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Secretaría General
Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros
Dirección General de Recursos Humanos
Aviso
Al personal de servicios profesionales de las Comisiones y Comités de la Cámara de Diputados que se encuentra en el supuesto del inciso 2) del artículo 1º, del Acuerdo de la Conferencia para Dirección y Programación, publicado en la Gaceta Parlamentaria el día viernes 13 de octubre del 2000.
2. En virtud de que a partir del día 15 de octubre del año en curso han dejado de desempeñar los servicios independientes para los que fueron contratados, conforme a lo establecido en el inciso c) de las declaraciones y cláusula primera del contrato de prestación de servicios profesionales que tenían celebrado con la Cámara de Diputados, se tuvo a su disposición el cobro de los títulos de crédito expedidos a su favor, a partir del día 13 de mes en curso.
3. Para la entrega de los títulos de crédito se efectuó un recorrido en las oficinas que ocupan las Comisiones y Comités de la Cámara de Diputados, además de colocar avisos en la Pagaduría General y en diferentes lugares dentro de las instalaciones de la propia Cámara de Diputados.
4. Por lo anterior, se reitera la notificación a quienes fungieron hasta el 15 de octubre del 2000 como: Secretarios Técnicos, Asesores y Asistentes de Comisiones y Comités de la Cámara de Diputados de la LVII Legislatura, la terminación del contrato de prestación de servicios profesionales de aquellos prestadores de servicios que se encuentran en el supuesto del inciso a) del Acuerdo publicado el día 13 de octubre del 2000 en la Gaceta Parlamentaria, dándose por terminados todos sus efectos, por lo que cualquier aclaración o petición sobre su situación se deberá hacer a más tardar el día lunes 23 de octubre del 2000, hasta las 15:00 horas. De no hacerse en ese plazo, se entenderá que de la terminación de los contratos no se deriva situación jurídica alguna pendiente y, por tanto, la Cámara de Diputados queda relevada de cualquier responsabilidad y se tendrán por finiquitados en forma definitiva dichos contratos de prestación de servicios profesionales.
El Secretario General
José Fernando Franco González Salas (rúbrica)
El suscrito, diputado integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de este Pleno la Iniciativa de reformas al Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
La evolución histórica del Estado, nos muestra cómo se ha transitado de regímenes autoritarios y totalitarios a aquéllos en donde la ley preserva garantías a los gobernados, establece las competencias de las autoridades y contempla mecanismos eficaces para su cumplimiento.
A partir de las revoluciones burguesas de los siglos XVII y XVIII, la acotación al ejercicio del poder significó la fuente de legitimidad del mismo, situación que se alcanza con el establecimiento de las constituciones políticas.
La constitución significa desde entonces el pacto político social más importante de una nación.
En Inglaterra, cuna del constitucionalismo aun y cuando el mismo no derivó a partir de un documento escrito, el Parlamento cumple eficazmente con sus tareas de control y supervisión del ejercicio de gobierno.
Así también, en aquellos países que se califican como democráticos, existe un verdadero Estado de derecho, una constitución que establece derechos a los gobernados, competencia a las autoridades y mecanismos para proteger unos y hacer efectivos otros.
Esto no quiere decir que en regímenes autoritarios o dictatoriales no existan documentos escritos a los que se denomina constituciones, no obstante resultan una negación de la realidad con los propósitos para los que fueron creados estos pactos.
Pensar en la Constitución como un instrumento para y por la autoridad, significa desatender los verdaderos motivos de su existencia.
En las constituciones se sientan las bases para el funcionamiento de una nación. De la misma derivan todos los cuerpos normativos que rigen las relaciones al interior de un país.
Por lo que respecta a las autoridades públicas, es en dos aspectos como se regula su conducta:
En relación a las personas, se precisa por un lado la existencia de diversos niveles de autoridades y la forma en que se accede a dichas funciones.
Además, se establecen necesariamente mecanismos para sancionar las conductas que se apartan del mandato concedido.
Porque siempre existe la posibilidad de abusar del cargo público por negligencia o por dolo, es que se cuenta con mecanismos jurisdiccionales, administrativos y políticos para castigar al servidor público.
Por eso, la impunidad lastima enormemente, como ningún otro elemento, la eficacia gubernamental y la propia gobernabilidad.
En México, el tránsito hacia un Estado de derecho ha sido lento, pero la cita con la historia es inaplazable.
Ante la necesidad de contar con un poder político que confeccionara el Estado mexicano y que fuera verdaderamente fuerte, de tal forma que se impusiera a los otros factores que siempre han reclamado espacios de incidencia en la vida pública de la nación, se privilegió la protección de los detentadores de la autoridad, contra los embates de actores que se colocaron fuera de los controles reales y formales del mismo.
Liderazgos regionales, caciques poderosos, dueños de tierras, detentadores de capitales, y autoridades clericales, etc., reclamaron siempre el privilegio de su poder.
Esa realidad se nos presentó durante prácticamente todo el siglo XIX y gran parte de la primera mitad del siglo XX, donde la lucha fue constante, ganando a veces unos y otras ocasiones otros.
Por eso nuestro sistema de control gubernamental hacia las autoridades públicas ha sido en la norma y sobre todo en la práctica tenue cuando no inexistente.
Aún y cuando se tomó de experiencias de otros países la figura de juicio político para sancionar las conductas de altos servidores públicos que dañen las instituciones del país, la imprecisión primero y después la omisión expresa en este terreno, han significado una inexplicable impunidad cuasi absoluta para el más alto servidor público del país: el Presidente de la República.
Mientras que con el impeachment norteamericano, el Presidente de la República puede ser sujeto de un procedimiento ante el Congreso, fungiendo la Cámara de Representantes como órgano de acusación y el Senado como órgano de decisión; en México sólo se le puede juzgar durante su encargo por delitos graves del orden común o por traición a la patria, sin que se definan los primeros, lo cual ha llevado a una discusión inacabada.
Se trata de una responsabilidad penal que puede ser reclamada ante una instancia política, esto es ante el Congreso de la Unión.
Sin embargo, en la Colonia, ya se podía procesar al virrey cuando abandonaba el encargo, mediante el llamado juicio de residencia.
Con la Constitución Política de 1824, se permitía el enjuiciamiento del Presidente además por actos dirigidos a impedir que se hicieran elecciones o que tomaran posesión los electos. Esto es por situaciones que atentaran contra la democracia, lo que le daba una connotación política.
También en la Constitución de 1857, se permitía el juicio político contra el Presidente de la República por violación expresa de la constitución y ataques a la libertad electoral.
No obstante, aún y cuando nunca se llevó a cabo este procedimiento, en la Constitución de 1917 se eximió al Jefe del Ejecutivo de la responsabilidad política.
Se dijo y se sigue repitiendo, que dada la alta investidura del Presidente, permitir la posibilidad de ser objeto de juicio político por parte del Congreso de la Unión, entorpecería la consecución de los objetivos del gobierno y lo colocaría en el terreno de la "pasión política".
Lo cierto es que en un sistema democrático de pesos y contrapesos, la existencia de una figura de control a los excesos de poder por parte del Congreso, fortalece la democracia, lejos de debilitarla.
Precisamente la alta responsabilidad que tiene el Presidente de la República, implica un estricto apego a la Ley y a las instituciones del país, por lo que deben existir mecanismos para sancionar conductas contrarias a estos principios.
Con la instrucción de un juicio político, se busca sancionar conductas tan graves como:
El procedimiento para juzgar por estas conductas en el Congreso a un servidor público no es sencillo y debe apegarse a las formalidades esenciales del procedimiento, por lo que no es correcto seguir considerando que la "pasión política" pueda entorpecer las funciones públicas.
El 2 de julio pasado, muchos confirmamos nuestra convicción de que las instituciones trascienden las personas, por lo que si alguien resultara responsable de actos que transgreden las leyes, es más dañino mantenerlo en el puesto que destituirlo e inhabilitarlo. Pierde legitimidad el ejercicio de gobierno ante la impunidad.
Si contáramos con este mecanismo de control hacia el Presidente de la República, seguramente no se hubieran cometido los abusos que arrojó el anterior sexenio y que resentimos en la actualidad.
¡No estaría paseándose con total impunidad un Carlos Salinas de Gortari, burlándose de la memoria de los mexicanos!
La transición democrática no es el simple cambio de personas o partidos, incluye además de manera fundamental el cambio en el sistema jurídico para crear condiciones diferentes, que permitan la real separación de poderes y el equilibrio de los mismos; el cambio de régimen político. Se está extinguiendo el sistema de partido de estado, pero el presidencialismo aún permanece.
Fortalecer el poder legislativo es una de las tareas fundamentales que tenemos en esta coyuntura histórica, y precisar los mecanismos de control es avanzar en ese terreno.
Los cambios que se han dado en los últimos años en nuestro país, serán frágiles si no creamos las condiciones jurídicas que protejan las instituciones democráticas.
En la historia de las transiciones los riesgos del retroceso, son constantes.
En otros países, gobernantes que llegaron por medio del sufragio han atentado contra las instituciones democráticas, en México no queremos eso.
En el viejo sistema, cayó el partido de estado, pero se fortaleció el poder presidencial.
Los fujimorazos deben ser exorcizados de nuestro proceso político, a través de figuras jurídicas persuasivas como lo es el juicio político.
No se trata de inmovilizar una función, si no de dotar al Congreso de la Unión de facultades para intervenir como mecanismo de control, ante excesos del titular del Ejecutivo.
Estamos convencidos, que gran parte de los pendientes en la incipiente democracia mexicana, se encuentran en el fortalecimiento del poder legislativo y del poder judicial.
Nuestro sistema presidencialista excedió el esquema, hasta el grado de por momentos casi borrar el ejercicio de los poderes distintos al Ejecutivo.
La ofensa llegó a materializarse con situaciones en donde las leyes y los procesos jurisdiccionales se dictaban desde la presidencia.
En el Partido de la Revolución Democrática, entendemos la responsabilidad que tenemos para revertir estas situaciones.
Por eso, en lo que lleva esta legislatura ya se han planteado un conjunto de iniciativas que tienden al fortalecimiento del Congreso de la Unión. Esta iniciativa se inscribe en este esfuerzo.
Se trata de establecer un aspecto de seguridad jurídica que evite impunidad cuando se transgredan aspectos fundamentales de nuestro pacto social.
Por ello, estamos proponiendo reformar los artículos 108, 110 y 111, para establecer la responsabilidad política del Ejecutivo Federal y en consecuencia que pueda ser sujeto de juicio político por actos y omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, de conformidad con el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar la siguiente Iniciativa de decreto por el que se reforman los artículos 108, 110 y 111 de la Constitución, en los siguientes términos:
Artículo Unico.- Se reforman los artículos 108, 110 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
El Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, podrá ser acusado por traición a la patria, delitos graves y por actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho.
...
Artículo 110.- Podrán ser sujetos de juicio político el Presidente de la República, los senadores y diputados al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de despacho, los jefes de departamento administrativo, los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Procurador General de la República, el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, los magistrados de circuito y jueces de distrito, los magistrados y jueces del fuero común del Distrito Federal, los consejeros de la Judicatura del Distrito Federal, el consejero presidente, los consejeros electorales y el secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral, los directores generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos.
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Artículo 111. ...
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Por lo que toca a la responsabilidad penal del Presidente de la República, la Cámara de Senadores resolverá con base en la legislación penal aplicable, en los términos del artículo 110.
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Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo.- Las reformas que deriven en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, habrán de realizarse en un plazo no mayor de 60 días posteriores a la entrada en vigor de este decreto. En tanto seguirá vigente en lo aplicable.
Atentamente
Dip. Martí Batres Guadarrama (rúbrica)
CINCO DE LA COMISION DE GOBERNACION Y SEGURIDAD PUBLICA, QUE CONCEDEN PERMISO A CIUDADANOS PARA QUE PUEDAN PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS DE GOBIERNOS EXTRANJEROS EN MEXICO
Honorable Asamblea:
En escrito de fecha 21 de agosto del año en curso, el ciudadano licenciado Adrián Franco Zevada solicita el permiso constitucional necesario para prestar servicios como asesor jurídico en las Embajadas de las Repúblicas de Chile y Sudáfrica, en México.
En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, el 5 de septiembre, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
Considerando
a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada de su acta de nacimiento;
b) Que los servicios que el interesado prestará en las Embajadas de las Repúblicas de Chile y Sudáfrica, en México, serán como asesor jurídico, y
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado C) del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente:
Proyecto de Decreto
Artículo Unico.- Se concede permiso al ciudadano licenciado Adrián Franco Zevada, para prestar servicios como asesor jurídico en las Embajadas de las Repúblicas de Chile y Sudáfrica, en México.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 11 de octubre de 2000.
Honorable Asamblea:
En oficio fechado el 4 de septiembre del año en curso, la Secretaría de Gobernación solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Miguel Angel Buchbeck García y Enriqueta Reyna Jones Barajas, puedan prestar servicios de carácter administrativo, en la Embajada de Irlanda, en México.
En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, el día 7 de septiembre, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
Considerando
a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;
b) Que los servicios que los propios interesados prestarán en la Embajada de Irlanda, en México, serán de carácter administrativo, y
c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II, del apartado C) del artículo 37 constitucional.
Por lo anterior, esta Comisión se permite someter a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente
Proyecto de Decreto
Artículo Primero.- Se concede permiso al ciudadano Miguel Angel Buchbeck García, para prestar servicios como chofer, en la Embajada de Irlanda, en México.
Artículo Segundo.- Se concede permiso a la ciudadana Enriqueta Reyna Jones Barajas, para prestar servicios como secretaria, en la Embajada de Irlanda, en México.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 11 de octubre de 2000.
Honorable Asamblea
En oficio fechado el 25 de septiembre del año en curso, la Secretaría de Gobernación solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Bruno Antonio Miyamotto Luque, Fernando Santiago de la Cruz Alcalá, Antonio Padilla Salinas, Gabriela Trevilla Sámano y Roberto Ontiveros Chávez, puedan prestar servicios de carácter administrativo en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
En sesión celebrada en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, el día 29 de septiembre, se turnó a la suscrita Comisión, para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
Considerando
a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con la copia del acta de nacimiento;
b) Que los servicios que los propios interesados prestarán en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México, serán de carácter administrativo, y
c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II del apartado C) del artículo 37 constitucional.
Por lo anterior, esta Comisión se permite someter a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente
Proyecto de Decreto
Artículo Primero.- Se concede permiso al ciudadano Bruno Antonio Miyamotto Luque para prestar servicios como técnico en contabilidad, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Artículo Segundo.- Se concede permiso al ciudadano Fernando Santiago de la Cruz Alcalá, para prestar servicios como analista de asientos contables, en la Embaja de los Estados Unidos de América, en México.
Artículo Tercero.- Se concede permiso al ciudadano Antonio Padilla Salinas para prestar servicios como mecánico electricista en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Artículo Cuarto.- Se concede permiso a la ciudadana Gabriela Trevilla Sámano para prestar servicios como operadora de teléfonos en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Artículo Quinto.- Se concede permiso al ciudadano Roberto Ontiveros Chávez para prestar servicios como ingeniero en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 11 de octubre de 2000.
Honorable Asamblea:
En oficio fechado el 4 de septiembre del año en curso, la Secretaría de Gobernación, solicita el permiso constituciona necesario para que los ciudadanos Julia Alejandra Reséndiz del Castillo y Sergio Rodríguez Contreras puedan prestar servicios de carácter administrativo, en la Embajada de la República de Sudáfrica en México.
En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, el día 7 de septiembre, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
Considerando
a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;
b) Que los servicios que los propios interesados prestarán en la Embajada de la República de Sudáfrica, en México, serán de carácter administrativo, y
c) Que las solicitudes se ajustan a establecido en la fracción II, del apartado C), del artículo 37 constitucional.
Por lo anterior, esta Comisión se permite someter a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente
Proyecto de Decreto
Artículo Primero.- Se concede permiso a la ciudadana Julia Alejandra Reséndiz del Castillo, para prestar servicios como secretaria, en la Embajada de la República de Sudáfrica, en México.
Artículo Segundo.- Se concede permiso al ciudadano Sergio Rodríguez Contreras, para prestar servicios como chofer/mensajero, en la Embajada de la República de Sudáfrica, en México.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 11 de octubre de 2000.
Honorable Asamblea:
En oficio fechado el 4 de septiembre del año en curso, la Secretaría de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Diana Guadalupe Vargas Casillas, Fernando González González, Jorge Martín Becerril Mendoza, Jorge Jerónimo Avalos, Rubén Ramírez García y Erika Patricia Salinas Rosales, puedan prestar servicios de carácter administrativo en la Embajada y Consulados Generales de los Estados Unidos de América, en la Ciudad de México; Mérida, Yucatán y Monterrey, Nuevo León, respectivamente.
En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, el 7 de septiembre, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
Considerando
a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con la copia certificada de sus actas de nacimiento;
b) Que los servicios que los propios interesados prestarán en la Embajada y Consulados Generales de los Estados Unidos de América, en la Ciudad de México; Mérida, Yucatán y Monterrey, Nuevo León, serán de carácter administrativo, y
c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II, del apartado C), del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente
Proyecto de Decreto
Artículo Primero.- Se concede permiso a la ciudadana Diana Guadalupe Vargas Casillas, para prestar servicios como técnico en contabilidad, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en la Ciudad de México.
Artículo Segundo.- Se concede permiso al ciudadano Fernando González González, para prestar servicios como operador de conmutador, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en la Ciudad de México.
Artículo Tercero.- Se concede permiso al ciudadano Jorge Martín Becerril Mendoza, para prestar servicios como asistente de investigaciones en la Oficina de Seguridad Diplomática, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en la Ciudad de México.
Artículo Cuarto.- Se concede permiso al ciudadano Jorge Jerónimo Avalos, para prestar servicios como asistente administrativo, en el Consulado General de los Estados Unidos de América, en Mérida, Yucatán.
Artículo Quinto.- Se concede permiso al ciudadano Rubén Ramírez García, para prestar servicios como chofer en el Departamento de Servicios Generales, en el Consulado General de los Estados Unidos de América, en Monterrey, Nuevo León.
Artículo Sexto.- Se concede permiso a la ciudadana Erika Patricia Salinas Rosales, para prestar servicios como empleada en el Departamento de Visas, en el Consulado General de los Estados Unidos de América, en Monterrey, Nuevo León.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 11 de octubre de 2000.
DE LA COMISION DE GOBERNACION Y SEGURIDAD PUBLICA, QUE CONCEDE PERMISO A CIUDADANOS PARA ACEPTAR Y USAR CONDECORACIONES QUE LES CONFIEREN GOBIERNOS EXTRANJEROS
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Teniente Coronel de Artillería Diplomado de Estado Mayor Gerardo Wolburg Redondo y licenciado Rafael Tovar y de Teresa, puedan aceptar y usar la medalla y condecoración que les confieren los Gobiernos de las Repúblicas Federativa del Brasil y de Bolivia, respectivamente.
La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder los permisos solicitados y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado C) del artículo 37 constitucional y el segundo párrafo del artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la aprobación de la Honorable Asamblea, el siguiente:
Proyecto de Decreto
Artículo Primero.- Se concede permiso al ciudadano Teniente Coronel de Artillería Diplomado de Estado Mayor Gerardo Wolburg Redondo, para aceptar y usar la Medalla del Pacificador, que le confiere el Gobierno de la República Federativa del Brasil.
Artículo Segundo.- Se concede permiso al Ciudadano licenciado Rafael Tovar y de Teresa, para aceptar y usar la condecoración de la Orden al Mérito Civil Simón Bolívar, en Grado de Comendador, que le confiere el Gobierno de la República de Bolivia.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 11 de octubre de 2000.
Comisión de Gobernación y Seguridad Pública: Armando Salinas Torre (rúbrica), Presidente; Antonio Hernández Fraguas (rúbrica), secretario; Víctor Manuel Gandarilla Carrasco (rúbrica), secretario; José Guillermo Anaya Llamas (rúbrica), secretario; Luis Miguel Gerónimo Barbosa (rúbrica), secretario; Manuel Añorve Baños, José Francisco Blake Mora, Tomás Coronado Olmos (rúbrica), Omar Fayad Meneses, Alejandro Rafael García Sáinz Arena, Federico Granja Ricalde (rúbrica), Lorenzo Rafael Hernández Estrada, Efrén Nicolás Leyva Acevedo, Miguel Angel Martínez Cruz (rúbrica), Rodrigo David Mireles Pérez (rúbrica), José Narro Céspedes (rúbrica), José César Nava Vázquez, Ricardo Augusto Ocampo Fernández (rúbrica), Fernando Ortiz Arana (rúbrica), Germán Arturo Pellegrini Pérez, José Jesús Reyna García (rúbrica), Adrián Rivera Pérez (rúbrica), Eduardo Rivera Pérez, Jorge Esteban Sandoval Ochoa, César Augusto Santiago Ramírez (rúbrica), David Augusto Sotelo Rosas (rúbrica), Ricardo Torres Origel (rúbrica), Jaime Vázquez Castillo, Nestor Villarreal Castro, Roberto Zavala Echavarría (rúbrica).
DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO
A su reunión de instalación, el martes 24 de octubre, a las 9 horas, en el salón C del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
1. Lista de asistencia y verificación de quórum.
2. Presentación de las y los integrantes de la Comisión.
3. Intervención de las CC. diputadas secretarias de la Comisión:
Atentamente
Dip. Concepción González Molina
Presidenta
DE LA COMISION DE VIVIENDA
A su reunión de instalación, el martes 24 de octubre, a las 9 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
1. Lista de asistencia y presentación de integrantes.
2. Declaración de quórum.
3. Lectura y aprobación del Orden del Día.
4. Declaración formal de instalación.
5. Asuntos generales.
6. Clausura de la reunión.
Atentamente
Dip. Salvador López Orduña
Presidente
DE LA COMISION DE TURISMO
A su reunión de instalación, el martes 24 de octubre, a las 9:30 horas, en el restaurante La Terraza, de este Palacio Legislativo.
Orden del Día
1. Registro de asistencia y verificación de quórum.
2. Mensaje a cargo de los diputados secretarios de la Comisión:
Atentamente
Dip. Ernesto H. Rodríguez Escalona
Presidente
DE LA COMISION DE SEGURIDAD SOCIAL
A su reunión ordinaria, el miércoles 25 de octubre a las 9 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.
Orden de Día
1. Registro de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de instalación de la Comisión.
4. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del programa de trabajo de la Comisión.
5. Discusión y votación de la propuesta turnada a la Comisión para que se solicite a la Mesa Directiva de la Cámara turne a la Comisión de Seguridad Social el dictamen con proyecto de decreto de reformas a los artículos 57, 62 y 64 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado.
6. Ratificación de los nombramientos aprobados por la Junta Directiva del personal de apoyo al servicio de la Comisión.
7. Informe de los asuntos pendientes recibidos de la Comisión de Seguridad Social de la anterior Legislatura.
8. Asuntos generales.
9. Clausura de la reunión.
Atentamente
Dip. Cuahutémoc Montero Esquivel
Presidente
