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Acuerdos
DE LA JUNTA DE COORDINACION POLITICA, PARA LA INTEGRACION DE GRUPOS PARLAMENTARIOS DE AMISTAD DE LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNION
ACUERDO PARA LA INTEGRACION DE GRUPOS PARLAMENTARIOS DE AMISTAD DE LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNION
La Junta de Coordinación Política, con fundamento en el numeral 3 del artículo 46 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en virtud del Acuerdo tomado en la presente sesión, para que este órgano integre en coordinación con la Comisión de Relaciones Exteriores la lista de diputados de los Grupos de Amistad Parlamentaria, se permite proponer a la H. Asamblea el siguiente
ACUERDO
PRIMERO. Cada "grupo de amistad" se integrará con doce miembros, que serán designados por la Junta de Coordinación Política con el auxilio de la Comisión de Relaciones Exteriores, en la siguiente proporción: cuatro diputados del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, cuatro del PAN, dos del PRD y dos de los otros grupos parlamentarios y partidos, alternadamente; y su directiva se formará con un presidente y uno o dos secretarios, según lo acuerde la propia Junta, quien recabara los listados de cada grupo parlamentario y partido representado en esta Cámara.
SEGUNDO. La conformación de cada "grupo de amistad" y su directiva serán publicadas en la Gaceta Parlamentaria e informadas al Pleno por la Junta de Coordinación Política en el siguiente periodo de sesiones ordinarias, mientras tanto, los grupos quedan facultados para actuar conforme lo determinan la Ley y las prácticas interparlamentarias.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de abril de 2001
Dip. Beatriz Paredes Rangel (rúbrica)
Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional
Dip. Felipe Calderón Hinojosa (rúbrica p.a.)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional
Dip. Martí Batres Guadarrama (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática
Dip. Bernardo de la Garza Herrera (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México
Dip. Alberto Anaya Gutiérrez (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo
(Sin que motive debate, en votación económica, por unanimidad, se aprueba. Abril 30 de 2001)
DE LA JUNTA DE COORDINACION POLITICA, SOBRE LAS SUSTITUCIONES E INCLUSIONES SOLICITADAS POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS
CC. Secretarios de la Cámara de Diputados
PRESENTES
Conforme al numeral 2 del artículo 44 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los grupos parlamentarios de esta Cámara han notificado a la Junta de Coordinación Política las siguientes modificaciones en la integración de las comisiones ordinarias:
SUSTITUCIONES O INCLUSIONES SOLICITADAS POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS
Comisión: Atención a Grupos Vulnerables
Sale: Dip. Jaime Martínez Veloz
Se integra: Dip. Nancy Sánchez Arredondo
Grupo Parlamentario: PRI
Comisión: Población, Fronteras y Asuntos Migratorios
Se integra: Dip. Claudio Bres Garza (Secretario)
Grupo Parlamentario: PRI
Comisión: Población, Fronteras y Asuntos Migratorios
Sale: Dip. Jaime Martínez Veloz
Se integra: Dip. Lilia Mendoza Cruz
Grupo Parlamentario: PRI
Comisión: Reglamentos y Prácticas Parlamentarias
Sale: Dip. Amador Rodríguez Lozano
Se integra: Dip. Omar Fayad Meneses
Grupo Parlamentario: PRI
Comisión: Educación Pública y Servicios Educativos
Sale: Dip. José Mario Rodríguez Alvarez
Se integra: Dip. Rodolfo Guadalupe Ocampo Velázquez
Grupo Parlamentario: PAN
Comisión: Justicia y Derechos Humanos
Sale: Dip. José Tomás Lozano y Pardinas
Se integra: Dip. Yadira Ivette Tamayo Herrera
Grupo Parlamentario: PAN
Comisión: Juventud y Deporte
Sale: Dip. Beatriz Guadalupe Grande López
Se integra: Dip. Rodolfo Dorador Pérez Gavilán
Grupo Parlamentario: PAN
Comisión: Marina
Sale: Dip. Rodolfo Guadalupe Ocampo Velázquez
Se integra: Dip. Manuel Arturo Narvaez Narvaez
Grupo Parlamentario: PAN
Comisión: Radio, Televisión y Cinematografía
Sale: Dip. Rodolfo Dorador Pérez Gavilán
Se integra: Dip. Manuel Arturo Narvaez Narvaez
Grupo Parlamentario: PAN
Comisión: Reglamentos y Prácticas Parlamentarias
Sale: Dip. Fernando Pérez Noriega
Se integra: Dip. Edgar Eduardo Alvarado García
Grupo Parlamentario: PAN
Comisión: Reglamentos y Prácticas Parlamentarias
Sale: Dip. Tarcisio Navarrete Montes de Oca
Se integra: Dip. José de Jesús Hurtado Torres
Grupo Parlamentario: PAN
Comisión: Transportes
Sale: Dip. Edgar Eduardo Alvarado García
Se integra: Dip. José Tomás Alvarado García
Grupo Parlamentario: PAN
Comisión: Cultura
Sale: Dip. José Mario Rodríguez Alvarez
Se integra: Dip. Rodrigo David Mireles Pérez
Grupo Parlamentario: PAN
Comisión: Defensa Nacional
Se integra: Dip. Vicente Pacheco Castañeda
Grupo Parlamentario: PAN
Comisión: Distrito Federal
Se integra: Dip. José Antonio Arévalo González (Secretario de la Junta Directiva)
Grupo Parlamentario: PVEM
Comisión: Gobernación y Seguridad Pública
Sale: Dip. Alejandro García Sainz Arena
Se integra: Dip. Arturo Escobar y Vega
Grupo Parlamentario: PVEM
Comisión: Marina
Se integra: Dip. José Rodolfo Escudero Barrera
Grupo Parlamentario: PVEM
Esta Junta de Coordinación Política, con fundamento en el artículo 34, numeral 1, inciso c), se permite proponer a la Honorable Asamblea la aprobación de la solicitud mencionada.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de abril de 2001.
Dip. Beatriz Paredes Rangel (rúbrica)
Presidenta de la Junta y Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional
Dip. Felipe Calderón Hinojosa (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional
Dip. Martí Batres Guadarrama (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática
Dip. Bernardo de la Garza Herrera (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México
Dip. Alberto Anaya Gutiérrez (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo
(Sin que motive debate, en votación económica, se aprueba. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria y que la Secretaría General registre los movimientos en las comisiones. Abril 30 de 2001)
DE LA JUNTA DE COORDINACION POLITICA, SOBRE LA INTEGRACION DE COMISIONES ESPECIALES Y COMITES
Con fundamento en los artículos 42, 46 y 134 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los acuerdos de esta Junta de Coordinación Política de fechas 3, 5 y 10 de abril de 2001, referentes a la creación de Comisiones Especiales para darle seguimiento a los fondos aportados por los trabajadores mexicanos braceros y la encargada de coadyuvar y dar seguimiento a los proyectos de desarrollo regional de la región Sur-Sureste del país; y los que crean los Comités de los Centros de Estudios de Finanzas Públicas, de Derecho y de Investigaciones Parlamentarias, y de Estudios Sociales y de Opinión Pública, de fecha 30 de octubre de 2000, se hace del conocimiento de la H. Asamblea la integración de dichas comisiones y comités, de conformidad con las designaciones de los grupos parlamentarios que a continuación se enlistan:
COMISIÓN ESPECIAL ENCARGADA DE COADYUVAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL RELACIONADOS CON LA REGIÓN SUR-SURESTE DE MÉXICO
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional
Dip. Jesús Alí de la Torre
Dip. Alberto Amador Leal
Dip. Feliciano Calzada Padrón
Dip. Edilberto Buenfil Montalvo
Dip. Federico Granja Ricalde
Dip. Héctor Nemesio Esquiliano Solís
Díp. Adolfo Zamora Cruz
Dip. Roberto Fuentes Domínguez
Dip. José Manuel Moreno Tello
Dip. María de la Nieves García Fernández
Dip. Héctor Pineda Velázquez
Dip. José María Guillén Torres
Dip. Neftalí Jiménez Olán
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional
Dip. Victoria Ruth Sonia López Macías
Dip. Manuel Wistano Orozco Garza
Dip. Alba Leonila Méndez Herrera
Dip. María Teresa Tapia Bahena
Dip. Esteban Sotelo Salgado
Dip. Pablo de Jesús Arnaud Carreño
Dip. Luis Miguel Santibáñez García
Dip. Carlos Raymundo Toledo
Dip. Roger Antonio González Herrera
Dip. Francisco Arano Montero
Dip. Carlos A. Valenzuela Cabrales
Dip. José Gaudencio Víctor León Castañeda
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática
Dip. Héctor Sánchez López
Dip. Miguel Bortolini Castillo
Dip. Adela del Carmen Graniel Campos
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México
Dip. Ma. Teresa Campoy Ruy Sánchez
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo
Dip. Rosalía Peredo Aguilar
COMISIÓN ESPECIAL PARA DARLE SEGUIMIENTO A LOS FONDOS APORTADOS POR LOS TRABAJADORES MEXICANOS BRACEROS
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional
Dip. Eddie Varón Levy
Dip. Manuel Galán Jiménez
Dip. Rubén B. Félix Hays
Dip. José Luis González Aguilera
Dip. Rubén García Farías
Dip. Nancy Sánchez Arredondo
Dip. Teodora Elba Arrieta Pérez
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional
Dip. César Patricio Reyes Roel
Dip. José Carlos Borunda Zaragoza
Dip. Yadira lvette Tamayo Herrera
Dip. Jorge Urdapilleta Núñez
Dip. Ramón Ponce Contreras
Dip. José María Anaya Ochoa
Dip. José Carlos Luna Salas
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática
Dip. Sergio Acosta Salazar
Dip. Mario Cruz Andrade
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México
Dip. Erika Spezia Maldonado
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo
Dip. Juan Carlos Regis Adame
COMISIÓN BICAMARAL DEL SISTEMA DE BIBLIOTECAS
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional
Dip. Gerardo Sosa Castelán
Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional
Dip. Juan Alcocer Flores
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática
Dip. María de los Angeles Sánchez Lira
COMITÉ DE LOS CENTROS DE ESTUDIOS DE FINANZAS PÚBLICAS
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional
Dip. Manuel Medellín Milán
Dip. Jorge Chávez Presa
Dip. Florentino Castro López
Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional
Dip. Martín Hugo Solís Alatorre
Dip. José María Tejeda Vázquez
Dip. Rodrigo David Mireles Pérez
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática
Dip. Rosalinda López Hernández
Dip. Miroslava García Suárez
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México
Dip. Bernardo de la Garza Herrera
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo
Dip. Rosa Delia Cota Montaño
COMITÉ DE ESTUDIOS DE DERECHO E INVESTIGACIONES PARLAMENTARIAS
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional
Dip. Augusto Gómez Villanueva
Dip. Juan Manuel Carreras López
Dip. Héctor Ortiz Ortiz
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional
Dip. Tomas Coronado Olmos
Dip. Lucio Fernández González
Dip. Víctor Hugo Sondón Saavedra
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática
Dip. Luis Miguel Barbosa Huerta
Dip. Ricardo Moreno Bastida
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México
Dip. Arturo Escobar y Vega
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo
Dip. Rosalía Peredo Aguilar
COMITÉ DE ESTUDIOS SOCIALES Y DE OPINIÓN PÚBLICA
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional
Dip. Alma Carolina Viggiano Austria
Dip. Heriberto Huicochea Vázquez
Dip. José Antonio Hernández Fraguas
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional
Dip. José Marcos Aguilar Moreno
Dip. José Luis Novales Arellano
Dip. Eduardo Rivera Pérez
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática
Dip. Alejandro Gómez Olvera
Dip. Esteban Daniel Martínez Enríquez
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México
Dip. Sara Figueroa Cañedo
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo
Dip. Juan Carlos Regis Adame
Las Mesas Directivas de las Comisiones y Comités mencionados serán designadas por la Junta de Coordinación Política, se publicarán en la Gaceta Parlamentaria y se comunicarán a la Honorable Asamblea en el próximo Periodo de Sesiones Ordinarias; mientras tanto, estos órganos quedan facultados para actuar conforme lo determinan la Ley Orgánica y las prácticas parlamentarias.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de abril de 2001.
Atentamente
Dip. Beatriz Paredes Rangel (rúbrica)
Presidenta de la Junta y Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional
(Sin que motive debate, en votación económica, se aprueba. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria y que la Secretaría General lleve puntual registro de los cambios, y cúmplase. Abril 30 de 2001.)
DE LA JUNTA DE COORDINACION POLITICA, SOBRE LA INTEGRACION DE LA COMISION ESPECIAL DE LA AGROINDUSTRIA AZUCARERA DE MEXICO
Con fundamento en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el Acuerdo de esta Junta de Coordinación Política de fecha 5 de abril de 2001, referente a la creación de la Comisión Especial de la Agroindustria Azucarera de México, se hace del conocimiento de la H. Asamblea la integración de dicha Comisión, de conformidad con las designaciones de los grupos parlamentarios que a continuación se enlistan:
COMISIÓN ESPECIAL DE LA AGROINDUSTRIA AZUCARERA DE MÉXICO
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional
Dip. Francisco Castro González
Dip. Miguel Ortiz Jonguitud
Dip. Jorge Schettino Pérez
Dip. José Soto Martínez
Dip. Marisela Sánchez Cortés
Dip. Roberto Preciado Cuevas
Dip. Ildefonso Guajardo Villarreal
Dip. Jorge Chávez Presa
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional
Dip. Francisco Javier Flores Chávez
Dip. Jesús Dueñas Llerenas
Dip. Bernardo Pastrana Gómez
Dip. Francisco Javier Ortiz Esquivel
Dip. José de Jesús Hurtado Torres
Dip. Rafael Orozco Martínez
Dip. Francisco Arano Montero
Dip. Jaime Tomás Ríos Bernal
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática
Dip. Arturo Hérviz Reyes
Dip. Petra Santos Ortiz
Dip. Alfonso Oliverio Elías Cardona
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México
Dip. José Escudero Barrera
La Mesa Directiva de la Comisión mencionada será designada por la Junta de Coordinación Política, se publicará en la Gaceta Parlamentaria y se comunicará a la Honorable Asamblea en el próximo Periodo de Sesiones Ordinarias; mientras tanto, esta Comisión queda facultada para actuar conforme lo determinan la Ley Orgánica y las prácticas parlamentarias.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de abril de 2001.
Atentamente
Dip. Beatriz Paredes Rangel
Presidenta de la Junta y Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional
(Sin que motive debate, en votación económica, se aprueba. Aprobada la integración de la Comisión Especial encargada de atender los problemas de la agroindustria azucarera. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria y que la Secretaría General lleve el registro adecuado de los miembros de esta Comisión Especial. Abril 30 de 2001.)
DE LA JUNTA DE COORDINACION POLITICA, SOBRE LA CREACION DE LA COMISION DE GANADERIA
La Junta de Coordinación Política, en uso de las atribuciones que le conceden los artículos 34 y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, resuelve la Proposición con Punto de Acuerdo para crear la Comisión de Ganadería de esta Cámara de Diputados, con base en las siguientes
CONSIDERACIONES
Con fecha 3 de abril 2001 fue turnado por la Mesa Directiva a esta Junta de Coordinación Política una Proposición con Punto de Acuerdo presentada ante el Pleno de esta Cámara de Diputados por el Ciudadano Diputado Efrén Leyva Acevedo, a nombre de legisladores del PRI y del PRD, para reintegrar la Comisión de Ganadería, autónomamente de la de Agricultura y Ganadería de la cual hoy forma parte.
Por la importancia de la materia la Comisión de Ganadería fue establecida separadamente de la de Agricultura e institucionalizada en la Ley Orgánica del Congreso General aprobada en junio de 1994, pues si bien es cierto que la agricultura y la ganadería marchan juntas como actividades productivas y realidades estructurales del medio rural, también lo es que institucionalmente reciben un tratamiento especializado de la gestión pública, no obstante la vinculación coordinada entre ambas áreas. En efecto, dentro del ámbito de una misma Subsecretaría en la Sagarpa, funcionan de manera privativa la Dirección General de Agricultura, por una parte, y la Dirección General de Ganadería por la otra, cada una de ellas con sus programas específicos y atendiendo los respectivos universos que en el campo mexicano le dan sentido a esa estructura administrativa del gobierno.
De igual manera, debe destacarse que en el ámbito de la Comisión Nacional de Sanidad Agropecuaria, la cual opera como un organismo desconcentrado de la Sagarpa, aglutinador de ambos aspectos de la salud pública, existen sin embargo, dos direcciones generales separadas entre sí, una de Salud Animal y la otra de Sanidad Vegetal, sujetas a sus respectivos y específicos programas de orden gubernamental.
A mayor abundamiento, la organización de productores obedece entre otros factores a la especialidad productiva, de manera que frente a las múltiples organizaciones nacionales agrícolas, sólo existe una Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, probándose así la diferencia que existe entre ambos ramos de la actividad económica en el sector rural mexicano.
Más contundente, aún, es el hecho de que la legislación en materia agrícola y ganadera está ubicada en ordenamientos especializados para cada una de esas actividades. En efecto, existen la Ley de Organizaciones Ganaderas, frente a la Ley de Organizaciones Agrícolas; la Ley de Salud Animal, frente a la Ley de Sanidad Vegetal; la Ley sobre Producción, Certificación y Comercio de Semillas y la Ley Federal de Variedades Vegetales, como cuerpos normativos específicos para la agricultura, todo lo cual se repite en los programas gubernamentales, unos para el apoyo a la producción, comercialización e industrialización de productos agrícolas, frente a los dirigidos a los campos correspondientes de la actividad ganadera y pecuaria.
Por otra parte, los fenómenos epidémicos y aun los de orden endémico que actualmente afectan de manera impactante a las poblaciones vacunas de diversos países, constituyen un riesgo cierto para la ganadería mexicana y la salud pública del país, lo cual obliga a la revisión acuciosa de la legislación sanitaria preventiva y al seguimiento consecuente de las acciones gubernamentales para su atención. En consecuencia, éste es un factor de peso para apoyar una propuesta como la presente, que haría que el trabajo legislativo atendiera de manera especializada la materia ganadera.
Todas las anteriores consideraciones dan sustento a la justificada petición para que la ganadería sea atendida, en términos legislativos y parlamentarios, por una Comisión Especial, a fin de atender la compleja problemática de esa rama productiva del campo, que merece ser considerada con prontitud y con dedicación exclusiva y especializada por un cuerpo legislativo y parlamentario corno el que se propone.
Nada impide, en consecuencia, que la H. Asamblea acuerde la constitución de la Comisión Especial de Ganadería, ejerciendo la facultad que te otorga el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para que funcione durante el tiempo de la presente LVIII Legislatura y atienda de manera específica el tema de su nombre y la problemática que afronta y seguirá padeciendo la actividad ganadera de México y el Continente.
Por lo anteriormente expuesto esta Junta de Coordinación Política se permite proponer a la Honorable Asamblea el siguiente
ACUERDO
PRIMERO. Se integra la Comisión Especial de Ganadería de la Cámara de Diputados, con el objeto de atender las situaciones que afecten la actividad ganadera y pecuaria de México y los proyectos legislativos y parlamentarios que promuevan su solución.
SEGUNDO. La Comisión funcionará de manera permanente durante toda la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados, estará formada por 30 diputados de los diversos grupos parlamentarios, en la proporción siguiente: 13 del PRI, 12 del PAN, 3 del PRD, 1 del PVEM y 1 del PT.
TERCERO. La Junta de Coordinación Política determinará los integrantes de la Comisión Especial de Ganadería, así como la conformación de su Mesa Directiva.
CUARTO. En caso de que la integración y la conformación a que se refiere en punto SEGUNDO de este Acuerdo, se realice fuera del período de sesiones, la propia Junta dará cuenta al Pleno de las mismas en la segunda sesión ordinaria del próximo periodo de sesiones, para su ratificación; mientras tanto, se hará la publicación correspondiente en la Gaceta Parlamentaria y la Comisión podrá actuar conforme lo determinan la Ley Orgánica y las prácticas parlamentarias.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de abril de 2001.
Dip. Beatriz Paredes Rangel (rúbrica)
Presidenta de la Junta y Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional
Dip. Felipe Calderón Hinojosa (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional
Dip. Martí Batres Guadarrama (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática
Dip. Bernardo de la Garza Herrera
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México
Dip. Alberto Anaya Gutiérrez
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo
(Sin que motive debate, en votación económica, se aprueba. Aprobado el Punto de Acuerdo. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria y solicítese a la Junta de Coordinación Política su integración o sus integrantes. Abril 30 de 2001.)
Proposiciones
CON RELACION AL ANALISIS Y APROBACION DE LA REFORMA FISCAL Y FINANCIERA, PRESENTADA POR LA DIPUTADA MIROSLAVA GARCIA SUAREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA, EN LA SESION DEL LUNES 30 DE ABRIL DE 2001
El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, envió a este Congreso la llamada Nueva Hacienda Pública Distributiva, que en términos llanos es su propuesta de reforma fiscal.
Desde el día 5 de abril, cuando el paquete de iniciativas llegó a esta Cámara de Diputados, el Gobierno Federal ha presionado por varias vías y a través de distintos personajes -incluso algunos que tienen poco que ver con la materia que ahora nos ocupa-, para que sean aprobadas en el actual periodo ordinario de sesiones.
Sin embargo, existen dos hechos que impiden que la pretensión del Ejecutivo se lleve a cabo.
La primera es de índole formal y operativa. Para poder realizar un análisis preciso y puntual de las iniciativas, a través de las comisiones respectivas, que derive en cambios cualitativos y consensados de la propuesta oficial, se requiere más tiempo del que disponemos de aquí al 27 de abril. Lo cierto es que hoy no existe consenso entre las distintas fuerzas Políticas representadas en la Cámara de Diputados.
La segunda, y tal vez más importe, es de carácter legal. Aprobar reformas con relación a los ingresos públicos, en el actual periodo de sesiones, resulta violatorio a los artículos 73, fracción VII, y 74 constitucionales, dada la temporalidad con que deben aprobarse los ingresos y los egresos públicos.
Por otra parte, existe una restricción específica para que la Cámara de Diputados determine las contribuciones para cubrir el presupuesto (artículo 74 constitucional), lo que quiere decir que no se pueden imponer contribuciones en abstracto, sin presupuestación del gasto.
Por ello tampoco podemos estar de acuerdo con la propuesta de reformas al artículo 75 constitucional, que le otorgaría un poder de veto al Presidente de la República que hoy no tiene y que le daría facultades discrecionales para asignar el Presupuesto de Egresos.
De aprobarse las iniciativas del Gobierno, con las condiciones que se presentan al Legislativo, se obtendrían, según cálculos de la Secretaría de Hacienda, 130 mil millones de pesos adicionales, gracias sobre todo al gravamen que se impondría al consumo de alimentos y medicinas. Este monto, equivalente al 2% del PIB, no podría ser auditable por la Cámara de Diputados en la revisión anual de la Cuenta Pública. En otras palabras, el Ejecutivo podría asignar esos recursos de manera discrecional y, con toda certeza, los emplearía para cubrir el costo financiero de la deuda, en contraste con el discurso oficial de que se canalizarían a renglones sociales prioritarios.
Retomando la analogía que hace la Presidencia de la República en el sentido de que el país es como un hogar, vemos que antes de completar el gasto para el mandado (gasto social), que se requiere diario para sobrevivir, se privilegia el pago del alquiler de la casa (costo de la deuda).
Si se aprobara, además de ser inconstitucional, y en consecuencia susceptible de ser recurrible vía amparo, los ingresos extraordinarios no podrían ser fiscalizados, contradiciendo así la promesa del Gobierno de transparentar el ejercicio de los recursos públicos.
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados pertenecientes a diversos grupos parlamentarios, sometemos a este órgano colegiado el siguiente
Punto de Acuerdo
Uno. La H. Cámara de Diputados, con apego a sus facultades constitucionales, analizará y, debatirá las diferentes propuestas presentadas al seno del Pleno y de las comisiones correspondientes, y en su caso aprobará las reformas y nuevas leyes relacionadas con la reforma fiscal, de manera conjunta con la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación, en el próximo periodo ordinario de sesiones que inicia el 1 de septiembre y termina el 31 de diciembre de 2001.
Dos. Que la Cámara de Diputados, emita la convocatoria Para la IV Convención Nacional Fiscal de manera inmediata para que se celebre en el periodo comprendido entre los meses de mayo y agosto del año en curso, y en ella analizar los puntos de vista y propuestas del Ejecutivo Federal y los gobierno locales de la República.
Diputados: María Miroslava García Suárez, Santiago Guerrero Gutiérrez, José Félix Salgado Macedonio, Celestino Bailón Guerrero, Raúl Homero González Villalva, Flor Añorve Ocampo, Héctor Pineda Velázquez, Oscar Alvarado Cook, Arturo B. de la Garza Tijerina, Hortensia Aragón Castillo, Simón Iván Villar Martínez, Claudio Mario Bres Garza, Librado Treviño Gutiérrez, José Gerardo de la Riva Pinal, Eugenio Javier Hernández Flores, César Horacio Duarte Jáquez, Tomás Torres Mercado, Alfredo Hernández Raigosa, Pedro Miguel Rosaldo Salazar, Jorge Carlos Ramírez Marín, Uuc-Kib Espadas Ancona, Magdalena del Socorro Núñez Monreal, Manuel Duarte Ramírez, Rosalinda López Hernández, Esteban Daniel Martínez Enríquez, Raquel Cortés López, José Antonio Magallanes Rodríguez, Rubén Aguirre Ponce (rúbricas)
CON PUNTO DE ACUERDO EN RELACION A INDIGENAS PRESOS EN PATZCUARO, MICHOACAN, A PRESENTADA POR EL DIPUTADO RAFAEL SERVIN MALDONADO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA, EN LA SESION DEL LUNES 30 DE ABRIL DE 2001.
El suscrito diputado Rafael Servín Maldonado, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo:
Antecedentes
En los meses de febrero y marzo de 1998 la Secretaría de Medio Ambiente Recursos Naturales y Pesca, convocó a los pescadores indígenas del lago de Pátzcuaro, para llegar a un consenso sobre la aplicación de una veda total en el lago con el objeto de reducir la pesca en la época de desove. Los acuerdos que se suscribieron en ese entonces, era que la veda se aplicaría del primero de mayo al treinta y uno de ese mes, y sería una experiencia piloto, de acuerdo a los resultados se haría una evaluación para conocer sus alcances en el mes de junio de 1998. Por su parte los pescadores indígenas se comprometieron a respetar la veda durante el mes de mayo.
La Semarnap, la Comisión de Pesca del gobierno del estado y el Fideicomiso del Riego Compartido (Firco), apoyarían económicamente a los pescadores indígenas a través de un empleo temporal, y se les asignaría la mísera cantidad de $22 pesos por jornal.
Posteriormente, las dependencias federales incumplieron con el pago oportuno de los jornales comprometidos en el convenio, y fue hasta después de dos meses cuando se comenzaron hacer los pagos por parte del Firco de la cantidad acordada.
La evaluación sobre la veda de ese año que estaba programada para el mes de junio, nunca se llevó a cabo, ante la falta de cumplimiento de los acuerdos.
Se creó un ambiente de desconfianza de los pescadores indígenas hacia las dependencias involucradas en la veda de 1998.
Entre los meses de diciembre de 1998 y enero de 1999, nuevamente se llevaron a cabo una serie de reuniones entre los funcionarios del gobierno involucrados en los programas de desarrollo del Lago de Pátzcuaro, para tratar de llegar a los acuerdos de la veda para el año de 1999. Donde los funcionarios hicieron la propuesta a los pescadores indígenas que se les pagarían, $27 pesos por jornal, la propuesta de los pescadores fue que se les dieran $100 pesos por jornal. Pero los funcionarios de la Semarnap, no volvieron a convocar a los pescadores a reunirse, tampoco se les dio información sobre la veda, ni tampoco de las fechas que se aplicaría. Simplemente a partir del 12 de abril de manera unilateral, sin notificación alguna se comenzó aplicar la veda y la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa), comenzó a decomisar las redes de los pescadores indígenas que supuestamente no respetaban la veda, por lo que generó un clima de intranquilidad de todos los pobladores de la ribera del Lago de Pátzcuaro.
Los pescadores indígenas solicitaron que les fueran devueltas sus redes y el titular de la Profepa, se comprometió a devolvérselas en el término de tres días, hecho que no ocurrió.
Para los meses de enero y febrero del año 2000l se dieron una serie de reuniones entre los pescadores indígenas y los funcionarios de la Semarnap. Donde se llegaría a los acuerdos para la veda del año 2000, reuniones donde no se llegó a ningún acuerdo entre las partes.
El 2 de marzo del año 2000, estando reunidos en asamblea los pescadores en la Isla de Janitzio, aproximadamente a las 12:30 horas, se informó que los inspectores de la Profepa, apoyados por la policía estatal, estaban decomisando las redes en el lago; sin previa notificación, ni comunicado alguno, argumentando que la veda había iniciado el día primero de ese mes de marzo. Motivo por el cual los pescadores ahí reunidos acudieron a entrevistarse y tratar de dialogar con los biólogos e inspectores de la Profepa, y pedir una explicación del porqué, se les estaban decomisando nuevamente sus herramientas de trabajo, en este caso las redes; pero lejos de ser atendidos en forma correcta por dichos funcionarios federales, fueron amenazados con armas de alto poder por los policías que los acompañaban. Esta amenaza originó la irritación de los pescadores indígenas, quienes hábilmente desarmaron a los policías, y conjuntamente con los inspectores de Profepa fueron trasladados a la jefatura de tenencia de la isla de Janitzio, donde solicitaron que se presentaran los funcionarios de mayor rango de las dependencias involucradas que podían resolver el problema que se estaba generando por la veda, aplicada arbitrariamente.
Se celebró una reunión en las primeras horas del día tres de marzo con representantes de diferentes dependencias, donde hubo el compromiso de las autoridades federales y estatales, para darle solución al conflicto, llegando a los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- La Profepa se comprometió por escrito que no habría represión o denuncia contra los pescadores indígenas involucrados en el incidente del 2 de marzo.
SEGUNDO.- Que les presentarían diferentes alternativas de empleo temporal, para que se respetara la veda.
Pero resulta que los inspectores de la Profepa y los policías estatales, presentaron denuncia penal en contra de los pescadores indígenas Leocadio y Gamaliel Ascencio Amaya al igual que al Dr. Aurelio Guzmán Mateo, presidente de bienes comunales de la Isla de Janitzio y al Profesor Galindo Quiroz; por el delito de privación ilegal de la libertad y otros. Fueron detenidos por la Policía Judicial Federal el 6 de julio: el Dr. Aurelio Guzmán Mateo y Leocadio Ascencio Amaya, iniciándoles un proceso por el delito de privación ilegal de la libertad en agravio de los inspectores de la Profepa.
Hago notar que posteriormente los inspectores de la Profepa, y los policías estatales, se desistieron de los supuestos delitos cometidos en su contra, otorgándoles el perdón legal a los pescadores indígenas; pero la Procuraduría General de la República, siguió actuando de oficio; y no obstante las múltiples fallas en la integración de la averiguación previa y la manipulación de declaraciones por el Ministerio Público Federal que originó que el Juez Federal que conoció de la causa, los haya sentenciado a 20 años de prisión. Dicha sentencia no tomó en cuenta el problema social que ha generado en todas las comunidades indígenas de la región lacustre de Pátzcuaro Michoacán.
El viernes 2 de marzo de este año en la visita del EZLN a la ciudad de Pátzcuaro, el propio Subcomandante Marcos denunció la arbitraria sentencia contra los pescadores indígenas, y en el Congreso Nacional indígena celebrado en Nurio, Michoacán, uno de los resolutivos fue solicitar la excarcelación de los indígenas presos.
El miércoles 28 de marzo en la visita que hiciera el EZLN a está H. Cámara de Diputados, en el discurso pronunciado por la Comandante Esther, se hace mención a los indígenas encarcelados, cito las palabras de la Comandante Esther... "Aquí en este Palacio Legislativo hay siete lugares vacíos que corresponden a siete indígenas que no pueden estar presentes, y no pueden estar con nosotros, porqué la diferencia que nos hace indígenas a los indígenas no es reconocida, ni respetada. De los siete ausentes, el uno murió en los primeros días de enero de 1994: dos más están presos por oponerse a la tala de árboles; otros dos están en la cárcel por defender la pesca como medio de vida y oponerse a los pescadores piratas, y los dos restantes tienen orden de aprehensión por la misma causa, como indígenas, los siete pelearon por sus derechos y como indígenas encontraron la respuesta de la muerte, la cárcel y la persecución, aquí en este Palacio Legislativo hay siete lugares vacíos". Termina cita.
En el palco de invitados permanecieron vacíos los lugares de los indígenas de la ribera del Lago de Pátzcuaro, Aurelio Guzmán Mateo, Leocadio Ascencio Amaya, Gamaliel Ascencio Amaya y Galindo Quiroz.
El miércoles 7 de marzo en la visita del Presidente Vicente Fox a Pátzcuaro, Michoacán, donde puso en marcha La Cruzada Nacional por la conservación de los bosques y el agua, y presentó el Programa Nacional para el Impulso a la Cultura Indígena, se comprometió públicamente a apoyar a los pescadores indígenas detenidos y condenados a 20 años de prisión, para lo cual dio instrucciones a la Dirección Jurídica de la Presidencia de la República, para que hiciera los trámites correspondientes para que fueran liberados, una vez que se agotaran los procedimientos jurídicos.
Empero, inexplicablemente el Magistrado del II Tribunal Unitario del XI Circuito, confirma la inaudita sentencia de 20 años a cada uno de los pescadores indígenas, hecho por demás lamentable.
Por su parte, los abogados de la Presidencia no coadyuvaron, ni asesoraron en la defensa a los pescadores indígenas sentenciados.
Por lo antes expuesto y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, propongo el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero.- Esta Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión solicita al Ejecutivo Federal establecer una Mesa de Trabajo con los legisladores federales, correspondientes a los Distritos Electorales del estado de Michoacán, a fin de que se estudien y apliquen los medios jurídicos que resulten adecuado para otorgar la libertad absoluta y sin reservas a los indígenas Leocadio y Gamaliel Ascencio Amaya, Aurelio Guzmán Mateo y profesor Galindo Quiroz.
Segundo.- Una vez integrada la mesa de trabajo de los Diputados Federales, se haga una evaluación con las dependencias del gobierno federal y estatal; para darle una alternativa al rescate del Lago de Pátzcuaro.
Atentamente
Dip. Rafael Servín Maldonado (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PRESENTADA POR LA DIPUTADA RAQUEL CORTES LOPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA, EN LA SESION DEL LUNES 30 DE ABRIL DE 2001
Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las suscritas diputadas y diputados a la LVIII Legislatura, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentamos a esta Soberanía el presente Punto de Acuerdo con base en lo siguiente:
Compañeras Diputadas. Compañeros Diputados:
Antes de iniciar con la proposición de punto de acuerdo que me trae a esta alta tribuna de la Nación me declaro una mujer respetuosa de toda creencia religiosa y de las agrupaciones que permiten el desarrollo de estás.
Y creedora de un Estado de derecho, respetuosa de las instituciones de la República y convencida en que la democracia es el instrumento para alcanzar la justicia social.
La lucha del pueblo de México por revestir al Poder Ejecutivo con el principio laico ha pasado por varios episodios; entre ellos la persecución, el encarcelamiento, el hostigamiento y hasta el derramamiento de sangre de muchos mexicanos y mexicanas.
Desde la época colonial la iglesia ha tenido una importante participación en la vida nacional, en ella prevaleció su visión sobre la actividad pública del Estado. La Santa Sede en 1836 reconoció a México como Estado.
La lucha por el control político originó la pugna entre el poder civil y el eclesiástico que había de culminar en la Guerra de Tres Años y en expedición de las Leyes de Reforma.
De ahí se dio una lucha: el 15 de enero de 1847 Valentín Gómez Farías expidió un reglamento para bienes de manos muertas, el 25 de junio de 1856 el Presidente Comonfort promulgó la ley de desamortización civil y eclesiástica, el 23 de noviembre de 1855 se ordenó la supresión del fuero eclesiástico en materia civil y su posible renuncia en lo criminal.
Sobre la Carta de 1857 la iglesia estimó que hería sus intereses y los sentimientos del pueblo mexicano. El Papa Pío IX censuró las disposiciones y el Arzobispo de México Lázaro de la Garza y Ballesteros, prohibió a los católicos, bajo pena de excomunión, jurar la nueva Carta.
Esta lucha se llevó a los terrenos legislativos expidiéndose las siguientes leyes: Ley de Nacionalización de Bienes Eclesiásticos (12 de julio de 1859); Ley del Matrimonio Civil (28 de julio de 1859); Ley Orgánica del Registro Civil (28 de julio de 1859); decreto de secularización de los cementerios (31 de julio de 1859); decreto que declara qué días deben tenerse como festivos y prohibe la asistencia oficial a las funciones de la iglesia (11 de agosto de 1859); Ley sobre Libertad de Cultos (4 de diciembre de 1860); disposiciones que a su triunfo adicionó con la que ordena la secularización de los hospitales y establecimientos de beneficencia (2de febrero de 1861) y la relativa a la extinción de las comunidades religiosas (26 de febrero de 1863).
La legislación, consumó en México la separación de Estado e Iglesia
A mis manos llegó un oficio de la Secretaría de Gobernación, concretamente de la Subcomisión de Asuntos Religiosos, fechado el primero de marzo del presente en el que el doctor Javier Moctezuma Barragán, por instrucciones del licenciado Santiago Creel Miranda, Secretario de Gobernación del Poder Ejecutivo de la Nación, solicita a la Sra. Ana Teresa Aranda Orozco, Directora del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, para que se le otorguen todas las facilidades que se requieran para que las instituciones religiosas puedan ofrecer "servicios espirituales" en centros de readaptación social, de salud y de asistencia social. Así mismo le pide haga extensiva esta petición a los sistemas DIF e informe trimestralmente los avances de su petición.
El asunto es delicado y debe ser tratado con la seriedad y el respeto que merece.
Aquí, cabe hacer las siguientes:
Consideraciones
PRIMERO. De acuerdo con el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a la Secretaría de Gobernación corresponde el despacho de los siguientes asuntos; fracción XVI. Conducir, en el ámbito de su competencia, las relaciones políticas del Poder Ejecutivo con los partidos y agrupaciones políticos nacionales, con las organizaciones sociales, con las asociaciones religiosas y demás instituciones. Pero en ningún momento señala que le dará todas las facilidades que requieran estás para el cumplimiento de sus fines
SEGUNDO. El oficio está dirigido a la Presidencia del DIF, cuando lo que le solicita, si llegase a considerarse legal, debería de ser turnado a la Secretaría de Salud, en virtud de lo preceptuado por el artículo 3 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, fracción I; en el que faculta a la Secretaría para establecer y conducir la política nacional en materia de asistencia social, servicios médicos y salubridad general y la fracción VI para planear, normar, coordinar y evaluar el Sistema Nacional de Salud.
TERCERO. Preocupante, que a más de 100 días el Gobierno de la República aún no dé a conocer su Plan Nacional de Desarrollo en esta materia; ya que en el oficio en cuestión el Subsecretario consigna la existencia de una nueva estrategia religiosa que los mexicanos aún no conocemos.
CUARTO. Después de analizar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal no encontramos fracción alguna que otorgue a la Secretaría competencia en el asunto en cuestión. Además, desconocemos si el Poder Ejecutivo tenga ya en documentos oficiales conceptuando el término SERVICIOS ESPIRITUALES, en virtud de que se presumiría la legalidad de esta actividad pública.
QUINTO. La Secretaría de Gobernación no es competente para incidir en la política pública emanada y desarrollada por los centros de readaptación social, de salud y de asistencia social; ya que de acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal corresponde a las Secretaría de Salud, fracción VII, planear, normar y controlar los servicios de atención médica, salud pública, asistencia social y regulación sanitaria que correspondan al Sistema Nacional de Salud y de acuerdo con la Ley Sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social corresponde al DIF brindar la asistencia social.
SEXTO. El funcionario muestra su poco conocimiento de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, en virtud de que la Ley sólo reconoce asociaciones, agrupaciones religiosas e iglesias y la figura de INSTITUCIONES RELIGIOSAS no existe en el cuerpo de la ley.
De acuerdo con el "Glosario de Términos más usuales en la administración pública federal", publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Subsecretaría de Egresos, define institución como: establecimiento, empresa o persona moral fundada con aspiraciones de permanencia cuyos intereses son independientes de los de las personas físicas que la integran y asociación como: contrato en virtud del cual varios individuos convienen en reunirse de manera permanente para la realización de un fin común.
Como podemos desprender de lo anterior se está haciendo uso de una figura que no existe y que es diferente, desde su concepción, de las que reconoce la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público y el artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
SÉPTIMO. El Subsecretario solicita a la directora del DIF que le comunique trimestralmente el informe sobre esta situación y a su vez gire a los sistemas estatales esta petición.
Esta petición no toma en cuenta lo que preceptúe la constitución local y las leyes secundarias de los estados integrantes de la Federación; así como la Ley Sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social que cuenta con una Junta de Gobierno que toma las decisiones del. Sistema.
Aquí no acaba el asunto.
Con oficio número 200-100-00-0086/2001 la Secretaría Particular de la Dirección General del DIF y fecha 7 de marzo del 2001, ejecuta la petición de la Subsecretaría.
A lo anterior, caben las siguientes consideraciones:
1. De acuerdo con el artículo 19 de la Ley Sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social el Organismo contará con los siguientes órganos superiores: Patronato, Junta de Gobierno y Dirección General.
En ningún artículo del cuerpo de la Ley existe la figura del Secretario Particular de la Dirección General y mucho menos existe precepto alguno para facultarlo a girar notificaciones de la envergadura del oficio en cuestión, soslayando la legislación en la materia.
2. El Subsecretario de Gobernación envió oficio el 1 de marzo y la Secretaría Particular de la Dirección General del DIF fecha la ejecución en oficio fechado 7 de marzo, es decir, seis días después de la petición, cuando la Ley Sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social en su artículos 25 y 26 señala que la Junta de Gobierno se reunirá bimestralmente para discutir, aprobar acciones del organismo en el marco de la Ley.
En consecuencia, no hay sesión en la que se apruebe la ejecución de esta medida.
3. El oficio es en atención a los Directores Generales de los Sistemas DIF estatales, sin tomar en cuenta la legislación local, el Congreso local y los Secretarios de Gobierno de los estados libres y soberanos.
Conclusiones
1. La Secretaría de Gobernación, por conducto de la Subsecretaría de Asuntos Religiosos invade competencias de la Secretaría de Salud y del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.
2. El DIF en sus artículos 9, objetivos; y 11, atribuciones, no contempla se autorice a personas morales con fines religiosos a prestar servicios espirituales en los centros de asistencia social y salud.
3. La medida podría representar una violación a las garantías individuales de los sujetos señalados por el artículo 4º de la Ley Sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social, enfermos y sujetos a procesos penales recluidos en los centros de readaptación social, en virtud de que el Estado se encontraría invadiendo su privacidad al otorgar permiso a asociaciones religiosas a brindar servicios espirituales.
¿Harán uso de los servicios en mención los católicos en presencia de un pastor evangelista, o viceversa?
4. De acuerdo con datos del XII Censo General de Población y Vivienda 2000 que publicó en noviembre del año 2000 el INEGI, se desprende que el 88.2% de los mexicanos profesan la religión católica, un 5.2% son protestantes y/o evangélicos, un 3.5 no tienen religión y finalmente un 2.5% profesan otra religión diferente a las anteriormente señaladas.
En base a esta composición religiosa, ¿qué debemos de entender por servicios religiosos?.
5. No se está respetando la soberanía de los Estados, de los Congresos locales y sobre todo de las constituciones locales y los marcos jurídicos de las entidades en materia de asuntos religiosos.
6. Se requiere de un estudio a fondo para establecer si estas medidas constituirían una violación al párrafo primero del artículo 24 constitucional.
Esta Soberanía debe atender cuidadosamente esta proposición, en virtud de que la medida solicitada por la Secretaría de Gobernación va dirigida a grupos en situación de vulnerabilidad física, económica y social.
Ciudadano Presidente, anexo copia de los oficios de la Subsecretaría de Asuntos Religiosos y el de la Secretaria particular de la Dirección General del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en apego a lo previsto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos ante el Pleno de esta Honorable Cámara de Diputados el presente
Punto de Acuerdo
PRIMERO. Que en el ámbito de sus atribuciones, la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, solicite a la Secretaría de Gobernación se sirva presentar un informe de la situación expuesta
SEGUNDO. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión hace un respetuoso llamado a las autoridades competentes del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia para que suspenda las medidas solicitadas por la Secretaría de Gobernación en tanto no se sustenten en los ordenamientos aplicables.
Es cuanto Ciudadano Presidente, y le solicito turne la proposición a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública para que emita el respectivo dictamen en los tiempos que establecen nuestros ordenamientos jurídicos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril del año 2001.
Dip. Raquel Cortés López (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO PARA FORMULAR UN PRONUNCIAMIENTO RESPECTO DEL PROBLEMA DE LA CUENCA LERMA-CHAPALA-SANTIAGO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JOSE BAÑALES CASTRO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL, EN LA SESION DEL LUNES 30 DE ABRIL DE 2001
Los diputados de esta 58 Legislatura integrantes del Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional, Partido de la Revolución Democrática, todos del estado de Jalisco sometemos a la consideración del Pleno de la H. Cámara de Diputados, con fundamento en lo que dispone el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos la siguiente:
Proposición con punto de acuerdo respecto del problema de la Cuenca Lerma-Chapala-Santiago, bajo las siguientes
Consideraciones
El agua como recurso indispensable a la vida humana ha ido convirtiéndose en intensa preocupación mundial a medida que la población crece y ella se torna escasa. Su correcta explotación, distribución, administración y tantos aspectos que le rodean están sujetos a diversos factores de la sociedad; desde la educación para su correcto aprovechamiento hasta la sanción adecuada a su desperdicio o su contaminación.
México, ha pasado de ser privilegiado en cuanto a aguas superficiales y subterráneas a ser un país con mayores riesgos de escasez del líquido cada día.
Es mi propósito en esta ocasión, que nos ocupemos de la situación que guarda la Cuenca Lerma-Chapala-Santiago por la importancia que tiene como recurso en nuestro país.
La Cuenca cubre una extensión 54,300 Km2 y el Lago de Chapala es su vaso regulador.
El río Lerma recorre los estados de: Guanajuato, Jalisco, México, Michoacán y Querétaro
La precipitación media en la cuenca es de 707 mm. anuales, inferior a la media nacional que es de 779 mm. por lo que se le considera una cuenca pobre.
Cada año más de 3,700 Mm3 de agua de la cuenca del río Lerma son para uso agrícola y pecuario y 1,300 Mm3 se destinan a uso urbano o industrial.
Según informes de la Comisión Nacional del Agua se estima que el 87% del agua del río Lerma se destina a riego agrícola y se considera que únicamente en el Bajío las extracciones originan actualmente un déficit de los acuíferos mayor de 770 Mm3 por año.
Este porcentaje se concentra en 370 000 Has. aproximadamente, las demás, hasta alcanzar las 800,000 Has. de la zona por la que transita el río se abastecen de agua de pozos, sin embargo no puede pensarse en abrir más pozos ya que los mantos de la región están sobreexplotados.
La actividad agrícola de la cuenca del río Lerma es tan intensa que durante el estiaje las aguas negras municipales son tomadas para regar parcelas, de tal suerte que en algunos casos esas aguas no llegan a los cauces de los ríos o arroyos, por lo que en esta época de sequía no alimentan al Lerma. La opción ideal al respecto sería que fuesen aguas tratadas.
Al mismo tiempo los desechos industriales representan hasta dos mil descargas a la cuenca y solo existen el 50% de las plantas de tratamiento necesarias que a su vez requieren un mantenimiento constante, que en muchos casos la falta de recursos de los municipios no permite cubrirlo.
Ahora bien, en referencia concreta al lago de Chapala sus principales problemas son:
1.- Desecación por insuficiencia de aportes respecto del volumen que se extrae ya que sus ríos alimentadores son desviados para abastecer zonas agrícolas.
2.- Azolve por los irreversibles cambios del uso del suelo a lo largo de la ribera acompañado de deforestación inducida.
3.- Contaminación. Las descargas industriales y residenciales que llegan sin pasar por plantas de tratamiento ya que el número de estas es notoriamente insuficiente, y las existentes no operan adecuadamente.
4.- Los efectos que sobre las poblaciones vivas tienen estos procesos que se refiere no solo a desaparición de especies sino a mutaciones presentadas.
Se ha señalado que desde los años cincuenta comienza una aceleración en la industrialización del Valle de México y un mayor crecimiento demográfico con consolidación de centros urbanos que demandan mayor abastecimiento de agua.
Si tomamos el año de 1993, en que Chapala tenía el volumen más alto de la década en 5,598 Mm3 se considera actualmente una pérdida de más de 3,404 Mm3 es decir el 61% por lo que el mayor embalse del país solo tiene actualmente 2,194 Mm3
Y en cuanto al azolve, se calcula que anualmente el lago recibe 930 mil toneladas de sólidos y además muestra un comportamiento creciente en los últimos años.
Esto ha ocasionado:
1.- Reducción en el volumen almacenado del agua.
2.- Disminución de salidas por el río Santiago desde 1981.
3.- Procesos de deforestación propiciados por prácticas agrícolas tradicionales pero irregulares.
EN CUANTO A LA CALIDAD DEL AGUA debemos ubicarnos adecuadamente en el origen del problema del lago de Chapala, por lo que conviene distribuir el río Lerma en bajo, medio y alto.
El alto Lerma recibe descargas residuales de los parques industriales Santiago Tianguistengo y Lerma Toluca y residuales urbanas de Toluca, Lerma, Atlacomulco y otras poblaciones al grado de clasificarlo como fuertemente contaminado.
El medio Lerma recibe las aguas residuales de los parques industriales de Querétaro, Celaya, Irapuato y Salamanca y las descargas municipales de Villa Corregidora, Cortázar, Villagrán y otras.
El bajo Lerma entre Irapuato y la entrada al Lago de Chapala recibe a través del río Turbio las aguas residuales de León, Abasolo y Pénjamo y se deteriora más al recibir las de la Piedad y la Barca.
La calidad mejora un poco al recibir los afluentes del río Duero y así se mantiene hasta su incorporación al lago sin que llegue a ser considerada buena.
El desarrollo humano industrial genera un caudal de 44m3 por segundo de aguas residuales municipales con carga contaminante.
Las 560 principales industrias generan descargas directas al río y sus afluentes de 2.4 m3 por segundo.
Esta situación a pesar del establecimiento de algunas plantas procesadoras no se ha mejorado en forma significativa y los aportes que recibe el lago siguen considerados como altamente contaminados.
En 1989 el gobierno federal y los gobiernos de los estados de la cuenca formaron el Consejo Consultivo para el mejoramiento de la cuenca que se transforma en 1993 en el Consejo de Cuenca como lo establece la Ley de Aguas Nacionales (1992) y su posterior reglamento (1994) como fundamento legal.
Existen acuerdos de distribución, Comités Técnicos de aguas subterráneas, programas de apoyo a la regularización, titulación y registro de los aprovechamientos existentes, el Registro Público de Derechos de Agua, patrones de usuarios, de volúmenes utilizados e identificación de aprovechamientos ilegales e irregulares.
Se acordó el establecimiento de 48 plantas de tratamiento de aguas municipales en una primera etapa y 52 más en una segunda para lograr el tratamiento del 80% del agua residual de la cuenca, sin embargo, como ya se mencionó parece ser que solo se cuenta con infraestructura para cubrir el 50% y difícilmente a la falta del cumplimiento de los compromisos correspondientes.
El problema se ha enfocado desde dos perspectivas: una que es el enfoque que cada estado le ha dado y otra solo contempla el daño al Lago de Chapala.
En ambos casos se observan tres factores; el económico que solo ve el agua como aprovechamiento que produce satisfactores materiales a la sociedad; el socio-político que evalúa para la restricción u ordenación del agua los compromisos políticos de riesgo y el ecológico cuya visión es el medio ambiente y su conservación cuando en realidad debe afrontarse el problema de una manera integral e integrada en un esfuerzo compartido por todos los sectores.
Para su solución no pretendemos que aparezcan de inmediato los diez mil millones de pesos que se considera resolverían la infraestructura de la cuenca, ni los dos mil millones necesarios para su saneamiento, ni siquiera los cuatrocientos millones que anualmente se requieren para su mantenimiento pero, lo que sí se pretende es la reorganización consciente del trabajo, la revisión exhaustiva del marco legal, la vigilancia de su correcta aplicación y desde luego la búsqueda de los recursos en la medida de lo posible ya que es imperiosa la solución a la que se considera la cuenca más importante del país y de la que depende la salud y prosperidad de millones de mexicanos.
Algunas de las propuestas indispensables para la mejora de la cuenca y del lago son:
1.- Reforestación y repastización con construcción de presas filtrantes en cauces degradados en 5 cuencas piloto, una en cada estado.
2.- Reordenación y regulación de la explotación, uso y aprovechamiento de aguas superficiales, subterráneas y residuales.
3.- Eficientes alternativas de saneamiento
4.- Marco jurídico para determinar la responsabilidad del saneamiento del agua bajo el principio de diferencia entre quien la usa y quien la deteriora.
5. Sanciones a aplicarse y una forma real de hacerlo.
Los mexicanos debemos estar conscientes del riesgo que representa la desecación de nuestras cuencas y el problema del Lago de Chapala es el problema de la cuenca entera.
Ni su mejoría ni su completa pérdida son independientes. El Lago de Chapala vivirá si la Cuenca del Lerma vive pero no como hasta éste momento, sobreexplotada y contaminada por nosotros.
Cuidemos nuestra vida y la de nuestras familias, cuidemos la herencia de los mexicanos del futuro.
Por lo anteriormente expuesto se le solicita a la Junta de Coordinación Política de la H. Cámara de Diputados, agendar como tema de discusión la problemática nacional de la Cuenca Lerma-Chapala-Santiago, a la que durante años se le han a dado soluciones parciales.
Compañeras y compañeros diputados:
Por las consideraciones antes expuestas proponemos el siguiente
Punto de Acuerdo
PRIMERO.- Citar al Director General de la Comisión Nacional del Agua a efecto de que comparezca ante las comisiones correspondientes para que explique las acciones que la dependencia a su cargo está llevando a cabo para detener y revertir el deterioro de la Cuenca Lerma-Chiapas-Santiago, e informe sobre el cumplimiento de los compromisos oficiales firmados desde 1989 entre el Gobierno Federal, Gobierno de los estados, y el consejo consultivo para el mejoramiento de la Cuenca.
SEGUNDO.- Que la Comisión Nacional del Agua convoque la participación ciudadana mediante los mecanismos adecuados que incluya tanto a empresarios como a habitantes de los alrededores de la Cuenca con el fin de allegarse las versiones de los directamente afectados por la problemática.
TERCERO.- De manera particular, se exige a la Comisión Nacional del Agua o a los órganos competentes se continúe con el desarrollo de la infraestructura necesaria para cubrir el porcentaje faltante del tratamiento del agua residual de la Cuenca.
Atentamente
Dip. José Bañales Castro (rúbrica)
Palacio de San Lázaro a los 30 días del mes de abril del 2001
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA CITAR AL SECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION, PRESENTADA POR LA DIPUTADA JOSEFINA HINOJOSA HERRERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, EN LA SESION DEL LUNES 30 DE ABRIL DE 2001
Honorable Asamblea:
El artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, faculta a esta Cámara "a examinar, discutir y aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación". De conformidad y en apego estricto a nuestras atribuciones, el pasado 28 de diciembre esta Legislatura aprobó el Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal del año en curso.
El examen detallado del Proyecto de Presupuesto enviado por el Ejecutivo Federal, dio pauta para que en distintas materias y rubros los legisladores a través de las comisiones competentes, propusieran un conjunto de modificaciones, mismas que en su oportunidad fueron incluidas y aprobadas por el Pleno de esta Cámara.
En tal virtud, se consideró por las Comisiones de Agricultura y de Presupuesto y Cuenta Pública impulsar con mayor contundencia el desarrollo de las actividades agrícolas y, apoyar a los campesinos mediante el incremento de las asignaciones correspondientes a los programas de Apoyos a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Regionales, Alianza para el Campo, Apoyos Directos al Campo, Empleo Temporal, Fondo de Apoyo Especial a la Inversión y del Fideicomiso de Riesgo Compartido, lo cual se incluyó en el Decreto Aprobatorio del Presupuesto.
Por lo anterior y dada la importancia que tiene para el desarrollo del campo los recursos aprobados por esta Honorable Legislatura, los que suscribimos el presente punto de acuerdo exponemos los siguiente:
Considerandos
1.- El Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2001, aprobado el pasado 28 de diciembre por esta Cámara de Diputados, en el artículo 75 bis establece que:
"El Programa del Fondo de Apoyo Especial a la Inversión tiene como finalidad apoyar a los productores que enfrentan problemas de producción y competitividad, con recursos destinados a la reconversión de cultivos, la promoción de la agricultura por contrato, así como para el desarrollo de las cadenas agroalimentarias, además para el fomento de la pequeña industria rural para incorporar valor agregado a sus productos que eleven sus niveles de ingreso."
También establece que: "los criterios de distribución de estos apoyos deberán incorporar criterios redistributivos a favor de los productores de menores ingresos, y ser convenidos con las organizaciones de productores representantes de estos cultivos y con las entidades federativas en donde estos se desarrollen."
2.- Las Reglas de Operación del Programa del Fondo de Apoyo Especial a la Inversión en Frijol expedidas el miércoles 31 de enero del año en curso, establecen como objetivo: "apoyar a los productores de frijol que enfrentan problemas de competitividad, para que estén en posibilidad de contar con mecanismos que coadyuven a la estabilidad del mercado de ese producto, permitan acortar en beneficio de los productores organizados, el margen entre el precio pagado al productor con el precio al consumidor final y contribuir a un mejor posicionamiento del producto de los agricultores organizados en los mercados."
3.- Según lo establecido en las Reglas de Operación, los recursos destinados al Programa se distribuyen con el propósito de apoyar los siguientes conceptos: Garantías Líquidas, Complemento al Crédito, Contingencia, Promoción Comercial.
4.- Como podemos dar cuenta, se observan diferencias en el objetivo, el destino y los beneficiarios establecidos en el Decreto del Presupuesto de Egresos y las Reglas de Operación.
5.- En reuniones sostenidas entre el Titular y funcionarios de la Sagaderpa con la Comisión de Agricultura, diputados pertenecientes al grupo parlamentario del PRI y representantes de organizaciones de productores, se señaló la contradicción que subsiste entre lo que establece el artículo 75 bis del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación y la Reglas de Operación publicadas en el Diario Oficial.
6.- Se señaló con oportunidad que los 560 millones previstos para el Programa del Fondo Especial de Apoyo a la Inversión en Frijol, deben ser destinados a los productores con problemas de producción y competitividad, e incorporar criterios redistributivos a favor de los productores de menores ingresos, a fin de proveer una solución integral en la cadena productiva de frijol, quedando establecido que los rubros determinados en este Fondo son: la reconversión de cultivos, la promoción de la agricultura por contrato, el desarrollo de cadenas agroalimentarias y el fomento de la pequeña industria rural para incorporar valor agregado.
7.- Con el propósito de cumplir con lo establecido en el Decreto Aprobatorio del Presupuesto de Egresos se remitió al señor Secretario un oficio, donde se detalló el análisis que sustenta el propósito fundamental de dicho Fondo.
8.- Los funcionarios de la Secretaría de Agricultura expresaron su disposición a tomar en cuenta los planteamientos para favorecer a los pequeños productores, hecho que lamentablemente no sucedió y en respuesta, el Subsecretario de Desarrollo Rural, Ing. Antonio Ruiz García, a través de oficio, manifiesta entre otras apreciaciones, que:
Los principales problemas que han enfrentado los productores de frijol están relacionados con el bajo precio de campo, situación motivada entre otros factores por una escasa participación de los productores en el acopio, cribado, pulido, aquintalado o embolsado, distribución y comercialización del producto.
Las organizaciones de los productores requieren apoyo de capital de trabajo para desarrollar sus procesos comerciales, dado que en éstos se carece de garantías para la obtención de líneas de financiamiento y de capital de trabajo que soporten la revolvencia que los procesos de comercialización requieren.
Que no desconocen la existencia de otros problemas entre los productores de frijol, sin embargo que, para la atención de aquéllos se operan otros programas.
Por lo anterior la Secretaría de Agricultura estima que incluir los tipos de apoyos que establece el Decreto, propiciaría la duplicidad de programas, con éstos y otros de Alianza para el Campo.
10.- Al incluir el artículo 75 bis en el multicitado Decreto Presupuestal esta honorable Legislatura tenía conocimiento de la existencia de "otros programas", no obstante al aprobar su inclusión se pretendió fortalecer la acción del Estado mexicano para impulsar el desarrollo productivo y la incorporación en condiciones menos desventajosas de los productores de frijol en el mercado.
Dadas las condiciones de marginación y pobreza que guardan la gran mayoría de los productores, la descapitalización recurrente de que han sido objeto, la falta de un precio justo en el mercado y la pérdida que representa para Zacatecas, que produce en promedio 300 mil toneladas y transfiere valor por casi 600 millones de pesos; expreso en esta tribuna la inconformidad de miles de campesinos productores de frijol emprobrecidos.
11.- Por otra parte, se realizó una revisión al anexo del Presupuesto de Egresos de la Federación relativo al Ramo 8 "Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación", donde se encontraron diferencias en las asignaciones adicionales aprobadas por esta H. Cámara en los rubros de Alianza para el Campo, Fideicomiso de Riesgo Compartido y Programa de Empleo Temporal.
12.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, remitió información al respecto y se observó que se aplicaron reducciones a los programas que representan un mayor impacto entre los campesinos de menores ingresos.
13.- Adicionalmente, y para dejar explícita la problemática por la que atraviesan los productores de trigo, es importante señalar que existe una gran imprecisión de los criterios bajo los cuales la Sagaderpa determinó el apoyo a la producción de trigo en zonas de bombeo, principalmente las ubicadas en el estado de Sonora.
Los diputados tenemos la responsabilidad ante el pueblo de México, no solamente de legislar sino también fungir como órgano de control para que el Presupuesto de Egresos, cuya aprobación es facultad exclusiva de esta Cámara, sea ejecutado con apego irrestricto a los términos establecidos.
En la circunstancia inédita e histórica de este Poder, los Diputados que hoy tenemos el privilegio de pertenecer a él, estamos obligados a corresponder a la confianza de los ciudadanos; el Ejecutivo de la Federación no debe, nunca más, extralimitarse en las atribuciones que la propia Norma Suprema le confiere; ni este Poder dejar de ejercer a plenitud su facultad de control que la constitución le otorga y que los habitantes de la República reclaman.
Por lo antes expuesto, y con fundamento en lo que establece el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a consideración de esta Soberanía el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero.- Que esta Soberanía requiera la presencia del Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con el propósito de promover:
La modificación de las reglas de operación para cumplir con el objetivo del fondo de apoyo especial a la inversión en frijol conforme a lo establecido en el artículo 75 bis del Decreto de Presupuesto de Egresos para el año 2001.
El cumplimiento de lo determinado en el Dictamen del Presupuesto de Egresos, respecto a los programas orientados a apoyar a los campesinos menos favorecidos.
SEGUNDO.- De igual forma, el secretario, deberá exponer las razones por las cuales se niega a otorgar los recursos solicitados por los productores de trigo en las zonas de bombeo del estado de Sonora, cuando esta Honorable Cámara aprobó por unanimidad recursos suficientes en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2001.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de abril de 2001.
Dip. Josefina Hinojosa Herrera (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO RESPECTO A LA PROBLEMATICA QUE ENFRENTAN LOS POTENCIALES USUARIOS DEL SERVICIO TELEFONICO EN LAS COMUNIDADES DE TONALA, EL SALTO, JUANACATLAN Y ZAPOTLANEJO, JALISCO, PARA SER INCORPORADOS AL SERVICIO TELEFONICO LOCAL DEL AREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JAIME ACEVES PEREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL, EN LA SESION DEL LUNES 30 DE ABRIL DE 2001
Los diputados integrantes de la LVIII Legislatura del estado de Jalisco sometemos a la consideración del Pleno de esta H. Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, respecto a la problemática en materia de comunicaciones telefónicas al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Es evidente que la tecnología aplicada al manejo de la información y de los medios de comunicación son elementos indispensables para una autentica modernización del aparato productivo y para lograr la correspondiente integración de la sociedad en dicho fenómeno.
En efecto el adecuado desarrollo de la infraestructura en las telecomunicaciones constituye uno de los factores fundamentales para impulsar el crecimiento económico, la integración nacional y el desarrollo social; y constituye una estructura adecuada para lograr una rápida y confiable transmisión de información con otras regiones dentro del país y del mundo, siendo sin duda la telefonía, uno de las comunicaciones fundamentales en este proceso.
Luego entonces, es indispensable mejorar la calidad, acceso, eficiencia e integración de los diferentes servicios de telecomunicaciones, particularmente la de la telefonía, incorporando el uso de tecnología de punta, a fin de apoyar la competitividad, productividad de la economía.
Precisamente por la importancia de la comunicación por teléfonos, es que en el año de 1990, se dio la apertura en el sector telefónico para que, de manera gradual, inversionistas nacionales y extranjeros puedan competir en dicho sector tanto en telefonía nacional como de larga distancia y facilidades para la ampliación de telefonía celular. Lo anterior con el fin de contar con suficientes recursos para dar los mantenimientos necesarios, la ampliación de infraestructura y modernización requerida y convertir la comunicación telefónica como un motor esencial del desarrollo regional, nacional, internacional y social.
En esta privatización de ninguna manera el Estado renunció a su capacidad rectora, por lo tanto corresponde a éste mantener el dominio sobre el espectro radio eléctrico y las posiciones orbitales asignadas al país, y promover su uso eficiente y eficaz que en efecto contribuya al desarrollo económico en general.
Para el Partido Acción Nacional, la empresa debe tener una función social, una dimensión subsidiaria, no se trata de criterios de simple utilidad; recordemos en este sentido que durante el proceso de privatización de Teléfonos de México uno de los criterios o condiciones que se le impusieron a la empresa, o si se quiere, uno de los motivos de su privatización fue la ampliación de la cobertura.
Es evidente que la rentabilidad del servicio varía según la zona en que este se brinda, no obstante todos los mexicanos tenemos el derecho a recibirlo.
Reconocemos en tal virtud, que la inevitable tendencia globalizadora, el incuestionable y frenético avance de la tecnología en general, y en especial en materia de comunicaciones no puede excluir del desarrollo a regiones especificas, en otras palabras, que no solo se utilicen criterios de rentabilidad empresarial, sino que en todo caso, se atienda a la rentabilidad social.
El incorporar a un número mayor de mexicanos a la red de comunicaciones no implica el simple beneficio directo a estos, sino que repercute de manera favorable en la red en general, en todos los usuarios.
Actualmente el marco jurídico que rige al sector telecomunicaciones sienta las bases para fortalecer la función rectora, normativa y promotora del Estado, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, al tiempo que otorga seguridad jurídica a la inversión privada en la construcción de infraestructura y en la prestación de los servicios.
Es en la Ley Federal de Telecomunicaciones donde se prevé la constitución de un órgano desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que se denomina Comisión Federal de Telecomunicaciones, mejor conocida como Cofetel, misma que tiene autonomía técnica y operativa, el cual tendrá la organización y facultades necesarias para regular y promover el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones en el país.
La población de Puente Grande, Municipio de Tonalá, y los Municipios de El Salto, Juanacatlán y Zapotlanejo integran la zona conurbada de la ciudad de Guadalajara y comparten con esta un mercado común, lo que genera importantes niveles de desarrollo económico, político y social. Este crecimiento depende de manera significativa de las comunicaciones, mejorando estas, mejora el bienestar social.
Ahora bien el servicio de larga distancia al cual se encuentran sujetos dichos municipios, constituye un obstáculo para que puedan tener una mejor comunicación y desarrollo dado que su costo económico es muy elevado, lo que impacta directa y negativamente en las actividades productivas y economía de los usuarios, lo que ya no se justifica en virtud de que comparten la misma área geográfica.
En efecto, de conformidad con las atribuciones que el ordenamiento jurídico establece a favor de la Cofetel, esta determinó mediante las resoluciones respectivas la estratificación del Estado en grupos de municipios, incorporando de manera indebida algunos de los municipios mencionados en áreas distintas, motivando con esta diferenciación que determinados municipios quedaran excluidos como parte integral del desarrollo comercial e industrial de la zona metropolitana de Guadalajara.
Compañeras y compañeros diputados:
Por las consideraciones anteriormente expuestas y con fundamento en lo que dispone el artículo 58 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos sometemos a la consideración de esta H. Cámara la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo respecto a la problemática que enfrentan los potenciales usuarios del servicio telefónico en las comunidades de Tonalá, El Salto, Juanacatlán y Zapotlanejo, Jalisco para ser incorporados al servicio telefónico local del área metropolitana de Guadalajara.
PRIMERO.- Se recomiende a la Cofetel se analice la posibilidad de incorporar al municipio de Zapotlanejo al área 118.
SEGUNDO.- Se sirva solicitar respetuosamente a la Cofetel revise y estudie la viabilidad de incorporar al área de servicio local de la zona metropolitana de Guadalajara a los municipios del Salto, Juanacatlán, Zapotlanejo y el poblado de Puente Grande del Municipio de Tonalá.
TERCERO.- Se sirva solicitar respetuosamente a la Cofetel estudie y analice la viabilidad de adelantar la consolidación el área de servicio telefónico local entre a los municipios del Salto, Juanacatlán, Zapotlanejo y el poblado de Puente Grande del Municipio de Tonalá.
Se solicita que el presente Punto de Acuerdo sea turnado a la Comisión de Comunicaciones y Transportes para los efectos legislativos correspondientes
Palacio Legislativo de San Lázaro a 27 de abril de 2001.
Dip. Jaime Aceves Pérez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO PARA FORMULAR UN PRONUNCIAMIENTO RESPECTO DE LA SEVERA PROBLEMATICA QUE PRESENTA A NIVEL NACIONAL EL DELITO DE DESPOJO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JOSE TOMAS LOZANO Y PARDINAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL, EN LA SESION DEL LUNES 30 DE ABRIL DE 2001
Los diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional sometemos a la consideración del Pleno de esta H. Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos la siguiente:
Proposición con Punto de Acuerdo, que los diputados del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional someten a la consideración del Pleno de esta H. Cámara de Diputados respecto de la problemática que reviste a nivel nacional tanto en el ámbito federal como en el local la constante y permanente actualización del delito despojo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Dada la falta de planeación, de políticas que propicien un verdadero desarrollo sustentable, las condiciones de pobreza y una deficiente coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, tanto en el nivel federal como en el estatal, el delito de despojo se ha constituido en los últimos años como un problema de dimensiones alarmantes.
El despojo como figura delictiva se encuentra regulado en el Código Penal Federal en los artículos 395 y 396, y en los códigos de las 31 entidades federativas y en el relativo del Distrito federal, el bien jurídico protegido por estas disposiciones es el derecho de posesión.
Así, tenemos que tanto la Federación, como las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias tienen facultad para perseguir y juzgar sobre la comisión de este ilícito penal, a este respecto la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en el inciso e) del artículo 50 señala que son delitos del orden federal aquellos en que la federación sea sujeto pasivo, es el caso del despojo en zonas federales.
A lo anterior debemos agregar que la forma de dar inicio a la averiguación previa, en este tipo penal es por querella, salvo lo dispuesto en las últimas dos fracciones del artículo 395 del Código Penal Federal.
Con fundamento en lo anterior, la autoridad debe actuar de oficio cuando el despojo se realice por grupo o grupos, que en conjunto sean mayores de cinco personas, o cuando sea de manera reiterada, estas agravantes se han incorporado al tipo penal en virtud de que en la práctica comúnmente se cometen de esta forma, y en el ámbito federal la reiteración de esta conducta, es precisamente lo que anima el presente punto de acuerdo.
El despojo reviste varios aspectos, por una parte es un ataque simple y directo al derecho de posesión pero por otro trasciende al orden social y público y se convierte en una conducta antisocial que debe ser atacada con decisión por parte del Estado, pero aunado a esto degenera en ocasiones, como en el caso de nuestra realidad nacional en la devastación del entorno ecológico e impide un desarrollo organizado, planeado y sustentable de los asentamientos humanos.
Debemos también destacar que constitucionalmente que el derecho público y la responsabilidad que tiene el Estado para dictar las medidas necesarias y ordenar los asentamientos humanos, así como para el uso, reserva y conservación de tierras aguas y bosques es una necesidad inaplazable.
Por otra parte en el ámbito local el problema no es menos grave, pero dado que nuestra materia es federal nos limitamos a hacer una atenta súplica a dichas autoridades para que intervengan en la mediada de sus posibilidades y en la esfera de sus atribuciones para darle pronta solución.
Estamos conscientes de que la demanda de suelo y vivienda no ha sido satisfecha por el Estado a cabalidad, la especulación y la irregularidad en la tenencia de la tierra, repercuten en el deterioro del medio ambiente e imposibilitan la realización del desarrollo sustentable.
En este sentido es importante mencionar que el despojo se ha convertido en una fuente ilícita de obtención de recursos y de manipulación política, recordemos que la propiedad debe cumplir una función social, en tal virtud este conflicto reclama nuestra urgente atención.
Basta dar una mirada a la realidad imperante en nuestro país, para alarmarse por la impunidad reinante, sin dejar de reconocer que existe un crecimiento desordenado, no obstante es nuestra responsabilidad como legisladores, como representantes de la nación tomar cartas en el asunto y pronunciarnos por su resolución.
Compañeras y compañeros diputados:
Por las consideraciones anteriormente expuestas y con fundamento en lo que dispone el artículo 58 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos sometemos a la consideración de esta H. Cámara la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Primero.- Se sirva solicitar a la Procuraduría General de la República, estudie y analice las conductas descritas en los dos últimos párrafos del artículo 395 del Código Penal Federal y de ser procedente se creé una fiscalía especializada en el delito de despojo en zonas federales
Segundo.- Se sirva solicitar respetuosamente conmine respetuosamente a los Gobiernos de los Estados y el Distrito Federal que en el ámbito de sus respectivas competencias estudien y analicen la problemática de los despojos tanto en ámbito de la procuración de justicia, como en el de la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno y autoridades.
Palacio Legislativo de San Lázaro a 30 de abril de 2001.
Diputados: José Tomás Lozano y Pardinas, Gustavo Buenrostro Díaz, Lucio Fernández González, Ma. Guadalupe López Mares, Silvia López Escoffie, Vicente Pacheco Castañeda, José Jesús López Sandoval, Miguel Angel Torrijos Mendoza, Daniel Ramírez del Valle, Rigoberto Romero Aceves.
CON PUNTO DE ACUERDO, PRESENTADA POR LA DIPUTADA BERTHA ALICIA SIMENTAL GARCIA, DEL PARTIDO DE LA SOCIEDAD NACIONALISTA, EN LA SESION DEL LUNES 30 DE ABRIL DE 2001
La suscrita diputada federal integrante de la Quincuagésima Octava Legislatura de la Cámara de Diputados y con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento el siguiente Punto de Acuerdo bajo los siguientes:
Antecedentes
Unico.- El pasado 10 de abril y en sesión de Pleno correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones, fue presentado y aprobado indebidamente un Punto de Acuerdo referente a establecer los lineamientos que se observarán para acreditar las asistencias de los diputados a las sesiones plenarias, así como para la debida justificación de los retardos e inasistencias a las mismas.
Considerandos
1. Que el numeral 1 del artículo 3 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos determina, que el Congreso y las Cámaras que lo componen, tendrán la organización y funcionamiento que establecen la Constitución General de la República, esta ley, el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los ordenamientos internos que cada una de las Cámaras expida en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales.
2. Que el numeral 2, inciso f), del artículo 20 de la Ley Orgánica establece, que la Mesa directiva tiene la atribución de determinar las sanciones con relación a las conductas que atenten contra la disciplina parlamentaria.
3. Que el numeral 3 del artículo 22 de la ley en comento determina, que el Presidente, al dirigir las sesiones, velará por el equilibrio entre las libertades de los legisladores y de los grupos parlamentarios y la eficacia en el cumplimiento de las funciones constitucionales de la Cámara; asimismo, hará prevalecer el interés general de la Cámara por encima de los intereses particulares o de grupo.
4. Que el inciso n) del numeral 1 del artículo 23 de la multicitada ley establece, que es atribución del Presidente de la Mesa Directiva, requerir a los diputados que no asistan, aA concurrir a las sesiones de la Cámara y comunicar al Pleno, en su caso, las medidas o sanciones que correspondan con fundamento en los artículos 63 y 64 constitucionales.
5. Que la fracción XVII, del numeral 1, del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior determina, que es obligación del Presidente, obligar a los representantes ausentes a concurrir a las sesiones, por los medios que juzgue más convenientes, en los casos en que se trate de asuntos de interés nacional.
6. Que el artículo 45 del Reglamento establece, que los individuos de las Cámaras asistirán a todas las sesiones desde el principio hasta el fin de éstas y tomarán asiento sin preferencia de lugar, y se presentarán con la decencia que exigen las altas funciones de que están encargados. (Situación que no es cumplida en ocasiones en este Pleno).
Se considerará ausente de una sesión al miembro de la Cámara que no esté presente al pasarse lista; si después de ella hubiere alguna votación nominal y no se encontrare presente, también se considerará como faltante. De igual manera se considerará ausente en caso de falta de quórum al pasarse la lista correspondiente. (Reglamentación que nunca se ha aplicado en esta Legislatura).
7. Que el artículo 47 del Reglamento establece, que el senador o diputado que por indisposición u otro grave motivo no pudiere asistir a las sesiones o continuar en ellas, lo a visará al Presidente por medio de un oficio o de palabra; pero si la ausencia durase más de tres días lo participará a la Cámara para obtener la licencia necesaria.
8. Que el artículo 50 del reglamento, refiere que cuando un miembro de la Cámara deje de asistir a las sesiones durante diez días consecutivos, sin causa justificada, la Secretaría hará que se publique el nombre del faltista en el Diario Oficialy esta publicación seguirá haciéndose mientras continuare la falta.
Hechos
El Acuerdo que establece los lineamientos que se observarán para acreditar las asistencias de los diputados a las sesiones plenarias, así como para la debida justificación de los retardos e inasistencias a las mismas, aprobado el pasado 10 de abril de este año, carece de sustento legal, toda vez que:
1. La Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos y la Junta de Coordinación Política carecen de atribuciones en términos de los artículos 34, numeral 1, y 38, numeral 1, de la Ley Orgánica, para determinar las medidas o las sanciones respecto a las inasistencias de los diputados, ya que de conformidad en lo establecido en el artículo 23, numeral 1, inciso n), de la Ley Orgánica y de los artículos 21, numeral 1, fracción XVII, y 47 del reglamento para el gobierno interior, la Presidencia es la única facultada para ello.
2. La Junta de Coordinación Política como ya lo he expresado en el numeral anterior, no está facultada para tratar asuntos referentes a las inasistencias de los diputados, y que la facultad que menciona en el primer considerando de la comunicación de la Conferencia, sólo se refiere a la posibilidad de presentar a la Mesa Directiva y al Pleno proyectos de Punto de Acuerdo, pronunciamientos y declaraciones de la Cámara que entrañen una posición política del órgano colegiado.
3. Que el comunicado de la Conferencia viola flagrantemente el artículo 16, párrafo 1, de la Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos, ya que no motiva ni funda correctamente su acto como lo he demostrado en los numerales anteriores.
4. Que el punto tercero de los considerandos del comunicado es falso, ya que sí existen disposiciones claras en la ley orgánica y el reglamento para el gobierno interior51 que regulan claramente las inasistencias de los diputados y que en su caso, sólo el Presidente será el facultado para disponer de mecanismos y establecer sanciones al respecto.
5. Que el punto tercero, párrafo tercero, referente a las justificaciones de inasistencias del comunicado de la Conferencia es ilegal, ya que los diputados del Partido de la Sociedad Nacionalista, no pueden ser equiparados por simple analogía a los diputados sin partido, toda vez que no hemos renunciado ni nos hemos incorporado a un grupo parlamentario diferente al que podamos constituir como Partido de la Sociedad Nacionalista.
Cabe mencionar que el trámite que se sugiere a través de la Secretaría General, carece de fundamento jurídico, ya que en términos del artículo 47 del Reglamento para el Gobierno Interior, dispone que será al Presidente mediante oficio o de palabra, al que se le dé aviso de la inasistencia; además de que por ninguna circunstancia permitiremos, que como diputados federales que somos, se nos someta a realizar este trámite ante un órgano eminentemente administrativo, sin gozar de las prerrogativas que sí se les otorgan a los restantes 494 diputados, en los puntos cuarto, quinto y sexto de dicho Acuerdo. Evaluándonos con tal actitud como diputados de diferente categoría.
6. Debemos aclarar, que los diputados del partido de la Sociedad Nacionalista, no nos oponemos a que se sancione a los diputados faltistas. Por el contrario proponemos que con base a las facultades de la presidencia, se respeten las normas ya establecidas y de conformidad con ellas, se adicionen controles y sanciones que coadyuven a incrementar la asistencia de los legisladores, tanto a las sesiones ordinarias de la Cámara, como en las reuniones de trabajo de las comisiones, mejorando con ello la calidad y tiempo de entrega de los trabajos legislativos que se nos encomiendan.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, proponemos el siguiente Punto de Acuerdo, bajo la modalidad de urgente y obvia resolución:
1. Se deje sin efecto el Acuerdo sobre los lineamientos que se observarán para acreditar las inasistencias de los diputados a la sesiones plenarias, así como para la debida justificación de los retardos e inasistencias a las mismas, aprobado el pasado 10 de abril por no cumplir con lo establecido en el artíuculo 16 de nuestra Carta Magna, en cuanto a la fundamentación y motivación legal del Acuerdo en comento.
2. Que con fundamento en el inciso n), del numeral 1 del artículo 23 de la Ley Orgánica y de la fracción XVII, del numeral 1, del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior, sea el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, quien establezca las medidas y las sanciones a los diputados faltistas, como lo establece la norma. Velando en todo momento por el equilibrio entre las libertades de los legisladores y haciendo prevalecer el interés general de la Cámara sobre los intereses particulares o de grupo.
Suscribimos este Punto de Acuerdo, solamente los diputados del Partido de la Sociedad Nacionalista, la de la voz, el diputado Gustavo Riojas Santana y la diputada Norma Patricia Riojas; porque no quise comprometer la posición en sus respectivos grupos parlamentarios de algunos compañeros diputados, que estoy cierta me hubieran apoyado firmándolo.
Dip. Gustavo Riojas Santana (rúbrica)
Dip. Bertha Alicia Simental García (rúbrica)
Dip. Norma Patricia Riojas Santana (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE SEA ASIGNADO EL MES DE NOVIEMBRE COMO EL MES DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ, PRESENTADA POR LA DIPUTADA MARIA DE LOS ANGELES SANCHEZ LIRA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA EN LA SESION DEL LUNES 30 DE ABRIL DE 2001
En 1956 a través de su resolución 836, la Asamblea General de las Naciones Unidas recomendó que en todos los países se instituyera el día Universal de la Niñez, con el objeto de destinarlo a la promoción de la fraternidad y comprensión entre los infantes, así como a todas aquellas actividades que propiciaran el bienestar de las niñas y los niños del mundo.
El 20 de noviembre de 1959, la misma Asamblea aprobó la Declaración Sobre los Derechos de la Niñez y en 1989, la Convención relativa a estos derechos; toda vez que era necesario una serie de precisiones a los derechos humanos generales para adecuar las legislaciones a las situaciones que los niños y niñas enfrentan en la actualidad.
México suscribió estos instrumentos reconociendo la necesidad de transformar a los niños y niñas, de únicamente menores a sujetos plenos de derecho.
Es decir nuestros infantes son personas que ameritan protección y respaldo, son seres humanos dignos del goce de sus derechos y del respeto de sus garantías individuales; a las que hay que preparar, guiar y educar para el logro de la transformación de nuestras sociedades, en comunidades evolutivas, incluyentes y tolerantes.
Si bien reconocemos e insistimos en lo fundamental del papel de la familia, es menester que el Estado garantice mediante políticas comprometidas y eficaces los derechos concedidos a los menores, que resultan frágiles y vulnerables en mayor escala que cualquier otro grupo.
Como de inmejorable modo expresó Victor Schoelcher en 1842 "La violencia contra el más ínfimo miembro de la especie humana afecta a toda la humanidad".
La identidad de los infantes ha sido desvalorizada por una falaz y tradicional creencia de que niños y niñas se encuentran indefectiblemente incapacitados para entender y dar curso a sus ideas. La protección no significa limitación; para otorgarles amparo se precisa preservar sus derechos cívicos y proporcionarles acceso a educación de calidad.
La educación y la participación cívica son el medio idóneo que habilita a los menores para enfrentar los acontecimientos de su vida con respeto a la observancia de los derechos propios y ajenos, así como claridad de sus deberes, integrando en su forma de vida la dignidad.
Los modelos de familia tanto los tradicionales como los nuevos, al igual que los derechos individuales son irreversibles. El necesario cambio en la condición femenina y el reajuste de la masculina influye necesariamente en la identidad del menor y no es cuestión de exigir una maternidad exclusiva, sino de procurar una paternidad corresponsable y participativa.
La paternidad, que ya empieza a integrarse con la autoridad materna y la paterna, se ha convertido de una forma social institucional a una relacional que conlleva la construcción de un círculo incluyente del menor y la exigencia de la conciencia profunda de ser padre o madre.
Desde la firma y ratificación de la Declaración y Convención Sobre los Derechos de la Niñez los avances logrados son relevantes y esperanzadores, pero la brecha por recorrer aún es larga y sinuosa; los datos respecto al número de menores que trabajan en condiciones peligrosas e insalubres, los infantes involucrados en delitos sexuales y aquellos obligados a comerciar con narcóticos, son alarmantes tanto por las cifras que se manejan a nivel mundial, como por los efectos que tienen en nuestros niños y niñas.
Este panorama real y devastador se torna aún más agresivo por el lamentable hecho de que, desde cortas edades, las niñas son discriminadas grave y sistemáticamente, lo que no solo las sume en circunstancias de vida humillantes y desalentadoras, sino que pone en un riesgo mayor, su proyección, su dignidad, su integridad física y mental y hasta su vida.
Con notable frecuencia a las niñas se les niega el derecho a la educación, a la salud, a la diversión, a la cultura, a la participación social y familiar por la simple causa de ser mujer menor de edad.
Ellas requieren de mayor protección y tutela, pero no para limitar sus derechos y su desarrollo, demandan más atención para revertir esa situación de discriminación, de abuso y de invisibilidad a la que las someten los adultos y como repetidor de conductas aprendidas e inducidas: los niños.
Ese rezago al que se les ha condenado, acrecienta las dificultades, conflictos y peligros que deben enfrentar muchas veces en la soledad de su situación. El abuso sexual, la prostitución infantil, el abandono, la drogadicción como fuga, el hambre, el frío, la promiscuidad, la enfermedad, la violencia, los trabajos que sobrepasan sus fuerzas y capacidades, el desprecio y la discriminación son tópicos cuya actualidad nacional es pasmante y que agreden tanto a niños como a niñas, pero que en el caso de las niñas son de índole insoportablemente superior
La complejidad de nuestra realidad ha modificado sustancialmente el tipo y trascendencia de nuestras relaciones sociales, ahora cada una de las niñas, cada uno de los niños es responsabilidad de cada uno de nosotros. Ya por mucho tiempo hemos negado y desconocido esta responsabilidad.
En los discursos se ha minimizado la importancia de la felicidad de nuestros pequeños y se ha politizado la sonrisa infantil, olvidando que sus sueños y fantasías son el cimiento de su creatividad y productividad.
Los niños y las niñas nos necesitan como adultos responsables y como políticos participantes, de las soluciones de su conflictiva, comprometámonos hoy con ellos, involucrémonos en su realidad, no dejemos a un solo día el festejo y reconocimiento, abanderemos hoy y siempre los cuatro principales principios de la Convención Sobre los derechos de la Niñez:
- Optemos por la no discriminación.
- Atendamos prioritaria mente los intereses superiores del niño.
- Pugnemos por su derecho a la vida, supervivencia y desarrollo.
- Prestemos atención a las opiniones de niñas y niños.
Por lo anterior expuesto y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a su consideración al Pleno esta Honorable Cámara de Diputados, el siguiente
Punto de Acuerdo
Unico.- En virtud de es necesario implementar políticas públicas suficientes y adecuadas para un verdadero cambio en las circunstancias que prevalecen en la niñez mexicana, esta H. Cámara de Diputados designe el mes de noviembre como MES DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ MEXICANA a efecto de que en dicho mes sean realizadas actividades tendientes a la defensa de dichos derechos, así como sean evaluadas todas aquellas actividades que se hayan desarrollado a lo largo del año.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 30 días del mes de abril de 2001.
Dip. María de los Angeles Sánchez Lira (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO SOBRE EL REGIMEN FISCAL DE EJIDOS Y COMUNIDADES FORESTALES, PRESENTADA POR LA DIPUTADA IRMA PIÑEYRO ARIAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA, EN LA SESION DEL LUNES 30 DE ABRIL DE 2001
Ante la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal a este H. Congreso de la Unión, de la llamada Nueva Hacienda Pública Distributiva en la que se proponen reformas constitucionales y diversas disposiciones fiscales, me permito poner a consideración del Pleno de esta H. Cámara de Diputados, el siguiente Punto de Acuerdo
Considerando
Que la explotación y manejo forestal se llevan a cabo en bosques y selvas naturales o en plantaciones forestales y que su aprovechamiento racional es una alternativa viable que implica una serie de inversiones, las cuales no son de recuperación a corto plazo;
Que los ejidos y las comunidades indígenas son poseedores de gran parte de los bosques y selvas del país, las cuales son explotadas por sus integrantes para el autoabastecimiento y de manera comercial;
Que de acuerdo con nuestra Constitución Política y las leyes reglamentarias, los ejidos, comunidades, ejidatarios y comuneros forman parte de los llamados sujetos sociales, los cuales son objeto de especial protección por nuestro régimen jurídico;
Que el artículo 27 de la Constitución Política, en su fracción VII expresa textualmente:
"Se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y comunales y se protege su propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento humano como para actividades productivas;
La ley protegerá la integridad de las tierras de los grupos indígenas.
La ley, considerando el respeto y fortalecimiento de la vida comunitaria de los ejidos y comunidades, protegerá la tierra para el asentamiento humano y regulará el aprovechamiento de tierras, bosques y aguas de uso común y la provisión de acciones de fomento necesarias para elevar el nivel de vida de sus pobladores";
Que el mismo artículo 27 en su fracción XX dispone: "El Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar, su participación e incorporación en el desarrollo nacional, y fomentará la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica. Asimismo, expedirá la legislación reglamentaria para planear y organizar la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, considerándolas de interés público;"
Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 31, al referirse a las obligaciones de los mexicanos, estipula, en la fracción IV: "Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como del Distrito Federal o del Estado y municipio en que residan, de la manera proporcional y. equitativa que dispongan las leyes"
Que en el actual régimen fiscal, el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, opera un programa de estímulos fiscales para las actividades silvícolas que comprende el cultivo, conservación, restauración, fomento, aprovechamiento y primera enajenación de los productos resultantes que no hayan sido procesados ni transformados de manera industrial;
Que los estímulos fiscales son apoyos gubernamentales destinados a promover el desarrollo de regiones y actividades determinadas, mediante mecanismos tales como la disminución de tasas impositivas, exenciones fiscales parciales o totales;
Que la Ley del Impuesto sobre la Renta, en su artículo 13 establece que: "Las personas morales podrán reducir el impuesto determinado en los términos del artículo 10 de esta Ley, como sigue:
I.- 50%, si los contribuyentes están dedicados exclusivamente a la agricultura, ganadería, pesca o silvicultura.
II.- 25% si los contribuyentes a que se refiere la fracción anterior industrializan sus productos;" ...
Que asimismo, la Ley Forestal en su Título Tercero, denominado "Del fomento a la actividad forestal ", Capítulo I, artículo 33, establece:
"Artículo 33.- La Secretaría (se refiere a la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, actualmente reestructurada, pero, puesto que la ley no ha sido modificada ni derogada, las atribuciones se transfieren a quien tiene las competencias) y las demás dependencias de la Administración Pública Federal competentes, tomando en consideración el valor, potencialidades y costos de los recursos y actividades forestales establecerán medidas, programas e instrumentos económicos para fomentar, inducir e impulsar la inversión y participación de los sectores social y privado en la conservación, protección, restauración, aprovechamiento sustentable y uso múltiple de dichos recursos, así como para la promoción y desarrollo de forestaciones, de conformidad con los siguientes objetivos prioritarios:
I.- Incorporar a los ejidos y comunidades indígenas y demás propietarios y poseedores legítimos de recursos forestales a la silvicultura y a los procesos de producción, transformación y comercialización forestal, promoviendo su fortalecimiento organizativo y mejoramiento social y económico;"
Que debe tenerse en cuenta que las empresas comunales o ejidales, aún dedicadas a la comercialización, no son lucrativas. El campesino no se autoasigna salario por sus labores. El usufructo de las tierras forestales es en común, por usos y costumbres y por mandato de ley, ya que la Ley Agraria en su artículo 59 establece que "Será nula de pleno derecho la asignación de parcelas en bosques y selvas tropicales". Esto significa que, aún cuando la asamblea resolviese destinar parcelas en zonas de bosques y selvas en ejercicio de su autoridad suprema en los núcleos agrarios, esta resolución no tendría validez alguna.
Que un principio de equidad que impregna todo régimen de derecho implica un trato desigual a los desiguales . Dar a cada quien lo que le corresponda no se logra con el régimen de tabla rasa para todos por igual, porque partiría de considerar que todos tienen una situación similar y las mismas oportunidades, lo cual es obviamente falso, respecto a lo cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido la tesis de la igualdad ante la ley de todos los contribuyentes de un mismo tributo, lo cual significa que deben encontrarse en una misma situación jurídica, es decir, deben tributar igual los iguales y desigual los desiguales, como en seguida lo ilustro con la jurisprudencia correspondiente que dice a la letra:
"IMPUESTOS. PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA PREVISTO POR EL ART. 31, FRACCION IV, CONSTITUCIONAL. De una revisión a las diversas tesis sustentadas por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en torno al principio de equidad tributaria previsto por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, necesariamente se llega a la conclusión de que, en esencia, este principio exige que los contribuyentes de un impuesto que se encuentran en una misma hipótesis de causación, deben guardar una idéntica situación frente a la norma jurídica que lo establece y regula, lo que a la vez implica que las disposiciones tributarias deben tratar de manera igual a quienes se encuentren en una misma situación y de manera desigual a los sujetos de gravamen que se ubiquen en una situación diversa; implicando además, que se establezca que para poder cumplir con este principio el legislador no sólo está facultado, sino que tiene la obligación de crear categorías o clasificaciones de contribuyentes, a condición de que éstas no sean caprichosas o arbitrarias, o creadas para hostilizar a determinadas clases o universalidades de causantes, sino que se sustenten en bases objetivas que razonablemente justifiquen el tratamiento diferente entre una y otra categoría y que puedan responder a finalidades económicas o sociales, razones de política fiscal o incluso extrafiscales. NOVENA EPOCA. PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION. SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACION Y SU GACETA. TOMO II. DICIEMBRE DE 1995, pag. 208
Consideramos que no debe ser intención de los autores de las iniciativas de reformas hacendarias desconocer y violentar todo el marco jurídico de la Nación, imbuído de una voluntad social que hizo de nuestra Constitución de 1917 la primera en el mundo al plasmar disposiciones de derecho social. Esta Legislatura, representante legítima de la ciudadanía, debe defender los derechos y expectativas de ésta, no pasando por alto las disparidades evidentes entre los sujetos tributarios y tomando en cuenta las características específicas de las actividades desarrolladas por determinados sectores de la población.
Que en todos los antecedentes mencionados se establece que hay un mandato constitucional de apoyo a las actividades silvícolas y a las comunidades y ejidos indígenas, considerándolos sujetos sociales, a los cuales el poder del Estado apoya y protege, en cumplimiento de las disposiciones constitucionales, en su propiedad y en sus actividades productivas.
Por todo lo expuesto, fundado y motivado, me permito presentar ante esta H. Cámara el siguiente
Punto de Acuerdo
UNICO.- Que se mantenga el régimen de protección legal y fiscal a las empresas forestales ejidales o comunales, por la naturaleza de sus integrantes, por la notoria diferencia de su funcionamiento interno y respondiendo al mandato constitucional expreso en la materia.
Atentamente
Palacio Legislativo, 30 de abril de 2001
Dip. Irma Piñeyro Arias (rúbrica)
