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Orden del Día

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SESION DEL JUEVES 6 DE DICIEMBRE DE 2001

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

De la Junta de Coordinación Política.

De la Dip. Fanny Arellanes Cervantes.

Del director general del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, con el que remite el informe semestral de labores, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 311, fracción XIV, de la Ley de Concursos Mercantiles. (Turno a Comisión).

Iniciativa del Congreso del estado de Campeche

De reformas y adiciones a la Ley de Coordinación Fiscal. (Turno a Comisión).

Iniciativa del Ejecutivo

De decreto por el que se expide la Ley del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y de reformas y adiciones a la Ley para el Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica. (Turno a Comisión).

Iniciativas de ciudadanos diputados

De Ley Federal de Acceso a la Información, a cargo de los diversos grupos parlamentarios representados en la Cámara. (Turno a Comisión).

De reformas al artículo 2-A de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del Dip. Roberto Preciado Cuevas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión).

De reformas a los artículos 20, 38, 39, 44 y adición a las fracciones IX y X al artículo 21; y la fracción IV al artículo 26 de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del Dip. Tomás Lozano y Pardinas, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión).

De reformas al artículo 5º de la Ley de Vías Generales de Comunicación y al 127 de la Ley Federal de Derechos, a cargo del Dip. Ricardo Moreno Bastida, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).

Que reforma la fracción XX, adiciona una fracción XXI al artículo 29, reforma la fracción XIX y adiciona las fracciones XX y XXI al artículo 30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y reforma los artículos 6, 119, 130, 131 y 146 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión).

De reformas a la fracción IV del artículo 3º y el párrafo cuarto del artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión).

Que reforma diversas disposiciones y adiciona un capítulo de donaciones a la Ley Aduanera; y reforma los artículos 25 y 28 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo del Dip. Guillermo Padrés Elías, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión).

Que reforma el Código Civil Federal, en materia de violencia familiar, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).

De reformas al artículo 214, fracción IV, del Código Penal Federal, a cargo del Dip. Rodolfo Guadalupe Ocampo Velázquez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión).

De adición de un párrafo segundo al artículo 103 y un transitorio a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión).

De Ley de los Organismos y las Actividades de la Industria Petrolera Estatal, a cargo del Dip. Manuel Medellín Milán, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión).

Dictámenes a discusión

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma el artículo 7º de la Ley Forestal.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que a través de la Comisión Nacional del Agua y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, proceda de inmediato conforme a la normatividad vigente, en contra de la contaminación en la cuenca del río Papaloapan.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo relativos a las irregularidades en el procedimiento de evaluación del impacto ambiental del proyecto turístico náutico Puerto Cancún.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Ejecutivo federal para que declare área natural protegida la zona conocida como Xcacel-Xcacelito, bajo la categoría de santuario de tortuga marina, en el estado de Quintana Roo.

Excitativas

A la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, a cargo del Dip. José Manuel del Río Virgen, de Convergencia por la Democracia, Partido Político Nacional.

A la Comisión de Energía, a cargo de la Dip. Beatriz Lorenzo Juárez, del Partido Alianza Social.

Proposiciones

Con punto de acuerdo sobre la eliminación de las áreas naturales protegidas, que plantea hacer el Ejecutivo federal, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión).

Con punto de acuerdo sobre el actual proceso electoral en el estado de Hidalgo, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión).

Con punto de acuerdo para que la Secretaría de Educación Pública apoye la creación del Centro Nacional de Geociencias y Administración de Energéticos del Instituto Politécnico Nacional, a cargo de integrantes de diversos grupos parlamentarios. (Turno a Comisión).

Con punto de acuerdo sobre la situación política que guarda el estado de México, a cargo del Dip. Armando Enríquez Flores, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión).

Con punto de acuerdo con la finalidad de hacer una atenta exhortación al Poder Ejecutivo y diversas secretarías, a fin de que se dé cumplimiento con las políticas, acciones, programas y compromisos nacionales e internacionales, para establecer una atención integral hacia la población con discapacidad, a cargo del Dip. José Abraham Cisneros Gómez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión).

Con punto de acuerdo en relación al presupuesto de la UNAM, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).

Con punto de acuerdo para la realización del Censo Agropecuario de 2002, a cargo del Dip. Heriberto Huicochea Vázquez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión).

Con punto de acuerdo sobre los límites del Distrito Federal y el estado de México, a cargo del Dip. Esteban Daniel Martínez Enríquez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).

Con punto de acuerdo sobre la problemática que está causando el fenómeno de la marea roja en las costas del estado de Oaxaca y que hasta la fecha ha provocado el fallecimiento de tres menores de edad, a cargo del Dip. Jaime Larrazábal Bretón, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución).

Con punto de acuerdo en relación al presupuesto de Relaciones Exteriores a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).

Con punto de acuerdo para solicitar al Presidente de la República y al secretario de Gobernación, cumplan con el exhorto que esta Cámara de Diputados les hiciera el 2 de octubre del presente año para que el "águila cercenada" sea retirada de toda papelería, propaganda e imagen del Poder Ejecutivo federal, a cargo del Dip. Enrique Herrera y Bruquetas, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).

Con punto de acuerdo en relación al maíz transgénico, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).

Con punto de acuerdo en relación al informe sobre desaparecidos, que presentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a cargo del Dip. Miguel Bortolini Castillo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).

Con punto de acuerdo en relación al exhorto para cumplir la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el General Gallardo, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).

Con punto de acuerdo para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2002, pueda crearse el Programa de Apoyos para el Desarrollo Equilibrado de las Regiones del País (PADER), a cargo del Dip. Abel Trejo González, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión).

Con punto de acuerdo en relación con el proyecto de Presupuesto remitido por el Ejecutivo federal, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).

Con punto de acuerdo para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, disponga de recursos del subejercicio del presente año, para cubrir el adeudo que por consumo de energía eléctrica tienen con la Comisión Federal de Electricidad, los agricultores del estado de Chihuahua, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión).

Con punto de acuerdo sobre los Criterios Generales de Política Económica para la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondientes al 2002, a cargo del Dip. José Antonio Calderón Cardoso, del Partido Alianza Social. (Turno a Comisión).

Con punto de acuerdo en relación a la repartición equitativa a las entidades federativas del presupuesto asignado a la Secretaría de Salud, para el ejercicio 2002 y subsecuentes, a cargo del Dip. Eduardo Abraham Leines Barrera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión).

Con punto de acuerdo en relación al proceso legislativo en torno a la reforma fiscal, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).

Con punto de acuerdo para solicitar al Ejecutivo federal mejorar el servicio del IMSS en Baja California, así como la construcción de una clínica del mismo Instituto en el municipio de Playas de Rosarito, a cargo del Dip. Jaime Martínez Veloz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión).

Con punto de acuerdo para que se destine mayor presupuesto al Conacyt, a cargo del Dip. Francisco Patiño Cardona, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución).

Con punto de acuerdo en relación a la seguridad de los diputados y trabajadores de la Cámara de Diputados, a cargo del Dip. Andrés Carballo Bustamante, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión).

Con punto de acuerdo sobre el incumplimiento de compromisos del Ejecutivo federal, establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal de 2001, a cargo del Dip. Rafael Hernández Estrada, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).

Con punto de acuerdo en relación a los productores de papa del centro de Veracruz, a cargo del Dip. José Francisco Yunes Zorrilla, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión).

Con punto de acuerdo para que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, intervenga ante los gobiernos federal y estatal, para que den solución a las demandas de los indígenas zapotecas presos de la región de Loxicha, a cargo del Dip. Héctor Sánchez López, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).

Con punto de acuerdo en relación al cobro excesivo de las tarifas eléctricas de uso doméstico en el estado de Chiapas, a cargo del Dip. Adolfo Zamora Cruz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión).

Con punto de acuerdo sobre los recursos económicos que se destinan a la educación básica que se imparte en las entidades de la República, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).

Efemérides

Sobre el Día Mundial de la No Violencia contra la Mujer, a cargo de los grupos parlamentarios representados en la Cámara de Diputados.

Sobre el aniversario del Plan de Ayala, a cargo de los grupos y partidos políticos representados en la Cámara de Diputados.

Sobre el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, a cargo de los grupos parlamentarios y partidos políticos representados en la Cámara de Diputados.

Sobre el Día Mundial de la Lucha contra el Sida, a cargo de la Dip. María de las Nieves García Fernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Sobre el aniversario del natalicio de Andrés Molina Enríquez, a cargo del Dip. Hermilo Monroy Pérez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Sobre el fallecimiento del Dr. Manuel Velasco Suárez, a cargo del Dip. Jesús Alejandro Cruz Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
 
 

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Proyecto de Acta

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DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNION, QUE SE SOMETERA A CONSIDERACION DEL PLENO EL JUEVES 6 DE DICIEMBRE DE 2001

ACTA DE LA SESION DE LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNION, CELEBRADA EL MARTES CUATRO DE DICIEMBRE DE DOS MIL UNO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO DE LA QUINCUAGESIMA OCTAVA LEGISLATURA

Presidencia de la diputada María Elena Alvarez Bernal

En el Palacio Legislativo de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, a las diez horas con cincuenta y tres minutos del martes cuatro de diciembre de dos mil uno, con la asistencia de doscientos setenta y seis diputados, la Presidenta declara abierta la sesión.

La Secretaría da lectura al orden del día.

La Asamblea aprueba, en votación económica, el acta de la sesión anterior.

Comunicación del Congreso del Estado de Jalisco, con acuerdo por el que se adhiere a la condena de los homicidios de dos magistrados del Poder Judicial Federal. Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, para su conocimiento.

Comunicaciones de la Junta de Coordinación Política, con las que informa de cambios en la integración de diversas comisiones legislativas. De enterado.

Oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que solicita permiso para que el ciudadano Jesús Andrés Delgado Morán, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de la República Federativa del Brasil. Se turna a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.

Oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite punto de acuerdo por el que solicita que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil dos, se determine que un veinticinco por ciento de las partidas que se autoricen al Programa Especial de Crédito y Subsidios a la Vivienda, se destine a beneficiar a los trabajadores con ingresos inferiores a tres salarios mínimos. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que remite iniciativa del Poder Ejecutivo Federal, con proyecto de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información. Se turna a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.

Presentan iniciativas los diputados:

Moisés Alcalde Virgen, del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma los artículos cuarenta y siete, fracción cuarta, y primero transitorio de la Ley Federal de Sanidad Animal. Se turna a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

Gregorio Urías Germán, del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto que reforma el artículo treinta y nueve de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Arturo Escobar y Vega, del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto que adiciona un último párrafo al apartado A del artículo doscientos veintitrés de la Ley Federal de Derechos.

Presidencia de la diputada Beatriz Elena Paredes Rangel

Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Heriberto Huicochea Vázquez, del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma los artículos treinta y tres y treinta y siete de la Ley de Coordinación Fiscal. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

César Alejandro Monraz Sustaita, del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma el artículo dos-A de la Ley de Coordinación Fiscal.

Presidencia del diputado Eloy Cantú Segovia

Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Laura Hermelinda Pavón Jaramillo, del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Ley Nacional de las Personas con Discapacidad. Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

Rodrigo David Mireles Pérez, del Partido Acción Nacional, con proyecto de Ley Federal de Pirotecnia. Se turna a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.

Librado Treviño Gutiérrez, del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo. Se turna a las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social.

José Tomás Lozano y Pardinas, del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma el artículo ciento setenta y uno de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Con el registro de cuatrocientos cincuenta y un diputados, a las doce horas con cuarenta y tres minutos la Secretaría ordena el cierre del sistema electrónico de asistencia y votación. Eric Eber Villanueva Mukul, del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el régimen político mexicano. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales. Minutas de la Cámara de Senadores, con proyectos de decreto que conceden permisos a los ciudadanos: Martín Camarena de Obeso, para aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de Filipinas, en Guadalajara, con circunscripción consular en los estados de Baja California, Baja California Sur, Colima, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora.

Fernando Diez Fernández, para aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de España, en Puebla, con circunscripción consular en el Estado de Puebla.

Manuel González Díaz y Brenda Helena Green Huerta, para prestar servicios en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua, y en la Embajada de ese país, en México, respectivamente.

Lidia Mariana Ortiz Zamudio, para prestar servicios en la Sección Consular de la Embajada de la República de Panamá, en México.

Alexander Ricards Young y Anne Rosenstein Harris, para desempeñar el cargo de Agente Consular de los Estados Unidos de América, en Acapulco, con circunscripción consular en el Estado de Guerrero, y en Cozumel, con circunscripción consular en el Estado Quintana Roo, respectivamente.

Se turnan a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.

Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Es de primera lectura.

Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma el artículo séptimo de la Ley Forestal. Es de primera lectura.

Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre. Es de primera lectura.

En votación económica, la Asamblea dispensa la lectura al dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma los artículos doscientos cincuenta y uno y doscientos cincuenta y dos de la Ley General de Salud. Es de segunda lectura.

A nombre de la Comisión, fundamenta el dictamen el diputado Rafael Orozco Martínez, del Partido Acción Nacional.

Fijan la posición de sus respectivos grupos parlamentarios, los diputados: Julieta Prieto Fuhrken, del Partido Verde Ecologista de México; Pedro Miguel Rosaldo Salazar, del Partido de la Revolución Democrática; Juan Alcocer Flores, del Partido Acción Nacional; y Arturo León Lerma, del Partido Revolucionario Institucional.

Fija su posición el diputado Amador Rodríguez Lozano.

La Asamblea considera suficientemente discutido el dictamen en votación económica, y la Secretaría recoge la votación nominal respectiva, misma que resulta aprobatoria en lo general y en lo particular por cuatrocientos dieciocho votos en pro y uno en contra. Pasa al Senado para los efectos constitucionales.

La Asamblea guarda un respetuoso minuto de silencio en memoria del doctor Manuel Velasco Suárez y del escritor Juan José Arreola Zúñiga.

La Asamblea, en votación económica, dispensa la lectura al dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto que reforma y adiciona una fracción al artículo setenta y cinco de la Ley General de Educación. Es de segunda lectura.

Fundamenta el dictamen, a nombre de la Comisión, el diputado Alfonso Vicente Díaz, del Partido Acción Nacional, y propone una modificación.

Para fijar la posición de su grupo parlamentario, suben a la tribuna los diputados: Javier Rodríguez Ferrusca, del Partido Acción Nacional; Jorge Luis García Vera, del Partido Revolucionario Institucional; y Miguel Bortolini Castillo, del Partido de la Revolución Democrática.

Presidencia de la diputada Beatriz Elena Paredes Rangel

Habla en pro el diputado Juan Alcocer Flores, del Partido Acción Nacional.

En votación económica, la Asamblea considera suficientemente discutido el dictamen.

La Presidencia saluda la presencia del Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República de Rumania en los Estados Unidos Mexicanos.

La Secretaría recoge la votación nominal del proyecto de decreto, misma que resulta aprobatoria en lo general y en lo particular, con la modificación propuesta, por cuatrocientos veintiún votos en pro, ninguno en contra y una abstención. Pasa al Senado para los efectos constitucionales.

La Presidenta informa que por acuerdo de los grupos parlamentarios, la presente sesión se prolongará hasta las dieciocho horas.

Solicita excitativa el diputado Narciso Alberto Amador Leal, del Partido Revolucionario Institucional, a las comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Energía, en relación con una proposición con punto de acuerdo sobre el saneamiento de la Cuenca Hidrológica Necaxa, presentada el once de septiembre de dos mil uno. La Presidenta formula la excitativa correspondiente.

Presentan proposiciones con punto de acuerdo los diputados:

Adela del Carmen Graniel Campos, del Partido de la Revolución Democrática, sobre la situación de los trabajadores de la salud y empleados públicos. Habla sobre el mismo tema la diputada Rosa Delia Cota Montaño, del Partido del Trabajo.

Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Alfredo Hernández Raigosa, del Partido de la Revolución Democrática, en relación con los recursos destinados al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. Se turna a las comisiones Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda y Crédito Público. Sube a la tribuna, para el mismo asunto, el diputado Jaime Cervantes Rivera, del Partido del Trabajo. Eddie James Varón Levy, del Partido Revolucionario Institucional, en relación con el presupuesto asignado a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Se refiere al mismo asunto el diputado Samuel Yoselevitz Fraustro, del Partido Acción Nacional.

Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Arturo Escobar y Vega, del Partido Verde Ecologista de México, a nombre del Grupo de Trabajo en materia de Protección Civil de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, por el que se solicita al titular del Poder Ejecutivo, se revisen las reglas de operación del Fondo Nacional de Desastres Naturales, y solicita trámite de urgente resolución. En votación económica, la Asamblea considera el asunto de urgente resolución.

Hablan en pro los diputados: Lorenso Rafael Hernández Estrada, del Partido de la Revolución Democrática;

Presidencia de la diputada María Elena Alvarez Bernal

Néstor Villarreal Castro, del Partido Acción Nacional; José Jesús Reyna García, del Partido Revolucionario Institucional; y Juan Carlos Regis Adame, del Partido del Trabajo.

La Asamblea considera suficientemente discutido el punto de acuerdo, en votación económica, y de la misma forma lo aprueba.

Olga Patricia Chozas y Chozas, del Partido Verde Ecologista de México, relativo al ejercicio de la profesión de psicología por individuos que carecen de título profesional y de cédula con efectos de patente. Se turna a las comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos y de Salud.

Juan Carlos Regis Adame, del Partido del Trabajo, para que comparezca ante la Comisión de Hacienda y Crédito Público, el director general del Banco Nacional de Crédito Rural, Sociedad Nacional de Crédito. Se turna a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda.

José Manuel del Río Virgen, de Convergencia por la Democracia, Partido Político Nacional, sobre el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.

Presidencia de la diputada Beatriz Elena Paredes Rangel

Se turna a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda.

Arturo Herviz Reyes, del Partido de la Revolución Democrática, en relación con la necesidad de que se destine en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil dos, un subsidio para el pago de cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social, que realizan los productores de caña del país. Se turna a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Seguridad Social.

Miguel Bortolini Castillo, del Partido de la Revolución Democrática, en relación con el Plan Puebla-Panamá. Se turna a la Comisión Especial encargada de coadyuvar y dar seguimiento a los proyectos de desarrollo regional relacionados con la región Sur-Sureste de México, con opinión de las comisiones de Relaciones Exteriores y de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.

Adela del Carmen Graniel Campos, del Partido de la Revolución Democrática, en relación con las partidas presupuestales destinadas a la lucha contra el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida.

Sube a la tribuna, para el mismo tema, la diputada María de las Nieves García Fernández, del Partido Revolucionario Institucional.

Se turna a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Salud.

Genoveva Domínguez Rodríguez, del Partido de la Revolución Democrática, para solicitar se respeten las garantías individuales y los derechos humanos en el Estado de Veracruz, así como su fuero constitucional. Habla sobre el mismo tema el diputado José Francisco Yunes Zorrilla, del Partido Revolucionario Institucional.

Rectifica hechos el diputado Pedro Miguel Rosaldo Salazar, del Partido de la Revolución Democrática.

Se turna el primer resolutivo del punto de acuerdo a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos; y el segundo resolutivo, a la Mesa Directiva para que valore el asunto y su Presidencia, en su caso, actúe en consecuencia.

Pedro Miguel Rosaldo Salazar, del Partido de la Revolución Democrática, para incluir el pago del bono anual de pensionados y jubilados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil dos. Se turna a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Seguridad Social.

Lorena Martínez Rodríguez, del Partido Revolucionario Institucional, para pedir al Ejecutivo Federal la apertura de la Escuela Nacional para Sordos, y solicita trámite de urgente resolución.

Presidencia del diputado Eloy Cantú Segovia

La Presidencia informa que la Junta de Coordinación Política no había registrado la presente proposición para trámite de urgente resolución, sino para trámite ordinario, y la turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con opinión de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

Jesús Mario Garza Guevara, del Partido Acción Nacional, por el que solicita al Ejecutivo Federal, realice una convocatoria a las naciones que integran el Fondo de Cooperación Económica de los Países de la Cuenca el Pacífico, para que declare el año dos mil dos como el año mundial de dicho organismo. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores.

Elías Martínez Rufino, del Partido de la Revolución Democrática, en relación con el presupuesto de cultura para el año dos mil dos. Se turna a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Cultura.

Se concede la palabra, para el mismo asunto, al diputado José Manuel Correa Ceseña, del Partido Revolucionario Institucional.

Transcurrido el tiempo acordado para la duración de esta sesión, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y la Presidenta clausura la de hoy a las dieciocho horas con cuatro minutos, citando para la que tendrá lugar el jueves seis de diciembre de dos mil uno, a las diez horas.
 
 

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Comunicaciones

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DE LA JUNTA DE COORDINACION POLITICA

Dip. Beatriz Paredes Rangel
Presidenta de la Mesa Directiva
H. Cámara de Diputados
Presente

Palacio Legislativo, México, DF, 5 de diciembre de 2001.

Con fundamento en el artículo 34, numeral 1, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y a solicitud del diputado Cuauhtémoc Cardona Benavides, subcoordinador de Relaciones Internas del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

• Que el diputado Mauro Huerta Díaz, queda como integrante en la Comisión de Asuntos Indígenas en sustitución del diputado Roger Antonio González Herrera.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente
Dip. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa
Presidente
 

DE LA DIPUTADA FANNY ARELLANES CERVANTES

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de noviembre del año 2001.

Dip. Beatriz Paredes Rangel
C. Presidenta de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados
Presente

La suscrita, diputada federal integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 51 y 63, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 47 y 48 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le manifiesto de manera respetuosa lo siguiente:

Que por cuestiones de salud que se detallan en documento anexo, le solicito a este órgano legislativo la resolución de los siguientes puntos:

Primero.- Se me conceda licencia a partir del día de la aprobación de la misma y hasta el 31 de diciembre del año 2001, para ausentarme de forma temporal del cargo de diputada federal.

Segundo.- Llamar al C. Francisco Luis Treviño Cabello, quien es mi compañero de fórmula y suplente, a fin de que tome posesión del cargo durante el periodo de mi ausencia.

Tercero.- Se sirva realizar los trámites necesarios para aprobar lo solicitado.

Sin otro particular, agradezco la atención que se sirva prestar a la presente.

Atentamente
Dip. Fanny Arellanes Cervantes
 
 

DEL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL DE ESPECIALISTAS DE CONCURSOS MERCANTILES, CON EL QUE REMITE EL INFORME SEMESTRAL DE LABORES, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 311, FRACCION XIV, DE LA LEY DE CONCURSOS MERCANTILES

México, DF, a 3 de diciembre de 2001.

C. Presidente de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión
Presente

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 311, fracción XIV, de la Ley de Concursos Mercantiles, así como del criterio contenido en la tesis Varios 698/2000-PL, adoptado por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el expediente 698/2000, notificado al suscrito por el Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio SEP/PLE/003/
8422/2000 de fecha 25 de octubre de 2000, presentó a esta Honorable Asamblea, en mi carácter de director general del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles y en representación de la Junta Directiva del mismo, el informe semestral de labores ordenado por dichas disposiciones.

Le solicito que, en términos de la normatividad parlamentaria, turne el informe que se adjunta a las comisiones que proceda.

Atentamente
Lic. Luis Manuel C. Mejan Carrer
Director general del Instituto
 
 

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Iniciativas

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DEL CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE, DE REFORMAS Y ADICIONES A LA LEY DE COORDINACION FISCAL

CC. Diputados Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos
Presentes

La LVII Legislatura del Congreso del estado de Campeche, por acuerdo número 24, de fecha 27 de noviembre del año 2001, publicado en el Periódico Oficial del propio estado el día 28 del mismo mes, y en ejercicio de la facultad que le confiere la fracción III del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de ese H. Congreso General, la presente iniciativa de decreto para reformar el párrafo primero del artículo 2º, adicionar la fracción VIII al artículo 25 y adicionar el artículo 45 Bis, a la Ley de Coordinación Fiscal, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El estado de Campeche, al igual que los demás estados que integran el Pacto Federal, se encuentra adherido al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, de donde obtiene su principal fuente de financiamiento público, que se traduce en el Fondo General de Participaciones y los siete Fondos de Aportaciones Federales que son los de "Educación Básica y Normal", "Servicios de Salud", "Infraestructura Social", "Fortalecimiento de los Municipios", "Aportaciones Múltiples", Educación Tecnológica y de Adultos" y "Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal", todos ellos previstos en la precitada Ley de Coordinación Fiscal.

La política federal de gobierno, desde el año 2000, adicionalmente a los antedichos fondos implementó, sin incluirlo en la ley de referencia, un nuevo fondo de aportaciones federales para las entidades federativas que denominó Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, conocido comúnmente como PAFEF.

El PAFEF ha resultado de importancia capital para los estados, pues ha tenido una gran aceptación en los mismos, ante la carencia actual de recursos, pues es el medio que posibilita el poder hacer frente a la demanda cada vez mayor del gasto público de aquéllos.

Sin embargo, lo que ya es del dominio público, la iniciativa de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2002, no incluye el programa en cuestión, lo cual implica que, al no contemplarse en la iniciativa del depositario del ejercicio del Ejecutivo federal, sin duda alguna se generarán consecuencias negativas que impactarán, de manera importante, las finanzas públicas de las entidades federativas.

En este sentido se confirma que, respecto del citado programa, queda al arbitrio presidencial su inclusión o no en el Presupuesto de Egresos de la Federación, por no haber determinación legal alguna que lo establezca, como sí la hay respecto de los demás fondos de aportaciones, circunstancia que desde cualquier punto de vista no garantiza su existencia y menos aún su permanencia, aunándose a esto el que dicho presupuesto es de duración anual, al regir por periodos fiscales, circunstancia que le imprime mayor incertidumbre.

Como muestra de esa incertidumbre, cabe el traer a colación que para el ejercicio fiscal del año 2001 los recursos del PAFEF para el estado de Campeche se presupuestaron por la cantidad de $152'430,000.00 (ciento cincuenta y dos millones cuatrocientos treinta mil pesos mn), pero debido a los vaivenes de nuestra economía nacional hasta la fecha han quedado reducidos a la cantidad de $148'375,000.00 (ciento cuarenta y ocho millones trescientos setenta y cinco mil pesos mn) esto es, $4'055,000.00 (Cuatro millones cincuenta y cinco mil pesos mn) menos de lo aprobado originalmente.

En razón de lo anterior, al encontrarnos adheridos al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, consideramos que es en el texto de la Ley de Coordinación Fiscal, la cual norma la materia, en donde debe quedar establecida la obligatoriedad del otorgamiento del referido fondo, ya que de lo contrario la permanencia del PAFEF queda, como antes hemos dicho, supeditada a la voluntad del Ejecutivo Federal, siendo entonces de interés nacional que el referido Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas se establezca como un octavo fondo en el artículo 25 de la invocada ley, para así imprimirle las características de certeza y seguridad en beneficio de los Estados, los cuales lo recibirían anualmente, en cada ejercicio fiscal, por mandato de la ley, como gasto de inversión y no para aplicarlo a gasto corriente.

La necesidad de su inclusión en la ley de la materia, también traería como consecuencia el hacerlo independiente de las circunstancias políticas o discrecionales que se reflejan en los frecuentes recortes que aplica la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la aplicación de sus políticas internas de gasto y asignación de recursos.

De igual modo, también estimamos que es de interés nacional la modificación del artículo 2º de la Ley de Coordinación Fiscal, en el sentido de aumentar en 1.5% los recursos que constituyen el Fondo General de Participaciones, para situarlos en un 21.5% de la Recaudación Federal Participable, medida que indiscutiblemente conllevaría el fortalecimiento de las finanzas de las entidades federativas y de sus municipios, en la búsqueda de un auténtico federalismo que permita a ambos contar con una mayor fluidez de sus recursos, a efecto de estar en posibilidad de brindar las obras y servicios públicos que reclama la población.

Es importante destacar que, el actual depositario del ejercicio del Ejecutivo federal, durante su campaña electoral, en múltiples ocasiones manifestó la imperiosa necesidad de aumentar el indicado Fondo General de Aportaciones, con el propósito de beneficiar a todos los mexicanos y mexicanas que, día con día, demandan más servicios públicos y aspiran a un mejor nivel de vida en los lugares en donde habitan.

En mérito de lo anterior, en ejercicio de la facultad que a la LVII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche otorga la fracción III del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el digno conducto de ustedes, CC. Diputados Secretarios de la Cámara de Diputados, se permite someter a la consideración del H. Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el siguiente proyecto de

Decreto por el que se modifica la Ley de Coordinación Fiscal, mediante la reforma del primer párrafo de su artículo 2º, la adición de la fracción VIII a su artículo 25 y la adición, a dicha ley, del artículo 45 Bis.

ARTICULO PRIMERO.- Se reforma el primer párrafo del artículo 2º de la Ley de Coordinación Fiscal para quedar como sigue:

Artículo 2º.- El Fondo General de Participaciones se constituirá con el 21.5% de la Recaudación Federal Participable que obtenga la Federación en un ejercicio.

La recaudación federal...

No se incluirán...

Tampoco se incluirán...

El Fondo General...

I a III.- ...

El Fondo General...

También se adicionará...

Adicionalmente, las entidades...

Las entidades que...

Asimismo, las citadas...
 

ARTICULO SEGUNDO.- Se adiciona la fracción VIII al artículo 25 de la Ley de Coordinación Fiscal y, a la propia ley, el artículo 45 Bis, para quedar como sigue:

Artículo 25.- ...

I a VII.- ...

VIII.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas.

Dichos fondos............

Artículo 45 Bis.- El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas se determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación con recursos federales por un monto de 1% de la Recaudación Federal Participable a que se refiere el artículo 2º de esta ley, según estimación que de la misma se realice en el propio presupuesto, con base en lo que al efecto establezca la Ley de Ingresos de la Federación para ese ejercicio. Este Fondo se enterará mensualmente, a las entidades federativas, de manera ágil y directa.

Los recursos del Fondo se destinarán exclusivamente para inversión en la infraestructura de las entidades federativas. Dichos recursos no podrán destinarse para erogaciones de gasto corriente y de operación.

Transitorios

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- Se derogan todas las disposiciones legales en lo que se opongan al contenido del presente decreto.

Campeche, Cam., a 28 de noviembre de 2001.

Dip. Sergio Pérez Jiménez (rúbrica)
Presidente

Dip. Carlos E. Baqueiro Cáceres (rúbrica)
Secretario.

Dip. Rafael E. Alcalá Ortiz (rúbrica)
Secretario

Dip. Blanca Bernes Chan (rúbrica)
Secretaria

Dip. Ana Laura Alayola Vargas (rúbrica)
Secretaria
 
 
 
 
 

DEL EJECUTIVO FEDERAL, DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA, Y DE REFORMAS Y ADICIONES A LA LEY PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA

México, DF, 4 de diciembre de 2001.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión
Presentes

Para los efectos constitucionales y por instrucciones del C. Presidente de la República, con el presente envío a ustedes iniciativa de decreto por la que se expide la Ley del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y reformas y adiciones a la Ley para el Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica,documento que el propio primer magistrado de la Nación propone por el digno conducto de esa Cámara.

Reitero en esta oportunidad las seguridades de mi consideración.

Atentamente
El director general de Gobierno
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado
 

Ciudadana diputada Beatriz Paredes Rangel
Presidenta de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión
Presente

El avance del conocimiento científico y la innovación y el desarrollo tecnológico distinguen la nueva realidad económica y social que enfrenta nuestro país y determinan cada vez con mayor intensidad el grado de desarrollo de la nación y el nivel de bienestar de la población. Su profundo impacto en todos los ámbitos de la vida social y su creciente importancia para resolver problemas fundamentales de la sociedad han convertido a la ciencia y la tecnología en elementos cruciales para asegurar el desarrollo de las sociedades modernas.

La investigación básica y aplicada, la innovación y el desarrollo tecnológico integran un proceso continuo que permite ampliar las fronteras del conocimiento y aplicar éstas para contribuir al desarrollo de diversos sectores estratégicos como la educación, la salud, la energía, el medio ambiente, la producción agropecuaria, la producción industrial y las comunicaciones.

Asimismo, la incorporación del desarrollo tecnológico a los procesos de producción es imperativo para incrementar la productividad y la competitividad que requiere el aparato productivo nacional, así como para mejorar los niveles de bienestar social que demanda la población. La relación directa entre la capacidad de innovación de un país y su competitividad es evidente.

En nuestro país, la importancia del conocimiento científico y del desarrollo tecnológico han venido adquiriendo un reconocimiento progresivo en el orden jurídico y en la evolución institucional. A partir de la década de los sesenta se identificó una clara tendencia a reconocer la relevancia de la investigación científica y tecnológica, como factor determinante para satisfacer las crecientes necesidades colectivas del país.

Así, en 1970, con la visión de lo que el cambio científico y tecnológico implicaba para el país, se creó el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología como organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios y con el carácter de entidad asesora del Ejecutivo Federal en la fijación, instrumentación, ejecución y evaluación de la política nacional de ciencia y tecnología. La Ley que creó dicho Consejo, ya ampliamente reconocido en la actualidad por la sociedad bajo sus siglas CONACyT, dio lugar al robustecimiento de la organización del entonces Instituto Nacional de la Investigación Científica constituido conforme a Decreto de 1961. Dicha acción legislativa puso en marcha, en 1970, un organismo cuya misión debe profundizarse para que su quehacer trascienda en forma más eficaz en los ámbitos académico, científico, tecnológico, económico y social de México.

La creación del CONACyT en 1970 tuvo como propósito establecer un organismo asesor y de apoyo al Ejecutivo Federal para conducir la política de ciencia y tecnología, fundamentalmente. El organismo ha evolucionado hacia una entidad eminentemente operadora de sofisticados instrumentos de apoyo al quehacer científico y a la innovación tecnológica, concentrando menos del quince por ciento del gasto público federal destinado a estas actividades y sin capacidad para coordinar y articular, de manera horizontal, programas y gasto. Ahora es necesario que, sin abandonar sus actuales funciones, realice el esfuerzo de coordinación y articulación de nuevos y mejores instrumentos de promoción y apoyo con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, los concierte con los Gobiernos de los Estados, e impulse una participación más intensa del sector privado, así como una estrecha vinculación con los ámbitos y sectores académico y educativo. Realizar esta tarea requiere de una innovadora y especial reestructuración organizativa y de funcionamiento, la cual más adelante se explica en sus rasgos esenciales.

El carácter del CONACyT de asesoría y apoyo directo al Ejecutivo Federal se diluyó progresivamente al establecerse su sectorización en la entonces Secretaría de Programación y Presupuesto y, al haberse fusionado esa dependencia con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se readscribió al CONACyT bajo la coordinación de la Secretaría de Educación Pública. De esta manera el organismo pasó a conformar un subsector de la Administración Pública eminentemente de acción vertical a través de sus propios instrumentos, perdiendo con ello la acción horizontal que permitiera multiplicar los esfuerzos de toda la Administración a favor del quehacer científico y del desarrollo tecnológico del país. Esta situación también pretende superarse mediante esta iniciativa que se somete a consideración.

Las políticas públicas en materia de ciencia y tecnología, para tener eficacia, requieren que el CONACyT sea una entidad que participe decididamente en la definición de prioridades y en la asignación del gasto de la Administración Pública Federal en materia de ciencia y tecnología. La Ley para el Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica de 1999 asigna nuevas responsabilidades a CONACyT relacionadas con las actividades de ciencia y tecnología de la Administración Pública Federal en su conjunto, específicamente a través de su participación en la formulación de políticas y del programa especial de estas materias, esto es, un programa intersectorial, la definición de criterios de asignación de gasto, de indicadores de desempeño y resultados, en el análisis de congruencia de programas y del presupuesto consolidado, así como en la operación de un sistema nacional de información. En paralelo, dicha Ley estableció también para CONACyT el marco para la operación de diversos fondos de apoyo para la investigación científica y el desarrollo tecnológico.

Para profundizar y otorgar mayor eficacia a los esquemas de apoyo y a las bases previstas en la Ley para el Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica tendientes a la conformación de un nuevo sistema de promoción a la ciencia y la tecnología, se hace necesario contar con un mecanismo que permita articular una política de Estado en esta materia y que garantice su eficaz ejecución así como un manejo más eficiente y simplificado de los instrumentos de fomento que establece esta Ley. No bastan los postulados y objetivos, es necesaria la forma de organización y las facultades que permitan que los propósitos se cumplan.

Entre los retos y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 destacan la necesidad de incrementar la capacidad científica y tecnológica de país, así como elevar la competitividad y la innovación de las empresas, para lo cual es indispensable contar con una política de Estado en materia de ciencia y tecnología.

Incrementar la capacidad científica y tecnológica del país requiere incrementar el gasto nacional destinado a estas actividades; aumentar el personal técnico medio y superior, y el científico y tecnológico con postgrado; promover el desarrollo de la ciencia básica asociada a la ampliación y mejoramiento de la calidad de la educación en ciencia y tecnología, así como la expansión de las fronteras del conocimiento; ampliar la infraestructura científica y tecnológica nacional, y fortalecer la cooperación internacional en estas materias.

Para elevar la competitividad y la capacidad innovadora de las empresas es necesario incrementar el gasto privado en investigación y desarrollo, promover la gestión tecnológica en las empresas, estimular la incorporación de personal científico-tecnológico de alto nivel en las empresas e impulsar la creación de centros de servicios tecnológicos.

Una política articulada de Estado en materia de ciencia y tecnología para el mediano y largo plazo es determinante para el avance científico-tecnológico de México, lo cual implica una integración de esfuerzos de los diversos sectores, tanto de los generadores como de los usuarios del conocimiento científico y tecnológico, para impulsar áreas de conocimiento estratégicas para el desarrollo del país, descentralizar las actividades científicas y tecnológicas y acrecentar la cultura científico-tecnológica de la sociedad. En ese marco general se ubica la presente iniciativa.

Es en este contexto general y para contribuir al logro de esos objetivos es que se requiere tener un arreglo institucional que permita al CONACyT estructurar un sistema nacional de ciencia y tecnología, operar eficazmente como instrumento promotor y articulador del apoyo a la ciencia y la tecnología a través de toda la Administración Pública Federal, y no solamente con sus recursos internos, así como también es necesario concretar el establecimiento de un proceso de definición de prioridades, asignación y optimización de recursos del Gobierno Federal para la ciencia y la tecnología, con la participación y compromiso directos del Presidente de la República.

El esquema que se plantea parte de la premisa fundamental de asegurar, de manera efectiva, la coordinación y articulación de decisiones estratégicas de política, programas prioritarios y gasto para apoyar la investigación científica y el desarrollo tecnológico, mientras que la ejecución de dichas decisiones y las actividades propias de estas materias se asuman como una responsabilidad prioritaria en cada sector de la Administración Pública Federal, con un enfoque descentralizado para impulsar estas actividades en las entidades federativas del país, con un enfoque de promoción y vinculación para lograr una participación creciente del sector privado productivo. En esencia, se trata de un esquema de organización que impulse y aliente la multiplicación sectorial y descentralizada de acciones, que fomente el fortalecimiento de las capacidades tecnológicas de la planta productiva nacional y que coadyuve a una valoración creciente de la sociedad de la importancia crucial que tienen estas actividades para el desarrollo económico del país y para elevar los niveles de bienestar social de la población.

A continuación se explica el contenido de los elementos que se contienen en dos instrumentos: un Decreto de reformas y adiciones a la Ley para el Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica y una nueva Ley Orgánica del CONACyT.

Conforme a lo anterior, los aspectos esenciales del contenido de las reformas y adiciones a la Ley para el Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica que someto a estudio y aprobación son los siguientes:

1. Establecer un Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, el cual se reconocería como órgano de política y coordinación en materia de ciencia y tecnología en todo el quehacer de la Administración Pública Federal.

2. El Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico se propone que sea un órgano colegiado que presida el Titular del Ejecutivo Federal y en el que participen los titulares de las Secretarías de Estado que de manera más relevante por sus objetivos se vinculan al quehacer científico y de desarrollo tecnológico del país, además de representantes de la organización interna de la Presidencia de la República, vinculados a las políticas públicas de ciencia y tecnología. La participación de miembros de la comunidad científica, tecnológica e industrial enriquecerá la visión y las funciones del Consejo General orientadas al avance científico y la innovación tecnológica para el desarrollo nacional. Además del establecimiento de políticas, el Consejo General conocería del programa especial de ciencia y tecnología, definiría prioridades y los criterios para la asignación del gasto en esta materia y definiría los lineamientos programáticos y presupuestales para que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal formulen sus anteproyectos de programa y presupuesto y se asegure, con una visión de conjunto, su análisis integral y de congruencia global. Llevaría a cabo también el seguimiento y las evaluaciones consecuentes. Las funciones anteriores del Consejo General permitirán la definición de áreas estratégicas y programas específicos y prioritarios que requieren de una atención presupuestal especial y de acciones intensas y coordinadas de fomento, lo que deberá señalarse anualmente en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación que, de conformidad con la Ley para el Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica, consignará la información consolidada de los recursos destinados a ciencia y tecnología. Cabe subrayar que este Consejo se pretende que sea una instancia de coordinación y de decisión del Gobierno Federal para sumar acciones efectivas a favor de la ciencia y la tecnología, bajo la conducción directa del Presidente de la República. No se trata ni de un órgano operativo de gestión administrativa ni de un órgano consultivo.

3. El Consejo General contará con un Secretario Ejecutivo, el cual se propone que sea el Director General del CONACyT, para que apoyado en este organismo descentralizado pueda cumplir los mandatos del Consejo General, realizando las funciones esenciales de planeación estratégica, de coordinación sectorial e intersectorial, de colaboración con los Gobiernos de las Entidades Federativas, así como de la cooperación internacional y de la comunicación y difusión en materia de ciencia y tecnología. Para lograr el cumplimiento de las nuevas funciones de coordinación se hace necesario que el CONACyT cuente con un régimen legal adecuado que contribuya a su eficaz funcionamiento.

4. Para apoyar las funciones del Consejo General se estima necesario trabajar bajo un esquema de coordinación intersectorial que compatibilice y potencie los esfuerzos de los diferentes sectores de la Administración Pública Federal, y que procure la vinculación tanto de la investigación con la educación, como de la innovación y el desarrollo tecnológico con los sectores productivos. Para este propósito se prevé que el Consejo General pueda establecer comités de coordinación y vinculación.

5. Dentro de este esquema de trabajo se propone un mecanismo específico de coordinación intersectorial, para garantizar la ejecución anual del Programa de Ciencia y Tecnología y las políticas, prioridades y criterios de asignación del gasto que defina el Consejo General, coordinado conjuntamente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el CONACyT.

6. Se propone reforzar las funciones del Foro Permanente de Ciencia y Tecnología para que esta instancia de participación de la comunidad científica, académica, tecnológica y empresarial pueda enriquecer con propuestas y opiniones la definición y ejecución de políticas de fomento, la vinculación de la investigación científica y la educación, la vinculación de la modernización, la innovación y el desarrollo tecnológico con los sectores productivos, así como promover una mayor participación de estos sectores en la investigación científica y el desarrollo tecnológico del país.

7. Finalmente, se propone precisar y clarificar algunas remisiones de algunos artículos de la Ley que han generado problemas de interpretación y dificultado en la práctica su eficaz ejecución. Se trata de precisar que el CONACyT es el fideicomitente en los fondos sectoriales, así como evitar confusiones en los beneficiarios de los fondos mixtos y el destino de los recursos autogenerados de los centros públicos de investigación.

En congruencia con lo anterior los aspectos esenciales del contenido de la Ley Orgánica del CONACyT que someto a estudio y aprobación son los siguientes: 1. En el nivel o ámbito operativo del CONACyT se identificarían la Junta Directiva y el Director General, como órganos de gobierno y administración de los organismos descentralizados de la Administración Pública Federal. Las funciones operativas del CONACyT se conservarían dentro de la estructura adscrita al Director General, pero con una visión hacia el manejo desconcentrado y diferenciado de los instrumentos operativos. De aprobarse la creación del Consejo General en la Ley para el Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica se propone una integración más compacta y funcional para la Junta Directiva del CONACyT. Asimismo, se propone que las sesiones de su Junta Directiva sean presididas por el representante de cualquiera de las dependencias del Ejecutivo Federal que formen parte de la misma y que designe la propia Junta y, por otro lado que las disposiciones que la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, se apliquen a este organismo descentralizado del Estado, responsable de la política de ciencia y tecnología, en lo que no se opongan a esta Ley, con el propósito de conferirle la flexibilidad y autonomía requeridas para la consecución de los objetivos asignados, sin perder el control que debe tener el Ejecutivo Federal sobre su operación.

2. Se propone que el CONACyT tenga un papel relevante en la conformación de un sistema nacional de centros de investigación para definir estrategias y programas conjuntos, potenciar y optimizar capacidades y recursos, evitar duplicidades temáticas, establecer estándares de calidad y promover una vinculación más estrecha de las actividades de estos centros con las necesidades nacionales y con las prioridades de los sectores productivos y de la Administración Pública Federal. Atendiendo a la modalidad propuesta del CONACyT transitoriamente se propone que el organismo cuente con facultades para ejercer la coordinación administrativa de los centros públicos de investigación que actualmente forman parte del sistema SEP-CONACyT, hasta en tanto el titular del Ejecutivo disponga de nuevas adscripciones o esquemas de coordinación sectorial que permitan un funcionamiento autónomo y eficaz de dichos centros.

3. Se propone la precisión y actualización del objeto y funciones del CONACyT, en forma armónica a su composición propuesta y a los retos y nuevas responsabilidades que enfrenta.

4. De acuerdo a su naturaleza jurídica y funciones se refrenda y profundiza el contenido de las disposiciones que favorecen la autonomía administrativa, técnica y operativa, indispensables para que el CONACyT logre los resultados esperados en beneficio del país.

5. Como consecuencia jurídica se propone la abrogación de la Ley que crea el CONACyT, en vigor desde 1970.

Por todo lo antes expuesto el Ejecutivo Federal a mi cargo, en el ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 71, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto de esa H. Cámara de Diputados someto a consideración del H. Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa de Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; y se reforman los artículos 13, fracción IV, 14, 17, párrafo primero, 22, fracción I, 24, fracciones III y IV, y 39; se adicionan las fracciones V a la XI del artículo 24, y se adiciona un Capítulo I Bis, denominado "Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico", de la Ley para el Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica.

ARTÍCULO PRIMERO.- Se expide la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, para quedar como sigue:

LEY ORGÁNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

ARTÍCULO 1º.- El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en adelante CONACyT, es un organismo descentralizado, del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que goza de autonomía técnica, operativa y administrativa, con domicilio en la ciudad de México, Distrito Federal.

ARTÍCULO 2º.- El CONACyT tendrá por objeto ser la entidad especializada en materia de ciencia y tecnología responsable de promover e impulsar la investigación científica y tecnológica y la innovación, el desarrollo y la modernización tecnológicos del país. En cumplimiento de dicho objeto le corresponderá al CONACyT, a través de los órganos que establece esta Ley y de sus representantes, realizar lo siguiente:

I. Formular y proponer las políticas nacionales en materia de ciencia y tecnología:

II. Formular, integrar y proponer el programa especial de ciencia y tecnología, así como procurar su ejecución y realizar su evaluación, en los términos de la Ley de Planeación y de la Ley para el Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica;

III. Proponer las prioridades, los lineamientos programáticos y los criterios de asignación del gasto para ciencia y tecnología que deberán tomar en cuenta las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en sus anteproyectos de programa y presupuesto;

IV. Realizar conjuntamente con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la revisión y análisis integral de los anteproyectos de programa y presupuesto de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para realizar actividades y apoyar la investigación científica y el desarrollo tecnológico, a fin de asegurar su congruencia global con las políticas, prioridades, lineamientos programáticos y criterios de asignación del gasto definidos;

V. Proponer y, en su caso, definir políticas, instrumentos y medidas de apoyo a la ciencia y la tecnología por parte de la Administración Pública Federal, especialmente en cuanto a estímulos fiscales y financieros, facilidades administrativas, de comercio exterior y regímenes de propiedad industrial e intelectual;

VI. Apoyar la generación, difusión y aplicación de conocimientos científicos y tecnológicos;

VII. Promover la participación de la comunidad científica y de los sectores público, social y privado en el desarrollo de programas y proyectos de fomento a la investigación científica y tecnológica y al desarrollo tecnológico;

VIII. Formular los lineamientos y asesorar en materia de ciencia y tecnología a dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a los gobiernos de las entidades federativas y a los municipios, así como a los organismos de los sectores social o privado que lo soliciten, en las condiciones y sobre las materias que acuerden en cada caso;

IX. En lo que se refiere al impulso a la innovación y el desarrollo tecnológico, así como a la agilización y el fortalecimiento de las capacidades tecnológicas de la planta productiva nacional:

A. Promover que al interior de las empresas se adopten, asimilen y se usen las mejores prácticas y metodologías de gestión y administración de la tecnología y la innovación para la obtención de ventajas competitivas sostenibles;

B. Promover y desarrollar un mecanismo de certificación del nivel tecnológico de las empresas, a partir del modelo que se establezca para el Premio Nacional de Tecnología, que sirva de base para el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas, escuchando para tal efecto la opinión de la Secretaría de Economía;

C. Promover y apoyar el establecimiento y desarrollo de centros de ingeniería, laboratorios de investigación y desarrollo de productos tecnológicos de empresas establecidas en el país;

D. Fomentar el establecimiento de consorcios de investigación y desarrollo tecnológico para combinar recursos y esfuerzos de distintas empresas alrededor de plataformas tecnológicas comunes;

E. Formular y ejecutar programas específicos para fomentar que el sector productivo se vincule eficazmente con los centros de investigación y desarrollo tecnológico y se desarrollen proyectos que favorezcan la modernización y competitividad de las empresas;

F. Promover y apoyar la creación de nuevas empresas de valor agregado, generados a partir del conocimiento científico y tecnológico, y

G. Fomentar y apoyar la formación de personal especializado en tecnología, así como la incorporación de investigadores en las empresas.

X. Dictaminar, administrar y evaluar los aspectos técnicos y científicos vinculados con la aplicación de los estímulos fiscales y otros instrumentos de fomento de apoyo a las actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico;

XI. Promover y, en su caso, dictaminar la pertinencia sobre la creación, transformación, disolución o extinción de centros de investigación del sector público con base en criterios de oportunidad de desarrollo, vinculación con necesidades y prioridades, y a un sistema de evaluación de calidad y productividad institucional;

XII. Promover y apoyar la conformación y funcionamiento de un sistema nacional de centros de investigación para definir estrategias y programas conjuntos, articular acciones, potenciar recursos humanos y financieros, optimizar infraestructura, evitar duplicidades temáticas, homologar condiciones de operación, propiciar intercambios y concertar esfuerzos en áreas relevantes para el desarrollo nacional, así como definir los criterios y estándares de calidad institucional aplicados en los procesos de evaluación para ingreso y permanencia en dicho sistema;

XIII. Formular estudios y programas orientados a incentivar la profesión de investigación, fortalecer y multiplicar grupos de investigadores y fomentar la movilidad de investigadores entre centros, constituir nuevos centros e instituciones, incluyendo aquellos orientados a la formación de recursos humanos de alto nivel y especialización en áreas científicas y tecnológicas y crear redes en áreas estratégicas del conocimiento;

XIV. Operar el Sistema Integrado de Información sobre Investigación Científica y Tecnológica y el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas, de conformidad con la Ley para el Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica, y publicar la información estadística de dicho sistema;

XV. Apoyar a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en los aspectos técnicos y científicos que requieran para sustentar la formulación y modificación de sus esquemas regulatorios y sus funciones de normalización y metrología, así como promover la certificación tecnológica de las empresas;

XVI. Promover las publicaciones científicas mexicanas y fomentar la difusión sistemática de los trabajos realizados tanto por los investigadores nacionales como por los extranjeros que residan en el país, mediante la utilización de los medios más adecuados para ello, así como publicar anualmente avances relevantes de la ciencia y la tecnología nacionales, sus aplicaciones específicas y los programas y actividades trascendentes de los centros públicos de investigación;

XVII. Participar en las comisiones dictaminadoras de premios nacionales de ciencia y tecnología, y promover el establecimiento y difusión de nuevos premios y estímulos;

XVIII. En lo que se refiere a asuntos internacionales en materia de ciencia y tecnología:

A. Ejecutar programas y proyectos de cooperación científica y tecnológica internacional que apoyen la formulación e instrumentación de la política nacional de ciencia y tecnología, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Tales actividades deberán observar las disposiciones legales aplicables;

B. Remitir a la Secretaría de Relaciones Exteriores para su dictamen jurídico, los acuerdos y convenios internacionales que en ámbito de la ciencia y la tecnología requiera suscribir el CONACyT. Una vez firmados deberá darles cumplimiento. Participar conforme lo dispongan las leyes aplicables, en los organismos o agencias internacionales de los que México sea parte y que se relacionen con la materia de su competencia;

C. Coordinarse con la Secretaría de Relaciones Exteriores, con el propósito de obtener información y dar a conocer las acciones de cooperación científica y tecnológica pactadas y desarrolladas por el CONACyT o por dependencias y entidades de la Administración Pública Federal con organismos internacionales y gobiernos extranjeros;

D. Concertar convenios con instituciones extranjeras y con agencias internacionales para el cumplimiento de su objeto, previa consulta jurídica con la Secretaría de Relaciones Exteriores;

E. Fomentar programas de formación de recursos humanos de alto nivel y de intercambio de profesores, investigadores, técnicos y administradores, en coordinación con instituciones académicas o empresas, tanto nacionales como extranjeras;

F. Concertar acuerdos de cooperación técnica que identifiquen y seleccionen oportunidades para establecer flujos positivos de conocimiento y recursos tecnológicos hacia las empresas nacionales, bajo criterios de asimilación inicial y posterior innovación;

G. Presentar, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, candidatos mexicanos para ocupar plazas vacantes en organismos y agencias internacionales vinculados con la ciencia y la tecnología;

H. Promover, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, el establecimiento de los Fondos de Cooperación Internacional, con países y organismos internacionales, conforme a lo que establece la Ley para el Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica, y

I. Asesorar, al titular del Ejecutivo Federal y a sus dependencias y entidades, la definición de posiciones relacionadas con la ciencia y la tecnología a ser presentadas por el Gobierno de México en los diversos foros y organismos internacionales en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores.

XIX. Investigar en forma directa exclusivamente sobre el desarrollo y estado de la ciencia y la tecnología, para lo cual deberá:

A. Realizar y mantener un censo de recursos humanos, materiales y financieros dedicados a la investigación científica y tecnológica y desarrollo tecnológico en el país;

B. Realizar estudios prospectivos para identificar las necesidades nacionales en ciencia y tecnología, estudiar los problemas que la afecten y sus relaciones con la actividad general del país, y

C. Promover la operación de servicios de información y documentación científica, en el marco del Sistema Integrado de Información Científica y Tecnológica.

XX. Canalizar recursos a las instituciones académicas, centros de investigación y, en general, a personas físicas y morales, públicas, sociales y privadas, para el fomento y realización de investigaciones y desarrollos tecnológicos, en función de programas y proyectos específicos, en los términos de esta Ley, de la Ley para el Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica y, en su caso, de los convenios que al efecto celebre el CONACyT con otros aportantes y con las instituciones o centros interesados, sin perjuicio de que dichas instituciones y centros sigan manejando e incrementando sus propios fondos y patrimonio;

XXI. Formular y financiar programas de becas y en general de apoyo a la formación de recursos humanos, en sus diversas modalidades, y concederlas directamente, así como integrar la información de los programas de becas que ofrezcan para postgrado otras instituciones públicas nacionales o los organismos internacionales y gobiernos extranjeros, a fin de optimizar los recursos en esta materia y establecer esquemas de coordinación eficientes, en los términos de las convocatorias correspondientes;

XXII. Promover cursos y programas de capacitación, especialización y actualización de conocimientos en ciencia y tecnología;

XXIII. Promover y coordinar con los gobiernos de las entidades federativas el establecimiento, operación, integración, desarrollo y evaluación tanto de los consejos locales de ciencia y tecnología como de los programas estatales en estas materias; y

XXIV. Realizar las demás actividades inherentes al cumplimiento de su objeto en los términos de esta Ley y de la Ley para el Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica.

ARTÍCULO 3º.- El CONACyT contará con los siguientes órganos de gobierno y administración: I. Junta Directiva, y

II. Director General.

La Ley Federal de las Entidades Paraestatales se aplicará al CONACyT en lo que no se oponga a esta Ley.

ARTÍCULO 4º.- El CONACyT apoyará el funcionamiento del Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico y del Foro Permanente de Ciencia y Tecnología, los cuales se integrarán y operarán conforme a lo que establece la Ley para el Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica.

ARTÍCULO 5º.- La Junta Directiva del CONACyT estará integrada por diez miembros que serán: un representante de cada una de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Economía y de Educación Pública; un representante de Nacional Financiera, S.N.C., el Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Director General del Instituto Politécnico Nacional.

Se invitará a formar parte de la Junta Directiva al Secretario General de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior a un miembro del Consejo Consultivo Científico y Tecnológico, así como a dos representantes del sector productivo, los cuales serán propuestos por el Director General del CONACyT.

Las sesiones serán presididas por quien determine la Junta Directiva de entre los representantes de las dependencias del Ejecutivo Federal que la integran y tendrá voto de calidad en caso de empate.

Los representantes de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal deberán ser servidores públicos con nivel jerárquico de Subsecretario o nivel equivalente, en el caso de los miembros propietarios y de Director General o equivalente en el caso de suplentes.

ARTÍCULO 6º.- La Junta Directiva será el órgano de gobierno, y además de las atribuciones que le confiere el artículo 58 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, tendrá las siguientes:

I. Aprobar la constitución de todas las modalidades de Fondos CONACyT a que se refiere la Ley para el Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica, la celebración de convenios para la creación de Fondos Sectoriales, Mixtos e Internacionales, así como los contratos, las reglas de operación y programas de los Fondos Institucionales;

II. Aprobar y evaluar las políticas y los programas del CONACyT a propuesta del Director General, así como expedir las reglas de operación de los programas;

III. Aprobar la distribución del presupuesto anual definitivo del CONACyT, el programa de inversiones y el calendario de gasto, de acuerdo con el presupuesto total autorizado;

IV. Aprobar las adecuaciones presupuestales a los programas del CONACyT, que no impliquen la afectación de su monto total autorizado, recursos de inversión, proyectos financiados con crédito externo, ni el cumplimiento de los objetivos y metas comprometidos;

V. Decidir el uso y destino de los recursos autogenerados y la aplicación de ingresos excedentes, ya sea dentro del presupuesto de la entidad o canalizando éstos a los Fondos CONACyT;

VI. Autorizar la apertura de cuentas de inversión financiera, las que siempre serán en renta fija;

VII. Nombrar, a propuesta del Director General, a los servidores públicos del CONACyT que ocupen cargos en las dos jerarquías administrativas inferiores a la de aquél, y ser informada de su remoción;

VIII. Aprobar y modificar la estructura básica de la entidad de acuerdo con el monto total autorizado de su presupuesto de servicios personales, así como definir los lineamientos y normas para conformar la estructura ocupacional y salarial, las conversiones de plazas y renivelaciones de puestos y categorías, conforme a las normas generales que expida la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

IX. Aprobar, a propuesta del Director General, la administración desconcentrada de funciones, programas y recursos;

X. Aprobar las disposiciones y criterios para racionalizar el gasto administrativo y autorizar las erogaciones identificadas como gasto sujeto a criterios de racionalidad;

XI. Aprobar el modelo de convenio de desempeño y la suscripción de los mismos por parte de Director General del CONACyT con las entidades reconocidas como centros públicos de investigación en los términos de la Ley para el Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica;

XII. Aprobar el programa anual de comunicación científica y tecnológica del CONACyT, sin requerir de ninguna otra autorización;

XIII. Aprobar el estatuto orgánico y el manual de organización, así como los manuales de procedimientos y de servicios del CONACyT;

XIV. Aprobar las reglas internas de funcionamiento del Consejo Consultivo, a propuesta de este último;

XV. Nombrar, a propuesta del Director General, al Secretario y Prosecretario de esta Junta, quienes tendrán las facultades que se establezcan en el estatuto orgánico, y

XVI. Las demás que le resulten aplicables.

ARTÍCULO 7º.- La Junta Directiva del CONACyT celebrará sesiones ordinarias por lo menos cuatro veces por año y las extraordinarias que propongan el Director General o cuando menos cuatro de sus miembros por conducto del Secretario del propio órgano de gobierno.

La Junta Directiva sesionará válidamente con la asistencia de por lo menos la mitad más uno de sus miembros y siempre que la mayoría de los asistentes sean representantes de la Administración Pública Federal. Las resoluciones se tomarán por mayoría de los miembros presentes.

ARTÍCULO 8º.- El Director General será designado y removido libremente por el Presidente de la República y el nombramiento recaerá en la persona que reúna los siguientes requisitos:

I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos;

II. Haber desempeñado cargos de alto nivel decisorio, cuyo ejercicio requiera conocimientos y experiencia en materia administrativa, y en las áreas científicas o tecnológicas, y

III. No encontrarse en alguno de los impedimentos a que se refiere el artículo 21 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

ARTÍCULO 9º.- El Director General del CONACyT, además de las facultades y obligaciones que le confiere el artículo 59 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, y la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, tendrá las siguientes facultades de representación legal: I. Celebrar y otorgar toda clase de actos y documentos respecto del objeto del CONACyT;

II. Ejercer facultades de dominio, administración, pleitos y cobranzas, aun aquellas que requieran cláusula especial. Tratándose de actos de dominio se requerirá la autorización previa de la Junta Directiva;

III. Otorgar, sustituir y revocar poderes generales y especiales con las facultades que le competan, incluso las que requieran autorización o cláusula especial. Su otorgamiento y validez se sujetará a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales;

IV. Formular denuncias y querellas y proponer a la Junta Directiva el perdón legal, cuando a su juicio proceda;

V. Ejercitar y desistirse de acciones judiciales, inclusive en materia de amparo;

VI. Celebrar transacciones en materia judicial y comprometer asuntos en arbitraje;

VII. Ejecutar los acuerdos de la Junta Directiva y del Consejo General a que se refiere la Ley para el Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica;

VIII. Presentar a la Junta Directiva los proyectos de programas, informes y estados financieros del CONACyT y los que específicamente le solicite aquélla;

IX. Ejercer el presupuesto del CONACyT con sujeción a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables;

X. Suscribir y negociar títulos de crédito, así como tramitar y obtener cartas de crédito, previa autorización de la Junta Directiva;

XI. Presentar a la Junta Directiva, para su aprobación, el estatuto orgánico y el manual de organización, y aprobar los manuales de procedimientos y de servicios del CONACyT;

XII. Fijar las condiciones generales de trabajo del CONACyT;

XIII. Proporcionar la información que le soliciten los comisarios públicos;

XIV. Establecer los procedimientos de evaluación que destaquen los resultados sustantivos programados y los efectivamente alcanzados;

XV. Informar a la Junta Directiva sobre el ejercicio de las facultades que este artículo le concede, y

XVI. Las que le confieren los ordenamientos aplicables, y las demás que con fundamento en esta Ley le delegue la Junta Directiva.

El Director General del CONACyT fungirá como Secretario Ejecutivo del Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, a que se refiere la Ley para el Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica.

ARTÍCULO 10.- El CONACyT contará con un Consejo Consultivo Científico y Tecnológico. Este Consejo será un órgano interno de apoyo y asesoría institucional, el cual tendrá las funciones y forma de integración que se establecen en esta Ley y que se precisen en el estatuto orgánico del organismo. Para efectos de la presente Ley se le referirá indistintamente como Consejo Consultivo al Consejo Consultivo Científico y Tecnológico.

ARTÍCULO 11.- El Consejo Consultivo auxiliará a la Junta Directiva y al Director General, para lo cual tendrá las siguientes funciones:

I. Apoyar las actividades del CONACyT y formular sugerencias tendientes a su mejor desempeño;

II. Contribuir a la obtención de recursos que promuevan el cumplimiento de los objetivos del CONACyT;

III. Asesorar al Director General en asuntos de carácter científico y técnico que se sometan a su consideración;

IV. Proponer al Director General la adopción de medidas de orden general tendientes al mejoramiento técnico y operacional del CONACyT;

V. Formular opiniones y propuestas específicas sobre los programas y presupuestos internos del CONACyT, así como proponer áreas y acciones prioritarias y de gasto que demanden atención y apoyo del CONACyT;

VI. Conocer los resultados de las evaluaciones a los programas institucionales del CONACyT;

VII. Evaluar los proyectos y programas institucionales del CONACyT y emitir su opinión y recomendaciones; y

VIII. Realizar las demás funciones que le confiera el estatuto orgánico o el Director General por acuerdo de la Junta Directiva.

ARTÍCULO 12.- El Consejo Consultivo Científico y Tecnológico estará integrado por veinticinco miembros titulares, conforme a lo siguiente: I. Un investigador designado por la Universidad Nacional Autónoma de México;

II. Un investigador designado por el Instituto Politécnico Nacional;

III. Un representante designado por la Academia Mexicana de Ciencias, por invitación del Director General;

IV. Tres representantes designados por el sector productivo, por invitación del Director General;

V. Tres representantes designados por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, por invitación del Director General;

VI. Tres representantes de igual número de consejos de ciencia y tecnología de las entidades federativas, por invitación del Director General, a propuesta del propio Consejo Consultivo;

VII. Siete representantes de igual número de centros públicos de investigación, correspondientes a cada uno de los sectores de la Administración Pública Federal que cuenten con ese tipo de centros y que estén representados por su coordinador de sector en el Consejo General de Investigación y Desarrollo Tecnológico;

VIII. Un representante del Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la República;

IX. Un representante de uno de los centros públicos de investigación cuya coordinación corresponda al propio CONACyT;

X. Tres investigadores jóvenes, no directivos y elegidos a través de una convocatoria pública emitida por el Director General, y

XI. Un representante de la Asociación Mexicana de Museos y Centros de Ciencia y Tecnología.

ARTÍCULO 13.- El Consejo Consultivo contará con un Presidente y un Secretario que serán electos de entre sus integrantes.

La integración del Consejo Consultivo, deberá tener una expresión de participación regional, y las personas que lo integren se renovarán por mitad cada tres años, durando como máximo seis años cada una.

ARTÍCULO 14.- El Consejo Consultivo sesionará por lo menos cada seis meses. Al efecto contará con el apoyo operativo que se requiera por parte del CONACyT.

ARTÍCULO 15.- Los cargos de los miembros del Consejo Consultivo serán honoríficos y por su desempeño no recibirán retribución, emolumento o compensación alguna.

ARTÍCULO 16.- El patrimonio del CONACyT se integrará con:

I. Los bienes muebles e inmuebles que le asigne el Ejecutivo Federal, y los que adquiera por cualquier título legal, y

II. Con las transferencias, los subsidios, participaciones, donaciones y legados que reciba y, en general, con los ingresos que obtenga, por consultas, peritajes, regalías, recuperaciones, derechos de patente o cualquier otro servicio o concepto propio de su objeto.

ARTÍCULO 17.- El CONACyT administrará y dispondrá libremente de su patrimonio en el cumplimiento de su objeto, sin perjuicio de las disposiciones legales aplicables a los organismos descentralizados.

ARTÍCULO 18.- La canalización de fondos por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para programas, proyectos, estudios, investigaciones específicas, otorgamiento de becas en sus diferentes modalidades y cualquier otro apoyo o ayuda de carácter económico que convenga o proporcione, estará sujeta a la celebración de un contrato o convenio y, en su caso, a las siguientes condiciones:

I. El CONACyT vigilará la debida aplicación y adecuado aprovechamiento de los fondos que proporcione o aporte, en los términos que fijen los propios contratos o convenios;

II. Los beneficiarios o contrapartes de los contratos o convenios rendirán al CONACyT los informes periódicos que se establezcan sobre el desarrollo y resultado de los trabajos, y

III. Los derechos de propiedad industrial y autoral respecto de los resultados obtenidos por las personas físicas o morales que reciban ayuda del CONACyT, serán materia de regulación específica en los contratos que al efecto se celebren, en los que se protegerán los intereses del país, los del CONACyT, los de los investigadores y, en caso de que los hubiere, de otros aportantes.

ARTÍCULO 19.- Los trabajadores del CONACyT continuarán incorporados al régimen de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

ARTÍCULO 20.- El CONACyT contará con un órgano de vigilancia integrado por un comisario público propietario y un suplente, designados por la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, y tendrán las facultades que les otorgan la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y las demás disposiciones legales aplicables.

ARTÍCULO 21.- El CONACyT cuenta con una Contraloría Interna, órgano de control interno, al frente de la cual el Contralor Interno designado en los términos del artículo 37 fracción XII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en el ejercicio de sus facultades se auxiliará por los titulares de las áreas de auditoría, quejas y responsabilidades designados en los mismos términos.

Los servidores públicos a que se refiere el párrafo anterior, en el ámbito de sus respectivas competencias, ejercen las facultades previstas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y en los demás ordenamientos legales y administrativos aplicables.

ARTÍCULO 22.- Las ausencias del Contralor Interno, así como la de los titulares de las áreas de responsabilidades, auditoría y quejas serán suplidas conforme a lo previsto por el Reglamento Interior de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Esta Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Se abroga la Ley que crea el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1970.

TERCERO.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizará las adecuaciones necesarias para el nuevo tratamiento presupuestal del CONACyT, derivado de esta Ley, así como para que ejerza, en forma excepcional, las funciones que conforme a las leyes y demás ordenamientos corresponden a las dependencias coordinadoras de sector, respecto de las entidades paraestatales que actualmente formen parte del subsector denominado Sistema SEP-CONACyT, en los términos de los artículos 48, 49 y 50 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, hasta en tanto el Presidente de la República determine nuevas adscripciones sectoriales para dichas entidades paraestatales.

CUARTO.- La Junta Directiva expedirá el Estatuto Orgánico del CONACyT en un plazo de sesenta días a partir de la entrada en vigor de esta Ley, en el cual se deberán precisar las decisiones y autorizaciones que le corresponderá a la propia Junta adoptar respecto de las atribuciones que la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, la Ley General de Deuda Pública, el Decreto Aprobatorio del Presupuesto de Egresos de la Federación, las correspondientes en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, y todos los demás ordenamientos legales y reglamentarios y de carácter administrativo, le confieren a las dependencias coordinadoras de sector respecto de la operación y funcionamiento del propio CONACyT, así como aquellas que corresponderá ejercer a las unidades administrativas del propio organismo público descentralizado.

En tanto se expide el estatuto orgánico, la Junta Directiva del CONACyT podrá resolver en caso de duda sobre la procedencia de que el mismo órgano colegiado atienda o resuelva la función o el Director General realice gestiones directamente ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o cualquier otra dependencia que resulte competente para el asunto de que se trate.

QUINTO.- La expedición de esta Ley no afecta los derechos laborales adquiridos por los trabajadores del organismo.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforman los artículos 13, fracción IV, 14, 17, párrafo primero, 22, fracción I, 24, fracciones III y IV y 39; se adicionan las fracciones V a la XI del artículo 24, y se adiciona un Capítulo I Bis, denominado "Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico", de la Ley para el Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica, para quedar como sigue:

CAPÍTULO I BIS
Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico

Artículo 2º A. Se crea el Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, en lo sucesivo Consejo General, como órgano de política y coordinación que tendrá las facultades que establece esta ley.

Serán miembros permanentes del Consejo General, el Presidente de la República, quien lo presidirá, así como los titulares de las Secretarías de Relaciones Exteriores; de Hacienda y Crédito Público; de Medio Ambiente y Recursos Naturales; de Energía; de Economía; de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; de Comunicaciones y Transportes; de Educación Pública y de Salud.

El Presidente de la República podrá invitar a participar en el Consejo General a miembros de la comunidad científica, tecnológica y empresarial o a otros servidores públicos vinculados en la materia.

El Consejo General contará con un Secretario Ejecutivo, quien será el Director General del CONACyT.

Artículo 2º B. El Consejo General tendrá las siguientes facultades:

I. Establecer políticas nacionales para el avance científico y la innovación tecnológica para el desarrollo nacional;

II. Aprobar el programa especial de ciencia y tecnología;

III. Definir prioridades y criterios para la asignación del gasto público federal en ciencia y tecnología, los cuales incluirán áreas estratégicas y programas específicos y prioritarios a los que se les deberá otorgar especial atención y apoyo presupuestal;

IV. Definir los lineamientos programáticos y presupuestales que deberán tomar en cuenta las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para realizar actividades y apoyar la investigación científica y el desarrollo tecnológico;

V. Aprobar y emitir anualmente un informe general acerca del estado que guarda la ciencia y la tecnología en México, cuyo contenido deberá incluir la definición de áreas estratégicas y programas prioritarios;

VI. Aprobar propuestas de políticas y mecanismos de apoyo a la ciencia y la tecnología en materia de estímulos fiscales y financieros, facilidades administrativas, de comercio exterior y régimen de propiedad industrial e intelectual;

VII. Definir esquemas generales de organización para la eficaz atención, coordinación y vinculación de las actividades de investigación e innovación tecnológica en los diferentes sectores de la Administración Pública Federal y con los diversos sectores productivos del país, así como los mecanismos para impulsar la descentralización de estas actividades, y

VIII. Realizar el seguimiento y conocer la evaluación general del programa especial, del programa y presupuesto anual destinado a la ciencia y tecnología y de los demás instrumentos de fomento y apoyo a estas actividades.

Artículo 2º C. El Consejo General sesionará dos veces al año en forma ordinaria y en forma extraordinaria cuando su Presidente así lo determine.

Artículo 2º D. El Consejo General podrá crear comités intersectoriales y de vinculación para atender los asuntos que el mismo Consejo determine relacionados con la articulación de políticas, la propuesta de programas prioritarios y áreas estratégicas, así como para la vinculación de la investigación con la educación y la innovación y el desarrollo tecnológico con los sectores productivos. Estos comités serán coordinados por el Secretario Ejecutivo y contarán con el apoyo del CONACyT para su eficiente funcionamiento. En dichos comités podrán participar miembros de la comunidad académica, científica, tecnológica y empresarial.

Artículo 2º E. Para garantizar la eficaz incorporación de las políticas y programas prioritarios en los anteproyectos de programas operativos y presupuestos anuales, así como para la revisión integral y de congruencia global del anteproyecto de presupuesto federal en lo relativo a ciencia y tecnología y asegurar la ejecución de los instrumentos específicos de fomento que determine el Consejo General, se integrará un comité intersecretarial que será coordinado de manera conjunta por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y por el Secretario Ejecutivo y al que asistirán los subsecretarios o funcionarios de nivel equivalente de la Administración Pública Federal encargados de las funciones de investigación científica y desarrollo tecnológico de cada sector. El anteproyecto de presupuesto consolidado de ciencia y tecnología se presentará a consideración del Consejo General para su inclusión en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.

Artículo 2º F. El Secretario Ejecutivo del Consejo General tendrá las siguientes atribuciones:

I. Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos del Consejo General;

II. Formular y presentar al Consejo General:

A. El proyecto del programa especial de ciencia y tecnología, para su aprobación;

B. Propuestas de prioridades y criterios de gasto público federal en apoyo a la ciencia y la tecnología, así como propuestas de mecanismos e instrumentos de apoyo a la ciencia y la tecnología;

C. Las propuestas de áreas estratégicas y programas específicos y prioritarios de apoyo a la ciencia y la tecnología;

D. El informe anual de evaluación general del programa especial y del cumplimiento de los programas específicos prioritarios; y

E. Los demás asuntos de interés para el Consejo General.

III. Coordinar los comités intersectoriales que determine el Consejo General para la articulación de políticas, programas y presupuestos y la implantación de instrumentos específicos de fomento;

IV. Representar al Consejo General en los órganos de gobierno y de administración de otras entidades paraestatales en las cuales el Conacyt deba participar, así como en comités, comisiones y consejos de la Administración Pública Federal de los cuales el CONACyT forme parte;

V. Establecer los mecanismos necesarios para desarrollar e impulsar la formación de redes de investigación y la colaboración científica y tecnológica, entre las instituciones de educación superior y los centros de investigación públicos, sociales y privados;

VI. Llevar a cabo y coordinar con la Secretaría de Relaciones Exteriores los asuntos de interés y cooperación internacional del CONACyT;

VII. Realizar las demás actividades que le encomiende el Consejo General, en relación con las atribuciones señaladas, y

VIII. Las demás que le confieren esta Ley, la Ley Orgánica del CONACyT y otros ordenamientos aplicables.

Artículo 13. ... I. a III. ...

IV. Las orientaciones generales de los instrumentos de apoyo a que se refiere la fracción VII del artículo 5 de esta Ley.

Artículo 14. Para la ejecución anual del Programa de Ciencia y Tecnología, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal formularán sus anteproyectos de programa y presupuesto para realizar actividades y apoyar la investigación científica y tecnológica, tomando en cuenta las prioridades y los criterios para la asignación del gasto en ciencia y tecnología, que proponga el CONACyT y apruebe el Consejo General, en los que se determinarán las áreas estratégicas y programas prioritarios de atención y apoyo presupuestal especial. En base a lo anterior, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el CONACyT determinarán los lineamientos programáticos y presupuestales para que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal formulen sus anteproyectos de programa y presupuesto y conjuntamente consolidarán la información programática y presupuestal de dichos anteproyectos para su revisión y análisis integral y de congruencia global para su aprobación por el Ejecutivo Federal. En el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación se consignará el presupuesto consolidado destinado a ciencia y tecnología. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público determinará, durante el mes de enero de cada año, mediante reglas de carácter general y con apoyo en las leyes fiscales, la aplicación de los estímulos para el fomento de la investigación privada en inversión tecnológica y desarrollo tecnológico.

Artículo 17. Las Secretarías de Estado y las entidades de la Administración Pública Federal, previa autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, podrán celebrar convenios con el CONACyT cuyo propósito sea determinar el establecimiento de fondos CONACyT que se destinen única y exclusivamente a la realización de investigaciones científicas o tecnológicas que requiera el sector de que se trate, en cada caso. Dichos convenios se celebrarán y los fondos se constituirán y operarán con apego a las bases establecidas en las fracciones I y III del artículo 16 y las fracciones I, III, IV, VI, VII y VIII del artículo 18 de esta Ley y a las bases específicas siguientes:

I. a V. ................ Artículo 22. ... I. Lo dispuesto por la fracción I del artículo 16 y las fracciones I, III, IV, VI, VII y VIII del artículo 18 de esta Ley, en lo conducente;

II. a VI. ...

Artículo 24. ... I. y II. ...

III. Proponer áreas y acciones prioritarias y de gasto que demanden atención y apoyo en materia de investigación científica, desarrollo tecnológico, formación de investigadores, difusión del conocimiento científico y tecnológico y cooperación técnica internacional;

IV. Proponer las medidas y estímulos fiscales, esquemas de financiamiento, facilidades administrativas y en materia de comercio exterior, así como modificaciones a los regímenes de propiedad industrial e intelectual, que estime necesarios para el cumplimiento del Programa;

V. Rendir opiniones y formular sugerencias al Ejecutivo Federal, tendientes al mejor cumplimiento del Programa Especial de Ciencia y Tecnología;

VI. Analizar y difundir las disposiciones legales en materia de ciencia y tecnología y formular propuestas de reformas o adiciones a, las mismas;

VII. Formular sugerencias tendientes a vincular la modernización, la innovación y el desarrollo tecnológico en el sector productivo;

VIII. Proponer mecanismos que faciliten la vinculación entre los Centros de Investigación y el sector productivo así como la transferencia y apropiación tecnológica de los desarrollos realizados;

IX. Promover la creación de asociaciones, alianzas o nuevas empresas privadas de base tecnológica;

X. Promover la vinculación entre la investigación científica y la educación conforme a los lineamientos que esta misma Ley y otros ordenamientos establecen; y

XI. Proponer programas y esquemas orientados a incentivar la profesión de investigación y fortalecer y multiplicar grupos de investigadores.

Artículo 39. Los ingresos que generen los centros públicos de investigación derivados de los servicios, bienes y productos de investigación y desarrollo tecnológico, incluyendo la capacitación para la formación de recursos humanos calificados, que presten o produzcan directamente o en colaboración con otras entidades públicas o privadas, serán destinados a los proyectos autorizados por sus órganos de gobierno en términos del artículo 19.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- En apoyo a las funciones del Consejo General, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizará las adecuaciones necesarias a la estructura programática y al sistema de información de gasto público para identificar y dar seguimiento al presupuesto integral de la Administración Pública Federal en investigación científica y desarrollo tecnológico.

TERCERO.- Dentro de los seis meses siguientes el CONACyT realizará las actividades necesarias para adecuar las bases de funcionamiento del Foro Permanente de Ciencia y Tecnología en los términos de este Decreto.

Reitero a Usted las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Palacio Nacional, a los cuatro días del mes de diciembre del año dos mil uno.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
VICENTE FOX QUESADA (rúbrica)
 
 

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Dictámenes

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DE LA COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, le fue turnada para su estudio y dictamen la Iniciativa de Decreto por la que se reforman diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, presentada el día 4 de octubre de 2001, a los CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, por el Ejecutivo Federal con fundamento a los artículos 71, fracción I, y artículos 55 fracción I y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, 45, numeral 6 incisos e), f) y g) y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 56, 60, 87, 88, 89, 93 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a esta Comisión corresponde dictaminar las Iniciativas en comento, por lo que somete a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, a partir de los siguientes:

I. ANTECEDENTES

1. El día 4 de octubre del 2001 el Ejecutivo Federal, presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión la Iniciativa de Decreto por la que se reforman los artículos 11, 12, 109 BIS, 130, 162 segundo párrafo, 163 primer párrafo, 167 primer párrafo, 171 fracción I, 173 fracción I y último párrafo, y 174 BIS fracción I, y se adicionan un segundo párrafo al artículo 119, un cuarto párrafo al artículo 159 BIS, un segundo párrafo al artículo 161, un tercer párrafo al artículo 163, un segundo párrafo al artículo 168, y un cuarto párrafo al artículo 182 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente:

2. Esta Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales procedió al análisis de las Iniciativas apuntadas y a la determinación de investigar su viabilidad jurídica y técnica, para una mejor instrumentación de la política ambiental en nuestro país.

A partir de estos antecedentes y del análisis de la Iniciativa, los miembros de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales que suscriben el presente dictamen, exponemos las siguientes:

II. CONSIDERACIONES

1. El denominador común de la iniciativa presentada refleja la necesidad de contar con un instrumento jurídico que de seguridad y protección a nuestro medio ambiente. Es necesario emprender el camino hacia una transición con la finalidad de otorgar mayores atribuciones en materia de gestión ambiental a los gobiernos de las entidades federativas.

2. Ya que la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, pretende establecer criterios y planes para una política ambiental basada en el desarrollo sustentable, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales con sus facultades de correspondencia otorgadas por el artículo 39 numeral 3 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos ha analizado y adecuado la Iniciativa de Decreto a fin de dar vigencia a la necesidad de que las conductas de los ciudadanos que producen afectaciones ambientales sean sujetas a una regulación eficaz y eficiente.

3. Ya que la descentralización de la gestión ambiental en México es un proceso inconcluso, que requiere para avanzar la ampliación de las posibilidades jurídicas, institucionales, económicas y políticas de los gobiernos y agentes locales y que el fortalecimiento del federalismo es una tarea ineludible y urgente, es indispensable promover el abatimiento del rezago institucional de los gobiernos locales pues de ellos depende no sólo el logro de una mayor eficiencia en la gestión ambiental, sino una contribución indispensable al desarrollo democrático y sustentable del país. Por ello, con relación a las reformas de los artículos 11 y 12 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente que se refieren a la suscripción de convenios o acuerdos de coordinación se da respuesta a la necesidad de un enfoque moderno de descentralización que busque establecer una estrategia de transferencia de atribuciones, funciones y recursos, gradual y diferenciada, acorde con la situación particular de cada entidad federativa, que asegure una mayor eficacia y eficiencia en la gestión ambiental.

4. Tenemos en primera instancia que la propuesta para que el Distrito Federal, los Estados, y en su caso los Municipios, puedan en el ámbito de su jurisdicción, asumir las facultades de administrar y vigilar las áreas naturales protegidas de competencia de la Federación sea una propuesta que puede permitir un fortalecimiento del proceso de transición gradual de descentralizar las facultades para la conservación. Pero ante tal reforma esta claro que un federalismo adecuado es aquel que dote a las entidades federativas y a los municipios de los recursos para operar, y reconozca su legítima aspiración al desarrollo sustentable con las modalidades que considere necesarias en su territorio. Ello debe de darse siempre de forma progresiva ya que los rezagos institucionales son bastos. Por lo tanto, la ley debe dar el mandato al Gobierno Federal para que no solo delegue funciones, si no que también asegure la retribución a aquellos que por conservar los recursos naturales generen servicios ambientales. Por ello la adición del artículo 45 BIS a ésta Ley.

5. La descentralización de las funciones en cuanto al control de los residuos peligrosos considerados de baja peligrosidad, debe ser reforzada ya que no existen criterios ni parámetros para determinar la baja o alta peligrosidad de dichos residuos. Por lo anterior, es necesario que se establezcan estos lineamientos con miras a contribuir de mejor manera a la protección ambiental, modificando el artículo 150 segundo párrafo de la Ley.

6. La evaluación de impacto ambiental es sin lugar a dudas una herramienta de política ambiental que por su naturaleza dinámica requiere ser perfeccionada continuamente. La distribución de facultades en este sentido imprime una posibilidad para que las entidades federativas y los municipios sean más autogestivos de sus recursos naturales y su ambiente.

7. Por lo anterior en el caso de los convenios de descentralización relativos a la evaluación del impacto ambiental de las obras o actividades referidas en la fracción XIII del artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, es indispensable que previo a dicho convenio existan los ordenamientos ecológicos regional, particular y marino dependiendo el caso, ello con la finalidad de fortalecer la articulación entre el proceso de descentralización y la planeación del desarrollo regional sustentable, y consolidar los sistemas de información de los recursos naturales y sus servicios ambientales. De la descentralización para la fracción X del mismo ordenamiento se observa una contradicción con el supremo mandato constitucional, pues éste expresa en el artículo 48 que los sistemas marinos interiores, como manglares, lagunas costeras etc. dependerán directamente del Gobierno de la Federación.

8. Si bien es cierto que consideramos que promover la suscripción de convenios o acuerdos con los gobiernos de las entidades federativas incrementa las facultades transferidas a cada una de ellas consolidando así su desarrollo institucional, particularmente en cuanto a organización, aptitud técnica y capacidad de administrar recursos, esto debe darse en un proceso progresivo de modificación del marco normativo que tome en cuenta las capacidades de las regiones del país y de base a la instrumentación de los programas, de ahí que se considere como muy pronta la posibilidad de que puedan ser encomendadas a gobiernos locales las evaluaciones de impacto ambiental en los casos de las actividades mencionadas en las fracciones V y VII del artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

9. Por otra parte, en cuanto descentralizar las evaluaciones de impacto ambiental para las actividades altamente riesgosas, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente establece en su artículo 145 que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales debe promover "la determinación de los usos de suelo" en aquellas "zonas en las se permita el establecimiento de industrias, comercios o servicios considerados como riesgosos", por lo tanto es necesario que todo convenio para descentralizar dichas facultades este sujeto a un previo ordenamiento ecológico. Aunado a ello se debe considerar que estas actividades pueden generar daños en ocasiones irreversibles a los ecosistemas y a la salud pública, y que además, no existen mecanismos claros para obligar a mitigar los daños ambientales y sociales de forma pronta y adecuada, por ello es necesario que las leyes establezcan como obligatorio contar con seguros de riesgo ambiental para éstas actividades, de tal que forma el federalismo en materia ambiental avance con la seguridad que se requiere, por ello proponemos añadir un artículo 147 BIS. Para el establecimiento de estos mecanismos es necesaria la participación de otras instituciones del Ejecutivo Federal Como la Secretaría de Economía antes Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

10. Hay que señalar que es necesario la homologación de los procedimientos para instrumentar la evaluación de impacto ambiental. Por ello, es necesario que la firma de los convenios este también sujeta a que el procedimiento de evaluación de impacto ambiental que lleven a cabo el Distrito Federal, los Estados, y en su caso, los Municipios, esté en concordancia con el establecido en el Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación de Impacto Ambiental, por eso proponemos la adición de las fracciones IX y X al artículo 12. Así, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales debe autorizar y dar a la luz pública los procedimientos que las entidades o los municipios habrán de implementar en el caso de los convenios o acuerdos a que nos referimos.

11. Por otra parte, en el Título Cuarto de la Ley, se propone reformar el artículo 109 BIS, con la finalidad de avanzar en cuanto al derecho a la información ambiental. En efecto, nuestro país requiere de la actualización y modernización de los sistemas de información que permitan a la ciudadanía y a la autoridad, contar con los elementos fidedignos y suficientes de información para la adecuada toma de decisiones. La industria nacional debe conocer sus emisiones reales a fin de reducirlas mediante tecnologías limpias que le permitan mayor competitividad; en consecuencia, se introduce la facultad de los tres órdenes de gobierno de establecer un registro de emisiones y transferencia de contaminantes, obligatorio, público y desagregado.

12. El presente proyecto introduce algunas adecuaciones en el Título Sexto artículos 161, 162, 163, 167, 168, 171, 173, 174 y 182 que se refiere a las disposiciones relativas al procedimiento de inspección y vigilancia e imposición de medidas de seguridad y sanciones. La iniciativa permitirá proporcionar, tanto al ciudadano como a la autoridad, mayor certidumbre en el proceso de imposición de sanciones. Además, la coadyuvancia con el Ministerio Público resulta además de gran importancia, por la naturaleza difusa del interés jurídico que tiene la víctima del delito ambiental, toda vez que en un gran número de supuestos, el ofendido es la sociedad en su conjunto.

13. En otro aspecto, la iniciativa propone impulsar la participación de los tres niveles de gobierno en la conformación de aquellos instrumentos de toma de decisiones a nivel global que consideren la perspectiva local. En este sentido, se sugiere adicionar un párrafo al artículo 159 BIS.

14. Por último, se reforma los artículos 119, 130 y 161, con la finalidad de precisar las atribuciones de la Secretaría de Marina en materia de prevención y control de la contaminación de las aguas en zonas y aguas marinas mexicanas, fortaleciendo su participación en la inspección y vigilancia en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Con base a las consideraciones anteriormente expuestas, los integrantes de esta Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, han llegado a las siguientes:

CONCLUSIONES

La iniciativa de reformas y adiciones fue analizada y adecuada con fundamento en los artículos 39, 45, numeral 6 incisos e), f) y g) y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 56, 60, 87, 88, 89, 93 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. En lo general consideramos a las iniciativas como congruentes con la política ambiental que debe seguir la Federación de ahí que el presente dictamen apruebe en sentido positivo y ajuste particularidades de las iniciativas en comento.

Como resultado de lo anterior, esta Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales permite someter a la consideración del Pleno de esta H. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión el siguiente proyecto de:
 

"DECRETO QUE REFORMA LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE".

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 11, 12, 109 BIS, 130, 150 segundo párrafo, 162, segundo párrafo, 163 primer párrafo, 167 primer párrafo, 171 fracción I, 173 fracción I y último párrafo, y 174 BIS fracción I. Se adicionan el artículo 45 BIS, un segundo párrafo al artículo 119, un artículo 147 BIS, un cuarto párrafo al 159 BIS, un segundo párrafo al 161, un tercer párrafo al 163, un segundo párrafo al 168, y un cuarto párrafo al 182 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:

Artículo 11. La Federación, por conducto de la Secretaría, podrá suscribir convenios o acuerdos de coordinación, con el objeto de que los gobiernos del Distrito Federal o de los Estados, con la participación, en su caso, de sus Municipios, asuman las siguientes facultades, en el ámbito de su jurisdicción territorial:

I. La administración y vigilancia de las áreas naturales protegidas de competencia de la Federación, conforme a lo establecido en el programa de manejo respectivo y demás disposiciones del presente ordenamiento.

II. El control de los residuos peligrosos considerados de baja peligrosidad conforme a las disposiciones del presente ordenamiento;

III. La evaluación del impacto ambiental de las obras o actividades a que se refiere el artículo 28 de esta Ley y, en su caso, la expedición de las autorizaciones correspondientes, con excepción de las obras o actividades siguientes:

a) Obras hidráulicas, así como vías generales de comunicación, oleoductos, gasoductos, carboductos y poliductos,

b) Industria del petróleo, petroquímica, del cemento, siderúrgica y eléctrica,

c) Exploración, explotación y beneficio de minerales y sustancias reservadas a la Federación en los términos de las Leyes Minera y Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear,

d) Instalaciones de tratamiento, confinamiento o eliminación de residuos peligrosos, así como residuos radiactivos,

e) Aprovechamientos forestales en selvas tropicales y especies de difícil regeneración,

f) Cambios de uso de suelo de áreas forestales, así como en selvas y zonas áridas,

g) Desarrollos inmobiliarios que afecten los ecosistemas costeros,

h) Obras y actividades en humedales, manglares, lagunas, ríos, lagos y esteros conectados con el mar, así como en sus litorales o zonas federales, y

i) Obras en áreas naturales protegidas de competencia de la Federación y actividades que por su naturaleza puedan causar desequilibrios ecológicos graves; así como actividades que pongan en riesgo el ecosistema.

IV. La protección y preservación del suelo, la flora y fauna silvestre, terrestre y los recursos forestales;

V. El control de acciones para la protección, preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente en la zona federal marítimo terrestre, así como en la zona federal de los cuerpos de agua considerados como nacionales;

VI. La prevención y control de la contaminación de la atmósfera, proveniente de fuentes fijas y móviles de jurisdicción federal y, en su caso, la expedición de las autorizaciones correspondientes;

VII. La prevención y control de la contaminación ambiental originada por ruido, vibraciones, energía térmica, lumínica, radiaciones electromagnéticas y olores perjudiciales para el equilibrio ecológico y el ambiente, proveniente de fuentes fijas y móviles de competencia federal y, en su caso, la expedición de las autorizaciones correspondientes;

VIII. La realización de acciones operativas tendientes a cumplir con los fines previstos en este ordenamiento, o

IX. La inspección y vigilancia del cumplimiento de esta Ley y demás disposiciones que de ella deriven.

Dichas facultades serán ejercidas conforme a lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones federales aplicables, así como en aquellas que de las mismas deriven.

En contra de los actos que emitan los gobiernos del Distrito Federal o de los Estados y, en su caso, de sus Municipios, en ejercicio de las facultades que asuman de conformidad con este precepto respecto de los particulares, procederán los recursos y medios de defensa establecidos en el Capítulo V del Título Sexto de esta Ley.

Artículo 12. Para los efectos del artículo anterior, los convenios o acuerdos de coordinación que celebre la Federación, por conducto de la Secretaría, con los gobiernos del Distrito Federal o de los Estados, con la participación, en su caso, de sus Municipios, deberán sujetarse a las siguientes bases:

I. Se celebrarán a petición de una Entidad Federativa, cuándo esta cuente con los medios necesarios, el personal capacitado, los recursos materiales y financieros, así como la estructura institucional específica para el desarrollo de las facultades que asumiría y que para tales efectos requiera la autoridad federal. Estos requerimientos dependerán del tipo de convenio o acuerdo a firmar y las capacidades serán evaluadas en conjunto con la Secretaría.

Los requerimientos y las evaluaciones que se realicen para determinar las capacidades de la Entidad Federativa, deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en la gaceta o periódico oficial de la respectiva entidad federativa, con antelación a la celebración de los convenios o acuerdos de coordinación.

II. Establecerán con precisión su objeto, así como las materias y facultades que se asumirán, debiendo ser congruente con los objetivos de los instrumentos de planeación nacional de desarrollo y con la política ambiental nacional;

III. Determinarán la participación y responsabilidad que corresponda a cada una de las partes, así como los bienes y recursos aportados por las mismas, especificando su destino y forma de administración. Además precisarán que tipo de facultades se pueden asumir de forma inmediata a la firma del convenio o acuerdo y cuales en forma posterior.

IV. Establecerán el órgano u órganos que llevarán a cabo las acciones que resulten de los convenios o acuerdos de coordinación, incluyendo las de evaluación, así como el cronograma de las actividades a realizar;

V. Definirán los mecanismos de información que se requieran, a fin de que las partes suscriptoras puedan asegurar el cumplimiento de su objeto;

VI. Precisarán la vigencia del instrumento, sus formas de modificación y terminación y, en su caso, el número y duración de sus prórrogas;

VII. Contendrán, los anexos técnicos necesarios para detallar los compromisos adquiridos;

VIII. Las demás estipulaciones que las partes consideren necesarias para el correcto cumplimiento del convenio o acuerdo de coordinación;

IX. Para efectos en el otorgamiento de los permisos o autorizaciones en materia de impacto ambiental que correspondan al Distrito Federal, los estados, o en su caso, los Municipios, deberán seguirse los mismos procedimientos establecidos en la sección V de la presente ley, además de lo que establezcan las disposiciones legales y normativas locales correspondientes.

X. Para el caso de los convenios relativos a las Evaluaciones de Impacto Ambiental, los procedimientos que las entidades establezcan habrán de ser los establecidos en el Reglamento del presente ordenamiento en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental, y serán autorizados por la Secretaría y publicados en el Diario Oficial de la Federación y en la gaceta o periódico oficial de la respectiva entidad federativa, con antelación a la entrada en vigor del convenio o acuerdo de coordinación.

Corresponde a la Secretaría evaluar el cumplimiento de los compromisos que se asuman en los convenios o acuerdos de coordinación a que se refiere este artículo.

Los convenios o acuerdos de coordinación a que se refiere el presente artículo, sus modificaciones, así como su acuerdo de terminación, deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en la gaceta o periódico oficial de la respectiva entidad federativa.

Artículo 45 BIS. Las autoridades competentes garantizarán el otorgamiento de estímulos fiscales y retribuciones económicas, con la aplicación de los instrumentos económicos referidos en el presente ordenamiento, a los propietarios, poseedores o titulares de otros derechos sobre tierras, aguas y bosques comprendidos dentro de áreas naturales protegidas.

Artículo 109 BIS. La Secretaría, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, deberán integrar un registro de emisiones y transferencia de contaminantes al aire, agua, suelo y subsuelo, materiales y residuos de su competencia, así como de aquellas sustancias que determine la autoridad correspondiente. La información del registro se integrará con los datos y documentos contenidos en las autorizaciones, cédulas, informes, reportes, licencias, permisos y concesiones que en materia ambiental se tramiten ante la Secretaría, o autoridad competente del Gobierno del Distrito Federal, de los Estados, y en su caso, de los Municipios.

Las personas físicas y morales responsables de fuentes contaminantes están obligadas a proporcionar la información, datos y documentos necesarios para la integración del registro. La información del registro se integrará con datos desagregados por sustancia y por fuente, anexando nombre y dirección de los establecimientos sujetos a registro. La información registrada será pública y tendrá efectos declarativos. La Secretaría permitirá el acceso a dicha información en los términos de esta Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables y la difundirá de manera proactiva.

Artículo 119. ...

Tratándose de normas oficiales mexicanas que se requieran para prevenir y controlar la contaminación de las aguas en zonas y aguas marinas mexicanas, la Secretaría se coordinará con la Secretaría de Marina.

Artículo 130. La Secretaría autorizará el vertido de aguas residuales en aguas marinas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Aguas Nacionales, su Reglamento y las normas oficiales mexicanas qué al respecto expida. Cuando el origen de las descargas provenga de fuentes móviles o de plataformas fijas en el mar territorial y la zona económica exclusiva, así como de instalaciones de tierra cuya descarga sea el mar, la Secretaría se coordinará con la Secretaría de Marina para la expedición de las autorizaciones correspondientes.

ARTICULO 147 BIS. Quienes realicen actividades altamente riesgosas, en los términos del Reglamento correspondiente, deberán contar con un seguro de riesgo ambiental. Para tal fin, la Secretaría con aprobación de las Secretarías de Gobernación, de Energía, de Economía, de Salud, y del Trabajo y Previsión Social integrará un Sistema Nacional de Seguros de Riesgo Ambiental.

ARTICULO 150. ........

El Reglamento y las normas oficiales mexicanas a que se refiere el párrafo anterior, contendrán los criterios y listados que identifiquen y clasifiquen los materiales y residuos peligrosos por su grado de peligrosidad, considerando sus características y volúmenes; además, habrán de diferenciar aquellos de alta y baja peligrosidad. Corresponde a la Secretaría la regulación y el control de los materiales y residuos peligrosos.

............

Artículo 159 BIS. ...

...

...

Los Estados, los Municipios y el Distrito Federal, participarán con la Secretaría en la integración del Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales.

Artículo 161. ...

En las zonas marinas mexicanas la Secretaría, por sí o por conducto de la Secretaría de Marina, realizará los actos de inspección, vigilancia y, en su caso, de imposición de sanciones por violaciones a las disposiciones de esta Ley.

Artículo 162. .........

Dicho personal, al realizar las visitas de inspección, deberá contar con el documento oficial que los acredite o autorice a practicar la inspección o verificación, así como la orden escrita debidamente fundada y motivada, expedida por autoridad competente, en la que se precisará el lugar o zona que habrá de inspeccionarse y el objeto de la diligencia.

Artículo 163. El personal autorizado, al iniciar la inspección, se identificará debidamente con la persona con quien se entienda la diligencia, exhibiéndole, para tal efecto credencial vigente con fotografía, expedida por autoridad competente que lo acredite para realizar visitas de inspección en la materia, y le mostrará la orden respectiva, entregándole copia de la misma con firma autógrafa, requiriéndola para que en el acto designe dos testigos.

...

En los casos en que no fuera posible encontrar en el lugar de la visita persona que pudiera ser designada como testigo, el personal actuante deberá asentar esta circunstancia en el acta administrativa que al efecto se levante, sin que ello afecte la validez de la misma.

Artículo 167. Recibida el acta de inspección por la autoridad ordenadora, requerirá al interesado, cuando proceda, mediante notificación personal o por correo certificado con acuse de recibo, para que adopte de inmediato las medidas correctivas o de urgente aplicación que, en su caso, resulten necesarias para cumplir con las disposiciones jurídicas aplicables, así como con los permisos, licencias, autorizaciones o concesiones respectivas, señalando el plazo que corresponda para su cumplimiento, fundando y motivando el requerimiento. Asimismo, deberá señalarse al interesado que cuenta con un término de quince días para que exponga lo que a su derecho convenga y, en su caso, aporte las pruebas que considere procedentes en relación con la actuación de la Secretaría.

...

Artículo 168. ............

Durante el procedimiento y antes de que se dicte resolución, el interesado y la Secretaría, a petición del primero, podrán convenir la realización de las acciones de restauración o compensación de daños necesarias para la corrección de las presuntas irregularidades observadas. La instrumentación y evaluación de dicho convenio, se llevará a cabo en los términos del artículo 169 de esta Ley.

Artículo 171. ..............

I. Multa por el equivalente de veinte a cincuenta mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de imponer la sanción;

II. a V. ...

...

...

...

Artículo 173. ...

I. La gravedad de la infracción, considerando principalmente los siguientes criterios: los daños que se hubieran producido o puedan producirse en la salud pública; la generación de desequilibrios ecológicos; la afectación de recursos naturales o de la biodiversidad y, en su caso, los niveles en que se hubieran rebasado los límites establecidos en la norma oficial mexicana aplicable;

II a V. ...

...

La autoridad correspondiente, por sí o a solicitud del infractor, podrá otorgar a éste, la opción para pagar la multa o realizar inversiones equivalentes en la adquisición e instalación de equipo para evitar contaminación o en la protección, preservación o restauración del ambiente y los recursos naturales, siempre y cuando se garanticen las obligaciones del infractor, no se trate de alguno de los supuestos previstos en el artículo 170 de esta Ley, y la autoridad justifique plenamente su decisión.

Artículo 174 BIS. ...

I. Venta a través de invitación a cuando menos tres compradores, en aquellos casos en que el valor de lo decomisado no exceda de 5,000 mil veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de imponer la sanción. Si dichos invitados no comparecen el día señalado para la venta o sus precios no fueren aceptados, la autoridad podrá proceder a su venta directa.

II. a IV. ...

Artículo 182. ...

...

...

La Secretaría será coadyuvante del Ministerio Público Federal, en los términos del Código Federal de Procedimientos Penales. Lo anterior, sin perjuicio de la coadyuvancia que pueda hacer la víctima o el ofendido directo del ilícito, por sí mismo o a través de su representante legal."

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Los procedimientos y recursos administrativos que a la entrada en vigor del presente decreto se encuentren pendientes de resolución se sustanciarán conforme a las disposiciones vigentes en el momento en que se iniciaron.

TERCERO. Para la firma y entrada en vigor de cualquier convenio o acuerdo a que se refiere el artículo 11 de esta Ley, las Entidades Federativas o Municipios participantes en ellos, habrán de contar con su propio programa de ordenamiento regional, particular o marino según corresponda.

CUARTO. Los seguros de riesgo ambiental estarán sujetos a un Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para el Establecimiento de Seguros y Primas por Riesgo Ambiental. Para tal efecto, la Secretaría, habrá de publicar este marco reglamentario, a más tardar en un año después de la entrada en vigor del presente decreto.

Sala de Comisiones, México, Distrito Federal, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil uno.

Diputados: Cobo Terrazas, Diego (rúbrica), Presidente; de la Rosa Godoy, Jesús (rúbrica), secretario; Lugo Espinoza, Gustavo (rúbrica), secretario; Gutiérrez Machado, Miguel Angel (rúbrica), secretario; Garibay García, Jesús (rúbrica), secretario; Arano Montero, Francisco (rúbrica); Aureoles Conejo, Silvano (rúbrica); Bortolini Castillo, Miguel (rúbrica); Coheto Martínez, Vitálico Cándido (rúbrica); Cota Montaño, Rosa Delia (rúbrica); Díaz Medina, José Manuel; García Sepúlveda, Sergio; Garza Martínez, Rómulo (rúbrica); Gracia Guzmán, Raúl (rúbrica); Guillén Torres, José María (rúbrica); Manterola Sáinz, Pedro; Mendieta Cuapio, Albino (rúbrica); Nazar Morales, José Jacobo (rúbrica); Pallares Bueno, Juan Carlos (rúbrica); Pineda Velázquez, Héctor; Ponce Contreras, Ramón (rúbrica); Ramírez Agama, Rafael (rúbrica); Ramírez Sánchez, Rafael (rúbrica); Rodríguez López, Jaime; Sáinz Lozano, Juan Carlos (rúbrica); Sicilia Salgado, Raúl Efrén (rúbrica); Tejeda Vázquez José María (rúbrica); Torrijos Mendoza, Miguel Angel (rúbrica); Vidal Pérez, Julio César; Treviño Gutiérrez, Librado (rúbrica).
 
 
 
 

DE LA COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 7° DE LA LEY FORESTAL

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, fue turnada para su estudio y dictamen, la Iniciativa de Decreto por el que se reforma el artículo 7° de la Ley Forestal, enviada el 4 de octubre del 2001 por el Ejecutivo Federal.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, 45 en su numeral 6 incisos e), f), g) y demás relativos a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 58, 60, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a esta Comisión corresponde dictaminar la Iniciativa en comento, por lo que somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, a partir de los siguientes:

I. ANTECEDENTES

1.- Con fecha 4 de octubre del 2001, la Presidencia de la Mesa Directiva de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, recibió la Iniciativa de Decreto por el que se reforma el articulo 7° de la Ley Forestal, enviada por el Titular del Ejecutivo Federal, Lic. Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

2.- El mismo día 4 de octubre del 2001, con base en lo dispuesto en el inciso f) numeral 1 del artículo 23 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Presidencia de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados decidió turnar dicha Iniciativa de Decreto a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

3.- Para corresponder a ese mandato, esta Comisión distribuyó los datos referentes a dicha Iniciativa entre los integrantes de organismos públicos y privados, así como de la sociedad civil organizada, para fomentar su participación y recoger sus opiniones con respecto a la reforma propuesta. Al mismo tiempo, los asesores técnicos de la Comisión analizaron la Iniciativa motivo del presente dictamen, procediendo a unificar los criterios que serían incorporados a este documento, para dar cumplimiento al inciso b) del párrafo 2 del artículo 40 de la mencionada Ley Orgánica.

4.- Entre las especificaciones utilizadas para justificar esta iniciativa, se distingue la apreciación, como una tarea ineludible y urgente, el fortalecimiento del federalismo y la descentralización para lograr una mayor eficiencia de la gestión ambiental.

5.- Particularmente esta iniciativa propone adecuar el marco jurídico, procurando su integración y una clara transferencia de competencias acorde con el principio de subsidiariedad y con las capacidades de gestión ampliadas de las entidades federativas; depurar la oferta de descentralización en función de un nuevo marco jurídico, y precisar los mecanismos de transferencias; consolidar el desarrollo institucional de dichas entidades federativas; promover la suscripción de convenios o acuerdos con los gobiernos de las entidades federativas, incrementando las facultades transferidas a cada una de ellas; fortalecer la articulación entre el proceso de descentralización y la planeación del desarrollo regional sustentable, y consolidar el sistema de información, seguimiento y evaluación de los resultados del proceso.

6.- El 20 de mayo de 1997 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Forestal. El principal objetivo de esas reformas, señala: la de contribuir al desarrollo sustentable del sector forestal en México, haciendo de esa legislación un instrumento jurídico que apoye y fortalezca a este sector y sea la base para su crecimiento.

A partir de estos antecedentes y del análisis de la iniciativa, los miembros de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales que suscriben el presente dictamen, exponemos las siguientes:

II. CONSIDERACIONES

1.- Entre las consideraciones que ofrece la reforma a la Ley Forestal, destaca la siguiente: El esquema propuesto tiene la virtud de que reconoce las naturales asimetrías que existen en las entidades federativas, respecto a la capacidad para asumir nuevas atribuciones y, por ello, se consideró pertinente descartar un mecanismo rígido que transfiera facultades federales a los Estados, sin tomar en cuenta tales asimetrías. En consecuencia, surge la inminencia de establecer lineamientos puntuales y precisos acerca de los términos a negociar en los convenios o acuerdos, evitando decisiones impositivas o ventajosas para alguna de las partes; así como, los detalles relativos a los procesos o mecanismos inherentes a la dotación de infraestructura, atribuciones, financiamiento, etc. Algunas de estas precisiones podrían ser esbozadas a partir de las justificaciones que ofrece la iniciativa que propone modificaciones a la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.

2.- La Ley Forestal promulgada en 1997, conforme a un amplio proceso de consulta publica, persigue reforzar la vinculación entre la legislación ambiental y la forestal; regular las forestaciones (plantaciones forestales comerciales) para minimizar sus impactos ambientales; facilitar la participación del sector social y otorgar seguridad jurídica a quienes la realizan; fortalecer los mecanismos de autorización para el aprovechamiento de los recursos maderables y no maderables; fortalecer el capítulo de sanciones a los infractores de la ley y la normatividad forestal; propiciar el mejoramiento de la calidad de los servicios técnicos y regular y controlar la sanidad de los productos forestales de importación, para tener un mayor control fitosanitario.

3.- En cambio, la actual propuesta de modificación a la Ley Forestal, específicamente a lo dispuesto en el artículo 7°, en los párrafos dedicados a justificar la propuesta, se adolece de consignar procesos de consulta o de participación de algunos sectores involucrados en el tema. Solamente se le enmarca en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, basando su gestión ambiental en instituciones modernas que garanticen el ejercicio continuo de la democracia.

4.- La presente propuesta legislativa para reformar el artículo 7° de la Ley Forestal, hace referencia en su fracción I, a los recursos forestales no maderables. Lo que resulta precipitado, ante la carencia de un lista oficial que enumere a los reconocidos como tales por la Secretaría, por lo que debe urgirse a la misma sobre la publicación de una lista de los recursos forestales no maderables.

5.- La iniciativa en cuestión propone establecer un mecanismo claro de transición a fin de otorgar mayores atribuciones en materia de gestión ambiental a los gobiernos del Distrito Federal, de los estados y de sus municipios, por ello se añade un segundo párrafo al artículo 7°. De esta manera, se establecería la posibilidad legal de que los gobiernos de las entidades federativas asuman la ejecución de algunas facultades que actualmente corresponden a la Federación, a través de la celebración de convenios o acuerdos de coordinación.

6.- La reforma que se propone al artículo 7° de la Ley Forestal, dispone que las facultades que sean transferidas a través de acuerdos o convenios de coordinación, sean ejercidas de conformidad a lo dispuesto en la Ley Forestal y demás disposiciones federales aplicables.

Con base en lo anteriormente expuesto, los integrantes de esta Comisión han llegado a las siguientes:

III. CONCLUSIONES

Se concluye que la iniciativa referente a la Propuesta de Reforma al artículo 7° de la Ley Forestal es procedente. Siempre y cuando, se incluyan las consideraciones expresadas por el Ejecutivo, a manera de justificación, en la propuesta de Decreto para reformar las disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y de Protección al Ambiente. Entre ellas, la que señala: resulta indispensable establecer una estrategia de transferencia de atribuciones, funciones y recursos, gradual y diferencial, acorde con la situación particular de cada entidad federativa, que asegure una mayor eficacia y eficiencia en la gestión ambiental.

Como resultado de lo anterior, está Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se permite someter a la consideración del Pleno de la H. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión el siguiente:

DECRETO QUE REFORMA EL ARTICULO 7º DE LA LEY FORESTAL

ARTICULO UNICO.- Se reforma el artículo 7º de la Ley Forestal, para quedar como sigue:

Artículo 7. La Federación a través de la Secretaría y con la intervención que corresponda a sus entidades sectorizadas, podrá suscribir convenios o acuerdos de coordinación, con el objeto de que los gobiernos del Distrito Federal o de los estados, con la participación, en su caso, de sus municipios, asuman la siguientes facultades, en el ámbito de su jurisdicción territorial:

I. Recibir los avisos de aprovechamiento de recursos forestales no maderables y los de forestación;

II. Celebrar, conforme a lo previsto en la presente ley, acuerdos y convenios en materia forestal con otras instituciones públicas y personas físicas o morales de los sectores social y privado;

III. Dotar a los propietarios o legítimos poseedores de los predios con toda la información previa disponible sobre futuros acuerdos o convenios, especialmente en los casos de cambios en el uso de suelo.

IV. Formular, articular e instrumentar programas forestales, especialmente de forestación y reforestación para el rescate de las zonas erosionadas, así como de agroforestería y manejo y uso múltiple del ecosistema forestal;

V. Fomentar la educación, cultura, capacitación e investigaciones forestales, enfatizando lo referente a la conservación y reintroducción de especies nativas o adaptadas a condiciones ambientales específicas;

VI. Aplicar las medidas de fomento para la conservación, protección y restauración de los recursos forestales, para las plantaciones comerciales y de otra naturaleza, y para los aprovechamientos forestales que se realicen conforme a los términos de esta ley, o

VII. Las previstas en el artículo 5°, fracciones IV, VI, VIII, X, XII, XIII, XV, XVI y XVII de esta ley.

La celebración de dichos convenios o acuerdos de coordinación se sujetará a las bases previstas en el artículo 12 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- En un plazo no mayor de 90 días hábiles, a partir de la publicación de este decreto que reforma el artículo 7º de la Ley Forestal, la Secretaría efectuará una publicación oficial de la lista completa de los recursos forestales no maderables que hasta esa fecha, hayan sido identificados por dicha Secretaría.

Sala de Comisiones, México, DF, a los veintidós días del mes de noviembre del año 2001.

Diputados: Cobo Terrazas, Diego (rúbrica), Presidente; de la Rosa Godoy, Jesús (rúbrica), secretario; Lugo Espinoza, Gustavo, secretario; Gutiérrez Machado, Miguel Angel (rúbrica), secretario; Garibay García, Jesús (rúbrica), secretario; Arano Montero, Francisco (rúbrica); Aureoles Conejo, Silvano; Bortolini Castillo, Miguel; Coheto Martínez, Vitálico Cándido; Cota Montaño, Rosa Delia; Díaz Medina, José Manuel; García Sepúlveda, Sergio; Garza Martínez, Rómulo; Gracia Guzmán, Raúl (rúbrica); Guillén Torres, José María; Manterola Sáinz, Pedro; Mendieta Cuapio, Albino (rúbrica); Nazar Morales, José Jacobo; Pallares Bueno, Juan Carlos (rúbrica); Pineda Velázquez, Héctor (rúbrica); Ponce Contreras, Ramón; Ramírez Agama, Rafael (rúbrica); Ramírez Sánchez, Rafael (rúbrica); Rodríguez López, Jaime (rúbrica); Sáinz Lozano, Juan Carlos (rúbrica); Sicilia Salgado, Raúl Efrén; Tejeda Vázquez José María; Torrijos Mendoza, Miguel Angel (rúbrica); Treviño Gutiérrez, Librado (rúbrica); Vidal Pérez, Julio César.
 
 
 

DE LA COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 1°, SEGUNDO PARRAFO, 11, 12 Y 127, FRACCIONES I Y II, Y SE ADICIONA EL ARTICULO 60 BIS DE LA LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre, enviada por el C. Presidente de la República Vicente Fox Quesada, el día 4 de octubre del año 2001, la iniciativa de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, 45 en su numeral 6 incisos e), f), y g), y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55 fracción II, 56, 58, 60, 87 y 88 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a esta Comisión corresponde dictaminar la iniciativa en comento, por lo que somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, a partir de los siguientes:

I. ANTECEDENTES

1) En sesión celebrada el 4 de octubre del 2001, el Ejecutivo Federal presentó al Pleno de la Cámara de Diputados el Proyecto de Iniciativa de Decreto por el que se reforman los artículos 1° segundo párrafo, 11, 12 y 127 fracciones I y II, y se adiciona el artículo 60 Bis de la Ley General de Vida Silvestre.

2) La actual Ley General de Vida Silvestre fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de julio del 2000. En ella el objetivo principal es la conservación mediante la protección de la biodiversidad, a través de la exigencia de niveles óptimos de aprovechamiento sustentable. Así, se pretende mantener y promover la restauración de la biodiversidad, así como incrementar el bienestar de los habitantes del país.

3) Los fundamentos legales para conservar la vida silvestre, se encuentran en la Constitución que faculta a la Nación para regular el aprovechamiento de estos recursos a través de su conservación, en el párrafo tercero del artículo 127, que deja bajo su dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma continental y los zócalos submarinos.

La Ley de Vida Silvestre vigente establece la coordinación entre los distintos ordenes del gobierno y entre dependencias de un mismo rango. Este aspecto es fundamental ya que de la correcta atribución de facultades depende la seguridad jurídica de los gobernados. Es fundamental al considerar el principio de que los poderes públicos solo pueden actuar en virtud de atribuciones expresas.

A partir de estos antecedentes, los miembros de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales que suscriben el presente dictamen, exponemos las siguientes:

II. CONSIDERACIONES

1) Dentro del nuevo enfoque moderno de descentralización, la presente administración, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, basará su gestión ambiental en instituciones modernas que garanticen el ejercicio continuo de la democracia. Para esto se requiere de una nueva cultura de gobierno que se apoye, entre otros criterios, en el del desarrollo incluyente, sustentable, competitivo y regional, adoptando como una acción fundamental el fortalecimiento del federalismo.

2) El fortalecimiento del federalismo y la descentralización es una tarea ineludible y urgente. De ellas depende no sólo el logro de una mayor eficiencia en la gestión ambiental, sino una contribución indispensable al desarrollo democrático del país. Por ello, resulta indispensable establecer una estrategia de transferencia de atribuciones, funciones y recursos, gradual y diferenciada, acorde con la situación particular de cada entidad federativa, que asegure una mayor eficacia y eficiencia en la gestión ambiental.

3) Por otra parte, se propone reformar el párrafo segundo del artículo 11 de la Ley General de Vida Silvestre, en virtud de que, en materia forestal, el concepto de recursos no maderables, abarca productos y subproductos forestales que son frecuentemente aprovechados con fines comerciales; sin embargo, la Ley General de Vida Silvestre no prevé procedimientos a los cuales se sujete este tipo de aprovechamientos, ya que el aprovechamiento extractivo establecido en dicho ordenamiento legal, señala criterios que en esencia son aplicables a la fauna silvestre.

4) La reforma que se propone no altera el régimen de protección de la flora silvestre, pues las especies y poblaciones de recursos forestales maderables y no maderables catalogados como en riesgo, quedan sujetas a las disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre.

5) En referencia a los mamíferos marinos, ciertamente, se encuentran listados en peligro de extinción y existe el riesgo de que la cacería comercial se reabra, por lo que consideramos conveniente prohibir el aprovechamiento extractivo con fines comerciales de todos los incluidos en la lista de mamíferos marinos. Sin embargo nos parece que permitir el aprovechamiento extractivo con fines de exhibición atenta con la supervivencia de las especies, como son ballenas grises o vaquita marina, que se encuentran listadas bajo la categoría de en peligro de extinción, por lo cual no deberá permitirse ningún tipo de aprovechamiento comercial de estas especies en general, y se permite tan sólo el aprovechamiento extractivo con fines de investigación científica y educación superior

6) Por último, y en materia de esta ley, se reforman el artículo 127, relacionadas con sanciones administrativas, con el propósito de aumentar significativa mente las sanciones relativas al tráfico y posesión ilegal de fauna silvestre, así como a la liberación no autorizada de fauna silvestre, especialmente en el caso de infractores reincidentes y traficantes de especies.

Con base en lo anterior expuesto los integrantes de esta Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales han llegado a las siguientes:

III. CONCLUSIONES

Por lo Anterior, en lo general, nos parecen adecuadas las modificaciones en materia de Vida Silvestre que propone el Ejecutivo Federal y tan solo se realizan modificaciones en lo particular.

Como resultado de lo anterior, esta Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se permite someter a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión el siguiente:
 

"DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE."

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 1º, segundo párrafo, 11, 12 y 127, fracciones I y II, y se adiciona el artículo 60 Bis de la Ley General de Vida Silvestre, para quedar como sigue:

"Artículo 1º. ...

El aprovechamiento sustentable de los recursos forestales maderables y no maderables y de las especies cuyo medio de vida total sea el agua, será regulado por las leyes forestal y de pesca, respectivamente, salvo que se trate de especies o poblaciones en riesgo.

Artículo 11. La Federación, por conducto de la Secretaria, podrá suscribir convenios o acuerdos de coordinación, con el objeto de que los gobiernos del Distrito Federal o de los Estados, con la participación, en su caso, de sus Municipios, asuman las siguientes facultades, en el ámbito de su jurisdicción territorial:

I. Autorizar, registrar y supervisar técnicamente el establecimiento de Unidades de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre;

II. Atender los asuntos relativos al manejo, control y remediación de problemas asociados a ejemplares y poblaciones que se tornen perjudiciales;

III. Aplicar las medidas de sanidad relativas a la vida silvestre;

IV. Aplicar las medidas relativas al hábitat crítico y a las áreas de refugio para proteger las especies acuáticas reguladas en la presente Ley;

V. Promover y aplicar las medidas relativas al trato digno y respetuoso de la fauna silvestre;

VI. Promover el establecimiento de las condiciones para el manejo y destino de ejemplares fuera de su hábitat natural, de conformidad con los procedimientos establecidos en la presente Ley;

VII. Llevar a cabo la inspección y vigilancia del cumplimiento de esta Ley y de las normas que de ella se deriven, así como imponer las medidas de seguridad y las sanciones administrativas establecidas en la propia Ley;

VIII. Promover el establecimiento de las condiciones necesarias para el desarrollo de mercados estatales para la vida silvestre, basados en criterios de sustentabilidad, así como aplicar los instrumentos de política ambiental para estimular el logro de los objetivos de conservación y aprovechamiento sustentable de la misma;

IX. Otorgar, suspender, modificar y revocar las autorizaciones, certificaciones, registros y demás actos administrativos vinculados al aprovechamiento y liberación de ejemplares de las especies y poblaciones silvestres, al ejercicio de la caza deportiva y para la prestación de servicios de este tipo de aprovechamiento, así como para la colecta científica, de conformidad con las normas y demás disposiciones legales aplicables, o

X. Promover el desarrollo de proyectos, estudios y actividades encaminados a la educación, capacitación e investigación sobre la vida silvestre, para el desarrollo del conocimiento técnico y científico y el fomento de la utilización del conocimiento tradicional.

Dichas facultades serán ejercidas conforme a lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones federales aplicables, así como en aquellas que de las mismas deriven.

En contra de los actos que emitan los gobiernos del Distrito Federal o de los Estados y, en su caso, de sus Municipios, en ejercicio de las facultades que asuman de conformidad con este precepto respecto de los particulares, procederán los recursos y medios de defensa establecidos en el Capítulo V del Título Sexto de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Artículo 12. La celebración de los convenios o acuerdos de coordinación a que se refiere el artículo anterior, se sujetará a las bases previstas en el artículo 12 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Artículo 60 Bis. Ningún ejemplar de mamífero marino, cualquiera que sea la especie podrá ser sujeto de aprovechamiento extractivo, ya sea de subsistencia o comercial, con excepción de la captura que tenga por objeto la investigación científica y la educación superior de instituciones acreditadas.

El promovente de una autorización para la captura de mamíferos marinos a los que se refiere este artículo, deberá entregar a la autoridad correspondiente un protocolo completo que sustente su solicitud. El resto del trámite quedará sujeto a las disposiciones de la presente Ley y demás ordenamientos aplicables.

Artículo 127. .............

I. Con el equivalente de 20 a 5000 veces de salario mínimo a quien cometa las infracciones señaladas en las fracciones XII, XVII, XXI y XXIII del artículo 122 de la presente Ley, y

II. Con el equivalente de 50 a 50000 veces de salario mínimo a quien cometa las infracciones señaladas en las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVIII, XIX, XX y XXII del artículo 122 de la presente Ley.

...

...

...

ARTÍCULO TRANSITORIO

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Sala de Comisiones, México, Distrito Federal a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil uno.

Diputados: Cobo Terrazas, Diego (rúbrica), Presidente; de la Rosa Godoy, Jesús (rúbrica), secretario; Lugo Espinoza, Gustavo (rúbrica), secretario; Gutiérrez Machado, Miguel Angel (rúbrica), secretario; Garibay García, Jesús (rúbrica), secretario; Arano Montero, Francisco (rúbrica); Aureoles Conejo, Silvano (rúbrica); Bortolini Castillo, Miguel (rúbrica); Coheto Martínez, Vitálico Cándido; Cota Montaño, Rosa Delia; Díaz Medina, José Manuel; García Sepúlveda, Sergio; Garza Martínez, Rómulo (rúbrica); Gracia Guzmán, Raúl (rúbrica); Guillén Torres, José María; Manterola Sáinz, Pedro (rúbrica); Mendieta Cuapio, Albino (rúbrica); Nazar Morales, José Jacobo (rúbrica); Pallares Bueno, Juan Carlos (rúbrica); Pineda Velázquez, Héctor; Ponce Contreras, Ramón (rúbrica); Ramírez Agama, Rafael (rúbrica); Ramírez Sánchez, Rafael (rúbrica); Rodríguez López, Jaime; Sáinz Lozano, Juan Carlos (rúbrica); Sicilia Salgado, Raúl Efrén; Tejeda Vázquez José María (rúbrica); Torrijos Mendoza, Miguel Angel (rúbrica); Treviño Gutiérrez, Librado (rúbrica); Vidal Pérez, Julio César.
 
 
 
 

DE LA COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, PARA QUE A TRAVES DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA Y DE LA PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCION AL AMBIENTE, PROCEDA DE INMEDIATO CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, EN CONTRA DE LA CONTAMINACION EN LA CUENCA DEL RIO PAPALOAPAN

HONORABLE ASAMBLEA

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales fue turnada para su estudio y dictamen, el día 12 de octubre, la Proposición con Punto de Acuerdo para que se exhorte a las Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizar las diligencias correspondientes con el propósito de determinar si existe un alto grado de contaminación en la Cuenca de Río Papaloapan, la propuesta fue presentada por el Ciudadano Diputado José Soto Martínez del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 39 y los incisos e), f) y g), numeral 6 del artículo 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 58, 60, 87, 88 y 93 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente Punto de Acuerdo de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. El día 7 de noviembre de 2001 fue turnada, por la Presidencia de la Mesa Directiva, a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados una proposición con punto de acuerdo presentada por el Diputado José Soto Martínez del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para que se exhorte a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizar las diligencias correspondientes con el propósito de determinar si existe un alto grado de contaminación en la Cuenca de Río Papaloapan.

2. Desde hace tiempo las poblaciones radicadas en la Cuenca del Papaloapan, comprendida en los Estados de Veracruz y de Oaxaca, desde hace meses aprecian espuma blanca en las aguas del río Tonto, afluente del Río en mención.

3. El problema de Contaminación del afluente fue notificado a la Gerencia Regional Golfo Centro de la CNA, tanto en diciembre de 1999 como en enero del 2000, solicitando verificar sus causas. En correspondencia, funcionarios de la CNA y del H. Ayuntamiento de Tuxtepec, Oaxaca, realizaron un recorrido en enero del 2000 a la altura del Ejido Zacate Colorado, durante el cual pudo observarse una descarga en forma de espuma blanca con casi 2m. de ancho y más de 15 km. de largo, cuya procedencia fue identificada como de la Fábrica Mexicana de Papel, S.A. de C.V. Hecho que concuerda con los cinco procedimientos instaurados en su contra por la CNA, ya que dicha industria carece de un sistema de tratamiento para sus aguas residuales.

4. El 12 de octubre del 2000, el C. DIP. JOSE SOTO MARTINEZ del Partido Revolucionario Institucional, propuso un punto de acuerdo para pedir la actuación de las autoridades competentes en contra de las empresas denominadas Fábrica Mexicana de Papel S.A. de C.V. en Tres Valles, Veracruz; al igual que a las empresas PIPSAMEX y Compañía Cervecera del Trópico S.A. de C.V. domiciliada en Tuxtepec, Oaxaca, por el desequilibrio ecológico causado por daños ambientales o a los recursos naturales, contraviniendo disposiciones legales y normativas en la materia.

5. Con fecha 9 de enero del 2001, esta Comisión Legislativa envió oficio al Lic. Cristóbal Jaime Jacques Director General de la Comisión Nacional del Agua, solicitando los antecedentes del caso, así como las constancias de las actividades de inspección y verificación efectuadas en las empresas antes mencionadas. En esa fecha, también esta Comisión solicita al Lic. José Campillo García Procurador Federal de Protección al Ambiente, los resultados de las auditorías ambientales que, en su caso, hubieren practicado a las citadas empresas, los representantes autorizados por PROFEPA.

6. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente remitió el día 23 de enero del 2001, acompañados por el oficio No. PFPA./041/01, los reportes de las auditorías ambientales practicadas entre los años 1995 y 1997, a las citadas empresas. Por lo que la documentación fue omisa en lo referente a auditorías más recientes, a pesar de que esos informes reflejaron distintos tipos de irregularidades. Este hecho resulta de la mayor relevancia para el caso, dado que las denuncias presentadas por los afectados corresponden al año 2000, en razón de una problemática actual.

7. Por su parte, la Comisión Nacional del Agua remitió el oficio No. BOO.01.-0047 fechado el 1? de febrero del 2001, junto con el expediente relativo a las inspecciones y verificaciones practicadas a distintas empresas avecindadas en la Cuenca del Papaloapan. Entre los documentos ahí contenidos, se encontró lo siguiente:

• Información histórica (1991-2000) acerca de la calidad del agua de los ríos Papaloapan y Tonto, la cual muestra fluctuaciones que van del 60 al 70%, propias del rango tipificado como contaminado.

 
• Oficio de la Comisión Nacional del Agua del 1? de noviembre del 2000, donde se precisa haber detectado presuntas faltas administrativas en Fábrica Mexicana de Papel S.A. de C.V. sobre hechos y conductas violatorias al artículo 88 de la Ley de Aguas Nacionales y al artículo 135 fracción I y su Reglamento; además de incumplir lo establecido por la NOM- 001-ECOL-1996. Por tanto, se notifica el inicio del procedimiento para imposición de sanciones.

 
• Con respecto a la Fábrica de Papel Tuxtepec, S.A. de C.V. (PIPSAMEX), solamente se anexó acta fechada el 20 de julio del 2000, referente a la visita de verificación practicada, omitiendo cualquier juicio al respecto. Sin embargo, se inicia el proceso de aplicación de sanciones, actualmente en revisión.

 
• En el caso particular de la Compañía Cervecera del Trópico, únicamente se anexó copia del Título de Concesión No. 60AX10070.5/28GMGE94 que le otorga permiso para descargar aguas residuales en el río Papaloapan, sólo durante un plazo de 5 años. Esto coloca a la empresa en situación irregular, dado que la expedición de dicha concesión ocurrió el 3 de agosto de 1994. No obstante, la documentación omite constancias de las actividades de inspección y verificación realizadas a este usuario.

A partir de estos antecedentes, los miembros de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales que suscriben el presente dictamen, exponemos las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Con fundamento al numeral 3 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos que establece, en su parte conducente, las tareas de las Comisiones Ordinarias y las competencias de las mismas por correspondencia en lo general con lo establecido en la Ley Orgánica de al Administración Pública Federal, compete a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales las materias establecidas en el artículo de 38 bis de esta última ley mencionada.

2. Que con fundamento en el artículo 38 bis de la Ley Orgánica de al Administración Pública Federal establece en sus incisos I, II, V y XIV lo relativo a la protección de los recursos hídricos del país, como lo son los ríos y lagos, materia del presente documento, y por lo tanto en correspondencia es materia de la esta Comisión.

3. La Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en el inciso I del artículo 88 establece que "Corresponde al Estado y la Sociedad la protección de los ecosistemas acuáticos y del equilibrio ecológico de los elementos naturales que intervienen en el ciclo hidrológico". De igual forma la fracción II del artículo 117 de la ley en comento, establece que "Corresponde al Estado y la sociedad prevenir la contaminación de ríos, cuencas, vasos, aguas marinas y demás depósitos y corrientes de agua, incluyendo las aguas del subsuelo".

La Ley de Aguas Nacionales en la fracción VI del artículo 86 establece que la Comisión Nacional del Agua puede promover o realizar medidas necesarias para evitar que basura desechos, materiales y sustancias tóxicas y lodos productos de los trámites de aguas residuales contaminan las aguas superficiales o del subsuelo.

Por las consideraciones expuestas, los integrantes de esta Comisión nos permitimos someter a consideración del Pleno de la H. Cámara de Diputados el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente para que a través de la Comisión de Nacional del Agua y de la Procuraduría Federal Protección al Ambiente, proceda de inmediato conforme a la normatividad vigente, para:

1. Sancionar a fondo a las empresas infractoras, y dar inicio a la restauración ambiental de dicha Cuenca.

2. Fortalecer las acciones de inspección y vigilancia para garantizar el cumplimiento de la legislación aplicable; ya que, hasta ahora, aún con sanciones se sigue degradando la calidad del agua del río Papaloapan y sus afluentes.

3. Elaborar un diagnóstico detallado que permita analizar de manera integral, el estado actual de dichas aguas, a efecto de que la propia CNA determine las medidas de restauración necesarias para revertir los graves daños causados al ambiente, incluyendo a los habitantes de esa región.

4. Publicar las acciones a seguir, e informar sobre ello a esta Comisión que, a su vez, mantendrá enterado al C. Dip. José Soto Martínez.

Dado en el Salón de Comisiones, Palacio Legislativo de San Lázaro a dos de octubre de dos mil uno.

Diputados: Cobo Terrazas, Diego (rúbrica), Presidente; de la Rosa Godoy, Jesús (rúbrica), secretario; Lugo Espinoza, Gustavo (rúbrica), secretario; Gutiérrez Machado, Miguel Angel (rúbrica), secretario; Garibay García, Jesús (rúbrica), secretario; Arano Montero, Francisco (rúbrica); Aureoles Conejo, Silvano (rúbrica); Bortolini Castillo, Miguel (rúbrica); Coheto Martínez, Vitálico Cándido; Cota Montaño, Rosa Delia; Díaz Medina, José Manuel; García Sepúlveda, Sergio; Garza Martínez, Rómulo (rúbrica); Gracia Guzmán, Raúl (rúbrica); Guillén Torres, José María; Manterola Sáinz, Pedro (rúbrica); Mendieta Cuapio, Albino (rúbrica); Nazar Morales, José Jacobo (rúbrica); Pallares Bueno, Juan Carlos (rúbrica); Pineda Velázquez, Héctor; Ponce Contreras, Ramón (rúbrica); Ramírez Agama, Rafael (rúbrica); Ramírez Sánchez, Rafael (rúbrica); Rodríguez López, Jaime; Sáinz Lozano, Juan Carlos (rúbrica); Sicilia Salgado, Raúl Efrén; Tejeda Vázquez José María (rúbrica); Torrijos Mendoza, Miguel Angel (rúbrica); Treviño Gutiérrez, Librado (rúbrica); Vidal Pérez, Julio César.
 
 
 

DE LA COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, CON PUNTOS DE ACUERDO RELATIVOS A LAS IRREGULARIDADES EN EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO TURISTICO NAUTICO PUERTO CANCUN

HONORABLE ASAMBLEA

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales correspondiente a la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, fue turnada para su estudio y dictamen, la Proposición con Punto de Acuerdo relativo a las irregularidades en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental del Proyecto Turístico Náutico Puerto Cancún en el Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, presentado por el Ciudadano Diputado Diego Cobo Terrazas del Grupo Parlamentario del Partido Verde consistente en:

"Recomendar a las autoridades competentes y directamente involucradas de la Secretaría del Medio Ambiente Recursos Naturales, se revise el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental del Proyecto Turístico Náutico "Puerto Cancún", a fin de que se analicen las consideraciones ambientales para que se aplique la totalidad de la normatividad ambiental que permita la construcción de un desarrollo turístico viable y apropiado con las características ecológicas de la zona y sus ecosistemas" Esta Comisión con fundamento en el artículo 39, e incisos e), f), y g) numeral 6 del artículo 45 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 60, 87, 88 y 93 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se abocó al estudio y dictamen de la Propuesta con Punto de Acuerdo que somete a consideración de esta H. Asamblea de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. En sesión celebrada el 10 de octubre de 2000 el ciudadano diputado Diego Cobo Terrazas, a nombre de integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó al pleno de la H. Cámara de Diputados una Proposición con Punto de Acuerdo relativa a las irregularidades en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental del Proyecto Turístico Náutico Puerto Cancún.

La Presidencia de la Mesa Directiva de este H. Organo Legislativo, con fundamento en el artículo 23, fracción f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, turnó a esta Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales dicha proposición, la cual fue analizada y para la elaboración del presente documento.

2. Esta Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en sesión de trabajo celebrada el 17 de Noviembre del 2000, en cumplimiento a lo establecido por el artículo duodécimo del Acuerdo Parlamentario relativo a la Organización y Reuniones de las Comisiones y Comités de la Cámara de Diputados, procedió al análisis de la propuesta apuntada y a la determinación de investigar, ante las autoridades competentes involucradas con la autorización e inspección del Proyecto Turístico Náutico Puerto Cancún y ante los grupos organizados y sociedad civil interesada en la conservación y protección de los recursos naturales de la zona, lo relacionada al estado actual y peculiaridades del procedimiento administrativos consistente en la impugnación hecha al Proyecto mediante un recurso de revisión interpuesto el 28 de junio del 2000 por la C. Celina Izquierdo Sánchez, en calidad de miembro de la comunidad afectada con el desarrollo y ejecución del mismo.

3. De la investigación y análisis emprendidos, se pudo verificar que las condiciones de la Propuesta que con Punto de Acuerdo fue turnada a esta Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales el 10 de octubre pasado, han cambiado significativamente en virtud de que el procedimiento administrativo contencioso del recurso de revisión ha concluido con la emisión de la resolución correspondiente. Hecho sucedido el 15 de noviembre del 2000 en que la Presidencia del Instituto Nacional de Ecología, mediante la resolución definitiva al recurso de revisión No.D00.P.100.-0293, interpuesto por la C. Celina Izquierdo Sánchez, notifica el sobreseimiento del recurso en virtud de haber cesado los efectos de los actos administrativos impugnados por la recurrente, ya que durante la secuela del procedimiento se acreditó por la misma recurrente que existían causas supervenientes de impacto ambiental no previstas en las manifestaciones formuladas anteriormente por los inversionistas, por las cuales las condiciones ambientales del sitio y del Proyecto cambiarían significativamente.

Por tal razón es que el Instituto Nacional de Ecología decidió modificar el contenido de las autorizaciones ambientales ya otorgadas en 1991, 1992 y 1997 (las cuales fueron materia de impugnación en el recurso de revisión), emitiendo con ello una nueva resolución de impacto ambiental que dice considerar la totalidad de los aspectos de impacto ambiental significativo y sus medidas de mitigación.

4. Teniendo conocimiento de lo anterior, el 16 de noviembre del 2000, el Dip. Diego Cobo Terrazas, en su carácter de Presidente de esta Comisión, solicitó a la Presidencia del Instituto Nacional de Ecología, le fuera remitida una copia de la resolución del 10 de noviembre del 2000 que concluyó y resolvió la instancia administrativa contenciosa que en la especie era el recurso de revisión interpuesto.

5. En respuesta a la petición referida en el párrafo que antecede, el 23 de noviembre de 2000, fue remitida a esta Comisión, por parte de la Presidencia del Instituto Nacional de Ecología, la resolución administrativa No. D.O.O. DGOEIA.-06692 y la resolución No.D00.P.100.-0293, con las cuales se da por concluido el procedimiento administrativo y resuelto el recurso de revisión interpuesto respectivamente

Una vez recibida la resolución referida, esta Comisión se abocó a su análisis y estudio puntual a efecto de determinar su coincidencia con el marco legal aplicable y su relación con el punto de acuerdo previamente sometida a Comisión para los mismos efectos; así como también respecto de las peticiones planteadas por la ciudadana recurrente en el procedimiento administrativo contencioso.

6. Del estudio practicado a la resolución administrativa D.O.DGOEIA.-06692 se desprende lo siguiente: la adición de 25 condicionantes adicionales a las ya establecidas; el establecimiento de diversas especificaciones relativas a las obras inherentes al Campo de Golf, Marina, Hoteles del conjunto de Villas y Residencias; la modificación de 18 condicionantes; la sustracción de 6 condicionantes de las anteriores; y una zona de protección de aproximadamente 72 hectáreas, con densidad "cero" ubicada en la zona donde habitan manglares de la especie Rizophora mangle y Conocarpus erectus.

A partir de estos antecedentes, los miembros de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que suscriben el presente dictamen, exponemos las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que los miembros de la presente Comisión aportaron sus observaciones y propuestas con relación a los resultados del análisis practicados, a las resoluciones administrativas D00.P.100.-0293 y D.O.DGOEIA.-06692 respectivamente.

2. Que la recurrente en el procedimiento administrativo de revisión impugna las autorizaciones de impacto ambiental de 1991, 1992 y 1997 por considerar que fueron expedidas sin incluir medidas de mitigación adecuadas para el daño que dicho proyecto va a causar. Así mismo, hace notar en su impugnación que, para 1997, fecha en que se prorrogan las autorizaciones de 1991 y 1992, estaban vigentes disposiciones legales que debieron observarse para la renovación de las autorizaciones mencionadas. Tales cuerpos legales son: la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente con sus reformas; la Norma Oficial Mexicana NOM-059-ECOL-1994 que determina las especies y subespecies de flora y fauna silvestre, terrestre y acuática que se encuentra en peligro de extinción, amenazadas, raras o sujetas a protección especial, esta norma establece las especificaciones para su protección; y por ultimo el Programa de Ordenamiento Ecológico del Sistema Lagunar Nichupté, todas estas disposiciones legales todas aplicables al Proyecto en comento.

3. Que las disposiciones legales apuntadas, en suma, establecen restricciones y lineamientos específicos que si bien es cierto no prohiben el desarrollo y ni las actividades económicas afines al turismo, recreación o desarrollo urbano, si prescriben criterios ecológicos y una serie de cuidados especiales que deben considerarse. Tales restricciones son, entre otras: políticas de aprovechamiento que consideren la conservación y la continuidad de los hábitats en donde ocurren especies listadas en la NOM-059-ECOL-1994, como son los manglares; y medidas de mitigación impuestas mediante el procedimiento de evaluación de impacto ambiental.

4. Como se establece en el escrito relativo al recurso de revisión y durante la secuela de procedimiento mismo, las condiciones ambientales del sitio cambiaron significativamente de 1991 y 1992 (fecha en que se autorizó primeramente el proyecto) a 1997 (fecha en que se prorrogaron las autorizaciones) y más aun a 2000, fecha de inicio de actividades. Esta situación actualizó el supuesto normativo contenido en el artículo 23 del entonces reglamento vigente para la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en materia de impacto ambiental, el cual prevé la posibilidad de que la autoridad (entiéndase Instituto Nacional de Ecología en aquel momento), modifique o revoque las autorizaciones otorgadas en caso de presentarse causas supervivientes de desequilibrio ecológico.

5. Como fue acreditado por la recurrente, mediante la presentación del estudio ecológico formulado por el Dr. Francisco Flores, especialista en el manejo de humedales y ecosistemas costeros, las características ambientales del manglar de la zona del proyecto, presentan un estado de conservación optimo para la continuidad de sus procesos biológicos. Situación esta que actualiza la posibilidad de modificación del contenido de las autorizaciones de impacto ambiental otorgadas a FONATUR en 1991 y 1992 y prorrogadas en 1997, ya que al encontrarse en condiciones optimas la vegetación de sitio y, más aún, al surgir legislación ambiental ad hoc que otorga protección especial a dichas especial a dichas especies florísticas, las condiciones que propiciaron la autorización del proyecto en referencia, se deben entender como diferentes, por lo que la modificación/revocación de las autorizaciones era procedente como se actualizó en la especie.

6. El Instituto Nacional de Ecología, en la resolución definitiva al recurso de revisión número D.000.P.100.-0293 determina sobreseer el recurso de revisión interpuesto por la C. Celina Izquierdo Sánchez en virtud de que se actualizarse el supuesto normativo consistente en la falta de objeto y materia del acto que se impugnó y en la cesación de los efectos del mismo. Siendo esto así en función de la modificación que la misma autoridad acordó en torno a las autorizaciones de 1991, 1992 y 1997 (prórroga).

7. En substitución de las resoluciones antes mencionadas otorgadas a FONATUR, el propio Instituto acordó emitir una nueva que considerara, entre otras cosas, la causas supervenientes de desequilibrio ecológico y su mitigación; una superficie de conservación de las especies florísticas protegidas de mangle y otro tipo de medidas (condicionantes adicionales) sobre aspectos que en el proyecto no habían sido previstas en las autorizaciones anteriores; tales aspectos son: el campo de golf, la marina para yates, así como la infraestructura turística y urbana

8. No obstante lo anterior, el Instituto Nacional de Ecología mediante la resolución administrativa No. D.O.O.DGOEIA.-06692, que substituye a las de 1991, 1992 y 1997, y otorga la facultad a FONATUR de ejecutar, conjuntamente con los inversionistas del Grupo Athlón, S.A. de C.V., permite la realización del proyecto y condiciona su desarrollo, sin realizar una evaluación del impacto ambiental que considerara, en lo integral, la viabilidad ecológica del proyecto, partiendo del cambio de las condiciones ambientales y legales, así como las viabilidad y alcance de las nuevas medidas de mitigación adoptadas.

Lo anterior es así en virtud de que en la nueva resolución de impacto ambiental se observa que el Instituto Nacional de Ecología requiere a FONATUR la presentación de diversos estudios, proyectos ejecutivos y documentación que permita al propio Instituto evaluar el impacto ambiental significativo de las obras y trabajos pretendidos por los inversionistas (Resolutivo tercero de la autorización)

De acuerdo a la naturaleza preventiva del instrumento de política ambiental denominado "Evaluación de Impacto Ambiental", se debe pensar que la manifestación de los impactos declarada por el responsable y conocida por la autoridad con antelación a cualquier inicio de obras con la finalidad y objetivo lógico de que el instrumento de política ambiental utilizado cumpla su misión de prever, los impactos ambientales significativos adversos y proponer así en la medida de lo posible, las medidas de mitigación necesarias para atenuar el daño previsto. Situación anterior, que en caso tuvo un curso contrario ya que, como se desprende de la propia autorización, ya que Instituto Nacional de Ecología permitió desde luego el reinicio y continuación de los trabajos de preparación del sitio y desmonte de la vegetación, sin conocer los proyectos ejecutivos y estudios ecológicos adicionales que soporten la viabilidad ecológica de las obras autorizadas inherentes al campo de golf y marina para yates.

Aún más, aquella circunstancia puede representar el riesgo de no resultar favorables los estudios o la evaluación hecha por la autoridad en un momento posterior en que el desmonte de vegetación y perturbación de otras especies se haya efectuado en el sitio de las obras o actividades mencionadas hubieren resultado no favorables o inviables desde un punto de vista ambiental y del desarrollo sustentable; por así considerarlo la autoridad cuando evalúe los proyectos ejecutivos y estudios ecológicos adicionales que en su momento presente FONATUR o los inversionistas del proyecto.

9. Finalmente, hay que señalar que paralelamente al procedimiento referido consistente en el recurso de revisión, la misma C. Celina Izquierdo Sánchez interpuso en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, una denuncia popular por considerar, principalmente, que los responsables de la realización de proyecto incumplían diversas condicionantes de las impuestas en las resoluciones de 1991, 1992 y 1997.

En virtud de lo anterior, durante el procedimiento, esa Procuraduría dio por satisfechas las condicionantes de impacto ambiental que no estaban cumplidas por parte de FONATUR, lo cual refleja una deficiente verificación del cumplimiento de tales disposiciones.

10. Finalmente y en virtud de la facultad evaluatoria de esta Representación Popular contenida en el artículo 38 de la Ley orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el oficio del Titular del Ejecutivo Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación del 24 de mayo de 2000 en el cual se hace hincapié en relación de colaboración entre el ejecutivo y el H. Congreso de la Unión.

Por las consideraciones expuestas, los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales que dictamina, nos permitimos someter al Pleno de esta H. Cámara de Diputados consideración del pleno de la H. Cámara de Diputados el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se solicite al Instituto Nacional de Ecología y/o a la nueva Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales se revise a fondo la resolución administrativa No. D.O.O.DGOEIA.-06692, de fecha 10 de noviembre del 2000 a efecto de que se considere la posibilidad de suspender sus efectos en tantos se presenten los proyectos ejecutivos y demás estudios ecológicos adicionales que permitan prevenir y mitigar debidamente los impactos ambientales significativos adversos, previo a la continuidad de las actividades y de un posible daño innecesario en la zona.

SEGUNDO.- Se solicite a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales una inspección y verificación del cumplimiento de las condicionantes impuestas a FONATUR mediante la resolución administrativa No. D.O.O.DGOEIA.-06692, de fecha 10 de noviembre del 2000 a efecto de que se acredite su apego a los términos de la autorización y en caso contrario, hacer uso de las sanciones administrativas procedentes.

TERCERO.- Se establece un plazo de treinta días naturales para que el Ejecutivo Federal de cumplimiento a lo solicitado en el presente dictamen y lo informe a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Sala de la Comisiones, Palacio Legislativo de San Lázaro, México D.F. a los dos días del mes de octubre de dos mil uno.

Diputados: Cobo Terrazas, Diego (rúbrica), Presidente; de la Rosa Godoy, Jesús (rúbrica), secretario; Lugo Espinoza, Gustavo (rúbrica), secretario; Gutiérrez Machado, Miguel Angel (rúbrica), secretario; Garibay García, Jesús (rúbrica), secretario; Arano Montero, Francisco (rúbrica); Aureoles Conejo, Silvano (rúbrica); Bortolini Castillo, Miguel (rúbrica); Coheto Martínez, Vitálico Cándido; Cota Montaño, Rosa Delia; Díaz Medina, José Manuel; García Sepúlveda, Sergio; Garza Martínez, Rómulo (rúbrica); Gracia Guzmán, Raúl (rúbrica); Guillén Torres, José María; Manterola Sáinz, Pedro (rúbrica); Mendieta Cuapio, Albino (rúbrica); Nazar Morales, José Jacobo (rúbrica); Pallares Bueno, Juan Carlos (rúbrica); Pineda Velázquez, Héctor; Ponce Contreras, Ramón (rúbrica); Ramírez Agama, Rafael (rúbrica); Ramírez Sánchez, Rafael (rúbrica); Rodríguez López, Jaime; Sáinz Lozano, Juan Carlos (rúbrica); Sicilia Salgado, Raúl Efrén; Tejeda Vázquez José María (rúbrica); Torrijos Mendoza, Miguel Angel (rúbrica); Treviño Gutiérrez, Librado (rúbrica); Vidal Pérez, Julio César.
 
 

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Actas

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DE LA COMISION DE SALUD, DE SU DECIMOSEPTIMA SESION DE MESA DIRECTIVA, CELEBRADA EL MIERCOLES 24 DE OCTUBRE DE 2001

Acta de la Decimoséptima Sesión de Mesa Directiva
24 de octubre del año 2001

Siendo las once horas del día veinticuatro del mes de octubre del año dos mil uno, da inicio la sesión de Mesa Directiva de la Comisión de Salud en la sala de juntas de sus propias instalaciones ubicadas en esta H. Cámara de Diputados, bajo el siguiente orden del día:

1.- Registro de asistencia y declaración de quórum.
2.- Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.
3.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior.
4.- Análisis de los anteproyectos de dictamen.
5.- Asuntos generales.

La diputada Presidenta María Eugenia Galván Antillón da la bienvenida a la sesión a los integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión de Salud y al cuerpo técnico de la misma, procediendo a desahogar el correspondiente orden del día.

1.- Registro de asistencia y declaración de quórum.

Se da cuenta del registro de asistencia encontrándose presente la diputada Presidenta María Eugenia Galván Antillón, diputada secretaria Adela del Carmen Graniel Campos, diputado secretario Rafael Orozco Martínez, diputado secretario Héctor Esquiliano Solís, diputado secretario Eduardo Abraham Leines Barrera, secretario técnico Lic. Ricardo Avila Ballesteros, asesor jurídico Lic. Eduardo García Valencia y el asesor médico Dr. Horacio García Romero.

La diputada Presidenta María Eugenia Galván Antillón declara quórum legal en virtud de que se encuentran todos los miembros de la Mesa Directiva.

2.- Lectura y, en su caso, aprobación del orden día.

Como siguiente punto del orden del día, la diputada Presidenta María Eugenia Galván Antillón somete a consideración la aprobación del orden del día correspondiente para el desarrollo de la sesión.

Aprobado.

3.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior.

En virtud de que el acta correspondiente a la decimosexta sesión de Mesa Directiva, de fecha 19 de septiembre del 2001 fue enviada el pasado 18 de octubre, a cada uno de sus integrantes para su conocimiento, revisión y en su caso aprobación, se solicita la dispensa de la lectura correspondiente.

Aprobado.

4.- Análisis de los anteproyectos de dictamen.

Se somete a consideración de los diputados integrantes de la Mesa Directiva dos anteproyectos de dictamen que a continuación se detallan:

Tercera subcomisión

"Asistencia médica".

Expediente 21.

Salud del adulto mayor.

Iniciativa que adiciona la fracción XI del artículo 27 y el capítulo VIII, salud del adulto mayor, al título tercero de la Ley General de Salud. Subcomisión Especial

"De Análisis al Presupuesto del Sector Salud".

Expediente 19.

Déficit presupuestal de recursos humanos.

Proposición con punto de acuerdo para que la Comisión de Salud convoque a servidores públicos de la SSA, del IMSS, del ISSSTE y de los servicios de salud de los gobiernos de diversos estados de la República Mexicana, a efecto de analizar la dimensión y los factores que están originando el déficit presupuestal de recursos humanos, cubrir los faltantes que se determinen y se incluyan en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del 2002. En relación a la iniciativa que adiciona la fracción XI del artículo 27 y el capítulo VIII salud del adulto mayor, al título tercero de la Ley General de Salud, la Dip. María Eugenia Galván Antillón manifestó que es necesario conocer la opinión de las autoridades que aplicarían en su momento esta disposición, así como también conocer los programas relacionados con el INSEN; recomendó que la subcomisión a la que corresponda su estudio analice ampliamente los aspectos jurídicos en el caso de ser aprobada esta iniciativa en la Ley General de Salud.

Por su parte los asesores de la Comisión manifestaron que acudieron a las oficinas del INSEN y se percataron que en estricto sentido dicho Instituto no está operando, a lo que la diputada presidenta interrogó cual era el departamento encargado de aplicar lo relativo al presente asunto, informándole los asesores que es el Instituto Nacional de Adultos en Plenitud.

Por su parte los diputados Rafael Orozco y Abraham Leines manifestaron que en relación a la propuesta del artículo 77-A que la geriatría no es una especialidad y que por consiguiente no se debe de tomar en cuenta de su existencia en los tres niveles de atención, el diputado Rafael Orozco argumento que los médicos internistas no necesariamente deben ser médicos geriatras.

El Dip. Abraham Leines argumentó que en ciertos municipios de su estado es difícil que haya un pediatra así como de la existencia de varias especialidades, por lo que recomienda hacer alguna aclaración a la subcomisión encargada del análisis de esta iniciativa, para hacer las consideraciones pertinentes al respecto, ya que inclusive hospitales a veces ni tienen médicos generales.

El Dip. Rafael Orozco dijo que el médico internista atiende a quien sea y que el geriatra de hecho es un médico, y en relación a la iniciativa propuesta considera que es necesario hacer una valoración de la misma, con el objeto de ver si es aplicable.

La Dip. María Eugenia Galván manifestó que el trato al anciano es un aspecto cultural, por ejemplo en Estados Unidos los ancianos son mandados a una casa de retiro y cuestionó cómo las autoridades afrontarán la transición demográfica.

El asesor médico, Dr. Horacio García expresó que en el área del médico internista si se trata bien al paciente porqué sí se conoce de sus problemas, pero si es necesario la formación de geriatras, ya que sólo existen 16.

El Dip. Abraham Leines consideró que en los hospitales de tercer nivel si es necesario contar con geriatras y que sería objeto de análisis si también en los de segundo nivel.

El Dip. Rafael Orozco dijo que en las escuelas de medicina no se imparte la materia de geriatría, por lo que considera que es necesario ir preparando al personal en los hospitales en esta área.

Como siguiente anteproyecto a tratar el relativo a la proposición con punto de acuerdo para que la Comisión de Salud convoque a servidores públicos de la SSA, del IMSS, del ISSSTE y de los servicios de salud de los gobiernos de diversos estados de la República Mexicana, a efecto de analizar la dimensión y los factores que están originando el déficit presupuestal de recursos humanos, cubrir los faltantes que se determinen y se incluyan en el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal del 2002 los diputados miembros de la Mesa Directiva manifestaron:

El Dip. Abraham Leines, comentó que está realizando un estudio más profundo sobre los recursos de las entidades federativas y que en su momento las hará del conocimiento ante el pleno de la Comisión, sugiere también conocer los criterios de la Secretaría de Salud en relación a cuánto se debe de gastar por persona en salud.

Por su parte la diputada Presidenta comentó que siempre va a ver déficit de personal y que el gasto de la nómina debe estar muy bien estudiado.

El Dip. Rafael Orozco sugirió mandar una solicitud a cada estado en relación al presupuesto y en relación al punto de acuerdo dijo que es un llamado a esta Comisión por la iniquidad de los recursos por los hospitales y clínicas que están parados.

El Dr. Horacio García expresó que existe iniquidad en los diferentes Estados en relación a los hospitales y camas ya que la mayor parte está por debajo del promedio, y en relación a la propuesta que se analiza, sólo se menciona lo relativo al equilibrio del personal.

No habiendo más comentarios en relación a los anteproyectos propuestos los diputados integrantes de la Mesa Directiva acordaron el envío de los mismos a sus respectivas subcomisiones.

Aprobado.

Como último asunto a tratar del orden del día es el correspondiente a:

5.- Asuntos generales.

Se somete a la consideración de la Mesa Directiva la denuncia que le fue presentada al Dip. Policarpo Infante Fierro por productores agrícolas del estado de Sinaloa en el que se solicita se realice un análisis de laboratorio a muestras de grano de maíz, trigo y soya, que al parecer se encuentran contaminados. En relación a este asunto los diputados de la Mesa Directiva manifestaron que para formalizar esta denuncia se requiere de la certificación de un notario, para que acuda al lugar y se obtenga muestra de los referidos productos y en su momento se lleven a cabo los análisis correspondientes de los mismos, actos que generan costos y que los mismos se tendría que determinar a quien le corresponden.

En relación a la iniciativa de psicotrópicos del Dip. Juan Alcocer Flores se acordó que se agendaría para la última semana de noviembre. El Dr. Horacio García comentó que hace falta tener un mejor control en psicotrópicos en las farmacias que venden psicotrópicos.

La Dip. Adela del Carmen Graniel consideró que es necesario contar con una opinión técnica sobre psicotrópicos.

Los diputados de la Mesa Directiva comentaron que la clasificación de los psicotrópicos, en la Ley General de Salud no está actualizada.

Se informó también del foro realizado por la Comisión de Salud: "Implicaciones médicas y jurídicas de la reproducción asistida", que se llevo a cabo el día 10 de octubre a las 10:00 horas en el salón Legisladores de la República (salón Verde), ubicado en el edificio A, segundo nivel.

También se informó de los gastos de foros y de la segunda solicitud del presupuesto para la Comisión.

Se comunicó de la actualización del cuadro que contiene los asuntos turnados a la Comisión también de sus nuevos integrantes:

Sale: Dip. Jorge Alberto Rodríguez Pasos (PT); entra: Dip. Víctor García Dávila (PT).

Sale: Dip. Juan Ramón Díaz Pimentel (PRI); entra: Dip. Celia Martínez Bárcenas (PRI).

Como siguiente punto, los diputados integrantes de la Mesa Directiva expresaron las sugerencias para la realización del plan de trabajo para el segundo año de ejercicio de esta LVIII Legislatura.

Por último se hizo de su conocimiento el informe del viaje al Reino Unido del 23 al 27 de julio del 2001. Documento dirigido al Dip. Felipe Calderón Hinojosa, Presidente de la Junta de Coordinación Política de esta H. Cámara, mediante el cual se da cumplimiento al Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para la autorización de viajes internacionales de los integrantes de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados.

No habiendo más asuntos que tratar, la diputada Presidenta agradece la participación y asistencia de los diputados y del cuerpo técnico de la Comisión, y declara concluida la sesión de la Mesa Directiva siendo las trece horas con quince minutos del día veinticuatro del mes de octubre del año dos mil uno.

Diputados: Lic. Ma. Eugenia Galván Antillón (rúbrica), Presidenta; Dr. Rafael Orozco Martínez (rúbrica), secretario; Dr. Héctor Esquiliano Solís (rúbrica), secretario; Dr. Eduardo A. Leines Barrera (rúbrica), secretario; QFB Adela del C. Graniel Campos (rúbrica), secretaria.
 
 
 
 

DE LA COMISION DE SALUD, DE SU DECIMOCUARTA SESION PLENARIA, REALIZADA EL MIERCOLES 7 DE NOVIEMBRE DE 2001

Acta Decimocuarta Sesión Plenaria
7 de noviembre del 2001

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las catorce horas del día miércoles siete de noviembre del año dos mil uno, acuden a la decimocuarta sesión ordinaria en el salón "E" del restaurante Los Cristales del Palacio Legislativo de San Lázaro los miembros de la Comisión de Salud de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, de conformidad con la convocatoria publicada en la Gaceta Parlamentaria durante los días 5 y 6 del mes de noviembre del año en curso, para el desahogo del siguiente orden del día:

1. Registro de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.
3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior.
4. Intervención del Dr. Mauro Loyo Varela, secretario de Salud del estado de Veracruz.
5. Información y, en su caso aprobación de los asuntos en proceso de dictamen.
6. Asuntos generales.

Acto seguido la diputada Presidenta de la Comisión de Salud, Lic. María Eugenia Galván Antillón, da la bienvenida a los diputados presentes, solicitando el inicio de la sesión. Aprobado.

1.- Registro de Asistencia y declaración del quórum.

Se realiza el registro de asistencia, encontrándose presentes los diputados: Dr. Rafael Orozco Martínez (PAN); Dr. Juan Alcocer Flores (PAN); Dr. Neftalí Salvador Escobedo Zoletto (PAN); Dr. Héctor Esquiliano Solís (PRI); Lic. Policarpo Infante Fierro (PRI); Dr. Eduardo Abraham Leines Barrera (PRI); Dr. Arturo León Lerma (PRI); Dr. Manuel Wistano Orozco Garza (PAN); Prof. Enrique Meléndez Pérez (PRI); Dr. Juvenal Vidrio Rodríguez (PAN). QFB Adela del Carmen Graniel Campos (PRD); Ing. Federico Granja Ricalde (PRI); Lic. Felipe Olvera Nieto (PAN); Dr. Pedro Miguel Rosaldo Salazar (PRD); CD DR Francisco J. Cantú Torres (PAN); Dr. Francisco S. López Brito (PAN); Dr. Carlos A. Valenzuela Cabrales (PAN), periodista Víctor Antonio García Dávila (PT); Dr. Luis Miguel Santibáñez García (PAN); Enf. Celia Martínez Bárcenas (Independiente).

En virtud de que se encuentran presentes veintiún diputados de un total de treinta, se declara que existe quórum de ley, por lo tanto, se continúa con el desahogo del orden del día.

2.- Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.

La diputada Presidenta, Lic. María Eugenia Galván Antillón, solicita la dispensa de la lectura y aprobación del orden del día toda vez que fue enviado oportunamente por lo que somete a consideración del pleno.

Aprobado.

3.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior.

La diputada Presidenta, Lic. María Eugenia Galván Antillón, informa que el acta de la sesión anterior, correspondiente al mes de septiembre del presente año, fue enviada con la debida anticipación a cada uno de los diputados miembros de la Comisión para su correspondiente revisión, por lo que somete a consideración del pleno omitir la lectura del acta y solicita su aprobación.

Aprobado.

La diputada Presidenta María Eugenia Galván Antillón presenta y da la bienvenida a los dos nuevos integrantes de la Comisión, la diputada Celia Martínez Bárcenas, diputada independiente en lugar del diputado Juan Ramón Díaz Pimentel, del Partido Revolucionario Institucional y también al diputado Víctor Antonio García Dávila en lugar del diputado Jorge Alberto Rodríguez Pasos, del Partido del Trabajo.

4.- Intervención del Dr. Mauro Loyo Varela, secretario de Salud del estado de Veracruz.

Después de escuchar la bienvenida ofrecida por los diputados de la Comisión de Salud el Dr. Mauro Loyo inicia su exposición, de la cual destaca entre otros comentarios los siguientes:

Presenta la problemática que tienen varios estados en cuestión salud y enfoca su exposición en la creación de plazas para personal médico.

Menciona que desde hace tres años no se crean plazas en ninguno de los estados, cree que se crearon algunas en Oaxaca ocasionalmente por algún conflicto laboral que hubo. Las plazas que se dieron en los estados fueron las plazas del Programa de Ampliación de Cobertura, PAC, que en Veracruz fueron 941, porque es el estado que tiene más municipios PAC y Progresa.

Veracruz era un estado petrolero en el cual se han cerrado una gran cantidad de fuentes de trabajo, 30 mil gentes tenían derecho a servicios de salud de Pemex, ahora esas 30 mil gentes tiene que atenderlas la Secretaría de Salud, es decir, la población abierta se incrementó. Veracruz tiene una de las poblaciones abiertas más grandes del país, cuatro millones de gente que no cubre el Seguro Social, ISSSTE, Pemex o Fuerzas Armadas. Entonces se tiene que atender aproximadamente alrededor de cuatro millones de personas.

Se ha insistido ante la Federación, pero la Secretaría de Hacienda se niega totalmente a crear plazas, la Federación les ha dado una salida, diciendo que las creen a través del gasto corriente, pero eso crea problemas en todos los estados; porque si se hace por contrato, a los tres meses son trabajadores con los que se adquirieren responsabilidad con la Secretaría del Trabajo.

El presupuesto del estado de Veracruz a partir del año pasado era de 120 millones y fue de 850 millones con apoyo del gobierno del estado, este año va a andar alrededor de los mil millones, con lo cual se ha hecho una gran infraestructura en Salud, pero sigue el problema de las plazas porque éstas están centralizadas. No se ha hecho la descentralización en el capítulo 1000 o 1200 que es el de nóminas, lo sigue manejando directamente la Federación.

La problemática que el Dr. Mauro Loyo observa es la siguiente: en el año 2001 no se autorizaron plazas, para el año 2002 se solicitan más plazas pero sospecha que tampoco serán autorizadas. La Federación anuncia la entrega de recursos para gasto de operación y deja a los estados la responsabilidad de contratos o creación de plazas, lo cual va a crear una desigualdad en la clase médica o paramédica que en unos meses o en unos años va a terminar en un conflicto médico.

Sin la aprobación de nuevas plazas los problemas que proyecta son: la inseguridad laboral de los trabajadores, las protestas sindicales que pueden desencadenar en toma de instalaciones, la imposibilidad en la definición de una plantilla en un hospital que es tan importante; el impacto negativo en el funcionamiento de hospitales y deterioro de la calidad del servicio. Crear sólo contratos o plazas estatales significa un cargo en el erario estatal de todas las prestaciones hasta la jubilación y la homologación de sueldos en el sector salud.

Por lo anteriormente expuesto solicita: Que la Secretaría de Hacienda ayude, autorice y abra plazas como el año pasado abrió plazas para educación. Solicita 1,292 plazas indispensables para la infraestructura del sector salud en Veracruz lo cual tendría un costo para Hacienda de 187 millones 483 mil pesos del capítulo 1000, éstas se dividirían en 399 médicas, 627 paramédicas que son enfermeras, 266 administrativas, las gentes de rayos X, en fin todas las gentes que tienen que apoyar el servicio hospitalario. Esto no se puede pedir a la Secretaría de Salud porque sólo la Secretaría de Hacienda libera plazas pero desde hace tres años no libera ninguna sino que las quiere mandar al gasto corriente de cada estado.

El secretario de Salud, el Dr. Julio Frenk está consciente de estas necesidades; su lucha con Hacienda es interminable, por eso los representantes de las 31 entidades federativas lo respaldan en su empeño por aumentar el presupuesto y el aumento de plazas.

Posteriormente inicia una ronda de preguntas y respuestas por parte de los diputados integrantes de la Comisión a lo que el Dip. Federico Granja Ricalde expresa su preocupación de lo señalado por el doctor cuando habla de las plazas y de descentralización, él ve que lo que hace falta es dinero, pero no dinero en Veracruz, sino dinero en todo México. También manifiesta que hay Organizaciones Sindicales de respeto, como puede ser el sindicato de una organización nacional; por eso manifiesta su apoyo diciendo: "vamos a pedir plazas". Porque si Hacienda da las plazas, el año que viene el recurso es automático, por el contrario si sólo se da dinero el año que viene se lo pueden quitar. También comenta que éste es un problema verdaderamente serio, que hay que luchar conjuntamente con los estados y con todos los secretarios de Salud para resolverlo, pero todos unidos.

El Dr. Mauro Loyo agradece el comentario del diputado y señala que el estado de Veracruz tuvo que invertirle casi mil 500 millones, los cuales de principio salieron con un déficit de más de 1,500 plazas. Está de acuerdo con el diputado Federico Granja y recalca que su petición es la misma, que Hacienda equipare en plazas, que manden hacer un estudio internacional y que se demuestre la falta de ellas.

El Dip. Manuel Wistano Orozco Garza comenta que si los diputados le piden a Hacienda dinero, Hacienda también está pidiendo mayores ingresos por lo tanto es necesario cerrar el círculo del cual los diputados son responsables; tanto en el Presupuesto de Ingresos como a la hora del Presupuesto de Egresos para ver en qué se usa ese dinero.

Al comentario del diputado Manuel Wistano, el Dr. Mauro Loyo comenta que él asiste a esta reunión para que escucharan al área operativa porque la descentralización conlleva a que la Secretaría de Salud Federal se vuelva normativa; pero la operación, los que cargan con la responsabilidad, los problemas y los sindicatos, son los estados; tan sólo en Veracruz se tienen doce sindicatos.

El Dip. Arturo León Lerma expresa que la exposición por parte del doctor Mauro Loyo ha sido muy clara; coincide en que el problema de México es la falta de dinero, si se va a una reunión de la Sagarpa, del campo, el problema es dinero; la comercialización de los granos y de todos los productos es dinero; de igual forma expresa que el Presupuesto va a ser menos de la mitad de lo que dieron el año pasado para comercialización de granos, caña y café.

También menciona que la obligación de los diputados es hacer las cosas bien, por que él ve que Hacienda no va a autorizar nada, porque el presupuesto que va a llegar el próximo viernes va a llegar todo disminuido.

El Dr. Mauro Loyo manifiesta que el problema de las plazas es una solución de fondos y por eso podría haber tratado muchos temas, sin embargo trató éste porque en él está la solución de fondo iniciada por una mala descentralización. Cree que son tan importantes las plazas para el sector educación como para el sector salud, por eso su petición a la Comisión de Salud para lograr el consenso de las fracciones y apoyar su solicitud.

El Dip. Carlos Alberto Valenzuela Cabrales hace un comentario respecto al presupuesto diciendo que el Presupuesto de Egresos siempre se basa en una Ley de Ingresos, o sea hay que sustentar el dinero que se va a gastar con los ingresos del país. Piensa que ésta es la razón por la cual el Presupuesto de Egresos probablemente venga disminuido como lo manifestó el doctor.

El Dip. Eduardo Abraham Leines Barrera finaliza esta participación, agradeciendo a todos los diputados por escuchar al secretario de Salud Veracruzano, su interés obvio por su estado, pero también por todas las entidades federativas; comenta que se tiene un estudio de análisis estadístico para que haya una equidad en la repartición de los recursos en todas las entidades, una vez expresado lo anterior se da paso al siguiente punto del orden del día.

5. Información y, en su caso, aprobación de los asuntos en proceso de dictamen.

Expediente 15.

Derechos de los enfermos de VIH/sida.

Punto de acuerdo por el que propone la no discriminación a los enfermos de sida. El Dip. Juan Alcocer Flores menciona que este anteproyecto de dictamen ya se había presentado en dos ocasiones. Esta es la tercera en que se presenta ya con las observaciones que se hicieron en las sesiones plenarias de esta Comisión. Por lo que solamente se refiere a la lectura del punto de acuerdo y a los resolutivos.

Menciona que la pandemia del sida si no se le da el cuidado necesario va a crecer de tal manera que posiblemente en 10 años se vaya a llevar los recursos completos del Ramo de Salud. Por esa razón, cree que es muy importante darle especial atención.

La diputada Presidenta expresa que es un punto de acuerdo que no reviste ninguna complejidad en el sentido de que es pedir el informe a la Secretaría de Salud sobre el estado que guarda la epidemia del sida y la posición de México para dar cumplimiento al Acuerdo Internacional celebrado en las Naciones Unidas en el mes de junio, próximo pasado. Por tal motivo somete a votación la propuesta.

Aprobado.

Expediente 21.

Salud del adulto mayor.

Iniciativa que adiciona la fracción XI del artículo 27 y el capítulo VIII, salud del adulto mayor, al título tercero de la Ley General de Salud. El Dip. Juan Alcocer Flores inicia la lectura de los resolutivos, manifestando que los diputados de las Comisiones Unidas consideraron necesario añadir una fracción al artículo III del capítulo único del título primero de la Ley General de Salud, para incluir la salud del adulto mayor entre los rubros materia de Salubridad General.

El Dip. Juan Alcocer indica que la iniciativa lo que plantea es darle al adulto mayor una atención tan especializada como se le da por ejemplo al niño con los servicios de pediatría o a las mujeres con el servicio de ginecología y obstetricia. Es decir que haya geriatras, que la atención médica hacia los ancianos sea especializada, que tengan una tarjeta de control los adultos mayores, que existan mayores servicios de geriatría, no de primer nivel sino de tercero, porque lamentablemente no hay el número de geriatras que se quisieran en el país y aunque se tuvieran los recursos, no se tiene el recurso humano, aunque estuvieran los recursos económicos.

La diputada María Eugenia Galván Antillón da lectura y pone a consideración el dictamen de proyecto que adiciona la fracción IX al artículo 27 en relación al adulto mayor, las modificaciones al artículo 77 a, b, c, d, e y f, y las adiciones del artículo tercero de la Ley General de Salud, en la fracción IX, para añadir la salud del adulto mayor; finalmente pregunta al pleno quienes estén a favor de aprobar en estos términos, favor de manifestarlo.

Aprobado.

Pasando a la Segunda Subcomisión presidida por el Dip. Manuel Wistano Orozco Garza expone los siguientes anteproyectos:

Expediente 11.

Elevar la calidad de la nutrición láctea de los mexicanos.

Proposición con punto de acuerdo para que las comisiones de Salud, Comercio, y de Agricultura y Ganadería estudien la legislación vigente y las iniciativas en comisiones para garantizar que la leche cumpla su papel de mejorar la nutrición de los mexicanos. El Dip. Manuel Wistano explica que este dictamen apenas lo recibió por lo cual todavía no se ha estudiado. Entonces queda pendiente para la próxima sesión.

Expediente 2.

Contaminación Peñoles.

Punto de acuerdo para que las Comisiones de Salud y Medio Ambiente y Recursos Naturales requieran al procurador federal de Protección al Ambiente y al secretario de Salud para que informen sobre el problema de la contaminación que esta generando la empresa Metmex Peñoles en la población de Torreón Coahuila. El Dip. Manuel Wistano hace la aclaración que este punto de acuerdo ya fue discutido en la Comisión y aprobado, pero como es de Comisiones Unidas con Salud y Medio Ambiente en la sesión pasada la Secretaría Técnica de la Comisión de Medio Ambiente, le regresó al secretario técnico de Salud un dictamen totalmente diferente al que se había presentado en primera instancia. Era un dictamen de tres páginas muy difícil de llevar a cabo, entonces como varios diputados se manifestaron en contra de ese dictamen, se volvió a hablar con la Comisión de Medio Ambiente y ya salió un resolutivo mismo que da lectura.

El Dip. Juan Alcocer Flores insiste en cambiar una palabra del 5º párrafo el cual dice que: "Las autoridades correspondientes, así como la empresa responsable proporcionen los recursos necesarios para resarcir los daños, tanto a la salud de los ciudadanos como al medio ambiente". Porque si se habla de la salud, se debe especificar a la de quién. Nada más es una observación sobre la sintaxis.

El Dip. Pedro Miguel Rosaldo Salazar estuvo en Torreón y confirma que ya llegó el resolutivo que había quedado pendiente del Dr. Velasco, del control de Atlanta Georgia, donde dice que el suelo y los niños están contaminados. Ellos propusieron dos soluciones: una la fitotecnología que es muy lenta y la otra reubicar la planta. No quitarla de allí porque es una fuente de empleo. Ese fue el encargo que le hicieron.

También manifiesta que el problema es muy serio porque el estudio de Atlanta dice que continúan los síntomas el mismo Dip. Rosaldo se entrevistó con varios cardiólogos, un cardiólogo internista y otros especialistas de Torreón que son compañeros suyos del Instituto de Cardiología los cuales dijeron que la contaminación es bastante seria.

El Dip. Juvenal Vidrio Rodríguez hace un comentario sobre el artículo 5º. del resolutivo, dice: "5º.- Que a las autoridades correspondientes así como a las empresas responsables proporcionen los recursos necesarios para resarcir los daños". También expresa que le parece que no se tienen las facultades para obligar ni para imponer días para que se ejecute esto.

El Dip. Manuel Wistano Orozco Garza está de acuerdo con las observaciones de sus antecesores por eso los exhorta a que a pesar de las deficiencias se vote a favor porque se tendría aquí a los secretarios y de algo servirá para esas gentes, es una manera de seguir empujando y ayudando.

La Dip. Enf. Celia Martínez Bárcenas solamente para referirse a dos letras del artículo 3º: "Se solicita a los funcionarios antes citados, informen acerca de los daños a la salud, y en lugar de "a", debe ser "y" al medio ambiente que se han provocado". En el artículo 5º dice que las autoridades correspondientes, así como la empresa responsable. Tendrá que decir: "las empresas responsables", o tendrá que decir: "la empresa responsable", quitarle la "s". O se pluraliza o se singulariza.

La Dip. María Eugenia Galván Antillón pregunta al pleno quienes estén por la afirmativa, de aprobarlo en los términos que se expresa, con las correcciones gramáticas que se han manifestado, favor de manifestarlo.

Aprobado.

Expediente 8-a.

Productos Zilmax.

Punto de Acuerdo por el que se manifiestan en apoyo al acuerdo del Congreso del estado de Colima para solicitar la suspensión temporal de la sustancia conocida como Zilmax, utilizada como aditivo para aumentar los volúmenes de la producción de carne. El Dip. Manuel Wistano Orozco Garza manifiesta que este expediente apenas se va a discutir en la Comisión, el segundo punto ya se había discutido y el tercer punto ya se había votado; la posición con respecto a esta sustancia para uso de bovinos que en materia de salud se había decidido, no se había encontrado, inclusive al Instituto Nacional de Nutrición se le pidió que hiciera un estudio y en sus resultados afirma que no hay daño que se pueda comprobar para la salud y que podría consumir la carne de los animales que consumieron este producto.

El estado de Jalisco se adhiere al exhorto que hacía el estado de Colima sin modificación alguna, simplemente se adhiere pero la presenta en otro tiempo. Entonces ya se tomó una decisión exactamente sobre lo mismo y simplemente el estado de Jalisco en otra fecha llega y se adhiere a lo que pide Colima.

El Dip. Pedro Miguel Rosaldo Salazar menciona que estos productos son derivados del fembuterol, es el famoso berotex, son betabloqueadores y son relajantes bronquiales. No sabe por qué han exagerado tanto con ello. Como no es hormonal es más peligroso y pasa el tip para los que tengan niñas, no les den de comer el aceite de algodón con que engordan a los pollos, no al huevo, a los pollos, porque ese aceite de algodón tiene estrógenos y esos sí producen pubertad precoz.

La Presidenta María Eugenia Galván somete a votación este punto de acuerdo, este resolutivo en los términos que ya se discutió; pregunta quienes estén a favor por aprobarlo, favor de manifestarlo.

Aprobado.

Expediente 19.

Déficit Presupuestal de Recursos Humanos.

Proposición con Punto de Acuerdo para que la Comisión de Salud convoque a servidores públicos de la SSA, IMSS, ISSSTE y de los Servicios de Salud de los gobiernos de diversos estados de la República Mexicana a efecto de analizar la dimensión y los factores que están originando el déficit presupuestal de recursos humanos, cubrir los faltantes que se determinen y se incluyan en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del 2002. El Dip. Eduardo Abraham Leines Barrera comenta que la diputada Araceli lo presentó en el pleno pero como un grupo técnico está analizando esa repartición con equidad de los dineros, lo va a comentar con el Dip. Samuel Aguilar para trabajarlo en conjunto por lo que queda pendiente.

Expediente 23.

Laboratorios Farmacéuticos Transnacionales.

Proposición con punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados se pronuncie a fin de que se amplíe el plazo establecido en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El Dip. Pedro Miguel Rosaldo Salazar lee el resolutivo primero: "De conformidad a lo que dispone la fracción segunda del artículo 77 constitucional, túrnese el punto de acuerdo a la Cámara de Senadores, como colegisladora, a efecto que resuelva sobre la ampliación del plazo hasta el año 2008 para que los laboratorios farmacéuticos transnacionales inicien ventas al sector público mexicano, lo cual fue establecido en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte" a lo que el diputado Rosaldo aclara que la Dip. María de las Nieves no quiere ponerle un plazo porque éste no se sustenta.

La Dip. Enf. Celia Martínez Bárcenas menciona que la Dip. María de las Nieves le pidió que hiciera el siguiente comentario: "que se aumente el plazo que estaba marcado a marzo del 2002, pero solamente que se aumente, pero que no quede hasta el 2008".

La Presidenta María Eugenia Galván pregunta al pleno quienes estén porque el resolutivo primero se elimine el plazo de hasta el año 2008 y nada más quede: "?se resuelva sobre la ampliación del plazo para que los laboratorios farmacéuticos transnacionales inicien ventas al sector mexicano, lo cual fuera establecido en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte", favor de manifestarlo. Aprobado.

6. Asuntos generales.

Como primer punto de asuntos generales se presenta el informe anual de trabajo explicado por el licenciado Ricardo Ávila Ballesteros Secretario Técnico de la Comisión el cual menciona entre otras cosas que: este es un trabajo con el objeto de hacer del conocimiento de todos los diputados integrantes de la Comisión, un informe de septiembre del 2000 a octubre del 2001, con datos generales sobre las iniciativas, puntos de acuerdo y excitativas que se tienen tanto de rezago legislativo como de la LVIII Legislatura.

Al explicar las gráficas expresa que de la LVII Legislatura se han recibido 19 asuntos, actualmente dictaminados son 14 y quedan pendientes 5. En la LVIII Legislatura se han recibido 31 asuntos, 21 de los cuales ya están dictaminados y quedan pendientes 10. Esto incluye tanto iniciativas como puntos de acuerdo y excitativas.

El Dip. Manuel Wistano Orozco Garza avisa a los diputados de dos invitaciones para agendar en próximas fechas, la primera con los responsables del etiquetado en México y la segunda relacionada con la Fundación de Investigaciones Sociales para entrevistarse con representantes de la industria del alcohol.

El Dip. Juan Alcocer Flores quiere que se tome un acuerdo para el reacomodo de la distribución de los diputados en subcomisiones, dado que muchos están adscritos a 3 subcomisiones o a las tres que existen. Aclara que la iniciativa de ley en materia de psicotrópicos que presentó durante el mes de septiembre, todavía no ha sido agendada en el pleno.

Habló a la Comisión de Salud y el personal administrativo le indicó que se agendaba hasta que fuera del conocimiento de la Mesa Directiva y el explicaba: "que es del conocimiento de la Mesa Directiva porque la Mesa Directiva asistió completa a la sesión plenaria donde se votó la iniciativa". Por tanto es del pleno conocimiento de la Mesa Directiva por ese motivo menciona que se está violentando un derecho como diputado, al no presentar esta iniciativa ya aprobada en esta Comisión, al pleno, lo cual ocasiona un retraso de prácticamente dos meses, desde su aprobación en la comisión plenaria, hasta la agenda.

No sabe cómo se vaya a agendar, teniendo en cuenta que esta iniciativa la presentó desde el año pasado. Si se da el mismo tiempo al Senado, eso quiere decir que una iniciativa de ley tarda en consumarse aproximadamente tres años y de ahí las razonadas y razonables críticas de los medios de comunicación.

Pide que en primer lugar, no se violente la Ley Orgánica porque ésta marca perfectamente que una vez aprobado en comisión debe de agendarse al pleno sin mayor trámite así lo ha pedido incluso la Presidenta de la Cámara de Diputados en la reunión que sostuvieron con la Mesa Directiva.

El Dip. Eduardo Abraham Leines Barrera da contestación al diputado Alcocer, le menciona que su iniciativa ya fue aprobada en el pleno de la Comisión de Salud y explica que la Junta de Coordinación Política había dicho a todas las comisiones que pusieran sus asuntos más inmediatos y prioritarios, de hecho ya salieron dos y el del Dip. Alcocer se presentará la próxima semana o en dos semanas ya estará en el pleno. Con ello finaliza, no sin antes mencionar que él se va hacer cargo del informe y de la escenografía del formato del informe anual de la Comisión de Salud e invita a los diputados a tomarse la fotografía panorámica.

La Dip. María Eugenia Galván Antillón agradece la intervención y colaboración de los diputados participantes en la sesión.

Tratados todos los asuntos del orden del día, la diputada Presidenta María Eugenia Galván Antillón, clausura la sesión a las dieciséis horas con treinta y siete minutos del día 7 de noviembre del año dos mil uno.

Diputados: Lic. Ma. Eugenia Galván Antillón (rúbrica), Presidenta; Dr. Rafael Orozco Martínez (rúbrica), secretario; Dr. Héctor Esquiliano Solís (rúbrica), secretario; Dr. Eduardo A. Leines Barrera (rúbrica), secretario; QFB Adela del C. Graniel Campos (rúbrica), secretaria.
 
 

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Convocatorias

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DE LA COMISION DE VIGILANCIA DE LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA, AL PROCESO DE SELECCION DE LA TERNA PARA EL NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR SUPERIOR DE LA FEDERACION

México, DF, 29 de noviembre de 2001.

La Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, de conformidad con los artículos 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 68, 69 y 70 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, los artículos Cuarto Transitorio del Decreto de reforma constitucional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de julio de 1999, y Tercero Transitorio de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación:

Convoca

Al proceso de selección de la terna
para el nombramiento del Auditor Superior de la Federación, de acuerdo con las siguientes:

Bases

I. Los aspirantes deberán cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 73 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, a saber:

a) Ser ciudadano mexicano por nacimiento y no adquirir otra nacionalidad, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos;

b) Tener por lo menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación;

c) Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se trata de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que afecte seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena;

d) Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la designación;

e) No haber sido Secretario de Estado, Jefe de Departamento Administrativo, Procurador General de la República o de Justicia del Distrito Federal, Senador, Diputado Federal, Gobernador de algún Estado o Jefe del Gobierno del Distrito Federal, ni dirigente de algún partido político, ni haber sido postulado para cargo de elección popular en los cuatro años anteriores a la propia designación;

f) Contar al momento de su designación con una experiencia de cinco años en el control, manejo o fiscalización de recursos, y

g) Contar el día de su designación, con antigüedad mínima de diez años, con título profesional de contador público, licenciado en derecho o abogado, licenciado en economía, licenciado en administración o cualquier otro título profesional relacionado con las actividades de fiscalización expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello:

II. Los aspirantes deberán presentar por escrito, una solicitud en la que expresen su interés de participar y su currículum vitae, al cual deberán acompañarse copias de las constancias y demás documentación expedidas por las autoridades competentes que demuestren el cumplimiento de los requisitos para este proceso.

III. Las solicitudes de los aspirantes se sujetarán al procedimiento previsto en las fracciones II y III del artículo 69 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación.

IV. Los interesados deberán entregar la documentación requerida, en seis ejemplares, del 30 de noviembre al 9 de diciembre de 2001, de 9:00 a 21:00 horas, en la oficina de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, ubicada en avenida Congreso de la Unión número 66, colonia El Parque, delegación Venustiano Carranza, México, DF, edificio F, segundo piso, Cámara de Diputados.

V. Los interesados podrán consultar los resultados del concurso en la Secretaría Técnica de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, a partir del día siguiente de la reunión de la Comisión en la que se elija la terna respectiva.

Mesa Directiva

Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda

Dip. Manuel Galán Jiménez (rúbrica)
Presidente

Dip. Francisco Cárdenas Elizondo (rúbrica)
Secretario

Dip. José M. Eugenio Núñez Murillo (rúbrica)
Secretario

Dip. Amado Olvera Castillo (rúbrica)
Secretario

Dip. José Antonio Magallanes Rodríguez (rúbrica)
Secretario

Dip. José Antonio Arévalo González (rúbrica)
Secretario

Dip. José Narro Céspedes (rúbrica)
Secretario
 
 
 

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES, DE EDUCACION PUBLICA Y SERVICIOS EDUCATIVOS, Y DE SALUD

A su reunión de trabajo, el jueves 6 de diciembre, a las 8 horas, en el salón de usos múltiples de la planta baja del edificio D.

Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen del punto de acuerdo para que se haga un exhorto a las autoridades responsables, y se cumpla el mandato dispuesto por el artículo 22 de la Ley General de Salud.
4. Asuntos generales.

Atentamente

Dip. Arcelia Arredondo García
Presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables

Dip. Enrique Meléndez Pérez
Presidente de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos

Dip. María Eugenia Galván Antillón
Presidenta de la Comisión de Salud
 
 
 

DE LA COMISION DE REGLAMENTOS Y PRACTICAS PARLAMENTARIAS

A su reunión de trabajo, que se efectuará el jueves 6 de diciembre, a las 8:30 horas, en el salón D del restaurante Los Cristales.

Orden del Día

1. Declaración de quórum.
2. Lectura del orden del día.
3. Discusión del proyecto de dictamen con proyecto de decreto que reforma los artículos 44 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 21, fracción XVI, 87 y 91 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
4. Exposición del diputado César Augusto Santiago sobre su iniciativa de reformas al artículo 3º y al título segundo de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
5. Asuntos generales.

Atentamente
Dip. Augusto Gómez Villanueva
Presidente
 
 
 

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE COMUNICACIONES, Y DE TRANSPORTES

A su reunión de trabajo, que se llevará a cabo el jueves 6 de diciembre, a las 8:30 horas, en la zona C del restaurante Los Cristales.

Orden del Día

I. Lista de asistencia y verificación de quórum.
II. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.

III. Discusión y, en su caso, aprobación de los siguientes proyectos de dictámenes:
a. Proposición con punto de acuerdo para que los titulares de las secretarías de Comunicaciones y Transportes, y de Turismo, y el director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, informen sobre el avance real, físico y financiero del proyecto turístico de Bahías de Huatulco, del estado de Oaxaca de Juárez, presentada por el diputado federal Jaime Arturo Larrazábal Bretón, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
b. Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Aviación Civil, proveniente de la H. Cámara de Senadores.

IV. Asuntos generales.

Atentamente

Dip. José de Jesús Orozco Alfaro
Presidente de la Comisión de Comunicaciones

Dip. Juan Manuel Duarte Dávila
Presidente de la Comisión de Transportes
 
 
 

DEL COMITE DE INFORMACION, GESTORIA Y QUEJAS

A su reunión para el cambio de Mesa Directiva y Presidencia, el jueves 6 de diciembre, a las 9 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.

Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaración de quórum.
2. Cambio de Mesa Directiva y Presidencia.
3. Intervención del diputado Víctor León Castañeda, Presidente.
4. Asuntos generales.

Atentamente
Dip. Lorena Martínez Rodríguez
Presidenta
 
 
 

DE LA COMISION DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

A su reunión de trabajo, el jueves 6 de diciembre, a las 9:30 horas, en el salón C del restaurante Los Cristales.

Atentamente
Dip. José Elías Romero Apis
Presidente
 
 
 

DEL COMITE DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS FINANZAS PUBLICAS

A su reunión de trabajo, el jueves 6 de diciembre, a las 10 horas, en la sala de juntas del Centro.

Orden del Día

1. Lista de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
4. Aprobación del reglamento interno del CEFP.
5. Presentación de la encuesta a realizar entre los diputados de la LVIII Legislatura.
6. Comentarios acerca del foro Perspectivas Económicas para 2002.
7. Asuntos generales.
8. Clausura de la reunión.

Atentamente
Dip. Moisés Alcalde Virgen
Presidente
 
 
 

DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO

A la reunión de su Mesa Directiva, el jueves 6 de diciembre, a las 11 horas, en la sala de juntas de la presidencia de la Comisión.

Atentamente
Dip. Concepción González Molina
Presidenta
 
 
 

DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO

A la reunión de la Subcomisión de Presupuesto, el jueves 6 de diciembre, a las 12 horas, en la sala de juntas de la presidencia de la Comisión.

Atentamente
Dip. Concepción González Molina
Presidenta
 
 
 

DE LA COMISION DE FORTALECIMIENTO DEL FEDERALISMO

A su reunión de trabajo, que se llevará a cabo el jueves 6 de diciembre, a las 15 horas, en el salón D del restaurante Los Cristales.

Atentamente
Dip. Enoch Araujo Sánchez
Presidente
 
 
 

DE LA COMISION DE RADIO, TELEVISION Y CINEMATOGRAFIA

A su reunión de trabajo, que se llevará a cabo el jueves 6 de diciembre, a las 17 horas, en las instalaciones del Instituto Mexicano de la Radio (IMER), ubicadas en Mayorazgo número 83, colonia Xoco, CP 03330.

Orden del Día

1. Presentación del orden del día e introducción a la reunión por parte del CP Carlos Lara Sumano, director general del IMER.
2. Exposición de cada uno de los directores del IMER.
3. Exposición de los proyectos prioritarios del IMER, por parte del CP Carlos Lara Sumano.
4. Situación financiera del organismo.
5. Requerimientos presupuestales.
6. Sesión de preguntas y respuestas.

Atentamente
Dip. Lionel Funes Díaz
Presidente
 
 
 

DE LA COMISION DE TRANSPORTES

A la visita de la Subcomisión de Puertos y Transporte Marítimo, al Puerto de Altamira, Tamaulipas, que tendrá verificativo los días jueves 6, viernes 7 y sábado 8 de diciembre.

Orden del Día

Primer día (jueves 6 de diciembre)

19:00 horas:
Cocktail de bienvenida.

Segundo día (viernes 7 de diciembre)

8:00 a 9:00 horas:
Desayuno, en el hotel Mansión Real de Altamira.

9:00 a 9:15 horas:
Traslado a las oficinas de la API de Altamira, salón de usos múltiples.

9:15 a 11:00 horas:

Bienvenida.

Presentación de Puerto de Altamira por el director general de la Administración Portuaria Integral de Altamira, SA de CV, Ing. Pablo Medina Zamora. Preguntas y Respuestas

11:00 a 12:30 horas:

Recorrido por las instalaciones de puerto Altamira, incluyendo visita al Centro de Control de Tráfico Marítimo.
Regreso a las oficinas de la API, salón de usos múltiples.

12:30 a 14:00 horas:

Primera sesión de trabajo
Desarrollo sustentable del sector marítimo y portuario

Planeación estratégica en la operación y administración de las APIs federales.
- Expositor: Lic. Jesús Suberza, de la CGP y MM.

Especialización y complementariedad de los puertos. Subsistema Golfo y Pacífico.
- Expositor: Ing. Salvador Sánchez Garza, presidente de la Asociación Portuaria de Altamira, AC.

Impulso a la marina mercante: cabotaje.
- Expositor Capt. de Alt. Gerardo Sánchez Shutz, consejero de la Cametram, Cámara Mexicana de la Industria del Transporte Marítimo.

Modificaciones necesarias a las leyes de Puertos y de Navegación.
- Expositor: CP Enrique de Hita Yibale, presidente del Consejo de Administración de Altamira Terminal Multimodal.

Preguntas y Respuestas. 14:00 a 16:30 horas: Comida, restaurante Nudo Marino.

16:30 horas: Regreso a las oficinas de la API, salón de usos múltiples.

16:30 a 18:00 horas:

Segunda sesión de trabajo.
Vinculación puerto-ciudad Nueva visión de la CGP y MM en la vinculación puerto-ciudad.
Comisión Consultiva.
- Expositor: Lic. Felipe Pearl Zorrilla, director del Grupo Tampico y miembro del Grupo Promotor y Comisión Consultiva de Puerto Altamira.

Sistema de Gestión Ambiental de la API de Altamira.
- Expositor: Ing. José Luis Díaz Covarrubias, gerente de Operaciones de la API de Altamira.

Apoyo necesario por parte de los municipios y gobierno estatal para la adecuada operación de los puertos.
- Expositor: Ing. Sergio Carrillo Estrada, alcalde de Altamira.

Preguntas y Respuestas

20:00 horas:
Cena. Restaurante Juana Cata del hotel Maeva Miramar.

Tercer día (sábado 8 de diciembre)

8:00 a 9:00 horas:
Desayuno, en el hotel Mansión Real de Altamira.

9:00 a 9:15 horas:
Traslado a las oficinas de la API de Altamira, salón de usos múltiples.

 
9:30 a 10:30 horas: Tercera sesión de trabajo
Mecanismos de apoyo necesarios para el desarrollo de los puertos Modificaciones a la Ley Aduanera.
Revisiones expeditas a las mercancías, en coordinación con la PGR.
- Expositor: Sr. Luis Moreno Gutiérrez, presidente de la Asociación de Agentes Aduanales de Tampico y Altamira.

Posibilidad de crear "zonas libres" en los puertos para fomentar actividades de valor agregado y centros de distribución.
- Expositor. Lic. Diego Alonso Hinojosa Canseco, gerente de la agencia aduanal D.A. Hinojosa.

10:30 a 11:00 horas:
Conferencia de prensa.  
11:00 a 12:00: Se reanuda tercera sesión de trabajo.

Mecanismos de apoyo necesarios para el desarrollo de los puertos.

Necesidad de mejorar los enlaces con las áreas de influencia de los puertos.
Problemática ferroviaria.
- Expositor. Lic. Arturo López Riestra, director general de Altamira Terminal Portuaria.

Requerimientos de enlaces con las áreas de influencia de los puertos.
- Expositor. Ing. Jaime Organista Barba, presidente del Consejo de Instituciones Empresariales del Sur de Tamaulipas, CIEST.

Necesidad de contar con una política industrial que impulse las ventajas competitivas de los puertos.
- Expositor. Ing. Pablo Medina Zamora, director general de la Administación Portuaria Integral de Altamira, SA de CV.

12:00 a 13:00 horas:
Conclusiones de la visita. Diputados federales de la Comisión de Transporte.

13:30 horas:
Comida de despedida.

Atentamente
Dip. Juan Manuel Duarte Dávila
Presidente
 
 
 

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE JUVENTUD Y DEPORTE

A su reunión de trabajo, el viernes 7 de diciembre, a las 14 horas, en la sala de juntas de la Comisión de Puntos Constitucionales.

Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaración de quórum.
2. Lecura y aprobación del orden del día.
3. Discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen con proyecto de decreto que reforma los artículos 3, 4 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
4. Asuntos generales.

Atentamente

Dip. Salvador Rocha Díaz
Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales

Dip. Arturo Escobar y Vega
Presidente de la Comisión de Juventud y Deporte
 
 
 

DE LA COMISION DE DESARROLLO SOCIAL

A la reunión de trabajo de la Subcomisión de Evaluación y Seguimiento de Programas, que se llevará a cabo el martes 11 de diciembre, a las 15 horas, en las instalaciones de la Comisión, ubicadas en el segundo piso del edificio D.

Orden del Día

Lista de asistencia y declaración de quórum legal.
Presentación, por parte del Lic. Rogelio Gómez Hermosillo Marín, coordinador nacional del Progresa, de los logros y las metas para el año entrante y el funcionamiento en general del Progresa.
Asuntos generales.

Atentamente
Dip. Aarón Irízar López
Coordinador de la Subcomisión
 
 
 

DE LA COMISION DE POBLACION, FRONTERAS Y ASUNTOS MIGRATORIOS

A su reunión ordinaria, el martes 11 de diciembre, a las 18 horas, en el salón D del restaurante Los Cristales.

Atentamente
Dip. Irma Piñeyro Arias
Presidenta
 
 
 

DE LA COMISION ESPECIAL SUR-SURESTE

A su reunión de trabajo con el gobernador constitucional del estado de Oaxaca, Lic. José Murat Casab, el miércoles 12 de diciembre, a las 13 horas, en el salón D del restaurante Los Cristales.

Orden del Día

13:00 horas, palabras de bienvenida del Presidente de la Comisión.
13:05 horas, palabras del gobernador constitucional del estado de Oaxaca.
13:10 horas, presentación de la agenda de proyectos de desarrollo del estado de Oaxaca.
14:10 horas, establecimiento de fechas para reuniones plenarias de la Comisión Sur-Sureste, para el periodo enero-marzo de 2002.
14:20 horas, comida.
15:00 horas, despedida del gobernador constitucional del estado de Oaxaca.

Atentamente
Dip. Neftalí Salvador Escobedo Zoletto
Presidente
 
 
 

DE LA COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

A la clausura del Seminario Taller sobre Agua y Desarrollo Sustentable, que se llevará a cabo el miércoles 19 de diciembre, de las 9 a las 12 horas, en los salones C y D del restaurante Los Cristales.

Atentamente
Dip. Diego Cobo Terrazas
Presidente