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Con el objeto de organizar de la manera más racional el trabajo de la Cámara de Diputados y de darle la relevancia que corresponden a las diversas materias sobre las que ésta tiene que trabajar en beneficio del país, es procedente separar las competencias de algunas de las comisiones creadas por la Ley Orgánica del Congreso, para lo cual existe la justificación que contempla la fracción I del artículo 77 de la Ley Fundamental, 3º de la Ley Orgánica del Congreso General, en cuanto faculta a las Cámaras a expedir ordenamientos internos que regulen su organización y funcionamiento; y la posibilidad de crear otras comisiones prevista por el artículo 42 de la propia Ley y la de aumentarlas y subdividirlas según lo previene el artículo 70 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, aplicable en la Cámara de Diputados por disposición del artículo quinto transitorio de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo anterior, los suscritos integrantes de la Junta de Coordinación Política proponen la creación y subdivisión de comisiones ordinarias, al tenor de las siguientes
CONSIDERACIONES
Primero. La Comisión de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, queda dividida en dos: Comisión de Agricultura y Ganadería y Comisión de Desarrollo Rural, en el entendido de que esta última materia trasciende las actividades estrictamente agropecuarias y toma en cuenta que el medio rural es una realidad heterogénea que incluye aspectos de orden social, cultural, económico y político, por lo que en ambos aspectos, lo agropecuario y lo rural, deben generarse apoyos institucionales y medidas legislativas que atiendan debidamente al campo mexicano y sus pobladores.
El desarrollo rural posee, en consecuencia, la vertiente productiva y la vertiente social; las cuales deben ser atendidas, por políticas específicas de orden económico y de orden social, respectivamente. Es un hecho sobresaliente que las actividades dominantes que generan ingresos a las familias rurales no son las de carácter agropecuario y que el rezago en el sector campesino debe ser atribuido a muchos otros factores que entran al ámbito del desarrollo rural. Este, por consecuencia, tiene que formar parte central de una política pública a la que debe contribuir el Poder Legislativo proveyéndolo de la normatividad que garantice a los habitantes del campo mexicano bienestar, seguridad, empleo y su participación e incorporación al desarrollo nacional.
Segundo. Se propone dividir la Comisión de Comunicaciones y Transportes para crear en forma separada e independiente la Comisión de Comunicaciones y la Comisión de Transportes, fundados entre otros elementos de sustentación en la relevancia que las comunicaciones han adquirido en el momento actual, que trasciende los aspectos meramente operativos y económicos de la transportación de personas y mercancías, para ubicarse en el contexto de factor de orden político y educacional, que tiene que ver con procesos sociales integrales que requieren un tratamiento especializado, acorde a la velocidad de los cambios tecnológicos que en ellas operan.
Lo anterior implica igualmente el reconocimiento a la relativa autonomía de la legislación en materia de comunicaciones respecto de la legislación en materia de transportes, lo que dará lugar sin duda alguna a la preparación de proyectos en ambas materias y a la especialización parlamentaria en los dos campos.
Tercero. Somete a la consideración de la Asamblea dividir la Comisión de Desarrollo Social y Vivienda, y se crean individualizadamente la Comisión de Desarrollo Social y la Comisión de Vivienda, en virtud de que es precisamente la individualización de las dos materias lo que permitirá "fortalecer la capacidad de información y acción de cada una de las comisiones de trabajo", según lo justifica el dictamen que aprobó la nueva Ley del Congreso y agrupó diversas materias para compactar las comisiones de la Cámara.
Por otra parte, si bien es cierto que la vivienda es un indicador significativo del desarrollo social, constituye sin embargo un fenómeno complejo que tiene que ver con cuestiones de carácter laboral, financiamiento e inversión y organización administrativa especializada, de manera que se le puede ver como una política pública, como una cuestión de justicia laboral, como un problema urbano y como un asunto de bienestar social.
Adicionalmente, el tema del desarrollo social es en sí mismo muy complejo y no puede quedar circunscrito a un problema habitacional, por lo que también requiere ser tratado en forma independiente. En las condiciones actuales del desenvolvimiento nacional, el desarrollo social debe enfocarse básicamente a la atención del rezago en el bienestar de amplios grupos de población, particularmente a las diferencias regionales, sin desconocer el tema de la vivienda. Este, sin embargo, implica la concurrencia de diversos sectores y por ello forma parte de diversas políticas públicas y por ende de la competencia de varias dependencias y entidades del sector público.
Cuarto. Es también procedente que la Comisión de Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología se divida en tres, de la manera siguiente: Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos; Comisión de Cultura; y, Comisión de Ciencia y Tecnología. La primera de las mencionadas se justifica por sí misma.
En lo que respecta a la diferenciación de la Comisión de Educación y Servicios Educativos, la creación de la Comisión de Cultura, además de que obra el precedente de esta última de haber existido ya como comisión autónoma, debe precisarse que la amplitud administrativa y operacional de la Secretaría de Educación Pública por un lado, la significación y repercusiones del artículo 3º constitucional, así como la profundización de la descentralización educativa por otro, generan la necesidad de asegurar un tratamiento especializado a la materia educativa y a su trascendencia en todos los ámbitos.
Por otra parte, para un país como México, el tema cultural es de la mayor relevancia, enfatizando el carácter orientador de la cultura como un factor de integración nacional que debe ser cuidadosamente preservado sin riesgo de atomización regional y de etnocentrismo pulverizante.
Además de lo anterior, debe tomarse en cuenta que los organismos de promoción y difusión cultural han operado en forma paralela a las cuestiones educacionales y que la Cámara debe tener la posibilidad de un tratamiento directo e inmediato con los mismos, buscando hacer ágil y fluida la interlocución y la información correspondientes, sobre todo si consideramos las posibilidades de una revisión legislativa integral al respecto.
En lo concerniente a la materia de Ciencia y Tecnología, existen diversos factores que justifican su atención en una comisión especializada. En primer término el desarrollo socioeconómico de un país como México depende cada vez más de las capacidades científicas y del aprovechamiento y transferencia de tecnología en los diversos sectores productivos de la sociedad, aunado al proceso mundial de apertura económica y comercialización, que implican la necesidad de incrementar productividad y competitividad fundadas en los avances tecnológicos.
Desde el punto de vista legislativo, el Congreso Mexicano ha generado entre otras la Ley para el Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica, de fecha 21 de mayo de 1999, que implica compromisos tanto del gobierno como de los demás sectores de la población, sobre los cuales el Poder Legislativo debe manifestar su interés y promoción.
Por otra parte, además de la importante experiencia que en materia de ciencia y tecnología ha venido acumulando el Conacyt, los centros de investigación científica del país han dado prueba de grandes capacidades de excelencia que deben ser alentadas para que México acceda a los ámbitos de la ciencia de frontera y tecnología de punta, con las cuales podrá satisfacer cada vez mejor las diversas necesidades de los sectores de la población y en especial de los menos favorecidos por el desarrollo.
Quinto. Se propone que la Comisión de Gobernación, Población y Seguridad Pública se divida en dos: La Comisión de Gobernación y de Seguridad Pública y la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios. Esta división se sustenta en la necesidad de apuntalar los trabajos legislativos y parlamentarios vinculados con la política interior del país, a los que se agregan el correspondiente a protección civil, cuestión sobre la que el país mantiene un vivo interés y en la que los legisladores han decidido aportar sus mejores realizaciones y propuestas.
Incorporar el tema de la seguridad pública como preocupación del Poder Legislativo dentro del ámbito de política interior, no es sino responder al reclamo más frecuente y a la exigencia social de mayor apremio en la actualidad nacional. El Poder Legislativo debe hacer congruentes las reivindicaciones a su cargo con la provisión de instrumentos jurídicos a los órganos del Estado, a fin de que éstos cuenten con los mecanismos legales que lo sustenten como Estado de Derecho, el cual tiene como su función primaria y fundante el cuidado y preservación de la integridad física, moral y patrimonial de los individuos y las comunidades.
La vastedad de los temas mencionados, que se vinculan directamente con la gobernabilidad del país, su regulación institucional y el funcionamiento de las estructuras básicas de la República, particularmente por lo que hace a las relaciones entre el Estado y los grupos d la sociedad y al equilibrio de los poderes públicos, hacen necesario que el Congreso y particularmente la Cámara de Diputados se organice de la mejor manera para darle atención suficiente y apropiada a dicha materia a través de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, así como privilegiar igualmente lo que implica la política de población y los asuntos migratorios, como sustancia para una "Comisión de Población, Fronteras y Servicio Migratorios".
Como fenómeno social complejo, como elemento estructural de la sociedad mexicana y como problema socioeconómico y político del país la migración en todas sus dimensiones requiere la atención privilegiada de los diputados, por lo que una Comisión como la propuesta es una estructura parlamentaria imprescindible para nuestro país y para el momento histórico que vivimos.
De manera similar los fenómenos demográficos, y los migratorios particularmente, están afectados por la extensa y compleja realidad fronteriza de México, tanto en el norte como en el sur del país, lo cual constituye un fenómeno geosocial, geocultural, geoeconómico y geopolítico de tal importancia y magnitud, que la Cámara de Diputados le dará la atención preferente y especializada que merece.
Sexto. Se crea la Comisión de Juventud y Deporte, para atender a una parte muy considerable de la población mexicana, que está constituida mayoritariamente por jóvenes y a los cuales debe promovérseles mediante alternativas que estén sustentadas en una legislación suficiente y moderna.
La propuesta de creación de la Comisión de Juventud y Deporte toma en cuenta la prolongada tradición que en nuestro país tiene la promoción de la juventud a través de instituciones especialmente dedicadas a ellas, como lo fueron el Injuve y el Crea, y la restauración reciente por la vía de la ley y la organización administrativa de esa entidad conducida a la atención integral de los jóvenes.
La atención de la juventud, en consecuencia, debe formar parte de una política de Estado para el desarrollo integral del hombre, la sociedad y su educación y cultura. El sentido humanista de la política social debe probarse a partir de la atención de los grupos más jóvenes de la población, a fin de generar en ellos el espíritu de superación y solidaridad que enaltezcan los más altos valores de nuestra convivencia.
El deporte constituye una práctica que alienta la disciplina, fomenta el espíritu de superación y equipo, promueve la organización racional, otorga integralidad a la educación formal y es fuente de distracción, esparcimiento, profesionalización e identidad y solidaridad escolar, comunitaria, regional, institucional y aun nacional, alrededor de valores y hábitos culturales y de una sana y leal competitividad.
Séptimo. Se somete a la consideración de esta Soberanía, que la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca se divida en dos comisiones ordinarias: Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por una parte, y Comisión de Pesca, por la otra.
La preocupación por el cuidado ecológico y la protección de los recursos naturales y la biodiversidad de nuestro país constituyen una materia de gran complejidad y de enorme trascendencia, a la que el Poder Legislativo debe darle la atención preferente que merece y procurarle la regulación jurídica más apropiada y eficaz, ya que México posee una riqueza pesquera y marina de gran potencial caracterizada tanto por sus extensos litorales como por la variedad de las especies y su poder alimenticio y económico.
Es irrebatible que México debe multiplicar sus esfuerzos de toda índole para preservar y mejorar sus recursos naturales: agua, tierra, bosques, como espacios y elementos vitales de subsistencia y soberanía, por lo que conviene al Poder Legislativo contar con una comisión como la mencionada en primer término.
También por su vocación pesquera y por el potencial económico del mar y de las aguas interiores, por la generación de empleos que la actividad pesquera promueve y por la contribución a la seguridad alimentaría que entraña, la pesca es sin duda una materia que merece la atención de los legisladores a través de su respectiva comisión.
Octavo. Se crea la Comisión de Participación Ciudadana, que deberá atender rubros tan importantes como el análisis de la conveniencia de incorporar al sistema político mexicano formas de democracia semidirecta como el referéndum, el plebiscito y la iniciativa popular. Las experiencias habidas en la materia aconsejan el estudio comparativo del funcionamiento de dichas instituciones y de otras más que pudieran ser incorporadas en una regulación legal ad hoc, que tome en cuenta las características sociohistóricas y culturales del régimen político mexicano y la congruencia constitucional que deba existir al respecto.
La democracia participativa es un tema de obligada referencia en los momentos actuales de la sociedad contemporánea, que ante la irrupción democratizadora de ciudadanos mejor informados y más activos en el ejercicio de sus prerrogativas, exigen ampliar los horizontes de la democracia representativa, la cual se ciñe a los procesos electorales, insuficientes para colmar la aspiración de la ciudadanía en el cuidado y perfeccionamiento de las cuestiones públicas.
Noveno. Es procedente dividir la Comisión de Puntos Constitucionales y Sistema Federal en Comisión de Puntos Constitucionales, y Comisión de Fortalecimiento del Federalismo.
La subdivisión que se propone pretende privilegiar dos materias que son definitorias del sistema político mexicano, del régimen jurídico y del Estado de Derecho.
La Comisión de Puntos Constitucionales será central en el necesariamente continuo proceso de revisión del orden constitucional mexicano y de la Reforma del Estado, materias de inminente atención en la situación política actual de la República, en el que se ventilan propósitos y proyectos de enmiendas constitucionales que requerirán el estudio, acucioso y dedicado de los legisladores del país, particularmente de las Cámaras del Congreso de la Unión como parte del Constituyente Permanente de México.
Por otra parte, el régimen federal mexicano ha venido perfeccionando sus mecanismos de acción y coordinación, tanto en materias de orden fiscal cuanto en asuntos de desarrollo económico, seguridad pública, coordinación política, por citar los más importantes. El fortalecimiento al federalismo es un compromiso de ineludible atención y alcance, por lo que crear la Comisión correspondiente, que actúe en forma sincrónica con su homóloga de la Cámara federalista que es el Senado, constituye una decisión de congruencia que debe ser apoyada plenamente.
Décimo. Se crea la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía cuya materia deja de pertenecer a la Comisión de Gobernación, Población y Seguridad Pública y cuyo objeto será el de atender la materia de los medios electrónicos de comunicación, tanto en los términos en que se les considera en las leyes específicas de estas materias, como en lo referente al tratamiento de las comunicaciones en tanto área prioritaria para el desarrollo nacional, según lo determina el párrafo cuarto del artículo 28 de la propia Ley Fundamental. En esta medida, los medios electrónicos se vinculan con las fórmulas más recientes de avances tecnológicos en la materia.
Además de lo anterior, debe considerarse el hecho de que la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía ha tenido una presencia constante en las Cámaras del Congreso y que las agendas particulares de los grupos parlamentarios le otorgan al tema un lugar peculiar y sobresaliente que justifica la existencia de la Comisión que se propone, si bien la materia de la cinematografía constituye un producto cultural que debe ser atendido igualmente por la respectiva comisión.
Décimo primero. La Comisión de Salud y Seguridad Social se bifurcaría, de acuerdo con la presente proposición, en la Comisión de Salud y la Comisión de Seguridad Social, en el entendido de que si bien es cierto que el Seguro Social tiene como una de sus prestaciones fundamentales la atención de la salud de los trabajadores, particularmente de los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, también lo es que la política sanitaria, como política de salud pública, debe comprender a la población en su conjunto y abarcar tanto los aspectos curativos y hospitalarios como los de orden preventivo respecto a los padecimientos endémicos y epidémicos del país.
Por otra parte, el tema de la seguridad social ha ocupado la atención nacional en los últimos tiempos y particularmente respecto de las reformas a la Ley del Seguro Social y a la creación de las Afores, que son una muestra del carácter particular y especializado del tema y de su relativa distancia y autonomía respecto de la materia de salud.
Por supuesto que el tema de pensionados y jubilados incorporado a la Comisión de Salud y Seguridad Social que crea la vigente Ley Orgánica del Congreso deberá ser materia de las instituciones de seguridad social reguladas por la legislación mexicana y que atendidas en forma específica por una comisión de la Cámara enviarán un mensaje de aliento y preferencia a los hombres y mujeres de la tercera edad y a todos los que se benefician de las instituciones de pensión y jubilación.
Décimo segundo. Se crea la Comisión de Recursos Hidráulicos, a fin de que por la vía legislativa se provea al Ejecutivo y a los pobladores de las comunidades rurales y urbanas de los mecanismos e instrumentos para el aprovechamiento cuidadoso y racional de los recursos acuíferos del país.
México es poseedor de una antigua cultura hidráulica, de la que se han obtenido elementos para perfeccionar los sistemas de uso, almacenamiento, irrigación, servicio de distribución y otros, que vinculan los propósitos de orden productivo, particularmente en las actividades agrícolas con los de carácter industrial y urbano. Lo anterior permite advertir la necesaria coordinación y corresponsabilidad que debe existir entre la política hidroagrícola y la de ecología y recursos naturales.
Las grandes transformaciones en materia de uso y aprovechamiento del agua, las nuevas tecnologías que garantizan la racionalidad para la conservación de este preciado y cada vez más escaso líquido vital, así como los nuevos mecanismos de administración que impulsaron la creación de la Comisión Nacional del Agua, exigen ahora una cuidadosa revisión legislativa para asegurar en primer lugar el suficiente y adecuado aprovisionamiento de los conglomerados humanos y en segundo lugar, la provisión de aguas para las actividades productivas, sin descuidar la materia de saneamiento y tratamiento de aguas contaminadas y residuales y la recuperación de vasos, presas, lagos y ríos, así como el impulso de pequeñas obras de irrigación, todo lo cual requiere de una permanente y atenta participación de los legisladores.
El adecuado manejo del agua en esta etapa de la vida nacional, no sólo está ligado a la cuestión ambiental, tema que corresponde abordar a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, especialmente en lo relativo al cuidado de la calidad y preservación del recurso; responde asimismo a una problemática de carácter financiero, de descentralización administrativa y de desarrollo tecnológico, que ameritan, por la importancia de la política hidráulica, el que haya una Comisión especializada en la materia.
Décimo tercero. A mayor abundamiento, a pesar de haber sido práctica inveterada de cada Cámara aumentar o disminuir el número de comisiones según lo crea conveniente, lo cual se ha sustentado por las normas reglamentarias del Congreso, particularmente el artículo 70 del reglamento para el Gobierno Interior ya citado, la Cámara de Diputados sujeta sus decisiones en la materia al texto vigente de la Ley, por lo que esta Junta de Coordinación Política propone que las comisiones de nuevo cuño y las que surgen a consecuencia de la subdivisión de las enumeradas por la Ley, funcionen como comisiones ordinarias durante el tiempo necesario para reformar en lo conducente la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Con base en las consideraciones anteriores, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, en uso de las atribuciones que le concede el inciso c) del párrafo 1 del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con los artículos 39, 58 y 59 de la propia Ley, y 70 del Reglamento para el Gobierno Interior del mismo, se permite someter a la aprobación de la H. Asamblea, el siguiente
Acuerdo
PRIMERO. Se integran las comisiones ordinarias de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, de conformidad con las subdivisiones y propuestas de creación de nuevas comisiones descritas en el cuerpo de los considerandos de este Acuerdo, para quedar como sigue:
II. Asuntos Indígenas
III. Atención a Grupos Vulnerables
IV. Ciencia y Tecnología
V. Comercio y Fomento Industrial
VI. Comunicaciones
VII. Cultura
VIII. Defensa Nacional
IX. Desarrollo Rural
X. Desarrollo Social
XI. Distrito Federal
XII. Educación Pública
XIII. Energía
XIV. Equidad y Género
XV. Fomento Cooperativo y Economía Social
XVI. Fortalecimiento del Federalismo
XVII. Gobernación y Seguridad Pública
XVIII. Hacienda y Crédito Público
XIX. Jurisdiccional
XX. Justicia y Derechos Humanos
XXI. Juventud y Deporte
XXII. Marina
XXIII. Medio Ambiente y Recursos Naturales
XXIV. Participación Ciudadana
XXV. Pesca
XXVI. Población, Fronteras y Asuntos Migratorios
XXVII. Presupuesto y Cuenta Pública
XXVIII. Puntos Constitucionales
XXIX. Radio, Televisión y Cinematografía
XXX. Recursos Hidráulicos
XXXI. Reforma Agraria
XXXII. Reglamentos y Prácticas Parlamentarias
XXXIII. Relaciones Exteriores
XXXIV. Salud
XXXV. Seguridad Social
XXXVI. Trabajo y Previsión Social
XXXVII. Transportes
XXXVIII. Turismo
XXXIX. Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, y
XL. Vivienda
TRANSITORIO
UNICO. Este Acuerdo entrará en vigor en el momento de su aprobación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de septiembre de 2000.
Dip. Beatriz Paredes Rangel (rúbrica)
Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional
Dip. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional
Dip. Martí Batres Guadarrama (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática
Dip. Bernardo de la Garza Herrera (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México
Dip. Alberto Anaya Gutiérrez (p.a. rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo
Con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y artículos 55, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los abajo firmantes Diputados Federales y Coordinadores de los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Acción Nacional, del Partido de la Revolución Democrática, del Partido Verde Ecologista de México y del Partido del Trabajo, pertenecientes a la LVIII Legislatura, sometemos a consideración de esta Asamblea la presente iniciativa por la que se reforman y adicionan los artículos 39, numeral 2, y 43, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de las siguientes
CONSIDERACIONES
Primera. Es conveniente organizar de la manera más racional el trabajo de la Cámara de Diputados y darle la relevancia que les corresponde a las diversas materias sobre las que este órgano legislativo tiene que trabajar en beneficio del país, por lo que resulta procedente separar las competencias de algunas de las comisiones previstas en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como crear algunas otras no contempladas en dicho cuerpo normativo, por las razones que se expresan a continuación.
Segunda. La Comisión de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, queda dividida en dos: Comisión de Agricultura y Ganadería y Comisión de Desarrollo Rural, en el entendido de que esta última materia trasciende las actividades estrictamente agropecuarias y toma en cuenta que el medio rural es una realidad heterogénea que incluye aspectos de orden social, cultural, económico y político, por lo que en ambos aspectos, lo agropecuario y lo rural, deben generarse apoyos institucionales y medidas legislativas que atiendan debidamente al campo mexicano y sus pobladores.
El desarrollo rural posee, en consecuencia, la vertiente productiva y la vertiente social, las cuales deben ser atendidas, por políticas específicas de orden económico y de orden social, respectivamente. Es un hecho sobresaliente que las actividades dominantes que generan ingresos a las familias rurales no son las de carácter agropecuario y que el rezago en el sector campesino debe ser atribuido a muchos otros factores que entran al ámbito del desarrollo rural. Este, por consecuencia, tiene que formar parte central de una política pública a la que debe contribuir el Poder Legislativo proveyéndolo de la normatividad que garantice a los habitantes del campo mexicano bienestar, seguridad, empleo y su participación e incorporación al desarrollo nacional.
Tercera. Se propone dividir la Comisión de Comunicaciones y Transportes para crear en forma separada e independiente la Comisión de Comunicaciones y la Comisión de Transportes, fundados entre otros elementos de sustentación en la relevancia que las comunicaciones han adquirido en el momento actual, que trasciende los aspectos meramente operativos y económicos de la transportación de personas y mercancías, para ubicarse en el contexto de factor de orden político y educacional, que tiene que ver con procesos sociales integrales que requieren un tratamiento especializado, acorde a la velocidad de los cambios tecnológicos que en ellas operan.
Lo anterior implica igualmente el reconocimiento a la relativa autonomía de la legislación en materia de comunicaciones respecto de la legislación en materia de transportes, lo que dará lugar sin duda alguna a la preparación de proyectos en ambas materias y a la especialización parlamentaria en los dos campos.
Cuarta. Somete a la consideración de la Asamblea dividir la Comisión de Desarrollo Social y Vivienda, y se crean individualizadamente la Comisión de Desarrollo Social y la Comisión de Vivienda, en virtud de que es precisamente la individualización de las dos materias lo que permitirá "fortalecer la capacidad de información y acción de cada una de las comisiones de trabajo", según lo justifica el dictamen que aprobó la nueva Ley del Congreso y agrupó diversas materias para compactar las comisiones de la Cámara.
Por otra parte, si bien es cierto que la vivienda es un indicador significativo del desarrollo social, constituye sin embargo un fenómeno complejo que tiene que ver con cuestiones de carácter laboral, financiamiento e inversión y organización administrativa especializada, de manera que se le puede ver como una política pública, como una cuestión de justicia laboral, como un problema urbano y como un asunto de bienestar social.
Adicionalmente, el tema del desarrollo social es en sí mismo muy complejo y no puede quedar circunscrito a un problema habitacional, por lo que también requiere ser tratado en forma independiente. En las condiciones actuales del desenvolvimiento nacional, el desarrollo social debe enfocarse básicamente a la atención del rezago en el bienestar de amplios grupos de población, particularmente a las diferencias regionales, sin desconocer el tema de la vivienda. Este, sin embargo, implica la concurrencia de diversos sectores y por ello forma parte de diversas políticas públicas y por ende de la competencia de varias dependencias y entidades del sector público.
Quinta. Es también procedente, que la Comisión de Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología se divida en tres, de la manera siguiente: Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos; Comisión de Cultura; y, Comisión de Ciencia y Tecnología. La primera de las mencionadas se justifica por sí misma.
En lo que respecta a la diferenciación de la Comisión de Educación y Servicios Educativos, y la creación de la Comisión de Cultura, además de que obra el precedente de esta última de haber existido ya como comisión autónoma, debe precisarse que la amplitud administrativa y operacional de la Secretaría de Educación Pública por un lado, la significación y repercusiones del artículo 31 constitucional, así como la profundización de la descentralización educativa por otro, generan la necesidad de asegurar un tratamiento especializado a la materia educativa y a su trascendencia en todos los ámbitos.
Por otra parte, para un país como México, el tema cultural es de la mayor relevancia, enfatizando el carácter orientador de la cultura como un factor de integración nacional que debe ser cuidadosamente preservado sin riesgo de atomización regional y de etnocentrismo pulverizante.
Además de lo anterior, debe tomarse en cuenta que los organismos de promoción y difusión cultural han operado en forma paralela a las cuestiones educacionales y que la Cámara debe tener la posibilidad de un tratamiento directo e inmediato con los mismos, buscando hacer ágil y fluida la interlocución y la información correspondientes, sobre todo si consideramos las posibilidades de una revisión legislativa integral al respecto.
En lo concerniente a la materia de Ciencia y Tecnología, existen diversos factores que justifican su atención en una comisión especializada. En primer término, el desarrollo socioeconómico de un país como México depende cada vez más de las capacidades científica y del aprovechamiento y transferencia de tecnología en los diversos sectores productivos de la sociedad, aunado al proceso mundial de apertura económica y comercialización, que implican la necesidad de incrementar productividad y competitividad fundadas en los avances tecnológicos.
Desde el punto de vista legislativo, el Congreso Mexicano ha generado entre otras la Ley para el Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica, de fecha 21 de mayo de 1999, que implica compromisos tanto del gobierno como de los demás sectores de la población, sobre los cuales el Poder Legislativo debe manifestar su interés y promoción.
Por otra parte, además de la importante experiencia que en materia de ciencia y tecnología ha venido acumulando el Conacyt, los centros de investigación científica del país han dado prueba de grandes capacidades de excelencia que deben ser alentadas para que México acceda a los ámbitos de la ciencia de frontera y tecnología de punta, con las cuales podrá satisfacer cada vez mejor las diversas necesidades de los sectores de la población y en especial de los menos favorecidos por el desarrollo.
Sexta. Se propone que la Comisión de Gobernación, Población y Seguridad Pública se divida en dos: La Comisión de Gobernación y de Seguridad Pública y la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios. Esta división se sustenta en la necesidad de apuntalar los trabajos legislativos y parlamentarios vinculados con la política interior del país, a los que se agregan el correspondiente a protección civil, cuestión sobre la que el país mantiene un vivo interés y en la que los legisladores han decidido aportar sus mejores realizaciones y propuestas.
Incorporar el tema de la seguridad pública como preocupación del Poder Legislativo dentro del ámbito de política interior, no es sino responder al reclamo más frecuente y a la exigencia social de mayor apremio en la actualidad nacional. El Poder Legislativo debe hacer congruentes las reivindicaciones a su cargo con la provisión de instrumentos jurídicos a los órganos del Estado, a fin de que éstos cuenten con los mecanismos legales que lo sustenten como Estado de Derecho, el cual tiene como su función primaria y fundante el cuidado y preservación de la integridad física, moral y patrimonial de los individuos y las comunidades.
La vastedad de los temas mencionados, que se vinculan directamente con la gobernabilidad del país, su regulación institucional y el funcionamiento de las estructuras básicas de la República, particularmente por lo que hace a las relaciones entre el Estado y los grupos de la sociedad y al equilibrio de los poderes públicos, hacen necesario que el Congreso y particularmente la Cámara de Diputados se organice de la mejor manera para darle atención suficiente y apropiada a dicha materia a través de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, así como privilegiar igualmente lo que implica la política de población y los asuntos migratorios, como sustancia para una "Comisión de Población, Fronteras y Servicios Migratorios".
Como fenómeno social complejo, como elemento estructural de la sociedad mexicana y como problema socioeconómico y político del país la migración en todas sus dimensiones requiere la atención privilegiada de los diputados, por lo que una Comisión como la propuesta es una estructura parlamentaria imprescindible para nuestro país y para el momento histórico que vivimos.
De manera similar los fenómenos demográficos, y los migratorios particularmente, están afectados por la extensa y compleja realidad fronteriza de México, tanto en el norte como en el sur del país, lo cual constituye un fenómeno geosocial, geocultural, geoeconómico y geopolítico de tal importancia y magnitud, que la Cámara de Diputados le dará la atención preferente y especializada que merece.
Séptima. Se crea la Comisión de Juventud y Deporte, para atender a una parte muy considerable de la población mexicana, que está constituida mayoritariamente por jóvenes y a los cuales debe promovérseles mediante alternativas que estén sustentadas en una legislación suficiente y moderna.
La propuesta de creación de la Comisión de Juventud y Deporte toma en cuenta la prolongada tradición que en nuestro país tiene la promoción de la juventud a través de instituciones especialmente dedicadas a ellas, como lo fueron el Injuve y el Crea, y la restauración reciente por la vía de la ley y la organización administrativa de esa entidad conducida a la atención integral de los jóvenes.
La atención de la juventud, en consecuencia, debe formar parte de una política de Estado para el desarrollo integral del hombre, la sociedad y su educación y cultura. El sentido humanista de la política social debe probarse a partir de la atención de los grupos más jóvenes de la población, a fin de generar en ellos el espíritu de superación y solidaridad que enaltezcan los más altos valores de nuestra convivencia.
El deporte constituye una práctica que alienta la disciplina, fomenta el espíritu de superación y equipo, promueve la organización racional, otorga integralidad a la educación formal y es fuente de distracción, esparcimiento, profesionalización e identidad y solidaridad escolar, comunitaria, regional, institucional y aun nacional, alrededor de valores y hábitos culturales y de una sana y leal competitividad.
Octava. Se somete a la consideración de esta Soberanía, que la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca se divida en dos comisiones ordinarias: Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por una parte, y Comisión de Pesca, por la otra.
La preocupación por el cuidado ecológico y la protección de los recursos naturales y la biodiversidad de nuestro país constituyen una materia de gran complejidad y de enorme trascendencia, a la que el Poder Legislativo debe darle la atención preferente que merece y procurarle la regulación jurídica más apropiada y eficaz; México posee una riqueza pesquera y marina de gran potencial caracterizada tanto por sus extensos litorales como por la variedad de las especies y su poder alimenticio y económico.
Es irrebatible que México debe multiplicar sus esfuerzos de toda índole para preservar y mejorar sus recursos naturales: agua, tierra, bosques, como espacios y elementos vitales de subsistencia y soberanía, por lo que conviene al Poder Legislativo contar con una comisión como la mencionada en primer término.
También por su vocación pesquera y por el potencial económico del mar y de las aguas interiores, por la generación de empleos que la actividad pesquera promueve y por la contribución a la seguridad alimentaría que entraña, la pesca es sin duda una materia que merece la atención de los legisladores a través de su respectiva comisión.
Novena. Se crea la Comisión de Participación Ciudadana, que deberá atender rubros tan importantes como el análisis de la conveniencia de incorporar al sistema político mexicano formas de democracia semidirecta como el referéndum, el plebiscito y la iniciativa popular. Las experiencias habidas en la materia aconsejan el estudio comparativo del funcionamiento de dichas instituciones y de otras más que pudieran ser incorporadas en una regulación legal ad hoc, que tome en cuenta las características sociohistóricas y culturales del régimen político mexicano y la congruencia constitucional que deba existir al respecto.
La democracia participativa es un tema de obligada referencia en los momentos actuales de la sociedad contemporánea, que ante la irrupción democratizadora de ciudadanos mejor informados y más activos en el ejercicio de sus prerrogativas, exigen ampliar los horizontes de la democracia representativa, la cual se ciñe a los procesos electorales, insuficientes para colmar la aspiración de la ciudadanía en el cuidado y perfeccionamiento de las cuestiones públicas.
Décima. Es procedente dividir la Comisión de Puntos Constitucionales y Sistema Federal en Comisión de Puntos Constitucionales, y Comisión de Fortalecimiento del Federalismo.
La subdivisión que se propone pretende privilegiar dos materias que son definitorias del sistema político mexicano, del régimen jurídico y del Estado de Derecho.
La Comisión de Puntos Constitucionales será central en el necesariamente continuo proceso de revisión del orden constitucional mexicano y de la Reforma del Estado, materias de inminente atención en la situación política actual de la República, en el que se ventilan propósitos y proyectos de enmiendas constitucionales que requerirán el estudio acucioso y dedicado de los legisladores del país, particularmente de las Cámaras del Congreso de la Unión como parte del Constituyente Permanente de México.
Por otra parte, el régimen federal mexicano ha venido perfeccionando sus mecanismos de acción y coordinación, tanto en materias de orden fiscal cuanto en asuntos de desarrollo económico, seguridad pública, coordinación política, por citar los más importantes. El fortalecimiento al federalismo es un compromiso de ineludible atención y alcance, por lo que crear la Comisión correspondiente, que actúe en forma sincrónica con su homóloga de la Cámara federalista que es el Senado, constituye una decisión de congruencia que debe ser apoyada plenamente.
Décima Primera. Se crea la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía cuya materia deja de pertenecer a la Comisión de Gobernación, Población y Seguridad Pública y cuyo objeto será el de atender la materia de los medios electrónicos de comunicación, tanto en los términos en que se les considera en las leyes específicas de estas materias, como en lo referente al tratamiento de las comunicaciones en tanto área prioritaria para el desarrollo nacional, según lo determina el párrafo cuarto del artículo 28 de la propia Ley Fundamental. En esta medida, los medios electrónicos se vinculan con las fórmulas más recientes de avances tecnológicos en la materia.
Además de lo anterior, debe considerarse el hecho de que la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía ha tenido una presencia constante en las Cámaras del Congreso y que las agendas particulares de los grupos parlamentarios le otorgan al tema un lugar peculiar y sobresaliente que justifica la existencia de la Comisión que se propone, si bien la materia de la cinematografía constituye un producto cultural que debe ser atendido igualmente por la respectiva comisión.
Décima Segunda. La Comisión de Salud y Seguridad Social se bifurcaría, de acuerdo con la presente proposición, en la Comisión de Salud y la Comisión de Seguridad Social, en el entendido de que si bien es cierto que el Seguro Social tiene como una de sus prestaciones fundamentales la atención de la salud de los trabajadores, particularmente de los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, también lo es que la política sanitaria, como política de salud pública, debe comprender a la población en su conjunto y abarcar tanto los aspectos curativos y hospitalarios como los de orden preventivo respecto a los padecimientos endémicos y epidémicos del país.
Por otra parte, el tema de la seguridad social ha ocupado la atención nacional en los últimos tiempos y particularmente respecto de las reformas a la Ley del Seguro Social y a la creación de las Afores, que son una muestra del carácter particular y especializado del tema y de su relativa distancia y autonomía respecto de la materia de salud.
Por supuesto que el tema de pensionados y jubilados incorporado a la Comisión de Salud y Seguridad Social que crea la vigente Ley Orgánica del Congreso deberá ser materia de las instituciones de seguridad social reguladas por la legislación mexicana y que, atendidas en forma específica por una comisión de la Cámara enviarán un mensaje de aliento y preferencia a los hombres y mujeres de la tercera edad y a todos los que se benefician de las instituciones de pensión y jubilación.
Décima Tercera. Se crea la Comisión de Recursos Hidráulicos, a fin de que por la vía legislativa se provea al Ejecutivo y a los pobladores de las comunidades rurales y urbanas de los mecanismos e instrumentos para el aprovechamiento cuidadoso y racional de los recursos acuíferos del país.
México es poseedor de una antigua cultura hidráulica, de la que se han obtenido elementos para perfeccionar los sistemas de uso, almacenamiento, irrigación, servicio de distribución y otros, que vinculan los propósitos de orden productivo, particularmente en las actividades agrícolas con los de carácter industrial y urbano, lo anterior permite advertir la necesaria coordinación y corresponsabilidad que debe existir entre la política hidroagrícola y la de ecología y recursos naturales.
Las grandes transformaciones en materia de uso y aprovechamiento del agua, las nuevas tecnologías que garantizan la racionalidad para la conservación de este preciado y cada vez más escaso líquido vital, así como los nuevos mecanismos de administración que impulsaron la creación de la Comisión Nacional del Agua, exigen ahora una cuidadosa revisión legislativa para asegurar en primer lugar el suficiente y adecuado aprovisionamiento de los conglomerados humanos y en segundo lugar, la provisión de aguas para las actividades productivas, sin descuidar la materia de saneamiento y tratamiento de aguas contaminadas y residuales y la recuperación de vasos, presas, lagos y ríos, así como el impulso de pequeñas obras de irrigación, todo lo cual requiere de una permanente y atenta participación de los legisladores.
El adecuado manejo del agua en esta etapa de la vida nacional, no sólo está ligado a la cuestión ambiental, tema que corresponde abordar a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, especialmente en lo relativo al cuidado de la calidad y a la preservación del recurso; responde asimismo a una problemática de carácter financiero, de descentralización administrativa y de desarrollo tecnológico, que ameritan, por la importancia de la política hidráulica, el que haya una Comisión especializada en la materia.
Décima Cuarta. Que al aumentar el número de comisiones ordinarias, para que el articulado de la Ley sea congruente y toda vez que dichas comisiones se integran hasta con treinta legisladores, se vuelve indispensable incrementar también el número a las que puedan pertenecer, de tal manera que la Cámara de Diputados pueda de legislatura a legislatura, determinar el número de diputados que han de integrar dichas comisiones sin tener una limitación adicional derivada de su propio texto. Por ello, se propone la reforma al numeral 1, del artículo 43, de la Ley Orgánica del Congreso, para que los diputados puedan pertenecer hasta tres comisiones ordinarias.
Con base en las anteriores consideraciones y con fundamento en los artículos 70, párrafo segundo, y 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 55, 59 y 60 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos poner a consideración de esta H. Asamblea el siguiente
Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 39, numeral 2, y 43, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
ARTICULO UNICO.- Se reforma y adiciona el numeral 2 del artículo 39 y se reforma el numeral 1 del artículo 43, ambos de la Ley Orgánica del Congreso general de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en los siguientes términos:
Artículo 39.- .............
2. La Cámara de Diputados cuenta con comisiones ordinarias que se mantienen de legislatura a legislatura y son las siguientes:
I. Agricultura y Ganadería
II. Asuntos Indígenas
III. Atención a Grupos Vulnerables
IV. Ciencia y Tecnología
V. Comercio y Fomento Industrial
VI. Comunicaciones
VII. Cultura
VIII. Defensa Nacional
IX. Desarrollo Rural
X. Desarrollo Social
XI. Distrito Federal
XII. Educación Pública
XIII. Energía
XIV. Equidad y Género
XV. Fomento Cooperativo y Economía Social
XVI. Fortalecimiento del Federalismo
XVII. Gobernación y Seguridad Pública
XVIII. Hacienda y Crédito Público
XIX. Jurisdiccional
XX. Justicia y Derechos Humanos
XXI. Juventud y Deporte
XXII. Marina
XXIII. Medio Ambiente y Recursos Naturales
XXIV. Participación Ciudadana
XXV. Pesca
XXVI. Población, Fronteras y Asuntos Migratorios
XXVII. Presupuesto y Cuenta Pública
XXVIII. Puntos Constitucionales
XXIX. Radio, Televisión y Cinematografía
XXX. Recursos Hidráulicos
XXXI. Reforma Agraria
XXXII. Reglamentos y Prácticas Parlamentarias
XXXIII. Relaciones Exteriores
XXXIV. Salud
XXXV. Seguridad Social
XXXVI. Trabajo y Previsión Social
XXXVII. Transportes
XXXVIII. Turismo
XXXIX. Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, y
XL. Vivienda
2 a 6. ...........
ARTICULO UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, DF, el día 29 de septiembre de 2000.
Dip. Beatriz Paredes Rangel (rúbrica)
Dip. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa (rúbrica)
Dip. Martí Batres Guadarrama (rúbrica)
Dip. Bernardo de la Garza Herrera (rúbrica)
Dip. Alberto Anaya Gutiérrez (p.a. rúbrica)
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT
CC. Diputados Secretarios
De la Cámara de Diputados
Del Honorable Congreso de la Unión
PRESENTES
Por este conducto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 53, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 20, 21 y 27, inciso j), del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del Proceso Legislativo, me permito comunicarles que en sesión pública extraordinaria celebrada el día de hoy, esta Soberanía ha designado la Mesa Directiva que presidirá los trabajos legislativos que fungirá a partir del próximo día 18 de agosto del año en curso, correspondiente al primer mes del primer periodo ordinario de sesiones correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional, quedando de la siguiente manera.
Presidente: Dip. Raúl J. Mejía González
Vicepresidente: Dip. J. Isabel Campos Ochoa
Secretario: Dip. N. Alonso Villaseñor Anguiano
Secretario: Dip. Filiberto Delgado Sandoval
Secretario suplente: Dip. Ramón Arias Deras
Secretario suplente: Dip. Margarita Basto Paredes
Lo que hago de su conocimiento para los efectos procedentes, propiciando la ocasión para reiterarles las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
Atentamente
"Sufragio Efectivo. No Reelección."
Tepic, Nayarit, a 16 de agosto del 2000.
Diputado Alonso Villaseñor Anguiano (rúbrica)
Secretario
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE OAXACA
CC. Diputados Secretarios
De la LVIII Legislatura
De la Honorable Cámara de Diputados
Del Congreso de la Unión
México, DF
Por instrucciones de los ciudadanos diputados secretarios, me permito comunicar a ustedes que la Quincuagésima Séptima Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en sesión ordinaria celebrada el día de hoy, tuvo a bien aprobar el siguiente Punto de Acuerdo:
"Unico.- La LVII Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca organizará, a través de su Comisión Permanente Agropecuaria, Forestal y Minera, la realización del VII Encuentro de Legisladores Locales del Sector Agropecuario, a efectuarse en la Ciudad de Oaxaca los días 26, 27 y 28 de octubre del año en curso. Se autoriza a dicha Comisión Permanente a coordinarse con las Comisiones de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Social de la Cámara de Diputados y de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión para tal efecto. El presente Acuerdo entrará en vigor el mismo día de su aprobación. Dado en el Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado.- Oaxaca de Juárez, Oax., a 6 de septiembre del año 2000. Rubén Vasconcelos Beltrán, diputado Presidente. Rúbrica.- Jacobo Sánchez López, diputado secretario. Rúbrica.- Jorge Luis Sosa Campos, diputado secretario. Rúbrica."
Lo que me permito transcribir a ustedes para su conocimiento y efectos consiguientes.
Atentamente
"Sufragio Efectivo. No Reelección."
"El Respeto al Derecho Ajeno es la Paz"
Oaxaca de Juárez, Oax., a 6 de septiembre del año 2000.
El Oficial Mayor del H. Congreso del Estado
Dr. Sergio Segreste Ríos (rúbrica)
DE LA UNION LOCAL DE PRODUCTORES DE CAÑA DE AZUCAR, PARA SOLICITAR LA INTERVENCION DE ESTA CAMARA A FIN DE QUE SE RESUELVAN LAS DEMANDAS DE LA REGION CAÑERA DEL ESTADO DE PUEBLA
H. Cámara de Diputados
H. Congreso de la Unión
México, DF
Los 2483 ejidatarios productores de caña de azúcar, 49 representantes de grupos, 18 comisariados ejidales y el Comité Ejecutivo de la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar, CNC, que abastecemos al ingenio de Atencingo, SA de CV, representados en la República Mexicana por el consorcio azucarero Escorpión (Caze), nos dirigimos a ustedes con el debido respeto que se merecen para comunicarles lo siguiente:
Se inició la zafra 1999/2000 el día 13 de diciembre de 1999 y terminó de común acuerdo con el Comité de Producción Cañera el 3 de junio del 2000, por lo que por medio del decreto cañero expedido el 30 de mayo de 1991 y publicado al día siguiente en el Diario Oficial de la Federación, del cual se derivan derechos y obligaciones por las que el ingenio de Atencingo no ha cumplido con los siguientes artículos:
Artículo Sexto.- El precepto legal de este artículo, obliga al ingenio de Atencingo a entregar créditos de avío y refaccionarios a los abastecedores de caña de azúcar, los cuales deberán de ser entregados en forma suficiente y oportuna, por lo que a partir de la zafra 1997/1998 y hasta la fecha, los productores de caña de azúcar no hemos tenido créditos, mismos que hemos obtenido a través de préstamos personales de agiotistas que cobran intereses del 20 y 30 por ciento mensual.
Artículo Décimo Segundo, inciso b), párrafo I.- dice que deberán de pagarse preliquidaciones de manera quincenal y descontarse de la liquidación final de cada zafra, que en este caso son de la zafra 1999/2000 por lo que el ingenio de Atencingo, debió de pagar la, 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª y 10ª, preliquidación los días: 15 y 31 de enero, 15 de febrero, 1, 15 y 31 de marzo, 15 y 30 de abril, 15 y 31 de mayo del año 2000 respectivamente, y pagó los días: 2, 9 de febrero, 9 de marzo, 6 de abril, 16 de mayo, 27 y 30 de junio, 7 y 21 de julio, y 11 de agosto del 2000 respectivamente, y por consecuencia existió un atraso de pago de: 19, 10, 24, 37, 62, 89, 77, 69, 68 y 73 días respectivamente, en que no se pagó oportunamente a los productores de caña de azúcar, generándose intereses moratorios por un importe de $ 4,886,967.99 (cuatro millones ochocientos ochenta y seis mil novecientos sesenta y siete pesos 99/100 mn), que nos ha dejado de pagar el ingenio de Atencingo. Motivo de su morosidad. Cabe señalar que cuando entregan créditos por concepto de fertilizante, nos cobran intereses desde el primer día en que se entrega el fertilizante, por lo que exigimos el pago respectivo individual de intereses moratorios.
Artículo Décimo Segundo, inciso B), párrafo II.- La zafra terminó el día 3 de junio del 2000, por lo que este precepto legal indica que el saldo después de haberse descontado la preliquidación o preliquidaciones, deberá de pagarse la liquidación final en un plazo de 30 días a partir de la terminación de la zafra, lo que quiere decir que la liquidación de la zafra 1999/2000 debió de pagarse a más tardar el 3 de julio del 2000, y por consecuencia existe un atraso al día de hoy 13 de septiembre de 70 días que no hemos percibido los productores de caña de azúcar del ingenio de Atencingo. Cabe señalar que el importe neto a pagar es por la cantidad de $ 102,198,550.00 de los cuales a la fecha únicamente ha liquidado parcialmente la cantidad de $ 12,000,000.00 por lo que nos adeuda la cantidad de $ 90,198,550.00 los productores exigimos el pago de intereses moratorios por el pago oportuno de la liquidación final de la zafra 1999/2000.
En la zafra 1999/2000 se quedaron sin industrializar 103,000 toneladas de caña de azúcar, por lo que el ingenio de Atencingo, nos quiere "pagar" a $ 25.00 por tonelada, siendo que los productores que metimos la caña de azúcar al ingenio, nos fue pagada a $ 315.56, exigimos que se nos pague al precio neto después de haber descontado alce y acarreo, al precio de $ 248.00, tal y como lo establece nuestro decreto cañero vigente. Como podrán observar el ingenio de Atencingo nos quiere pagar la cantidad de $ 2,575,000.00, siendo que debe de pagarnos la cantidad de $ 25,544,000.00, por lo que quiere evitar un pago de $ 22,969,000.00, los productores exigimos que se nos pague a $ 248.00 por tonelada de caña de azúcar.
Exigimos la devolución de los cascos de las ex haciendas de Teruel, Rijo, Raboso, San Nicolás Tolentino y Jaltepec, Pue., que desde 1938 nos pertenece y se han utilizado como elefantes blancos, por lo que las tenemos proyectadas para fuentes de trabajo de nuestras futuras generaciones.
También demandamos el 1.38% que nos debe el Gobierno Federal como compensación de la cuota de exportación de caña de azúcar al extranjero de la zafra 1999/2000.
Como posiblemente es de su conocimiento que el ingenio de Atencingo, representado por el consorcio azucarero Escorpión (Grupo Caze) del cual el C. Enrique Molina Sobrino es el presidente del Consejo de Administración, este ingenio ha ocupado desde la zafra 1997/1998 y hasta la zafra 1999/2000 el primer lugar a nivel nacional y en Latinoamérica, en rendimiento en fábrica por tonelada de azúcar producida, por lo que consideramos que en base a la categoría de este ingenio, nos es muy difícil entender y comprender la particular situación económica por la cual atraviesa el ingenio.
Por ello los 2,483 productores de caña de azúcar, 49 representantes de grupo, 18 comisariados ejidales, y el comité ejecutivo local de esta organización, nos permitimos manifestarles nuestra total inconformidad de los hechos antes descritos, por lo les solicitamos respetuosamente su valiosa e inmediata intervención a efecto de que se nos pague a lo mínimo que tenemos derecho los cañeros que hemos entregado en tiempo y forma y de manera oportuna nuestra producción de caña de azúcar al ingenio de Atencingo, que de seguir en esta situación, seguirán siendo miserables y cada vez más pobres a los campesinos. Asimismo, de continuar con esta morosidad de parte de los representantes del citado consorcio, generará que los ejidatarios vendan sus parcelas, no existan fuentes de trabajo en el campo, y por consecuencia sugerirán emigrando a los Estados Unidos de América, por la falta de fuentes de trabajo en nuestro país.
Cabe señalar que desde el día lunes 28 de agosto del 2000 y hasta la fecha, tomamos la penosa necesidad de no permitir la entrada y salida de personal sindicalizado y no sindicalizado, azúcar y mieles del ingenio de Atencingo como medida de presión hasta que se nos cumpla los puntos antes descritos, así como el pago de la liquidación final de la zafra 1999/2000 y sus intereses moratorios. Asimismo, les manifestamos que hemos tenido diversas reuniones con el C. Gobernador del estado de Puebla, los representantes de la Unión Nacional de Productores de Caña de Azúcar, CNC, y el Consorcio Azucarero Escorpión, para resolver por la vía del diálogo nuestras demandas sin que a la fecha hayan sido resueltas, por lo que nos vimos en la necesidad de realizar las medidas antes descritas.
Por lo que nos dirigimos respetuosamente a esa Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para solicitar su valiosa e inmediata intervención con el propósito de que se resuelvan nuestras demandas que tenemos derecho, y con ello conservar la paz, y tranquilidad socioeconómica en esta importante región cañera del estado de Puebla.
Sin más por el momento y en espera de su atención, consideración y comprensión a lo anteriormente expuesto, nos ponemos a sus órdenes para cualquier aclaración u observación.
Atentamente
"Por la Emancipación Cañera"
Atencingo, Pue., 12 de septiembre del 2000.
Sr. Anastacio Sánchez Méndez (rúbrica)
Secretario General
Sr. Sebastián Silva Paz (rúbrica)
Secretario de Organización
Sr. Sergio Pacheco Ojeda (rúbrica)
Secretario de Finanzas
CC. Secretarios de la Cámara de Diputados
Del Honorable Congreso de la Unión
La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a esta de Gobernación, solicitando se tramite ante el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III, apartado C, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que las personas que se citan a continuación, puedan aceptar y usar las siguientes condecoraciones:
Nombre: Teniente Coronel de Artillería DEM Gerardo Wolburg Redondo.
Condecoración: Medalla del Pacificador, que le confiere el Gobierno de la República Federativa del Brasil.
Nombre: Licenciado Rafael Tovar y de Teresa.
Condecoración: Orden al Mérito Civil Simón Bolívar, en Grado de Comendador, que le confiere el Gobierno de la República de Bolivia.
Por lo anterior me permito anexar, para que se integren en su expediente, cartas de los interesados dirigidas al H. Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo, copias certificadas de las actas de nacimiento, currículum vitae. y notificaciones en las que les comunican que les otorgarán la condecoración relativa.
Agradezco a usted su atención a la presente reiterándoles la seguridad de mi consideración distinguida.
"Sufragio Efectivo. No Reelección."
México, DF, 11 de septiembre de 2000.
Por acuerdo del C. Secretario
El Director General de Gobierno
Sergio Orozco Aceves (rúbrica)
DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION, POR EL QUE SE SOLICITA EL PERMISO CONSTITUCIONAL NECESARIO PARA QUE CIUDADANOS PUEDAN PRESTAR SERVICIOS EN LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA EN MEXICO, Y SE COMUNICA QUE OTROS CIUDADANOS HAN DEJADO DE PRESTAR SERVICIOS EN EL MISMO LUGAR
CC. Secretarios de la Cámara de Diputados
Del Honorable Congreso de la Unión
La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a esta de Gobernación, solicitando se tramite ante el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere el artículo 37, inciso C, párrafo II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que las personas que se citan a continuación puedan prestar sus servicios al Gobierno extranjero que se menciona:
Nombre: Bruno Antonio Miyamotto Luque.
Puesto: Técnico en contabilidad.
Lugar de trabajo: Embajada de los Estados Unidos de América.
Nombre: Fernando Santiago de la Cruz Alcalá.
Puesto: Analista de asientos contables.
Lugar de trabajo: Embajada de los Estados Unidos de América.
Nombre: Antonio Padilla Salinas.
Puesto: Mecánico electricista.
Lugar de trabajo: Embajada de los Estados Unidos de América.
Nombre: Gabriela Trevilla Sámano.
Puesto: Operadora de teléfonos.
Lugar de trabajo: Embajada de los Estados Unidos de América.
Nombre: Roberto Ontiveros Chávez.
Puesto: Ingeniero.
Lugar de trabajo: Embajada de los Estados Unidos de América.
Por lo anterior, me permito anexar copias certificadas de las actas de nacimiento que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas y los escritos en que solicitan se realicen los trámites correspondientes.
Asimismo, comunico a ustedes que las personas que se mencionan a continuación solicitan la cancelación del permiso que les fuera concedido por el H. Congreso de la Unión para prestar sus servicios al Gobierno Estadounidense:
Nombre: Rodimiro Camacho Bárcenas.
Puesto: Investigador de seguridad.
Lugar de trabajo: Embajada de los Estados Unidos de América.
Nombre: Brenda Vega Ramírez.
Puesto: Empleada de visas.
Lugar de trabajo: Embajada de los Estados Unidos de América.
Agradezco a ustedes su atención a la presente reiterándoles las seguridades de mi consideración distinguida.
"Sufragio Efectivo. No Reelección."
México, DF, 25 de septiembre de 2000.
Por acuerdo del C. Secretario
El Director General de Gobierno
Sergio Orozco Aceves (rúbrica)
DEL GOBERNADOR DEL BANCO DE MEXICO, QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 51, FRACCION II, DE LA LEY DEL BANCO DE MEXICO, REMITE EL INFORME SOBRE LA EJECUCION DE LA POLITICA MONETARIA DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 2000
México, DF, a 20 de septiembre de 2000.
CC. Secretarios de la Cámara de Diputados
Del Honorable Congreso de la Unión
PRESENTES
En cumplimiento de su mandato legal, el Banco de México instrumenta la política monetaria con el objetivo prioritario de procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional. Un elemento fundamental en la estrategia del Instituto Central es el fortalecimiento de la credibilidad del público respecto de su intención de lograr las metas de corto y mediano plazos en materia de control de la inflación. En congruencia con este fin, el Banco de México ha decidido desplegar un esfuerzo sin precedentes para dar a conocer de manera más clara y oportuna su interpretación de los acontecimientos que afectan a la economía y la explicación de las acciones de política que, a su juicio, resulta pertinente adoptar. Lo anterior se ha traducido en una mayor transparencia en la conducción de la política monetaria, al mejorarse la disponibilidad, cobertura y oportunidad de la información que el Banco proporciona a la ciudadanía en general. En última instancia, se espera que el fortalecimiento de los mecanismos de comunicación entre el Banco y el público redunde en una mayor eficacia de la política monetaria y en un consenso social bien cimentado en favor del abatimiento de la inflación.
En enero de 2000, la Junta de Gobierno del Banco de México acordó publicar informes trimestrales sobre la inflación en los meses de enero, abril, julio y octubre. Los referidos informes, contienen una descripción detallada de la evolución de la inflación y de los principales factores que la afectaron, así como la evaluación del entorno económico que sirvió de fundamento para las medidas de política monetaria instrumentadas durante el periodo de referencia. Los Informes sobre la inflación correspondientes al primero y segundo trimestres del año en curso fueron enviados oportunamente a todos lo miembros de las Comisiones de Hacienda de la H. Cámara de Senadores, de Hacienda y de Presupuesto de la H. Cámara de Diputados y al Ejecutivo Federal.
El esfuerzo adicional de comunicación que ha desarrollado el Banco de México para aumentar la eficacia de la política monetaria es congruente con el espíritu de su obligación de rendir cuentas oportunamente al H. Congreso de la Unión. El artículo 51 de la Ley del Banco de México contiene provisiones para conciliar la autonomía del Instituto Central con la necesaria rendición de cuentas sobre su gestión. La fórmula que el Legislativo ha considerado más apropiada para dicho fin es la presentación por el Banco Central de informes sobre sus políticas y actividades. El artículo citado señala en su fracción II, que en septiembre de cada año este Instituto Central enviará al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión y, en los recesos de éste último, a su Comisión Permanente, un informe sobre la ejecución de la política monetaria durante el primer semestre del ejercicio de que se trate.
En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 51, fracción II de la Ley del Banco de México, el Instituto Central envía el siguiente Informe sobre la Política Monetaria aplicada durante el primer semestre de 2000. En apego al ordenamiento legal, este Informe se concentra en las acciones de política monetaria instrumentadas durante el semestre. Cabe mencionar que dichas acciones fueron oportunamente reseñadas en los Informes sobre la Inflación del primero y segundo trimestres del presente año. Por lo anterior, consideramos pertinente anexar también un ejemplar de los citados Informes sobre la Inflación a fin de que los miembros del H. Congreso de la Unión y el Ejecutivo Federal cuenten con todos los elementos necesarios para su análisis. Adicionalmente, el presente Informe sobre la Política Monetaria contiene el balance que el Instituto Central efectúa de la situación actual y de las perspectivas para el segundo semestre del presente año, el cual puede servir para una mejor comprensión de las posibles acciones futuras de política monetaria.
Atentamente
Guillermo Ortiz (rúbrica)
