Los suscritos, diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional a la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción II del artículo 71 y el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrimos ante este cuerpo colegiado presentando Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma la fracción VII del artículo 73, la fracción IV del artículo 74 y el artículo 75, todas normas de la citada Ley Fundamental, a fin de establecer las bases constitucionales aplicables para el caso de que al inicio de un año no estuviera aprobada la Ley de Ingresos o el Presupuesto de Egresos; ampliar los plazos de análisis y discusión de la ley y del presupuesto mencionados, así como de presentación de la Cuenta Pública; y suprimir la denominada "partida secreta". Lo anterior al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El Estado realiza diversas actividades para la consecución de sus fines; entre ellas destacan la prestación de servicios públicos y la satisfacción de las necesidades generales, que hacen indispensable la obtención y la ejecución de recursos personales, materiales y jurídicos.

En este sentido, el Estado despliega una serie de tareas encaminadas a administrar el patrimonio, determinar y recaudar fondos; conservar, destinar y distribuir el ingreso; y a desarrollar una actividad con el objeto de procurarse los medios necesarios para los gastos públicos.

Estas actividades estatales tienen dos ejes fundamentales: la obtención del ingreso y el presupuesto para el ejercicio del gasto público.

Las contribuciones del pueblo y el gasto público constituyen asuntos de vital importancia para cualquier comunidad política, toda vez que si el Estado tiene como fin lograr el bienestar social de sus integrantes, se requiere establecer un sistema de ingresos que provenga de la propia comunidad y al mismo tiempo, determinar en qué aspectos se invertirán los recursos públicos para satisfacer las necesidades que demanda una sociedad.

De un análisis de derecho comparado, se desprende que la tendencia ha sido que la facultad de presentar los proyectos de presupuestos de egresos y de la Ley de Ingresos quede en el Ejecutivo, dejando al Congreso o al Parlamento su aprobación.

En el caso de México existe esta premisa, y consecuentemente se faculta al Ejecutivo federal la presentación del Presupuesto de Egresos y de la Miscelánea de Ingresos. Sus antecedentes los encontramos desde las Constituciones de 1824, de 1857 y de 1917.

El esquema jurídico constitucional que determina que dos poderes participen en esta función estatal, tiene su fundamento en el principio de división de poderes, en la colaboración armónica de los mismos bajo la base del control del poder, evitando con ello los excesos en el cobro de las contribuciones, como sucedió en el pasado.

No puede negarse la importancia social que tienen el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Ley de Ingresos, ya que estas disposiciones deben responder a una sensibilidad social caracterizada por un esquema de contribución que sea proporcional y equitativo; una política de gasto público que tenga el mayor impacto posible en el combate a la pobreza; la satisfacción de las necesidades básicas de los mexicanos; y el impulso al desarrollo nacional.

El presupuesto junto con el ingreso están relacionados con el desarrollo social, ya que éstos constituyen el detonante para los programas de obras y servicios públicos en materia de nutrición, salud, educación, vivienda, seguridad pública, transporte, entre muchos más. Existe una responsabilidad fundamental del Poder Legislativo respecto a estos instrumentos jurídicos, a fin de determinar si los mismos elevarán o deteriorarán el desarrollo humano y social de sus representados, así como para prever el cumplimiento de la función pública y social del gobierno. Ello se ve fortalecido mediante el esquema de fiscalización que el propio Congreso realice para verificar que el gasto público se ajuste a las autorizaciones financieras decretadas y sea congruente con los planes y programas, evaluando el adecuado ejercicio de la función pública y sus efectos en el desarrollo social.

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las facultades de limitación, control y fiscalización de las finanzas públicas, se encuentran establecidas en el artículo 73 fracciones VII, VIII, XI, XXIV y XXIX-A, así como en el diverso 74 fracciones II y IV. Estos preceptos estatuyen la facultad del Congreso de la Unión de expedir la Ley de Ingresos y las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados de examinar, discutir y aprobar el Presupuesto de Egresos y de coordinar y evaluar el desempeño de la entidad de fiscalización superior de la Federación.

El Partido Acción Nacional, en voz de sus Diputados Federales y al tenor de sus Plataformas Legislativas, históricamente ha sustentado la necesidad de fortalecer y profesionalizar las facultades financieras del Congreso, mediante el examen responsable y minucioso en la determinación de las contribuciones y los gastos. Asimismo, se ha pronunciado por transparentar el ejercicio del gasto público y por reducir la discrecionalidad en la aplicación del erario, ello, en atención a principios presupuestales que invocan claridad, especificación, exactitud y publicidad.

En este orden de ideas, ocupa la atención de los Diputados firmantes y es el objeto de estudio de la iniciativa de mérito, la redacción actual de diversos artículos de la Constitución Federal, en los cuales se determinan las bases de la participación de este cuerpo legislativo en materia tributaria, presupuestaria y de fiscalización.

I

El ámbito de validez temporal de la Ley de Ingresos de la Federación y de su correspondiente Presupuesto de Egresos es anual, es decir, sólo tienen validez para el ejercicio para el cual se expiden. Luego, nos encontramos ante varios principios en apariencia antagónicos que resulta necesario conciliar, por una parte de conformidad con el principio de legalidad los contribuyentes únicamente están obligados a pagar las contribuciones previstas en la ley; por la otra y derivado de lo expuesto, ante la vigencia anual de las leyes de ingresos y sus correspondientes presupuestos, los contribuyentes sólo están obligados a pagar las contribuciones señaladas en la ley para el ejercicio fiscal de que se trate. Como se ha precisado en párrafos anteriores, el Estado tiene la importante finalidad de llevar a cabo las funciones constitucionales que le son encomendadas, las cuales deben ser desarrolladas permanentemente, sin admitir dilación alguna. Estas funciones, para ser llevadas a cabo, requieren de recursos que año con año provienen de los tributos que los contribuyentes efectúan según lo establezca la Ley de Ingresos del ejercicio fiscal correspondiente.

En el desarrollo del México moderno no se ha presentado situación en la que la actividad del Estado se vea paralizada ante la ausencia de recursos o la imposibilidad constitucional de ejercerlos, derivadas de la falta de aprobación de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos de la Federación para un ejercicio fiscal determinado; una situación de tal naturaleza pondría en riesgo la estabilidad financiera de nuestro país, así como la satisfacción de las necesidades y servicios básicos de la población. Además, repercutiría en los ámbitos estadual, municipal y del Distrito Federal, pues como es conocido sus presupuestos dependen en una importante medida, de la asignación de participaciones federales y la determinación de programas derivados del presupuesto federal.

Las disposiciones constitucionales vigentes no contemplan medidas para hacer frente a semejante panorama, por ello, es necesario prever lo conducente en la Ley Fundamental, a efecto de establecer normas tendientes a dar solución a un problema como el que se plantea.

La reforma que se propone constituye la solución a la eventualidad que se describe, esto es, que ante falta de consensos o por estimarlo conveniente el legislador, en un momento determinado podría aplicarse la última Ley de Ingresos de la Federación y el Presupuesto de Egresos del año que concluye.

Una disposición constitucional que resuelva este supuesto es necesaria, a fin de evitar la incertidumbre que podría generarse ante una laguna jurídica como ésta, ya que al iniciar un año determinado sin una Ley de Ingresos, según han opinado algunos expertos en derecho, los particulares no estarían obligados a pagar los impuestos que conforme a las Leyes del Impuesto al Valor Agregado y a la Ley del Impuesto Sobre la Renta deben cubrir. Esta situación en primer orden, implicaría que el Estado automáticamente dejaría de pagar los bienes y servicios que ha solicitado de los particulares, no estaría en aptitud financiera de pagar a todos los empleados de la Federación, ni de prestar servicios tales como los correspondientes a salud o educación; y en segundo, ocasionaría serios perjuicios en la actividad financiera de las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios, que para la determinación de sus presupuestos requieren tener certeza sobre los montos correspondientes a sus participaciones y programas contenidos en el presupuesto federal.

Como legisladores encargados de velar por los intereses de la Nación, admitimos la importancia de establecer instrumentos jurídicos que permitan al Estado contar con los recursos necesarios, a fin de estar en aptitud de dar cabal cumplimiento a sus fines.

La doctrina aporta soluciones a esta problemática, una de ellas es lo que se conoce como principio de reconducción presupuestal, cuya finalidad es asegurar al Estado la ministración de los recursos mínimos necesarios para continuar cumpliendo con los fines que le han sido encomendados, evitando la parálisis estatal en un momento determinado.

Quienes suscribimos proponemos primeramente, que se reforme la fracción VII del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de establecer que si al inicio de un año no estuviera aprobada la Ley de Ingresos, se tendría por aprobada una Ley cuyas provisiones sean iguales a las que se encontraron vigentes en el año inmediato anterior, con los ajustes necesarios, en los términos que disponga la legislación secundaria, hasta en tanto se apruebe por el Congreso la Ley para el año correspondiente. En términos similares se propone reformar la fracción IV del artículo 74 de nuestra Carta Fundamental, con relación al Presupuesto de Egresos de la Federación.

II

Otro aspecto de igual envergadura que suscita preocupación en los legisladores que suscribimos, lo es la fecha límite establecida en la Constitución para la presentación por parte del Ejecutivo Federal de la iniciativa de Ley de Ingresos y del Proyecto de Presupuesto de Egresos.

La fracción IV del artículo 74 de la Ley Fundamental, en su segundo párrafo, establece que a más tardar el día 15 de noviembre o hasta el 15 de diciembre cuando inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83, el Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara de Diputados la iniciativa y el proyecto destinados a prever la hacienda y el gasto públicos. Esta disposición constitucional obliga al Legislativo a emprender el importante proceso de estudio del llamado paquete económico, tan sólo dentro de un período de treinta días.

Como antes se ha precisado, la función financiera parlamentaria entraña no sólo aspectos de índole económica, pues además, en el caso del presupuesto, a través de él se direccionan importantes bienes y servicios encaminados a satisfacer las necesidades básicas de la población, resaltando con ello la importancia social de este acto legislativo. El espectro de necesidades económicas y sociales reclaman un examen minucioso de las condiciones particulares del país por parte de los legisladores, tarea que se ve mermada cuando por disposición constitucional, la Cámara de Diputados queda constreñida a analizar y discutir el Presupuesto de Egresos en el breve plazo de treinta días.

La Constitución de 1857, de notoria vocación parlamentaria, estatuía el plazo de tres meses y medio para el cumplimiento de esta asignatura, ubicándola además como una labor de máxima prioridad, pues en su artículo 68 precisaba que el segundo período de sesiones, el Congreso lo destinaría "?de toda preferencia, al examen y votación de los presupuestos del año fiscal siguiente?".

Con una tendencia opuesta, la Constitución promulgada en 1917 no dispuso plazo alguno para que el Ejecutivo remitiera a la Cámara de Diputados el proyecto de Presupuesto de Egresos; fue hasta 1977 que vía reforma a la Norma Fundante, se reestablece el plazo para el cumplimiento de esta obligación, fijándose como fecha límite de entrega el 10 de septiembre del año anterior al en que regirán la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos propuestos. El debate que recayó a la reforma de 1977 resulta ampliamente ilustrativo, ya que refleja una problemática similar a la que en la actualidad registra este órgano legislativo; en particular el dictamen de mérito textualmente precisó:

Los Diputados que integramos el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, estimamos que la Cámara de Diputados debe asumir sus facultades administrativo-financieras con cabal responsabilidad, estableciendo la ampliación del plazo para el estudio, análisis y discusión de la iniciativa de Ley de Ingresos y del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, del 15 de noviembre al 15 de octubre.

Reformas como las que se plantean entrañan ventajas claras en la tarea de este cuerpo parlamentario, ya que se ve fortalecido como órgano de poder, profesionalizando el ejercicio de sus facultades de control, freno y contrapeso; además, permite que con toda oportunidad, comisiones legislativas distintas a las de Hacienda y Presupuesto, pero interesadas en las provisiones y programas comprendidos en la Ley de Ingresos y en el Presupuesto de Egresos, participen con comentarios y propuestas propias de su rama de especialización.

Como consecuencia de lo anterior, la ampliación de plazos planteada deviene a su vez, en un beneficio directo hacia la sociedad, resultado de un trabajo parlamentario responsable y profesional emitido con la anticipación y reflexión necesarias.

En esta tesitura, quienes suscribimos proponemos la ampliación del plazo para la presentación de la iniciativa de Ley de Ingresos y del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, y bajo los mismos argumentos, en congruencia sugerimos ampliar el plazo para la presentación de la Cuenta Pública que actualmente encuentra su límite en los diez primeros días del mes de junio, anticipando esta fecha al mes de abril. Para cumplir con estos propósitos, es menester reformar la fracción IV del artículo 74 de la Constitución, en sus párrafos segundo y sexto.

III

Finalmente, no podemos pasar por alto en aras de la claridad y transparencia en ejercicio del gasto público, disposiciones como las establecidas en la fracción IV del artículo 74 constitucional, que en su tercer párrafo a la letra dice:

Primero.- La posibilidad, de jure, de establecer en el Presupuesto de Egresos de la Federación las llamadas "partidas secretas";

Segundo.- Que la única condición para que las "partidas secretas" existan es que estén incluidas con ese carácter en el Presupuesto de Egresos;

Tercero.- Que el manejo de las "partidas secretas" dentro del presupuesto es discrecional, puesto que su disposición por parte de los Secretarios se sujeta únicamente al acuerdo escrito con el Presidente de la República; y

Cuarto.- Que por su naturaleza secreta, no admiten desglose ni justificación frente a las facultades de control y fiscalización propias del Legislativo.

A la luz del derecho comparado, es de resaltarse que no se encuentra símil en ordenamientos constitucionales de otras latitudes. Tal es el caso de la Constitución de Rusia, promulgada apenas en 1993, que en sus numerales 105 y 114 especifica que la Duma Estatal es la encargada de aprobar las leyes federales y que el gobierno de la Federación Rusa es al que corresponde presentar el presupuesto federal que sancionará la soberanía primeramente mencionada, sin establecer y mucho menos permitir que existan partidas presupuestales de carácter secreto. De igual manera, la Constitución Española cuyos preceptos 134, 135 y 136 regulan lo concerniente a la elaboración de los presupuestos generales, su examen, enmienda y aprobación, así como el funcionamiento del Tribunal de Cuentas como supremo órgano fiscalizador de las cuentas de la gestión económica del Estado y del sector público, tampoco prevé dentro de su cuerpo normativo el manejo secreto del gasto público.

En el derecho nacional, cabe precisar que el supuesto normativo constitucional que nos ocupa tiene sus orígenes desde la promulgación de la vigente Constitución de 1917, que estableció en la fracción I del artículo 65 esta potestad bajo la premisa prevaleciente en ese momento histórico, de limitar la vertiginosa acción parlamentaria que se vio fortalecida en la Constitución de 1857 y que dificultó la eficaz marcha del Poder Ejecutivo, dado el clima de agitación política de la época.

Hasta hace poco, la permanencia de esta disposición encontraba justificación en la necesidad de dotar al Ejecutivo Federal de facultades que le facilitaran la pronta disposición de caudales públicos, ante circunstancias delicadas o de especial urgencia que requerían de una atención administrativa rápida y eficaz.

Las circunstancias que en el pasado originaron y justificaron la presencia en nuestra Constitución de facultades del Ejecutivo Federal, que le permitieran el manejo de partidas presupuestales llamadas secretas, hoy no encuentran razón para su permanencia.

El abuso de la figura presidencial llevada al extremo en las últimas décadas, produjo por el contrario, un Poder Legislativo sumiso y complaciente, incapaz de representar el rol de contrapeso o de factor de equilibrio. Además, si bien es cierto que en el pasado como en la actualidad, la presencia de circunstancias extraordinarias requieren de acciones prontas de la esfera administrativa, también lo es, que el Ejecutivo en ejercicio de la facultad de iniciativa que le es exclusiva en la materia, se encuentra en posibilidad de proponer en el Presupuesto de Egresos de la Federación, partidas destinadas a hacer frente a gastos eventuales o accidentales provenientes de contingencias y variables situaciones económicas, que encuentran su origen en los llamados "créditos globales" del derecho positivo francés y que adolecen de los paliativos provenientes del secreto o del exceso de discrecionalidad. Sirven de fundamento a esta tesitura, antecedentes encontrados en pasados presupuestos, los cuales registran partidas de esta naturaleza, que bajo el nombre de "erogaciones extraordinarias" o de "prevención y atención de desastres naturales", cumplen con tal finalidad.

Constituye un argumento adicional a la iniciativa de los suscribientes, que la llamada "partida secreta" en el plano presupuestario positivo de los últimos tres años ha devenido en desuso. A mayor abundamiento, el denominado "Programa de Erogaciones Contingentes 1993-2000", o "Partida Secreta", de acuerdo a informes oficiales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y bajo la premisa de emprender acciones tendientes a reducir la discrecionalidad en el gasto por parte del Ejecutivo Federal, registró un notable decremento, pues mientras en 1993 se presupuestaron y ejercieron $ 2,039.7 millones de pesos, paulatinamente la cantidad se redujo, llegando a presupuestarse en 1999 un total de $ 1.1 millones de pesos, los cuales, al igual que en 1998, constituyeron recursos no ejercidos, culminando en el presupuesto federal del 2000, con la no asignación de este rubro como gasto.

No obstante lo anterior y previendo que en el futuro se recurra nuevamente al empleo de este tipo de partidas, estimamos indispensable trasladar en términos constitucionales, esta situación de hecho al campo del derecho.

De lo anterior, es de concluirse que tratándose del manejo de sus finanzas públicas, un gobierno republicano y democrático sólo se justifica como tal, en la transparencia y con la reducción a su mínima expresión en el uso de la discrecionalidad; que si de las acciones de vigilancia, control y fiscalización inherentes a este cuerpo legislativo, en su acepción jurídico-política, deviene la revisión minuciosa y exhaustiva de la Cuenta Pública, esa facultad-deber no puede ejercitarse a cabalidad mientras existan, en el plano constitucional, las llamadas "partidas secretas presupuestales"; que el abuso del sistema presidencial en las últimas décadas obliga a emprender acciones que, mediante el fortalecimiento de las facultades de control del Poder Legislativo, acoten la posibilidad de exceso por parte del Ejecutivo Federal; que la modernización en materia presupuestaria, retomando experiencias como las del derecho positivo francés, conducen a la determinación de medidas alternativas que en la materia encuentren el equilibrio entre control y eficacia; y que ante el desuso en la práctica presupuestal en que ha caído la figura denominada "partida secreta", se hace necesario adecuar la norma constitucional objeto de esta iniciativa a la realidad fáctica prevaleciente, suprimiendo el párrafo tercero contenido en la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sobre la base de esta exposición de motivos y con fundamento en los dispositivos normativos antes invocados, los suscritos, sometemos a la consideración de esta Asamblea la siguiente:

Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma la fracción VII del artículo 73, la fracción IV del artículo 74 y el artículo 75 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo Primero.- Se reforma la fracción VII del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 73.- ( .......... )

Artículo 74.- ( ......... )

Artículo 75.- La Cámara de Diputados, al aprobar el Presupuesto de Egresos, no podrá dejar de señalar la retribución que corresponda a un empleo que esté establecido por la ley, y en caso de que por cualquier circunstancia se omita fijar dicha remuneración, se entenderá por señalada la que hubiere tenido fijada en el presupuesto anterior o en la ley que estableció el empleo, con la actualización y los ajustes necesarios en los términos de la ley, hasta en tanto la Cámara subsane la omisión.

Transitorio

Artículo Unico.- Este Decreto iniciará su vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro,
México, Distrito Federal; a octubre de 2000.

Por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional

Diputados: Felipe de Jesús Calderón Hinojosa (rúbrica), Julio Castellanos Ramírez (rúbrica), Josefina Eugenia Vazquez Mota, Luis Alberto Pazos de la Torre, José César Nava Vazquez (rúbrica), Manuel de Jesús Espino Barrientos (rúbrica), Adrián Rivera Pérez (rúbrica), Julián Hernández Santillán (rúbrica), César Alejandro Monrraz Sustaita (rúbrica), Fernando Martínez Cue, Abel Cuevas Melo (rúbrica), Roberto Bueno Campos, Francisco Arano M., Tomás Ríos Bernal, Alba Méndez Herrera, Apuleyo Viniegra Orta, Eugenio Pérez Cruz (rúbrica), Manuel Orozco Garza (rúbrica), Sergio R. Vaca Betancourt (rúbrica), Fanny Arellanes Cervantes (rúbrica), Gustavo Buenrostro Díaz (rúbrica), Marcos Pérez Esquer (rúbrica), María Guadalupe López Mares (rúbrica), Jesús Mario Garza Guzmán (rúbrica), Rodolfo Dorador Pérez Gavilán (rúbrica), J. Jesús Hurtado Torres (rúbrica), Juan Ignacio García Zalvidea (rúbrica), Francisco Guadarrama López (rúbrica), Lucio Fernández González (rúbrica), María Eugenia Galván Antillón (rúbrica), Mónica L. Serrano Peña (rúbrica), Germán Arturo Pellegrini Pérez (rúbrica).
 
 
 

DE LEY NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, A CARGO DEL DIPUTADO JAIME MARTINEZ VELOZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. PRESENTADA EN LA SESION DEL MARTES 17 DE OCTUBRE DE 2000

Exposición de Motivos

La disminución de las tasas de natalidad en nuestro país, actualmente del 1.7 por ciento, según el Consejo Nacional de Población y Vivienda, aunada al avance de la medicina que ha propiciado el incremento en las expectativas de vida a 73 o más años, han generado que el sector poblacional de las personas adultas mayores sea el que presente la mayor dinámica de crecimiento.

En la República Mexicana existen alrededor de 6 millones de personas mayores de 60 años, mexicanas y mexicanos que a lo largo de décadas hicieron una contribución invaluable en la construcción de este país. Según las tendencias poblacionales, el número de personas de edad avanzada es real y proporcionalmente cada vez mayor. Según proyecciones en 10 años habrá 10 millones de personas adultas mayores; para el año 2025 alrededor de 17 millones; y para el año 2050 uno de cada cuatro mexicanos formará parte de la tercera edad.

México se encamina rápidamente a convertirse en una sociedad envejecida, a un invierno demográfico como dijera un especialista, lo cual no hemos valorado debidamente, ni mucho menos tomado las previsiones necesarias para afrontar esta situación cuando se presente.

Actualmente, la situación en la que viven las personas adultas mayores mexicanas es muy preocupante: la mayor parte viven en la pobreza o la pobreza extrema; sufren por la desigualdad y la marginación; no cuentan con el apoyo de una institución de seguridad social; sólo poco más de una quinta parte dispone de una jubilación o pensión que, dicho sea de paso, es notoriamente insuficiente para atender sus necesidades; sus niveles de salud y alimentación son precarios y muchos sufren de abandono o son confinados para esperar la muerte. Son ellos quienes más han sentido el peso de la crisis económica y de los consiguientes programas de ajuste.

Algunos incluso son sujetos de despojo de sus bienes, malos tratos y agresiones, al interior del núcleo familiar. A la mayoría, su edad les impide ocupar un empleo que les ayude a tener ingresos y solventar las carencias. Si a ello agregamos que una gran parte de ellos no tiene acceso a centros de recreación, ni cuentan con la posibilidad de emplear productivamente su tiempo libre, el panorama es desalentador y por ello es urgente tomar medidas al respecto.

Si no se tiene claridad en que uno de los mayores retos que tenemos que enfrentar como sociedad, es la formulación de una estrategia integral para atender las necesidades de este sector, a corto plazo las soluciones serán más complejas y costosas política y socialmente. Es preciso iniciar a la brevedad la toma de decisiones para ofrecer tanto a las personas adultas mayores actuales como a quienes los serán en el futuro, condiciones para una vida digna.

La situación en la que viven las personas adultas mayores no es sólo responsabilidad gubernamental, aún cuando la oferta institucional es insuficiente y frágil ante la magnitud de la demanda actual. Como sociedad no se ha tenido la visión de crearles el porvenir tranquilo y esperanzador que haga justicia a sus esfuerzos de toda una vida. Hemos devaluado la dignidad y menospreciado el potencial de nuestras personas adultas mayores, bajo la errónea lógica utilitarista e inhumana de la estructura productiva, que plantea que mientras más años tiene una persona, menos aporta a la familia y a la sociedad.

Las personas de edad, con su percepción de la vida y experiencia, su generosidad, su comprensión, amor y entrega a las causas que consideran justas, nos demuestran a diario lo equivocado de estos conceptos. Ellos quieren seguir activos físicamente, mentalmente, socialmente y espiritualmente; pero somos nosotros quienes por comodidad, incomprensión o indiferencia, los relegamos a desempeñar roles que los condenan a una vida sedentaria e intrascendente o a la realización de labores no remuneradas pero vitales para el desarrollo familiar, como el cuidado de los niños o parientes enfermos.

En la vida social deben caber todas las edades y las personas adultas mayores en toda su heterogeneidad, trátese de matrimonios, viudas, viudos, solteras o solteros, jubilados, pensionados, enfermos o discapacitados. No es justo, bajo ninguna óptica, que la sociedad margine a los sectores más vulnerables, entre los que se encuentra el de las personas adultas mayores.

Debemos impulsar una política social en la que uno de los valores es el respeto y la solidaridad hacia las personas adultas mayores. Debemos fomentar una cultura del envejecimiento distinta a la prevaleciente, en la que llegar a viejo no sea una afrenta, sino por el contrario, un status al que se aspire por el reconocimiento social que merece.

Si bien es cierto que desde 1979 contamos con una institución denominada Instituto Nacional de la Senectud, mejor conocido como -Insen- éste aún no ha logrado alcanzar los fines que motivaron su creación. En gran medida, sus limitaciones han sido como consecuencia de la minúscula asignación de presupuesto gubernamental a ese organismo y por la falta de capacidad para hacerse llegar de otros ingresos públicos y privados para desarrollar suficientes y fructíferas acciones que vengan a satisfacer las demandas de las personas adultas mayores de nuestro país.

La desafortunada realidad del Insen, nos indica esa noble institución, ha sido identificada solamente como aquella que ofrece una tarjeta para obtener unos cuantos descuentos más que como un verdadero organismo público que abandere y defienda las causas de las personas adultas mayores de nuestro país.

Cabe destacar los esfuerzos del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) que han colaborado con las causas del Insen, pero los esfuerzos y resultados han sido limitados. Por ello, proponemos la creación del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores que sea dirigido por ellos mismos, por las propias personas adultas mayores y no por funcionarios jóvenes que en gran medida no cuentan con la sensibilidad, la experiencia de las limitaciones y necesidades que padece ese sector tan vulnerable.

La atención a la senectud es parte de la agenda de los asuntos internacionales. Nuestro país ha participado en diversas reuniones y foros internacionales e inclusive ha signado compromisos internacionales: En 1982 asistió en Viena a la Asamblea Mundial sobre Envejecimiento; en 1994 a la cumbre de Población de El Cairo y en 1995 a la Cumbre Mundial sobre desarrollo Social en Copenhague, en los cuales se comprometió en desarrollar instrumentos jurídicos, económicos, sociales y culturales que favorecieran al desarrollo de las personas de edad avanzada.

La preocupación por este sector social, motivó que en 1991, las Naciones Unidas aprobaran los Principios a favor de las Personas de Tercera Edad, exhortando a los gobiernos para que los incorporasen en sus programas nacionales. Asimismo, existe un Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento.

Sin embargo, a pesar de nuestra presencia como país en estos foros, lamentablemente, no hemos logrado dimensionar cabalmente la situación de las personas adultas mayores en nuestro país.

Recordemos y aceptemos que las personas adultas mayores de hoy, fueron los que en sus años de juventud nos aportaron su creatividad, su talento, su trabajo, sus experiencias y fuerzas para la consolidación del México que hoy hemos heredado.

La triste realidad que padecen la gran parte de las personas adultas mayores de nuestro país debe cambiar, esa triste realidad la debemos cambiar. No podemos; no debemos permitir darles la espalda a quienes nos dieron su cariño y comprensión: nuestros abuelos y abuelas, nuestros padres y madres: nuestros queridos viejos. A ellos, a quienes les debemos lo que somos, a quienes les debemos el patrimonio cultural, intelectual, económico y moral con que contamos.

¡Les debemos la vida, les debemos la esperanza, les debemos México!

Es preciso entender, compañeras y compañeros legisladores, que México atraviesa por una fase de transición demográfica de población joven a población entrada en años. Debemos tener la visión de que como sociedad entraremos en crisis si no estamos preparados para dar respuestas institucionales al cada vez mayor crecimiento demográfico de la población mayor de 60 años.

De acuerdo con datos hechos públicos por el Secretario General del Consejo Nacional de Población, el año pasado, "Uno de cada tres mexicanos tiene en la actualidad menos de 15 años de edad. En tanto que uno de cada veinte tiene 65 años y más. Sin embargo, en el año 2050 esta composición se verá profundamente alterada: se prevé que uno de cada siete mexicanos estará en edades preescolares y escolares, mientras que las personas adultas mayores representarán a uno de cada cuatro habitantes del país".

De acuerdo con él, "estos cambios tenderán a socavar la lógica de funcionamiento de muchas de nuestras instituciones y los actores sociales presionarán para que se modifiquen esos arreglos de modo que reflejen más fielmente las nuevas pautas de demandas y necesidades".

Ante esa próxima realidad, la pregunta es ¿tenemos qué esperar a que el destino nos alcance para hacer algo por nuestras personas adultas mayores?. El que cada día sea mayor la población adulta mayor implica cambios profundos en la sociedad que desde ahora podemos ir orientando para evitar tensiones sociales dolorosas e innecesarias.

El proceso de envejecimiento se agudizará considerablemente en el futuro previsible, lo cual valida la pertinencia de que los planes de desarrollo económico y social de los próximos años, integren estrategias puntuales para atender a la población mayor de 60 años.

En la medida que pasan los años, como un proceso natural, las personas van perdiendo su capacidad física y mental, ven disminuida su autonomía y su economía y sufren el menoscabo de la salud y de sus contactos y roles familiares y sociales. Pero también van ganando en sabiduría, en comprensión, en capacidad para amar a la vida y a los suyos, que no siempre les retribuyen como debieran.

Las personas adultas mayores tienen múltiples desventajas que se acentúan por la pobreza, la enfermedad, la discapacidad y el aislamiento social de que son objeto.

Es tiempo de bajar el discurso a la acción y transformar la compasión en leyes para el beneficio directo de las personas adultas mayores que habitan en todos los rincones de la patria.

La LVIII Legislatura, como el poder donde emanan las leyes, está moralmente obligada a empezar a asumir su responsabilidad al respecto y, en paralelo, proceder a sentar bases jurídicas sólidas para alcanzar el equilibrio financiero del régimen de seguridad social que permita ampliar la cobertura de las pensiones y hacerlas dignas y suficientes.

Hoy es una realidad que las personas adultas mayores conforman un grupo de interés secundario en materia de política social. Si se le atiende, es sólo tangencialmente, con carácter no prioritario, desvalorizando todo el caudal de contribuciones y entrega al servicio de este país. Por ello, la política social hacia la senectud, no debe consistir en la simple suma de programas institucionales, sino ser una política integral, cuyas estrategias, acciones y objetivos sean diseñados por todos los actores involucrados, incluyendo las propias personas adultas mayores.

Ya no se trata de un asunto que sólo requiere nuestra buena voluntad. Las tendencias demográficas son irrefutables. La atención a la senectud debe verse como un asunto de Estado y como tal debe ser atendido con la debida prioridad.

De entre los sectores vulnerables, el sector de la tercera edad es quizá el sector más desprotegido. Las personas adultas mayores mexicanas, pasan los últimos años de su existencia como una sombra, como una carga de la cual la familia quiere desprenderse cuando están enfermos y son por ende dependientes y están sujetos a la opresión de los años y la vida.

La gente olvida a quien le dio el ser y le sostuvo durante muchos años y los trata con desprecio e ingratitud, propiciando su muerte social, antes que su muerte física.

Algunos datos son apabullantes:

8 de cada 10 personas adultas mayores mexicanas no perciben ningún tipo de pensión y quienes disfrutan de este beneficio, reciben pensiones raquíticas, que los obligan a continuar trabajando en la llamada economía informal, hasta que lo permiten sus capacidades y sus escasas fuerzas.

El número de personas adultas mayores con algún tipo de deterioro funcional o incapacidad crecerá de 2 millones en 1998 a 3.6 millones en el 2010.

Hasta 1999, el DIF atendía en casas hogar, asilos y otro tipo de albergues para ancianos, solamente a cerca de dos mil ancianos en todo el país, los cuales no podían ser acogidos en espacios familiares.

De acuerdo con las proyecciones demográficas, para el año 2050, la esperanza de vida de los adultos mayores en México aumentará, según la proyección más conservadora, a 78.6 años y según otra proyección basada en tendencias históricas a 83.7 años, con todas las implicaciones que esto conlleva.

Si queremos como personas y como pueblo envejecer bien, tenemos que empezar desde ahora, por nosotros mismos, a modificar la actitud social e institucional hacia la senectud y actuar en consecuencia, para acrecentar las posibilidades de una vejez con niveles óptimos de bienestar. Como alguien dijo y dijo bien, no sólo agregar años a nuestra vida, sino vida a nuestros años.

El buen envejecimiento implica según los expertos, minimizar la incidencia de enfermedades crónicas, degenerativas e incapacitantes, mantener altos niveles de funcionalidad física y mental, contar con ingresos que permitan autonomía y dignidad en esta etapa de la vida, recibir el apoyo material y emocional de la familia y la sociedad y realizar actividades productivas y satisfactorias, no necesariamente remuneradas, que contribuyan a un envejecimiento activo.

La Iniciativa de Ley Federal de las Personas Adultas Mayores que hoy se presenta ante esta Soberanía, determina y garantiza los derechos de las personas adultas mayores en la República Mexicana.

Con ello, viene a establecer condiciones de justicia para un sector casi olvidado, cubre un hueco importante en la legislación y es una acción que permite a este Congreso cumplir con una de las demandas más sentidas de la sociedad.

El ordenamiento propuesto, contiene entre su capitulado, la creación del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, la expresión de los derechos a la dignidad, a la libertad, a la autorrealización, integración y participación de las personas mayores de 60 años, pensionados, jubilados, viudas mayores de cincuenta años.

Conforme a la Ley propuesta, las personas en edad avanzada, tendrán asegurada la vejez digna y tranquila que merecen, por el esfuerzo realizado a través de una vida al servicio de las actuales generaciones.

En su formulación se procuró integrar los conceptos más avanzados existentes en México y otros países en materia de atención al sector; se tomaron en cuenta las aportaciones de investigadores de la tercera edad y se incorporaron las propuestas de personas adultas mayores.

Aún así, será la propia sociedad y los destinatarios de la ley, quienes enriquezcan con sus comentarios y propuestas la iniciativa.

Muchos son los aspectos contenidos en la ley que benefician en forma directa a las personas adultas mayores. Cabe destacar, entre otros:

La obligación que tendrán las empresas instaladas en el país, con un número mayor de 30 trabajadores, a contratar, cuando menos en un 5 por ciento de su planta laboral, a personas mayores de 60 años y la obligación de las instituciones bancarias, financieras y crediticias de dar prioridad en la atención de las personas de edad avanzada que acudan a realizar cualquier tipo de trámites; obligación que será extensiva a todas las empresas prestadoras de servicios.

Además de los anteriores, se presentan otras obligaciones para la sociedad, y la promoción de actividades en materia de educación, empleo, capacitación y promoción económica; así como de cultura, recreación y deporte.

Se garantizan asimismo sus derechos a un alojamiento digno, a la salud, a la asesoría y a la gestión institucionales y a recibir descuentos en la utilización del transporte público con descuento.

Se instituye que tendrán descuentos y reducciones en contribuciones e impuestos locales en materia de agua potable, drenaje y predial y se promueve asimismo, la celebración de convenios a fin de obtener descuentos y beneficios para las personas adultas mayores en el pago de los servicios de energía eléctrica y teléfono.

La iniciativa crea el Instituto Nacional de Personas Adultas Mayores como organismo descentralizado de la administración pública federal y órgano rector del sector que atiende a las personas adultas mayores de México y cuya finalidad es establecer, verificar y evaluar directrices, estrategias, programas y acciones en beneficio de las personas de la tercera edad. Este órgano será el responsable de coordinar la acción de las diversas dependencias y sociedad para que las acciones tengan mayor cobertura e impacto entre la población senecta.

Se determina la obligación de llevar a cabo un Programa Anual para la Atención de las Personas Adultas Mayores, que sea parte de una estrategia integral para el corto, mediano y largo plazo.

En fin, consideramos que al aprobarse el ordenamiento propuesto, México se colocará a la vanguardia a nivel mundial en un tema tan necesario de ser tratado para los mexicanos del presente y del porvenir.

En suma, la Iniciativa de Ley Federal de los Derechos Integrales para las Personas Adultas Mayores que hoy sometemos a su consideración, pretende contribuir a saldar una deuda histórica que tenemos con las y los adultos mayores de nuestro país; y proceder conforme a la justicia hacia ellos, no por motivos de caridad o filantrópicos. Pretende también llenar un vacío legislativo que podemos empezar a solventar y con ello, contribuir a transformar el país a través de una mejor calidad de vida para las personas adultas mayores del presente y los del porvenir, que serán muchos más.

Compañeras y compañeros legisladores:

No perdamos más tiempo. Establezcamos cuanto antes bases firmes para elevar la calidad de vida de nuestros viejos, nuestros queridos viejos. Hoy que la vejez, empieza a tocar la puerta de la Nación, estemos preparados para recibirla con el honor y la dignidad que merece.

Por lo anteriormente expuesto y

Considerando

Primero.- Que una de las deudas que tienen pendientes la sociedad mexicana y las instituciones de la República, incluida la Cámara de Diputados, es la de asegurar niveles óptimos de calidad de vida a las y los habitantes de México que cuentan con 60 o más años de edad, quienes fueron y en muchos casos siguen siendo, los constructores del país en el cual vivimos.

Segundo.- Que la disminución de la tasa de fecundidad y el incremento en la esperanza de vida de los mexicanos han impactado la dinámica de crecimiento poblacional de las personas adultas mayores, propiciando que el número de personas de edad avanzada sea real y proporcionalmente cada vez mayor, situación que requiere diseñar y aplicar políticas y estrategias públicas, que permitan atender en forma prioritaria y adecuada las necesidades particulares de quienes se encuentran en esta etapa de la vida.

Tercero.- Que si bien el cuidado y la atención de las personas adultas mayores, ha sido un rol asumido generalmente por la familia, es también responsabilidad del Estado, sus instituciones y de la propia sociedad; crear las condiciones que permitan comprender y estimular a las personas adultas mayores y atenderlas debidamente en materia de salud, alimentación, vivienda, recreación y cultura; y en general, en todo aquello que contribuya a que lleven una vida digna, productiva y decorosa.

Cuarto.- Que con base en sus atribuciones constitucionales esta Legislatura está facultada para legislar a favor de las necesidades de la sociedad y en consecuencia para sus sectores vulnerables, uno de los cuales es el de las personas adultas mayores, con el fin de brindarles una atención integral, a través del establecimiento de condiciones institucionales y sociales que les garanticen una vejez digna y que preparen un mejor futuro para las generaciones que se incorporarán a corto, mediano y largo plazo a la también denominada tercera edad.

Quinto.- Que la insuficiencia y fragilidad de los esfuerzos institucionales, tanto públicos como privados dirigidos a este sector de la población es evidente; y que si bien han resultado valiosos, la dimensión y complejidad de la problemática se han incrementado paulatinamente; y que requieren se adopten medidas que, con una visión de estado, garanticen de ahora en adelante exista una atención integral y una política social de mayores horizontes.

Sexto.- Que la adecuada atención al sector de las personas adultas mayores, hace necesario el que se formalice la existencia de mecanismos de coordinación permanentes entre todas las dependencias y entidades de la administración pública de los tres órdenes de gobierno facultadas en la materia; así como de la sociedad; instancias que, en cumplimiento de la ley, podrán sumar esfuerzos, voluntades y recursos para cumplir con su misión en beneficio de las personas en edad avanzada.

Séptimo.- Que es necesario exista en la República Mexicana un órgano cuya finalidad sea la de establecer directrices, estrategias, programas y acciones en materia de atención a las personas adultas mayores; y entre cuyas atribuciones se encuentre precisamente el coordinar la acción de las distintas dependencias y entidades y el verificar que se realicen las acciones que demanda la atención al sector.

Octavo.- Que desde una perspectiva de justicia social, moral, ética y humana, es un deber de quienes somos legisladores establecer un marco jurídico que, reconociendo y valorando las contribuciones, experiencia, esfuerzos y amor entregados en forma por demás generosa hacia las generaciones jóvenes, por parte de quienes hoy tienen más de 60 años, garantice sus derechos, en tal forma que se traduzcan en un mejoramiento palpable de sus condiciones de vida y les permita ser partícipes en la decisión sobre las acciones que habrán de instrumentarse para que disfruten la vida digna y tranquila a la que sobradamente son merecedores.

Noveno.- Que entre las prioridades que habrá de atender esta Legislatura se encuentra la de contribuir al desarrollo social, uno de cuyos ejes es el contar con una legislación que garantice la atención a los sectores más vulnerables, entre ellos las personas adultas mayores.

Con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por mi conducto presenta a consideración de esta Soberanía la siguiente:
 

Iniciativa de Ley Nacional de las Personas Adultas Mayores

Título Primero
Disposiciones preliminares

Capítulo Unico

Artículo 1.- La presente ley es de orden público, interés social y observancia general en la República Mexicana. Su objeto es establecer y garantizar la protección y atención relativa a la salud y bienestar social de las personas adultas mayores que residan en el país, crear el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, como órgano responsable de implementar los programas, proyectos y acciones en favor de esa población, así como disponer la coordinación y colaboración con las diversas instituciones públicas y privadas que realizan actividades orientadas a lograr una mayor calidad de vida de las personas adultas mayores que residan en el país.

Artículo 2.- Los objetivos de la presente Ley son los siguientes:

Título Segundo
De los Derechos y Garantías de las Personas Adultas Mayores

Capítulo Primero
De los Derechos

Artículo 6.- Todas las personas adultas mayores tendrán además de los derechos conferidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las particulares de las entidades federativas y las demás disposiciones jurídicas aplicables, los siguientes:

I. El Derecho a la Dignidad, integridad e imagen social.

Que se manifiesta en:

a) El reconocimiento incondicional a su persona, a su integridad física, intelectual y emocional;

b) Ser tratados con cordialidad y respeto, independientemente de la edad, sexo, raza o procedencia étnica, discapacidad u otras condiciones;

c) Contar con alojamiento adecuado, alimentos, agua, ropa, atención médica y sanitaria, que les permitan vivir con decoro y dignidad, con base en sus propios ingresos, el apoyo de la familia, autoayuda y, en el caso de senectos indigentes, con el apoyo de las instituciones de la Federación y de los Estados;

d) Disponer de seguridad jurídica tanto en su persona como en su patrimonio;

e) Ser libres de cualquier tipo de explotación y malos tratos físicos y/o psicológicos;

f) Mantener bajo confidencialidad el estado de salud física y mental de las personas adultas mayores y los tratamientos que se realicen por parte de las instituciones.

II. Derecho a la Salud.

Que se manifiesta en atención adecuada a padecimientos de:
 

• Cardiopatía
• Hipertensión
• Diabetes
• O enfermedades terminales

 

 
 
 

III. Libertad.

a) Residir en su propio domicilio por tanto tiempo como sea posible y vivir en entornos seguros y adaptables a sus preferencias personales y a sus capacidades en continuo cambio;

b) Laborar en su propio oficio o especialidad y generar ingresos que correspondan al trabajo desempeñado;

c) Proceder a pensionarse o jubilarse cuando lo decidan, de conformidad con lo establecido en las leyes laborales y recibir las pensiones, jubilaciones o ahorro para el retiro que en justicia y conforme a la ley les correspondan;

d) Disfrutar de sus derechos humanos y libertades fundamentales, cuando residan en hogares o instituciones donde se les brinden cuidados o tratamientos específicos;

e) Tener acceso a programas educativos y de capacitación, que le permitan alfabetizarse o continuar preparándose en su desarrollo personal y/o el de la sociedad;

f) Estar informados de los sucesos contemporáneos a través de los medios de información y sobre los avances médicos, científicos, tecnológicos y culturales que existen y que representen para ellos un beneficio;

g) Mantener su identidad cultural, costumbres y tradiciones; así como transmitirlas a sus descendientes y coterráneos.

IV. Derecho a la Autorrealización, Integración y Participación.

Que se manifiesta en:

a) Disfrutar de la protección de su familia y la comunidad, de conformidad con el sistema de valores culturales de la sociedad;

b) Tener acceso a los recursos educativos, culturales, espirituales y recreativos de la sociedad;

c) Contar con oportunidades vitales diversas que les permitan participar, sentirse útiles y desarrollar plenamente sus potencialidades;

d) Compartir sus conocimientos, experiencias, habilidades y vivencias con las generaciones más jóvenes;

e) Ser dispensados de trabajos que requieran de un esfuerzo físico e intelectual que agraven su estado de salud;

f) Ser valorados por lo que son y han retribuido a la sociedad, independientemente de su contribución económica al seno familiar.

V. Participar en la planeación integral del desarrollo social, a través de la formulación y aplicación de las decisiones que afecten directamente a su bienestar, barrio, calle, colonia, delegación o municipio;

Artículo 7.- Los Poderes Públicos Federales, de los Estados y gobiernos municipales garantizarán que las Personas Adultas Mayores tengan la posibilidad de:

Artículo 8.- Corresponde a la Procuraduría General de la República y las Procuradurías de Justicia de los Estados y a la del Distrito Federal, al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, a los Sistemas Nacional y Estatales para el Desarrollo Integral de la Familia, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a las Comisiones Estatales de los Derechos Humanos, la defensa de los derechos de las personas adultas mayores consagrados en este ordenamiento, así como el seguimiento de las quejas, denuncias o querellas de que tengan conocimiento ante las autoridades administrativas y judiciales.

Artículo 9.- Las Secretarías y dependencias de los Gobiernos Federal, de los Estados y de los Gobiernos Municipales, conforme a sus ámbitos de competencia, orientarán gratuitamente a las personas adultas mayores, en materia administrativa, jurídica, y especialmente sobre la seguridad de su patrimonio, en materia alimenticia y testamentaria, así como social e inmobiliaria y asuntos relativos a trámites de desarrollo urbano, salud, educación y cualquier otro servicio público que soliciten.

Artículo 10.- Cuando una persona adulta mayor se encuentre abandonada por su familia sin que le sean proporcionados los alimentos de conformidad con la legislación civil de los Estados, el Instituto le proporcionará de manera inicial la atención que requiera y posteriormente en coadyuvancia con el Ministerio Público, demandará ante el juez competente el otorgamiento de la pensión alimenticia por parte de los familiares obligados a proporcionarla, así como el depósito judicial provisional o definitivo, en su caso, de la persona adulta mayor abandonada.
 

Título Tercero
Del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores

Capítulo Primero
De su naturaleza, fines y atribuciones

Artículo 11.- Se crea el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores como un organismo público descentralizado del Gobierno Federal con personalidad jurídica y patrimonio propios.

Artículo 12.- El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, es el órgano rector del sector que atiende a las personas adultas mayores de la República y cuya finalidad es establecer, verificar y evaluar directrices, estrategias, programas, proyectos y acciones en beneficio de las personas de la tercera edad; el cual será responsable de coordinar la asistencia y promoción de los derechos de las personas adultas mayores en el país.

Para que el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores pueda lograr mejores resultados en sus programas, proyectos y acciones de protección a favor de las personas adultas mayores, mantendrá permanente coordinación y colaboración interinstitucional, a través de la celebración de convenios con instituciones públicas municipales, estatales, federales y privadas.

La sede del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores se ubicará en la capital de la República Mexicana y con delegaciones en las capitales de cada uno de los Estados y contará con las oficinas, centros o unidades de apoyo necesarios en cada uno de los municipios de los Estados que para tal efecto acuerde el propio Instituto.

Artículo 13.- El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores tendrá las siguientes atribuciones:

Capítulo Segundo
De su Gobierno y Administración

Artículo 15.- El gobierno y administración del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores estará a cargo del Consejo Nacional de las Personas Adultas Mayores y de un Director General.

Artículo 16.- El Consejo Nacional de las Personas Adultas Mayores estará integrado por un Consejo Directivo presidido por el Secretario de Salud, en donde participen :

Las sesiones del Consejo Nacional de las Personas Adultas Mayores serán presididas por el Secretario de Salud y en las mismas el Director General del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores fungirá como Secretario Técnico y participará únicamente con voz.

En cada una de las sesiones se levantará acta circunstanciada la cual deberá ser rubricada por los miembros que asistan.

Artículo 17.- El Consejo Nacional de las Personas Adultas Mayores se reunirá por lo menos una vez cada tres meses, y en forma extraordinaria cuando lo convoque su Presidente o más de la mitad de sus integrantes. El Secretario Técnico se encargará de proponer el orden del día y deberá convocar por lo menos con quince días de anticipación.

Para que sesione válidamente el Consejo Nacional se requerirá de la presencia de cuando menos la mitad más uno de sus integrantes.

Podrán asistir a las sesiones del Consejo Nacional de las Personas Adultas Mayores, con voz pero sin voto, Secretarios o representantes de las dependencias públicas federales y demás funcionarios públicos estatales y municipales con competencia en la materia. Asimismo, podrán asistir representantes de organismos empresariales y del comercio.

Artículo 18.- Los acuerdos del Consejo Nacional de las Personas Adultas Mayores se tomarán por mayoría de votos de los miembros que asistan a las sesiones. En caso de empate, el Presidente tendrá el voto de calidad.

Artículo 19.- El Consejo Nacional de las Personas Adultas Mayores tendrá las siguientes facultades y obligaciones:

Artículo 21.- El Director General será designado por el voto libre y secreto de los delegados del Consejo Nacional de las Personas Adultas Mayores de cada uno de los Estados en una Reunión Nacional de Delegados y durará en su encargo tres años y pudiendo ser ratificado para el periodo inmediato.

Para que la elección del Director Nacional del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores sea legitima, se deberá contar con la asistencia y participación de por lo menos dos terceras partes de los delegados estatales.

Los delegados del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores de cada una de las entidades federativas deberán cubrir los mismos requisitos de Director General con excepción del Plan de Trabajo, el cual deberá ser estatal y serán designados por votación de las tres cuartas partes de los integrantes de cada una de las legislaturas de los estados.

Artículo 22.- El Director del Instituto Nacional del las Personas Adultas Mayores, durante el periodo de su encargo no podrá desempeñar cargo, comisión o empleo en la administración pública, con excepción de los cargos docentes o académicos.

Artículo 23.- El Director del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores tendrá las siguientes facultades y obligaciones:

Capítulo Tercero
Del Patrimonio del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores

Artículo 24.- El patrimonio del Instituto se integrará por:

Capítulo Cuarto
Del Plan para la Integración, Asistencia y Promoción de los Derechos de las Personas Adultas Mayores

Artículo 26.- El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, tendrá la obligación de llevar a cabo un Plan para la Atención a la Población de las Personas Adultas Mayores, que deberá contar al menos con programas en que incluyan los siguientes aspectos:

Artículo 27.- Corresponde a los órganos de los Gobiernos Federal, de los Estados y municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias y jurisdicción; observar y hacer observar las responsabilidades y obligaciones con relación a las personas adultas mayores, establecidas en la presente ley y participar en la elaboración del Plan para la Integración, Asistencia y Promoción de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

Asimismo, garantizar la formulación de un programa especial que con recursos autorizados para el gasto social, se dirija especialmente a atender las necesidades de la población en edad avanzada que viva en condiciones de pobreza extrema.

Artículo 28.- Corresponde al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores con el auxilio del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia nacional, estatal y municipales y las Secretarías Federal y de los Estados de Educación Pública:

Artículo 30.- El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores con la colaboración de las Secretarías Federales y Estatales de Turismo promoverán y difundirán el turismo en forma accesible por medio de los clubes de la tercera edad, en el interior de la república y fuera de ésta.

Artículo 31.- Las instituciones de seguridad pública federal y estatales, en coordinación con las autoridades municipales, deberán garantizar la seguridad en plazas, parques, jardines y lugares públicos a fin de que las personas adultas mayores puedan gozar de las alternativas que ofrecen sus ciudades o comunidades.

Artículo 32.- Corresponde al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores con la coordinación de las Secretarías de Salud, de Hacienda y Crédito Público, de Desarrollo Social, y de Finanzas así como de Obras Públicas de los Estados, realizar las acciones necesarias que permitan la obtención de créditos accesibles para la adquisición de vivienda por parte de las personas adultas mayores o para poder realizar mejoras a las mismas.

Artículo 33.- En todo momento las autoridades y dependencias públicas deberán pugnar por el mejoramiento de la calidad de vida de las personas adultas mayores, para que vivan un proceso de envejecimiento sano y con el pleno reconocimiento de su dignidad como ser humano y a sus capacidades creativas y productivas.
 

Título Cuarto
De la Integración de las Personas Adultas Mayores

Capítulo Primero
De la Protección Familiar

Artículo 34.- Para efectos de la presente ley se entenderá como integración el proceso de interacción entre las personas adultas mayores, sus familias, la sociedad, en el que se garantice que pueda aportar, con aceptación y reconocimiento, su potencial y capacidades, así como gozar de convivencia y oportunidades en conjunto con el resto de la sociedad.

Artículo 35.- Los descendientes en línea recta y/o parientes colaterales hasta el cuarto grado, tendrán las siguientes obligaciones:

Capítulo Segundo
De la Sociedad

Artículo 38.- La sociedad contribuirá con los medios a su alcance para que las personas adultas mayores sean respetadas y obtengan el reconocimiento a su dignidad, como parte integrante de la misma. Es obligación de la sociedad en su conjunto, ser comprensiva, amable y tolerante en el trato de las personas adultas mayores.

Artículo 39.- El Instituto determinará mecanismos de consulta y participación que permitan involucrar a las personas adultas mayores en las actividades tendientes a elevar el nivel de vida de todos los ciudadanos, preservando con ello su potencialidad y buscando el incremento de la autoestima de las personas de la tercera edad. Para ello deberá crearse un registro de las personas adultas mayores, para saber cuantos ciudadanos de esta característica son en total los interesados en recibir toda clase de beneficios, otorgados por todas y cada una de las instituciones.

Artículo 40.- Ninguna persona adulta mayor podrá ser marginada o discriminada de los núcleos sociales y de los espectáculos o servicios públicos, por razón de su edad, a menos que se ponga en riesgo su integridad física o emocional.

Artículo 41.- El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores en colaboración con las diversas instituciones públicas y privadas se organizarán para que existan en las colonias, barrios o comunidades de la entidad "Casas de las Personas Adultas Mayores", en donde los vecinos, a través de un proceso de autoayuda, contribuyan al cuidado y atención de las personas adultas mayores durante el día.

Estas casas atenderán a los senectos cuyos familiares, por razones de trabajo o de otra índole no puedan atenderlos durante el día. En las "Casas de las Personas Adultas Mayores" se promoverán diversas actividades productivas y de interés para las personas adultas mayores; tales como recreación, cultura y deporte. Asimismo, se otorgará alimentación, cuidado en el día y atención a la salud.

Artículo 42.- El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, vigilará el cumplimiento de lo dispuesto en este capítulo, a través de las siguientes acciones:

Artículo 43.- El Estado garantizará a las personas adultas mayores el acceso a la educación pública y a cualquier otra actividad que contribuya a su desarrollo intelectual y que le permita conservar una actitud de aprendizaje constante y aprovechar toda oportunidad de educación y capacitación que tienda a su realización personal.

Artículo 44.- Las personas adultas mayores tendrán el derecho de hacer uso de las bibliotecas públicas que, de acuerdo con sus disposiciones internas, facilitarán el préstamo a domicilio del material de las mismas, con la presentación de su identificación personal, credencial de jubilado o pensionado y/o credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores.

Cuando sea posible, las bibliotecas públicas adquirirán títulos seleccionados por las personas adultas mayores.

Artículo 45.- El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores garantizará el cumplimiento de las disposiciones contenidas en este capítulo, a través de la celebración de convenios de coordinación y colaboración con las diversas instancias federales, locales y municipales; así como con las instituciones públicas y privadas con atribuciones en la materia.

Asimismo, el Instituto suscribirá los convenios necesarios con las instancias federales, estatales y municipales, a fin de que las personas adultas mayores puedan alfabetizarse o bien continuar con sus estudios; en todos sus niveles y promoverá, en coordinación con la instancia municipal, la formación de grupos de estudio en los centros sociales o comunitarios con los que cuenten los Gobiernos de los Estados, los municipios y las propias comunidades.

Artículo 46.- Los centros a que se refiere el artículo anterior, deberán además promover otras actividades dirigidas particularmente a las personas adultas mayores, tales como proyectos productivos para el autoempleo, talleres de capacitación, artes y oficios; y cursos diversos que le permitan emplear productivamente su tiempo libre y elegir la actividad que desee realizar.

A este respecto, las personas adultas mayores decidirán si se integran a los cursos programados para la población en general, o se incorpora a los exclusivos propuestos para la tercera edad.

Capítulo Cuarto
Del Empleo, Capacitación y Promoción Económica

Artículo 47.- Las personas adultas mayores, al ser parte activa de la sociedad, tendrán la oportunidad de ser ocupados en un trabajo remunerador, en actividades lucrativas o voluntarias, conforme a su oficio, habilidad o profesión, sin más restricción que su limitación física o mental declarada por la autoridad médica o legal competente.

Asimismo, esta ley obliga a las empresas instaladas en la República Mexicana con un número mayor de 30 trabajadores, a contratar, cuando menos un 5% de su planta laboral de personas adultas mayores.

Artículo 48.- Las personas adultas mayores, de conformidad con la Ley Federal del Trabajo, podrá continuar trabajando, y decidirá libremente el momento en que desee iniciar los trámites de jubilación, sin que para ello influya que su edad cronológica sea mayor a los sesenta y cinco años.

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores asistirá jurídicamente a las personas adultas mayores que decidan jubilarse o pensionarse, con la finalidad de cerciorarse que se hallan ajustado conforme a la Ley.

De igual forma, las actividades laborales de las personas adultas mayores, serán siempre acordes a sus aptitudes y capacidades física y mental, sin que se les asignen trabajos denigrantes, riesgosos o nocivos para su salud, ni se les presione a retirarse o disminuya el salario en términos de las disposiciones legales aplicables.

Artículo 49.- Los Gobiernos de los Estados, a través de las Direcciones de Trabajo y Previsión Social, hará cumplir las disposiciones a que se refiere este capítulo. Vigilando en todo momento, su estricta observancia.

Asimismo promoverá a través de la celebración de convenios de colaboración con las diversas instancias federales, locales y municipales; y las instituciones públicas y privadas, el pleno ejercicio de los derechos laborales de las personas adultas mayores.

Artículo 50.- El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores en coordinación con las Secretarías del Trabajo, Desarrollo Social promoverán diversas formas de capacitación, financiamiento y empleo alternativas al trabajo formal, para aquellos ciudadanos de la tercera edad que ya no cuentan con esa posibilidad, a través de becas, talleres familiares, bolsas de trabajo oficiales y particulares.

Artículo 51.- Las Secretarías de Comercio y Fomento Industrial y de Desarrollo Económico de los Estados convocarán al sector empresarial a crear fuentes de empleo para la población de la tercera edad que no cuente con pensión o jubilación o una fuente de ingresos. Esto, con la finalidad de ofrecer oportunidades al segmento de senectos más vulnerables en términos económicos.

Artículo 52.- El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores y las Secretarías de Comercio y Fomento Industrial y de Desarrollo Económico de los Estados impulsarán la constitución de fondos regionales para la creación de microempresas productivas manejadas por personas adultas mayores y coadyuvarán en la comercialización de sus productos. De igual manera promoverá que personas de la tercera edad sean empleados como capacitadores o asesores en diversas empresas dada su experiencia y cúmulo de conocimientos.

Artículo 53.- El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores creará y difundirá un programa de orientación dirigido a jubilados y pensionados que los ayude en el proceso de retiro y contrarreste los estados anímicos como la depresión, la angustia o el aislamiento ante el cambio de roles en la vida del extrabajador y que evite el surgimiento de cuadros patológicos en su salud mental. Para lo cual se procurará la construcción de espacios adecuados para el desahogo de actividades propias a las personas de la tercera edad.

Capítulo Quinto
De la Cultura, Recreación y Deporte

Artículo 54.- Se reforzarán y ampliarán las actividades propias de la cultura, la recreación, el deporte y todo aquello que influya en una sana convivencia, elevándose su cobertura y ampliando su difusión con el fin de que estén al alcance de las personas adultas mayores, en forma similar a la que disfrutan todos los miembros de la sociedad. La Secretaría de Salud, les brindará la asesoría especializada para que el deporte se convierta en un elemento de su salud y bienestar.

En consecuencia podrán integrarse como miembros en los centros recreativos, deportivos y clubes que existan en su comunidad, en el ámbito local, estatal, nacional o internacional, así como en los grupos o actividades especiales que se organicen para ellos.

Artículo 55.- Las personas adultas mayores podrán participar de manera activa, en las festividades cívicas y tradicionales que se celebren en su comunidad. Al respecto, se promoverá que sean ellos los transmisores del valor y el significado histórico de las costumbres, efemérides y de los actos que se celebren.

Artículo 56.- Corresponde a las Secretarías de Educación, a los Institutos de Cultura, al Instituto de la Juventud y el Deporte garantizar el cumplimiento a lo dispuesto en este capítulo.

Para tal efecto promoverán, en coordinación con las autoridades municipales y la participación de la sociedad, las acciones que sean necesarias a fin que en parques, jardines, kioscos, plazas públicas, teatros al aire libre, deportivos y demás lugares públicos destinados a la recreación, se cuente con los espacios necesarios que faciliten la integración de las personas adultas mayores a las actividades sociales, culturales y deportivas que se establezcan en su beneficio en espacios gratuitos, con clases y exposiciones dentro de la casa de la cultura.

Artículos 57.- Se promoverá el deporte para la salud y se establecerá la organización y participación de las personas adultas mayores en actividades deportivas, entrenando a personas y grupos para competir en el ámbito nacional o internacional en las modalidades previstas para ellos, apoyándolos siempre con la asesoría especializada en los aspectos de salud.

Artículo 58.- Corresponderá a los Institutos de Cultura con la colaboración del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, estimular a las personas adultas mayores, a actividades de creación y al goce del arte y la cultura y les facilitará el acceso a la expresión a través de talleres en las distintas disciplinas artísticas y culturales, exposiciones, concursos y eventos comunitarios, nacionales e internacionales.

Artículo 59.- El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores otorgará periódicamente reconocimientos a las instituciones públicas y privadas de la República que hallan destacado por el apoyo a la población de las Personas Adultas Mayores.

Asimismo, el Instituto deberá otorgar estímulos y reconocimientos a las Personas Adultas Mayores en las entidades federativas que hubieren destacado por las actividades o trabajos desarrollados a favor de la comunidad senescente. Los estímulos consistirán:

Capítulo Primero
De los Módulos de Información

Artículo 60.- Será obligación de los Gobiernos Federal, Estatal y Municipales, en coordinación con las distintas dependencias y entidades de los tres niveles de gobierno, establecer módulos para la atención y el trato amable a las personas adultas mayores; donde habrá sillas suficientes para casos de espera; y que agilicen los trámites y procedimientos administrativos en los que éstos se vean involucrados.

Artículo 61.- Para los efectos del artículo anterior, se simplificarán las gestiones y trámites correspondientes y se promoverá la celebración de convenios de colaboración con las demás dependencias de la administración pública federal, estatal y municipal, y, en su caso con empresas privadas.

Será obligación de las instituciones bancarias, financieras y crediticias dar la respuesta por escrito a las diferentes organizaciones y prioridad a la atención de las personas de la tercera edad, jubilados y pensionados que acudan a realizar cualquier tipo de trámites en dichas instituciones. Esta obligación será extensiva, a todas las empresas prestadoras de servicios.

Capítulo Segundo
De los Derechos de Asesoría y Gestión

Artículo 62.- Las personas adultas mayores tendrán derecho a que se les garantice la seguridad jurídica de su persona y patrimonio, por parte de las autoridades de los estados, tanto en el ámbito Ejecutivo, como Legislativo y Judicial.

Artículo 63.- Corresponde a los juzgados familiares y civiles, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, la aplicación y el cumplimiento del artículo anterior; para ello, realizarán las siguientes acciones a favor de las personas adultas mayores:

I. Proporcionarán asesoría jurídica a las personas adultas mayores, a través de personal capacitado que será en todo momento comprensivo, amable, respetuoso y explícito, tomando en cuenta que pudieran estar disminuidas las capacidades físicas y mentales de las personas adultas mayores.

Artículo 65.- El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores auxiliará a los familiares de las personas adultas mayores que se encuentren purgando una pena por la comisión de delitos en los Centros de Readaptación Social, por lo que solicitarán a las Secretarías o dependencias de la custodia de internos o procesados informes sobre la situación jurídica que guardan los internos de la tercera edad y asesorar a los familiares, en su caso, del otorgamiento de los beneficios que les concedan las Leyes.

Capítulo Tercero
Del Transporte

Artículo 66.- Las personas adultas mayores, jubiladas y pensionadas tendrán derecho a gozar con facilidad, seguridad, accesibilidad y amabilidad los servicios, programas o beneficios que para ello ofrezcan los gobiernos federal, estatal y municipales.

Para el ejercicio de este derecho, se establecerán convenios con aerolíneas y empresas de transporte terrestre para que otorguen tarifas preferenciales a las personas de la tercera edad.

Los concesionarios de servicios públicos de transporte procurarán que sus unidades de transporte cuenten con el equipamiento adecuado para que las personas adultas mayores puedan ascender y descender sin dificultades, por lo que deberán contar con plataformas, para subir a las personas en sillas de ruedas, con muletas y bastones.

Artículo 67.- Las personas adultas mayores tendrán derecho permanente y en todo tiempo, a obtener descuentos o exenciones de pago al hacer uso del servicio de transporte público estatal o municipal, previa acreditación de la edad, mediante identificación oficial, credencial de jubilado o pensionado del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores.

En todo tipo de unidades de transporte público, los Estados y Ayuntamientos exigirán la existencia de por lo menos el 10% de asientos preferenciales por vehículo debidamente señalados para las personas adultas mayores.

Artículo 68.- Corresponde al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, en coordinación con las dependencias estatales competentes y las Direcciones de Policía y Tránsito municipales, hacer cumplir lo establecido en este capítulo, para lo cual implementará las siguientes acciones:

Capítulo Cuarto
De la Vivienda

Artículo 70.- Las personas adultas mayores tendrán derecho a vivir en entornos seguros y adaptables a sus preferencias personales y a sus capacidades en continuo cambio. Asimismo, a vivir en un alojamiento digno y decoroso, donde libremente ejerzan sus derechos fundamentales.

Artículo 71.- Las personas adultas mayores que cohabiten con sus familiares, deberán tener los espacios suficientes que cubran sus necesidades básicas.

Artículo 72.- Las personas adultas mayores tendrán derecho a contar con alojamiento adecuado, cuando residan en instituciones públicas o privadas, mismo que deberá tener los requerimientos mínimos que le aseguren una estancia digna en la que pueda realizar todas sus actividades.

Artículo 73.- Los Gobiernos Federal y de los Estados, a través de las dependencias con competencia en la materia, realizarán las acciones necesarias a fin de concretar programas de vivienda que permitan a las personas adultas mayores la obtención de créditos accesibles para adquirir una vivienda propia o realizar mejoras en caso de ya contar con ella.

Artículo 74.- El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, promoverá que empresas privadas y particulares que ofrezcan descuentos en el alquiler de vivienda a las personas en edad avanzada con menores recursos económicos.

Artículo 75.- En los proyectos de vivienda de interés social se dará igual oportunidad a las parejas compuestas por personas adultas mayores, solas o jefes de familia.

Artículo 76.- Los Estados y los gobiernos municipales exigirán que los planos de construcción de los establecimientos públicos, comerciales, de servicio o entretenimiento prevean los requerimientos de construcción adecuados para las personas adultas mayores.

Capítulo Quinto
Otros descuentos institucionales

Artículo 77.- Las personas adultas mayores, pensionadas y jubiladas que residan en el país, serán sujetos de reducciones y exenciones que establezcan las leyes, en por lo menos el 50 por ciento de descuento por concepto de derechos, impuestos o servicios que presten los Gobiernos Federal, de los Estados y en su caso los Gobiernos Municipales.

Los gobiernos darán a conocer con oportunidad, la difusión de los beneficios a través de los medios de comunicación escritos y electrónicos de cada Entidad.

Para efectos de prever presupuestalmente lo dispuesto en este artículo, la federación, los Estados y los gobiernos municipales dispondrán de las medidas necesarias para su inclusión en sus presupuestos de egresos y leyes de ingresos respectivas.

Artículo 78.- Los Gobiernos Federal, de los Estados y los Gobiernos Municipales, a través de las dependencias correspondientes y sus oficinas recaudadoras, garantizarán el cumplimiento de lo dispuesto por el artículo anterior.

Artículo 79.- El Instituto de las personas Adultas Mayores celebrarán los convenios de colaboración que sean necesarios, con dependencias de la administración pública federal y del sector privado, a fin de obtener descuentos y beneficios para las personas adultas mayores en el pago de servicios de energía eléctrica, gas y telefónico.

Artículo 80.- El Instituto de las Personas Adultas Mayores promoverá la celebración de convenios con laboratorios, empresas fabricantes de prótesis y equipo de rehabilitación, cadenas comerciales y fundaciones para la obtención de medicamentos, prótesis, marcapasos víveres y despensas a costos simbólicos o como donaciones que ayuden a la población de la tercera edad con menores recursos.

Las personas adultas mayores de escasos recursos, tendrán descuentos preferenciales en productos de calzado y vestido que otorguen empresas o cadenas comerciales con las cuales establezca convenios el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores.

También disfrutarán de exención en el pago en cines, teatros, museos y conciertos las personas de 60 años y más cuyos ingresos sean de un salario mínimo y descuento del 50 por ciento para aquellos que tengan ingresos superiores a este monto. Para tal efecto, se celebrarán los convenios correspondientes con las empresas o instituciones que sea necesario.

Las personas de la tercera edad también gozarán de los beneficios de los descuentos concertados y difundidos que se otorgan con la credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, en determinados servicios públicos, establecimientos comerciales, centros hospitalarios y otros prestadores de servicios técnicos y profesionales.

Artículo 81.- Corresponde al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores con el auxilio de las dependencias públicas, garantizar el cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 79 y 80, así como la celebración de los convenios, en sus respectivos ámbitos de competencia, con dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal y municipal; y con los sectores social y privado.

Capítulo Sexto
De la Atención a la Salud

Artículo 82.- Las personas adultas mayores tendrán el derecho a la prestación de servicios públicos de salud integrales y de calidad, en todas las actividades de atención médica, como son la prevención, curación y rehabilitación, en los niveles ambulatorio, hospitalario y de institutos nacionales, con objeto de que puedan gozar de una buena salud física y mental.

Artículo 83.- Para los efectos del artículo anterior, se entenderá por actividades de atención médica, el conjunto de servicios que se proporcionan por el personal médico a las personas adultas mayores, con el fin de proteger, promover y restaurar su salud; estas actividades médicas son las siguientes:

I. Geriatría.- Es la atención médica brindada por médicos especialistas en la materia y que se refiere a las enfermedades propias de las personas adultas mayores.

II. Gerontología.- Es la atención brindada por especialistas en la materia y que se encargan de estudiar la conducta y entorno social de las personas de la tercera edad, es decir, su situación integral dentro de la sociedad.

Artículo 87.- Los cuidados proporcionados a las personas adultas mayores por la familia, por los responsables de su atención y cuidado, o en su caso por las instituciones públicas o privadas que tengan a su cargo a estas personas, comprenderán los siguientes aspectos:

Título Sexto
De la Asistencia Social

Capítulo Unico

Artículo 89.- Las personas en edad avanzada, deberán ser sujetos de asistencia social cuando por diversas circunstancias de abandono, pobreza, marginalidad o porque ya no puedan valerse por sí mismos requieran de una protección especial del Estado y de la Sociedad.

Artículo 90.- Corresponde al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores coordinarse con los Sistemas Nacional, Estatales para el Desarrollo Integral de la Familia y los Sistemas Municipales correspondientes, con las instituciones públicas, privadas y sociales, para garantizar la calidad y cobertura de los servicios de asistencia.

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores mantendrá actualizado un registro pormenorizado de aquellas personas adultas mayores que tengan derecho a recibir despensas o apoyos en especie. Para tales efectos, el Instituto realizará los estudios socioeconómicos de las personas adultas mayores solicitantes para comprobar y justificar el apoyo institucional.

Artículo 91.- El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores promoverá acciones de educación y buenos hábitos alimenticios entre la población senecta.

Artículo 92.- Las instituciones públicas y privadas dedicadas a brindar apoyo, cuidado y atención a las personas en edad avanzada, deberán cumplir además de lo previsto en esta ley, con las normas establecidas en materia de seguridad, sanidad, capacitación de su personal, así como la existencia de un modelo de atención adecuado para las necesidades de las personas adultas mayores.

Artículo 93.- Corresponderá al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores con el auxilio del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia detectar a las personas adultas mayores indigentes, impedidos o abandonados y canalizarlos hacia centros de asistencia públicos o privados.

Artículo 94.- Cuando una persona de edad avanzada quede a cargo de una institución pública o privada, ésta llevará un expediente personal del senecto, que proporcionará a su familia a petición de parte y asumirá las funciones de una familia, por lo cual estará obligada a:

Artículo 95.- Queda prohibido a las instituciones realizar cualquier acto de crueldad o violencia con las personas adultas mayores, así como de aislamiento no deseado por la persona y la suspensión de alimentos o de tratamiento médico o uso de comodidades. También, cualquier tipo de discriminación u obligar a las personas a efectuar trabajos o actividades contra su voluntad, que atenten contra su dignidad, la moral o buenas costumbres o que impliquen un esfuerzo físico que vaya en perjuicio de su salud.

Artículo 96.- La totalidad del personal que se desempeñe en las instituciones que brinden asistencia a las personas en edad avanzada, será seleccionado previo estudio interdisciplinario, que determine la calidad y aptitud del aspirante. Al respecto se considerará su experiencia y se le evaluará desde los puntos de vista médico, psicológico, social y académico.

En caso del personal médico y de enfermería, éste deberá acreditar su especialidad en geriatría y vocación de servicio para brindar asistencia a estas instituciones.

Artículo 97.- Las instituciones públicas y privadas dedicadas a la asistencia de las personas en edad avanzada, en coordinación con las instituciones de educación superior del Estado, deberán implementar programas de servicio social a fin de que la población estudiantil de las distintas áreas y que deseen desenvolverse en esta materia, pueda compenetrarse con la atención de las personas adultas mayores.

Artículo 98.- Para el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el presente capítulo, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, las demás dependencias de la administración pública estatal, en coordinación con las instancias municipales, y las dependencias federales con facultades en la materia, darán a conocer con oportunidad las políticas, proyectos, modelos de atención y planes que sobre las personas de edad avanzada realicen y que se encuentren en el ámbito de su competencia.

Artículo 99.- Las instituciones u organizaciones públicas o privadas que presten servicios asistenciales a las personas de la tercera edad tendrán los siguientes derechos:

Capítulo Unico

Artículo 100.- En todo momento las instituciones públicas, privadas y sociales deberán garantizar y observar el total e irrestricto respeto a los derechos de las personas de edad avanzada que esta ley consagra.

El incumplimiento a las disposiciones contenidas en el presente ordenamiento jurídico, motivará la aplicación de las sanciones establecidas en los Códigos Penales de los Estados y las demás leyes aplicables.

Artículo 101.- Las autoridades y servidores públicos consideradas en la presente ley que incumplan con la misma, serán sujetos de responsabilidad, de conformidad con lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Mexicanos, la particular de los Estados y las leyes de Responsabilidades de los Servidores Públicos de cada Estado.

Artículo 102.- Cualquier persona que tenga conocimiento del maltrato o violencia contra las personas adultas mayores podrá denunciarlo ante las autoridades competentes.

De no hacerlo, se harán acreedores a una multa equivalente de tres hasta diez salarios mínimos generales vigentes aplicables en cada entidad federativa.

Transitorios

Primero.- Esta ley entrará en vigor a los treinta días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- El Titular del Poder Ejecutivo Federal convocará e instalará el Consejo Nacional de las Personas Adultas Mayores dentro de los sesenta días siguientes al inicio de la vigencia de la presente Ley.

Tercero.- Para que las personas adultas mayores sean sujeto de los descuentos y beneficios que otorga esta ley, deberán acreditar su edad, mediante credencial oficial, credencial de jubilado o pensionado y/o credencial del Instituto Nacional de la Senectud o del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores.

Cuarto.- El Instituto Nacional de la Senectud, así como las delegaciones estatales y municipales, transferirán los bienes muebles e inmuebles asignados para la atención de las personas adultas mayores a más tardar treinta días de la designación del Director General del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores.

Quinto.- La presente ley deroga el decreto de fecha 22 de agosto de 1979, por el que se crea el Instituto Nacional de la Senectud y todas aquellas disposiciones que contravengan a la misma.

Palacio Legislativo, 17 de octubre de 2000.

Atentamente
Dip. Jaime C. Martínez Veloz (rúbrica)

Dip. Amador Rodríguez Lozano (rúbrica)
 
 

A sus reuniones de trabajo, los días 18 y 19 de octubre como a continuación se indican:

Miércoles 18 de octubre, 8:45 horas
Reunión-desayuno de trabajo con el dr. Fernando Sánchez Ugarte, Presidente de la Comisión Federal de Competencia, CFC.

Jueves 19 de octubre, 18 horas
Reunión con el lic. Julio César Méndez Rubio, Secretario Ejecutivo del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, IPAB.

Todas las reuniones se llevarán a cabo en el salón conjunto C y D del restaurante Los Cristales.

Atentamente
Dip. Jesús Orozco Alfaro
Presidente de la Comisión de Comunicaciones

Dip. Juan Manuel Duarte Dávila
Presidente de la Comisión de Transportes
 
 
 

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PESCA Y DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

A su reunión de trabajo, sobre la Situación Actual y Perspectivas de la Pesca y Acuacultura 1995-2000, a cargo del lic. Carlos Camacho Gaos, Subsecretario de Pesca, el miércoles 18 de octubre, a las 9 horas, en el salón C del restaurante Los Cristales.

Orden del Día

1. Bienvenida
Dip. Diego Cobo Terrazas
Presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales

2. Mecánica de la reunión
Dip. Guillermo Díaz Gea
Presidente de la Comisión de Pesca

3. Pesca y Acuacultura, 1995-2000: Situación Actual y Perspectivas
Lic. Carlos Camacho Gaos
Subsecretario de Pesca
Diesel Marino
Picudos

4. Intervención de diputados
Preguntas y respuestas.

Atentamente
Dip. Diego Cobo Terrazas
Presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Dip. Guillermo Díaz Gea
Presidente de la Comisión de Pesca
 
 
 

DE LA COMISION DE SEGURIDAD SOCIAL

A la reunión de su Junta Directiva, el miércoles 18 de octubre, a las 9 horas, en las oficinas de la Comisión, ubicadas en el segundo nivel del edificio D.

Atentamente
Dip. Cuauhtémoc Montero Esquivel
Presidente
 
 
 

DE LA COMISION DE DESARROLLO RURAL

A su reunión de instalación, el miércoles 18 de octubre, a las 11 horas, en el salón Leona Vicario, ubicado en el edificio H, planta baja.

Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaración de quórum.
2. Presentación de los integrantes de la Comisión.
3. Declaración formal de instalación de la Comisión de Desarrollo Rural.
4. Mensaje del diputado Presidente de la Comisión.
5. Mensaje de los diputados secretarios.
6. Clausura de la reunión.

Atentamente
Dip. Silvano Aureoles Conejo
Presidente
 
 
 

DE LA COMISION DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL

A su sesión ordinaria de trabajo, el miércoles 18 de octubre, a las 11 horas, en el Auditorio Sur del Palacio Legislativo.

Orden del Día

1. Lista de asistencia y declaración de quórum legal.
2. Lectura y aprobación del acta anterior.
3. Informe de la Presidencia.
4. Propuestas para elaboración del plan de trabajo.
5. Clausura.

Atentamente
Dip. Diego Alonso Hinojosa Aguerrevere
Presidente
 
 
 

DE LA COMISION DE GOBERNACION Y SEGURIDAD PUBLICA

A su sesión de trabajo, el miércoles 18 de octubre, a las 11:30 horas, en el salón Protocolo, ubicado en la planta principal del edificio A.

Orden del Día

1. Pase de lista.
2. Declaración de quórum.
3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior.
4. Informe de asuntos turnados por la Mesa Directiva.
5. Propuesta de acuerdo para la elaboración de dictámenes de solicitudes de permisos constitucionales.
6. Discusión y, en su caso, aprobación de distintos dictámenes de solicitudes de permisos constitucionales.
7. Informe de la Junta Directiva del acercamiento con el Secretario de Gobernación y los responsables del equipo de transición de la próxima administración.

Atentamente
Dip. Armando Salinas Torre
Presidente
 
 
 

DE LA COMISION DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

A su reunión de instalación, el miércoles 18 de octubre, a las 12 horas, en el salón Libertadores.

Atentamente
Dip. José Ramírez Gamero
Presidente
 
 
 

DE LA COMISION DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES

A su reunión de instalación, el miércoles 18 de octubre, a las 14 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.

Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Presentación de los integrantes de la Comisión.
4. Mensaje de la diputada Presidenta de la Comisión.
5. Declaración formal de instalación.
6. Asuntos generales.
7. Clausura de la reunión.

Atentamente
Dip. Arcelia Arredondo García
Presidenta
 
 
 

DE LA COMISION DE RECURSOS HIDRAULICOS

A su reunión de instalación, el jueves 19 de octubre, a las 9 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.

Orden del Día

1. Lista de asistencia.
2. Declaración de quórum.
3. Presentación de los integrantes de la Comisión.
4. Intervención del Presidente de la Comisión, diputado Jesús Burgos Pinto.
5. Declaración de instalación de la Comisión de Recursos Hidráulicos.
6. Informe de trabajo de la LVII Legislatura.
7. Asuntos generales.

Atentamente
Dip. Juan Burgos Pinto
Presidente
 
 
 

DE LA COMISION DE EDUCACION PUBLICA Y SERVICIOS EDUCATIVOS

A su reunión de instalación, el jueves 19 de octubre, a las 12 horas, en el salón C del restaurante Los Cristales.

Orden del Día

1. Pase de lista.
2. Verificación de quórum.
3. Presentación de los integrantes de la Comisión.
4. Declaratoria formal de la instalación.
5. Asuntos generales.

Atentamente
Dip. Enrique Meléndez Pérez
Presidente
 
 
 

DE LA COMISION DE FORTALECIMIENTO DEL FEDERALISMO

A su reunión de instalación, el jueves 19 de octubre, a las 14 horas, en el salón C del restaurante Los Cristales.

Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Presentación de los integrantes de la Comisión.
4. Declaratoria formal de instalación de la Comisión.
5. Mensaje del diputado Presidente de la Comisión.
6. Cita para la próxima reunión.
7. Clausura de la reunión.

Atentamente
Dip. Enoch Araujo Sánchez
Presidente
 
 
 

DE LA COMISION JURISDICCIONAL

A su reunión de instalación, el jueves 19 de octubre, a las 17 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.

Orden del Día

1. Presentación de la Mesa Directiva.
2. Presentación de los integrantes de la Comisión Jurisdiccional.
3. Participación del diputado Presidente de la Comisión.
4. Declaración de instalación.
5. Asuntos generales.
6. Clausura de la reunión.

Atentamente
Dip. Arturo Herviz Reyes
Presidente
 
 

DE LA COMISION DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL

En su convocatoria publicada en Gaceta Parlamentaria, número 612, del martes 17 de octubre de 2000, aparece como lugar de la reunión el salón D del restaurante Los Cristales, siendo que está citada para celebrarse en el Auditorio Sur del Palacio Legislativo.
 
 

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