Acuerdo por el que se confirman las bases para el proceso de entrega-recepción y las relativas al personal de servicios profesionales de las comisiones y comités de la Cámara de Diputados

Considerando

Que conforme a lo señalado en el artículo cuarto transitorio del Estatuto para la Organización Técnica y Administrativa y del Servicio de Carrera de la Cámara de Diputados, aprobado por el Pleno el 26 de abril del 2000, la Secretaría General con el apoyo de los Secretarios de Servicios, presentó a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos los programas relativos al proceso de capacitación, evaluación e ingreso a que se sujetarán los prestadores de servicios que actualmente están contratados por la Cámara, y el programa para la entrega-recepción de las LVII y LVIII Legislaturas.

Que en la sesión del 24 de mayo del presente año, la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos aprobó: el programa del primer proceso de capacitación y evaluación de los funcionarios de Cámara aspirantes a ingresar al servicio de carrera, el cual se desarrolló los meses de junio y julio del año en curso; así como el programa de entrega-recepción de la Cámara. Que en el primer programa mencionado se estableció como requisito obligatorio para que los servidores pudieran ser tomados en cuenta para poder ser contratados por la LVIII Legislatura y para ingresar al servicio profesional de carrera de la Cámara, el que se inscribieran, tomaran el curso de capacitación y se sometieran a las evaluaciones respectivas.

Que en la sesión del 25 de julio del 2000, la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, ratificó la obligatoriedad del curso de capacitación y de la evaluación para los secretarios técnicos, asesores, asistentes parlamentarios y personal por honorarios que cubrieran el perfil mínimo requerido por la convocatoria, para poder ser considerados por la LVIII Legislatura.

Que conforme a lo establecido por la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos en la sesión del 25 de julio del 2000, la entrega-recepción de las comisiones y comités estaría a cargo de los secretarios técnicos, quienes serán los responsables de preparar la documentación, bienes y recursos para el efecto.

Que conforme a los acuerdos tomados por la Junta de Coordinación Política el 4 de octubre de 2000, se instruyó a la Secretaría General para iniciar el proceso de entrega-recepción de las comisiones, y se determinó que lo relativo a los recursos humanos, materiales y financieros para esos órganos legislativos sería definido en reunión posterior de la Junta.

Que conforme a las anteriores consideraciones la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos adopta el siguiente

Acuerdo

Primero.- Se instruye a la Secretaría General para que lleve a cabo de inmediato lo siguiente:

Tercero.- Los Secretarios de Servicios Parlamentarios y Administrativos y Financieros expedirán los certificados de liberación de documentación y de bienes y recursos de la Cámara, respectivamente.

Cuarto.- La Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, evaluará y analizará los listados y expedientes de los aspirantes al servicio de carrera y determinará lo conducente.

Quinto.- Se instruye a la Secretaría General para que, por conducto de los Secretarios de Servicios, ejecute de inmediato el presente Acuerdo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 12 días del mes de octubre de 2000.

Dip. Ricardo García Cervantes (rúbrica)
Presidente de la Conferencia para la la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos

Dip. Beatriz Paredes Rangel (rúbrica)
Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRI

Dip. Felipe Calderón Hinojosa (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN

Dip. Martí Batres Guadarrama
Dip. Alfredo Hernández R.
(p.a. rúbrica, voto en abstención)
Coordinador del Grupo Parlamentario del PRD
 

Dip. Bernardo de la Garza Herrera (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del PVEM

Dip. Alberto Anaya Gutiérrez (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del PT
 
 

Los suscritos, diputados federales de la LVIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 73, fracción XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, proponemos reformas al artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a los artículos 20 y 25 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estableció desde su origen la división de poderes como forma de gobierno. El artículo 49, en su primer párrafo, estipula: "El supremo poder de la Federación se divide, para su ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial". La división de poderes, surgió como respuesta a diversas experiencias internacionales, en donde se dieron formas de gobierno despóticas o tiranas, las cuales tuvieron como característica principal el predominio de un solo poder que, en muchas ocasiones, recaía en manos de un solo individuo.

Actualmente existe el consenso en los gobiernos democráticos, de que para que un sistema político tenga un óptimo funcionamiento la división de poderes debería ser real. En nuestro país, los tres poderes deberían de tener un verdadero equilibrio que imposibilitara la supremacía de uno sobre los otros dos; sin embargo, este equilibrio no ha podido consolidarse, por el contrario, la construcción del sistema político mexicano se ha distinguido hasta el presente por una excesiva concentración de facultades hacia el Poder Ejecutivo Federal. Las llamadas facultades metaconstitucionales -como han sido denominadas por los círculos académicos- de las que goza el titular del Poder Ejecutivo han consolidado su fuerza sobre los otros dos poderes, creando un sistema político dominado por la voluntad y la decisión política del Ejecutivo Federal.

Esta concentración de poderes presidencialistas tuvo su sustento jurídico en un conjunto de leyes que dotó de capacidades y amplios márgenes de discrecionalidad al Poder Ejecutivo Federal; pero además, estas mismas leyes -de carácter secundario- han consolidado límites y obstáculos para que los Poderes Legislativo y Judicial no puedan tener el mismo peso y poder del que goza el Ejecutivo Federal. Las mismas leyes que han sido aprobadas por el Congreso de la Unión han debilitado su fuerza y poder.

Existen múltiples casos en donde el Legislativo ha cedido sus facultades al Ejecutivo; un ejemplo importante de esto es la nula injerencia de la Cámara de Diputados en el proceso de elaboración del presupuesto y la asignación de montos presupuestales, quedando relegado su papel al examen, discusión y aprobación del presupuesto en breve tiempo y con gran resistencia por parte del Ejecutivo Federal en aceptar sugerencias de modificaciones al proyecto de gasto, como tenemos constancia en la experiencia vivida en la LVII Legislatura con los dos últimos presupuestos federales.

Estos vicios derivados del exceso del poder, deberían de ser suprimidos, sobre todo teniendo en cuenta la trascendencia y el impacto directo que tiene el presupuesto sobre la economía, el desarrollo y el nivel de vida de la sociedad mexicana. Una verdadera participación de la Cámara de Diputados en esta materia es exigible, no sólo por el principio de la división de poderes, sino por el hecho de que representa a la mayoría de la población y a las más diversas preferencias e intereses económicos y políticos.

Para llegar a una verdadera racionalidad, transparencia y eficacia plena en el manejo de la hacienda pública federal, la Cámara de Diputados debe participar en el conocimiento completo del proceso de elaboración y asignación del presupuesto.

Sin el fortalecimiento de la división de poderes en materia económica, sin la democratización de la gestión pública, los avances electorales que hemos tenido en el presente no van a servir de nada, éstos deben traducirse en las condiciones que generen un desarrollo económico que distribuya sus frutos en forma más equitativa entre la población.

Esta es una aspiración largamente anhelada, ya que en las dos últimas legislaturas conocimos de iniciativas presentadas por los grupos parlamentarios del PRD, PAN y PRI e incluso por diputados independientes; tal es el caso de la iniciativa presentada en la LVI Legislatura por la diputada Ifigenia Martínez Hernández del PRD, referida a las reformas para la planeación, presupuestación, ejecución, control, evaluación y fiscalización del sector público federal. De la anterior Legislatura, tenemos los antecedentes de iniciativas presentadas por diputados de las fracciones parlamentarias antes señaladas y del diputado Marcelo Ebrard Casaubón. Todo esto nos indica que existe un ánimo plural por llevar a cabo reformas en la materia de presupuestación y en concreto de modificaciones a la fracción IV del artículo 74 Constitucional y a la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal.

En atención a los motivos antes expuestos, nuestra fracción parlamentaria considera que es necesaria y urgente la modificación del artículo 74 de la Constitución Política, en su fracción IV, y al artículo 20 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal que reglamenta la Carta Magna en la parte conducente, incluyendo los mismos plazos propuestos. Asimismo, se pretende reformar el artículo 25 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público para que se contemple el destino de los recursos obtenidos en exceso a los previstos, de montos presupuestarios no devengados, de los ingresos extraordinarios y establecer el principio de previsión en el caso de variaciones presupuestales.

En lo que corresponde a las reformas al artículo 74 constitucional, fracción IV, consideramos:

Que es fundamental que la Cámara de Diputados, por medio de la Comisión correspondiente, vaya analizando la forma en que se debiera de integrar el Proyecto de Presupuesto de Egresos; y la asignación de recursos; esta intervención debe de hacerse desde el momento mismo en que se inicie su elaboración. También se abre la posibilidad de incorporar proyectos de largo aliento, que no se limiten a los plazo anuales y que pueden desarrollarse en un tiempo más amplio de ejecución; de tal forma, que aunque se aprueben en un año determinado, en los años posteriores, las partidas presupuestales deberán ser respetadas por los subsecuentes Presupuestos de Egresos. [Por tal razón se adiciona el párrafo primero de la fracción IV].

Anteriormente, por la manera partidista en que se conformaba la Cámara de Diputados, los tiempos de la entrega de la Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuestos de Egresos eran aparentemente los adecuados, porque se trataba más bien de un trámite protocolario, que de un análisis serio y formal de los documentos. No había un estudio profundo del documento, y mucho menos había correcciones que fueran tomadas en cuenta en los proyectos entregados por el Ejecutivo. Indiscutiblemente hoy en día; esta situación ha cambiado al ser modificada la integración partidista de la Cámara de Diputados.

Actualmente la Cámara de Diputados reclama su sitio como uno de los poderes de la Federación; y este reclamo viene acompañado de la demanda de rescatar todas aquellas funciones que le eran propias y que fueron cedidas al Ejecutivo. De esta manera, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación debe ser analizado, discutido y sometido al pleno para su aprobación o rechazo; de tal forma que es imperativo modificar la fecha de entrega, porque un examen serio, requiere de diferentes estudios que necesitan cierto tiempo de maduración. Nuestra propuesta es recortar la fecha de entrega del Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación y los Criterios Generales de Política Económica, que habitualmente se presentaban el 15 de noviembre y que consideramos que lo ideal es que ahora se entreguen el 15 de octubre. También recortamos por lo menos cinco días, para el caso del inicio de encargo del Poder Ejecutivo, para que sea ahora el día 10 de diciembre. [Por lo que se propone modificar el segundo párrafo de la fracción IV].

Un viejo reclamo de algunas fuerzas políticas del país ha sido el relativo a la eliminación en el Presupuesto de Egresos de las llamadas partidas secretas, ya que éstas no tenían determinado un fin específico, quedando su ejercicio a la voluntad discrecional del Poder Ejecutivo, en lo que ya se ha definido como el uso de facultades metaconstitucionales. Esta medida será fundamental para la total transparencia y el manejo correcto del presupuesto. [Se sustituye el tercer párrafo de la fracción IV]

Una de las propuestas que sometemos a su consideración hace referencia a los plazos para entregar la Cuenta Pública del año anterior; nuevamente, tratamos de adelantar los tiempos para tener un mayor espacio de análisis y discusión. En este caso, proponemos que sea la entrega al último día hábil del mes de marzo después de concluido el ejercicio presupuestal correspondiente. [Se propone modificar el párrafo sexto de la fracción IV].

Nuestra fracción está consciente de que la pluralidad proveniente del ejercicio democrático ha creado dos fenómenos que han impactado directamente en el funcionamiento de la nueva Cámara de Diputados. Por una parte ha permitido que el Congreso de la Unión se convierta realmente en un espacio de discusión y reflexión, en donde toda iniciativa o propuesta puedan ser verdaderamente discutidas. Y, por otra parte, como efecto secundario del proceso de reflexión y análisis, se ha provocado que los debates y acuerdos se den en un mayor tiempo. Estamos ciertos de que la tardanza en el quehacer legislativo es una característica propia de los sistemas legislativos maduros; pero también entendemos que estas demoras pueden tener efectos de incertidumbre ante amplios sectores de la sociedad, lo cual no es favorable, para ningún sistema político o económico.

Precisamente, para evitar que habiendo terminado los plazos -de discusión de la iniciativa de Ley de Ingresos y de la Propuesta de Presupuesto de Egresos- y no se hayan aprobado y esto provoque una innecesaria incertidumbre en los mercados y en la administración pública e inestabilidad en la economía, proponemos que para el caso de que al inicio de un ejercicio fiscal no estuvieren aprobados la Ley de Ingresos o el Presupuesto de Egresos, o ambos, seguirán teniendo efectos provisionales los que se encontraban vigentes en el ejercicio que termina, hasta que se apruebe en un período extraordinario de sesiones por la Cámara, el Presupuesto o Ley de Ingresos correspondientes. Esta previsión atiende al propósito esencial de establecer un marco de seguridad y certeza jurídica tanto al interior como al exterior del país; garantizar el pago de sueldos, salarios, honorarios, emolumentos, sobresueldos y compensaciones del personal federal; respaldar los adeudos de ejercicios fiscales anteriores; cubrir el gasto de la totalidad de las ramas presupuestales de la Administración Pública Federal; proveer los recursos necesarios para cubrir la operación de los organismos y empresas de control presupuestal directo; y garantizar el servicio de la deuda pública interna y externa. Para evitar conflictos en la aplicación entre los instrumentos nuevos y los salientes, se aplicarán los nuevos de manera retroactiva a partir del primero de enero del ejercicio fiscal que inicia. [Se adiciona un párrafo, el ocho a la fracción IV].

Otra de las propuestas que hacemos, y que nos parece fundamental para la construcción de una forma de gobierno democrática, honesta y trasparente es la que hace referencia a la disposición de que ahora no se podrá hacer ajuste alguno al Presupuesto de Egresos de la Federación que hubiere sido aprobado; de igual forma, no habrá trasferencias de recursos de una partida o rubros a otros, sin que previamente lo autorice la Comisión de Programación y Presupuesto de la Cámara de Diputados. Esta medida es una corrección ideal, de la serie de desvíos que se le han hecho al presupuesto, con fines distintos a los aprobados. [Se adiciona otro párrafo, el nueve a la fracción IV].

Respecto a la reforma al artículo 20 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público que reglamenta la fracción IV del artículo 74 constitucional, se adecua para que los plazos en la presentación del Presupuesto de Egresos sean los mismos definidos en la norma suprema.

En cuanto a la reforma al artículo 25 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público se pretende que contemple la canalización de los recursos obtenidos en exceso a los previstos; y de montos presupuestarios no devengados a los programas que la Cámara de Diputados determine en el propio Presupuesto de Egresos, eliminando de facto la facultad discrecional del Ejecutivo Federal para canalizar dichos recursos a los programas que considere conveniente. De igual manera, se pretende regular que tratándose de ingresos extraordinarios el gasto deberá ajustarse a lo dispuesto por el Decreto de Presupuesto de Egresos que señalará con precisión el destino de dichos ingresos.

Adicionalmente, la reforma al artículo 25 de la mencionada Ley atiende a una preocupación derivada de la experiencia del pasado reciente en lo relativo a las variaciones presupuestales que contradicen lo aprobado por la Cámara y lo ejercido por el Ejecutivo Federal, y que en la práctica hacen "cuasi" nugatoria la facultad constitucional de la Cámara de Diputados al aprobar determinados montos de las partidas presupuestales y efectuarse por el Ejecutivo un ejercicio más elevado de las mismas; por ello, se propone incluir una previsión para dejar asentado que ninguna partida presupuestal podrá tener una variación mayor al 10 por ciento de lo autorizado por la Cámara de Diputados, salvo aquellas que se determinen anualmente de ampliación automática en el Presupuesto de Egresos. Las variaciones mayores al 10 por ciento aludido deberán ser sometidas a autorización previa de la Cámara, quien determinará su procedencia.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos poner a la consideración del H. Congreso de la Unión, por conducto de la Cámara de Diputados, la siguiente

Iniciativa de reformas a la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a los artículos 20 y 25 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal.

Artículo Primero.- Se adiciona el primer párrafo, se reforman los párrafos segundo, tercero y sexto y se agregan dos nuevos párrafos, el ocho y nueve a la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 74.- Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:

Artículo 20.- El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación deberá ser presentado oportunamente al Presidente de la República por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para ser enviado a la Cámara de Diputados a más tardar el día 15 de octubre del año inmediato anterior al que corresponda. En el caso del inicio de encargo del Ejecutivo Federal, el plazo se extiende hasta el 10 de diciembre.

Artículo 25.- El Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá asignar los recursos que se obtengan en exceso de los previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como los montos presupuestarios no devengados, a los programas que la Cámara de Diputados determine en el propio Presupuesto de Egresos y además, previa solicitud y autorización de la misma, podrá solicitar los traspasos de partidas cuando sea procedente, dando la participación que corresponda a las entidades interesadas. Estos movimientos no podrán transferir recursos destinados a programas prioritarios hacia programas no prioritarios ni se podrá disminuir el monto de lo señalado en el Presupuesto de Egresos para la atención de programas prioritarios, salvo que se hayan concluido las metas. Tratándose de ingresos extraordinarios derivados de empréstitos o de cualquier otra operación, el gasto deberá ajustarse a lo dispuesto por el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación que señalará el destino de dichos ingresos. De los movimientos que se efectúen en los términos de este artículo, el Ejecutivo informará a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión al rendir la cuenta de la Hacienda Pública Federal y en los informes que se determinen en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

El gasto público federal deberá ajustarse al monto autorizado para los programas y partidas presupuestales. Ninguna partida presupuestal podrá tener una variación mayor al 10 por ciento del monto autorizado por la Cámara de Diputados, salvo que se trate de las partidas que se señalen anualmente como de ampliación automática en el Presupuesto de Egresos de la Federación, para aquellas erogaciones cuyo monto no sea posible prever. Las variaciones mayores al 10 por ciento deberán ser sometidas a autorización previa de la Cámara de Diputados, quien determinará su procedencia.

El Ejecutivo Federal determinará la forma en que deberán invertirse los subsidios que otorgue a los Estados, Municipios, instituciones o particulares, quienes proporcionarán a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la información que se les solicite sobre la aplicación que hagan de los mismos.

Transitorio

Artículo Unico.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, DF, a 12 de octubre de 2000.

Diputados: Eric Eber Villanueva Mukul (rúbrica), Ramón León Morales (rúbrica), Sergio Acosta Salazar, Rubén Aguirre Ponce, Hortensia Aragón Castillo, Silvano Aureoles Conejo (rúbrica), Luis Miguel Barbosa Huerta (rúbrica), María Alejandra Barrales Magdaleno, Martí Batres Guadarrama, Martha Angélica Bernardino Rojas, Miguel Bortolini Castillo, Bonifacio Castillo Cruz, Rodrigo Carrillo Pérez, Victor Hugo Cirigo Vázquez, Raquel López Cortés (rúbrica), Mario Cruz Andrade (rúbrica), Genoveva Domínguez Rodríguez, Manuel Duarte Ramírez, Alfonso Elías Cardona (rúbrica), Uuc-Kib Espadas Ancona (rúbrica), José Delfino Garcés Martínez (rúbrica), Miroslava García Suárez (rúbrica), Esteban Daniel Martínez Enríquez, Elías Martínez Rufino (rúbrica), Cuauhtémoc Montero Esquivel (rúbrica), Rogaciano Morales Reyes (rúbrica), Ricardo Moreno Bastida (rúbrica), Magdalena del Socorro Núñez Monreal, Francisco Patiño Cardona, Norma Reyes Terán, Pedro Miguel Rosaldo Salazar (rúbrica), Félix Salgado Macedonio, María de los Angeles Sánchez Lira, Jesús Garibay García (rúbrica), Alejandro Gómez Olvera, Adela del Carmen Granel Campos, Rafael Hernández Estrada (rúbrica), Auldárico Hernández Gerónimo, Alfredo Hernández Raigosa (rúbrica), Luis Herrera Jiménez, Arturo Hervis Reyes, Ramón León Morales, Rosalinda López Hernández, José Antonio Magallanes Rodríguez (rúbrica), Héctor Sánchez López, Petra Santos Ortiz (rúbrica), Rafael Servín Maldonado (rúbrica), David Augusto Sotelo Rosas (rúbrica), María del Rosario Tapia Medina (rúbrica), Tomás Torres Mercado, Emilio Ulloa Pérez, Gregorio Urías Germán.

Diputados: José Manuel del Río Virgen, CDPPN (rúbrica), José Antonio Calderón, PAS (rúbrica), Enrique Herrera, CDPPN, (rúbrica), Beatriz Patricia Lorenzo Juárez, PAS (rúbrica).
 
 

Acudo ante esta tribuna a exponer las difíciles situaciones que se están viviendo en diversas partes del país como resultado de las afectaciones del huracán Keith.

En estos últimos días los estados de Tamaulipas, Nuevo León, Veracruz, Puebla, Tabasco, Chiapas, Quintana Roo y Campeche han sufrido graves pérdidas tanto en su infraestructura carretera como en caminos, así como en el cultivo, ganadería y vivienda. Y lo más lamentable en algunos de los estados antes citados es que se han perdido vidas humanas.

Todo esto por las intensas lluvias, inundaciones y en algunos casos por el desbordamiento de los ríos y el crecimiento de la marea.

En los estados principalmente del sur y sureste del país, por problemas de marginación y por su ubicación geográfica y en muchos casos por problemas de dispersión comunitaria, su población resulta más vulnerable y propensa a cualquier tipo de desgracia por fenómenos naturales.

En el estado de Campeche, las principales afectaciones se han sufrido en los municipios de la zona sur, así como en las zonas limítrofes con Guatemala, Belice y el estado de Quintana Roo, donde se han resentido los efectos de este fenómeno, siendo su mayor problema el deterioro de sus vías de comunicación, el abasto de alimentos en comunidades aisladas, las inundaciones, el daño a las actividades productivas de los campesinos que han perdido sus cosechas, y el problema de acceso de las brigadas de salud.

Entre los lugares afectados por el huracán Keith en el estado de Campeche es de mencionarse Ciudad del Carmen, que por sus características de isla se encuentra más desprotegida y más expuesta a los daños que ocasionan las precipitaciones pluviales y es más grave la presencia de tormentas o huracanes; lo anterior da lugar a un esquema más complejo que propicia mayores estragos frente a fenómenos climatológicos y que en muchos casos dificulta la voluntad de la autoridad para responder de manera inmediata y poner a salvo a la ciudadanía y su patrimonio.

Lo señalado se recrudece ante la falta de una infraestructura adecuada que garantice a la población mayores niveles de prevención y protección. No obstante que desde hace más de dos décadas se realiza en la sonda de Campeche la mayor explotación de la actividad petrolera, lo que significa al día de hoy en promedio más del 75 por ciento de la producción nacional de crudo y que representa el soporte económico para el desarrollo del país, y que indudablemente esta riqueza no se ve reflejada en el estado y mucho menos en Ciudad del Carmen, donde se ha resentido el impacto negativo de esta fundamental actividad, recordemos la contaminación producto del descontrol del pozo Ixtoc, así como el problema actual de las franjas restringidas a la pesca.

Actualmente estamos viviendo penosas inundaciones en prácticamente todas las colonias de la isla, colonias que la mayor parte de ellas son producto de asentamientos irregulares que a lo largo de los últimos veinte años de actividad petrolera se han formado en rellenos de basura, rellenos sanitarios, en zonas ecológicas de manglar, zonas bajas y susceptibles al menor temporal y que han rebasado cualquier expectativa de crecimiento en condiciones normales.

Obviamente como consecuencia del espejismo petrolero generado se crean expectativas de trabajo, que han traído migración de todo el país y del mundo en busca de oportunidades, que no necesariamente las encuentran.

Lo anterior explica perfectamente las razones de diputados y senadores campechanos, que han venido ratificando una añeja demanda del pueblo por retribuciones justas que por derecho correspondan a una vida más digna y segura, y que permitan la construcción de obras de infraestructura que sirvan de verdadera protección a los ciudadanos. Sin embargo, no hemos sido escuchados ni atendidos; más aún, para citar un ejemplo, en el año de 1995 cuando tuve la oportunidad de ser presidente municipal del Carmen, ante las afectaciones en el estado de los huracanes Opal y Roxana, que igualmente generaron daños en el territorio nacional, en el caso específico del municipio de Carmen, el respaldo que se recibió para hacer frente a la contingencia fue reorientar los recursos ya autorizados y radicados para la ejecución de obras de carácter social que lamentablemente tuvieron que ser totalmente canceladas, situación que a todas luces resultó injusta para la población.

De ahí la importancia de revisar con un alto sentido de responsabilidad y de sensibilidad las necesidades que pulsan municipios y estados en el país con problemas y de tomar con mayor seriedad las normas relativas a la protección civil, así como el procedimiento de dotación de recursos en tiempo para la atención de población en riesgo.

Esto es motivo para que en la presente legislatura busquemos mecanismos más efectivos de prevención y resolución ante todo tipo de fenómenos naturales.

Si a eso le sumamos que el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) resulta cuantitativamente insuficiente y, por otra parte, de conformidad con el acuerdo que establece las reglas para su operación, en lo que establece la sección segunda numeral tres del citado acuerdo, se requiere verdaderamente de una situación gravísima para poder acceder a este Fondo, cuando que es conocido por quienes hemos tenido la experiencia directa en problemas de contingencias, que no necesitamos encuadrarnos en tal supuesto para requerir el respaldo de recursos materiales, humanos y financieros para hacer frente a la contingencia, y lograr el auxilio a los damnificados y la normalización de las condiciones en la población.

Lo señalado adquiere mayor relevancia cuando nos damos cuenta que los fenómenos hidrometeorológicos se dan en nuestro país cada vez más a menudo y con mayor intensidad afectando fundamentalmente a la población más lastimada y que más necesidades tiene.

Hacia adelante, autoridades y ciudadanos habremos de actuar de forma más profesional y congruente para evitar a toda costa que algún fenómeno natural pase sus respectivas facturas de destrucción, desolación y muerte.

No tiene sentido alguno el querer ahorrar o evitar gastar pensando que hacerlo no resulta ahora necesario, total, el "futuro" o "de llegar a pasar en su momento se resolvera". Visiblemente absurdo, pero ocurre en nuestros días.

Es más, debemos de asumir el reto de estudiar la viabilidad técnica y económica de aprovechar (en el caso de las inundaciones) el agua que cae en demasía, para ser enviada y utilizada donde escasea en estados como Chihuahua, Guanajuato, Zacatecas, etc.

No me gustaría que mi participación en esta tribuna fuera una de tantas; la idea es que juntos de manera razonada y consensada podamos obtener el respaldo que requieren nuestros estados y nuestra población para prevenir y resolver con atingencia situaciones de emergencia o de desgracia.

Les propongo hagamos un país mas digno, más seguro, más habitable, donde la certeza y certidumbre nos devuelvan la alegría por vivir; nuestros hijos nos lo agradecerán.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados del grupo parlamentario del PRI abajo firmantes, presentamos a consideración del Pleno de esta Cámara, el siguiente Punto de Acuerdo para que, con el carácter de urgente y obvia resolución, se discuta y se apruebe por esta Cámara de Diputados.

Punto de Acuerdo

Compañeras y Compañeros legisladores:

Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo Federal y acompáñese de la versión estenográfica que contiene las participaciones de los ciudadanos diputados. Octubre 12 del 2000.
 
 

Honorable Asamblea:

Los descubrimientos en materia de biología molecular, obligan a que el marco regulatorio se actualice a la misma velocidad y precisión de los descubrimientos científicos, de forma tal que sea posible adecuar las leyes a las necesidades de la población, sobre todo en lo que compete al área de la protección a la salud y el derecho a la información acerca de los alimentos que los seres humanos consumimos diariamente.

Es por ello, que en sesión pública ordinaria del tercer periodo ordinario del tercer año de ejercicio de la LVII Legislatura, celebrada el 4 de abril del año 2000, esta H. Cámara de Diputados recibió la Minuta con Proyecto de Decreto mediante el cual se adiciona un artículo 282 bis 3 a la Ley General de Salud, misma que fue turnada a la Comisión de Salud.

Es de destacarse que en la minuta en mención, se estima que todos los mexicanos podrán tener certeza del origen de los alimentos que consumen, de tal manera que sea decisión personal, en base a la libertad de elección y al derecho a la información, si considera conveniente consumir un producto transgénico o elaborado con transgénico, el cual puede ser una planta, animal, hongo, bacteria o alga, a la que se le introducen en su cadena de ADN genes de otro organismo, de forma tal que éstos expresen su productividad y resistencia.

Organizaciones internacionales tales como la FAO, la Organización Mundial de la Salud y la FIDA han evaluado y están evaluando los alimentos transgénicos desde 1990. Son ya más de nueve años de reuniones y de informes donde se ha valorizado con rigor los pros y los contras de la alimentación transgénica, sin encontrar a la fecha que representen un daño para la salud de los seres humanos.

Sin embargo, pese a la polémica ocasionada, los alimentos transgénicos, ya se encuentran en el mercado, y, además, en un futuro cercano podrán obtenerse en cualquier época del año, con cualquier clima, o probablemente con más propiedades nutricionales y con costos más accesibles.

Así, velando siempre por el derecho a la información y a la salud de todos los mexicanos, la reforma a la Ley General de Salud mediante la adición de un artículo 282 bis 3 permite otorgar certidumbre y coadyuva a otorgar mayor protección a la salud.

La adición de las leyendas "Alimento transgénico" y "Alimento elaborado con producto transgénico", cuando sea el caso, tratándose de alimentos genéticamente modificados, además del señalamiento en el etiquetado de qué tipo de gen se le ha añadido constituye sin duda un elemento de certidumbre para los mexicanos y una muestra de que con voluntad legislativa, cooperación y trabajo, es posible avanzar de forma tal que los avances científicos, tecnológicos e incluso la realidad no rebase nuestro marco jurídico.

La aprobación de esta reforma otorga certidumbre para la salud y la alimentación de todos los mexicanos, además, es muestra, indudablemente, de que el Congreso de la Unión realiza un verdadero trabajo de interlocutor de las demandas de la población y hace coincidir los indiscutibles avances en materia de biología al marco legislativo de México.

Por lo anterior argumentado y expuesto, esta Honorable Cámara de Diputados recibió para su consideración la Minuta de Decreto que adiciona un artículo 282 bis 3 a la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 282 bis 3.- En el caso de los alimentos genéticamente modificados o transgénicos, deberá de añadirse de forma clara y a la vista de los consumidores la leyenda "Alimento transgénico", debiendo además señalarse qué tipo de gen le ha sido añadido al producto. Asimismo, en el caso de alimentos elaborados que contengan, entre otros ingredientes, productos transgénicos, deberá insertarse la leyenda "Alimento elaborado con producto transgénico", además de señalar cuál es el transgénico y el tipo de gen que se le añadió.

Por las anteriores consideraciones y con fundamento en el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a esta Presidencia que excite a la Comisión de Salud, para que dictamine la minuta en mención, recibida el 4 de abril de 2000, misma que fue aprobada por unanimidad por la H. Cámara de Senadores.

Atentamente
Dip. Samuel Aguilar Solís (rúbrica)

Palacio Legislativo de San Lázaro, salón de Sesiones, a 12 de octubre de 2000.
 
 

DE LA COMISION DE RADIO, TELEVISION Y CINEMATOGRAFIA

A su reunión de instalación, el martes 17 de octubre, a las 9 horas, en el salón C del restaurante Los Cristales.

Orden del Día

1. Lista de asistencia.
2. Presentación de los integrantes de la Comisión.
3. Palabras de bienvenida del Presidente.
4. Instalación de la Comisión.
5. Intervención de un representante por grupo parlamentario.
6. Asuntos generales.

Atentamente
Dip. Lionel Funes Díaz
Presidente
 
 
 

DE LA COMISION DEL DISTRITO FEDERAL

A su reunión de instalación, el martes 17 de octubre, a las 14:30 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.

Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Presentación de los integrantes de la Comisión.
4. Mensaje del diputado Presidente de la Comisión.
5. Declaración formal de instalación.
6. Asuntos generales.
7. Clausura de la reunión.

Atentamente
Dip. Jorge Alberto Lara Rivera
Presidente
 
 
 

DE LA COMISION DE PUNTOS CONSTITUCIONALES

A su reunión de instalación, el martes 17 de octubre, a las 10 horas, en el salón Leona Vicario, edificio H, planta baja.

Orden del Día

1. Lista de asistencia.
2. Instalación de la Comisión.
3. Asuntos en trámite.
4. Asuntos generales.

Atentamente
Dip. Salvador Rocha Díaz
Presidente
 
 
 

DE LA COMISION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

A su reunión de instalación, el martes 17 de octubre, a las 17 horas, en el salón Leona Vicario, edificio H, planta baja.

Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaración de quórum.
2. Presentación de los integrantes de la Comisión.
3. Mensaje a cargo de diputados secretarios de la Comisión.

* Luis Artemio Aldana Burgos
* Gerardo Sosa Castelán
* Heriberto Huicochea Vázquez
* Francisco Patiño Cardona

4. Palabras de la diputada Silvia Alvarez Bruneliere, Presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología.
5. Presentación de documento preliminar de la Agenda Legislativa.
6. Asuntos generales.

Atentamente
Dip. Silvia Alvarez Bruneliere
Presidenta
 
 
 

DE LA COMISION DE DESARROLLO SOCIAL

A su reunión de trabajo, el martes 17 de octubre, a las 18 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.

Orden del Día

1. Lista de asistencia y declaración de quórum legal.
2. Votación para decidir la fecha y la hora de las reuniones ordinarias de la Comisión.
3. Asuntos generales.

Atentamente
Dip. Francisco Javier Cantú Torres
Presidente
 
 
 

DE LA COMISION DE DESARROLLO RURAL

A su reunión de instalación, el miércoles 18 de octubre, a las 11 horas, en el salón Leona Vicario, ubicado en el edificio H, planta baja.

Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaración de quórum.
2. Presentación de los integrantes de la Comisión.
3. Declaración formal de instalación de la Comisión de Desarrollo Rural.
4. Mensaje del diputado Presidente de la Comisión.
5. Mensaje de los diputados secretarios.
6. Clausura de la reunión.

Atentamente
Dip. Silvano Aureoles Conejo
Presidente
 
 

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