votación económica, se aprueba. Octubre 31 de 2001. Comuníquese.)
 
 
 

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política relativo al funcionamiento de la Comisión Especial para la Reforma del Estado.

La Junta de Coordinación Política de la H. Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 34, numeral 1, inciso e), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

I. Que el pleno de la H. Cámara de Diputados, acordó el 14 de noviembre del 2000, la creación de la Comisión Especial para la Reforma del Estado.

II. Que la Junta de Coordinación Política ha considerado oportuno procurar la participación de todas las fuerzas representadas en esta Cámara, para lograr los acuerdos necesarios sobre la Reforma del Estado.

Expuestas las consideraciones anteriores se adopta el siguiente:

Acuerdo

Primero.- La Presidencia de la Comisión Especial para la Reforma del Estado será rotativa y tendrá una duración de un año, con excepción del tercer periodo, cuya duración concluirá al término de la Legislatura. Para estos efectos, los plazos se computarán desde la fecha de creación de la Comisión, por lo que el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presidirá el primer periodo, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, el segundo; y el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el tercero.

Segundo.- La Comisión Especial para la Reforma del Estado contará con un secretario por cada grupo parlamentario. Estos serán designados por la Junta de Coordinación Política en función de las propuestas que los grupos hagan a la propia Junta.

Tercero.- Se instruye a la Junta de Apoyo Administrativo para que se dote a la Comisión con los recursos necesarios para su adecuado funcionamiento. Las propuestas para el secretariado técnico y cuerpo de asesores, se presentarán por la Comisión a la Junta de Apoyo Administrativo para su aprobación.

Cuarto.- Comuníquese a la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados, para los efectos conducentes.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los veintidós días del mes de octubre del año dos mil uno.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro,
a los treinta días de octubre del dos mil uno.

Dip. Felipe Calderón Hinojosa (rúbrica)
Presidente de la Junta y Coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional

Dip. Rafael Rodríguez Barrera (rúbrica)
Coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional

Dip. Martí Batres Guadarrama (rúbrica)
Coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática

Dip. Bernardo de la Garza Herrera (rúbrica)
Coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México

Dip. Alberto Anaya Gutiérrez (rúbrica p.a.)
Coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo

(Sin que motive debate, en votación económica, se aprueba. Octubre 31 de 2001.)
 
 

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados en relación al Acuerdo Político para el Desarrollo Nacional.

Consideraciones

1. Que al Congreso de la Unión le corresponde realizar las reformas legislativas.

2. Que en ejercicio del diálogo y búsqueda de consensos que la han caracterizado, la H. Cámara de Diputados, a través de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos y la Junta de Coordinación Política, definió en el mes de agosto, los temas fundamentales de su agenda legislativa.

3. Que el pasado 7 de octubre del año en curso, el Ejecutivo federal y las diversas fuerzas políticas del país suscribieron el Acuerdo Político para el Desarrollo Nacional.

4. Que existen coincidencias en los temas de la agenda legislativa y varios de los puntos señalados en el Acuerdo Político para el Desarrollo Nacional; sin embargo, la agenda legislativa general es mucho más amplia, pues se nutre de las proposiciones de quienes tienen facultades constitucionales para presentar iniciativas, de las prioridades de los grupos parlamentarios y de temas cuyo interés recogen los legisladores.

5. Que los temas contenidos en el Acuerdo Político para el Desarrollo Nacional, son aquellos que han merecido el consenso de todos los partidos políticos, y que dicho acuerdo no excluye la posibilidad de que se impulsen por parte de los interesados temas que son prioridad particular de grupos parlamentarios, como es el caso de reformas en materia indígena, de protección al ahorro bancario, laboral, ambiental o cultural, entre otras.

6. Que resulta importante expresar la suma de los grupos parlamentarios que integran la H. Cámara de Diputados a la voluntad política de las propósitos señalados en el Acuerdo Político para el Desarrollo Nacional.

En virtud de lo anterior y toda vez que la tarea legislativa supone diálogo y consensos que generen un marco jurídico adecuado para ordenar los asuntos fundamentales de la vida política nacional, la Junta de Coordinación Política resuelve el siguiente:

Acuerdo

I. La H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, de conformidad con el marco jurídico que la rige, determina su agenda legislativa de manera soberana, a partir de los planteamientos de los legisladores, de los grupos parlamentarios, de las comisiones de análisis y dictamen, la Junta de Coordinación Política, la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, y de las iniciativas que presentan quienes tienen facultades constitucionales para hacerlo.

II. En la elaboración de la agenda legislativa de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados, se atenderán los temas contenidos en el Acuerdo Político para el Desarrollo Nacional, sin menoscabo ni limitación a la integración de las prioridades de los grupos parlamentarios, no expresadas en dicho acuerdo político.

III. La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados manifiesta su apoyo a los propósitos, metas y objetivos a alcanzar como nación expresados en el Acuerdo Político para el Desarrollo Nacional, con pleno respeto a lo que corresponde hacer a cada poder del Estado en el ámbito de las atribuciones y facultades que nuestra Constitución General de la República le señala.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 octubre de 2001.

Dip. Felipe Calderón Hinojosa (rúbrica)
Presidente de la Junta y Coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional

Dip. Rafael Rodríguez Barrera (rúbrica)
Coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional

Dip. Martí Batres Guadarrama (rúbrica)
Coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática

Dip. Bernardo de la Garza Herrera (rúbrica)
Coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México

Dip. Alberto Anaya Gutiérrez (rúbrica p.a.)
Coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo

(De enterado. Comuníquese. Octubre 31 de 2001.)
 
 

Proyecto de punto de acuerdo para que las comisiones de Agricultura y de Comercio y Fomento Industrial integren un grupo de trabajo con el objeto de promover y realizar reuniones con las autoridades de Sagarpa y la Secretaría de Economía, gobiernos de los estados, productores de copra e industriales para realizar las medidas necesarias para rescatar la producción nacional de copra y mejorar las condiciones de vida de sus productores.

Honorable Asamblea:

La Junta de Coordinación Política con fundamento en el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable Asamblea el presente punto de acuerdo de conformidad con los siguientes:

Antecedentes

1. La Junta de Coordinación Política, en su reunión de fecha 30 de octubre de 2001, tuvo conocimiento de dos proposiciones con punto de acuerdo, de similar naturaleza, una del diputado Celestino Bailón Guerrero del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo en relación a la problemática que presenta la producción y comercialización de la copra en México, y otra del diputado Rubén Aguirre Ponce del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo para apoyar a los productores de la copra en el país.

2. Ambas proposiciones buscan la urgente intervención de esta Legislatura en la atención y solución de la problemática de la producción de la copra en México.

3. Otro antecedente del presente proyecto está en el Foro Nacional sobre producción y comercialización de copra, organizado por la Comisión de Agricultura de esta Cámara de Diputados, el pasado 12 de octubre, en el puerto de Acapulco, en donde sus integrantes constataron la difícil situación que atraviesa la actividad coprera del país.

Considerandos

1. Que la actividad coprera actualmente ha sufrido un decremento considerable, afectando a varios estados de la República tales como: Guerrero, Colima, Tabasco, Oaxaca y Michoacán, principalmente.

2. Que dicha actividad reviste una importancia fundamental para el desarrollo de la economía nacional, y que la caída de los precios internacionales de los productos derivados de la actividad coprera nacional, afectan también a aquellos productores que dependen directamente de esta actividad, traduciéndose en una inestabilidad social, que se expresa con la emigración de familias completas a los Estados Unidos y en el incremento de la delincuencia y el tráfico y consumo de drogas.

3. Que la afectación a la actividad coprera nacional constituye una preocupación de las diputadas y los diputados federales.

4. Que en los términos del numeral 3 del artículo 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados tienen además a su cargo tareas de información, y que su competencia se corresponde en lo general con las otorgadas a las dependencias y entidades de la administración pública federal, se considera conveniente que las comisiones de Agricultura y de Comercio y Fomento Industrial, estudien la situación coprera nacional.

5. Que con fundamento en el numeral 4 del artículo 44 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las comisiones pueden establecer grupos de trabajo para el cumplimiento de sus tareas.

6. Que esta Junta de Coordinación Política está facultada para presentar al pleno proyectos de puntos de acuerdo.

Con base en los antecedentes y consideraciones que se expresan, esta Junta de Coordinación Política acordó someter a la consideración del pleno de la H. Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Punto de Acuerdo

Primero. En términos del numeral 4 del artículo 44 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en forma unida, las comisiones de Agricultura y de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura integrarán un grupo de trabajo con el objeto de promover y, en su caso, realizar las reuniones necesarias con las autoridades de Sagarpa y la Secretaría de Economía, gobiernos de los estados, productores de copra e industriales, a fin de llevar a cabo las medidas necesarias que permitan rescatar la producción nacional de la copra y mejorar las condiciones de vida de los productores. A este grupo se incorporarán diputados y diputadas interesados en el tema.

Segundo. Comuníquese.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los treinta y un días de octubre de dos mil uno.

Dip. Felipe Calderón Hinojosa (rúbrica)
Presidente de la Junta y Coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional

Dip. Rafael Rodríguez Barrera (rúbrica)
Coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional

Dip. Martí Batres Guadarrama (rúbrica)
Coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática

Dip. Bernardo de la Garza Herrera (rúbrica)
Coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México

Dip. Alberto Anaya Gutiérrez (rúbrica p.a.)
Coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo

(En votación económica, se aprueba)
 
 

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Fe de Erratas

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DE LA GACETA PARLAMENTARIA

En la sección de proposiciones de la edición del miércoles 31 de octubre se anotó que el diputado José Gerardo de la Riva Pinal pertenece al grupo parlamentario del PAN, lo cual es equivocado, ya que es integrante del grupo parlamentario del PRI.
 
 

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Iniciativas

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DE LEY DEL PARLAMENTO NACIONAL DE LA JUVENTUD, PRESENTADA POR EL DIPUTADO BENJAMIN AYALA VELAZQUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA SESION DEL MIERCOLES 31 DE OCTUBRE DE 2001

Exposición de Motivos

Antecedentes

Considerando que la juventud constituye una de las mayores riquezas del país, representa la promesa para la vida y el futuro y que hasta ahora no se le ha brindado en forma permanente y articulada la atención que demanda en esta importante etapa formativa de su existencia, el 26 de diciembre del año 2000 la fracción parlamentaria del PRI, por conducto del diputado Jaime Martínez Veloz presentó ante esta soberanía, la iniciativa de Ley Nacional de la Juventud, en la cual se plantea una atención integral hacia este sector poblacional.

En su diversidad, los jóvenes son la principal fuerza del cambio social y en gran medida fueron el factor que decidió la última elección federal, y quienes hoy esperan acciones directas en su beneficio.

La juventud puede presentar nuevas alternativas, propuestas emancipadoras y liberadoras de los propios jóvenes y de la sociedad, que como poder creador de la legislación habremos de escuchar aún cuando éstas nos parezcan contestatarias en relación con el sistema político y social actuales; habremos de reconocer su valía y traducirlas en nuevos ordenamientos legales que, propuestos por ellos mismos, tendrán un mayor consenso social.

Propiciemos que sean también los jóvenes quienes a partir de la exposición de su problemática, propongan, analicen, discutan y acuerden aquellas materias sobre las cuáles las instituciones y los legisladores tenemos que sancionar en su propio beneficio.

Problemática de los jóvenes

A menudo se dice que ellos son la esperanza del mañana y se idealiza su capacidad para dirigir en el futuro los destinos del país. Sin embargo, se les niega obstinadamente la posibilidad de participar en la construcción de ese mañana que tanto se pregona. Indudablemente, esta actitud está estrechamente asociada con el modelo de sociedad que hoy languidece a paso acelerado. Nuestra sociedad, inmersa en un incontenible proceso de democratización, ya no se puede fundar en los mismos supuestos atrasados e inoperantes del siglo pasado. La realidad les impide concretar sus sueños y transformar en el aquí y el ahora las condiciones en que viven.

¿Cuántos jóvenes mexicanos no estudian ni trabajan, viviendo en una situación de depresión y ocio negativo, capaz de conducirlos a caminos de alcoholismo, drogadicción y delincuencia?

¿Cuántos jóvenes carecen de oportunidades para calificarse y obtener con ello niveles superiores de ingreso?

¿Cuántos y cuantas jóvenes desean espacios de expresión en los cuales manifestar con plena libertad sus problemas y proponer formas de resolverlos?

Muchos jóvenes quieren ser partícipes en la formulación de una legislación más cercana y favorable a su vida y a su forma de vida. Aquella que les proteja en contra del sida y otras enfermedades de transmisión sexual, que les proporcione becas para continuar con sus estudios. Aquella que les permita capacitarse para contar con mejores oportunidades de acceso al mercado laboral. Una legislación que comprenda sus necesidades de salud, de cultura, de recreación y deporte, de vivienda, que tome en cuenta a los jóvenes en situación vulnerable. Que fortalezca, en suma, el desarrollo juvenil.

Relación de los jóvenes con el Estado

Actualmente es pobre, por no decir inexistente, la oferta institucional para la participación democrática de los jóvenes en aquellos asuntos en los que por definición deben estar presentes. Para México, en estos momentos, es trascendente que el potencial juvenil llegue a su plena realización. Por ello, deben hacerse todos los esfuerzos que se requieran para que existan las condiciones que hagan posible la expresión plena y positiva de la energía, creatividad y aptitudes para el estudio y el trabajo de miles de jóvenes del país.

El Instituto Nacional de la Juventud es un instrumento del Poder Ejecutivo con programas de buena fe, pero que no abarcan per se el amplio espectro y universo del nuevo movimiento juvenil del país, con esta ley, que quede claro, no se intenta desaparecer el Instituto de la Juventud, al contrario, se trata de fortalecerlo dotándolo de un verdadero instrumento de los jóvenes para que oriente sus políticas públicas con el amplio respaldo de todas las organizaciones juveniles representadas en el Parlamento y se transforme en herramienta de cambio de los jóvenes y no solamente en conducto de un poder, el Ejecutivo.

Estamos en un periodo de definiciones. Actualmente no existe una óptima comunicación entre el Gobierno y los jóvenes. Persisten la desconfianza y la distancia generacional entre los jóvenes y los adultos. Los actuales espacios de participación no representan áreas reales de interés para la juventud.

Es evidente que las causas de los jóvenes, sus intereses, sus motivaciones y las inquietudes propias de quienes miran a la vida con la frescura de su edad, se encuentran ausentes actualmente de la agenda institucional. Esta situación debe cambiar radicalmente.

Los jóvenes mexicanos, ya no quieren más olvido, desatención, ni autoritarismo. Quieren tener la certeza de que sus ideas serán escuchadas, sus opiniones tomadas en cuenta, sus necesidades puntualmente interpretadas por un gobierno sensible que los vea como lo que son: hombres y mujeres en formación, deseosos de labrarse un mejor futuro, de tener espacios propios, de participar activamente en todas las decisiones que les afectan, incluyendo aquellas que se toman en el seno de las universidades. Quieren ser actores sociales que decidan su destino por sí mismos y no sujetos anónimos cuya existencia se decide por las burocracias tras de los escritorios.

Si realmente queremos que México cambie, debemos fomentar una actitud democrática y combativa, lúcida y comprometida en los jóvenes mexicanos. Debemos alentarlos a que participen en el análisis de los temas que interesan a la nación. Ellos deben ser parte del debate, porque son uno de los temas a debate.

Si como generación queremos ganarnos su confianza, habremos de hacerlo no con declaraciones, sino con hechos. Ellos pueden ser emisarios de la vida, la justicia y la paz y formar la vanguardia de la sociedad; y con su idealismo y su visión empujar duro para transformarla.

Debemos sellar un compromiso con los jóvenes, proponiéndonos gobernar juntos en todo lo relacionado a aquello que sea para ellos de particular interés, por ejemplo, que las instituciones y los programas destinados a la juventud, sean operados principalmente por jóvenes.

¿Qué proponen los jóvenes para su atención integral?

Permitamos que la nación escuche la visión de los jóvenes universitarios, de los trabajadores, de los indígenas y los migrantes, de los que habitan en barrios populares, de jóvenes integrantes de la rica gama de expresiones y condición social, de esa diversidad llamada patria nuestra. Que de aquí surjan nuevas ideologías, otras formas de visión generadoras del pensamiento joven del México, en permanente evolución. Querámoslo o no ellos tienen una percepción y una conciencia diferentes.

Por ello yo me pregunto;

¿Qué propuestas concretas de integración y de participación tienen los partidos políticos para la juventud mexicana?

Es necesario un órgano de deliberación y de debate que aglutine el sentir de la juventud nacional y que sea hilo conductor de las aspiraciones concretables de este sector tan solicitado pero al mismo tiempo olvidado.

El porqué de un Parlamento Nacional de la Juventud

El Parlamento que se pretende conformar, permitirá iniciar a sus integrantes en el trabajo legislativo, en la liturgia parlamentaria, en la vocación por los consensos partidarios, en el reconocimiento al pluralismo político, en apreciar el valor de la política como un medio para alcanzar fines comunes y amalgamar ideas para el progreso de la sociedad.

Este tipo de participación juvenil permitirá ir definiendo futuros liderazgos y promover, desde una plataforma institucional, cuáles deben ser las iniciativas gubernamentales para la juventud.

La viabilidad de esta propuesta ha sido ya probada en otros países tanto de América como del Viejo Continente, en donde la sociedad se ha dado cuenta, de viva voz de los propios jóvenes, cuales son sus inquietudes, sus sueños y aspiraciones, sus problemas y necesidades y las propuestas que hacen para que cambien en su favor las cosas.

Por otro lado, cabe recordar que en la antepasada reunión de la Comisión de Juventud y Niñez del Parlatino, que preside una distinguida mexicana Beatriz Paredes Rangel, celebrado en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, los días ocho, nueve, diez y once de agosto, en los que participaron distinguidos miembros jóvenes de este cuerpo político, uno de los acuerdos principales fue el de impulsar los Parlamentos Juveniles Nacionales en todo Latinoamérica.

Con el Parlamento Juvenil se trata de consolidar una instancia que, al menos dos veces por año, reúna a los representantes de todos los Estados en un encuentro que mucho habrá de representar para identificar las áreas de particular interés para la juventud y sobre la cual valga la pena trabajar por su cuenta al respecto.

Habrá algunos que consideren que no es necesario un Parlamento Nacional Juvenil, si ya existen los diputados como representantes populares. A estos compañeros les invito a que no tengamos temor de escucharlos, no vienen a quitarnos la chamba. Al contrario, vienen a darnos un punto de vista más cercano a la realidad que el que podemos tener nosotros, porque vienen a plantear su propia circunstancia, sus vivencias y sus valores: una síntesis del pensamiento joven del México nuevo que habrá de permitirnos voltear hacia ellos e identificar rumbos distintos, que hasta ahora no hemos visto por estar inmersos en discutir otros asuntos de interés nacional.

Veamos este Parlamento Juvenil como una verdadera organización representativa de la juventud mexicana, donde todos los representantes juveniles tengan, como en esta Cámara, el deber y el legítimo derecho de opinar. Se trata de que asuman sus desafíos en la búsqueda de sus propios proyectos.

El papel de la Cámara de Diputados

Abrir espacios para la participación de la juventud, para que contribuya en la solución de los problemas, es dejar que los jóvenes hablen en su propio lenguaje, es darles mayores oportunidades de tener un papel protagónico. No debe defraudarse a quienes en la búsqueda legítima de nuevos caminos, depositaron su voto esperanzados para propiciar un cambio que aún no se ha visto.

Pregunto a mis compañeras y compañeros ¿tiene sentido legislar para los jóvenes sin la participación de estos? Nuestras leyes pueden ser perfectas en cuanto a la técnica jurídica. Pueden habernos llevado a intensos debates y eruditas reflexiones acerca del joven mexicano y sus problemas. Pero si les falta el espíritu vital que pueden imprimirle los propios jóvenes, entonces podemos estar creando, sin quererlo, leyes condenadas a ser letra muerta.

Si realmente queremos que cambie la nación, cambiemos la forma y el fondo de las cosas. No pretendamos erigirnos, en una postura no exenta de soberbia, en portadores únicos de la voz de los distintos sectores de la sociedad. Este recinto debe estar abierto a toda reflexión que contribuya al avance de las ideas y las realidades del país, expresada también por los propios sectores interesados, aún cuando la tarea de legislar nos corresponda y a la que habremos de enriquecer si abrimos la mente y el corazón a lo que tratan de decirnos

Devolvamos a la Cámara el sentido de tribuna del pueblo y no permitamos que se convierta en caja de resonancia de unos cuantos iluminados.

Dejemos que refresquen nuestra memoria y nuestros ideales, que en todos existen, pero que en algunos se encuentran adormilados por el sutil ensueño del poder temporal de que disfrutan. No temamos a las lecciones que puedan darnos. Aquí hemos comprobado que no poseemos todas las respuestas.

Hagámosle sentir a los jóvenes que pueden, desde una tribuna propia, analizar y discutir los problemas de la juventud y expresar sus ideales con carácter de parlamentarios juveniles; contribuyendo así a su propia causa, con nuevas fórmulas y el discurso espontáneo de los sectores emergentes. Nosotros necesitamos más de los jóvenes que ellos de nosotros, porque ellos son el presente y el futuro de la nación.

Como legisladores comprometidos con la transformación del Estado, debemos asumir el reto y el compromiso de abrir los espacios y proveer los medios para que la juventud enfrente en forma organizada los desafíos de los tiempos modernos; encuentre sus propias respuestas, y sea protagonista en la construcción de su historia, de su presente y de su futuro.

Debemos estar claros que en la medida en que abramos estos espacios, la propia sociedad se verá rejuvenecida y transformada por la energía, la alegría, la fraternidad y la nobleza de sus ideales. El cambio es inevitable. Es una ley histórica y biológica.

Atrevámonos a conocer sus exigencias y a escuchar sus disidencias. No temamos su valentía en la tribuna, ni nos incomodemos ante sus denuncias, sino en forma madura respondamos a sus expectativas. Esperemos con esperanza y con apertura de mente y de miras, no con temor, sus críticas y aportaciones. Legislemos pensando en el futuro y no en el cortoplacismo de nuestras coyunturas electoreras.

Dejémoslos trabajar y esforzarse, dejémosles comprometerse y comprender que no es fácil llegar a consensos y acuerdos, cuando cada cual considera que sus razones son las únicas verdaderas en el debate.

Sigamos perfeccionando nuestra democracia y el trabajo legislativo, escuchando de viva voz lo que ellos quieren que sepamos.

Abramos nuevamente este recinto parlamentario, permitámosles a los jóvenes ascender a la más alta tribuna de la nación y escuchemos con atención sus planteamientos, la fuerza del pensamiento juvenil, del futuro que quieren para ellos, para las generaciones por venir. No le temamos a la crítica, que cuando es bien intencionada permite corregir el rumbo y reorientar acciones. Que sus ideas refresquen nuestras formas de pensar acerca de ellos mismos.

Que nadie se extrañe ni escandalice si en la iniciativa que hoy se presenta a consideración de esta Asamblea, se emplea el término de parlamento. Ante una nación empeñada en la búsqueda de nuevos caminos, no vale la descalificación de un contenido propositivo e innovador por tratar de mantener conceptos y prácticas que deben ponerse a revisión. Que no se argumente que en México no existe un régimen parlamentario. Si en la propuesta se utiliza el término de parlamento, se emplea en su sentido más puro, el de diálogo, comunicación, entendimiento, que es el que refleja en mayor medida el sentir juvenil.

Como legisladores demos calidez, cercanía y objetividad a nuestra relación con los distintos sectores de la sociedad. Ese es un reto al que esta legislatura puede contribuir a resolver.

A la luz del México nuevo, como sociedad no podemos menospreciar los aportes que puede dar el sector juvenil. Escuchémoslos, motivémoslos a expresarse, abramos nuestra casa que es casa del pueblo a su palabra y en nuestro quehacer legislativo aseguremos un espacio para ellos.

No les neguemos una tribuna que también les pertenece para fortalecer sus ideales y crear sus propias utopías.

Demos alas a su capacidad de disentir y crear, a su capacidad de amor a México, de construir un proyecto de nación, que quizá sea diferente al nuestro, pero tan válido. Demos cabida a su capacidad de expresar autenticidad en sus planteamientos.

Es preferible brindar canales de participación y libertad de expresión a la disconformidad, que escuchar la respuesta juvenil en el sórdido y terrible sonido de armas que operen desde la clandestinidad y que pueden ser el destino fatal de muchos jóvenes, si no se amplían los canales institucionales de participación juvenil, o si se alega en forma avara que los recursos públicos son insuficientes para canalizar esta demanda, ¡Recuerden que cuesta más un solo consejero nacional del IFE, por poner un ejemplo, que todo un Parlamento Juvenil Mexicano!

Por lo anteriormente expuesto y

Considerando

Primero.- Que una de las formas en que los jóvenes puedan recobrar la confianza en las instituciones republicanas, es abrir espacios para que se expresen con toda libertad, en relación con los temas que más les interesan y sobre aquellos que consideran los más importantes para mejorar las condiciones de vida del sector juvenil y de la sociedad.

Segundo.- Que es un derecho de las y los jóvenes mexicanos participar en forma activa en el proceso de su formación integral en todas las dimensiones, sobre todo en la toma de decisiones que les afecten y con ello ser protagonistas de su propio desarrollo y el de la nación mexicana.

Tercero.- Que la participación de la juventud en la vida cívico-política del país habrá de realizarse bajo un ejercicio autónomo y responsable, en donde los jóvenes, al tiempo que ejercen sus derechos, adopten compromisos para con el sector de la juventud y para plantear alternativas factibles de ser instrumentadas con el carácter de iniciativas de ley.

Cuarto.- Que la organización de la juventud debe ser amplia, plural, democrática; y abarcar a jóvenes de todos los estratos sociales y de todos los estados del país, estableciendo reglas claras para garantizar un proceso transparente de debate sobre las propuestas de los propios jóvenes y alcanzar así acuerdos estratégicos para alcanzar objetivos comunes, independientemente de su ubicación geográfica en el contexto nacional.

Quinto.- Que una de las formas de asegurar la participación de jóvenes de distinto sexo, posición social, y visión del mundo, es a partir de la elección, por ellos mismos, de jóvenes estudiantes de planteles de educación media superior y superior, tanto públicos como privados; de jóvenes que trabajan; de aquellos que viven en colonias populares y los pertenecientes a organizaciones laborales y partidistas y jóvenes indígenas que estén dispuestos a ser parte de un órgano que tenga el carácter de lugar de encuentro y reflexión para la acción de la juventud mexicana.

Sexto.- Que la Cámara de Diputados y los Congresos locales, como órganos en los cuales se expresa la voluntad democrática ciudadana, tienen la facultad para promover normas e instancias que contribuyan al fortalecimiento de la cultura cívico-política entre la juventud.

Séptimo.- Que tales instancias pueden hacer posible la expresión sin restricciones de jóvenes de todo el país, y en las cuales a través de procesos de diálogo, convivencia y fraternidad, encuentren en forma colegiada nuevos mecanismos que hagan posible realizar las aspiraciones y esperanzas de la juventud mexicana.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72 y 73 fracción XXIX-D de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55, fracción II, 56, 60, 63, 135, 138, 139, 140, 141, 165 y 168 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a su consideración la siguiente iniciativa de
 
 

Ley de Parlamento Nacional de la Juventud

Título Primero

Capítulo I
Disposiciones generales

Artículo 1.- Objeto. El presente ordenamiento es de orden público, interés social y observancia general en la República Mexicana. Su objeto es establecer el Parlamento Nacional de la Juventud, como un órgano de deliberación, de debate y de ejecución, en el cual la juventud del país se reúna para expresar sus preocupaciones, sus intereses, motivaciones y aspiraciones; y a través del diálogo, encuentre en forma colegiada y proponga a la Cámara de Diputados alternativas que contribuyan a mejorar la situación del sector juvenil y de la sociedad.

Artículo 2.- Finalidad. La presente ley establece:

I. La forma en la cual se integra el Parlamento Nacional de la Juventud.

II. Las características de la organización del Parlamento Nacional de la Juventud y la descripción general de los órganos que lo constituyen.

III. El formato para las sesiones y deliberaciones de los jóvenes parlamentarios.

IV. Los derechos y obligaciones de los integrantes del Parlamento Nacional de la Juventud.

V. La vinculación del Parlamento Nacional de la Juventud con otras instancias de la sociedad y con el H. Congreso de la Unión.

Artículo 3.- Parlamentario Juvenil. Para efectos de la presente ley se entenderá por parlamentario juvenil a la persona que, ya sea de sexo masculino o femenino, participe como integrante del Parlamento Nacional de la Juventud, independientemente del cargo o comisión que desempeñe dentro del mismo.

Artículo 4.- Facilidades para la Organización Juvenil. Corresponderá al Instituto Federal Electoral, a la Cámara de Diputados y a los Congresos de los Estados, así como a las instituciones educativas de nivel medio superior y superior, tanto públicas como privadas, a los partidos políticos, a las organizaciones vecinales, a las organizaciones gremiales y a las comunidades indígenas establecer las condiciones y brindar las facilidades que sean necesarias para que los jóvenes se organicen y elijan a sus representantes a los Parlamentos Estatales de la Juventud de sus respectivos estados y al Parlamento Nacional de la Juventud; y se trasladen a la sede del mismo, conforme a lo establecido por el presente ordenamiento.

Artículo 5.- Participación. Tendrán derecho a participar en el Parlamento Nacional de la Juventud, los jóvenes que se encuentren realizando estudios de nivel medio superior o superior, y que hayan sido electos como parlamentarios juveniles conforme a lo dispuesto por la presente ley; así como los jóvenes de las colonias, barrios, unidades habitacionales, ejidos comunidades rurales u otro tipo de comunidad vecinal existente, conforme a la división político administrativa y geográfica que exista de los municipios del país.

Capítulo II
De la integración, sede, lema y organización del Parlamento Juvenil

Artículo 6.- Convocatoria. La Cámara de Diputados y el Instituto Federal Electoral formularán y emitirán la convocatoria correspondiente para la constitución del Primer Parlamento Nacional Juvenil. Asimismo, procederá al envío de la misma a todos los Congresos de los Estados, a fin de que estos la divulguen y en su caso convoquen a la integración de los Parlamentos Estatales de la Juventud en cada entidad federativa. Las convocatorias para las siguientes reuniones del Parlamento Nacional de la Juventud, serán realizadas por el propio Parlamento.

Artículo 7.- Integración del Parlamento Juvenil. El Parlamento Nacional de la Juventud se integra por las mesas directivas de los Parlamentos Juveniles de todos los estados del país y la del Distrito Federal. Por cada parlamentario juvenil se elegirá un suplente. En caso de que el propietario no asista a la reunión, su lugar será ocupado en esa sesión por su respectivo suplente. Si la vacante del propietario es definitiva, el suplente ocupará el cargo. El cargo de parlamentario juvenil será desempeñado en forma honorífica.

El Parlamento Nacional de la Juventud se renovará en su totalidad cada tres años, la edad máxima para ser miembro del Parlamento será de treinta años.

Artículo 8.- Gastos del Parlamento Nacional de la Juventud. El traslado de ida y regreso de los parlamentarios juveniles de los estados a la sede del Parlamento Nacional de la Juventud, estará a cargo de los Congresos locales. El hospedaje y alimentación de los integrantes del Parlamento Nacional de la Juventud, así como los gastos operativos y logísticos relacionados con la operación del Parlamento, estará a cargo de la Cámara de Diputados.

Artículo 9.- Sede. En su primera sesión, el Parlamento Nacional de la Juventud se reunirá en la sede de la Cámara de Diputados: Las subsecuentes podrán realizarse en el mismo lugar o en el lugar que el propio Parlamento Nacional de la Juventud determine, sin contravenir las disposiciones legales vigentes. La sede del Parlamento Nacional de la Juventud es inviolable.

Artículo 9 Bis.- El lema del Parlamento Nacional de la Juventud será "voz de la juventud, conciencia nacional".

Artículo 10.- Elección de la Mesa Directiva. En la primera sesión del Parlamento Nacional de la Juventud se procederá a elegir por mayoría simple a la Mesa Directiva, la cual será integrada por un presidente, un vicepresidente, dos secretarios, un secretario técnico y dos prosecretarios. Duraran en sus funciones un año y podrán ser reelectos por otro consecutivo. Las atribuciones de los integrantes de la Mesa Directiva son las que indican los artículos 11 al 14 de la presente ley.

La Mesa Directiva ocupará los espacios establecidos expresamente para su funcionamiento, ubicándose el Presidente al centro. Los demás lugares de los parlamentarios juveniles se ocuparán sin preferencia alguna.

Artículo 11.- Atribuciones del Presidente. Son atribuciones del Presidente de la Mesa Directiva del Parlamento Nacional de la Juventud:

1.- Representar legal y políticamente para todos los efectos a que haya lugar al Parlamento Nacional de la Juventud.

2.- Preservar la inviolabilidad de la sede del Parlamento Nacional de la Juventud.

3.- Abrir las sesiones, presidirlas, conceder la palabra en el orden que la pidieren, dirigir el debate y clausurarlas; en su caso, prorrogarlas o suspenderlas temporalmente por causa justificada.

4.- Declarar la existencia de quórum legal. En caso de falta de éste volver a convocar, invitando a los ausentes a presentarse.

5.- Acordar el orden del día en común acuerdo con los grupos parlamentarios, con base en las solicitudes de los parlamentarios juveniles, presentarlo al Pleno para su aprobación y verificar se cumpla el mismo.

6.- Turnar a comisiones asuntos competencia de las mismas.

7.- Requerir a las comisiones que presenten dictamen o informen sobre los asuntos que se les hubieren encomendado.

8.- Emitir voto de calidad en caso de empate y proclamar los resultados de las votaciones.

9.- Exigir orden cuando se requiera para la buena marcha de los trabajos.

10.- Firmar conjuntamente con el secretario, los diversos oficios, acreditaciones, comunicados y resolutivos emanados del Parlamento Nacional de la Juventud y turnarlos por conducto del secretario a la Cámara de Diputados o a las instancias públicas o privadas a las que haya lugar.

11.- Convocar a la siguiente reunión del Parlamento Nacional de la Juventud.

12.- Tomar la protesta a los parlamentarios juveniles.

Artículo 12.- Atribuciones del Vicepresidente. El Vicepresidente auxiliará al Presidente al buen desempeño de sus funciones y lo sustituirá en sus ausencias. En caso de vacante definitiva del Presidente de la Mesa Directiva del Parlamento Nacional de la Juventud, el Vicepresidente pasará a ocupar el cargo.

Artículo 13.- Atribuciones del Secretario.Son atribuciones del Secretario de la Mesa Directiva del Parlamento Juvenil:

I. Auxiliar al Presidente en el buen desempeño de sus funciones.

II. Elaborar el orden del día, previo acuerdo con el Presidente.

III. Consultar y corroborar el registro de asistencia y verificar la existencia del quórum legal.

IV. Cuidar que los dictámenes que vayan a ser objeto de deliberación o votación se reproduzcan y distribuyan oportunamente entre los parlamentarios juveniles.

V. Recoger y computar las votaciones y proclamar sus resultados cuando así lo decida el Presidente.

VI. Levantar las actas de las sesiones, con el apoyo logístico de la Cámara de Diputados, del Secretario técnico, del Parlamento Nacional de la Juventud y firmarlas después de aprobadas.

VII. Abrir, integrar y actualizar los expedientes de los asuntos recibidos por el Parlamento Juvenil, llevando el control de todos los asuntos recibidos y despachados.

VIII. Resguardar debidamente las actas y la documentación que con motivo de sus atribuciones le sean entregadas para su resguardo.

IX. Expedir, previo acuerdo con el Presidente, las copias de la documentación que forme parte del archivo del Parlamento Juvenil, solicitada por escrito y debidamente justificada.

X. Firmar conjuntamente con el Presidente los diversos oficios, comunicados y resolutivos emanados del Parlamento Nacional de la Juventud y llevarlos personalmente a la Cámara de Diputados o a las instancias públicas o privadas a las que haya lugar.

XI. Integrar el Directorio de Parlamentarios Juveniles.

Artículo 14.- Atribuciones del Prosecretario. El Prosecretario auxiliará al Secretario al buen desempeño de sus funciones y lo sustituirá en sus ausencias. En caso de vacante definitiva del Secretario de la Mesa Directiva del Parlamento Juvenil, el Pleno decidirá cual de los Prosecretarios pasará a ocupar el cargo.

Artículo 14 Bis.- Atribuciones del Secretario técnico.- Son atribuciones del Secretario técnico del Parlamento Nacional de la Juventud.

I.- Coordinar y ejecutar las tareas que permitan el mejor cumplimiento de las funciones de los parlamentarios y la atención eficiente de sus necesidades técnicas y administrativas.

II.- Auxiliar a la Mesa Directiva en actividades que se constituyen por disposición del pleno, para realizar actividades diferentes al de las comisiones y en general para realizar tareas de soporte técnico.

III. Apoyar a la Mesa Directiva en el levantamiento de las asistencias y de las actas de las sesiones, así como el archivo de documentos y comunicaciones y el de las versiones estenográficas de las plenarias y de las reuniones de comisiones.

IV.- Gestionar ante los Congresos locales y la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados los diversos apoyos logísticos y técnicos que requiera la operación y trabajos del propio Parlamento Nacional de la Juventud.

V.- Realizar labores de comunicación institucional y de apoyo a medios de comunicación para el debido cumplimiento de sus labores.

Artículo 15.- Toma de protesta e instalación. El Presidente tomará la protesta a los parlamentarios juveniles, quienes prometerán desempeñar en forma responsable, leal y patriótica el cargo para el cual fueron electos, mirando en todo por el bien de la juventud, de México y de la Nación. Realizado lo anterior, el Presidente declarará constituido formalmente el Parlamento Nacional de la Juventud.

Artículo 16.- Organización. El Parlamento Nacional de la Juventud contará con las comisiones y subcomisiones que sean necesarias para el tratamiento y desahogo de los asuntos. Al interior de cada comisión, los parlamentarios juveniles procederán a la elección de un presidente y un secretario, los cuáles serán los responsables de presentar al pleno, los acuerdos a los cuáles se llegaron en la misma.

Capítulo III
De las Comisiones y Subcomisiones del Parlamento Juvenil

Artículo 18.- Comisiones y Subcomisiones.Las Comisiones son organismos colegiados compuestos por el número de parlamentarios juveniles que resulte de dividir el total de parlamentarios juveniles propietarios entre el número de Comisiones, con excepción de la Comisión de Evaluación y Seguimiento. El objeto de cada Comisión, es el estudio pormenorizado de cada una de las materias sometidas a su consideración y la elaboración de propuesta de iniciativas, dictámenes, pronunciamientos o resolutivos derivados del análisis correspondiente. Las Comisiones y Subcomisiones podrán hacerse asesorar por especialistas en la materia.

Artículo 19.- Pertenencia a Comisiones. El Parlamento Nacional de la Juventud contará con tantas Comisiones como sean las materias a debatir en cada reunión. Cada Comisión podrá contar con Subcomisiones que le permitan el mejor desahogo de las actividades a su encargo. Cada Parlamentario Juvenil, deberá pertenecer a una Comisión, conforme a una escala de preferencias. En caso de que se cubra el número de parlamentarios de una Comisión, por orden de inscripción en la misma, se tomará la segunda prioridad del parlamentario y así sucesivamente, hasta que todos participen en alguna Comisión.

Artículo 20.- Comisión de Evaluación y Seguimiento. El Parlamento Nacional de la Juventud contará con una Comisión de Evaluación y Seguimiento, que será de carácter permanente y estará constituida por los presidentes de las Comisiones y por los integrantes de la Mesa Directiva, elegidos en la sesión inmediata anterior. Será presidida por el Presidente de la Mesa Directiva.

Artículo 21.- Decisiones al interior de las Comisiones. Cada Comisión elegirá de entre sus miembros a un presidente, a un vicepresidente y a un secretario, conforme al número de votos obtenidos, respectivamente. Los trabajos de las Comisiones serán coordinados por el Presidente. Tomarán sus decisiones por mayoría simple de sus miembros y sus presidentes tendrán voto de calidad en caso de empate.

Artículo 22.- Quórum en la Comisiones. Las Comisiones y Subcomisiones sólo podrán sesionar y adoptar acuerdos cuando concurran a las reuniones de las mismas la mayoría de sus integrantes.

Artículo 23.- Prioridad de sesión. Las Comisiones y Subcomisiones no podrán sesionar, cuando lo esté haciendo el Parlamento Nacional de la Juventud.

Artículo 24.- Informe de Comisiones.Cada Comisión presentará al Pleno un informe que contenga los nombres de los parlamentarios juveniles que la integraron, quien la haya presidido y un resumen sustancial de los trabajos y de las conclusiones y proposiciones que se someterán al Pleno del Parlamento Nacional de la Juventud. Dicho informe será elaborado por el Secretario, con el apoyo del Presidente y del Vicepresidente de la Comisión. Los integrantes de la Comisión, elegirán de entre ellos a quien deba presentar el informe ante el Pleno.

Capítulo IV
De las sesiones del Parlamento Juvenil

Artículo 25.- Periodo de sesiones. El Parlamento Nacional de la Juventud tendrá dos periodos de sesiones por año, que se realizarán en los recesos de la Cámara de Diputados; y no podrán extenderse más allá del último día previo al inicio de las sesiones de la Cámara de Diputados dispuesto por la ley. Podrá cambiar la sede de sus sesiones cuando así lo decida la mayoría de los parlamentarios juveniles En cada periodo se agotará la agenda de trabajo que se determine. Previamente a la realización de cada sesión, se verificará que exista el quórum correspondiente.

Durante los recesos, el Parlamento de la Juventud estará representado por su Comisión Permanente, la cual podrá convocar a sesiones extraordinarias, a petición del Presidente de la Mesa Directiva, o por excitativa de las dos terceras partes de los parlamentarios que la integren; debiéndose precisar por escrito el asunto o asuntos a tratar y la duración de las mismas.

Artículo 26.- Ceremonial. Tanto en la primera como la última sesión del periodo de sesiones, se observará el protocolo de apertura y clausura correspondiente, invitando a un representante de cada Cámara a la apertura y al cierre de cada periodo ordinario de sesiones.

Artículo 27.- Quórum. El Parlamento Nacional de la Juventud no podrá sesionar ni tomar acuerdos sin la concurrencia de la mayoría de sus integrantes. Sus resoluciones se adoptarán por mayoría de los parlamentarios juveniles presentes. El voto es indelegable.

Artículo 28.- Carácter y duración de las sesiones. Las sesiones serán de carácter público y tendrán la duración que determinen en su oportunidad los parlamentarios juveniles, de conformidad con la agenda de los asuntos a tratarse. Las sesiones podrán prorrogarse previo acuerdo del Pleno.

Artículo 29.- Materias de atención de los Parlamentarios Juveniles. El Parlamento Nacional de la Juventud está facultado para ejecutar y evaluar tareas encaminadas a la consecución de los propios planes y programas de los jóvenes, como son: a).- Integrar y mantener actualizados los padrones de militantes de las organizaciones juveniles representados en el Parlamento de la Juventud, b).- Proponer y promover modelos de afiliación a las organizaciones miembros del Parlamento, c).- Elaborar el Registro Nacional de Jóvenes y de Organizaciones Juveniles, d).- Instrumentar en el Parlamento de la Juventud los acuerdos que en materia de juventud proponga la H. Cámara de Diputados, e).- Llevar las estadísticas de las organizaciones juveniles, f).- Solicitar a la H. Cámara de Diputados y al Instituto Federal Electoral cursos de capacitacion electoral y de derecho parlamentario y de promoción de los valores democráticos, g).- Evaluar el trabajo del Instituto Mexicano de la Juventud y hacer comparecer a su titular para la rendición de cuentas.

Los parlamentarios juveniles no podrán promover, debatir ni votar ningún asunto que interese directa o personalmente a ellos, ni aquellos reservados por ley a los Congresos locales, la Cámara de Diputados, la de Senadores o el Congreso de la Unión. Con base en esto podrán presentar propuestas relacionadas tanto con asuntos propios de la juventud como con cualquier otro de interés para el mejoramiento político, económico y social de México.

Artículo 30.- Orden. Los asistentes a las sesiones mantendrán una postura de respeto hacia el Parlamento Nacional de la Juventud y sus integrantes. El público no podrá tomar parte en las discusiones o deliberaciones, salvo en el caso de audiencia o foro público realizado con autorización del Pleno del Parlamento Juvenil.

Artículo 32.- Restricciones para el acceso al Parlamento Nacional de la Juventud. No se permitirá la entrada al recinto oficial del Parlamento Nacional de la Juventud a personas que se presenten armadas, en estado de embriaguez, o bajo la influencia de alguna sustancia tóxica, narcótica o enervante o que pretendan introducir objetos extraños sin someterlos a inspección.

Artículo 33.- Reglamento interno. El Parlamento Nacional de la Juventud contará con su propio reglamento interno, el cual será formulado, aprobado y reformado por los propios parlamentarios juveniles.

Capítulo V
Derechos y obligaciones de los Parlamentarios Juveniles

Artículo 34.- Derechos de los Parlamentarios Juveniles. Los parlamentarios juveniles tendrán los derechos que a continuación se indican, así como los establecidos expresamente por la presente Ley.

I. Expresar libremente sus opiniones, no pudiendo ser reconvenidos o enjuiciados por ellas.

II. Elegir y ser electos para integrar la Mesa Directiva, las Comisiones, Subcomisiones del Parlamento Nacional de la Juventud.

III. Participar, al menos, en una Comisión del Parlamento Nacional de la Juventud.

IV. Participar en las deliberaciones, debates, discusiones y votaciones de los posicionamientos, pronunciamientos, proposiciones e iniciativas que se realicen por el Parlamento Nacional de la Juventud

V. Quedar inscrito en el Directorio del Parlamento Nacional de la Juventud y contar con la credencial de parlamentario juvenil e insignia que los acredite como integrantes del Parlamento Nacional de la Juventud.

VI. Disfrutar del transporte, la alimentación y el hospedaje que les brinden los Congresos locales y la Cámara de Diputados para acudir a la realización de las sesiones.

VII. Recibir, con anticipación de tres días cuando menos, los temas y documentos que vayan a ser sujetos a debate por parte del Pleno del Parlamento Nacional de la Juventud.

Artículo 35.- Obligaciones de los Parlamentarios Juveniles. Los parlamentarios juveniles tendrán las obligaciones que a continuación se indican, así como las establecidas expresamente por la presente Ley. I. Rendir protesta y tomar posesión de su cargo.

II. Cumplir con los acuerdos del Pleno del Parlamento Nacional de la Juventud, conforme a lo dispuesto por el presente ordenamiento.

III. Participar, al menos, en una Comisión del Parlamento Nacional de la Juventud.

IV. Asistir puntualmente tanto a las sesiones del Parlamento Nacional de la Juventud como a las de la Comisión de la que forme parte.

V. Permanecer en el salón de sesiones del Pleno del Parlamento Nacional de la Juventud o de la Comisión de la que forme parte.

VI. Dirigirse con respeto y cortesía a los demás parlamentarios juveniles durante las sesiones.

VII. Votar a favor o en contra en las votaciones del Pleno del Parlamento Nacional de la Juventud o al interior de la Comisión correspondiente. En caso de abstención, deberá fundamentar debidamente la misma.

VIII. Tratar con consideración y respeto a los servidores públicos de la Cámara de Diputados que apoyen el desarrollo de las actividades del Parlamento Nacional de la Juventud, absteniéndose de participar en forma directa en asuntos laborales o administrativos de la misma.

IX. Requisitar la cédula de identificación con los datos que le sean solicitados para efecto de integrar el Directorio del Parlamento Nacional de la Juventud.

Capítulo VI
Vinculación con las instituciones y la sociedad

Artículo 36.- Comunicación con la sociedad. El Parlamento Nacional de la Juventud contribuirá a la edificación de mejores condiciones de vida para la juventud y para la sociedad en general. Para el cumplimiento de lo anterior, establecerá contacto y mantendrá comunicación permanente con las instituciones gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil que sea necesario para el cumplimiento de sus fines.

Artículo 37.- Suministro de información. Las instituciones gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil, proporcionarán al Parlamento Nacional de la Juventud la información que les sea solicitada formalmente por éste, a través de la Mesa Directiva o de los Presidentes de las Comisiones. Asimismo, analizarán y en su caso atenderán las propuestas cuya factibilidad sea posible, de conformidad con los recursos y programas de las instituciones.

Artículo 38.- Participación en organismos juveniles. El Presidente de la Mesa Directiva del Parlamento Juvenil, participará de manera honoraria en los órganos directivos de las instancias y organismos del Estado cuya finalidad sea la de atender asuntos relacionados con la juventud. Tendrá voz en las deliberaciones correspondientes.

Artículo 39.- Difusión de resultados. Mediante el apoyo de la Cámara de Diputados y en su caso de los Congresos locales, el Parlamento Nacional de la Juventud divulgará hacia la sociedad, las resoluciones, acuerdos, pronunciamientos e iniciativas a las cuales llegue como resultado de las deliberaciones de los parlamentarios juveniles.

Artículo 40.- Información a la juventud.Los parlamentarios juveniles harán del conocimiento de la población juvenil de sus respectivos centros escolares, centros laborales y comunidades urbanas, rurales e indígenas las resoluciones alcanzadas, los acuerdos obtenidos, las conclusiones a las cuales se haya llegado en las sesiones y en su caso las iniciativas que se presentarán ante la Cámara de Diputados.

Artículo 41.- Vinculación con la Cámara de Diputados. El Presidente de la Mesa Directiva del Parlamento Nacional de la Juventud, mantendrá comunicación permanente con los órganos correspondientes de la Cámara de Diputados. Asimismo, hará llegar a las Comisiones de Juventud y Deporte, Equidad y Género; y de Participación Ciudadana de la Legislatura, los pronunciamientos, acuerdos y resoluciones producto de los trabajos realizados.

Artículo 42. Presentación de iniciativas. Siguiendo los mecanismos establecidos en la Ley, el Parlamento Nacional de la Juventud podrá presentar ante la Cámara de Diputados, a través de los diputados que las asuman como propias, las iniciativas de ley que para beneficio de la juventud o de la sociedad acuerde el Pleno del mismo.

La Cámara de Diputados recibirá las iniciativas del Parlamento Nacional de la Juventud presentadas a través los diputados y les dará curso conforme a lo dispuestos en su Ley Orgánica.

Capítulo VII
De las organizaciones nacionales integrantes del Parlamento Nacional de la Juventud

Artículo 43.- Las organizaciones juveniles que pretendan incorporarse al Parlamento de la Juventud deberán ser de cobertura nacional y/o contar cuando menos con veinticinco comités directivos estatales funcionando regularmente, y/o contar con cuando menos cinco mil miembros en el padrón que entregaran a la Secretaria de la Mesa Directiva.

Artículo 44.- Las organizaciones nacionales juveniles que se integren al Parlamento Nacional de la Juventud deberá distribuir los lugares que le correspondan de la siguiente manera:

A).- El cincuenta por ciento a jóvenes procedentes de su respectiva organización territorial.
B).- El veinte por ciento a líderes estudiantiles que acrediten su condición.

C).- El veinte por ciento a jóvenes líderes de barrio, vecinales y/o indígenas que acrediten su condición.
D).- El diez por ciento a líderes jóvenes de la sociedad civil y/o de organizaciones mutualistas y de filantropía.

Artículo 45.- Para que una organización nacional juvenil pueda participar en el Parlamento Nacional de la Juventud deberá cumplir con los siguientes requisitos: A).- Presentar a la Mesa Directiva una solicitud de registro;
B).- Formular y entregar un programa de trabajo;

C).- Presentar un listado con el nombre y domicilio de sus integrantes;
D).- Los estatutos que normen sus actividades; y
E).- Acreditar antigüedad mínima de un año.

Artículo 46.- La solicitud de registro deberá contener por lo menos lo siguiente : A).- Fines de la organización;

B).- El compromiso de promover permanentemente la afiliación individual y voluntaria de sus miembros a actividades políticas, de compromiso con los valores democráticos y libertarios de México; y

C).- El compromiso de realizar las acciones y tareas necesarias para el cumplimiento del programa del Parlamento Nacional de la Juventud.

Transitorios

Primero.- La presente Ley entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- La presente Iniciativa se enviará en forma simultánea a las comisiones de la Cámara de Diputados para efectos del dictamen correspondiente, a los Poderes Ejecutivo y Judicial, así como a las instituciones educativas, organizaciones de jóvenes y organizaciones no gubernamentales con cobertura nacional con fines dirigidos hacia la juventud. Previamente a la emisión del dictamen las comisiones a las que se haya turnado la presente Iniciativa considerarán las propuestas que resulten de dicha consulta a la sociedad.

Tercero.- Se procederá a revisar el marco jurídico y a realizar las adecuaciones correspondientes en la legislación vigente, con objeto de que adecuarla a lo dispuesto por el presente ordenamiento.

Atentamente

Dip. Benjamín Ayala Velázquez (rúbrica)

Dip. Jaime Cleofas Martínez Veloz

Por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional

Palacio Legislativo, 31 de octubre de 2001.

(Túrnese a la Comisión de Juventud y Deporte. Octubre 31 de 2001.)
 
 
 
 

 

DE REFORMAS A LOS ARTICULOS 21, 73 Y 102 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA ESTABLECER LA CORRESPONSABILIDAD DE LAS AUTORIDADES FEDERAL, DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL EN LA INVESTIGACION Y LA PERSECUCION DE DELITOS CONTRA LA FEDERACION DE CONFORMIDAD CON LA LEY. PRESENTADA POR EL DIPUTADO DAVID RODRIGUEZ TORRES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, EN LA SESION DEL MIERCOLES 31 DE OCTUBRE DE 2001

Con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los abajo firmantes diputados federales del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en esta LVIII Legislatura, sometemos a consideración de esta Asamblea la presente iniciativa por la que se reforman diversas disposiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a fin de establecer la corresponsabilidad de las autoridades federal, estatal y del Distrito Federal en la investigación y persecución de los delitos contra la Federación que determinen las leyes respectivas, misma que se fundamenta y motiva bajo la siguiente:

Exposición de Motivos

El fenómeno de criminalidad, principalmente la dedicada a la producción, el tráfico y el consumo de drogas representa hoy por hoy una grave amenaza para la salud y la libertad, el bienestar de los ciudadanos de todo el mundo, a la vez que atenta contra la estabilidad y la soberanía de los propios Estados; se caracteriza además por ser un fenómeno dinámico y complejo, por lo que tradicionalmente ha planteado serios problemas para ser abordado de forma eficaz por las instancias de gobiernos nacionales y supranacionales.

La capacidad de las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas supera cualquier frontera y el ámbito de competencia, y en consecuencia, amenaza el orden y la seguridad de regiones, Estados y naciones donde desarrollan sus actividades. Por ello debemos entender con claridad que en nuestro país todos los ordenes de gobierno son o deben ser corresponsables para enfrentar con decisión y eficacia este problema tan lacerante.

La delincuencia común, la organizada y particularmente el narcotráfico, no respetan límites ni ámbitos de competencia, lo mismo desarrollan sus actividades en las zonas rurales que en las grandes ciudades, lo mismo en el campo que en las grandes industrias. Por ello, las autoridades deben, sin abandonar la geografía de sus atribuciones, perfeccionar y adecuar su marco de actuación para enfrentar con eficacia el combate al crimen. No es momento para dilataciones ni pérdida de energía con debates o discusiones sobre lo que es o ha sido el marco jurídico mexicano; sino lo que reclaman los nuevos retos para la persecución e investigación de los delitos, particularmente de los que más agravian a la sociedad.

Si bien es imperioso seguir fortaleciendo los mecanismos de cooperación internacional que hoy comienzan a rendir mejores frutos, también lo es el de redimensionar la colaboración de las autoridades a nivel nacional; es decir de las autoridades locales con las federales en el combate al crimen. A fin de cuentas, las acciones que se emprendan en colaboración habrán de reflejar sus resultados tanto en el interior como en el exterior de las naciones. Será entonces cuando podremos hablar de esfuerzos y logros realmente compartidos.

Lo hemos reiterado: la delincuencia organizada como lo es el narcotráfico amenaza a la seguridad nacional porque vulnera los valores más importantes de un Estado, porque debilita las instituciones y daña el Estado de derecho y porque la extraordinaria cantidad de recursos que maneja llega a poner en entredicho la capacidad de las autoridades para enfrentarlo. Pero, además, es indispensable que los procedimientos y los mecanismos y de colaboración nacional se vean reflejados adecuadamente y no se diluyan en meras expectativas de coordinación, en muchos de los casos; y que la búsqueda de culpables no esté cobijada en la falta de competencia, por parte de las autoridades locales.

Estamos convencidos que sólo a través de una formulación de políticas, estrategias, acciones integrales y corresponsales en el nivel nacional, se logrará mayor eficiencia y eficacia en la lucha contra el crimen, como el narcotráfico.

Es responsabilidad de todas las instituciones de esta Federación, que intervienen en la prevención, la persecución, la represión del delito y la readaptación del delincuente, coadyuvar en la consecución de esta propuesta. La premisa es constituir un frente común ordenado, integral y coherente. Ya no es posible que algunos importantes esfuerzos no tengan el impacto esperado, por haberse hecho de manera aislada y discontinua. Hace falta, en consecuencia, el establecimiento de un nuevo marco jurídico que privilegie los esfuerzos e involucre las potencialidades para mejores resultados; donde la sociedad vea en el Estado no una pulverización de los esfuerzos sino una sintonía y una solidez en el combate a la criminalidad, bajo una óptica íntegra, así como en atención a la premisa de corresponsabilidad institucional que debemos fortalecer.

El enfoque integral para enfrentar el delito debe hacerse bajo dos vertientes esenciales: eficiencia y eficacia, por un lado, y corresponsabilidad institucional por el otro. La corresponsabilidad implica precisión en las tareas y en las acciones y ágil vinculación interinstitucional en la suma de esfuerzos, no de manera caprichosa o de libre albedrío, sino como un deber y una obligación de Estado.

La corresponsabilidad en la lucha contra el fenómeno del narcotráfico implica la acción de todas las dependencias del Ejecutivo Federal, pero también una mayor corresponsabilidad en los niveles municipal y estatal. Lo anterior hace necesario un replanteamiento de las competencias en el combate a este fenómeno.

En este sentido, se propone que las autoridades locales asuman cada vez mayor responsabilidad; así por ejemplo cabe resaltar que el fenómeno del narcotráfico se manifiesta frecuentemente en las ciudades de todo el país, por lo que las autoridades deben estar en posibilidad de actuar inmediatamente bajo circunstancias y condiciones específicas; que las entidades federativas estén facultadas para conocer de delitos que hoy son de competencia del orden federal. Sin duda este es un planteamiento novedoso, pero que de ninguna manera debilita ni quebranta, sino por el contrario es acorde con las tendencias de un nuevo federalismo, que dé respuestas a la demanda social de seguridad pública que demandan los ciudadanos.

Es importante detenernos a reflexionar sobre la transcendencia de esta iniciativa porque incorpora no sólo a las autoridades federales, sino también a las locales, en un esfuerzo por combatir de manera más amplia el fenómeno de la criminalidad, particularmente del narcotráfico. Con pleno respeto a las esferas de atribuciones locales y federal, las autoridades de las entidades federativas y las federales deben involucrarse más en los esquemas de corresponsabilidad, y no sólo de mera coordinación o de meros auxiliares de las autoridades federales.

Al conocer este tipo de delitos, las procuradurías estatales pueden constituirse no sólo en instancias de recopilación de información oportuna o en meros ayudantes de las autoridades federales, sino en verdaderos órganos de investigación y persecución de determinados delitos, porque en el combate a este tipo de delincuencia, la única frontera que debe tenerse es la de la improvisación, la ineficacia y la corrupción.

Ha quedado en evidencia que varios de los modelos tradicionales, normativos e institucionales necesitan ser evaluados y, en muchos casos, completamente redimensionados. Hemos reconocido que la legislación mexicana no responde a los requerimientos actuales para el combate al crimen organizado y particularmente al narcotráfico.

Es muy grato observar que estamos rompiendo con paradigmas, inercias y rezagos ancestrales al postularnos por una nueva concepción normativa frente al crimen organizado. Predomina ya la necesidad de un nuevo esquema jurídico para luchar contra la delincuencia organizada, como es el narcotráfico; Ejecutivo Federal, legisladores, jueces, altos mandos policiales, juristas y especialistas en el tema coinciden en este imperativo.

Es muy importante el esfuerzo que la Cámara de Diputados realice para reflexionar en torno a este fenómeno y aportar elementos que integren al sistema jurídico mexicano nuevas herramientas para hacer una lucha más eficiente.

El problema del narcotráfico no es coyuntural. Es un problema histórico que hoy tiene nuevas formas de manifestación y que de no detenerlo provocará consecuencias de descomposición social y de debilitamiento institucional inimaginables.

Luchar contra el crimen, además de una obligación, es un presupuesto para la consecución del Estado de derecho, la democracia, la armonía y la paz social.

Más aún, la medida que se propone es necesaria, porque como lo han reconocido los propios ideólogos de las políticas de emergencia, la denominada delincuencia organizada, produce también delincuencia común que le es parasitaria, lo cual pone de manifiesto que ambas se encuentran tan íntimamente vinculadas que cualquier esfuerzo para hacer una distinción nítida, resultaría arbitrario. En ese sentido, también se justifica el que los gobiernos locales participen activa y directamente en la investigación y persecución de delitos de carácter federal; como en su momento también lo llega a ser la Federación mediante el instrumento de atracción.

La necesidad de fortalecer la colaboración de los diferentes órdenes de gobierno, tiene ya antecedentes en nuestro sistema de justicia y seguridad pública. El reconocimiento más notable de esta exigencia se dio con la reforma al artículo 21 constitucional en el año de 1994, donde a nivel constitucional se aborda el tema de la seguridad pública, desde una visión integral y de colaboración entre los diversos órdenes de gobierno.

En efecto, en la exposición de motivos de dicha iniciativa, como de los dictámenes respectivos de la Cámaras del Congreso, se reconoció la necesidad de concertar las acciones de los diversos niveles o planos del Estado; es decir, de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios, para entender y atender éste asunto completo y apremiante, considerando que la seguridad pública es una función distribuida entre los diversos niveles de gobierno, conforme al ámbito de sus respectivas competencias. Con ésta reforma se sienta el deber de las autoridades y el derecho de los gobernados a la seguridad pública, encuadrándola dentro de los preceptos de garantías individuales.

La reforma, incorpora en el quinto párrafo del artículo 21, los principios que deben normar la actividad de las instituciones policiales: legalidad, eficiencia, profesionalismo, y honradez. Así se hizo también en lo que hace a la carrera judicial y al Consejo de la judicatura, temas de la misma reforma de 1994, de donde se deduce que la Constitución no distingue entre las distintas instituciones y funciones policiales existentes. Por ello se concluye que el nuevo concepto abarca tanto a los cuerpos policiales de prevención como a los de investigación y persecución de los delitos.

Derivado de esta reforma constitucional se dio origen a "un Sistema Nacional de Seguridad Pública", cuyo precedente, de mayor alcance, se halla en el "Sistema Nacional de Procuración de Justicia", incluido en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República de 1983, por reformas de 1987. Esta adición constitucional, considera, como ya se dijo la necesaria coordinación entre los diversos planos de gobierno, proponiendo que esa coordinación quede regulada por una ley, misma que fue expedida en diciembre de 1995 por el Congreso de la Unión, conforme a la facultad conferida en la fracción XXIII del artículo 73 constitucional. Esta ley es conocida como la Ley General que Establece Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Es por estas reformas constitucionales, como se introducen valiosos elementos para establecer políticas, que de manera integral, coincidente y coordinada entre Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios se pretendió hacer frente a la problemática de inseguridad pública, y se dan las bases para la definición de una política criminológica.

Incluso la citada Ley señala en su artículo 3º que "Conforme al artículo 21 constitucional y para los efectos de esta ley, la seguridad pública es la función a cargo del Estado que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como para preservar las libertades, el orden y la paz públicos. Las autoridades competentes alcanzarán los fines de la seguridad pública mediante la prevención, persecución y sanción de las infracciones y delitos, así como la reinserción social del delincuente y del menor infractor... La función de la seguridad pública se realizará en los diversos ámbitos de competencia, por conducto de las autoridades de policía preventiva, del Ministerio Público, de los tribunales, de las responsables de la prisión preventiva, ejecución de penas y tratamiento de menores infractores, de las encargadas de la protección de las instalaciones y servicios estratégicos del país, así como por las demás autoridades que en razón de sus atribuciones, deban contribuir directa e indirectamente al objeto de esta ley ".

Asimismo en la citada Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública se plantean conceptos tales como: 1) La coordinación de la Federación, Estados y Municipios para la seguridad pública; 2) Del Consejo Nacional de Seguridad Pública como instancia superior de coordinación del Sistema Nacional; 3) De los Consejos Locales de Coordinación; 4) De la actuación y formación de los miembros de las instituciones policiales estableciendo la carrera policial como elemento básico; 5) Del Registro Nacional del Personal de Seguridad Pública; 6) Del Registro Nacional de Armamento y Equipo; 7) Base nacional de datos sobre presuntos responsables, indiciados, procesados o sentencia; 8) De la participación de la comunidad y de 9) Los servicios privados de seguridad.

Como se ha podido observar y como ya se dijo, con la reforma de 1994, se abrió la puerta para empezar a considerar a la seguridad pública en una visión global, una responsabilidad del Estado, una eficaz coordinación de los tres niveles de gobierno y un Sistema Nacional de Seguridad Pública que se vio complementado con la ley respectiva. Sin embargo, a pesar de estos propósitos y a seis años de ello, no se cumplió con las metas propuestas, que obviamente exigían en nuestra situación respuesta rápida, a fin de no agravar el problema de la criminalidad.

Podemos afirmar que el sistema de coordinación entre Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios está en una trinchera de cuestionamientos. Incluso hay quienes han sostenido que dicha coordinación fracasó; que ello se refleja en los resultados en el combate a la delincuencia.

Precisamente por eso, es que consideramos pertinente dar un paso novedoso a la conformación de un sistema adicional y mucho más ambicioso para sumar las potencialidades de la Federación y de las Entidades Federativas para combatir el crimen; por lo cual se propone establecer la obligación tanto de las autoridades locales como de la Federación para que participen corresponsablemente en la investigación y persecución de los delitos de orden federal de conformidad con las disposiciones que establezca la ley.

Esta propuesta de ningún modo viene a sustituir el sistema de coordinación que se ha referido, por el contrario viene a sumarse como un instrumento jurídico que permita una mejor respuesta a la criminalidad por parte de las autoridades de los órdenes de gobierno federal y estatal.

Tal vez, para muchos juristas o doctrinarios esto pueda resultar una propuesta inviable, no obstante ya hemos acotado que en los antecedentes históricos se han dado señales para la urgente revitalización de la debida colaboración de los órdenes de gobierno en esta materia.

Tal vez la única justificación en contra de este proyecto sea el prejuicio o los tabúes que puedan generarse a este respecto, pero ante la criminalidad es necesario redimensionar los esquemas clásicos institucionales, que hasta el momento han tenido un saldo negativo.

Sin duda un punto importante en la agenda para la transición democrática es el rumbo a tomar en la lucha contra las organizaciones criminales, principalmente las vinculadas al tráfico de drogas. No se puede negar, que hasta ahora han sido insuficientes los esfuerzos dirigidos a dar significado al ímpetu democratizador en el ámbito de las políticas contra esta forma de delincuencia organizada. De aquí la importancia y la necesidad de someter al análisis alternativas a este respecto, como la que hoy se plantea en esta iniciativa.

La actual justificación dogmático-normativa de la concentración de facultades por parte de la Federación en materia de determinados delitos, como es el de la salud; se funda en la fracción XXI del artículo 73 constitucional, que establece como una de las facultades del Congreso de la Unión la "de establecer los delitos y las faltas contra la Federación y fijar los castigos, que por ello deban imponerse".

En este sentido, el legislador federal ordinario interpretando esto, ha establecido en diversas disposiciones cuáles son los delitos de carácter federal. Es así que determinó en el inciso a), fracción primera, del artículo 50 de la Ley del Poder Judicial de la Federación, que son delitos del orden federal, "los previstos en las leyes federales..."

Bajo este panorama, parece haber habido una equivocación de interpretación por parte del legislador ordinario, toda vez que la Carta Fundamental faculta al Congreso de la Unión para establecer delitos "contra la Federación", y no para establecer delitos del orden federal, que es cosa muy distinta. En tal virtud, de lo establecido en la Ley Orgánica citada se desprende que son delitos federales los previstos en las leyes federales, por ese solo hecho.

Lo anterior deriva que toda conducta establecida como delito en una ley federal, da a la conducta ilícita, el carácter de federal, independientemente de cualquier otra consideración.

Es así, que bajo esta interpretación a la fracción XXI del artículo 73 constitucional, implica que una vez que el legislador ordinario federal incorpora una conducta como delito en las leyes federales, las entidades federativas quedan impedidas en dichas materias, y algunas de las veces prácticamente marginadas.

La concentración en el ámbito de la Federación de las facultades legislativas, jurisdiccionales y ejecutivas de determinados delitos como los vinculados con el narcotráfico ha derivado en una afectación de la autonomía política de las entidades federativas, así como en el sacrificio de sus márgenes de gobernabilidad o de actuación contra determinados delitos, en perjuicio de la seguridad pública de los habitantes del Estado.

La seguridad pública, entendida como la función a cargo del Estado que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos, mediante la prevención del delito, debe ser un asunto donde participe de manera activa la comunidad directa, municipal o local.

En ello consiste el principio de inmediatez que se desprende del federalismo, en la satisfacción de las demandas del gobernado, en primer término, por la comunidad inmediata y, sucesivamente, por las instancias estatal y federal. Este principio, que ha orientado la evolución reciente de la seguridad pública, ha operado en sentido inverso en la lucha contra determinada delincuencia, como lo es el caso de los vinculados con el narcotráfico.

Estamos de acuerdo que la justicia penal, es una función que debe definirse según el bien jurídico tutelado. De ahí que sea válida la existencia de una esfera penal federal y las locales. Pero también responde al principio de inmediatez derivado del federalismo, de modo que los bienes jurídicos deben ser protegidos por las instancias de gobierno más inmediatas, salvo las excepciones de la propia Carta Magna.

Aunque también estamos conscientes que el ejercicio de la justicia penal no puede considerarse como una facultad a ejercitar por los municipios, ya que la jurisdicción, conforme a la interpretación sistemática de los artículos 49 y 116, primer párrafo de la Constitución, sólo puede ser ejercida en los ámbitos federal y de los estados, no en el municipal, en virtud, de que este orden de gobierno no cuenta propiamente con poderes judiciales.

Efectivamente, la inmediatez en materia de seguridad pública y de justicia, desde la visión integral que ya hemos acotado, no excluye, sino da sentido al principio de solidaridad y subsidiaridad, que está o debe entenderse explícito en el federalismo, cuya naturaleza exige que ninguna instancia intermedia de gobierno pueda ser abandonada a su suerte ante amenazas a su existencia política. La Federación está para apoyarlas y a subsanar sus deficiencias, siempre que las medidas adoptadas para ello, tengan un carácter transitorio o circunstancial; de lo contrario al prolongarse en el tiempo la incapacidad de los estados y municipios, para combatir con éxito la delincuencia en cualquiera de sus formas, cesarían las razones jurídicas y políticas para su subsistencia como componentes del Estado federal.

Por otra parte, hay que considerar que los gobiernos locales también se han visto mermados en su actuación, por virtud del principio de conexidad aparejado a la comisión de delitos del fuero federal. El principio de conexidad lo establece el párrafo segundo de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución que dispone que las autoridades federales podrán conocer también de los delitos del fuero común, cuando éstos tengan conexidad con los delitos federales.

Es así, que aunque el delito federal quede a la postre desvirtuado, los jueces federales siguen conociendo de los delitos del fuero común considerados conexos, de conformidad con el criterio de tesis jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a este respecto.

El resultado de esto es que la concentración de facultades en materia de delitos por conexidad, no sólo excluye a las entidades federativas de la lucha contra determinadas conductas delictivas, sino que en estos casos las relega de los delitos del fuero común conexos a la delincuencia del orden federal, como la narco-criminalidad, aunque al final se demuestre que se trata de delincuentes comunes.

Además, el esquema descrito que permite la concentración de facultades de la Federación en delitos de suma gravedad, no sólo afecta a las entidades federativas como tales, sino que se traduce en una afectación también a los gobernados, en cuanto a su derecho a la seguridad y el orden en su persona, familia y patrimonio, que deben proporcionar las autoridades más inmediatas.

Por eso, y ante el ímpetu de democratización hace necesario la revisión de los presupuestos sobre los que se ha diseñado el modelo vigente de lucha contra el crimen, particularmente del que más vulnera a la sociedad, el narcotráfico.

Como en otros ámbitos de la vida pública , el fortalecimiento de un auténtico federalismo será una de las claves para emprender el reajuste de las instituciones de seguridad y justicia, en las que se incluye obviamente las responsables de la investigación y persecución de los delitos a los nuevos tiempos.

Sólo la adecuación correcta y pertinente de la distribución constitucional de competencias y la debida corresponsabilidad de los órdenes de gobierno estatal y federal en el combate al crimen puede lograr un combate mejor y más eficaz que el actual, de no darse el perfeccionamiento del marco legal y la suma de esfuerzos lo que se vislumbra es que no solo habremos perdido la batalla sino la guerra contra este fenómeno social tan deplorable. Además de que los estados de la República no podrán comprometerse cabalmente con la seguridad de sus gobernados.

Por ello es importante, que se faculte a los Estados de la Federación, así como al Distrito Federal de la posibilidad de investigar y perseguir aquellos delitos contra la Federación que determinen las disposiciones ordinarias correspondientes. Con lo que se deja al legislador ordinario para establecer los casos o conductas delictivas de esa naturaleza a las que quedan facultadas las autoridades locales, como bien puede ser el caso de los delitos más frecuentes en las entidades federativas como son los delitos contra la salud.

Con estas reformas se pretende, como se hizo en su momento con las reformas en materia de seguridad pública, transformar radicalmente la concepción de colaboración entre las autoridades locales y federal en cuanto a la investigación y persecución de los delitos, en su contenido y alcance, y que sea el auténtico federalismo un sistema que redunde en beneficio de la sociedad y no una concepción equívoca que sea un obstáculo para la función estatal de persecución del delito.

Hasta ahora parece insuficiente el simple esquema de coordinación para la investigación y persecución de determinados delitos. No ha sido suficiente el establecimiento de convenios de coordinación, ni que en la propia Ley Orgánica de la Procuraduría General de la. República se haya establecido en la fracción X del artículo 20 que entre las funciones que le corresponden al Ministerio Público de la Federación está la de "Convenir con las autoridades competentes de las entidades federativas sobre materias del ámbito de su competencia". Disposición que se encuentra complementada con el artículo 12 de la citada Ley, al disponer prácticamente que dicha facultad es para que las autoridades locales colaboren como auxiliares del Ministerio Público Federal.

Es así, que dichos convenios de colaboración sitúan en desventaja a las autoridades locales, primero por que dicha función queda al consentimiento de las partes; y más de la voluntad de la autoridad Federal, y por otra, porque al situarse a las autoridades locales como meros auxiliares limita o disminuye su función como investigador o persecutor de delitos contra la Federación.

Incluso esto es indispensable ante el aliento que ha tenido la delincuencia organizada en nuestro país, y su expresión en entidades federativas como son el Estado de México, Jalisco, Veracruz, Tamaulipas, Sonora, Durango, Michoacán, Sinaloa, Quintana Roo, Chihuahua, Guanajuato, San Luis Potosí, Baja California y el Distrito Federal.

Por ello, urge un replanteamiento profundo y más sólido de las instituciones y acciones de la procuración de los delitos. Resulta insoslayable y urgente optimizar las acciones públicas para contrarrestar los perniciosos efectos del incremento y proliferación de la delincuencia. La respuesta que aquí se plantea en ese sentido se inspira, mediante la creación de un marco jurídico constitucional que siente las bases para la corresponsabilidad y fortalecer la colaboración institucional responsables de la procuración de justicia.

Por lo anteriormente expuesto es que sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea Nacional, el siguiente proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 21, 73 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

UNICO.- Se reforma el párrafo segundo del artículo 102 y se adiciona un párrafo tercero al artículo 21 y un párrafo segundo a la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo. 21.- ...

..............

La Federación, los Estados y el Distrito Federal serán corresponsables de investigar y perseguir aquellos delitos contra la Federación, que se señalen de conformidad con la ley.

................

.............

...............

Artículo 73.- ...

I a XX.- ...

XXI.- ..........

Las autoridades de los Estados y del Distrito Federal conocerán de los delitos contra la Federación, de conformidad con lo que dispongan las leyes.

................

XXII a XXX.- ...

Artículo 102.- ...

Incumbe al Ministerio Público de la Federación, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo segundo de la fracción XXI del artículo 73 de la presente Constitución, la persecución, ante los tribunales, de todos los delitos del orden federal; y por lo mismo a él le corresponderá solicitar las ordenes de aprehensión contra los inculpados; buscar y presentar las pruebas que acrediten la responsabilidad de éstos; hacer que los juicios se sigan con toda regularidad para que la administración de justicia sea pronta y expedita; pedir la aplicación de las penas e intervenir en todos los negocios que la ley determine.

..............

Transitorios

Unico.- El presente Decreto entrará en vigor a los 90 días (o cuando inicie un año) siguientes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en Palacio Legislativo el día 31 de octubre de 2001.

Diputados: David Rodríguez Torres, José Borunda Zaragoza, David Rodríguez Torres, Abelardo Escobar Prieto, María Eugenia Galván Antillón, César Patricio Reyes Roel, Francisco Jurado Contreras, Manuel Narváez Narváez, Arturo Meza de la Rosa (rúbricas).

(Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales. Octubre 31 de 2001.)
 
 
 

DE REFORMAS A LA LEY FEDERAL DE CINEMATOGRAFIA, PRESENTADA POR EL DIPUTADO FELIX SALGADO MACEDONIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DEL MIERCOLES 31 DE OCTUBRE DE 2001

En ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55, fracción II, 56 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito diputado federal por el Partido de la Revolución Democrática J. Félix Salgado Macedonio, propone ante la consideración de esta soberanía iniciativa que contiene proyecto de decreto por el que se reforma y modifica el artículo 37, párrafo segundo, de la Ley Federal de Cinematografía apoyándome para ello en la siguiente:

Exposición de Motivos

La Ley es sin duda la fuente inmediata de mayor importancia para un Estado que se precia de ser democrático y de derecho, es por ello que se estima de fundamental trascendencia que la función legislativa contribuya a velar por que su contenido sea en efecto general, abstracto e impersonal, a fin de evitar que de su letra se desprendan situaciones excluyentes en perjuicio de los gobernados con franca infracción a las garantías de igualdad contempladas en diversas disposiciones de nuestra Carta Magna.

En otro orden de ideas y abocándonos al tópico que nos interesa abordar, vale la pena que recordemos que la figura del sindicato es plenamente reconocida en diversos dispositivos de la Ley Federal del Trabajo y específicamente por mandato de los artículos 368 y 374 de ese ordenamiento, un sindicato legalmente conformado se reputa como persona moral con derechos y obligaciones, produciendo su registro efectos ante todas las autoridades.

Expresado lo anterior si un sindicato de trabajadores ha sido legalmente conformado y registrado ante las autoridades competentes lo lógico sería que fuera el mismo legislador quien en primer término tuviera la obligación ineludible de respetar los efectos y derechos que la ley le atribuye a la figura del sindicato; sin embargo el artículo 37, párrafo segundo, de la Ley Federal de Cinematografía al precisar que el comité técnico al que alude sólo puede ser integrado, entre otros, por un representante del Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica de la República Mexicana, resulta ser un verdadero contrasentido a lo dispuesto por la ley laboral vigente en virtud de que con su redacción tan injustificadamente limitativa, desconoce la existencia de agrupaciones sindicales diferentes a la especificada en su texto tales como el "Sindicato de Trabajadores de la Industria Cinematográfica, Similares y Conexos de la República Mexicana" (STIC) que data desde el año de 1939 y que, hasta el momento ha sido el único sindicato nacional de industria del cine. Es por lo anterior que se afirma que la redacción actual del párrafo en comento coarta el legítimo derecho que asiste a otros sindicatos legalmente constituidos y debidamente registrados ante las autoridades correspondientes de participar en el comité técnico al que queda referido y, ante esta tesitura no nos queda mas que reconocer que el párrafo del artículo sometido a estudio es contrario a los principios de equidad, justicia e igualdad consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como en la Ley Federal del Trabajo.

Por lo antes expuesto y con el propósito legitimo de evitar exclusiones injustificadas contrarias a todo régimen de derecho es que se propone ante esta soberanía el siguiente proyecto de decreto por el que se reforma y modifica el artículo 37, párrafo segundo, de la Ley Federal de Cinematografía:

Unico.- Se modifica el párrafo segundo del artículo 37 de la Ley Federal de Cinematografía para quedar como sigue:

Artículo 37.- El fideicomiso contará con un Comité Técnico que se encargará de evaluar los proyectos y asignar los recursos.

Dicho Comité se integrará por: Un representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; uno del Instituto Mexicano de Cinematografía; uno por la Academia Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas: uno designado de común acuerdo por los diversos sindicatos de cinematografístas de la República Mexicana, uno de los productores, uno de los exhibidores y uno de los distribuidores, a través de sus organismos representativos.

Transitorios

Unico.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

México, Distrito Federal, a 31 de octubre del 2001.

Diputados: J. Félix Salgado Macedonio, Enrique Herrera y Bruquetas, Tomás Torres Mercado (rúbricas).

(Túrnese a las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía; y de Cultura. Octubre 31 de 2001.)
 
 
 

QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE, PRESENTADA POR EL DIPUTADO DIEGO COBO TERRAZAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM, EN LA SESION DEL MIERCOLES 31 DE OCTUBRE DE 2001

Bernardo de la Garza Herrera, Francisco Agundis Arias, José Antonio Arévalo González, Esveida Bravo Martínez, María Teresa Campoy Ruy Sánchez, Olga Patricia Chozas y Chozas, Diego Cobo Terrazas, Arturo Escobar y Vega, José Rodolfo Escudero Barrera, Sara Guadalupe Figueroa Canedo, Nicasia García Domínguez, Alejandro Rafael García Sainz Arena, Juan Ignacio García Zalvidea, María Cristina Moctezuma Lule, Julieta Prieto Fuhrken, Concepción Salazar González, Erika Elizabeth Spezia Maldonado, diputados de la LVIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos se turne a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Octava Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa:

Exposición de Motivos

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 1988 y modificada el 13 de diciembre de 1996. Desde su entrada en vigor esta Ley ha buscado establecer en nuestro país los criterios planes y programas para una política ambiental basada en el desarrollo sustentable, que busque garantizar el derecho a un medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar de los mexicanos de esta y las siguientes generaciones. Sin embargo a la luz de los hechos y las experiencias nos podemos percatar sobre la necesidad de adecuar y actualizar diversas disposiciones en materia de Ordenamiento Ecológico del Territorio, impacto ambiental, y sistema de Areas Naturales Protegidas, pues es en estos aspectos en donde se centran los esfuerzos de la errática política ambiental y que muestran hoy en día signos de debilidad y lagunas jurídicas que evitan la aplicación de medidas tendientes a prevenir, mitigar y revertir los daños al medio ambiente.

La presente iniciativa busca hacer ajustes en aquellas áreas que resultan vitales para la preservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales de nuestro país.

Las modificaciones propuestas resultan de vital importancia, toda vez que la situación ambiental del país así lo demanda. México es hoy víctima de elevados niveles de deforestación que en el caso de las selvas tropicales llegan al 5% anual, lo que significa que para el año 2010, de mantenerse esta tendencia, nuestro país habrá perdido la totalidad de estos ricos ecosistemas. Los bosques templados por su parte también presentan graves afectaciones que en muchos de los casos son ya irreversibles por el grado de erosión de los suelos. Los procesos de urbanización e industrialización avanzan sin los controles suficientes de planeación, poniendo en riesgo no solamente al ambiente, sino también la estabilidad social y económica en las grandes urbes. Es el caso de la ciudad de México cuyos problemas de disponibilidad de agua serán en un futuro cercano motivo de conflictos sociales graves.

En lo que respecta a la biodiversidad hemos sido incapaces de detener el trafico ilegal de flora y fauna silvestre, y aunado a ello debemos ahora sumar los efectos negativos producto de los adelantos tecnológicos como lo es la biotecnología, que no solo ha traído importantes beneficios a la humanidad, sino también grandes retos ambientales que enfrentar. Así lo demuestra la contaminación del maíz criollo, nativo de nuestro país, que irresponsablemente fue contaminado genéticamente de forma irreversible, poniendo en riesgo su existencia.

Estos son solo algunos datos alarmantes de la grave situación ecológica que padecemos y para los cuales proponemos hoy mediante esta iniciativa los instrumentos que consideramos adecuados para atacar parte de esta problemática.

Estamos convencidos que sin la participación activa de la sociedad estos grandes retos ambientales no podrán ser resueltos por lo que también estamos proponiendo una mayor participación social a través de mejorar los esquemas de consulta pública ya previstos actualmente pero ineficaces en su aplicación. La experiencia de Xcacel en Quintana Roo que llevó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de esta Cámara a realizar un foro de participación y consulta ciudadana evidenció la madurez de la ciudadanía y fue ejemplo de una actitud cívica, participativa y responsable, que necesariamente debe ser incorporada a las nuevas reglas democráticas del país.

Así pues, los integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México sometemos a la consideración de esta Honorable asamblea, la presente iniciativa de:

DECRETO mediante el cual se adicionan las fracciones XXXVI y XXXVII al artículo 3º y las fracciones V y VI al artículo 49; se reforman los artículos 20 BIS 2, 28, 28 BIS 2, 33, 34, 35, 37 BIS, 46, 54, 57, 58, 60, y 65 y se adiciona un artículo 37 TER, todos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

ARTICULO PRIMERO.- Se adicionan las fracciones XXXVI y XXXVII al artículo 3º y las fracciones V y VI al artículo 49 ambos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para quedar como sigue:

Artículo 3.- ...

I a la XXXV. ...

XXXVI.- Flora y/o Fauna exótica: Las especies vegetales y/o animales respectivamente, así como los hongos y microorganismos, que sin ser originarios del territorio nacional o nativos de un ecosistema determinado, son introducidos y se desarrollan dentro del mismo de manera libre o bajo el control del hombre alterando la composición natural de dicho ecosistema.

XXXVII.- Organismo Genéticamente Modificado: Cuaquier organismo cuya información genética haya sido alterada por acción del ser humano, cambiando su composición u orden natural.

Artículo 49.- En las zonas núcleo de las Areas Naturales Protegidas, quedará expresamente prohibido: I. ...........

II. ...........

III. ............

IV. ..........

V.- Realizar obras o actividades que impacten, degraden o alteren los ecosistemas;

VI.- Introducir especies de flora y/o fauna exótica u organismos genéticamente modificados.

ARTICULO SEGUNDO.- se reforman los artículos 20 BIS 2, 28, 28 BIS 2, 33, 34, 35, 37 BIS, 46, 54, 57, 58, 60, y 65 todos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para quedar como sigue:

Artículo 20 BIS 2.- Los Gobiernos de los Estados ... .

............

Cuando un programa de ordenamiento ecológico regional incluya un área natural protegida, competencia de la Federación, o parte de ella, el programa deberá ser elaborado y aprobado en forma conjunta por la Secretaría y los Gobiernos de los Estados o el Distrito Federal, según corresponda.

Artículo 28.- La evaluación de impacto ambiental ....

I. ...........

II. ........

............

XIV.- La liberación al ambiente de organismos genéticamente modificados.

Artículo 33.- Tratándose de las obras y actividades a que se refiere el artículo 28, la Secretaría notificará ...

Artículo 34.- Una vez que la Secretaría reciba una manifestación de impacto ambiental e integre el expediente a que se refiere el artículo 35, pondrá ésta a disposición del público, con el fin de que pueda ser consultada por cualquier persona. La utilización de la información contenida en los expedientes con fines de lucro en perjuicio del promovente de la manifestación de impacto ambiental, será objeto de la sanción administrativa a que se refiere esta Ley sin perjuicio de lo dispuesto por otros ordenamientos.

La Secretaría a solicitud de cualquier persona de la comunidad de que se trate, llevará a cabo una consulta pública conforme a las siguientes bases:

I.-La Secretaría publicará en el Diario Oficial de la Federación la solicitud de autorización de impacto ambiental, así como la manifestación de impacto ambiental y/o los informes preventivos que hubiere proporcionado el promovente, y pondrá a disposición del público en general cualquier información adicional al respecto.

II.-La Secretaría publicara en el Diario Oficial de la Federación y en un periódico de amplia circulación local tratándose de las obras o actividades previstas en las fracciones IV,V,VI,VII del artículo 28 y en un periódico nacional, tratándose de las obras y actividades previstas en las fracciones I, II, III, VIII, IX, X , XI, XII, XIII, XIV del mismo artículo, la convocatoria para llevar a cabo la consulta pública. La convocatoria señalará el lugar exacto de su realización, la hora, la fecha en la que se llevará a cabo la consulta pública.

Cualquier persona que se presente a la consulta pública podrá participar si así lo solicita y su opinión no podrá ser reconvenida, salvo en el caso de que se propinen injurias o se incite al desorden.

La consulta pública será la responsabilidad de la Secretaría, la cual proveerá de lo necesario para su correcto desarrollo; de igual manera la Secretaría fijará las reglas de la consulta, que no tendrán más límite que el respeto al derecho de todos los asistentes para participar.

III. Los promoventes de la autorización de impacto ambiental podrán solicitar a la Secretaría su intervención para llevar a cabo mesas de trabajo conjuntas con las autoridades locales y demás interesados independientemente de la consulta pública.?

IV. Invariablemente los resultados de las consultas públicas deberán ser consideradas entre los elementos en que se base la Secretaría para emitir su resolución. Las opiniones que se hubieren recibido por escrito en las consultas públicas serán consignadas en la resolución.

En el caso en que nadie solicitara la realización de una consulta pública, cualquier persona podrá hacer llegar por escrito a la Secretaría sus observaciones sobre la obra o actividad de que se trate y proponer el establecimiento de medidas de prevención y mitigación provisionales, las cuales deberán de ser consideradas por la Secretaría entre los elementos en que se base para emitir su resolución. Dichas observaciones deberán ser consignadas en la resolución.

V. Todas las observaciones propuestas y comentarios que se reciban por escrito en el proceso de una consulta pública o en el supuesto del párrafo inmediato anterior deberán ser consignadas en las resoluciones respectivas que emita la Secretaría sobre las autorizaciones de impacto ambiental. Cada una de ellas deberá ser analizada por la Secretaría señalando y fundando puntualmente el motivo por el que se aceptaron o desecharon según sea el caso.

Artículo 35.- Una vez presentada la manifestación de impacto ambiental ...

...........

.............

Una vez evaluada la manifestación de impacto ambiental la Secretaría emitirá, debidamente fundada y motivada, la resolución correspondiente en la que deberá:

..........

Artículo 37 BIS.- Las normas oficiales mexicanas en materia ambiental son de cumplimiento obligatorio en el territorio nacional y señalarán su ámbito de validez, vigencia, gradualidad en su aplicación y sanciones administrativas por su incumplimiento sin perjuicio de las previstas en otros ordenamientos.

Artículo 46.- Se consideran de áreas ...

I. ............

II. ...........

III. .......

............

X. ......

........

Los gobiernos de los Estados y el Distrito Federal, en los términos que establezca la legislación local en la materia, podrán establecer parques y reservas estatales. Dichos parques y reservas estatales no podrán establecerse en zonas previamente declaradas como Areas Naturales Protegidas de competencia de la Federación, salvo en lo previsto en la fracción VI de este artículo.

Así mismo, corresponde a los municipios ...

Artículo 54.- Las Areas de Protección de la Flora y Fauna se constituirán de conformidad con las disposiciones de esta Ley, de la Ley General de Vida Silvestre, de Pesca y de las demás leyes aplicables, en los lugares que contienen ...

Artículo 57.- Podrán establecer Areas Naturales Protegidas comprendidas en las fracciones I a VIII del artículo 46 de la presente Ley:

I.- El Ejecutivo Federal conforme a las disposiciones de la presente Ley y;

II.- El Honorable Congreso de la Unión mediante decreto de Ley.

Artículo 58.- Previamente a la expedición de las declaratorias para el establecimiento de las Areas Naturales Protegidas a que se refiere la fracción I del artículo anterior, se deberán realizar los estudios que lo justifiquen, en los términos del presente capítulo, los cuales deberán ser puestos ...

Artículo 60.- Las declaratorias para el establecimiento de las Areas Naturales protegidas que decrete el Ejecutivo Federal señaladas en las fracciones I y VIII del artículo 46 de esta Ley deberán contener por lo menos, los siguientes aspectos.

I. ... Artículo 65.- La Secretaría formulará dentro de un plazo de un año contado a partir de la publicación de la declaratoria respectiva en el Diario Oficial de la Federación, tratándose de áreas decretadas por el Ejecutivo Federal, el programa de manejo del Area Natural Protegida de que se trate, dando participación a los habitantes, propietarios y poseedores de los predios en ella incluidos, a las demás dependencias competentes, los gobiernos estatales, municipales y del Distrito Federal en su caso, así como a organizaciones sociales, públicas o privadas, universidades y centros de investigación, y demás personas interesadas.

Tratándose de Areas Naturales Protegidas decretadas mediante Ley del Congreso de la Unión, la Secretaría se atendrá a lo que dicho decreto establezca.

Una vez establecida un Area Natural Protegida de competencia federal, la Secretaría deberá designar al director de que se trate, quien será responsable de coordinar la ejecución y evaluación del programa de manejo correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y de las disposiciones que de ella se deriven.

ARTICULO TERCERO.- Se adiciona un artículo 37 TER, a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para quedar como sigue:

Artículo 37 TER.- Cualquier persona podrá proponer a la Secretaría la expedición de normas oficiales mexicanas en materia ambiental, sujetándose a las disposiciones previstas en la presente Ley. La Secretaría en un plazo no mayor a los cuarenta y cinco días naturales dará respuesta motivada y fundada al solicitante, y en su caso procederá a emitir la norma propuesta.

Transitorio

Unico.- Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 31 días del mes de octubre del año 2001.

Diputados: Bernardo de la Garza Herrera (rúbrica), Coordinador; Francisco Agundis Arias, Vicecoordinador José Antonio Arévalo González (rúbrica), Esveida Bravo Martínez (rúbrica), María Teresa Campoy Ruy Sánchez (rúbrica), Olga Patricia Chozas y Chozas, Diego Cobo Terrazas (rúbrica), Arturo Escobar y Vega, José Rodolfo Escudero Barrera, Sara Guadalupe Figueroa Canedo, Nicasia García Domínguez, Alejandro Rafael García Sainz Arena, Juan Ignacio García Zalvidea, María Cristina Moctezuma Lule, Julieta Prieto Fuhrken (rúbrica), Concepción Salazar González (rúbrica), Erika Elizabeth Spezia Maldonado (rúbrica).

(Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Octubre 31 de 2001.)
 
 

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Proposiciones

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CON PUNTO DE ACUERDO SOBRE EL NOMBRAMIENTO DE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA COMO "GENERALISIMO DE LAS AMERICAS", PRESENTADA POR EL DIPUTADO FERNANDO UGALDE CARDONA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, EN LA SESION DEL MIERCOLES 31 DE OCTUBRE DE 2001

El suscrito, en mi calidad de diputado federal integrante de la LVIII Legislatura del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional somete a la consideración del Pleno de esta H. Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el siguiente punto de acuerdo para que se establezca como fecha conmemorativa del nombramiento de don Miguel Hidalgo y Costilla como "Generalísimo de la Nación Americana" y conformación del Ejército Insurgente Mexicano.

Antecedentes

Miguel Hidalgo y Costilla, nació en Corralejo, Guanajuato. Estudió en el Colegio de San Nicolás Obispo, en Valladolid, donde recibió el grado de bachiller en letras. En el mismo año se graduó como bachiller en artes en la Real Pontificia Universidad de México, y en 1773 obtuvo el bachillerato en tecnología en la misma casa de estudios, donde figuró como Miguel Gregorio Hidalgo Costilla. Fue ordenado sacerdote en 1778. Impartió cátedra en el Colegio de San Nicolás donde fue tesorero, vicerrector, secretario y rector. Hablaba francés, italiano, tarasco, otomí y náhuatl. En 1788 estaba encargado de la sacristía de Santa Clara del Cobre. Pasó al curato de Colima y ocho meses después regresó a Valladolid para ser enviado a San Felipe, Guanajuato, donde promovió la alfarería compró una huerta e incrementó la biblioteca con libros de autores franceses entonces considerados contrarios a la religión y a la corona española. Celebraba reuniones con sus amigos y en ellas se discutían las ideas políticas de vanguardia. Fue acusado ante la Inquisición, que no pudo formarle juicio por falta de pruebas. En 1802 ocupó el curato de Dolores, donde instaló talleres de diversos oficios, introdujo la apicultura, la cría del gusano de seda y el cultivo de la uva, a la vez que alfabetizaba a sus feligreses.

El 22 de octubre de 1810, reunidos en la alargada plaza principal de Acámbaro, Guanajuato, los jefes del movimiento insurgente acordaron en consejo militar, dar a sus huestes la forma de un verdadero ejército, mejor conformado, organizado y disciplinado, otorgando a don Miguel Hidalgo y Costilla el nombramiento de "Generalísimo de la Nación Americana", máxima autoridad civil y militar, además de dar nombramientos de tenientes generales, mariscales de campo y brigadieres.

Todos ellos vistieron y estrenaron uniformes de acuerdo a su rango. El de don Miguel Hidalgo y Costilla era casaca de color azul, con collarín, vueltas y solapas de color rojo con bordados de hilos de oro y plata y un tahalí de terciopelo negro también bordado. En el pecho llevaba una medalla grande de oro con la imagen de la virgen de Guadalupe.

La proclamación se hizo estando en esta plazuela y caminaron en medio de una valla hasta el altar de la parroquia de San Francisco, en la cual se celebró una misa de acción de gracias por este feliz acontecimiento.

Después de este acto civil y religioso, Miguel Hidalgo y sus recién graduados militares, montaron a caballo y pasaron revista a sus tropas de batallones con mil hombres.

Así Acámbaro, municipio de Guanajuato, situado a los 20º y 2? de latitud norte y a los 100º y 43? de longitud oeste según el meridiano de Greenwich; limitando al norte con los municipios de Salvatierra y Tarimoro, al sur con el estado de Michoacán, al este con Jerécuaro y Tarandacuao y al oeste con el Lago de Cuitzeo, fue escenario histórico del primer antecedente de la agrupación militar que hoy en día tiene la misión de defender la integridad, independencia y soberanía de la nación; de garantizar la seguridad interior; apoyando a la población civil en casos de necesidades públicas; de realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país, además de en caso de desastre prestar ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio de las personas y bienes y en la reconstrucción de las zonas afectadas, entre otras.

Consideraciones

Sabemos que es primordial preservar la memoria de nuestra nación, procurando mantener viva la historia a través de conmemoraciones y festejos que nos hacen recordar la lucha que libraron miles de hombres y mujeres para cumplir el anhelo de vivir en una patria libre y llena de esperanza.

El celebrar o solemnizar el recuerdo de alguien que participó en esa ardua tarea es deber cívico de todo mexicano, además de asegurar a las generaciones venideras la continuidad en el conocimiento de nuestro pasado histórico.

Es justo que en el marco de nuestros festejos nacionales, se instaure el 22 de octubre como fecha conmemorativa que ha de recordar el acontecimiento glorioso, que reviste gran importancia histórica y llena de enorme orgullo a nuestro pueblo: el nombramiento de don Miguel Hidalgo y Costilla como "Generalísimo de la Nación Américana" y de la conformación del Ejército Insurgente Mexicano.

Por las razones antes expuestas, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se turne a la Comisión de Gobernación, bajo la siguiente proposición de
 

Punto de Acuerdo

Primero. Que esta H. Cámara de Diputados solicite a la Secretaría de Gobernación para que se sirva declarar el 22 de octubre como Día Nacional del "Generalísimo de la Nación Americana" y conformación del Ejercito Insurgente Mexicano.

Segundo. Que esta honorable Asamblea solicite a esta misma Secretaría de Gobernación que en dicha fecha se celebren actos solemnes conmemorativos en todo el territorio de los Estados Unidos Mexicanos por este acontecimiento histórico y trascendental.

Tercero. Que este honorable cuerpo colegiado, solicite a la Secretaría de Gobernación, analice la posibilidad de designar al municipio de Acambaro, Guanajuato, como sede oficial de las fiestas con motivo de esta conmemoración.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de octubre de 2001.

Diputados: Fernando Ugalde Cardona, Luis Alberto Villarreal García, Francisco Sheffield Padilla, Clemente Padilla Silva, Miguel Gutiérrez Hernández, Joel Vilches Mares, Juan Carlos Sainz Lozano, Juan Alcocer Flores, Francisco Chico Goerne Cobián, Juan Mandujano Ramírez, Martín Gerardo Morales Barragán, José Rivera Carranza, José María Anaya Ochoa, Ramón Paniagua Jiménez, Ricardo Torres Origel, Arcelia Arredondo García, María Guadalupe López Mares, Mauro Huerta Díaz, Benjamín Muciño Pérez (rúbricas).

(Túrnese a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública. Octubre 31 de 2001.)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO PARA INCORPORAR EN EL RAMO 20 "DESARROLLO SOCIAL" DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2002, Y SUBSECUENTES, EL PROGRAMA INICIATIVA CIUDADANA 3X1 PARA CREAR PROYECTOS PRODUCTIVOS SOCIALES, INVERSION EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO, PRESENTADA POR EL CIUDADANO DIPUTADO JOSE NARRO CESPEDES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT, EN LA SESION DEL MIERCOLES 31 DE OCTUBRE DE 2001

En respuesta a las graves carencias que padecen nuestros municipios y sus habitantes a lo largo y ancho del país, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo hace suyas las legítimas demandas de nuestros compatriotas para aumentar sus niveles de bienestar, dotarlos de mejores servicios y hacer más digna su existencia.

Para ello, sometemos al pleno de esta soberanía con fundamento en lo que dispone el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el siguiente punto de acuerdo, bajo las siguientes:

Consideraciones

Como todos sabemos, los recursos presupuestales para realizar obra pública en las entidades federativas, son insuficientes frente a las grandes necesidades que plantea el creciente desarrollo urbano y de los enormes rezagos que se observan en el medio rural.

La polarización del desarrollo regional presenta grandes desafíos que demandan una solución de fondo. Tenemos que construir centros hospitalarios, dotar de agua potable en donde hace falta, construir carreteras que conecten a las regiones agrícolas con las ciudades para garantizar el abasto de los productos del campo y el desplazamiento de las personas.

Afortunadamente esta soberanía tiene la facultad legal de incidir en la orientación del rumbo que queremos para este país, y la capacidad jurídica para discutir y aprobar los recursos necesarios para ayudar a los mexicanos que han sido marginados del progreso económico y social.

También contamos con ejemplos precedentes en esta materia. Tal es el caso de lo que viene sucediendo en el estado de Zacatecas con la aplicación del Programa 3x1, que consiste en que por cada dólar que aportan los clubes de zacatecanos residentes en los Estados Unidos, el municipio, el gobierno del estado y la Federación, aportan uno más para hacer un total de 4 dólares que se utilizan para pavimentar calles, electrificar comunidades, introducir agua potable y alcantarillado, entre otros.

Creemos que este esquema puede utilizarse también para el establecimiento de proyectos productivos con el fin de dotar de empleos a nuestros paisanos que viven en el campo.

La importancia de este programa se tradujo en 1999 en la ejecución de 93 obras y para el año 2000 se proyectó la ejecución de 108 obras de infraestructura y equipamiento urbano en los diferentes municipios del estado de Zacatecas.

Esta muestra de solidaridad de nuestros connacionales residentes en la Unión Americana con sus compatriotas y familiares que habitan en los municipios zacatecanos, nos debe servir de ejemplo para ampliar nuestra voluntad política y nuestra capacidad creativa, para que en lo sucesivo no desaprovechemos la oportunidad que nos están brindando estos paisanos preocupados por el país que los vio nacer, para que le demos continuidad y amplitud a estos programas de desarrollo social.

Nos están brindando la oportunidad para conjuntar nuestros esfuerzos y que a través de esta soberanía continuemos exigiendo al Gobierno mexicano haga respetar los compromisos internacionales en materia de derechos humanos, para que de esta manera se beneficie a nuestros migrantes.

También seguiremos luchando porque el Gobierno mexicano impulse programas culturales, sociales y deportivos que refuercen la identidad de nuestros paisanos.

Compañeras y compañeros diputados

Quiero recordar a los integrantes de esta Cámara, que la importancia económica de los migrantes mexicanos lo representa la enorme aportación de divisas que hacen a la economía de México.

Durante el año 2000, conforme cifras del Banco de México, las remesas de salarios sumaron la cantidad de 6 mil 572 millones de dólares, situándola en tercer lugar como aportadora de divisas a la economía nacional, sólo superada por las exportaciones petroleras y el turismo.

En los últimos meses hemos sido testigos del alarmante desempleo que azota al mundo y en particular a nuestra nación, como resultado de la desaceleración económica y de los acontecimientos que se dieron en los Estados Unidos el pasado 11 de septiembre del año en curso.

Por esa razón, hoy más que nunca estamos comprometidos a responderle a nuestro pueblo con políticas sociales que alivien el desempleo y den oportunidades a nuestros compatriotas que cada vez tienen más problemas para emigrar a los Estados Unidos.

El programa que estamos proponiendo para ser considerado dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación tiene el mérito de haber sido ya probado como una opción para crear empleos y arraigar a nuestros habitantes en sus comunidades.

Además, representa una gran oportunidad para dotar de ingresos a los más necesitados. Pero también constituye una posibilidad real para crear y ampliar la infraestructura física y el equipamiento urbano de nuestros municipios a lo largo y ancho del territorio nacional.

Por las consideraciones expuestas, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo somete al pleno de esta soberanía, con base en lo que dispone el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos el siguiente:

Punto de Acuerdo

Artículo Primero.- Que se turne la presente propuesta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados para que se incorpore dentro del Ramo 20 "Desarrollo Social", el Programa 3x1, para el ejercicio fiscal del año 2002 y los subsecuentes, con el propósito de constituir un fondo para la inversión en proyectos productivos para crear empleos, así como la creación de infraestructura física y equipamiento urbano para el desarrollo de los municipios, que será complementado con la aportación de los residentes mexicanos en el exterior.

Artículo Segundo.- Que la Secretaría de Desarrollo Social, en la firma de los convenios de desarrollo social con las entidades federativas, impulse que los estados y municipios puedan aportar los mismos recursos que la Federación, y que nuestros connacionales en el exterior.

Artículo Tercero.- Para que la aplicación a nivel nacional de este programa sea clara y transparente, debe contar con sus propias reglas de operación y que en su formulación participen los representantes de los residentes en el exterior que aporten recursos para su funcionamiento.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 30 días del mes de octubre de dos mil uno.

Diputados: Salvador Castañeda Salcedo, José Antonio García Leyva, Maricruz Cruz Morales, Silverio López Magallanes, Sara Figueroa Canedo, Jaime Martínez Veloz, Magdalena Núñez Monreal, Eduardo Andrade Sánchez, Simón Villar Martínez, Arturo de la Garza Tijerina, José Narro Céspedes, Rosa Delia Cota Montaño, Félix Castellanos Hernández, Víctor Antonio García Dávila, Juan Carlos Regis Adame, Tomás Torres Mercado, José Jaimes García, Josefina Hinojosa Herrera (rúbricas).

(Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Octubre 31 de 2001.)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL PODER EJECUTIVO FEDERAL, A FIN DE QUE SE REVISEN Y MEJOREN LAS INDEMNIZACIONES A LOS TITULARES DE LOS PREDIOS QUE FUERON EXPROPIADOS PARA LA CONSTRUCCION DEL NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE MEXICO, PRESENTADA POR LA DIPUTADA BEATRIZ CERVANTES MANDUJANO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA SESION DEL MIERCOLES 31 DE OCTUBRE DE 2001

Con fundamento en los artículos 71, 73, y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos comparezco ante esta honorable Cámara de Diputados.

A exponer:

Es de recordar, que desde los orígenes precortesianos la extensa y compleja problemática de la tenencia de la tierra, es vigencia de la causa revolucionaria en 1910, y pauta que reforma y consolida en 1917, evolución que se ha hecho presente con acción inequívoca del pensamiento generoso de quien la tiene, de quien la trabaja con la inquebrantable firmeza del clima que curte su defensa, ya sea en lo moral o en lo legal sin perder en esencia su identidad nacional, con todo y que las diversas regiones que integran el territorio de nuestro país posean características propias y singulares que las hacen distintas entre sí y sin embargo tan coincidentes como el sentimiento del quehacer que nutre la vida, hace hogar, hace futuro, hace trabajo de respeto y dignidad, elemento histórico de nuestra mexicanidad que posiciona un lugar hacia la sociedad, hace patria y camino de nación, esta es nuestra tierra.

Tierra, que con motivo de los diversos decretos expropiatorios publicados en el Diario Oficial de la Federación de fecha lunes 22 de octubre de 2001, se expropian por causa de utilidad pública en razón al establecimiento de áreas de recarga de acuíferos, ampliación de los límites de la zona federal de rescate ecológico del Vaso del Lago de Texcoco, construcción, rehabilitación y desarrollo de obras hidráulicas así como la construcción del nuevo aeropuerto para la ciudad de México, y ampliación de obras del Plan Lago de Texcoco.

Citando superficies en hectáreas en municipios del estado de México como lo son: el municipio de Chimalhuacán, comunidades del municipio de San Salvador Atenco, referentes a San Francisco Acuexcomac, Nexquipayac, colonia Francisco I. Madero, Santa Isabel Ixtapan, San Salvador Atenco, cabecera municipal; y del municipio de Texcoco en comunidades como San Bernardino, Tocuila, San Felipe y Santa Cruz de Abajo, Huexotla, Magdalena Panoaya, ejido San Martín, Santiago Cuautlalpan dando un resultante de más de 5,500 hectáreas objeto de decreto, lo que corresponde al 66.63% del municipio de San Salvador Atenco, 27.82% al municipio de Texcoco, y 5.53% al municipio de Chimalhuacán, que involucran a 4,375 ejidatarios.

Asimismo es menester hacer referencia que el municipio de San Salvador Atenco que cuenta con 9,400 hectáreas de las cuales objeto de decreto son 3,741 y más en régimen ejidal, 4,400 hectáreas de competencia federal y estatal lo que nos da un resultante de 1,259 hectáreas restantes referentes al ámbito municipal.

El artículo 27 constitucional, fundamenta: "La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponden originariamente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de trasmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada; son propiedad de la nación las aguas nacionales sean superficiales o del subsuelo; y corresponde a la nación el dominio directo de todos los recursos naturales. Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización", asimismo su Ley Reglamentaria, la Ley Agraria permite la posibilidad de que bienes ejidales y comunales puedan ser expropiados estableciendo el procedimiento y la base que habrá de servir para determinar el monto del pago de las indemnizaciones correspondientes, haciéndose notar en la ley lo siguiente:

a) La expropiación se realiza mediante indemnización.

b) El encargado de determinar el monto de la indemnización es la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales.

c) La base lo es, el valor comercial de los bienes expropiados.

d) El decreto expropiatorio deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación y deberá notificarse al núcleo de la población.

e) El pago de indemnización se hará de preferencia en el fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal o en su defecto se establezca garantía suficiente para su pago.

f) En cuanto a bienes distintos que se encuentren en la superficie que se expropia, se pagarán de forma inmediata en la Semarnat, SCT, según corresponda.

g) Hecho lo anterior podrán ser ocupados los bienes expropiados.

Sería pertinente preguntarnos cuáles fueron los criterios que manejó la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales para determinar el monto de las indemnizaciones y en qué momento, periodo o término de tiempo realizó avaluó a los predios en cuestión, siendo que su uso proporciona ingresos económicos importantes a la federación.

La ausencia de interés por parte del Gobierno Federal de proveer la información y orientación necesaria a que tiene derecho todo gobernado, y de manera particular a los afectados con respecto al avalúo que realizó la Comisión de Bienes Nacionales, respecto a los criterios que sirvieron de base para determinar el valor en tierras de temporal por metro cuadrado es de $ 7.20 y en tierras de riego de $ 25.00 por metro cuadrado no se considera que sea suficiente y justa, ya que no evita ni coadyuva a organizar, planear y canalizar la actividad económica de los pobladores de la región, estando muy lejos de considerarse que el futuro pertenece a aquellos pueblos que son capaces de tomar su destino en sus propias manos, al constituir el ejido el elemento básico de la democracia mexicana origen y presente de nuestra historia en donde la tierra es patrimonio que sienten y desconfían ante la incertidumbre, ante la indiferencia, no puede haber progreso y desarrollo sustentable en una nación sin una sociedad equilibrada y justa, en un país con solvencia moral y material, en donde el Estado genere acciones y garantice el bienestar e incorporación al proceso de desarrollo nacional desde las regiones del país con equidad, paz y justicia social, inversiones pública y privada que doten a esta región a través de la coordinación del Estado del equipamiento urbano municipal y el beneficio presupuestario, como tributario hacia sus haciendas municipales, que les permitan desarrollar un capital humano competitivo, y ser, factor de oportunidades para disfrutar de los bienes materiales y culturales la lucha del pueblo debe realizarse por la vía pacífica y mediante procedimientos políticos en acercar soluciones, desechando el protagonismo por la conciencia, el caudillismo por la orientación formal, la manipulación dolosa de la esperanza por certidumbre, evitando el perfil de la mentira de la palabra abusiva que corrompe y lastima, en un amanecer en el ejercicio de lo político con virtud, ética y valor, no esta tribuna como instrumento reflejante de vanidad personal o tema pasajero sin compromiso real.

Por lo anterior los afectados por los decretos expropiatorios a través de diferentes acciones han manifestado su inconformidad y han urgido al gobierno federal que los atienda dentro de un marco de tolerancia, ya que de lo contrario se vislumbra transgredir el marco de convivencia existente en nuestro régimen democrático.

Por lo anteriormente expuesto:

Punto de Acuerdo

Primero: Se exhorte al Poder Ejecutivo federal para que a través de las instancias correspondientes se revisen y mejoren las indemnizaciones de los titulares de los predios objeto del decreto expropiatorio del 22 de octubre de 2001.

Segundo:

a) La H. Cámara de diputados acuerda que las comisiones de Reforma Agraria, de Hacienda y Crédito Público y la de la voz en el ámbito de su competencia, vigilen y gestionen que el proceso de indemnización que prescribe el decreto expropiatorio del 22 de octubre de 2001 se realice conforme a derecho.

b) Se gestionen de manera inmediata ante las instancias del Gobierno Federal la atención de las demandas e inquietudes de los afectados a fin de generar las condiciones que coadyuven al pago justo, transparente y expedito de las indemnizaciones, sin perjuicio de la acción jurisdiccional que en uso de sus derechos legales los afectados soliciten ante el poder facultado para ello.

Diputados: Beatriz Cervantes Mandujano, Hermilo Monroy Pérez, Gustavo Alonso Donis García, Juan Manuel Martínez Nava, Ismael Estrada Colín, José Jaimes García, Elba Arrieta Pérez de Banda, Salvador Castañeda Salcedo, José Gerardo de la Riva Pinal, Jaime Vázquez Castillo, Enrique Martínez Orta Flores, Laura Pavón Jaramillo, Reyes Antonio Silva Beltrán, Esther López Cruz, Maricruz Cruz Morales, Roberto Ruiz Angeles, Rodolfo González Guzmán (rúbricas).

(Túrnese a las comisiones de Reforma Agraria y de Hacienda y Crédito Público; se instruye, asimismo, al Comité de Gestión de la Cámara de Diputados para que esté atento a este asunto. Octubre 31 de 2001.)
 
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO SOBRE LAS TARIFAS TELEFONICAS, PRESENTADO POR LA DIPUTADA ADELA DEL CARMEN GRANIEL CAMPOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DEL MIERCOLES 31 DE OCTUBRE DE 2001

Consideraciones

En 1989, el Gobierno mexicano emprendió un proceso de privatización de Teléfonos de México (Telmex), que finalizó en diciembre de 1990. Los nuevos accionistas de Telmex obtuvieron una concesión para explotar hasta el año 2026 los servicios de telefonía local y de larga distancia.

En julio de 1995, la Ley Federal Sobre las Telecomunicaciones fijó el marco regulatorio y jurídico de la liberalización y el desarrollo competitivo de los servicios de telecomunicaciones: telefonía local y larga distancia, telecomunicaciones móviles y comunicaciones vía satélite.

Para vigilar la correcta aplicación de las normas, se creó la Comisión Federal de las Telecomunicaciones (Cofetel), que depende de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

A finales de 1997, el Estado mexicano privatizó su sistema de satélites, por 695 millones de dólares. Este sistema consiste en tres satélites geoestacionarios y sus sistemas de control terrestre, cubriendo Estados Unidos y América Latina, con excepción de Brasil.

Finalmente, en mayo de 1998, el Gobierno mexicano procedió a vender nuevas licencias, por mil millones de dólares, a ocho operadores de telefonía inalámbrica local. El mercado mexicano de servicios y equipos de telecomunicaciones ha pasado de los 4 mil 500 millones de dólares en 1990, a los 9 mil millones en 1997, y podría llegar a los 15 mil millones en el año 2001.

Las comunicaciones fortalecen la unión entre los mexicanos, reafirman nuestra cultura, acercan a la población a servicios de educación y salud, aumentan la productividad de la industria y el comercio, y facilitan la comunicación de México con el resto del mundo.

Al reducir constantemente los costos, el avance tecnológico permite que los servicios de comunicaciones puedan ser accesibles a un número de mexicanos cada vez mayor.

En este contexto cabe preguntar: ¿Qué efectos ha tenido la liberación comercial, después de varios años de haberse realizado? Se puede afirmar que una disminución en la protección nominal disminuye los precios internos con relación a los precios externos.

Es de esperarse que la apertura comercial haya afectado la estructura de los mercados, la eficiencia productiva y la relación entre precios internos y precios externos.

La apertura en el sector de las telecomunicaciones ha traído importantes beneficios, directa e indirectamente. De manera directa las inversiones en este sector generan empleo en el propio sector y en las industrias primarias relacionadas con las telecomunicaciones especialmente en el gremio manufacturero y el de la construcción.

De manera indirecta, al ser un insumo fundamental para prácticamente todas las actividades productivas, el contar con mejores y más accesibles servicios de telecomunicaciones promoverá la actividad económica y el crecimiento del empleo.

En consecuencia, el papel del Estado deber ser el de promover la competencia en las comunicaciones, ofrecer más y mejores opciones a los consumidores y tener precios internacionalmente competitivos en estas actividades. También el Estado debe fortalecer la soberanía y seguridad nacional, y una adecuada promoción de la cobertura social, mediante el aprovechamiento del avance tecnológico de las telecomunicaciones.

Por otra parte, en la Ley Federal sobre las Telecomunicaciones se establece que, los procesos para el otorgamiento de las concesiones, cuando se trate del uso, explotación y aprovechamiento de bienes del dominio público, se lleve a cabo mediante licitación pública, y por un plazo de hasta 20 años sujeto a renovación.

También se establece que los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones y empresas comercializadoras puedan fijar libremente sus tarifas en términos que les permitan la prestación de los servicios en condiciones satisfactorias de calidad, competitividad, seguridad y permanencia.

Sin embargo, la Secretaría se reserva el derecho de establecer obligaciones específicas para los concesionarios que operen en condiciones adversas a la libre concurrencia, a fin de proteger a la sociedad usuaria de estos servicios.

El Estado debe aumentar la calidad de los servicios de telecomunicaciones y buscar reducir su costo para beneficio de un mayor número de usuarios, en beneficio de la competitividad de nuestra economía. Así como contar con los elementos indispensables para construir una infraestructura de telecomunicaciones que apunte el crecimiento de la economía y que impulse el desarrollo social.

En México, las tarifas residenciales de telefonía local se encuentran por encima de muchos países, resultado de una alta concentración oligopólica.

Para incrementar la densidad telefónica en México, los precios de los servicios deben disminuir y generarse las condiciones para que surjan y crezcan nuevas empresas que ofrezcan servicios de telefonía local.

En este contexto, al grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados se acercaron recientemente, distintos grupos sociales entre los que destacan amas de casa, de diversos estados del país, para plantear varios problemas, que se enumeran enseguida:

• Que desde la privatización de Teléfonos de México (Telmex), esta empresa ha venido aumentando la renta del servicio telefónico.

 
• Para muchos habitantes de comunidades rurales existe una situación de excluidos del servicio de telefonía local, por lo que solicitan la intervención de las instancias correspondientes para la ampliación de la cobertura.

 
• Que debido al alto costo del servicio telefónico residencial es necesario obligar a Telmex a comprobar con elementos suficientes la realización de llamadas que generalmente son cargadas a la cuenta del usuario sin haber sido efectuadas y que esta medida sea extensiva a toda la República Mexicana.

 
• Y que se gestione ante las instancias federales que les sea otorgada una reducción en el pago de la renta telefónica y que se abrogue el servicio medido, con lo cual se permite que los servicios de comunicaciones puedan ser accesibles a un mayor número de mexicanos.

Las peticiones de estos ciudadanos tienen un importante impacto en el gasto familiar, por lo que la Cámara de Diputados, sin alejarse de sus facultades constitucionales, podría coadyuvar a su adecuada solución.

Por lo antes expuesto y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las y los diputados suscritos, proponemos el siguiente:

Punto de Acuerdo

Unico. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión acuerda turnar la demanda de los habitantes de distintas comunidades del estado de Tabasco, así como de toda la República Mexicana ya que es un problema nacional, en materia de reducción en el pago de tarifas telefónicas, a las Comisiones de Comunicaciones y de Hacienda y Crédito Público para que, en el ámbito de sus atribuciones, coadyuven a su pronta solución.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de octubre de 2001.

Diputados: Adela del Carmen Graniel Campos, Jorge Urdapilleta Núñez, Lorena Beauregard de los Santos, Jaime Martínez Veloz, José Narro Céspedes, Rosalinda López Hernández, Tomás Torres Mercado, Petra Santos Ortiz (rúbricas).

(Túrnese a las Comisiones de Comunicaciones y de Comercio y Fomento Industrial. Octubre 31 de 2001.)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE SE EXHORTE A LA SECRETARIA DE HACIENDA A FIN DE QUE LOS FONDOS DE COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTORES SEAN MANEJADOS POR ELLOS MISMOS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO VICTOR ANTONIO GARCIA DAVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT, EN LA SESION DEL MIERCOLES 31 DE OCTUBRE DE 2001

Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo acude a esta tribuna a plantear el siguiente punto de acuerdo para que se exhorte a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a fin de que los fondos de comercialización de granos sean otorgados directamente a los productores, al tenor de los siguientes

Considerandos

El desarrollo del campo mexicano continúa polarizándose y agudizando la diferencia entre los productores de alto rendimiento y los de subsistencia, en donde los intermediarios que procesan los granos y semillas para la elaboración de bienes de consumo final, resultan siempre y sin riesgo alguno favorecidos.

El Tratado de Libre Comercio puesto en vigor a partir del 1 de enero de 1994 agudizó esta situación. Nuestro país ingresa a dicho tratado sin las salvaguardas que se requería para la protección del campo, la industria y los servicios y competir con los Estados Unidos y Canadá en condiciones de relativa igualdad.

Los apoyos que recibe el campo mexicano son totalmente insuficientes para lograr las condiciones de competitividad que se requieren. En particular, aquellos que se destinan directamente a los productores.

Actualmente, el Gobierno Federal otorga recursos financieros a las industrias dedicadas a la elaboración de harinas y derivados de granos, lo que genera que dichos recursos sean manipulados por los intermediarios en detrimento de los productores directos.

Los campesinos dedicados al cultivo de granos básicos han manifestado su inconformidad por esta política discriminatoria que permite que las compañías procesadoras de granos obtengan una ganancia extraordinaria al especular con dichos fondos.

Está situación no favorece a los campesinos ni permite que el flujo destinado a esta actividad productiva llegue con oportunidad.

Por las consideraciones antes expuestas, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete al pleno de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

PUNTO UNICO.- Que esta H. Cámara de Diputados exhorte a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a fin de que los fondos de comercialización de granos que actualmente se proporcionan a las empresas procesadoras de granos sean otorgados directamente a los productores.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de octubre de 2001.

Por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo

Diputados: Alberto Anaya Gutiérrez, coordinador; Dip. José Narro Céspedes (rúbrica), vicecoordinador; Rosalía Peredo Aguilar, Jaime Cervantes Rivera (rúbrica), Rosa Delia Cota Montaño (rúbrica), Félix Castellanos Hernández (rúbrica), Víctor Antonio García Dávila (rúbrica), Juan Carlos Regis Adame (rúbrica).

(Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Octubre 31 de 2001.)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO SOBRE LA PROBLEMATICA DEL GAS EN EL ESTADO DE NUEVO LEON, PRESENTADA POR EL DIPUTADO ABEL GUERRA GARZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA SESION DEL MIERCOLES 31 DE OCTUBRE DE 2001

Con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos, diputados federales ante esta Honorable Asamblea presentamos una proposición con punto de acuerdo, con el objeto de exhortar al Ejecutivo federal para que finalice el Convenio de Venta de Primera Mano de Gas Natural, una vez que los ingresos de Petróleos Mexicanos sean compensados con referencia a las pérdidas que cada cliente haya causado a dicho organismo, por concepto del motivo al que refiere el mencionado convenio.

Como parte de los antecedentes de la problemática con relación a la cual se formula esta propuesta, es preciso señalar que a raíz de las reformas del artículo 27 y 28 constitucionales, aprobadas por la LVI Legislatura de esta H. Cámara de Diputados, el uso del gas natural se ha incrementado en forma señaladamente sensible, de manera que en la actualidad llega a una gran cantidad de hogares mexicanos a través de las distribuidoras localizadas en las zonas geográficas establecidas por la Comisión Reguladora de Energía.

Asimismo, cabe destacar que el gas natural es un insumo de uso intensivo en diversos procesos industriales, comerciales y de servicios, cuya demanda nacional se ha incrementado 35 por ciento en los últimos 5 años, de manera que, en consecuencia, su precio impacta directamente la competitividad de las industrias y el bienestar de millares de hogares mexicanos.

Como es del conocimiento público, a través de su subsidiaria Pemex-Gas y Petroquímica Básica, Petróleos Mexicanos es el organismo encargado de extraer y procesar el gas natural que se inyecta a los sistemas de transporte por ducto que lo conducen a las industrias, y que es transportado hasta los hogares por las distribuidoras regionales ubicadas en las principales ciudades del país.

La regulación vigente establece que el precio de gas natural en ventas de primera mano al consumidor final, y al que se agregan los costos de transporte y distribución del combustible, en su caso, se establece por referencia al mercado del sur de Texas.

La indexación de acuerdo a un índice internacional puede presentar la ventaja de asignar un precio a un gas como el mexicano, cuyo costo de producción no se conoce con exactitud, pues este insumo es extraído conjunta o asociadamente con el crudo. De hecho esta razón impide que los costos de producción de cada combustible puedan ser desagregados. Así, por un lado el objetivo de utilizar una referencia internacional es reflejar, de manera aproximada, es este caso, el costo de oportunidad del gas natural mexicano en el mercado del sur de Texas.

Sin embargo, por otra parte se han suscitado enormes desventajas prácticas tras el establecimiento de dicha indexación, ya que los consumidores mexicanos han enfrentado una acusada volatilidad del precio de gas natural en el sur de Texas. A su vez, ello ha implicado que los clientes de Pemex-Gas y Petroquímica Básica asuman innecesaria y lesivamente un costo que refleja las condiciones de la oferta y demanda de gas natural en aquella región de los Estados Unidos de América, que no guarda relación alguna con la demanda y, asimismo y sobre todo, con la oferta de gas natural en nuestro país.

Para ejemplificar este hecho, basta señalar que los precios del gas natural en el sur de Texas, y consecuentemente en México, mostraron un crecimiento inusual durante el año 2000, impactando a los consumidores mexicanos como resultado de factores estructurales y coyunturales en aquel mercado.

Estos hechos y condiciones, ocurridos en los Estados Unidos, fueron trasladados al mercado mexicano por medio de la ya referida indexación del precio de ventas de primera mano de gas natural. Por esta razón, diversas entidades gubernamentales, productivas, comerciales y de servicios solicitaron, en forma insistente, la adopción de medidas de apoyo para reducir el impacto del incremento en el precio del gas en la economía de las empresas y de los sectores doméstico y comercial.

Como respuesta a esta demanda, Petróleos Mexicanos firmó un convenio con los clientes industriales de gas natural -entre ellos, las distribuidoras regionales-, a fin de establecer el precio de ventas de primera mano en un nivel fijo de 4 (cuatro) dólares por millón de BTUs. El convenio establece la vigencia de dicho precio hasta diciembre del 2003, acordándose también un esquema de cantidades fijas que los clientes se obligan a consumir y Pemex a suministrar.

Dicho convenio reflejó, por parte del Gobierno Federal, el propósito de proteger a los clientes industriales de Pemex frente a la volatilidad del precio del combustible, misma que se ha evidenciado en los mercados internacionales. Sin embargo, si bien esta medida benefició a la industria, lo cierto es que sólo mitigó y no resolvió de fondo el problema de los precios del gas natural, que involucra su referencia al mercado del sur de Texas.

Independientemente de la fecha de la firma del contrato, la cobertura de los 4 dólares se hizo retroactiva al V de enero del 2001, por lo que el periodo de cobertura de ventas de primera mano de gas natural a 4 dólares abarca 2001, 2002 y 2003.

Ahora bien, el lapso que el precio de referencia se mantuvo arriba de 4 dólares significó para Pemex una pérdida de ingresos, por millón de BTUs, equivalente a la diferencia entre el precio de referencia que hubiera obtenido y los 4 dólares que los clientes cubiertos pagan a Pemex. En otras palabras, se presentó una transferencia de renta del sector público a los particulares. En este punto se asume que no es posible hablar de un subsidio, porque se desconoce el costo de producción del gas natural en México, de manera que, como ya se ha señalado, el precio de referencia del sur de Texas sólo constituye una aproximación al costo de oportunidad de nuestro gas natural.

No obstante, desde hace algunos meses el precio del gas natural de referencia en el sur de Texas ha sido menor a los 4 dólares por millón de BTUs y de hecho el correspondiente a los primeros días de octubre es de 1.69 dólares. En otras palabras, los clientes que firmaron el convenio ahora están entregando a Pemex una renta adicional a la que obtendría de aplicar a las ventas de primera mano el precio de referencia del sur de Texas. Así, hoy Pemex ingresa mayores percepciones que las que recibiría en condiciones normales. Este hecho se traduce en una pérdida de competitividad de las empresas y en un impacto negativo en las economías comerciales y familiares de nuestro país.

En razón de las condiciones económicas menos favorables que enfrentan la planta productiva nacional, los sectores comercial y el de servicios y los hogares mexicanos, consideramos que un precio mayor al de referencia del sur de Texas lesiona los intereses de los consumidores de gas natural. Sobre todo en las actuales circunstancias, este esquema impone un costo excesivo a las industrias y hogares mexicanos que no es posible sostener. En igual forma es preciso que este problema se resuelva a la brevedad, pues el sobrecosto del gas y la desaceleración económica están provocando, sin duda, el cierre de plantas productivas y empresas de manera preocupante. Para los hogares de mexicanos, el problema es mayor, ya que son parte de este convenio, que los distribuidores firmaron por ellos, sin autorización, y se ha derivado en problemas sociales, particularmente en Nuevo León, donde el problema se acentúa, en virtud de que en ese estado más del 50% de sus habitantes son usuarios de gas natural.

Al mismo tiempo asumimos que por razones de equidad y viabilidad no es posible ni deseable pretender que Petróleos Mexicanos absorba totalmente los costos de la cobertura, pues ello impactaría negativamente los ingresos públicos y por lo tanto la economía nacional. Por ello se propone un esquema en el que tanto los consumidores de gas natural como Petróleos Mexicanos absorban los costos del convenio y se equilibren los ingresos de Pemex-Gas y Petroquímica Básica por concepto de ventas de primera mano de gas natural.

El objetivo de este esquema se cumpliría una vez que los ingresos adicionales que Pemex obtiene actualmente igualen la pérdida de ingresos ocurrida durante el lapso en que el precio de referencia del sur de Texas superó al establecido en el convenio. De esta forma se igualarán, asimismo, el costo y la pérdida asumidas por los clientes de Pemex.

Por último, debido a las particularidades de los diferentes consumidores de gas natural, es preciso señalar que, con referencia a cada usuario, previsiblemente habrá de variar el momento en que se equilibren ganancias y pérdidas. Por esta razón, Pemex deberá revisar las facturas de gas natural de ventas de primera mano con cada cliente, a fin de determinar el momento en que cada usuario resulte compensado en su facturación, respecto a la variación del precio del sur de Texas y a los 4 dólares.

Así, con los anteriores antecedentes, presentamos el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico:

"Que la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorte al titular del Poder Ejecutivo a que instruya a Petróleos Mexicanos para que permita a los clientes que firmaron el Convenio de Ventas de Primera Mano de Gas natural a un precio fijo de 4 dólares por MBTUs por tres años, renegociar o dar por terminado dicho convenio, siempre y cuando los ingresos de Petróleos Mexicanos no sufran merma alguna y se compense la pérdida de ingresos que cada cliente haya causado al organismo por concepto de ventas de primera mano de gas natural"; Asimismo que se resuelva el caso de los usuarios domésticos en virtud que forman parte de este convenio sin estar enterados de ello.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de octubre de 2001.

Diputados: Eloy Cantú Segovia, Abel Guerra Garza, Ildefonso Guajardo Villarreal, Juan Paredes Gloria, María Elena Chapa Hernández, Carlos Aceves del Olmo, Enrique Ramos Rodríguez, Fernando Ortiz Arana, José Narro Céspedes, Francisco Cantú Torres, Orlando García Flores, Raúl García Guzmán, Juan Manuel Duarte Dávila, Hugo Camacho Galván, Mario Garza Guevara, Julián Hernández Santillán, Fanny Arellanes Cervantes, Sara Figueroa Canedo, Julieta Prieto Fulken, Erika Spezia Maldonado, Esveida Bravo Martínez, José Antonio Arévalo González, María Teresa Campoy Ruy Sánchez, Arturo Escobar y Vega, Concepción Salazar González, María Cristina Moctezuma Lule (rúbricas).

(Túrnese a las comisiones de Energía y de Comercio y Fomento Industrial, exhortándolas a que dictaminen a la brevedad posible. Octubre 31 de 2001.)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR TANTO A LA SAGARPA, COMO A LA SECRETARIA DE ECONOMIA, LA INFORMACION NECESARIA DE LA IMPORTACION DE LECHE EN POLVO DE ARGENTINA, YA QUE DE ACUERDO A LA INFORMACION INTERNACIONAL, ESTE PAIS ESTA INFECTADO DE FIEBRE AFTOSA, PRESENTADA POR EL DIPUTADO HECTOR PINEDA VELAZQUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, Y APROBADA EN VOTACION ECONOMICA EN LA SESION DEL MIERCOLES 31 DE OCTUBRE DE 2001

Justificación

Estimadas diputadas y diputados:

Vengo a esta tribuna, con el fin de presentar un punto de acuerdo, relacionado al grave problema que afrontan los ganaderos lecheros de nuestro territorio nacional, debido a la importación indiscriminada de leche de otras naciones; situación que podemos entender como un atentado a la producción interna de nuestro país.

Desde 1994 a la fecha, la ganadería lechera de México, ha venido enfrentando un verdadero embate, que paulatinamente tiende a desaparecerla:

• Primero, por el desmedido incremento de los precios de insumos y enseres necesarios para la producción.

 
• Segundo, por la falta de programas de estímulo y financiamiento.

 
• Y tercero, por la falta de programas de comercialización del producto a precios acordes a los costos de producción.

La crisis que provocó la epidemia de las vacas locas (encefalopatía espongiforme) en el Continente Europeo en 1998 y los brotes de fiebre aftosa que han surgido en Sudamérica, específicamente en Uruguay y Argentina, nos pone en un lugar de privilegio, para que los ganaderos mexicanos pudiéramos comercializar nuestros productos y abastecer la demanda nacional e incluso, exportar a los países de Centro, Sudamérica y Europa.

Pero el Gobierno Federal, lejos de fortalecer a las empresas de este importante sector productivo nacional y propiciar beneficios económicos por el consumo interno de sus productos, nos percatamos que a través de Liconsa, se ha autorizado la introducción a nuestro país, de leche en polvo de Argentina en una forma desmedida hasta por nueve mil toneladas; afectándonos gravemente, ya que el déficit de producción no reviste la gravedad ni la seriedad que justifique tal acción.

Esto nos preocupa sobremanera, pues no sólo pone en situación de riesgo económico a los productores, sino también por el inminente peligro que representa el que este producto provenga de un país como Argentina, donde de marzo a septiembre de este año, se han registrado 2,116 focos de infección, con 113 mil bovinos infectados clínicamente comprobados; hecho que ha provocado la disminución en un 87% de su volumen de venta al exterior, y una caída del 88% de sus precios.

Su problema de infección, es tan grave que los países europeos que tenían convenios de comercialización con ese país, los han suspendido y efectuarán en breve, una visita para revisar físicamente las condiciones de la sanidad de sus hatos ganaderos.

Pero aún con estos antecedentes, nuestro gobierno sigue permitiendo el libre acceso de leche en polvo con altas probabilidades de que esté contaminada de fiebre aftosa.

Esto compañeras y compañeros diputados, es un verdadero crimen, que se tiene que resolver a la brevedad posible, por lo que propongo el siguiente:

Punto de Acuerdo

Se solicite a la Sagarpa y a la Secretaría de Economía, informe de manera detallada, la cantidad de leche en polvo que se importa; las pruebas de calidad y sanidad de este producto, así como los países de origen y sus condiciones actuales de sanidad animal, y que ante la situación tan grave por la que atraviesa la ganadería nacional, se privilegie el consumo de la producción nacional.

Diputados: Héctor Pineda Velásquez, Arturo de la Garza Tijerina, Silverio López Magallanes, Timoteo Martínez Pérez, José de Jesús Hurtado Torres, Martí Batres Guadarrama, Alfonso Oliverio Elías Cardona, Manuel Payán Novoa, Jaime Mantecón Rojo, Jesús de la Rosa Godoy, Raúl González Villalba, Celestino Bailón Guerrero, Ernesto Rodríguez Escalona, Neftalí Jiménez Olán, Patricia Aguilar García, Roberto Domínguez Castellanos, Jaime Rodríguez López, Manuel Medellín Milán, Efrén Leyva Acevedo, Edilberto Buenfil Montalvo, Jesús Dueñas Llerenas, Federico Granja Ricalde, Guillermo Padres Elías, Santiago Guerrero Gutiérrez, Silvia Romero Suárez, Manuel Añorve Baños, Tomás Ríos Bernal, Heriberto Huicochea Vázquez, Nabor Ojeda Delgado, Abelardo Escobar Prieto, Cuauhtémoc Montero Esquivel, Petra Santos Ortiz, Rodolfo Escudero Barrera, Félix Castellanos Hernández, Rubén Aguirre Ponce, Oscar Alvarado Cook (rúbricas).
 
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO PARA APOYAR A LOS PRODUCTORES DE LA COPRA EN EL PAIS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO RUBEN AGUIRRE PONCE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DEL MIERCOLES 31 DE OCTUBRE DE 2001

El suscrito diputado federal integrante de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito presentar ante el pleno de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo para hacer un planteamiento de solución al problema de la copra y la importación desleal de productos derivados de la misma, que ha dañado la economía de los productores de copra en los estados de Guerrero, Chiapas, Sinaloa, Colima, Jalisco, Nayarit, Michoacán, Oaxaca, Tabasco, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Antecedentes

El cultivo del cocotero ha sido una de las actividades agropecuarias de mayor relevancia en los estados costeros del país, su producción representa 4.2% de toda la producción mundial.

Un ejemplo significativo, de la importancia de este cultivo, se encuentra en el estado de Guerrero, donde a partir de 1930 se empezaron a realizar importantes siembras de este cultivo, y que para 1990 alcanzó una extensión de 80 mil hectáreas, que en la actualidad representa el 49 por ciento de la producción nacional; las cuales continúan cultivándose a pesar de que un importante porcentaje de sus huertas oscilan entre los 30 y 50 años de edad.

Debido a que la mayoría de las huertas se encuentran en terrenos ejidales el promedio de la tenencia de la tierra para los productores de coco es de aproximadamente 3.5 hectáreas por productor.

En la década de los 90 existían 27 mil productores sólo en el estado de Guerrero, generando con ello 8,000 empleos directos.

Sin embargo, toda esta actividad se ha visto gravemente afectada en los últimos años:

A partir de enero del 2000, el aceite de coco pasó de 850.00 dólares por tonelada a 260.00 dólares la tonelada en el segundo trimestre del 2001.

Esta caída representa una reducción de 490.00 dólares por tonelada sólo en lo que se refiere al rubro de aceites de coco.

Esto trajo aparejado que las importaciones de aceite realizadas por la industria nacional, afectaran el precio de la copra, desplomándose drásticamente, pasando de $5.50 pesos por kilogramo a $1.80 pesos por kilogramo; niveles muy por debajo del costo de producción, provocando con ello un gran daño a la producción nacional y ocasionando que muchos productores abandonen dicho cultivo.

La producción nacional de coco en el año de 1997 fue de 203 mil 616 toneladas con un precio promedio de $3.35 pesos el kilogramo, siendo la derrama económica del orden de 682 millones 115 mil pesos.

La estimación para el año 2001 de la producción nacional de copra será de 150 mil toneladas aproximadamente con un precio de $2.36 pesos el kilogramo y que representará 353 millones 437 mil pesos, es decir habrá una caída de un poco más de la mitad de lo que recibían los productores en 1997.

Esto demuestra la dramática situación en la que se encuentran los productores de coco, que en términos nominales la pérdida será para este sector de alrededor de $328 millones de pesos para el año 2001.

Por otro lado observamos con preocupación que ha habido una pérdida muy importante de empleos directos en el sector, se estima que de 1997 al 2001 disminuirían aproximadamente en un millón de jornales a nivel nacional.

Al mismo tiempo, ha habido una disminución significativa en los empleos indirectos generados durante este lapso; como son: los empleos en los centros de acopio y plantas industriales, en los fletes y maniobras de carga y descarga, por lo que se estima un número de desempleados de aproximadamente de 15 mil.

Esta situación, genera efectos nocivos en las regiones copreras del país, provocando un deterioro acentuado en los niveles de vida de las familias que dependen de dicho cultivo y que hoy tanta falta hacen.

Situación actual

Es necesario fomentar en el sector industrial del país, la necesidad de apoyar al productor nacional de copra, y evitar que se continúen realizando grandes importaciones de aceite de coco y sus derivados.

Las importaciones, generan un grave impacto en la economía de los productores, ya que se realizan importaciones masivas (de 3 mil a 10 mil toneladas por barco) generando una competencia desleal frente a los productores nacionales.

Estas importaciones se han venido realizando dentro en un contexto de prácticas desleales de comercio exterior, debido a que los principales países productores otorgan grandes subsidios a la producción agropecuaria en sus países.

Por la gravedad de esta situación, estoy seguro, que la única manera de evitar el inminente colapso de la producción nacional de coco, es que las secretarías de Agricultura y de Economía, hagan uso de los instrumentos de comercio exterior que estén a su alcance, como son elevar los aranceles a la importación de aceites de coco y palmiste (kernel) y la firma de convenios de apoyo con todos los sectores involucrados.

Se han organizado foros en materia legislativa, el último por la Comisión de Agricultura de esta LVIII Legislatura, en el cual se presentaron propuestas para el aprovechamiento integral del coco y sus derivados.

Sabemos que el gobierno tiene programas de apoyo para el sector, sin embargo estos han resultado insuficientes y en muchos casos desconocidos para los propios productores.

Compañeras y compañeros diputados.

Basta ya, del conformismo frente a la pobreza de nuestros campesinos.

Basta ya, de solapar las políticas del Ejecutivo federal, comprometiéndonos más con los intereses internacionales que salvar la economía de nuestras gentes del campo.

Basta ya, de proteger a los grandes capitales vía aranceles preferenciales.

Hoy, es urgente mejorar las condiciones económicas de los trabajadores copreros, que no se deje que el sector se descapitalice y abandone a las libres fuerzas del mercado.

Por lo que llamo a su conciencia, señoras y señores legisladores, a su representación popular y a su compromiso con los mexicanos.

Por lo anterior suscrito, someto a la consideración de esta H. Cámara de Diputados el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero: Que la Secretaría de Economía, en base a la Ley de Comercio Exterior en su artículo 45, establezca medidas de salvaguarda que regulen la importación del aceite de coco y palmiste (kernel), estableciendo un arancel del 100 por ciento.

Segundo: Que se instituyan fideicomisos estatales para impulsar la actividad y comercialización del producto y sus derivados, siendo la participación del Gobierno Federal de 50 por ciento, de 30 por ciento de los gobiernos estatales y de 20 por ciento de los productores, con el fin de estar en condiciones de ejecutar los proyectos de aprovechamiento integral del coco.

Tercero: Que las autoridades responsables promuevan la firma de convenios entre productores y las empresas que consumen el aceite de coco, para apoyar a la producción nacional. Y en caso de que la misma sea insuficiente, recurrir a las importaciones.

Cuarto: que el convenio firmado entre el estado de Guerrero y el Gobierno Federal, a través de Aserca, que establece un precio mínimo de rentabilidad, se haga extensivo a los demás estados que cultivan este producto.

Diputados: Rafael Hernández Estrada, Elías Martínez Rufino, Alfredo Hernández Raigosa, Auldárico Hernández Gerónimo, Félix Castellanos Hernández, Francisco Patiño Cardona, Raúl González Villalva, Celestino Bailón Guerrero, Héctor Pineda Velázquez, Flor Añorve Ocampo, Tomás Torres Mercado, Magdalena Núñez Monreal, Rufino Rodríguez, Adela del Carmen Graniel Campos, Miroslava García Suárez, Petra Santos Ortiz, María de los Angeles Sánchez Lira, Santiago Guerrero Gutiérrez (rúbricas).

(Túrnese a la Comisión de Agricultura y Ganadería, y al Grupo Especial en torno al tema de la copra y el coco, que se acaba de crear. Octubre 31 de 2001.)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO PARA FORMULAR UN PRONUNCIAMIENTO RESPECTO A LA OBRA INCONCLUSA EN EL CRUCE DE LA AV. IGNACIO ZARAGOZA Y EJE 3 ORIENTE, PRESENTADA POR EL DIPUTADO DANIEL RAMIREZ DEL VALLE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, EN LA SESION DEL MIERCOLES 31 DE OCTUBRE DE 2001

Antecedentes

Hace cuatro años se inició la obra de construcción para el mejoramiento de la vialidad en las arterias que conforman el cruce de la Av. Ignacio Zaragoza y Eje 3 oriente "Eduardo Molina".

El Congreso de la Unión autorizó un techo de endeudamiento para el Distrito Federal de 5,500 millones de pesos para el ejercicio 2001, donde se contemplan 1,850 millones de pesos destinados parcialmente para la construcción de las obras viales y complementarias de la línea B metropolitana del Metro.

Considerandos

Que cada día en la ciudad de México, el flujo de automóviles que transitan va en aumento, es imposible concebir que una obra destinada a evitar el congestionamiento diario, se haya convertido en un problema vial y de inseguridad ya que a cuatro años de iniciada su construcción ésta no ha sido concluida.

Siendo las calles de Ignacio Zaragoza y Eduardo Molina, vías con gran afluencia vehicular y peatonal, es blanco fácil de congestionamientos, colisiones, atropellos e inundaciones debido a la falta de visión para concluir esta obra. Además que en dichos puntos se encuentran materiales de construcción abandonados obstruyendo la carpeta asfáltica, contribuyendo a los problemas anteriormente citados, sin contar las pérdidas económicas que se derivan del deterioro de estos materiales y de la obra inconclusa.

Considerando que estas arterias son de vital importancia para la gente que proviene del oriente de la ciudad y se dirige hacia el centro de la misma, éstas deben de ser eficientes y ágiles y no atrofiar el tránsito de los que circulan por ellas.

Además de lo anterior, en el cruce de estas vías se localiza la terminal de autobuses de la zona oriente (Tapo), que como todos sabemos es una de las más importantes de la ciudad, con un alto flujo de personas que llegan y salen de la zona capitalina, mismas que se llevan una imagen de abandono y deterioro del Distrito Federal.

Debemos tomar en cuenta que en esta zona también se encuentra nuestro recinto legislativo y los tribunales del Poder Judicial de la Federación, que resulta por demás señalar que dichas sedes de los Poderes de la Unión generan mayor carga vehicular así como peatonal, sobre todo en horas conocidas como "pico".

Lo anteriormente expuesto es resultado único de negligencia y falta de atención por parte de las autoridades competentes ya que en el documento de apoyo para la solicitud de techo de endeudamiento para el Distrito Federal para el año 2001, presentado por el jefe de gobierno del Distrito Federal, en uno de los apartados se solicitan 1,865 millones de pesos para transporte urbano dentro del cual se contempla la continuación de la construcción de obras viales y complementarias de la línea B metropolitana del Metro.

Es inadmisible que después de 10 meses de haberse autorizado el financiamiento para la continuación de dicha obra, no se haya por lo menos observado el ánimo de las autoridades competentes para reanudar las obras y poner fin a un problema que nos agobia tanto a los que vivimos en esta zona como a los que transitamos por estas vías.

Por las consideraciones antes expuestas los integrantes de la Comisión del Distrito Federal con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos sometemos al Pleno de esta H. Cámara de Diputados el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero.- Que el Gobierno del Distrito Federal a través de su Secretaría de Obras y Servicios continúe con la obra para su pronta conclusión con objeto de coadyuvar al mejoramiento en general de la vialidad de la zona oriente de la ciudad de México.

Segundo.- De no llevarse a cabo la obra, retirar el material de construcción de la carpeta asfáltica para agilizar la vialidad en dicho perímetro, garantizando con esto su funcionalidad y la seguridad los que transitamos por éste.

Dado en el Palacio Legislativo, a 31 del mes de octubre de 2001.

Diputados: Benjamín Muciño Pérez, Samuel Yoselevitz Fraustro, Daniel Ramírez del Valle, Jesús López Sandoval, Mario Reyes Oviedo, Carlos Flores Gutiérrez, José Lozano Pardinas, Jorge Lara Rivera, María Teresa Gómez Mont y Urueta, José Antonio Arevalo González, Raúl García Velázquez, Francisco Ramírez Cabrera, Armando Salinas Torre, Jesús Dueñas Llerenas, Máximo Soto Gómez (rúbricas).

(Túrnese a la Mesa Directiva, para los efectos del artículo 22, numeral 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Octubre 31 de 2001.)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE LA COMISION DE CULTURA REALICE LOS ESTUDIOS CONDUCENTES PARA EVITAR QUE LOS MONUMENTOS, ZONAS ARQUEOLOGICAS, ARTISTICAS E HISTORICAS, SEAN UTILIZADAS PARA UN USO DISTINTO AL DE SU NATURALEZA, PRESENTADA POR EL DIPUTADO ELIAS MARTINEZ RUFINO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DEL MIERCOLES 31 DE OCTUBRE DE 2001

El día 4 de octubre del presente año, un servidor, en representación del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó una proposición con punto de acuerdo relativa a la realización de la cena-baile-recital con la participación de Elton John en el Castillo de Chapultepec.

Dicho punto de acuerdo, propuso a esta soberanía condenar enérgicamente todo intento de utilizar el Castillo de Chapultepec para este evento; ya que según la fracción II del artículo 3º de la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia, este sitio es un museo de historia que, a su vez, según el decreto del día 13 de diciembre de 1940 aparecido en el Diario Oficial de la Federación, es consagrado como un monumento histórico por excelencia y lección objetiva de patriotismo, accesible a todas las clases sociales y al servicio de la cultura histórica popular, por lo que se debe permitir sin restricciones la entrada pública al multicitado museo.

La proposición con punto de acuerdo fue turnada a la Comisión de Cultura, a fin de dar cumplimiento al proceso legislativo correspondiente; desgraciadamente, por la sumisión de algunos legisladores, la influencia del Presidente de la República, Vicente Fox, imperó de manera definitoria como en los viejos tiempos, por lo que dicha proposición no prosperó. Razón por la cual en ejercicio de las facultades que me otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la normatividad que rige al H. Congreso de la Unión, vengo a esta tribuna a plantear una proposición con punto de acuerdo relativa al mismo tema.

En nuestro país, a pesar de la joven democracia que se expresó el 2 de julio de 2000, los vicios del régimen político anterior y las torpezas presidenciales continúan; estas ineptitudes no han beneficiado al pleno ejercicio soberano de nuestro honorable Congreso de la Unión, y ensombrece el espíritu republicano de nuestro país y de nuestra actividad parlamentaria.

El último hecho relevante que lo demuestra, fueron las declaraciones que realizó el Ejecutivo federal en torno a la reforma fiscal durante su última gira en el extranjero, sin olvidar, la falta de respeto y abusos del Sr. Fox a esta Honorable Cámara cuando no se refirió correctamente al Congreso de la Unión y no leyó debidamente la letra constitucional durante su toma de protesta, entre otras.

Estamos sin duda, ante un presidente que vive por sus placeres personales y enajenado de las estrategias mediáticas, que lucra con la pobreza y el patrimonio de nuestra nación, que puede dar cualquier cosa a cambio de que él y su esposa no pierdan puntos en el rating televisivo; un Presidente que ha sustituido a la política y al ejercicio público por la vendimia de palabrerías y recetas publicitarias.

Por ello, es necesario detener esa visión foxista, que considera que el patrimonio es un bien personal para la promoción presidencial y el espectáculo familiar y que el uso que hace de los sitios históricos y monumentos es legal, haciéndole creer a la sociedad que él y la Sra. Marta Sahagún son muy buenos, escudándose en la pobreza del país.

Esa visión que confunde lo público con lo privado, y piensa que el Estado es su casa y manda de acuerdo a sus costumbres y moralidad; que interpreta equivocadamente la ley y no entiende el significado de un Estado de derecho donde se especifica lo que pertenece a todos y a nadie a la vez, con lo que es del patrimonio privado y de su familia.

Como bien lo aclara Norberto Bobbio, interpretando a Aristóteles y Hegel, dice: "la supremacía de lo público se basa en la contraposición del interés colectivo al interés individual, y en la necesaria subordinación, (...) De hecho, la primacía de lo público significa el aumento de la intervención estatal en la regulación coactiva del comportamiento de los individuos y de los grupos infraestatales". Por lo que "el derecho privado o de los privados es el derecho del estado de naturaleza, cuyos institutos fundamentales son la propiedad y el contrato;" y "el derecho público es el derecho que emana del Estado, constituido por la supresión del estado de naturaleza, por consiguiente, es el derecho positivo en sentido estricto".

Por demás, tenemos un Presidente intolerante sumido en su ignorancia, un individuo que no consideró la opinión de los que no piensan, gracias a dios, como él y permitió que con el uso del Castillo de Chapultepec para el festín multicitado, se violentara el derecho y la legalidad. Tal vez llegó a pensar ver a millones de mexicanos impidiendo el evento donde participó Elton John, sin darse cuenta que no se trata de números, sino de razón histórica y del cumplimiento de la ley que representa a los millones de mexicanos que gobierna.

Por ello y por la falta de autoridad presidencial, el Sr. Fox utiliza el poder del Estado ejerciendo el autoritarismo y la discrecionalidad del presidencialismo mexicano, con el que podemos ilustrar varias décadas del poder político de nuestro país.

Ahora resulta que el patrimonio nacional es de la de la familia del Presidente. Con el colmo de que un acuerdo presidencial es interpretado por el Secretario de Educación Pública, al gusto de la esposa del Presidente, permitiendo que se trastoquen la leyes, los valores y sentimientos de nuestra nación y de nuestra República.

Sin duda, estos hechos son un precedente más de la sinrazón presidencial y peor, si aunamos a ello, las contraposiciones que puede haber entre un acuerdo presidencial y las leyes aprobadas por el H. Congreso de la Unión, o de un decreto presidencial como el que creó al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y otro del Poder Legislativo que hizo al Instituto Nacional de Bellas Artes y al Instituto Nacional de Antropología e Historia, por ello sigue siendo necesario revisar las facultades de los poderes Ejecutivo y Legislativo.

En ese contexto el propio Presidente y su secretario de Educación han aceptado en el Plan Nacional de Cultura 2001-2006 que "el ejercicio de las acciones públicas en torno a la cultura se realizan a través de diversas instituciones que carecen de un marco jurídico unitario". Que "La regulación de la cultura es incompleta respecto a las necesidades del México moderno y a las demandas de la sociedad" (...) "Asimismo, la gestión cultural se encuentra centralizada y con atribuciones que se superponen o duplican". Esta es la realidad, por lo que el Poder Legislativo, más allá de intereses partidistas, debe voltear a ver y legislar para que nuestras instituciones del cultura se desarrollen por el bien del pueblo de México.

Por ello, no podemos pasar inadvertido que al Castillo de Chapultepec se le haya dado un uso distinto al que establecen nuestra normatividad y nuestras instituciones, u olvidar la amenaza de la titular del Conaculta cuando dice que dicho evento será el precedente para utilizar las zonas y monumentos arqueológicos, históricos y artísticos, para festines privados que no tienen nada que ver con la naturaleza de dichos sitios y lugares.

Compañeros legisladores, es necesario valorar y reconocer que no sólo nuestro partido, el de la Revolución Democrática, promueve el respeto a nuestro patrimonio y la defensa de las leyes que ha promulgado esta soberanía.

Ha habido un sinnúmero de intelectuales, escritores, historiadores, legisladores del PRI, PRD y otros investigadores, académicos, administrativos, técnicos y manuales del Instituto Nacional de Antropología e Historia, así como del Instituto Nacional de Bellas Artes y diversas organizaciones de la sociedad que se han manifestado en contra de violentar la naturaleza de nuestra zonas y monumentos.

Se han manifestado también, en contra de que el erario público de nuestro país sirva para el beneficio de organismos privados como la Fundación ¡Vamos México! Vale la pena destacar, que en el año 2000 se destinaron 165 millones para la restauración del Castillo de Chapultepec y su renovación museística. Además de que los asistentes al multicitado evento dedujeron sus pagos de impuestos con cargo al erario público.

Por último, no debemos permitir el tráfico de influencias, que como mal ejemplo, lo está poniendo el Presidente Vicente Fox, ya que la Fundación ¡Vamos México! por el hecho de tener como titular a la esposa del Presidente, pudo lograr en su primer evento en el Castillo de Chapultepec e ingresos aproximados a los 80 millones pesos. Una Fundación que, vale la pena destacar, nació con todo el apoyo gubernamental que al parecer tiene más razón de ser un proyecto político personal de Marta Sahagún que cumplir con objetivos altruistas. Me pregunto, cuándo una fundación de nombre ?X? con un titular hijo de vecino ?X?, obtendría en su primer mes de existencia las facilidades para realizar un evento en el Castillo de Chapultepec y obtener 80 millones de pesos.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados abajo firmantes nos permitimos someter a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero: Que la Comisión de Cultura realice los estudios conducentes y de la legislación en la materia para evitar que los monumentos, las zonas arqueológicas, artísticos e históricos sean aprovechados para un uso distinto al de su naturaleza.

Segundo: Revisar las facultades del Poder Ejecutivo con relación al citado estudio.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 31 de octubre de 2001.

Diputados: Elías Martínez Rufino, Uuk-kib Espadas Ancona (rúbricas)

(Túrnese a la Comisión de Cultura. Octubre 31 de 2001.)
 
 

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Minutas

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DEL SENADO DE LA REPUBLICA, CON PROYECTO DE DECRETO QUE CONCEDE PERMISO AL CIUDADANO VICENTE FOX QUESADA, PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA AUSENTARSE DEL TERRRITORIO NACIONAL DEL 8 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2001

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados
Presentes

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto que concede autorización al ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional del 8 al 11 de noviembre de 2001, a efecto de que participe en el 56º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que tendrá lugar en Nueva York, Estados Unidos de América.

Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

México, DF, a 31 de octubre de 2001.

Sen. Diego Fernández de Cevallos Ramos (rúbrica)
Presidente
 

Minuta Proyecto de Decreto

Artículo Unico.- Se concede autorización al ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional del 8 al 11 de noviembre de 2001, a efecto de que participe en el 56º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que tendrá lugar en Nueva York, Estados Unidos de América.

Transitorio

Unico.- El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores.- México, DF, a 31 de octubre de 2001.

Sen. Diego Fernández de Cevallos Ramos (rúbrica)
Presidente

Sen. Ma. Lucero Saldaña Pérez (rúbrica)
Secretaria

(Túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores. Octubre 31 de 2001.)
 
 

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Convocatorias

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DE LA COMISION DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Al Foro Nacional sobre Reforma Legales (en Materia Federal), que se llevará a cabo del 5 al 7 de noviembre, a partir de las 10:30 horas, en el salón Legisladores de la República (salón Verde).

Atentamente
Dip. José Elías Romero Apis
Presidente
 
 
 

DE LA COMISION DE POBLACION, FONTERAS Y ASUNTOS MIGRATORIOS

A su reunión ordinaria, el martes 6 de noviembre, a las 12 horas, en el salón D del restaurante Los Cristales.

Atentamente
Dip. Irma Piñeyro Arias
Presidenta
 
 
 

DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO

A su reunión plenaria, que se llevará a cabo el martes 6 de noviembre, a las 17 horas, en el salón Libertadores, edificio H, primer piso.

Atentamente
Dip. Concepción González Molina
Presidenta
 
 
 

DE LA COMISION DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

A su reunión plenaria, que se efectuará el miércoles 7 de noviembre, a las 9 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.

Orden del Día

Registro de asistencia.
Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
Propuesta para el Foro de Consulta para la Reforma Integral de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro (SAR).
Puntos de acuerdo y dictámenes por aprobar.
Asuntos generales.

Atentamente
Dip. José Ramírez Gamero
Presidente
 
 
 

DE LA COMISION DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL

A su reunión ordinaria, que se realizará el miércoles 7 de noviembre, a las 11 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.

Orden del Día

I. Lectura y aprobación del acta anterior.
II. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen a iniciativas en materia del Renave; avances del Grupo Especial de Trabajo.
III.- Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen de los puntos de acuerdo en materia del Renave.

IV.- Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen de la iniciativa de reformas a la Ley Federal de Correduría Pública y a las leyes generales de Sociedades Mercantiles; Títulos y Operaciones de Crédito y Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, presentada el 27 de marzo de 2001.
V.- Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen a la proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional a que publique a nivel de fracción arancelaria las mercancías que son competencia de esa Secretaría y que se encuentran sujetas a una restricción o regulación no arancelaria a su importación o exportación al y del territorio nacional.

VI. Informe de actividades de las subcomisiones, a cargo de los diputados coordinadores.
VII. Informe de actividades del secretariado técnico.
VIII. Asuntos generales.

Atentamente
Dip. Diego Alonso Hinojosa Aguerrevere
Presidente
 
 
 

DE LA COMISION DE SALUD

A su décima cuarta sesión plenaria, que se efectuará el miércoles 7 de noviembre, a las 14 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.

Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.
3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.
4. Intervención del Dr. Mario Loyo Varela, secretario de salud del estado de Veracruz.
5. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de anteproyectos de dictamen.
6. Asuntos generales.

Atentamente
Dip. Ma. Eugenia Galván Antillón
Presidenta
 
 
 

DE LA COMISION DE FOMENTO COOPERATIVO Y ECONOMIA SOCIAL

A su reunión de trabajo, que se efectuará el miércoles 7 de noviembre, a las 18 horas, en el salón D del restaurante Los Cristales.

Orden del Día

1. Lista de asistencia y verificación de quórum.
2. Intervención de los invitados siguientes:

• Sr. Dennis Martell, director del Instituto de Investigaciones y Estudios Cooperativos de la Universidad de Sherbrooke.
• Sra. Ana María Nadau, encargada de Asuntos Internacionales del Instituto de Investigaciones y Estudios Cooperativos de la Universidad de Sherbrooke.

3. Asuntos generales.

Atentamente
Dip. Herbert Taylor Arthur
Presidente
 
 
 

DE LA COMISION DE SEGURIDAD SOCIAL

A los trabajadores afiliados y sus beneficiarios, funcionarios y personal del ISSSTE, pensionados y jubilados, académicos e investigadores al foro nacional La Seguridad Social de los Trabajadores al Servicio del Estado. ISSSTE: Salud Vivienda y Pensiones, que se realizará el 9 y 23 de noviembre.

El Poder Legislativo federal considera que el derecho a la seguridad social se ha convertido en tema crucial de la agenda nacional. El análisis sobre la normatividad y funcionamiento de las instituciones de seguridad social, como lo es el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), se torna imprescindible para una sociedad que demanda cada vez más, mayor calidad en la prestación de los servicios, así como en las condiciones socioeconómicas de sus trabajadores, derechohabientes y pensionados. Por lo anterior y porque para el legislador es fundamental escuchar la opinión de sus representados y, en particular, de los sectores directamente involucrados en los asuntos que analiza, la Comisión de Seguridad Social convoca al foro nacional

La Seguridad Social de los Trabajadores al Servicio del Estado. ISSSTE: Salud, Vivienda y Pensiones

Temas

Tema 1. El ISSSTE en salud. Financiamiento, cobertura y beneficios: situación actual y propuestas para su fortalecimiento.
Tema 2. FOVISSSTE. Financiamiento, cobertura y beneficios: situación actual y retos.
Tema 3. El ISSSTE y su sistema de pensiones.

• El sistema de pensiones de reparto solidario. Financiamiento, cobertura y beneficios: situación actual y propuestas para su fortalecimiento.
• El sistema complementario de capitalización individual (SAR 1992/93): balance y retos.
• Reforma propuesta por el Ejecutivo federal a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro (LSAR) .

Sedes

Acapulco, Guerrero:
9 de noviembre, hotel Fiesta Americana Condesa Acapulco, Av. Costera Miguel Alemán número 97, CP 39690, Acapulco, Gro.

México, Distrito Federal:
23 de noviembre, salón Legisladores de la República (antes salón Verde), Palacio Legislativo de San Lázaro, Avenida Congreso de la Unión número 66; Colonia El Parque; CP 15969.

Bases

1. Los foros iniciarán a las 9:00 horas y se desarrollarán de la siguiente manera: con intervenciones de diputados de la Comisión de Seguridad Social y ponencias magistrales de funcionarios del ISSSTE, directivos de la FSTSE y del SNTE; tres mesas de trabajo que iniciarán con una conferencia magistral, seguida de ponencias a cargo de los participantes sobre los temas indicados.

2. Podrán participar en las mesas de trabajo quienes así lo deseen, presentando su ponencia por escrito con una extensión máxima de 10 cuartillas a doble espacio y un resumen de tres cuartillas que será leído en las mesas de trabajo. Para su publicación, la ponencia deberá presentarse en un disquete de tres y media pulgadas, en procesador de texto Word, letra arial a 12 puntos. Tiempo límite para recibir ponencias: tres días antes de la celebración de cada una de las etapas del foro.

3. Se otorgará constancia de participación.

4. Todo asunto no previsto será resuelto por la Junta Directiva de la Comisión.

Informes, inscripciones y recepción de ponencias, en la Comisión de Seguridad Social, Palacio Legislativo, Avenida Congreso de la Unión número 66; Colonia El Parque; CP 15969; Teléfono y Fax. (01) (5) 420 1875; lada sin costo 01 800 718 4291, extensiones 1220, 1221 y 1875.

Junta Directiva de la Comisión de Seguridad Social, diputados: Cuauhtémoc Montero Esquivel, Presidente; Samuel Aguilar Solís, secretario; Francisco López González, secretario; Ernesto Saro Boardman, secretario; José María Rivera Cabello, secretario.
 
 
 

DE LA COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

A los secretarios técnicos, secretarios particulares y asistentes de los CC. diputados, al Seminario Taller sobre Agua y Desarrollo Sustentable, que se está llevando a cabo los días miércoles de las 9:30 a las 12 horas.

Atentamente
Dip. Diego Cobo Terrazas
Presidente
 
 
 

DE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS

Al concurso de oposición abierto para ocupar puestos del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias.

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 49, fracción III, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y a los acuerdos parlamentarios que crean e integran el Comité del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, aprobados por el pleno de la Cámara de Diputados, el 7 de noviembre de 2000 y el 30 de abril de 2001, respectivamente, y al acuerdo por el que se determina el procedimiento para el reclutamiento y selección y, en su caso, designación de funcionarios que ocupen las plazas de directores de proyecto e investigadores adscritos a los Centros de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, Sociales y de Opinión Pública y de la Unidad de Estudios de Finanzas Públicas y con base en la solicitud del Comité del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias para proveer el trámite administrativo para la contratación de personal que formará parte del servicio de investigación adscrito a dicho Centro, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por conducto de la Secretaría de Servicios Parlamentarios y la Dirección General de Recursos Humanos

Convoca

Al concurso de oposición abierto para ocupar dos puestos de director de proyecto y cuatro de investigador "A"

Requisitos Generales

Ser mexicano en pleno ejercicio de sus derechos.
No ser dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político a la fecha de publicación de la presente convocatoria.
No estar inhabilitado legalmente para ocupar cargos en el servicio público y no haber sido condenado por delito grave que haya ameritado pena privativa de la libertad.
Haber cumplido veinticinco años de edad al día de la designación Director de proyecto (1):

Acreditar escolaridad mínima de especialidad o maestría en derecho con título profesional;
Contar con conocimientos amplios en el ámbito legislativo;
Participación en programas y proyectos de investigación;\
Impartición de cursos, conferencias o seminarios, y
Dominio del idioma francés.

Director de proyecto (2): Acreditar escolaridad mínima de especialidad o maestría en derecho con título profesional;
Contar con conocimientos amplios en el ámbito legislativo;
Participación en programas y proyectos de investigación;
Impartición de cursos, conferencias o seminarios, y
Dominio del idioma inglés. Investigador "A": Acreditar escolaridad mínima de licenciatura en derecho con título profesional;
Experiencia de dos años en el desempeño de puestos similares;
Participación en programas y proyectos de investigación;
Manejo de fuentes de información y
 Dominio del idioma inglés o francés. Los aspirantes deberán presentar por escrito una solicitud que acredite su intención de participar, así como su currículum vitae, anexando la documentación y constancias expedidas originales que respalden el cumplimiento de los requisitos.

Los aspirantes serán sometidos a un proceso de preselección para determinar que se acreditan los requisitos de la presente convocatoria y se sujetarán a una evaluación de carácter técnico y otra de carácter psicométrico.

Un jurado calificador, cuyo nombramiento recaerá en personas de reconocido prestigio profesional o académico en el área de derecho e investigación parlamentaria, revisará los expedientes de los candidatos y realizará las pruebas que considere pertinentes para la selección de los aspirantes.

Las inscripciones se llevarán a cabo en el Centro de Capacitación de la Cámara de Diputados, ubicado en el Palacio Legislativo (Av. Congreso de la Unión No. 66, Col. El Parque, Delegación Venustiano Carranza, CP 15969), edificio F, planta baja, del 23 al 25 de octubre del año en curso, en un horario de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas.

Para mayor información comuníquese al teléfono 5628 1300, extensión 4245 o 4265.

Palacio Legislativo, octubre de 2001.

Atentamente

Lic. Alfredo del Valle Espinosa
Secretario de Servicios Parlamentarios

Lic. Enrique Lozano Botello
Director General de Recursos Humanos
 
 
 

DE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS

Al concurso de oposición abierto para ocupar puestos del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública.

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 49 fracción 3 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a los Acuerdos Parlamentarios que crean e integran el Comité del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, aprobados por el pleno de la Cámara de Diputados, el 7 de noviembre de 2000 y el 30 de abril de 2001, respectivamente, y al Acuerdo por el que se determina el procedimiento para el reclutamiento y selección y, en su caso, designación de funcionarios que ocupen las plazas de Directores de proyecto e Investigadores adscritos a los Centros de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, Sociales y de Opinión Pública y de la Unidad de Estudios de Finanzas Públicas y con base en la solicitud del Comité del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública para proveer el trámite administrativo para la contratación de personal que formará parte del servicio de investigación adscrito a dicho Centro, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por conducto de la Secretaría de Servicios Parlamentarios y la Dirección General de Recursos Humanos

Convoca

Al concurso de oposición abierto para ocupar dos puestos de Director de Proyecto, tres de Investigador "A" y un Subdirector de Análisis y Procesamiento de Datos.

Requisitos generales:

Ser mexicano en pleno ejercicio de sus derechos.
No haber sido dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político durante los últimos tres años anteriores a la fecha de publicación de la presente convocatoria.
 No estar inhabilitado legalmente para ocupar cargos en el servicio público y no haber sido condenado por delito grave que haya ameritado pena privativa de la libertad.
Haber cumplido veinticinco años de edad al día de la designación
Preferentemente dominio del idioma inglés Director de proyecto: Acreditar estudios mínimos de Maestría en el área de Ciencias Sociales o de Opinión Pública.
Acreditar la participación en programas o proyectos de investigación en el área de Ciencias Sociales o de Opinión Publica.
Acreditar experiencia académica o docente en el área de Ciencias Sociales o de Opinión Pública.
Acreditar la participación en cursos, conferencias o seminarios.
Contar con experiencia profesional mínima de tres años Investigador "A": Contar con estudios mínimos de licenciatura en el área de Ciencias Sociales o de Opinión Pública.
Acreditar la participación en programas o proyectos de investigación en el área de Ciencias Sociales o de Opinión Pública.
Acreditar experiencia académica en cursos, conferencias o seminarios.
Contar con experiencia profesional mínima de dos años. Subdirector de análisis y procesamiento de datos: Contar con estudios mínimos de Ingeniería o licenciatura en Sistemas Computacionales o Informática.
Acreditar experiencia académica o docente en el área de informática.
Acreditar la participación en cursos, conferencias o seminarios.
Tener experiencia mínima de tres años en el área de procesamiento de datos. Los aspirantes deberán presentar por escrito una solicitud que acredite su intención de participar, así como su curriculum vitae, anexando la documentación y constancias expedidas originales que respalden el cumplimiento de los requisitos.

Los aspirantes serán sometidos a un proceso de preselección para determinar que se acreditan los requisitos de la presente Convocatoria y se sujetarán a una evaluación de carácter técnico y otra de carácter psicométrico.

Un jurado calificador cuyo nombramiento recaerá en personas de reconocido prestigio profesional o académico en el área de Social y de Opinión Pública revisará los expedientes de los candidatos y realizará las pruebas que considere pertinentes para la selección de los aspirantes.

Las inscripciones se llevarán a cabo en el Centro de Capacitación de la Cámara de Diputados, ubicado en el Palacio Legislativo (Av. Congreso de la Unión No. 66, Col. El Parque, Delegación Venustiano Carranza, C.P. 15969) Edificio "F" PB. del 7 al 12 de noviembre del año en curso, en un horario de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Para mayor información comuníquese al teléfono 56.28.13.00 ext. 4245 o 4265

Palacio Legislativo, octubre de 2001.

Atentamente

Lic. Alfredo Del Valle Espinosa
Secretario Servicios Parlamentarios

Lic. Enrique Lozano Botello
Director General de Recursos Humanos