Informes
DE LA COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, SEMESTRAL DE ACTIVIDADES, DE OCTUBRE DE 2000 A MAYO DEL 2001
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 45, numeral 6, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales tiene a bien presentar el primer informe semestral de actividades del periodo comprendido entre el 17 de octubre del 2000 y el 31 de mayo del 2001.
I. Instalación de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Una vez instalada la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales el día 17 de octubre del 2000, se procedió a elaborar el Plan de Trabajo para el período 2000-2003, el cual se propone atender la crisis nacional del medio ambiente y de los recursos naturales, fortaleciendo la participación del Poder Legislativo en la materia, formulando y promoviendo la Legislación ambiental vigente, y otras relacionadas. Asimismo, se acordó constituir 4 Subcomisiones de Trabajo:
- Biodiversidad
- Contaminación e Impacto Ambienta
- Restauración de Bosques, Selvas, Aguas y Suelos
- Instrumentos y Programas para el Desarrollo Sustentable
II. Sesiones de Trabajo
La Comisión ha sesionado en los días:
III. Cursos ofrecidos por esta Comisión
Taller El Sector Forestal en México, Retos y Oportunidades, efectuado los días 22 de noviembre, 6 y 13 de diciembre del 2000. Se contó con la presencia de representantes de numerosos sectores involucrados en la problemática del sector forestal. Este taller se desarrolló bajo el temario siguiente:
I. Bosques y selvas como ecosistemas
II. Sector Forestal: el punto de vista del sector social
III. Sector Forestal: el punto de vista del sector público
IV. Diagnóstico en materia de delitos ambientales
V. Sector Forestal: el punto de vista del sector académico
VI. Sector Forestal: el punto de vista del sector privado
VII. Sector Forestal: el punto de vista independiente
VIII. Sector Forestal: una perspectiva internacional
IX. Estructura y Dinámica de las Poblaciones Forestales
X. Certificación Forestal
Taller sobre Derecho Ambiental realizado los días 10, 17, 24 y 31 de enero del 2001, bajo el siguiente temario:
I. Sus orígenes en el Derecho Comparado
a) El medio ambiente como bien jurídico
b) Surgimiento de esta materia a nivel internacional
c) Acuerdos ambientales relevantes, compromisos que influyen en el marco jurídico mexicano
d) Principios rectores y su significado en la legislación mexicana
II. Fundamento constitucional en la materia
a) Artículo 73, fracción XXIX, inciso G
b) Artículo 27
c) Limitaciones y/o modalidades de la propiedad privada
d) Artículo 4º, derecho a un ambiente adecuado
e) Artículos 25 y 26, economía y ambiente
f) Artículo 115, participación municipal
III. Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente
a) Ordenamiento ecológico y regulación de los asentamientos humanos
b) Evaluación del impacto ambiental
c) Normas oficiales mexicanas en materia ambiental
IV. Biodiversidad
a) Conceptos básicos para su protección y aprovechamiento en México
b) Areas naturales protegidas: características y programas de manejo
c) Régimen de autorizaciones de la LGEEPA
d) Régimen de autorizaciones de otras leyes sectoriales (Forestal, Aguas Nacionales y de Vida Silvestre).
e) Biotecnología, bioseguridad y propiedad intelectual
f) Acceso al material genético
V. Responsabilidad derivada de daños ambientales
a) El daño ambiental
b) Responsabilidad administrativa en materia ambiental
c) Responsabilidad civil en materia ambiental: responsabilidad objetiva y subjetiva.
IV. Foros realizados
Para responder a los objetivos señalados en el Programa de Trabajo, se programó la organización y coordinación de dos foros:
- Foro "Desarrollo y Medio Ambiente", desarrollado del 3 al 9 de marzo en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo.
- Foro "Reforma Fiscal y Medio Ambiente", efectuado del 25 al 27 de abril en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
En ambos eventos se obtuvo la participación de numerosos ciudadanos interesados en el tema; por ello, actualmente se gestiona la elaboración y publicación de las respectivas memorias.
V. Giras de trabajo
Entre otras actividades, se realizaron varias de ellas por parte de la Mesa Directiva y de los integrantes de la Comisión, para:
Recabar información sobre el derrame de Malathion ocurrido en la empresa TECKEM de Salamanca, Gto.
Aceptar la invitación al Congreso Estatal de Industriales y Profesionales Forestales en Durango, Dgo.
Participar en una Reunión de Trabajo con representantes de las Autoridades Federales, Estatales y Municipales, vecinos afectados y ciudadanos
interesados en el asunto Met-Mex. Peñoles de Torreón, Coah. Así como con tres epidemiólogos, representantes de la Agencia del Gobierno de Estados Unidos, especializada como Centro de Control y Prevención de Enfermedades, con el propósito de detectar concentraciones de plomo en la sangre de los niños; además de otras alteraciones causadas por metales pesados (zinc y arsénico).
Participar en la VI Conferencia sobre Cambio Climático, COP 6. La Haya, Holanda.
Obtener información puntual, mediante dos visitas que facilitaron el contacto con distintos actores sociales, acerca de la problemática ambiental del Proyecto de Desarrollo Turístico Sustentable Xcacel-Xcacelito, Quintana Roo.
Definir los principales problemas ambientales existentes en la presa Endhó, municipio de Tepeji del Río de Ocampo, Hidalgo, que han sido originados por las descargas industriales que de manera irresponsable son vertidas al río Tepeji; así como por la gran producción de basura industrial y la carencia de un relleno sanitario apropiado.
Inspeccionar algunas zonas urbanas que han sido afectadas por los impactos ecológicos y sociales, así como el daño ambiental causado en el estado de Tabasco por las obras de la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos.
Coordinar la realización del Foro de Consulta sobre Desarrollo y Medio Ambiente efectuado en el Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo.
Participar en las dos visitas de inspección realizadas a la Termoeléctrica de Tamuín, del estado de San Luis Potosí. Se conocieron los aspectos técnicos del proyecto y se observó un avance aproximado del 40% en su construcción. También se escucharon planteamientos e inquietudes de diversos miembros de la ciudadanía para comprender los conflictos sociales y ambientales surgidos por ese proyecto. Además se profundizó en el estado actual del Plan de Manejo de la Reserva de la Biósfera Sierra de Abra-Tanchipa.
VI. Rezago de la Legislatura anterior
La Comisión de Ecología y Medio Ambiente de la LVII Legislatura anterior, recibió en total 51 Puntos de Acuerdo, 26 de los cuales fueron desahogados y 25 se heredaron a la actual Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que ha tramitado los cuatro siguientes:
1. Iniciativa de Ley que crea al órgano desconcentrado de PEMEX, CONAPET.
2. Proposición con Punto de Acuerdo para la Reserva Ecológica Río Tijuana.
3. Se recibió del Congreso del Estado de Jalisco, oficio por el que comunica su acuerdo de dirigirse a la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Pesca para que intervenga en los trámites de investigación sobre la Empresa CYTEC DE MÉXICO, S. A. DE C. V., instalada en el Municipio de Ixtlahuacan.
4. Proposición con Punto de Acuerdo para decretar una veda total e indeterminada del aprovechamiento cinegético y forestal de todas las especies en peligro de extinción.
VII. Puntos de Acuerdo de la LVIII Legislatura
En esta LVIII Legislatura se han recibido 28 Puntos de Acuerdo e Iniciativas de Ley los cuales se presentan a continuación:
1. Proposición con Punto de Acuerdo para que las Comisiones de las Cámaras de Diputados y Senadores participen en la contratación de una empresa que audite a la Central Nuclear de Laguna Verde.
Fecha: 30 de Agosto del 2000
Presentado por: Junta Directiva de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente.
Turnado a: Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Energía, de Gobernación, y de Seguridad Pública.
2. Proposición con Punto de Acuerdo Proyecto Turístico Náutico Puerto Cancún, Quintana Roo.
Fecha: 10 de octubre del 2000
Presentado por: Dip Diego Cobo, a nombre de Integrantes del Partido Verde Ecologista de México
Turnado a: Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales
3. Proposición con Punto de Acuerdo sobre la expedición de 48 permisos de pesca mediante el arte de palangre y el impacto sobre las poblaciones de marlin, pez vela, y pez espada.
Fecha: 12 de octubre del 2000
Presentado por: Dip. Concepción Salazar
Turnado a: Comisiones de Pesca y Medio Ambiente y de Recursos Naturales
4. Proposición con Punto de Acuerdo para solicitar a las Autoridades correspondientes rindan Informe a la Cámara de Diputados sobre la Construcción de la Termoeléctrica del Golfo en el Municipio de Tamuin, S.L.P.
Fecha: 26 de octubre del 2000
Presentado por: Dip. Ranulfo Garza Martínez, a nombre de Integrantes de los Grupos Parlamentarios Partido de Acción Nacional y Partido Verde Ecologista de México
Turnado a: Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Energía
5. Proposición con Punto de Acuerdo para que la Cámara de Diputados haga un exhorto a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente e informe sobre la contaminación del Río Papaloapan.
Fecha: 7 de noviembre del 2000
Presentado por: Dip. José Soto M. Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional
Turnado a: Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales
6. Proposición con Punto de Acuerdo que solicita sea estudiado a fondo el problema de la explotación de los bancos de piedra, arena, tierra, cantera, cal, jal y similares a fin de que los municipios capten más recursos mediante el gravamen de estas actividades.
Fecha: 7 de noviembre del 2000
Presentado por: Comunicación del Congreso del Estado
Turnado a: Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Hacienda y Crédito público
7. Iniciativa de Ley sobre Responsabilidad Civil por Daño y Deterioro Ambiental.
Fecha: 9 de noviembre del 2000
Presentado por: Dip. María Teresa Campoy Ruy Sánchez a nombre del Partido Verde Ecologista de México
Turnado a: Comisiones de Justicia, de Derechos Humanos y de Medio Ambiente y Recursos Naturales
8. Proposición con Punto de Acuerdo para que se revise la situación legal Ambiental del proyecto "Desarrollo turístico Sustentable Xcacel-Xcacelito", que pretende llevarse a cabo en el municipio Solidaridad, Quintana Roo.
Fecha: 9 de noviembre del 2000
Presentado por: Dip. María Cristina Moctezuma Lule, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y del Partido Político Nacional, Convergencia por la Democracia
Turnado a: Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Turismo
9. Proposición con Punto de Acuerdo para apoyar la demanda del Gobierno del Distrito Federal a PEMEX. La situación del eter-metil-terbutílico, usado en las gasolinas Magna y Premium.
Fecha: 14 de noviembre del 2000
Presentado por: Dip: Jorge Schettino Pérez del grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional
Turnado a: Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con opinión de las comisiones de Agricultura y Ganadería, de Energía, de Desarrollo Rural, y de Recursos Hidráulicos
10. Proposición con Punto de Acuerdo para que las Comisiones de Salud y de Medio Ambiente y Recursos Naturales requieran al Procurador Federal de Protección al Ambiente y al Secretario de Salud para que informen sobre el problema de contaminación que está generando la Empresa Met-Mex Peñoles en la población de Torreón, Coahuila.
Fecha: 23 de noviembre del 2000
Presentado por: Dip. Sara Guadalupe Figueroa Canedo, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México
Turnado a: Comisiones de Salud y de Medio Ambiente y Recursos Naturales
11. Iniciativa de Ley que adiciona la fracción XI del artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Fecha: 28 de noviembre del 2000
Presentado por: Dip. José Antonio Arévalo González, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México
Turnado a: Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales
12. Proposición con Punto de Acuerdo para que se cancelen las obras de construcción de la autopista de alta velocidad para la serie Cart, en los terrenos del Parque Fundidora y se respete el Decreto del 11 de marzo de 1988, que declara de la utilidad pública la conservación y mejoramiento de la superficie de la planta fundidora Monterrey.
Fecha: 28 de noviembre del 2000
Presentado por: Dip. José Manuel del Río Virgen
Turnado a: Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Desarrollo Social
13. Proposición con Punto de Acuerdo para discutir y aprobar el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2001, y se analice la posibilidad de incrementar 35% a los recursos destinados a los Programas de Tratamientos de Aguas Residuales.
Fecha: 7 de diciembre del 2000
Presentado por: Dip. Pedro Rosaldo Salazar
Turnado a: Comisiones de Salud y de Medio Ambiente y Recursos Naturales
14. Proposición con Punto de Acuerdo para que las Secretarías de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, así como de Salud, se aboquen a resolver el problema de salud pública por contaminación de plomo en el Municipio de Torreón, Coah.
Fecha: 7 de diciembre del 2000
Presentado por: Dip. Jaime Cervantes Rivera, a nombre de Diputados del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo
Turnado a: Comisiones de Salud y de Medio Ambiente y Recursos Naturales
15. Acuerdo Económico del H. Congreso del Estado de Jalisco, número 804/00 que solicita la intervención para suspender las prácticas irregulares en que está incurriendo la Dirección General de Vida Silvestre.
Fecha: 11 de diciembre del 2000
Presentado por: Dip. Liliana Elizabeth Reguera Rodríguez, integrante de la LV Legislatura de dicho Congreso
Turnado a: Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales
16. Proposición con Punto de Acuerdo para que las autoridades del Estado de Guanajuato lleven a cabo el Proyecto de Relleno Sanitario en otros sitios distintos al que hoy ocupa el Área Natural Protegida Estatal.
Fecha: 22 de diciembre del 2000
Presentado por: Dip. Alejandro Rafael García Sainz Arena, a nombre de varios diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios de los Partidos: Verde Ecologista de México, Acción Nacional y Revolucionario Institucional.
Turnado a: Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales
17. Proposición con Punto de Acuerdo para que se requiera al Ejecutivo Federal, decrete un Programa Integral de Recuperación y Conservación de la Cuenca Hidrológica Lerma-Chapala.
Fecha: 7 de febrero del 2001
Presentado por: Dip. María Cristina Moctezuma Lule, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México
Turnado a: Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales
18. Proposición con Punto de Acuerdo para que se realice una investigación sobre el procedimiento llevado por parte de la SAGARPA para la utilización de los betanálogos y el clorhidrato de zilpalterol, llamados comercialmente Zilmax.
Fecha: 7 de marzo del 2001
Presentado por: Por los integrantes de la H. LIII Legislatura del Estado Libre y Gobierno de Colima
Turnado a: Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Salud
19. Proposición con Punto de Acuerdo para que se requiera a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a Petróleos Mexicanos, la información de manejo y destino final de sustancias organocloradas junto con sus subproductos, citando a los funcionarios de PEMEX Corporativo para que rindan un informe sobre las medidas de prevención, seguridad e higiene.
Fecha: 7 de marzo del 2001
Presentado por: Dip. Jesús Garibay García del Grupo Parlamentario del PRD.
Turnado a: Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Trabajo y Previsión Social
20. Proposición con Punto de Acuerdo para que se exhorte a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a la Secretaría de Salud, a la Comisión Nacional de Agua y al Gobierno del Estado de Tamaulipas, a abatir el grave problema de contaminación en la Laguna de la Ilusión ese Estado.
Fecha: 21 de marzo del 2001
Presentado por: Diputada Erika Elizabeth Spezia Maldonado a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México
Turnado a: Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Salud
21. Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a las Secretarias de Turismo y Medio Ambiente y Recursos Naturales, a fin de que se realicen los estudios correspondientes a la factibilidad en el proyecto denominado "escalera náutica".
Fecha: 21-27 de marzo del 2001
Presentado por: Diputado Diego Cobo Terrazas a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México
Turnado a: Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Turismo
22. Proposición con Punto de Acuerdo para que se exhorte a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la de Economía para concluir los trabajos sobre el manual del programa de manejo del Parque Marino Nacional Arrecifes de Cozumel.
Fecha: 5 de abril del 2001
Presentado por: Diputado Francisco Agundis Arias a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México
Turnado a: Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales
23. Proposición con Punto de Acuerdo para que se aboquen a la problemática de los Chimalapas, en el Estado de Oaxaca y se busquen recursos económicos nacionales e internacionales para cuidar y preservar al medio ambiente.
Fecha: 9 de abril del 2001
Presentado por: Diputado Abel Trejo González, a nombre de diputados del Estado de Oaxaca, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional
Turnado a: Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales y sólo en lo relativo al inciso b), se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores.
24 Proposición con Punto de Acuerdo con la que se sirve remitir Acuerdo Económico pronunciándose a favor de hacer una solicitud a la SEMARNAP y a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que intervengan y tomen medidas urgentes y jurídicas, para salvar el Lago de Chapala, así como las pertinentes en la administración del agua.
Fecha: 19 de abril del 2001
Presentado por: Comunicación del Congreso del Estado de Jalisco.
Turnado a: Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
25. Proposición con Punto de Acuerdo para que se lleve a cabo la auditoría al Centro Mexicano de Tortuga y se le proporcionen los recursos necesarios para continuar su importante labor de investigación y protección de quelonios.
Fecha: 26 de abril del 2001
Presentado por: Diputado Jaime Larrazabel Bretón, a nombre de integrantes del Partido Revolucionario Institucional
Turnado a: Comisiones de Pesca y de Medio Ambiente y Recursos Naturales
26. Proposición con Punto de Acuerdo para que se inicie un análisis de los proyectos de solución a la problemática que enfrenta la zona arqueológica de Monte Albán.
Fecha: 27 de abril del 2001
Presentado por: Diputado Jaime Larrazabel Bretón, a nombre de integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Turnado a: Comisiones de Cultura, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Educación Pública y de Servicios Educativos.
27. Proposición con Punto de Acuerdo para establecer una mesa de trabajo, con el Ejecutivo y los Legisladores de los Distritos del Estado de Michoacán, en relación a indígenas presos y el rescate del Lago de Pátzcuaro.
Fecha: 30 de abril del 2001
Presentado por: Diputado Rafael Servín Maldonado, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Democrático
Turnado a: la Junta de Coordinación Política y a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
28. Proposición con Punto de Acuerdo en el que se solicita contemplar en el Presupuesto de Egresos de la Federación, la implementación de un programa integral para el Desarrollo de las Áreas Forestales.
Fecha: 17 de enero del 2001
Presentado por: el Presidente del Congreso del Estado de Guerrero, Dip. Roberto Torres Aguirre.
Turnado a: Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Presupuesto y Cuenta Pública
VIII. Elaboración de Proyectos de Dictamen
De los anteriores casos se han elaborado 15 Proyectos de Dictamen y una Iniciativa de Ley, mismos que se describen a continuación:
1. Proyecto de Dictamen para que las Comisiones de las Cámaras de Diputados y Senadores participen en la contratación de una Empresa que audite a la Central Nuclear de Laguna Verde.
2. Proyecto de Dictamen, para que las autoridades competentes revisen el Procedimiento Administrativo de Evaluación de Impacto Ambiental del Proyecto Turístico Náutico Puerto Cancún, Quintana Roo.
3. Proyecto de Dictamen para solicitar que las Autoridades correspondientes rindan informe a la Cámara de Diputados sobre la Construcción de la Termoeléctrica del Golfo en el Municipio de Tamuin, San Luis Potosí. (En proceso)
4. Proyecto de Dictamen para que la Cámara de Diputados haga un exhorto a las autoridades ambientales para controlar la contaminación de la Cuenca del Río Papaloapan.
5. Proyecto de Dictamen en el que se solicita revisar a fondo el problema de la Explotación de los Bancos de piedra, arena, tierra, cantera, jal y similares a fin de que los municipios de Jalisco capten mas recursos mediante el gravamen de estas actividades.
6. Proyecto de Dictamen de la Iniciativa de Ley, Responsabilidad Civil por daño y deterioro Ambiental.
7. Proyecto de Dictamen para que se revise la viabilidad jurídica y ambiental del Proyecto "Desarrollo Turístico Sustentable Xcacel-Xcacelito", que pretende llevarse a cabo en el municipio Solidaridad, Quintana Roo.
8. Proyecto de Dictamen para que se estudie, y las autoridades competentes resuelvan la contaminación que está generando la Empresa Met-Mex Peñoles en Torreón Coahuila.
9. Proyecto de Dictamen para que las autoridades competentes cancelen las obras de construcción de la Autopista de alta velocidad de la Autopista de alta velocidad para serie Cart, en los terrenos del Parque Fundidora y se respete el Decreto del 11 de marzo de 1988, en el que se declara de la utilidad pública la conservación y mejoramiento de la superficie de la planta fundidora Monterrey.
10. Proyecto de Dictamen para discutir y aprobar el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2001, y se analice la posibilidad de incrementar un 35% a los recursos destinados a los Programas de Tratamientos de Aguas Residuales.
11. Proyecto de Dictamen, para que las autoridades competentes resuelvan el grave problema de contaminación de Plomo y Salud Pública, en el Municipio de Torreón. Coah.
12. Proyecto de Dictamen para que se exhorte al Ejecutivo Federal decrete un Programa Integral de Recuperación y Conservación de la Cuenca Hidrológica Lerma-Chapala.
13. Proyecto de Dictamen para exhortar a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a la Secretaría de Salubridad y Asistencia, a la Comisión Nacional del Agua y al Gobierno de Tamaulipas para abatir el grave problema de contaminación en la Laguna Ilusión.
14. Proyecto de Dictamen con Punto de Acuerdo para exhortar a las Secretarias de Turismo y Medio Ambiente y Recursos Naturales, a fin de que se realicen los estudios correspondientes a la factibilidad del proyecto denominado Escalera Náutica.
15. Proyecto de Dictamen para recabar información sobre la expedición de 48 permisos de Pesca mediante palangre, y su impacto sobre "Peces Picudos".
Estos dictámenes han sido turnados para su análisis y aprobación a sus respectivas Subcomisiones y a la Mesa Directiva.
IX. Comparecencias y Eventos
Comparecencia del Dr. Víctor Lichtinger Wasman, Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para comentar con los diputados integrantes de esta Comisión el Programa de Trabajo de esa Secretaría; además de lo correspondiente a la Ley de Ingresos y al Programa de Presupuesto de Egresos en materia ambiental.
Reunión con la Directora de la División de Políticas Ambientales Globales y Estructurales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Recepción a los académicos de la Universidad de Chapingo, interesados en proponer una regulación nacional urgente acerca de las actividades de bioprospección.
Comparecencia del Dr. Ernesto Enkerlin Hoeflich, Director General de Áreas Naturales Protegidas. Y Fundación Eduard Seler; donde explicaron la situación actual, en que se encuentra el Plan de Manejo de la Reserva de la Biosfera de la Sierra de Abra-Tanchipa.
Comparecencia de los funcionarios de SEMARNAP, INE y PROFEPA ante los Diputados integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Comparecencia presentada por las Cooperativas Pesqueras de Baja California Sur, para tratar la pesca furtiva de abulón.
Comparecencia de Eco Red Tecnología para el Desarrollo Sustentable, para tratar el asunto de Xcacel-Xcacelito, Quintana Roo.
X. Asistencia a Cursos y Eventos fuera de Cámara
Seminario sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPS), efectuado el 31 de octubre y 1 de noviembre. Organizado por grupos ambientalistas (Greenpeace, LA NETA y DASSSUR), y académicos de la Universidad de Zacatecas que también participaron como ponentes, junto con profesionales de la SSA, y la regidora de Perote, Ver. Principalmente para analizar y comentar el proyecto de NOM-098-ECOL-2000, que establece las especificaciones de operación y los límites para la emisión de contaminantes en materia de protección ambiental e incineración de residuos.
Conferencia La nueva tecnología y su impacto en el Medio Ambiente, aceites biodegradables y no biodegradables organizada el 9 de noviembre por la Asociación Nacional de la Industria Química, para analizar la tendencia actual, a nivel mundial, para regular de manera más rígida el ámbito de los lubricantes.
Curso para analizar el presupuesto de egresos de la Federación 2000-2001, impartido por del 15 al 17 de noviembre por el Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, dependiente de la Dirección de Egresos y Gastos Públicos.
Seminario sobre Biotecnología Agroalimentaria, efectuado el 17 de noviembre por AGROBIO MEXICO.
Reuniones, juntas y comidas con miembros de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca del Senado, para elaborar una propuesta de foro referente a la Reforma Fiscal y Medio Ambiente, los días 11, 16 y 31 enero.
Conferencia sobre Transgénicos. Presentada el 19 de febrero en el Centro Cultural San Angel, convocada por la Organización Internacional RAFI y otras ONG`s nacionales.
Foro Vida Digna y Sostenible, organizado el 13 de febrero por la Organización Nacional para el Desarrollo Popular.
Conferencias sobre Recursos Naturales y su problemática presentadas el 16 y 23 de febrero en la Facultad de Ciencias, UNAM.
Foro de Bioprospección, realizado el 15 de marzo en el Instituto Politécnico Nacional.
Ciclo de Conferencias "Los Viernes, Recursos Naturales", presentado los días 2, 10, 23 y 30 de marzo la Facultad de Ciencias, UNAM
Participación en la ceremonia inicial de la Cruzada Nacional por el Bosque y el Agua en Pátzcuaro, Mich., organizada por la SEMARNAT el 7 de marzo, contando con la presencia del Presidente Fox.
Foro Bioprospección y Biopiratería en México, efectuado del 14 al 17 de marzo en la División de Ciencias Forestales de la Universidad Autónoma Chapingo
Visita de la Mesa Directiva al estado de Tabasco, por daño ambiental de una paraestatal de PEMEX, los días 16 y 17 de marzo.
Foro -Debate en el IPN, sobre los Recursos Naturales y el Conocimiento Tradicional en México: Bioprospección, Biopiratería y Bioregulación, realizado de 20 de marzo.
Foro -Debate en el Senado de la República sobre la Manipulación Genética de Organismos Vivos para Producir Alimentos, organizado el día 27 de marzo.
XI. Gestoría
1. Atender la petición presentada el día 27 de octubre del 2000, por el Sr. Erasmo Ramírez Huerta. Solicita información sobre los grados de contaminación de las aguas residuales y emisiones de los desechos tóxicos a la atmósfera del Complejo Petroquímico Independencia. Se enviaron oficios a las autoridades competentes para solicitar información sobre la contaminación del agua y la atmósfera generada por el citado Complejo ubicado en San Martín Texmelucan, Puebla. Además de los datos así recabados, se obtuvieron otros durante las visitas de campo efectuadas, mencionadas al inicio de este informe.
2. Queja presentada el 9 de diciembre del 2000 por el C. Antonio Torres Mourreal, con el propósito de recuperar áreas verde. Mediante oficio se indicó que el problema es de competencia local y no federal, en consecuencia, se le recomendó dirigirse a la Asamblea Legislativa.
3. Queja presentada el 24 de noviembre del 2000, por las C. Grisela Pérez de León de Camacho y María Elena Madera de Lance, representantes legales de la Asociación de Colonos de la Colonia del Bosque, A. C., preocupadas por la degradación ambiental por la tala de árboles en Cuernavaca, Mor. Dicha asociación también promovió juicio de amparo por la donación gubernamental de una franja ecológica para la construcción de una escuela. Ante la improcedencia declarada en el juicio de amparo, se les informó que el resultado hubiera sido distinto en caso de fundamentado con base en el artículo 180 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. ..
4. Queja presentada el 21 de diciembre del 2000 por los ingenieros Fernando Bertrand y Rafael Gárrate García pidiendo a esta Comisión el punto de acuerdo votado por la LVII legislatura para introducir en la NOM-086-ECOL-1994 un parámetro de 0.5mg/ 100 ml con respecto al contenido de gomas en los combustibles que se expenden al consumidor. Se envió un oficio con fecha 16 de enero del 2001, al Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, quien señaló la imposibilidad técnica de establecer el parámetro mencionado como "gomas potenciales".
5. Queja presentada el 19 de diciembre del 2000 por la Sra. Patricia Molina Basteris, en relación al hundimiento de un buque canadiense en el Estado de Guerrero para crear un arrecife artificial. Se envió un oficio al Delegado estatal de la SEMARNAT, con fecha 3 de enero del 2001, para solicitar los estudios respectivos de Impacto Ambiental.
6. Queja presentada el 29 de noviembre del 2000 por el Ing. Ignacio Velázquez Fuentes, en virtud de la Tala Forestal en Putla Oaxaca. Se enviaron oficios, uno dirigido al Delegado de SEMARNAT en ese Estado para solicitar copia de los 28 programas de manejo forestal y los 21 centros autorizados de almacenamiento y/o transformación de materias primas forestales; y otro, a PROFEPA sobre los reportes de visitas de inspección y auditorias técnicas forestales practicados en las diferentes instalaciones.
7. Queja presentada el 5 de diciembre del 2000 por el Comité Regional de Recursos Naturales del Papaloapan, Oaxaca, por el saqueo de rizoma fresco del barbasco. Dicha queja se tramitó ante la Delegada Estatal de PROFEPA en Oaxaca, y ante el Procurador de esta, sin recibir respuesta alguna.
8. Queja presentada el 4 de enero del 2001 por los ejidatarios de San Bartolo Morelos Estado de México, quienes solicitan suspender la Tala de Bosques en el Ejido de Santa Clara de Juárez. Se enviaron oficios al Secretario de Medio Ambiente, a PROFEPA y a la autoridad ambiental local solicitando información de las auditorías correspondiente.
9. Queja presentada el 21 de febrero del 2001 por el Sr. José Luis Gómez Castillo vecino del fraccionamiento Villa de las Flores, ubicado en el Ejido San Francisco. Dicho fraccionamiento se encuentra amenazado por un Proyecto Habitacional a cargo de las Constructoras Casas Geo y Grupo SEDADSI. Se tramitó un oficio a la Secretaría de Ecología del Estado de México para la revisión de los aspectos técnicos del proyecto y de las licencias y los permisos correspondientes al proyecto. También se requirió la evaluación del Impacto Ambiental.
10. Queja presentada el 31 de mayo del 2001 por el Sr. Benjamín Ramírez Cruz, a causa de un Relleno Sanitario en Córdoba Veracruz. Se le solicito que metiera su denuncia a PROFEPA.
11.Queja presentada el 7 de abril del 2001 por integrantes del Consejo Consultivo del Ejido de Chacchoben, Q. Roo solicitando la intervención para que se decrete como zona ecológica y se evite la explotación de los bosques. Se envió un oficio a la Titular de la Oficina para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas cuya resolución está en proceso.
12. Queja presentada el 4 de mayo del 2001 por el C. Sebastián Martínez López, Regidor de la Comisión de Atitalaquia, Hidalgo, solicitando que se entube el canal Tlamaco Juando de aguas negras que va de la Cd. de México que al atravesar la Cabecera Municipal origina problemas de salud a la población. La petición fue enviada su petición al Ing. José Antonio Cabrera Quintanar, Gerente Estatal de la Comisión Nacional del Agua en el Estado de México.
XII. Reuniones de Subcomisiones
Subcomisión de Biodiversidad
Efectuada el día 30 de mayo del presente, para definir los temas y estrategias que se abordarán, así como, analizar los asuntos en proceso de Dictamen.
Subcomisión de Contaminación e Impacto Ambiental
Efectuada el 29 de mayo del presente, contando con la participación del Dr. Enkerlin Director de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, para analizar el plan de manejo de la Reserva de la Biósfera de Abra-Tanchipa. Además de analizar cuatro asuntos en proceso de Dictamen.
Diputados: Diego Cobo Terrazas (rúbrica), Presidente; Gustavo Lugo Espinoza (rúbrica), secretario; Jesús Garibay García (rúbrica), secretario; Miguel Angel Gutiérrez Machado (rúbrica), secretario; Jesús de la Rosa Godoy (rúbrica), secretario.
Iniciativas
DE DECRETO QUE REFORMA EL PARRAFO DECIMO Y AGREGA UN PARRAFO UNDECIMO AL ARTICULO 100 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA ESTABLECER UNA PREVISION CONSTITUCIONAL PRESUPUESTARIA DESTINADA AL PODER JUDICIAL, PRESENTADA POR EL DIPUTADO LUIS MIGUEL BARBOSA HUERTA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DE LA COMISION PERMANENTE DEL MIERCOLES 13 DE JUNIO DE 2001
El que suscribe, Luis Miguel Barbosa Huerta, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LVIII Legislatura, en ejercicio de la facultad que me otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante la Honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión Iniciativa de Decreto que reforma el párrafo décimo y agrega un párrafo décimo primero al artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
Dos son los principios fundamentales que se instituyeron en la constitución de 1917 para protección de los gobernados: uno, el de división de poderes; el otro, el de legalidad.
La existencia del Judicial fue concebida así como la presencia de un órgano del Estado necesario y esencial para alcanzar un auténtico equilibrio de poderes, en el sistema formal de pesos y contrapesos y en el desarrollo de un sistema democrático.
En el delicado balance entre las atribuciones que el Ejecutivo detenta frente a aquéllas que la ley asigna al Legislativo, el Poder Judicial debe funcionar como el justo punto del equilibrio de poderes, en su carácter de único órgano estatal con facultades para hacer efectiva la supremacía de las leyes a través del control de la legalidad y del control de la constitucionalidad.
Los tribunales no sólo son el medio de que disponen los ciudadanos para hacer valer sus derechos frente al resto de los gobernados, sino que además constituyen el órgano de control por excelencia del poder político.
De qué serviría que el Congreso formara las mejores leyes sin un órgano que les diera validez al aplicarlas; sin un órgano que al individualizarlas les otorgue su real contenido social. Por justo y bien concebido que esté un ordenamiento legal, ninguna eficacia tendrá para la vida de un pueblo si su realización no está en manos de tribunales que ejerzan su ministerio con independencia de criterio, libres de ataduras con los poderes políticos y cuya única guía sea el espíritu de la ley.
Más aun, existen autores como Douglas North, quienes aprecian un vínculo indisoluble entre el éxito de cualquier economía y la existencia de determinadas instituciones jurídicas cuya efectividad depende, en última instancia, de que exista un Poder Judicial capaz de asegurarles absoluta realidad y validez.
En el sistema político mexicano, y a pesar de los innegables avances de los últimos años, el Poder Judicial no ha asumido a plenitud el papel de fulcro o punto de apoyo del equilibrio de poderes, entre otras causas, porque en la legislación no se han contemplado aún los mecanismos jurídicos que le otorguen total autonomía e independencia funcional y financiera.
Como lo enfatiza Alexander Hamilton en su obra El federalista, el Judicial cuyo poder deriva únicamente de la razón y que es el llamado a proteger los derechos de las personas frente a los actos arbitrarios de los otros poderes del Estado, necesita y merece una protección especial para subsistir como poder independiente.
La vigencia de un Estado de derecho exige de una judicatura independiente; independiente en una doble dimensión, hacia adentro y hacia afuera. La neutralidad política como obligación de conciencia de los propios jueces y, por otro lado, la existencia de una magistratura institucionalmente protegida de la intervención de los otros poderes, de la intromisión e intervención del Legislativo y Ejecutivo por medio de las salvaguardas necesarias.
La consideración de la independencia de los jueces como un bien para la comunidad política se planteó históricamente en el marco de la creación misma de la división de poderes, predicada para arrancar al soberano los poderes Legislativo y Judicial, que venía ejerciendo al tiempo que ostentaba el Ejecutivo. Sin embargo, hoy más que nunca, la circunstancia política actual exige el fortalecimiento del Poder Judicial.
Con los últimos gobiernos neoliberales la concepción del estado benefactor camina hacia su reducción. Muchas de las decisiones importantes para los grandes núcleos de población están siendo transferidas indiscriminadamente al mercado. El mercado se convierte poco a poco en el gran foro donde los diversos grupos avanzan sus intereses y tratan de resolver sus conflictos.
Estas no son buenas noticias para la justicia y la igualdad. Si hay un lugar donde las carencias no son más que carencias y donde el poder tiende a acrecentarse y manifestarse en arbitrario, es precisamente en el mercado.
Los grandes sectores de la población perdedores en el juego del mercado, los discriminados y marginados deben encontrar otros foros donde demandar mejores condiciones. Tan sólo en el debate público cabe requerir justicia e igualdad. El mercado no escucha ni sabe de esos reclamos.
Durante prácticamente todo el siglo XX el Ejecutivo pretendió irrogarse la calidad de árbitro de los reclamos sociales de justicia e igualdad. En la práctica, el Poder Judicial no fue parte de esta historia. Empero, con la irresponsable renuncia voluntaria de estas tareas de gobierno, esos canales se han agotado significativamente. El Poder Judicial que ciertamente hasta ahora no había sido un lugar importante para promover la igualdad social, ha comenzado a ser el depositario de estos nuevos requerimientos.
Existen ejemplos recientes de grupos que están llevando sus reclamos sociales directamente al foro judicial.
Y es que más aún de las reformas legislativas de que pudiera ser objeto el sistema judicial como fruto de un proceso deliberado de cambio desde los poderes políticos, la mayor transformación que actualmente experimenta el Poder Judicial está determinada por la misma realidad; los cambios económicos y políticos le han situado en un lugar central de la realidad social.
El desarrollo económico, la estabilidad democrática, la vigencia del Estado de derecho y la garantía de los derechos humanos dependerán cada día más de las decisiones que se tomen desde la Judicatura. Las determinaciones judiciales gravitarán como nunca antes en la constitución de un orden social, más o menos justo, dependiendo de la eficacia de su actuación.
Uno de los retos inmediatos para consolidar nuestra democracia consiste, por tanto, en el fortalecimiento de la rama judicial para garantizar a la población el mayor grado de independencia y acceso a la justicia dentro del esquema constitucional de gobierno.
Enmarcada en este objetivo, la presente Iniciativa tiene como motivo consolidar la autonomía presupuestaria del Poder Judicial, al proponer que en el mismo texto de la Constitución General de la República se le asigne un porcentaje mínimo del Presupuesto de Egresos de la Federación, considerando que la autonomía administrativa y presupuestaria es imprescindible para garantizar las funciones independientes de cada poder del Estado. Y haciendo eco de uno de los resolutivos de la VI Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Justicia que aprobó por unanimidad la propuesta de México para promover acciones que lleven al establecimiento de un porcentaje mínimo en las Constituciones destinado a los Poderes Judiciales, con el propósito de que éstos cuenten con un presupuesto, suficiente que les permita cumplir con su obligación de impartir justicia pronta, completa e imparcial.
Como ha sido precisado, la autonomía y la independencia son supuestos indispensables para la imparcialidad y objetividad de la justicia. No obstante, la independencia judicial no se puede garantizar sólo declarando la autonomía funcional de los tribunales, sino antes bien creando las condiciones institucionales necesarias para que dicha independencia sea efectiva.
Una de las condiciones que en el derecho comparado se viene reconociendo como imprescindible para garantizar la independencia judicial, es la autonomía económico financiera del Poder Judicial.
La autonomía económico financiera se lograría principalmente otorgando la función presupuestaria al Poder Judicial, en sus dos componentes: ingresos y egresos. Dicha autonomía impide la influencia indebida sobre la función jurisdiccional, y permite garantizar los recursos económicos suficientes y permanentes, para que la actividad judicial alcance los niveles de calidad exigidos y para que la justicia impartida pueda ser considerada como tal.
Como requisito esencial de eficiencia, debe corresponder al Poder Judicial de la Federación la elaboración y provisión de su propio presupuesto, dejando sólo a los otros órganos judiciales su modificación cuando no se afecten los programas esenciales de justicia.
La autonomía presupuestaria implica la existencia de ingresos estables, previamente determinados, y que la formulación presupuestaria le corresponden con exclusividad a los órganos del Poder Judicial: la Suprema Corte de Justicia y el Consejo de la Judicatura. Ello significa que dichos órganos puedan disponer de recursos suficientes para destinarlos libremente al cumplimiento de las políticas judiciales.
Pero la autonomía presupuestaria no es la disponibilidad arbitraria de recursos económicos, por el contrario, la autonomía del presupuesto judicial implica la racionalización del gasto vinculado a la mejora, modernización y reforma del sistema judicial, mediante de un proceso de planificación del desarrollo autosostenido del Poder Judicial. Así, la autonomía presupuestaria se convierte en un instrumento útil para el incremento de la eficiencia y la eficacia judiciales.
Igualmente, la autonomía del presupuesto judicial consiste en la libre autogestión de los órganos del Poder Judicial, autonomía que no impide la supervisión de los órganos externos facultados por la Constitución y las leyes para efectuar el control presupuestario del Estado.
Como consecuencia, siguiendo la terminología utilizada por el ministro David Góngora Pimentel en la VI Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Justicia, esta Iniciativa de reforma propone la creación de una previsión constitucional presupuestaria destinada al Poder Judicial, como un apartado presupuestario mínimo permanente que deberá ser incluido anualmente en las Leyes de Presupuesto. Se asemeja al llamado situado judicial o apartado judicial propuesto en los foros internacionales, y que en América se inició con la creación por parte de la República de Costa Rica de un situado que comprende el seis por ciento de su presupuesto nacional.
La creación de una previsión constitucional presupuestaria destinada al Judicial tiene como virtud la de establecer un ingreso mínimo, en relación con el presupuesto nacional, que debe ser invariablemente destinado a la rama judicial. Por ende, asegura un monto suficiente de recursos financieros para que el Poder Judicial responda a la demanda social de justicia; logre sufragar sin deficiencias los gastos de funcionamiento ordinario de la administración de justicia; mejore la calidad de la justicia como producto institucional, mediante programas de inversión y de modernización judiciales; y, en general, para dignificar la función jurisdiccional del Estado.
Del mismo modo, la instauración de una previsión constitucional presupuestaria destinada al Poder Judicial coadyuvaría a la racionalización de la administración judicial en la búsqueda de niveles superiores de eficiencia institucional, ya que mejora la vinculación entre los procesos de planificación y de presupuesto. Con ello se evitan las contradicciones frecuentes entre las solicitudes presupuestarias de los órganos del poder judicial con las asignaciones finales de recursos financieros, que resultan de los recortes indiscriminados, bajo una racionalidad ajena a los requerimientos de la demanda social de justicia.
En el presente proyecto de reforma, la previsión constitucional presupuestaria destinada al Poder Judicial se fija en un mínimo de 2.5% del Gasto Programable del Presupuesto de Egresos de la Federación, que aun cuando sigue siendo un porcentaje moderado con respecto a las exigencias sociales de justicia, indudablemente que implicará un progreso significativo en la materia. En cuanto que en los últimos diez años, de 1990 al 2001, la participación de la rama judicial en el Gasto Programable pagado se ha situado entre el 0.39% y 1.48%, según datos proporcionados por el centro de estudios de las finanzas públicas dependiente de la Honorable Cámara de Diputados.
Sin un situado presupuestario mínimo, cada año se somete al Poder Judicial a la incertidumbre de verse afectado por disminuciones que pondrían en riesgo el funcionamiento y crecimiento de la justicia federal mexicana. Sólo el establecimiento de la previsión de un apartado judicial en el Presupuesto de Egresos de la Federación, garantizará la continuidad y consolidación de los procesos de fortalecimiento institucional del Poder Judicial, el aumento real en la atención de la demanda social de justicia, y el incremento de la calidad de los productos judiciales.
Por otra parte, en la Iniciativa también se plantea reformar el párrafo décimo del artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para ubicarlo ahora como párrafo décimo primero de ese precepto legal, y ratificar en su nueva redacción que corresponde exclusivamente a los órganos competentes del Poder Judicial la elaboración de su proyecto de presupuesto, el cual será remitido a los poderes previstos por la Constitución para su aprobación, sin que el Poder Ejecutivo pueda modificarlo: pero además se agrega que cuando circunstancias extraordinarias y graves justifiquen la disminución del Presupuesto de Egresos de la Federación, corresponderá al mismo Poder Judicial, en el ejercicio de su autonomía presupuestaria, determinar el monto y las partidas en que se reducirá su propio presupuesto.
Dotar de autonomía presupuestaria al poder judicial, es una oportunidad que debe ser aprovechada en este momento para lograr una mejor vinculación del proceso presupuestario con el de planificación del desarrollo judicial, que permita sistematizarlos y racionalizarlos como funciones de apoyo estratégico a la formación de las políticas judiciales.
El uso de la planificación y del presupuesto como técnicas de análisis, diseño de alternativas de solución y de selección óptima de medidas, indudablemente que mejorarán la calidad de las decisiones, la viabilidad de los cursos de acción y posibilitarán que los impactos de las políticas judiciales sobre la realidad sean los deseados. Así, la planificación y el presupuesto se constituirán en verdaderos instrumentos estratégicos para garantizar la independencia del Poder Judicial.
En vista de las anteriores consideraciones, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente:
Iniciativa de Decreto que reforma el párrafo décimo y agrega un párrafo décimo primero al artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Unico: se reforma el párrafo décimo y agrega un párrafo décimo primero al artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 100. ...
...
...
...
...
...
...
...
...
El Poder Judicial de la Federación goza de autonomía presupuestaria. En el Presupuesto de Egresos de la Federación se le asignará una participación no inferior al 2.5% del gasto programable.
La Suprema Corte de Justicia elaborará su propio presupuesto y el Consejo lo hará para el resto del Poder Judicial de la Federación, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo séptimo del artículo 99 de esta Constitución. Los presupuestos así elaborados serán remitidos por el Presidente de la Suprema Corte para su inclusión en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, sin que el Ejecutivo pueda modificarlos. Cuando circunstancias extraordinarias y graves justifiquen la disminución del Presupuesto de Egresos de la Federación, compete al Poder Judicial, en el ejercicio de su autonomía presupuestaria, determinar el monto y las partidas en que se reducirá su propio presupuesto. La administración de la Suprema Corte de Justicia corresponderá a su Presidente.
Transitorios
Unico. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los trece días del mes de junio de dos mil uno.
Dip. Luis Miguel Barbosa Huerta (rúbrica)
(Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados)
Dictámenes
DE LA COMISION DE SALUD, EN SENTIDO NEGATIVO, A LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN CUATRO PARRAFOS AL ARTICULO 75 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, PRESENTADA POR DIPUTADOS DEL PVEM EN LA LVII LEGISLATURA
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión fue turnada para su estudio y dictamen Iniciativa de Decreto por el que se adicionan cuatro párrafos al artículo 75 de la Ley General de Salud.
Esta Comisión, de conformidad con las atribuciones que le otorgan los artículos 39 numeral 3, 40, 43, 44 y 45 y demás relativos a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, 56, 60, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea, el siguiente Dictamen, de acuerdo con los siguientes.
Antecedentes
1. Con fecha 2 de diciembre de 1999 se presentó al Pleno de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión la Iniciativa de Decreto por el que se adicionan cuatro párrafos al artículo 75 de la Ley General de Salud, por los diputados Jorge Emilio González Martínez, Jorge Alejandro Jiménez Taboada, Aurora Bazán López, Verónica Velasco Rodríguez y Gloria Lavara Mejía, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
2. Para su estudio y dictamen, el 2 de diciembre de 1999 la Presidencia de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados turnó la iniciativa a la Comisión de Salud.
3. Los integrantes de la Comisión de Salud procedieron al estudio y dictamen de la iniciativa turnada.
Motivaciones
En la exposición de motivos de la iniciativa se señala que el objetivo de la propuesta es mejorar las condiciones en que son tratados los enfermos mentales en las instituciones encargadas de su atención mediante la creación de un Comité de Bioética que vigile y evite el maltrato de los enfermos mentales que merecen todo el respeto y apoyo de la sociedad y del personal de salud.
La falta de atención adecuada de este tipo de enfermos, se insiste en el documento, parece comprobarse con los escasos recursos que se tienen programados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, para el rubro de salud mental, comparados con los recursos destinados a ese sector.
A los enfermos mentales se les debe procurar una consideración especial y ayudárseles para que puedan superar las dificultades por las que atraviesan.
La Iniciativa comprende la adición de cuatro párrafos al artículo 75 de la Ley General de Salud, como sigue:
ARTICULO 75
Toda institución de salud mental deberá contar con un Comité Bioético de Vigilancia, el cual deberá estar integrado por un psicólogo, un médico, una enfermera y un abogado, con el fin de comprobar que se está dando adecuado trato a las personas con padecimientos mentales.
Dicho Comité tendrá por objeto cerciorarse que a los enfermos mentales se les proporcione un trato humano y que su tratamiento sea oportunamente proporcionado por el personal del centro de salud mental, y deberá presentar a la Secretaría un informe anual de las actividades que dicho Comité realiza, así como de los avances que en su tratamiento tienen los pacientes y del respeto de sus derechos.
El Comité deberá reunirse por lo menos dos veces al mes o cuando así lo solicite cualquier interesado; para este segundo caso, el Comité deberá emitir una resolución en un plazo no mayor de setenta y dos horas.
La Secretaría de Salud deberá cerciorarse de la existencia de dicho Comité y de su correcto funcionamiento. Para tal efecto, podrá realizar visitas de inspección para cerciorarse de que el Comité ha sido instalado y que en sus actuaciones no se encuentran irregularidades. Las instituciones de salud mental que no cumplan con lo dispuesto en este artículo serán sancionadas conforme a lo dispuesto en el Capítulo de sanciones de esta Ley.
De conformidad con los antecedentes y motivaciones de referencia, esta Comisión expone las siguientes:
Consideraciones
Al respecto, los diputados integrantes de la Comisión de Salud reconocen el interés de quienes presentaron la Iniciativa expuesta. Los enfermos mentales efectivamente requieren de mejor trato y apoyo que les permita sobrellevar las dificultades de su estado.
La presencia de un Comité de Bioética de Vigilancia en las instituciones de salud mental comprobaría la calidad de la atención que en muchos establecimientos de este tipo deja mucho que desear. Sin embargo las deficiencias existentes sólo muestran la falta de cumplimiento de normas que se encuentran ya en la Ley General de Salud, en su Reglamento en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica, que en el capítulo VII trata de las disposiciones para la prestación de servicios de salud mental y en la norma oficial mexicana NOM-025-SSA2-1994 para la prestación de servicios de salud en unidades de atención integral hospitalaria médico-psiquiátrica.
En esta última, se indica que la Secretaría deberá promover la integración de Comités hospitalarios de Etica y Vigilancia, que corresponden a los Comités de Bioética y Vigilancia que propone la Iniciativa.
La norma incluye todos las funciones de la propuesta, excepto la conformación del Comité, que en la Iniciativa estaría formado por un psicólogo, un médico, una enfermera y un abogado. No se menciona que el médico sea un psiquiatra que en estos Comités sería indispensable. De hecho los Comités de Bioética, que existen ya en muchos hospitales se recomienda que estén constituidos por un número impar de miembros y que incluyan a una persona de la comunidad, por ejemplo el pariente de un enfermo crónico. No existen reglas estrictas y en última instancia correspondería a la Secretaría de Salud establecer las normas sobre la conformación del Comité, dependiendo del tamaño de la institución, número de enfermos, tipo de establecimiento, personal y otros factores.
Esta Comisión analizó el marco jurídico aplicable al objetivo de la iniciativa que se dictamina y al respecto se establece que las principales disposiciones legales aplicables son:
- Ley General de Salud.
- Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica.
- Norma Oficial Mexicana NOM-025-SSA2-1994 para la Prestación de Servicios de Salud en Unidades de Atención Integral Hospitalaria Médico Psiquiátrica.
De los ordenamientos anteriores, se señalan a continuación los artículos que reglamentan el contenido de la Iniciativa.
LEY GENERAL DE SALUD
CAPITULO VII. Salud Mental
Artículo 74. La atención de las enfermedades mentales comprende:
.........................
II.- La organización, operación y supervisión de instituciones dedicadas al estudio, tratamiento y rehabilitación de enfermos mentales.
Artículo 75. El internamiento de personas con padecimientos mentales en establecimientos destinados a tal efecto se ajustará a principios éticos y sociales además de los requisitos científicos y legales que determine la Secretaría de Salud y establezcan las disposiciones jurídicas aplicables.
REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE SALUD EN MATERIA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ATENCION MEDICA.
Artículo 126. Todo aquel establecimiento que albergue pacientes con padecimientos mentales deberá contar con los recursos físicos y humanos necesarios para la adecuada protección, seguridad y atención de los usuarios acorde a las normas técnicas que emita la Secretaría.
...................
Artículo 128. En los hospitales psiquiátricos, el responsable deberá ser médico cirujano con especialidad en psiquiatría, con un mínimo de cinco años de experiencia en la especialidad.
Asimismo los jefes de servicio de urgencias, consulta externa y hospitalización deberán ser médicos cirujanos con especialidad en psiquiatría debidamente registrados ante las autoridades educativas competentes.
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-025-SSA2- 1994 PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN UNIDADES DE ATENCION INTEGRAL HOSPITALARIA MEDICOPSIQUIATRICA. (Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de noviembre de 1995).
La entrada en vigor de la presente Norma, deberá considerar que, tanto por el monto de la inversión requerida, como por el número de recursos humanos necesarios y su capacitación, su cabal cumplimiento deberá atender a la determinación de los plazos pertinentes para el desarrollo de los servicios, tomando en cuenta la condición específica de cada entidad federativa. Sin embargo existe la urgente necesidad de que a la mayor brevedad posible la vigencia de la presente Norma Oficial Mexicana opere en plenitud.
...................
2. Campo de aplicación.
2.1. Esta Norma Oficial Mexicana es de aplicación obligatoria en todas las unidades que presten servicios de atención integral hospitalaria médico-psiquiátrica para enfermos agudamente perturbados y otros de estancia prolongada, de los sectores público, social y privado del país que conforman el Sistema Nacional de Salud.
4.2. Para ofrecer atención médica de calidad a los usuarios, las unidades que presten servicios de atención integral hospitalaria médico-psiquiátrica, deben contar con los siguientes elementos:
4.2.1. Instalaciones y equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones.
4.2.2. Recursos humanos suficientes en número y capacidad técnica, de acuerdo con los indicadores que establezca la autoridad sanitaria competente y con base en las propias necesidades de las unidades.
4.2.3. Procedimientos para que en la unidad prevalezcan el ambiente cordial, técnicamente eficiente, y las condiciones propicias para el cabal desarrollo de las actividades que involucra la atención integral médico-psiquiátrica.
4.2.4. Instalaciones y personal para la prestación de servicios de urgencias.
4.2.5. Instalaciones y personal para la prestación de servicios de consulta externa.
4.2.6. Instalaciones y personal para la prestación de servicios de rehabilitación psicosocial.
4.2.7. Recursos para la atención médica de otras enfermedades coincidentes con la enfermedad mental y, en su caso, referencia oportuna al nivel de atención requerido, intra o extrahospitalario.
.....................
4.6.10. Promover la integración de los comités hospitalarios siguientes:
- Etica y vigilancia
- Auditoría médica
- Mortalidad
- Infecciones intrahospitalarias
- Garantía de calidad de la atención
- Comités ciudadanos de apoyo
...................
7. Actividades de rehabilitación integral:
7.1. Las actividades de rehabilitación se desarrollarán en términos de las necesidades particulares de los usuarios, con la participación interdisciplinaria de los trabajadores de la salud, la familia y la comunidad en general, en la esfera cognoscitiva, afectiva y psicomotriz, las cuales comprenderán:
7.1.1. Acciones intrahospitalarias:
7.1.1.1. Diseñar, ejecutar, dar seguimiento y evaluar programas para la rehabilitación física y mental, que en su caso incluyan el desarrollo de la coordinación psicomotriz gruesa y fina, así como la prevención y atención a deformidades físicas en cada paciente; la conciencia de su cuerpo, del espacio y el desarrollo de sus sentidos, que lo posibiliten para la elaboración de trabajos manuales, participación en actividades deportivas y autocuidado.
7.1.1.2. Diseñar, ejecutar, dar seguimiento y evaluar programas para la promoción y mantenimiento de vínculos socio-afectivos entre los pacientes y con el personal de la institución, los familiares, la comunidad y amistades del usuario, que promuevan el proceso para su reinserción social mediante convivencias, visitas, paseos y asistencia a centros recreativos y culturales.
7.1.1.3. Diseñar, ejecutar, dar seguimiento y evaluar programas que contribuyan a la adquisición de conocimientos teóricos, prácticos y capacitación laboral, como paso primordial para lograr su autosuficiencia.
7.1.1.4. Diseñar, ejecutar, dar seguimiento y evaluar programas de reforzadores.
7.1.1.5. Diseñar, promover, ejecutar, dar seguimiento y evaluar programas que favorezcan la incorporación del paciente a la vida productiva, y si es el caso, gozar de los beneficios económicos del producto de su actividad.
7.1.2. Las acciones intermedias comprenden la hospitalización parcial en sus diversas modalidades, las cuales se desarrollarán con programas que refuercen el área cognoscitiva, afectiva, psicomotriz y la rehabilitación física.
7.1.3. Acciones extrahospitalarias:
7.1.3.1. El hospital debe estar vinculado y promover el desarrollo de programas en la comunidad, para facilitar al usuario su reincorporación a la vida familiar, productiva, laboral y social mediante su atención en los centros comunitarios de salud mental, centros de día, casas de medio camino y los demás servicios extrahospitalarios existentes.
8. Derechos humanos y de respeto a la dignidad de los usuarios.
Dentro de cada unidad de atención integral hospitalaria médico-psiquiátrica, el usuario tiene derecho a:
8.l. Recibir un trato digno y humano por parte del personal de salud mental, independientemente de su diagnóstico, situación económica, sexo, raza, ideología o religión.
8.2. No ser sujeto de discriminación por su condición de enfermo mental, ni ser objeto de diagnósticos o tratamientos en esa condición por razones políticas, sociales, raciales, religiosas u otros motivos distintos o ajenos al estado de su salud mental.
8.3. Que a su ingreso al hospital se le informe, a él y a su representante legal, de las normas que rigen el funcionamiento del nosocomio, y saber los nombres de quiénes serán los miembros del personal de salud, médicos y enfermeras encargados de su atención.
8.4. Un ambiente seguro, higiénico y humano que garantice condiciones adecuadas de alimentación, habitación, atención médica profesional y espacio seguro.
8.5. Ser alojados en áreas específicamente destinadas a tal fin, con adecuada iluminación natural y artificial, bien ventiladas, con el espacio necesario para evitar el hacinamiento y en condiciones de higiene.
8.6. Recibir alimentación balanceada, de buen sabor y aspecto, en cantidad suficiente para una adecuada nutrición y servida en utensilios decorosos. Asimismo, recibir vestido y calzado o tener autorización para utilizar los propios, si así lo desea.
8.7. Que tengan acceso a los recursos clínicos, de laboratorio y de gabinete para lograr un diagnóstico certero y oportuno, en condiciones similares a cualquier otro establecimiento sanitario.
8.8. Recibir información veraz, concreta, respetuosa y en lenguaje comprensible para él y para su representante legal, con relación al diagnóstico médico, así como respecto de sus derechos y del tratamiento que se pretenda aplicar.
8.9. Recibir atención médica especializada, es decir por personal capacitado para el manejo y tratamiento de los enfermos mentales.
8.10. Que la atención psiquiátrica o terapéutica que se le preste sea de conformidad con las normas éticas pertinentes que rigen a los profesionales de la salud mental,
8.11. Que toda medicación sea prescrita por un especialista autorizado por la ley, y que ello se registre en el expediente clínico del paciente.
8.12. Que la información, tanto la proporcionada por los propios enfermos o por sus familiares como la contenida en sus expedientes clínicos, sea manejada bajo las normas del secreto profesional y de la confidencialidad.
8.13. Negarse a participar como sujeto de investigación científica, sin que ello demerite la calidad de su atención hospitalaria.
8.14. Solicitar reuniones con su médico y profesionales que lo estén tratando.
8.15. Solicitar la revisión clínica de su caso.
8.16. Recibir atención médica oportuna en caso de sufrir una enfermedad no psiquiátrica y, de así requerirlo, tratamiento adecuado en una institución que cuente con los recursos técnicos para su atención.
8.17. Recibir tratamiento orientado a la reintegración a la vida familiar, laboral y social, por medio de programas de terapia ocupacional, educativa y de rehabilitación psicosocial. El paciente podrá, en su caso, elegir la tarea que desee realizar y gozar de una retribución justa.
8.18. Ser protegido contra toda explotación, abuso o trato degradante, y en su caso denunciar por sí o a través de su representante legal cualquier abuso físico, psicológico o moral que se cometa en su contra.
8.19. No ser sometido a restricciones físicas o a reclusión involuntaria salvo con arreglo a procedimientos legalmente establecidos y sólo cuando sea el único medio disponible para impedir un daño inmediato o inminente al paciente o a terceros, o se trate de una situación grave y el paciente esté afectado en su capacidad de juicio y, en el caso de que de no aplicarse el tratamiento, se afecte su salud. Cuando haya limitación de libertad, ésta será la mínima posible de acuerdo con la evolución del padecimiento, las exigencias de su seguridad y la de los demás. El paciente bajo este tipo de medida quedará, en todo momento, al cuidado y vigilancia de personal calificado.
8.20. Comunicarse libremente con otras personas que estén dentro de la institución; enviar y recibir correspondencia privada sin que sea censurada. Tener acceso a los servicios telefónicos, así como leer la prensa y otras publicaciones, escuchar la radio y ver televisión, de conformidad con las indicaciones del médico tratante.
8.21. Tener comunicación con el exterior y recibir visita familiar si ello no interfiere con el tratamiento.
8.22. Gozar de permisos terapéuticos para visitar a sus familias, de acuerdo con el criterio médico.
8.23. Recibir asistencia religiosa, si así lo desean.
8.24. Obtener autorización de su médico tratante o de un profesional autorizado, para salir de la unidad y relacionarse con su pareja.
Por las consideraciones jurídicas analizadas esta Comisión concluye:
Que el espíritu de la iniciativa se encuentra tutelado en las disposiciones legales que se han analizado en el presente documento, mismas que tienen como objetivo regular la calidad y cobertura en la prestación de los servicios en el rubro de salud mental, especialmente en la Norma Oficial Mexicana NOM-025-SSA-1994 para la prestación de servicios de salud en unidades de atención integral hospitalaria médico-psiquiátrica.
Por lo anteriormente expuesto los integrantes de la Comisión de Salud.
Resuelven
UNICO.- Se desecha la Iniciativa de Decreto por el que se adicionan cuatro párrafos al artículo 75 de la Ley General de Salud.
Archívese el expediente.
Así lo acordaron y firmaron los diputados integrantes de esta Comisión:
Los CC. diputados de la Comisión de Salud: Ma. Eugenia Galván Antillón, Presidenta; Rafael Orozco Martínez, Secretario; Héctor Esquiliano Solís, Secretario; Eduardo A. Leines Barrera, Secretario; Adela del C. Graniel Campos, Secretaria; Samuel Aguilar Solís, Juan Alcocer Flores, Francisco J. Cantú Torres, María L. A. Domínguez Ramírez, Neftalí S. Escobedo Zoletto, María García Fernández, Federico Granja Ricalde, Policarpo Infante Fierro, Arturo León Lerma, Francisco S. López Brito, Santiago López Hernández, Enrique Meléndez Pérez, Magdalena Nuñez Monreal, Lic. Felipe Olvera Nieto, Manuel Wistano Orozco Garza, Julieta Prieto Fuhrken, Jorge Alberto Rodríguez Pasos, Pedro Miguel Rosaldo Salazar, Luis Miguel Santibañez García, Ernesto Saro Boardman, Olga M. Uriarte Rico, Carlos A. Valenzuela Cabrales, José S. Velázquez Hernández, Juvenal Vidrio Rodríguez (rúbricas).
Palacio Legislativo de San Lázaro a 28 de febrero de 2001.
DE LA COMISION DE SALUD, EN SENTIDO NEGATIVO, A LA INICIATIVA DE REFORMAS Y ADICIONES SOBRE DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD, PRESENTADA EL 9 DE DICIEMBRE DE 1999 POR EL DIPUTADO ADALBERTO ANTONIO BALDERRAMA FERNANDEZ Y SUSCRITA POR DIVERSOS GRUPOS PARLAMENTARIOS
Honorable Asamblea
A la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión fue turnada para su estudio y dictamen
Esta Comisión, de conformidad con las atribuciones que le otorgan los artículos 39 numeral 3; 43, 44 y 45 y demás relativos a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, 56, 60, 87, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea, el siguiente Dictamen, de acuerdo con los siguientes:
Antecedentes
1. Con fecha 9 de diciembre de 1999, se presentó al Pleno de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, la Iniciativa de reformas a los artículos 3°, fracción XII; 6°, fracción I; 12; 20, fracción I; 116; 205; 210; 212; 284, segundo párrafo; y 307, segundo párrafo; y adiciones al artículo 2°, con una fracción octava; y 112 con una IV fracción, de la Ley General de Salud, por el diputado Adalberto Antonio Balderrama Fernández y suscrita por diversos grupos parlamentarios.
2. Para su estudio y dictamen, el día 9 de diciembre de 1999 la Presidencia de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados turnó la Iniciativa a la Comisión de Salud.
En su exposición de motivos, los legisladores señalan que el Estado debe atender las necesidades básicas de la población, y que es urgente fortalecer y proteger el derecho a la protección de la salud que tiene toda persona. Para esto es necesario:
- Fortalecer y proteger los derechos de consumo de la población, informándole de manera clara respecto a los productos alimenticios que consume.
- Proteger a la población de publicidad engañosa que atribuye a productos valores alimenticios o nutricionales que en realidad no tienen.
- Apoyar y proteger indirectamente a los productores nacionales de productos originales y con alta calidad sanitaria con el fin de evitar que compitan en desventaja contra productos de baja calidad nutricional, llamados "tipo, o de imitación".
- Establecer la obligación para que las autoridades emitan disposiciones legales de carácter general, coercibles y obligatorias, que regulen a los productos alimenticios en cuanto a su calidad sanitaria fortaleciendo así el sistema jurídico sanitario nacional.
- Asegurar el abasto nacional de mercancías con un alto valor nutricional.
De conformidad con los antecedentes mencionados esta Comisión expone sus:
Consideraciones
La Iniciativa que se determina tiene como propósito reglamentar con mayor rigidez la calidad e información de los productos de consumo de la población, en particular los de baja calidad nutricional, llamados "tipo o de imitación".
La propuesta de Ley que se dictamina se basa en la obligación de los responsables de los órganos del poder público en hacer cumplir las leyes, reglamentos y normas que protejan la nutrición de la población.
Sobre el particular, los integrantes de esta Comisión, analizaron cada una de las reformas y adiciones propuestas a la Ley General de Salud, en los siguientes términos:
Iniciativa
Artículo 3º. En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general:
..................
XII. La orientación a la población y vigilancia de procesos productos y servicios en materia de nutrición.
La Ley vigente señala:
Artículo 3º. En los términos de esta Ley es materia de salubridad general.
.......................
XII. La orientación y vigilancia en materia de nutrición.
....................
XXII. El control sanitario de productos y servicios y de su importación y exportación.
...................
XXIV. El control sanitario de los establecimientos dedicados al proceso de los productos incluidos en la fracción XXII y XXIII.
Es opinión de esta Comisión que la reforma al artículo 3º de la Iniciativa no añade ningún concepto a la ley vigente.
Iniciativa
Artículo 6º
El Sistema Nacional de Salud tiene los siguientes objetivos:
I. Proporcionar servicios de salud, a toda la población, tutelar la correcta nutrición de ésta, y mejorar la calidad de los mismos, atendiendo a los problemas sanitarios prioritarios y a los factores que condicionen y causen daños a la salud, con especial interés en las acciones preventivas.
La Ley vigente señala:
Artículo 6º
El Sistema Nacional de Salud tiene los siguientes objetivos:
I. Proporcionar servicios de salud a toda la población y mejorar la calidad de los mismos, atendiendo a los problemas sanitarios prioritarios y a los factores que condicionen y causen daños a la salud, con especial interés en las acciones preventivas.
Esta Comisión considera que el tutelar la correcta nutrición de la población está incluido en la proporción de servicios de salud a los habitantes, ya que la nutrición es uno de los factores prioritarios de la salud. Esto se reconoce en el Título Séptimo de la Ley General de Salud sobre Promoción de la Salud, que comprende el Capítulo III sobre Nutrición, que incluye los artículos 114 y el 115 con los incisos I al VIII.
Por lo anterior se considera que la Iniciativa, en la reforma propuesta al artículo 6º no añade ningún concepto a la ley vigente.
Iniciativa
Artículo 12
La competencia de las autoridades sanitarias en la planeación, regulación, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Salud, se regirá por las disposiciones de esta Ley y demás normas generales aplicables [con] carácter coercible obligatorio.
Artículo 20
Las estructuras administrativas a que se refiere el segundo párrafo del artículo 19 de esta Ley, se ajustarán a las siguientes bases;
I. Se regirán por las disposiciones de esta Ley y demás normas generales coercibles y obligatorias aplicables, y por las previsiones de los acuerdos de coordinación que se celebren;
.......................
Artículo 116
Las autoridades sanitarias establecerán las normas generales coercitivas y obligatorias, tomarán las medidas y realizarán las actividades a que se refiere esta Ley, tendientes a la protección de la salud humana ante los riesgos y daños dependientes de las condiciones del ambiente.
Las reformas de los artículos 12, 20 y 116 de la Iniciativa añaden exclusivamente el concepto de que las normas deben tener carácter coercitivo y obligatorio, lo que es inherente a su condición, resultando improcedente su inclusión dentro del texto.
Iniciativa
Artículo 205
El proceso de los productos a que se refiere este Título deberá realizarse en condiciones higiénicas, sin adulteración, contaminación o alteración, y de conformidad con las disposiciones de esta Ley y demás aplicables, en caso de no existir mayores disposiciones que las de esta Ley, y de encontrarse productos adulterados, contaminados o alterados, el productor de dichos productos será sancionado conforme al artículo 417, fracciones II y III de esta Ley.
Los conceptos expresados en esta reforma se encuentran ya regulados en los artículos 205, 416 y 417 en sus cuatro fracciones de la Ley General de Salud.
Estos artículos señalan:
Artículo 205
El proceso de los productos a que se refiere este título deberá realizarse en condiciones higiénicas, sin adulteración, contaminación o alteración , y de conformidad con las disposiciones de esta Ley y demás aplicables.
Artículo 416
Las violaciones a los preceptos de esta Ley, sus reglamentos y demás disposiciones que emanen de ella serán sancionadas administrativamente por las autoridades sanitarias, sin perjuicio de las penas que correspondan cuando sean constitutivas de delito.
Artículo 417
Las sanciones administrativas podrán ser:
I.- Amonestación con apercibimiento
II.- Multa
III.- Clausura temporal o definitiva, que podrá ser parcial o total, y
IV.- Arresto hasta por treinta y seis horas.
Por lo anterior, las reformas de la Iniciativa al artículo 205 se consideran reiterativas de las ya expresadas en la Ley General de Salud.
Iniciativa
Artículo 210
Los productos que deben expenderse empacados o envasados llevarán etiquetas que deberán cumplir con las normas oficiales mexicanas que al efecto la Secretaría de Salud emita.
La Ley vigente señala:
Artículo 210
Los productos que deben expenderse empacados o envasados, llevarán etiquetas que deberán cumplir con las normas oficiales mexicanas que al efecto se emitan.
Esta Comisión, manifiesta que en los productos cuya naturaleza exija la vigilancia y control de la Secretaría de Salud será la propia dependencia la que emita las normas correspondientes. Esto está implícito en el artículo 210 vigente y no hace falta la redundancia en la que incurre la Iniciativa.
Iniciativa
Artículo 212
La naturaleza del producto, la fórmula, la composición, calidad, denominación distintiva o marca, denominación genérica específica, etiquetas y contraetiquetas, deberán corresponder a las especificaciones autorizadas por la Secretaría de Salud de conformidad con las normas oficiales mexicanas que la Secretaría de salud emita no podrán ser modificadas.
La ley vigente señala:
Artículo 212
La naturaleza del producto, la fórmula, la composición, calidad, denominación distintiva o marca, denominación genérica o específica, etiquetas y contraetiquetas, deberán corresponder a las especificaciones autorizadas por la Secretaría de Salud, de conformidad, con las disposiciones aplicables y no podrán ser modificadas.
Artículo 214
La Secretaría de Salud publicará en el Diario Oficial de la Federación las normas oficiales mexicanas que expida y, en caso necesario, las resoluciones sobre otorgamiento y revocación de autorizaciones sanitarias de medicamentos, estupefacientes, substancias psicotrópicas y productos que los contengan, equipos médicos, plaguicidas, nutrientes vegetales y substancias tóxicas o peligrosas, así como de las materias primas que se utilicen en su elaboración.
Las disposiciones propuestas son, precisamente, las normas oficiales mexicanas que la Secretaría de Salud emita.
La Ley vigente evita, además, la ambigüedad en la frase: "no podrán ser modificadas", que en la Ley se refiere a las características del producto que es la interpretación correcta; en la Iniciativa puede referirse tanto a este concepto como a las normas oficiales, que desde luego sí son suceptibles de modificación.
Iniciativa
Artículo 284
La Secretaría de Salud podrá identificar, comprobar, certificar y vigilar, en el ámbito nacional, la calidad sanitaria de los productos materia de importación.
En los casos en que los productos de importación no reúnan los requisitos, la fórmula, la composición, calidad, denominación distintiva, denominación génerica o específica, etiquetas contraetiquetas, especificaciones o características que establezca la legislación y las normas oficiales mexicanas correspondientes la Secretaria de Salud aplicará las medidas de seguridad que correspondan.
La Ley vigente señala:
Artículo 284
La Secretaría de Salud podrá, identificar, comprobar, certificar y vigilar , en el ámbito nacional, la calidad sanitaria de los productos materia de importación.
En los casos en que los productos de importación no reúnan los requisitos o características que establezca la legislación correspondiente, la Secretaría de Salud aplicará las medidas de seguridad que correspondan.
En relación a esta reforma los legisladores de esta Comisión, la consideran improcedente, ya que el artículo 284 es muy claro al establecer que los productos de importación que no reúnan los requisitos o características que establezca la "legislación correspondiente", la Secretará de Salud aplicará las medidas que correspondan, con lo cual se acredita que ya se encuentra regulada la pretensión de esta reforma.
A mayor abundamiento los requisitos o características de los productos están enunciados uno a uno en el artículo 212, y carece de sentido el repetirlos en el nuevo artículo propuesto por la Iniciativa.
Iniciativa
Artículo 307
Tratándose de publicidad de alimentos y bebidas no alcohólicas, ésta no deberá asociarse directa o indirectamente con el consumo de bebidas alcohólicas.
La publicidad no deberá inducir a hábitos de alimentación nocivos, ni atribuir a los alimentos industrializados o no, un valor superior o distinto al que tengan en realidad, de acuerdo a la legislación aplicable.
........................
La Ley vigente indica:
Artículo 307
Tratándose de publicidad de alimentos y bebidas no alcohólicas, ésta no deberá asociarse, directa o indirectamente con el consumo de bebidas alcohólicas.
La publicidad no deberá inducir a hábitos de alimentación nocivos, ni atribuir a los alimentos industrializados, un valor superior o distinto al que tengan en realidad.
..................
La Ley hace referencia a los alimentos industrializados porque estos, a diferencia de los alimentos no industrializados, se prestan a alteraciones o engaños, por la que la Ley procura proteger al consumidor de tales productos. El señalar en la Iniciativa que esta norma debe estar de acuerdo con la legislación aplicable carece de sentido.
Entre las adiciones de la Iniciativa se incluyen los artículos: 2° con una fracción octava; y 112 con una IV fracción para quedar como sigue.
Artículo 2°
El derecho a la protección de la salud, tiene las siguientes finalidades:
I.- El bienestar físico y mental del hombre, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades;
II.- La prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana;
III.- La protección y el acrecentamiento de los valores que coadyuven a la creación, conservación y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social;
IV.- La extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en al reservación, conservación mejoramiento y restauración de la salud;
V.- El disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población;
VI.- El conocimiento para el adecuado aprovechamiento y utilización de los servicios de salud;
VII.- El desarrollo de la enseñanza y la investigación científica y tecnológica para la salud y
VIII.- La nutrición apropiada del hombre, a través de productos de óptima calidad.
Esta Comisión dictaminadora establece que la adición de la fracción VIII, es superflua si se considera que la nutrición, como parte importante de la salud ha sido implícitamente tratada en las otras siete fracciones, en particular en las tres primeras.
Así también resulta improcente, toda vez que en la Ley General de Salud en el Título Séptimo de la "Promoción de la Salud", artículos 110, 111, 114 y 115 se contempla y se regula la importancia que tiene para el Gobierno Federal la nutrición en beneficio de la salud individual y colectiva.
Artículo 112
La educación para la salud tiene por objeto:
I.- Fomentar en la población el desarrollo de actitudes y conductas que le permitan participar en la prevención de enfermedades individuales, colectivas y accidentes, y protegerse de los riesgos que pongan en peligro su salud;
II.- Proporcionar a la población los conocimientos sobre las causas de las enfermedades de los daños provocados por los efectos nocivos del ambiente en la salud;
III.- Orientar y capacitar a la población preferentemente en materia de nutrición, salud mental, salud bucal, educación sexual, planificación familiar, riesgo de la automedicación, prevención de la farmacodependencia, salud ocupacional, uso adecuado de los servicios de salud, prevención de accidentes, prevención y rehabilitación de la invalidez y detección oportuna de enfermedades.
IV.- Orientar, informar y proteger a la Población en materia de nutrición, obligando a los productores a informar de los exactos valores nutricionales de sus productos
Al respecto, los legisladores de esta Comisión hacen notar que la fracción IV que se añade, reproduce en su primera frase el principio de la fracción III vigente: "Orientar y capacitar a la población preferentemente en materia de nutrición". El resto de la fracción IV propuesta está señalado en el artículo 212 de la Ley General de Salud, mismo que ha sido analizado en el presente documento.
De lo expuesto, esta Comisión de Salud, concluye:
Son improcedentes las reformas y adiciones que se proponen en la Iniciativa a la Ley General de Salud, con la intención de reglamentar con mayor rigidez la calidad e información de los productos de consumo, ya que los conceptos y términos que la sustentan se encuentran ya legislados en la Ley de referencia y por consiguiente no añade ningún nuevo concepto.
Por lo anterior, los diputados pertenecientes a esta Comisión resuelven:
Unico.- Se desecha la Iniciativa de Reformas a los artículos 3°, fracción XII; 6°; fracción I; 12; 20, fracción I; 116; 205; 210; 212; 284, segundo párrafo; y 307 segundo párrafo; y adiciones al artículo 2°, con una fracción octava; y 112 con una IV fracción, de la Ley General de Salud.
Los CC. diputados de la Comisión de Salud: Ma. Eugenia Galván Antillón, Presidenta; Rafael Orozco Martínez, Secretario; Héctor Esquiliano Solís, Secretario; Eduardo A. Leines Barrera, Secretario; Adela del C. Graniel Campos, Secretaria; Samuel Aguilar Solís, Juan Alcocer Flores, Francisco J. Cantú Torres, María L. A. Domínguez Ramírez, Neftalí S. Escobedo Zoletto, María García Fernández, Federico Granja Ricalde, Policarpo Infante Fierro, Arturo León Lerma, Francisco S. López Brito, Santiago López Hernández, Enrique Meléndez Pérez, Magdalena Nuñez Monreal, Lic. Felipe Olvera Nieto, Manuel Wistano Orozco Garza, Julieta Prieto Fuhrken, Jorge Alberto Rodríguez Pasos, Pedro Miguel Rosaldo Salazar, Luis Miguel Santibañez García, Ernesto Saro Boardman, Olga M. Uriarte Rico, Carlos A. Valenzuela Cabrales, José S. Velázquez Hernández, Juvenal Vidrio Rodríguez (rúbricas).
Palacio Legislativo de San Lázaro a 28 de febrero de 2001.
DE LA COMISION DE GOBERNACION Y SEGURIDAD PUBLICA, EN SENTIDO NEGATIVO, SOBRE LA PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO, PRESENTADA EL 21 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2000 POR EL DIPUTADO MIGUEL BORTOLINI CASTILLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, RELATIVO A QUE LA CAMARA DE DIPUTADOS CONSIDERE COMO NECESIDAD NACIONAL EL DESARME Y LA DESAPARICION DE LOS GRUPOS PARAMILITARES EN EL ESTADO DE CHIAPAS
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública fue turnado para su estudio y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo, presentada ante el Pleno de la Cámara de Diputados, el 21 de noviembre del año 2000, por el diputado Miguel Bortolini Castillo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, relativo a que la Cámara de Diputados considere que es una necesidad nacional, lograr el desarme y la desaparición de los diversos grupos paramilitares que han existido en el estado de Chiapas desde 1995.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, 40 y 44 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta Comisión someten a la consideración de esta H. Asamblea el presente Dictamen, a partir de los siguientes:
Antecedentes
1.- En sesión celebrada el día 21 de noviembre del año 2000 se turnó el presente proyecto de Punto de Acuerdo para su estudio y dictamen.
2.- Los integrantes de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, procedieron al estudio del proyecto presentado, reuniéndose para ello el día 5 de junio del año en curso.
A partir de estos antecedentes, los miembros de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública que suscriben el presente Dictamen, exponemos las siguientes:
Consideraciones
I.- La propuesta de Punto de Acuerdo aborda diversos temas relacionados o derivados del conflicto armado que vive el estado de Chiapas, se manifiesta por ejemplo, que las acciones llevadas a cabo por el Procurador General de la República para desarmar a los grupos paramilitares en el municipio de Chenalhó, es una operación maquillada que busca crear las condiciones para asegurar la impunidad de tales grupos.
A juicio de los integrantes de esta Comisión, se trata de declaraciones respecto a problemas en Chenalhó, Acteal y otras comunidades respecto a grupos paramilitares, al desempeño del entonces gobernador Roberto Albores Guillén, a la expropiación de terrenos para la construcción de instalaciones militares en el ejido Amador Hernández, del municipio de Ocosingo y, al desempeño del Ejército Mexicano entre otros temas similares, en las que no existe acuerdo para realizar un pronunciamiento al respecto.
II.- Se propone en el proyecto en comento:
- Que la Cámara de Diputados considere una necesidad nacional lograr el desarme y la desaparición de los diversos grupos paramilitares de Chiapas. Asimismo, que es una necesidad nacional encontrar a los autores intelectuales en la formación, organización y preparación de los mismos como Paz y Justicia, Máscara Roja, Chinchulines, etc. Que es indispensable lograr el retiro del Ejercito Federal de las comunidades de Chiapas;
- Que la Cámara de Diputados acuerde solicitar a la Cocopa investigue el operativo llevado a cabo por la PGR en la población Los Chorros, Chenalhó;
- Que la Cámara exhorte a las autoridades judiciales competentes para revisar el decreto de expropiación y reintegren esa porción del territorio nacional a sus legítimos propietarios: los ejidatarios de Amador Hernández.
IV.- Las propuestas del Punto de Acuerdo no lograron el consenso entre los dictaminadores, independientemente que las condiciones existentes en aquel entonces han tenido modificaciones, destacan la actitud del Ejecutivo Federal, al haber ordenado la desocupación de las posiciones militares y, convertir dichas instalaciones en Centros para el Desarrollo de las Comunidades Indígenas, de conformidad con el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 26 de marzo. Asimismo, se destaca el papel que ha desempeñado el Congreso de la Unión en los últimos meses respecto a este tema.
V.- En razón de los citados argumentos, la Comisión que dictamina considera que, de aprobarse la propuesta que nos ocupa, se contribuiría a acentuar el divisionismo que prevalece en varias regiones del estado de Chiapas, toda vez que en la actualidad todos los actores involucrados se encuentran trabajando para terminar con el conflicto.
A mayor abundamiento, considerando que la propuesta se realizó a finales del año pasado y de entonces a la fecha han ocurrido diversos acontecimientos que cambiaron el panorama del conflicto, tal es el caso: que el gobierno, tanto federal como local, fue asumido por personas distintas a las que se menciona en el proyecto de Punto de Acuerdo, que la actuación del Ejército Mexicano ha sido diferente a como venía actuando, en razón de que se retiró de las bases que ocupaba como una señal de disponibilidad de las autoridades federales a dialogar y encontrar arreglo a los problemas.
Tales acontecimientos nos llevan a manifestar que los problemas en dicha entidad están encontrando vías de atención mediante nuevos cauces, y que las rencillas entre los diversos grupos políticos deben ser solucionadas por los involucrados sin necesidad de que esta representación popular se pronuncie a favor o en contra de algunos de ellos, por lo que se ha llegado a la determinación de considerar improcedente la propuesta de Punto de Acuerdo a que nos hemos venido refiriendo.
Por las razones anteriores, la Comisión dictaminadora acuerda someter a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, lo siguiente:
Unico.- No es procedente la el Proyecto de Punto de Acuerdo que se propone, por las razones expuestas.
Archívese el expediente.
Palacio Legislativo de San Lázaro, México, Distrito Federal, a los cinco días del mes de junio de dos mil uno.
Por la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública
Diputados: Armando Salinas Torre (rúbrica), Presidente; José A. Hernández Fraguas (rúbrica), Secretario; Víctor M. Gandarilla Carrasco (rúbrica), Secretario; José G. Anaya Llamas (rúbrica), Secretario; Luis Miguel G. Barbosa Huerta (rúbrica), Secretario; Manuel Añorve Baños (rúbrica), José Francisco Blake Mora (rúbrica), Tomás Coronado Olmos (rúbrica), Omar Fayad Meneses (rúbrica), Arturo Escobar y Vega, Federico Granja Ricalde, Lorenzo Rafael Hernández Estrada (rúbrica), Efrén Nicolás Leyva Acevedo (rúbrica), Miguel Angel Martínez Cruz, Rodrigo David Mireles Pérez, José Narro Céspedes, César Nava Vázquez, Ricardo A. Ocampo Fernández (rúbrica), Fernando Ortiz Arana, Germán Arturo Pellegrini Pérez, José Jesús Reyna García, Adrián Rivera Pérez (rúbrica), Eduardo Rivera Pérez (rúbrica), Jorge Esteban Sandoval Ochoa, César Augusto Santiago Ramírez, David Augusto Sotelo Rosas (rúbrica), Ricardo Torres Origel (rúbrica), Jaime Vázquez Castillo, Néstor Villarreal Castro (rúbrica), Roberto Zavala Echavarría (rúbrica)
DE LA COMISION DE GOBERNACION Y SEGURIDAD PUBLICA, A LA INICIATIVA DE ADICIÓN DE UN PARRAFO AL ARTICULO 4 DE LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL EN EL RAMO DEL PETROLEO, PRESENTADA POR LOS DIPUTADOS AMADOR RODRIGUEZ C., JOSEFINA HINOJOSA H., CESAR AUGUSTO SANTIAGO, VICTOR ROBERTO INFANTE GONZALEZ, EDUARDO ANDRADE SANCHEZ Y MANUEL GALAN JIMENEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, SUSCRITA EL 7 DE MARZO DE 2001
Honorable Asamblea
A la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública fue turnada para su estudio y dictamen la Iniciativa presentada por los CC. diputados Amador Rodríguez C., Josefina Hinojosa H., César Augusto Santiago, Víctor Roberto Infante González, Eduardo Andrade Sánchez y Manuel Galán Jiménez, todos ellos del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, suscrita el 7 de marzo de 2001, en la que se propone la adición de un párrafo al artículo 4 de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, 40 y 44 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los numerales 65, 66, 85, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, a la que corresponde dictaminar la Iniciativa en comento, según las disposiciones legales referidas, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen, a partir de los siguientes:
Antecedentes
1. El 7 de marzo de 2001, los diputados referidos en el proemio de este Dictamen, presentaron ante el Pleno de la Cámara de Diputados la Iniciativa de reforma a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, en su artículo 4. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados la turnó para su estudio y dictamen a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.
2. Los autores de la Iniciativa señalan en la exposición de motivos que el gas de uso doméstico es un combustible de primera necesidad, que tan sólo en el último año su precio ha tenido un incremento del 100% y que de proseguir esta situación, las familias que perciben bajos ingresos no podrán pagar este combustible.
Asimismo, señalan que en México existen varias empresas que se dedican a la distribución de este derivado del petróleo pero que son unos cuantos los que monopolizan el mercado no permitiendo la sana competencia.
También argumentan los iniciadores, que a raíz de la liberación del mercado, las compañías distribuidoras de gas son las que fijan el precio, y lo que se suponía debería alentar la competencia y beneficiar a los consumidores, resultó contraproducente y con constantes incrementos en el precio del energético.
3. El objeto de la Iniciativa es dar atribuciones a Petróleos Mexicanos para que participe en la distribución de gas al consumidor final, para con ello abatir costos de intermediación y generar mayor competencia en el mercado del gas licuado, que redundaría en beneficio para aquellos que se ven afectados por el alto costo del producto.
4. Para tal efecto, los autores de la Iniciativa proponen la adición de un párrafo al artículo 4° de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo.
Con base en los antecedentes mencionados, los integrantes de esta Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, formula las siguientes
Consideraciones
I.- La Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, en su artículo 4, segundo párrafo establece: "Salvo lo dispuesto en el Artículo 3º, el transporte, el almacenamiento y la distribución de gas podrán ser llevados a cabo, previo permiso, por los sectores social y privado, los que podrán construir, operar, y ser propietarios de ductos, instalaciones y equipos, en los términos de las disposiciones reglamentarias, técnicas, y de regulación que se expidan". Esto significa que no es obligatorio que el sector privado lleve a cabo dichas actividades, entre las que se encuentran la distribución de gas, es decir, la iniciativa privada podrá hacerlo previo permiso que le otorgue el Estado. Luego entonces, si no existieran particulares interesados en esa empresa, o bien, que los interesados no reunieran los requisitos para que se les otorgara el permiso correspondiente, es el propio Estado quien puede llevarlo a cabo, como titular de la rectoría de la economía del país, según lo dispone el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Lo anterior se refuerza con el hecho de que la Secretaría de Economía es quien, de conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, y atento a la reforma de dicho ordenamiento legal mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2000, tiene entre sus atribuciones participar en la distribución y comercialización de productos y el abastecimiento de los consumos básicos de la población.
II.- Ahora bien, según los iniciadores, la motivación de la reforma es evitar que existan monopolios por parte de los particulares que se encargan de las ventas de gas al consumidor final y el alza incontrolada de los precios de este producto básico. Sin embargo, no resulta necesario que Petróleos Mexicanos entre a competir en esa empresa como medio para controlar los precios del producto, toda vez de que es el propio Estado como rector de la economía quien tiene la potestad de hacerlo.
La Constitución Política Federal dispone, en su artículo 28, que las leyes fijarán las bases para que se señalen precios máximos a los artículos, materias o productos que se consideren necesarios para la economía nacional o el consumo popular, así como para imponer modalidades a la organización de la distribución de esos artículos, materias o productos, a fin de evitar que intermediaciones innecesarias o excesivas provoquen insuficiencias en el abasto, así como el alza de precios.
En este sentido, el artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, da atribuciones en esa materia a la Secretaría de Economía al señalar:
"Artículo 34.- A la Secretaría de Economía corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
I. Formular y conducir las políticas generales de industria, comercio exterior, interior, abasto y precios de país; ...
...
V. Estudiar, proyectar y determinar los aranceles y fijar los precios oficiales.................
...
VII. Establecer la política de precios... vigilar su estricto cumplimiento, particularmente en lo que se refiere a artículos de consumo y uso popular, y establecer las tarifas para la prestación de aquellos servicios de interés público que considere necesarios...............
...
XVIII. Organizar la distribución y consumo a fin de evitar el acaparamiento y que las intermediaciones innecesarias o excesivas provoquen el encarecimiento de los productos y servicios;
..."
Por su parte, la Ley Federal de Competencia Económica, dispone que es facultad exclusiva del Ejecutivo Federal, determinar los precios máximos a los que deberán sujetarse los bienes o servicios de consumo popular. En su artículo 7, fracción II, establece que corresponde a la Secretaría de Economía, determinar mediante acuerdo los precios máximos que correspondan a los bienes y servicios que sean necesarios para la economía nacional o el consumo popular.
En cumplimiento a la ley en comento, el Ejecutivo Federal, mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de marzo de 2001, estableció que el gas licuado de petróleo quedará sujeto al precio máximo de venta a usuarios finales que fije la Secretaría de Economía.
Por acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de marzo de 2001, el Secretario de Economía, en cumplimiento al Decreto de referencia, determinó el precio máximo del gas licuado de petróleo para el mes de marzo de 2001. También dispuso que la unidad administrativa de la Secretaría de Economía que determine el Secretario, publicará mensualmente el precio máximo de venta de gas licuado de petróleo a usuario final, a más tardar el último día hábil del mes inmediato anterior al de su publicación.
Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, sometemos a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados lo siguiente:
Unico.- No es de aprobarse la presente Iniciativa que adiciona un segundo párrafo al artículo 4 de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo.
Archívese el expediente.
Palacio Legislativo de San Lázaro, México, Distrito Federal, a los cinco días del mes de junio del año dos mil uno.
Archívese el expediente.
Por la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública:
Diputados: Armando Salinas Torre (rúbrica), Presidente; José A. Hernández Fraguas (rúbrica), Secretario; Víctor M. Gandarilla Carrasco (rúbrica), Secretario; José G. Anaya Llamas (rúbrica), Secretario; Luis Miguel G. Barbosa Huerta (rúbrica), Secretario; Manuel Añorve Baños (rúbrica), José Francisco Blake Mora (rúbrica), Tomás Coronado Olmos (rúbrica), Omar Fayad Meneses (rúbrica), Arturo Escobar y Vega, Federico Granja Ricalde, Lorenzo Rafael Hernández Estrada (rúbrica), Efrén Nicolás Leyva Acevedo (rúbrica), Miguel Angel Martínez Cruz, Rodrigo David Mireles Pérez, José Narro Céspedes, César Nava Vázquez, Ricardo A. Ocampo Fernández (rúbrica), Fernando Ortiz Arana, Germán Arturo Pellegrini Pérez, José Jesús Reyna García, Adrián Rivera Pérez (rúbrica), Eduardo Rivera Pérez (rúbrica), Jorge Esteban Sandoval Ochoa, César Augusto Santiago Ramírez, David Augusto Sotelo Rosas (rúbrica), Ricardo Torres Origel (rúbrica), Jaime Vázquez Castillo, Néstor Villarreal Castro (rúbrica), Roberto Zavala Echavarría (rúbrica).
DE LA COMISION DE GOBERNACION Y SEGURIDAD PUBLICA, EN SENTIDO NEGATIVO, A LA PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO PARA ANALIZAR EL TITULO CUARTO DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS, A EFECTO DE LOGRAR SU REFORMA, PRESENTADA EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2000 POR EL DIPUTADO JOSE MANUEL DEL RIO VIRGEN, DE CONVERGENCIA POR LA DEMOCRACIA, PARTIDO POLITICO NACIONAL
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública fue turnado para su estudio y emisión del dictamen correspondiente, una propuesta con Punto de Acuerdo para analizar el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a efecto de lograr su reforma.
Dicha Propuesta con punto de acuerdo fue presentada ante esta Cámara de Diputados el 14 de septiembre del año próximo pasado por el diputado federal José Manuel del Río Virgen, de Convergencia por la Democracia Partido Político Nacional.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, 40, 45, numeral 6, inciso f), y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 57, 60, 65, 66, 85, 87, 88, 94 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a esta Comisión de Gobernación y Seguridad Pública corresponde dictaminar la Proposición con Punto de Acuerdo en comento, y por ello somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen, de acuerdo con los siguientes:
Antecedentes:
1.- El día 14 de septiembre del 2000, el diputado federal José Manuel del Río Virgen, de Convergencia por la Democracia Partido Político Nacional, presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados de este Congreso de la Unión, una Proposición con Punto de Acuerdo, motivada en los siguientes argumentos:
El Título Cuarto de nuestra Constitución Política hace referencia a las responsabilidades de los servidores públicos del Estado, y del mismo se desprende, como reglamentaria, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Las autoridades del país, realizan una aplicación sesgada de nuestra Constitución y de la propia Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos vulnerando en forma grave y sistemática el principio de igualdad ante la Ley, siendo ejemplo reciente de lo anterior, el caso de los policías identificados como "Jaguares", condenados en relación con el caso de "La Loba".
Los servidores Públicos inferiores actúan por mandato de una autoridad superior que utiliza su poder para generar impunidad a su favor y que mediante una red de complicidades delictuosas trastocan el orden institucional.
La falta de igualdad ante la Ley genera impunidad, y permite casos de atrocidad informativa "donde las celdas de los delincuentes poderosos se convierten en sets de televisión y como estrellas de la farándula, claman su inocencia ante un frívolo entrevistador que erigido en juez, apoya su dicho y con desprecio a la autoridad judicial lo declara inocente".
Es necesario actuar en forma civilizada y por consensos, apoyados en el mandato ético y político del pueblo que reclama que los servidores públicos respondan ante la nación, a efecto de lograr una mayor transparencia en la rendición de cuentas.
2.- En virtud de los argumentos anteriormente señalados, en la Propuesta con Punto de Acuerdo, el diputado del Río Virgen, sostiene que este Congreso de la Unión debe:
Efectuar un análisis minucioso del Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Llevar a cabo un análisis de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos a fin de recuperar el principio de igualdad en la interpretación y aplicación de la ley.
Hacer objeto de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a todo individuo que reciba un pago a cambio de la prestación de un servicio personal, siempre y cuando dicha remuneración sea cubierta por medio de recursos fiscales o con cargo al erario nacional.
Replantear la organización y funciones de las Instituciones encargadas de aplicar la ley de responsabilidades y adecuar los sistemas y procesos para la aplicación de dicho ordenamiento jurídico.
Hacer más flexible la temporalidad para la exigencia de la rendición de cuentas, ampliando los plazos para el vencimiento de su aplicación, de acuerdo con la falta cometida.
Adicionar a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, un código de ética que sea vinculatorio.
Incorporar de manera precisa el criterio de responsabilidad sobre la actuación y resultados del personal subordinado.
De conformidad con los antecedentes mencionados, esta Comisión, plantea las siguientes
Consideraciones
I.- Esta Comisión de Gobernación y Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, comparte la preocupación referente a que la ley debe interpretarse y aplicarse en forma equitativa, de acuerdo con lo en ella establecido.
Ahora bien, los diputados integrantes de esta Cámara del Congreso de la Unión, de conformidad con lo establecido por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tienen la facultad de presentar iniciativas de ley o reforma constitucional, mediante las cuales inciten al Poder Legislativo Federal a analizar y estudiar las mismas con el fin de realizar alguna emisión de ley, o reformar, adicionar, derogar o abrogar alguna norma jurídica secundaria, estando en posibilidad incluso de incitar a la revisión de la Constitución, mediante una Iniciativa.
Atento a lo anterior, y en virtud de considerar dicha figura la establecida para incitar a esta Cámara de Diputados a realizar un análisis tendiente a la modificación del ordenamiento jurídico, es por lo que resulta improcedente para los fines que se pretende, la Proposición con Punto de Acuerdo que se analiza.
II.- Por otra parte, es importante advertir que el Punto de Acuerdo que se dictamina fue presentado el día 14 de septiembre de 2000, momento en que se encontraba vigente la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a la que hace alusión dicho Punto de Acuerdo, y toda vez que en días anteriores se analizó el ordenamiento jurídico en cita, emitiéndose por esta Comisión de Gobernación y Seguridad Pública un Dictamen sobre la Iniciativa que propuso la creación de una nueva Ley Federal de Responsabilidades Administrativas, mismo que fue aprobado por el Pleno de esta Cámara de Diputados y remitido para los efectos constitucionales respectivos al Senado de la República; Dictamen de que desde luego fue aprobado por consenso de los integrantes de este cuerpo colegiado, en cuyo proceso se mantuvo siempre y en todo momento la posibilidad de recibir las opiniones de los diferentes actores políticos y desde luego, de los integrantes del Congreso de la Unión.
Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, somete a la consideración del Pleno de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el siguiente acuerdo:
Unico.- Se desecha la propuesta con Punto de Acuerdo para analizar el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a efecto de lograr su reforma, presentada ante el Pleno de esta Cámara de Diputados el 14 de septiembre del año 2000, por el diputado federal de Convergencia por la Democracia Partido Político Nacional, José Manuel del Río Virgen.
Archívese el expediente.
Palacio Legislativo de San Lázaro, México, Distrito Federal, a los cinco días del mes de junio del año dos mil uno.
Archívese el expediente.
Por la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública:
Diputados: Armando Salinas Torre (rúbrica), Presidente; José A. Hernández Fraguas (rúbrica), Secretario; Víctor M. Gandarilla Carrasco (rúbrica), Secretario; José G. Anaya Llamas (rúbrica), Secretario; Luis Miguel G. Barbosa Huerta (rúbrica), Secretario; Manuel Añorve Baños (rúbrica), José Francisco Blake Mora (rúbrica), Tomás Coronado Olmos (rúbrica), Omar Fayad Meneses (rúbrica), Arturo Escobar y Vega, Federico Granja Ricalde, Lorenzo Rafael Hernández Estrada (rúbrica), Efrén Nicolás Leyva Acevedo (rúbrica), Miguel Angel Martínez Cruz, Rodrigo David Mireles Pérez, José Narro Céspedes, César Nava Vázquez, Ricardo A. Ocampo Fernández (rúbrica), Fernando Ortiz Arana, Germán Arturo Pellegrini Pérez, José Jesús Reyna García, Adrián Rivera Pérez (rúbrica), Eduardo Rivera Pérez (rúbrica), Jorge Esteban Sandoval Ochoa, César Augusto Santiago Ramírez, David Augusto Sotelo Rosas (rúbrica), Ricardo Torres Origel (rúbrica), Jaime Vázquez Castillo, Néstor Villarreal Castro (rúbrica), Roberto Zavala Echavarría (rúbrica).
