Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

Del Congreso del estado de Jalisco.

De la Junta de Coordinación Política.

Oficio de la Secretaría de Gobernación

Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano General de Grupo Piloto Aviador DEMA, Jesús Andrés Delgado Morán, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Mérito Militar, en grado de Comendador, que le confiere el Gobierno de la República Federativa del Brasil. (Turno a Comisión).

Oficio de la Cámara de Senadores

Con el que remite punto de acuerdo por el que solicita que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2002, se determine que un 25% de la partida que se autoriza al Prosavi, se destine a beneficiar con este subsidio a los trabajadores con ingresos inferiores a los 3 salarios mínimos. (Turno a Comisión).

Iniciativa del Ejecutivo

De Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información. (Turno a Comisión).

Iniciativas de ciudadanos diputados

Que reforma el artículo 2-A, de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del Dip. Roberto Preciado Cuevas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión).

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Sanidad Animal, a cargo del Dip. Diego Alonso Hinojosa Aguerrevere, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión).

De reformas a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del Dip. Gregorio Urías Germán, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).

Que adiciona un último párrafo al apartado A del artículo 223, de la Ley Federal de Derechos, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión).

Que reforma la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del Dip. Heriberto Huicochea Vázquez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión).

Que reforma el artículo 2-A, de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del Dip. César Alejandro Monraz Sustaita, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión).

De reformas al artículo 5º de la Ley de Vías Generales de Comunicación y al 127 de la Ley Federal de Derechos, a cargo del Dip. Ricardo Moreno Bastida, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).

De Ley Nacional de las Personas con Discapacidad, a cargo de la Dip. Laura Pavón Jaramillo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión).

De Ley Federal de Pirotecnia, a cargo del Dip. Rodrigo David Mireles Pérez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión).

Que reforma el Código Civil Federal, en materia de violencia familiar, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).

Que reforma la Ley Federal del Trabajo, a cargo del Dip. Librado Treviño Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión).

Que reforma el artículo 171 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del Dip. José Tomás Lozano y Pardinas, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión).

Que reforma los artículos 69, 71, fracción I, 74, fracciones II, III, IV y VI; 76, fracciones I y III; 80, 81 y 82, fracción VI, 83, 86, 88, 89, fracciones de la I a la XX; 90, 91, 92 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del Dip. Eric Villanueva Mukul, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).

Minutas

Con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Martín Camarena de Obeso, para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de Filipinas, en la ciudad de Guadalajara, con circunscripción consular en los estados de Baja California, Baja California Sur, Colima, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora. (Turno a Comisión).

Con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Fernando Díez Fernández, para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de España, en la ciudad de Puebla, con circunscripción consular en el estado de Puebla. (Turno a Comisión).

Con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Manuel González Díaz y Brenda Helena Green Huerta, para prestar servicios de carácter administrativo en el Consulado General de los Estados Unidos de América, en Ciudad Juárez, Chihuahua; y en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México, respectivamente. (Turno a Comisión).

Con proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Lidia Mariana Ortiz Zamudio, para prestar servicios en la Sección Consular de la Embajada de la República de Panamá en México. (Turno a Comisión).

Con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Alexander Richards Young, para desempeñar el cargo de agente consular de los Estados Unidos de América, en Acapulco, con circunscripción consular en el estado de Guerrero. (Turno a Comisión).

Con proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Anne Rosenstein Harris, para desempeñar el cargo de agente consular de los Estados Unidos de América, en Cozumel, con circunscripción consular en el estado de Quintana Roo. (Turno a Comisión).

Dictámenes de primera lectura

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma el artículo 7º de la Ley Forestal.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre.

Dictámenes a discusión

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto que reforma y adiciona una fracción al artículo 75 de la Ley General de Educación.

De la Comisión de Salud, con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 251 y 252 de la Ley General de Salud.

Excitativa

A las Comisiones de Energía y de Medio Ambiente y Recursos Naturales a cargo del Dip. Alberto Amador Leal, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Proposiciones

Con punto de acuerdo sobre la situación de los trabajadores de la Salud y empleados públicos, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).

Con punto de acuerdo en relación con el proyecto de Presupuesto remitido por el Ejecutivo Federal, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).

Con punto de acuerdo en relación con los recursos destinados al IPAB, a cargo del Dip. Alfredo Hernández Raigosa, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).

Con punto de acuerdo en relación con el presupuesto asignado a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a cargo del Dip. Eddie Varón Levy, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión).

Con punto de acuerdo por el que se solicita al titular del Poder Ejecutivo que se revisen las reglas de operación del Fonden, a cargo de integrantes de diversos grupos parlamentarios. (Urgente resolución).

Con punto de acuerdo en relación al proceso legislativo en torno a la reforma fiscal, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).

Con punto de acuerdo relativo al ejercicio de la profesión de psicología por individuos que carecen de título profesional y de cédula con efectos de patente, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión).

Con punto de acuerdo para que comparezca ante la Comisión de Hacienda y Crédito Público, el contador público Carlos Ruiz Galindo Terrazas, director general de Banrural, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión).

Con punto de acuerdo sobre el IPAB, a cargo del Dip. José Manuel del Río Virgen, de Convergencia por la Democracia, Partido Político Nacional. (Turno a Comisión).

Con punto de acuerdo sobre la situación política que guarda el estado de México, a cargo del Dip. Armando Enríquez Flores, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión).

Con punto de acuerdo en relación a la necesidad de que se destine en el Presupuesto de Egresos de 2002, un subsidio para el pago de cuotas al IMSS, que realizan los productores de caña del país, a cargo del Dip. Arturo Hérviz Reyes, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).

Con punto de acuerdo para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, disponga de recursos del subejercicio del presente año, para cubrir el adeudo que por consumo de energía eléctrica tienen con la Comisión Federal de Electricidad, los agricultores del estado de Chihuahua, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión).

Con punto de acuerdo para que se destine mayor presupuesto al Conacyt, a cargo del Dip. Francisco Patiño Cardona, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).

Con punto de acuerdo en relación al Plan Puebla-Panamá, a cargo del Dip. Miguel Bortolini Castillo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).

Con punto de acuerdo en relación al Día Internacional de Lucha contra el Sida, a cargo de la Dip. Adela del Carmen Graniel Campos, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).

Con punto de acuerdo sobre el incumplimiento de compromisos del Ejecutivo Federal, establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación del 2001, a cargo del Dip. Rafael Hernández Estrada, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).

Con punto de acuerdo para solicitar se respeten las garantías individuales y los derechos humanos en el estado de Veracruz, a cargo de la Dip. Genoveva Domínguez Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).

Con punto de acuerdo para incluir el pago del bono anual de pensionados y jubilados, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2002, a cargo del Dip. Pedro Miguel Rosaldo Salazar, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).

Con punto de acuerdo para solicitar al Ejecutivo federal la apertura de la Escuela Nacional para Sordos, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión).

Con punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo federal realice una convocatoria a las naciones que integran el Fondo de Cooperación Económica de los Países de la Cuenca del Pacífico, para que declare el año 2002, como el año mundial de dicho organismo, a cargo del Dip. Jesús Mario Garza Guevara, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión).

Con punto de acuerdo en relación al presupuesto de Cultura para el año de 2002, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).

Con punto de acuerdo sobre la eliminación de las áreas naturales protegidas, que plantea hacer el Ejecutivo federal, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión).

Con punto de acuerdo sobre el actual proceso electoral en el estado de Hidalgo, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión).

Con punto de acuerdo para que la Secretaría de Educación Pública apoye la creación del Centro Nacional de Geociencias y Administración de Energéticos del Instituto Politécnico Nacional, a cargo de integrantes de diversos grupos parlamentarios. (Turno a Comisión).

Con punto de acuerdo para que se otorgue mayor presupuesto a la cultura, a cargo del Dip. José Manuel Correa Ceseña, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión).

Con punto de acuerdo con la finalidad de hacer una atenta exhortación al Poder Ejecutivo y diversas secretarías, a fin de que se dé cumplimiento con las políticas, acciones, programas y compromisos nacionales e internacionales, para establecer una atención integral hacia la población con discapacidad, a cargo del Dip. José Abraham Cisneros Gómez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión).

Con punto de acuerdo en relación al presupuesto de la UNAM, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).

Con punto de acuerdo para la realización del Censo Agropecuario de 2002, a cargo del Dip. Heriberto Huicochea Vázquez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión).

Con punto de acuerdo sobre los límites del Distrito Federal y el estado de México, a cargo del Dip. Esteban Daniel Martínez Enríquez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).

Con punto de acuerdo sobre la problemática que está causando el fenómeno de la marea roja en las costas del estado de Oaxaca y que hasta la fecha ha provocado el fallecimiento de tres menores de edad, a cargo del Dip. Jaime Larrazábal Bretón, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución).

Con punto de acuerdo en relación al presupuesto de Relaciones Exteriores a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).

Con punto de acuerdo para solicitar al Presidente de la República y al secretario de Gobernación, cumplan con el exhorto que esta Cámara de Diputados le hiciera el 2 de octubre del presente año para que el "Aguila Cercenada" sea retirada de toda papelería, propaganda e imagen del Poder Ejecutivo Federal, a cargo del Dip. Enrique Herrera y Bruquetas, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).

Con punto de acuerdo en relación al maíz transgénico, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).

Con punto de acuerdo en relación al informe sobre desaparecidos que presentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a cargo del Dip. Miguel Bortolini Castillo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).

Con punto de acuerdo en relación al exhorto para cumplir la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el General Gallardo, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).

Efemérides

Sobre el Día Mundial de la No Violencia contra la Mujer, a cargo de los grupos parlamentarios representados en la Cámara de Diputados.

Sobre el aniversario del Plan de Ayala, a cargo de los grupos y partidos políticos representados en la Cámara de Diputados.

Sobre el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, a cargo de los grupos parlamentarios y partidos políticos representados en la Cámara de Diputados.

Sobre el Día Mundial de la Lucha contra el Sida, a cargo de la Dip. María de las Nieves García Fernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Sobre el aniversario del natalicio de Andrés Molina Enríquez, a cargo del Dip. Hermilo Monroy Pérez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
 
 

ACTA DE LA SESION DE LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNION, CELEBRADA EL JUEVES VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL UNO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO DE LA QUINCUAGESIMA OCTAVA LEGISLATURA

Presidencia de la diputada María Elena Alvarez Bernal

En el Palacio Legislativo de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, a las diez horas con cuarenta y siete minutos del jueves veintinueve de noviembre de dos mil uno, con la asistencia de doscientos ochenta y cuatro diputados, la Presidenta declara abierta la sesión.

La Secretaría da lectura al orden del día.

Presidencia de la diputada Beatriz Elena Paredes Rangel

La Asamblea aprueba, en votación económica, el acta de la sesión anterior.

Comunicación del diputado Héctor Israel Ortiz Ortiz, por la que solicita prórroga por tiempo indefinido a su licencia autorizada por la Asamblea. En votación económica se aprueba el punto de acuerdo respectivo.

Comunicaciones de los congresos de los estados de:

Comunicación de la Junta de Coordinación Política, con acuerdo relativo a la Mesa Directiva del Comité de Información, Gestoría y Quejas que fungirá en su segundo año de gestión. Se aprueba en votación económica.

Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite, para los efectos del inciso h) del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo segundo transitorio de la Ley Federal de Derechos, presentada por el senador Víctor Manuel Torres Herrera, a nombre de senadores del Partido Acción Nacional, integrantes de la Comisión de Recursos Hidráulicos. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Presentan iniciativas los diputados:

Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

Dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto que adiciona una fracción al artículo setenta y cinco de la Ley General de Educación. Es de primera lectura.

Dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma los artículos doscientos cincuenta y uno y doscientos cincuenta y dos de la Ley General de Salud. Es de primera lectura.

La Secretaría da lectura al dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades educativas estatales y federales a no excluir del programa nacional de becas y financiamiento, a ninguna licenciatura.

Habla en pro del punto de acuerdo, el diputado Miguel Bortolini Castillo, del Partido de la Revolución Democrática.

La Asamblea lo considera suficientemente discutido en votación económica, y de la misma forma lo aprueba.

La Secretaría da lectura al dictamen de la Comisión de Desarrollo Social, con puntos de acuerdo para que se amplíe la cobertura de los programas asistenciales que proporcionan las distintas dependencias del Ejecutivo Federal en la región del Soconusco, Chiapas.

Sin nadie que haga uso de la palabra, la Asamblea aprueba los puntos de acuerdo en votación económica. Comuníquense.

Presentan excitativas los diputados:

La Presidenta formula la excitativa correspondiente.

Desde su curul, el diputado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa solicita, para ilustrar a la Asamblea, que la Secretaría dé lectura a una parte de un documento citado por el diputado Batres Guadarrama durante su intervención, y la Presidenta le solicita entregarlo a la Secretaría.

Presidencia de la diputada Beatriz Elena Paredes Rangel

También desde su curul, el diputado Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta solicita moción de procedimiento respecto de la petición del diputado Calderón Hinojosa.

La Presidenta instruye a la Secretaría a dar lectura al artículo ciento trece del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y posteriormente hace aclaraciones sobre la solicitud del diputado Calderón Hinojosa.

El diputado Barbosa Huerta insiste en su moción y la Secretaría, por indicaciones de la Presidencia, da lectura al artículo veinte, numeral dos, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

La Presidenta solicita al diputado Calderón Hinojosa decline su moción, pero el diputado insiste en ella.

Desde sus curules, los diputados Tomás Torres Mercado y Jorge Carlos Ramírez Marín hacen observaciones al respecto.

La Presidenta hace aclaraciones sobre los procedimientos para desahogar las mociones de los diputados Calderón Hinojosa y Barbosa Huerta.

Desde sus curules hablan los diputados: Batres Guadarrama, Calderón Hinojosa y Barbosa Huerta, para referirse a las mociones presentadas.

La Asamblea aprueba, en votación económica, dar lectura al documento solicitado por el diputado Calderón Hinojosa y la Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, lee (según se consigna en la versión estenográfica respectiva, turno veintiuno, hoja uno) lo siguiente:

Desde su curul, el diputado Batres Guadarrama solicita a la Presidencia instruir a la Secretaría a dar lectura a otra parte del documento referido por él mismo en la fundamentación de su excitativa.

Hablan respecto a esta solicitud, desde sus curules, los diputados Alejandro Zapata Perogordo, Jorge Carlos Ramírez Marín y José Antonio Calderón Cardoso.

La Asamblea aprueba, en votación económica, la lectura del documento de referencia y la Secretaría, por indicaciones de la Presidenta, lee (según consta en la versión estenográfica correspondiente, turno veintidós, hoja dos) lo siguiente:

Presenta excitativa el diputado Auldárico Hernández Gerónimo, del Partido de la Revolución Democrática, a la Junta de Coordinación Política, para que integre a la brevedad la Subcomisión de Examen Previo y desahogue los procedimientos de juicio político. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

En votación económica, la Asamblea aprueba que el siguiente punto del orden del día, inscrito originalmente como proposición con punto de acuerdo, pase de ser tal a iniciativa con proyecto de decreto.

En consecuencia, la Presidenta concede la palabra al diputado José Narro Céspedes, del Partido del Trabajo, a nombre de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, para presentar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se determina la no ratificación del actual titular de la Entidad de Fiscalización Superior de la Federación y, por ende, se ordena formular la convocatoria pública de selección de la terna para el nombramiento del Auditor Superior de la Federación, y quien solicita dispensarle todos los trámites.

Por indicaciones de la Presidencia, la Secretaría da lectura a los artículos cincuenta y nueve y sesenta del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

La Asamblea, en votación económica, dispensa todos los trámites al proyecto de decreto y la Secretaría le da lectura.

A discusión el proyecto de decreto, hablan en pro los diputados: José Antonio Magallanes Rodríguez, del Partido de la Revolución Democrática; y Francisco Cárdenas Elizondo, del Partido Revolucionario Institucional.

Suficientemente discutido el proyecto de decreto, la Secretaría recoge la votación nominal respectiva, misma que resulta aprobatoria en lo general y en lo particular por trescientos cincuenta y dos votos en pro, tres en contra y dos abstenciones. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación y proceda la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda a emitir la convocatoria correspondiente.

Presenta proposición con punto de acuerdo, el diputado Miguel Bortolini Castillo, del Partido de la Revolución Democrática, en relación con el medio ambiente y áreas naturales protegidas.

Se refiere al tema el diputado Miguel Ángel Gutiérrez Machado, del Partido Acción Nacional.

Para rectificar hechos, se concede la palabra al diputado Miguel Bortolini Castillo, del Partido de la Revolución Democrática.

Presidencia de la diputada María Elena Alvarez Bernal

Contestan alusiones personales los diputados: Miguel Ángel Gutiérrez Machado, del Partido Acción Nacional;

Presidencia de la diputada Beatriz Elena Paredes Rangel

y Miguel Bortolini Castillo, del Partido de la Revolución Democrática.

Se turna la proposición a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Transcurrido el tiempo acordado para la duración de las sesiones, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y la Presidenta clausura la de hoy a las dieciséis horas con once minutos, citando para la que tendrá lugar el martes cuatro de diciembre de dos mil uno, a las diez horas.
 
 

H. Cámara de Diputados
Honorable Congreso de la Unión

La Quincuagésima Sexta Legislatura del honorable Congreso del estado de Jalisco, en sesión de fecha 15 de noviembre del presente año, aprobó el acuerdo económico número 335/01 del que le anexo copia para los efectos legales procedentes, mediante el cual se manifiesta a esa alta representación popular la adhesión de esta Legislatura a la condena de los homicidios de los magistrados del Poder Judicial Federal Benito Andrade Ibarra y Jesús Alberto Ayala Montenegro.

Por instrucciones de la Directiva de esta honorable soberanía jalisciense, hago de su conocimiento lo anterior en vía de notificación personal y para los efectos legales subsecuentes, agradeciéndole que las acciones que se sirva tomar al respecto, las haga del conocimiento de esta representación, a la brevedad posible, a fin de darles el curso correspondiente.

Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Guadalajara, Jalisco, 21 de noviembre del 2001.

LCTC Leonardo García Camarena (rúbrica)
Oficial mayor
 

Ciudadanos diputados:

El suscrito diputado Javier Galván Guerrero, en uso de las facultades que nos confieren los artículos 28, fracción I, de la Constitución Política y el artículo 85 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ambos ordenamientos del estado de Jalisco, presento la siguiente iniciativa de acuerdo económico, para lo cual expreso la siguiente:

Exposición de Motivos

El pasado lunes amanecimos con la noticia de que a dos altos funcionarios del Poder Judicial de la Federación se les había arrebatado la vida de la manera más cobarde y artera posible.

El acto fue calificado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ministro Genaro Góngora Pimentel, como un crimen contra el Estado. Nunca antes se habían visto en este país ataques como el sucedido en contra de nuestra más alta instancia de justicia.

Este acontecimiento envía un mensaje de alarma a las instituciones democráticas, en cuanto que su viabilidad debe reforzarse mediante la confrontación inteligente y empeñosa en contra de la inseguridad, que día con día gana terreno en las ciudades y el campo del país.

El efecto expansivo de tan aberrante hecho no es ajeno al estado de Jalisco. Es por todos conocido que en la entidad operan bandas que siembran de violencia nuestra sociedad.

La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, mediante acuerdo unánime de sus integrantes, dejó en claro su condena a los execrables homicidios y exigió el esclarecimiento de estos lamentables acontecimientos.

Considero oportuno que el Congreso de Jalisco se adhiera al acuerdo plenario de los legisladores federales, y haga patente su repudio al ambiente de violencia en el cual pretenden hundirnos las bandas que forman parte de la delincuencia organizada.

El esclarecimiento de los homicidios de los magistrados Benito Andrade Ibarra y Jesús Alberto Ayala Montenegro, es un expediente que -junto al de Digna Ochoa- es de la más alta importancia para la nación, toda vez que su impunidad podría catalizar una dinámica de violencia en contra de nuestras instituciones jurídicas.

Por lo anterior propongo al pleno de esta asamblea para su aprobación, el siguiente proyecto de

Acuerdo Económico

Unico. Gírese atento oficio, al honorable Congreso de la Unión, manifestando la adhesión de esta asamblea a la condena de los homicidios de los magistrados del Poder Judicial Federal Benito Andrade Ibarra y Jesús Alberto Ayala Montenegro. Asimismo se les exhorta a fin de que se tomen las medidas pertinentes para evitar en lo posible actos de esta naturaleza.

Guadalajara, Jalisco, a 15 de noviembre del año 2001.

Dip. Javier Galván Guerrero (rúbrica)
 

DE LA JUNTA DE COORDINACION POLITICA

Palacio Legislativo, México, DF, 3 de diciembre de 2001.

Dip. Beatriz Paredes Rangel
Presidenta de la Mesa Directiva
H. Cámara de Diputados
Presente

Con fundamento en el artículo 34, numeral 1, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y a solicitud del diputado Cuauhtémoc Cardona Benavides, subcoordinador de Relaciones Internas del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, me permito solicitar a usted:

• Que el diputado Clemente Padilla Silva sustituya al diputado Francisco Javier Flores Chávez, como integrante en la Comisión de Recursos Hidráulicos.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente
Dip. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa (rúbrica)
 
 

Palacio Legislativo, México, DF, 3 de diciembre de 2001.

Dip. Beatriz Paredes Rangel
Presidenta de la Mesa Directiva
H. Cámara de Diputados
Presente

Con fundamento en el artículo 34, numeral 1, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y a solicitud del diputado Cuauhtémoc Cardona Benavides, subcoordinador de Relaciones Internas del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, me permito comunicar a usted:

• Que el diputado Jesús Mario Garza Guevara, sale de la Comisión de Recursos Hidráulicos.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente
Dip. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa (rúbrica)
 
 

Palacio Legislativo, México, DF, 3 de diciembre de 2001.

Dip. Beatriz Paredes Rangel
Presidenta de la Mesa Directiva
H. Cámara de Diputados
Presente

Con fundamento en el artículo 34, numeral 1, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y a solicitud del diputado Cuauhtémoc Cardona Benavides, subcoordinador de Relaciones Internas del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, me permito solicitar a usted:

• Que el diputado Jesús Mario Garza Guevara, sustituya al diputado Armando Enríquez Flores, como integrante en la Comisión de Turismo.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente
Dip. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa (rúbrica)
 
 

Palacio Legislativo, México, DF, 3 de diciembre de 2001.

Dip. Beatriz Paredes Rangel
Presidenta de la Mesa Directiva
H. Cámara de Diputados
Presente

Con fundamento en el artículo 34, numeral 1, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y a solicitud del diputado Cuauhtémoc Cardona Benavides, subcoordinador de Relaciones Internas del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, me permito solicitar a usted:

• Que la diputada Mercedes Hernández Rojas, quede como integrante de la Comisión Especial encargada de Coadyuvar y dar seguimiento a los Proyectos de Desarrollo Regional relacionados con la Región Sur-Sureste de México.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente
Dip. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa (rúbrica)
 
 

Palacio Legislativo, México, DF, 3 de diciembre de 2001.

Dip. Beatriz Paredes Rangel
Presidenta de la Mesa Directiva
H. Cámara de Diputados
Presente

Con fundamento en el artículo 34, numeral 1, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y a solicitud del diputado Rafael Rodríguez Barrera, Coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, me permito solicitar que en la Comisión encargada de Coadyuvar y dar Seguimiento a los Proyectos de Desarrollo Regional Relacionados con la Región Sur-Sureste de México:

Salga Entre

Dip. Héctor Pineda Velázquez Dip. Celestino Bailón Guerrero
Dip. Miguel Angel Donaciano Dip. Abel Trejo Moreno Tello González

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente
Dip. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa (rúbrica p.a.)
 
 

México, DF, 28 de noviembre de 2001.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión
Presentes

La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a esta de Gobernación, solicitando se tramite ante el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III, inciso c, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el C. General de Grupo Piloto Aviador DEMA Jesús Andrés Delgado Morán, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito Militar, en grado de Comendador, que le confiere el Gobierno de la República Federativa del Brasil.

Por lo anterior me permito anexar, para que se integren en su expediente, original de la carta del interesado dirigida al H. Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo; copia certificada del acta de nacimiento; y copias simples de su currículum vitae y de la notificación en la que le comunican la intención de otorgarle la condecoración de que se trata.

Agradezco a ustedes su atención a la presente, reiterándoles la seguridad de mi consideración.

Atentamente
El director general de Gobierno
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
 

DE LA H. CAMARA DE SENADORES, CON EL QUE REMITE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SOLICITA QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL AÑO 2002, SE DETERMINE QUE UN 25% DE LA PARTIDA QUE SE AUTORIZA AL PROSAVI, SE DESTINE A BENEFICIAR CON ESTE SUBSIDIO A LOS TRABAJADORES CON INGRESOS INFERIORES A LOS 3 SALARIOS MINIMOS

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados
Presentes

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, se aprobó el dictamen de la Comisión de Vivienda, cuya copia se adjunta y que contiene el siguiente punto de

Acuerdo

"Unico.- El Senado de la República acuerda solicitar a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2002 se determine que un 25% de la partida que se autoriza al Prosavi, se destine a beneficiar con este subsidio al frente a los trabajadores con ingresos inferiores a los 3 salarios mínimos que reciban créditos del Infonavit y Fovissste para la adquisición de vivienda nueva".

Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

México, DF, a 29 de noviembre de 2001.

Sen. Diego Fernández de Cevallos Ramos (rúbrica)
Presidente
 

Dictamen:

Con fecha 22 de noviembre de 2001, la Comisión de Vivienda recibió para su análisis y dictamen la propuesta de Punto de Acuerdo para que el Senado de la República solicite a la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2002, se determine que un 25% de la partida que se autoriza al Prosavi, se destine a beneficiar con este subsidio al frente a los trabajadores con ingresos inferiores a los 3 salarios mínimos que reciban créditos del Infonavit y Fovissste para la adquisición de vivienda nueva.

En cumplimento de nuestro deber y una vez analizado el asunto de referencia hemos llegado a las siguientes

Consideraciones

1. El Censo General de Población y Vivienda del año 2000, señala que de 97.5 millones de mexicanos que conforman 22.3 millones de hogares, el 19% de las familias no tienen un espacio digno para habitar y requieren de apoyo para adquirir o mejorar su vivienda. Este es el rezago de 4.2 millones de viviendas que hoy padece nuestro país.

Además de que cada año se genera una necesidad de 723 mil nuevas viviendas.

Por este diagnóstico consideramos acertada la voluntad y el esfuerzo que ha desplegado el Poder Ejecutivo para darle la mayor prioridad a la política de vivienda. Ya que a la par que se resuelve un problema social que padecen los mexicanos, se estimula la economía nacional.

2. Frente a las grandes necesidades de casa habitación, los organismos de vivienda sólo financian a aquellas personas que tienen capacidad de ahorro y de pago, dejando fuera de este beneficio a las personas que tienen bajos ingresos, y en este país, según el censo del año 2000, el 52 % de la población ocupada tiene ingresos inferiores a los 2 salarios mínimos y según la Sedesol, en los últimos 5 años este segmento sólo recibió el 18% de los créditos otorgados para la adquisición de vivienda.

Por lo que es urgente que los recursos fiscales que apruebe la Cámara de Diputados para el próximo año sean utilizados en parte para financiar las políticas públicas dirigidas a la construcción de viviendas de los trabajadores de más bajos ingresos. Como lo señala la Ley Federal de Vivienda, en su artículo 46, párrafo segundo, donde a la letra dice: "para el otorgamiento de créditos o para la asignación o enajenación de las viviendas a que se refiere el párrafo anterior, tendrán los mismos derechos todos los posibles beneficiarios, pero en igualdad de condiciones se dará preferencia a las personas de más bajos ingresos y las que sean sostén de su familia".

3. Actualmente, el 70% de los trabajadores que cotizan para el Infonavit tienen ingresos inferiores a los 3 salarios mínimos, los cuales difícilmente califican para recibir un crédito. Y sus subcuentas de vivienda sirven para financiar a los créditos que reciben los trabajadores con mayores ingresos.

Es urgente que los programas oficiales beneficien a los trabajadores de más bajos ingresos que cotizan en estos institutos, ya que actualmente no reciben apoyo fiscal.

De esta manera se estará apoyando a un segmento de la población que se ha rezagado en la atención para la adquisición de vivienda.

Si estos trabajadores son apoyados con el subsidio al frente se les estará ayudando a calificar conforme a las reglas de operación, se les disminuirá el costo de la vivienda y se les acortará el periodo de amortización. Lo que en conjunto les permitirá el acceso a tener una casa digna.

4. El Gobierno Federal ha implementado desde 1997 un programa denominado Programa Especial de Crédito y Subsidios a la Vivienda, conocido por las siglas Prosavi y que consiste en apoyar a familias con ingresos conyugales a partir de 1.75 salarios mínimos.

Con este programa el Gobierno Federal otorga un subsidio para complementar el enganche por un importe de 8,000 UDI?s por vivienda, que representa el 20% o más del valor de las viviendas.

Este programa atiende tanto a los asalariados como a quienes trabajan por su cuenta y la asignación de los créditos y el subsidio se dan mediante concursos de enganches, sólo a través de los bancos privados o las Sofoles.

Esta situación ha permitido, que en algunos casos, el subsidio se desvíe a sectores medios de la población que no requieren de este apoyo.

Los trabajadores que cotizan en el Infonavit y el Fovissste están excluidos de este beneficio que otorga el Gobierno Federal a través del Prosavi. A pesar de que estos trabajadores tienen como ahorro previo una subcuenta de vivienda y cuentan con un empleo seguro.

Consideramos que la política de subsidios deberá estandarizarse para que su beneficio llegue a todo el que lo requiera, independientemente de la ventanilla en la que solicite programas de vivienda. Asimismo consideramos que los subsidios a la vivienda deberán estar asociados a 2 variables de los beneficiados: la primera deberá ser en relación directa a la disposición de ahorro previo y la segunda deberá ser en relación inversa proporcional al valor de la casa.

Por las anteriores consideraciones, nos permitimos someter a su consideración el siguiente

Dictamen de Punto de Acuerdo

Unico: El Senado de la República acuerda solicitar a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2002 se determine que un 25% de la partida que se autoriza al Prosavi, se destine a beneficiar con este subsidio al frente a los trabajadores con ingresos inferiores a los 3 salarios mínimos que reciban créditos del Infonavit y Fovissste para la adquisición de vivienda nueva.

Dado en la ciudad de México, DF, a los 27 días del mes de noviembre de 2001.

Firmando de conformidad los integrantes de la Comisión de Vivienda:

Senadores: Marcos Carlos Cruz Martínez (rúbrica), Presidente; Omar R. Gómez Flores (rúbrica), secretario; Miguel A. Martínez Mireles. Secretario; Joel Ayala Almeida (rúbrica), Tomás Vázquez Vigil, Carlos Madrazo Limón (rúbrica), Jorge Doroteo Zapata García (rúbrica), Francisco Frayle García (rúbrica).
 
 

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.
Presentes

Para los efectos constitucionales y por instrucciones del C. Presidente de la República, con el presente envío a ustedes Iniciativa de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, documento que el propio Primer Magistrado de la Nación propone por el digno conducto de ustedes.

Reitero en esta oportunidad las seguridades de mi consideración.

Atentamente
El Director General de Gobierno
Lic. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)

Ejecutivo Federal.- Presente.
Política con los Poderes de la Unión.- Presente.
 

C. PRESIDENTA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN,
Presente.

Nuestro país se encuentra inmerso en un periodo de definiciones fundamentales para la construcción del México justo, generoso y transparente que la sociedad demanda y que habremos de heredarle a nuestros hijos. Hoy, el Ejecutivo Federal somete a la consideración de esta Soberanía una iniciativa de Ley, cuya aprobación nos permitirá continuar avanzando en la senda democrática que ha trazado el pueblo de México.

Con esta iniciativa el nuevo gobierno da un paso decisivo para la materialización del Plan Nacional de Desarrollo, la concreción de un compromiso que se refrendó en la máxima tribuna del país durante el Primer Informe de Gobierno y, sobretodo, para acatar el mandato inaplazable de una ciudadanía que exige que el ejercicio de las facultades por ella conferidas al Estado, se realice con el pleno conocimiento de sus destinatarios.

Hoy, con la iniciativa de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, se propone un proyecto sólido, eficiente y apegado a nuestra Carta Magna que, en función de lo que disponga el Poder Legislativo, daría también cumplimiento a uno de las asignaturas que, de cara a la Nación, los partidos políticos nacionales y el Ejecutivo Federal suscribimos en el Acuerdo Político para el Desarrollo Nacional, que es la suma de voluntades de actores políticos plurales pero vinculados por un objetivo común: el bienestar y el engrandecimiento de México.

El Acuerdo constituye un ejemplo de la vocación de los mexicanos por mantener el diálogo y el consenso como mecanismos insustituibles para la construcción de un proyecto de Nación, a la altura de las aspiraciones de una sociedad que exige de sus gobernantes y sus organizaciones políticas un compromiso cada vez mayor y más responsable con las causas ciudadanas.

En este sentido, se puede afirmar que esta iniciativa de Ley, siendo un importante mandato ciudadano, es a su vez un componente fundamental de la Reforma del Estado. Proceso histórico que reclama realizar las reformas legislativas pertinentes, encaminadas a fortalecer nuestras instituciones, dentro de las que debe darse especial importancia a la forma democrática, ya que a partir de ella se consigue un ejercicio acotado y responsable del poder público. Bajo esta premisa se ha trabajado en la presente iniciativa, con la conciencia que la transparencia es un compromiso del Estado mexicano y de sus órganos, frente a la sociedad.

Son muchos los beneficios que se vislumbran en el curso de aplicación que puede llegar a tener esta Ley. En primer lugar, el acceso a la información se comprende dentro de las más importantes tareas de la agenda democrática nacional, en el entendido de que la democracia, como forma de participación en el gobierno, depende de la capacidad de los ciudadanos para participar en el ámbito público.

Para ello, es indispensable que se cuente con un derecho de acceso a la información efectivo, garantizado por la Ley, sobre los asuntos del Estado. Sobre este último particular, se debe señalar que la aprobación de esta Iniciativa de Ley permitirá a nuestro Estado avanzar enormemente en el tránsito de un sistema cerrado, considerado por algunos analistas como criptocrático, a uno plenamente democrático en el que todos y cada uno de los servidores públicos deberán de rendir cuentas a los ciudadanos. La rendición de cuentas se erige, además, en un principio de eficiencia administrativa, ya que la publicidad de la información se traduce en un mecanismo de supervisión ciudadana.

Es precisamente por lo anterior que una Ley de transparencia y acceso a la información puede ser un poderoso mecanismo de combate a la corrupción. Nuestro país precisa que se establezcan las instituciones idóneas que nos permitan reducir los índices de corrupción pública. El principio de publicidad en la información favorece y posibilita el funcionamiento del sistema de responsabilidades públicas, ya que contrarresta el anonimato en el ejercicio de las funciones estatales y permite identificar los actos con sus actores.

Es pertinente añadir que un Estado más transparente será por consecuencia más eficiente. Esta mejoría en la eficiencia estatal no sólo se reflejará en el largo plazo en un fortalecimiento del erario público, que es patrimonio de todos los mexicanos, sino también de la economía en su conjunto. Lo anterior se explica al considerar que, acorde a diversas estimaciones de organismos tanto nacionales como internacionales, los costos que representa la corrupción para nuestra economía ascienden a varios puntos porcentuales del PIB, recursos que, una vez reducida la corrupción a su mínima expresión, se reorientarán a actividades productivas como la generación de empleos y el ahorro tanto privado como público.

Cabe destacar que un Estado eficiente, transparente, que genera un flujo confiable de información, le dará una mayor certidumbre a todas las personas interesadas en invertir sus recursos y sus talentos para emprender actividades productivas en nuestro país. De hecho, acorde al arreglo institucional hoy vigente, las grandes empresas que poseen los recursos necesarios para detectar las oportunidades de inversión en el sector público, poseen una importante ventaja frente a sus competidores de menor tamaño y de menor capacidad; lo que se expresa en una premisa sencilla: cuando hay asimetría en la información entre los conciudadanos las desigualdades se exacerban y los desequilibrios se perpetúan.

En cambio, con esta Ley, la información no sólo se transparenta sino que también se democratiza, tendiendo con ello a igualar las oportunidades. Así, bajo este nuevo marco institucional tanto los grandes, medianos, pequeños y micro empresarios tendrán a su disposición la misma información, pudiendo preverse que, ante la mayor certidumbre que brinde la transparencia, se incremente el número y el monto de las inversiones dispuestas a dirigirse a nuestro país para beneficio de todos los mexicanos.

La conciencia de un compromiso por salvaguardar nuestro Estado de Derecho y construir un régimen plenamente democrático, motiva al Ejecutivo a mi cargo a presentar esta iniciativa, la que encuentra su fundamento en el mismo texto constitucional. En efecto, los artículos 6º y 8º de nuestra Carta Magna consagran como garantías individuales el derecho de petición y el de información. Por este último, corresponde a todo individuo dirigirse de manera respetuosa a la autoridad, sin que se encuentre limitado en cuanto a la materia de la solicitud. La autoridad queda obligada a responder al particular. En este sentido la solicitud puede consistir en una petición de información. Por otra parte, el artículo 6º, a partir de 1977, consagra como garantía individual el derecho a la información. Con este fundamento, y con el objeto de hacer efectivos estos derechos, tratándose del acceso a la información pública, se presenta una iniciativa para que el Congreso de la Unión expida la ley federal correspondiente.

Es prudente advertir que en los últimos veinticinco años se han realizado importantes esfuerzos para legislar en la materia, sin embargo, razones de desconfianza entre la sociedad y el gobierno, además de la confusión imperante de algunos sectores de la opinión pública sobre el derecho a la información y la libertad de expresión, impidió llegar a culminar cualquier proyecto de ley que reglamentara el derecho de acceso a la información.

Partiendo de estos antecedentes y para evitar incidir en los mismos equívocos, es importante subrayar que la iniciativa que ahora se presenta a esta Soberanía regula una de las vertientes del derecho a la información, a saber, la del acceso a la información del Estado. El derecho a la información es un concepto amplio y genérico bajo el que se concibe el derecho específico de acceder a la información pública.

Con esta iniciativa, el Ejecutivo Federal quiere dar cumplimiento al mandato de la parte final del artículo 6º constitucional que establece la obligación del Estado de garantizar el derecho a la información. En efecto, esta garantía requiere de los principios y procedimientos que regirán el acceso de los particulares a la información de todos los órganos del Estado. Estos procedimientos y principios permitirán así el ejercicio efectivo de un derecho ciudadano, hasta ahora hecho nugatorio por la falta de reglas claras.

Es preciso reconocer que, ante la ausencia de una regulación jurídica aplicable en la materia, el acceso a la información ha quedado como una concesión graciosa de la autoridad, sujeta a su buena voluntad y a la disponibilidad física de la información. El principio de legalidad, esencial dentro de un Estado de Derecho, reclama que la actividad de la autoridad se sujete estrictamente a la ley, siendo éste el único mecanismo para obtener seguridad y garantía en el respeto a los derechos de los particulares. Esta iniciativa propone contar, por tanto, con un instrumento legal que por fin haga valedero el acceso a la información pública.

Antes de presentar el esquema que explica el contenido dispositivo de la iniciativa, es pertinente referirse al ámbito personal de aplicación de la Ley. Al tratarse de una obligación de todos aquellos que poseen información pública, la Ley se ha diseñado para aplicarse a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial Federales, así como a los organismos constitucionales autónomos, es decir, al Instituto Federal Electoral, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y al Banco de México. Se incluyen como sujetos obligados a las universidades y a las demás instituciones a las que la Constitución o la Ley otorgue autonomía, así como a los tribunales administrativos. Finalmente, la Ley se aplicará también, según lo establezcan sus disposiciones, a las entidades de interés público y en general a cualquier persona que reciba recursos públicos.

Por otra parte, y con el objeto de plantear los principios que subyacen y que dan sustento al articulado de la iniciativa, hemos de referimos en primer lugar al principio de la publicidad de la información en posesión del Estado. Efectivamente en el artículo 2º del proyecto, se señala expresamente este principio. Sin embargo, hay que apuntar que su verdadera eficacia sólo se comprende frente al derecho específico que corresponde a los particulares de tener acceso a la información.

Al respecto es importante señalar que, conforme a los principios constitucionales y por tratarse de una garantía individual, se otorga este derecho a cualquier persona y no sólo a ciudadanos mexicanos, aunque en la práctica es previsible que serán éstos los que obtengan los mayores beneficios de la Ley. Con este principio se rompe con una de las reglas no escritas que habían caracterizado a nuestro sistema político y administrativo en donde el secreto se convirtió en regla y la publicidad la excepción. De ahora en adelante la situación será la inversa.

Para asegurar la efectividad de este principio toral, la propia Ley establece que, en su interpretación, deberá favorecerse la publicidad de la información. Con ello se busca dejar claro al interprete de la Ley que, en caso de duda, deberá privilegiar el carácter público de la información por encima de las posibles reservas.

El segundo principio consiste en establecer la obligación estricta, por parte de los servidores públicos federales, de observar las disposiciones de la Ley. Por tal razón, y para asegurar el cumplimiento de este principio, la Ley establece en el capítulo correspondiente una serie de conductas cuya violación será causa de responsabilidad administrativa, de conformidad con la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Es importante destacar que el concepto de servidores públicos no se limita a los funcionarios del Poder Ejecutivo Federal sino que, de conformidad con la legislación aplicable, cubre todos aquellos sujetos previstos en el párrafo primero del Artículo 108 Constitucional.

Un tercer principio de la Ley corresponde a la delimitación de la información reservada o confidencial. En efecto, el derecho de acceso a la información, como todo derecho, encuentra algunos límites. Sin embargo, éstos no pueden ser discrecionales, sino que deben estar señalados de manera expresa y específica en la Ley.

Para la elaboración del catálogo de materias reservadas se tomó en cuenta con especial cuidado la experiencia internacional. Es posible afirmar que, en todos los casos, las excepciones previstas en la Ley corresponden a los estándares internacionales comúnmente aceptados en la materia y están siempre justificados por un equilibrio entre el derecho a la información y la protección del interés público.

Adicionalmente, debe hacerse notar que, en el caso de los supuestos de reserva que se establecen en la iniciativa, no basta con que se actualice el contenido de la información por referirse a una de las materias reservadas, por ejemplo seguridad nacional o seguridad pública, sino que es necesario además que exista un elemento de daño que permita afirmar que su divulgación podría afectar gravemente la conducta de una de las funciones del Estado o bien poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de una persona.

Por otro lado, es necesario reconocer que algunos de los conceptos de reserva pueden prestarse a una interpretación amplia. Tal es el caso, por ejemplo, de los conceptos de seguridad nacional, seguridad pública o defensa nacional. Al respecto es pertinente advertir que, por un lado, no existe ninguna definición universalmente aceptada, lo que existen son criterios generales en el ámbito del Derecho Internacional y del Derecho Constitucional, sobre los cuales se lleva a cabo cualquier interpretación, especialmente la que realiza el órgano encargado de aplicar la Ley. Por otro lado, y este es un punto central, estos conceptos no se aplican en el vacío jurídico y por ello en su interpretación deberá considerarse la legislación vigente en la materia, que permite darles un contenido determinado. Sin embargo, para dar mayor seguridad jurídica a los particulares y orientar la interpretación el concepto de seguridad nacional se incluyó una definición que incorpora los criterios generalmente aceptados en la materia.

Otro aspecto que debe señalarse en materia de información reservada es que la Ley reconoce como confidencial a toda aquella información que una legislación específica considere como tal. Con ello se pretendió no caer en el error de intentar derogar de una sola vez todas las disposiciones vigentes en la materia, sino permitir que la autoridad legislativa, caso por caso, pueda examinar y valorar la existencia de intereses legítimos que sean lo suficientemente importantes como para limitar el acceso a cierta información.

La reserva de información que plantea la Ley no supone un valor absoluto. Por ello, se establece con toda claridad que el periodo de reserva podrá ser hasta de 20 años, y sólo susceptible de ampliarse en casos excepcionales debidamente justificados. Esto quiere decir que los órganos competentes podrán clasificar la información por un periodo razonable para salvaguardar el interés protegido, pero que una vez agotado este periodo de reserva, o bien las causas que le dieron origen, la información será desclasificada y pasará al dominio público.

Adicionalmente, la información reservada deberá ser clasificada y custodiada de manera tal que se garantice su conservación y se impida su destrucción.

En otras palabras, la información reservada tiene un estatus especial en un doble sentido. Si bien por un lado se reserva del dominio público por un tiempo determinado, por otro se asegura su conservación bajo un régimen especial. Con ello se garantiza de nuevo el equilibrio entre ciertos intereses legítimos del Estado y el derecho a la información.

Como último principio, y como parte del objeto de la Ley, se señala la protección de datos personales. Existe una clara relación entre el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales, no porque se trate forzosamente de dos realidades contrapuestas, sino porque la regulación de ambas debe ser complementaria. En efecto, la publicidad de la información debe respetar el derecho de privacidad que corresponde a los datos personales de cualquier individuo. Para lograr la correcta armonía entre uno y otro derecho, deben especificarse lo más posible sus alcances.

Existe la conciencia de que cada uno de estos derechos es de tal magnitud, que requeriría de una ley especial que regule su objeto y establezca su diseño institucional, por esta razón y mientras no se expida una ley en materia de datos personales, la iniciativa que se presenta incluye un capítulo específico relativo a este tema, en el que se recogen los principios fundamentales al respecto y que puede servir de base para la legislación futura.

Ahora bien, el esquema bajo el que se construye la presente iniciativa se erige en tres ejes fundamentales:

El primer eje de la Ley se refiere a la obligación de los órganos del Estado de poner a disposición de los ciudadanos un conjunto de información que les permita tener un conocimiento directo de las funciones, acciones, resultados, estructura y recursos asignados. Es importante destacar que esta información deberá estar disponible de manera permanente y sin que medie una solicitud de los particulares. Se trata de lograr la mayor transparencia posible respecto de, entre otras cuestiones, los presupuestos asignados, su monto y ejecución, las observaciones de las contralorías o de la entidad superior de fiscalización al desarrollo del ejercicio presupuestal, los sueldos y prestaciones de los servidores públicos, los programas operativos, los trámites y servicios, el marco normativo, los programas de subsidios, las concesiones y permisos, las contrataciones públicas, información sobre la situación económica, financiera y de la deuda pública.

Este conjunto de información, que deberá estar disponible en la mayor medida de lo posible en Internet, a efecto de asegurar su mayor difusión posible, permitirá que los ciudadanos puedan evaluar de manera permanente los indicadores más importantes de la gestión pública. Adicionalmente, estas actividades reducirán los costos de operación de la Ley, ya que en lugar de procesar solicitudes individuales existirá un mecanismo permanente de consulta.

Además, como resultado de la consulta pública, se recogió la inquietud ciudadana de asegurar la calidad de la información que se proporcione. Por ello, se incluyó el deber para los sujetos obligados de proporcionar, en la medida de lo posible, esta información con valor agregado a efecto de facilitar su uso y comprensión y permitir evaluar su calidad, confiabilidad, oportunidad y veracidad.

El segundo eje de la Ley consiste en el derecho de los particulares de requerir información a los sujetos obligados. La Ley, en su diseño, establece un procedimiento detallado aplicable a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Posteriormente, permite que los Poderes Legislativo, Judicial, los órganos constitucionales autónomos y los tribunales administrativos implementen, mediante reglamentos o acuerdos generales, procedimientos adecuados a sus propias características, siempre y cuando respeten los mínimos establecidos en la Ley.

En cuanto al procedimiento de acceso aplicable a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, éste busca lograr simplicidad y eficiencia. Es un procedimiento que se sustancia en dos instancias. La primera ante la dependencia o entidad que tiene la información. La segunda, en revisión, ante la Comisión de Garantías de la Información. El particular tendrá siempre el derecho de recurrir por la vía de amparo las decisiones de la Comisión de Garantías de la Información. En cambio, para las autoridades las decisiones de la Comisión serán definitivas.

Este modelo de control judicial en última instancia asegura por un lado las mayores garantías para los particulares y, por otro, respeta el diseño constitucional que otorga al Poder Judicial de la Federación la última palabra respecto de la interpretación de las leyes de la Nación.

La Ley obliga a todas las dependencias y entidades a designar una unidad de enlace. La función de ésta es ser la "ventanilla" a través de la cual los ciudadanos presenten sus solicitudes de acceso a la información. Estas solicitudes, que podrán ser presentadas directamente o por la vía electrónica, serán simples y, quizá más importante, no se requerirá de justificar interés alguno, dejando así abierta la oportunidad que cualquier particular pueda usar libremente su derecho de acceso.

Una vez presentada la solicitud, la unidad de enlace será la responsable de turnar la solicitud a la unidad administrativa que tenga, la información, quien hará el primer juicio sobre la clasificación de la información. Lo anterior obedece a que son los servidores públicos de cada unidad administrativa quienes mejor conocen la información y pueden realizar el juicio sobre la eventual necesidad de reservarla, siempre dentro de los parámetros establecidos en la Ley.

En el caso de que el titular de la unidad administrativa juzgue que la información solicitada debe ser clasificada, de manera automática se inicia un procedimiento ante el Comité de Información de cada dependencia. Este Comité es el órgano colegiado interno, responsable de validar la clasificación hecha en primera instancia o bien revocada. Este mecanismo tiene por objeto asegurar la pertinencia de la clasificación, la uniformidad en la aplicación de criterios y evitar el juicio único del servidor público que clasificó la información en primera instancia. De considerarlo necesario, el Comité puede revocar la clasificación hecha por el titular de la unidad administrativa y ordenar el acceso a la información. De lo contrario, confirma la clasificación de la información y se notifica al particular la negativa a la solicitud de acceso, quien puede iniciar el recurso de revisión.

En principio, el procedimiento de acceso deberá durar un máximo de veinte días hábiles, es decir, un mes calendario. Este plazo podrá ampliarse por un periodo igual cuando existan causas justificadas, entre otras, la complejidad de la búsqueda y siempre y cuando se notifique al solicitante.

Como puede observarse, el esquema está diseñado para evitar que el particular transite por innumerables oficinas administrativas o bien, que tenga que conocer forzosamente la ubicación de la unidad en que físicamente se encuentre la documentación solicitada. Es decir, él recibe toda la atención y la tramitación de su solicitud, hasta que se le dé respuesta, en la ventanilla de acceso.

Por otra parte, la falta de respuesta a una solicitud se reputará como una negativa ficta, permitiendo que el solicitante pueda interponer el recurso de revisión, medio de defensa que desde luego también procede en caso de negativa expresa.

Este recurso se sustancia ante la Comisión de Garantías de la Información, mediante un procedimiento diseñado para asegurar las garantías de audiencia y legalidad para las partes y la máxima imparcialidad e independencia de decisión.

El tercer eje de la Ley se refiere a la creación de instituciones responsables de su aplicación e interpretación. En el caso del Poder Ejecutivo Federal, se prevé la existencia de la citada Comisión de Garantías como un órgano con autonomía de operación, presupuestal y, lo más importante, de decisión. Esta Comisión innovará la manera en que la Administración Pública Federal enfrentará su proceso de apertura.

En virtud de que los particulares exigen imparcialidad en el órgano responsable de administrar la Ley y evitar que éste se convierta en juez y parte, no se optó por crear un órgano desconcentrado según las formas tradicionales, sino uno alejado de las decisiones políticas de la administración centralizada.

Para lograrlo, la iniciativa establece que el órgano colegiado de decisión estará integrado por tres ciudadanos mexicanos que gocen de buen juicio y probidad, que sean destacados profesionales, ya sea del servicio público o la academia y que no hayan sido condenados por delito alguno, salvo los de carácter no intencional. La duración de su encargo será de cuatro años pudiendo ser reelectos por una sola vez y sólo podrán ser removidos de sus funciones por causa grave.

La autonomía de la Comisión de Garantías de la Información se dará en dos niveles, el primero, se actualiza con la autonomía de decisión, es decir, para efecto de sus resoluciones, la Comisión no estará subordinada a autoridad alguna y adoptará sus decisiones con plena independencia. El segundo, al ser el Poder Judicial de la Federación el garante del control constitucional, la iniciativa preserva la jurisdicción constitucional como el medio idóneo para la protección de los derechos fundamentales reconocidos en nuestra Carta Magna, a través del juicio de amparo que es la última instancia de la que disponen los justiciables.

En consecuencia, se hace notar que la Comisión actuará en el ámbito administrativo como un filtro eficaz que permitirá resolver por la vía del recurso la mayor parte de las inconformidades de los particulares. En caso de que persista el desacuerdo, aquellos tendrán expedita la acción ante los tribunales federales.

Finalmente, para reforzar la garantía que deben tener los particulares de que este ordenamiento se cumplirá, se establece un capítulo de responsabilidades y sanciones de carácter administrativo para aquellos servidores públicos que usen, destruyan, oculten, divulguen o alteren indebidamente información que se encuentre bajo su custodia, así como para aquellos que nieguen intencionalmente información considerada como pública o entreguen la que tenga carácter de reservada o confidencial.

Es necesario señalar que el origen de la presente iniciativa de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información ha sido un proceso democrático, ya que se elaboró tomando en cuenta la opinión, las propuestas y las críticas de cientos de mexicanos que participaron en la Consulta Nacional que para este fin se llevó a cabo. Dicha consulta se caracterizó por constituirse en un espacio plural, abierto e incluyente en el que, lo único que no tuvo cabida, fueron las exclusividades. De igual forma lo es, en tanto que, para acercar la gestión pública al ciudadano, acota el poder del Estado al reducir los márgenes de su operación discrecional, a la vez de fortalecer el equilibrio de poderes que es innegablemente uno de los pilares de la gobernabilidad democrática y el Estado de Derecho.

Con esta iniciativa el Ejecutivo Federal perfila el inicio de un nuevo camino que impulsa la participación social y la confianza en nuestras instituciones públicas; en definitiva, contribuye en la construcción de un país más justo, transparente y democrático.

En razón de las anteriores consideraciones y con fundamento en la fracción I del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esa honorable Soberanía la presente iniciativa de

LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES COMUNES PARA LOS SUJETOS OBLIGADOS

Capítulo I
Disposiciones Generales

Artículo 1. La presente Ley es de orden público. Tiene como finalidad la de garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía legal, y cualquier otra entidad federal. La Ley se aplicará también, según lo establezcan sus disposiciones, a las entidades de interés público y a cualquier persona que reciba recursos públicos federales.

Artículo 2. La información a que se refiere esta Ley es pública y los particulares tendrán acceso a la misma en sus términos.

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

Artículo 6. En la interpretación de esta Ley se deberá favorecer el principio de publicidad de la información en posesión de los sujetos obligados.

Artículo 7. La Ley Federal de Procedimiento Administrativo se aplicará de manera supletoria a la presente Ley.

Capítulo II
Obligaciones de transparencia

Artículo 8. Con excepción de la información reservada o confidencial prevista en esta Ley, los sujetos obligados deberán poner a disposición del público y actualizar, en los términos del reglamento y los lineamientos que expida la Comisión o la instancia equivalente a que se refiere el Artículo 59, entre otra, la información siguiente:

Las dependencias y entidades deberán atender las recomendaciones que al respecto expida la Comisión.

Artículo l0. La información a que se refieren los artículos 8 y 9 deberá estar a disposición del público, a través de medios remotos o locales de comunicación electrónica. Los sujetos obligados deberán tener a disposición de las personas interesadas equipo de cómputo, a fin de que éstas puedan obtener la información, de manera directa o mediante impresiones. Asimismo, éstos deberán proporcionar apoyo a los usuarios que lo requieran.

Las dependencias y entidades deberán preparar la automatización, presentación y contenido de su información, como también su integración en línea, en los términos que disponga el Reglamento y los lineamientos que al respecto expida la Comisión.

Artículo 11. Las dependencias y entidades deberán hacer públicas, directamente o a través de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal o de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria -en los términos que establezca el Reglamento, y por lo menos con 20 días de anticipación a la fecha en que se pretendan publicar o someter a firma del titular del Ejecutivo Federal,- los anteproyectos de leyes y disposiciones administrativas de carácter general a que se refiere el Artículo 4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, salvo que se determine a juicio de la Consejería o la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, según sea el caso, que su publicación puede comprometer los efectos que se pretenda lograr con la disposición o se trate de situaciones de emergencia, de conformidad con esa Ley.

Artículo 12. Los informes que presenten los partidos políticos y las agrupaciones políticas nacionales al Instituto Federal Electoral deberán hacerse públicas desde que sean presentados. También deberán hacerse públicas las auditorías y verificaciones que ordene la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas.

Cualquier ciudadano podrá solicitar, a través del Instituto Federal Electoral, información relativa al uso de los recursos públicos que reciban los partidos políticos y las agrupaciones políticas nacionales.

Artículo 13. Los sujetos obligados deberán hacer pública toda aquella información relativa a los montos y las personas a quienes entreguen, por cualquier motivo, recursos públicos, así como los informes que dichas personas les entreguen sobre el uso y destino de dichos recursos.

Capítulo III
Información reservada y confidencial

Artículo 14. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya difusión pueda:

Artículo 16. La información clasificada como reservada según los artículos 14 y 15, podrá permanecer con tal carácter hasta por un periodo de 20 años. Esta información podrá ser desclasificada cuando se extingan las causas que dieron origen a su clasificación o cuando haya transcurrido el periodo de reserva. La disponibilidad de esa información será sin perjuicio de lo que, al respecto, establezcan otras leyes.

La Comisión, de conformidad con el reglamento, o la instancia equivalente a que se refiere el Artículo 59 establecerán los criterios para la clasificación y desclasificación de la información reservada.

Asimismo, los sujetos obligados podrán solicitar a la Comisión o a la instancia establecida de conformidad con el Artículo 59, según corresponda, la ampliación del periodo de reserva, siempre y cuando subsistan las causas que dieron origen a su clasificación.

Artículo 17. Los titulares de las unidades administrativas serán responsables de clasificar la información de conformidad con los criterios establecidos en esta Ley, su Reglamento y los lineamientos expedidos por la Comisión por o la instancia equivalente a que se refiere el Artículo 59, según corresponda.

Artículo 18. Las unidades administrativas elaborarán semestralmente y por categorías un índice de los expedientes clasificados como reservados, que será entregado para su custodia al titular de la dependencia o entidad.

El titular de cada dependencia o entidad deberá adoptar las medidas necesarias para asegurar la custodia y conservación de los expedientes clasificados.

La Comisión podrá solicitar los índices de las dependencias y entidades, pero no podrá hacerlos del dominio público, antes del término del periodo de reserva. Asimismo, la Comisión podrá tener acceso a la información reservada o confidencial para determinar su debida clasificación, desclasificación o la procedencia de su otorgar su acceso.

Las facultades previstas en este articulo para los titulares de cada dependencia o entidad o para la Comisión serán ejercidas por la instancia a que se refiere el Artículo 59.

Artículo 19. Como información confidencial se considerará:

Artículo 20. Cuando los particulares entreguen a los sujetos obligados la información que se refiere la fracción I del Artículo anterior, deberán señalar los documentos que contengan información confidencial, reservada o comercial reservada, siempre que tengan el derecho de reservarse la información, de conformidad con las disposiciones aplicables. En el caso de que exista una solicitud de acceso a información que incluya información confidencial, los sujetos obligados la comunicarán siempre y cuando medie el consentimiento expreso del interesado.

Artículo 21. Los datos técnicos, científicos, financieros o los que tengan un valor comercial y sean propiedad de cualquiera de los sujetos obligados, podrán ser puestos a disposición del público mediante el pago equivalente al valor comercial de aquellos.

Capítulo IV
Protección de datos personales

Artículo 22. Los sujetos obligados serán responsables de los datos personales y, en relación con éstos, deberán:

Artículo 24. No se requerirá el consentimiento de los individuos para difundir, distribuir o comercializar los datos personales en los siguientes casos:

Artículo 26. Sin perjuicio de lo que dispongan otras leyes, sólo los interesados o sus representantes podrán solicitar a una unidad de enlace o su equivalente, previa acreditación, que les proporcione los datos personales que obren en un sistema de datos personales. Aquella deberá entregarle, en un plazo de diez días contados desde la presentación de la solicitud -en formato comprensible para el solicitante- la información correspondiente. O bien, le comunicará por escrito que ese sistema de datos personales no contiene los referidos al solicitante.

La entrega de los datos personales será gratuita, debiendo cubrir el individuo únicamente los gastos de envío de conformidad con las tarifas aplicables. No obstante, si la misma persona realiza una nueva solicitud respecto del mismo sistema de datos personales en un periodo menor a doce meses a partir de la última solicitud, los costos se determinarán de acuerdo con lo establecido en el Artículo 29.

Artículo 27. Las personas interesadas o sus representantes podrán solicitar, previa acreditación, ante la unidad de enlace o su equivalente, que modifiquen sus datos que obren en cualquier sistema de datos personales. Con tal propósito, el interesado deberá entregar una solicitud de modificaciones a la unidad de enlace o su equivalente, que señale el sistema de datos personales, indique las modificaciones por realizarse y aporte la documentación que motive su petición. Aquella deberá entregar al solicitante, en un plazo de 30 días desde la presentación de la solicitud, una comunicación que haga constar las modificaciones o bien, le informe de manera fundada y motivada, las razones por las cuales no procedieron las modificaciones.

Artículo 28. Contra la negativa de entregar o corregir datos personales procederá la interposición del recurso a que se refiere el Artículo 51. También procederá en el caso de falta de respuesta en los plazos a que se refieren los artículos 26 y 27.

Capítulo V
Cuotas de acceso

Artículo 29. Los costos por obtener la información no podrán ser superiores a la suma de:

Los sujetos obligados deberán esforzarse por reducir, al máximo, los costos de entrega de información.
 

TITULO SEGUNDO
ACCESO A LA INFORMACIÓN EN EL PODER EJECUTIVO FEDERAL

Capítulo I
Unidades de enlace y comités de información

Artículo 30. Los titulares de cada una de las dependencias y entidades designarán. a la unidad de enlace que tendrá las funciones siguientes:

Artículo 34. Corresponderá al Archivo General de la Nación elaborar, en coordinación con la Comisión, los criterios para la catalogación, clasificación y conservación de los documentos administrativos, así como la organización de archivos de las dependencias y entidades. Dichos criterios tomarán en cuenta los estándares y mejores prácticas internacionales en la materia.

Los titulares de las dependencias y entidades, de conformidad con las disposiciones aplicables, deberán asegurar el adecuado funcionamiento de los archivos. Asimismo, deberán elaborar y poner a disposición del público una guía simple de sus sistemas de clasificación y catalogación, así como de la organización del archivo.

Capítulo II
Comisión de Garantías de la Información

Artículo 35. La Comisión de Garantías de la Información es un órgano de la Administración Pública Federal, con autonomía operativa, presupuestaria y de decisión, encargada de promover el ejercicio del derecho de acceso a la información; resolver sobre la negativa a las solicitudes de acceso a la información y proteger los datos personales en poder de las dependencias y entidades.

Artículo 36. A efecto de asegurar su autonomía, la Comisión estará integrada por tres comisionados, nombrados por el titular del Ejecutivo Federal, quien los designará previa consulta con organizaciones sociales, a través de la Secretaría de Gobernación.

Los comisionados sólo podrán ser removidos de sus funciones por causa grave que determine el Reglamento, durarán en su encargo cuatro años y podrán ser reelectos por una sola vez. Durante su encargo no podrán tener ningún otro empleo o cargo o comisión, salvo en instituciones docentes, científicas o de beneficencia.

La Comisión, para efectos de sus resoluciones, no estará subordinada a autoridad alguna y adoptará sus decisiones con plena independencia, y contará con los recursos humanos y materiales necesarios para el desempeño de sus funciones.

Artículo 37. Los comisionados deberán ser personas de reconocido prestigio, independencia de juicio y probidad, además de cumplir con los siguientes requisitos:

Artículo 39. Serán atribuciones de la Comisión:

Artículo 41. La Comisión rendirá anualmente un informe público sobre el acceso a la información, con base en los datos que le rindan las dependencias y entidades, según lo señalan el artículo 31 fracción VII. Para este efecto la Comisión expedirá los lineamientos que considere necesarios.
 

Capítulo III
Del procedimiento de acceso ante la dependencia o entidad

Artículo 42. Cualquier persona o su representante podrá solicitar, ante la unidad de enlace, la información mediante escrito, o bien en los formatos que apruebe la Comisión. La solicitud deberá contener:

Las unidades de enlace auxiliarán a los particulares en la elaboración de las solicitudes de acceso a la información, en particular en los casos en que el solicitante no sepa leer ni escribir.

En ningún caso la entrega de información estará condicionada a que se justifique su utilización, ni se requerirá demostrar interés alguno.

Artículo 43. La unidad de enlace será el vínculo entre la dependencia o entidad y el solicitante, ya que es la responsable de hacer las notificaciones a que se refiere esta Ley. Además, deberá llevar a cabo todas las gestiones necesarias en la dependencia o entidad a fin de facilitar el acceso a la información.

Artículo 44. Las dependencias y entidades sólo estarán obligadas a entregar documentos administrativos que se encuentren en sus archivos. La obligación de acceso a la información se dará por cumplida cuando se pongan a disposición del solicitante para consulta los documentos en el sitio donde se encuentren; o bien, mediante la expedición de copias simples, certificadas o cualquier otro medio.

El acceso se dará solamente en la forma en que lo permita el documento administrativo de que se trate, pero podrá entregarse en su totalidad o parcialmente, a petición del solicitante.

Cuando se trate de información que, previamente a una solicitud, se haya puesto a disposición del público, mediante libros, folletos, discos compactos u otro medio similar, la unidad de enlace indicará al particular la unidad administrativa en dónde puede consultar, reproducir o adquirir la información solicitada.

Artículo 45. La unidad de enlace turnará la solicitud a la unidad administrativa que tenga o pueda tener la información, con objeto de que ésta la localice, verifique su clasificación y le comunique a la primera la procedencia del acceso y la manera en que se encuentra disponible, a efecto de que se determine el costo, en su caso.

Las unidades administrativas podrán entregar documentos administrativos que contengan información clasificada como reservada o confidencial, siempre y cuando los documentos en que conste la información permitan eliminar las partes o secciones clasificadas. En tales casos, deberán señalarse las partes o secciones que fueron eliminadas.

Artículo 46. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible, que no podrá ser mayor de veinte días, contados desde la presentación de aquella. Además, se precisará el costo y la modalidad en que será entregada la información. Este plazo podrá ampliarse hasta por un periodo igual cuando existan razones que lo justifiquen, siempre y cuando se notifiquen al solicitante.

La información deberá entregarse dentro de los diez días siguientes al que la unidad de enlace le haya notificado la disponibilidad de aquella, siempre que el solicitante compruebe haber cubierto el pago de los derechos correspondientes.

El Reglamento establecerá la manera y términos para el trámite interno de las solicitudes de acceso a la información.

Artículo 47. En caso de que el titular de la unidad administrativa haya clasificado los documentos como reservados o confidenciales, deberá remitir de inmediato la solicitud, así como un oficio -con los elementos necesarios para fundar y motivar dicha clasificación- al Comité de la dependencia o entidad, mismo que deberá resolver si:

Artículo 48. Cuando los documentos no se encuentren en los archivos de la unidad administrativa, ésta deberá remitir al Comité de la dependencia o entidad la solicitud de acceso y el oficio en donde lo manifieste. El Comité analizará el caso y tomará las medidas pertinentes para localizar, en la dependencia o entidad, el documento solicitado y resolverá en consecuencia. En caso de no encontrarlo, expedirá una resolución que confirme la inexistencia del documento solicitado y notificará al solicitante, a través de la unidad de enlace, dentro del plazo establecido en el Artículo 46.

Artículo 49. Las solicitudes de acceso a la información y las respuestas que se les de, incluyendo en su caso la información entregada, serán públicas. Asimismo, las dependencias y entidades deberán poner a disposición del público esta información, en la mayor medida de lo posible a través de medios remotos o locales de comunicación electrónica.

Artículo 50. Las unidades de enlace no estarán obligadas a dar trámite a solicitudes de acceso ofensivas, cuando hayan entregado información sustancialmente idéntica como respuesta a una solicitud de la misma persona o cuando la información se encuentre disponible públicamente. En este caso deberán indicar al solicitante el lugar donde se encuentra la información.
 

Capítulo IV
Del procedimiento ante la Comisión

Artículo 51. El solicitante a quien se le haya notificado, mediante resolución de un Comité, la negativa de acceso a la información, la inexistencia de los documentos administrativos solicitados o bien, no esté conforme con la clasificación de la información, el costo o la modalidad de entrega, podrá interponer, por si mismo o a través de un representante, el recurso de revisión ante la Comisión o ante la unidad de enlace que haya conocido el asunto, dentro de los quince días siguientes a la fecha de la notificación. La unidad de enlace deberá remitir el asunto a la Comisión al día siguiente de haberlo recibido.

Este recurso también procederá en los casos en que la dependencia o entidad no entregue los datos personales solicitados, lo haga en un formato incomprensible o se niegue a efectuar modificaciones o correcciones a los datos personales.

El recurso previsto en este artículo procederá en lugar del establecido en el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

La Comisión proporcionará un servicio de apoyo a los interesados para que puedan presentar el recurso.

Artículo 52. La falta de respuesta a una solicitud de acceso, en el plazo señalado en el Artículo 46, se entenderá resuelta en sentido negativo. Por ello, una vez transcurrido ese plazo, el solicitante podrá interponer el recurso ante la Comisión. En este caso, para efectos de las fracciones III y IV del Artículo 53, bastará presentar copia de la solicitud en la que conste la fecha de su presentación ante la dependencia o entidad.

Artículo 53. El escrito de interposición del recurso de revisión deberá contener:

La información reservada o confidencial que, en su caso, sea solicitada por la Comisión por resultar indispensable para resolver el asunto, deberá ser mantenida con ese carácter y no estará disponible en el expediente.

Artículo 55. Las resoluciones de la Comisión podrán:

Si la Comisión no resuelve en el plazo establecido en esta Ley, la resolución que se recurrió se entenderá confirmada.

Artículo 56. El recurso será desechado por improcedente cuando:

Los tribunales tendrán acceso a la información reservada o confidencial cuando resulte indispensable para resolver el asunto y hubiera sido ofrecida en juicio. Dicha información deberá ser mantenida con ese carácter y no estará disponible en el expediente judicial.
 

TITULO TERCERO
ACCESO A LA INFORMACIÓN EN LOS DEMÁS SUJETOS OBLIGADOS

Capítulo Único

Artículo 59. El Poder Legislativo Federal, a través de la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados y la entidad superior de fiscalización, el Poder Judicial de la Federación, a través del Consejo de la Judicatura Federal, la Suprema Corte de Justicia y la Comisión de Administración del Tribunal Electoral, los órganos constitucionales autónomos y los tribunales administrativos, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán, mediante reglamentos o acuerdos de carácter general, los órganos, criterios y procedimientos institucionales para proporcionar a los particulares el acceso a la información, de conformidad con los principios establecidos en esta Ley. Dichos reglamentos o acuerdos deberán señalar, según corresponda:

TITULO CUARTO
RESPONSABILIDADES Y SANCIONES

Capítulo Único

Artículo 61. Serán causas de responsabilidad administrativa de los servidores públicos por incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Ley las siguientes:

La infracción prevista en la fracción V de este artículo será considerada como grave para efectos de su sanción administrativa.

Artículo 62. Las responsabilidades administrativas que se generen por el incumplimiento de las obligaciones a que se refiere el artículo anterior, son independientes de las del orden civil o penal que procedan.

TRANSITORIOS

Primero. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, con las modalidades que establecen los artículos siguientes.

Segundo. La publicación de la información a que se refiere el Artículo 8 deberá completarse, a más tardar, un año después de la entrada en vigor de la Ley.

Tercero. Los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, deberán designar la unidad de enlace y a los miembros de los Comités referidos en esta Ley, a más tardar, seis meses después de la entrada en vigor de este ordenamiento y notificarlo a la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo que, a su vez, deberá publicar la lista de unidades en el Diario Oficial de la Federación. La conformación de las estructuras a que se refiere esta disposición deberá hacerse con los recursos humanos materiales presupuestarios asignados, por lo que no deberán implicar erogaciones adicionales.

Cuarto. Para los efectos del Artículo 59, las entidades ahí señaladas deberán publicar los reglamentos o acuerdos de carácter general a más tardar un año después de la entrada en vigor de la Ley.

Quinto. La designación de los tres primeros comisionados será realizada a más tardar tres meses después de la entrada en vigor de la Ley. El primer periodo de ejercicio de los tres primeros comisionados vencerá en tres, cuatro y cinco años, respectivamente. En su designación se indicará el periodo que corresponde a cada uno de ellos.

Sexto. El titular del Ejecutivo Federal expedirá el Reglamento de esta Ley dentro del año siguiente a su entrada en vigor.

Séptimo. Los particulares podrán presentar las solicitudes de acceso a la información o de acceso y corrección de datos personales un año después de la entrada en vigor de la Ley.

Octavo. Esta Ley no deroga las disposiciones que, en materia de acceso a la información, estén establecidas en otras leyes.

Noveno. Las dependencias y entidades deberán, a más tardar el 1 de enero de 2005, completar la organización y funcionamiento de sus archivos administrativos, así como la publicación de la guía a que se refiere el Artículo 34.

Reitero a usted las seguridades de mi consideración atenta y distinguida.

Palacio Nacional, a 30 de noviembre de 2001.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
VICENTE FOX QUESADA (rúbrica)
 
 

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados
Presentes

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Martín Camarena de Obeso, para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de Filipinas en la ciudad de Guadalajara, con circunscripción consular en los estados de Baja California, Baja California Sur, Colima, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora.

Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

México, DF, a 27 de noviembre de 2001.

Sen. Diego Fernández de Cevallos Ramos (rúbrica)
Presidente
 

Minuta Proyecto de Decreto

Artículo Unico.- Se concede permiso al ciudadano Martín Camarena de Obeso, para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de Filipinas en la ciudad de Guadalajara, con circunscripción consular en los estados de Baja California, Baja California Sur, Colima, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora.

Salón de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 27 de noviembre de 2001.

Sen. Diego Fernández de Cevallos Ramos (rúbrica)
Presidente

Sen. Sara I. Castellanos Cortés (rúbrica)
Secretaria
 

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados
Presentes

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Fernando Díez Fernández, para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de España en la ciudad de Puebla, con circunscripción consular en el estado de Puebla.

Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

México, DF, a 27 de noviembre de 2001.

Sen. Diego Fernández de Cevallos Ramos (rúbrica)
Presidente
 

Minuta Proyecto de Decreto

Artículo Unico.- Se concede permiso al ciudadano Fernando Díez Fernández, para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de España en la ciudad de Puebla, con circunscripción consular en el estado de Puebla.

Salón de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 27 de noviembre de 2001.

Sen. Diego Fernández de Cevallos Ramos (rúbrica)
Presidente

Sen. Sara I. Castellanos Cortés (rúbrica)
Secretaria
 
 
 

CUATRO DE LA H. CAMARA DE SENADORES, CON PROYECTOS DE DECRETO POR LOS QUE SE CONCEDEN PERMISOS A CIUDADANOS PARA PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS EN MEXICO

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados
Presentes

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Manuel González Díaz y Brenda Helena Green Huerta, para prestar servicios de carácter administrativo en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua; y en la Embajada de los Estados Unidos de América en México, respectivamente.

Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

México, DF, a 27 de noviembre de 2001.

Sen. Diego Fernández de Cevallos Ramos (rúbrica)
Presidente
 

Minuta Proyecto de Decreto

Artículo Primero.- Se concede permiso al ciudadano Manuel González Díaz, para prestar servicios como auxiliar de limpieza en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Artículo Segundo.- Se concede permiso a la ciudadana Brenda Helena Green Huerta, para prestar servicios como asistente de inmigración en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.

Salón de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 27 de noviembre de 2001.

Sen. Diego Fernández de Cevallos Ramos (rúbrica)
Presidente

Sen. Sara I. Castellanos Cortés (rúbrica)
Secretaria
 

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados
Presentes

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Lidia Mariana Ortiz Zamudio, para que pueda prestar sus servicios en la Sección Consular de la Embajada de la República de Panamá en México.Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

México, DF, a 27 de noviembre de 2001.

Sen. Diego Fernández de Cevallos Ramos (rúbrica)
Presidente
 

Minuta Proyecto de Decreto

Artículo Unico.- Se concede permiso a la ciudadana Lidia Mariana Ortiz Zamudio, para que pueda prestar sus servicios en la Sección Consular de la Embajada de la República de Panamá en México.

Salón de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 27 de noviembre de 2001.

Sen. Diego Fernández de Cevallos Ramos (rúbrica)
Presidente

Sen. Sara I. Castellanos Cortés (rúbrica)
Secretaria
 

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados
Presentes

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Alexander Richards Young, para desempeñar el cargo de agente consular de los Estados Unidos de América en Acapulco, con circunscripción consular en el estado de Guerrero.

Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

México, DF, a 27 de noviembre de 2001.

Sen. Diego Fernández de Cevallos Ramos (rúbrica)
Presidente
 

Minuta Proyecto de Decreto

Artículo Unico.- Se concede permiso al ciudadano Alexander Richards Young, para desempeñar el cargo de agente consular de los Estados Unidos de América en Acapulco, con circunscripción consular en el estado de Guerrero.

Salón de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 27 de noviembre de 2001.

Sen. Diego Fernández de Cevallos Ramos (rúbrica)
Presidente

Sen. Sara I. Castellanos Cortés (rúbrica)
Secretaria
 

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados
Presentes

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Anne Rosenstein Harris, para desempeñar el cargo de agente consular de los Estados Unidos de América en Cozumel, con circunscripción consular en el estado de Quintana Roo.

Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

México, DF, a 27 de noviembre de 2001.

Sen. Diego Fernández de Cevallos Ramos (rúbrica)
Presidente
 

Minuta Proyecto de Decreto

Artículo Unico.- Se concede permiso a la ciudadana Anne Rosenstein Harris, para desempeñar el cargo de agente consular de los Estados Unidos de América en Cozumel, con circunscripción consular en el estado de Quintana Roo.

Salón de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 27 de noviembre de 2001.

Sen. Diego Fernández de Cevallos Ramos (rúbrica)
Presidente

Sen. Sara I. Castellanos Cortés (rúbrica)
Secretaria
 
 

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, le fue turnada para su estudio y dictamen la Iniciativa de Decreto por la que se reforman diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, presentada el día 4 de octubre de 2001, a los CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, por el Ejecutivo Federal con fundamento a los artículos 71, fracción I, y artículos 55 fracción I y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, 45, numeral 6 incisos e), f) y g) y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 56, 60, 87, 88, 89, 93 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a esta Comisión corresponde dictaminar las Iniciativas en comento, por lo que somete a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, a partir de los siguientes:

I. ANTECEDENTES

1. El día 4 de octubre del 2001 el Ejecutivo Federal, presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión la Iniciativa de Decreto por la que se reforman los artículos 11, 12, 109 BIS, 130, 162 segundo párrafo, 163 primer párrafo, 167 primer párrafo, 171 fracción I, 173 fracción I y último párrafo, y 174 BIS fracción I, y se adicionan un segundo párrafo al artículo 119, un cuarto párrafo al artículo 159 BIS, un segundo párrafo al artículo 161, un tercer párrafo al artículo 163, un segundo párrafo al artículo 168, y un cuarto párrafo al artículo 182 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente:

2. Esta Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales procedió al análisis de las Iniciativas apuntadas y a la determinación de investigar su viabilidad jurídica y técnica, para una mejor instrumentación de la política ambiental en nuestro país.

A partir de estos antecedentes y del análisis de la Iniciativa, los miembros de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales que suscriben el presente dictamen, exponemos las siguientes:

II. CONSIDERACIONES

1. El denominador común de la iniciativa presentada refleja la necesidad de contar con un instrumento jurídico que de seguridad y protección a nuestro medio ambiente. Es necesario emprender el camino hacia una transición con la finalidad de otorgar mayores atribuciones en materia de gestión ambiental a los gobiernos de las entidades federativas.

2. Ya que la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, pretende establecer criterios y planes para una política ambiental basada en el desarrollo sustentable, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales con sus facultades de correspondencia otorgadas por el artículo 39 numeral 3 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos ha analizado y adecuado la Iniciativa de Decreto a fin de dar vigencia a la necesidad de que las conductas de los ciudadanos que producen afectaciones ambientales sean sujetas a una regulación eficaz y eficiente.

3. Ya que la descentralización de la gestión ambiental en México es un proceso inconcluso, que requiere para avanzar la ampliación de las posibilidades jurídicas, institucionales, económicas y políticas de los gobiernos y agentes locales y que el fortalecimiento del federalismo es una tarea ineludible y urgente, es indispensable promover el abatimiento del rezago institucional de los gobiernos locales pues de ellos depende no sólo el logro de una mayor eficiencia en la gestión ambiental, sino una contribución indispensable al desarrollo democrático y sustentable del país. Por ello, con relación a las reformas de los artículos 11 y 12 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente que se refieren a la suscripción de convenios o acuerdos de coordinación se da respuesta a la necesidad de un enfoque moderno de descentralización que busque establecer una estrategia de transferencia de atribuciones, funciones y recursos, gradual y diferenciada, acorde con la situación particular de cada entidad federativa, que asegure una mayor eficacia y eficiencia en la gestión ambiental.

4. Tenemos en primera instancia que la propuesta para que el Distrito Federal, los Estados, y en su caso los Municipios, puedan en el ámbito de su jurisdicción, asumir las facultades de administrar y vigilar las áreas naturales protegidas de competencia de la Federación sea una propuesta que puede permitir un fortalecimiento del proceso de transición gradual de descentralizar las facultades para la conservación. Pero ante tal reforma esta claro que un federalismo adecuado es aquel que dote a las entidades federativas y a los municipios de los recursos para operar, y reconozca su legítima aspiración al desarrollo sustentable con las modalidades que considere necesarias en su territorio. Ello debe de darse siempre de forma progresiva ya que los rezagos institucionales son bastos. Por lo tanto, la ley debe dar el mandato al Gobierno Federal para que no solo delegue funciones, si no que también asegure la retribución a aquellos que por conservar los recursos naturales generen servicios ambientales. Por ello la adición del artículo 45 BIS a ésta Ley.

5. La descentralización de las funciones en cuanto al control de los residuos peligrosos considerados de baja peligrosidad, debe ser reforzada ya que no existen criterios ni parámetros para determinar la baja o alta peligrosidad de dichos residuos. Por lo anterior, es necesario que se establezcan estos lineamientos con miras a contribuir de mejor manera a la protección ambiental, modificando el artículo 150 segundo párrafo de la Ley.

6. La evaluación de impacto ambiental es sin lugar a dudas una herramienta de política ambiental que por su naturaleza dinámica requiere ser perfeccionada continuamente. La distribución de facultades en este sentido imprime una posibilidad para que las entidades federativas y los municipios sean más autogestivos de sus recursos naturales y su ambiente.

7. Por lo anterior en el caso de los convenios de descentralización relativos a la evaluación del impacto ambiental de las obras o actividades referidas en la fracción XIII del artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, es indispensable que previo a dicho convenio existan los ordenamientos ecológicos regional, particular y marino dependiendo el caso, ello con la finalidad de fortalecer la articulación entre el proceso de descentralización y la planeación del desarrollo regional sustentable, y consolidar los sistemas de información de los recursos naturales y sus servicios ambientales. De la descentralización para la fracción X del mismo ordenamiento se observa una contradicción con el supremo mandato constitucional, pues éste expresa en el artículo 48 que los sistemas marinos interiores, como manglares, lagunas costeras etc. dependerán directamente del Gobierno de la Federación.

8. Si bien es cierto que consideramos que promover la suscripción de convenios o acuerdos con los gobiernos de las entidades federativas incrementa las facultades transferidas a cada una de ellas consolidando así su desarrollo institucional, particularmente en cuanto a organización, aptitud técnica y capacidad de administrar recursos, esto debe darse en un proceso progresivo de modificación del marco normativo que tome en cuenta las capacidades de las regiones del país y de base a la instrumentación de los programas, de ahí que se considere como muy pronta la posibilidad de que puedan ser encomendadas a gobiernos locales las evaluaciones de impacto ambiental en los casos de las actividades mencionadas en las fracciones V y VII del artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

9. Por otra parte, en cuanto descentralizar las evaluaciones de impacto ambiental para las actividades altamente riesgosas, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente establece en su artículo 145 que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales debe promover "la determinación de los usos de suelo" en aquellas "zonas en las se permita el establecimiento de industrias, comercios o servicios considerados como riesgosos", por lo tanto es necesario que todo convenio para descentralizar dichas facultades este sujeto a un previo ordenamiento ecológico. Aunado a ello se debe considerar que estas actividades pueden generar daños en ocasiones irreversibles a los ecosistemas y a la salud pública, y que además, no existen mecanismos claros para obligar a mitigar los daños ambientales y sociales de forma pronta y adecuada, por ello es necesario que las leyes establezcan como obligatorio contar con seguros de riesgo ambiental para éstas actividades, de tal que forma el federalismo en materia ambiental avance con la seguridad que se requiere, por ello proponemos añadir un artículo 147 BIS. Para el establecimiento de estos mecanismos es necesaria la participación de otras instituciones del Ejecutivo Federal Como la Secretaría de Economía antes Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

10. Hay que señalar que es necesario la homologación de los procedimientos para instrumentar la evaluación de impacto ambiental. Por ello, es necesario que la firma de los convenios este también sujeta a que el procedimiento de evaluación de impacto ambiental que lleven a cabo el Distrito Federal, los Estados, y en su caso, los Municipios, esté en concordancia con el establecido en el Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación de Impacto Ambiental, por eso proponemos la adición de las fracciones IX y X al artículo 12. Así, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales debe autorizar y dar a la luz pública los procedimientos que las entidades o los municipios habrán de implementar en el caso de los convenios o acuerdos a que nos referimos.

11. Por otra parte, en el Título Cuarto de la Ley, se propone reformar el artículo 109 BIS, con la finalidad de avanzar en cuanto al derecho a la información ambiental. En efecto, nuestro país requiere de la actualización y modernización de los sistemas de información que permitan a la ciudadanía y a la autoridad, contar con los elementos fidedignos y suficientes de información para la adecuada toma de decisiones. La industria nacional debe conocer sus emisiones reales a fin de reducirlas mediante tecnologías limpias que le permitan mayor competitividad; en consecuencia, se introduce la facultad de los tres órdenes de gobierno de establecer un registro de emisiones y transferencia de contaminantes, obligatorio, público y desagregado.

12. El presente proyecto introduce algunas adecuaciones en el Título Sexto artículos 161, 162, 163, 167, 168, 171, 173, 174 y 182 que se refiere a las disposiciones relativas al procedimiento de inspección y vigilancia e imposición de medidas de seguridad y sanciones. La iniciativa permitirá proporcionar, tanto al ciudadano como a la autoridad, mayor certidumbre en el proceso de imposición de sanciones. Además, la coadyuvancia con el Ministerio Público resulta además de gran importancia, por la naturaleza difusa del interés jurídico que tiene la víctima del delito ambiental, toda vez que en un gran número de supuestos, el ofendido es la sociedad en su conjunto.

13. En otro aspecto, la iniciativa propone impulsar la participación de los tres niveles de gobierno en la conformación de aquellos instrumentos de toma de decisiones a nivel global que consideren la perspectiva local. En este sentido, se sugiere adicionar un párrafo al artículo 159 BIS.

14. Por último, se reforma los artículos 119, 130 y 161, con la finalidad de precisar las atribuciones de la Secretaría de Marina en materia de prevención y control de la contaminación de las aguas en zonas y aguas marinas mexicanas, fortaleciendo su participación en la inspección y vigilancia en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Con base a las consideraciones anteriormente expuestas, los integrantes de esta Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, han llegado a las siguientes:

CONCLUSIONES

La iniciativa de reformas y adiciones fue analizada y adecuada con fundamento en los artículos 39, 45, numeral 6 incisos e), f) y g) y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 56, 60, 87, 88, 89, 93 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. En lo general consideramos a las iniciativas como congruentes con la política ambiental que debe seguir la Federación de ahí que el presente dictamen apruebe en sentido positivo y ajuste particularidades de las iniciativas en comento.

Como resultado de lo anterior, esta Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales permite someter a la consideración del Pleno de esta H. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión el siguiente proyecto de:

"DECRETO QUE REFORMA LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE".

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 11, 12, 109 BIS, 130, 150 segundo párrafo, 162, segundo párrafo, 163 primer párrafo, 167 primer párrafo, 171 fracción I, 173 fracción I y último párrafo, y 174 BIS fracción I. Se adicionan el artículo 45 BIS, un segundo párrafo al artículo 119, un artículo 147 BIS, un cuarto párrafo al 159 BIS, un segundo párrafo al 161, un tercer párrafo al 163, un segundo párrafo al 168, y un cuarto párrafo al 182 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:

Artículo 11. La Federación, por conducto de la Secretaría, podrá suscribir convenios o acuerdos de coordinación, con el objeto de que los gobiernos del Distrito Federal o de los Estados, con la participación, en su caso, de sus Municipios, asuman las siguientes facultades, en el ámbito de su jurisdicción territorial:

En contra de los actos que emitan los gobiernos del Distrito Federal o de los Estados y, en su caso, de sus Municipios, en ejercicio de las facultades que asuman de conformidad con este precepto respecto de los particulares, procederán los recursos y medios de defensa establecidos en el Capítulo V del Título Sexto de esta Ley.

Artículo 12. Para los efectos del artículo anterior, los convenios o acuerdos de coordinación que celebre la Federación, por conducto de la Secretaría, con los gobiernos del Distrito Federal o de los Estados, con la participación, en su caso, de sus Municipios, deberán sujetarse a las siguientes bases:

Los convenios o acuerdos de coordinación a que se refiere el presente artículo, sus modificaciones, así como su acuerdo de terminación, deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en la gaceta o periódico oficial de la respectiva entidad federativa.

Artículo 45 BIS. Las autoridades competentes garantizarán el otorgamiento de estímulos fiscales y retribuciones económicas, con la aplicación de los instrumentos económicos referidos en el presente ordenamiento, a los propietarios, poseedores o titulares de otros derechos sobre tierras, aguas y bosques comprendidos dentro de áreas naturales protegidas.

Artículo 109 BIS. La Secretaría, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, deberán integrar un registro de emisiones y transferencia de contaminantes al aire, agua, suelo y subsuelo, materiales y residuos de su competencia, así como de aquellas sustancias que determine la autoridad correspondiente. La información del registro se integrará con los datos y documentos contenidos en las autorizaciones, cédulas, informes, reportes, licencias, permisos y concesiones que en materia ambiental se tramiten ante la Secretaría, o autoridad competente del Gobierno del Distrito Federal, de los Estados, y en su caso, de los Municipios.

Las personas físicas y morales responsables de fuentes contaminantes están obligadas a proporcionar la información, datos y documentos necesarios para la integración del registro. La información del registro se integrará con datos desagregados por sustancia y por fuente, anexando nombre y dirección de los establecimientos sujetos a registro.

La información registrada será pública y tendrá efectos declarativos. La Secretaría permitirá el acceso a dicha información en los términos de esta Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables y la difundirá de manera proactiva.

Artículo 119. ...

Tratándose de normas oficiales mexicanas que se requieran para prevenir y controlar la contaminación de las aguas en zonas y aguas marinas mexicanas, la Secretaría se coordinará con la Secretaría de Marina.

Artículo 130. La Secretaría autorizará el vertido de aguas residuales en aguas marinas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Aguas Nacionales, su Reglamento y las normas oficiales mexicanas qué al respecto expida. Cuando el origen de las descargas provenga de fuentes móviles o de plataformas fijas en el mar territorial y la zona económica exclusiva, así como de instalaciones de tierra cuya descarga sea el mar, la Secretaría se coordinará con la Secretaría de Marina para la expedición de las autorizaciones correspondientes.

ARTICULO 147 BIS. Quienes realicen actividades altamente riesgosas, en los términos del Reglamento correspondiente, deberán contar con un seguro de riesgo ambiental. Para tal fin, la Secretaría con aprobación de las Secretarías de Gobernación, de Energía, de Economía, de Salud, y del Trabajo y Previsión Social integrará un Sistema Nacional de Seguros de Riesgo Ambiental.

ARTICULO 150. ...........

El Reglamento y las normas oficiales mexicanas a que se refiere el párrafo anterior, contendrán los criterios y listados que identifiquen y clasifiquen los materiales y residuos peligrosos por su grado de peligrosidad, considerando sus características y volúmenes; además, habrán de diferenciar aquellos de alta y baja peligrosidad. Corresponde a la Secretaría la regulación y el control de los materiales y residuos peligrosos.

............

Artículo 159 BIS. ...

...

...

Los Estados, los Municipios y el Distrito Federal, participarán con la Secretaría en la integración del Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales.

Artículo 161. ...

En las zonas marinas mexicanas la Secretaría, por sí o por conducto de la Secretaría de Marina, realizará los actos de inspección, vigilancia y, en su caso, de imposición de sanciones por violaciones a las disposiciones de esta Ley.

Artículo 162. .........

Dicho personal, al realizar las visitas de inspección, deberá contar con el documento oficial que los acredite o autorice a practicar la inspección o verificación, así como la orden escrita debidamente fundada y motivada, expedida por autoridad competente, en la que se precisará el lugar o zona que habrá de inspeccionarse y el objeto de la diligencia.

Artículo 163. El personal autorizado, al iniciar la inspección, se identificará debidamente con la persona con quien se entienda la diligencia, exhibiéndole, para tal efecto credencial vigente con fotografía, expedida por autoridad competente que lo acredite para realizar visitas de inspección en la materia, y le mostrará la orden respectiva, entregándole copia de la misma con firma autógrafa, requiriéndola para que en el acto designe dos testigos.

...

En los casos en que no fuera posible encontrar en el lugar de la visita persona que pudiera ser designada como testigo, el personal actuante deberá asentar esta circunstancia en el acta administrativa que al efecto se levante, sin que ello afecte la validez de la misma.

Artículo 167. Recibida el acta de inspección por la autoridad ordenadora, requerirá al interesado, cuando proceda, mediante notificación personal o por correo certificado con acuse de recibo, para que adopte de inmediato las medidas correctivas o de urgente aplicación que, en su caso, resulten necesarias para cumplir con las disposiciones jurídicas aplicables, así como con los permisos, licencias, autorizaciones o concesiones respectivas, señalando el plazo que corresponda para su cumplimiento, fundando y motivando el requerimiento. Asimismo, deberá señalarse al interesado que cuenta con un término de quince días para que exponga lo que a su derecho convenga y, en su caso, aporte las pruebas que considere procedentes en relación con la actuación de la Secretaría.

...

Artículo 168. .........

Durante el procedimiento y antes de que se dicte resolución, el interesado y la Secretaría, a petición del primero, podrán convenir la realización de las acciones de restauración o compensación de daños necesarias para la corrección de las presuntas irregularidades observadas. La instrumentación y evaluación de dicho convenio, se llevará a cabo en los términos del artículo 169 de esta Ley.

Artículo 171. ............

...

...

Artículo 173. ...

La autoridad correspondiente, por sí o a solicitud del infractor, podrá otorgar a éste, la opción para pagar la multa o realizar inversiones equivalentes en la adquisición e instalación de equipo para evitar contaminación o en la protección, preservación o restauración del ambiente y los recursos naturales, siempre y cuando se garanticen las obligaciones del infractor, no se trate de alguno de los supuestos previstos en el artículo 170 de esta Ley, y la autoridad justifique plenamente su decisión.

Artículo 174 BIS. ...

...

...

La Secretaría será coadyuvante del Ministerio Público Federal, en los términos del Código Federal de Procedimientos Penales. Lo anterior, sin perjuicio de la coadyuvancia que pueda hacer la víctima o el ofendido directo del ilícito, por sí mismo o a través de su representante legal."

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Los procedimientos y recursos administrativos que a la entrada en vigor del presente decreto se encuentren pendientes de resolución se sustanciarán conforme a las disposiciones vigentes en el momento en que se iniciaron.

TERCERO. Para la firma y entrada en vigor de cualquier convenio o acuerdo a que se refiere el artículo 11 de esta Ley, las Entidades Federativas o Municipios participantes en ellos, habrán de contar con su propio programa de ordenamiento regional, particular o marino según corresponda.

CUARTO. Los seguros de riesgo ambiental estarán sujetos a un Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para el Establecimiento de Seguros y Primas por Riesgo Ambiental. Para tal efecto, la Secretaría, habrá de publicar este marco reglamentario, a más tardar en un año después de la entrada en vigor del presente decreto.

Sala de Comisiones, México, Distrito Federal, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil uno.

Diputados: Cobo Terrazas, Diego (rúbrica), Presidente; de la Rosa Godoy, Jesús (rúbrica), secretario; Lugo Espinoza, Gustavo (rúbrica), secretario; Gutiérrez Machado, Miguel Angel (rúbrica), secretario; Garibay García, Jesús (rúbrica), secretario; Arano Montero, Francisco (rúbrica); Aureoles Conejo, Silvano (rúbrica); Bortolini Castillo, Miguel (rúbrica); Coheto Martínez, Vitálico Cándido (rúbrica); Cota Montaño, Rosa Delia (rúbrica); Díaz Medina, José Manuel; García Sepúlveda, Sergio; Garza Martínez, Rómulo (rúbrica); Gracia Guzmán, Raúl (rúbrica); Guillén Torres, José María (rúbrica); Manterola Sáinz, Pedro; Mendieta Cuapio, Albino (rúbrica); Nazar Morales, José Jacobo (rúbrica); Pallares Bueno, Juan Carlos (rúbrica); Pineda Velázquez, Héctor; Ponce Contreras, Ramón (rúbrica); Ramírez Agama, Rafael (rúbrica); Ramírez Sánchez, Rafael (rúbrica); Rodríguez López, Jaime; Sáinz Lozano, Juan Carlos (rúbrica); Sicilia Salgado, Raúl Efrén (rúbrica); Tejeda Vázquez José María (rúbrica); Torrijos Mendoza, Miguel Angel (rúbrica); Vidal Pérez, Julio César; Treviño Gutiérrez, Librado (rúbrica).
 
 
 
 

DE LA COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 7° DE LA LEY FORESTAL

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, fue turnada para su estudio y dictamen, la Iniciativa de Decreto por el que se reforma el artículo 7° de la Ley Forestal, enviada el 4 de octubre del 2001 por el Ejecutivo Federal.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, 45 en su numeral 6 incisos e), f), g) y demás relativos a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 58, 60, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a esta Comisión corresponde dictaminar la Iniciativa en comento, por lo que somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, a partir de los siguientes:

I. ANTECEDENTES

1.- Con fecha 4 de octubre del 2001, la Presidencia de la Mesa Directiva de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, recibió la Iniciativa de Decreto por el que se reforma el articulo 7° de la Ley Forestal, enviada por el Titular del Ejecutivo Federal, Lic. Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

2.- El mismo día 4 de octubre del 2001, con base en lo dispuesto en el inciso f) numeral 1 del artículo 23 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Presidencia de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados decidió turnar dicha Iniciativa de Decreto a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

3.- Para corresponder a ese mandato, esta Comisión distribuyó los datos referentes a dicha Iniciativa entre los integrantes de organismos públicos y privados, así como de la sociedad civil organizada, para fomentar su participación y recoger sus opiniones con respecto a la reforma propuesta. Al mismo tiempo, los asesores técnicos de la Comisión analizaron la Iniciativa motivo del presente dictamen, procediendo a unificar los criterios que serían incorporados a este documento, para dar cumplimiento al inciso b) del párrafo 2 del artículo 40 de la mencionada Ley Orgánica.

4.- Entre las especificaciones utilizadas para justificar esta iniciativa, se distingue la apreciación, como una tarea ineludible y urgente, el fortalecimiento del federalismo y la descentralización para lograr una mayor eficiencia de la gestión ambiental.

5.- Particularmente esta iniciativa propone adecuar el marco jurídico, procurando su integración y una clara transferencia de competencias acorde con el principio de subsidiariedad y con las capacidades de gestión ampliadas de las entidades federativas; depurar la oferta de descentralización en función de un nuevo marco jurídico, y precisar los mecanismos de transferencias; consolidar el desarrollo institucional de dichas entidades federativas; promover la suscripción de convenios o acuerdos con los gobiernos de las entidades federativas, incrementando las facultades transferidas a cada una de ellas; fortalecer la articulación entre el proceso de descentralización y la planeación del desarrollo regional sustentable, y consolidar el sistema de información, seguimiento y evaluación de los resultados del proceso.

6.- El 20 de mayo de 1997 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Forestal. El principal objetivo de esas reformas, señala: la de contribuir al desarrollo sustentable del sector forestal en México, haciendo de esa legislación un instrumento jurídico que apoye y fortalezca a este sector y sea la base para su crecimiento.

A partir de estos antecedentes y del análisis de la iniciativa, los miembros de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales que suscriben el presente dictamen, exponemos las siguientes:

II. CONSIDERACIONES

1.- Entre las consideraciones que ofrece la reforma a la Ley Forestal, destaca la siguiente: El esquema propuesto tiene la virtud de que reconoce las naturales asimetrías que existen en las entidades federativas, respecto a la capacidad para asumir nuevas atribuciones y, por ello, se consideró pertinente descartar un mecanismo rígido que transfiera facultades federales a los Estados, sin tomar en cuenta tales asimetrías. En consecuencia, surge la inminencia de establecer lineamientos puntuales y precisos acerca de los términos a negociar en los convenios o acuerdos, evitando decisiones impositivas o ventajosas para alguna de las partes; así como, los detalles relativos a los procesos o mecanismos inherentes a la dotación de infraestructura, atribuciones, financiamiento, etc. Algunas de estas precisiones podrían ser esbozadas a partir de las justificaciones que ofrece la iniciativa que propone modificaciones a la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.

2.- La Ley Forestal promulgada en 1997, conforme a un amplio proceso de consulta publica, persigue reforzar la vinculación entre la legislación ambiental y la forestal; regular las forestaciones (plantaciones forestales comerciales) para minimizar sus impactos ambientales; facilitar la participación del sector social y otorgar seguridad jurídica a quienes la realizan; fortalecer los mecanismos de autorización para el aprovechamiento de los recursos maderables y no maderables; fortalecer el capítulo de sanciones a los infractores de la ley y la normatividad forestal; propiciar el mejoramiento de la calidad de los servicios técnicos y regular y controlar la sanidad de los productos forestales de importación, para tener un mayor control fitosanitario.

3.- En cambio, la actual propuesta de modificación a la Ley Forestal, específicamente a lo dispuesto en el artículo 7°, en los párrafos dedicados a justificar la propuesta, se adolece de consignar procesos de consulta o de participación de algunos sectores involucrados en el tema. Solamente se le enmarca en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, basando su gestión ambiental en instituciones modernas que garanticen el ejercicio continuo de la democracia.

4.- La presente propuesta legislativa para reformar el artículo 7° de la Ley Forestal, hace referencia en su fracción I, a los recursos forestales no maderables. Lo que resulta precipitado, ante la carencia de un lista oficial que enumere a los reconocidos como tales por la Secretaría, por lo que debe urgirse a la misma sobre la publicación de una lista de los recursos forestales no maderables.

5.- La iniciativa en cuestión propone establecer un mecanismo claro de transición a fin de otorgar mayores atribuciones en materia de gestión ambiental a los gobiernos del Distrito Federal, de los estados y de sus municipios, por ello se añade un segundo párrafo al artículo 7°. De esta manera, se establecería la posibilidad legal de que los gobiernos de las entidades federativas asuman la ejecución de algunas facultades que actualmente corresponden a la Federación, a través de la celebración de convenios o acuerdos de coordinación.

6.- La reforma que se propone al artículo 7° de la Ley Forestal, dispone que las facultades que sean transferidas a través de acuerdos o convenios de coordinación, sean ejercidas de conformidad a lo dispuesto en la Ley Forestal y demás disposiciones federales aplicables.

Con base en lo anteriormente expuesto, los integrantes de esta Comisión han llegado a las siguientes:

III. CONCLUSIONES

Se concluye que la iniciativa referente a la Propuesta de Reforma al artículo 7° de la Ley Forestal es procedente. Siempre y cuando, se incluyan las consideraciones expresadas por el Ejecutivo, a manera de justificación, en la propuesta de Decreto para reformar las disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y de Protección al Ambiente. Entre ellas, la que señala: resulta indispensable establecer una estrategia de transferencia de atribuciones, funciones y recursos, gradual y diferencial, acorde con la situación particular de cada entidad federativa, que asegure una mayor eficacia y eficiencia en la gestión ambiental.

Como resultado de lo anterior, está Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se permite someter a la consideración del Pleno de la H. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión el siguiente:

DECRETO QUE REFORMA EL ARTICULO 7º DE LA LEY FORESTAL

ARTICULO UNICO.- Se reforma el artículo 7º de la Ley Forestal, para quedar como sigue:

Artículo 7. La Federación a través de la Secretaría y con la intervención que corresponda a sus entidades sectorizadas, podrá suscribir convenios o acuerdos de coordinación, con el objeto de que los gobiernos del Distrito Federal o de los estados, con la participación, en su caso, de sus municipios, asuman la siguientes facultades, en el ámbito de su jurisdicción territorial:

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- En un plazo no mayor de 90 días hábiles, a partir de la publicación de este decreto que reforma el artículo 7º de la Ley Forestal, la Secretaría efectuará una publicación oficial de la lista completa de los recursos forestales no maderables que hasta esa fecha, hayan sido identificados por dicha Secretaría.

Sala de Comisiones, México, DF, a los veintidós días del mes de noviembre del año 2001.

Diputados: Cobo Terrazas, Diego (rúbrica), Presidente; de la Rosa Godoy, Jesús (rúbrica), secretario; Lugo Espinoza, Gustavo, secretario; Gutiérrez Machado, Miguel Angel (rúbrica), secretario; Garibay García, Jesús (rúbrica), secretario; Arano Montero, Francisco (rúbrica); Aureoles Conejo, Silvano; Bortolini Castillo, Miguel; Coheto Martínez, Vitálico Cándido; Cota Montaño, Rosa Delia; Díaz Medina, José Manuel; García Sepúlveda, Sergio; Garza Martínez, Rómulo; Gracia Guzmán, Raúl (rúbrica); Guillén Torres, José María; Manterola Sáinz, Pedro; Mendieta Cuapio, Albino (rúbrica); Nazar Morales, José Jacobo; Pallares Bueno, Juan Carlos (rúbrica); Pineda Velázquez, Héctor (rúbrica); Ponce Contreras, Ramón; Ramírez Agama, Rafael (rúbrica); Ramírez Sánchez, Rafael (rúbrica); Rodríguez López, Jaime (rúbrica); Sáinz Lozano, Juan Carlos (rúbrica); Sicilia Salgado, Raúl Efrén; Tejeda Vázquez José María; Torrijos Mendoza, Miguel Angel (rúbrica); Treviño Gutiérrez, Librado (rúbrica); Vidal Pérez, Julio César.
 
 
 

DE LA COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 1°, SEGUNDO PARRAFO, 11, 12 Y 127, FRACCIONES I Y II, Y SE ADICIONA EL ARTICULO 60 BIS DE LA LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre, enviada por el C. Presidente de la República Vicente Fox Quesada, el día 4 de octubre del año 2001, la iniciativa de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, 45 en su numeral 6 incisos e), f), y g), y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55 fracción II, 56, 58, 60, 87 y 88 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a esta Comisión corresponde dictaminar la iniciativa en comento, por lo que somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, a partir de los siguientes:

I. ANTECEDENTES

1) En sesión celebrada el 4 de octubre del 2001, el Ejecutivo Federal presentó al Pleno de la Cámara de Diputados el Proyecto de Iniciativa de Decreto por el que se reforman los artículos 1° segundo párrafo, 11, 12 y 127 fracciones I y II, y se adiciona el artículo 60 Bis de la Ley General de Vida Silvestre.

2) La actual Ley General de Vida Silvestre fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de julio del 2000. En ella el objetivo principal es la conservación mediante la protección de la biodiversidad, a través de la exigencia de niveles óptimos de aprovechamiento sustentable. Así, se pretende mantener y promover la restauración de la biodiversidad, así como incrementar el bienestar de los habitantes del país.

3) Los fundamentos legales para conservar la vida silvestre, se encuentran en la Constitución que faculta a la Nación para regular el aprovechamiento de estos recursos a través de su conservación, en el párrafo tercero del artículo 127, que deja bajo su dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma continental y los zócalos submarinos.

La Ley de Vida Silvestre vigente establece la coordinación entre los distintos ordenes del gobierno y entre dependencias de un mismo rango. Este aspecto es fundamental ya que de la correcta atribución de facultades depende la seguridad jurídica de los gobernados. Es fundamental al considerar el principio de que los poderes públicos solo pueden actuar en virtud de atribuciones expresas.

A partir de estos antecedentes, los miembros de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales que suscriben el presente dictamen, exponemos las siguientes:

II. CONSIDERACIONES

1) Dentro del nuevo enfoque moderno de descentralización, la presente administración, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, basará su gestión ambiental en instituciones modernas que garanticen el ejercicio continuo de la democracia. Para esto se requiere de una nueva cultura de gobierno que se apoye, entre otros criterios, en el del desarrollo incluyente, sustentable, competitivo y regional, adoptando como una acción fundamental el fortalecimiento del federalismo.

2) El fortalecimiento del federalismo y la descentralización es una tarea ineludible y urgente. De ellas depende no sólo el logro de una mayor eficiencia en la gestión ambiental, sino una contribución indispensable al desarrollo democrático del país. Por ello, resulta indispensable establecer una estrategia de transferencia de atribuciones, funciones y recursos, gradual y diferenciada, acorde con la situación particular de cada entidad federativa, que asegure una mayor eficacia y eficiencia en la gestión ambiental.

3) Por otra parte, se propone reformar el párrafo segundo del artículo 11 de la Ley General de Vida Silvestre, en virtud de que, en materia forestal, el concepto de recursos no maderables, abarca productos y subproductos forestales que son frecuentemente aprovechados con fines comerciales; sin embargo, la Ley General de Vida Silvestre no prevé procedimientos a los cuales se sujete este tipo de aprovechamientos, ya que el aprovechamiento extractivo establecido en dicho ordenamiento legal, señala criterios que en esencia son aplicables a la fauna silvestre.

4) La reforma que se propone no altera el régimen de protección de la flora silvestre, pues las especies y poblaciones de recursos forestales maderables y no maderables catalogados como en riesgo, quedan sujetas a las disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre.

5) En referencia a los mamíferos marinos, ciertamente, se encuentran listados en peligro de extinción y existe el riesgo de que la cacería comercial se reabra, por lo que consideramos conveniente prohibir el aprovechamiento extractivo con fines comerciales de todos los incluidos en la lista de mamíferos marinos. Sin embargo nos parece que permitir el aprovechamiento extractivo con fines de exhibición atenta con la supervivencia de las especies, como son ballenas grises o vaquita marina, que se encuentran listadas bajo la categoría de en peligro de extinción, por lo cual no deberá permitirse ningún tipo de aprovechamiento comercial de estas especies en general, y se permite tan sólo el aprovechamiento extractivo con fines de investigación científica y educación superior

6) Por último, y en materia de esta ley, se reforman el artículo 127, relacionadas con sanciones administrativas, con el propósito de aumentar significativa mente las sanciones relativas al tráfico y posesión ilegal de fauna silvestre, así como a la liberación no autorizada de fauna silvestre, especialmente en el caso de infractores reincidentes y traficantes de especies.

Con base en lo anterior expuesto los integrantes de esta Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales han llegado a las siguientes:

III. CONCLUSIONES

Por lo Anterior, en lo general, nos parecen adecuadas las modificaciones en materia de Vida Silvestre que propone el Ejecutivo Federal y tan solo se realizan modificaciones en lo particular.

Como resultado de lo anterior, esta Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se permite someter a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión el siguiente:
 

"DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE."

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 1º, segundo párrafo, 11, 12 y 127, fracciones I y II, y se adiciona el artículo 60 Bis de la Ley General de Vida Silvestre, para quedar como sigue:

"Artículo 1º. ...

El aprovechamiento sustentable de los recursos forestales maderables y no maderables y de las especies cuyo medio de vida total sea el agua, será regulado por las leyes forestal y de pesca, respectivamente, salvo que se trate de especies o poblaciones en riesgo.

Artículo 11. La Federación, por conducto de la Secretaria, podrá suscribir convenios o acuerdos de coordinación, con el objeto de que los gobiernos del Distrito Federal o de los Estados, con la participación, en su caso, de sus Municipios, asuman las siguientes facultades, en el ámbito de su jurisdicción territorial:

En contra de los actos que emitan los gobiernos del Distrito Federal o de los Estados y, en su caso, de sus Municipios, en ejercicio de las facultades que asuman de conformidad con este precepto respecto de los particulares, procederán los recursos y medios de defensa establecidos en el Capítulo V del Título Sexto de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Artículo 12. La celebración de los convenios o acuerdos de coordinación a que se refiere el artículo anterior, se sujetará a las bases previstas en el artículo 12 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Artículo 60 Bis. Ningún ejemplar de mamífero marino, cualquiera que sea la especie podrá ser sujeto de aprovechamiento extractivo, ya sea de subsistencia o comercial, con excepción de la captura que tenga por objeto la investigación científica y la educación superior de instituciones acreditadas.

El promovente de una autorización para la captura de mamíferos marinos a los que se refiere este artículo, deberá entregar a la autoridad correspondiente un protocolo completo que sustente su solicitud. El resto del trámite quedará sujeto a las disposiciones de la presente Ley y demás ordenamientos aplicables.

Artículo 127. ...........

...

...

ARTÍCULO TRANSITORIO

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Sala de Comisiones, México, Distrito Federal a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil uno.

Diputados: Cobo Terrazas, Diego (rúbrica), Presidente; de la Rosa Godoy, Jesús (rúbrica), secretario; Lugo Espinoza, Gustavo (rúbrica), secretario; Gutiérrez Machado, Miguel Angel (rúbrica), secretario; Garibay García, Jesús (rúbrica), secretario; Arano Montero, Francisco (rúbrica); Aureoles Conejo, Silvano (rúbrica); Bortolini Castillo, Miguel (rúbrica); Coheto Martínez, Vitálico Cándido; Cota Montaño, Rosa Delia; Díaz Medina, José Manuel; García Sepúlveda, Sergio; Garza Martínez, Rómulo (rúbrica); Gracia Guzmán, Raúl (rúbrica); Guillén Torres, José María; Manterola Sáinz, Pedro (rúbrica); Mendieta Cuapio, Albino (rúbrica); Nazar Morales, José Jacobo (rúbrica); Pallares Bueno, Juan Carlos (rúbrica); Pineda Velázquez, Héctor; Ponce Contreras, Ramón (rúbrica); Ramírez Agama, Rafael (rúbrica); Ramírez Sánchez, Rafael (rúbrica); Rodríguez López, Jaime; Sáinz Lozano, Juan Carlos (rúbrica); Sicilia Salgado, Raúl Efrén; Tejeda Vázquez José María (rúbrica); Torrijos Mendoza, Miguel Angel (rúbrica); Treviño Gutiérrez, Librado (rúbrica); Vidal Pérez, Julio César.
 
 

DE LA COMISION DE EDUCACION PUBLICA Y SERVICIOS EDUCATIVOS, CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UNA FRACCION AL ARTICULO 75 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION

Honorable Asamblea:

Con fundamento en las facultades que nos confieren los artículos 39, 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 60, 65, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados que suscribimos, integrantes de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, sometemos a la consideración de esta Soberanía el presente proyecto de decreto que adiciona una fracción al artículo 75 de la Ley General de Educación de conformidad con los siguientes:

I. Antecedentes

Primero.- Con fecha del 3 de octubre de 2000, en la sesión ordinaria celebrada por la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados, el Dip. Juan Alcocer Flores, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el pleno la Iniciativa de Reformas y Adiciones a la Ley General de Educación para la Incorporación de los Discapacitados a la Educación Regular.

Segundo.- En la misma fecha, la iniciativa fue turnada por la Mesa Directiva de Cámara a esta Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos para su estudio y dictamen correspondiente.

Tercero.- Con fundamento y en los términos del artículo 44 de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos creó una Subcomisión para la Reforma a la Ley General de Educación para la Incorporación de los Discapacitados a la Educación Regular, el día 30 de octubre de 2000, con el propósito de realizar el análisis de la iniciativa y la elaboración del anteproyecto de dictamen correspondiente.

Cuarto.- Dicha Subcomisión realizó una reunión de trabajo el día 20 de febrero de 2001. En ella, los diputados integrantes discutieron y consensuaron la valoración de la iniciativa para la formulación de un anteproyecto de dictamen.

Quinto.- En reunión de trabajo de esta Comisión, el día 2 de octubre de 2001, se sometió el anteproyecto de decreto a consideración del pleno. Los diputados integrantes discutieron y consensuaron la valoración de la iniciativa expuesta por la subcomisión citada y el sentido de su anteproyecto de decreto.

II. Consideraciones de la iniciativa

Primero.- La exposición de motivos señala la necesidad de establecer los medios que permitan a las personas con discapacidad el pleno ejercicio de sus derechos.

Segundo.- Señala que para la atención de las personas con discapacidad, se han establecido estrategias y compromisos por parte de distintas secretarías del Gobierno Federal, y reconoce que existe una significativa participación de diversas organizaciones no gubernamentales en la atención de discapacitados, sin embargo es necesario realizar acciones legislativas y de política pública, tendientes a eliminar la discriminación de este grupo de la población, así como lograr el cambio sociocultural de respeto y apoyo hacia sus personas.

Tercero.- En cuanto al derecho a la educación de las personas discapacitadas, refiere que el artículo 3º constitucional no establece que tipo de personas deba o no recibir educación en nuestro país; señalando que el artículo 2º de la Ley General de Educación precisa que todo individuo tiene derecho a recibir educación, en igualdad de oportunidades.

Cuarto.- Considera la exposición de motivos, que la inmensa mayoría de personas discapacitadas pueden ser integradas a los planteles de educación regular, y que en el caso de las personas con discapacidad que no puedan ser integradas, deben ser atendidas en escuelas de educación especial.

Quinto.- La Iniciativa propone dos puntos específicos: Evaluar a los niños discapacitados que puedan integrarse a la educación regular y establecer sanciones para quienes no acepten en sus planteles a niños con alguna discapacidad que puedan ser integrados a planteles de educación regular.

Sexto.- Para lograr la evaluación de los niños discapacitados, la Iniciativa propone reformar el segundo párrafo del artículo 41, estableciendo que para la integración de menores con discapacidades a los planteles de educación básica regular, se realice una valoración psicopedagógica y médica con el fin de determinar que niños pueden ser integrados.

Séptimo.- Para sancionar a instituciones que no acepten a niños que puedan ser integrados a planteles de educación regular, la Iniciativa propone adicionar una fracción al artículo 75 de la Ley General de Educación, estableciendo como infracción, el no aceptar en sus planteles a niños con alguna discapacidad que puedan ser integrados.

III. Valoración de la iniciativa

Primero.- Esta Comisión considera que en el contenido del artículo 41 de la Ley General de Educación ya se establece la obligación del Estado mexicano para ofrecer oportunidades educativas equitativas a los menores con discapacidades en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo tercero constitucional y segundo de la Ley General de Educación, señalando adicionalmente que dicha Ley obliga a las autoridades educativas, a los padres, tutores y maestros de escuelas de educación regular a procurar la satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje para la autónoma convivencia social y productiva de las personas con discapacidad.

Segundo.- Por otra parte y en referencia al artículo 41 de la Ley General de Educación, la LVII legislatura aprobó el 12 de junio del año 2000 la siguiente modificación: "La educación especial... Procurará atender a los educandos de manera adecuada a sus propias condiciones, con equidad social", quedando como "La educación especial... Atenderá a los educandos de manera adecuada a sus propias condiciones, con equidad social".

Tercero.- Por lo anterior, esta Comisión considera que no se requiere modificar el artículo 41 de la Ley General de Educación, toda vez que con la reforma del 12 de junio del año 2000, se establece la obligación del Estado a ofrecer educación a los discapacitados de forma general y obligatoria.

Cuarto.- Asimismo, consideramos que en caso de realizar la adición del primer párrafo del artículo 41 de la Ley General de Educación con el texto "Realizando una valoración psicopedagógica y médica, para determinar que niños puedan ser integrados", se corre el riesgo de que a los niños con discapacidad se les obligue a presentar para su integración a planteles de educación regular, el certificado de la valoración requerida por el nuevo texto, burocratizando excesivamente la atención a los educandos con discapacidad y provocando el efecto contrario a la intención de la iniciativa, toda vez que es a posterior del proceso de admisión de los educandos en los planteles de educación que se realiza la valoración pretendida.

Quinto.- En referencia a la adición al artículo 75, esta Comisión determina su aprobación, dictando su resolución con base en lo dispuesto por el artículo tercero constitucional que establece que todo individuo tiene derecho a recibir educación básica, así como en los términos y criterios que establece el artículo 41 de la Ley General de Educación.

Sexto.- Se propone la modificación del orden de las fracciones del artículo 75 quedando como sigue: la fracción XII actual, pasaría a ser la número "XIII" y la adición mediante el presente, se numeraría como "XII".

Con base en la argumentación expuesta, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos somete a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de

Decreto

Unico.- Se adiciona una fracción al artículo 75 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 75.- Son infracciones de quienes prestan servicios educativos:

Artículo Transitorio

Unico.- La Secretaría de Educación Pública establecerá lo conducente para lo que señala la fracción XII del artículo 75 en el siguiente ciclo escolar a partir de la publicación del presente decreto en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo, Sala de Comisiones, 10 de octubre de 2001.

Diputados: Enrique Meléndez Pérez, Presidente (rúbrica); Jorge Luis García Vera, secretario (rúbrica); Alonso Vicente Díaz, secretario (rúbrica); Oscar Ochoa Patrón, secretario (rúbrica); Miguel Bortilini Castillo, secretario (rúbrica); Celita Trinidad Alamilla Padrón (rúbrica); Luis Artemio Aldana Burgos (rúbrica); Silvia Alvarez Bruneliere (rúbrica); Alberto Anaya Gutiérrez; Hortensia Aragón Castillo (rúbrica); Norma Enriqueta Basilio Sotelo (rúbrica); Rosa Elena Baduy Isaac (rúbrica); Juan Nicolás Callejas Arrollo (rúbrica); Cutberto Cantorán Espinosa (rúbrica); José Manuel Correa Ceseña (rúbrica); Ramón León Morales (rúbrica); José Carlos Luna Salas (rúbrica); Héctor Méndez Alarcón (rúbrica); María Cristina Moctezuma Lule; Miguel Angel Donaciano Moreno Tello (rúbrica); Rodolfo Guadalupe Ocampo Velázquez (rúbrica); José Ramírez Gamero; Eduardo Rivera Pérez (rúbrica); Gerardo Sosa Castelán (rúbrica); José María Tejeda Vázquez; Fernando Ugalde Cardona (rúbrica); Olga Margarita Uriarte Rico (rúbrica); María Isabel Velasco Ramos (rúbrica); Bertha Alicia Simental García; José del Carmen Soberanis González; Nahum Ildefonso Zorrilla Cuevas.
 
 
 

DE LA COMISION DE SALUD, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTICULOS 251 Y 252 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Salud le fue turnada para su estudio y dictamen la Iniciativa de reforma los artículos 241, 251 y 252 de la Ley General de Salud, misma que fue presentada al Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el 19 de diciembre de 2000.

Esta Comisión, de conformidad con las atribuciones que le otorgan los artículos 39 numerales 1º y 3º; 44 y 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 87, 88, 89, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Honorable soberanía el siguiente Dictamen de acuerdo con los siguientes:

Antecedentes

Con fecha 19 de diciembre del año 2000 el Diputado Juan Alcocer Flores del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, presentó ante el Pleno de la H. Cámara de Diputados la Iniciativa de reforma a los artículos 241, 251 y 252 de la Ley General de Salud, y que fue turnada a esta Comisión de Salud para su estudio y dictamen en la misma fecha por la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados.

La propuesta modifica los artículos señalados de la Ley General de Salud y añade un artículo transitorio para quedar como sigue, siendo importante la trascripción de los artículos vigentes:

Artículo vigente:

ARTICULO 241.- La prescripción de estupefacientes se hará en recetarios especiales, que contendrán, para su control, un código de barras asignado por la Secretaría de Salud, o por las autoridades sanitarias estatales, en los siguientes términos:

ARTÍCULO 241: La prescripción de estupefacientes se hará en recetarios especiales, que contendrán para su control, un código de barras y holograma asignado por la Secretaría de Salud, o por las autoridades sanitarias estatales en los siguientes términos:

...

...

Artículo vigente:

ARTÍCULO 251.- Las substancias psicotrópicas incluidas en la fracción III del artículo 245 de esta Ley, así como las que se prevean en las disposiciones aplicables o en las listas a que se refiere el artículo 246, cuando se trate del grupo a que se refiere la misma fracción, requerirán para su venta o suministro al público, receta médica que contenga el número de la cédula profesional del médico que la expida, la que deberá surtirse por una sola vez y retenerse en la farmacia que la surta, de acuerdo a las disposiciones de la Secretaría de Salud.

Reforma propuesta:

ARTÍCULO 251.- Las sustancias psicotrópicas incluidas en la fracción III del artículo 245 de esta Ley, así como las que se prevean en las disposiciones aplicables o en las listas a que se refiere el artículo 246, cuando se trate del grupo a que se refiere la misma fracción, requerirán para su venta o suministro al público, receta médica especial de acuerdo con lo establecido en los artículo 240, 241 y 242, la que deberá surtirse por una sola vez, de acuerdo con las disposiciones de la Secretaría de Salud.

Artículo vigente:

ARTÍCULO 252.- Las substancias psicotrópicas incluidas en la fracción IV del artículo 245 de esta ley, así como las que se prevean en las disposiciones aplicables o en las listas a que se refiere el artículo 246, cuando se trate del grupo a que se refiere la misma fracción, requerirán, para su venta o suministro al público, receta médica que contenga el número de la cédula profesional del médico que la expida, la que podrá surtirse hasta por tres veces, con una vigencia de seis meses, contados a partir de la fecha de su expedición y no requerirá ser retenida por la farmacia que la surta, las primeras dos veces.

Reforma propuesta:

ARTÍCULO 252.- Las sustancias psicotrópicas incluidas en la fracción IV del artículo 245 de esta ley, así como las que se prevean en las disposiciones aplicables o en las listas a que se refiere el artículo 246, cuando se trate del grupo a que se refiere la misma fracción, requerirán para su venta o suministro al público, receta médica especial de acuerdo con lo establecido en los artículos 240, 241 y 242, la que podrá surtirse hasta por tres veces, con una vigencia de seis meses, contados a partir de la fecha de su expedición y no requerirá ser retenida por la farmacia que la surta las primeras dos veces.

Artículo transitorio.- La Secretaría de Salud establecerá lo conducente para lo que señalan los artículos 240, 241, 242 de la Ley General de Salud, en un plazo no mayor de 30 días a la entrada en vigor de este Decreto.

Por otra parte esta Comisión recibió el día 23 de junio de 2001 la opinión del Dr. Juvenal Vidrio Rodríguez miembro integrante de la Comisión de Salud, que en resumen propone que se añada a la propuesta el que las recetas contengan el número de la cédula profesional del médico que la expida y tengan título registrado por las autoridades educativas respectivas; que la reforma se aplique únicamente a los estupefacientes que ya contempla la Ley General de Salud en el Artículo 241, y que ya requieren recetarios especiales con código de barras asignado por la Secretaría de Salud; y por último señala que en el artículo transitorio se omite señalar la fecha de entrada en vigor de la reforma objeto de estudio, y para su observancia remite a lo establecido en los artículos 240 y 242, los que no guardan relación alguna con la reforma propuesta. Por ello los asesores de esta Comisión de salud, a efecto de dotar de congruencia al transitorio propuesto en la iniciativa del diputado Alcocer, recomiendan que dicho artículo remita a los artículos 251 y 252 de Ley General de Salud y aumentar el plazo de 30 a 60 días para que entre en vigor la pretendida reforma.

De acuerdo con los anteriores antecedentes y sugerencias, esta Comisión de Salud expone las siguientes:

Consideraciones

En la exposición de motivos de la Iniciativa se exponen entre otros los siguientes conceptos:

• Las adicciones y la drogadicción son en nuestro país un problema de salud pública que debe atenderse con prontitud, como una prioridad.

 
• Los estimulantes y tranquilizantes se consiguen con facilidad en las farmacias y se utilizan como complementos de otras drogas.

 
• Las recetas pueden falsificarse mediante copias fotostáticas, o diseñarlas en una computadora, o mandando imprimir recetarios a cualquier imprenta. El control de los psicotrópicos se debe llevar a cabo en las farmacias en un libro sellado por la Secretaría de Salud, en el que se anotan las salidas de estos fármacos y se retienen las recetas para el debido control sanitario.

 
• La Iniciativa de reforma propone que se utilicen recetarios especiales con código de barras y holograma asignado por la Secretaría de Salud, o por las autoridades sanitarias estatales, para que las personas no puedan presentar recetas apócrifas en las farmacias.

 
• La Comisión de Salud ha revisado con cuidado la magnitud del problema señalado en la Iniciativa y expone los siguientes considerandos a la soberanía:

 

 

De acuerdo con la Ley General de Salud (L.G.S.) y con el Reglamento de Insumos para la Salud (R.I.S.) los medicamentos psicotrópicos para su venta y suministro al público se consideran:

Grupo I.- Conforme a los Artículos 226 Fracción I, 234, 240, 241 y 24 de la L.G.S. y de los Artículos 50, 51, 52, 53 y 54 del R.I.S. la prescripción de estupefacientes se hará en recetarios especiales, que contendrán para su control un código de barras asignado por la Secretaría de Salud, o por las autoridades sanitarias estatales.

Grupo II.- Conforme a los Artículos 226 Fracción II, 251 y 255 de la L.G.S. y Artículo 50 y 54 del R.I.S., los medicamentos psicotrópicos de este grupo requieren para su adquisición receta médica que contenga impresos nombre, dirección y número de cédula profesional del médico que la expida, con fecha y firma del mismo, deberá retenerse en la farmacia que la surta y ser registrada en los libros de control autorizados que al efecto se lleven.

Grupo III.- Conforme a los Artículos 226 Fracción III, 245 Fracción III y IV, 252 y 255 de la L.G.S. y Artículos 50 y 54 del R.I.S., los medicamentos psicotrópicos de este grupo requieren para su adquisición receta médica que contenga impresos nombre, dirección y cédula profesional del médico que la expida, con fecha y firma del mismo, que se podrá surtir hasta tres veces, la cual deberá sellarse y registrarse cada vez en el libro de control autorizado que al efecto se lleve; esta receta debe de retenerse por el establecimiento que la surta en la tercera ocasión. El Artículo 245 de la L.G.S. enlista en las fracciones III y IV una lista parcial de los medicamentos de este grupo en comento.

Existen actualmente 422 farmacias en la República que venden psicotrópicos del grupo II y III, que pueden constituir problemas serios de Salud Pública. En el grupo II se incluyen productos que se emplean con frecuencia como complementos de la heroína, la marihuana y la cocaína, y otras que constituyen drogas adictivas de consecuencias graves. Entre estos fármacos complementarios los más empleados son el Clonazepam (Rivotril), el Flunitrazepam ( Rohypnol) y el Diazepam (Vallium y otros nombres).
 

• La Dirección General de Insumos para la Salud reconoce que en cada farmacia se requiere la presencia permanente de un responsable sanitario, ya que actualmente la responsiva sanitaria es de nombre, así como una supervisión sanitaria estricta y profesional.

 
• La misma Dirección General de Insumos para la Salud reconoce que se requiere aumentar el número de visitas en farmacias para realizar balance, constatando en los libros de control la adquisición y salida del medicamento contra facturas y recetas. Se requiere también una modificación de la Ley General de Salud para que esta función se realice en los Servicios Estatales de Salud.

 
• Los psicotrópicos del grupo I, que requieren actualmente receta especial con autorización expresa de la Secretaría de Salud constituyen estupefacientes empleados por un número limitado de especialistas: anestesiólogos, cancerólogos, y algunos neurólogos expertos en dolor, quienes son los únicos que cuentan con estos recetarios especiales.

 
• Los psicotrópicos de los grupos II y III son prescritos con frecuencia por los médicos generales y de todas las especialidades, para tratar problemas en los que la ansiedad, la depresión y la tensión emocional constituyen factores que agravan las molestias de prácticamente la mayoría de las enfermedades. En una encuesta en 2500 empleados del Gobierno Federal en el año 2000, se encontró que el 22% habían consumido tranquilizantes, antidepresivos o hipnóticos alguna vez en su vida, y que el 2.3% consumían estos fármacos durante el estudio. La Encuesta Nacional de Adicciones de la Secretaría de Salud encontró en 1998 que el 0.7% de la población (342,775 personas) tomaron estos medicamentos en el último año.

 

 

La tercera parte de las personas mayores de 65 años padecen algún tipo de insomnio que requiere tratamiento. Se ha considerado que existen en la República cuatro millones de personas con síndrome depresivo (Salud Pública de México. 41: 189, 1999).

Lo anterior obliga a los médicos a recetar psicotrópicos con frecuencia, por lo que todos ellos, de aprobarse la iniciativa propuesta, requerirán el apoyo de la Secretaría de Salud para la elaboración de los recetarios especiales.

La Secretaría de Seguridad Pública decomisó en los últimos seis meses 70,000 comprimidos de psicotrópicos. (Informe del Sr. Alejandro Gertz Manero en la H. Cámara de Diputados. Junio del 2001). El contrabando de estos productos en la frontera norte es un hecho reconocido. Los adolescentes y jóvenes estadounidenses consiguen fácilmente estos psicotrópicos en las farmacias fronterizas o clandestinamente.
 

• La elaboración de recetarios especiales para la prescripción de psicotrópicos eliminaría el problema de la falta de control de estos fármacos, y probablemente decrezca el contrabando y el mercado negro.

 
• La Secretaría de Salud a través del Consejo Nacional de Adicciones tiene entre sus metas el investigar y valorar la veracidad de las recetas de psicotrópicos de los grupos II y III en las farmacias, con la colaboración de los Servicios de Salud de las entidades federativas y de llevar un estricto control de estos fármacos, desde su distribución por la industria farmacéutica, hasta su venta.

 
• El código de barras en estas recetas se considera suficiente para su control y hace innecesario el holograma siempre y cuando la autoridad sanitaria realice con eficacia y verticalidad las inspecciones de vigilancia correspondientes, a todos y cada uno de los expendios de fármacos. Actualmente la Secretaría de Salud entrega a los médicos que lo solicitan, los códigos de barras para adquirir los medicamentos del grupo I. De acuerdo con la Iniciativa y con las modificaciones propuestas por la Comisión, esto tendrá que hacerse extensivo para la prescripción y suministro de todos los psicotrópicos. La Secretaría de Salud de acuerdo con el Artículo 246 de la Ley General de Salud determinará cuál es la lista actualizada de psicotrópicos los que deberán ser adquiridos mediante receta con código de barras.

Conclusiones

1) La Iniciativa propuesta puede disminuir la adquisición de psicotrópicos para fines no terapéuticos, y contribuye a la solución de este problema, que además puede convertirse en un problema general de salud en la República o en algunas entidades del país

2) La obligatoriedad para que todos los médicos tratantes en la República Mexicana adquieran las recetas con código de barras, produciría restricciones y control en el suministro de las sustancias psicotrópicas, y a su vez limitará la prescripción médica ilegal de estos fármacos en perjuicio de la salud de los pacientes.

3) La Secretaría de Salud, a través del Consejo Nacional de Adicciones deberá implementar las acciones de control en la industria farmacéuticas y laboratorios con la finalidad que se cumpla la regulación existente y se evite la distribución y adquisición ilegales de los psicotrópicos. Especial cuidado deberá tenerse en las farmacias que expenden psicotrópicos( sobre todo en la frontera norte), y llevar un eficaz control y seguimiento en estos expendios de medicamentos. Así mismo deberá proponer a esta Soberanía la reclasificación de las sustancias psicotrópicas ordenadas en cinco grupos en el artículo 245 de la Ley General de salud.

4) De la Iniciativa propuesta se acepta la modificación a los Artículos 251 y 252 de la Ley General de Salud.

5) En cuanto hace al Artículo 241 de la misma Ley es innecesaria la reforma propuesta.

6) Se agrega un segundo Artículo Transitorio y se aprueba con modificaciones el Artículo Transitorio Único de la Iniciativa.

De conformidad a las consideraciones antes expuestas y al análisis minucioso de los preceptos referentes establecidos en la Ley General de salud, esta Comisión de Salud somete al Pleno de la Cámara de diputados:

PROYECTO DE DECRETO
QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 251 Y 252 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforman los artículos 251 y 252 de la Ley General de Salud para quedar como sigue:

ARTÍCULO 251.- Las sustancias psicotrópicas incluidas en la fracción III del artículo 245 de esta Ley, así como las que se prevean en las disposiciones aplicables o en las listas a que se refiere el artículo 246, cuando se trate del grupo a que se refiere la misma fracción, requerirán para su venta o suministro al público, receta médica especial de conformidad con lo establecido en sus artículos 241 y 242, la que deberá surtirse por una sola vez, de acuerdo con las disposiciones de la Secretaría de Salud.

ARTÍCULO 252.- Las sustancias psicotrópicas incluidas en la fracción IV del artículo 245 de esta ley, así como las que se prevean en las disposiciones aplicables o en las listas a que se refiere el artículo 246, cuando se trate del grupo a que se refiere la misma fracción, requerirán para su venta o suministro al público, receta médica especial de conformidad con lo establecido en sus artículos 241 y 242, la que podrá surtirse hasta por tres veces, con una vigencia de seis meses, contados a partir de la fecha de su expedición y no requerirá ser retenida por la farmacia que la surta las primeras dos veces.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación

SEGUNDO.- La Secretaría de Salud establecerá en un plazo no mayor de 60 días hábiles posteriores a la entrada en vigor de este Decreto, lo conducente para lo señalado en los artículos 251 y 252 de la Ley General de Salud.

Sala de Comisiones de la H. Cámara de Diputados, a 26 de septiembre del año 2001.

Diputados: Ma. Eugenia Galván Antillón, Presidenta (rúbrica); Eduardo A. Leines Barrera, secretario (rúbrica); Rafael Orozco Martínez, secretario (rúbrica); Adela del C. Graniel Campos, secretaria (rúbrica); Héctor Esquiliano Solís, secretario (rúbrica); Samuel Aguilar Solís (rúbrica); Francisco J. Cantú Torres (rúbrica); María L. A. Domínguez Ramírez (rúbrica); María de las Nieves García Fernández (rúbrica); Policarpo Infante Fierro (rúbrica); Francisco S. López Brito (rúbrica); Enrique Meléndez Pérez; Felipe Olvera Nieto (rúbrica); Julieta Prieto Fuhrken (rúbrica); Pedro Miguel Rosaldo Salazar; Ernesto Saro Boardman (rúbrica); Carlos A. Valenzuela Cabrales (rúbrica); Juvenal Vidrio Rodríguez (rúbrica); Juan Alcocer Flores (rúbrica); Angel Artemio Meixueiro González (rúbrica); Neftalí S. Escobedo Zoletto (rúbrica); Federico Granja Ricalde (rúbrica); Arturo León Lerma (rúbrica); Santiago López Hernández (rúbrica); Magdalena Núñez Monreal (rúbrica); Manuel Wistano Orozco Garza (rúbrica); Víctor Antonio García Dávila (rúbrica); Luis Miguel Santibañez García; Olga M. Uriarte Rico (rúbrica); José S. Velázquez Hernández (rúbrica).
 
 

Es indiscutible que el esfuerzo realizado por las instituciones de educación superior, orientadas a la formación de profesionales en actividades relacionadas con la exploración, aprovechamiento y administración de los recursos geológicos de la nación, ha incidido de manera muy importante en el desarrollo del sector energético.

En tal sentido, valga mencionar, que la participación de varias generaciones de ingenieros y técnicos egresados de los centros universitarios ha sido fundamental en el descubrimiento y extracción de los recursos petroleros y de gas natural, en la fabricación de productos derivados del petróleo, en la generación y transmisión de energía eléctrica, en la dirección y operación de organismos y empresas estatales dedicadas a la investigación, explotación, producción y administración de nuestros bienes energéticos, tales como: la Secretaría de Energía, Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad, el Instituto Mexicano del Petróleo, entre otras.

En esta encomiable tarea educativa, destaca la realizada por el Instituto Politécnico Nacional, que desde hace más de sesenta años viene formando profesionales y especialistas en distintas disciplinas relacionadas con la energía. Así, en 1938, esta casa de estudios creó la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura (ESIA), en la que se formaron los primeros ingenieros petroleros del país; en 1941, estableció la carrera de Ingeniero Químico Petrolero; a finales de esa misma década, con motivo del surgimiento de la industria petroquímica en México, instauró la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas; en 1971, fundó la carrera de Ingeniero Geofísico, misma que dio lugar al área de Ciencias de la Tierra en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura.

Asimismo, a principios de la década de los ochenta, el Instituto Politécnico Nacional inicia dos maestrías estrechamente vinculadas con la exploración y administración económica de los hidrocarburos en México: la Maestría en Geología, con opciones Petrolera, Minera y Riesgo Geológico y la Maestría en Administración, Planeación y Economía de los Hidrocarburos. La Sección de Estudios de Posgrado encargada de la impartición de estas maestrías, primero estuvo adscrita en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad Zacatenco, pero a partir de 1997 está en la ESIA de la Unidad Ticomán.

La misión académica de ambas maestrías es estudiar localizar y explotar los energéticos y su gestión nacional; proporcionar asesoría a profesionales que trabajan en instituciones públicas; formar expertos en esas disciplinas energéticas en regiones petroleras y mineras del país y realizar estudios de investigación, para su publicación en diferentes medios de comunicación nacionales e internacionales.

Conviene señalar, que no obstante sus precarias condiciones estos posgrados han logrado tener una amplia presencia nacional, han establecido una sólida vinculación académica en las regiones petroleras y mineras del país, representan una posibilidad inmediata de formar recursos humanos a bajo costo y de alto nivel académico, contribuyen a aumentar las reservas de hidrocarburos del país y permiten actualizar los conocimiento científicos, entre otros tantos beneficios.

De este modo, la maestría en Geología imparte su programa curricular a egresados de las carreras de Ingeniero Geólogo, Ingeniero Petrolero, Ingeniero Geofísico y Biólogos Paleontólogos que laboran en Petróleos Mexicanos, en la Comisión Federal de Electricidad y en otros organismos del sector público y privado. Por su parte, la Maestría en Administración, Planeación y Economía de los Hidrocarburos se imparte desde hace veinte años a ingenieros petroleros, ingenieros químico petroleros, ingenieros civiles y economistas de Pemex y del Instituto Mexicano del Petróleo.

Otra significativa contribución de estos programas son los trabajos de tesis para obtener el grado de maestría, los cuales abordan una gama de temas relevantes para el desarrollo de nuestro sector energético. Así, se realizan estudios geológicos para incrementar la producción de campos petroleros de diferentes regiones del país; tesis sobre la caracterización de yacimientos petroleros, estudios para el confinamiento de desechos tóxicos en domos salinos, entre otros. En la Maestría de Administración y Finanzas se desarrollan trabajos relacionados con el esquema tributario de Pemex, con la factibilidad financiera de inversiones en esta paraestatal, así como estudios económicos sobre producción, transporte y distribución de hidrocarburos.

Sin embargo, y a pesar de estas y otras valiosas aportaciones, las maestrías tienen una serie de limitaciones administrativas y una serie de restricciones para ejercer sus recursos presupuestales, ya que académicamente dependen de la Coordinación General de Estudios de Posgrado e Investigación del IPN y administrativamente están supeditadas a la Dirección de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad Ticomán.

Esta falta de autonomía impide atender de manera eficaz la fuerte demanda de cursos por parte de profesionales que trabajan en diferentes regiones petroleras y mineras del país lo que, a su vez, también cancela la oportunidad de brindar servicios de asesoría para solucionar problemas apremiantes sobre energéticos. Asimismo, por la situación actual en que se encuentra el posgrado, las maestrías no alcanzan una adecuada proyección nacional e internacional.

De ahí, entonces la necesidad de modificar el estatuto administrativo actual del posgrado de la citada Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, para crear el Centro Nacional de Geociencias y Administración de Energéticos del Instituto Politécnico Nacional, el cual sería la institución nacional académica rectora que prepare recursos humanos de alto nivel, en las disciplinas de Ciencias de la Tierra (Geología Petrolera, Minera y Riesgo Geológico) y en la Administración y Finanzas de Energéticos.

Con plena autonomía académica y presupuestal, este Centro estará en capacidad de capitalizar la labor realizada en las áreas de investigaciones geológicas y administrativas; de consolidar en todo el país los programas académicos y de investigación de las dos maestrías; de intensificar la oferta de servicios de consultoría a diversos organismos y empresas del sector público federal y estatal; y podrá establecer convenios de colaboración académica y de investigación con instituciones de otras naciones.

Es evidente, que si contamos con recursos humanos que estén en la vanguardia de los conocimientos teóricos, técnicos y tecnológicos y que posean una sólida experiencia en el sector energético, podrán solventarse los enormes desafíos que tiene por delante este rubro estratégico de la economía, y podrá convertirse en el motor de desarrollo que tanto anhelamos los mexicanos. Justamente, en aras de contribuir a este alto propósito y con el afán de que el Instituto Politécnico Nacional continúe con la trayectoria de preparar técnicos y profesionales al servicio de la patria, compromiso que históricamente ha distinguido a esta casa de estudios, es por lo que se propone la creación del Centro Nacional de Geociencias y Administración de Energéticos.

Por lo anteriormente expuesto y en atención a lo establecido por el artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, (los diputados Juan Camilo Mouriño Terrazo, Rosario Tapia Medina, Roque Joaquín Gracia Sánchez, Noé Navarrete González y Marco Antonio Dávila Montesinos) someten a la consideración del Pleno de esta Cámara el siguiente:

Punto de Acuerdo

1. Que se exhorte a la Secretaría de Educación Pública para que apoye con recursos presupuestales la creación del Centro Nacional de Geociencias y Administración de Energéticos del Instituto Politécnico Nacional.

2. Que se exhorte al Director General del Instituto Politécnico Nacional, para que en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 14, fracciones IV y VI de la Ley Orgánica de esa casa de estudios, gestione y establezca el Centro Nacional de Geociencias y Administración de Energéticos; dotándolo para este efecto de los recursos presupuestales necesarios.

México, DF, Palacio Legislativo de San Lázaro, noviembre de 2001.